El Gobierno nacional envió al Senado un proyecto integral para reformar el régimen de pensiones no contributivas por invalidez y el sistema de prestaciones para personas con discapacidad, con el objetivo declarado de prevenir y sancionar el fraude, ordenar el padrón de beneficiarios y adecuar el alcance de las políticas públicas a los recursos disponibles del Estado. La iniciativa reemplaza tanto la normativa vigente en la materia como la ley de emergencia en discapacidad aprobada por la oposición, cuya implementación el Ejecutivo viene bloqueando.

Estos son los puntos principales de la norma que ya genera debate:

Objetivo central: combate al fraude

● El proyecto se plantea como una ley “contra el fraude” en las pensiones no contributivas por invalidez.

● Parte del diagnóstico de un crecimiento “exponencial” del número de pensiones otorgadas en las últimas dos décadas y de la detección de irregularidades administrativas y médicas en auditorías oficiales.

Redefinición de la pensión por invalidez

● Restablece el criterio de invalidez laboral, desplazando el enfoque más amplio incorporado por la ley de emergencia.

● La pensión será equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.

● Es incompatible con el trabajo formal y con la inscripción en regímenes laborales o tributarios.

Auditorías y control permanente

● Obliga a realizar auditorías periódicas para verificar requisitos documentales, socioeconómicos y médicos.

● Habilita el cruce de datos con Anses, organismos tributarios, SINTyS y otras bases estatales.

● Permite la suspensión preventiva del beneficio ante inconsistencias objetivas, con derecho a pedir rehabilitación provisoria.

Reempadronamiento obligatorio

● Ordena un reempadronamiento general de los titulares de pensiones no contributivas por invalidez.

● Prevé plazos mínimos, opciones presenciales y remotas y medidas de accesibilidad.

● El no cumplimiento habilita la suspensión automática y, eventualmente, la baja del beneficio, con garantía de debido proceso.

Cambios en el sistema de prestaciones por discapacidad

● Redefine el principio de universalidad: garantiza un piso mínimo de prestaciones, pero sin aranceles ni valores uniformes en todo el país.

● Los valores y modalidades de financiamiento quedan sujetos a las competencias y capacidades de cada jurisdicción.

● Cuando el Estado nacional sea responsable, los aranceles deberán actualizarse trimestralmente.

Nuevo esquema de financiamiento

● Establece partidas presupuestarias específicas dentro del Ministerio de Salud.

● Introduce mecanismos de compensación presupuestaria en caso de insuficiencia de crédito.

● A diferencia de la ley de emergencia, subordina la expansión de derechos a la disponibilidad de recursos.

Rol de las provincias y la Ciudad

● Habilita convenios con provincias y CABA para la administración de programas de salud de los beneficiarios.

● Define un esquema de corresponsabilidad financiera entre Nación y jurisdicciones locales, especialmente para futuros beneficiarios.

Derogaciones y sustituciones

● Sustituye artículos centrales de la ley de emergencia en discapacidad.

● Deroga disposiciones clave de esa norma y restaura la vigencia de leyes anteriores modificadas por ella.

Fundamento jurídico y político

● Invoca la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, resaltando el principio de cumplimiento progresivo según recursos disponibles.

● El Ejecutivo busca reemplazar la lógica de emergencia por un marco de control, focalización del gasto y sostenibilidad fiscal.

El diputado nacional Eduardo Valdés (UP) cuestionó con dureza las políticas del Gobierno hacia el área de discapacidad y planteó: “Se manejan con crueldad”. Además, advirtió sobre el impacto de estos recortes y destacó el respaldo transversal de distintos sectores en la defensa de este colectivo.

"Ajuste termina siendo una palabra técnica, pero yo hablo de crueldad con la que se manejan. No querer asistir a una sociedad que necesita ser asistida es crueldad. Esto es Argentina, no el país a los que viajan tanto y visitan seguido, les toca gobernar a la sociedad argentina, aunque renieguen de eso", señaló con contundencia.

En relación a las medidas adoptadas por el Gobierno, Valdés explicó que “no sólo se está llevando a cabo un recorte de derechos, sino que también se busca generar una estigmatización de las personas con discapacidad”.

"Respecto al ajuste contra las personas con discapacidad demuestra lo que piensan ellos verdaderamente. En esas palabras que usaron hace una semana, no tanto tiempo, donde trataban de la peor manera a las personas con discapacidad, palabras que ni siquiera yo quiero repetir (inútil, idiota o débil mental) está claramente expresado el pensamiento que ellos tienen", recordó.

Según el diputado, estas expresiones no son casuales: "Inventar auditorías, inventar todo eso está claro que es para suprimir derechos. Para lo único que usan la palabra auditar es para suprimir derechos".

Valdés también abordó el tema del certificado de discapacidad, una medida que había logrado avanzar en el pasado: "Nosotros habíamos consagrado inclusive el certificado único en forma permanente, porque la gente no sabe lo que son los trámites administrativos que tiene que llevar adelante una persona para sacar un certificado; y si hay una discapacidad permanente no tiene que ser necesario renovarla cada 3 años, no tiene ningún sentido que haya que renovar la discapacidad permanente".

A su juicio, la vuelta atrás con estas políticas tiene un único propósito: "Eso lo habíamos logrado hace 4 años y ahora vinieron y quieren empezar todo devuelta, pero con el único sentido de no pagar pensiones, de reducir gasto para que Caputo, el ministro de Economía tenga más plata en el Estado, es el único motivo por el que lo hacen".

Por otro lado, Valdés destacó el apoyo que está recibiendo por parte de distintos sectores de la sociedad: "Realmente creo que es una porción minoritaria la que piensa como el Gobierno, al menos en este tema de las discapacidades. Creo que la sociedad argentina, aun la que políticamente no piensa como yo, todavía tiene grados de humanismo y solidaridad para con las personas con discapacidad. Nunca imaginé tanta crueldad para con este colectivo, y en eso debo reconocer que hay pluralismo, porque nos acompañan en estas peticiones gente que no es de nuestro espacio político y que también le parece que lo que está pasando es horrible".

En su reflexión sobre la política y la construcción de acuerdos, Valdés remarcó su compromiso con la esperanza y la unidad: "Siempre tendré la obligación de construir esperanzas, siempre. La verdad yo siento que en estos tiempos estamos con la posibilidad de a veces, hasta hace muy poquito tiempo, tener la letra K era como mancha venenosa para otros. Siento que ahora se animan más a juntarse con la letra K, y de eso se trata, de construir el abecedario juntos".

Para él, la política “debe ser inclusiva y pensada para todos los sectores”, y sumó: “Uno sabe a quién representa y a quién quiere representar en la política, y a veces los representados por otros signos políticos se ven afectados por estas políticas. En el tema de discapacidad no hay signo político, entonces desde ese lugar se les abren los ojos a muchos y empiezan a mirar para otros lados. Siempre tengo esperanza. Siento que los últimos acontecimientos que van sucediendo van construyendo una mirada un poco más amplia".

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que “nunca estuvo en discusión por parte del Gobierno la importancia y la significación de las universidades nacionales” tras ser consultado por el presupuesto universitario en la sesión informativa del Senado de este miércoles.

Fue la senadora rionegrina Mónica Silva quien le consultó al funcionario sobre la “posibilidad de trabajar lo que ha venido en el proyecto de ley de Presupuesto o es una posición inflexible los fondos asignados de 3,8%”, y sobre el FONID.

“Pensamos que este tema está en manos de las autoridades provinciales y entendemos que este año fue bisagra porque había cuestiones macroeconómicas de resolver y eso impedía la disponibilidad de recursos de la Nación y de las provincias”, arrancó su respuesta Francos respecto del FONID.

Sin embargo, expresó: “Estamos convencidos que el año 2025 va a haber un crecimiento fuerte de la recaudación de los impuestos coparticipables y, por lo tanto, seguramente la provincia va a poder resolver ahí este tema o este atraso que pueda haber en los salarios docentes”.

Con respecto al tema de los vauchers educativos, explicó: “Este fue también una respuesta dada en la emergencia para solucionar a todas aquellas familias que tenían hijos en escuelas pagas de determinado nivel de aranceles bajos. Poder darles una ayuda y se lo hizo en con motivo de la emergencia”.

“Veremos, no está definido este año si va a continuar el sistema. No si el Gobierno considera que es necesario, como lo dijo el presidente Milei, desde el primer momento los temas que tiene que ver con la asistencia social son la prioridad del Gobierno”, aclaró.

Por último, sobre las universidades nacionales Francos sostuvo: “Por ahí se generó una puja no querida por el Gobierno en este tema porque nunca estuvo en discusión por parte del gobierno la importancia y la significación de las universidades nacionales”.

“Si el Gobierno hizo una referencia al tema de las auditorías, de la forma que se invierten esos recursos y, por supuesto, siempre estamos abiertos a conversar sobre los temas presupuestarios manteniendo esto que para el Gobierno es tan importante que es el equilibrio fiscal como el instrumento que nos permite solucionar los todos los problemas”, concluyó.

En su mensaje inicial ante el Senado, Guillermo Francos remarcó “la decisión firme de este Gobierno de terminar con la administración irregular, arbitraria y poco transparente del dinero de los argentinos. Eso implica no sólo poner en marcha un régimen de extrema austeridad, sino también eliminar todos aquellos fondos que, detrás de causas nobles y bienintencionadas, se utilizaron para financiar cajas de la política”.

“Los argentinos tienen derecho a conocer el destino de sus impuestos, y eso incluye también a los fondos destinados a las universidades nacionales. El 89% de los aportes destinados a estas últimas entre 2015 y 2022 aún no fue rendido, lo que revela una situación de extrema irregularidad y absoluta falta de transparencia”, dijo el jefe de Gabinete.

Para Francos, “es imperioso implementar auditorías que nos permitan entender en qué se utilizan los fondos y garantizar que efectivamente lleguen a los alumnos y docentes”. Al respecto, señaló que “estos procesos de auditoría ya los implementamos en organismos dependientes del Ejecutivo, en donde encontramos profundas irregularidades. Sólo el Ministerio de Capital Humano presentó más de veinte denuncias por presuntos hechos de corrupción desarrollados en connivencia con organizaciones sociales, que utilizaron a los más vulnerables como herramienta de coacción”.

Citó las auditorías desarrolladas sobre programas como “Potenciar Trabajo”. Las mismas, dijo, “demostraron que, desde su puesta en marcha, sólo el 1.3% de los beneficiarios obtuvo un empleo formal; al tiempo en que se detectaron 52 mil casos de incompatibilidades insalvables, que fueron dados de baja”.

Respecto al Monotributo Social, se detectaron más de 62 mil casos con “severas irregularidades”.

En el caso del INCAA, dijo que reglamentaron la obligación de acreditar audiencia para recibir subsidios. “Se otorgarán créditos a tasa de plazo fijo del Banco Nación a 90 días, que podrán pagarse con un eventual aporte del organismo en caso de que la película filmada genere un interés genuino y real en la sociedad argentina”. En ese sentido precisó que “en 2023, se financiaron más de 100 películas que tuvieron menos de 1.000 espectadores”.

“De igual modo, en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) encontramos un circuito paralelo y fraudulento para asignar pensiones por invalidez laboral a personas que no cumplían con ningún requisito. En un cruce con el Servicio Penitenciario, detectamos que 212 presos condenados y procesados estaban recibiendo una pensión no contributiva por invalidez laboral”, comentó, en tanto que sobre la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología dijo que “también nos encontramos con una realidad escandalosa”. Apuntó en ese sentido que “se detectaron rendiciones de gastos pendientes y vencidos correspondientes a transferencias hacia diversas instituciones, principalmente a universidades, por 12 mil millones de pesos. En 2023, se financiaron cooperativas de diversos piqueteros por 1200 millones de pesos, para proyectos que nada tenían que ver con esta secretaría”.

De paso, comentó que “semanas atrás presentamos un Plan Estratégico 2024-2025 para la ciencia y la tecnología, que contempla iniciativas que conecten a los científicos con el sector productivo; promoviendo la transferencia tecnológica, la generación de patentes e investigaciones que mejoren la producción y la calidad de vida de los argentinos”.

“Por último, desarrollamos también auditorías sobre el esquema de obras públicas en nuestro país. Mediante acuerdos firmados con prácticamente todas las provincias, transferimos a éstas la ejecución de más de 600 obras que se encontraban paralizadas por falta de pago”, aseguró.