El bloque de diputados de la Coalición Cívica presentó un proyecto para transparentar el uso y evitar el abuso de los aviones oficiales y prohibir su utilización personal, política y/o electoral porque: “El uso personal y político de las aeronaves públicas es una práctica consolidada desde hace años a la que Milei no debería plegarse”.

La iniciativa propone la creación de un Registro Público donde los funcionarios deberán informar cada uno de los traslados realizados y sus costos. “Se debe prohibir de manera expresa el uso personal, político y electoral de las aeronaves del Estado, para evitar que se desvíen de su propósito público para servir a intereses particulares”, explicaron.

El objetivo es optimizar la gestión de las aeronaves del Estado y garantizar su disponibilidad para la prestación efectiva de servicios públicos. Además, busca promover el uso responsable y austero terminando con una práctica consolidada de la política que utiliza estos recursos públicos discrecionalmente.

“Desde Cristina Kirchner que se hacía llevar los diarios a Río Gallegos en el Tango 03 y viajaba en el avión de YPF hasta los gobernadores que utilizan los aviones sanitarios como si fueran propios, la política desvía recursos que deberían estar al servicio de la sociedad”, expresó Juan Manuel López, presidente del bloque en Diputados.

Para el diputado, la utilización abusiva de las aeronaves públicas fue posible debido a la falta de una norma que regule el registro, control y seguimiento sobre el uso de estos recursos. A su vez, agregó que, “la sociedad nos reclama gestos de austeridad. El Presidente Javier Milei no debería habituarse a este tipo de prácticas”.

La Cámara Federal de Casación anuló este jueves el procesamiento contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en una causa en la que había sido procesada por el juez Claudio Bonadío -ya fallecido- por el supuesto uso irregular de la flota presidencial para el traslado de muebles hacia la provincia de Santa Cruz, y le ordenó que se dicte un nuevo fallo.

El máximo tribunal penal hizo lugar a un planteo de la defensa de la expresidenta por la presunta falta de imparcialidad del juez Bonadío, que fue quien formuló la denuncia, se quedó con la investigación en lugar de promover el sorteo de otro magistrado para el trámite, y finalmente dispuso el procesamiento.

La resolución anulada, conocida como “Vuelos canillitas”, había sido emitida por la Cámara Federal porteña cuando decidió rechazar un planteo de la defensa de la exmandataria que reclamaba la nulidad de lo actuado por Bonadío, dado que el fallecido magistrado había obrado como denunciante (al extraer testimonios de la causa de los cuadernos) y luego como instructor de la causa.

En la causa también había sido imputado el senador Oscar Parrilli, quien acompañó la recusación contra Bonadío y los cuestionamientos por su actuación como denunciante y juez de su propia denuncia.

"La pesquisa del presente expediente data de hechos que habrían sido cometidos entre 2003 y 2015 y fue iniciada tres años después de haber cesado la presunta comisión del delito, a instancias del propio magistrado recusado, que ordenó la extracción de testimonios en el marco de otro proceso a su cargo, originando de este modo la persecución penal", señala el fallo, firmado por los jueces Alejandro Slokar y Carlos Mahiques.

La Cámara Federal había rechazado los planteos contra el origen y la instrucción de la causa, al tiempo que confirmó parcialmente el procesamiento contra la vicepresidenta.

La Casación consideró que "las circunstancias reseñadas dan cuenta, por un lado, del fundado temor de parcialidad respecto del entonces magistrado actuante, impedido desde siempre de haber intervenido en este expediente".

Además, el fallo evaluó que ante los argumentos de la expresidenta y de Parrilli "se omitió dar adecuado tratamiento a la nulidad planteada en torno a la presunta afectación de la garantía del juez natural y de imparcialidad, motivada en la circunstancia de que la presente investigación estuviera a cargo del mismo juez que dispuso la extracción de testimonios que dio origen al proceso".

El tercer juez del tribunal, Guillermo Yacobucci, se inclinó por rechazar el planteo de la vicepresidenta porque "no se dirige contra una sentencia definitiva".

En noviembre de 2019, los jueces de la Sala 1 Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi habían confirmado de manera parcial el procesamiento que pesaba sobre la expresidenta por el uso de la flota presidencial: le dictaron la falta de mérito por haberla utilizado para transportar diarios e informes de prensa, pero le confirmaron el procesamiento por el supuesto traslado de muebles.

En el mismo fallo, aunque en este caso por mayoría y no por unanimidad, los jueces del tribunal de apelaciones decretaron la falta de mérito para el senador Parrilli.

Tanto la expresidenta como su exfuncionario habían sido procesados por el fallecido Bonadío, acusados de haber cometido el delito de "peculado", dado que el magistrado los responsabilizó por "haber usado y/o haber ordenado el uso de los aviones de la flota presidencial con el único fin de llevar diarios a Néstor Kirchner y/o a Cristina Fernández de Kirchner a las ciudades de Calafate y/o Río Gallegos cuando cualquiera de ellos se encontraba en dichas ciudades".

"Ello habría sucedido en forma regular entre los años 2003 y 2015, mientras Néstor Kirchner ejerciera la Presidencia del país, y Cristina Fernández fuera senadora nacional o presidenta, en tanto que Oscar Parrilli era secretario general de la Presidencia, de la cual dependía la Casa Militar y la Agrupación Aérea Presidencial y se realizaba en los aviones Tango 02, 03, 04 y/o Tango 10 y excepcionalmente en el avión denominado 5T20", sostenía la acusación en su contra.

También habían sido acusados de "haber usado y/o el haber ordenado el uso del avión Tango 01 en varias oportunidades para transportar desde el exterior muebles, ropa de blanco y u otro tipo de enseres cuyo destino final era alguno de los hoteles de la ciudad del Calafate, propiedad de la familia Fernández-Kirchner".

La causa de los "Vuelos canillitas" es uno de los procesos por los cuales el fallecido Bonadío había sometido a la expresidenta a una maratón de ocho declaraciones indagatorias el 25 de febrero de 2019.