Con el rechazo de los opositores de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, el oficialismo junto con aliados se alzó con el dictamen de mayoría del proyecto de un nuevo Régimen Penal Juvenil que llevará este jueves al recinto de la Cámara de Diputados en una sesión especial para lograr su media sanción.

El despacho se logró en un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda de Diputados, en medio de un debate que, por momentos, tuvo picos de tensión. El encuentro se llevó a cabo en el segundo piso del Anexo “C” desde las 10.30 cuando la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, aclaró que “son más de 20 proyectos que han sido incorporados en el temario y tienen estado parlamentario y versan sobre la temática”.

El dictamen de mayoría reunió 78 firmas entre los bloques LLA, Pro, UCR, Innovación, Independencia, Producción y Trabajo, MID, Provincias Unidas.

El debate

El primero en hacer uso de la palabra fue el libertario Manuel Quintar (Jujuy) recordó que en el período anterior se realizó un “arduo trabajo” que hicieron las diferentes comisiones donde “se invitó una enorme cantidad de expositores representantes de todos los organismos que tienen incumbencia en esta temática tan importante”, y remarcó que incluso se escuchó a referentes de la Iglesia: “Se escucharon a todas las personas que tiene que ver con la materia”.

“Es un tema que se trabajó muchísimo y estamos en condiciones con el respeto y escuchando a los nuevos diputados, para avanzar rápidamente en el dictamen porque es un tema que, más allá de las mezquindades políticas del kirchnerismo que quiere hacer ahora un show con gritos y a parlotear, es un tema que la sociedad está reclamando para avanzar”, cerró el jujeño y pidió avanzar en un dictamen consensuado.

A continuación, fue el turno de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz (UP) quien planteó que durante el tratamiento del tema “hubo 24 de 31 expositores de altísima relevancia materia jurídica, penal, defensores, se han negado rotundamente al proyecto que elevó el Ejecutivo. No porque la Argentina no necesite un nuevo Régimen Juvenil Penal que pide a gritos la sociedad, la justicia, los niños y adolescentes que sin un buen Régimen Juvenil Penal se los trata por delincuentes, pero con esta frase tan marketinera de Patricia Bullrich de que ‘igual delito, igual pena’ olvidándose de uno de los principios constitucionales que es el derecho superior del niño”.

La diputada bonaerense cuestionó que el proyecto “durmió desde mayo del año pasado hasta ahora que reflejaba un pésimo proyecto lo vuelven a ratificar. ¿Cuál es la seriedad que le quieren dar después de 45 años que le debemos al pueblo argentino un Régimen Juvenil Penal serio acorde a la Convención Internacional de los Derechos de los Niños?”.

“No pueden tratar con tanta liviandad un tema tan trascendental. En 24 horas pusieron sobre este Parlamento el mensaje 6/2026 donde decía que la pena era de 13 años, que era de aplicación inmediata, cambiaron el artículo presupuestario con 23 mil millones de pesos como si eso fuese la solución. Los Centros Especializados Socioeducativos no son más que cárceles para niños”, reclamó.

Tolosa Paz aclaró que “quieren dar respuesta a los casos gravísimos que han ocurrido como el caso de Kim Gómez. Hay que buscar respuestas desde la política con la convicción de que en 45 años de no haber podido mejorar un régimen que es vetusto, inconstitucional y atrasa 100 años, no puede ser reemplazado que va a la derecha de lo que fue el proceso de la dictadura militar. Me niego a que no tengamos un dictamen propio como este bloque que tiene basado en normas constitucionales y fijando los principios básicos que nos queremos hacer cargo de la no punibilidad, de lo que ustedes no van a resolver porque tiene una fijación de pena y castigo sin importar las condiciones ni edad”.

La diputada de UP sostuvo que los delitos de menores “los comenten un 99,9% los adultos que tienen que estar presos y ser culpables. Niños y adolescentes incluso cometiendo hechos gravísimos y angustiantes siguen siendo para nosotros niños a los que tenemos que darles un Régimen especializado, con proporcionalidad de la pena y dispositivos que permitan aplicar la justicia restaurativa y la reinserción, pero no con este mamarracho legislativo del Ejecutivo”.

De la vereda de enfrente, la libertaria Silvana Giudici aclaró que el dictamen atiende a dos cuestiones centrales y está ampliado con el artículo 51 con la asignación presupuestaria para “empezar a desplegar el régimen, pero en un año no estará completado porque se necesitan establecimientos, profesionales multidisciplinarios para atender las problemáticas de los niños que cometen delitos en todo el país”.

Giudici remarcó que “nadie habla de castigos reparatorios ni castigos, ni de negar derechos. Este proyecto adecua los parámetros penales a la Convención de Niños y Adolescentes y al sistema jurídico del país”. Así, apuntó contra la bancada opositora: “Les gusta acusar sobre la edad. Escuché barbaridades, pero hay 15 proyectos en esta Cámara que van en el sentido de este dictamen y la mayoría propone la baja de edad de imputabilidad”.

La libertaria planteó que países como Chile y Colombia tienen la edad de imputabilidad en 14 años, Brasil en 12 años y Uruguay en 13 años “son sistema que ya funcionan hace años. La criminalidad en esos países podemos comprobar que bajó muchísimo la reincidencia. En Chile bajó en un 28% son datos reales”, y comparó: “Cada provincia argentina lleva a cabo su propio relevamiento como Córdoba que señala que el 55% de adolescentes asociados a procesos penales son menores de 16 años”.

“Buscamos justicia, buscamos el fin de la impunidad, pero también a las familias de víctimas y a las familias de homicidas lo que se busca es salvaguardar las garantías de todos, sacarlos de las calles de las garras del narcotráfico y poder darles un futuro mejor a cada niño y adolescentes. Por eso pido que pasen a la firma el dictamen que tenemos consensuado”, concluyó su alocución.

Por el lado del Frente de Izquierda, se expresó la diputada Myriam Bregman quien criticó el tratamiento del tema en extraordinarias y pidió que se explique el lema “delito de adulto, pena de adulto”, y planteó: “¿De dónde sala esta barbaridad? Tan marketinero y falso”. “La discusión de la edad de punibilidad tiene que ver con que hay un sujeto en desarrollo, pero ustedes llevan esa lógica nefasta libertaria hasta el extremo quieren poner todas las responsabilidades de forma individual para ocultar las desigualdades reales”.

Bregman contradijo a Giudici: “Los datos que leyó no hay nadie que los sostenga, porque en todos los países donde se redujo la edad, las consecuencias fueron al revés. La incidencia de niños y adolescentes en el delito es absolutamente menor. No hay una ola delictiva juvenil, lo que hay es una necesidad de un régimen cada vez más decadente, un Gobierno que necesita aumentar el poder punitivo del Estado”, y denunció que “los únicos que van a llenar cárceles o institutos van a ser los hijos de la clase trabajadora, porque a los hijos del poder no se los toca. No asociemos todo el tiempo la condición de pobreza con el delito”. El FIT presentó un dictamen de rechazo y repudio.

En su debut, el diputado Juan Carlos Molina (UP) calificó el proyecto de “caranchero, oportunista”, y acusó al oficialismo de usar el caso de Jeremías Monzón para “hacernos subir a una discusión que merece una seria profundización. Los pibes también tienen que tener, por más delito que hayan cometido, algún derecho”, pidió pensar qué pasa en la sociedad para estar debatiendo este proyecto.

En tanto, el diputado Ramiro Gutiérrez (UP) anunció la presentación de un proyecto propio que “sostiene y mantiene una posición histórica que otros diputados de otros tiempos construyeron. En el 2015 Sergio Massa, Graciela Camaño y otros legisladores, presentaron un Código Penal de más de 300 artículos. El artículo 13 establecía que el ingreso a la punibilidad por la comisión de un delito era de 14 años. Además, fue abastecido por un Régimen Penal Juvenil que establece todas las acciones posibles en manos de un juez que tiene que atender esa problemática”.

Gutiérrez remarcó que el proyecto de ley en el artículo 18 habla del “hecho del proceso” y explicó que “es el momento fatídico donde un victimario encuentra una víctima, la lastima o la mata. Es ese momento irreparable que da intervención a la ley máxima”. Así, indicó que la iniciativa del Ejecutivo “tiene un déficit estructural y es inconstitucional” porque “no se puede establecer en el Régimen Penal la edad de responsabilidad en una ley periférica”, por lo que pidió al oficialismo que retire el proyecto para “darnos el tiempo de trabajarlo y tener una ley que garantice los derechos de quienes comenten delito”.

El jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, destacó estar “dando un paso importante” y comentó que desde el año 83 hasta el día de hoy se presentaron más de 90 proyectos en el mismo sentido. “Seguramente nos encontramos que ideológicamente desde la práctica pensamos distinto porque escuchar que pasa algo en una provincia cuando la gobernaron 40 años y le echan la culpa a otro, es imposible de comprender que las razones que tiene el delito que son muchísimos, es mucha responsabilidad del Estado, pero si hay una persona a qué edad toma conciencia de lo que está haciendo es un delito, pero igual lo hace”, planteó.

“Tenemos que entender que a los 14 años cualquier chico tiene comprensión del acto ilegal que está cometiendo. Lógicamente creemos que entre 14 años y la edad actual, hay que buscar un régimen que trata de salvarlos, no profundizarlo”, aseguró y cerró: “Esto es necesario y una cuestión pendiente que tiene la democracia desde el 83 hasta ahora”.

En el mismo sentido, el diputado Diógenes González (UCR) respaldó la norma, al considerar que “es la herramienta adecuada para este momento”. “Hay que crear esa zona de protección entre los 14 y los 18 años, con estándares internacionales y mirando los ejemplos de otros países”, sostuvo.

Desde el bloque Provincias Unidas, el diputado Pablo Farías aseguró que “estamos convencidos que hay que resolver esta situación y legislar", aunque planteó algunas “disidencias con el dictamen de mayoría”.

El Poder Ejecutivo envió este lunes a la Cámara de Diputados un nuevo proyecto sobre régimen penal juvenil. El texto conserva la propuesta presentada en 2024, pero contiene esta vez un articulado que detalla la asignación presupuestaria para su implementación.

Tras ser incluido en el temario de extraordinarias, esta semana el oficialismo buscará un tratamiento exprés de la iniciativa: se estima que el miércoles sea dictaminado en un plenario de comisiones y el jueves se debata en sesión.

En mayo de 2025, el proyecto recibió despacho de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda, tras un consenso entre el proyecto del PEN y otra docena de iniciativas presentadas. Sin embargo, no llegó al recinto.

Caído ese dictamen tras la renovación parlamentaria, deberá firmarse uno nuevo. Al igual que el año pasado, la oposición dialoguista ya anticipó a La Libertad Avanza que acompañará la baja en la edad de imputabilidad en los 14 años y no a los 13, como quiere el Gobierno.

Esa misma edad es la que se propone en el proyecto que ingresó este lunes, donde prevé un nuevo régimen penal juvenil "aplicable a personas desde los 13 años de edad hasta las 0 horas del día en que cumplan 18 años de edad cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro".

La semana pasada, los jefes de bloques de Diputados se reunieron con el titular del cuerpo, Martín Menem, y allí se definió un cronograma para el debate de este tema. Además, se confirmó que se harían cambios sobre la cuestión presupuestaria, ya que el dictamen anterior preveía la facultad al jefe de Gabinete para readecuar partidas presupuestarias, metodología cuestionada desde la propia Casa Rosada sobre leyes impulsadas por la oposición que estiman eso mismo.

Así, trascendió desde sectores dialoguistas que se contemplaría la posibilidad de convenios entre Nación y las provincias, con el objetivo de que éstas puedan readecuar sus sistemas.

Sin embargo, el cambio que contiene el nuevo proyecto, más precisamente en el artículo 51, consiste en aclarar que para hacer efectiva esta ley se destinará un monto total de $23.739.155.303,08, el cual provendrá en $3.131.996.784,28 del Ministerio de Justicia y $20.607.158.518,80 de la Defensoría General de la Nación.

En los argumentos del proyecto, el PEN sostuvo que "la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina, y su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente luego, con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada".

"Como se mencionó oportunamente en el año 2024, la vigente Ley N° 22.278 sobre Régimen Penal de la Minoridad, sancionada en el año 1980, no responde a los principios reconocidos en la Constitución Nacional y en la legislación internacional, respecto del menor que ha infringido la ley penal. Es por ello que resulta indispensable sancionar una ley especial que regule la materia e incorpore los referidos principios, adecuada a nuestra realidad social", se agregó.

Además, el Gobierno justificó que "la legislación argentina se encuentra en minoría en la región en cuanto al umbral de imputabilidad". Allí mencionó que Chile, Colombia y Perú la fijaron en 14 años; Guatemala, Nicaragua y Uruguay en 13; y Brasil y México en 12.

A través de más de 50 artículos, la iniciativa prevé principios rectores, derechos y garantías del régimen penal juvenil; los derechos de las víctimas; las penas y las medidas complementarias; las causales de extinción de la acción penal y de la pena; la supervisión por parte de los órganos competentes del Estado; las características de los institutos especializados de detención y las medidas de salud; y las disposiciones presupuestarias pertinentes.

Esto último, "en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629 y por el artículo 38 de la Ley N° 24.156", remarcó el PEN sobre la cuestión fiscal.

El diputado nacional Miguel Pichetto (Encuentro Federal) consideró este jueves que "gran parte de la reforma laboral ya se ha hecho con el achatamiento y la destrucción del salario". Además, cuestionó al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger: "Todo lo que toca sale mal".

Respecto del proyecto de Modernización Laboral que se tratará la siguiente semana en el Senado, el legislador expresó: "Están bajo siete llaves los puntos definitivos de la ley, (Patricia) Bullrich hasta dijo que era secreto, me parece absurdo eso. Vamos a ver qué sale".

"A priori hay algunas cosas que no me gustan", afirmó y señaló que "una Ley de Contrato de Trabajo no resuelve el tema laboral ni genera predisposición tampoco a tomar empleo".

Para el diputado que forma parte del interbloque Unidos, "el Gobierno plantea este tema en el marco de los requerimientos del FMI. Pero yo creo que gran parte de la reforma laboral se ha hecho con el achatamiento, la destrucción, del salario de casi un 15% en el sector privado y más del 34% en el sector público".

En esa línea, enfatizó que "no se puede seguir haciendo paritarias del 1%, 1,5%; es vergonzoso cuando estamos viendo que los números de la inflación superan 2,5% o 2,7%". Esta disparidad, "destruye totalmente el consumo y profundiza el marco de recesión".

Tras indicar que en la Cámara de Diputados seguramente haya "un debate más fuerte" sobre el proyecto, Pichetto manifestó que "hay que ver qué va a pasar con el capítulo fiscal, que no debería haber estado nunca ahí", en referencia a la rebaja en el impuesto a las Ganancias para sociedades que se propone y es resistido por gobernadores.

Sobre este punto, el diputado echó culpas sobre el ministro de Desregulación y Transformación del Estado: "Siempre aparece Sturzenegger metiendo la cola, no hay nada que toque Sturzenegger en Argentina que no termine mal".

Por otra parte, respecto del proyecto de nuevo régimen penal juvenil, Pichetto lanzó que el tema "es más viejo que la escarapela, hace 40 años que se viene discutiendo". "Estoy de acuerdo en llevar la baja a 14 años", confirmó, pero remarcó que debe hacerse en conjunto con recursos, mejora de condiciones y una política social.

"Son leyes que tienen impacto. Pero, ¿dónde los va a poner? (a los menores) ¿En Marcos Paz, para que sean carne de cañón?", se preguntó en declaraciones a radio Futurock.

Tras mencionar que 14 años "responde a la media internacional", insistió: "¿A dónde los mandas? ¿Cuánto es lo que el Gobierno está dispuesto a invertir rápidamente para que vayan a lugares razonables, acordes y que sirvan para la recuperación del menor?".

"El Gobierno cree que gobernar es sacar leyes, Sturzenegger cree que el mundo se cambia con leyes, y el problema de la Argentina es la falta de empleo, lo que está ocurriendo con la industria, lo que pasó con Techint, lo que está pasando todos los días cuando cierra una fábrica, lo que pasa con la gente que no llega a fin de mes. Entonces, para no hablar de esos temas, hablemos de la punibilidad de los menores...", concluyó, reconociendo el "mérito" del Gobierno en "la instalación de temas".

En un calmo comienzo de sesiones extraordinarias, trascendió que la reforma del Régimen Penal Juvenil va a ingresar por la Cámara de Diputados y su tratamiento comenzaría la próxima semana. Mientras en el Senado el oficialismo se aboca de lleno a la Modernización Laboral, el bloque que preside Gabriel Bornoroni va a reunir a los presidentes de todas las bancadas en el Congreso para delinear el cronograma de febrero.

Según constató parlamentario.com, el encuentro tendrá como primer objetivo delinear autoridades de las comisiones de Justicia y de Familias, Niñez y Adolescencia, las cuales conforman el plenario que debatirá la baja en la edad de imputabilidad junto a Legislación Penal y a Presupuesto y Hacienda. Estas dos ya fueron conformadas en diciembre para abocarse al proyecto de Inocencia Fiscal.

De todos modos, una fuente reveló a este medio que es muy factible que la semana del 25 de febrero, después del feriado de carnaval, la Cámara baja vaya a abrir el recinto para buscar la media sanción del Régimen Penal Juvenil. Hasta el momento no hay definición respecto del despacho que se llevará al hemiciclo, pero sectores dialoguistas van a proponer que sea el dictamen que firmó La Libertad Avanza el 6 de mayo pasado.

En esa ocasión el oficialismo contó con el acompañamiento del Pro, el massismo, la Coalición Cívica, Democracia para Siempre (hoy integrando Provincias Unidas) y representantes de mandatarios provinciales. Por su parte, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron de lleno la iniciativa.

Aquel dictamen contemplaba bajar la edad de imputabilidad en adolescentes de 16 (norma vigente) a 14 años. También, eliminaba la figura de “inimputable” y reducía las penas máximas de 20 a 15 años. A su vez, las penas privativas de la libertad quedaban establecidas a cumplirse en el domicilio, en un instituto abierto, en un instituto especializado de detención o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario.

Los espacios dialoguistas que firmaron el despacho aquella tarde del 6 de mayo incorporaron al texto que el adolescente deberá ser alojado en un instituto adecuado de detención o en la sección separada de los adultos de un establecimiento carcelario, adecuada para el tratamiento de adolescentes, con personal que cuente con capacitación especializada en el trato con jóvenes en conflicto con la ley penal.

En un 2025 en posición defensiva, el oficialismo no logró avanzar con el tema porque buscaba evitar la apertura del recinto en la Cámara de Diputados. Sin embargo, con el recambio legislativo y la evolución libertaria de 37 a 95 integrantes, sumado al macabro crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe, el Gobierno nacional extendió el temario de sesiones extraordinarias con la incorporación del proyecto de ley de Régimen Penal Juvenil.

Respecto a la reunión de este miércoles, que va a encabezar el presidente del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, en la Cámara de Diputados, una fuente consultada mencionó que será para delinear el cronograma de febrero y la integración de cada bancada en las comisiones de Justicia, y Familias, Niñez y Juventudes. La convocatoria incluye a los bloques de la oposición dura.

El proyecto de ley debe pasar por una reunión plenaria entre las comisiones mencionadas junto a Presupuesto, presidida por Bertie Benegas Lynch, y Legislación Penal, a cargo de la cordobesa Laura Rodríguez Machado. Una vez que se delinee el cronograma, La Libertad Avanza reunirá a los dialoguistas para acordar el despacho que buscará llevar al recinto en la última semana de febrero.

En la antesala de iniciar las extraordinarias donde uno de los temas fuertes será el debate del proyecto de ley penal juvenil que baja la edad de imputabilidad, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se reunió este viernes al mediodía con familiares de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años que fue asesinado por menores de edad en Santa Fe.

Al cabo de la reunión con la madre de Jeremías que se realizó en la Cámara alta cerca de las 12, la exministra afirmó que trabajarán en conjunto con la familia de la víctima para que la reforma del Régimen Penal Juvenil salga y el caso será tomado como testigo a partir de febrero, durante el debate del tema, más allá de que la justicia no será retroactiva para ese caso.

“Fue un acto de alevosía, impunidad, sadismo, de placer por matar algo que nos conmueve como sociedad”, expresó Bullrich y agregó que vio a la mujer “como a cualquier mamá que le torturan y le matan a su hijo de esta manera, y por supuesto que el Gobierno, que ya venía trabajando con la Ley Penal Juvenil, decidió el lunes pasado ponerlo (en consideración del Congreso) para que la sociedad entera sepa que no podemos seguir así, no podemos seguir teniendo Jeremías que sean asesinados por otros menores, menores matados por menores o menores matados por mayores. Menores que matan y vuelven a su casa como si nada”.

Realmente no hay palabras que alcancen. Escuchar a Romina hablar de Jeremías y de lo que le hicieron te revuelve el estómago.

Me importan dos ovarios si son 50 menores o 500 los que cometen delitos. Saben lo que hacen. Matan y vuelven a su casa como si nada, mientras una familia… pic.twitter.com/8Fl9Z1o5Ix

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 30, 2026

“Se va a trabajar en febrero en Diputados. La legisladora Laura Rodríguez Machado lo impulsó y lo trató durante el año pasado, pero se complicó en el Congreso", recordó y lamentó que "ley penal no es retroactiva y no va a caber, pero ya estuvimos hablando con abogados y la fiscal general de la provincia de Santa Fe para que haya algunas consecuencias y no sea como si nada hubiera pasado”.

“Hubo muchos casos en los que intentamos y no por los casos ni por la convicción, hace más de 20 años que estamos trabajando en esto. Este Gobierno ha tomado la decisión de enviar el proyecto y de trabajarlo y de impulsarlo. Ahora vinimos por todo para tratarlo y va a ser ley en el corto plazo. Sé que esto no le va a traer la justicia que necesitaría Jere, pero va a dejar un legado que va a interpelar a todo el país para educar mejor a los chicos, ara que actuemos antes. Tenemos que trabajar para que no haya chicos asesinos ni violentos”, planteó la senadora.

Por su parte, Romina -la madre de Jeremías Monzón- también dialogó con la prensa acreditada para señalar su apoyo a la baja de edad de imputabilidad. “Necesitamos que no vuelva a suceder. Ver como los asesinos de mi hijo están libre es terrible. Saber que estamos luchando por una ley que no será retroactiva es terrible. Si esto se hubiera votado antes, los asesinos de mi hijo estarían presos en este momento”.

“Es horrible que haya gente que, aun viendo lo que sucede, se opongan porque se siguen acumulando hijos nuestros en nichos y no van a tener ningún tipo de responsabilidad penal los asesinos”, expresó entre lágrimas y agregó: “Espero que salga la ley justamente para evitar estas cosas. Nosotros tuvimos que salir de la audiencia sabiendo que ellos (los autores del crimen de su hijo) iban a volver a sus casas, sabiendo que no iban a tener ni siquiera el antecedente penal… Y eso es terrible… Entonces, lo que exigimos con la ley es que ellos se hagan cargo de lo que hacen. Ellos hicieron algo atroz, se filmaron, lo disfrutaron, lo divulgaron…Es todo muy perverso”.

Bullrich retomó la palabra y se dirigió a sus pares legisladores para que apoyen el proyecto: “Los que nos han elegido no es actuar cuando las cosas pasan, sino por la convicción de tener una justicia penal que ayude a las víctimas, que impida que los casos sucedan, que actúe antes y que no tengamos que lamentar esto. Actuar por la convicción de tener un país que tiene que tener normas como todos los países. No puede ser que tenemos que actuar por un asesinato con alevosía con ese nivel de perversidad, sino por la convicción de qué necesita el país”.

“Me pongo en su lugar como mamá, no podemos tener gente en la Argentina que siga avalando y aplaudiendo y acompañando chicos que matan. Tenemos que terminar con esa cultura”, planteó y agregó: “Tenemos que trabajar en el sistema educativo y social acompañando cada lugar. La teoría de la tolerancia cero es decir al primer acto violento hay que actuar antes para evitar estas situaciones”.

Bullrich explicó: “Algunos dicen que son 50 casos, pero una vida es una vida no importa si son 40 o 50 los menores asesinos. Lo importante es que ese menor que roba o comete un delito a los 13 años o a los 14 y no le pasa nada, va a seguir. A los 18 va a terminar preso o matar a alguien. Entra en una carrera delictual por impunidad”.

El asesinato de Jeremías

Jeremías Monzón, de 15 años, fue asesinado entre el 18 y el 22 de diciembre de 2025 en la ciudad de Santa Fe. Su cuerpo apareció el día 22 en un galpón o fábrica abandonada frente a la cancha de Colón, en la zona del barrio Chalet. Lo más espeluznante de este horrible crimen, fue que el mismo fue filmado por sus propios agresores, un material que luego se viralizó en redes y servicios de mensajería.

El video —de unos cuatro minutos— muestra torturas y más de 20 puñaladas, aplicadas con un cuchillo y un objeto similar a un destornillador. Le exigían que entregara “la clave y los videos” de su celular.

Los tres involucrados en el hecho fueron una chica de 16 años sindicada como instigadora y dos varones de 14 y 15 años. En la grabación se escucha a la adolescente ordenar: “Matalo… cortale el cuello”.

La chica está detenida en un centro de menores en Rosario, imputada como coautora por homicidio triplemente agravado (alevosía, ensañamiento y concurso de tres o más personas), en tanto que los dos varones fueron identificados como coautores, pero son no punibles según la ley vigente. La Justicia los sobreseyó y el Estado provincial realiza un seguimiento. También quedó detenida como partícipe secundaria la madre de la adolescente.

La senadora nacional y Secretaria de Derechos Humanos del Partido Justicialista Nacional, Nora del Valle Giménez (UP), mostró preocupación por el dictamen del proyecto impulsado por el Gobierno nacional que propone disminuir la edad de imputabilidad de niños, niñas y adolescentes a 14 años.

El pasado 6 de mayo obtuvo dictamen favorable en las comisiones de la Cámara de Diputados el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que propone reducir a 14 años la edad de imputabilidad.

“Este proyecto, aunque ha recibido modificaciones, no se ajusta a los estándares de Derechos Humanos suscritos por la Argentina y reconocidos por juristas de las más diversas orientaciones ideológicas, y continúa haciendo de las infancias un ‘chivo expiatorio’ para el enorme problema de la inseguridad que enfrentan muchas comunidades”, expresó la salteña.

Además, remarcó que “recientemente se pronunciaron cuestionando el proyecto referentes nacionales en materia de derechos de Niños, Niñas y Adolescentes como Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación; Marisa Graham, defensora de los Derechos de NnyA; Facundo Hernández, defensor adjunto de NnyA; entre muchos otros”.

“Es mi convicción que como legisladores debemos trabajar en reformas serias en materia de seguridad, y no caer en la tentación de prometer soluciones mágicas de carácter punitivista, estigmatizando a los más vulnerables de nuestra sociedad, que son los niños”, planteó.