En un extenso mensaje difundido en sus redes sociales, la diputada nacional María Eugenia Vidal justificó su abstención en las votaciones del miércoles en la Cámara de Diputados, donde se trataron los vetos presidenciales a la ley de emergencia en discapacidad y al aumento para jubilados.

Sobre la ley de discapacidad, Vidal señaló que tiene dos partes claramente diferenciadas. La primera, que amplía el universo de beneficiarios de pensiones por invalidez, fue duramente cuestionada por la legisladora. “La Argentina pasó de tener 80.000 pensionados en 2003 a 1.200.000 al final del kirchnerismo, sin mediar guerra ni catástrofe. Eso se explica por pensiones truchas que distintas auditorías muestran como irregulares”, afirmó. Y agregó que el kirchnerismo busca sumar 600.000 beneficiarios más, lo que implicaría un costo del 0,5% del PBI sin indicar cómo se financiaría.

Sin embargo, Vidal reconoció que la segunda parte de la ley “sí tiene razón”, ya que establece que las prestaciones para personas con discapacidad se ajusten por inflación, algo que —según ella— sí responde al reclamo de las familias. “Por eso no acompañé al Gobierno con el veto. Ese es el sentido de mi abstención: decir dónde está lo correcto”, explicó.

La exgobernadora también apuntó contra la falta de gestión del oficialismo y la ausencia de una ley de presupuesto. “Hace dos años que el Gobierno decidió que este Congreso no tiene que tratar el Presupuesto. Eso no le hace bien a este tipo de discusiones”, criticó.

Respecto al veto a la ley que proponía aumentos para jubilados, Vidal fue igualmente contundente. “La ley cuesta casi un punto del PBI y no dice cómo se financia. O peor, propone usar fondos que hoy van a préstamos para PyMEs, fundamentales para generar trabajo”, advirtió. Aunque reconoció que los jubilados han sido los más ajustados por el Gobierno, consideró que la propuesta legislativa era fiscalmente irresponsable.

En ese sentido, propuso alternativas: “Podría haber otros lugares donde recortar. Solo el año pasado se gastó 0,7% del PBI en empresas públicas que el presidente prometió cerrar. Mientras tanto, los jubilados siguen postergados”.

Vidal también planteó la necesidad de una reforma previsional seria, que elimine los regímenes de privilegio y moratorias sin aportes. “Cada jubilado tiene que recibir de acuerdo a lo que aportó. Eso sería lo más justo”, sostuvo.

Finalmente, cerró su mensaje con una reflexión política: “No es cómodo, no es fácil estar a los dos lados de la grieta. Pero sí es importante decir lo que habría que hacer, lo que es correcto. Todavía muchos en Argentina hacemos política defendiendo lo que creemos que está bien”.

Cuando parecía que la oposición le asestaría un nuevo golpe al Gobierno en el Congreso, la Cámara de Diputados blindó el veto a la ley de incremento excepcional y de emergencia a las jubilaciones y pensiones al no lograr los dos tercios con 160 votos a favor, 83 en contra y 6 abstenciones. También hubo 8 ausentes al momento de presionar el tablero.

Con 249 presentes en sus bancas, la mayoría especial requería 166 votos a favor de la insistencia de la ley. Desde la oposición, denunciaron “aprietes” a los diputados que responden a gobernaciones minutos antes de votar. Así las cosas, representantes de Entre Ríos, Misiones, Río Negro y Neuquén votaron en contra, se abstuvieron o estuvieron ausentes a la hora de votar.

En contra de la insistencia votaron, 35 de los ahora 36 integrantes de La Libertad Avanza; 29 de los 35 integrantes del Pro; los 6 de Liga del Interior; los 2 santafesinos de Futuro y Libertad; Ricardo López Murphy de Republicanos Unidos; el fueguino Ricardo Garramuño; la tucumana Paula Omodeo; y la cordobesa del MID María Cecilia Ibáñez.

También los mendocinos que responde al gobernador Alfredo Cornejo, Lisandro Nieri y Pamela Verasay, acompañados por compañeros de bancada: Atilio Benedetti, Soledad Carrizo y Gerardo Cipolini. Por su parte, el santacruceño José Luis Garrido (hombre de Claudio Vidal) también fue por la negativa. Misma postura tomó Francisco Morchio de Encuentro Federal, quien responde a Rogelio Frigerio.

Respecto a las 6 abstenciones, 5 fueron puramente colaboración de las gobernaciones de Entre Ríos y Misiones: Marcela Antola de Democracia para Siempre que responden al gobernador entrerriano Rogelio Frigerio; y Alberto Arrua, Carlos Fernández, Yamila Ruíz y Daniel Vancsik de Innovación Federal que están alineados a Hugo Passalacqua. La otra fue de María Eugenia Vidal.

Por último, dentro de los 8 ausentes que optaron por no votar estuvieron Agustín Domingo de Innovación Federal, quien responde a los pedidos de Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro. Tampoco estuvo Tanya Bertoldi, diputada nacional de Unión por la Patria, dialoguista del gobernador neuquino Rolando Figueroa.

Repitieron ausencia tanto en la votación de aumento a jubilaciones como en la de la Ley de Emergencia en Discapacidad el correntino Manuel Aguirre de Democracia para Siempre; y el catamarqueño de Unión por la Patria Dante López Rodríguez.

El santiagueño José Gómez (según supo este medio, enfrenta un problema de salud), la misionera Florencia Klipauka de La Libertad Avanza, el formoseño Gerardo González de Coherencia y Silvia Lospennato del Pro completan la nómina de ausentes.

El oficialismo en la Cámara baja volvió a blindar el veto al proyecto de ley de aumento a las jubilaciones. La votación resultó con 160 votos a favor, 83 en contra y 6 abstenciones. Al haber 249 legisladores presentes, la mayoría especial requería 166 avales y la oposición se quedó a 6 votos de ratificar la insistencia.

A diferencia de lo que ocurrió el 11 de septiembre del 2024, Independencia y el bloque Producción y Trabajo votaron junto a la oposición a favor de la insistencia del incremento previsional. Sin embargo, La Libertad Avanza logró mantener a los “radicales peluca” y al Pro. Por otro lado, los cuatro misioneros de Innovación Federal se abstuvieron.

María Eugenia Vidal, repitió la abstención tal como lo hizo en la votación de insistencia con la Ley de Emergencia en Discapacidad. Del mismo modo, la diputada entrerriana Marcela Antola, ausente a la hora de aprobar el tratamiento sobre tablas, también se abstuvo.

Al filo del cierre de oradores, Rodrigo de Loredo, presidente del bloque radical, pidió votar artículo por artículo y así, buscar avanzar con la insistencia parcial del contenido de la ley vetada por Javier Milei. Sin embargo, Juan Manuel López, Oscar Agost Carreño, Fernando Carbajal y Miguel Pichetto rechazaron explícitamente la moción.

A continuación, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, denunció que los diputados nacionales que responden a gobernaciones, sufrieron "aprietes" para cambiar su voto. De inmediato, el santacruceño José Luis Garrido le respondió que “tenemos la responsabilidad de votar con nuestro propio criterio, estamos en otra etapa y la responsabilidad la tenemos cada uno de nosotros”.

Los jubilados se quedaron sin nada por el juego perverso de La Libertad Avanza, el kirchnerismo y sus aliados.

Propusimos una insistencia parcial para salvar al menos el aumento del 7,2% para los jubilados. pic.twitter.com/p2c5lpP5TF

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) August 20, 2025

El texto, que había sido aprobado en Diputados oportunamente con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones preveía un incremento de todos los haberes previsionales del 7,2%; un aumento del bono extraordinario -congelado hace más de un año en 70 mil pesos- a 110 mil pesos y su actualización mensual por índice de movilidad; y la transferencia de fondos por parte de la ANSeS a las provincias con cajas previsionales no transferidas.

Además, se incorporaba por ley la fórmula de movilidad que el Poder Ejecutivo instauró a través del DNU 274/24. Y se preveía un capítulo referido al financiamiento que incluye medidas como la eliminación de la exención del IVA para los directores de empresas; la eliminación de la exención de Ganancias a las sociedades de garantía recíproca; el ahorro generado por la quita de sobrecargos a los intereses que se logró con el FMI y un redireccionamiento de las partidas destinadas a la SIDE, entre otras. Esto se había tomado de la iniciativa de Encuentro Federal.

El debate 

Presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, se desmarcó del resto de la oposición y planteó: “Siempre estuvimos para recomponer de manera razonable sin impedirle el plan de estabilización al gobierno de Milei porque no somos golpistas, somos responsables”.

Sin embargo, aclaró: “Si el presidente de la Nación decidió empoderarse para hacer un ajuste sobre los más débiles, este Congreso tiene que empoderarse para solucionar la insensibilidad del presidente, pero al mismo tiempo dar gobernabilidad y ponernos en valor como parlamento que le da soluciones a la ciudadanía”.

Por último, señaló que “cuando el Gobierno se encierra y quiere encerrar a la oposición y decirle que somos todos ‘kirchneristas’ o ‘libertarios’, no, en el medio hay gente seria”. “Hay gente responsable que desde el Congreso siempre va a buscar soluciones a los que vengan a golpear las puertas”, lanzó.

El jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, cuestionó al Gobierno por tener “una visión precaria, limitada, escasa desde el punto de vista de la construcción de las instituciones del país. Su mirada es ‘sanción a una ley, veto’, tratar de ver cómo se bloquea la insistencia en el Congreso y el DNU como mecanismo de gobernabilidad. Esto no ayuda, no es bueno y no hace a las instituciones”.

“Esta visión se traslada al proceso electoral en curso en la Argentina donde la consolidación del porcentaje necesario para el bloqueo es la meta principal del Gobierno, cuando en realidad deberían haber trabajado con mucha más inteligencia en la construcción de acuerdos, de un camino de razonabilidad y ampliación de la base de sostenibilidad en el Parlamento”, criticó.

Pichetto consideró que “analizar temas como jubilados, discapacidad, son temas humanos, de transversalidad que ningún sector conduce a otro sector y podrían haber sido abordados de manera razonable por el Gobierno, porque el primer año la base central del ajuste fueron los jubilados que perdieron el 30% del poder adquisitivo”.

“En la visión del Gobierno hay una complejidad de entender cuál debe ser el proceso argentino. Los consensos y el diálogo, en el marco del Parlamento, son imprescindibles para dar una mirada de razonabilidad a la Argentina en el mundo”, manifestó y chicaneó: “¿Quién va a venir a invertir con un gobierno que solo piensa en el veto, en el DNU y en la inconstitucionalidad? ninguno es preferible invertir en un país africano”.

Así, cerró: “La acción el Gobierno y del Ejecutivo de agredir al Congreso no conduce a ningún camino serio, responsable. Le hace perder crédito a nivel internacional. Estamos insistiendo porque tratamos de hacer una reparación, no hay ningún camino en la vía judicial”, y advirtió: “El presidente no puede amenazar con que no va a promulgar la ley, tiene que aceptar la decisión del Congreso si sale con los 2/3. Tenemos que trabajar en un presupuesto también para establecer prioridades y atender algunas cuestiones sensibles”.

Caracterizado por ser dialoguista, el diputado nacional Nicolás Massot (Encuentro Federal) cuestionó la gestión del oficialismo en estos dos años y afirmó que “el Gobierno debió haber aprendido a construir mayorías”. En síntesis, aseveró que “estamos en un sistema de suma cero que cuanto más extremista sea la posición de la oposición, más fácil es sostener la posición extremista de un oficialismo que no escucha”.

Entre algunos de los conflictos sociales y económicos actuales, cuestionó: “¿Hace falta entregar recaudación por 750 millones de dólares en el momento que se está discutiendo valores similares para recomponer jubilaciones tan dañadas en los últimos dos años?”.

Y siguió: “¿Hace falta tener en vigilia a las familias de tantos discapacitados y a los propios ciudadanos con ciertas discapacidades durante semanas para que el Gobierno termine, después, a través de su vocero, de una manera vergonzosa, diciendo que ‘está considerando’ una actualización de las prestaciones?”.

Por último, volvió a plantear un cuestionamiento: “¿Hace falta tener marchando a los jubilados todos los miércoles y a este Congreso abocado hace 17 a un conflicto que es recurrente?”. Dirigido al presidente de la Nación, pidió por “criterios de equidad y  humanidad para habilitar algún tipo de actualización al bono de los jubilados”.

A su turno, el diputado Eduardo Falcone valoró los logros que en materia inflacionaria ha alcanzado esta gestión, y consideró que al haber conseguido las condiciones de equilibrio fiscal se puede atender la situación de los jubilados, que consideró representan “un simple parche” que viene a atender lo que han perdido los jubilados en relación a la inflación.

Consideró “un acierto” del Gobierno haber cambiado la fórmula de movilidad del Gobierno anterior, pero observó que el año pasado con la inflación de enero se dio “un ajuste parcial y quedaron desfasados. Y creemos que hay que atender su situación”.

Falcone recordó que “ya hace un año nuestro bloque hizo una propuesta de que esta corrección del desfasaje del 7,2% la tendría que haber hecho el Gobierno en la medida de sus posibilidades. No lo ha hecho; hubo otra propuesta similar del Pro, de darlo en cuotas; consideramos que en ese momento era bueno darle herramientas al Ejecutivo para que diera este aumento en la medida de sus posibilidades. No lo hizo”.

“Ya hace un año de esto. La baja de la inflación y la recuperación económica da otro contexto y es momento para reparar esta injusticia que están sufriendo hace un año los jubilados”, agregó el diputado del MID, que si bien reivindicó el equilibrio fiscal consideró que “hay fuentes de financiamiento que se pueden explotar”, y recordó que con su compañero de bloque Oscar Zago presentaron hace un año un proyecto para derogar todas las jubilaciones de privilegio”, pero se quejó porque el proyecto está en la Comisión de Presupuesto, cuyo presidente, José Luis Espert “no hizo ningún estudio para ver cuánto era el ahorro fiscal que podríamos  haber tenido este año. Se lo tuvimos que pedir personalmente, y como no lo hizo, se lo pedimos por escrito, hace un mes”. Así las cosas, y considerando que hay fuentes alternativas para financiar el aumento, confirmó su voto contra el veto presidencial.

Durante su intervención, el neuquino Osvaldo Llancafilo aseguró en la sesión que “nos preocupa que hace unas semanas se firmó un despacho en minoría que planteaba en su Artículo 3 inciso G la posibilidad de pasar al sistema previsional argentino las cajas provinciales. Ese dictamen llevaba la firma del oficialismo. Quiero decir con todas las letras que nosotros no vamos a entregar nuestra caja jubilatoria al Sistema Nacional. Porque está demostrado que ese sistema ha sido muy mal administrado por las gestiones nacionales. Nuestra caja previsional está saneada, y a partir de una decisión que ha tomado el gobernador Rolando Figueroa, también nuestra obra social, el Instituto de Seguridad Social del Neuquén, que también está equilibrado y que lo vemos como un ejemplo a nivel nacional”.

Desde UP, la diputada Julia Strada apuntó que con esta ley “solamente estamos planteando recuperación de la inflación pasada, que el presidente decidió recortar. Estamos hablando de una mínima que va a 446 mil pesos. Está difícil que un jubilado pueda llegar a fin de mes con esos valores”.

A continuación, cuestionó que “el veto habla de la ausencia de fuente de financiamiento”, pero “el presidente abiertamente miente, no sólo hay varias fuentes de financiamiento, sino que al presidente no les gustan”; y recordó que contemplaban los fondos de la SIDE, el ahorro por la baja de los sobrecargos del FMI y distintas exenciones tributarias.

“A Milei le gusta usar ese argumento cuando no le gusta financiar algo”, expresó, para mencionar que no pasaba lo mismo con la eliminación de retenciones al sector agropecuario y minero, que “no tienen fuente de financiamiento, van en contra del superávit primario”.

La opositora aseveró que “todo lo que está haciendo Milei y su equipo económico es desfinanciar el sistema de seguridad social, a través de cuatro variables que las viene deliberadamente destruyendo”. En este sentido enumeró la creación de puestos de trabajo, mejoras salariales, reducción de la informalidad y control de las contribuciones patronales. “Si Milei no cambia el modelo económico no habrá nadie que se pueda jubilar de manera digna”, advirtió en el final.

En la recta final del debate, el diputado de UP Itai Hagman detalló cuál fue la pérdida de la clase pasiva en el último tiempo: “Si tomamos el bono de marzo de 2024 en adelante, perdieron 42% del poder adquisitivo. La jubilación mínima, comparando el último trimestre de 2023, con la actualidad, 15% abajo. Todo el gasto previsional, jubilaciones y pensiones, del primer semestre de este año, comparado con 2023, 11,4% abajo”.

“La principal variable de ajuste de esta precaria estabilidad macroeconómica han sido los jubilados y pensionados”, denunció y agregó que “cagaron a todos los jubilados, pero cagaron más a los de la mínima, y no creo que sea solo por cuestiones de orden fiscal, creo que también son ideológicas” ya que la mayoría de los jubilados de la mínima ingresó por moratoria.

Después de que el presidente Javier Milei vetara las 3 leyes que sancionó el Senado el pasado 10 de julio, el interbloque de senadores nacionales de Unión por la Patria brindó este martes una conferencia de prensa para confirmar la insistencia con el aumento a los haberes jubilatorios, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.

El anuncio se llevó a cabo en el salón de reuniones del interbloque en el Palacio Legislativo. Estuvieron presentes José Mayans, Juliana di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, Fernando Salino, Eduardo “Wado” de Pedro, Alicia Kirchner, María Eugenia Duré, Florencia López, Silvia Sapag, Fernando Rejal, Sergio Leavy, Mariano Recalde, Carlos Linares y Stefanía Cora.

Entre varios temas, los legisladores presentes repudiaron la represión de este martes al mediodía contra las organizaciones de personas con discapacidad que se congregaron a la Plaza de los dos Congresos para manifestarse en contra del veto publicado este lunes. También, hicieron mención al reclamo de los recicladores en otro punto de la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, los integrantes de la principal bancada opositora se mostraron optimistas de que los tres proyectos de ley puedan sortear el veto presidencial en la Cámara de Diputados.

El primero en tomar la palabra fue Mariano Recalde, senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, quien apuntó directamente contra el presidente de la Nación: “Es mentira que no hay plata y es mentira que afecta al equilibrio fiscal porque si un aumento de 62.000 pesos afecta el equilibrio del país habla muy mal del presidente”.

En defensa del proyecto de aumento a los haberes jubilatorios y la declaración de emergencia en discapacidad, Recalde afirmó que “las leyes prevén métodos de financiamiento”. En ese tramo, agregó: “Cuestan lo mismo que la baja a las retenciones a favor de la Sociedad Rural”. Del mismo modo, acusó al Ejecutivo de “asignar como nunca fondos reservados a la SIDE por otras vías”.

Organizaciones de personas discapacidad rechazaron el veto a la emergencia en frente del Congreso.

“Hay plata para espiar a los opositores, a organizaciones que marchan los miércoles y no hay plata para los jubilados”, enfatizó. En el final, desenfundó un nuevo cuestionamiento contra Milei: “El presidente que vino a promover algo nuevo, lleva a cabo las mismas recetas de siempre”. Por último, procedió a leer los nombres de aquellos dialoguistas que votaron a favor de las leyes.

En otro tramo de la conferencia, el formoseño José Mayans anticipó que el Gobierno nacional “tiene un plan para llevar la edad jubilatoria a 70 años”. “Tenemos buenas expectativas de lo que ocurra mañana en la Cámara de Diputados respecto a los proyectos de los gobernadores”, consideró el jefe del interbloque.

También, Juliana di Tullio señaló que “podemos recibir presión, pero nunca aceptarlas” porque “nos compromete la representación con el pueblo”. En esa línea, agregó que “estas leyes fueron el resultado de la voluntad popular a través de sus representantes”, auguró: “Espero que se logre con éxito la Cámara de Diputados”.

Del mismo modo, le pidió a la ciudadanía que se movilice ante los vetos porque "es importante que cada uno pelee”. “Nosotros estamos representando, pero es importante lo que hicieron las personas y organizaciones de discapacidad y los jubilados que sufren tanto desprecio y violencia inusitada cada miércoles”, aseveró.

Por último, la senadora que representa a la provincia de Buenos Aires planteó: “¿Cuál es el freno a los vetos del presidente? Hay que votar porque los límites se lo pone el pueblo argentino”. Para concluir, Di Tullio hizo una mención del exsenador entrerriano preso en Paraguay: “En Diputados creemos que vamos a conseguir los dos tercios porque la realidad se impone y para que se repita el mismo resultado y que no haya más Kueiders”.

A través de un solo decreto, el presidente Javier Milei veto de manera total las leyes de actualización de haberes jubilatorios, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad aprobadas en el Senado el pasado 10 de julio. La novedad es que la medida se aplicó a través de un único decreto que lleva el número 534/2025, por el cual se “observa en su totalidad los proyectos de ley registrados bajo los números 27.791, 27,792 y 28.793.

La decisión presidencial había sido anticipada aun antes de que se produjera la aprobación de esas leyes, y durante este fin de semana se anunció que Milei había suscripto ya el decreto correspondiente.

El decreto admite la sensibilidad que reviste la temática en cuestión, pero advierte que “resulta imprescindible que toda ampliación de prestaciones se diseñe con criterios de viabilidad financiera, responsabilidad institucional y sustentabilidad en el tiempo”.

“Cuando tales recaudos no son debidamente considerados, se pone en riesgo la sostenibilidad integral del régimen de atención perjudicando a las personas a quienes se pretende proteger”, señala el Gobierno, que remarca en el caso de la emergencia en discapacidad “el profundo estado de deterioro en el que actualmente se encuentra el sistema de atención a personas con discapacidad es, en buena medida, consecuencia de prácticas legislativas como la que aquí se pretende imponer, adoptadas sin previsión presupuestaria, cuyas consecuencias han recaído sistemáticamente sobre los sectores más vulnerables, y que esta administración se encuentra decididamente comprometida a revertir mediante políticas públicas responsables”.

Para el Poder Ejecutivo los referidos proyectos de ley implicarían, en conjunto, para el Estado Nacional un gasto adicional al previsto de más de siete billones de pesos para el año 2025; y de cerca de 17 billones de pesos para el año 2026. Esos importes, se aclara, equivalen al 0,90% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso; y del 1,78% de aquel estimado para el año entrante.

Asimismo,  las medidas sancionadas por el Congreso “conllevarían un aumento de aproximadamente el 6 % del gasto primario de la Administración Nacional previsto en el presupuesto vigente en términos anuales”.

Por otra parte las cifras mencionadas “dificultarían el cumplimiento de las metas fiscales fijadas por el Gobierno nacional para el actual ejercicio fiscal y los siguientes”. Además, “lejos de contribuir a un efectivo logro de las supuestas finalidades que orientan la sanción de los proyectos de ley bajo examen, su promulgación afectaría profundamente la sostenibilidad del sistema de previsión social; sistema que, tras 19 meses de mandato, ha iniciado una senda de recuperación gracias al compromiso inclaudicable de este Gobierno por sanearlo”.

Tiene en cuenta el Poder Ejecutivo que, “además de tener un gran impacto negativo en la actualidad, la promulgación de los proyectos de ley remitidos afectaría los derechos y oportunidades de las próximas generaciones, dado que aumentaría en forma significativa e irresponsable el gasto del Estado Nacional, sin la correspondiente generación de recursos”.

Para el Gobierno, se trata de un incremento en el gasto que, “por su efecto acumulativo, aumentaría año tras año, condenando a nuestros jóvenes a más emisión, inflación y pobreza”.

Tras recordar que el estado de crisis del sistema previsional no es un fenómeno reciente, sino que lleva décadas sin ser resuelto, “a fin de garantizar que el sistema sea justo y equitativo, resulta fundamental continuar por la senda propiciada por la actual gestión, toda vez que por ella se garantiza, por primera vez en décadas, que los jubilados nunca más pierdan contra la inflación”.

“El equilibrio fiscal constituye una de los principales compromisos asumidos por el actual presidente durante la campaña electoral, respaldado por la mayoría del pueblo argentino a través de su voto, de modo que su firme resguardo por parte del Poder Ejecutivo constituye un imperativo que nace del más profundo respeto del sistema democrático”, plantea el decreto.

El texto recuerda también el pacto firmado por 17 gobernadores en Tucumán el 9 de julio del año pasado, donde se estableció como segundo principio el equilibrio fiscal innegociable. Ante ello, la decisión del Congreso de sancionar estos proyectos de ley vetados “implica hacer caso omiso de lo pactado y, si no fuere contrarrestada por una decisión del Poder Ejecutivo Nacional en ejercicio de sus facultades constitucionales, conduciría al país a una senda que ya ha sido probada inconducente”.

Sostiene el decreto que el Congreso “pretende incrementar significativamente el gasto previsional, sin haber realizado los adecuados cálculos actuariales ni haber contemplado los recursos necesarios para afrontarlo, atentando en forma manifiesta contra la sustentabilidad”.

Reivindica la decisión del PEN de lograr el equilibro fiscal y tras citar el cuidado de “los escasos recursos con los que cuenta el Estado Nacional”, destaca que “la estabilidad económica es fundamental para el bienestar y el progreso del país y es responsabilidad del Poder Ejecutivo nacional implementar políticas que no sólo fomenten el crecimiento económico, sino que también aseguren el equilibrio fiscal para mantener una estabilidad proyectada a largo plazo”.

Comenta en otro pasaje que así como el Ejecutivo viene llevando adelante medidas para asegurar el equilibrio fiscal, el Congreso Nacional tiene el deber de “no tomar decisiones que lo pongan en riesgo y comprometan el futuro de todos los argentinos, máxime cuando, con acuerdos políticos relevantes como el expresado en el Pacto de Mayo, fue anunciada la revisión profunda del sistema en el cual tales decisiones se enmarcan”.

“La sanción de los proyectos de ley en examen implica la aprobación de gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que conllevaría que, para su eventual cumplimiento, el Gobierno caiga en las viejas prácticas de la emisión monetaria sin respaldo, el aumento de impuestos o el endeudamiento, recetas que, luego de más de 100 años de historia, ya han sido probadas inconducentes”, señala otro pasaje del decreto.

Le recuerda también al Congreso el mandato constitucional de proveer “a la defensa del valor de la moneda”, e indica que “independientemente de lo que pudiere pretender algún sector de la política, este Gobierno Nacional no realizará ninguna acción que comprometa el equilibrio fiscal”.

Dudas sobre la sesión del Senado

Por otra parte, el extenso decreto que veta las tres leyes sancionadas el 10 de julio pasado reitera las dudas que tiene el Ejecutivo sobre la legalidad de esa sesión.

“No puede dejar de advertirse que el proceso legislativo seguido para la aprobación de estos proyectos se encuentra viciado por graves nulidades que impiden al Poder Ejecutivo Nacional proceder a su promulgación”, expresa el decreto, que considera que la sesión del 10 de julio de 2025 “fue llevada adelante sin que se haya citado de forma previa a los integrantes del Honorable Senado de la Nación”.

Según el Gobierno, “el tratamiento de los proyectos bajo análisis fue habilitado por medio de una votación que, conforme al Reglamento de la Cámara alta, debió ser computada sobre una mayoría de dos tercios de los votos, y no una simple mayoría”, votación que para el PEN “fue consecuencia de una ilegitima interpretación” del Reglamento del Senado realizada durante la sesión, mediante la cual “se otorgó carácter de dictamen a documentos que carecían de los requisitos esenciales establecidos por las disposiciones reglamentarias pertinentes”, en referencia a que los mismos se consiguieron en el marco de plenarios que no constaron con la convocatoria de todas las comisiones correspondientes.

“A pesar de las expresas advertencias realizadas por el secretario Parlamentario, el Honorable Senado de la Nación dio tratamiento a los proyectos mencionados, otorgando valor de dictamen a documentos cuya nulidad había sido previamente constatada”, agrega el texto, que recuerda que las advertencias de varios legisladores no fueron tenidas en cuenta, sino desechadas en votación por mayoría simple, todo lo cual lo lleva a verificar “una falta de concurrencia de los requisitos mínimos e indispensables que condicionan la creación de la ley”.

El decreto concluye reseñando que “por todo lo expuesto y a los fines de que el país continúe en la senda de la estabilidad y el crecimiento, corresponde que el Poder Ejecutivo Nacional recurra a la herramienta constitucional del veto”.

La duda que surge ahora es la manera que deberá proceder el Poder Legislativo ante este veto, tratándose de uno solo para las tres leyes. ¿Será necesaria una sola votación de cada cámara? Lo más probable es que en el paso previo al recinto, que será en un plenario de comisiones donde se elaborará el dictamen a votar luego, se deje claro la manera por la que los legisladores podrán separar los temas a la hora de la votación.

Si bien fuentes oficiales se mostraron optimistas los últimos días respecto de la posibilidad de sostener los vetos presidenciales a las leyes jubilatorias y la emergencia en discapacidad, la realidad es que, a priori, no la tiene fácil el oficialismo.

Es que la oposición consiguió en Diputados resultados muy contundentes, razón por la cual el Gobierno se encuentra abocado a tratar de asegurar los votos para revertir los vetos.

Recordemos que en el caso de los aumentos jubilatorios, el proyecto fue aprobado por 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones el pasado 4 de julio.

Veamos quiénes votaron a favor. Impulsores del proyecto, aportaron a los votos positivos 93 integrantes de Unión por la Patria, 13 de Encuentro Federal, 9 de Democracia para Siempre, 6 de la Coalición Cívica y 5 del Frente de Izquierda.

Además, votaron a favor Sergio Acevedo, de Por Santa Cruz; Lourdes Arrieta, de Transformación; Mario Barletta, de Unidos; Osvaldo Llancafilo, de Movimiento Popular Neuquino; y Roberto Mirabella, de Defendamos Santa Fe.

Uno de los datos más llamativos fue el voto afirmativo de habituales aliados del oficialismo, como los tres tucumanos del bloque Independencia, Agustín Fernández, Elia Fernández y Gladys Medina; las salteñas Pamela Caletti y Yolanda Vega, de Innovación Federal; y la sanjuanina Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo.

En tanto, Héctor Baldassi volvió a desmarcarse de su bloque, el Pro; al igual que los diputados de la UCR Fabio Quetglas, Roberto Sánchez, Natalia Sarapura y Julio Cobos.

Los votos en contra fueron: 36 de La Libertad Avanza, 22 del Pro, 4 de la Liga del Interior Eli, 1 del MID, 1 de CREO, 1 de Futuro y Libertad, 1 de Somos Fueguinos, y el del entrerriano Francisco Morchio, quien responde al gobernador Rogelio Frigerio, y fue el único de su bancada en votar negativo.

Dentro de las abstenciones, dejaron su huella los macristas del Pro Martín Ardohain, Gabriela Besana, Sofía Brambilla, Germana Figueroa Casas, Luciano Laspina, Silvia Lospennato, Ana Clara Romero, María Sotolano y María Eugenia Vidal.

Sacando cuatro votos a favor y una ausencia, toda la bancada radical se abstuvo. Se trata de Karina Banfi, Atilio Benedetti, Gabriela Brouwer de Koning, Soledad Carrizo, Rodrigo de Loredo, Lisandro Nieri, Roxana Reyes, Martín Tetaz y Pamela Verasay.

También se abstuvo el santacruceño José Luis Garrido.

Por último, los ausentes fueron 28: 6 de Innovación Federal, 5 de Unión por la Patria, 3 de Democracia para Siempre, 3 Pro, 2 Liga del Interior, 2 de La Libertad Avanza, 2 del MID, 1 de Encuentro Federal, 1 UCR, 1 Republicanos Unidos, 1 Producción y Trabajo y 1 Futuro y Libertad.

Moratoria Previsional

A diferencia de lo sucedido con la iniciativa sobre incremento y recomposición en las jubilaciones, los cinco bloques convocantes a sesión guardaban diferencias respecto de la moratoria previsional. Mientras UP y el Frente de Izquierda votaron a favor, la Coalición Cívica lo hizo en contra, y una parte de Encuentro Federal y la totalidad presente de Democracia para Siempre, se abstuvieron.

Los 111 votos a favor fueron 94 de 98 diputados de Unión por la Patria y 5 de 5 del Frente de Izquierda. Además, desde Encuentro Federal, la bancada liderada por Miguel Pichetto, votaron positivamente la cordobesa Natalia de la Sota y los santafesinos socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón.

También lo hicieron Sergio Acevedo, de Por Santa Cruz; Lourdes Arrieta de Transformación; y Roberto Mirabella, de Defendamos Santa Fe.

Al igual que en el primer proyecto, hubo aliados habituales del oficialismo que alzaron su mano a favor: los tres tucumanos Agustín Fernández, Elia Fernández y Gladys Medina, de Independencia; las salteñas Pamela Calletti y Yolanda Vega, de Innovación Federal; y la sanjuanina Nancy Picón Martínez.

En tanto, los 100 votos en contra fueron 36 de La Libertad Avanza, 32 del Pro, 13 de la UCR, 5 de la Coalición Cívica, 5 de Encuentro Federal y 4 de La Liga del Interior Eli. También de Mario Barletta, de Unidos; Gabriel Chumpitaz, de Futuro y Libertad; Ricardo Garramuño, de Somos Fueguinos; Cecilia Ibáñez, del MID; y Paula Omodeo, de CREO.

Las 15 abstenciones fueron de Marcela Antola, Fernando Carbajal, Carla Carrizo, Mariela Coletta, Melina Giorgi, Pablo Juliano, Facundo Manes, Jorge Rizzotti y Danya Tavela, por Democracia para Siempre; Emilio Monzó, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer y Alejandra Torres, por Encuentro Federal; José Luis Garrido, de Por Santa Cruz y Osvaldo Llancafilo, de Movimiento Popular Neuquino.

Emergencia en discapacidad

En el caso de la emergencia en discapacidad, el texto reunió los votos a favor de los dos tercios de los presentes. Un número clave que el Poder Ejecutivo deberá tener en cuenta ante una eventual decisión.

En el tema de jubilaciones un puñado de aliados provinciales ya se habían diferenciado del oficialismo, pero en este caso fueron, además de esos, los integrantes de la Unión Cívica Radical quienes se inclinaron también por la afirmativa. Justamente, el presidente de esa bancada, Rodrigo de Loredo, manifestó su voto a viva voz.

Si bien el tablero marcó 148 votos positivos, aparecieron como ausentes, con un círculo en gris, De Loredo y Paula Penacca, la secretaria parlamentaria del bloque Unión por la Patria. Esto quedó registrado así también en el acta de votación, donde figuran ausentes, pero en el final se aclara que ambos se manifestaron a viva voz.

En el caso de Penacca, antes de la votación advirtió al presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

Del total de los 150 votos a favor hubo 93 de 98 de Unión por la Patria; 13 de 14 de la UCR; 11 de 15 de Encuentro Federal; 9 de 12 de Democracia para Siempre; 6 de 6 de la Coalición Cívica; y 5 de 5 del Frente de Izquierda.

Además, votaron positivamente los tres tucumanos de Independencia Agustín Fernández, Elia Fernández y Gladys Medina; las salteñas de Innovación Federal Pamela Calletti y Yolanda Vega; los santacruceños de Por Santa Cruz Sergio Acevedo y José Luis Garrido; Héctor Baldassi, del Pro; Osvaldo Llancafilo, de Movimiento Popular Neuquino; Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo; Lourdes Arrieta, de Transformación; Mario Barletta, de Unidos y Roberto Mirabella, de Defendamos Santa Fe.

En tanto, los 71 votos en contra correspondieron: 35 de 38 de La Libertad Avanza; 29 de 35 del Pro; 4 de 6 de la Liga del Interior Eli; Paula Omodeo, de CREO; Cecilia Ibáñez del MID; y Ricardo Garramuño, de Somos Fueguinos.

Las tres abstenciones fueron de Karina Bachey, del Pro; Francisco Morchio y Alejandra Torres, de Encuentro Federal.

En cuanto a los ausentes hubo 32: 6 de Innovación Federal, 5 de Unión por la Patria, 4 del Pro, 3 de Democracia para Siempre, 3 de La Libertad Avanza, 2 de Liga del Interior, 2 del MID, 2 de Encuentro Federal, 2 Futuro y Libertad, 1 UCR, 1 Republicanos Unidos y 1 Producción y Trabajo.

Tras la sesión de la semana pasada en la Cámara Baja, los legisladores de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev), Coalición Cívica (CC ARI) y Confianza Pública (CP) presentaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto para que se manifieste el repudio a las declaraciones del presidente Javier Milei, acerca de que vetaría el aumento a los jubilados aprobado por el Congreso Nacional y advirtió que recurrirá a la Justicia si el Parlamento no lo apoya.

En los fundamentos de la iniciativa, los diputados recordaron que “la media sanción aprobada por Diputados implica un aumento real del 7,2% para todos los haberes y pensiones, (sin perjuicio de excluir los regímenes especiales), y eleva el bono de $70.000 a $110.000, con actualización automática por inflación” e indicaron que “la argumentación del oficialismo estuvo fundada en que el citado bono se convierte en un derecho permanente y que la restitución de la moratoria previsional por dos años permitirá que quienes no hayan completado los 30 años de aportes puedan adquirir los períodos faltantes para acceder al haber mínimo”.

“Así las cosas, un jubilado que en julio de 2025 cobra $309.000 más un bono que el presidente considera ser un derecho permanente, como si hablase de un derecho adquirido que desfolca al país y lo convirtiese en abusador del Estado”, continuaron.

A la vez que concluyeron señalando que “las necesidades de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros jubilados están más allá de las interpretaciones del presidente Milei, solo quieren y necesitan comprar sus remedios, pagar sus cuentas, su alquiler, su alimentación, y de ser posible, disfrutar con sus nietos”.

A las 14.14, con 42 senadores en sus bancas, superando el quórum, la vicepresidenta del Cuerpo, la kirchnerista Silvia Sapag, dio este jueves por iniciada una sesión del Senado impulsada por la oposición autoconvocada. Una sesión clave para el oficialismo más minoritario de la historia parlamentaria argentina, que ha despertado la máxima atención por un temario sumamente adverso para el Poder Ejecutivo.

Durante las estrofas del Himno Nacional, la vicepresidenta Victoria Villarruel bajó para tomar la conducción de la sesión.

Además de senadores de Unión por la Patria, bajaron al recinto un puñado de legisladores de la UCR, la larretista Guadalupe Tagliaferri, por el Pro; y algunos senadores de bloques provinciales como la dupla santacruceña, la rionegrina Mónica Silva y la cordobesa Alejandra Vigo. 

Hay siete temas puestos a consideración. Tres de ellos son medias sanciones emitidas por la Cámara baja el pasado 4 de junio: un aumento para los jubilados; la prórroga de la moratoria previsional, y la declaración de emergencia en discapacidad. Si el Senado los aprueba sin cambios, serán ley. A priori dos de esos proyectos tienen más chances, el aumento y la emergencia, pero el resultado dependerá de cómo se resuelva un debate reglamentario previo en torno al tratamiento que pueda llegar a dársele.

El presidente, dicho sea de paso, ya anticipó que vetará todo si es que el Senado lo aprueba.

Hay también dos proyectos que impulsan los gobernadores, que han tomado un protagonismo especial para esta sesión, dado que tienen que ver con la distribución de fondos. Por un lado, una reforma a la norma que rige al reparto de Aportes del Tesoro Nacional, y por el otro la distribución entre Nación y las provincias del impuesto a los combustibles líquidos.

El temario incluye el debate sobre el veto presidencial a la ley de emergencia en Bahía Blanca y una declaración sobre la resolución de la Justicia norteamericana en el tema YPF.

NOTICIA EN DESARROLLO