A menos de un día de la sesión preparatoria en la Cámara alta, La Libertad Avanza eligió al abogado Mariano Piazza para ser uno de los tres representantes del Senado en la Auditoría General de la Nación (AGN). En caso de concretarse este martes, el organismo del Estado podría quedar totalmente conformado por primera vez en lo que va de la gestión de Javier Milei.

Según publicó Noticias Argentinas (NA), el elegido por el oficialismo responde al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al armador libertario a nivel nacional Eduardo “Lule” Menem. Con este escenario, toma fuerza la idea de que la designación de integrantes de la AGN se sume al temario de la sesión preparatoria.

Según fuentes periodísticas, el acuerdo estaría sellado con los integrantes del interbloque Popular y los 10 senadores radical para que Javier Fernández, ex auditor y abogado, sea el representante del peronismo; y el exjefe de bancada de la UCR, Luis Naidenoff, por el bloque que ahora preside Eduardo Vischi.

De consumar este acuerdo y avalarlo en el recinto -se requieren dos tercios-, la Auditoría General de la Nación, a cargo de Juan Manuel Olmos, quedará completa desde que Javier Milei asumió en la Presidencia de la Nación.

Cabe recordar que la Cámara de Diputados designó a Mónica Almada por La Libertad Avanza; a Pamela Caletti, que responde al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz; y al camporista Juan Ignacio Forlón en la madrugada del pasado 18 de diciembre.

En medio de la tensión con el Pro por la presentación judicial para impugnar las designaciones, Pamela Calletti, Juan Ignacio Forlón y Rita Almada juraron este lunes como nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN). Tras dos períodos sin completar los cargos en el órgano de control estatal, el Colegio recupera el quórum y podrá avanzar en la normalización de su funcionamiento.

La aprobación de los nuevos auditores ocurrió la madrugada el jueves en el recinto de la Cámara de Diputados, donde Unión por la Patria, La Libertad Avanza, Independencia -bloque que responde al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo-, Elijo Catamarca -Raúl Jalil- e Innovación Federal -Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua- votaron a favor de la moción propuesta por Gabriel Bornoroni, jefe de bancada del oficialismo.

Esto despertó el enojo de Cristian Ritondo, jefe de bloque Pro, quien planteó ante la Justicia que las designaciones son nulas porque vulneraron el debido proceso parlamentario y el principio de legalidad. Además de su bancada, la Coalición Cívica, los radicales, Provincias Unidas y el Frente de Izquierda abandonaron el recinto en repudio al acuerdo entre el Gobierno y el peronismo.

La jura de los tres designados fue en la sesión extraordinaria del Colegio de Auditores encabezada por el presidente Juan Manuel Olmos. Una vez que se efectuó la ceremonia de iniciación, la Auditoría recuperó el quórum ya que cuenta con cuatro de los siete integrantes. El mandato de los nuevos auditores estará vigente hasta 2033.

La AGN estaba paralizada ya que habían vencido los mandatos de los representantes de la Cámara de Diputados en marzo de 2024 y de los representantes del Senado en abril de este año. Con la jura de los Forlón, Calletti y Almada, resta la elección de los representantes por la Cámara alta. El 11 de febrero será la primera sesión ordinaria del Colegio de Auditores Generales.

La disputa política entre el Pro y La Libertad Avanza sumó un nuevo y fuerte capítulo con la presentación de un amparo judicial para frenar la designación de las nuevas autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN), aprobadas por la Cámara de Diputados en una sesión que se extendió hasta la madrugada del jueves pasado.

La acción fue promovida por el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, quien solicitó a la Justicia que declare la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución mediante la cual se avaló la terna de auditores integrada por Rita Mónica Almada, propuesta por La Libertad Avanza; Juan Ignacio Forlón, vinculado políticamente al kirchnerismo; y la exdiputada salteña Pamela Calletti, por Innovación Federal.

En la presentación, el legislador cuestiona de manera central el procedimiento utilizado para avanzar con las designaciones. Sostiene que el tema fue incorporado de manera sorpresiva, cerca de las tres de la mañana, y que no formaba parte del temario habilitado por el Poder Ejecutivo para las sesiones extraordinarias, lo que —según remarca— constituye una violación directa de la Constitución Nacional.

El escrito también apunta a la ausencia de los pasos formales básicos: no hubo dictamen previo de comisión, ni debate parlamentario, ni pedido expreso de apartamiento del reglamento. Para el Pro, la votación se realizó “sin publicidad ni transparencia”, en un contexto que torna el acto “nulo de nulidad absoluta”.

Ritondo advirtió además que lo ocurrido no solo afectó los derechos políticos de los diputados, sino que impacta de lleno en el funcionamiento de un órgano clave del sistema institucional. “La AGN no es una dependencia administrativa del Congreso, sino un órgano constitucional de control externo”, sostiene el amparo, al tiempo que alerta sobre el riesgo de alterar el equilibrio entre oficialismo y oposición que debe regir su integración.

En ese marco, el Pro solicitó una medida cautelar urgente para impedir que los auditores designados asuman o ejerzan funciones hasta tanto exista una sentencia definitiva, y reclamó que se restituya la situación institucional previa al acto cuestionado.

Más allá del planteo jurídico, la decisión expone el quiebre político entre el Pro y La Libertad Avanza. En el macrismo interpretan que la conformación de la AGN respondió a un acuerdo entre el oficialismo libertario y sectores del kirchnerismo, con el aval del presidente de la Cámara, Martín Menem, lo que terminó por dinamitar los entendimientos previos dentro del espacio opositor.

En su descargo, Ritondo aclaró que el amparo no apunta contra los nombres propuestos, sino contra el mecanismo utilizado. Subrayó que durante las sesiones extraordinarias el Congreso no puede incorporar temas por iniciativa propia, ya que la definición del temario es una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo. Avanzar por fuera de ese marco, concluyó, “no fortalece el control del Estado, sino que lo debilita”.

Después del escándalo desatado por la remoción de Diego Spagunuolo en la ANDIS, diputados nacionales de Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el radicalismo presentaron una nota ante Miguel Pichetto, en su rol de presidente de la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, para exigir que la Auditoría General de la Nación revise los contratos de la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina.

“Consideramos que la gravedad de esta situación amerita una urgente intervención de este Congreso, en general, y de la comisión a su cargo en particular. El Poder Legislativo no puede mantenerse indiferente ante hechos graves y cuya magnitud no hemos terminado aún de conocer”, señalaron los legisladores firmantes del escrito.

La nota fue encabezada por Pablo Juliano, Mariela Coletta, Danya Tavela, Marcela Coli, Carla Carrizo y Fernando Carbajal de Democracia para Siempre; Nicolás Massot, Margarita Stobizer, Esteban Paulón, Mónica Fein y Juan Brügge de Encuentro Federal; Juan Manuel López, Paula Oliveto y Mónica Frade de la Coalición Cívica; y Natalia Sarapura, Gabriela Brouwer de Koning, Julio Cobos y Fabio Quetglas de la Unión Cívica Radical.

Así las cosas, los diputados mencionados señalaron en el texto motorizado: “Nos referimos a las graves denuncias de sobornos que involucran a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) y que alcanzan los más altos rangos del Poder Ejecutivo Nacional. Así como también, la peligrosa y lamentable situación sanitaria producida por el fentanilo contaminado”.

Remarcaron, además, que resulta “imprescindible llevar adelante un control externo del funcionamiento de la ANDIS que despeje dudas sobre su labor en general y, muy específicamente, sobre el presunto pago de sobornos en los contratos suscriptos con la Droguería Suizo Argentina”.

Además, pidieron llevar a cabo auditorías sobre la ANMAT con el objetivo de “obtener conocimiento preciso de cuáles son sus procedimientos y sistemas de alerta”. Y agregaron que “particularmente, en relación a las observaciones realizadas a la farmacéutica HLB Pharma Group y el Laboratorio Ramallo”.

Aunque se anticipó como una reunión informativa, en la que efectivamente se escucharon a especialistas, en el arranque del encuentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados este miércoles, el oficialismo intentó empujar la firma de un dictamen para reformar la composición de la Auditoría General de la Nación y la duración de los mandatos de los auditores. Finalmente, no tuvo éxito.

El bloque de La Libertad Avanza podría haber contado con el apoyo de sus aliados del Pro, UCR e Innovación Federal, al igual que la CC en esta ocasión, pero lo cierto es que le faltaba una firma para poder habilitar un dictamen: requería 17. Además, fue clave la ausencia de los representantes de Encuentro Federal Juan Brügge y Margarita Stolbizer, y el rechazo desde el radicalismo díscolo.

El presidente de la comisión, el libertario Nicolás Mayoraz, explicitó en el comienzo “la intención de hacer un dictamen para modificar la Ley de Administración Financiera en lo que tiene que ver con la integración del colegio de auditores, la duración de sus mandatos y la forma de elección”, independientemente de que más adelante se avance con una reforma integral de la Ley 24.156.

Al cruce salió rápidamente el jefe del bloque Democracia para Siempre. “No había ninguna intención, por lo menos hasta esta mañana, de que se dictamine. Hay un infierno de proyectos presentados en distintos sentidos por distintas bancadas”, apuntó Pablo Juliano, que habló luego de Leopoldo Moreau, quien argumentó los motivos por los que Unión por la Patria se retiraría de la sala. El principal de ellos, el fallo de la Corte contra Cristina Kirchner.

El bonaerense reprochó que se buscaba “dictaminar sobre tres artículos que reducen la conversación a cargos” y exhibió el borrador que había circulado. De acuerdo con ese texto, al que accedió parlamentario.com, se propone pasar de un colegio de 7 auditores a 9, con un presidente -de la principal oposición, como establece la Constitución- y cuatro representantes por cada cámara del Congreso.

Actualmente, desde el año pasado están pendientes las tres designaciones por Diputados, mientras que las del Senado vencieron a fines de marzo pasado y tampoco se resolvieron.

Además, se busca acotar el mandato de los auditores de 8 a 4 años y se establece que deberán percibir una remuneración equivalente a la de un legislador nacional, aunque hoy día un senador gana el doble que un diputado.

Igualmente, con este cambio, el oficialismo mostró que modificó la propuesta que había planteado en su proyecto el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que pretendía quitarle una silla al Senado, desde donde destrozaron esa iniciativa.

“Qué mal gusto que tiene este debate. ¿Escondiendo las cartas en el propio Congreso de la Nación? Al otro día de que fue condenada una expresidenta de la Nación, justamente porque lo que tiene que funcionar son los órganos de control”, lanzó Juliano y le avisó a LLA que “no cuenten con Democracia para Siempre para esta conversación”.

El radical agregó: “Los que firmen esto son cómplices de que los organismos de control miren para el costado. Van camino a cometer otro fracaso, a meter la pata si el debate de un órgano de la Constitución Nacional está sesgado y reducido”. “Están buscando repartir cargos para garantizar impunidad”, denunció y rechazó que se estén “haciendo trampas entre bambalinas”. “Es una vergüenza lo que está pasando”, sumó.

Finalmente, tras la exposición de los especialistas, Mayoraz consideró que entre los proyectos “hay coincidencias importantes” y la idea es “trabajar sobre ejes temáticos” para “ver si podemos arribar a un dictamen común”. “Es difícil, pero hay que llegar a algo que se pueda discutir oportunamente”, completó.

Hacia el cierre, la diputada del Pro Silvana Giudici afirmó que “es necesario que podamos volver a convocar a la comisión para avanzar con este dictamen”. “Si uno lo toma a la ligera parecería que es solo una cuestión de cargos, pero para mí es una cuestión de destrabar una barrera”, opinó.

La bullrichista señaló que la elección de los auditores estaba planteada “para un sistema bipartidario” pero “ante la fragmentación política actual y las nuevas características del Congreso hace falta que lo adecuemos”. “Lo peor que podemos hacer es quedarnos inmóviles y quedarnos sin auditores”, completó.

En tanto, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, consideró que “la situación en la que estamos es crítica y los auditores de esta Cámara hace más de un año que no están nombrados; y todos los gobiernos necesitan auditorias, el que pasó, el actual y el que venga”.

Desde DpS, Carla Carrizo pidió que “no solamente se resuelva la integración”. “Es importante no solamente pensar en cómo se integran, sino cómo funcionan, porque no importan cuántos integrantes tengamos si los mecanismos de control funcionan mal”, sostuvo.

Por su parte, la libertaria Mercedes Llano mostró una disidencia con la propuesta: “Tenemos que darle una clara señal a la sociedad que hay una voluntad política de desterrar los privilegios y los abusos, por eso, en ese sentido, entendemos que este proyecto debería determinar con contundencia y nitidez cuál será la remuneración de los auditores”.

Otra de las que habló en el cierre fue la diputada macrista Silvia Lospennato, quien pidió que la comisión abra el debate sobre una modificación de la Ley de Ética Pública, tema que “está entre los compromisos que Argentina asumió con el FMI”; y también la eliminación de la figura del parlamentario del Mercosur para que se vuelva “a la elección indirecta”. “Es un gasto grande que pagan todos los contribuyentes argentinos para una función casi inexistente”, planteó.

Unión por la Patria no participó de la reunión

En el comienzo, los diputados de Unión por la Patria se sentaron en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja para retirarse inmediatamente después de la intervención de Leopoldo Moreau, el primero en hablar.

El radical K argumentó que no participarían de la reunión por el operativo de seguridad desmedido en los alrededores del Congreso, la detención del dirigente Juan Grabois el pasado sábado y, principalmente, el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena a prisión de Cristina Kirchner.

“Desde nuestro espacio venimos advirtiendo que la Argentina sufre una peligrosísima escalada hacia el autoritarismo, cuyo objetivo es romper el pacto democrático que se fundó en 1983 y se fue consolidando con el paso del tiempo”, expresó el legislador, que observó que esto “alcanzó esta semana su punto más culminante”.

Moreau justificó que UP no participe “de estas comisiones ni de ningún tipo de actividad que signifique naturalizar esta situación que nos está poniendo al borde de un Gobierno que pretende ejercitar este autoritarismo sin límites”.

“Hoy el Congreso está virtualmente sitiado por fuerzas federales, sin ningún tipo de justificación, esto ya no se puede seguir naturalizando”, enfatizó y añadió: “El Estado de Derecho en Argentina está muriendo”.

La mirada de especialistas

Durante la reunión, expuso de manera virtual la exauditora Emilia Lerner. “Toda discusión sobre la AGN debe partir del principio de independencia de la autoridad superior y de los miembros, incluyendo la seguridad en el cargo y la inmunidad legal en el cumplimiento de sus obligaciones”, señaló.

“La Declaración de Lima dice que los organismos de control solo pueden cumplir eficazmente sus funciones si son independientes de la institución controlada y se encuentran protegidos contra influencias exteriores”, argumentó.

A su turno, la exdiputada Carla Pitiot agradeció a las legisladoras Mónica Litza (UP) y Margarita Stolbizer (EF) por retomar un proyecto de su autoría presentado en 2016.

La dirigente del Frente Renovador resaltó que “estamos ante una ventana de oportunidad después de tantos años, hay mucha expectativa por parte de los trabajadores de la AGN” y pidió “no quedarse a mitad de camino” en cuanto a modificar la normativa.

La directora del Observatorio de Control Público de la Fundación Éforo manifestó: “Hoy la AGN es un organismo virtualmente acéfalo, no tiene quórum para sesionar y los trabajadores del organismo no pueden desplegar el potencial de su trabajo. El proyecto no se queda solamente con regular la actuación de la AGN, sino que aborda la reglamentación de la actuación de todos los actores del sector de control externo”.

En ese sentido, Pitiot recalcó que “la reglamentación es imprescindible y completar la composición del colegio de auditores con el nombramiento de diputados y senadores es urgente para normal funcionamiento e institucionalidad del sistema de control”.

En tanto, Hugo Buisel Quintana, de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), habló en nombre “de los trabajadores del control, de la AGN y de todos los tribunales de cuentas”.

“Vine preocupado porque se va a sancionar una ley modificatoria del control en la República Argentina. Nunca hemos podido sentarnos a hablar en serio del rol de los organismos de control. La discusión que deberíamos dar es qué hacemos con el control y cómo hacemos para acercar a la gente a la política si no es a través de la transparencia”, sostuvo.

La Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, presidida por el diputado Miguel Pichetto, se reunió este jueves en el Salón Illia del Senado, donde se volvió a discutir por la falta de designación de auditores en la Auditoría General de la Nación por parte de ambas cámaras. Por otra parte, se pasó a la firma el dictamen sobre la Cuenta de Inversión 2018.

En el comienzo del encuentro, Pichetto le dio la palabra a Hugo Quintana, secretario general del gremio de APOC, de los trabajadores de la Auditoría. "Indudablemente hay una preocupación, que es también del Congreso, de ambas cámaras, respecto a la acefalía que hoy tiene la Auditoría", dijo el diputado sobre el órgano de control en el que se encuentran vacantes los tres representantes por la Cámara de Diputados y los tres por el Senado.

"Tenemos una profunda preocupación con lo que está pasando no sólo con la AGN sino con otros organismos de control", expresó Quintana y lamentó que este tema "se ha convertido en algo complicado que pareciera a nadie le interesa y no sale en los medios".

El representante de los trabajadores afirmó que "la Auditoría es un barco a la deriva" y luego reflexionó: "Para amigar al pueblo con la política tiene que haber transparencia. Y eso no está pasando: hace dos años que no tenemos presupuesto, hace tres meses que no está funcionando la Auditoría y hace 25 años no está nombrado el defensor del Pueblo".

Pichetto recordó que "le hemos notificado a ambos presidentes de ambas cámaras que hicieran los esfuerzos para completar la integración" y que reiterarían el pedido.

Por su parte, el diputado del Pro Álvaro González manifestó que "es la primera vez que pasa una cosa de estas características, que vengan los trabajadores a pedir que se nombren a los auditores. Es una mora que tiene el Congreso que debemos resolver lo antes posible".

Mientras que el senador salteño Juan Carlos Romero resaltó que "esto ya no depende de las autoridades". Y recordó que este miércoles, la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se pusieron a debate proyectos para reformar la Ley Orgánica de la AGN, no tuvo quórum y no estuvieron los senadores de La Libertad Avanza ni Unión por la Patria.

Por eso, propuso que se junten los jefes de bloques "y decidamos quiénes van a ser los auditores con la ley vieja, porque la nueva no va a salir nunca, no hay voluntad de sesionar, de aprobarla y no sabemos que va a hacer Diputados, donde se ha presentado un proyecto exótico que cambia el equilibrio entre las cámaras". "La intención de ese proyecto (en alusión al presentado por Martín Menem) es que no haya auditores", aseveró.

Desde Unión por la Patria, el jefe del interbloque, José Mayans, argumentó la ausencia en la Comisión de Asuntos Constitucionales porque "existió una manipulación del tema de las comisiones" y "estamos esperando que vayan cumpliendo con la integración de las comisiones de forma proporcional de acuerdo a lo que establece el reglamento". Sin embargo, durante el plenario sobre la Corte Suprema, algunos habían asistido.

En tanto, el jefe de UP en Diputados, Germán Martínez, recordó que la semana pasada no se consiguió quórum en la sesión en la que pretendían votar las designaciones de dos auditores y cuestionó "la maniobra del oficialismo" poniendo en debate "un proyecto del presidente de la Cámara de Diputados".

Sobre esto, añadió que este miércoles  "estuvieron a punto de dictaminar una reforma de la Ley 24.156 modificando cantidad de integrantes del Colegio de Auditores y la duración de los mandatos; sin siquiera diálogo de las dos cámaras. Pero no lo lograron". "Es un mamarracho lo que están haciendo", denunció y abogó por que "ojalá podamos lograr los acuerdos políticos necesarios que nos permitan avanzar en las designaciones de los auditores".

Por La Libertad Avanza recogió el guante el diputado Julio Moreno Ovalle, quien observó que en el debate que se inició "hay un consenso muy fuerte en los proyectos de disminuir los mandatos" de los auditores. "Apelo a un consenso para poder modificar la composición", dijo y afirmó: "Nosotros también estamos muy preocupados porque esto empiece a funcionar". Sin embargo, defendió la discusión de "un proyecto global" para reformar la AGN.

"Esto necesita un acuerdo de la política, llamamos a que esto se pueda destrabar urgentemente", sostuvo la diputada de la UCR Soledad Carrizo, quien opinó que ese asunto debe ir de la mano con "el compromiso de ambas cámaras para avanzar en estos proyectos" y "antes de agosto o de las elecciones" de octubre, se pueda aprobar una nueva ley y también completar el organismo.

En coincidencia con Romero, Pichetto cerró: "Creo que tenemos que avanzar en los acuerdos políticos para designar la representación sobre la base de la ley vigente. Si nos ponemos a debatir se nos va el año. Necesitamos buscar los acuerdos en ambas cámaras para designar los representantes lo antes posible". Y criticó que el proyecto de Menem "es totalmente inconstitucional" por lo que propone respecto de la elección del presidente de la AGN y la distribución de los representantes.

Sin aval de UP, pasaron a la firma el dictamen de la Cuenta de Inversión 2018

Tras ese primer tramo, se puso a consideración la Cuenta de Inversión 2018. Al respecto, Pichetto informó que "hay una mayoría que va a votar la cuenta con un sentido de aprobación favorable, con observaciones, que son las del dictamen de minoría de la propia AGN". En cuanto a las objeciones del dictamen de mayoría de los auditores, observó que "no eran de ninguna manera significativas".

Sobre "el argumento de falta de legalidad del préstamo" del FMI tomado ese año por el gobierno de Mauricio Macri, el legislador consideró que esto "ha tenido un saneamiento posterior", cuando en el Congreso se ratificó un nuevo acuerdo con el organismo internacional cerrado por el exministro de Economía, Martín Guzmán.

Vicepresidente de la bicameral, el senador de UP Mariano Recalde argumentó el dictamen de rechazo de su espacio y señaló que, a partir de este préstamo, "la deuda pública de la administración central en relación al PBI se incrementó en 28,8 puntos porcentuales y alcanzó al 85% del total del PBI".

El porteño apuntó que el crédito "se tomó en condiciones no sólo de no sostenibilidad, sino también de ilegalidad. Se detectaron muchas irregularidades en lo que respecta al proceso formal de registro del endeudamiento" y negó que lo votado en 2022 haya sido "de ninguna manera un saneamiento". Además, sobre el destino de los fondos, resaltó que "se utilizaron para la bicicleta financiera, la fuga de divisas y no hubo una sola obra de inversión".

En igual sentido, el senador Mayans cuestionó que se recurrió al FMI "en una abierta manipulación política de la deuda argentina, sin pasar por el Congreso, como hacen ahora". "Macri dijo que con eso se iba a reactivar a economía y, hablando mal y pronto, fue un desastre", manifestó.

Por la UCR, el senador Víctor Zimmermann señaló que "se dice que no fue autorizado ni por ley ni por decreto", pero estaba avalado a partir de lo que establece "el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera". "Y posteriormente se votó la llamada Ley Guzmán (27.612), que convalidó el proceso anterior", consideró.

También en contra, como sus pares, el diputado Martínez hizo mención a la marcha de personas con discapacidad reclamando por la ley de emergencia en las afueras del Congreso, donde "está la (Policía) Federal con armas en las manos". "Este debate sobre la deuda de 2018 no está aislado de la motosierra de 2024 y 2025. Allí encuentra el origen para lo que está pasando hoy", relacionó.

Al hacer referencia a la noticia de que se vuelve a "colocar deuda por mil millones de dólares", el santafesino remarcó: "Es la primera operación de este tipo desde hace siete años. ¿Qué año era hace siete años? El 2018. ¿Quién estaba a cargo de eso? Caputo". Y sentenció: "No hay ningún elemento de aval a la deuda de 2018".

Sin quórum, y de manera muy breve, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado abrió la discusión sobre proyectos que buscan modificar la estructura de la Auditoría General de la Nación, organismo que actualmente cuenta solo con su presidente.

La reunión se dio sin presencia del oficialismo y muy escasa de Unión por la Patria, a diferencia del plenario anterior que había tenido más participación, cuando se comenzó con el debate sobre la ampliación de la Corte Suprema.

La presidenta de la comisión, la cordobesa Alejandra Vigo (LPU) se refirió a los tres proyectos en consideración, los cuales "tienen dos puntos generales que son el número de integrantes y la extensión de los mandatos" de los auditores.

Durante el inicio de las exposiciones, el senador salteño Juan Carlos Romero (LPU), quien propone que se modifique la duración de los mandatos de los auditores generales, afirmó que " es una falencia institucional muy grande tener una acefalía en la Auditoría, que es el órgano de control; y cualquier dilación hace pensar que no queremos que haya control y sí queremos que funcione”.

“Seis u ocho miembros no es un tema grave, se puede avanzar en cualquiera de las dos posibilidades”, dijo sobre la composición del organismo y señaló que “la ley original prevé la reelección indefinida, yo pondría en este caso una sola renovación, o sea, dos mandatos como máximo”.

Romero pidió que se avance en “borradores de dictamen que puedan trabajar los asesores” para “tratar de compatibilizar los proyectos que no son muchos”. “Acá no estamos esperando ni a la Cámara de Diputados ni al Poder Ejecutivo”, aclaró y calificó al proyecto de Martín Menem en la Cámara baja como “un proyecto para no decir absurdo, sino exótico”. “No sé cómo pensaron que ese proyecto podría pasar esta Cámara, tal vez sea una forma también de dilatar”, expresó sobre la iniciativa que propone cuatro auditores por Diputados y dos por el Senado, cuando actualmente son tres y tres.

Por su parte, el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR) aseguró: “Este es un tema que tiene que ser de gran preocupación de nosotros. La ciudadanía en su conjunto quiere saber cómo se gasta la plata pública y la Auditoría hace un gran trabajo en eso”. Y advirtió que, al no contar con su integración, “no vamos a tener los controles en tiempo y forma”.

En tanto, el fueguino Pablo Blanco (UCR) observó que ante una eventual media sanción votada por el Senado, la Cámara de Diputados podría no aprobarla “o venir un veto”. Acusó entonces que el oficialismo “está buscando tiempo” para “ver qué resulta en las elecciones” de octubre y si, con otra composición parlamentaria, “poder acomodar sus auditores”.

“Tenemos la responsabilidad que la AGN se conforme rápidamente”, aseguró en ese sentido y añadió: “No dejemos que en las alocadas ideas que tiene el Poder Ejecutivo tengamos un DNU”.

Además del de Romero, el proyecto de José Mayans (UP), acompañado por su par Juliana di Tullio, propicia "la ampliación de siete a nueve miembros, donde se incluye la presidencia, y por un período de cuatro años renovable por otros cuatro, y no los ocho actuales".

El  tercer proyecto, del senador Sergio Leavy (UP), también hace alusión a su composición y a la duración de los mandatos de los auditores generales.

Para finalizar, Vigo informó que "la semana que viene la comisión será convocada nuevamente para avanzar con esta discusión y evaluar la posibilidad de un dictamen".

La Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el diputado oficialista Nicolás Mayoraz volvió a reunirse este miércoles para avanzar con el debate de una nueva reglamentación para la Auditoría General de la Nación. En ese marco se resolvió mantener reuniones para escuchar a autores de los proyectos puestos en consideración e invitar a especialistas para que brinden su experiencia, ya sea desde la gestión o bien desde lo académico.

En el inicio de la reunión -la segunda que se realiza sobre este tema, la anterior fue el 21 de mayo-, el titular de la comisión aclaró que a pedido de los diputados habían procedido a hacer la supresión de giros de los otros proyectos que se ponían a consideración, para concentrar todo lo que tiene que ver con el tratamiento de la ley de AGN teniendo a la vista expedientes que si bien no son específicos con el tema, lo rozan de alguna manera. “Hemos corregido los giros y ampliamos el temario con una presentación que hizo la diputada Mónica Litza”, apuntó Mayoraz.

“Creemos que se puede modificar la ley sin perjuicio de aprovechar este interés concitado avanzando con el tratamiento de una ley integral”, agregó el diputado oficialista.

La diputada Liza pidió avanzar con una reforma “integral” del tema.

Precisamente la diputada Mónica Litza intervino entonces para expresar su “desacuerdo total con centrar y focalizar una reglamentación tan importante solamente basada en la designación del Colegio de Auditores y autoridades” de la Auditoría. La diputada de UP aclaró que les parecía un tema importante, pero no el más importante. Habló de una mora de 31 años en la reglamentación del artículo 85 de la Constitución Nacional, que es el que reglamenta el tema. Y al recordar que la propia CN establece que al frente de la AGN tiene que estar un representante de la fuerza, frente o partido político que tenga más representación en las cámaras, “eso se contradice con el mandato (presidencial), que en Argentina es de 4 años”. Ante lo cual, enfatizó que “por supuesto que tenemos que avanzar en el acortamiento de los mandatos” de los auditores, que actualmente es de 8 años.

Tras recordar que su proyecto lo había presentado por primera vez en 2016 junto con Margarita Stolbizer y Carla Pitiot, miembro de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), y volvió a representarlo en 2018 y ahora, destacó que tuvo un trabajo muy importante de todo el personal que ha trabajado en la AGN. Reclamó entonces “correr el velo” y dejar de focalizar el debate en la constitución del organismo, para tratar de forma integral el funcionamiento de la AGN, porque a su juicio “hasta ahora está funcionando con un marco normativo armado con parches”. Reducir el debate a una integración del auditor general y el Colegio de Auditores es a su juicio “banalizar una oportunidad muy importante que tenemos”, por lo que anticipó que no acompañarían un pedido de dictaminar sobre una parte de la cuestión, sino que reclamó “avanzar con una cuestión integral”.

Mayoraz coincidió con la necesidad de avanzar con la reglamentación del artículo 85. Reconoció que solo se pone foco en la cuestión cuando viene el tiempo de renovar auditores; después de olvida. “El compromiso del presidente de esta comisión y el de la Cámara de Diputados es que atendamos las dos cosas: integrar el Colegio de Auditores y trabajar la ley. Por eso vamos a trabajar en dictaminar sobre una modificación parcial de la ley, sin olvidar avanzar con el resto”.

Abogó entonces por hacer una reunión informativa y corregir cuestiones como la comentada en la reunión anterior por el diputado Julio Moreno Ovalle, quien se quejó por ejemplo de que recién ahora se está trabajando en la Bicameral Revisora de Cuentas sobre la cuenta de inversión de 2017. “Es disfuncional controlar cuentas de un presidente que ya terminó hace dos mandatos”, reconoció Mayoraz.

Autora de otro de los proyectos puestos a consideración, la diputada del Pro Silvina Giudici destacó la necesidad de mejorar el andar de la AGN, y mencionó las contrataciones hechas en tiempo de pandemia. “Falló mucho ahí el Estado como control y la AGN tuvo una intervención bastante pobre”, remarcó Giudici, quien reconoció que “en este momento la mayor dificultad que enfrentamos es que la AGN está incompleta, solo tiene un presidente que no está ejerciendo en su cabal dimensión. Entonces, como propone Mayoraz, sería importante poner la mirada en la integración (de la Auditoría) y la duración de mandatos. Parece que está desfasado de la realidad y hay que corregirlo”. Y como otros diputados pidió invitar a exponer a los directivos de APOC para que hagan un informe pormenorizado de los cambios de la ley que ha creado la AGN.

La diputada de Democracia Para Siempre Carla Carrizo valoró la convocatoria a ese debate y recordó que durante la gestión de Cambiemos se llegó a armar una subcomisión para analizar una nueva reglamentación, cuando al frente de Asuntos Constitucionales estuvo el diputado Pablo Tonelli. “Celebro todos los debates que mejoren las condiciones de trabajo”, dijo la diputada que puso énfasis en las cuestiones pendientes en materia institucional, citando los años que se tardó con el Consejo de la Magistratura y la acefalía de 16 años del defensor del Pueblo. “Algo pasa con el poder que no podemos controlarlo -observó-. Tenemos que hacer un cambio. Una cosa es la economía y otra son las instituciones, pero las dos cosas van unidas”.

Reconoció que el mandato de 8 años que tienen los auditores “es una barbaridad”, y se quejó de que la AGN “controla mal, anuncia tragedias que no se evitan”. A su juicio, “para las grandes decisiones tenemos que prever, cambiar el modo en que se controla y el plan de auditoría. El plan de auditoría está mal”.

Carla Carrizo dijo que la AGN “controla mal, anuncia tragedias que no se evitan”.

Por último, hizo hincapié en la cuestión de género, que atiende el proyecto que ella presentó. Observó que hay una Ley de Paridad y que particularmente la Cámara de Diputados nunca designó una mujer en la AGN. “Esta vez tendría esta Cámara que nominar una mujer. Este tema no puede ser ignorado”, señaló, para finalizar con una reflexión: “No es que primero reformemos y después nominemos (a los auditores); se puede hacer todo junto”.

A continuación, el presidente del bloque Unión  por la Patria, Germán Martínez, expresó su beneplácito porque no se cumplieran las versiones que circulaban el día anterior, que anticipaban la intención del oficialismo de llevar a la comisión un dictamen para pasar a la firma. “Los pasillos hablan y me parece inconveniente eso para un debate de estas características”, señaló. También compartió con su par Mónica Litza la necesidad de avanzar con un debate integral, y contar con el aporte de personas que puedan sumar su visión desde la experiencia.

Martínez valoró el papel de legisladores que luego pasaron por la Auditoría, y citó a un comprovinciano: Oscar Lamberto, quien para él “honró su tarea en la AGN”. Citó también el caso del radical Jesús Rodríguez. “¿Por qué no puede aportar a la AGN alguien que ha tenido un rol destacado?”, se preguntó, citando críticas escuchadas en ese sentido.

Con ironía, señaló que al oficialismo “les brota ese espíritu republicano en el momento que decidimos avanzar con la nominación de un auditor”, en referencia a que la semana pasada la oposición se proponía designar al menos dos auditores. Advirtió entonces contra el hecho de que el oficialismo pretenda bloquear la posibilidad de que el Congreso decida. Remarcó en ese sentido que el artículo 85 está vigente, lo mismo que la Ley 24.186, y al respecto advirtió que “en el momento en que los bloques presenten una moción, eso está dentro de la competencia que tiene el Congreso y las tendremos hasta el momento que haya una nueva ley. Este tema puede resolverse por el mecanismo previsto. Que no funcione este debate parlamentario como un cepo a las atribuciones que tenemos los diputados y senadores”.

A su turno, el diputado Moreno Ovalle dio detalles del proyecto impulsado por el oficialismo, que es el del presidente de la Cámara Martín Menem, destacando que el mismo plantea la misma cantidad de auditores que en la actualidad (siete), pero dándole más jerarquía al presidente, que debe ser designado por el Senado y que debe ser de la oposición. Pasa a ser el único auditor general, mientras que los otros seis serán auxiliares. Y se corrige el número de miembros de cada cámara: 2 por el Senado y 4 por Diputados. Como así también la cuestión remunerativa, ya que en la actualidad los auditores ganan más que el presidente de la Nación.

A continuación, Margarita Stolbizer agradeció que se hubiera corregido el tema de los giros, y elogió también que el oficialismo hubiera presentado un proyecto como el de Martín Menem, que consideró “bastante bueno”. “Creo que lo valioso es presentar un proyecto integral, que reglamenta la Auditoría, que va en línea con lo que sostenemos que es la necesidad de una reforma”, señaló.

Advirtió eso sí sobre “la posibilidad de sacar alguna ventaja ocasional sacando un tema del tratamiento general no se bueno, pone un disvalor en ese buen proyecto que presentó Martín Menem y la bancada oficialista”, y cerró pidiendo dar un plan de trabajo y trabajar en la construcción del consenso, para lograr una ley que rija por 30 o 50 años. “Cada uno que se ponga a discutir la ley tiene que hacerlo pensando en la República. Es una ley demasiado importante, hay que darle tiempo, dedicación y construir consensos y no sacar alguna ventajita a ver si podemos conseguir un auditor más”.

Stolbizer consideró “bastante bueno” el proyecto presentado por el oficialismo.

Desde el oficialismo, la diputada mendocina Mercedes Llano habló de la necesidad de “despartidizar ese organismo” para que no opere como “una suerte de botín político”. Sostuvo que “el espíritu de nuestro proyecto quizá sea extremo y es discutible, pero busca repensar y garantizar la autonomía del organismo. La política ha sido el criterio dominante para elegir a los integrantes de la Auditoría, y se debe garantizar la imparcialidad”. Puso como ejemplo lo que sucede en su provincia, donde dijo que muchos exfuncionarios luego son designados al frente de organismos de control, y se preguntó “de qué control real e independencia hablamos si los que controlan al Gobierno son amigos del gobernador”.

En otro pasaje, la diputada Carla Carrizo volvió a intervenir para expresar su desacuerdo con que el presidente de la AGN tenga acuerdo del Senado, y advirtió que la nuestra “debe ser la única democracia donde el Senado tiene un poder absolutamente desmedido. Eso me parece un poquito una trampa”.

Carolina Gaillard pidió luego que más allá del debate se vaya avanzando en la constitución de los organismos y ponerle condicionamientos a quien se elija al frente sería “desnaturalizar lo que dice la Constitución”.

Recordó también que UP se proponía en la última sesión, la que no se hizo por falta de quórum, votar miembros que faltan en la Auditoría, para que comenzara a integrarse. “Escucho mucho al Gobierno de Milei hablar de las auditorías, pero no podemos hacerlas si no están nombrados los miembros. Hoy en la AGN solo está el presidente y no está pudiendo funcionar”. Por eso pidió “hacer todo en paralelo”.

Sobre el final, la radical Karina Banfi se diferenció de otros discursos considerando que los auditores “tienen que tener un carácter político, pero también meritocrático”. Aclaró que “no es que cualquiera puede ser auditor”, y concluyó señalando que “hablar de que los cargos no tienen que tener algún cariz político es como pedirle a las personas que no tengan ninguna religión”.

Por eso reclamó “dejar de demonizar la política. Hemos detonado los política, cuando los problemas se resuelven con más política y no menos”.

A casi dos meses del rechazo a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, el Senado convocó a una reunión plenaria entre las comisiones de Asuntos Constitucionales, y de Justicia y Asuntos Penales par dar comienzo al debate respecto a ampliar el número de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La cita está programada para el próximo miércoles 28 a las 13 en el Salón Arturo Illia.

El debate contempla a ocho proyectos presentados por la neuquina Lucila Crexell; de la cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal); del catamarqueño Flavio Fama (UCR); la rionegrina Mónica Silva; Silvia Sapag y Nora del Valle Giménez de Unión por la Patria; y del salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal). Este último fue el texto más reciente impulsado después de la caída de ficha limpia el pasado 7 de mayo.

La propuesta reinante es la de llevar el número de ministros de la Corte Suprema de cinco -actualmente funciona con tres miembros- a siete, nueve o quince miembros. Asimismo, integra el temario de esta primera reunión, el proyecto de la senadora neuquina Silvia Sapag que busca garantizar la paridad de género con una proporción del 40% en el máximo tribunal de justicia.

Desde el año pasado, el máximo tribunal de justicia funciona con su presidente Horacio Rosatti; el vicepresidente Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En diciembre, Juan Carlos Maqueda dejó la Corte tras cumplir 75 años, y el presidente Javier Milei nombró a García-Mansilla en comisión, pero el rechazo del Senado obligó la renuncia del catedrático.

De todos modos, la Corte Suprema de Justicia funciona con cuatro integrantes desde octubre del 2021 tras la salida de Elena Highton de Nolasco, quien también cumplió los 75 años, pero nunca tuvo reemplazante.

El debate por la AGN

Una vez que el plenario concluya, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, a cargo de Alejandra Vigo, tendrá una reunión ordinaria para comenzar con el debate de la ampliación de los miembros designados de la Auditoría General de la Nación (AGN). Se pondrán a consideración los proyectos de José Mayans, Carlos “Camau” Espínola y Sergio Leavy.

La iniciativa del senador correntino, aliado de La Libertad Avanza, tiene el aval de Juan Carlos Romero, y ambos proponen una AGN con siete miembros, tres elegidos por Diputados y tres por el Senado. También, establecen una duración en el cargo de cuatro años con posibilidad de ser relegidos.

Además, plantearon que la dieta de los auditores generales no sea mayor a la de los integrantes de la Cámara alta y la disposición de un sorteo para dirimir quienes estarán cuatro años en el cargo y quienes dos.

El tema también se empieza a caldear en la Cámara de Diputados, luego de un año en donde el tema fue nombrado en los pasillos del Congreso, pero nunca puesto en acción. Sin embargo, el miércoles pasado la oposición intentó poner el tema a consideración del Cuerpo, pero la sesión no logró el quórum reglamentario para dar inicio al debate.

Días antes, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, presentó un proyecto de ley que establece que el auditor será designado por acuerdo del Senado de la Nación, de una terna de candidatos; y una designación total de 6 auditores auxiliares designados 4 a propuesta del titular de la Cámara baja y 2 del presidente del Senado.

A la intención de la oposición de nombrar dos auditores por la Cámara de Diputados en la sesión pedida para este miércoles, el oficialismo respondió con la presentación de un proyecto del propio presidente del Cuerpo, Martín Menem, que se someterá rápidamente a tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el libertario Nicolás Mayoraz.

La iniciativa, que se debatirá desde las 9.30 de este miércoles, propone que el presidente de la Auditoría General de la Nación sea designado por acuerdo del Senado, entre una terna de candidatos. Sí deja claro que debe ser nominado por el presidente del partido político de oposición con mayor número de legisladores, tal cual lo establece el artículo 85 de la Constitución. El mismo establece que “el presidente de la AGN es siempre designado a propuesta del principal partido de la oposición con mayor número de legisladores en el Congreso”.

Ese mismo artículo establece que “esa designación se realiza mediante resolución de ambas cámaras del Congreso”, lo que plantea la primera de las varias objeciones que despierta el proyecto de Menem. Desde la oposición adelantan que es inconstitucional que se exija acuerdo del Senado, cuando la Carta Magna no lo dice.

Sí establece la CN que ese organismo “se integrará del modo que establezca la ley que reglamenta su creación y funcionamiento”. Y en la actualidad los cargos restantes son designados por las cámaras del Congreso Nacional: 3 por la de Senadores, y 3 por la de Diputados, observando la composición de cada una.

Menem propone la designación de 6 auditores auxiliares, nombrados 4 a propuesta del presidente de la Cámara de Diputados y 2 del presidente del Senado. Esto es, la Cámara alta perdería un miembro, cosa que se admite ese Cuerpo no aceptará.

La iniciativa determina que Diputados elegirá 3 auditores auxiliares en proporción a los bloques parlamentarios con mayor número de miembros y el cuarto en representación del oficialismo.

En cuanto a los 2 auditores del Senado, serán elegidos en representación de los bloques parlamentarios con mayor número de miembros.

En todos los casos poseerán un mandato de 4 años en su función, con opción a ser reelegidos solo una vez. En la actualidad, el mandato de los auditores es de 8 años.

Un acuerdo de UP y EF encendió las alertas en el oficialismo

Tal cual viene informando desde el fin de semana parlamentario.com, el clima en torno a la designación de auditores para la AGN se caldeó. Un organismo creado por la Constitución, cuyo objetivo es asistir técnicamente al Parlamento en el control externo del sector público nacional, mediante la realización de auditorías y estudios especiales.

Este miércoles se confirmó que la oposición incluyó la cuestión en el temario de la sesión pedida para este miércoles. Según se conoció, Unión por la Patria y Encuentro Federal pretenden designar a Juan Ignacio Forlón -cuyo mandato venció el año pasado- y al actual diputado Emilio Monzó, dejando la banca restante para que el oficialismo resuelva a quien designa.

En abril del año pasado vencieron los mandatos de Juan Ignacio Forlón, Santiago Estrada y Jesús Rodríguez (estos dos últimos designados por el Pro y la UCR, respectivamente). En su momento, las negociaciones no llegaron a buen puerto en la Cámara baja. El oficialismo, que primero no quería una silla en el organismo y después sí (para Santiago Viola), no logró un acuerdo con sus aliados del Pro y la UCR, que aspiraban a poner uno cada uno.

En esta discusión, el bloque Encuentro Federal siempre fue clave, pues en agosto del año pasado había expresado su apoyo, junto con la Coalición Cívica, al elegido de la UCR, Mario Negri. Y también apoyó el pedido del Pro, en favor de Jorge Triaca. Fue entonces cuando LLA se desentendió del acuerdo original y pidió uno de esos cargos. Mientras tanto, UP reclamaba dos lugares, argumentando que por el número de diputados con que cuentan les corresponde ese número. El tema se define por votación en el recinto, o sea que todo depende de los apoyos.

Ahí es donde entra a tallar el acuerdo alcanzado los últimos días entre Germán Martínez y Miguel Pichetto, para designar a Forlón y Monzó. Contarían con el número suficiente para imponer esos dos nombramientos.

La situación complica al oficialismo, que nunca quiso romper con sus aliados por este tema. Ahora el radicalismo quedó prácticamente fuera de la discusión, porque el bloque que conduce Rodrigo de Loredo perdió miembros y hoy solo tiene 14. Pero el Pro sigue ahí, y La Libertad Avanza debe resolver si vuelve a tensar aún más la relación con el partido amarillo, con el que ya se trenzó por ficha limpia y la elección porteña.

Un dato no menor es que los cargos en la AGN son por ocho años, lo cual explica de alguna manera porqué el oficialismo está tan remiso a quedarse sin nada.

En el Senado también están vacantes las auditorías. En este caso desde el 31 de marzo, cuando vencieron los mandatos de Francisco Javier Fernández, Graciela de la Rosa y Alejandro Nieva. Actualmente, al frente de la AGN se encuentra el dirigente del peronismo porteño Juan Manuel Olmos.

Pasados los comicios que desvelaban a La Libertad Avanza, toda la atención vuelve esta semana al Congreso de la Nación. Ya no para atender la discusión por ficha limpia, que ya quedó para el próximo año, sino por una bomba de tiempo latente a la que solo ha podido postergar: la definición sobre los miembros de la Auditoría General de la Nación.

No será la única cuestión que se debatirá esta semana, pero sí una de las más urticantes.

El tema está pendiente desde el año pasado, cuando vencieron los mandatos de los elegidos por parte de la Cámara de Diputados y La Libertad Avanza quiso nominar un nombre suyo para ese organismo. Como originalmente se había acordado otra cosa, no quedó más que patear el tema para adelante a la espera de encontrar una solución que nunca apareció. Más bien el tema se complicó aún más cuando vencieron también los mandatos de los representantes del Senado y la AGN quedó en una situación extrema: con un solo miembro: su presidente, el representante del principal partido e la oposición, Juan Manuel Olmos. Los otros seis cargos están vacantes.

Juan Manuel Olmos es el único designado que queda en la AGN.

El problema para el oficialismo se planteará en la próxima sesión, cuando la oposición busque forzar en la Cámara baja la designación de dos de los miembros, luego de que Unión por la Patria y Encuentro Federal se pusieran de acuerdo. Si Todo Marcha Acorde al Plan (TMAP, según la sigla patentada por Santiago Caputo), la oposición le asestará un duro revés al oficialismo este miércoles.

Según pudo verificar parlamentario.com, tienen los votos. Así las cosas, al oficialismo solo le resta apostar a que no haya quórum. En cuyo caso, solo ganará tiempo.

Mientras tanto, los elegidos por la oposición son el kirchnerista Juan Ignacio Forlón por Unión por la Patria y el diputado Emilio Monzó por Encuentro Federal.

Emilio Monzó podría conseguir un lugar en la AGN.

Una discusión de larga data

Como dijimos, hace rato que no se ponen de acuerdo sobre las designaciones, y el pasado 27 de marzo, al reunirse la Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, que conduce Miguel Pichetto, se lanzó una intimación. En esa oportunidad, Pichetto recordó que el 31 de marzo sería “la última reunión de la Auditoría con los representantes del Senado”, dado que el mandato de Francisco Javier Fernández, Graciela de la Rosa y Alejandro Nieva vencía ese día. Recordemos que los dos primeros fueron designados en nombre de UP y el tercero en representación de la UCR. Pichetto anunció en esa ocasión que acababan de enviarles a los presidentes de ambas cámaras, Victoria Villarruel y Martín Menem, notas reclamándoles poner en marcha el mecanismo correspondiente y convocar a los presidentes de los bloques para definir a los representantes ante la AGN, ya que si no se completa el organismo eligiendo a los auditores que faltan el mismo quedaría acéfalp.

En abril de 2024 vencieron los mandatos de Juan Ignacio Forlón, Santiago Estrada y Jesús Rodríguez (estos dos últimos designados por el Pro y la UCR, respectivamente). Las negociaciones en su momento no llegaron a buen puerto en la Cámara baja. El oficialismo, que primero no quería una silla en el organismo y después sí (para Santiago Viola), no logró un acuerdo con sus aliados del Pro y la UCR, que aspiraban a poner uno cada uno.

En esta discusión, el bloque Encuentro Federal siempre fue clave, pues en agosto del año pasado había expresado su apoyo, junto con la Coalición Cívica, al elegido de la UCR, Mario Negri. Y también apoyó el pedido del Pro, en favor de Jorge Triaca. Fue entonces cuando LLA se desentendió del acuerdo original y pidió uno de esos cargos. A todo esto, las negras también juegan… y UP reclamaba dos lugares, argumentando que por el número de diputados con que cuentan les corresponde ese número. Como sea, el tema se define por votación en el recinto, o sea que todo depende de los apoyos.

Ahí es donde entra a tallar el acuerdo alcanzado los últimos días entre Germán Martínez y Miguel Pichetto, para designar a Forlón y Monzó. Entre ambos espacios suman 111 diputados, pero aseguran contar con una treintena más de votos para rubricar el acuerdo.

Juan Ignacio Forlón podría regresar al organismo donde tuvo un lugar hasta el año pasado.

La situación complica al oficialismo, que nunca quiso romper con sus aliados por este tema. Ahora el radicalismo quedó prácticamente fuera de la discusión, porque el bloque que conduce Rodrigo de Loredo perdió miembros y hoy solo tiene 14. Pero el Pro sigue ahí, y La Libertad Avanza debe resolver si vuelve a tensar aun más la relación con el partido amarillo, con el que ya se trenzó por ficha limpia y, este domingo, en la elección porteña.

Un dato no menor es que los cargos en la AGN son por ocho años, lo cual explica de alguna manera porqué el oficialismo está tan remiso a quedarse sin nada.

Que es lo que sucederá en el Senado, donde Unión por la Patria aspira a retener dos lugares de parte de la Cámara alta y el radicalismo quedarse con el cargo restante. Con solo 6 senadores, ahí LLA no tiene mucho poder de fuego.

En este contexto, con una conformación de la AGN completa, el peronismo podría quedarse con cuatro de los siete lugares, lo que le asegura una mayoría. Se verá.

Qué es la AGN

La Auditoría General de la Nación es un organismo instituido en la órbita del Congreso de la Nación, cuya función es asistir técnicamente al Parlamento en el control externo del sector público nacional, mediante la realización de auditorías y estudios especiales.

Según establece el artículo 85 de la Constitución, el presidente de la AGN es siempre designado a propuesta del principal partido de la oposición con mayor número de legisladores en el Congreso. Esa designación se realiza mediante resolución de ambas cámaras del Congreso.

Como hemos dicho, 6 de dichos auditores generales son designados por las cámaras del Congreso Nacional: 3 por la de Senadores, y 3 por la de Diputados, observando la composición de cada una.

A través de una nota, los diputados de la Coalición Cívica le solicitaron al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que "proceda a instar en forma inmediata los procedimientos para la designación de los tres auditores generales como integrantes de la Auditoría General de Nación en representación de la Cámara de Diputados".

La misiva fue presentada a raíz de la situación de parálisis en la que entrará el organismo, con el vencimiento de los mandatos de los representantes por el Senado. En tanto, los auditores por Diputados se encuentran vacantes desde hace un año.

Los legisladores citaron el artículo 122 de la Ley 24.156, el cual establece que los seis auditores serán designados por resolución de ambas cámaras del Congreso, correspondiendo tres al Senado y tres a Diputados, "observando la composición de cada cámara".

Mientras que el artículo 85 de la Constitución Nacional establece que "el control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una atribución propia del Poder Legislativo". A su vez, indica que "el examen y la opinión del Poder Legislativo sobre su desempeño y situación general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la AGN".

"La AGN desempeña un rol fundamental sobre el control externo de todo el sector público nacional. Sin embargo, la Cámara de Diputados tiene pendiente la designación de sus representantes desde el mes de abril de 2024, cuando vencieron los mandatos de sus representantes", recordaron.

En la nota, los cívicos subrayaron que "a partir de ese momento, la AGN funciona de forma incompleta, con 4 de sus 7 auditores y es inminente el vencimiento de los representantes de la Cámara de Senadores por lo que el organismo de control quedará totalmente paralizado, sin autoridades más allá de su presidente".

"Tal circunstancia es de una gravedad institucional que impediría al Poder Legislativo cumplir con la función de control que la Constitución Nacional le asigna, ya que no podrá contar con los dictámenes del organismo de asistencia técnica que es la AGN", enfatizaron.

Finalmente, los diputados aseguraron que "es responsabilidad del presidente de esta Cámara instar el procedimiento para la designación de auditores generales" y, en ese sentido, le pidieron "se dé tratamiento en forma inmediata, a fin de evitar la paralización y acefalía de la AGN".

La Bicameral Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas se reunió este jueves en el Salón Illia del Senado, donde se anunció que le fueron giradas notas a las autoridades de ambas cámaras para que aceleren la designación de los auditores, ante la acefalía en la que caerá el principal organismo de control de la administración pública desde este viernes.

El diputado Miguel Pichetto, presidente de la comisión, recordó que este jueves es "la última reunión de la Auditoría con los representantes del Senado", dado que su mandato vence este 31 de marzo. Se trata de Francisco Javier Fernández, Graciela de la Rosa y Alejandro Mario Nieva.

"En la nota, les informamos de la caducidad de los mandatos y la probable acefalía de la AGN si no se completan y se eligen los auditores", señaló sobre las misivas dirigidas a Victoria Villarruel y Martín Menem, donde también reclaman que "pongan en marcha el mecanismo" y "convoquen a los presidentes de los bloques para definir a los representantes".

El legislador resaltó que "Diputados tiene un problema mayor porque viene de un retraso de un año". A propósito de esto, en abril de 2024 se vencieron los mandatos de Juan Ignacio Forlón, Santiago Estrada y Jesús Rodríguez.

Las negociaciones en la Cámara baja no llegaron buen puerto y el oficialismo, que primero no quería una silla en el organismo y después sí (sonó Santiago Viola), no logró un acuerdo con sus aliados. El Pro y la UCR querían un lugar cada uno, sumado a que Unión por la Patria considera que le corresponden dos.

Integrante de la bicameral, la camporista Luana Volnovich aseveró: "Nos tenemos que hacer cargo verdaderamente de esta situación, redoblar los esfuerzos para resolverlo. No nos olvidemos que esto que sucede en la AGN sucede mientras el Poder Ejecutivo está gobernando sin Presupuesto, donde además ha encarado una reforma del Estado gigante".

"Todo esto genera una volatilidad institucional", consideró la diputada y afirmó que "tenemos que generar los acuerdos para poder tener al principal organismo de control funcionando en este momento".

A continuación, el senador salteño Juan Carlos Romero le pidió que UP "haga la propuesta" y reveló: "Ya lo hablé con el senador (José) Mayans para que en la sesión que está prevista el día 3 (de abril) hagamos el proyecto de resolución; los otros bloques están absolutamente de acuerdo en las nominaciones".

Con 34 miembros en el Senado, a tres de la mayoría absoluta, difícilmente UP vaya a conformarse con un solo lugar. Querrá dos. El otro bloque que le sigue en cantidad de miembros es la UCR.

De acuerdo a la normativa vigente (Ley 24.156), los tres representantes por cada cámara del Congreso son elegidos "observando la composición de cada Cámara". Conformada por 7 auditores en total, la AGN, dependiente del Congreso, quedará -a partir de este viernes- únicamente a cargo de su presidente, el peronista Juan Manuel Olmos.

"Este tema está con la pelota adentro del Congreso. El Gobierno no puede suplir con un DNU a los representantes, ni la Auditoría puede quedar acéfala. La tarea es nuestra", cerró Pichetto.

Por otra parte, durante la reunión se avaló el envío de una nota al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respecto de "la obligación de los entes auditados. "Lo que está pasando en los últimos años en empresas y entes públicos que tienen que tener la auditoría de gestión, es que contratan estudios privados. Creo que eso no es válido", apuntó el presidente de la comisión.

En ese sentido, el diputado dijo que "el jefe de Gabinete tiene que poner a disposición todas las actuaciones de las distintas empresas; y que, independientemente que hagan una auditoría privada, la AGN tiene que intervenir". "Se trata fundamentalmente de afianzar la autoridad que tiene la Auditoría, que no puede ser suplida por estudios privados, porque estamos hablando de recursos que son del Estado Nacional", añadió.

Impulsor de este pedido, el senador Romero advirtió: "Si esta nota no prospera, debemos hacer denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Finalmente, se puso a análisis de los integrantes de la bicameral la Cuenta de Inversión 2017, del gobierno de Mauricio Macri, que se trata de la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo sobre la gestión del presupuesto.

"Es un tema para que cada senador y diputado lo estudie en profundidad", indicó Pichetto, que además detalló que por parte de la AGN hubo un dictamen de mayoría de cuatro auditores, y otro de minoría de tres auditores, "que plantea la aprobación con salvedades".

Los legisladores acordaron reunirse para darle dictamen el próximo 8 de abril a las 16.30. "Falta que la Auditoría mande la de 2018, 2019, y estaban cerrando, creo en el día de hoy, la cuenta 2020", completó Pichetto.

Hoy presidí una nueva reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, en la que abordamos temas cruciales para la transparencia en la gestión pública. Los integrantes de la Comisión exigimos a los Presidentes de ambas Cámaras del Congreso que se pongan en marcha,…

— Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) March 27, 2025

La Comisión de Acuerdos del Senado se reunió este miércoles en el Salón Illia del Palacio Legislativo para aprobar seis pliegos vinculados a la promoción de grado y categoría a personal militar de las Fuerzas Armadas y de funcionarios pertenecientes al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto enviados por el Gobierno nacional.

A cargo de la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro), la comisión informó respecto del estado de situación para la promoción del ascenso del coronel Pablo Francisco De Palo y agregó que la autoridad militar mencionada “no posee investigación judicial alguna, según informaron desde el Ministerio de Defensa y de la Justicia, por lo que no hay impedimento para su ascenso, y tampoco hemos tenido objeciones por parte del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), por eso ponemos a consideración su pliego”.

La postergación del pliego de De Palo surge a partir de la espera de los informes sobre lo ocurrido en mayo pasado en el Regimiento 14 de Paracaidistas del Tercer Cuerpo de Ejército Córdoba, a raíz de un "bautismo" con cal viva sufrido por 35 paracaidistas.

Luego, la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, presidida por el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, dictaminó 224 textos de la Auditoría General de la Nación (AGN) por unanimidad. Asimismo, propuso una prórroga de una semana para que los integrantes puedan revisar el plan de auditorías de la AGN para el 2025 y votarlo en la próxima reunión.

Mientras el Gobierno avanza con su plan de auditar las universidades, tras vetar la ley de financiamiento universitario, y luego de que la Comisión bicameral Mixta Revisora de Cuentas, que preside el diputado de la oposición dialoguista Miguel Ángel Pichetto, le pidió a la Auditoría General de la Nación (AGN) que sean prioridad para auditar las facultades de Medicina, de Ciencias Económicas, y de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para agosto de 2025.

En ese contexto, parlamentario.com dialogó con la exdiputada nacional del Frente Renovador y profesional senior de la AGN, Carla Pitiot, quien apuntó contra el Gobierno por su embestida contra las Casa de Altos Estudios y analizó el panorama dentro del Congreso de la Nación.

Pitiot explicó que la AGN y las auditorías son organismos de control “fundamentales para fortalecer la democracia y las auditorías sirven para garantizar gestiones transparentes y eficaces”.  “Lo que sucedió con las universidades fue una gran confusión porque la AGN ya las auditaba. Además, en el plan de acción para el 2025 la auditoría incluyó más de 10 universidades a auditar”, explicó y planteó: “Llegado el caso lo que debemos repensar y debatir son las facultades de la Auditoría. Donde hay fondos públicos debe haber control argumental, no hay dudas al respecto”.

Cabe recordar que los propios miembros de La Libertad Avanza votaron en contra del artículo que establecía auditar en la ley de financiamiento universitario que finalmente fue vetada. Al respecto, la abogada opinó: “Es una gran contradicción, por eso me parece que muchas veces este gobierno usa el control como un eslogan, pero poco está haciendo para garantizarlo”.

 “De hecho, en su gobierno hay funcionarios que ejercen como tales sin estar designados y hay conflicto de intereses, eso también debería controlarse…”, remarcó y le propuso al oficialismo que como acción podría llevar a cabo una “revisión de la Ley de ética pública”.

Al ser consultada por las autoridades que faltan designar en la AGN y que corresponden a la Cámara de Diputados, Pitiot apuntó: “Desde la creación de la AGN nunca habían transcurrido tantos meses con tres cargos vacantes sin designación. En estos días el presidente de la HCDN (Martín Menem) estuvo diciendo en medios que no llegaban a acuerdos, pero se acordaron un poco tarde, ¿no? Hace siete meses que deberían haberse designado los tres auditores/as”.

Sobre la conformación de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas que se constituyó hace una semana y recibió al presidente de la AGN este martes, la exdiputada celebró su conformación, pero remarcó: “El que se haya constituido a esta altura del año es otro síntoma de que el control importa poco. Es como un hacer de cuenta que le interesa a este gobierno, pero los hechos demuestran otra cosa”.

La reforma de 1994 formalizó la existencia de la AGN en la Constitución Nacional (CN), dándole un marco normativo y reconocimiento constitucional que antes no tenía a través del art. 85 de la Carta Magna. Sin embargo, a 30 años de la última Asamblea Constituyente, el artículo citado continúa sin reglamentarse y en consecuencia nuestro Sistema de Control Externo, encargado de promover la gestión legal, transparente, eficaz, eficiente, económica y sostenible, permanece desamparado.

Al respecto, Pitiot señaló que “es una deuda pendiente de la democracia, sin dudas”, y recordó que durante su mandato como legisladora “había varios proyectos sobre ese tema, pero nunca tuvimos el consenso para debatirlos y lograr dictamen. El control, generalmente, es un tema al que no se le presta mucha atención, no se dimensiona el impacto que puede tener para la calidad en la gestión pública y como consecuencia también sobre la sociedad”.

El artículo 85 expresa: “El control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una atribución propia del Poder Legislativo. El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación. Este organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional, se integrará del modo que establezca la ley que reglamenta su creación y funcionamiento, que deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. El presidente del organismo será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso. Tendrá a su cargo el control de la legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización y las demás funciones que la ley le otorgue. Intervendrá necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos. De esta manera reforzó su autonomía e independencia, asegurando que pudiera desempeñar sus funciones sin interferencias del Poder Ejecutivo, ya que la AGN pasó a ser un órgano dependiente del Congreso de la Nación, garantizando un control más imparcial y objetivo. En este sentido, el control en los actos de gobierno es un pilar fundamental para el buen funcionamiento de una democracia y para asegurar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia en la administración pública".

En ese sentido, en su carácter de exdiputada nacional analizó el trabajo parlamentario en lo que va del año y consideró: “Este parece ser un Congreso muy fragmentado, en el que cada vez es más difícil alcanzar consensos, salvo excepciones como la modificación de la ley de DNU o el proyecto de bien restituido, que están trabajando y apoyando diputados y diputadas de distintos espacios políticos”, y agregó: “En cuanto a los vetos es muy curioso lo que pasa, o no. Pero se nota una fuerte presión del Ejecutivo para lograr sus objetivos”.

Por último, la abogada comparó la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía y la actual, en relación a los recortes en el área de educación: “La inversión nacional en educación en 2025 será del 0,88% del PBI, por debajo de lo invertido en 2024 (0,91%) y 2023 (1,48%), ejercicios en los que Sergio Massa fue ministro”, y alertó: “En 2025, se eliminarán los programas ‘Mejoramiento de la calidad educativa’, ‘Conectar Igualdad’, ‘Fortalecimiento territorial’ y ‘Acompañamiento de organizaciones educativas’. ¿Esto es priorizar la educación y federalizar las políticas educativas? Me preocupa mucho porque perjudica a los más pobres y más vulnerables”.

Los representantes de Juntos por el Cambio en la Auditoría General de la Nación mantuvieron este martes una reunión con los integrantes de la principal bancada opositora de la Comisión Mixta Parlamentaria Revisora de Cuentas a quienes les informaron sobre el Estado de avance de los trabajos de la Auditoría.

Los auditores alertaron que “los desequilibrios de poder en Argentina, y los avances sobre los otros poderes de parte del Poder Ejecutivo afectan de manera llamativa el sistema de control”. Además, puntualizaron en “las demoras y dilaciones que existen en el tratamiento por parte de la Auditoría de los gastos derivados de la pandemia, como los gastos Covid, el Plan Estratégico de Vacunación y los contratos”, debido a que “la mayoría oficialista”.

Participaron por parte de la Auditoría su presidente, Jesús Rodríguez; y los auditores Miguel Ángel Pichetto y Alejandro Nieva. De parte de los legisladores estuvieron el itular del bloque UCR en el Senado, Luis Naidenoff, y su par Juan Carlos Romero; el jefe del bloque radical en Diputados, Mario Negri, y los diputados nacionales Álvaro González y Paula Olivetto.

La Comisión Mixta Revisora de Cuentas recibirá el martes 3 de mayo, a partir de las 11, a los integrantes de la Auditoría General de la Nación, que encabeza Jesús Rodríguez, en el marco de la presentación del Programa de Acción Anual 2022 de ese organismo de control.

El encuentro será de manera presencial en el Salón Illia del Senado y estará comandado por el presidente de la bicameral, el senador oficialista Mariano Recalde, quien fue electo titular a fines de marzo pasado.

Originalmente la reunión había sido programada para este martes a la misma hora, pero ahora se trasladó al miércoles.

La AGN es un organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional, que tiene a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización, y las demás funciones que la ley le otorgue.

Cada año, al Congreso le corresponde aprobar o no el Programa Anual de este organismo, donde se plantean las auditorías que se realizarán.

La Comisión Mixta Revisora de Cuentas suspendió la reunión prevista para este martes a las 11, para recibir a los integrantes de la Auditoría General de la Nación, que encabeza Jesús Rodríguez, en el marco de la presentación del Programa de Acción Anual 2022 de ese organismo de control.

El encuentro iba a ser de manera presencial en el Salón Illia del Senado, comandado por el presidente de la bicameral, el senador oficialista Mariano Recalde, quien fue electo titular a fines de marzo pasado.

La AGN es un organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional, que tiene a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización, y las demás funciones que la ley le otorgue.

Cada año, al Congreso le corresponde aprobar o no el Programa Anual de este organismo, donde se plantean las auditorías que se realizarán.

En una reunión llevada a cabo este lunes, las comisiones Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, presidida por el senador del Frente de Todos, Mario Pais, y las de Presupuesto y Hacienda, tanto de la Cámara de Diputados, encabezada por Carlos Heller, como la del Senado, cuyo titular es Carlos Caserio, ambos del FdT, aprobaron hoy el Programa de Acción Anual correspondiente al ejercicio 2020, elaborado por la Auditoría General de la Nación (AGN).

El Plan de Acción Anual (PAA) es el instrumento por el cual se presenta al Congreso Nacional el desagregado de actividades de control previstas para el año 2020, que hacen operativas las líneas de acción trazadas en el Plan Estratégico Institucional 2018-2022.

El contenido del programa si divide en nueve ítems: cuenta de inversión; sector público nacional no financiero; deuda pública; actividad regulatoria; sistema de recaudación; sistema financiero y fondos fiduciarios; estados contables; control de gestión ambiental; y control conjunto, paralelo o coordinado internacional con Entidades de Fiscalización Superior.

También incluye los pedidos de control realizados por la comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, los mandamientos recibidos del Poder Judicial, las auditorias como consecuencia de los convenios firmados con organismos de distintos niveles de gobierno, y las derivadas de los acuerdos de trabajo coordinado con otras Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de la región.

En tanto, los legisladores aprobaron la incorporación del diputado nacional de la UCR Mario Negri como secretario de la comisión. Y, por último, acordaron convocar una reunión conjunta con los auditores generales de la Auditoría General de la Nación para el mes de agosto, con fecha a definirse.