A días de la masiva Marcha Federal Universitaria, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) difundió un reciente informe en el que se alerta sobre “graves deficiencias” en la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa (UEICEE).

El documento fue dado a conocer por el auditor general de Unión por la Patria (UP), Lisandro Teszkiewicz, quien indicó que “la UEICEE creada en 2014, se presentó como solución a los problemas del sistema educativo de la Ciudad, mientras que la oposición apuntaba a valorar el conocimiento profesional de los trabajadores de las áreas de evaluación y estadística, ya existentes en el Ministerio. Casi una década después y a la luz de la información del informe, no parece haber sido aquello que prometió sino más bien cáscara vacía o vaciada”.

El informe detalla las “alarmantes falencias encontradas”, como la falta de acreditación de la Coordinación General de Investigación Educativa y la “ausencia de informes de resultados en actividades cruciales en la evaluación educativa”. Además, en el texto se sostiene que “se observó que en algunos de los casos no se cuenta con los informes de resultados, lo que impide contar con el producto final de las mismas”. Es decir que no fue posible constatar la realización de “actividades de investigación en el organismo y no se cuenta con informes de las evaluaciones que se llevan a cabo en las escuelas”.

Según sostuvo el peronista, “esto conlleva a que es imposible indicar que el organismo esté cumpliendo con los objetivos establecidos por el artículo tercero de la ley que la creó, lo que deja al descubierto una falta de herramientas para la planificación y evaluación de políticas educativas por parte del Ministerio de Educación. Entre los que se encuentran: orientar las políticas educativas, producir información transparente y confiable del sistema educativo”.

“Las irregularidades internas también son preocupantes. Se observó la falta de sesiones del Consejo Consultivo y del no cumplimiento del decreto 514/14 por parte del Comité Científico Académico. Este decreto establece que el Comité debe realizar sesiones por lo menos tres veces por año. Además, se suma la omisión del concurso público para la designación del director ejecutivo”, continuó Teszkiewicz.

Sobre esa misma línea, el auditor agregó que “este accionar, por parte de la gestión del Pro parece ser la norma ya que la misma práctica de obviar concursos se repitió en la Universidad de la Ciudad, según el respectivo informe de auditoría publicado en abril de 2023”.

“Por otra parte, el informe expone falta de transparencia en la información al público de su página web. No cuenta con manuales de procedimientos para la coordinación, dirección, evaluación y control administrativo de las actividades del organismo. Asimismo, del listado del personal remitido por la Subsecretaría de Gestión de RRHH, surgió que siete agentes no se encontraban anotados en la unidad. Con datos inconsistentes entre lo planificado y lo efectivamente realizado, evidencia una clara manipulación de la información”, remarcó el funcionario.

Finalmente, el auditor concluyó planteando que “esta discrecionalidad en el manejo de la información expone con claridad que al Pro nunca le interesó ni la investigación educativa, ni la estadística, y en consecuencia tampoco la educación. Manipulan la información para tapar las enormes falencias de un sistema educativo porteño que no ha dejado de deteriorarse en las casi dos décadas de gobierno de este oficialismo”.

El auditor por el bloque Unión por la Patria (UP) Lisandro Teszkiewicz dio a conocer un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires en el que se advierte sobre una serie de “fallas de control sobre las tareas de mantenimiento integral de edificios de la Policía de la Ciudad, bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad”.

Según se desprende del documento, con un presupuesto de más de 1,6 mil millones de pesos, se atendieron 37 obras y contrataciones de trabajos y servicios, en las que se detectó la existencia de “falencias en el control, en virtud de no tener respaldo documentado y de la imposibilidad de acceder al sistema de registro e historial de órdenes de trabajo mediante el sistema de software denominado Sistema de órdenes de trabajo (SGOT)”.

En ese sentido, el auditor planteó que “por supuestas razones de seguridad, nos restringieron el acceso al material que se encuentra incorporado al sistema de órdenes de trabajo, negándole al equipo auditor clave de usuario, pero el material estaba en los servidores de la empresa de Telecom que fueron hackeados, según nos informó la propia Policía de la Ciudad”.

“Entonces guardan la información en sitios inseguros, pero por seguridad no nos dejan que la controlemos, si no fuera trágico, sería gracioso, pero no es más que una nueva muestra del desprecio del Gobierno de Larreta y Macri por las políticas de transparencia y control de gestión”, añadió.

Sobre esa misma línea, Teszkiewicz señaló que “se detectaron falencias y debilidades en el control interno, como incumplimientos respecto de lo dispuesto en los pliegos de condiciones que rigen las licitaciones del Servicio de Limpieza y Mantenimiento Integral Preventivo y Correctivo de los Edificios de la Policía de la Ciudad”.

“Parece mentira que la regla sea el no cumplimiento de los pliegos y la falta de respaldo documentado sobre los sistemas electrónicos que además presentan problemas de ciberseguridad. La policía de la Ciudad carece de una organización adecuada y esto es un grave peligro para los y las porteñas”, completó.

El auditor de Peronismo por la Ciudad, Lisandro Teszkiewicz, dio a conocer un informe de la Auditoría General porteño en el cual se reveló una serie de deficiencias en la administración y ejecución del Programa Formación e Inclusión para el Trabajo (FIT), el cual tiene como objetivo impulsar la inclusión de las personas en situación de pobreza y con problemáticas de empleo, a través de la capacitación en oficios y un espacio de tutorías.

El informe en cuestión advierte sobre la ausencia de mecanismos adecuados de difusión para las convocatorias, que garanticen la concurrencia de aquellas personas interesadas en presentar proyectos para ser seleccionadas como Instituciones Capacitadoras, así como la falta de criterios claros para determinar la contraprestación monetaria a las instituciones capacitadoras.

Ante esta situación, Teszkiewicz explicó que “en algunos programas ni siquiera detallan la cantidad de docentes por participantes o las vacantes disponibles”.

Asimismo, el funcionario aseveró que “el 12% de los convenios firmados con privados fueron imputados de manera incorrecta lo que significa un desvío de fondos por más de 17,4 millones de pesos hacia actividades distintas de las del programa, esto es que el Gobierno porteño desfinancia lo que la Legislatura sancionó para inclusión laboral y lo destina a otros fines”.

Por otra parte, documento también pone en relieve la falta de una estructura organizacional definida deja sin asignar las responsabilidades de la ejecución y rendición de cuentas de los resultados del programa y genera debilidades en el control interno. “No hay información que permita corroborar que las organizaciones firmantes cuentan con plantel docente y con infraestructura adecuada para el dictado de los cursos. No podemos saber si los cursos tienen efectividad e impacto entre la población o siquiera si se dictaron”, añadió.

Siguiendo la línea de los problemas relacionados con la supervisión y evaluación de los proyectos institucionales, Teszkiewicz resalta:  “no hay información que permita corroborar que las organizaciones firmantes cuentan con plantel docente y con infraestructura adecuada para el dictado de los cursos. No podemos saber si los cursos tienen efectividad e impacto entre la población o siquiera si se dictaron”.

“Si ya teníamos un ambiente con problemas de control interno y desvíos de fondos, ahora el Gobierno de la Ciudad agrava la situación, este año el programa no tiene transferencias para financiamiento, por lo que tampoco se sabe si va a continuar, además aparecen otros dos programas con casi los mismos objetivos a los que si le dan presupuesto”, agregó.

Finalmente, Teszkiewicz concluyó aseverando que “en un contexto donde el desempleo y la pobreza se incrementan queda claro que para el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, la inclusión laboral no fue ni es prioritaria”.

El auditor general Lisandro Teszkiewicz dio a conocer un informe elaborado por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, en la que se advierte acerca de una serie de fallas en la administración, la gestión de los recursos humanos y el manejo del presupuesto en la Carrera Docente.

Cabe recordar que esta área estratégica tiene como función principal gestionar las tareas de capacitación docente y administrar los concursos.

“El informe sobre Carrera Docente expone claramente la falta de interés del oficialismo respecto del cuidado de la capacitación docente y el desarrollo de una carrera profesional, más allá de sus discursos. Critican a los docentes, pero no les brindan las condiciones básicas para desarrollar una carrera profesional acorde con las necesidades de un sistema educativo sólido”, aseveró Teszkiewicz.

En ese sentido, consideró que “las fallas y los silencios en la falta de información adecuada, expuestos en el informe muestran serios desmanejos de cuestiones administrativas sensibles que afectan la eficiencia en la utilización de los recursos del área”.

Es que, de acuerdo al informe, se encontraron fallas respecto del manejo presupuestal, como la falta de transparencia que no respetarían la normativa que establece los mecanismos para la realización de modificaciones presupuestarias. Por ejemplo, sobre 22 actos administrativos de modificación presupuestaria correspondiente al programa Carrera Docente, no fueron publicados 12. De la misma manera, no fueron publicados cuatro actos administrativos sobre 8 en el Programa COREAP (Comisión de Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales).

Por otra parte, se resaltan dos cuestiones relacionadas con la gestión de los recursos humanos. Por un lado, el informe indica la imposibilidad de tener indicadores respecto al tema, esto es porque el organismo no aportó la información solicitada de las plantas orgánicas funcionales, para tal fin. Por el otro, se detectaron “fuertes inconsistencias” respecto del personal afectado. Se observó la liquidación de haberes de trescientos veintidós agentes, pero la Subsecretaría de Carrera Docente contestó que ellos no respaldaron esa decisión.

En lo que respecta a la utilización de recursos, el documento sostiene que se transfirió 65.086.080 pesos a seis cooperativas para las rutinas de mantenimiento de las escuelas con empresas adjudicadas por la DGMESC (Dirección General de Mantenimiento Escolar) para el mantenimiento preventivo y correctivo de los establecimientos escolares de gestión estatal. Esto significa que por las mismas acciones de mantenimiento se distribuyen dos servicios que se superponen en sus funciones.

En cuanto a la capacitación docente, el informe detalla una tendencia hacia cursos no directamente relacionados con las disciplinas académicas, con una inclinación hacia temas administrativos, tecnológicos y enfoques institucionales alternativos. “Algunos datos generan dudas sobre la profundidad de estos cursos, como el caso de agentes que realizan cantidades de cursos en un año”, advirtió el auditor.

“Estas deficiencias son preocupantes en un contexto donde la capacitación docente requiere seriedad y solidez académica, especialmente si se pretende dar más peso a la formación en la valoración de los docentes para ascensos e incentivos salariales. La propuesta del Ministerio de Educación parece carecer de estos elementos fundamentales, lo que podría convertir la carrera docente en una mera formalidad en lugar de promover la excelencia en la formación”, completó Teszkiewicz.

Durante la última sesión ordinaria del año, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó las designaciones de los nuevos auditores de la Auditoría porteña.

De esta manera, el Parlamento local designó como auditores a Guillermo Enrique Cummins, Mariana Gagliardi, Jorgelina Marisa Carnevale, Lisandro Mariano Teszkiewicz, Luciana Quaranta, Pablo Clusellas, María Victoria Marco, Esteban Garrido, Daniel Agustín Presti, Rubén Ricardo Roldán, Natalia Fidel, Juan José Calandri, José Lucas Magioncalda, José Luis Giusti, María Eugenia Soler, María Victoria Ghiglione, Leandro Ernesto Halperin, Arturo Pozzali, Martín Ariel Sánchez, Patricia Alejandra Cáceres y Daniel Omar Vivona.

Cabe recordar que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) es un organismo creado por la Constitución de la Ciudad Autónoma mediante la Ley Nro. 70 sancionada el 27 de agosto de 1998, para ejercer el control externo del sector público -centralizado y descentralizado- de la Ciudad, como así también a las empresas, sociedades o entes en los que el distrito capitalino tenga participación en sus aspectos económicos, financieros, patrimoniales y de gestión de legalidad.

Entre sus funciones más relevantes la AGCBA debe: “realizar una Plan de Auditoría Anual y Proyecto del Presupuesto que debe presentar a la Legislatura antes del 1 de octubre de cada año”; “proporcionar un sistema de información permanente de los recursos provenientes del crédito público y la evolución de la deuda pública del gobierno local”; “elaborar la Memoria Anual que incluye los resultados de su labor de auditoría pública”; entre otros puntos.

Nuevas autoridades judiciales

A lo largo de esa sesión, la Legislatura porteña también designó a Alicia Baridón Gómez, Bárbara Moramarco Terrarossa y Laura Beatriz De Marinis, para cubrir cargos de juezas de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad.

Asimismo, se aprobó el nombramiento de Paula Iriel Vaca como asesora tutelar de Primera Instancia en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad.

El auditor general por el Frente de Todos (FdT), Lisandro Teszkiewicz, dio a conocer un informe publicado por la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el que se expone las irregularidades encontradas en la gestión del programa “Red Primeros Meses” de Ciudadanía Porteña.

El mencionado programa consiste en el acompañamiento económico y social a embarazadas o madres de niños de hasta un año que ya forman parte del programa Ciudadanía Porteña “Con Todo Derecho”, con el objetivo de garantizar la salud tanto de las mujeres como de los bebés.

De acuerdo al informe difundido, en el 2020 los montos otorgados eran de tres mil pesos para el beneficio de embarazo y de 4500 para el beneficio de niño, en 3 cuotas. “Estos montos estuvieron sin actualización desde el año 2017 hasta 2021, pero también hay que tener en cuenta que esta ayuda social tiene restricciones, como por ejemplo que no se puede usar para comprar ropa, elemento básico, sin embargo hacerlo lleva a la suspensión del beneficio. Lo que podemos comprobar, una vez más, que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no está interesado en mejorar la vida de los ciudadanos para los que gobierna”, sostuvo Teszkiewicz.

Asimismo aclaró que “si bien hoy en día el monto actualizado ascendió a un promedio de 15.722 pesos, que varía según composición del hogar, índice de vulnerabilidad y situación de escolaridad, el ministerio lo sigue otorgando en tres cuotas”.

Cabe recordar que hace algunas semanas ANSES eliminó incompatibilidades con la Asignación Universal por Hijo (AUH), con la cual a partir de ese momento las beneficiarias de planes municipales y provinciales pueden cobrar dicha prestación y la Asignación por Embarazo pero inmediatamente Rodríguez Larreta  y su ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore, suscribieron un decreto que anula la compatibilidad de los programas e impide acceder a este beneficio a quien perciba la asignación por embarazo nacional o la AUH.

Por lo que auditor peronista resaltó que “Rodríguez Larreta y Migliore, en la Ciudad más rica del país, con más de un billón de pesos de presupuesto para 2022 quieren ahorrarse las tres cuotas de cinco mil pesos que le dan a mamás vulnerables de la Ciudad usando los fondos del ANSES, debería ser un escándalo el nivel de inhumanidad con la que se maneja el Gobierno porteño”.

“La falta de seguimiento de las metas físicas programadas y ejecutadas da cuenta que poco les importa el destino de esas madres esos bebes y este programa, además, el informe de la auditoría muestra serias debilidades en el control interno del programa: donde se detectaron errores del sistema en el circuito de pago de los subsidios, circuito que además, no está formalizado”, continuó.

Al mismo tiempo que indicó que “hoy en día vemos que se incumplen los objetivos de creación de este programa que apuntaba a contribuir con la disminución de la mortalidad infantil y a fomentar la realización de los controles médicos periódicos. La invisibilidad de la política pública Materno Infantil de la Ciudad tiene que ver con no hacerse responsable por el presente ni por el futuro de una parte importante de nuestra sociedad” y concluyó señalando que “la pérdida de inscriptos en el programa, la no actualización del monto del subsidio durante cinco años, y la ausencia de articulación interinstitucional entre Trabajadoras Sociales de Referencia y el Ministerio de Salud para acompañar en los controles médicos es muestra de ello”.

En medio de la crisis económica que atraviesa el país, el auditor del Frente de Todos (FdT) Lisandro Teszkiewicz difundió un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires respecto del programa de “Asistencia a familias de Alta Vulnerabilidad Social”, en el que se detallan diversas irregularidades en materia presupuestaria, estadísticas y de control interno.

De acuerdo al documento recientemente difundido, la Auditoría porteña observó “la reiteración en la subejecución presupuestaria, así como el desvío de aportes de un sector a otro sin saber el destino final de los fondos” y advirtió sobre una serie de cambios que se “produce dentro de las estructuras organizacionales, lo que hace que no solo se pierda de vista las funciones y responsabilidades, sino también la información que hace a la actividad propia; lo mismo respecto a las debilidades que se presentan en el control interno o la falta de manuales de procedimiento y protocolos de actuación”.

Respecto de esta situación, Teszkiewicz afirmó que “es una constante de los gobiernos de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta en los últimos 15 años la falta de voluntad para resolver la problemática de las personas y familias en situación de calle, o frente al desalojo, tan grande es el abandono de las familias que el informe muestra como durante el año 2020 las Direcciones del área estuvieron largo tiempo vacantes, no se creó el equipo profesional que manda la Ley 3.706/10., para realizar evaluación de las familias, y mucho menos un equipo de seguimiento”.

 “Ya un informe del 2016 observaba que la falta de seguimiento a las familias asistidas, impide conocer la situación de los solicitantes del subsidio, si el subsidio contribuyó a mejorar su situación, si necesitan articulación con otros organismos, en definitiva, la falta de seguimiento y acompañamiento a las familias hace imposible evaluar si el programa tiene resultados positivos o no”, añadió el auditor.

En el informe publicado este año, se observa que el 25% de los subsidios habitacionales otorgados en 2020 se tramitaron judicialmente: 4.353 subsidios se entregaron por interposición de un amparo judicial. “Es escandaloso que quienes están atravesando una situación tan terrible como ser desalojados de su vivienda y terminar en situación de calle, deban recurrir a la justicia para que se apliquen políticas públicas establecidas por ley y que deberían alcanzar a todos”, agregó el funcionario.

Al mismo tiempo que indicó que “no es menor destacar que durante el año 2020 el valor máximo del monto otorgado fue de ocho mil pesos mensuales (por 12 meses), o una única cuota de 96 mil pesos, valores completamente fuera de la realidad en los alquileres de la ciudad, absolutamente insuficiente y por lo tanto incapaz de cumplir con el objetivo de darle a la población beneficiaria la posibilidad de dormir bajo techo”.  

Si bien el monto de la cuota otorgada ascendió en octubre de este año a 20.313 pesos mensuales o pago único de 243.756 de pesos, sigue quedando muy por debajo de los valores de mercado, una habitación con baño y cocina compartida, si se consigue, ronda los 40 mil mensuales. “Asistir a una persona o familia en situación de calle, otorgando montos que no alcanzan para el fin que están planteados, agregando trámites y requisitos burocráticos de casi imposible cumplimiento, como los ‘Presupuesto del hotel, en documento membretado’ demuestra que Rodríguez Larreta y María Migliore no quieren resolver el problema ni acompañar a las familias, mientras gastan fortunas en la publicidad de una supuesta integración que ellos mismos hacen imposible”, aseveró Teszkiewicz.

“Este informe de Auditoría deja al descubierto que la única política de Larreta y Migliore para las familias en situación de calle es el abandono”, sentenció.

Cabe recordar que el mencionado programa se trata de un subsidio habitacional transitorio que permite pagar el alquiler de habitaciones en inquilinatos, conventillos y hoteles, conocido como “Subsidio habitacional 690” y es la única herramienta con la que cuentan los habitantes de la Ciudad para efectivizar su derecho a la vivienda.

Formalmente tiene el objetivo de mejorar la situación de emergencia habitacional que poseen los ciudadanos y ciudadana que están en situación de calle, es un fortalecimiento transitorio del ingreso familiar con fines exclusivamente habitacionales debiendo los fondos otorgados estar destinados a cubrir gastos de alojamiento, entendiéndose por situación de calle efectiva y comprobable aquella que registran las personas que en forma transitoria se encuentran sin vivienda o refugio, en razón de desalojo, u otras causas.

Tras la presentación del jefe de Gabinete, Felipe Miguel, en el que dio detalles acerca del “Plan 54 Nuevas Escuelas”, el auditor general por el Frente de Todos (FdT), Lisandro Teszkiewicz, dio a conocer un informo de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires en el que se advierte sobre un incremento del 17% en los precios de las contrataciones que se aplican dentro de ese plan.

Según consignó el auditor, en el informe se puede advertir que en materia presupuestaria las contrataciones sufrieron variaciones económicas con un promedio de aumentos del 17%. Mientras que en los plazos se observan demoras en la finalización de las obras, con un promedio de 489 días adicionales en relación a lo previsto según contrato de cada una de ellas, sin que el 85% de las mismas cumpla con el plazo planificado.

En ese sentido, Teszkiewicz aseveró que “el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no sólo gestiona mal sino que controla peor los trabajos que realizan las contratistas amigas” y remarcó que “las irregularidades son tantas que pudimos constatar que en casi el 85% de los casos se verificó falta de planificación en la confección de la licitación provocando mayores costos por las obras, en otro 85% no se cumplió el plazo de obra según contrato, en un 33% de los casos el sistema estructural estipulado en la licitación no pudo efectivizarse por ser incompatible con el tipo de suelo del terreno, generando nuevamente modificaciones y mayores gastos.

Sobre esa misma línea explicó que ·como ejemplo de la falta de planificación y control, en la ‘Escuela Infantil de Creación y Primaria’ en Villa Olímpica, no se contempló que la empresa de gas no brindaba servicio en la zona y como consecuencia, se tuvo que adoptar un sistema de calefacción eléctrico con las consecuentes modificaciones contractuales y aumento de los costos”.

“Cuando vamos a ver como tramitaron esos aumentos de costos nos encontramos con que en el 80% de los casos no se cumplió con el plazo previsto en la normativa para aceptar las adecuaciones solicitadas por los contratistas, y se aceptaron sin afectación preventiva del gasto, lo que incumple con la ley de administración financiera”, agregó.

Finalmente, el auditor del FdT concluyó señalando que “mientras la falta de vacantes en las escuelas públicas de la Ciudad es uno de los problemas más que urgente a resolver, Horacio Rodríguez Larreta y la ministra Soledad Acuña no solo incumplen su obligación de dar respuesta, sino que agravan la situación por su desidia en el control de las obras que provocan mayores costos y mayores plazos, y las famosas 54 nuevas escuelas nunca terminan de concretarse”.

El auditor por el Frente de Todos, Lisandro Teszkiewicz, dio a conocer un informe aprobado por unanimidad del Colegio de Auditores Generales de la Ciudad en el que se establece que el Gobierno porteño presenta “fallas preocupantes en la información que suministra al Registro Nacional de Tuberculosis (TBC) del Sistema Nacional de Vigilancia epidemiológica, generando de esta manera información poco confiable para la toma de decisiones a nivel nacional”.

El documento también señala que las campañas de prensa sobre TBC no tienen las características acordes a las necesidades específicas de la comunidad, los usuarios no acceden a información sobre los servicios y prestaciones disponibles, ni a una orientación acerca de los cuidados que deben practicar ni se promueven hábitos y costumbres saludables.

Además, destaca que no existen estadísticas de intervenciones sociales acerca del recupero de los pacientes que abandonan el tratamiento, ni existe seguimiento de las derivaciones realizadas. “Es muy importante que se puedan individualizar las acciones de Trabajo Social con pacientes del Programa de TBC, en especial en el seguimiento de los pacientes para evitar el abandono de tratamientos y recuperar a quienes abandonaron”, remarcó Teszkiewicz.

Con respecto a la notificación de pacientes detectados a la Red Nacional de TBC, el documento oficial afirma que existen fallas importantes en las notificaciones al informar su diagnóstico a los pacientes en muchos casos realizadas por otros efectores. Tampoco figura el tipo de tratamiento aplicado en los registros, a lo que Teszkiewicz agrega “cuando vamos a auditar los centros de salud nos encontramos con situaciones como que los trabajadores  que atienden a pacientes con TBC no reciben controles de salud periódicos, el ámbito de trabajo de Neumología no cuenta con las condiciones de bioseguridad que requiere el contacto de pacientes con  tuberculosis, el área de internación  de pediatría no tiene plazas de aislamiento para pacientes con TBC o la Unidad de Infectología de uno de los hospitales auditados que no cuenta con teléfono ni internet lo que hace muy difícil brindar el informe de los casos”.

“Queda claro que Horacio Rodríguez Larreta y Fernán Quirós descuidan la atención de la Tuberculosis introduciendo otro riesgo de salud en medio de un escenario de pandemia”, sostuvo el auditor.

Asimismo resaltó que “la tuberculosis en la Argentina debe estar en agenda y con seguimientos y control de los casos ya que continúa siendo un importante problema de salud pública con un grado de crecimiento en los últimos años, afectando especialmente a grupos de personas jóvenes” y consideró que “resulta vital la administración de un tratamiento completo y su correspondiente seguimiento con una información completa como una de las principales herramientas para el control de esta enfermedad que sigilosamente va en aumento y a la que la Red debe prestar una atención exhaustiva”.

Finalmente Teszkiewicz sentenció que “la tuberculosis es la novena causa de muerte en el mundo, por lo que la OMS está desarrollando una estrategia global a la que Argentina adhiere para controlarla totalmente en el 2035, pero Larreta y Quirós no contribuyen con su parte de la responsabilidad, y por desidia generan un incremento de esta enfermedad en el distrito más rico del país, en medio de una situación de pandemia por otra enfermedad que también ataca el sistema respiratorio, el nivel de irresponsabilidad de esta gente es absoluto”.

De acuerdo a un reciente informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), el cual fue aprobado por unanimidad, reveló que el Gobierno local incumple la Ley 1502, que establece el régimen de incorporación y un cupo mínimo del 5% de personas con necesidades especiales al Sector Público del distrito capitalino.

El mismo fue dado a conocer por el auditor por el Frente de Todos, Lisandro Teszkiewicz, quien explicó que “en el texto del informe se puede leer que en el escalafón general las personas con discapacidad no llegan a representar el 4 % de la planta, y entre los docentes y profesionales no alcanzan el 1%, lo que demuestra que el nivel de discriminación de Horacio Rodríguez Larreta es absoluto, no cumple con la Ley, pero además, solo incorpora personas con discapacidad a los escalafones con menor formación y responsabilidad, y peores pagos, como si las personas que poseen alguna discapacidad no pudieran ejercer tareas profesionales o docentes”.

A la vez que agregó que “pero más aún, ciertos organismos como la Policía de la Ciudad, no tienen registro de tener una sola persona con necesidades especiales revistando en su plantel, esto demuestra un desprecio absoluto por la aplicación de la Ley, pero sobre todo por el derecho de las personas con discapacidad, y el concepto mismo de inclusión” y destacó que cuando se le pide a Larreta que nos envié la información sobre personas con discapacidad prestando servicio para el gobierno de la Ciudad, vemos que no cumple con la ley en cuanto a la cantidad mínima”.

Asimismo, Teszkiewicz detalló que “cuando vemos en detalle los listados de personas contratadas nos encontramos con que existen casos donde no cuentan con los certificados correspondientes, lo que se deduce que incumplimiento sería mucho mayor, y que prácticamente el gobierno de Larreta excluye a las personas con discapacidad de su plantilla”.

El análisis de la AGCBA, realizado sobre el registro dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dictamina que “al 31 de diciembre de 2019 el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no alcanza el porcentaje de personas con discapacidad requeridos por la Ley N° 1502”, por lo que deja en evidencia el incumplimiento de una Ley pensada para hacer de la Ciudad de Buenos Aires un distrito inclusivo.

“La sociedad avanza cada vez hacia estándares mayores de inclusión y de protección de quienes se enfrentan a dificultades mayores para el desarrollo integral de sus proyectos de vida. De espaldas a esa realidad el Gobierno de Larreta asume un nivel inaceptable de discriminación impidiendo a las personas con discapacidad acceder a los puestos de trabajo que por Ley les corresponde. Esta es la verdadera cara de la administración Larreta”, sentenció.

Atento a la decisión del Gobierno de la Ciudad de retomar la presencialidad total de las clases, el auditor de la Ciudad por el Frente de Todos Lisandro Teszkiewicz, se refirió a un informe de la Auditoría General de la Ciudad (AGCBA) acerca del Sistema Global de Mantenimiento (SIGMA) que se aplica en los establecimientos de educación pública y aseguró que el mismo presenta “numerosas falencias”.

El Plan SIGMA es un pilar fundamental para la educación pública, ya que según sostienen desde el Gobierno local busca “garantizar la conservación, mantenimiento y puesta en valor de todos los establecimientos de educación pública con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

En ese sentido, Teszkiewicz advirtió que las falencias en el Plan SIGMA “generan un gran peligro para la comunidad educativa” y consideró que el informe aprobado por el organismo descentralizado del que forma parte “sacó a la luz la inconsistencia en la ejecución y rutina del plan de mantenimiento, demostró demoras en la ejecución, en los expedientes y comprobó la ausencia de indicadores de gestión”.

De acuerdo al informe de la AGCBA en 114 edificios educativos públicos, es decir el 14,50%, los controles de la instalación eléctrica no se cumplieron mensualmente; además, en 150 edificios con las mismas características, que representan el 19,84% del universo ingresado por la Dirección General de Mantenimiento Escolar para rutinas, se realizaron menos de 12 rutinas, lo mismo sucedió en el rubro saneamiento/control de plagas.

Además establece que a la fecha de cierre del informe en cuestión no se han reemplazado la totalidad de los vidrios crudos existentes en establecimientos escolares que se hallan bajo la órbita del Ministerio de Educación de la Ciudad. “Es evidente que el gobierno porteño no cumple con su obligación de asegurar las condiciones para el paso seguro de la comunidad educativa por las aulas, lo que implica la existencia de riesgos concretos”, sostuvo Teszkiewicz.

Al mismo tiempo que remarcó que “el desinterés del Ejecutivo porteño sobre la educación pública reviste gravedad en cualquier contexto, pero si tenemos en cuenta que el trabajo auditado es del 2019, nos deja en claro la escasa adecuación para que la educación pública pueda llevar adelante sus tareas de la forma en que corresponde”.

“¿Qué pasa si nos remitimos al contexto actual marcado por la pandemia del COVID-19?, ¿en qué condiciones puede estar un edificio para retomar las clases presenciales si en la gran mayoría de ellos no se realizaron rutinas ni los mantenimientos necesarios? Una vez más, estamos en presencia de la desidia y la falta de interés del gobierno de Larreta para la educación pública de la Ciudad de Buenos Aires”, finalizó el auditor.

El auditor porteño por el Frente de Todos (FdT), Lisandro Teszkiewicz, difundió este lunes un informe elaborado por la Auditoría General de la Ciudad acerca de la situación en la que se encuentra el Hospital Tornú, ubicado en Parque Chas, en el que se da cuenta que sufre serios problemas de infraestructura como falta de elementos básicos de seguridad y de mantenimiento edilicio al menos desde el 2017.

El documento elaborado por el organismo de control sostiene que en el nosocomio se han perdido camas de internación, la falta de insumos, de recursos. Además, quedó relevado el desprendimiento de mampostería, roturas en paredes, pisos, cielorrasos, humedad en los cimientos del hospital y el mal estado de los sanitarios con mobiliarios rotos, cables y caños expuestos.

Es por ello que Teszkiewicz sostuvo que “los más alarmante es cuando una gestión negligente de políticas públicas, como es el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, conlleva riesgos a la seguridad de los pacientes y trabajadores” y ejemplificó la situación al señalar que “el 89% de los matafuegos del hospital se encontraba sin carga o con el mantenimiento vencido, y varios puestos contra incendio vacíos -sin matafuego- en múltiples pabellones del hospital”.

Asimismo, resaltó que el Tornú “no cuenta con la señalización adecuada o es inexistente” y agregó que “la falta de luces de emergencia o algo básico como puertas corta fuego, están ausentes en al menos 4 puntos relevantes del Hospital. Lo mismo sucede en algunas salidas de emergencias que están bloqueadas. Si todo esto no parece lo suficientemente alarmante, agregó que el hospital de agudos tiene pérdidas de gas en algunos mecheros y la presencia de material combustible en dos pabellones”.

Al mismo tiempo que señaló que “la higiene tampoco parece uno de los fuertes de la gestión del gobierno de la Ciudad” y remarcó que se “destacan la falta de separación entre áreas sucias y limpias en el sector de enfermería, falta de limpieza en múltiples pabellones, y la falta de campana de extracción de vapores, de campana con flujo laminar para solventes orgánicos, salida de aire con mal olor e inconvenientes con evaporación de líquidos en cuatro pabellones, lo que deriva en diversas plagas que pueden encontrarse al recorrer los edificios”.

“Lamentablemente, esta imagen que puede verse con detalle en el informe sobre el Tornú, es la imagen de muchos hospitales públicos de la Ciudad. También es la imagen de empresas de mantenimiento que incumplen sus obligaciones, de un gobierno que mira hacia otro lado, y por sobre todo es la imagen de una gestión, si puede llamársele de este modo, que ve lo esencial como un gasto, y que se llena la boca de discursos vacíos de contenido, mientras vacía el financiamiento de la salud”, sentenció el auditor del FdT.

Cabe recordar que el documento que deja en evidencia la situación edilicia del Hospital Tornú, fue aprobado por unanimidad en el Colegio de Auditores de la Ciudad.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires firmó un convenio marco con la Sindicatura General de la Nación con el fin de concretar acciones destinadas a la cooperación, la asesoría, la capacitación y la asistencia técnica mutua en materia de control del Estado en la Ciudad de Buenos Aires.

En la firma estuvieron presentes la presidenta de la Auditoría Mariana Gagliardi, los Auditores Generales Raquel Herrero, Juan Calandri, Daniel Presti, Lisandro Teszkiewicz, el Síndico General de la Nación Carlos Montero, la Síndica General Adjunta y Directora del Observatorio de Políticas de Género de la SIGEN, Irma Miranda y la Gerenta de Asuntos Jurídicos, María Elisabet Rodríguez Greno.

Ambas instituciones vienen trabajando en conjunto a través de iniciativas de capacitaciones e instancias de formación sobre diferentes temáticas pero haciendo hincapié en la perspectiva de géneros. En el mes de junio, la Sindicatura General de la Nación lanzó el Observatorio de Políticas de Género a fin de realizar un seguimiento de políticas públicas destinadas a garantizar la equidad y a erradicar la violencia hacia las mujeres.

En ese sentido, Mariana Gagliardi expresó: “Acabamos de aprobar nuestro Plan Anual de Auditoría 2021 donde creamos una ‘Unidad de Proyectos Especiales’, la que auditará por primera vez el presupuesto con perspectiva de géneros. Por su parte, Carlos Montero afirmó: “Es necesario controlar y colaborar para fortalecer al Estado. Que hoy nosotros, desde la SIGEN, volvamos a ratificar esta voluntad de colaboración con otros organismos que tienen la experiencia y trayectoria de la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires, es esencial. Nos enriquecemos a partir de estos convenios de colaboración”.