En un nuevo plenario, el neurocientífico Facundo Manes expuso que la adolescencia es una etapa de “oportunidad, pero de vulnerabilidad”, y aseveró que “es un tema crucial y cómo se legisla nos va a definir como sociedad”.
Se llevó a cabo un nuevo encuentro plenario entre las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda para ampliar el debate sobre la baja en la imputabilidad en el Régimen Penal Juvenil. La continuación del tratamiento será el próximo martes 3 de septiembre.
La primera expositora fue la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, quien remarcó que “en 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos le pidió a la Argentina una ley general de justicia juvenil compatible con la Convención: Que la privación de libertad sea utilizada como último recurso sin recurrir a la baja de imputabilidad penal”. Enfatizó su rechazo al proyecto de ley y sumó: “Si seguimos con esto, la Corte podrá denunciar al Estado argentino por incumplimiento ante la OEA”.
Lanzó puntuales objeciones a la baja de imputabilidad a 14 años y “a la contemplación de cualquier delito porque aquel niño que roba una manzana puede quedar detenido en una celda a metros de un homicida serial”. De ese modo, amplió que “ponemos a los menores en un sistema carcelario desbordado, donde hay más de 2.000 presos en las comisarías y un total de 11.933 presos”.
Para cerrar su exposición, amplió detalle sobre porqué rechaza la modificación al Código Penal: “Vamos a entregar a los niños a un sistema (carcelario) que está impulsando a delinquir a los adultos y los vamos a mandar a la ‘’escuela de la delincuencia”. “Esto va a generar lo que los jueces están reconociendo que pasa con los adultos que es generar nuevos delincuentes”, concluyó Martínez.
En la misma línea, la titular de la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes, Marisa Graham, presentó un documento y sumó que “es dificl legislar sobre un sujeto que no se conoce”. Mencionó que las mejoras son “con un Estado presente”, y agregó que “los índices de criminalidad no bajan, bajando la edad de imputabilidad o cortando el eslabón más débil, bajan evitando la reincidencia y la reiterancia”.
“Es contradictorio bajar la edad de imputabilidad, pero liberar el acceso a las armas”, señaló y adhirió a las palabras de Martínez. También mencionó las sugerencias de los organismos internacionales y cerró: “El régimen no resuelve la violencia social y hay que trabajar desde los barrios con los jóvenes para conocer”.
Además, en su rol de integrante de la Cámara de Diputados reflexionó que “tenemos responsabilidad de que nuestro sistema proteja a los jóvenes”, y agregó: “Los invito a legislar en medidas que ayuden al desarrollo del cerebro”, en alusión a la nutrición en los jóvenes. “Tengamos cuidado de que esta ley (modificación del Régimen Penal Juvenil) no sea la miopía del futuro”, cerró.
Desde la óptica judicial, la jueza de Garantías y presidente de la Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires, María José Lescano, explicó que "la responsabilidad penal juvenil debe ir de la mano de instancias previas como la intervención consumos problemáticos, la deserción escolar”. “Son temas que como adultos tenemos que afrontar para prevenir", agregó.
En defensa de la iniciativa, el especialista en “Desarrollo de Políticas Públicas Federales”, Kurt Ottosen, celebró el debate e indicó que “deberíamos debatir cómo aplicar las penas para no caer en un sistema perjudicial, para lograr un desarrollo restaurativo que promueva un proyecto de vida lícito, que no atente a la moral ni al orden público"
También realizaron aportes a la reunión la presidente de la Fundación Sur, Laura Musa; representantes de la CENAF de Río Negro; el psiquiatra forense, Ezequiel Mercurio; la defensora de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba, Amalia López; y la Socióloga, Ana Laura López.
