La Corte entregó el proyecto "de autarquía" a las autoridades de la Legislatura provincial

Las máximas autoridades legislativas visitaron la Suprema Corte de justicia provincial para recibir de manos de los ministros el proyecto de Ley sobre la autarquía económica del Poder Judicial.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCBA), Sergio Gabriel Torres, junto al vicepresidente del Tribunal, Daniel Fernando Soria, recibieron a la vicegobernadora y presidenta de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, y al presidente de la Cámara de Diputados provincial, Alejandro Dichiara para hacerles entrega del proyecto de ley de Autonomía Presupuestaria y Autarquía Económica del Poder Judicial.

En el marco de la reunión llevada adelante en la Sala de Acuerdos del Tribunal, se hizo entrega a las autoridades de la Legislatura del proyecto de ley de Autonomía Presupuestaria y Autarquía Económica para el Poder Judicial elaborado por la SCBA.

En el encuentro, del que participó el titular del Área Electoral de la Dirección de Asesoramiento Técnico en relación a los Órganos de la Constitución SCBA, Carlos Safadi Márquez, también se dialogó “sobre otros temas orientados a afianzar la gestión entre ambas instituciones”, según se consignó.

Presentado en un acto público el pasado 28 de abril, el proyecto de autarquía judicial impulsado por la Suprema Corte de Justicia cuenta con la participación y el acuerdo de la Procuración General, el Colegio de Magistrados y Funcionarios provincial (CMFBSAS), la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), el Colegio de Abogados provincial (COLPROBA), y la adhesión de múltiples poderes judiciales del país, incluida la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS).

De esta forma, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha presentado formalmente ante el Poder Legislativo un proyecto de ley orientado a garantizar la autonomía presupuestaria y la autarquía económica-financiera del Poder Judicial.

Esta iniciativa propone facultar al Poder Judicial para gestionar sus recursos, incluyendo la captación de hasta el 50% de las utilidades de los depósitos judiciales del Banco Provincia.

Dichos fondos se destinarán a un fideicomiso de infraestructura e innovación tecnológica durante tres décadas.

Además, se impulsa una equiparación salarial con la Justicia Federal mediante un plan de cinco años y se establece un esquema de distribución del 65% para la administración de Justicia y el 35% para el Ministerio Público, con consenso de la Procuración, Magistrados y la AJB.

El proyecto, que incluye mecanismos de transparencia y control bicameral, seguirá el proceso legislativo de la provincia; pero nadie sostiene que finalmente el proyecto se trata en el corto plazo, pues se trata de una idea que la Corte reformula a lo largo del tiempo sin mayores consecuencias concretas.

La Suprema Corte bonaerense pide “cobertura de vacantes” y “autarquía económica” del Poder Judicial

El presidente la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires Sergio Gabriel Torres exhortó al gobierno y la legislatura sobre dos cuestiones “claves”.

En un acto institucional encabezado por su presidente Sergio Gabriel Torres, la Suprema Corte de Justicia exhortó al gobierno y la legislatura por la cobertura de vacantes del Tribunal y presentó el Proyecto de ley sobre Autonomía Presupuestaria y Autarquía Económica para el Poder Judicial.

Junto con el vicepresidente de la SCBA Daniel Fernando Soria, la ministra Hilda Kogan, y el procurador general Julio Conte-Grand, el doctor Torres expresó que la cobertura de las vacantes en el superior Tribunal, que actualmente funciona con tres integrantes de siete, “no es una cuestión diferible ni accesoria, sino una condición indispensable para garantizar el gobierno del Poder Judicial, la coherencia de su dirección estratégica y la legitimidad de sus decisiones que este nuevo esquema demanda”.

En la presentación, efectuada en la Sala de Audiencias de la SCBA, añadió que “postergar las designaciones es debilitar el sistema, avanzar en ellas es fortalecer el Estado de Derecho”.

En torno a ello, en representación del Tribunal, exhortó a los poderes constitucionales de la provincia de Buenos Aires: tanto el Ejecutivo, como el Legislativo a través del Senado, para que se aboquen “a la urgente cobertura de las vacantes” y así darle a la provincia una Corte integrada con sus siete miembros, conforme la manda Constitucional y las leyes vigentes.

A continuación, el presidente de la Corte provincial presentó el proyecto de ley que regula la Autonomía Presupuestaria y Autarquía Económica para el Poder Judicial.

Con respecto a ello, Torres afirmó que “la autarquía judicial no debe ser considerada una concesión política ni un privilegio corporativo, sino la respuesta a una manda constitucional, directamente ligada al principio de división de poderes, la tutela judicial efectiva y la Constitución provincial, que la consagra desde su artículo primero”.

El doctor Torres destacó que se trata de un proyecto de ley “con un consenso amplio y sostenido, construido con la participación y el acuerdo” de la propia Corte, la Procuración General, el Colegio de Magistrados y Funcionarios (CMFBSAS), la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y los colegios de Abogados; con la adhesión de múltiples poderes judiciales del país, incluida la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de la provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus).

En relación con ello, acompañaron el desarrollo de la presentación y rubricaron el proyecto de ley respectivo el presidente del CMFBSAS, Matías Rappazzo, la presidenta de la Comisión de Funcionarios de dicha entidad, Erika Rodríguez Merino; el presidente del Colegio de Abogados provincial (COLPROBA), Bienvenido Rodríguez Basalo; y el secretario general de la AJB, Hugo Daniel Russo.

El acto contó, asimismo, con la participación de representantes de colegios de magistrados y abogados departamentales, universidades, jueces del Tribunal de Casación Penal y otros órganos jurisdiccionales de la provincia, funcionarios y agentes.