A casi dos meses de que se produjera el derrumbe e incendio de algunas viviendas en el Barrio Padre Mugica, la Legislatura porteña aprobó –durante la sesión ordinaria de este jueves- un proyecto de declaración para que el Gobierno porteño brinde precisiones acerca de lo ocurrido el pasado 18 de enero en el sector bajo autopista de ese lugar.

El proyecto pide que se indique el número de viviendas afectadas; si se hizo un censo a las familias afectadas y si se realizó relevamiento del siniestro para proyectar las pérdidas de los vecinos y el estado general de salud de cada uno. Además buscarán conocer que datos arrojó la investigación sobre el incendio que se dio en el mismo lugar y que fuera asistido por los bomberos de la Ciudad.

Sobre esa misma línea, los legisladores buscarán conocer qué tipo de asistencia se le brinda a las familias afectadas; si se repuso la pérdida de objetos personales como colchones, camas, electrodomésticos, ropa, etc; y si existe plan de contingencia para casos de derrumbe y/o incendio en procesos de reurbanización.

También exigieron detalles acerca de que solución habitacional se les ofreció a las familias, si se otorgó asistencia médica y reposición de medicamentos a las personas mayores, con discapacidad y embarazadas.

En cuanto a la empresa que llevó a cabo la demolición que ocasionó el derrumbe e incendio, los diputados pidieron que se especifique el nombre de la misma y responsable de la obra; los estudios se realizaron previo a la demolición; y el resultado de los estudios de impacto ambiental; entre otros puntos.

A casi tres semanas de la demolición seguida de derrumbe e incendio en el Barrio Padre Múgica, la diputada del Frente de Todos (FdT) María Bielli se refirió a las medidas que adoptó el Gobierno de la Ciudad para asistir a las familias que quedaron en situación de calle y advirtió que para el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, “hay vecinos de primera y vecinos de segunda”.

En ese sentido, la opositora explicó que “la solución que propone el Gobierno de la Ciudad es un parche. Esas familias deben ser relocalizadas a nuevas viviendas” y advirtió que “durante más de 10 días las familias estuvieron debajo de un puente y la solución del GCBA era mandarlos a hoteles y paradores. Luego se les ofreció subsidios habitacionales para que salgan a buscar algún alquiler por los barrios de manera provisoria”.

“Le exigimos al GCBA que las familias vuelvan a sus casas tal cual ellos las dejaron previo al incidente. Para eso el GCBA tiene que hacer obras de mejoramiento que al día de hoy no se iniciaron”, señaló en diálogo con AM 750.

Sobre esa misma línea, Bielli aseveró que “es un proceso de reurbanización deficitario porque los recursos existieron pero la plata no estuvo donde tenía que estar para que estas familias dejen de vivir en las condiciones en las que viven” y concluyó señalando que “con los recursos de la Ciudad y voluntad política esto se resolvía de manera inmediata. Para la gestión de Horacio Rodríguez Larreta hay vecinos de primera y vecinos de segunda”.

En medio del proceso de reurbanización del barrio Padre Carlos Múgica, la legisladora del Frente de Todos (FdT) María Bielli denunció que a raíz de una demolición que se hizo en el lugar, se derrumbaron e incendiaron viviendas linderas y unas 23 familias estarían viviendo en situación de calle desde hace seis días.

A través de sus redes sociales, la peronista advirtió que “en el marco del proceso de re urbanización del barrio Padre Carlos Mugica, el Gobierno porteño contrata empresas que llevan adelante los trabajos de demolición de viviendas (que por estar debajo de la autopista tienen que ser relocalizadas). En este caso la firma contratada es Villarrex S.A” y recordó que “en el año 2020 se presentó un amparo porque algunas demoliciones habían generado daños en viviendas linderas. Producto de ese amparo, se actualizó y mejoró el Plan de Gestión Ambiental y Social ‘Demolición y Desarme’ vigente”.

“El plan establece una serie de pautas de actuación -instalación de cercos de obra, bandejas de protección, apuntalamientos, vallados, señalizaciones- que no fueron tenidas en cuenta en esta demolición”, continuó señalando y denunció que “producto de la demolición se produjo un derrumbe en la casa lindera, que generó que muchas familias de ese sector quedaron literalmente detrás de los escombros. Cuando lograron salir, se produjo un incendio en el que una de las familias perdió absolutamente todo”.

Sobre esa misma línea, Bielli explicó que “las familias quedaron en la calle, enfrente de sus viviendas. No quieren moverse de ahí porque tienen miedo que les roben las cosas de sus casas ya que la presencia policial es casi nula, intermitente. Sí, en una ciudad con 26 mil efectivos policiales” y se preguntó: “¿la denuncia? Tuvieron que pasar 72 horas para que la fiscalía N 12 la reciba, ya que se negó a tomarselas tanto el jueves como el viernes”.

Además precisó que “este lunes logramos conformar una mesa de trabajo en donde le solicitamos a los funcionarios a cargo respuestas: ¿Cómo piensan resarcir el perjuicio que se les genera a estas familias que al día de hoy están en la calle?”. “¿Cuál va a ser la solución habitacional definitiva para estos vecinos que debieran tener la opción de ser relocalizados a las viviendas nuevas (ya que viven a menos de 12 metros de la autopista)?”, se preguntó.

“Esperamos respuestas. Que se hagan cargo del desastre que generaron. Que de milagro no se haya producido una tragedia no puede hacernos restarle gravedad a los hechos”, sentenció la legisladora.

En el marco del proceso de la reurbanización de la villa, las legisladoras porteñas por el Frente de Todos (FdT) Ofelia Fernández y María Bielli lanzaron en las redes sociales un video denunciando la “grave situación de abandono” en el sector Bajo Autopista del Barrio Padre Carlos Mugica (ex Villa 31).

En el video se muestran las demoliciones hechas por el Gobierno de la Ciudad y la Secretaría de Integración Social y Urbana a cargo de Diego Fernández. Además de escucharse el relato de los vecinos del lugar, quienes denuncian que hay una “zona liberada” y la inacción de las fuerzas de seguridad.

Según advirtieron las diputadas, las viviendas eran de más de mil doscientas familias que en “ningún momento fueron involucradas en el proceso de urbanización” y que aseguran que hasta ahora no tienen garantizado el acceso a una vivienda digna.

En ese sentido, la diputada Fernández explicó que “tiraron todo abajo y ni siquiera se sabe con exactitud qué es lo que quieren hacer con la zona” y agregó que los vecinos del Barrio Múgica pelean “por el derecho a viviendas dignas y por la seguridad de vecinos y sobre todo vecinas”.

Al mismo tiempo que Bielli, que es una de las referentes del barrio, expresó que “todavía no hay solución habitacional definitiva para los más de cuarenta mil habitantes que tiene el barrio. Las poquísimas viviendas nuevas tienen problemas constructivos de los que nadie se hace cargo”.

Cabe recordar que tanto Fernández como Bielli presentaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentaron diversas iniciativas parlamentarias que “en todos los casos fueron rechazadas por el oficialismo”.

Los legisladores de Vamos Juntos pertenecientes al espacio de la CC ARI, Facundo Del Gaiso y Cecilia Ferrero, denunciaron penalmente a tres jueces que habrían obstaculizado los allanamientos en los barrios Padre Mugica y Bermejo, en donde las fuerzas de seguridad se encontraban desarrollando un extenso operativo a fin de apresar a un capo narcotraficante que opera en esa zona. 

La denuncia en cuestión es contra los magistrados  Natalia Molina, Pablo Cruz Casas y Marcelo Bartumeu Romero del Juzgado Contravencional y de Faltas porteño, quienes habrían rechazado en seis oportunidades la orden para allanar viviendas donde se acopiaba y vendía drogas. 

Pero luego de que los vecinos de Lugano encabezaran una protesta reclamando justicia y seguridad, que tuvo una fuerte repercusión en los medios de comunicación, los tres jueces autorizaron los allanamientos pero el narcotraficante logró fugarse. 

Además de la denuncia, los oficialistas solicitaron al Consejo de la Magistratura que investigue su proceder, conforme un jurado de enjuiciamiento y procedan a su remoción.

En ese sentido aseguraron que “fueron tres jueces los que rechazaron 6 pedidos de allanamiento a viviendas señaladas como bunkers.  Eligieron mirar para otro lado, su inacción permitió el crecimiento del narcotráfico” y remarcaron que “los vecinos del barrio quedaron abandonados, expuestos a la violencia de los narcos, solos en su lucha”.

“Es por este motivo que consideramos oportuno que el Consejo de la Magistratura ejerza las facultades disciplinarias conferidas por la constitución e investigue la situación”, expresaron los legisladores denunciantes y concluyeron exigiendo “al Plenario del Consejo de la Magistratura la apertura del procedimiento de remoción de los magistrados y la conformación del jurado de enjuiciamiento”. 

En el marco de la reurbanización del Barrio Mugica -ex villa 31 y 31 bis-, las legisladoras del Frente de Todos (FdT) María Bielli y Ofelia Fernández impulsaron en la Legislatura de la Ciudad un pedido de informes a través del cual buscarán conocer cómo se planifica abordar la situación habitacional de los inquilinos en ese barrio.

De esa manera, las opositoras exigieron mayores precisiones acerca de que “tipo de soluciones habitacionales definitivas se le ofrecerán a los inquilinos/as habitantes del macizo en el marco de la formalización y regularización dominial del Barrio Padre Carlos Mugica”. Así como también solicitaron que se especifique “cómo se abordará el vínculo entre propietarios e inquilinos, de modo de evitar situaciones conflictivas entre vecinos”.

En los fundamentos de la iniciativa explicaron que buscan obtener precisiones sobre cómo se abordará esa problemática, ya que en los últimos días se filtró “un reciente borrador del ‘Programa de Formalización del Barrio Padre Carlos Múgica’ donde, en el último punto (punto D), se refiere al abordaje de la situación habitacional de inquilinos/as”.

Al mismo tiempo que indicaron que “en este punto, sólo refiere a la creación de ‘un registro mediante el cual se identificarán las relaciones de tenencia y posesión declaradas por los/as vecinos/as vinculadas a las unidades funcionales en alquiler o cesión de uso dentro del polígono identificado por la Ley N° 6.129’”.

Sobre esa misma línea, Bielli y Fernández señalaron que este registro “otorgará seguridad a las familias inquilinas abordadas por este proceso, atento a su situación de vulnerabilidad” y “será la instancia en la que las familias inquilinas relevadas por el Programa de Formalización, recibirán una Constancia de Domicilio que acreditará su residencia como tenedores al momento del relevamiento, por lo que tendrán posibilidad de acreditar domicilio para acceder a diferentes servicios y trámites que lo requieren”.

“La creación de dicho registro, única referencia a la situación de inquilinos/as en el Programa de Formalización, no constituye, como indica la Ley 6129, una solución habitacional única y definitiva para todos los vecinos/as registrados/as en el empadronamiento realizado por la SECISYU en los años 2016-2017”, adviertieron.

Por lo que concluyeron señalando que “teniendo en cuenta que los inquilinos representan un porcentaje de la población del Barrio Padre Múgica y los antecedentes de otros procesos de urbanización donde la solución habitacional asignada a este segmento fueron subsidios habitacionales, resulta de suma importancia que la SECISYU informe en detalle su plan de abordaje de la situación habitacional de inquilinos/as”.