Buena parte de la jornada del sábado la ocuparon el presidente Javier Milei y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en cruzarse en la red social X por el tema del aumento a los funcionarios del Estado nacional, que estalló sobre el mediodía a partir de un tuit de la diputada Victoria Tolosa Paz, que la emprendió contra el mandatario por el aumento del 48% que se habían otorgado en lo más alto del poder. Eso comparando con la polémica generada en torno al 28% recibido por los diputados y senadores nacionales.

Fue así que el presidente Milei se adelantó en su cuenta de la red social X, donde dijo que le acababan de informar que “producto de un decreto firmado por la expresidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno”. Y adelantó que derogarían ese decreto y retrotraerían cualquier aumento que la planta política haya percibido.

En las redes le dieron duro a Milei, advirtiéndole que no se trataba de un aumento “automático”, sino un decreto que él había firmado con Nicolás Posse y otros ministros. Hasta que le contestó la propia Cristina Kirchner: “Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue”, tuiteó ella, despertando la réplica de Milei, que a su vez tuvo su contrarréplica.

Pasada la medianoche, el presidente quiso quedarse con la última palabra al publicar en su cuenta: “Hola @cfkargentina. Acabo de anular los aumentos de sueldo de todo el gabinete nacional. Ya que la vi tan preocupada por las jubilaciones ¿qué le parece si le anulo los $ 14.000.000 que cobra usted de jubilación de privilegio y le asigno una jubilación mínima? Estimo no va a quejarse. Saludos”.

El intercambio se prolongó este domingo, cuando por la mañana Cristina Kirchner tuiteó: “Buen día Presidente. Hoy por la mañana pude leer el posteo que me dedicó… ¡A las 0:30 de la madrugada! ¿Qué hacía presidente a esa hora amenazando por redes? Me hizo acordar a una canción de Los Redondos: ‘Alien Duce el pequeño gran matón de la Internet’”.

Y cerró la exmandataria: “Cálmese Presidente, en ese lugar que usted hoy tiene el honor de ocupar, hay que tener templanza y sobre todo estar tranquilo y descansar en los horarios habituales que lo hace la gente. Créame que es muy dura la tarea de gobernar la Argentina. Y lo que menos necesitamos hoy, es un presidente amenazando por internet”.

Buen día Presidente. Hoy por la mañana pude leer el posteo que me dedicó… ¡A las 0:30 de la madrugada! ¿Qué hacía presidente a esa hora amenazando por redes? Me hizo acordar a una canción de Los Redondos: “Alien Duce el pequeño gran matón de la Internet”.

Cálmese Presidente, en…

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 10, 2024

La polémica por el aumento de las dietas de los legisladores lejos está de ceder, más bien lo contrario. Pasan los días y crecen las repercusiones de un tema que nadie esperaba que estallara así, sobre todo teniendo en cuenta que este acuerdo salarial fue suscripto el pasado 24 de febrero, fecha en la que se lo anunció.

Está bien que en esa oportunidad, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, no aclaró que el acuerdo salarial que establecía un incremento del 28% dividido entre los meses de enero y febrero se extendería también a los legisladores. De hecho, cuando parlamentario.com difundió esa noticia aclaró que no se había informado si el incremento se haría extensivo a los diputados y senadores.

En rigor, no hacía falta aclararlo, pues a partir de una disposición que ahora todos recuerdan del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner suscripta por los presidentes de las cámaras Amado Boudou y Julián Domínguez –recordar que es otro poder-, esos aumentos están enganchados con los de los trabajadores legislativos. Se hizo precisamente para terminar de una vez con el impacto habitual que en cualquier tiempo genera la difusión del aumento de las dietas, y para evitar los desfasajes entre ambas cámaras. Al estar enganchados, los aumentos son los mismos que perciben los empleados legislativos y se suponía que evitarían en el futuro que todos los ojos se posaran en el Congreso cada vez que trascendiera un aumento.

Eso se alteró en tiempos de pandemia, cuando el común de la gente no sabía si seguiría percibiendo sus haberes, y ni siquiera cómo podría funcionar el Parlamento. En esos tiempos surgieron propuestas de hacer quitas a los sueldos de los legisladores para destinar el dinero al sistema de salud, pero todo quedó en la nada. Algunos se transformaron en proyectos. Nada avanzó en el Congreso nacional, aunque sí en algunas provincias se procedió en ese sentido.

Ahora, al confirmarse esta última semana que los senadores y diputados tendrían un aumento del 28% -que mediáticamente se redondeó en el 30-, estalló un escándalo que desde lo más alto del poder hicieron crecer. Fue cuando surgieron voces desde el oficialismo de la Cámara baja a favor de retrotraer el aumento, luego el presidente de la Cámara avanzó en ese sentido y la remató el presidente de la Nación anunciando que mandaría una ley para retrotraer la disposición que enganchaba los haberes de los legisladores al de los trabajadores.

Alcanzaba con resoluciones de ambas cámaras en ese sentido, no hacía falta que Javier Milei anunciara ningún proyecto de ley relacionado con otro poder del Estado, pero lo cierto es que el tema complicó a una de las autoridades del Congreso: la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel.

Pasa que mientras en la Cámara baja las críticas de la oposición pasaron por hacer hincapié en la necesidad de establecer en todo caso una unidad de medida para todos los poderes del Estado en materia salarial, en el Senado la situación hizo trastabillar el difícil status quo que la presidenta del Cuerpo intenta mantener. Recordemos que el oficialismo cuenta apenas con 7 senadores sobre 72; esto es, tan solo el 10% de la Cámara.

Allí Villarruel no ha tenido que hacer equilibrio aún con la ley de Bases, que si sortea esta vez el escollo de Diputados deberá tratar de aprobar contrarreloj en el Senado -dependerá cuándo salga de la otra Cámara, si sale-, pero sí se las está viendo complicadas con el mega DNU.

Si bien originalmente Villarruel había logrado con mucha muñeca lidiar con un Senado donde la principal oposición tiene 33 miembros (le faltan apenas 4 miembros para ser mayoría), dominar la situación e imponer autoridades para las comisiones que hasta ahora alcanzaron a armarse, las cosas se le complicaron. Logró armar una mayoría especial de 39 miembros, pero tuvo su primer traspié cuando no pudo convertir en ley Boleta Única de Papel. Después, el tema del DNU 70/23 alteró el andar de todo el Senado y ya no pudo volver a convocar a sesionar por el riesgo de que en cualquier momento avance la oposición con el rechazo al decreto de necesidad y urgencia. Así, debió postergar el tratamiento del proyecto de lavado de activos, que perdió así estado parlamentario.

Ahora este tema de los haberes de los senadores nacionales amenaza con complicarle la existencia a Villarruel, quien a diferencia de su par de Diputados no ha opinado públicamente sobre la cuestión, pero ya ha trascendido que no seguirá el mismo camino que Martín Menem. Por el contrario, no piensa retrotraer el aumento, ni avanzar con derogación de ninguna reglamentación sobre el tema.

Pasa que tiene problemas políticos más serios que atender, en los que este tema solo contribuiría a complicarle más la situación y minar de paso su autoridad. Así lo piensa la vicepresidenta de la Nación, que considera que su principal desafío hoy es defender el decreto de necesidad y urgencia 70/23, cuando la oposición tiene el número suficiente para rechazarlo. Sería la primera vez que sucediera eso con un presidente en vigencia (el kirchnerismo alcanzó a rechazarle un DNU a Mauricio Macri cuando éste ya no era presidente). Si bien eso no alcanzaría para que el mega DNU pierda vigencia, sería un ruido político lo suficientemente importante para afectar al Gobierno nacional en su conjunto.

Desde la Casa Rosada, sin embargo, no estarían tan asustados con eso, pues consideran que algo así, que en definitiva no alcanzaría para voltear por completo al DNU, expondría malamente a “la casta” en general y el Congreso en particular. Esa pareciera ser la principal obsesión del Poder Ejecutivo.

Amén de ello, la decisión de la titular del Senado es no avanzar contra el aumento otorgado y prepararse mientras tanto para resistir la sesión especial que ya no la oposición principal del Senado (UP), sino una armada con el resto de la oposición, aquella con la que había alcanzado a conseguir atisbos de gobernabilidad en una cámara adversa numéricamente, para el jueves próximo.

Son malos días para aumentar los salarios de lo que el presidente define como “la casta”. Por eso el propio Javier Milei se aupó en el tema cuando estalló la discusión en torno al incremento de casi el 30% que percibieron los diputados y senadores nacionales, al punto tal que el jueves difundió que había “ordenado” retrotraerlos. Una medida curiosa, tratándose de otro poder.

Pero este fin de semana desde la principal oposición, Unión por la Patria, salieron a batir el parche en torno a un decreto firmado por el propio Milei por el cual se aumentan los sueldos de los funcionarios en un 48%.

Para hacer un control de daños, el presidente apeló rápidamente a las redes donde anunció que derogaría el decreto que atribuyó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque en las propias redes salieron a refutarlo diciendo que en realidad el aumento lo había firmado él mismo.

“Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la expresidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno”, expresó en su cuenta de X el primer mandatario, que a continuación dijo que “cada día que pasa encontramos una nueva norma que favorecía a los políticos y perjudicaba a los argentinos”.

Según Milei, “con nosotros los perjudicados van a ser los políticos. Obviamente vamos a derogar ese decreto y retrotraer cualquier aumento que la planta política haya percibido”, anunció en consecuencia.

El mensaje presidencial concluye señalando que “en un momento de crisis como el actual en el que la sociedad argentina está realizando un esfuerzo heroico los políticos tienen que ser los primeros en poner el hombro”.

“Se acabó la joda de la política. VLLC!”, remató en su típico lenguaje Javier Milei.

MIGO 🇦🇷🦁 https://t.co/hUMpBIrDNm

— Agarra la Pala (@agarra_pala) March 9, 2024

Lo cierto es que en esta oportunidad fueron muchos usuarios los que desde las redes salieron a refutar al presidente, recordándole que el decreto del aumento lo firmó en realidad él, y no se trató de un aumento “automático”.

Cuál es el decreto misterioso? Cómo explicas que es automático si vos lo firmaste? pic.twitter.com/fRlUfOyWdD

— Pablo Rey 🧩 (@ReyPablo91) March 9, 2024

La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade también le contestó: “Los decretos se firman solos… por hechizo de Karina”, en referencia a su hermana y secretaria general de la Presidencia.

A su vez, el diputado socialista Esteban Paulón especuló: “Dos posibilidades: O firmó un Decreto sin leer (ni él ni su legal y técnica); O nos miente descaradamente para preservar su ‘relato’”.

En ambos casos, dijo Paulón, es “muy grave”, y a continuación publicó en su cuenta de X: “Para refrescar memorias acá su firma en el Decreto 206/24 del 28/02 que otorga el aumentazo (que no es automático)”.

Dos posibilidades 🤔
O firmó un Decreto sin leer (ni él ni su legal y técnica)
O nos miente descaradamente para preservar su "relato"
Ambas son muy graves 😪
Para refrescar memorias acá su firma en el Decreto 206/24 del 28/02 que otorga el aumentazo (que no es automático) https://t.co/cBGV8akUhs pic.twitter.com/ld0fZeGNp2

— Esteban Paulon 🌈💚 (@EstebanPaulon) March 9, 2024

Con ironía, también el diputado Martín Tetaz chicaneó al presidente Milei. “Estimado Presidente, me alegro que esta vez la demagogia les haya salido por la culata, pero no se haga el sorprendido, que la extensión del aumento a los cargos políticos está en el artículo 4 del Decreto que usted firmó”, le dijo el diputado radical.

Estimado Presidente, me alegro que esta vez la demagogia les haya salido por la culata, pero no se haga el sorprendido, que la extensión del aumento a los cargos políticos está en el artículo 4 del Decreto que usted firmó. https://t.co/MfSkFosksc https://t.co/tGTzVtEpkJ pic.twitter.com/ahFnBL9Ocm

— Martin Tetaz (@martintetaz) March 9, 2024

La respuesta de Cristina

No tardó en contestarle la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien a través de un posteo en su cuenta de X terminó enrolando al propio Milei en “la casta” y hasta le tiró un palito a su excompañero de fórmula.

“Lo hacía más valiente Presidente -tuiteó la exmandataria-. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue”.

Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la… pic.twitter.com/KOBgU3ySg0

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 9, 2024

Previsiblemente, el presidente no se quedó callado y le contestó lo siguiente: “Señora Cristina Kirchner, para hablar de valentía primero tiene que nombrar a la gente que critica y después desbloquearme en Twitter. Además, podría empezar también por hacerse cargo una vez de que usted es la responsable directa de la gestión 2019-2023, es decir, del peor gobierno de la historia argentina, al haber puesto al presidente Alberto Fernández y haberlo acompañado en la vicepresidencia durante los cuatro años logrando tan mal resultado para todos los argentinos que ni siquiera pudo presentarse a la reelección”.

El contrapunto se completó -por ahora- con la réplica de CFK: “Ay presidente… usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48% a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos… y de las argentinas también. Admita que firmó, cobró y lo pescaron”.

Y adjuntando los decretos en cuestión, completó: “Mire acá le reproduzco los dos decretos que firmó junto a su amiga y ministra de Desarrollo Social y su jefe de Gabinete, porque… quiero pensar que usted lee lo que firma, no? En el de enero no incluyó expresamente a las autoridades, y en el de febrero se incluyó usted y sus funcionarios. Como verá el decreto que yo firmé hace 14 años no tiene nada que ver. Saludos cordiales a usted y a su gabinete”.

Ay Presidente… usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48% a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos… y de las argentinas también. Admita que firmó, cobró y lo… pic.twitter.com/hLLb1v4aqb

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 9, 2024

El presidente Milei quiso quedarse con la última palabra y ya de noche tuiteó/anunció: “Hola @cfkargentina. Acabo de anular los aumentos de sueldo de todo el gabinete nacional. Ya que la vi tan preocupada por las jubilaciones ¿qué le parece si le anulo los $ 14.000.000 que cobra usted de jubilación de privilegio y le asigno una jubilación mínima? Estimo no va a quejarse. Saludos”.

pic.twitter.com/sPtEQRQvZi

— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 10, 2024

“El presidente nos miente a todos los argentinos y argentinas”, denunció este sábado la diputada Victoria Tolosa Paz, que recordó que “el presidente firmó un decreto el 29 de febrero donde se aplicó aumento a todos los cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo nacional pero luego hace una escenificación pública de que el aumento injusto es el de los diputados y senadores”.

“¿Saben cuánto aumentó el salario del presidente, los ministros, los secretarios y los subsecretarios de Estado?”, preguntó la diputada de Unión por la Patria, que respondió: aumentó un 48% entre enero y febrero”.

Por esa razón, anunció que presentarán un proyecto de ley con diputados de UP que permita derogar el aumento otorgado por las autoridades del Congreso nacional para los legisladores nacionales, “pero también pedimos que se derogue el aumento que decretó (Javier) Milei el pasado 29 de febrero y que impactó directamente sobre la liquidación de su propio salario y el de los altos cargos de su gobierno en un 48 %. A su vez, en el mismo proyecto pedimos que se suspendan el traslado de los aumentos paritarios para los altos cargos jerárquicos en todos los poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.

Tolosa Paz presentó el siguiente ejemplo para comprender mejor: “Un secretario de Estado en enero cobró 3.282.709,47 pesos y en febrero obtuvo un salario de 4.864.945,09 pesos. El incremento fue del 48 % real”.

Y adjuntó un cuadro “para que vean como nos mienten”.

“¿Quieren saber cómo se construyó ese aumento y la doble vara de Milei?”, preguntó a continuación la exministra de Desarrollo Social, y explicó: El presidente Javier Milei firmó el decreto 206/24 con fecha 29 de febrero en la que se autorizó un aumento del 12% en febrero para los cargos jerárquicos producto de la paritaria del empleo público, también se sumó un 14 % de la paritaria de diciembre que no se aplicó en enero para esos cargos y en el mes de febrero se incrementó la base general de cálculo de las remuneraciones del SINEP en un 16% (como se dice en la jerga del estado: la cantidad de UR)

Todos estos factores construyeron un salario con un 48 % de aumento para él y para los altos cargos de su Gobierno, cerró la legisladora de Unión por la Patria.

Segun @JMilei los diputados necesitamos mucho dinero para vivir…pero Oh sorpresa el y su séquito necesitan mucho más.
Si esto es cierto, son unos cínicos, incluyendo a los demagogos neo libertarios. pic.twitter.com/ajHKeGPcR3

— Monica Frade (@MonicaFradeok) March 9, 2024

Luego de que junto a otros referentes de la Coalición Cívica impulsaran una denuncia para frenar los aumentos desmedidos en las prepagas, el diputado de Vamos por Más (VxM) Hernán Reyes dialogó con parlamentario.com acerca del impacto que tuvieron esos incrementos en el sistema de salud y analizó las primeras medidas económicas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei.

-En los últimos días usted se refirió a los aumentos desmedidos en las prepagas, ¿se puede poner un freno a esa situación?

-En primer lugar, veo con mucha preocupación la situación de muchas personas que no están llegando a fin de mes. Esto se generalizó en la clase media y se vuelve más complejo con las prepagas. Acá hay un contexto económico muy difícil que debemos reconocer. Ese contexto tiene que ver con acciones del Gobierno y, mucho más, con acciones de Sergio Massa, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Que las prepagas tenían un atraso en los precios, es bastante probable porque el horizonte de aumentos durante el precio regulado fue pensado para contener una inflación que se disparó. No dudo de eso. Tampoco dudo que buena parte de esa asfixia terminó cayendo sobre los sanatorios y los profesionales de la salud. Ellos no solamente no vieron actualizaciones a la par, sino que reciben pagos de entre 90 y 180 días. A lo que voy es a que el sistema completo estaba roto. Ahora hay que ver bien cuál es la mejor salida porque abandonar a las personas no es el camino. Son personas, no números. Son todo tipo de familias, pacientes con enfermedades crónicas, oncológicos, con operaciones pendientes y nuestros jubilados. El sistema estaba mal, no quedan dudas. La regulación recaía sobre sanatorios y profesionales, pero la desregulación sin más abandona a las personas y, dudo, beneficie realmente a los sanatorios y profesionales. Nosotros pedimos que se analice el mercado y se proponga una regulación lógica, que cuide a las personas, sin volver al régimen de precios regulados.

-¿Cómo se puede terminar con la cartelización de las prepagas?

-El cartel tiene que terminar. Así como empezó, tiene que terminar. Si vamos a un sistema de libre mercado, entonces hay que cumplir con las reglas de competir. Eso es el piso, si no, estamos en el peor de los mundos. El problema de Argentina es el corporativismo, si es regulado por el Estado o desregulado, pero con carteles coordinados por las cámaras empresariales, el problema sigue. La competencia es la nota que permite evitar el abuso, tanto para los usuarios como de los proveedores. La UAS deberá presentarse en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y ser serios con esta denuncia. Explicar lo que tengan que explicar y cambiar su forma de operar. No pueden fijar precios, tampoco pueden fijar bandas de aumentos ni coordinar la política de las empresas con los proveedores de salud. Es bastante simple lo que tienen que hacer.

-Más allá de la situación con las prepagas, ¿qué análisis puede hacer acerca de la situación económica que está atravesando la Argentina?

-Como decía antes, la situación económica de Argentina es compleja. Estamos frente a un ajuste que explota en el mercado por la impericia del Gobierno anterior. Dejaron un desastre, al punto tal que están esperando guardados a que la gente se olvide del desastre que hicieron para empezar a criticar a Javier Milei. El ajuste cae sobre todos e impacta mucho entre vulnerables y la clase media. Estoy preocupado, por la situación de las prepagas, por las jubilaciones que quieren que estén a tiro de decreto, por los alquileres que no bajan, y un crecimiento sostenido de las crisis de salud mental, sea con adicciones o padecimientos agudos.  Veo a una Argentina rota, que necesita una salida. Muchos esperan que Milei cumpla con su promesa, y yo le deseo lo mejor, pero creo que para eso tiene que dialogar más con el futuro, que seguir bajo la narrativa populista del enemigo. No va alcanzar ese discurso cuando empeore todo. El consenso fue el discurso negado de la última campaña electoral. Se instaló la demonización del diálogo, el problema es que ya no estamos en campaña. Hay que gobernar.  Nosotros siempre tuvimos como bandera el contrato moral, es porque entendemos que es tiempo de dar un cierre a la violencia económica, institucional y de la palabra, Los discursos violentos solamente alimentan la cara más dura de la Argentina y nos llevará a una crisis sin límites. Elisa Carrió siempre habló de la anomia, de ahí es difícil volver. Estamos a tiempo de cambiar el curso, pero es con diálogo.

-Por último, ¿cree que las medidas implementadas por el Gobierno favorecerán la regulación de los precios?

-Supongo que te referís a si el mercado liberado va a lograr estabilizar los precios. Esa es la tesis del Gobierno, lo que necesita ser traducido a que la inflación baja como consecuencia de la recesión de la economía. Sí, esa regla debería suceder pero ¿a qué costo? El objetivo que tenemos es domar la crisis y ordenar el ajuste. Para eso hay que ser más pragmático y menos dogmático. Probar lo que nunca se hizo, cumplir con la ley. Dar certezas de seguridad jurídica y atender las necesidades con marcos de regulación razonables. La desregulación como tal no existe, es una fantasía o un discurso. Lo que hay es un cambio de una regulación a otra que se apalanca más en la oferta y la demanda. Está bien eso, podemos coincidir ahí, pero tenés que entender cada mercado para conocer su dinámica y ver dónde están las restricciones. El presidente en Davos decía que las fallas del mercado no existen. Con esa filosofía, claro que no va a entender el problema que tienen los pacientes crónicos o los jubilados cuando el sistema no les permite elegir con libertad su plan de salud. Pagar cuatro, cinco o seis veces un plan normal, no es una opción real. No verlo es de necio. Lo mismo creo para la entrada de las micro y pequeñas empresas en ciertos mercados o para afrontar sus costos. Hay algo ahí que atender. Lo mismo con los alquileres, no es tolerable que los inquilinos puedan ser expulsados sin más de un mes al otro sin incumplimientos. Cuando los modelos fallan, no hay que enojarse con la realidad, sino cambiar el modelo.

A semanas de que asuma el nuevo jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, la legisladora electa por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Cele Fierro, denunció que el actual alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, planea llevar adelante un “escandaloso tarifazo” en subtes, peajes, VTV, estacionamiento y taxis.

Según explicó la opositora “aumenta el subte entre diciembre y enero, casi 60 %, ya llevamos 100 % en el año. La VTV 10 4%, los peajes 49 %, el estacionamiento medido 118 % y la bajada de bandera del taxi ya está casi 600 pesos. Es todo escandaloso en un contexto de salarios por debajo de la canasta de pobreza”.

“Evidentemente, hay un trabajo en ‘pinzas’ que hacen Larreta-Macri: antes de irse, el felpudo sin competidor, le hace el trabajo sucio al primo-heredero para no quedarse sin trabajo en algún carguito público después de perder todo, por paliza de la gente. Son muy turbios”, agregó.

Asimismo, Fierro recordó que “en diciembre hay audiencias públicas convocadas. Lógicamente, son un mecanismo no-vinculante, para hacer ´como sí´ hubiera participación ciudadana. Por supuesto, vamos a inundar de participación igualmente esas audiencias, pero lo central es que las y los vecinos de CABA, todos los bloques de la Legislatura que se dicen opositoras a esta derecha ajustadora, tenemos que convocar a movilizar para rodear la Legislatura”.

“De hecho, el 24 de noviembre, tenemos una oportunidad: va a ‘rendir cuentas’ Felipe Miguel de ocho años de gestión. Convoquemos masivamente ese día, para que se escuche la voz de los que vivimos de ingresos que no alcanzan, usamos subte, y no tenemos ningún privilegio de casta”, completó.

Con el objetivo de cuidar el bolsillo y consumir de manera inteligente, Naranja X mandó elaborar un informe exclusivo a la consultora Focus Market para su blog “Hablemos de Plata”, sobre los valores de los útiles escolares: guardapolvos, cartucheras, mochilas y dispositivos tecnológicos necesarios para volver al cole, y en qué porcentaje aumentaron alguno de estos productos con respecto al año pasado.

Según el trabajo, para comprar un kit de útiles escolares clásicos desde cero, sin contar los libros y la indumentaria, se necesitan en total unos $10.442. En 2022 ese mismo listado costaba alrededor de $4.470, lo que conlleva un aumento interanual del 135%.  

Este combo incluye una mochila escolar básica, una caja de 12 lápices largos de colores, una caja de 10 marcadores escolares, una caja de 12 crayones de color, un adhesivo de 30 ml, una tijera de 12 cm, un sacapuntas de metal, un repuesto de 8 hojas para dibujo N.° 5 y unode 6 hojas para dibujo a color N° 5, una regla de acrílico de 20 cm, 2 paquetes de papel glacé, dos lápices negros, dos gomas de borrar, 12 rótulos autoadhesivos, un cuaderno tapa flexible de 48 hojas rayadas, dos cuadernos tapa flexible de 24 hojas rayadas y un cuaderno de 42 hojas forrado. 

En el caso de que se utilice guardapolvo, comprar uno nuevo tiene un valor de $7.250, versus los $2.999 que costaba el año pasado; un 142% más. Y, si se opta por renovar la mochila y/o la cartuchera, existen modelos para todos los bolsillos y colores.

Una mochila con tiras básica lisa o reforzada de 16 a 20 litros va de $3.999 a $23.290. Una de carrito de 23 a 28 litros puede costar de $21.900 a $55.800, y una de carrito con luces de 18 pulgadas gamer o de unicornio, cuesta desde $35.599 a $52.699. En cuanto a las cartucheras, una clásica con cierre oscila entre $1.890 a $23.290 y, una de dos pisos, entre $2.990 y $9.800.

Entonces, para acceder al pack de un guardapolvo, una mochila básica y el listado de los 21 útiles, se necesitan alrededor de $17.692, contra los $7.470 que costaba el año pasado. Y, si se reemplaza la mochila clásica por una con carrito, y la cartuchera con cierre por una de dos pisos, ese mismo combo se va a $58.938. 

“En el caso de los productos específicos para el rubro escolar, como guardapolvo y calzado, tuvieron incrementos interanuales de hasta el 142 %. El gobierno puede intentar acordar una canasta de útiles escolares con los diferentes proveedores de artículos escolares, pero será un acuerdo hacia adelante ya que el arrastre de variación de precios en las diferentes categorías no se puede retrotraer”, señaló Damián Di Pace, director de la Consultora Focus Market.

En tanto, el combo de útiles escolares para el secundario vale $10.169, sin considerar libros ni indumentaria. 

El kit incluye 2 bolígrafos azules, 2 negros, 4 de colores y uno roller, una carpeta con solapa de colores, un cuaderno espiral de 84 hojas rayadas y uno similar de hojas cuadriculadas, 2 gomas de borrar, un lápiz corrector, un lápiz portaminas con un set de 6 minas, una regla transparente de 20 cm, 4 resaltadores gruesos color pastel y 2 finos, un sacapuntas de metal, un set de 6 microfibras de colores, una tijera de 17 cm y una voligoma de 30 ml. 

Sobre los dispositivos tecnológicos para estudiar, el informe revela que es clave contar con una buena compu o celular, junto con accesorios que simplifiquen estudiar y hacer las tareas del cole. En este sentido, hacerse de un kit tecnológico desde cero tiene un valor de alrededor de $119.596 versus los $57.657 que costaba el año pasado, lo que marca un 107% de aumento interanual.

Este contiene una impresora que cuesta desde $27.499; una notebook que arranca en $84.999; unos auriculares con micrófono integrado, que se puede conseguir por un valor de $4.199; y, por último, pero no por eso menos importante, el servicio de conexión a internet que como económico, vale $2.899.

Si en vez de una notebook se opta por comprar un teléfono inteligente 4G, y se decide no adquirir una impresora, el valor del kit desciende a $74.648, que tomando como referencia los $34.748 de 2022, se traduce en un aumento interanual del 115%.

Tras oficializarse la decisión de la Superintendencia de Servicios de Salud de autorizar a las prepagas un aumento para diciembre del 13,8%, la vicepresidenta Cristina Kirchner salió a criticar la decisión del Gobierno -que integra-, al considerar que esa suba es “inaceptable” al tiempo que “agrava al proceso inflacionario”. 

“Resulta francamente inaceptable el nuevo aumento, esta vez de dos dígitos (13,8%), que el Gobierno autorizó a las empresas de medicina prepaga, y que de esta manera suman el 114% anual de aumento otorgado. O sea, más de un 20% sobre la inflación anualizada”, escribió este miércoles en su cuenta de Twitter y, a los pocos minutos, se volvió tendencia. 

En el hilo, reveló: “Oportuna y reservadamente, manifestamos nuestra opinión contraria a seguir concediendo aumentos que afectan a las familias argentinas en un servicio imprescindible como el de la salud y que además agrava al proceso inflacionario”. 

El nuevo reajuste se calculará sobre el valor de la cuota del mes actual, la cual se había modificado en 11,53% el anterior mes. Durante el 2022 hubo ocho aumentos y el de diciembre será el más elevado, por lo que provocará que, respecto a 2021, la mensualidad de la medicina prepaga cueste el doble.

El sector privado había impulsado criterios para las variaciones de los precios y así evitar la discrecionalidad de las autoridades y, además, porque eso se había establecido hace años en una ley, pero no se había puesto en práctica. Sin embargo, el sistema actual de aumentos fue dispuesto con vigencia solo para 2022 y no se conoce aún cómo se definirán las actualizaciones de valores de cuotas para el año que viene.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por Ricardo Buryaile, presentaron un proyecto de ley para modificar el artículo 8° de la Ley 24240 de Defensa del Consumidor, con el objeto de proteger a los usuarios de servicios de televisión, teléfono o internet, de aumentos no informados previamente por las empresas proveedoras.

La iniciativa prevé la inclusión del artículo 8° ter: “Las modificaciones de precios, valores y/o reducción de prestaciones de los servicios que sean establecidos por el proveedor, deberán ser informados en forma cierta, clara y detallada con una antelación mínima de 45 días corridos a su entrada en vigencia, caso contrario se tendrán por no convenidas”.  

“Las situaciones que se presentan, varían de acuerdo a las empresas, pero en la mayoría de los casos, los usuarios no son informados de los aumentos de precios y se ven obligados a pagar facturas cada vez más altas por servicios prestados a precios que desconocen”, destacó Buryaile.

Agregó que “la ley actual no establece un período previo para notificar una modificación de precios al consumidor, y en este contexto de alta inflación y ante contratos de larga duración las empresas, en general, no informan los cambios en sus precios o simplemente publican los aumentos en la web, sin notificar a los usuarios, que no tienen más opción que aceptar el aumento o dar de baja el servicio”.

“Actualmente, la Ley de Defensa del Consumidor sólo establece el derecho de los usuarios y consumidores a la información adecuada y veraz, en sintonía con el Artículo 42º de la Constitución Nacional. El proyecto de ley que presentamos materializa este derecho en forma concreta, imponiendo a las empresas la obligación de informar con una antelación mínima y de manera fehaciente cualquier modificación en la prestación de sus servicios”, remarcó Buryaile.

Acompañan esta iniciativa los diputados de JxC Lisandro Nieri, Margarita Stolbizer, Martín Berhongaray, Héctor Stefani, Manuel Aguirre, Paula Oliveto, Leonor Martínez Villada, Laura Castets, Gabriela Brower De Koning, Roberto Sánchez, Gabriela Lena, Lidia Ascárate, Jorge Rizzotti y Marcos Carasso.

Al registrarse este lunes el quinto aumento del año, el diputado Martín Berhongaray (UCR – La Pampa) reiteró el pedido para que el Poder Ejecutivo Nacional explique “sobre los constantes y sostenidos aumentos de combustibles que se vienen registrando, y si dichos aumentos requieren la modificación de la pauta inflacionaria prevista en la Ley de Presupuesto 2021”.

Señaló que “los constantes y sostenidos aumentos reseñados no sólo no se condicen con la pauta y meta inflacionaria previstas en el Presupuesto 2021 sino que, además, tienen un fuerte impacto sobre la sustentabilidad y capacidad de desarrollo de los sectores industrial, productivo y de transporte del país que encuentran serias dificultades para absorber los costos de dichos incrementos”.

“Se trata de obtener información relativa a los aumentos ya producidos y los proyectados para el resto del año, en donde se conjugan, subas impositivas a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, ajustes en el componente biocombustibles y recomposición en los márgenes de ganancias de las compañías petroleras, entre otros factores de relieve”, afirmó Berhongaray.

Solicitó que se explicite el impacto inflacionario producido por las actualizaciones al impuesto sobre los combustibles líquidos (ICL) y el impuesto al dióxido de carbono (IDC) dispuestas por Decreto N° 35/2021, y cuál será la política de actualización del valor del ICL y del IDC, durante el año en curso.

De igual forma, que se informe el impacto inflacionario producido por los aumentos transitorios en la dosificación de las mezclas de combustibles y de las subas en los precios de los “biocombustibles” autorizados por las Resoluciones Secretaría de Energía N° 1/2021 y N° 2/2021.

Pidió también que se aclare cómo dichos incrementos impactan sobre la meta de estabilidad económica, señalada por el PEN en el Mensaje de Remisión del Proyecto de Ley de Presupuesto 2021, como tercera condición del modelo macroeconómico propuesto para dicho presupuesto.

Además, que se detallen los estudios económicos que avalen el cronograma oficial de los ajustes en el componente “biocombustibles” de la nafta y el gasoil previstos para los meses de marzo, abril y mayo próximos, el impacto inflacionario que derivará de dichos ajustes y cuál será la política de ajustes en el componente “biocombustibles” para los meses subsiguientes.

“En los últimos meses del año pasado, los combustibles habían registrado un aumento promedio del 15%, a los que se adiciona en lo que va del presente, un incremento próximo al 10%”, destacó el diputado.

Acompañan con sus firmas esta iniciativa los diputados de Juntos por el Cambio Lidia Ascárate,  Aída Ayala, Gabriela Burgos, Alejandro Cacace, Soledad Carrizo, Gerardo Cipolini, Virginia Cornejo, Ximena García, Gabriela Lena, Juan Martín, Lorena Matzen, Gustavo Menna, Luis Pastori, Estela Regidor, Jorge Rizzotti, Héctor Stefani, Alicia Terada, Jorge Vara y Federico Zamarbide.

El diputado Martín Berhongaray (UCR – La Pampa) presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo Nacional brinde explicaciones sobre los “constantes y sostenidos” aumentos de combustibles que se vienen registrando, y si dichos aumentos requieren la modificación de la pauta inflacionaria prevista en la Ley de Presupuesto 2021.

“Los constantes y sostenidos aumentos reseñados no sólo no se condicen con la pauta y meta inflacionaria previstas en el Presupuesto 2021 sino que, además, tienen un fuerte impacto sobre la sustentabilidad y capacidad de desarrollo de los sectores industrial, productivo y de transporte del país que encuentran serias dificultades para absorber los costos de dichos incrementos”, sostiene Berhongaray.

Agregó: “Se trata de obtener información relativa a los aumentos ya producidos y los proyectados para el resto del año, en donde se conjugan, subas impositivas a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, ajustes en el componente biocombustibles y recomposición en los márgenes de ganancias de las compañías petroleras, entre otros factores de relieve”.

El legislador solicita que se explicite el impacto inflacionario producido por las actualizaciones al impuesto sobre los combustibles líquidos (ICL) y el impuesto al dióxido de carbono (IDC) dispuestas por Decreto N° 35/2021, y cuál será la política de actualización del valor del ICL y del IDC, durante el año en curso.

De igual forma, que se informe el impacto inflacionario producido por los aumentos transitorios en la dosificación de las mezclas de combustibles y de las subas en los precios de los “biocombustibles” autorizados por las Resoluciones Secretaría de Energía N° 1/2021 y N° 2/2021.

Además pide que se aclare cómo dichos incrementos impactan sobre la meta de estabilidad económica, señalada por el PEN en el Mensaje de Remisión del Proyecto de Ley de Presupuesto 2021, como tercera condición del modelo macroeconómico propuesto para dicho presupuesto.

También que se detallen los estudios económicos que avalen el cronograma oficial de los ajustes en el componente “biocombustibles” de la nafta y el gasoil previstos para los meses de marzo, abril y mayo próximos, el impacto inflacionario que derivará de dichos ajustes y cuál será la política de ajustes en el componente “biocombustibles” para los meses subsiguientes.

 “En los últimos meses del año pasado, los combustibles habían registrado un aumento promedio del 15%, a los que se adiciona en lo que va del presente, un incremento próximo al 10%”, destacó el diputado.

En medio de una crisis sanitaria y social sin precedentes por la pandemia del Covid-19, la diputada Fernanda Vallejos presentó un proyecto de ley para suspender “cualquier tipo de modificación en los precios y tarifas de los servicios de telefonía fija y móvil, Internet y televisión por cable, por vínculo radioeléctrico y satelital con cobro a usuarios, a partir del 1° de marzo y  durante la vigencia del ‘Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio’ establecido  por el Decreto 297/2020”.

La iniciativa apunta a mitigar el impacto económico que implica el parate de la actividad por el aislamiento social, en línea con el amplio paquete de medidas que tomó el gobierno nacional para trabajadores informales, asignaciones sociales, empresas y monotributistas, entre otros sectores. Y se produce luego del fuerte aumento de hasta 30% aplicado por las empresas telefónicas y cableras en precios en telefonía, TV por cable e Internet, según señaló Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de Defensa de los Usuarios y Consumidores (ADDUC).

El proyecto es acompañado por otros 49 legisladores, entre los cuales se encuentran el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, el titular del Partido Justicialista y tres veces gobernador de San Juan, José Luis Gioja, el referente del radicalismo, Leopoldo Moreau y Hugo Yasky, titular de la CTA.

“Consideramos especialmente que en el marco de la pandemia del coronavirus Covid-19 y ante la significativa disminución de los ingresos que la mayor parte de la población está padeciendo, el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados  y restringiendo decisiones de ajuste tarifario en plena pandemia”, argumentó el proyecto de la presidenta de la Comisión de Finanzas.

Los servicios de telecomunicaciones, Internet fija y móvil y servicios digitales fueron declarados como “servicios esenciales en la emergencia”, según el Decreto 311/2020, que determinó la prohibición de proceder al corte o suspensión de los servicios en caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas consecutivas o alternativas por el plazo de ciento ochenta días para un conjunto de determinados usuarios para los servicios de telefonía fija y móvil, Internet, y TV por Cable y satelital.

Este viernes, mediante el Decreto 426/2020 y considerando la evolución de la pandemia, el Poder Ejecutivo extendió la prórroga para no suspender los servicios mencionados que estableció el decreto 311/2020. Sobre todo, en defensa del desarrollo de la vida diaria y más aún  en el actual estado de aislamiento que vuelve esenciales estos servicios para obtener información en materia de salud, conocer las nuevas disposiciones oficiales y poder acceder a los contenidos educativos de los programas virtuales para niños, niñas y adolescentes.

Por su parte, Telefónica reconoció en un comunicado que envió a Vallejos los aumentos aplicados. “En relación al aumento que impactó en el mes de marzo de 2020, cabe mencionar que se trata de cambios en las condiciones comerciales que Movistar notificó a sus clientes en noviembre de 2019, con entrada en vigencia a partir del 9 de diciembre de 2019”.

El proyecto de Vallejos se sustenta en el artículo 42º de la Constitución Nacional,  en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en cuanto a la relación de consumo, protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a la vez que a una información adecuada y veraz.

También se enmarca en el pedido que hicieron el jueves  una veintena de asociaciones de usuarios y consumidores al Enacom, para la anulación de los aumentos dispuestos por las empresas prestatarias de los servicios de televisión por cable, internet, telefonía fija y móvil durante la cuarentena.