Las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda llevaron a cabo la tercera reunión plenaria para continuar el debate sobre proyecto enviado por el Gobierno nacional que propone un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años.

En primera instancia, un grupo de diputados nacionales presentó sus respectivos proyectos relacionados a esta temática y luego, se les dio lugar a las exposiciones de los invitados quienes manifestaron discrepancias con fijar la edad en 13 años.

Al igual que los legisladores que ampliaron el contenido de sus iniciativas, varios de los especialistas que se hicieron presentes coincidieron en fijar una edad de imputabilidad a partir de los 14 años. Los expositores revelaron datos que demuestran que hay una mínima cantidad de hechos delictivos a los 13 años.

El primer diputado nacional en exponer su proyecto fue Ricardo López Murphy (EF – CABA), quien, basándose en la Convención de los Derechos del Niño 1989, alertó que “no son punibles los menores de 16 años”, pero señaló que “hoy el menor no está protegido por la ley y es necesaria una nueva que contenga a la convención”.

En esa línea, planteó que “el Estado no cuida a los men0res y quedan a merced de organizaciones criminales comandas por adultos”. Por eso, reiteró que su proyecto propone “imponer la edad de imputabilidad a 14 para que el menor se encuentre dentro del sistema jurídico y así proteger la seguridad pública y promover la reinserción”.

“Hay más de 23.000 causas por menores de edad y han cometido 200 homicidios; los robos agravados han crecido un 33%; y hubo un 18.6% más en portación de armas”. Sumó que “los grupos delictivos se llevan mano de obra joven”.

En segundo lugar, el diputado nacional Diego Santilli (Pro – Buenos Aires) cuestionó que “sólo Argentina y Cuba tienen edad de imputabilidad en el rango de 16 a 18 años”. Por eso, llevó consigo una serie de datos referidos a la provincia de Buenos Aires: “Hay más de 23.000 causas por menores de edad y han cometido 200 homicidios; los robos agravados han crecido un 33%; y hubo un 18.6% más en portación de armas”. Sumó que “los grupos delictivos se llevan mano de obra joven”.

“El mundo va para un lado y nosotros no avanzamos ni un metro y el menor que delinque tiene que rendir cuentas de sus actos”, aseveró Santilli, que también explicó: “El menor que delinque debe reparar el daño causado a las víctimas y a la sociedad, tiene que haber castigo y luego reparación”.

Con relación a las penas, el diputado macrista agregó: “La Justicia no puede tardar más de dos años en la resolución”. Por último, habló de las condenas y cerró: “Proponemos una máxima de diez años, salvo en los casos de homicidio y delito sexual que allí tendrán una máxima de 15 años”.

Desde la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli cuestionó la superposición de comisiones a la misma hora, afirmó que “no quiero ver a niños de 13 y 14 años en las cárceles”, y agregó que “no alcanza con la baja de imputabilidad porque los jueces hablan de escasez de lugares a donde poner a esos menores”.

La presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, Roxana Reyes, brindó los detalles de su proyecto: “Viene a establecer un nuevo régimen juvenil aplicable con limite en 14 años, donde se baja la edad porque hay un universo de chicos que cometen delitos y quedan sin responsabilidad penal”.

Sobre la problemática, Reyes amplió: “Afecta a la víctima, a la sociedad y a los propios chicos que empiezan tempranamente una carrera criminal”. Sin embargo, remarcó que “no se puede restringir derechos por debajo de los 14 años y el juez no puede hacer nada penalmente sin un debido proceso”.

A su vez, explicó que “con cualquier chico o chica menor de 14 años sometido a cualquier privación de derechos, vamos a ser considerados por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos” y “no pueden ser alojados en dependencias policiales”, destacó.

Para terminar, Roxana Reyes sugirió que “la privación de la libertad es la última sanción, no la pongamos como regla”. En el cierre, mencionó que de 14 a 16 se establecen penas de 5 años; y de 16 a 17, 10 años como máximo.

En el cierre de las explicaciones de los diputados, la vicepresidenta de Familias, Niñez y Juventudes, Victoria Tolosa Paz, le consultó a Santilli respecto a la fijación de edad en su proyecto, por lo que el macrista contestó: “Fije en 15 años, pero creo que debemos hacer algo con los de 12 a 15 años que cometen delitos”.

Los expositores

El presidente del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de CABA, Germán Onco, aportó que desde el CAD (Centro de Atención y Derivación) “el 30% de los adolescentes tiene más de dos ingresos, el 2,5% ya ha ingresado hasta diez veces y el 60% vive en otra jurisdicción”.

Por su parte, sugirió fijar la edad en 14 años porque “hay muy pocos casos de 13 años en el CAD”. “Esto es para que el adolescente internalice que ha cometido un delito y a través de programas del deporte y la cultura pueda llevar a cabo su reinserción”.

Luego, María Noel Costa, jueza del Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba, señaló que “esto no resuelve la pobreza ni la violencia que tiene la sociedad”. De igual manera, añadió: “Esa imputabilidad que ustedes fijan, pasa por un juez que analiza la culpabilidad y en el derecho penal, la culpabilidad es la medida del reproche”. “No hay que tenerle miedo a estas medidas que funcionan bien”, cargó.

También, María Alicia Tulián, jueza de Control, Niñez y Adolescencia Penal Juvenil de Córdoba, manifestó: “No es posible tratar igual a quienes están en diferentes condiciones, y niños y adolescentes no están en mismas condiciones que adultos”. Reveló que “el 1% de adolescentes de Córdoba solo tuvo contacto penal y el 0,01 están entre los 13 y 14 años”.

Con relación a otras naciones, mencionó que, en Brasil, “las penas a adolescentes de entre 13 y 18 años son 3 años, y en Uruguay son de 5”. Para Tulián el proyecto, así como está “no resiste control judicial”. También expusieron Cynthia Brítez, de la Asociación Americana de Juristas; y Gabriel Lerner, exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación.

Finalmente, la titular de la Comisión de Seguridad Interior –cabecera del plenario, Laura Rodríguez Machado, anunció que el próximo encuentro será el próximo miércoles 28 de agosto a las 16.00.

Con la voz de diputados autores de proyectos vinculados al tema, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados continuó con el debate de un nuevo régimen penal juvenil, discusión que se inició a partir del envío de una iniciativa por parte del Gobierno, donde propone llevar a 13 años la edad de imputabilidad.

Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; y Presupuesto y Hacienda volverán a reunirse el próximo martes, según confirmó Laura Rodríguez Machado, presidenta de la comisión cabecera.

En el siguiente encuentro comenzarán las rondas con especialistas, que tratarán de ordenar en función de las distintas aristas que contienen las propuestas. En tanto, invitados que sean considerados por su experiencia personal o testimonio en particular serán convocados luego de los expertos.

Autor de uno de los proyectos más estrictos, ya que plantea llevar la edad de imputabilidad a los 12 años, el oficialista Álvaro Martínez arrancó su intervención: “La delincuencia ha crecido hace mucho tiempo por políticas criminales erráticas, donde la educación no era una prioridad, por políticas de escuelas cerradas, por políticas donde se prefería liberar a los presos que tenerlos cumpliendo una condena”.

“Estoy de acuerdo con la baja de la edad de imputabilidad y en su gran mayoría con el proyecto del Ejecutivo”, afirmó, para recordar luego que la actual Ley 22.278 fue “hecha en la dictadura” y “es una ley netamente punitivista, que no respeta ni tiene tiene criterio de los derechos humanos. Creo que es una obligación que tenemos nosotros de actualizar esta norma”.

Sobre su propuesta de llevar a 12 años la edad de imputabilidad, el mendocino consideró que esto “va a ser de carácter disuasivo”. “Entendemos que menos menores van a cometer delitos”, dijo y agregó que “se va a estar protegiendo a la sociedad de actos delictivos graves”. Habló de la necesidad de “una intervención temprana por parte del Estado” para “para garantizar la reinserción y evitar la reincidencia”, al tiempo de “generar las condiciones para que los jóvenes no sigan el camino delictual”.

El legislador de La Libertad Avanza señaló que en la región, “Argentina y Cuba, ambos con 16, continúan con una edad alta de imputabilidad”, mientras que con 12 años están “Brasil, México, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Honduras”. “Establecemos los 12 años, porque ya tiene capacidad para saber lo que está bien y lo que está mal”, aseguró.

Al exponer sobre su proyecto, la diputada del bloque Buenos Aires Libre Carolina Píparo explicó que el mismo “no está dentro del marco del debate del régimen penal juvenil”, sino que “tiene que ver con que se pueda tener en cuenta la reincidencia de los menores desde que son imputables”. “La cuestión de la reincidencia no cambia con la edad de quien comete el delito y este discurso viene siendo cancelado con la cuestión de la estigmatización”, apuntó.

La exlibertaria remarcó que “la reincidencia es un documento que debería tener un juez para ponderar la próxima pena. No es una creencia sobre, son hechos que ya están probados por la Justicia”. En ese sentido, “considerar la reincidencia es necesario, y yo creo que aún más cuando el camino del delito empieza a más temprana edad, porque sino esta conducta se termina consolidando y convirtiéndose en un hábito, pero sobre todo se siguen sumando víctimas”, expresó.

Píparo mencionó que en 2016, bajo la gestión de Germán Garavano al frente de la cartera de Justicia, cuando se debatió sobre esto, “los organismos de derechos humanos decían que ‘ningún pibe nace chorro’. Lo cual estoy absolutamente de acuerdo, por supuesto ningún pibe nace chorro y tampoco queremos que se conviertan en chorros”. “Ahora, ¿qué hacemos? Porque una vez que una persona ha tomado el camino del delito debe ser tratado como tal, como un delincuente, incluso si es menor, porque mirar para el costado es una gran trampa y una hipocresía”, enfatizó.

Por su parte, la radical Carla Carrizo defendió que su proyecto recoge acuerdos y consensos del trabajo realizado en torno al tema durante la gestión de Cambiemos y pidió tomar “la edad como piso, no como techo, no podemos menos de 14. De 14 en adelante sí, menos de 14 no, la primera gran diferencia con el Gobierno”.

Además, subrayó que esta debe ser una ley que “tiene que trascender todos los gobiernos y perdurar”. “No es necesario empezar por el proyecto del Ejecutivo. Creemos que no es el mejor, no solo por los 13 años, sino por el sistema que propone”, dijo y aclaró que “esto no es una herramienta de gobernabilidad, es una cuestión de Estado”.

Desde Unión por la Patria, la diputada Natalia Zaracho aseguró que “no podemos discutir un régimen penal adolescente sin discutir el contexto en el que estamos”. “No estamos a favor del delito”, manifestó, pero planteó la necesidad de abordar una “propuesta integral que tiene que ver con la prevención y la no reincidencia”.

“Tiene que quedar la edad en 16, claramente la baja no garantiza que haya una política de seguridad”, opinó y reclamó “invertir en los lugares que ya existen (institutos de detención), que de hecho funcionan mal”. “La única opción que el Estado le ofrezca a los pibes no puede ser la cárcel”, sumó.

La dirigente del Frente Patria Grande también subrayó que se requiere de prevención, “urbanizando los barrios populares, garantizando que las escuelas públicas estén en buenas condiciones y no desfinanciando a los clubes de barrio”.

En último lugar, el diputado radical Manuel Aguirre consideró que este proyecto se debe “a la crisis de familia que tenemos”. “Mi intención es recuperar al ser humano, a los chicos, de la conducta desviada que tienen por muchas causas”, entre esas adicciones, educación, falta de trabajo, sostuvo. “Yo no quiero que cuando tengan 20 o 25 años tengamos que estar teniendo más cárceles”, afirmó y resaltó la necesidad de trabajar en la prevención. También llamó -respecto a la edad- a analizar “la madurez mental, si tenía la capacidad de entender o comprender lo que estaba haciendo”.

Las estadísticas una y otra vez reiteradas por UNICEF y la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación muestran que la incidencia de adolescentes en delitos gravísimos es mínima, casi inexistente. Bajar la edad de punibilidad significa un claro retroceso, violentando los principios de no regresividad y de progresividad de los estándares internacionales de derechos humanos, y haciendo ingresar a niños, niñas y adolescentes en la órbita de la punición, lo cual debería ser la última respuesta del Estado frente a la comisión de un ilícito.

El Sistema de Protección Integral de derechos de niños, niñas y adolescentes basado en la Convención de los derechos del niño de 1989, con rango constitucional desde 1994, y la ley 26.061 del año 2005 exige al Estado el desarrollo de políticas públicas que aseguren el máximo goce de los derechos que les competen por su particular situación de ser personas en desarrollo y obliga a adoptar medidas de protección integral y excepcionales cuando su situación de vulnerabilidad así lo requiera.

Creemos que la baja de edad de punibilidad en medida alguna puede traer aparejada el pleno acceso a sus derechos, de manera que, con esta medida el Estado estaría incumpliendo las obligaciones que le son inherentes.

¿Por qué no bajar la edad de imputabilidad de los niños?

Se estaría retrocediendo en todos los derechos conquistados en lo que refiere a protección de los derechos de los niños y jóvenes, y no se estarían respetando los estándares internacionales en la materia. (Art. 37 y 40 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño/a).

Dicha ley establece que es punible el menor de dieciséis años a dieciocho años de edad a partir de la cual una persona es plenamente responsable y pasible de ser juzgada y condenada por cualquier delito que pudiera cometer. También establece que, si quien infringe la ley penal es un menor que no ha cumplido los 16 años, es inimputable, es decir, no puede ser ni juzgado ni condenado, y debe ser devuelto a su familia.

En la franja que va desde los 16 a los 18 años, los/as adolescentes que delinquen son sometidos a un/a juez/a especial, que luego de diversos estudios y pericias decide si el/la adolescente puede ser devuelto a su familia o si debe ser internado/a en un instituto donde debe recibir educación para su posterior reinserción en la sociedad.

El Régimen Penal Juvenil vigente prevé́ la posibilidad de ordenar la privación de libertad de los/as jóvenes para recibir el llamado “tratamiento tutelar”, ya sea que se trate de adolescentes punibles por edad, entre 16 y 18 años, o niños/as no punibles por debajo de los 16 años, sin necesidad de que se pruebe la responsabilidad de los mismos en los delitos de los que son acusados. Esto significa que la normativa actual permite al Juez disponer el encierro en razón de sus particulares condiciones de vida, si lo considera en situaciones de riesgo, con familia con dificultades, independientemente de la conducta desplegada, o que hayan cometido hechos delictivos o no. Esto es violatorio de la Convención de los Derechos del niño y de los estándares internacionales de DDHH.

Bajar la edad de punibilidad concentra el debate en torno a la edad en que una persona puede ser sometida a un proceso penal y por lo tanto susceptible de serle aplicable una pena dejando por fuera la discusión acerca de los derechos y garantías de cada una de los niños, niñas y adolescentes. Esta posibilidad de bajar la edad retrocede en el paradigma de un Estado garantista de derechos a las infancias.

En contraposición al discurso sostenido por el gobierno, pretender reducir las cifras delictuales a través de la baja en la edad de imputabilidad resulta ineficaz dada la insignificancia de la cantidad de sujetos menores de edad comprendidos en esta franja etaria que han tenido participación en hechos delictivos.
Según datos de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Nación (2015) y Unicef Argentina, de los 871 jóvenes privados de su libertad, el 90,6% tiene entre 16 y 17 años, y el 9,4% corresponde a sujetos considerados no punibles según la ley argentina (menores de 16). En el primer semestre del 2023 se iniciaron 1109 causas penales contra 986 niños, niñas y adolescentes (Informe semestral presentado por la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación). 9 de cada 10 de los que se les iniciaron causas penales son varones, principalmente argentinos (95%) y con residencia en la provincia de Buenos Aires (58%) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (41%). La edad promedio es de entre 16 y 17 años (56%).

Un punto que debe ser señalado es el de la incidencia de los medios masivos de comunicación en cuanto a la percepción social de la criminalidad. Mientras que los medios presentan al joven delincuente como el gran generador de la inseguridad ciudadana, las estadísticas de la Corte Suprema de Justicia demuestran que en la Ciudad de Buenos Aires los hechos gravísimos, como los homicidios, son cometidos sólo en un 5% por menores de edad, y sólo en el 1% por menores no punibles.

Si lo que se busca es reducir la incidencia del crimen en la sociedad, el aumento de recursos públicos debería orientarse al aseguramiento de condiciones de vida digna para todos los niños, tal como lo ha señalado sistemáticamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Más allá́ de la coyuntura, la cuestión penal-juvenil es un problema que necesariamente exige soluciones políticas.

La baja de edad de imputabilidad no tiene incidencia en la problemática del delito, y profundiza el estigma y la violencia estatal y social hacia la niñez. Juzgar y encerrar a niños/as y adolescentes no resuelve el problema de la inseguridad ni previene el delito. Sólo profundiza la criminalización de los pobres por el solo hecho de serlo, por sus caras, por su vestimenta, por el lugar que habitan. Por eso decimos NO A LA BAJA en la edad de imputabilidad, a la vez que exigimos al Estado el diseño e implementación de políticas públicas en torno a la problemática, en consonancia con las exigencias del sistema normativo internacional.

La Cámara de Diputados comenzó este miércoles a analizar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que propone un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años, “cuando fueran imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro”.

Fue en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, de Justicia, de Familias y de Presupuesto y Hacienda. La reunión fue de carácter informativa, ya que expusieron el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, y el director nacional de Normativa y Relación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, Fernando Oscar Soto. También participó el subsecretario de Política Criminal del Ministerio Público de la Nación, Alberto Nanzer.

La diputada Laura Rodríguez Machado, titular de la Comisión de Legislación Penal, detalló cómo será el debate: el próximo martes 6 de agosto solicitarán a los bloques que expliquen sus respectivos proyectos presentados; y el miércoles 14 de agosto darán inicio a la ronda de expositores e invitados que los bloques convocarán.

La radical Roxana Reyes, titular de la Comisión de Familias, expresó que el proyecto “es un régimen penal que apunta a garantizar la Convención de los Derechos del Niño y de las Normas previstas en Naciones Unidas sobre niños jóvenes que delinquen o están en el proceso de reproche penal”.

“Creemos que la comisión tiene la función de garantizar que el Régimen Penal tenga la función de resocialización, educación y que no sea necesariamente punitivo, sino que reinserte al joven que por razones diferentes multicausales ha ingresado a la actividad criminal”, resaltó.

El primer expositor fue Fernando Oscar Soto quien remarcó que la Ley argentina tiene “una deuda con la sociedad y la democracia” respecto de la Ley de menores porque la norma actual fue reformada por la dictadura militar. “Hace 44 años se está debatiendo la necesidad de reformar esta ley”, expresó y recordó que durante la campaña electoral “todos los partidos propusieron bajar la edad de imputabilidad y reformar la Ley de Régimen Penal Juvenil”.

“Esperemos que este Congreso tome el debate y sancione una ley que actualice el régimen penal con las características particulares y tienen en cuenta la edad de imputabilidad que es la que está en la región y en el mundo. Hay una necesidad de actualizar”, sostuvo Soto.

El funcionario comentó que vieron las estadísticas por la Corte Suprema de la Nación y de la provincia de Buenos Aires y alertó que “vienen en aumento todos los años en la franja de 16 y 17 años que son los punibles, pero en los pocos datos oficiales que hay, también viene en aumento los casos de menores que van de los 13 a los 15 años de edad”.

“Esto tiene que atenderse para proteger a la víctima y al adolescente que está en conflicto con la Ley penal y expuesto a una vulnerabilidad especial por su propio desarrollo psicofísico y por las circunstancias de verse inmerso en la conflictiva penal. Por lo tanto, hay que cuidarlo más allá de su eventual declaración de imputabilidad porque inimputable o menor incluso a la edad de 13 años que proponemos”, explayó.

Luego, disertó Sebastián Amerio quien defendió la iniciativa al plantear: “Entendimos que esta es una demanda que tiene la sociedad y que debemos atenderla como Ejecutivo y ustedes deben atenderla como representantes del pueblo y trabajar en comisión y buscar una reforma porque creemos que esta ley es superadora a la del año 1980”.

Amerio repasó algunos de los fundamentos que llevaron a presentar el proyecto, entre ellos comentó: “La situación de los menores en conflicto con la ley es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple, no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañan al adolescente luego con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada en este sentido”.

El secretario de Justicia destacó que la Ley 22.278, que es el actual Régimen Penal de la minoridad, fue sancionada en el año 1980 y “no responde a los principios reconocidos por la Constitución Nacional y en la legislación internacional respecto al menor que ha infringido la ley penal”.

En ese sentido, planteó que “es indispensable sancionar una ley especial que regule la materia e incorpore los referidos principios a nuestra realidad social”, y explicó que “los adolescentes o actuación y la comprensión de la criminalidad de sus actos han sufrido grandes cambios, lo que trae aparejada la necesidad imperiosa de practicar una reforma legislativa que se corresponda con la situación actual de los adolescentes muchos de los cuales han sido incorporados a bandas criminales”.

“Actualmente los delitos cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes”

Además, señaló que la legislación actual presenta una serie de “problemas”, y enumeró: “El primero de ellos es la edad de imputabilidad vigente, porque actualmente los delitos cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes”, y sumó: “Estas circunstancias genera una situación de injusticia que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general. Es imperativo que nuestro sistema legal asegure que aquellos que cometen delitos sean responsables por sus acciones”.

Amerio precisó que la legislación argentina se encuentra en minoría en la región en cuanto al umbral de imputabilidad, debido a que la mayoría de los países han establecido sus edades de imputabilidad más baja y subrayó que “nuestro ordenamiento legal se encuentra desactualizado”.

“En nuestra sociedad y en las sociedades sobre todo latinoamericanas que tenemos los índices más elevados del mundo es necesario revisar y ajustar la normativa nacional para su alineamiento con la experiencia comparada y los estándares internacionales en la materia y, garantizar así, una respuesta más efectiva a la criminalidad juvenil”, consideró.

En tanto, informó que la República Argentina y la República de Cuba se encuentran son los únicos países de la región que han establecido los 16 años como la edad mínima de responsabilidad penal contrariamente en consonancia con los cambios operados en las últimas décadas otros países han modificado su legislación para evitar la impunidad en crímenes cometidos por adolescentes.

En esa línea, ejemplificó: Chile, Colombia y la República de Perú han fijado la edad en 14 años; Guatemala, Nicaragua y de la República Oriental del Uruguay en 13; Brasil y los Estados Unidos en 12 años y Granada y la República de Trinidad y Tobago en siete.

“Los niños, niñas y adolescentes poseen los mismos derechos que todas las personas, pero tienen, además, derechos especiales que derivan de su condición. Eso supone un tratamiento diferenciado en el ámbito de la Justicia penal juvenil lo que requiere la sanción de medidas específicas y esenciales para el resguardo de esos derechos”, aclaró.

Promediando su presentación, el secretario de Justicia brindó datos de la Corte Suprema de los primeros semestres de cada año que “demuestran que en los últimos cuatro años existió un aumento de intervenciones judiciales en adolescentes: 822 para el año 2021 que es un 22% de aumento con respecto al año anterior; 906 para el año 2022 que representa un 10% de aumento aproximadamente respecto al año anterior; y 986 para el mismo periodo en el año 2023 ya venía bastante elevado y esto representa un 9% de aumento respecto del año anterior”.

Por último, brindó tres argumentos de Justicia respecto de la “importancia que tiene este proyecto de ley”, y explayó: “La baja edad de imputabilidad tiene que ver con la falta de credibilidad y legitimidad del sistema porque no se atienden los casos de menores que generan impunidad. Este es un punto que nosotros entendemos que es así y podemos explicar los motivos”.

“Como segundo argumento de Justicia hay una adecuación o de fase entre el derecho penal Juvenil y el derecho constitucional que ha sido resuelto por vía jurisprudencial en el mencionado caso Maldonado de la Corte Suprema”, agregó y cerró: “La tercera cuestión es que hay una elevada reiteración delictiva juvenil. Hay un montón de estudios de criminólogos y sociólogos y especialistas en el tema que demuestran la gran cantidad de reiteración de los delitos que cometen los adolescentes”.