Con ausencia de las senadoras de la oposición, lo que le valió las críticas por parte de sus pares, el oficialismo avanzó este jueves en la Comisión de Banca de la Mujer del Senado con el dictamen de un proyecto que busca jerarquizar el programa “Acercar Derechos”, implementado desde 2022 por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.

La presidenta de la comisión, la puntana María Eugenia Catalfamo, arrancó: “Lamentablemente no contamos con la presencia de ninguna de las colegas senadoras del interbloque Juntos por el Cambio. Y creo que se trata de una cuestión política”.

La legisladora de Unidad Federal apuntó que “estamos frente a un momento muy concreto en la historia de nuestro país” donde “hay dos modelos realmente contrapuestos”, en el que uno “expresa la defensa de los derechos de las mujeres y diversidades” y “otro niega completamente la existencia de la violencia contra las mujeres y diversidades, y buscan que desaparezca este Ministerio que ha generado tantas políticas públicas”.

Sobre el programa, afirmó que “ya es un hecho, es una política eficaz” y detalló datos: “El 53% de las violencias que fueron asistidas por el programa eran violencias de alto riesgo, al límite del femicidio. Y el 80% de esas violencias eran ejercidas por exparejas. Estamos ante una situación crítica”.

Autora del proyecto, la vicejefa de la bancada oficialista, Anabel Fernández Sagasti, consideró que “no deberíamos dejar de lado nuestras ideas por una contienda electoral, por lo tanto lamento que muchas colegas que sé que defienden los derechos de las mujeres no estén acá presentes acompañando un programa que ha salvado vidas a lo largo y ancho del país”.

“Nosotros pretendemos que se transforme en una política de Estado”, dijo sobre el programa y ponderó que en esta gestión “logramos tener un Ministerio, que obviamente hay que seguir fortaleciéndolo”, pero que “tiene dos programas que son transversales, abarcativos y están en la trinchera de los barrios”.

La mendocina resaltó que este programa “tiene asistencia jurídica y psicológica”, al tiempo que “articula con los tres poderes -nacional, provincial y municipal-” y “se dedica a la prevención de la violencia y además actúa en los momentos urgentes donde no hay contención social que pueda aguantar ante situaciones extremas, que lamentablemente viven las mujeres y sus hijos e hijas”.

Fernández Sagasti defendió entonces el rol de un Estado “presente, articulador, sensible, empático” y el trabajo de “compañeras que le ponen alma, corazón y vida a este programa”. “Con recursos y decisión política, y articulándonos con las organizaciones, podemos prevenir situaciones y reconstruir proyectos de vida que se han truncado en virtud de la violencia. Este programa es una conquista de todas”, agregó.

Y reconoció que “todavía no estamos ni a la puerta de lo que queremos lograr, pero creo que esto es una base importantísima que tenemos que reivindicar, proteger y poner como política de Estado”.

A continuación, la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, manifestó su “perplejidad por no contar con la presencia de las senadoras de la oposición”. “Me parece que no es momento de quitarle el cuerpo”, lanzó y subrayó que “las mujeres estamos siendo amenazadas por uno de los candidatos a presidente”, en referencia a Javier Milei. Sobre esto, señaló que “dentro de su plataforma electoral quiere hacer un mercado de armas libres, y eso nos pone en peligro serio”. “No me parece que sea el momento para quitarle el cuerpo a la salud integral y a la salud física de las mujeres”, insistió.

La senadora oficialista Silvia Sapag expresó que “tenemos que valorar enormemente la creación del Ministerio de la Mujer, porque aunque es bastardeado ya tenemos números que, son todavía flacos ¿no? Pero cuando se creó el Ministerio de la Mujer había un femicidio cada 28 horas, ahora es cada 39 horas. Es un logro terrible que demuestra lo difícil que es nuestra tarea y cómo tenemos que avanzar paso a paso contra la incompresión de muchos y de muchas también, pero son pasos que vamos dando”.

En el cierre, la oficialista Silvina García Larraburu pidió que el próximo 19 de noviembre “podamos tener el pleno convencimiento de qué país habla un candidato y de qué país está hablando el otro” y que “vayamos a votar con el pleno convencimiento de todo lo que hemos logrado y también con la enorme responsabilidad de lo que nos falta”.

Al sostener que espera que el proyecto sea prontamente tratado, añadió: “Que se sepa que no hemos logrado tener el quórum por diversas actitudes mezquinas y sobre todo de aquellos que no son candidatos pero que manejan la política entre bambalinas, que son los que le dicen a algunos lo que tienen que hacer y lo que no”.

Al final del encuentro se pasaron a la firma sin debate un conjunto de proyectos de declaración y Catalfamo, quien culmina su mandato el próximo 10 de diciembre, aprovechó para despedirse. “Agradecerles verdaderamente por estos años, quizás sea la última reunión de la Banca, así que agradecerles por todo este tiempo, por la confianza. Y dejarles un mínimo pedido muy personal, pero ojalá el nombre de la Banca pueda llegar también a incluir a las diversidades, es algo que hemos pensado con Eugenia (Duré), con (María Inés) Pilatti y varias compañeras”, concluyó.

El proyecto de ley que tuvo dictamen propone la creación del “Programa Acercar Derechos para personas en situación de violencias por motivos de género”, con el fin de garantizar el ejercicio pleno y efectivo de los derechos, mediante un acompañamiento integral en materia psicosocial y jurídico, de aquellas personas que se encuentren en situación de violencia por motivos de género, como así también facilitar el acceso al sistema de administración de justicia.

Además de establecerse las finalidades y los principios, entre otros puntos, determina como destinatarios a “mujeres y personas LGBTI+ que se encuentren atravesando o hayan atravesado algún tipo o modalidad de violencia por motivos de género”. “También son destinatarias las personas del grupo familiar o allegadas de la mujer o de la persona LGBTI+ en situación de violencia por motivos de género”, agrega.

A casi dos años de su aprobación en la Cámara de Diputados, un plenario de las comisiones de Banca de la Mujer y Trabajo y Previsión Social del Senado dio luz verde este miércoles al dictamen de un proyecto que propone incorporar al PMO (Programa Médico Obligatorio) un protocolo para la atención de casos de violencia de género.

La presidenta de la Banca de la Mujer, Eugenia Catalfamo (UC-FdT), señaló que “no se trata solamente de acompañar cuando ya se da la violencia de género, sino de tal manera que se pueda prevenir” y “apunta a coordinar los esfuerzos multisectoriales e interdisciplinarios en el ámbito de la salud”.

Autora de la iniciativa cuando se trató en la Cámara baja, y actualmente senadora, Alejandra Vigo (Córdoba Federal) explicó el objetivo es “la atención de esta problemática desde la salud” ya que “la relación paciente-médico es una de las principales situaciones donde este flagelo puede ser detectado”, porque se presentan “diagnósticos disfrazados” a partir de los cuales “el médico es el agente principal para dar el alerta”.

Al recordar que este protocolo existe en el sector público, la legisladora resaltó que alrededor del 60% de los argentinos tienen “cobertura médica asistencial a través de las obras sociales” o prepagas.

“Hoy en Argentina existen 292 obras sociales nacionales que brindan atención de salud a más de 25 millones de personas”, detalló, y sostuvo que, ante estos casos, las víctimas “tienen que volcarse al sistema público de salud, y éste colapsa” porque “no hay especialmente una atención desde la obra social”.

En su intervención, la presidenta de Trabajo y Previsión Social, Juliana Di Tullio (UC-FdT), mencionó cuando se habla del costo fiscal y llamó a pensar en “qué es lo que evitamos: un gran costo en lo que significa la vida de las mujeres y otros tipos de atenciones. Estamos promocionando salud y prevenir enfermedades que son más graves; en una especie de ahorro para el sistema de salud”.

Impulsora de un proyecto similar, la sanjuanina Cristina López Valverde (FNyP-FdT) manifestó: “Con gusto vamos a acompañar este proyecto que va a marcar un antes y un después”. Relató que su iniciativa la había elaborado en base a testimonios de víctimas que tenían que hacer “un peregrinaje” con “órdenes judiciales” para lograr la atención.

Por su parte, el tucumano Pablo Yedlin (FNyP-FdT) recordó que “en general desde las Comisiones de Salud intentamos no forzar aumentos al PMO por ley, porque entendemos que es un sistema financiado en forma compleja y que, en definitiva, es potestad del Ministerio de Salud ir modificando las prestaciones que el PMO brinda”.

También advirtió que una “parte importante” de las personas con obras sociales está dentro de “las obras sociales provinciales que no responden al PMO”, por lo cual la ley “va a requerir la adhesión de las obras sociales provinciales para tener impacto”.

Sin embargo, el senador aseguró que “el proyecto es virtuoso” porque hoy “el sector público tiene la estrategia de atención primaria” y este proyecto “lleva al PMO a forzar esa estrategia de atención primaria”. “Es un paso muy interesante y auspicioso para que la seguridad social empiece a tomar esta estrategia. No es el agregado de una prestación o un fármaco al PMO, sino que estamos cambiando la estrategia”, agregó.

Las comisiones de Banca de la Mujer y Educación y Cultura del Senado avanzaron con el dictamen de un proyecto de ley para instituir el 28 de mayo de cada año como el Día Nacional de la Gestión Menstrual. 

La presidenta de Banca de la Mujer, la puntana Eugenia Catalfamo (UC-FdT), explicó la elección de la fecha: “El 28 de mayo de cada año no es un día caprichoso, tiene que ver con que mayo es el quinto mes y hace referencia a los cinco días, más o menos, en que las mujeres tenemos de nuestro período menstrual y el 28 hace referencia a los ciclos”. 

“Hay una iniciativa a nivel mundial que declara el Día Internacional de la Higiene Menstrual, lo tomamos como antecedente”, dijo, al igual que una iniciativa que había sido presentada por la exsenadora Norma Durango. 

Pero señaló que la idea no es adherir al día internacional, que “hace alusión a una cuestión de aseo”, sino tener un día nacional con el objetivo de que “ algo que es un tabú” comience a hablarse y “en las escuelas se pueda tomar conciencia” sobre la realidad de las niñas, adolescentes y jóvenes más vulnerables que “no pueden acceder a los productos de gestión menstrual de manera saludable”. 

Por su parte, la presidenta de Educación, la sanjuanina Cristina López Valverde (FNyP-FdT), aseguró que incorporar el tema “en la agenda y el calendario escolar es muy importante” ya que “la idea es romper ciertos mitos, tabúes” porque “la menstruación es saludable” y “cuanto más cuando va a acompañada con la posibilidad de la procreación”.

Para la legisladora, “esto va a ayudar a educar, cambiando una cultura muy arraigada, donde la menstruación siempre se ha asociado a cosas feas. Le dabamos otros nombres…esa incapacidad de nombrarla era una negación a nosotras mismas”. 

Autora del proyecto, la fueguina María Eugenia Duré (UC-FdT), sostuvo que la iniciativa “tiene que ver con que deje de ser un tema individual y pase a ser un tema social. Y también político, porque menstruar es también político”. 

Se busca, además, “que esté en la agenda pública, en la agenda educativa” y que “pueda institucionalizarse”, señaló. La legisladora detalló que “hay casi 12 millones de personas menstruantes en nuestro país” y según un estudio de la Dirección de Economía de Igualdad y Género, “el costo anual va de 4.028 pesos a 5.135 para poder gestionarnos nuestra menstruación”.

“Imagínense en aquellos lugares que no pueden llegar a este costo; mujeres en situaciones de vulnerabilidad que no pueden acceder a los productos”, agregó y abogó por poder, a partir de este proyecto, discutir otros para garantizar la gestión menstrual.

Un plenario de las comisiones de Banca de la Mujer y Justicia y Asuntos Penales del Senado avanzó este miércoles con un proyecto de ley para incorporar los conceptos de identidad sexual u orientación de género a la Ley contra Actos Discriminatorios (23.592), al tiempo de actualizar las multas que se prevén para estos casos.

La autora del proyecto y presidenta de la Banca de la Mujer, Eugenia Catalfamo (UC-FdT), explicó que se modifican cuatro artículos de la norma, la cual fue sancionada en 1988 cuando todavía no se contemplaba esta realidad.

Se busca ahora “incluir este concepto que hoy tanto nos identifica en las luchas que llevamos adelante mujeres y diversidades”, resaltó, y comentó que a pedido del senador Edgardo Kueider (FNyP-FdT) se introduce una actualización de los montos de las multas.

Actualmente, éstas están dentro de los 500 a 1.000 pesos, de acuerdo a como fueron establecidas en el año 2002, y se propone que sean llevadas de los 10.000 a los 100.000 pesos, precisó la legisladora puntana.

En nombre de Juntos por el Cambio, la chubutense Edith Terenzi (CF-JxC) afirmó que coincidían con “el espíritu de esta ley”, pero había “pequeñas divergencias que no tienen que ver con cuestiones de fondo, sino de forma”. En ese sentido, cuestionó que en lo referido a las multas hubo dos modificaciones que “no habían sido trabajadas suficientemente” y pidió que el proyecto vuelva a asesores.

“Nunca nos había pasado en Banca que un proyecto acordado en asesores llegara a la comisión modificado”, se quejó la porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro-JxC).

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Justicia, Oscar Parrilli (UC-FdT) anticipó que el oficialismo iba a emitir dictamen, aprovechando el quórum en las comisiones y recordó que “al momento de llegar al recinto se pueden hacer modificaciones”.

Por su parte, la senadora Alejandra Vigo (Córdoba Federal) manifestó su acompañamiento y consideró que “no hay necesidad para discutir sobre la modificación que requiere la ley”.

Tras varias intervenciones, tomó nuevamente la palabra Tagliaferri, que remarcó la coincidencia en la modificación de la ley, pero reclamó establecer Unidades Fijas para la actualización de las multas y no montos en pesos. En esa línea, pidió “hacerlo bien para que no pase como esto que, dentro de “X tiempo”, los 100 mil pesos son 50 pesos; entonces la pena es un chiste”. “Hagamos una buena normativa que efectivamente pene y condene con valor monetario que tenga sentido”, agregó.

Pero Kueider, quien precisamente introdujo la cuestión, explicó que “en todas las cuestiones punitorias” el Código Penal argentino prevé sanciones establecidas en pesos.

Finalmente, Catalfamo ratificó que el Frente de Todos iba a suscribir el dictamen, pero con el compromiso de tener “el tiempo suficiente para que se pueda modificar dialogando y acordando” y “llegar a un consenso” antes de que se trate en sesión, de modo de “estar de acuerdo todas (las senadoras) para que salga por unanimidad”. “Vamos a modificar para que al recinto llegue la propuesta que entre todos consensuemos”, afirmó.

Luego del plenario, la Banca de la Mujer pasó a la firma un conjunto de iniciativas de declaración y un proyecto de ley, impulsado por la senadora Clara Vega (Hay Futuro), para que se instituya el 9 de abril como Día Nacional de la Igualdad Salarial entre mujeres y hombres.

En el Salón Azul tuvo lugar este miércoles, la novena edición de la ceremonia de entrega de las distinciones “Evita Compañera” a mujeres de cada una de las provincias argentinas, propuestas por las senadoras que integran la Comisión Banca de la Mujer.

La presidenta de la comisión, María Eugenia Catalfamo (San Luis-Unidad Ciudadana), abrió el encuentro y destacó “la premiación a mujeres que, por sus antecedentes, labor, gestión en obras de bien o tareas comunitarias hayan representado el ideario de la señora María Eva Duarte de Perón como símbolo de abnegación, entrega, esfuerzo, solidaridad y renunciamiento a títulos y honores”.

La senadora agradeció a todos los presentes y se dirigió a las premiadas sosteniendo que “cada una de ustedes lleva dentro el legado de Evita“.

Las homenajeadas en esta ocasión fueron Rosa Elena Córdoba (Catamarca), María Cecilia Guerrero (Catamarca), Nélida Lucía Orioli (Córdoba), María Cristina Roca (Córdoba), Margarita Carbajal (Chaco) y María Belén Anchi Villarreal (Mendoza). También, Alejandra Gabriela Lourdes Arias (Mendoza), Roxana Elizabeth Rodríguez, Abril Guadalupe Garzón (Neuquén), Patricia O’Grady (Río Negro) y Daniela Silvina (Río Negro).

Asimismo, fueron distinguidas, Irene Cari (Salta), María Elisa Robles Barrientos (San Juan), María del Carmen Sirera (San Juan), Rosa Elizabeth Amieva (San Luis), María Alcira Malamud (San Luis), Ana María Aimetta de Colotti y Silvana Castro (Jujuy).

Por último, Alejandra Elisabet Burgos (Santa Cruz), Aída del Pilar Peralta (Santa Cruz), Adriana Pérez Godoy (Tierra del Fuego), María Clara Vernet (Tierra del Fuego), Marta Rosa Ale (Tucumán), María del Carmen Carrillo (Tucumán), Norma Analía Ocampo (La Rioja).

Al cierre del acto, la senadora por Neuquén Silvia Sapag (Unidad Ciudadana) felicitó a las premiadas por su labor y destacó el símbolo que representa “para ustedes llevarse a su casa esta distinción de Evita y firmada por la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner“.

La comisión Banca de la Mujer se reunió para tratar y dictaminar la instauración del 11 de marzo de cada año como el “Día Nacional de las Mujeres en la Minería” y brindar conformidad a 26 proyectos de declaración.

Su presidenta, la senadora por San Luis Eugenia Catalfamo (Unidad Ciudadana) aclaró: “hemos decidido nombrar en vez de “Día Nacional de la Mujer en la Minería”, que sea de las mujeres para hacerlo más inclusivo”.

Luego, dicha comisión integró el plenario junto a Educación y Cultura para dar despacho a los proyectos de ley que declaran los días 5 de marzo de cada año como el “Día Nacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia”, 12 de Julio como “Día Nacional de las Mujeres Petroleras” y 7 de Noviembre como “Día Nacional de las Mujeres en la Antártida”.

Vale aclarar que, los días conmemorativos aprobados en el plenario, también incluyeron la modificación al plural por su sentido inclusivo.

Al comienzo de la reunión, la Banca de la Mujer dio dictamen a un proyecto de ley y a 26 de declaración.

La Banca de la Mujer organizó este miércoles en el Salón Eva Perón una charla denominada “Hacia una igualdad real”.

La titular de dicha comisión, la puntana María Eugenia Catalfamo estuvo secundada por la senadora por Neuquén Silvia Sapag (Frente de Todos). También expusieron las escritoras especializadas en género, Luciana Peker y Gabriela Borrelli.

Las senadoras y las invitadas pusieron de relieve la importancia de concretar el encuentro en el Salón que lleva el nombre de Eva Perón, que “impulsó el voto femenino y es una de las grandes referentes de las mujeres peronistas”.

La reunión, organizada como primera actividad de la Banca de la Mujer desde que Catalfamo asumió como titular, se concretó en el marco del Día Internacional de la Mujer trabajadora, que se celebró el 8 M.

“En la historia se han logrado muchas leyes gracias a los movimientos feministas, de las diversidades, y también por mujeres y disidencias que llevan adelante convicciones, con un compromiso importante para garantizar esta causa”, señaló Catalfamo.

Añadió que “debe haber una mayor ampliación de derechos y las mujeres debemos seguir luchando en contra de la violencia en una sociedad patriarcal”, a la vez que remarcó que “bregamos por una verdadera y real igualdad en la que podamos vivir tranquilas”.

En tanto, Sapag, que presentó a las expositoras, dijo que “antes teníamos una sensación de injusticia, pero podíamos luchar para dejar de sufrir esas injusticias y tener una vida mejor” mientras que “ahora las mujeres salimos a las calles y luchamos”.

Peker puso de relieve “la participación, la movilización, que hacen escuchar las voces de la sociedad civil” y enfatizó que “juntas somos mucho más fuertes”. Además pidió “acompañamiento de salud mental para las víctimas de violencia sexual y también hay que sacar una ley de cuidados, porque la mochila de los cuidados está enteramente en las mujeres”.

A su turno Borrelli resaltó “la ola feminista” que se registra en el país y aseguró que “tenemos un diálogo activo con las cámaras (del Parlamento) y ayer nos movilizamos al congreso donde se hacen las leyes, porque las leyes nos cambian las vidas”.

La cuarta comisión constituida este jueves activo en el Senado fue la Banca de la Mujer, que componen todas las senadoras de la Cámara y presidía hasta el 10 de diciembre pasado a la exsenadora pampeana Norma Durango. En su reemplazo fue designada la puntana María Eugenia Catalfamo, y al proponerla, su par Anabel Fernández Sagasti destacó que “ella viene trabajando hace mucho temáticas que tienen que ver con las mujeres, las diversidades y los jóvenes”.

Como secretaria fue designada la oficialista neuquina Silvia Sapag, en tanto que la vicepresidencia que le corresponde a Juntos por el Cambio quedó vacante hasta que ese espacio designe a una mujer de ese interbloque.

Al tomar la palabra, Catalfamo definió a este como “un año clave en materia de género”, y adelantó que entre las propuestas que elevarán estará la de modificar el nombre de la comisión, para incluir a los distintos géneros y las diversidades, “porque son uno de los sectores más vulnerables de la sociedad y creemos que en ese espacio es donde deben tratarse sus temáticas, sus dolores y sus problemáticas”.

También adelantó que trabajarán en las propuestas que hizo el presidente el último martes respecto de “tareas de cuidado, el trabajo en el hogar y las licencias desfasadas respecto de otras naciones que nos rodean”.

Dijo que también avanzarán en temas inherentes a la salud y la gestión menstrual, “sobre todo para garantizar el acceso a los productos de gestión menstrual sostenible; a la feminización de la justicia y federalizar esta banca: que también vengan más compañeras de los distintos ministerios, secretarías, direcciones de Genero de las provincias, para que nosotros podamos aprender qué es lo que desarrollan todos los días”.

A continuación, la senadora Anabel Fernández Sagasti pidió ocuparse de un tema “que nos ha conmocionado a todos y todas”, en referencia a la violación masiva que sufrió esta semana una joven en la Ciudad de Buenos Aires. Interpretó que “todos sentimos indignación, furia, impotencia con lo ocurrido en Palermo con seis varones que abusaron de una mujer”.

“Desde esta banca tendríamos que pronunciarnos respecto de este acontecimiento. Es algo cotidiano lamentablemente, y pienso que esta banca es una de las que ha construido conciencia colectiva, y debemos seguir haciéndolo, de que vivimos en un mundo que nos violenta, nos abusa y nuestras pibas viven estas situaciones en forma cotidiana, se cotidianizan y entonces no salen a la luz”, señaló la senadora mendocina.

Fernández Sagasti llamó a visibilizar este episodio “para repudiar y transformar esa sociedad en la que no queremos vivir más”.

Por su parte, la senadora Juliana Di Tullio consideró que existe una postura común acerca de esa violación masiva y sugirió “reconducir un poco la discusión pública desde un lugar de responsabilidad, sin utilizaciones política, que sea algo serio. Y luego que se transforme en un repudio para el recinto, para la primera sesión que tengamos”.

La senadora de Juntos por el Cambio Guadalupe Tagliaferri  compartió el planteo, y aclaró que ese repudio no solo debía ser firmado por las integrantes de la Banca de la Mujer, sino también los varones. Y aclaró que no debe hablarse de “manada”, ya que “la manada son animales y eso les quita responsabilidad. Claramente, lo que hay acá son varones que decidieron abusar de una mujer en forma colectiva y se llama violación.

“No todos los varones lo hacen, aun así estas cosas vienen sucediendo en todos lados; cobra la dimensión que cobra porque sucedió en Buenos Aires, pero cuando nos violan nos abusan no nos preguntan a qué partido político votamos o pertenecemos”, señaló para despolitizar el tema, e insistió: “No son animales, son varones concientes y responsables que decidieron violar de manera masiva a una mujer. Ojalá también los varones de todo el congreso lo firmen”.

Fernández Sagasti resumió entonces en la necesidad de emitir un comunicado consensuado entre todas y luego redactar un proyecto de repudio en el que  puedan participar todos los senadores y senadoras para llevarlo al recinto.

A continuación, la senadora Sapag consideró que “nuestro lugar en la sociedad ha avanzado, pero falta tantísimo, desde las cosas más básicas, como que nuestro cuerpo sea respetado, no somos una cosa a disposición. Ellos saben que pueden, que sus amigos los van a permitir y que la justicia poco hace”.

Luego la presidenta de la Comisión aseguró que durante la tarde se elaborará el documento consensuado.

Finalmente, la Comisión de la Banca de la Mujer escuchó las palabras de la política y filóloga Minerva Josefina Tavárez Mirabal sobre la “vindicación de la política”.

Tavárez Mirabal expresó su deseo de “hacer una vindicación de la política, que ha sido tan desprestigiada y satanizada por este sistema en el que vivimos. La política es el más importante de todos los espacios colectivos desde los cuales se puede trabajar”.

Consideró que “este mundo en crisis nos pone frente a la necesidad de recuperar a la política como acción colectiva y los espacios públicos para trabajar con orgullo. Esa es nuestra responsabilidad, sobre todo las mujeres”

En la última reunión de la Banca de la Mujer en el Senado, se pasaron a la firma medio centenar de proyectos de declaración sobre diferentes temas y, entre ellos, hay uno que repudia manifestaciones de los diputados del Pro Fernando Iglesias y Waldo Wolff.

Luego que la senadora Juliana Di Tullio (FdT) aclarara que había algunas de esas iniciativas que acompañaría y otras no, la presidenta de la comisión, Norma Durango (FdT), les pidió a sus pares que “los leyeran con detenimiento, porque va a haber proyectos que estén de acuerdo y otros que no. A todas les va a pasar lo mismo”.

En lo que refiere a la declaración contra Iglesias y Wolff, ésta fue presentada por la senadora Inés Pilatti Vergara (FdT) en relación a las declaraciones que los diputados opositores tuvieron indirectamente para con la actriz Florencia Peña, cuando se reveló su visita a la Quinta de Olivos durante la cuarentena.

El texto plantea la “preocupación y repudio ante las expresiones de misoginia y violencia de género manifestadas por parte de los diputados nacionales Fernando Adolfo Iglesias y Waldo Ezequiel Wolff contra la actriz Florencia Peña a raíz de su visita a la Quinta Presidencial de Olivos, junto a otros/as artistas”.

La legisladora chaqueña apuntó en su iniciativa que “en el programa de TN ‘Solo una vuelta más'”, Iglesias “habló de ‘escándalo sexual’ y posteriormente, junto a su compañero de banca el diputado nacional Waldo Ezequiel Wolff, se encargaron de replicar el concepto mediante un intercambio de mensajes violentos y misóginos contra la actriz en la red social Twitter”.

Por otra parte, también pasó a la firma una declaración presentada por la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro) contra el secretario nacional de Economía Social, Emilio Pérsico, quien el 1ro. de julio de este año sostuvo que “(…) en general siempre la que tiene las tarjetas de ayuda social en el barrio es la mujer. Eso destruyó, hizo que la mayoría de las familias sean matriarcales y si la que conduce es la mujer y el ‘chabón’ piró, la única forma que tiene para volver a su casa es agarrar cinco ‘giles’ y llevarse cinco celulares a cinco mil pesos cada celular o vender droga y caer en las enfermedades sociales”.

Otro de los proyectos de este tipo es el de la senadora santacruceña María Belén Tapia, quien expresó su “honda preocupación por las afirmaciones del secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privados del Chubut, Jorge Ávila, en las que considera que las mujeres tienen menos capacidad que los varones para encabezar listas de cara a las próximas elecciones legislativas, constituyendo un acto de violencia política contra las mujeres”.

En diálogo con FM Generis 101.5, Ávila consideró “lógico que el candidato que nos represente sea de Comodoro Rivadavia y no que encabece la lista una mujer”, citó en los fundamentos la legisladora.
Para justificar su postura, el gremialista sostuvo que no puede ser una mujer porque no cuentan con la “capacidad técnica” para elaborar un proyecto que los pueda representar. “Nosotros creamos la Secretaría de la Mujer, tenemos mujeres preparadas para encarar, pero no están hoy en condiciones para ir a hacer un análisis de ese tipo. Hoy no hay mujeres con esa condición”, afirmó.

“Necesitamos tanto de los hombres y las mujeres para ir a poner el hombro para ayudarnos. No es que estemos en contra de la mujer ni que estemos diciendo que estamos favoreciendo a un sector. Sino simplemente hoy en condiciones políticas dentro de la provincia, la capacidad de los hombres está un puntito más arriba que la de las mujeres”, dijo Ávila.

En tanto, una iniciativa de la senadora tucumana Beatriz Mirkin (FdT) rechaza manifestaciones del legislador provincial Ricardo Bussi, efectuadas el 13 de mayo de 2020, cuando en una entrevista radial dijo que “eso del femicidio, de todas las ideologías que están hoy de moda, nos parece totalmente extraño a esta sociedad”. “No conozco casos de asesinatos por la condición de mujer, conozco a hombres que han asesinado mujeres por celos, por envidia, por depresión, por drogas, pero por el hecho de ser mujer, no conozco casos”, agregó.

La Banca de la Mujer del Senado dio dictamen favorable este lunes a un proyecto de ley que busca incorporar la definición de “violencia digital” como una de las modalidades de violencia contra las mujeres, impulsado por la sanjuanina Cristina López Valverde (FdT).

La iniciativa se trata de agregar el inciso “g” al artículo 6 de la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres, de modo que se defina a la “violencia digital” como “aquella ejercida contra las mujeres mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), de conformidad con la Ley 27.078 Argentina Digital, con el objeto de atentar contra la integridad, dignidad o intimidad de las mismas; su identidad, reputación, libertad, existencia y domicilio digitales, el acceso, permanencia y desenvolvimiento en el ámbito virtual y el uso de las TIC a fin de causar daño físico, psicológico, económico, sexual o moral tanto en el ámbito privado como en el público, a ellas o a su grupo familiar”.

Además, el texto plantea la incorporación del inciso 8 al artículo 10 de esa misma ley, de modo de establecer que el Estado nacional deberá promover, en articulación con las jurisdicciones, programas de educación digital.

En el arranque del encuentro, que se realizó de manera remota, Norma Durango, presidenta de la comisión, sostuvo que este proyecto “se ha trabajado mucho, en profundidad” y “se ha nutrido” del aporte de un grupo de especialistas, por lo que “llegamos al consenso”.

Autora de la iniciativa, López Valverde remarcó que la Ley 26.485 “ha calado profundamente en el marco legislativo nacional y muy especialmente en la vida de las mujeres, porque les ha dado medios, herramientas, para llegar ante la justicia y reclamar por sus derechos”.

La legisladora oficialista argumentó su proyecto y habló de la diferenciación entre la “violencia digital” y la “violencia mediática”, que ya está contemplada en la ley. A través de las TIC’s se dan “formas más aceleradas, más rápidas, más complejas de que se produzca la comunicación entre dos extremos”, explicó, y dijo que por eso hay que “aggiornar a la ley” y “darle actualidad”.

“Se han dado muchas denuncias de ciberacoso y de delitos que tienen que ver exclusivamente con Internet y las redes”, señaló y apuntó que además en este ámbito “puede prevalecer el anonimato y las identidades falsas”.

También, la sanjuanina aportó datos publicados por Amnistía Internacional: “Una de cada tres mujeres ya ha experimentado una situación de violencia en las redes; el 26% de las mujeres víctimas de violencia de género o abuso en las redes recibió amenazas directa o indirectamente de violencia psicológica o sexual; y el 70% de las mujeres que sufrió abuso o violencia en las redes hicieron algún cambio en la manera en que se manejan en las redes. Y eso es lo peor que puede suceder, porque ya se autolimitan, borran a determinados contactos, pierden de última la capacidad de interacción o decir lo que les está pasado”.

“En 2020, por la pandemia, se triplicó la violencia de género en todos los ámbitos y en los medios digitales también”, agregó.

En desacuerdo con la redacción del texto, la senadora Juliana Di Tullio (FdT) confesó estar en “una situación un poco incómoda” por ser su primera reunión en la Banca de la Mujer y “tener disidencias con el proyecto de una compañera”.

La oficialista recordó que la Ley 26.485 “fue una ley que nos costó mucho sacar” y fue “un proyecto muy trabajado, esperado” para que no se preste a “un mal entendido, o sea mal utilizado por el sistema judicial”. En ese sentido, habló de que la norma concentra definiciones “para que la entiendan los jueces”. Por eso, consideró que no se puede “tratar a la tecnología como si fuera un mal en sí mismo”, ya que es a través de celulares, por ejemplo, que las mujeres denuncian violencia o recurren a botones antipánico.

“Me siento en la obligación de decir lo que pienso y de advertir de serios riesgos”, aseveró, aunque acaró que no quería ser “un obstáculo” para el dictamen, pero sí anticipó que se iba a abstener de firmarlo, antes que hacerlo con disidencias. “Cristina lo que ha hecho es encontrar el ámbito que le hacía falta a la ley. El ámbito digital tiene que estar”, valoró Di Tullio, aunque se manifestó en contra de la redacción alcanzada.

Durango recordó entonces que desde el texto original presentado por López Valverde “se modificaron muchas cosas, incluso algunas modificaciones que pidió la oposición”.

Y precisamente desde la oposición, la tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR) mencionó que la iniciativa fue tratada “en una enorme cantidad de reuniones de asesores”, donde se propusieron “varias sugerencias” que fueron aceptadas. “Esta modalidad de violencia se impone que nosotros la legislemos”, consideró y añadió: “Estoy totalmente de acuerdo, vamos a acompañar el proyecto”.

Tras el tratamiento del proyecto, varias senadoras tuvieron para con Norma Durango palabras de agradecimiento y elogio por la labor realizada, ya que fue la última reunión de la comisión y, a partir del próximo 10 de diciembre, la pampeana se despide del Senado. Y aprovecharon para saludar la tucumana Beatriz Mirkin (FdT) y la chubutense Nancy González (FdT), quienes también concluyen sus mandatos este año.

Finalmente, se pasaron a la firma un paquete de proyectos de declaración y comunicación.

El proyecto de ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero “Diana Sacayan – Lohana Berkins” recibió dictamen favorable este jueves en un plenario remoto de las comisiones de Banca de la Mujer y Trabajo y Previsión Social del Senado. 

La presidenta de la Comisión de Banca de la Mujer, la senadora Norma Durango (Frente de Todos-La Pampa), abrió el plenario al resumir la conquista que representaría la ley de cupo travesti, transexual y transgénero  y consideró: “Debemos sentirnos orgullosos de este país y de esta etapa del Congreso de la Nación”. 

Por su lado, la senadora Nancy González (Frente de Todos-Chubut) se mostró “agradecida que haya puesto el proyecto a la vista y la verdad que es un derecho que lo tenemos que otorgar, y estamos en deuda y creo que estamos llegando tarde, así que muchas gracias”.

Inés Blas (Frente de Todos-Catamarca) coincidió con sus colegas: “En lo personal estoy de acuerdo con que se dé tratamiento a la media sanción de Diputados sin modificaciones”. También agregó que “el trabajo dignifica y mejora las vidas de las personas” y que con esta proyecto se está “reconociendo ese derecho”. 

La senadora Silvia Sapag se refirió a las mujeres trans. “Para comer tienen que dedicarse al trabajo sexual”, sentenció, y agregó que “tenemos este número trágico de que su vida promedio no pasa más de los 40 años”.

María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos-Santa Fe) también celebró el proyecto. “El acceso al trabajo tiene mucho que ver con la inclusión, tiene mucho que ver con las oportunidades, no es una casualidad que estudios en su conjunto, muchísimos, demuestran que la expectativa de vida de las personas trans va desde los 35 hasta los 41 años, esto tiene que ver con las oportunidades que se les niegan”.

María Eugenia Duré (Frente de Todos-Tierra del Fuego) agregó: “Hay algo fundamental que quería mencionar también que tiene que ver con lo que estamos generando, que no es ni más ni menos que devolverles u otorgarles dignidad al colectivo travesti trans y transgénero de nuestro país. Devolverles la dignidad y otorgarles y garantizarles el acceso a los derechos en la igualdad también del acceso al empleo formal”.

La senadora Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos-Mendoza) aclaró: “Para mi, el espíritu de la ley, y esto lo quiero decir de manera individual, está más que claro, esto que digo de que son entidades estatales, pero por si hay algunos que, como nos han planteado, que no estaría del todo cabalmente aclarada la ley, la Secretaría legal y Técnica toma el compromiso de en la reglamentación dejarlo taxativamente estipulado”.

Desde la oposición, Guadalupe Tagliaferri (Juntos por el Cambio-CABA) pidió que “se pueda lograr una mejor redacción del artículo 7. No que se elimine o se exija un nivel de cero antecedentes contravencionales y penales, porque sabemos que este colectivo está sometido por la discriminación y la expulsión a tener este tipo de situaciones y no podemos ser un condicionante, pero sí hay mejores redacciones”.

A lo que Sacnun le contestó: “No debemos olvidarnos que nosotros constitucionalmente tenemos un principio que es el de la resocialización de aquellos que también han tenido antecedentes penales, que han sido condenados… tengamos en cuenta que debemos ir hacia la armonización de derechos”. 

“Vamos a pasar el dictamen. Quiero decirles que estamos realmente muy conformes, yo también estoy recibiendo muchísimos mensajes del colectivo trans”, concluyó la senadora Durango.

La Comisión de la Banca de la Mujer de la Cámara de Senadores se reunió este lunes de forma remota para conmemorar el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y Día Internacional de la Higiene Menstrual a través de la exposición del informe “Justicia Menstrual. Igualdad de género y gestión menstrual sostenible” por parte de dos invitadas y para aprobar una iniciativa que instituye el 5 de septiembre de cada año como el Día Nacional de la Mujer Indígena. 

Las senadoras celebraron el 28 de mayo en conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y Día Internacional de la Higiene Menstrual. Para tal fin fueron invitadas Cecilia Gómez Mirada, subsecretaria de Asuntos Parlamentarios  de Jefatura de Gabinete de Ministros y Mercedes D’Alessandro, directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, en el marco de la presentación del informe “Justicia Menstrual. Igualdad de género y gestión menstrual sostenible”, que reúne los avances y acciones en la temática.

Al respecto, Cecilia Gómez Mirada mencionó más de una decena proyectos de ley que han sido presentados en el Congreso en los últimos tiempos. Algunas de las cuestiones que contemplan las iniciativas, explicó, son: “Exención del IVA -para productos de gestión menstrual-, la provisión gratuita, el pensar y concientizar sobre una gestión menstrual sostenible”.

Otro de los ejes del informe es la relación entre los elementos de higiene menstrual y la ecología. Las propuestas sugieren reemplazar los clásicos tampones y toallitas por otras opciones más sostenibles, como por ejemplo las toallitas de tela o la copa menstrual. “Una toallita más o menos tarda entre 500 y 800 años en descomponerse, no se biodegrada”, se explayó la subsecretaria de Asuntos Parlamentarios.

Por su parte, Mercedes D’alessandro se centró en la crisis laboral causada por la pandemia y cómo afectó a las mujeres. “A las mujeres les cuesta volver más al mercado laboral”, exhibió. Una de las posibles razones para esto, explicó, es el tiempo dedicado a las tareas de cuidados de hijos, nietos, personas con discapacidad, padres mayores, etcétera, durante la crisis sanitaria y el confinamiento.

Desde su visión económica, la funcionaria también expuso: “El mercado de las toallitas y los tampones es un mercado concentrado. En el informe que nosotras armamos mostramos que hay cinco o seis empresas que condensan todo el mercado productivo, que son de capitales extranjeros”. Tanto Gómez Mirada como D’Alessandro lamentaron tener que sufrir violencia y burlas en redes sociales a raíz de los temas con los que trabajan.

Para finalizar la reunión, la comisión dio dictamen al proyecto de la senadora Silvia Giacoppo que instituye el 5 de septiembre de cada año como el Día Nacional de la Mujer Indígena y fue unificado en asesores con la iniciativa de la senadora Anabel Fernández Sagasti sobre el mismo tema. Además, aprobó un conjunto de proyectos de declaración.

La Comisión de Banca de la Mujer del Senado avanzó con el dictamen del proyecto para otorgarle jerarquía constitucional a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará.

La iniciativa, que este miércoles fue avalada en la Comisión de Asuntos Constitucionales, quedó de esta manera en condiciones de ser tratada en el recinto, donde requiere de los dos tercios de los votos para su aprobación.
La Convención fue adoptada por la Asamblea de los Estados Americanos el 9 de junio de 1994 y ratificada por Argentina a través de la Ley 24.632.

La presidenta de la comisión, la pampeana Norma Durango (FdT), consideró que la Convención “hoy más que nunca merece tener el máximo rango de nuestro ordenamiento jurídico”. La legisladora explicó que fue “el primer tratado internacional con naturaleza vinculante” y “se ocupa de la violencia contra las mujeres, por lo que es considerado pionero en la materia”.

El tratado aborda “el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia”, considera a “la violencia de género como una violación a los derechos humanos” y establece “mecanismos de protección”, agregó Durango.

Por su parte, la bonaerense Gladys González (Pro) destacó el hecho de “elevar el nivel de esta Convención al resto de los derechos que están consagrados en nuestra Carta Magna”, y lo que eso significa para “el derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencia”.

La macrista recordó que el proyecto requiere para su aprobación de “una mayoría especial, así que esperamos recibir el acompañamiento de todos nuestros compañeros varones en el recinto”.

A su turno, la santafesina María de los Ángeles Sacnun (FdT) habló del desafío para que los derechos allí establecidos “se hagan efectivos”, porque “todos los días vamos siguiendo los distintos índices en cuanto a los femicidios y todo tipo de violencias contra las mujeres, y vemos como esto se profundiza, y mucho más en pandemia”.

“Es un paso importante, pero es un proceso que implica que nuestros varones entiendan de qué hablamos cuando hablamos de no a la violencia en todos sus aspectos; y a interpretar lo que es la perspectiva de género en cada una de las decisiones que debemos tomar desde los distintos poderes del Estado”, sostuvo María Inés Pilatti Vergara (FdT).

En tanto, la rionegrina Silvina García Larraburu (FdT) señaló que en el ámbito judicial es donde “hay un abismo para que se cumplan todas estas convenciones”. “Son siempre las mujeres las que deben juntar todas estas pruebas y son revictimizadas”, apuntó.

En ese sentido, la oficialista subrayó: “Necesitamos que en las instancias judiciales exista realmente perspectiva de género y podamos derribar y terminar con este tipo de violencias. Salvo honrosas excepciones de juezas muy militantes del género, lamentablemente la Justicia es 100% machirula”.

Durante la reunión, la catamarqueña Inés Blas (FdT) lamentó que el “contexto patriarcal machista en este último tiempo, esta época de pandemia, se ha potenciado”, y advirtió que “todo lo que podamos hacer para que las mujeres dejemos de ser violentadas y que ser mujer no nos cueste la vida nunca dejará de ser suficiente”.

La legisladora María Eugenia Duré (FdT) remarcó que la Convención se trata del “primer tratado vinculante que reconoce a la violencia de género como violación de los derechos humanos” y esa debe ser “nuestra base para seguir trabajando en políticas públicas que contengan a nuestras mujeres”.

Con cifras aportadas por la Casa del Encuentro, la fueguina detalló que “desde el 1ro. de enero de 2021 se produjeron 92 femicidios en nuestro país, 5 transfemicidos, y eso se traduce en 103 hijos e hijas que quedaron sin madres, los cuales el 63% son menores de edad”.

Hacia el tramo final, la neuquina Silvia Sapag (FdT) ponderó que en los últimos años se inició “fuertemente un proceso de desconstrucción”, sin embargo observó que “siempre resaltamos los femicidios, porque eso es brutal” pero existen las “pequeñas violencias ejercitadas permanentemente sobre nosotras”.

Por último, la tucumana Beatriz Mirkin (FdT) pidió “votarla completamente, no se puede votar la Convención en partes”, en respuesta a lo que planteó Silvia Elías de Pérez.

Las disidencias planteadas por Elías de Pérez

La radical Silvia Elías de Pérez (UCR) alertó que al otorgarle jerarquía constitucional a la Convención, también se le da rango al comité de expertos que interpretan la norma. “Eso no lo comparto”, afirmó.

Entonces, la tucumana argumentó que “este comité, fundamentalmente, se ha transformado en un interpretador de esta norma absolutamente de una manera completamente diferente a la que yo la veo, siento e interpreto”.

Sobre ello, dijo que algunos expertos “consideran tortura a un embarazo no planificado” o “inhumano que una persona no pueda acceder a un aborto”. Por eso, Elías de Pérez anticipó que con un grupo de senadores redactarán las disidencias, porque está “claro que estamos de acuerdo con proteger a la mujer”, pero “no a costa de avanzar sobre la vida de nadie, aunque ese nadie sea no planificado, no deseado”.

Durante la reunión se aprobaron además un conjunto de proyectos de declaración consensuados.

Por Melisa Jofré

Un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Banca de la Mujer del Senado, presididas por los oficialistas Oscar Parrilli y Norma Durango respectivamente, dieron este lunes dictamen favorable a un proyecto de ley que prevé incorporar el acoso callejero al Código Penal.

La iniciativa para tipificar la conducta recibió media sanción de la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, pero tras el debate los senadores decidieron introducir modificaciones. Por lo tanto, de ser aprobada en el recinto en la próxima sesión, deberá volver a la cámara de origen para su sanción definitiva.

Al comienzo del debate Durango expresó que “quizás al principio cuando uno lo lee (al proyecto), le parece que es un poco exagerado, pero realmente creo que está muy bien que podamos firmar el dictamen hoy”.

Para la pampeana, hay que avanzar en esta ley en el marco de “la ampliación de derechos de las mujeres y diversidades sexuales”. “Los espacios públicos han sido diseñados y siempre dominados por el varón”, señaló la oficialista, por lo que consideró que “desde la legislación tenemos que instaurar la igualdad real de oportunidades y lograr que la calle deje de ser un ámbito hostil para las mujeres“.

Autora de un proyecto similar, la radical Silvia Elías de Pérez sostuvo que “a veces nos cuesta visibilizar algunas cuestiones que durante años se ha tratado de poner como si fueran piropos o cosas que no tienen mayores consecuencias, hasta que ocurren hechos que nos muestran de que claro tienen consecuencias”.

En ese sentido, la tucumana recordó el caso en su provincia de Paola Tacacho, una profesora asesinada por un alumno que la acosaba desde hacía cinco años pese a las denuncias que ella había realizado.

“Nos parece que es hora de que avancemos” con la ley, opinó la senadora y también pidió incorporar al “acoso sexual virtual” porque a las mujeres “nos perturban, nos hostigan, nos intimidan con connotaciones sexuales de manera reiterada, insistente y continua a través de los medios digitales”.

Por su parte, el cordobés Ernesto Martínez manifestó sus “reparos” al proyecto puesto que “no existe en el derecho comparado norma similar a esta que se pretende incorporar, más allá de que reconozco cual es su intencionalidad, porque hacia la mujer siempre se produce un ámbito de incomodidad generalizado en el ambiente público”.

Y entonces advirtió: “Se debe legislar con precisión, bien, no es tan simple modificar el Código Penal a través de una idea, volcarla como una redacción que convalide esa proclama y después entender que eso es una norma penal, porque se puede incurrir en errores transcendentes”.

Además, el macrista mencionó que el acoso callejero está contemplado en varios códigos contravencionales de las provincias, incluso con sanciones y penas mayores.

Sobre ese punto, la santafesina María de los Ángeles Sacnun coincidió que “existen sanciones que son mucho más gravosas que las sanciones que se prevén incorporar al Código Penal”. No obstante, la oficialista ratificó el “espíritu de la norma” por “la importancia que tiene” el tema.

La senadora citó una encuesta que asegura que “el 38,2% de las mujeres sufrió algún tipo de acoso antes de los 13 años”, mientras que “el 94,4% de las mujeres de todas las edades han sido acosadas en la calle”. “Me da orgullo que en el derecho comparado este sea el primer país que atiende esta cuestión y que la incorpora a su legislación interna”, agregó.

Por su parte, el senador Mario Pais coinció con Martínez en que “es una norma que tiene algunos defectos importantes en cuanto a la redacción” y remarcó que “en materia penal tenemos que ser precisos”, por eso recomendó rever un artículo en el cual se hace mención al artículo 59, sobre extinción de la acción penal, porque “no es aplicable a todos los supuestos”.

Finalmente, Parrilli afirmó que “tenemos que dar un mensaje claro y contundente de cuál es nuestra postura frente a esto”, por eso consintió avanzar con el dictamen, pero aclaró: “Eso no significa que no podamos hacerle modificaciones que mejoran el proyecto”.

Por eso, en acuerdo con Durango, el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales informó que los montos de las multas se mantendrán, pero se agregará el equivalente por Unidad de Medida Arancelaria (UMA) que “de acuerdo a la última actualización de la Corte Suprema de Justicia, de enero de este año, es de $3.862”.

En la nueva redacción se contemplará no solo el “acoso en lugares públicos de acceso público”, sino también “en lugares reservados o privados” como podría ser una fiesta, y la figura del acoso virtual.

Por último, se precisará lo vinculado al artículo 59 del Código Penal -pedido de Pais- y se quitará “Instituto Nacional de las Mujeres”, puesto que hoy existe el Ministerio de Mujer, Géneros y Diversidad, por una aclaración más genérica sobre la autoridad de aplicación a la cual se asignarán los fondos que demande la ley.

El proyecto aprobado a fines de 2019 en Diputados incorpora el artículo 129 bis al Código Penal, por el cual “será penado con multa de 1.000 a 15.000 pesos el que, en lugares públicos o de acceso público, mediante gestos, expresiones, palabras, contacto físico o arrinconamiento no consentido, con connotación sexual, perturbare la dignidad, libertad, integridad física, psicológica, sexual o el libre tránsito de una persona, con motivo del género, orientación sexual, identidad de género o su expresión y siempre que el hecho no constituyere un delito más severamente penado”.

Además, “la multa será de 5.000 a 30.000 pesos si la víctima fuese menor de 18 años o el autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial penitenciaria. La multa llevará como medida accesoria la obligatoriedad por parte del condenado de realizar talleres o encuentros orientados a la educación, concientización y erradicación del acoso sexual callejero y la violencia de género por un plazo no menor a los tres meses”.

Asimismo, se incorpora a la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la realización de campañas de difusión que contribuyan a concientizar, a dar visibilidad y a desnaturalizar la violencia con motivo del género, orientación sexual, identidad de género o su expresión en el espacio público conocida como “acoso sexual callejero”; y la elaboración de estrategias de atención y acción que colaboren con la prevención y erradicación del mismo.

En la primera sesión de la Cámara alta desde el arranque del nuevo período ordinario, la senadora Norma Durango (Frente de Todos), presidenta de la Banca de la Mujer, rindió homenaje a la lucha feminista y reclamó por el creciente número de femicidios y situaciones de violencia . “Llevamos más femicidios que días en el año”, señaló.

En un tramo de su discurso, la legisladora se refirió a Cristina Fernández de Kirchner al sostener que “como a nuestra vicepresidenta, la presidenta de nuestro cuerpo, perseguida en gran parte también por ser mujer, por su inteligencia, por defender al pueblo, por gobernar. La Justicia nos ha demostrado con creces no tener perspectiva de género”.

“Como cada 8 de marzo le ponemos palabras a la lucha por la igualdad, porque esto sigue siendo un tema pendiente”, apuntó la pampeana, que además agregó: “Alzamos nuestra voz para reclamar por el creciente número de femicidios y situaciones de violencia de todo tipo y en todos los ámbitos, violencia que en tiempos de pandemia se ha visto sensiblemente incrementada”. 

Ejemplificó con cifras de La Pampa: “En mi provincia, donde somos nada más que 353 mil habitantes, se hicieron el año pasado 815 denuncias por violencia de género”.

Para Durango, la pandemia “otra vez puso a las mujeres en la primera línea de cuidados, remunerados y no remunerados. Siempre, las mujeres y las niñas en las crisis llevamos la peor parte, pero en esta particularmente”.

La oficialista destacó la labor de “médicas, enfermeras, maestras, mucamas, administrativas, cuidadoras, científicas, investigadoras, funcionarias”, y aseguró que “las mujeres hacemos de todo y nos hemos ocupado de todo en esta pandemia”.

“La saluda señora presidenta, las saludo señoras senadoras, pero no les he deseado un feliz día el lunes. Pero no fue un día de celebración. No lo será mientras nos sigan matando y persiguiendo”, enfatizó la presidenta de la Banca de la Mujer.

Y concluyó: “Seguiremos movilizadas, militando, haciéndonos oír, porque la lucha continúa y creemos que el empoderamiento por la no violencia, por todas, las niñas. Queremos igualdad, queremos decidir, pero por sobre todas las cosas, nos queremos vivas”.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la comisión de la Banca de la Mujer del Senado, presidida por la pampeana Norma Durango (FdT), recibió este lunes a un conjunto de mujeres referentes de distintos ámbitos, quienes relataron sus experiencias durante una reunión que se realizó de manera virtual.

El encuentro se llevó a cabo en línea con la iniciativa “Nosotras Movemos al Mundo” de los ministerios de Mujeres, Géneros y Diversidad; y de Cultura.

Al inicio de la reunión, Durango lamentó “la cantidad creciente de femicidios y de la violencia que, en tiempos de pandemia, se ha visto sensiblemente incrementada”. Para la legisladora, “este particular contexto otra vez puso a las mujeres en la primera línea de cuidados”.

Se han visto a “mujeres organizando sus comunidades, los hogares, poniendo el cuerpo y su sabiduría en instituciones sanitarias”, destacó la oficialista, al tiempo que señaló que “somos muchas prestando servicios, ejecutando tareas, pero pocas en la toma de decisiones y es desproporcionado el porcentaje de representación”.

Para la senadora, este 8M “será una jornada histórica de reflexión sobre todos los progresos que tenemos, pero sobre todo por los desafíos y las deudas que tenemos”. Y reconoció a “las miles de mujeres” que al reclamar por sus derechos “han trabajado por la igualdad de género”.

Relatos en primera persona

En primer término expuso la física Karen Hallberg, del Centro Atómico de Bariloche, propuesta por la senadora Silvina García Larraburu (FdT), quien resaltó que “si bien se ha avanzado en varios aspectos relacionados con las políticas públicas de la equidad de género, queda todavía mucho por hacer”.

“Quiero hacer hincapié en la discriminación que enfrentamos desde muy pequeñas en la valoración por parte de la sociedad de nuestras capacidades intelectuales, y en la barrera que se nos interponen si seguimos carreras científicas-tecnológicas”, sostuvo.

Y señaló que esto “redunda en un bajísimo porcentaje de mujeres en ciencia, en particular en áreas como física, matemática, astronomía, geología, computación, ingenierías y tecnología, entre otras”.

Hallberg detalló que, según un informe de la UNESCO de 2019, “en todo el mundo menos del 30% de científicos son mujeres” y “la proporción es mucho menor en el caso de las áreas de ciencias naturales y exactas”.

Además, la física remarcó que hasta la fecha el Premio Nobel en áreas científicas se les ha otorgado a “25 mujeres entre 683 hombres”, y en cuanto a todas las áreas “a 57 mujeres entre 877 hombres”. “Hay un desbalance que hay que corregir y cuanto antes mejor”, agregó.

Luego fue el turno de Franca González, directora de cine, propuesta por la senadora Norma Durango (FdT), quien expresó: “Pertenezco a una cultura patriarcal en la que se acepta implícitamente que a la mujer todo debe costarle muchísimo más que a los varones”.

“El hecho de haber elegido no tener hijos y privilegiar mi carrera profesional es también producto de esa aceptación tácita”, dijo y explicó que “a las mujeres que pretenden hacer cine y formaron una familia, tuvieron hijos, esto les resulta mucho más complicado” porque “implica una pausa en las carreras, algo que suele ser muy difícil de remontar y de pagar”.

González indicó que hay estudios que hablan de un “70% de directores hombres y 30% de directoras mujeres” en este ámbito, pero subrayó que “la dificultad mayor no reside tanto en el acceso de las cineastas a la industria cinematográfica, sino justamente en su permanencia”. “No conozco mujeres directoras que vivan solo de esta actividad”, añadió.

También participó de la reunión Belén Sequeira, hermana de Yanina Sequeira, asesinada en 2015 por su expareja y cuyo caso llegó a la Corte Suprema. “El caso de mi hermana fue archivado como una muerte natural y después de una lucha inmensa de parte de mi papá, quien ya falleció en el año 2017 por descubrir qué había pasado con su hija, pudimos en 2019 llegar a la Corte y demostrar que definitivamente no tuvo una muerte natural, sino una muerte violenta”, relató.

Sequeira, propuesta por la senadora María Inés Pilatti Vergara (FdT), contó que actualmente se encuentran “a la espera de un juicio con su femicida detenido”. “Como hermana fue una lucha difícil salir a las calles a pedir justicia”, expresó y abogó “que esto siga creciendo y podamos tener tranquilidad y paz y no haya más mujeres asesinadas”.

Desde Tierra del Fuego, la concejala del Frente de Todos Laura Ávila destacó haber sido convocada por el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, para encabezar la primera Secretaría de la Mujer de la ciudad, lo que calificó fue “un antes y un después” que demostró “toda la miseria de la sociedad patriarcal” a medida “que íbamos visibilizando los problemas que sufrían las mujeres”.

La Secretaría se abocó a “la atención ante violencia hacia las mujeres y todos los programas que tenían que ver con el acompañamiento, contención y asesoramiento gratuito”, además de programas sobre “la autonomía económica de las mujeres”, informó Ávila.

En su exposición también ponderó que en Ushuaia “vamos a tener la primera Casa de la Mujer, una casa política”. “En el fin del mundo hay grandes mujeres que transforman, que ponen su tiempo y energías en la construcción de una sociedad más igualitaria”, cerró.

Propuesta por la senadora Laura Rodríguez Machado (Pro), Paulina Gómez Gatto, conductora de camiones, reveló: “Llegué al mundo del transporte por mi marido, porque él tenía camiones y él siempre me decía ‘vos vas a poder, vos a poder’. Yo venía de una familia machista que me decía ‘vos sos mujer, no vas a poder'”.

“¿A dónde está escrito, o predestinado, o firmado, o proyectado que algo sea para un hombre o para una mujer? Si uno se lo propone, lo puede cumplir, da lo mismo el género”, aseguró y confesó: “Amo estar en el camión, lo disfruto muchísimo, me apasiona. No es solamente manejarlo, hay que saber accionar los mecanismos que tiene un camión, poder desenvolverte en la ruta. Hay que tener una cierta habilidad que no todos tenemos, porque vos podés ser hombre y no tener la habilidad para manejar un camión”.

En representación del colectivo Zapateras Argentinas, Lourdes Chicco Ruiz, afirmó que “estamos en un rubro que históricamente está regido por los varones”, pero “juntas nos sentimos un poco más fuertes y repensamos cómo desarticular estas prácticas naturalizadas, las desigualdades que nos oprimen siempre en todos los ámbitos”.

La expositora, propuesta por la senadora Clara Vega (Parlamentario Federal), reveló el trabajo que el colectivo realiza para con las comunidades wichis. En ese sentido, contó que el año pasado, durante la cuarentena, se diseñaron 15 modelos de zapatos únicos que se comercializaron y “todo lo que se recaudó fue directamente a las comunidades”.

“Nuestros objetivos, más allá de poder visibilizar la problemática wichi y además revalorizar las riquezas ancestrales que tienen, es compartir nuestro saber laboral y formar mano de obra para contribuir con una economía familiar”, agregó.

Propuesta por la senadora Beatriz Mirkin (FdT), la subsecretaria de Federalización del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Elisa Margarita Colombo, recordó los años de la fundación del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, cuando “en ese momento hablar de jubilación a la ama de casa era imposible de pensar”.

Según un estudio realizado el año pasado por Mercedes D’Alessandro, directora de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, “el aporte entre el trabajo no remunerado de la mujer constituye el 16% del PBI”, precisó Colombo, que enfatizó que “el trabajo no remunerado de planchar, lavar, cocinar y de cuidados es un trabajo que es realizado en un porcentaje de alrededor del 80% por mujeres y 20% por varones”.

Finalmente, propuesta por la senadora Gladys González (Pro), Coral Campopiano -cantante, guitarrista, compositora, actriz y abogada- sostuvo que “ser mujer nunca fue fácil” y en su carrera ha pasado por “situaciones de abuso e insinuaciones constantes”.

Impulsora de una campaña para que las mujeres que sufren violencia de género puedan pedir ayuda a través de una señal con su mano, Campopiano consideró que “tener una herramienta en el cuerpo para que podamos expresar lo que no podemos, lo que no nos animamos, es fundamental”, y abogó por que pueda “ser ley” y “una cuestión universal”.

“Una vez más las senadoras que integramos la Comisión Banca de la Mujer, sumamos nuestras voces a las de las ciudadanas y ciudadanos, y organizaciones de la sociedad civil, que hoy reclaman visibilizar la violencia que atravesamos las mujeres a lo largo y ancho de este país”, expresó este jueves el organismo encabezado por la senadora Norma Durango.

La comisión del Senado que agrupa a todas las integrantes femeninas de ese cuerpo recordó que en Argentina una mujer es asesinada cada 23 horas, son 44 los femicidios en estos primeros 40 días del 2021. Advirtió que “la pandemia empeoró la situación porque para prevenir el Covid-19, muchas mujeres deben pasar más horas en un mismo lugar con sus agresores, y en otros casos empezó a aparecer la agresión en vínculos dónde antes no se había manifestado”, y destacó que en este último año se incrementaron notablemente las llamadas al 144 y los pedidos de asistencia.

“Una mujer muere por día en la Argentina, y miles son golpeadas y abusadas. Niñas, adolescentes, adultas, adultas mayores y trans. No son un número, tampoco son una estadística, son vidas e historias de mujeres víctimas del machismo y del patriarcado, que son violentadas y asesinadas, por su condición de ser mujeres”, expresó la Banca de la Mujer a través de un comunicado.

En el marco de la conmoción que generó el femicidio de Ursula Bahillo, la Banca de la Mujer señaló que “no es esta la primera vez que lo decimos, es una problemática que no es nueva, y que como hemos dicho y reiterado hasta el cansancio, atraviesa todos los niveles sociales y todas las edades. La prevención y las herramientas institucionales que hoy existen para hacerle frente, son insuficientes”.

 En ese marco, consideran necesario “que se profundice la aplicación de la legislación con que contamos, como la Ley 26485”, como así también “que se involucren todos los sectores de la comunidad”.

También, que “los medios de comunicación le den relevancia a las informaciones sobre hechos que vulneren los derechos de las mujeres, sin revictimizarlas”.

“Necesitamos que las distintas jurisdicciones y organismos provinciales y nacionales realicen acciones conjuntas de prevención, asistencia y seguimiento”, señala el comunicado que concluye señalando que “es imprescindible continuar la tarea de articular las áreas de los tres poderes del Estado, la Justicia, los centros de atención de la violencia, las fuerzas de seguridad, los servicios de asistencia de las mujeres y personas trans, en las áreas municipales, provinciales y nacionales. Si no se interactúa, se comparte información y se realiza un abordaje integral, las mujeres seguiremos desamparadas y solas”.

Las comisiones de Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales, y Salud del Senado cerraron este jueves el debate del proyecto de legalización del aborto y comenzó a circular el dictamen, que por la noche ya tenía las firmas necesarias, con muchos datos importantes para tener en cuenta de cara a una sesión a priori con pronóstico muy ajustado.

El más saliente es que Silvina García Larraburu estampó su firma en el dictamen de mayoría. La senadora rionegrina votó en contra de la legalización del aborto en 2018, siendo entonces la única miembro del por entonces bloque kirchnerista en pronunciarse de esa manera.

A su vez, dos senadoras que figuran como “indefinidas”, la entrerriana Stella Maris Olalla (JxC) y la neuquina Lucila Crexell, no suscribieron el dictamen.

El que sí lo hizo, pero “en disidencia”, fue el entrerriano Edgardo Kueider (FdT), otro de los senadores que están “indefinidos”. Lo cual podría interpretarse como que, a priori, no votaría en contra.

Quien hace dos años votó a favor, pero este jueves no firmó el dictamen es la senadora de Juntos por el Cambio Laura Rodríguez Machado. Lo cual abre un interrogante respecto de su voto el 29 de diciembre.

Tras la última ronda de exposiciones, la presidenta de la Banca de la Mujer, la pampeana Norma Durango (FdT), anunció que daría la palabra a los otros presidentes de las comisiones y se cerraría la reunión. Sin embargo, hubo varios senadores que hicieron uso de la palabra, e incluso el rionegrino Alberto Weretilneck propuso modificaciones al texto, por lo que se abrió el intercambio.

El titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Oscar Parrilli (FdT), admitió que este es un tema “muy rígido y álgido”, por eso “es muy loable que estemos discutiendo este tema, lo que no corresponde es que no lo tratemos”. “En este tema excede la cuestión jurídica, constitucional, internacional. Hay principios y convicciones que uno tiene”, señaló, pero remarcó que “lo importante es que vayamos avanzando en resolver este tema”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud, Mario Fiad (UCR), subrayó que “el debate no se va a agotar en el resto del país” porque “se trata del derecho humano, primario y fundamental”. “Hemos empezado por el final, y tendríamos que haber empezado por el principio, ocupándonos de lo que nuestro país tiene como pobreza estructural, de la educación, de la salud, de los derechos de todos”, afirmó el jujeño.

Y agregó: “Tenemos que seguir ocupándonos que ninguna mujer, ni ninguna niña, tenga hambre; que tengan educación, que tengan la información para la toma de decisiones, que tengan la oportunidad de salir de sus entornos violentos”.

Por su parte, la vicepresidenta de la Banca de la Mujer, Guadalupe Tagliaferri (Pro), expresó que “lo que estamos acá defendiendo son convicciones, y a mí me genera mucho orgullo pertenecer en este momento a un Senado que está debatiendo con honestidad intelectual, donde cada uno de los senadores y senadoras están poniendo su compromiso con lo que creen”. “Independientemente de cómo termine el resultado de este dictamen, creo que estos días hemos sido ejemplo de un debate democrático”, consideró.

Referente en contra de la iniciativa, la tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR) aseguró que además de su “convicción profunda de que la vida empieza desde la concepción”, el proyecto es “inconstitucional, inconvencional” y también “se lleva puesta la cláusula” referida a “la declaración interpretativa del tratado de la Convención de los Derechos Humanos”, la cual deberá “ser derogada” para avanzar con esta ley, apuntó.

A su turno, el rionegrino Alberto Weretilneck confirmó que su posición es a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, pero propuso una serie de modificaciones al proyecto para que la ley “se pueda cumplir”.

El legislador -que al final no firmó el dictamen– comenzó diciendo que la decisión del aborto “no es un tema únicamente de la mujer, sino que es de la mujer y del hombre” y, en ese línea, reveló haberse hecho una vasectomía hace 16 años atrás.

Weretilneck recordó que, como gobernador de Río Negro, en 2012 se sancionó en la provincia el protocolo ILE, que se reglamentó en 2016. Al aportar cifras, detalló que en 2018 se practicaron 432 ILE, lo que representa el 0,20% de todas las mujeres de la provincia; en 2019 hubo 565, que representa el 0,30% de las mujeres; y este año se registraron 353 ILE, es decir, el 0,18%.

El senador advirtió que de 2016 a la fecha “el 73% de los tocoginecólogos de Río Negro son objetores de conciencia. Cuando empezamos con este protocolo eran solo el 20%”. Por eso, alertó: “Si la ley no contempla, no cuida y no protege a los equipos de salud, le puedo asegurar que en dos años no tiene quien la ejecute y quien la lleve adelante”.

En contra del inciso “b” del artículo 4, que habilita el aborto más allá de la semana 14 si estuviera en peligro la vida o de la “salud integral” de la persona gestante, con lo cual opinó que “un problema psíquico” podría ser un motivo de interrupción del embarazo. “Este inciso es sumamente amplio y nos va a llevar a que esta ley termine en todos los tribunales del país y en la Corte”, además de que “todos los planteles médicos del país se transformen en objetores de conciencia”, pronosticó.

Otro de los puntos que observó fue “la no obligación de la denuncia cuando el embarazo es producto de una violación”. Si bien aseveró que “las menores de 13 años no deben tener la obligación de la denuncia”, diferenció que “todo embarazo producto de una violación tiene que tener una denuncia penal” porque si no se ataca la consecuencia y no la causa.

El senador cordobés Ernesto Martínez (Pro) se alineó con la postura expuesta por su colega Alberto Weretilneck, en cuanto a los reparos en relación a algunos puntos del proyecto oficial. “En mi caso en el artículo 11 y el artículo 13, y tengo que reservarme ese derecho para una discusión en el recinto que todavía no sé de qué modo se va a dar”, señaló, anticipando que firmaría el despacho con disidencias parciales.

“Es un tema muy profundo, que preocupa a la sociedad argentina, donde están divididas las posiciones”, destacó el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, quien cuestionó el “tratamiento exprés” de la iniciativa, ratificando su firme posición en contra.

Y sorprendió el formoseño ponderando algo ocurrido durante la anterior gestión, mejor dicho sobre cuando se dio el debate del aborto en el Congreso. “En las audiencias públicas de 2018 cada uno tuvo el tiempo de expresarse, no es que hablaron siete minutos y después ‘dale, dale, dale, ya tenemos que sacarlo’… No, no se puede sacar así un proyecto de ley donde está en juego el derecho a la vida”. Valoró entonces la intervención de Weretilneck, en el sentido de “demostrar las fallas que tiene este proyecto de ley que no está bien llevado adelante”.

Crítica de la ley, Silvia Giacoppo (UCR) coincidió con la postura del senador Mayans, al opinar que “no es un dictamen que, por tener un plazo prefijado, que no debatamos artículo por artículo, siendo que estamos discutiendo la vida de las personas por nacer”.

A continuación, el chaqueño Víctor Zimmerman (UCR) compartió las posturas de Weretilneck, Mayans y Giacoppo, “porque yo hubiese querido debatir algunos temas; tenemos diferencias con el proyecto en varias cosas. Entendemos que el oficialismo quiere sacar dictamen a la brevedad, obviamente no lo compartimos”, manifestó y añadió su deseo de poder introducir modificaciones durante el debate en el recinto.

A favor de la iniciativa, la correntina Ana Almirón (FdT) calificó de “muy enriquecedoras” las exposiciones brindadas durante el debate, y señaló que hay senadores que ya tenían una postura previa contraria a la ley, “así que pedir más días de exposición… Todos sabemos de qué se trata, creo que la sociedad ha dado un salto cualitativo enorme desde 2018, sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de la interrupción voluntaria del embarazo, más allá de que esté de un lado u otro”. “No me quiero quedar con ese sabor amargo de que hicimos poco, hicimos muchísimo”, enfatizó.

Su par María de los Angeles Sacnun (FdT) sostuvo por su parte que “el artículo 3 del proyecto de ley me exime de hacer cualquier tipo de planteo desde el punto de vista constitucional. Yo creo que la despenalización del aborto, tal como llega en este proyecto, se adecua perfectamente a nuestra Constitución”.

“La democracia argentina merece que demos estos debates sobre lo que tenemos todavía una deuda enorme para poder ejercer plenamente los derechos fundamentalmente de las mujeres y las niñas en la Argentina”, agregó la santafesina.

En tanto, el chubutense oficialista Mario Pais (FdT) dijo tener la íntima convicción de que “es una ley constitucional, que no violenta la Constitución. Por supuesto que podríamos aspirar a una ley mejor, y seguramente ya la vamos a modificar. Yo no he mutado mi posición ya expresada en el año 2018”, cuando votó a favor de la norma.

Al cierre del debate, la vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, resaltó que “la discusión ha sido amplia, oportuna y ecuánime”.

“Escuché decir que hay temas más urgentes, pero este Senado ha tratado temas muy profundos para el país: la deuda pública, la reforma previsional, privilegios de jubilaciones del Poder Judicial, una ley para acceder a la vacuna… y esto también es una deuda que tiene el Congreso y tenemos que animarnos a debatirla con seriedad”, dijo.

La mendocina pidió: “Cuando lleguemos al recinto tenemos que esforzarnos por que el respeto reine y saber escucharnos para encontrar puntos de encuentro, que yo creo que los hay: no queremos más embarazos no deseados en Argentina, y tenemos el compromiso de llevar a nuestras provincias la ESI (Educación Sexual Integral)”.

“No hay salida: es con educación, con salud pública y con derechos donde las mujeres nos vamos a sentir protegidas en nuestra decisión de ser o no ser madres”, concluyó Fernández Sagasti.

Luego de recibir a la última tanda de expositores invitados, los senadores de las comisiones Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales, y Salud del Senado se abocan a la discusión del proyecto de aborto legal, con media sanción de Diputados.

La intención del sector “verde” es firmar el dictamen este jueves, y tratarlo en el recinto el próximo martes 29 de diciembre, luego de Navidad y antes de fin de año. La media sanción se aprobó el pasado 11 de diciembre en la Cámara baja con 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones.

El escenario en el Senado se plantea abierto, con números muy ajustados, y en el que no se descartan sorpresas en la votación. Por el momento, según un conteo realizado por parlamentario.com, el rechazo a la ley estaría dos votos arriba pero hay tres legisladores que aparecen como indefinidos y una incógnita sobre una senadora oficialista que podría dar vuelta su voto.

El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, establece la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, inclusive. Fuera de ese plazo, el aborto se podrá practicar en dos supuestos: si el embarazo es producto de una violación; o si está en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.

El plazo máximo para realizar el aborto desde que la persona gestante lo solicita será de diez días corridos. Una vez que se realice el requerimiento, los establecimientos sanitarios deberán poner a disposición de la persona toda la información necesaria, así como la atención y el acompañamiento a lo largo de todo el proceso.

Previo a la realización del aborto, la persona gestante deberá prestar por escrito su consentimiento informado, por sí sola, a partir de los 16 años de edad.

Los profesionales de la salud tendrán derecho a la objeción de conciencia, pero no podrá negarse a interrumpir el embarazo si la vida o la salud de la persona gestante está en peligro y requiere una “atención inmediata e impostergable”.

Según un agregado de la Cámara de Diputados, “aquellos efectores de salud del subsector privado o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo a causa del ejercicio del derecho de objeción de conciencia, deberán prever y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación”.

Entre las modificaciones que se prevén al Código Penal, se autoriza en el artículo 86 la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. Mientras que el artículo 88 mantiene la penalización la persona gestante que cause su propio aborto luego de la semana 14, por fuera de las causales habilitadas, aunque la pena se reduce: pasa de uno a cuatro años a tres meses a un año -excarcelable-.

Además, incorpora el artículo 85 bis por el cual se establecen penas de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para quienes dilaten injustificadamente, obstaculicen o se nieguen a practicar el aborto en los casos autorizados. Esto abarca tanto a los médicos como a las autoridades del establecimiento de salud.

NOTA EN DESARROLLO

Las comisiones de la Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales, y Salud del Senado escucharon a los últimos 12 expositores invitados al debate por el proyecto del aborto legal, previo a la reunión en la que se discutirá para avanzar con la firma del dictamen.

Abrió la ronda este jueves el exjuez de la Corte Suprema Rodolfo Barra, quien señaló que desde el derecho “hay vida humana desde la concepción” y “tal humanidad es reconocida por nuestro sistema jurídico”. “El Código Civil dice que el niño por nacer es persona”, agregó.

“La Constitución le otorga derechos subjetivos al niño por nacer. Sería raro que le demos al mismo niño derechos subjetivos para tener una política de asistencia social, pero que su madre al día siguiente pueda abortar”, expresó y consideró que esto “es una contradicción que ningún intérprete puede aceptar, salvo que el derecho permita la violación del sentido común”.

A su turno, Mario Sebastiani, médico de la División Ginecología y Obstetricia del Hospital Italiano, opinó que “estamos discutiendo si la mujer va hacia la dignidad” y observó que “si hay libertad para tener hijos, tiene que haberla para si no quiere tenerlos”.

“No puede quedar en una zona gris o en la nada que tuvimos más de 3.000 muertes en 37 años”, enfatizó y aseguró que las hospitalizaciones bajaron en los últimos años únicamente porque “en vez de ser quirúrgico, el aborto se ha transformado en un aborto farmacológico”. “El aborto es 14 veces menos inseguro que un embarazo o un puerperio”, sostuvo.

También a favor de la ley, Ana Correa, periodista y escritora, autora del libro “Somos Belén”, aseguró que en Argentina “se criminalizan los abortos espontáneos” y manifestó que legalizarlo hará poner fin a “la injusticia, tortura y violación de los derechos humanos”.

“Sabemos que hay muchos casos como el de Belén”, remarcó, al hacer referencia al caso de una joven tucumana que fue condenada a ocho años de prisión por homicidio agravado por el vínculo, y luego absuelta, pero pasó tres años en prisión.

Correa recordó que “fue condenada por un aborto espontáneo y aunque se comprobó que fue inocente, ella sigue sufriendo las consecuencias de la clandestinidad”. “En Tucumán se siguen persiguiendo penalmente los abortos espontáneos”, denunció y le dijo a los senadores que “tienen la responsabilidad de dar un paso decisivo para que en Argentina no se promueva la tortura de niñas y mujeres”.

Al finalizar su exposición, la periodista feminista puso en reproducción un audio de Belén, entrevistada en radio Con Vos, el día después de la media sanción de la ley. La grabación no se pudo escuchar por completo, ya que Norma Durango, presidenta de la comisión, le advirtió que estaba “pasada de tiempo”. Pero lo saliente fue que senadores “celestes” cuestionaron que se pase el material.

“Me gustaría que lo pase completo, pero que nos dejen pasar a nosotros también material que es importante”, se lo escuchó a José Mayans, presidente del bloque Frente de Todos y referente del sector “celeste”. Más tarde, entonces, al momento de las preguntas, las oficialistas Eugenia Catalfamo y María de los Ángeles Sacnun pidieron que Correa vuelva a pasar el audio completo.

Catalfamo enfatizó: “No callemos más, ni silenciemos más a las voces de las protagonistas, y menos nosotros que somos legisladores de la Nación”.

En el audio de la entrevista, Belén considera que “sí va a haber ley, yo creo que sí, porque ahora está más a la vista cómo sufren las mujeres”. “Dejemos de lado un poco lo que es la política y nos enfoquemos un poco más en las mujeres”, agrega y advierte que “no hay solamente una Belén, hay casi 73 Belén que nadie sabe”.

Por el contrario, la psicóloga Carolina Paliva argumentó que “al ser un evento biológico, lo que se está generando con el aborto es la ruptura del primer vínculo social”. La expositora resaltó que se trata de “un ser humano, es el primer individuo en su edad gestacional más temprana”.

Por lo que, calificó al aborto como “un abuso de uso de poder, es exterminar la vida de un ser humano en el vientre materno”. “Cualquier mujer que pasó por esa situación sabe que la idea de muerte pasó por su mente y que está”, lanzó.

Paliva añadió que “el cerebro registra la impronta de muerte que en algún momento va a ser activada”, al hacer referencia a la idea de suicidio y, en esa línea, consideró que el Gobierno “tendrá que poner presupuesto al daño post-aborto para su rehabilitación”.

También expusieron en la jornada la académica Dorothy Estrada-Tanck (UN Working Group on Discrimination against Women and Girls); Pilar Vázquez Calva, abogada mexicana de la organización Alianza por la Vida; Estela Sacristán, doctora en Derecho; y Lisandro Gómez, del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos de Argentina.

Asimismo participaron Fernando Toller, abogado y profesor de Derecho en la Universidad Austral; Eleonora Lamm, doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona; Eduardo Menem, exsenador nacional; y Luis Ernesto Pedernera Reyna, presidente del Comité de Derechos del Niño de la ONU.

Las comisiones de Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales, y Salud del Senado reanudaron este martes el debate del proyecto de aborto legal, con la participación de 24 médicos y especialistas que se manifestaron a favor y en contra.

El plenario presidido por Norma Durango (Frente de Todos) pasó a un cuarto intermedio hasta este jueves a las 9.30, con la intención de escuchar a los últimos invitados y luego abrir el debate entre los senadores.

Abrió la ronda de exposiciones Stella Manzano, médica ginecóloga especialista en medicina legal, del Hospital Zonal de Trelew, quien sostuvo que “no se pueden salvar las dos vidas, porque un aborto a cualquier edad gestacional es menos peligroso que un parto”. “Es imposible evitar la aparición de las enfermedades que el propio embarazo causa en el tercer trimestre”, señaló.

La doctora subrayó que “ninguna persona debe ser obligada a sacrificar su vida para salvar la de otro”, al tiempo que defendió que el aborto “salva a niñas que fueron embarazadas por violación, al evitar que lleguen al parto. Ellas triplican el riesgo al llegar a un parto”.

“Legalizarlo evita secuelas de por vida de complicaciones del embarazo y parto, y evita sufrimiento psíquico por haber sido forzadas a tener hijos contra su voluntad, sea que se los queden o lo den en adopción”, agregó Manzano, que consideró que “negar abortos por causales es tortura” y hay “muchos profesionales que no respetan la soberanía de niñas”.

Con un discurso enfático en contra de la ley, la doctora María de Urraza, especialista en tocoginecología del Hospital de Florencio Varela, dijo que el proyecto busca “promover el aborto eugenésico; legitimar lo que ya ocurre en los hospitales, el aborto a libre demanda y sin límite de edad gestacional; ampliar la cobertura del aborto irrestricto a todo el país; aumentar la cantidad de abortos; amedrentar a los médicos que todavía nos oponemos a actuar contra las leyes de la humanidad y en contra de nuestra conciencia; y garantizar el acceso al aborto en clínicas privadas para que las mujeres de mayor poder adquisitivo no tengan que pasar por la situación de internarse en hospitales públicos”.

“En los hospitales de la provincia de Buenos Aires el aborto es libre, es decir, accesible. Cualquier mujer que quiera hacerse un aborto, se acerca a un centro de salud, firma una declaración jurada con alguna causal y aborta. Es gratuito porque se hace en hospitales públicos. Y es seguro, según el Ministerio de Salud, que directamente no se interesa en contabilizar las complicaciones existentes en los hospitales”, continuó, al tiempo que denunció que “en pandemia se guardaron camas para abortos”.

La médica aseveró que “con esta ley los médicos no podemos de ninguna manera tratar de disuadir a las pacientes de lo que por lo mínimo representa un suicidio emocional”. “Los médicos argentinos estamos en el ranking de los peores pagos del mundo, sin vacaciones, sin aumento. Tuvimos que enfrentar la pandemia, poniendo el cuerpo, vimos a colegas morir. ¿Y que en este contexto nos digan que es importante la ley del aborto? Es vergonzoso”, expresó.

Desde el Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica, realizó su exposición centrada en la comparación de los “costos” entre la ilegalidad y la legalización de los abortos. De acuerdo a un estudio, aseguró que “del total de abortos que se realizan fuera del sistema” se estima que “aproximadamente un 75% tiene contacto igual con el sistema de salud”.

“Si bien la práctica se hace fuera del sistema porque es ilegal, el resto de las complicaciones que requieren un aborto terminan siendo atendidas en el sistema de salud, sea para seguimiento, control o terminar un aborto incompleto”, indicó y apuntó que un caso de shock séptico “puede costar casi un millón de pesos, como máximo, y 548 mil pesos como mínimo”, mientras que un aborto incompleto “entre 36 mil y 85 mil pesos por cada caso”.

La funcionaria precisó que “en una estimación de 457.533 abortos”, el sistema de salud tiene un gasto de “51.900 millones de pesos al año”. “Hoy estamos gastando mucho más no hacer los abortos dentro del sistema legal, sino por fuera”, insistió y afirmó que se trata de “entre 2,6 y 10,2 veces más de lo que se gastaría si se decidiera avanzar en la legalización”. “El argumento del costo no debería ser un argumento para oponerse. Es falaz creer que nos va a costar más caro”, finalizó.

Al relatar su experiencia desde Uruguay, donde el aborto está legalizado desde 2012, María González Bernardi, médica ginecóloga-obstetra del Hospital Público de Montevideo, aseveró que “la legalización no ha modificado la mortalidad materna en Uruguay, porque ya venía descendiendo drásticamente”. Asimismo, resaltó que “no disminuye su práctica” y reveló que luego de su legalización “estábamos en una cifra de 7.000, y terminado el año anterior, en 2019, tenemos una cifra de 10.300 abortos. Es decir, el aumento ha sido notorio”.

La doctora manifestó que en el país vecino “el acceso a métodos anticonceptivos es universal e irrestricto, por lo que el aborto debería ser cero”. “La legalización no eliminó la clandestinidad”, añadió, al sostener que “mujeres por fuera del plazo legal terminan en la clandestinidad” y “existe todavía un mercado negro de misoprostol”. Por otra parte, González Bernardi dijo que “no se respeta el derecho de objeción de conciencia, especialmente de los médicos ginecólogos” y se los “discrimina” en las instituciones.

También en contra, Gabriel Flores Ciani, médico especialista en neurociencia y pastor evangélico, explicó que “inmediatamente cuando el cigoto se forma envía señales al cerebro de la mujer” y “las neuronas registran que hay una nueva vida”. En ese sentido, señaló que la mujer “va a llevar por toda su vida la sensación, el recuerdo de que existió esa vida por nacer en su vientre”.

“La mente humana de la mamá, el sistema biológico y la genetica esta preparada para ser una persona gestante”, siguió y remarcó que “no hay una diferencia desde la neurociencia de un aborto legal o ilegal. Las consecuencias a nivel psicológico y de estructuración de la psquis de la mujer se van a ver dañadas de la misma manera”.

Además, argumentó que “el neurodesarrollo de un niño o de una púber, el cerebro, no está preparado para tomar una decisión de la magnitud de abortar. Es empujada por el entorno, esto es clarísimo”.

Al igual que lo hizo en 2018 cuando era ministro de Salud, Adolfo Rubinstein defendió la legalización del aborto al expresar que “el existía en 1921 cuando se hizo la reforma del Código Penal, hace casi un siglo. Existía en 2018 cuando el presidente Macri habilitó por primera vez el debate. Y sigue existiendo ahora que el presidente Fernández envió el proyecto de ley al Congreso”.

“El aborto ilegal sigue estando presente en la agenda social de nuestro país como una asignatura pendiente que debe ser de una vez por todas resuelta”, destacó y opinó que el Estado debe aparecer como “garante de un bien público que no se desentienda de las consecuencias sanitarias del aborto clandestino”.

El médico indicó que “las complicaciones del aborto inseguro son una cuestión de salud pública”. “Las estimaciones basadas en estudios bastante rigurosos arrojan aproximadamente 350 mil abortos ilegales por año, es decir, casi un aborto cada dos recién nacidos vivos”, informó y agregó que “si bien han disminuido en los últimos años por las políticas de educación sexual y reproductiva”, las hospitalizaciones por aborto inseguro “siguen rondando las 35 a 40 mil hospitalizaciones por año”.

“Si incluimos a los prestadores privados, estamos estimando aproximadamente 65 mil”, continuó y detalló que “las muertes maternas por aborto ilegal siguen rondando las 20 muertes anuales”, aunque “este número probablemente se mayor, porque no se registran adecuadamente por su condición de clandestinidad”.

Sean “muchas o pocas muertes”, Rubinstein enfatizó que “son todas muertes evitables y una sola importa”. En referencia a los países donde el aborto ya es legal, el exministro habló de una “evidencia contundente” de baja de abortos, mientras que en los países con restricciones “la proporción de abortos inseguros aumenta dramáticamente”.

El aborto “es un problema de salud pública porque produce muertes, morbilidad evitable y serios problemas psicosociales en población joven y sana. Pero también es un problema de equidad, porque solamente afecta a las mujeres y adolescentes, y sus complicaciones afectan fundamentalmente a las mujeres más pobres”, sostuvo.

El dirigente lamentó que en 2018, tanto “verdes” como “celestes” se “comprometieron a bregar por prevención del aborto, promoción de la educación sexual integral, prevención del embarazo adolescente, ampliación de la anticoncepción, cumplimiento de la ILE en las causales tipificadas por el Código Penal en el marco del fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia. Y lamentablemente nada de esto ocurrió”.

“No vivimos en un Estado confesional, vivimos en un Estado laico que debe legislar para todos”, sentenció.

Además expusieron, en el primer turno, Evelyn Rodríguez, docente y fundadora de 0800 provida; Mariana Romero, médica epidemióloga e investigadora de CEDES-CONICET; Analía Messina, médica integrante de la Red de Acceso al Aborto Seguro; Noelia Vera Ruiz-Herrera, secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género de España; Angélica Sarmiento, médica y especialista ginecología y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción; y Alejandro Barceló, médico y director del departamento de Bioética de la Facultad de Medicina de la Fundación Barceló.

Por la tarde fue el turno de la ginecóloga Cecilia Ousset, quien a pesar de ser católica apoya la legalización del aborto y enfrenta una causa por homicidio agravado por practicar una ILE a una niña de 11 años que fue violada y tenía riesgo de vida.

“Yo creo que las creencias personales no pueden superar los derechos de las personas. No alcanza con la despenalización, ustedes tienen que legalizar el aborto. Los médicos, médicas y las personas gestantes necesitamos leyes claras y regulación del Estado”, dijo Ousset.

También disertaron, entre otros, María Cecilia Avila, especialista en obstetricia y ginecología; Gabriela Luchetti, especialista en ginecología; el doctor José Jalil Colomé; Ruth Zurbriggen, activista e investigadora de La Revuelta; y Graciela Moya, médica genetista.

Con la participación de 19 abogados y especialistas, el plenario de las comisiones de Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales, y Salud del Senado comenzó este martes con las rondas de exposiciones sobre el proyecto de legalización del aborto, con media sanción de Diputados.

El debate continuará durante todo este miércoles y el jueves por la mañana con nuevas ponencias, mientras que por la tarde se firmaría dictamen, con la intención de sesionar el próximo martes 29, en un escenario de votos todavía incierto.

Turno mañana

En primer lugar, el decano de la Facultad de Derecho de la UCA, Pablo Garat, consideró que el proyecto “tiene que superar el test de constitucionalidad frente a la Constitución Nacional; el test de convencionalidad ante los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional; y el test de congruencia entre el Código Civil Comercial y el Código Penal”.

“Todo nuestro orden jurídico y constitucional se apoya en un principio: el interés superior del niño. El niño y la niña que aparecen ausentes en el debate. Deben valorarse los derechos de la mujer pero no puede estar ausente esto”, continuó el expositor, en contra del proyecto.

Sobre el argumento que “nos obligarían las recomendaciones u observaciones del Comité de los Derechos del Niño o del Comité de Derechos Humanos”, señaló que “las recomendaciones u observaciones se deben ordenar a algo que es previo, que son las obligaciones que surgen de la propia convención”.

Más adelante, en respuesta a preguntas que le hicieron senadores, Garat ratificó que “ningún tratado obliga a la Argentina a legalizar el derecho al aborto, y muchos menos como Estado federal a imponer a las provincias la práctica”. “Ni siquiera por vía de interpretación. La Argentina no podría hacerlo porque se ha obligado en sentido contrario”, agregó.

Por el contrario, el abogado constitucionalista Ricardo Gil Lavedra aseguró que “no hay ninguna regla constitucional y convencional que obligue a penalizar el aborto temprano”. “Todos los órganos, tanto la Corte Suprema, en el orden interno, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y una enorme cantidad de órganos encargados de aplicar tratados de derechos humanos han establecido que puede despenalizarse el aborto temprano”, apuntó.

El exministro de Justicia remarcó que “el desacuerdo” entre quienes están a favor y en contra de la ley “está sobre los alcances de la palabra vida”. En ese sentido, explicó que quienes se oponen “personifican, humanizan al proyecto de vida que anida el embrión” asemejándolo “con el ya nacido o con una persona” y “esto no es así, el embrión no es una persona ya nacida“.

“El derecho positivo no trata de la misma manera al nacido que al por nacer”, enfatizó y añadió que “la vida que puede haber en un embrión o una semilla requiere un desarrollo para poder crecer, y este desarrollo no es autónomo, depende obviamente del cuerpo de la madre”.

Gil Lavedra expresó que “por supuesto que este proyecto de vida requiere tutela, pero esta no tiene por qué ser penal, criminalizando a una mujer”. Por eso, insistió en que “es una ficción sostener que un embrión es un chico”.

Para el abogado, hay dos creencias sobre si se despenaliza el aborto, una “que los abortos se van a multiplicar, que se van a utilizar como un método anticonceptivo” y la otra “cuál es la función de la mujer, sobre un viejo prejuicio”.

Al hacer referencia a los derechos de la mujer, el radical sostuvo que “no hay bebé si no hay madre, si no hay madre solo hay una persona gestante embarazada”. “La maternidad no puede ser forzada bajo amenazada de pena criminal. La mujer no puede estar obligada a poner su cuerpo para continuar con un embarazo no deseado. La mujer tiene derecho a decidir libremente ser o no ser madre”, argumentó.

Finalmente, Gil Lavedra afirmó que “estamos frente a un proceso irreversible, indetenible” y “la recuperación de los derechos plenos de la mujer es un signo de los tiempos y esto va a suceder”. “Si no sale ahora, vamos a volver a estar acá, en la próxima renovación, pero lo que ocurre es que de 2018 a 2020 hubo abortos clandestinos, murieron mujeres por abortos clandestinos, y si esta ley no sale ahora van a seguir muriendo las mujeres”, completó.

A su turno, la abogada Úrsula Cristina Basset, especialista en derecho de familia, aseveró que “nuestra Constitución explícitamente, sin lugar a dudas, protege la vida desde la concepción y obliga al Estado a proteger literalmente, no a un proyecto de vida, sino al niño durante el embarazo”.

“Nos vienen a hablar de afuera y nos dicen como tenemos que legislar en nuestro país, de México, de Uruguay, de Chile, representando a organizaciones internacionales”, cuestionó, al tiempo que se preguntó: “¿Por qué no se le ofrecen opciones a la mujer que cursa un embarazo y tiene temor de no poder criar a ese niño en ese momento de su vida o de no poder educarlo?”.

Al relatar el testimonio de una mujer “humilde que fue a practicarse un aborto de su quinto hijo” en una provincia con protocolo ILE, Basset reveló que ante su consulta si podía dar en adopción al bebé, le respondieron que “imposible, o aborta o según las leyes argentinas tendrá que criarlo o será abandono de hijo”. Por ello, lamentó que “esta ley da derecho a abortar, no a decidir”.

“El derecho al aborto que crea este proyecto es radical, criminaliza a los médicos…tanto que nos dijeron que la criminalización no sirve”, siguió la abogada, y criticó que “obliga a toda la sociedad a pagar el derecho a abortar de cualquier mujer, no solo de la desesperada, de la que fue violada”.

Por su parte, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez negó que exista incompatibilidad con la Convención de los Derechos del Niño. Recordó que cuando Argentina ratificó la Convención “realizó una reserva y tres declaraciones interpretativas”.

En este punto, precisó que por una reserva, un Estado “con respecto a algunos de los artículos queda obligado o desvinculado jurídicamente de los otros Estados y no podrá ser demandado por incumplimiento”; mientras que por las declaraciones interpretativas “un Estado realiza una opción interpretativa entre varias, respecto a alguna de las normas de un tratado”.

Pero “en lo que no hay ningún tipo de diferencia entre ambas” es que “no pueden ser contrarias al objeto y fin del tratado”, algo que lo establece “la textualidad y los órganos que los interpretan y aplican”, dijo. Bajo esa postura, Gil Domínguez subrayó que el Comité de los Derechos del Niño “le ha dicho a Argentina” en 2010, 2016 y 2018, mediante informes, cuestiones relativas al “derecho que tienen las mujeres y las personas gestantes de interrumpir su embarazo”.

“(El Comité) le ha dicho que debe adoptar medidas urgentes para reducir la mortalidad materna relacionadas con el aborto; que debe revisar su legislación sobre el aborto, incluyendo su legislación penal; que debe garantizar el acceso al aborto de adolescentes sin riesgo“, enumeró el abogado.

Y reiteró: “No solamente no es incompatible (con el proyecto), sino que implica un cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado”.

Con un mensaje directo al peronismo, la magíster en Ciencias Políticas María Florencia Álvarez Travieso lanzó que “poner a la Argentina de pie es gobernar junto al pueblo, no desde arriba ni desde abajo. Acompañando, antes que imponiendo”. “Es salvar la mayor cantidad de vidas, como lo expresaron los gobernadores en octubre pasado”, manifestó y opinó que también es “concretar nuestra doctrina defendiendo a los más vulnerables entre los vulnerables”.

Para la expositora, “los pobres, los excluidos, los descartables son opciones de vida y vida digna, no proyectos de descarte”. “Todos los presidentes justicialistas comprendieron el valor singular de cada argentino”, ponderó y mencionó que con la reforma de la Constitución “(Carlos) Menem resguardó el valor de la vida desde la concepción”.

En tanto, “Néstor Kirchner afirmó que siempre fue claro su rechazo al aborto cuando su ministro de Salud, Ginés González García, intentó imponer el debate que hoy estamos manteniendo” y “Cristina Fernández de Kirchner fue más lejos: incorporó el artículo 19 al Código Civil que protege la vida desde la concepción; otorgó el derecho a reclamar alimentos y filiación; y con la Asignación Universal por Embarazo equiparó plenamente los derechos de los niños por nacer a los ya nacidos”.

“Durante los gobiernos peronistas la ampliación de derechos de los niños por nacer fue constante y progresiva, y fue en equilibrio con los derechos de la madre”, remarcó la especialista en políticas públicas de infancia.

Además, le pidió a los dirigentes peronistas que “escuchen, se tomen el tiempo de acercarse, no las invisibilicen” a las mujeres de los barrios vulnerables en cada provincia, para quienes “la muerte no es la última palabra de la historia”. “No permitamos que un proyecto de descarte arranque de cuaje nuestra identidad. Los argentinos no somos objetos para descartar. Este debate parte al medio la unidad de nuestro pueblo”, concluyó.

Otra de las expositoras a favor de la ley fue Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, quien mencionó que “la estrategia de la criminalización es incompatible con la libertad de las mujeres” y “el derecho penal no puede modificar la voluntad de decidir sobre el propios cuerpo. No podría hacerlo, no lo hizo a lo largo de 100 años de criminalización, no lo hará nunca”.

“Hoy con esta política el Estado persigue y desampara, este es el verdadero proyecto de descarte”, consideró y aseguró que “la política de criminalización lo único que hace es reforzar y profundizar las desigualdades de género y sociales”.

De acuerdo a una investigación, realizada sobre 13 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, “entre 2012 y hoy se iniciaron 1.388 causas por abortos y 33 eventos obstétricos fueron criminalizados”, detalló. Asimismo, informó que “las mujeres alcanzadas por el derecho penal todas pertenecen a sectores sociales vulneralizados”.

“Si bien la amenaza existe para todas, únicamente se castiga a quienes carecen de recursos materiales para acceder a un aborto seguro y defenderse en la Justicia”, enfatizó.

También expusieron por la mañana Gala Díaz Langou, directora de Protección Social en CIPPEC; María Elena Critto, socióloga especialista en temas de salud; Alberto Bianchi, abogado penalista; y Luciana Sánchez, abogada penalista del caso Diana Sacayán.

Turno tarde

El primer expositor del segundo tramo fue Edgardo Young, miembro de la Academia Nacional de Medicina y especialista en fertilización asistida.

“Se ha difundido mucho que la salud de la mujer corre riesgos, pero se debe tener en cuenta que la salud se debe comprender en un todo, no solo la física sino la psíquica, que seguramente es la más dañada por un aborto, porque el daño físico no es tanto como el que se declama, pero en el daño psíquico, la mujer arrastra durante toda su vida haber eliminado una vida”, sostuvo Young.

Consideró que “la vida empieza desde la fertilización, o sea, la unión del óvulo y el espermatozoide”, y “no es persona todavía, pero es una persona en potencia, y como tal debe tener el mismo valor que una persona con algún tiempo de desarrollo”.

Luego fue el turno de Aída Kemelmajer de Carlucci, doctora en Derecho de la Universidad de Mendoza y miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencia de Buenos Aires y de Córdoba.

“El derecho, a diferencia de la biología, tiene en su base casi un presupuesto, que es la noción de conflicto. Los derechos entran en conflicto unos con otros, por eso la regla es que no hay derechos absolutos, porque tienen restricciones cuando entran en conflicto entre sí”, explicó.

La jurista puntualizó que “hay una norma que dice que la vida se protege desde la concepción, pero al mismo tiempo hay otros principios jurídicos que sostienen el derecho de toda persona a no ser instrumentalizada, a llevar adelante su propio proyecto de vida. Esto se llama autonomía”.

Por eso, observó que “la función del legislador es resolver este conflicto entre la autonomía, la vida y la salud de la persona gestante y la vida del feto, y tener en cuenta que ninguno de los dos derechos es absoluto”.

Alfredo Vitolo, abogado constitucionalista y profesor adjunto de la UBA, se pronunció contra la legalización y advirtió que “el proyecto se asienta sobre premisas falsas y violenta el orden jurídico argentino”. “El derecho internacional no exige a nuestro país ni a ningún otro que reconozca el derecho al aborto”, dijo, y agregó que del mismo modo “ningún tratado reconoce” ese derecho.

Por su parte, la abogada feminista Melisa García opinó que “que el aborto sea legal no solo responde a una deuda de la democracia y la eliminación de la desigualdad histórica de clase”, sino que además “no han disminuido los abortos clandestinos por su punibilidad”.

“Suponer que las mujeres y personas gestantes saldrían corriendo a realizar esta práctica es estigmatizarlas nuevamente y perder de vista que el debate ronda en la clandestinidad del aborto”, planteó.

A su turno, Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA, sostuvo que “el punto de debate es la decisión de incorporar un plazo inicial de 14 semanas dentro del cual las mujeres no necesitarán someter sus razones al escrutinio del sistema de salud. En esas 14 semanas, las razones son suyas, son nuestras, privadas, individuales, íntimas”.

También se refirió a ese aspecto -pero pronunciándose en contra- María Inés Franck, del Centro de Bioética, Persona y Familia, quien dijo que “hasta la semana 14 no estamos hablando ni de la salud de la mujer ni de la necesidad de ninguna otra causal o posible conflicto de derechos de igual jerarquía, sino que hasta la semana 14 se podría tratar de la pura y simple voluntad de abortar, de la autonomía absolutizada de la mujer”.

Del plenario de comisiones también participaron, en el segundo turno, Débora Rainieri, abogada e investigadora UCA-UBA; la antropóloga y escritora mexicana Marta Lamas Encabo; el abogado Santiago Alfonso; y Alejandro Osio, docente e investigador de la Universidad de La Pampa.

El debate del proyecto de aborto legal arrancó con polémica en el Senado, donde al comienzo del primer plenario, se planteó un contrapunto sobre el giro a comisiones que tuvo la iniciativa por parte de la presidenta del cuerpo, Cristina Kirchner.

El reclamo vino nada más y nada menos que desde el propio Frente de Todos, en la voz del catamarqueño Dalmacio Mera -que figura entre los “celestes”-, quien reveló que envió una nota a la Presidencia reclamando por “el hecho de que la cabecera sea la Banca de la Mujer” y “por la omisión” de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El senador señaló que desde hace “muchos años”, el feminismo ha luchado “para terminar con estereotipos de género y tantas conductas y ciertos patrones. Y, sumado a la realidad del tema que estamos tratando, tantos años mujeres han sido violentadas, muertas, se han tenido que ir de viaje más de un año para ocultar su embarazo, con una sociedad que le cargaba sobre los hombros y la espalda de la mujer toda la responsabilidad”.

En ese sentido, Mera señaló que los tratados internacionales hablan de la “no discriminación e igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres” y que ambos tienen los “mismos derechos y responsabilidades como progenitores”.

Por eso, consideró que “el hecho de que la cabecera sea la Banca de la Mujer lo que hace es desresponsabilizar al varón de una situación tan delicada como la que estamos tratando y que tiene tantos años de lucha para que el varón se haga cargo como co-responsable de esta situación, más allá del voto final que tenga esto, salga como salga”.

El catamarqueño dijo entonces que “no” le parecía “un acierto” y “simbólicamente, un mensaje equivocado”. Pero además, el oficialista apuntó que hay “una omisión no pertinente” como es la de la Comisión de Asuntos Constitucionales -que él presidió en 2018 cuando el proyecto de IVE pasó por allí-, cuando el artículo 3 de la iniciativa “en su totalidad habla del marco constitucional”.

Recogió el guante su compañera de bloque, la santafesina María de los Ángeles Sacnun, quien disintió con Mera. “En la Banca de la Mujer, si bien la integramos absolutamente todas las senadoras, en muchas oportunidades hemos tenido la presencia de senadores varones”, defendió.

La oficialista aseguró que esa comisión tiene “una perspectiva de absolutamente todas las políticas de Estado”, aunque admitió que en un futuro sería necesario “una reforma del reglamento, donde le demos no solamente otro nombre sino también otra composición”.

Sacnun calificó de “sumamente acertado que la Presidencia le haya dado la cabecera a la Banca de la Mujer” y, como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, agregó: “La perspectiva constitucional de los proyectos a los que le vamos a dar tratamiento va a estar inserta en el dictamen”.

Por su parte, el titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales respaldó que “ha sido acertada la decisión”, porque “obviamente (la Banca de la Mujer) tiene mucho que ver con este tema que estamos tratando”. “Lo más importante no es en definitiva quién es cabecera o quién no es cabecera, porque todos los senadores vamos a participar”, señaló.

El kirchnerista, a favor del proyecto al igual que Sacnun, opinó además que “si una comisión es cabecera o si participa o no participa, no va a tener influencia en el resultado general, ni en el debate”.

Finalmente, antes de dar paso a la presentación de los funcionarios, el presidente de la Comisión de Salud, el radical Mario Fiad, remarcó: “Estamos reeditando un debate sobre un tema de enorme complejidad. La calle, la gente nos está mostrando que aquí no hay una sola mirada, que son múltiples y diversas las miradas y tenemos la responsabilidad de abordar este tema privilegiando el debate, los intercambios de opinión y no el apuro por sacar una ley”.

El jujeño, que se opone a la iniciativa, subrayó que “quienes están de acuerdo con la media sanción ponen siempre el argumento de la salud pública”. “Escuchamos que se dice que tiene que aprobarse el proyecto porque la salud es un derecho humano fundamental. Y comparto, la salud es un derecho humano fundamental, por supuesto. Pero la vida también es el principal derecho humano fundamental”, continuó.

Por ello, se quejó que “los giros de este proyecto nos muestran que la salud pública no es la primera de las razones por las cuales ponen en valor a esta media sanción”. En ese sentido, reclamó que Salud “debería haber sido la presidencia de cabecera como lo fue en 2018, y aquí somos tercer giro”.

“Los insto a un debate respetuoso, fundamentalmente permitiéndonos escuchar, y no pensando que termine rápido el expositor para pasar al próximo tema”, recomendó y completó: “Hay muchos derechos comprometidos, escuchémonos de verdad con apertura, buena predisposición, démonos el tiempo suficiente en la responsabilidad que tenemos como senadores”.

Más tarde, la tucumana radical Silvia Elías de Pérez, acérrima opositora al proyecto, aseveró que “no se trata de poner la comisión donde veamos que tenemos los números para dictaminar y en los tiempos que quieran”.

Por el contrario, la oficialista Beatriz Mirkin, también senadora por Tucumán pero a favor de la legalización del aborto, dijo estar “sumamente agradecida que la cabecera de este debate de comisiones esté en cabeza de la Banca de la Mujer”.

“La vez pasada dejaron a las mujeres sin participación en el debate, cuando somos las mujeres, todas las mujeres del Senado, las que participamos, aunque algunas no participen casi nunca, entonces plantean que lo llevemos a muchas comisiones para que (la ley) no salga nunca”, añadió.

En 2018, cuando el proyecto fue rechazado, fue girado a las comisiones de Salud, como cabecera; a Justicia y Asuntos Penales y a Asuntos Constitucionales. La exvicepresidenta Gabriela Michetti había incluido a Presupuesto y Hacienda, pero tras polémica y reclamos, se terminó eliminando ese giro.

Sin demora, atento a la premura con la que el oficialismo quiere despachar el proyecto de ley del aborto que obtuvo media sanción este viernes por la mañana, la Presidencia del Senado dispuso el giro a comisiones que tendrá el texto procedente de Diputados.

Serán tres las comisiones que debatirán el proyecto: la Banca de la Mujer, que preside la pampeana Norma Durango, será la cabecera; la de Justicia y Asuntos Penales, que encabeza Oscar Parrilli, y la de Salud, presidida por el radical jujeño Mario Fiad.

Esto es, dos oficialistas y un opositor. O más específicamente dos “verdes” (del Frente de Todos) y un “celeste”, el jujeño.

La conformación rápida de las comisiones que se encargarán de tramitar el proyecto tiene que ver con el interés oficial de tratar el tema en el recinto antes de fin de año. Se descuenta entonces que las reuniones que vayan a hacerse en esta cámara serán todas la próxima semana, de modo tal de emitir dictamen antes de terminar la misma. En principio, la idea oficial es llevar el proyecto al recinto el martes 29 de diciembre.

Igual que en 2018, cuatro fueron las comisiones que trataron el proyecto durante su paso por Diputados. Ahora, también igual que esa vez, serán tres las comisiones que lo debatirán en la Cámara alta.

Recordemos que hace dos años, la entonces vicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti quiso girar el proyecto a cuatro comisiones. Dos presididas por el oficialismo: Salud, con un radical jujeño contrario al aborto, Mario Fiad, sería la cabecera; Presupuesto, con el macrista Esteban Bullrich, un ferviente católico; y las dos restantes opositoras: Justicia, con el peronista entrerriano Pedro Guastavino; y Asuntos Constitucionales, del catamarqueño Dalmacio Mera, también del bloque de Miguel Pichetto. Este último consideraba “excesivo” el giro a cuatro comisiones; para el rionegrino sobraban dos: Presupuesto y Asuntos Constitucionales, y cargaba directamente contra Michetti, al considerar que su decisión obedecía a “una posición personal”.

Al final, terminaron siendo tres, anulándose el giro a Presupuesto.

La novedad para este debate es la ausencia de Asuntos Constitucionales, y la participación de la Banca de la Mujer, nada menos que como comisión cabecera. Recordemos que esa comisión que preside Norma Durango está integrada por todas las mujeres del Senado.

Las comisiones de Banca de la Mujer y Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado dieron este miércoles dictamen favorable a un proyecto de ley que tiene por objeto la promoción en la participación de mujeres, travestis y trans en el sector pesquero.

La impulsora de la iniciativa, la chubutense Nancy González (FdT), destacó que la propuesta se trabajó con los diferentes actores involucrados y señaló que a pesar de “la buena voluntad de las empresas y los armadores, veíamos que las mujeres no tenían muchas veces posibilidad de embarque”.

A partir de esta norma se proyecta que “se vayan adaptando los barcos y las navegaciones a las mujeres”, quienes “se han integrado al mundo marítimo como cualquiera de los hombres”, resaltó la senadora oficialista. Y agregó: “La mayoría de estas mujeres son sostén de familia y lo hacen con la total responsabilidad y amor a la tarea de la misma manera que lo hace un hombre”.

Por su parte, el riojano Julio Martínez (UCR) consideró que “este proyecto va en el sentido correcto, creo que es lo que hay que hacer”. Al relatar su experiencia sobre la inclusión de la mujer en las Fuerzas Armadas, el exministro de Defensa recordó que “la tarea la había comenzado (Agustín) Rossi, y antes de Rossi, (Nilda) Garré”; por lo cual enfatizó que se tiene que tratar de “una política de Estado”.

De qué se trata el proyecto

La iniciativa tiene por objeto “promover y garantizar la participación, el acceso, la conservación y el progreso de las mujeres y de las personas travestis, transexuales y transgéneros en el empleo en la flota pesquera nacional”.

El texto modifica el artículo 40 de la Ley 24.922, de Régimen Federal de Pesca, referido a cómo deben estar constituidas las tripulaciones de los buques, incorporando dos incisos.

Uno de ellos indica que “como mínimo el 30% del personal de la tripulación de los buques pesqueros deberá estar constituida por mujeres”; y otro que estima que “como mínimo el 1% del personal de la tripulación de los buques pesqueros deberá estar constituida por personas travestis, transexuales y transgéneros”.

Y se subraya que “bajo ningún aspecto este porcentaje será limitante de un número mayor para el acceso de las personas protegidas” por la ley.

Para acceder al Régimen de Promoción, los/as empleadores deberán acreditar haber cumplido con los porcentajes establecidos, los cuales son progresivos: 20% del cupo para el primer año de entrada en vigencia de la ley; 60% del cupo para el tercer año; y 100% para el quinto año.

Las empresas que acrediten el cumplimiento de esas metas establecidas podrán acceder a beneficios fiscales: estarán obligadas únicamente al pago del 50% de las contribuciones patronales; y podrán realizar una deducción especial en la determinación del impuesto a las Ganancias o sobre los capitales, equivalente al 70% de las retribuciones correspondientes del personal mujeres, travesti, transexual o transgénero embarcado en cada período fiscal.

La iniciativa también prevé que “el régimen de promoción es para todos los puestos y/o tareas que puedan darse dentro del buque pesquero, quedando especialmente incluidas aquellas que sean de jerarquía como capitanías”.
“Los armadores que cuenten con personal jerárquico mujeres, travesti, transexual o transgénero tendrán derecho al cómputo, a opción del contribuyente, de una deducción especial en la determinación del impuesto a las Ganancias o sobre los capitales, equivalente al 100% de las retribuciones correspondientes a ese personal”, agrega.

Además, se establece un programa de capacitación para todo el personal marítimo que deberá dictar la Prefectura Naval Argentina en articulación con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad; se prevén multas para quienes no cumplan con la norma; y se crea la Oficina de Consejería de las Mujeres y de las Diversidades en el Ámbito Marítimo, bajo la órbita del Consejo Federal Pesquero.

Proyectos de declaración de la Banca de la Mujer

Previo al plenario, la Banca de la Mujer pasó a la firma un paquete de proyectos de declaración, entre ellos uno consensuado entre iniciativas de las tucumanas Silvia Elías de Pérez (UCR) y Beatriz Mirkin (FdT), de repudio por el femicidio de la profesora Paola Tacacho en San Miguel de Tucumán, que fue asesinada por Mauricio Parada Parejas, a quien había denunciado por acoso en reiteradas ocasiones.

Por otra parte, se avaló un texto consensuado de adhesión al Día Internacional de las Mujeres Rurales, celebrado el 15 de octubre; y la declaración de interés del Día Internacional de la Igualdad Salarial, celebrado el 18 de septiembre.

Además, entre los proyectos, se aprobó un beneplácito por el logro de la periodista deportiva Ángela Lerena, quien se convirtió en la primera mujer de la historia de la televisión en comentar partidos de la Selección Argentina de fútbol masculino, a partir del 8 de octubre de este año cuando empezaron las eliminatorias sudamericanas del Mundial Qatar 2022.

Las comisiones de Educación y Cultura y Banca de la Mujer que presiden las senadora por la sanjuanina Cristina del Carmen López Valverde y la pampeana Norma Durango, respectivamente, realizaron este martes una reunión conjunta donde trataron varios proyectos de ley que reivindican el rol de la mujer en distintas actividades.

Se trata de la iniciativa del senador  por Chubut Alfredo Luenzo (FdT) que  instituye el 1° de octubre de cada año como el “Día de la Mujer Aeronáutica”; dos proyectos que declaran como “Día de las Futbolistas Argentinas” el 21 de agosto de cada año, uno en revisión de la Cámara de Diputados y otro de la senadora rionegrina Silvina García Larraburu; y por último uno de la senadora por Chubut Nancy Susana González (FdT), que instituye el 15 de diciembre de cada año como el Día Nacional de las Mujeres y Diversidades en el Ámbito Marítimo.

La senadora García Larraburu explicó que “creemos que con la instauración buscamos visibilizar y reconocer el avance que tuvo el fútbol femenino. En Argentina más de un millón de niñas y mujeres practican este deporte tanto de manera amateur como profesional”.

Consideró que “esto es fruto de las profundas transformaciones y el fin de estereotipos sociales que encasillaban que eran más masculinas o menos femeninas por practicar este deporte”.  “Estamos rescatando y reivindicando la historia del fútbol argentino que tiene un gran futuro. La fecha es en reconocimiento a las pioneras que viajaron al mundial de México en 1971”, concluyó.

La senadora Durango se manifestó respecto a la iniciativa de la senadora Nancy González. Aseguró que “el proyecto va a dar visibilidad y promover la participación equitativa de las mujeres y diversidades para erradicar la discriminación de las actividades navales”.

Luego el senador Luenzo explicó su proyecto y destacó que “la finalidad de esta iniciativa es reconocer y comenzar a visibilizar a las mujeres en este caso  en el mundo de la aeronáutica, buscando reivindicar este rol que tiene la mujer no solo como pilotos sino también como tripulantes y aeronavegantes”.

Luego las senadoras analizaron las declaraciones de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, quien expresó que quienes eligen ser maestros son personas “cada vez más grandes de edad” y de “los sectores más bajos socioeconómicos” con poco “capital cultural”.

La bancada oficialista repudió sus dichos al considerarlos que “son irresponsables y que no se puede desprestigiar la tarea docente”. El senador Esteban Bullrich (Pro) defendió a la ministra Acuña y pidió no quedarse en la declaración.

A continuación se llevó a cabo una reunión de la Comisión de Educación y Cultura para tratar el  proyecto de ley de la senadora por Jujuy Silvia Giacoppo (UCR) que declara monumento histórico nacional al “Monumento a los Héroes de la Independencia”, ubicado en la colina de Santa Bárbara, localidad de Humahuaca provincia de Jujuy;  el de la senadora Ana María Ianni (FdT) que declara poblado histórico nacional a la Comisión de Fomento Jaramillo – Fitz Roy, provincia de Santa Cruz;  la iniciativa de la senadora por Catamarca Inés  Blas (FdT) que declara heroína nacional a la libertadora generala Juana Azurduy de Padilla y uno de la senadora por La Rioja María Clara del Valle Vega (Mediar Argentina) que declara como patrimonio inmaterial argentino, en los términos de la ley 26.118 a la “Fiesta del Tinkunaco”.

Por último se pusieron en consideración proyectos de declaración.

La Comisión de la Banca de la Mujer, que preside la pampeana Norma Durango (FdT), realizó este martes una nueva reunión informativa sobre la igualdad de género en el ámbito laboral.

Actualmente, se analizan en asesores iniciativas presentadas por diferentes senadoras, con la intención de arribar a un texto único, según informó Durango en el comienzo del encuentro.

En esta ocasión, asistió Paula Narváez, representante interina de ONU Mujeres en Argentina y Paraguay, quien recordó que en 2018 se inauguró la oficina en nuestro país, la cual tiene a su cargo programas relacionados con “el empoderamiento económico y liderazgo de las mujeres en el sector privado; la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas; el deporte como herramienta de empoderamiento para adolescentes de barrios vulnerables de la Ciudad”, entre otros.

“Sabemos que el empoderamiento económico constituye una línea directa en el camino a la igualdad de género y el crecimiento económico mundial”, sostuvo y detalló el programa “Ganar-Ganar” que se desarrolla en distintos países de América Latina en colaboración con empresas privadas y la Unión Europea.

En Argentina, “166 cámaras empresariales y empresas privadas y públicas están adheridas a estos principios de empoderamiento de las mujeres, lo que ha logrado impactar en 144 mil mujeres que trabajan en estas empresas”. Y detalló los incentivos otorgados desde ONU a las organizaciones que tengan políticas con perspectiva de género.

También, desde la oficina trabajan con “mujeres empresarias y emprendedoras, no solo para sensibilizarlas en estos temas, sino que ofrecemos herramientas concretas para el desarrollo de sus negocios”.

En ese sentido, Narváez señaló que “la pandemia ha aumentado las desigualdades de género” y “es necesario redoblar los esfuerzos, el apoyo a negocios propiedad de mujeres”.

A su turno, Pilar Escalante, subsecretaria nacional de Políticas de Igualdad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, valoró la “sinergia” entre distintos sectores “para poder potenciar cada una de las iniciativas que llevamos a cabo desde el Estado”.

La funcionaria remarcó que “poder pensar el mundo del trabajo y las empresas no constituye una excepción” entre las demandas de los movimientos de mujeres, sino un punto central, ya que allí se determinan “derechos y autonomías para nosotras”.

La subsecretaria de Políticas de Igualdad apuntó que si bien “se ha incrementando en los últimos años” el ingreso de más mujeres y personas LGBT al mundo laboral, “en Argentina este avance se puede ver un tanto opacado por condiciones desiguales en lo que refiere al acceso, la permanencia y promoción”.

Además, indicó que “las diferencias” están “ancladas en estereotipos de géneros”. Sobre ello, mencionó “una mayor tasa de informalidad y una falta de acceso al empleo muy grande” para las personas del colectivo trans, al tiempo que destacó el decreto presidencial de cupo trans en la administración pública nacional.

Escalante precisó que la tasa de empleo entre varones y mujeres presenta una diferencia de 18% y “esta brecha en el acceso al trabajo se manifiesta desde la juventud, pero también se va acentuando a lo largo de la vida de las mujeres”.

En cuanto a la desocupación, la tasa es del 9% para las mujeres y del 11% para los varones. “La brecha de ingreso es donde tenemos un promedio de un 25% menor a los varones”, continuó y expresó que las mujeres necesitan entonces “recurrir a más trabajo para poder acceder al mismo ingreso”.

En tanto, detalló “la escasa presencia de mujeres y personas LGBT en los puestos de toma de decisiones” con un 4,6% frente al 8,5% en el caso de los hombres.

“Las mujeres realizan en promedio 6,4 horas diarias en tareas de cuidado, mientras que los varones realizan 3,4”, agregó.

La Comisión de la Banca de la Mujer del Senado, presidida por la pampeana Norma Durango (FdT), recibió este martes a referentes de la “Agenda por la Igualdad”, una iniciativa que apunta a reducir las brechas entre varones y mujeres en el ámbito laboral.

El movimiento está compuesto por más de 1.300 personas, entre hombres y mujeres, responsables en empresas, sindicatos, asociaciones empresariales, instituciones de la sociedad civil y educativas del todo el país.

Al comienzo de la reunión, Durango destacó que en la comisión se encuentran en carpeta proyectos sobre la igualdad de género en empresas públicas y privadas, a través de medidas que eliminen la discriminación y promuevan la igualdad de oportunidades; otro sobre participación de las mujeres en el sector pesquero y uno de empoderamiento de la mujer rural.

“Todos estos proyectos tienen un punto de unión y es la necesidad que tenemos de romper el techo de cristal y eliminar la brecha de género en los ámbitos laborales”, sostuvo la legisladora del oficialismo.

La primera invitada en exponer fue Julia Pomares, directora ejecutiva del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), quien relató sobre la conformación de la Agenda, “un grupo de líderes de distintos ámbitos, autoconvocadas” ante “la necesidad de hacer sinergias entre distintas iniciativas y acciones que se están llevando adelante en el último tiempo en Argentina”.

Se apunta a “poner el foco en la autonomía económica de las mujeres”, ya que este aspecto “tiene un impacto en la igualdad de género y puede tenerlo en el crecimiento económico del país”. Entre los objetivos, Pomares detalló que se busca “promover la contratación de mujeres en empleos formales del sector privado y fomentar una mejor participación de mujeres en sectores tradicionalmente masculinizados (ciencia, tecnología y matemática)”.

Además, la directora ejecutiva del CIPPEC agregó que la meta es “redistribuir el trabajo de cuidados no remunerado” y “romper estereotipos, fomentar y visibilizar la participación de mujeres en las ejecuciones y toma de decisiones”.

A su turno, Gabriela Terminielli, directora de la Compañía Argentina de Comercio y de Bolsas y Mercados Argentinos, expresó que “el techo de cristal es simbólico, pero una de las aristas más importantes del techo de cristal es que las mujeres jóvenes ven poca representación en las mesas de decisión del sector privado, y esto desalientan a que sigan con su carrera”.

“Europa fue pionera en el cupo en el sector privado”, indicó y ejemplificó que “Noruega en 2008 inició el sistema de implementación de cupo con 40%, luego lo hizo Italia, Alemania, Bélgica”. “España no tiene sistemas de cupos, pero el organismo contralor reconoce a las empresas que promueven la presencia de mujeres en sus juntas directivas”, dijo y destacó que “este sistema ha logrado que de 2015 a 2019 se pase de un 17% de mujeres en directorio a un 27%”.

Terminielli, también co-directora de Women Corporate Directors Arg., advirtió que por lo menos “tiene que haber un 33% de mujeres para que tengan voz en un directorio”. “El sistema de cupos alienta a las mujeres que están haciendo carrera corporativa a seguir invirtiendo”, añadió.

Y completó: “Hay mucho para aprender y mucho para adoptar de otros países, Latinoamérica está tremendamente rezagada, el único país que está un poco mejor es Colombia, pero no hay cupos”.

En tanto, María Inés Costilla, secretaria de Asuntos Legislativos del Sindicato de Empleados de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, subrayó que “este tiempo de pandemia ha recrudecido aún más la situación y las brechas se han agrandado, en el sector formal e informal”, mientras que el comercio “sin duda va a ser uno de los sectores que va a repercutir fuertemente”.

“Necesitamos ampliar la cobertura de espacios para los cuidados e impulsar la jornada extendida de la educación primaria”, sostuvo, al tiempo que consideró deben ampliarse las licencias por maternidad y paternidad e incluirse la licencia por familiares enfermos, situación que muchas veces puede provocar que las mujeres “se queden afuera del mercado laboral”.

“Como senadoras nacionales integrantes de la Comisión Banca de la Mujer de este Honorable Senado, expresamos nuestra preocupación ante eventuales interpretaciones contrarias a los principios que este Congreso ha receptado en el ordenamiento electoral, a partir de la sanción de la ley N° 27.412, de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política”. Así lo expresa la comisión que conduce la senadora pampeana Norma Durango a través de un comunicado en el que aluden a la controversia que se abre ante la vacante que dejará el diputado Darío Martínez en la Cámara de Diputados al dejar su banca, y que ya ha abierto una disputa entre la mujer que lo sigue en la lista y el primer suplente varón.

La Banca de la Mujer agrega que “frente a la inminencia de la renuncia de diputados nacionales electos en el año 2019 y atentas al criterio con que pudieran resolverse sus reemplazos, manifestamos nuestra preocupación frente a hechos que pudieran vulnerar la aplicación efectiva de esta normativa, y nos oponemos a cualquier intento de quebrantar el derecho de las mujeres a participar en los asuntos públicos y políticos en igualdad de condiciones con los varones”.

Como sea, la Ley de Paridad de Género aprobada en 2017 establece en su artículo 3° que “en caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un/a diputado/a nacional, lo/a sustituirán los/as candidatos/as de su mismo sexo que figuren en la lista como candidatos/as titulares según el orden establecido”. Y agrega: “Una vez que ésta se hubiere agotado ocuparán los cargos vacantes los/as suplentes que sigan de conformidad con la prelación consignada en la lista respectiva y el criterio establecido en el párrafo anterior”.

Atento a las controversias que se han planteado es que en mayo pasado la diputada nacional del Frente de Todos Cristina Alvarez Rodríguez, junto a legisladores de todos los bloques, presentó un proyecto de ley para garantizar la representación paritaria de género en la Cámara de Diputados. La iniciativa establece que, hasta que dicho cuerpo logre la paridad, cada vez que haya que sustituir a una diputada, pero también a un diputado, ingrese la siguiente mujer en la lista.

Alvarez Rodríguez detalló que “este proyecto viene a aclarar cuál fue el espíritu que tuvo la sanción de la ley de Paridad de Género (27.412), que es el efectivo cumplimiento del artículo 37 de la Constitución Nacional, es decir, alcanzar una democracia paritaria, un avance trascendental respecto de la equidad en la distribución y el ejercicio del poder real de las mujeres en las instancias de decisión política”.

Con este objetivo, se propone incorporar, de manera transitoria, un artículo 3 bis a la ley 27.412, modificatoria del Código Electoral Nacional y de las leyes 26.571 y 23.298. Una vez alcanzada la representación paritaria de género (50 por ciento mujeres y 50 por ciento varones) las sustituciones volverán a realizarse según el artículo 3 original de la ley, es decir, un varón por un varón, una mujer por una mujer siguiendo el orden de la lista.

De tal manera que la solución para la situación planteada con la sucesión de Norman Darío Martínez, por ejemplo, y las que vengan en el futuro, será aprobar una ley que evite la judicialización de cada reemplazo.

La Comisión Banca de la Mujer del Senado de la Nación expresó su fuerte repudio frente a las expresiones del fiscal de Cutral Co, Santiago Terán, en distintos medios de comunicación provinciales y nacionales.

El fiscal declaró que “tendría que autorizarse la portación de armas a mujeres que sufren violencia de género”, dichos que las senadoras consideron “sumamente desafortunados y lamentables”, al expresar su preocupación de que estén en el pensamiento y el discurso de un representante de la Justicia.

Asimismo, manifestaron su solidaridad con la periodista Lucila Trujillo, del Canal C5N, quien fue maltratada por el citado fiscal, en el transcurso de una entrevista  que le realizaba en vivo.

“Afirmaciones como las del fiscal Terán, no sólo resultan incompatibles con una sociedad democrática, sino que además convalidan y reproducen la violencia, y hacen que recaiga sobre las mujeres  la responsabilidad de su seguridad y de la sanción al agresor”, expresó la comisión que preside la senadora pampeana Norma Durango.

Las comisiones de la Banca de la Mujer y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado avanzaron este lunes con un proyecto de ley que propone la equidad de género en los medios públicos, e invita a los privados a que adhieran a la norma.

Tras un debate en el que se cuestionaron algunos puntos de la iniciativa, oficialismo y oposición acordaron pasar a la firma el dictamen con el compromiso de que haya aspectos que sean modificados en la redacción antes de su llegada al recinto.

La titular de la Banca de la Mujer, Norma Durango, destacó que el proyecto original “se ha enriquecido” con el aporte de funcionarias de medios públicos, representantes del colectivo trans, de sindicatos y de Periodistas Argentinas, entre otros.

“Las mujeres son minoría en las redacciones, en las emisoras de radio y televisión”, enfatizó la impulsora de la iniciativa, quien detalló que si bien “el 64% de las personas que estudian comunicación son mujeres”, solo “un 30% de las personas que trabajan en las empresas periodísticas son mujeres, y el 24% de las personas afiliadas al sindicato de prensa son mujeres”.

La pampeana sostuvo que “la mirada de la mujer no es mejor que la del hombre, pero es diferente. Por lo tanto, creemos que tener esta equidad de género va a cambiar la mirada de los medios”.

A continuación, el chubutense Alfredo Luenzo (Frente de Todos) -presidente de la Comisión de Medios- advirtió que el artículo referido a las sanciones podía resultar “un exceso” al incluir “la inhabilitación del funcionario” en caso del incumplimiento de la ley.

Por su parte, María Belén Tapia (UCR) consideró que “no se ha escuchado” al sector privado, y remarcó que “no es lo mismo tener un medio de comunicación en Capital Federal que en el interior”. En ese sentido, la santacruceña explicó que la inclusión del colectivo lgbt puede resultar “un impedimiento” para medios pequeños de distintas provincias y se preguntó: “¿Estamos legislando algo que se va a poder cumplir en el país?”.

En tanto, Guadalupe Tagliaferri (Pro) alertó sobre el artículo referido a las sanciones y opinó que sería mejor impulsar “un mecanismo de promoción”, al tiempo que coincidió que “en algunas localidades puede no haber posibilidad de incorporar el cupo trans”, más allá de estar a favor de que la ley lo contemple.

La cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro) señaló que la iniciativa “claramente está incluyendo” a los medios privados, al expresar que “quedan alcanzados por las disposiciones de la presente todos los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión estatal y privado”.

También afirmó que “la sanción de la inhabilitación de un medio es absolutamente extrema” e insistió en que hay medios del interior “donde hay solamente dos personas que trabajan”. Por eso, sugirió escuchar a representantes de los medios públicos “con poca gente” sobre “la aplicabilidad” que tendría la norma.

Desde el oficialismo, Luenzo garantizó que en el proyecto “no estamos obligando a los medios privados a dar cumplimiento. No están obligados bajo ningún punto de vista”. “Lo público está claramente diferenciado”, dijo, al hacer referencia de que se trata de dos capítulos distintos.

Durante el debate, la jujeña Silvia Giacoppo (UCR) consideró que debería incluirse que “el cupo sea cubierto cumpliendo con las condiciones de idoneidad; no discriminando, pero sí garantizando que no podemos tampoco, por imponer un cupo, no tener en cuenta que estamos hablando de medios”. “La idoneidad es la capacitación mínima para cumplir un cargo”, agregó.

Sobre el cupo para personas trans y del colectivo lgbt, la neuquina Silvia Sapag (Frente de Todos) manifestó que “incluir al colectivo trans y las disidencias es un avance enorme”, mientras que su par Nancy González opinó que este punto, en relación a los medios del interior, es “algo que se puede subsanar en la reglamentación”.

“Si en una localidad nadie (del colectivo) se presente, no pasaría nada”, expresó y subrayó que “estos colectivos están en el interior del país y es donde más se le vulneran los derechos”.

Para Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos), “esta ley es más que necesaria”. “A nosotras como mujeres se nos pide siempre como una doble prueba”, sostuvo y criticó: “Me extraña mucho y me llama a la reflexión que el tema idoneidad haya sido de nuevo puesto sobre eje en la Banca de la Mujer”.

“Claramente cualquier persona que quiera ingresar a trabajar a un medio va a tener que requerir idoneidad, lo que nosotros intentamos es que no se le exija el triple o el doble de idoneidad por su identidad sexual o género”, añadió.

Hacia el final de la reunión, Durango, Luenzo y Rodríguez Machado acordaron en que se realicen las modificaciones sobre el artículo referido a las sanciones y una mejor aclaración de que los medios privados podrán “adherir” y no estar obligados, y de esta manera se pasó a la firma el dictamen.

La comisión de la Banca de la Mujer del Senado, que preside la pampeana Norma Durango (FdT), realizó este viernes una nueva reunión informativa en el marco del debate sobre un proyecto de ley que incorpora la perspectiva de género en los presupuestos públicos.

En esta ocasión se recibió la visita de Victoria Gallo Llorente, directora nacional de Planificación, Seguimiento y Gestión de la Información del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que conduce Elizabeth Gómez Alcorta.

“El presupuesto con perspectiva de género no es solamente algo técnico, no se trata de una metodología, sino que es una herramienta fundamental de transformación desde el Estado y desde el impacto que tienen las políticas públicas”, señaló.

La funcionaria consideró que “los presupuestos son una gran herramienta para visibilizar estos estereotipos y estas relaciones sociales que son tan determinantes en muchas de las brechas que hoy existen”. “Argentina en los últimos años ha avanzado muchísimo en materia de presupuesto con perspectiva de género, pero todavía existen desafíos”, continuó.

Gallo Llorente explicó que existen dentro de los Ministerios “quienes formulan el diseño de la política pública” y, por otro lado, “quienes ejecutan presupuestariamente esa política”, pero “a veces estos dos universos no dialogan”.

En ese sentido, resaltó la necesidad de “hacer dialogar dentro de los Ministerios la formulación presupuestaria con la planificación presupuestaria” y dijo que tienen “en agenda la capacitación a ambos actores”.

La directora destacó que a diez años de la Ley de Matrimonio Igualitario “el gran desafío es la perspectiva de diversidad”. Además, afirmó que desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad apuestan por “el diseño en la ejecución y evaluación de las políticas públicas para prevenir y reparar las violencias de género y para saldar brechas que hoy son muy importantes en materia de género y diversidad”.

También buscan impulsar “la capacitación y formación transversal a todos los agentes del Estado” que “va más allá de la Ley Micaela”, la cual “es nuestro horizonte mínimo, pero de ahí en adelante hay muchísimo que hacer”. “La transversalización de las políticas de género a todos los actores incluye también a las provincias y los municipios”, agregó.

La funcionaria subrayó también que hay que avanzar en “el relevamiento, el registro y el análisis en materia de violencia y desigualdad con perspectiva de diversidad”.

Por su parte, la senadora Durango expresó que “los presupuestos con perspectiva de género son muy importantes para evaluar en qué y cómo se utilizan los recursos, y también para visibilizar las prioridades de los gobiernos. Lo que no visibiliza, lo que no se nombra, no se trabaja, no se aborda”.

En tanto, la autora del proyecto, la senadora Teresa González (FdT), remarcó que es un proyecto “que lo venimos peleando hace muchísimo tiempo” y “día a día lo vamos mejorando, vamos incluyendo los aportes de todos los organismos a los que consultamos”.

La formoseña consideró que la iniciativa “es fundamental” y provocará una “transformación impresionante en todas las áreas y para todas nosotras”. “Chicas, este no es un proyecto de una, es un proyecta de todas. Todas tenemos que pelearlo para que esta sea la mejor herramienta de política pública que tenga el gobierno para incluir a los géneros y diversidades”, concluyó.

El proyecto se continuará trabajando en asesores y en una próxima reunión informativa expondrá el secretario de Hacienda, Raúl Rigo.

La Comisión Banca de la Mujer realizó este viernes una reunión informativa sobre el proyecto que incorpora la perspectiva de género en los Presupuestos Públicos, a la cual fue invitada para exponer la directora nacional de Economía Igualdad y Géneros del Ministerio de Economía, Mercedes D’Alessandro.

Durante la reunión, la titular de la comisión, la pampeana Norma Durango, destacó que hay muchas provincias que ya están tratando el Presupuesto con Perspectiva de Género, lo mismo que algunas universidades, y recordó el trabajo que viene desarrollándose desde hace más de un año con esa iniciativa.

La autora del proyecto es la senadora formoseña del Frente de Todos María Teresa González, quien recordó que esa iniciativa busca promover la igualdad de género. Destacó asimismo que será “una herramienta política pública que va a permitir transversalizar la perspectiva de género en todas las etapas del Presupuesto: formulación, ejecución, control y evaluación”. También permitirá, señaló, “la presencia y ausencia de neutralidad y/o equidad en la asignación de recursos presupuestarios en los diferentes planes del Gobierno.

“Si no consideramos la herramienta del presupuesto como algo que puede y va a achicar la brecha que tenemos en este momento hombres y mujeres, sin lugar a dudas las políticas públicas no van a llegar a un buen puerto”, señaló la senadora formoseña.

En rigor, el proyecto que incorpora la perspectiva de género en los Presupuestos Públicos es un viejo anhelo de todas las mujeres y hay otras iniciativas similares presentadas en el pasado por Gladys González y la senadora (MC) Sigrid Kunath. Como esos proyectos perdieron el año pasado estado parlamentario, fue representado en febrero de este año uno similar por María Teresa González. El trabajo desarrollado hasta ahora fue muy consensuado entre todas las senadoras y los especialistas que fueron convocados y se espera que los tres proyectos de ley podrían llegar a consensuarse en un solo dictamen.

En su artículo 1°, establece la incorporación de la perspectiva de género como eje transversal del diseño, ejecución y evaluación de todas las perspectivas de género. En el 2° artículo se habla de que en las etapas de formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación se consideren en el impacto diferenciado de los gastos entre mujeres y varones, con los objetivos de reducir y eliminar las brechas de género, garantizar el ejercicio igualitario de los derechos de las mujeres en todas las etapas de desarrollo y erradicar la violencia de género en todos sus tipos y modalidades.

Destacó Teresa González que “los presupuestos son un instrumento que permite reducir la brecha de desigualdad” y enfatizó que “el desarrollo solo será sostenible si los beneficios favorecen por igual a todos, todas y todes”.

“Contar con un presupuesto así nos permitirá avanzar por el camino hacia la igualdad que todos anhelamos”, concluyó la senadora formoseña.

A su turno, Mercedes D’Alessandro destacó que “la desigualdad se amplifica cuando la miramos con la perspectiva de género”. Y a continuación detalló una serie de datos que, aclaró, todas conocen, pero que vienen a cuento:

• Las mujeres ganan en promedio 27% menos; esta brecha se amplifica cuando miramos la informalidad, donde es de casi el 37%. 
• Los niveles de precarización son mayores para las mujeres que con los varones, así como los niveles de desempleo.
• Incluso en las mujeres menores de 29 años los niveles de desempleo casi duplican al resto de la población”.

Luego apuntó que “6 de cada 10 personas con menores ingresos son mujeres, y al considerar a las personas más ricas, solo son mujeres 3 de cada 10”.

La directora nacional de Igualdad de Género del Palacio de Hacienda repasó el papel de las mujeres en cuanto a las tareas domésticas: “Las mujeres en Argentina dedicamos tres veces más tiempo a cocinar, lavar y planchar”, y destacó que esta cuarentena ha servido para redimensionar también esas tareas. “Si al inicio de la pandemia estábamos con estos datos, uno de los grandes objetivos es contribuir a que a la salida de esta pandemia esta brecha no se siga ampliando”, puntualizó.

“No es caprichoso que la desigualdad se  pueda medir”, puntualizó en otro tramo de su exposición, para señalar luego que “el presupuesto no es una herramienta neutral, se pueden abrir o cerrar estas brechas”.

Al valorar Mercedes D’Alessandro la aprobación de este proyecto, sostuvo que “una legislación nacional le daría un impulso fantástico a esto y nos permitiría poder debatir cómo se asignan las partidas presupuestarias y cómo nosotras también peleamos por políticas concretas y específicas que cierren la perspectiva de género”.

“Tenemos un gran desafío por delante -agregó-. Esta pandemia nos puso a la luz un montón de situaciones de desigualdad, un montón de brechas; el IFE nos mostró una situación de informalidad gigantesca: 9 millones de personas, casi un quinto del país”.

Y puntualizó que “frente a estas brechas de desigualdad, el presupuesto con perspectiva de género también es una herramienta muy valiosa y útil porque si pensamos que vamos a tener las perspectivas económicas que vemos venir, con desempleo en aumento, quiere decir que el Estado va a tener que estar muy presente”. Y en ese marco, dijo, “tenemos que ser muy inteligentes en cómo asignamos y distribuimos los recursos, e identificar en donde están esas brechas y desigualdades. Es una herramienta muy valiosa y el Presupuestonos va a permitir evaluar qué nos falta y qué cosas tenemos que resolver de otra manera”.

Queremos ver la perspectiva de género en la infraestructura, en el diseño de las ciudades; queremos ver mujeres en la construcción, la arquitectura, es una perspectiva que tiene que ser transversal a todas las áreas de gobierno”.

Mercedes D’Alessandro

Luego de la exposición de otras integrantes de la comisión, la presidenta de la misma se declaró esperanzada por una pronta aprobación de ese proyecto. “A lo largo de los años hemos ido avanzado y hoy es casi una realidad. Prontamente vamos a sacar el dictamen y estoy segura de que vamos a aprobarlo. Valoremos los avances que tenemos, aunque tengamos que ir despacio, como dijo Guadalupe”, por la senadora Tagliaferro, que había hablado antes.

Para cerrar, volvió a hablar la expositora invitada, que comentó que “frente a la pandemia hubo una forma de entender la economía que a mí no me gusta: ‘se paró la economía por la pandemia’, se dijo, y automáticamente se está pensando en la industria, la tecnología… Para nosotros, la economía también somos las amas de casa, el sector salud, que ha estado en la primera fila frente a esta situación de pandemia y donde las mujeres somos 8 de cada 10; las maestras, 8 de cada 10 son mujeres; quiero que recupermos también el término de economía y cuando hablemos de la misma pensemos también en eso.

Tras destacar también la desproporción respecto de la cantidad de mujeres en la industria o la construcción (1 de cada 10), D’Alessandro señaló que “queremos ver la perspectiva de género en la infraestructura, en el diseño de las ciudades; queremos ver mujeres en la construcción, la arquitectura, es una perspectiva que tiene que ser transversal a todas las áreas de gobierno”.

Asimismo señaló que “también los lugares que están feminizados son los peor pagos. Y eso también tenemos que revalorizarlo. Tenemos que revalorizar las tareas domésticas y de cuidados no remunerados; tenemos que revalorizar las tareas domésticas y de cuidados remuneradas; no puede ser que la principal salida laboral de las mujeres sea ser empleada doméstica y eso sea informal y mal pago. Tenemos que mejorar las condiciones de empleo de ese sector. En el sector de la salud, donde la mayoría son mujeres, lo mismo”.

“Y ahí el presupuesto con perspectiva de género es una herramienta muy potente que nos lleva no solo a debatir las partidas presupuestarias, sino también a poner en juego estos conceptos e ideas y llevar las a la mesa donde tenemos que llevarlas, que es donde está el dinero”, concluyó.

La Banca de la Mujer, comisión que preside la senadora Norma Durango, advirtió este miércoles que las personas privadas de su libertad por delitos contra mujeres deben cumplir su condena en la cárcel, luego de que el juez de la Cámara de Casación Penal bonaerense Víctor Violini dispusiera la prisión domiciliaria para los detenidos por delitos leves y en riesgo de contraer el Covid-19.

En un comunicado, la comisión advirtió que “las personas privadas de libertad por delitos contra las mujeres deben efectuar sus condenas en establecimientos penitenciarios”, y advirtió: “De ninguna manera podemos convalidar que quienes cometen estos delitos puedan poner nuevamente en peligro a más mujeres”.

A continuación, el comunicado completo:

Como senadoras nacionales integrantes de la Comisión Banca de la Mujer del H. Senado de la Nación, y ante los hechos de público conocimiento, por los cuales se podrían estar adoptando medidas alternativas a la privación de la libertad en establecimientos penitenciarios, como la prisión domiciliaria, manifestamos nuestra profunda preocupación por los riesgos que podría implicar para las víctimas, la libertad de personas detenidas o condenadas por delitos contra la integridad sexual o hechos de violencia contra las mujeres. En particular, nos referimos al acercamiento o contacto de los agresores con sus víctimas.

Sabemos que los ámbitos carcelarios ofrecen dificultades a la eficacia de las medidas de distanciamiento con que el gobierno viene intentando retrasar los niveles de contagio por Covid-19, y nos pronunciamos por el reconocimiento al derecho a la salud de las personas privadas de libertad, pero en estos difíciles y complejos momentos que estamos atravesando, en los que el aislamiento social, preventivo y obligatorio profundiza y recrudece la violencia por razones de género, es que los esfuerzos tienen que estar también concentrados en garantizar el acceso a la Justicia y a la protección efectiva de las mujeres y de sus hijos e hijas.

Atento a la gravedad de sus actos, las personas privadas de libertad por delitos contra las mujeres, deben efectuar sus condenas en establecimientos penitenciarios. Éstos deben cumplir con lo establecido en nuestra Constitución Nacional en su artículo 18, debiendo ser sanas y limpias. Claro está que la pandemia que transcurre debido al virus Covid-19 puede dificultar ese mandamiento, por lo que debemos extremar los cuidados sanitarios para evitar contagios, pero nunca desamparar a la sociedad ni a las víctimas, devolviendo a las calles a quienes cometieron delitos que vulneran las autonomías de las mujeres, sin haber finalizado previamente su condena.

Este escenario judicial, además de suponer un peligro para la sociedad, conllevaría una verdadera vulneración de los derechos de todas las mujeres frente a la cual debemos actuar de inmediato. La violación, el abuso sexual, el femicidio y el maltrato son fenómenos que afectan a mujeres y niñas especialmente y de ninguna manera podemos convalidar que quienes cometen estos delitos puedan poner nuevamente en peligro a más mujeres.

En el marco del absoluto respeto a su independencia, exhortamos al Poder Judicial a que se encamine en el mismo sentido.

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, afirmó este miércoles que durante los primeros 10 días del aislamiento social preventivo y obligatorio se incrementaron en un 39% las llamadas a la línea 144, que asiste a mujeres en situaciones de violencia.

Además, la funcionaria precisó que durante marzo se registraron -de acuerdo a informes elaborados por organizaciones de la sociedad civil- 34 femidicios, y resaltó que dentro de ese mes hubo 12 días de cuarentena.

En una larga exposición, que fue la primera reunión virtual realizada por una comisión del Senado, la ministra abordó distintos temas relacionados a las acciones de su cartera y respondió preguntas de las legisladoras. El único varón que participó fue el oficialista Jorge Taiana.

Al comienzo del encuentro, la presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango (FdT), señaló que “la situación de aislamiento afecta especialmente a las mujeres y niñas porque suelen estar a merced del agresor”.

Además, la pampeana hizo referencia a un informe del secretario general de la ONU, donde se sostiene que “en todo el mundo existe una amenaza contra mujeres y niñas que se hace más severa en los tiempos de confinamiento” y se afirma que “desde el inicio de la pandemia se han duplicado las llamadas a las líneas de ayuda”.

“Es una preocupación en el marco de esta emergencia sanitaria la situación en general que tienen las mujeres”, comenzó Gómez Alcorta, que no solo se refirió a la violencia, sino también a un “agravamiento” de las inequidades salariales.

Destacó que con la llegada más tardía del coronavirus a la Argentina, “pudimos contar con la información de cómo había sido el aumento (de la violencia contra las mujeres) en China, Italia y España”.

Respecto a la línea 144, la ministra recordó que se la declaró un “servicio indispensable” en el marco del aislamiento y relató el trabajo articulado realizado con la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Y destacó la puesta en marcha de dos nuevos canales de atención, a través de WhatsApp.

En ese sentido, detalló que de todas las consultas que ingresaron a partir del 20 de marzo, un 25% se realizaron a través de esa vía, por lo cual consideró “ha sido una buena herramienta”.

A pesar del incremento del 39% de los llamados, la funcionaria aclaró que “el 60% son llamadas que no están vinculadas a violencia”, por eso “no se puede afirmar que implique un aumento de la violencia por motivo de género”. Sobre esto, dijo que “para ser precisos con la información”, había distintas causas en las consultas y, en algunos casos, se recurría telefónicamente por encontrarse cerrados distintos organismos de atención pública.

La titular de la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad ponderó el paquete de medidas lanzado desde el Gobierno nacional, sobre ayuda a los sectores más vulnerables, y se refirió puntualmente al caso del Ingreso Familiar de Emergencia, que tiene distintos requisitos para poder obtenerlo.

Sobre esto, planteó que había “muchas mujeres que seguían con vínculo marital, pero ya estaban separadas, e incluso algunas habían vivido situación de violencia” por lo que se realizó una mesa de trabajo con la ANSeS para evaluar la forma de facilitarles el acceso al IFE.

Gómez Alcorta también se refirió a la campaña de los barbijos rojos -para que mujeres víctimas de violencia pidan ayuda en farmacias- y descartó que se amplíe a otro tipo de negocios. Dijo que está funcionando muy bien en las provincias de Río Negro -donde surgió-, Chubut, Catamarca, La Pampa y Neuquén.

Durante una larga exposición, en la que respondió todas las preguntas que recibió por escrito, la ministra reveló que comenzada la cuarentena se enviaron cartas a los órganos de Justicia de todas las provincias, expresando la preocupación por lo que iba a suceder con las medidas cautelares relacionadas con causas de violencia que vencieren durante la feria judicial y los canales que se iban a habilitar para hacer nuevas peticiones. “Muchas nos contestaron rápidamente”, celebró.

En relación a los femicidios, la funcionaria dijo que es “un grave y constante problema que tenemos” y que por estos días hay “diez números” sobre la cantidad de femicidios durante el aislamiento. Enfatizó que el registro con mayor “nivel de precisión” y que es “muy bueno y muy fiable” lo realiza la Corte Suprema de Justicia, pero “siempre llega al año siguiente; todavía no tenemos el informe 2019, se va a presentar para junio de este año”.

Por eso, citó informes elaborados por organizaciones de la sociedad civil, hechos en base a “fuentes indirectas” como son los medios de comunicación, los cuales indican que en el primer trimestre de 2019 “los femicidios rondaron entre 87 y 89”, mientras que en el mismo período de 2020 fueron “entre 89 y 92”. En tanto, en marzo de 2019 registraron 33 casos y en marzo de 2020, 34.

Avanzada la reunión, la ministra reconoció que en la resolución que habilita a mujeres o personas lgbt a romper la cuarentena para ir a realizar una denuncia sobre violencia “debería haberse exceptuado” al acompañante, más allá de que se contempla a los hijos, y expresó que “eventualmente” podría dictarse una aclaración. En esa línea, remarcó que “varias provincias están adhiriendo a esta resolución” e incluso San Luis aclaró que se puede exceptuar al acompañante.

Entre otros temas, Gómez Alcorta se refirió a la implementación de la Ley Brisa, a la situación habitacional de personas trans y travestis , y a “las dificultades para el acceso a la ILE -Interrupción Legal del Embarazo- en el marco de la emergencia.

La senadora pampeana Norma Durango (Frente de Todos) fue reelecta este miércoles para unanimidad para presidir la Banca de la Mujer, la comisión permanente que está conformada por todas las integrantes de la Cámara alta.

La reunión se desarrolló en el Salón Illia y como vicepresidenta fue designada Guadalupe Tagliaferri (Pro), quien estuvo ausente.

Al asumir, Durango resaltó que el año pasado la Banca de la Mujer fue “una de las comisiones que más trabajó”, y adelantó que para la próxima reunión se convocará a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

Además, las senadoras formularon propuestas para la agenda del año, algunas de las cuales tienen que ver con la prevención de la violencia de género y de los femicidios, a partir de los casi 70 casos registrados este año.