El espacio liderado por Elisa Carrió manifestó preocupación por el anuncio que realizó este lunes el ministro de Economía del acuerdo entre el gobierno y los bancos para el despeje de la deuda en pesos.
La Coalición Cívica manifestó su preocupación por el anuncio realizado este lunes por el ministro de Economía, Sergio Massa, sobre un canje de deuda entre el Gobierno y los bancos que puede “violar” la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina “lo que lo haría nulo e inoponible”.
“Massa intenta deshacerse del problema inmediato de la deuda persuadiendo a los bonistas con un seguro de recompra de los bonos a cargo del Banco Central, que podrían exigirse diariamente”, señalaron desde la CC.
En ese sentido, plantearon que “el ofrecimiento además de constituir una violación del artículo 19, inciso b) de la Carta Orgánica del BCRA que prohíbe al banco ‘garantizar o endosar letras y otras obligaciones del gobierno nacional, de las provincias, municipalidades y otras instituciones públicas’ , expone a la Argentina a una nueva crisis inflacionaria, toda vez que, de suceder una baja de los bonos, los tenedores podrían exigir masivamente su compra al Banco Central que deberá responder de inmediato, emitiendo”.
El ministro de Economía destacó que con el acuerdo se “rompe la idea de que tenemos a la puerta un reperfilamiento de deuda”, tras las críticas de la oposición. A su vez, aseguró que es un programa que le da “tranquilidad” al ahorrista y “desactiva esa idea de la bomba”.
El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, tuvo este lunes al mediodía una reunión con banqueros para definir cómo será la operación de conversión de títulos que se llevará adelante en los próximos días y aseguró que el canje de deuda en pesos que acordó con los bancos servirá para “darles tranquilidad a los ahorristas” y dijo que “rompe la idea de que tenemos a la puerta un reperfilamiento” tras las críticas de la oposición.
El funcionario expresó a sus invitados: “Lo primero que quiero es agradecerles enormemente la seriedad y el trabajo profesional con que a lo largo de estas semanas de pelea o de discusión con el sistema financiero y el Estado y el sector público nacional, lo que durante muchos meses se planteó como el mayor problema y la mayor incertidumbre de la economía argentina, que eran los vencimientos de la deuda en pesos, pueda tener un programa y una programación que le dé en primer lugar tranquilidad al ahorrista, al depositante”.
“Es que cualquier ciudadano sepa que cuando deposita un plazo fijo, o en caja de ahorro, no tiene que estar pendiente si la licitación de una semana o la otra del sector público con los bancos salió bien o salió mal. Porque esto de darle previsibilidad al vínculo y al financiamiento entre el sector público y el sistema financiero, y el sistema de compañías de seguro y el sistema de mercado de ahorro doméstico tiene como beneficiario final a nuestros ahorristas, a nuestros depositantes, al ciudadano que opera todos los días en el sistema financiero”, manifestó.
En esa línea, Massa afirmó que “sin un sistema financiero estabilizado y con capacidad de dar crédito, una economía no funciona, así que, para nosotros tener un sistema financiero, un sistema de bancos locales, públicos, privados, internacionales que sea fuerte, que sea vigoroso y que tenga además en el Estado un aliado para trabajar juntos en mejorar la capacidad de crédito y mejorar la profundidad de acceso a la idea de ahorro en la economía argentina es fundamental”.
“Trabajar juntos seriamente y darle certidumbre y estabilidad a la economía argentina es un desafío que obviamente tiene el Ministerio de Economía, tenemos como equipo, tenemos como gobierno, pero sobre todas las cosas es un desafío que lo podemos recorrer si trabajamos juntos, aun en la diferencia como a lo largo de este último mes hemos visto que podemos trabajar”, destacó.
Respecto al acuerdo, remarcó que “el dato más relevante de esta licitación que se pone en marcha, de este denominado canje voluntario, es que rompe esa idea de que Argentina tiene todas las semanas a la puerta un reperfilamiento de deuda”.
“Ya tuvimos algún momento un reperfilamiento de la deuda en pesos, vimos la frustración, el dolor y el fracaso que significó para la Argentina y entendemos que tener un perfil de deuda ordenada, previsible, es para el sistema financiero fundamental para el Estados fundamental y para el ahorrista y el ciudadano una tranquilidad enorme”, apuntó contra la oposición.
En otro pasaje de su disertación, el ministro expresó: “El poder plantearnos en una oferta de dos canastas, la posibilidad de tener un programa de deuda que, inclusive, desactiva esa idea de la bomba, de que cada dos o tres meses está algo por explotar y que le da una curva de vencimiento 2024, 2025, mucho más ordenada, asociada además al programa de orden fiscal. El desafío de bajar el gasto público de nuestra parte descomprime la idea de tener que andar permanente buscando financiamiento o buscando adelantos transitorios del Banco Central* para poner a la economía en la idea de que el orden fiscal es el ancla más importante que tenemos a la hora de administrar el sector público nacional, es una tarea que tenemos que recorrer en conjunto”.
“Argentina recorrió el 2020, el 2021 y parte del 2022 sin crédito externo, con un enorme nivel y volumen de emisión como financiamiento del sector público, eso nos genera una dificultad que también tenemos que enfrentar porque tiene que ser parte de nuestro programa de lucha contra la inflación”, analizó.
Según el titular de Economía a la inflación se la combate con “orden fiscal, con acumulación de reservas, pero también con control del dinero circulante, así como con aumento de la mejora de oferta de bienes por parte del sector privado que le da dinámica a nuestra economía y ese es un trabajo que en estos segundos seis meses de gestión de este equipo vamos a encarar para tratar de que ese desafío de bajar la inflación sea un logro también de este equipo económico, para eso, ese trabajo que encaramos juntos es fundamental”.
“Romper la incertidumbre alrededor de si el Estado es capaz de financiarse en el mercado de ahorro interno de deuda local era fundamental, y este salto de la montaña como la llamaban muchos, leí en algún medio ‘hay olor a reperfilamiento’, todos esos fantasmas se terminan, así que trabajemos juntos no solo porque esto nos permite despejar la incertidumbre para el 2023, lo cual es una tranquilidad enorme para ustedes y para los ahorristas, sino porque además nos tiene que permitir ser la base o diseñarlo como base de otros acuerdos para mejorar el nivel de acceso al crédito del ciudadano que es en definitiva la mejor forma de darle posibilidad a nuestra economía”, remarcó Massa.
En ese sentido, consideró que “para eso necesitamos un sistema financiero fuerte, y nosotros desde el equipo económico creatividad y herramientas puestas al servicio de la economía para de que el ciudadano se anime a depositar mucho más, pero sobre todas las cosas a tomar mucho más crédito para recuperar la confianza en nuestra moneda”.
“Yo no tengo más que agradecerles, decirles que queremos seguir trabajando juntos, que vamos a además a ordenar intraEstado a la deuda, tenemos los vencimientos del tercer y cuarto trimestre que tienen mucho peso del sector público nacional, que eso a veces también desordena y genera incertidumbre”, reiteró.
Y siguió: “Lo vamos a hacer trabajando, usando las herramientas que nos da la autoridad de llevar adelante la política económica hacia adentro del Estado, trabajando con cada una de las jurisdicciones con una norma que nos permita trabajar juntos con cada uno de los organismos del sector público, para que además ese profundo espíritu de colaboración que está demostrando el sistema de bancos, compañías de seguro para darle previsibilidad a la Argentina tenga también el acompañamiento del Estado, que esa curva ordenada no sea solamente producto del esfuerzo, del trabajo de los bancos, de la compañías de seguro y del Ministerio de Economía , sino que también tenga como correlato la responsabilidad del Estado para enderezar esa curva y hacer previsible y darle tranquilidad a los argentinos”.
“Ahora nos queda llevar adelante el canje, la licitación y el lunes de la semana que viene mostrarle a la sociedad argentina que tenemos al sistema financiero absolutamente robustecido y además al sector público nacional con sus cuentas ordenadas”, cerró.
Luego que el expresidente dijera en una entrevista que los fondos del crédito con el organismo internacional fueron para “pagar a los bancos comerciales”, desde el Frente de Todos salieron a cruzarlo.
Diputados del Frente de Todos salieron este lunes a criticar fuertemente a Mauricio Macri, luego que el expresidente confesara para qué se utilizaron los 44 mil millones de dólares del préstamo con el Fondo Monetario Internacional.
“La plata del FMI, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que se querían ir porque tenían miedo de que volviera el kirchnerismo”, sostuvo Macri durante una entrevista con Marcelo Longobardi por CNN.
Ante la declaración, los legisladores oficialistas consideraron que es “necesario” que “el expresidente y líder de la oposición explique a qué bancos les pagó, cuánto a cada uno y en concepto de qué les transfirió el dinero del FMI”.
En diálogo con AM750, el entrerriano Marcelo Casaretto señaló que el crédito con el organismo internacional tomado por el gobierno anterior “fue un endeudamiento que significó un beneficio de unos pocos”.
“Cuando nosotros discutíamos éste tema con la oposición en el Congreso nos decían que el dinero había sido usado para pagar vencimientos de deuda. Con ésta declaración de Macri eso queda echado por tierra”, enfatizó y agregó que “Macri confirmó que el endeudamiento tenía como objetivo financiar la fuga de capitales”.
Respecto al pedido de explicaciones por parte del bloque del FdT, el legislador expresó: “Queremos que se detallen todos los pagos realizados para que los argentinos vean lo que pasó en los últimos cuatro años”.
“Macri confesó que se gobernó de espaldas al pueblo argentino. A esa manera de gobernar los argentinos le dijeron no en 2019 y sí a la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner. Si hay alguien que puede resolver los problemas de la Argentina a partir del 15 de noviembre somos nosotros”, concluyó.
En tanto, a través de Twitter, Vanesa Siley cargó: “Con mentiras, con excusas, con cinismo y en contra de las y los argentinos, así gobernó Mauricio Macri. Ahora deberá explicar al pueblo que endeudó: ¿las arcas de qué bancos engordaron con el futuro de todos y todas?”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, Carlos Heller, remarcó que “Macri lo hizo y ahora lo cuenta. La deuda que tenemos todos los argentinos y las argentinas él la utilizó para beneficiar a los grandes especuladores financieros. 45 mil millones de dólares tomados en nombre del pueblo y dilapidados”.
Y añadió: “El colmo es que Macri, luego de confesar esa enorme transferencia de recursos, opina sobre cómo renegociar la deuda que él mismo generó”.
“Mauricio Macri confesó que usó la plata del FMI para pagarle a los bancos comerciales, a los mismos bancos que hace 20 años se quedaron con los ahorros de los argentinos. Con ellos siempre ganan los mismos a costa de todxs”, escribió la cordobesa Gabriela Estévez.
En tanto, el porteño Itaí Hagman publicó: “Macri ganó las elecciones legislativas en 2017 y todas consultoras pronosticaban que reelegía en 2019. En mayo hizo el acuerdo con el FMI porque nadie le prestaba. ¿A quién temían los mercados, al kirchnerismo o a él?”.
“A confesión de parte, Macri cuenta como regaló la plata del endeudamiento más grande de nuestra historia, demostrando una vez más lo dañino que es para nuestro país. No volvamos para atrás”, alertó la misionera Cristina Brítez.
También se sumó Santiago Igon, quien apuntó que “Macri pago a los bancos comerciales con el préstamo que recibió la Argentina. Esos son los bancos del famoso ‘Corralito’, los que se quedaron con el ahorro del pueblo argentino. Con Macri se repitió la historia de De La Rúa. Miremos para adelante porque Larreta quiere lo mismo”.
El diputado Germán Martínez posteó que “nada para infraestructura. Nada para la inclusión. Nada para la producción. Los dólares del FMI, para los bancos. Endeudamiento para todas y todas. Beneficios (y fuga) para pocos. El expresidente Macri tiene mucho que explicar”.
“Macri y sus aliados de Juntos por el Cambio priorizaron a los bancos antes que a los jubilados. Dijo que usó el megaendeudamiento del #FMI para beneficiar a bancos y banqueros. Al pueblo nos quedó pagar. El próximo 14/11 no volvamos al pasado”, fue el mensaje de Walter Correa.
Además, dejó su mensaje al respecto la candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz, quien resaltó: “Hasta hoy escuchamos a candidatos y candidatas de la oposición decir que la deuda que tomó Macri con el FMI fue para pagar deuda o bajar déficit. Pero hace unas horas el propio Macri confesó que ese dinero fue a los bancos. No volvamos a este pasado, votemos para adelante”.
Con posteos en el mismo sentido se sumaron los diputados Marcelo Koenig, Silvana Ginocchio, Federico Fagioli, Melina Delú y Paola Vessvessian, entre otros.
Un senador nacional pide que en el marco de la flexibilización de medidas por la pandemia se deje sin efecto esta disposición del Banco Central.
El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Daniel Blanco presentó un proyecto para solicitar al Banco Central de la República Argentina que deje sin efecto las comunicaciones que disponen la atención en los bancos con turno al público en general.
“El Gobierno nacional ha anunciado en la última semana diversas flexibilizaciones que se implementarán en el marco de la pandemia, decisión que fue sustentada, según afirmaron, a las 16 semanas consecutivas de baja en el número de casos y en el porcentaje de población vacunada contra el Covid-19. En este contexto carece de sentido mantener el sistema de turnos en las entidades bancarias”, afirmó el senador fueguino.
“Continuar con este sistema para que la ciudadanía concurra a los bancos a realizar diferentes operaciones con las consecuentes dificultades que esto presenta, no atiende a la diversidad de realidades que se presentan en el territorio argentino”.
“Resulta un sinsentido ante las nuevas flexibilidades como el aforo del 50% en eventos masivos de más de 1000 personas, la habilitación para viajes grupales, o la autorización del ingreso al país sin aislamiento de ciudadanos argentinos provenientes del exterior y de extranjeros que lleguen desde países limítrofes, que el Banco Central de la República Argentina continúe disponiendo la atención por turnos en todos los bancos del país”, finalizó Blanco.
El proyecto fue acompañado por los senadores nacionales Stella Maris Olalla, Humberto Schiavoni, María Belén Tapia y Alejandra Vucasovich.
El senador radical presentó una iniciativa para que no haya incrementos por seis meses y consideró que las entidades financieras “tienen que ser actores principales del esfuerzo colectivo”.
El senador nacional Julio Cobos (UCR) presentó un proyecto para dejar sin efecto el incremento de las comisiones por servicios no financieros que perciben los bancos por la prestación de servicios, retrotrayendo las mismas al valor establecido por el BCRA al 31 de diciembre de 2020.
Además, la iniciativa propone que estas comisiones no puedan aumentar durante 180 días, desde la sanción de la norma. Por último, dispone revertir el pago de la diferencia de las comisiones en exceso cobradas, a los treinta días de la entrada en vigencia de la ley.
El exvicepresidente expresó que “nadie desconoce las inmensas dificultades económicas que generó la pandemia durante el pasado año 2020. La economía argentina registró una caída histórica del 19,1%, cayendo fuertemente el empleo y aumentando la pobreza e indigencia. La mayoría de la sociedad vio perjudicada sus ingresos, con una marcada pérdida del poder adquisitivo como consecuencia de una mayor inflación y en muchos casos aumentó el endeudamiento”.
“Por todo ello, se dispuso una serie medidas tales como congelamiento de alquileres, de cuotas hipotecarias, de salarios, entre otras; todas tendientes a palear la emergencia sanitaria y económica que transitamos y que aún estamos sufriendo”, recordó, sin embargo señaló que “en este contexto, donde se ha pedido un esfuerzo colectivo a la sociedad, los bancos aumentaron, desde enero hasta la fecha, un 40% las comisiones bancarias; algo realmente inaceptable”.
El legislador radical explicó que “el Banco Central de la República Argentina autorizó a las entidades financieras a establecer aumentos máximos de 9% en enero de 2021 y 9% en febrero de 2021 en las comisiones. Estos aumentos se aplican en productos fundamentales para los clientes como lo son las cajas de ahorros; tarjetas de débito adicionales; reposición de tarjetas de débito por robo o extravío; servicios de extracción de fondos a través de terminales en puntos de venta y de retiro de efectivo de cuenta por el propio titular o un tercero. Y en cuanto a las tarjetas de crédito a servicio de emisión, renovación, administración o mantenimiento de cuenta; reposición o reimpresión de tarjeta por robo o extravío y tarjetas adicionales; entre otros”.
Asimismo, el mendocino remarcó que “como agravante, debemos considerar que durante el año 2020 el endeudamiento de las familias se incrementó mayoritariamente con las tarjetas de crédito. Como paliativo el Estado Nacional estableció dos refinanciaciones de nueve meses y tres meses de gracia con una tasa del 43% anual; estas cuotas como mínimo mantendrán cautivos a los usuarios de los bancos en el que financiaron sus tarjetas por todo el año 2021″.
“Teniendo en cuenta que el grueso de los clientes tienen un paquete de productos, las tarjetas de crédito no se venden por separado, los bancos aumentarán estos paquetes hasta un 40%, pero cada entidad bancaria aplicará su criterio y los usuarios no podrán hacer frente a esto y tampoco podrán cambiar de banco”, advirtió.
Finalmente, Cobos enfatizó que “los bancos también tienen que ser actores principales de ese esfuerzo colectivo; nadie pretende que no ganen o cobren por sus servicios, pero es indudable que las comisiones que manejan son ajenas a la realidad, deben bajarlas, revertir el pago de las comisiones en exceso cobradas, y no aumentarlas durante seis meses”.
Las comisiones de Finanzas y de Comercio retomaron el debate de proyectos de rebaja de comisiones para las tarjetas de crédito y acreditación inmediata de la compra con débito en la cuenta del comerciante.
Las comisiones de Finanzas y de Comercio de la Cámara de Diputados escucharon este miércoles a representantes de cámaras empresariales y asociaciones bancarias que cuestionaron, en su mayoría, los proyectos de ley sobre compras con tarjetas de crédito y débito.
En la reunión virtual, presidida por Fernanda Vallejos (Frente de Todos), se analizaron iniciativas de los oficialistas Carlos Ponce y Ariel Rauschenberger, y también de Humberto Orrego (Producción y Trabajo) y Álvaro González (Pro).
Los proyectos buscan, por un lado, una nueva rebaja de las comisiones que cobran las tarjetas de crédito, y por otro, la acreditación inmediata de la compra realizada con tarjeta de débito en la cuenta del comerciante.
El primero en exponer fue Guillermo Fortunato, titular de Tarjeta Fértil, que cuenta con una veintena de sucursales en el interior bonaerense. “Somos sociedades anónimas que operamos en el negocio financiero, pero trabajamos con nuestros propios fondos, no tomamos dinero del público y pagamos impuestos”, describió.
Fortunato detalló cómo funciona la tarjeta y advirtió que “si por alguna ley o disposición nos obligaran a adelantar más el pago a los comercios, no lo podríamos hacer, sería imposible, porque daría un faltante de dinero que nos llevaría a tener que pedir fondos, y eso tiene un costo que no se lo podemos cobrar a nadie”.
Señaló además que con el 3% que cobran, como máximo, al comerciante, “nos hacemos cargo de toda la operación, y nos cierra”. “Si bajamos el arancel al 1,5%, para nosotros es la mitad de nuestros ingresos”, advirtió.
Norberto Etchegoyen, director ejecutivo de la Cámara de Emisores de Tarjetas No Bancarias, informó que “en Argentina hay 150 emisores de tarjetas de crédito, de los cuales 50 son bancarios y 100 no bancarios”, y estos últimos “representan el 30% del mercado y en su gran mayoría son empresas nacionales”.
“Los emisores no bancarios son sociedades anónimas no comerciales que no están regidas por las normas del Banco Central. Como emisores no bancarios, no tenemos nada que ver con el negocio de los bancos. Para nosotros, la tarjeta de crédito es nuestro único y principal negocio, en cambio para los bancos, la tarjeta es solo un servicio más de los que brindan”, aclaró.
Etchegoyen destacó que “las tarjetas de crédito regionales tienen una operatoria 100% en blanco” y una relación “muy estrecha con los comercios en el interior”.
Respecto del arancel que cobran, precisó que deben afrontar el impuesto a los Débitos y Créditos, Ingresos Brutos y tasas municipales de publicidad por los calcos que se pegan en las ventanas de los comercios, más el financiamiento de las cuotas sin interés. “Pensar que podemos bajar nuevamente el arancel y tener que hacer frente a todo el negocio es imposible”, dijo.
Por último, insistió en que “en el mercado de tarjetas de crédito no es todo igual” y pidió diferenciar entre emisores bancarios y no bancarios, y aquellos de índole regional, a la hora de evaluar los proyectos de ley.
César Bastien, director ejecutivo de ATACYC (Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra), mencionó que los cambios regulatorios “llevaron a que el sector se vaya achicando”, en “una lógica donde todos perdemos: pierden los consumidores, porque pierden el financiamiento del consumo; pierden los comercios, porque están perdiendo ventas; pierde el Estado, porque estamos perdiendo recaudación; y obviamente también pierden las empresas”.
Bastien informó que en el país hay en circulación 58 millones de tarjetas de crédito, distribuidas en 20 millones de usuarios únicos; el 68% del total está en manos de personas de segmentos medios y bajos de la población; y aproximadamente 1 millón de comercios aceptan compras con tarjeta.
El representante de ATACYC advirtió que entre 2018 y 2019 se perdieron 1.274.622 tarjetas y que los emisores sufrieron una “fuerte reducción de los ingresos” debido a la última rebaja del arancel cobrado al comercio, que actualmente es del 2%, siendo “el más bajo de región”.
Otros factores de esta caída, según Bastien, fueron la reducción del plazo de pagos, el programa Ahora 12 y la reducción de la tasa de interés.
En tanto, el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina, Claudio Cesário, manifestó que con la baja del arancel que se aplicó en los últimos años, “el beneficio quedó en el comercio, no hubo ningún beneficio para los consumidores”, por lo que “tampoco va a beneficiar a la economía”.
Sobre la acreditación inmediata de la compra con débito en la cuenta del comerciante, sostuvo que a nivel mundial no está prevista esta regulación, y explicó que al momento de acreditar los fondos al comerciante, se tienen que realizar retenciones impositivas.
“Las tarjetas de débito aplican aproximadamente 90 regímenes de retención, percepción e información, de los cuales más de 40 se aplican al momento de pagar a los comercios”, detalló Cesário al justificar su rechazo al proyecto, y agregó que si se convierte en ley “va a producir efectos no deseados: se va a achicar la torta, va a haber menos ventas y el Estado va a recaudar menos”.
Por su parte, el titular de la Asociación de Bancos Argentinos, Javier Bolzico, llamó a pensar la regulación en términos de un “ecosistema” donde coexisten muchos actores -usuarios, comercios, bancos, el Banco Central y la AFIP, entre otros-, con lo cual si se afecta a una de las partes, hay consecuencias sobre todo el sistema.
Por eso, Bolzico pidió que antes de avanzar se analice si estas leyes van a incrementar la cantidad de usuarios de tarjetas o el número de transacciones.
Además, habló de una “paradoja” porque “somos el país con comisiones más bajas, pero también tenemos la carga impositiva más alta”, por lo que propuso hacer foco en el tema impositivo.
Hugo Flores, director ejecutivo de la Asociación de la Banca Especializada, coincidió en que las tarjetas en Argentina cobran los aranceles más bajos de la región, y sin embargo hay cada vez menos usuarios y menos transacciones.
“Cada vez que metemos la mano en el motor, nos rinde menos kilometraje, y nuestro motor está al límite”, graficó, y añadió: “Los proyectos tienen la mejor intención del mundo, pero van a lograr el efecto contrario”.
Del encuentro también participaron Beatriz Tourn, presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias de Chaco; Alejandra Ruiz, del Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba; y Gabriel Safirsztein, de la Asociación de Empresarios para el Desarrollo.
“Muchas personas debieron recurrir al endeudamiento para comprar alimentos y pagar los servicios. Estamos en pandemia y debe primar la necesidad sobre el negocio”, remarcó Liliana Schwindt.
En el marco de la pandemia del coronavirus, la diputada Liliana Schwindt (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley para suspender los intereses punitorios por el uso de tarjetas de crédito que no sean emitidas por bancos -o el Banco Central- desde el 1ro de mayo y hasta que finalice la cuarentena.
“Por la crisis, muchas personas debieron recurrir al endeudamiento para comprar alimentos y pagar los servicios. Estamos en pandemia y debe primar la necesidad sobre el negocio”, explicó la legisladora.
Schwindt expresó que “lo que buscamos es justamente proteger a millones de consumidores que todavía no están bancarizados y deben recurrir a entidades financieras”.
Además, la diputada aseguró que “de no concretarse esta propuesta, no sólo se seguiría desprotegiendo a los usuarios financieros de esas tarjetas, sino que se los dejaría absolutamente indefensos ante los abusos de los proveedores de servicios financieros no formales, por no tener ninguna herramienta eficaz ni autoridad de aplicación precisa para reclamar”.
La legisladora Laura Soto presentará la iniciativa en la Legislatura local. Estiman una recaudación de 1.600 millones de pesos, que proponen para asistencia a las PyMEs de la provincia.
Con el impulso de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, los bloques del Frente de Todos en la Legislatura mendocina impulsarán un proyecto de ley para ampliar la alícuota del impuesto por Ingresos Brutos a los bancos, mientras dure la emergencia sanitaria por el coronavirus, y sin que esto se traslade a ningún usuario de estos servicios.
La iniciativa, que será presentada formalmente por la diputada provincial Laura Soto, plantea incremento del 100% de este tributo para bancos u otras instituciones financieras, y estima que lo recaudado por este aumento se destine en asistencia a las PyMEs.
A través de una videoconferencia, Fernández Sagasti y Soto conversaron sobre la propuesta con los jefes del bloque FdT en la Legislatura mendocina, Germán Gómez (Diputados) y Lucas Ilardo (Senado); y los economistas Amalia Granata y Nicolás Aroma.
La senadora nacional dijo que se trata de “una herramienta que la ponemos a disposición del Ejecutivo provincial, tal como me comprometí personalmente desde el primer día a colaborar con el gobierno de Mendoza, sobre todo en esta crisis que estamos atravesando todos los argentinos y las argentinas”. “Comercios y productores de la provincia se pueden ver beneficiados con estos recursos que se van a poder recaudar mediante este proyecto, que debe servir para reactivar la economía de Mendoza”, añadió.
“Entendemos que no hay razones ni éticas, ni políticas, ni económicas para estar en contra de este proyecto”, consideró la vicepresidenta del FdT en el Senado de la Nación. Y completó que espera que la iniciativa sirva “no solo para reactivar la actividad económica, sino también para todos los mendocinos y las mendocinas que más están padeciendo la crisis actual”.
Según indicaron los economistas, con esta iniciativa se estima una recaudación anual de 1.600 millones de pesos.
Por su parte, la diputada Soto apuntó: “Analizamos el presupuesto provincial de Mendoza 2020 y vemos que la recaudación de Ingresos Brutos está prevista en alrededor de 44 mil millones de pesos, de los cuales 1.600 millones corresponden a las entidades financieras -esto teniendo en cuenta el valor bruto de las entidades financieras representa el 3,5% del PBG de Mendoza-. Este proyecto aumentaría al 100% esa recaudación”.
A su turno, Lucas Ilardo planteó que “esto puede ser el inicio de un planteo más profundo, porque la estructura impositiva, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, sabemos tiene un alto grado de injusticia y es un debate que nos merecemos dar. Nadie puede dudar que han sido los bancos las instituciones que más han ganado en los últimos años, no solo durante la pandemia por la bancarización sino también en el último tiempo”.
Germán Gómez aclaró, a su vez, que se trata de un “impuesto extraordinario mientras dure la pandemia. Esto pasa a la comisión de hacienda y se trabajará con los distintos bloques, la idea es generar recursos que den una herramienta para fomentar el trabajo, las PyMEs y no afecta a los particulares porque no los comprende. Esto no va a trasladarse, es importante aclararlo, a los consumidores que hacen uso del servicio bancario”.
Sobre este último punto, tanto Fernández Sagasti, como Granata y Aroma llevaron tranquilidad. “La Resolución A6912 del Banco Central congela las comisiones bancarias por 180 días, por lo tanto los bancos no podrán trasladar el incremento de Ingresos Brutos a los servicios financieros y a ningún cliente”, aclaró la senadora.
Se trata de una iniciativa del peronista Santiago Roberto y tiene como objetivo que, de manera extraordinaria y por única vez, el Gobierno porteño le cobre un impuesto del 1% a las empresas o personas que hayan pagado Ingresos Brutos por 30 millones de pesos o más en 2019.
Debido a la pandemia del coronavirus, el legislador del FdT Santiago Roberto presentó un proyecto de ley para que el Gobierno de la Ciudad cobre por única vez un impuesto del 1 % a las empresas y/o personas que hayan pagado o tuvieron que pagar en 2019 Ingresos Brutos por un monto igual o superior a 30 millones de pesos, que será destinado al financiamiento del sistema de salud y a las medidas tomadas en el marco de la emergencia económica y social.
Al respecto de la iniciativa, Roberto precisó que quienes paguen este impuesto serán los “principales bancos y operadores del sistema financiero, aseguradoras, plataformas digitales y operadores de centros de juegos de azar, entre otros” y consideró central que “sea la Auditoría General de la Ciudad el órgano encargado de controlar la percepción y aplicación de los recursos generados por esta contribución solidaria y elabore un informe mensual a la Legislatura”.
“El 50% de lo recaudado por este impuesto será destinado al equipamiento del Sistema de Salud, mientras la otra mitad irá al abastecimiento de los comedores escolares y merenderos de los barrios más humildes y para la asistencia de las pequeñas empresas y comercios perjudicados por la caída de la actividad económica”, manifestó el peronista y sentenció que “en 2019, el Banco Central informó que los Bancos tuvieron ganancias por 420 mil millones de pesos, en buena parte fue producto de las operaciones con Leliq y otros instrumentos financieros similares realizados en la City porteña, es por eso que creo oportuno que quienes más ganaron hagan su aporte solidario a los vecinos de la ciudad”.
Cabe destacar que la iniciativa también lleva la firma de Matías Barroetaveña y Manuel Socías.
El titular de la cartera de trabajo iba a participar de una reunión virtual de comisión a las 15, que se suspendió por los problemas que desató la apertura de los bancos en el medio de la cuarentena.
En medio del caos generalizado que se produjo por la apertura de los bancos en el medio del aislamiento social obligatorio por el coronavirus, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, debió suspender su presentación virtual ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.
El funcionario iba a exponer por videoconferencia ante la comisión presidida por Daniel Lovera (Frente de Todos) a partir de las 15, pero finalmente canceló su participación por “razones de gestión ante la emergencia bancaria”, y la reunión se suspendió sin nueva fecha de convocatoria.
El presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión en la quinta de Olivos con la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y también tenía previsto escuchar a la cúpula de la CGT por el impacto de la cuarentena en el trabajo; de ahí el motivo de la ausencia de Moroni.
La apertura de los bancos por única vez para garantizar a cobro a jubilados sin tarjeta y a beneficiarios de programas sociales provocó largas filas, amontonamientos y desbordes en numerosas localidades, a contramano de las medidas de prevención ordenadas por el propio Gobierno contra la expansión del virus.
Por eso, el Banco Central emitió una resolución en horas de la mañana en la que dispuso la apertura de los bancos este sábado y domingo, en un arreglo con el sindicato La Bancaria, que conduce Sergio Palazzo.
En un comunicado, el interbloque de senadores de Juntos por el Cambio salió a cuestionar la ausencia de Moroni. “De manera inexplicable el ministro suspendió la reunión por ‘razones impostergables de agenda’. Bastaban unas horas para que respondiera preguntas. Se trataba de una reunión virtual en la que ni siquiera debía desplazarse”, advirtió la bancada presidida por Luis Naidenoff.
Para los senadores, “hoy no había excusas”, ya que “ante el Senado de la Nación su deber era explicar y aclarar especialmente la decisión del cobro de jubilados y beneficiarios de la AUH en un solo día, sin tomar recaudos o escalonando días de pago, rompiendo por impericia la cuarentena que la sociedad acompañó estos días”.
“El Gobierno deberá tomar medidas con los que por acción u omisión generaron este desborde de alto riesgo”, lanzaron los legisladores de la oposición, y concluyeron: “El país requiere que los funcionarios del gobierno colaboren y respondan ante el Congreso y los ciudadanos”.
El legislador nacional de Juntos por el Cambio advirtió la necesidad de que los bancos permitan realizar operaciones y no se corte la cadena de pagos.
El diputado nacional del Partido Unir, parte del interbloque que forma Juntos por el Cambio, Alberto Asseff pidió que se disponga un sistema de guardias mínimas con gerentes y personal superior en los bancos para “alivianar el sufrimiento de la economía de los ciudadanos”.
“La idea es que los bancos permitan realizar operaciones y no se corte la cadena de pagos”, señaló el legislador, y explicó que: “Hay empleadores que no tienen efectivo en cuenta, pero si en la caja y no pueden pagar sueldos si no acceden a su caja”.
Al respecto, el titular del gremio bancario, Sergio Palazzo, adelantó que se analiza abrir las puertas en un horario reducido, para facilitar el pago a los jubilados y pensionados, en especial para aquellos que no poseen tarjeta de débito.
