El aborto es la primera causa de muerte en Argentina

Por Ayelén Alancay. La precandidata a gobernadora bonaerense por Nueva Unión Celeste se basa en datos de un informe que cuantifica esa cifra en más de 240 mil.

Frente a los eternos debates filosóficos, o incluso ante las discusiones de orden ideológico, nada mejor que la frialdad de los números y las estadísticas, y más aún cuando se basan en datos oficiales.

Desde la legalización del aborto hace dos años y medio ya han muerto -y desaparecido- más de 240.000 argentinos. Según el informe del Ministerio de Salud, 265 argentinos pierden la vida cada día, a manos de un pequeño grupo de 1793 “efectores de salud”, de los cuales muchos ni siquiera son médicos.

Es que la realidad de la práctica es bien conocida por los galenos que estudiaron para salvar vidas, pero que además conocen de primera mano la dolorosa y peligrosa técnica, razón más que valedera para que la mayoría de ellos (al igual que en otros países donde aún es legal) se declare objetor, o simplemente se niegue a hacerlos.

Ello ubica a los abortos como la primera causa de muerte en la Argentina, con aproximadamente 120.000 abortos anuales, si sumamos a los 96.664 confesados en 2021 los abortos clandestinos y del sector privado, muy por encima de los 90.000 que mueren por enfermedades coronarias, y duplicando a los muertos por cáncer.

Incluso si sumamos todos los homicidios sobre personas nacidas, todos los decesos por accidentes de tránsito, y las víctimas de violencia, entre todos no alcanzaría ni al 10 % de los decesos prenatales por aborto.

Frente a la más cruda realidad, nada mejor que un camino de compromiso para resolver esa realidad. Desde el 2018 entendí con toda claridad que el problema del aborto es netamente político: son los políticos quienes lo trajeron por presiones extranjeras, mientras los argentinos de bien, que pagamos impuestos, recibimos esa bomba sin siquiera estar de acuerdo, ni parcialmente.

Por ello cambié el destino de mi vida, que ya se encontraba volcada a la vocación de servicio desde la Fundación Mas Vida, para sumar la solución en el barro político (que es donde empezó el problema), y fundamos el Partido Celeste Provida, el primero de su tipo en el mundo, y ejemplo para muchos países como Uruguay o Paraguay.

Hoy en la Conferencia de Prensa que tuvimos en el Hotel Savoy brindé todos los detalles de cómo desactivar esta bomba, y la necesidad de contar con un espacio político que nos represente, como es este año la Nueva Unión Celeste, que conformamos junto al NUC para dar una alternativa limpia a los electores.

Ya todos saben que el verdadero voto útil es aquel que es respetuoso de tus valores e ideales, más allá del resultado esperable. Porque de nada sirve votar con la nariz tapada, si de esa forma sos funcional a que otros 120.000 argentinos pierdan la vida de la forma más violenta e infame. De nada.

Si no empezamos a cambiar la política desde la esencia fundamental, estaremos condenados al fracaso de forma indefinida.

La vida empieza en la concepción, y la política en tu compromiso. El mío ya lo tenés.

Las distintas varas de la Justicia

Por Ayelén Alancay. La vicepresidenta de la Fundación Mas Vida denuncia que la Justicia absuelve o condena a quien supone juzgar “en función del poder político de turno”.

Pocas cosas irritan tanto como cuando la Justicia, asumiendo su inevitable condición humana, y haciendo propias sus más vergonzosas miserias, corre patéticamente la venda de sus ojos, a fin de absolver o condenar a quien supone juzgar, no en función del delito cometido, sino del poder político de turno, y lo que desde allí se ordena. 

En una evidente falta de independencia de los poderes del Estado, que siquiera podría haber imaginado el Marqués de Montesquieu, en Argentina ser delincuente no es una condición a la que se llega por cometer delitos, sino dependiendo de la “palanca política” que se tenga. Hartos ya de pretender disfrazar de “convivencia” la insoportable prepotencia de algunos “dirigentes” que atentan verbalmente contra todo y contra todos, amenazando incluso a la misma policía, en aras de la poco delimitada libertad de expresión, respaldada por funcionarios que poco representan a la población, y que escondidos en posiciones de poder, recurren a frases como “no todas las vidas valen igual”, o que habría que desaparecer a un determinado periodista, asumimos como propia la denuncia ante la escandalosa injusticia de gran parte de la justicia argentina. 

Hace pocos días pudimos observar atónitos como la Policía Federal se llevaba detenido a un periodista por supuesta amenaza de muerte a una expresidente, en algo así como una “interpretación” amenazante sobre sus dichos de que “de esta no saldría viva”. Aquí no hubo libertad de expresión, ni la sola duda sobre si sería una amenaza o una advertencia, sino determinación sobre comisión de delito. Fue imputado, procesado, y detenido, con una celeridad inédita en el Poder Judicial Argentino, como si su sola libertad pudiera implicar un peligro para la sociedad. Claramente no representaba riesgo alguno, sino un intento de disciplinar a la disidencia de opinión. 

Solo para denotar el nivel de contraste que la “palanca” produce en un poder servil a la política de turno, alcanza con mencionar a las diputadas nacionales Brenda Austin, Silvia Lospennato, Karina Banfi, Carla Carrizo, Mónica Macha y Josefina Mendoza, todas denunciadas penalmente por la Fundación Mas Vida, por incitar a “quemar la catedral” en ocasión de un acto pro-aborto. Las denunciadas podrían haber sido igualmente repudiadas por su participación en un evento que impulsa la despenalización de un genocidio, independientemente de su postura personal, pero mucho más aún por revestir del cargo de representante de la sociedad. Razones más que suficientes en un país desarrollado para procesar a un representante como sucede, por ejemplo, con aquellos congresistas que participan de eventos neo-nazis. 

No obstante, las denunciadas fueron llevadas a la Justicia por algo mucho más grave, como propiciar a cometer crímenes de odio, lo que es un crimen en sí mismo, atentando igualmente contra el Art. 212 del Código Penal Argentino, y contra la Ley 23.592 por “persecución u odio a una religión”. Sin embargo, por muy grave que pueda resultar este accionar, hasta el momento ninguna de las denunciadas resultó detenida. Tampoco procesadas, ni siquiera imputadas. Ni necesitaron esconderse detrás de sus fueros, a los que pedimos públicamente que renuncien, en atención a la imperiosa necesidad de encausar la investigación procesal. Hasta el momento al menos, la celeridad concedida al simple periodista, no tuvo lugar en este juzgado. ¿Tendrá algo que ver la palanca política, en una retórica que nos llama a preguntarnos qué nivel de independencia existe en la Justicia, si es que acaso existe tal cosa? 

La única noticia favorable es que, a pesar de todo, aún estamos a tiempo de impartir justicia, en una esperanza de forjar un futuro mejor, pero tal vez demande, al igual que en los primeros tiempos de nuestra república, el compromiso y aporte de todos.