El Informe de Avance enviado al Congreso por el Ministerio de Economía ratifica que el proyecto de Presupuesto 2027 estará sustentado en el equilibrio de las cuentas públicas, la desaceleración de la inflación y la continuidad del crecimiento económico. También prevé una reducción del desempleo, la pobreza y la indigencia, mientras mantiene una política de austeridad en el gasto y la inversión pública.
El Gobierno remitió al Congreso el Informe de Avance sobre la elaboración del Presupuesto General de la Administración Nacional para 2027, documento que adelanta los principales lineamientos que contendrá el proyecto de ley que deberá ingresar al Parlamento antes del 15 de septiembre.
El texto, firmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, ratifica que la administración de Javier Milei mantendrá como eje central de su política económica el equilibrio fiscal, al tiempo que proyecta una continuidad del proceso de crecimiento económico iniciado tras la estabilización macroeconómica impulsada desde diciembre de 2023.
Según el informe, el Presupuesto 2027 tendrá metas orientadas a “preservar el orden de las cuentas públicas”, mantener el superávit fiscal y profundizar las reformas destinadas a reducir regulaciones, bajar impuestos y recuperar el acceso al financiamiento.
En materia macroeconómica, el Palacio de Hacienda sostiene que entre 2027 y 2029 continuará la normalización de la economía, con un crecimiento del Producto Interno Bruto sustentado en una mayor inversión, la recuperación del consumo privado y una contribución positiva del sector externo. También prevé una desaceleración significativa de la inflación, una mejora de los salarios reales y del ingreso de los hogares, así como una reducción del desempleo.
El documento agrega que los indicadores sociales mostrarían una evolución favorable, con una disminución gradual de la pobreza y la indigencia y una mejora en la distribución del ingreso medida por el coeficiente de Gini.
Respecto de la obra pública, el informe confirma que continuará vigente una política de fuerte selección y priorización de proyectos. Los criterios definidos por el Gobierno privilegian las obras ya iniciadas y, entre los nuevos emprendimientos, aquellas que generen empleo, impulsen exportaciones, mejoren la balanza energética, promuevan el desarrollo tecnológico o cuenten con financiamiento externo.
En línea con la estrategia de ajuste y racionalización del gasto, Economía destacó que la demanda de inversión pública para 2027 asciende a 1.765 proyectos por un total de $10,2 billones, una cifra inferior a los 2.014 proyectos registrados en 2026 y muy por debajo de los 4.496 contabilizados para 2025.
El informe también incluye un balance de la ejecución presupuestaria de los primeros cinco meses de 2026. Al 31 de mayo, la Administración Nacional registró un superávit primario de $8,4 billones, equivalente al 0,7% del PBI, y un resultado financiero positivo de $2,66 billones. Los ingresos totalizaron $59 billones y los gastos $56,4 billones.
Entre las erogaciones se destacó el peso de los servicios sociales, que representaron el 73,9% del gasto ejecutado. Dentro de ese rubro sobresalen las partidas destinadas a seguridad social, educación, salud y asistencia social.
Por último, el trabajo señala que el Gobierno continuará promoviendo el saneamiento fiscal de las provincias y la reducción de la litigiosidad entre la Nación y las jurisdicciones subnacionales. En ese sentido, informó que veinte provincias y la Ciudad de Buenos Aires ya adhirieron al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, mientras que siete jurisdicciones suscribieron acuerdos específicos para avanzar en la compensación de deudas.