Atento a otra polémica que se ha dado entre Ciudad y Nación en torno a la pandemia, con las consiguientes críticas expresadas también desde las autoridades bonaerenses, el diputado nacional Gerardo Milman presentó, junto a otros integrantes de su bloque, un proyecto de ley para que el barbijo/tapabocas sea optativo dentro de los establecimientos educativos de gestión estatal y privada, en todos sus niveles y modalidades, para los y las estudiantes de todo el país.

“Existen muchísimos estudios que demuestran que el uso de barbijo afecta en gran medida el aprendizaje. Sostener esta medida es tan absurdo como perjudicial”, expresó el diputado del Pro al justificar su iniciativa.

Para Milman, “es hora de que el kirchnerismo deje de lado sus intereses populistas y se dé cuenta de que sin educación de calidad no hay un futuro posible para nuestros niños y niñas”.

“Más del 54% de nuestros chicos y chicas son pobres. La educación es una de sus herramientas fundamentales para salir de ese lugar. Pero claramente el Gobierno nacional tiene otros objetivos y prioridades”, estimó el diputado del Pro al fundamentar una iniciativa que firman también sus colegas Adriana Ruarte, Danya Tavela, Sabrina Ajmechet, Karina Bachey, Alberto Asseff y Alfredo Schiavone.

Los diputados provinciales Claudio Frangul y Florencia Retamoso reclamaron dejar sin efecto una millonaria compra de barbijos por contratación directa para las escuelas de la provincia. El

Ministerio de Salud bonaerense está a cargo de este gasto previsto en más de setecientos millones de pesos.

Los diputados Frangul y Retamoso sostuvieron que “mientras otras provincias del país como Mendoza, Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han eliminado la obligatoriedad del uso de barbijos para los alumnos en edad escolar, (Axel) Kicillof y su ministro (Nicolás) Kreplak siguen tomando medidas basadas en su fundamentalismo militante”.

El platense Frangul afirmó que: “en un contexto de crisis económica como el que atraviesa la provincia de Buenos Aires que aún está sufriendo las consecuencias por la cuarentena eterna decretada desde el 2020 y del mal manejo de la economía, no se encuentran argumentos que justifiquen afrontar un gasto de estas proporciones en un modelo específico de barbijos tricapa. Con ese dinero se podrían arreglar escuelas o comprar insumos y material bibliográfico”.

La diputada Florencia Retamoso aseguró que “en la Legislatura provincial hemos presentado proyectos reclamando a las autoridades rever su postura de intransigencia y fanatismo, brindando sinnúmero de datos y opiniones calificadas respecto a los efectos negativos de esta imposición para los niños, niñas y adolescentes en su desarrollo cognitivo, su salud integral y su sociabilidad. No se entiende por qué están empecinados en seguir tomando este tipo de medidas autoritarias que son rechazadas por las organizaciones que nuclean a parte de la comunidad educativa como Padres Organizados”. Y agregó: “Sorprende la necesidad imperiosa de continuar con esta medida que amordaza a nuestros chicos y chicas y es llamativa la insistencia, en este contexto, del enorme gasto que pretende hacer el gobernador Kicillof”.

La Resolución 808/2022 del Ministerio de Salud, publicada en el Boletín Oficial el pasado 21/02/2022 autoriza el llamado a Contratación Directa para la adquisición de barbijos tricapa descartables con elástico y con ajuste nasal, tanto pediátricos como para adultos, insumos que están destinados a establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires. La operatoria permite un gasto de hasta $772.623.360,00, con la posibilidad de aumentar hasta en un cien por ciento el contrato.

Aldana Ahumada, senadora provincial de Juntos en la provincia de Buenos Aires, ingresó un proyecto de declaración para que se elimine el uso obligatorio de los tapabocas en todos los establecimientos educativos bonaerenses, tanto públicos como privados.

En sus redes sociales, Ahumada expresó: "La evidencia vinculada al uso de barbijos en las escuelas no posee la rigurosidad científica necesaria como para que su implementación sea obligatoria a esta altura de la pandemia" y agregó: "Por otro lado, está comprobado que su uso afecta negativamente el aprendizaje, ya que se perjudica directamente la comunicación verbal y no verbal, causando daños sociales y emocionales".

El proyecto lleva también la firma de sus compañeros de bancada Joaquín De La Torre y  Alejandro Rabinovich.

Tras la polémica por la compra de barbijos a tres mil pesos la unidad, el diputado de Consenso Federal Eugenio Casielles impulsó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de resolución para obtener información sobre la compra de cinco millones de barbijos mascarilla por un monto total de 340 millones de pesos a la empresa E-ZAY SRL, a razón de un valor de 68 pesos cada uno.

Según explicó, la iniciativa se fundamenta en que en los últimos días se ha dado a conocer por parte de diferentes medios informativos que dicha contratación podría tener incumplimientos en la entrega del producto.

Es por esto que Casielles pidió información sobre el “modelo, características técnicas y precio unitario de los barbijos adquiridos”, “los efectores recibirán los barbijos y detalle cantidad y criterio de asignación para cada uno”, “el criterio de distribución de los cinco millones de barbijos” y “el tiempo que calculan que este suministro va a durar”, entre otras cuestiones.

Al respecto de la iniciativa, el legislador señaló que “en el marco de la presente emergencia sanitaria debido a la pandemia originada por el virus Covid 19 nos induce a solicitar información sobre cómo se realizó la contratación y como se lleva  a cabo la entrega” y consideró que “es deber de este Poder exigir información y respuesta a aquellas acciones por Parte del Poder Ejecutivo que podrían estar agravando la situación económica de la Ciudad y perjudicando a los vecinos sin justificaciones razonables”.

“Es una crisis que afecta principalmente en términos sanitarios pero también en económicos, nos resulta inaceptable una compra fuera de lo conveniente cuando es el Estado quien debe proteger más que nunca los escasos recursos económicos con los que se cuenta”, concluyó.

El legislador del Frente de Todos Juan Manuel Valdés presentó un proyecto de ley para modificar la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires luego de las denuncias generadas por la compra de barbijos a $3.000.

El proyecto contempla la eliminación del registro de proveedores de la Ciudad a las empresas de familiares de funcionarios, además de la imposibilidad de la compra por del Ejecutivo porteño a empresas vinculadas al “cónyuge o conviviente y familiares por consanguinidad hasta el cuarto grado de los sujetos comprendidos en el artículo 6º de la Ley de Ética Pública 4.895 y modificatorias con competencia en el procedimiento de compra, venta o contratación”. 

Sobre el origen del proyecto, Valdés explicó: “Buscamos modificar la Ley de Compras de la Ciudad para que se salde la cuestión de que no pueda haber intereses cruzados en las contrataciones de ningún proveedor de la Ciudad”.

“Es fundamental transparentar los mecanismos que tiene el Ejecutivo en tiempos de pandemia donde sabemos que es mucho más importante cuidar cada peso, y que cada peso llegue a los sectores que más lo necesiten”, expresó Juan Manuel Valdés.

Para finalizar, el legislador del Frente de Todos reflexionó que “las últimas semanas ha estado muy presente la cuestión de las compras directas que hace la Ciudad y nos parece fundamental excluir a los familiares de funcionarios que puedan ser proveedores del Estado. Que no estén de los dos lados del mostrador”.

El proyecto fue acompañado por Claudio Ferreño, María Rosa Muiños, Cecilia Segura, María Bielli, Victoria Montenegro, Claudio Morresi, Laura Velasco, Santiago Roberto y Manuel Socías.