La comisión de Servicios Públicos de la Cámara de Diputados bonaerense hizo despacho de mayoría y se espera que también el proyecto de ley avance en la de Legislación General, para luego ser tratado en el recinto, quizás antes de fin de año.
La fuerte presión que desde las organizaciones empresariales realizaron para tratar de frenar la iniciaba no alcanzó para que los diputados del oficialismo y aliados avanzaran con la iniciativa que busca proteger a consumidores que no son debidamente informado de los aumentos en los combustibles.
Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados bonaerense busca obligar a las petroleras a informar con 72 horas de anticipación cualquier cambio en los precios, al tiempo que hace extensiva esa obligación a los expendedores de combustibles y estaciones de servicios a publicitar esos incrementos en la cartelería al público 48 antes de que entren en vigencia.
La iniciativa, presentada por la diputada de UP Ayelén Rasquetti, fue tratada por la Comisión de Servicios Públicos de la Cámara de Diputados bonaerense, que preside el diputado platense de UP Ariel Archanco, y obtuvo despacho de mayoría.
El proyecto de ley en cuestión generó un fuerte rechazo por parte de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA) y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), quienes manifestaron su preocupación a través de cartas enviadas a la Legislatura provincial.
La diputada del Frente Renovador integrante del bloque de Unión por la Patria Ayelén Rasquetti, autora del proyecto de ley.
“El lobby petrolero se movió rápido por La Plata”, según deslizó un diputado, aunque alcanzó para que buena parte de la oposición se alineara en contra de la iniciativa, con diversos cuestionamientos que, en algunos casos, se fundamentó en cuestiones de técnica parlamentaria.
No obstante, en términos generales, la presión por que no avance la normativa alcanzó se mayor fuerza en las filas de los principales bloques opositores liderados por los diputados de LLA, que ya está funcionando como la principal bancada opositora, sin todavía serlo.
Es que la iniciativa presentada por la diputada massista cobró forma luego de la decisión de la petrolera YPF de dejar de informar los aumentos de precios a las estaciones de servicio; es decir luego de que “el gobierno nacional dejara de informar los aumentos”, según aclaró un diputado que defiende la iniciativa.
Así, y pese al rechazo de la petrolera argentina YPF y de otras cámaras y federaciones, la comisión de Servicios Públicos de Diputados aprobó este jueves por mayoría el proyecto de Rasquetti y la próxima semana se tratará en la Comisión de Legislación General que preside el también diputado massista en UP Rubén Eslaiman y podría llegar al recinto o incluso ser sancionado antes de fin de año.
“Resulta preocupante que algunas compañías petroleras pretendan frenar esta iniciativa mediante presiones y lobby en la Cámara de Diputados y que se nieguen a brindar información básica sobre los aumentos de precios. Su resistencia a la transparencia muestra un claro intento de conservar privilegios a costa del bolsillo de los usuarios”, expresó la autora del proyecto la diputada del FR en UP Rasquetti, tercera generación de dirigentes peronistas de la zona de Cañuelas.
En ese sentido añadió: “me pregunto qué otras cosas se ocultan detrás de estos aumentos que tanto miedo les da informar”, y agregó “no entiendo por qué les cuesta tanto informar los aumentos”.
El diputado de UP Ariel Archanco el presidente de la Comisión de Servicios Público que construyó el despacho de mayoría.
Desde el massismo, aseguran que en Argentina existía una Ley nacional que obligaba a las abastecedoras y expendedoras de combustible a comunicar los aumentos. Sin embargo, esa norma fue eliminada por el gobierno libertario en junio de este año.
"Dejaron a los consumidores a la merced de los empresarios que entre gallos y medianoche deciden cambiar las tarifas de los combustibles", concluyó Rasquetti.
El incumplimiento de la ley por parte de las petroleras, según prevé el proyecto de ley, será sancionado con multa equivalente al precio de venta al público de entre 5.000 y 150.000 litros de nafta súper. En caso de reincidencia, podrá aplicarse, además, la suspensión temporaria de la habilitación comercial.
En tanto, en el caso de incumplimiento por parte de las estaciones de servicio, será sancionado con multa equivalente al precio de venta al público de entre cien 100 y 500 litros de nafta súper.
En los fundamentos del proyecto, los diputados del Frente Renovador destacan que la provincia de Buenos Aires posee competencia para dictar normas en materia de policía administrativa, defensa de consumidores y transparencia en la comercialización de bienes estratégicos dentro de su territorio.
En la comisión de Servicios Públicos el presidente Ariel Archanco estuvo acompañado en su voto positivo por el vicepresidente Ricardo Lissalde y los vocales de la bancada de UP Viviana Guzzo, Leonardo Moreno, Carlos Puglelli y Avelino Zurro; en tanto que también se pronunciaron por la positiva las diputadas de Unión y Libertad Constanza Moragues y Sabrina Sabat.
En tanto que la minoría que se expresó por la negativa estuvo comandada por el secretario de la comisión y diputado de LLA Fernando Compagnoni y su compañera de bancada Sofía Pomponio, la legisladora del PRO Rita Sallaberry; y el radical Emiliano Balbín tampoco acompañó el despacho de la mayoría y estuvo ausente el otro diputado radical que integra la comisión, Claudio Rossi.