El Gobierno envió al Congreso el proyecto que baja la edad de imputabilidad a 13 años

La iniciativa fue girada a la Cámara de Diputados este martes. En los argumentos se afirmó que es necesaria una reforma del régimen penal juvenil acorde a la realidad actual.

Tras su anuncio días atrás, el Poder Ejecutivo giró este martes a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años, “cuando fueran imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro”.

“La finalidad del régimen de responsabilidad penal juvenil es fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social. El objetivo de la ley es procurar que supere el riesgo social y la conflictividad puesta en evidencia en la comisión del delito”, reza uno de los artículos de la iniciativa.

A su vez, aclara que “desde el inicio del proceso penal y hasta su finalización, el adolescente imputado gozará de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales de derechos humanos, las constituciones provinciales, los ordenamientos locales y demás normas de aplicación”.

“El juez y el representante del Ministerio Público Fiscal deberán velar en todo momento por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas y de las personas perjudicadas por los delitos cometidos por los adolescentes”, agrega.

Entre las medidas complementarias para los adolescentes, figuran el asesoramiento, orientación o supervisión periódica de un equipo interdisciplinario; la asistencia a programas educativos, de formación ciudadana, de capacitación laboral, deportivos; y la participación en un tratamiento médico o psicológico por el plazo que los profesionales de la salud estimen necesario, entre otras.

El proyecto prevé que “si el adolescente careciera de grupo familiar o si éste resultara inconveniente y perjudicial para su interés superior, el juez deberá dar intervención a la autoridad competente en protección de sus derechos”. “En todos los casos, se deberá oír y tener en cuenta la opinión del adolescente imputado, su defensor, el fiscal y la víctima”, suma.

Respecto a las penas, “cuando la pena prevista para el delito o concurso de delitos imputados supere los 3 años de prisión y hasta un máximo de 6 años, y ninguno de los hechos reprochados haya implicado la muerte de la víctima, una grave violencia física o psíquica sobre las personas o, si se tratare de delitos culposos, no existieran lesiones gravísimas ni se haya causado la muerte o un daño psíquico grave a la víctima y el adolescente imputado no registrare condenas u otros procesos en trámite con auto de procesamiento o auto procesal equivalente firme, el tribunal, previo dictamen pericial con la conformidad del Ministerio Público Fiscal y habiendo escuchado a la víctima, podrá reemplazar la pena de prisión” por alguna de las penas previstas en uno de los artículos.

Específicamente, se mencionan penas tales como la amonestación; prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima, su familia u otras personas que el juez estime; prohibición de conducción de vehículos; prohibición de concurrir a determinados lugares, establecimientos o espectáculos, inclusive deportivos, musicales o culturales; prohibición de salir del país o del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que el juez determine; prestación de servicios a la comunidad; monitoreo electrónico y penas privativas de libertad.

Éstas últimas serán: privación de la libertad en domicilio; privación de la libertad en un instituto abierto; privación de la libertad en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario. “La decisión deberá ser tomada por el tribunal o juez en una resolución en el que se expongan los motivos que justifican la privación de la libertad y deberá indicarse el lugar de cumplimiento”, establece.

Respecto de los adolescentes alcanzados por la ley, quedará “prohibida la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua”, siendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad de 20 años. “La regla es aplicable aun si la escala penal fuera más elevada, producto de la concurrencia real de varios hechos independientes”, estima.

Otro párrafo señala que “cuando el adolescente condenado cumpla 2/3 de la pena impuesta en detención y se dieran las circunstancias previstas en el Código Penal para otorgar la libertad condicional, el tribunal podrá disponer que el resto de la pena sea cumplido mediante las restantes penas establecidas en esta ley”.

Sobre la reclusión, se indica que “el adolescente deberá ser alojado en un instituto adecuado de detención o en la sección separada de los adultos de un establecimiento carcelario, adecuada para el tratamiento de adolescentes, que cada jurisdicción organizará siguiendo los principios generales que se establecen”.

En los fundamentos del proyecto, el Gobierno sostuvo que “la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente luego, con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada”.

“En este sentido, cabe destacar que la Ley N°22.278, actual Régimen Penal de la Minoridad, sancionada en 1980, no responde a los principios reconocidos en la Constitución Nacional y en la legislación internacional, respecto del menor que ha infringido la ley penal. Es por ello que resulta indispensable sancionar una ley especial que regule la materia e incorpore los referidos principios, adecuada a nuestra realidad social”, expresó el PEN.

Además, consideró que uno de los “problemas” de la legislación actual es “la edad de imputabilidad”. “Actualmente, los delitos cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes. Esta circunstancia genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general”, manifestó.

Y se resaltó que, respecto a la región, la edad de 16 se encuentra entre las “más bajas”, siendo de 14 en Chile, Colombia y Perú; de 13 en Guatemala, Nicaragua y Uruguay; de 12 en Brasil y México; y de 7 en Granada y Trinidad y Tobago.

Por otra parte, en los fundamentos el Gobierno mencionó los antecedentes de ocho proyectos presentados en Diputados por distintos bloques.

proyecto de ley penal juvenil

 

Solano rechazó la propuesta de baja de la edad de imputabilidad a los 13 años

El legislador del Frente de Izquierda cuestionó con dureza el proyecto presentado por el Ministerio de Seguridad y el de Justicia. “Bullrich y Cúneo Libarona quieren bajar la edad de imputabilidad porque quiere profundizar la persecución a la juventud”, advirtió.

Días después de que el Congreso Nacional aprobara la Ley de Bases, el diputado del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Gabriel Solano cuestionó con suma dureza el proyecto impulsado por los ministerios de Seguridad y el de Justicia para abajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años.

En ese sentido, el trotskista afirmó que “el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años es un engendro reaccionario que busca armar una campaña fascistoide contra la juventud sin que solucione en lo más mínimo la inseguridad ciudadana” y advirtió que “las estadísticas muestran de modo categórico que la participación de los menores en los delitos graves es irrelevante, del orden del 1%. Por lo tanto, no cambiará la situación delictiva en el país. Invocar el uso de los menores por las bandas delictivas para bajar la edad de imputabilidad es un contrasentido. Equivale a castigar por partida doble a la juventud”.

“El Gobierno que toma esta iniciativa reaccionaría es el mismo que aumentó la pobreza en tres millones de personas en pocos meses. El único destino que tienen para la juventud es la cárcel y la pobreza”, continuó.

Al mismo tiempo que advirtió que “ni la represora Patricia Bullrich, ni el defensor de narcos Mariano Cúneo Libarona tienen ningún interés en terminar con los problemas que hacen crecer la inseguridad en nuestro país y mucho menos les interesa ofrecerle una salida a la juventud que hoy no tiene futuro gracias a las políticas del Gobierno de Javier Milei” y aseveró que “el único interés que tienen por delante es el de reforzar un Estado represivo persecutorio contra el pueblo. Promover y facilitar la llamada doctrina Chocobar que lo único que trae aparejado son más casos de gatillo fácil a cargo de las fuerzas represivas que son engranajes fundamentales para la existencia del delito organizado”.

“Todas las organizaciones de derechos humanos, centros de estudiantes, asambleas barriales, sindicatos y espacios políticos debemos rechazar y luchar contra este proyecto que va a profundizar el reforzamiento represivo en los barrios más humildes y contra los pibes y pibas de nuestro país”, sentenció.