El senador nacional Marcelo Lewandowski (UP – Santa Fe) rechazó el decreto que publicó este lunes el Gobierno Nacional, mediante el cual se reduce al 1% el reparto de la recaudación del impuesto PAIS, el cual era del 30% y financiaba al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) para la urbanización de barrios populares.

“Primero se llevaron los gendarmes de Rosario y ahora le quitan recursos que están destinados a las necesidades más básicas de la gente”, cuestionó el senador santafesino, quien señaló que “estamos hablando de que quitaron los fondos que se destinaban mayor contención social en los barrios más postergados”.

Del mismo modo, planteó que “es una herramienta fundamental para el combate contra el narcotráfico en Rosario ya que la violencia y el delito no solo se combate con mayor presencia policial”.

También, explicó que “son fondos para hacer viviendas, alumbrado, abrir calles, quitar esos pasillos que surgen en las zonas más precarias”. “También para la parte social como construcción de jardines, centros maternales. Es presencia del Estado donde más se lo necesita”, agregó.

Y siguió: “El lugar que el Estado nacional, provincial o municipal abandona es un lugar que las organizaciones criminales van a intentar ocupar”.

A su vez, consideró que “nosotros (UP) no nos oponemos a que se maneje de otra forma o a través de otro organismo, pero que nos den una alternativa”, y cerró: “No que desfinancien un fondo destinado a cuestiones muy esenciales y básicas para la gente que más lo necesita”.

A días de que la Legislatura de la Ciudad ponga en debate el proyecto del Presupuesto 2023, la diputada del Frente de Todos (FdT) María Bielli denunció a través de sus redes sociales la reducción de las partidas presupuestarias en esa iniciativa, las cuales serán destinadas a los barrios populares que están en proceso de reurbanización y en aquellos que aún no cuentan con una normativa para regularizar situación.

Según el informe de la diputada, la partida de fondos destinada al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), el organismo a cargo de implementar las políticas habitacionales, en el 2023 “tendrá la misma participación en el presupuesto total que la que tenía en el 2015, cuando no estaban iniciados ninguno de estos procesos” de reurbanización.

En ese sentido afirmó que “el IVC es el organismo encargado de llevar adelante la política habitacional de una Ciudad en la que la cantidad de personas viviendo en villas aumentó un 40% en los últimos 12 años” y remarcó que “ya durante el primer semestre se ejecutó sólo 34% del presupuesto asignado. Para 2023 hay un recorte del 9% en obras. Muchos de los 57 barrios populares de la Ciudad brillan por su ausencia. No tienen asignado presupuesto Cildañez, Piletones, Fatima, Inta, entre otros barrios”.

“¿Qué pasa con el barrio Padre Ricciardelli (ex 1-11-14)? Mientras espera una ley de urbanización muy anunciada, tiene una ejecución de sólo el 19% en el primer semestre del año y un recorte del 40% para el año entrante”, continuó.

Sobre esa misma línea, Bielli aseveró que para “la Villa 15 (Ciudad Oculta) el recorte es de un 50%”, mientras que “en la Villa 21-24, que está dentro de la Cuenca del Río Matanza Riachuelo, hay $512.789.275, un 50% menos con respecto al 2022. Durante este año, hasta el primer semestre, solo se ejecutó el 32%”.

Además señaló que “en los barrios con proceso de urbanización: para la Villa 20 hay un 71% menos que en el año 2022. Este año, sólo ejecutaron el 29% en la primera mitad del año” e indicó que “el Playón de Chacarita cayó más del 25% entre 2017 y 2023 y en Rodrigo Bueno se ejecutó sólo un 17% en 2022”.

“Parece que Larreta escuchó a quienes decían que las políticas de reurbanización eran erróneas. El presupuesto del IVC en 2023 tendrá la misma participación en el presupuesto total de la Ciudad que la que tenía en el 2015, cuando no estaban iniciados ninguno de estos procesos”, agregó y concluyó señalando que “los números hablan por sí solos. Cuando se vote el Presupuesto de la Ciudad es importante que se sepa que quienes más necesitan de políticas habitacionales quedarán excluidos de las prioridades de un gobierno con presupuesto billonario y superavitario”.

Hay mucho para decir sobre los barrios populares en el presupuesto 2023 de la Ciudad.

Por si algún distraído todavía cree que son una prioridad para Larreta.

Veamos algunos números en los que la Ciudad aplica la tijera. ✂️ 👇🏽🧵

— Maru Bielli (@Maru_Bielli) November 1, 2022

Con la presencia en el palco de la nueva ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, el Senado sancionó en la sesión de este jueves, por 64 votos afirmativos y 1 en contra -de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro)- la ley de prórroga del Régimen de Regularización Dominial para barrios populares, que apunta a avanzar con la integración socio-urbana, al tiempo que establece una prohibición de desalojos por el plazo de 10 años.

El proyecto había sido enviado en septiembre pasado por el Poder Ejecutivo a Diputados, donde recibió algunas modificaciones y, tras una votación con amplísimo respaldo, fue girada a la Cámara alta.

Los argumentos de los senadores

Como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, abrió el debate el jujeño Guillermo Snopek (FdT), expresó que el proyecto involucra “un tema muy sensible para la argentina, para esta sociedad. Es el tema de la vivienda”, y resaltó que la Constitución habla “del acceso a la vivienda digna”, y el artículo 41 que habla del medio ambiente para el desarrollo de la persona humana “tienen esta jerarquía constitucional”.

Pero, preguntó: “¿Esto se pone en práctica?”, a lo que respondió: “Estamos lejos de esto. Lejísimos, diría. Esta expresión que, muchas veces está escondida en la Constitución, a la que muchas veces corremos a revisarla, pero otras la dejamos de lado”. “La situación habitacional de la Argentina es muy grave”, alertó Snopek y sumó: “Por eso abordamos este tema, no solo para reconocer el problema, sino para hacer concretamente algo”.

“En el año 2018 se sancionó esta Ley que hoy estamos modificando que tenía como primer objetivo registrar los bienes inmuebles donde se asientan los barrios populares y tenía un plazo de duración de 4 años”, detalló y siguió: “Esta ley vence a fines de octubre y ha cambiado poco esta realidad, se ha acentuado. Las dificultades habitacionales en el país están complicadas. Necesitamos la Ley para actualizar el registro de los barrios”.

También señaló que se busca la ampliación del plazo para “darle tranquilidad a los argentinos que penden de una orden de desalojo. Este plazo lo establece la Ley de Declaración de Utilidad Pública y, de esta manera, resguardamos el derecho o la incertidumbre a quienes se encuentran en esta situación”.

“Suspender los plazos es una demanda que hoy afectaría a 1 millón de familias, un número de 5 millones de personas que se encuentran en esta situación”, lamentó el jujeño y comparó con su provincia donde hay 140 barrios populares registrados”. A su vez, consideró que es un número alarmante que “este registro de 4.416 barrios populares a lo largo y ancho del país, hoy tenemos 5.787”, y opinó que es el momento de “actualizar y afrontar el tema de la vivienda”.

A su turno, la porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro) se quejó porque el proyecto no tuvo giro a la Comisión de Población y Desarrollo Humano. “Nadie puede dudar que la pobreza en la Argentina es un flagelo estructural que le duele a todos”, expresó y se refirió a las largas filas en las oficinas de ANSeS para cobrar el bono de 50 mil pesos: “Estás imágenes son las más duras de la Argentina que nos duele a todos. Es el país al que nos enfrentamos todos que con cada nuevo punto de inflación arroja a cientos de miles de ciudadanos bajo la línea de pobreza”.

“Este problema lleva décadas de situación y va a llevar décadas resolverlo. Hoy estamos tratando un proyecto que es una modificación especifica de un par de artículos de una Ley del 2018, pero que tuvo un origen anterior con un decreto del 2016 donde, con un esfuerzo inédito, entendimos que teníamos que poder dimensionar y comprender el hábitat informal que existía en el país”, relató Tagliaferri.

En ese sentido, la macrista contó que, por primera vez de esa forma, se pudo relevar hasta el 2017 un total de 4.416 de barrios populares, 4 millones de personas, a los que se los dejó de llamar villas y asentamientos. “A partir de eso se creó el ReNaBap, después se siguieron haciendo censos a pedido de muchos gobernadores y, esta ley, incorpora 1.100 barrios más llegando asó a 5 millones de personas”, destacó.

“Fue nuestro espacio el que impulsó, precisamente, esta ley porque un problema que durante toda la ‘década ganada’ no se había registrado”, resaltó Tagliaferri y apuntó contra el actual gobernador Axel Kicillof de quien retomó las palabras ‘no tengo la cantidad de pobres, es una medida estigmatizante’, tampoco se olvidó de los dichos de Aníbal Fernández quien supo decir ‘tenemos menos pobres que Alemania’.

Y precisó que “nunca nadie jamás había decidido armar un ReNaBap, articular con las organizaciones sociales, con los municipios, y decir que esas personas existen y seguir dejándolas bajo la alfombra escondidas”, y cerró ponderando que se le introdujeron modificaciones en consensos entre ambos bloques y que la ley permite una articulación entre el Estado, las provincias y los municipios.

La oficialista Sandra Mendoza (Tucumán) reconoció que la ley se creó en el 2018 e hizo hincapié en la necesidad de prorrogarla porque “hay muchas familias que están peligrando ser desalojadas de esos barrios”. Sin embargo, comparó: “En el actual gobierno ocurrió la esencia de ese programa que es otorgarle recursos directos para esos barrios, para que se puedan hacer las obras que tanta falta hace a los más humildes”.

Además, comentó que en su provincia se está llevando a cabo la ejecución del ReNaBap en un barrio donde viven 250 familias que son “beneficiarias directas de este programa, con pavimento, iluminación, cordón cuneta, pozos de agua. Son lo básico que necesita un ser humano para vivir”.

A su turno, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el radical Víctor Zimmerman (Chaco), ponderó: “Es un logro y un enorme desafío seguir trabajando en reparar las situaciones de miles de argentinos. Creo que este es un hecho muy auspicioso”, y detalló que “se trata de nada más y nada menos que 1 millón 168 mil familias empadronadas”.

En ese marco, opinó que “es inevitable plantearnos la necesidad de trabajar en formas más organizadas, más eficientes. Tanto hacia dentro como hacia afuera”. De esta manera, consideró que “hacia dentro del programa en términos de calidad de vida, facilitando más educación y trabajo, articulación pública y privada, más construcción de viviendas, en síntesis, mejores servicios públicos y más comunicación”.

Mientras que “hacia afuera, fortalecer la relación y articulación del Gobierno nacional con las provincias y principalmente con los municipios”, debido a que “es algo que nos preocupa”. “Este proyecto sin duda nos genera una esperanza y un camino para resolver la situación económica y social de muchas familias”, expresó.

Sin embargo, se mostró preocupado porque “desde el momento en que se dieron los antecedentes en el año 2012 hasta la firma de este decreto en 2021 han pasado 9 años”, lo que consideró como “mucho tiempo para la gente que necesita del Estado y una mirada especial para poder resolver tantos problemas desde el punto de vista económico y social”.

“Sin duda más allá de la preocupación que tenemos todos, yo creo que necesitamos más y mejor información para el abordaje de un tema tan complejo”, planteó el chaqueño. En suma, sostuvo que otro problema tiene que ver con el financiamiento, porque “si bien es cierto que es muy importante hacer el trabajo de diagnóstico, todos sabemos también que es necesario tener un fuerte financiamiento para ir pudiendo resolver estos problemas en todo el país”.

Por su parte, el salteño Sergio Leavy (FdT) manifestó que para su provincia “es muy importante el ReNaBap”, y recordó que, en el 2018, en su carácter de diputado nacional en ese entonces, le tocó votar la ley y, a partir de ese momento, pudo “ver las mejoras que hemos tenido en el acceso a derechos muchos habitantes de los barrios”.

“Tras 4 años que lleva la ley la Mesa de Coordinación Nacional de barrios populares y la Secretaría de Integración Socio urbano trajeron al Congreso la renovación de la Ley”, contó y resaltó que como punto importante está la declaración de utilidad pública y sujeto de expropiación de todas las tierras que están en los barrios populares.

A su vez, el salteño resaltó que el punto de Regulación Dominial “es el más importante porque a partir de que uno es dueño de la propiedad puede obtener otros beneficios. Cambia el eje de la ley este aspecto”. También ponderó la declaración de Emergencia Socio urbana sanitaria y ambiental por 2 años que se agrega, la incorporación de la perspectiva de género para el otorgamiento de la escritura: “Es un avance significativo”.

“Habitualmente en Argentina los barrios populares eran ignorados, no se los reconocía, eran olvidados. En muchos casos de los escondía”, comenzó su alocución el santafesino Dionisio Scarpín (UCR) y siguió: “Cuando el Estado tiene esta mirada sobre este grupo social, no se conocía cuántas familias vivían. Cuando el Estado no entra a estos barrios, empiezan a entrar otras organizaciones, algunas con buenas intenciones, pero cuando el Estado está ausente también entran otro tipo de organizaciones delictivas”.

Al respecto, el santafesino reflexionó: “Lo que el Estado debería hacer en primer lugar es reconocer el problema, estudiarlo, investigarlo y planificar las principales soluciones”, al tiempo que remarcó la importancia de la continuidad de la ley y comparó que en el gobierno anterior se “reconoció” el problema.

Además, destacó que la ley es “consensuada” y “federal” porque “no solo prevé la solución en los barrios populares de capital federal, en el AMBA, sino también en todas las localidades del interior del país”. Asimismo, retomó un dato que se dijo en Diputados: “El 5% de los habitantes de los barrios populares se conformó en el SXX y el 50% en el SXXI, lo que nos dice que tuvo un crecimiento exponencial y ese dato nos tiene que llamar la atención”.

Entre las causas, Scarpín enumeró las crisis permanentes y repetitivas del país a lo largo del tiempo donde “cada crisis sube el índice de la pobreza al 40%”, un país centralizado de la población que migran en busca de mejores condiciones de vida en Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires que “tiene que ver con la falta de planificación de un plan y la falta de políticas de Estado en la construcción de viviendas”.

Por el Chaco, hizo uso de la palabra el oficialista Antonio Rodas quien manifestó: “El peronismo, el kirchnerismo, trabajó siempre para y por la gente. No solamente por una eventual ley. Con sus gobiernos provinciales, municipales y nacionales. En Chaco no hubo abandono, hubo preocupación y hubo trabajo. Sustentado en una política de Estado que realmente es digno de destacar”.

Por último, resaltó: “Cuando yo escucho sobre la ausencia del Estado, quiero decir que está presente. Y está en los lugares donde tiene que estar, y siempre estuvo”, y consideró que “que bastante daño nos hemos hecho los políticos en esta cuestión de seguir adelante un esquema de grieta que no beneficia a nadie”.

“Nos proponen una ley para integrar esos barrios que se han desarrollado de hecho sin respetar ninguna regla, sin ningún control del Estado. Recorro mucho esos barrios y no me gustaría vivir ahí a mí”, criticó la cordobesa del Pro Carmen Álvarez Rivero y opinó: “Tenemos dos argentinas”, pero preguntó: “¿Queremos dos argentinas?”.

Y continuó su discurso: “Una de la economía formal y la otra informal. Una del trabajo formal y la otra del trabajo informal. Una del hábitat formal y la otra informal yo quiero que sea una la de la formalidad”.

“La Argentina esta fundida y aún así se despilfarra mal, se gestiona mal, con mucha centralización de recursos y sin transparencia y control. Desde hace 10 años que el empleo genuino no crece, desde hace 15 no hacen más que unas pocas viviendas. Sueño que la Argentina sea una sola, pero proponen seguir con dos argentinas”, remató la senadora del Pro sin adelantar su voto.

En su alocución, la monobloquista Alejandra Vigo (Córdoba Federal) expresó: “Un proyecto que me parece muy importante que hoy pueda transformarse en ley, más allá del Gobierno en el cual se llevó adelante esta importante ley que venía, no solamente a crear un organismo para registrar todos los asentamientos en la Argentina, si no que le venía a dar una chance para quienes viven en las zonas donde no hay un desarrollo urbano favorable, viene a plantear esto del Régimen de Regulación Dominial para la Integración socio-urbana”.

“Esto significa la posibilidad de que todos esos aglomerados tengan la chance de ser urbanizados, poder incluirse en la trama urbana de cada uno de los centros más grandes urbanos”, señaló.

Para Vigo: “Esta ley viene, no solo a ampliar el alcance de la Ley 27.453 que se sancionó en 2018, e incorpora la perspectiva de género, porque está planteando un criterio de prioridad en lo que hace a la titularidad de las viviendas, tiene además un artículo que es celebra con las provincias y municipios los acuerdos que tengan por objetivo transferir aquellos bienes e inmuebles y de titularidad del Estado nacional con el fin de ejecutar los proyectos de integración socio-urbana que se encuentran en trámite, así como los futuros, resultando la transferencia sin costo alguno”.

“Este artículo medular prevé que las transferencias serán sin costo. También plantea que el Estado nacional transfiera inmuebles de su titularidad en los que las provincias, los propios municipios de todo el territorio nacional hubieran ejecutado o estén por ejecutar”, enumeró la cordobesa.

Por último, Vigo destacó que con la ley “realmente se lleva adelante la efectiva integración socio-urbana. Como siempre decimos ‘la única verdad es la realidad’ y bienvenido sea que en el caso de mi provincia más de 100 obras de urbanización ya estén en marcha, que en la ciudad capital se siga transformando con obras de infraestructura, que ya hay 13 asentamientos inmensos”.

Otra de las oradoras fue la riojana María Clara Vega (Hay Futuro Argentina) quien criticó: “Cuando veo que de uno y otro lado defienden quién hizo el mejor proyecto, al menos deberíamos sonrojarnos por esta ley porque Argentina es 8va en extensión territorial en el mundo y hoy nos estamos peleando si le vamos a dar un trozo de tierra a un ciudadano, esa histórica pelea por la propiedad de la tierra”.

“Esta ley debe tratar de resarcir todos los errores cometidos desde hace mucho tiempo, además de estas políticas desacertadas de gobiernos centralistas que solamente fueron fortaleciendo a las grandes provincias junto con las grandes crisis, pero parece que recién en 2016 nos dimos cuenta de este problema. ¿Qué hicieron las grandes ciudades, los municipios, que estuvieron mirando para otro lado con los grandes recursos?”, criticó Vega y cerró: “Hay que hacernos un replanteo si queremos un país federal donde los recursos se distribuyan de forma equitativa”.

En el mismo sentido se pronunció el rionegrino Alberto Weretilneck (JSRN) que resaltó: “Estamos tratando un proyecto de raigambre federal para resolver un tema tan importante y trascendente como lo es el lugar dónde vivir”, y agregó: “Este proyecto intenta resolver fallas de áreas del Estado, ya sea provincial o municipal, que no se resolvieron antes”.

A su turno, el presidente del bloque Pro, el misionero Humberto Schiavoni, brindó detalles de los asentamientos en distintos países: “En Caracas se estima que el 60% son asentamientos irregulares, lo mismo pasa en las favelas de Brasil. En el conurbano son cifras similares y en la Ciudad de Buenos Aires se estima que son 300 mil personas entre asentamientos y casas tomas que son un 10% de la población”.

Como jefe de bloque UCR, el formoseño Luis Naidenoff, reflexionó: “Es muy bueno decir las cosas como son y por más que nos duelan, saber dónde estamos parados de que hay 5 millones de argentinos que tienen un déficit habitacional, que vienen en condiciones de vulnerabilidad extrema”, y lamentó que esto muestra “lo lejos que se está de alcanzar un piso mínimo de dignidad”.

 “El problema es más complejo que números o que decir que a partir del 2016 gracias a esta ley se empezó un relevamiento, porque esta no fue una iniciativa de la política, son los propios movimientos sociales los que plantearon la necesidad de interactuar con el Ejecutivo y los gobiernos”, manifestó y consideró que es un problema que arrancó con “mirar a los costados”.

Naidenoff reflexionó: “Si hoy contamos con 5.687 barrios populares este relevamiento nos deja un enorme mensaje. Primero que estamos en falta porque la iniciativa surgió de los afectados. En segundo lugar, que estamos en falta porque si el desafío de esta ley es construir una política de Estado que está ausente en la Argentina en la medida en que la grandeza se imponga a la mezquindad, en la medida en que los Gobiernos pasan la miseria se profundiza, podemos tener un escenario de oportunidad que tiene que ver con una realidad que en el día a día nos afecta, el problema es que esa realidad se naturaliza”.

“No hay que confundirse que los problemas en las provincias son los números de la coparticipación. Si uno mira los números en los últimos años se puede ver que en las provincias han pasado por procesos de superávit”, contradijo Naidenoff a sus predecesores y remarcó: “Hay responsabilidades locales propias y no podemos por eso culpar a Alberto, a Cristina o a Macri”.

Y cerró: “No alcanza con una política de Estado si decimos que el objetivo es la meta fiscal. El desarrollo trunco de la Argentina tiene que ver con la mala implementación de muchas provincias en la ejecución de sus presupuestos. Hay que definir un proyecto de país que tenga como objetivo terminar con esta vulnerabilidad y estado de decadencia y vergüenza”.

La vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, coincidió en algunos aspectos con el senador preopinante, puntualmente en “ponernos de acuerdo en buscar un proyecto de país que sea federal”, pero indicó que hay dos problemas para resolver previamente.

En primer lugar, explicó que hay partidos que “no tienen posicionamientos claros” respecto a cuestiones que “son centrales” para el desarrollo del país como por ejemplo la hidrovía. “Lo primero que hay que hacer en sincerar los discursos y decir abiertamente qué pensamos que se debe hacer con los grandes temas del país”, sostuvo.

Otro tema que mencionó la oficialista es sobre “la infraestructura y el costo logístico de las exportaciones de las economías de nuestras provincias respecto al puerto”, y destacó que en ese eje el sistema ferroviario de la argentina es el que todas las economías “necesitan discutir”.

Por otro lado, y puntualizando en el proyecto, coincidió con Naidenoff, en que “surgió de las organizaciones de los barrios, que fue una ley muy consensuada, luchada”, pero también “que la política escuchó ese reclamo. Es un proceso genuino”.

Qué establece la nueva ley

La flamante norma, que es una continuidad de la 27.453 aprobada en 2018 por unanimidad en ambas cámaras, contempla la declaración de utilidad pública y expropiación de más barrios populares, que se incluyeron al ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana) después de sancionada esa ley. Así, se pasa de los 4.400 barrios registrados en 2018 a 5.687 en la actualidad.

Además, establece la prórroga de la suspensión de los desalojos como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda por el plazo que dura la declaración de utilidad pública de 10 años.

Asimismo, se extiende la declaración de la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares identificados en el ReNaBaP por el plazo de 2 años.

Otro de los puntos establece que los habitantes de estos barrios “tienen derecho a acceder a los servicios públicos con calidad, continuidad y cantidad suficientes, sin discriminación”. “Todos los niveles de gobierno y organismos intervinientes deberán implementar las medidas adecuadas para asegurar su inclusión y la asequibilidad para, gradualmente, constituirse en usuarios formales de los servicios públicos, debiendo adaptar las normativas para facilitar la realización de tal derecho”, agrega el articulado.

También prevé que la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial deberán ser “progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad”.

Se modifica la integración del fideicomiso, de modo que también se pueda conformar con “bienes inmuebles que le transfiera en forma directa el Estado Nacional” y “bienes inmuebles que obtenga directamente el fideicomiso, sean los que integran el RENABAP u otros necesarios para cumplir con los objetivos de la ley”.

Y se incorpora a la ley el artículo 18 bis, el cual indica que el 75% de los fondos del fideicomiso, como mínimo, tendrán que destinarse al proceso de urbanización; el desarrollo de infraestructuras necesarias para establecer condiciones en el hábitat y las viviendas; y otros destinos relacionados al acceso a la urbanización, integración socio urbana, la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano y/o regularización dominial.

El Senado inició este jueves a las 14.23 una sesión especial en la que se buscará avanzar con un conjunto de proyectos, varios de ellos que se encaminan a ser ley.

Las puertas del recinto de la Cámara alta se volvieron a abrir después de un mes, ya que la última reunión del pleno había sido el pasado 22 de septiembre, en ocasión de tratarse el proyecto de ampliación de la Corte Suprema de Justicia.

La agenda en la Cámara alta se vio retrasada en gran parte por la ausencia de nada más y nada menos que el jefe del interbloque Frente de Todos, José Mayans, afectado por cuestiones de salud que lo alejaron de la actividad parlamentaria.

El temario de la sesión incluye la extensión por 50 años de asignaciones específicas de ciertos tributos para el financiamiento de las industrias culturales, la prórroga del ReNaBap y la expropiación del predio de Cromañón, que vienen con media sanción de Diputados y pueden convertirse en ley.

El dato es que no se incluyó la prórroga de impuestos nacionales, un tema que está atado al Presupuesto 2023, aprobado este miércoles en la Cámara baja y que se empezará a tratar la próxima semana en el Senado.

Respecto de los temas de la sesión, el proyecto sobre industrias culturales, que requiere de mayoría absoluta para su aprobación, establece una prórroga de las asignaciones específicas previstas en tres incisos del artículo 4 de la Ley 27.432 -reforma tributaria de 2017- hasta el año 2072.

Se trata del gravamen de emergencia a los premios de determinados juegos de sorteo y concursos deportivos; el impuesto a las entradas de cine e impuesto sobre los videogramas grabados; y el impuesto a los servicios de comunicación audiovisual, previsto en la Ley de Medios.

A través de estos tributos se destinan fondos en beneficio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional del Teatro, las Bibliotecas Populares, las producciones del Sistema Nacional de Medios Públicos, el ENACOM, el Fondo FOMECA, y la Defensoría del Público.

En el temario también se destaca la prórroga del Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana. El proyecto amplía el alcance de la Ley 27.453 de integración socio urbana de barrios populares, prorrogando la suspensión de los desalojos por diez años y la ampliación del número de registros de barrios incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Además, la norma apunta a agilizar los procedimientos administrativos, procesos de urbanización más completos, mejoras en el acceso a los servicios públicos y prorrogar la suspensión de desalojos.

Se modifica la integración del fideicomiso, de modo que también se pueda conformar con “bienes inmuebles que le transfiera en forma directa el Estado Nacional” y “bienes inmuebles que obtenga directamente el fideicomiso, sean los que integran el ReNaBaP u otros necesarios para cumplir con los objetivos de la ley”.

Y se incorpora a la ley el artículo 18 bis, el cual indica que el 75% de los fondos del fideicomiso, como mínimo, tendrán que destinarse al proceso de urbanización; el desarrollo de infraestructuras necesarias para establecer condiciones en el hábitat y las viviendas; y otros destinos relacionados al acceso a la urbanización, integración socio urbana, la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano y/o regularización dominial.

Otro de los proyectos que será convertido en ley es el que establece la expropiación del inmueble donde funcionó el boliche República de Cromañón, donde el 30 de diciembre de 2004 se produjo la tragedia que costó la vida de 194 personas durante un recital de la banda de rock Callejeros.

La misma propone declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles sitos en la calle Bartolomé Mitre 3038/78, entre Ecuador y Jean Jaures, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, predios popularmente conocidos como República Cromañón.

En los fundamentos, la norma expresa como una de las finalidades de la expropiación la de conservar el predio como refugio de la memoria de lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004, un espacio social donde circule la memoria colectiva y ayude a que las víctimas no se aíslen en un reclamo individual. Además, “para poder transformar el dolor en lucha, y a sembrar una memoria como pueblo, para que hechos como estos no ocurran nunca más”.

El otro proyecto que viene con media sanción de la Cámara baja es el que propone incorporar al PMO (Programa Médico Obligatorio) un protocolo para la atención de casos de violencia de género. También se le dará tratamiento a la iniciativa del Ejecutivo que aprueba el “Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030”.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda del Senado emitieron este miércoles dictamen favorable a la prórroga del Régimen de Regularización Dominial en Barrios Populares, que apunta a garantizar la titularización de la propiedad de las viviendas y la urbanización en las barriadas de bajos recursos.

La medida contó con el pleno acompañamiento de todos los bloques y fuerzas políticas.

Para su tratamiento, los senadores, recibieron a la secretaria de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social, Fernanda Miño, a la subsecretaria de Gestión de Tierras y Servicios Barriales de la misma cartera, Fernanda García Monticelli y al padre y referente pastoral de las villas, Gustavo Carrara.

La vicepresidenta del interbloque de senadores nacionales del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, defendió la iniciativa que suspende los desalojos por diez años, y afirmó que implica “la concreción de sueños”, como el de la casa propia, y el establecimiento de “políticas públicas”.

Pero a la vez advirtió que, para concretar ese tipo de políticas, se debe contemplar su “financiamiento” específico, para evitar que “cualquier gobierno de cualquier color político pueda romper ese consenso alcanzado”.

“Las políticas públicas son pactos sociales y los pactos sociales son consensos alcanzados”, explicó.

Recordó que, si bien esta ley fue sancionada en 2018, en cambio “no tenía pauta presupuestaria asignada”, en su proyecto original.

También, reseñó que la actual oposición no acompañó leyes posteriores, como la de Ley de Aporte Solidario Extraordinario, que se sancionaron para financiar políticas públicas durante la pandemia, y que hasta se llegó a judicializar esa norma.

En ese sentido, reiteró la necesidad de que este tipo de programas sociales cuenten “con asignaciones específicas”. “Si no van con una partida presupuestaria, todos sabemos que es solo para un título de diario”, remarcó la senadora por Mendoza y apuntó: “Hay que animarse, cuando uno es parte de un gobierno, a hacer reclamos cuando creemos que las cosas pueden funcionar mejor”.

Consignó, en el mismo sentido, que programas como el prorrogado, además de garantizar derechos, tienen relación con “la organización popular”, dado que tienen un alto alcance social.

Señaló, además, que problemas como la falta de vivienda en la Argentina son “complejos de resolver”, sobre todo en una economía que está “tremendamente endeudada”, como consecuencia de las políticas adoptadas entre 2015 y 2019. Indicó que importantes recursos del Estado que podrían destinarse a la construcción viviendas, la obra pública que ocupa mayor mano de obra, se deben dirigir al pago de la deuda externa. Un problema que invitó a repensar cómo solucionar.

Al respecto, apuntó: “Debemos alcanzar un consenso social que nos haga entender a los argentinos que la deuda indiscriminada nos conduce a que muchas políticas públicas luego se queden sin financiamiento. Ergo, muchos derechos se queden sin garantizar, porque debemos cumplir con organismos internacionales, que encima nos digitan cuáles deben ser las prioridades de los gobiernos, cuando hablamos de partidas en la discusión del Presupuesto”.

 “A veces hay que ser valientes. Y eso no tiene que ver con el tuit más agresivo.  Tiene que ver con alcanzar consensos profundos, para que podamos solucionar el problema de la vivienda”, reflexionó.

La voz de los invitados

“Hay una situación de pobreza en Argentina, con 5 millones de pobres, casi la mitad son niños, niñas y adolescentes y esta ley permite que nosotros demandemos al Estado una presencia inteligente, que dialogue con la comunidad y, establecer así, una política pública consensuada desde los diferentes espacios”, afirmó monseñor Carrara, al iniciar su alocución.

Al solicitar el acompañamiento de los senadores, expresó que, ” sin barrios integrados, la Argentina que soñamos no es posible”.

A su turno, Fernanda Monticelli resaltó el apoyo de todas la fuerzas políticas para con el proyecto y la importancia de poder aprobar cuanto antes la medida para aplicar la extensión de los plazos de desalojo, “ya que el próximo 28 de octubre vencen los 4 años de esta ley”, informó.

Para finalizar, Miño aseguró que, “esta ley nos permitirá seguir trabajando, llegar a más barrios, continuar con la integración sociourbana y poder llevar más servicios”.

También, hizo hincapié, en la celeridad necesaria para la aprobación de la norma y poder ingresar a “los nuevos 1200 barrios en el registro, protegerlos del desalojo, y anotarlos en programas, como por ejemplo, el “Mi Pieza”, que es una asistencia económica a mujeres para la mejora y/o ampliaciones de viviendas”.

El proyecto dictaminado y venido en revisión, modifica la ley 27.453 de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, amplía su alcance con la prórroga de la suspensión de los desalojos por diez años, y permitirá nuevos registros de barrios al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

También, busca declarar la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares por el plazo de dos años, garantizar los servicios públicos e incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de las viviendas.

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda del Senado se reunirá este miércoles, desde las 14.30 en el Salón Illia, para tratar el proyecto de ley que prorroga el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana en barrios populares.

La iniciativa tuvo media sanción de la Cámara de Diputados la semana pasada, por 227 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones.

A través del proyecto se contempla la declaración de utilidad pública y expropiación de más barrios populares, que se incluyeron al ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana) después de sancionada la ley, en 2018. Se pasa de 4.400 a 5.687.

Además, establece la prórroga de la suspensión de los desalojos como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda por el plazo que dura la declaración de utilidad pública de 10 años.
Asimismo, se extiende la declaración de la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares identificados en el ReNaBaP por el plazo de 2 años.

Otro de los puntos establece que los habitantes de estos barrios “tienen derecho a acceder a los servicios públicos con calidad, continuidad y cantidad suficientes, sin discriminación”. “Todos los niveles de gobierno y organismos intervinientes deberán implementar las medidas adecuadas para asegurar su inclusión y la asequibilidad para, gradualmente, constituirse en usuarios formales de los servicios públicos, debiendo adaptar las normativas para facilitar la realización de tal derecho”, agrega el articulado.

También prevé que la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial deberán ser “progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad”.

Se modifica la integración del fideicomiso, de modo que también se pueda conformar con “bienes inmuebles que le transfiera en forma directa el Estado Nacional” y “bienes inmuebles que obtenga directamente el fideicomiso, sean los que integran el RENABAP u otros necesarios para cumplir con los objetivos de la ley”.

Y se incorpora a la ley el artículo 18 bis, el cual indica que el 75% de los fondos del fideicomiso, como mínimo, tendrán que destinarse al proceso de urbanización; el desarrollo de infraestructuras necesarias para establecer condiciones en el hábitat y las viviendas; y otros destinos relacionados al acceso a la urbanización, integración socio urbana, la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano y/o regularización dominial.

La presidenta del Pro, Patricia Bullrich, salió a cuestionar este jueves la aprobación de la Ley del ReNaBaP, sobre urbanización en barrios populares, que contempla la suspensión de los desalojos por 10 años en esos lugares, en pos de avanzar con la regularización dominial.

La norma fue aprobada por amplísima mayoría, con 227 votos afirmativos, 2 negativos y 3 abstenciones. Incluso, fue reivindicada con fervor por algunos de los legisladores macristas que hablaron como Silvia Lospennato, Victoria Morales Gorleri o Laura Rodríguez Machado.

En el recinto, diputados de Juntos por el Cambio la valoraron como una “política de Estado” y defendieron su prórroga dado que había sido una ley sancionada por unanimidad en 2018, e impulsada por quienes era entonces los jefes de los tres bloques principales del otrora oficialismo: Nicolás Massot (Pro), Mario Negri (UCR) y Elisa Carrió (CC-ARI).

En la votación, fueron 39 los legisladores del Pro que lo hicieron a favor. Vale aclarar que dos macristas se abstuvieron –Gustavo Hein y Marilú Quiroz-; y que uno de los dos votos en contra fue de otro Pro, el neuquino Francisco Sánchez, pero el único de su bancada.

A través de su cuenta de Twitter, Bullrich lanzó: “Si sos okupa, no te pueden embargar. Si pagás impuestos y alquilás una propiedad, te destruyen. No entiendo, ¿a quién defendemos? Esto hay que explicarlo”.

Si sos okupa, no te pueden embargar. Si pagás impuestos y alquilás una propiedad, te destruyen. No entiendo, ¿a quién defendemos? Esto hay que explicarlo. pic.twitter.com/eDDyzOU39v

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 13, 2022

La Cámara de Diputados dio media sanción este miércoles al proyecto de ley que prorroga el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, a la vez que incorpora una serie de modificaciones a la norma actual. 

Se trata de una ley aprobada en 2018, impulsada por los entonces oficialistas Elisa Carrió, Nicolás Massot y Mario Negri -actualmente diputado-, y que se aprobó por unanimidad en ambas cámaras en aquella ocasión.

El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo en septiembre pasado, fue aprobado por el pleno por 227 votos afirmativos, 2 negativos -Francisco Sánchez (Pro) y Carolina Píparo (Avanza Libertad)- y 3 abstenciones, de Gustavo Hein (Pro), Marilú Quiroz (Pro) y Carlos Zapata (Ahora Patria).

A través de la iniciativa se contempla la declaración de utilidad pública y expropiación de más barrios populares, que se incluyeron al ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana) después de sancionada la ley. 

Además, establece la prórroga de la suspensión de los desalojos como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda por el plazo que dura la declaración de utilidad pública de 10 años.

Asimismo, se extiende la declaración de la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares identificados en el ReNaBaP por el plazo de 2 años.

Otro de los puntos establece que los habitantes de estos barrios “tienen derecho a acceder a los servicios públicos con calidad, continuidad y cantidad suficientes, sin discriminación”. “Todos los niveles de gobierno y organismos intervinientes deberán implementar las medidas adecuadas para asegurar su inclusión y la asequibilidad para, gradualmente, constituirse en usuarios formales de los servicios públicos, debiendo adaptar las normativas para facilitar la realización de tal derecho”, agrega el articulado. 

También prevé que la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial deberán ser “progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad”. 

Se modifica la integración del fideicomiso, de modo que también se pueda conformar con “bienes inmuebles que le transfiera en forma directa el Estado Nacional” y “bienes inmuebles que obtenga directamente el fideicomiso, sean los que integran el RENABAP u otros necesarios para cumplir con los objetivos de la ley”.

Y se incorpora a la ley el artículo 18 bis, el cual indica que el 75% de los fondos del fideicomiso, como mínimo, tendrán que destinarse al proceso de urbanización; el desarrollo de infraestructuras necesarias para establecer condiciones en el hábitat y las viviendas; y otros destinos relacionados al acceso a la urbanización, integración socio urbana, la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano y/o regularización dominial.

El debate

En el inicio del debate, el miembro informante del oficialismo, el salteño Lucas Godoy, destacó que con esta norma se está “hablando de una política pública que como tal se desarrolle a largo plazo y tienda a brindar las soluciones que propone la normativa: generar condiciones dignas y de calidad para los sectores populares, en aquellos barrios que merecen una atención profunda para su transformación por parte del Estado”.

Por su parte, el radical Fabio Quetglas señaló que el ReNaBaP tiene “una importancia crucial en la historia urbana territorial de Argentina” porque, a través de ese instrumento, el Estado “ha tomado la decisión de conocer; porque nadie gobierna lo que no conoce”. “Con el ReNaBaP hoy sabemos que aproximadamente 5 millones de argentinos viven en la informalidad urbana, lo que representa entre el 12% y 13% de la población”, apuntó y agregó que “esto no se correlaciona exclusivamente con la pobreza sino también con la falta de crédito, porque no hay hábitat de calidad sin crédito”.

“Desde 1975 la Argentina liquidó el mecanismo masivo que tenía disponible de acceso al hábitat popular formal que era el loteo”, recordó el bonaerense, y observó que al país le “ha ido mal” en esta materia desde esa fecha “porque careció de un abordaje complejo sobre el tema. El problema de la vivienda no se resuelve haciendo casas. El Gobierno con esa visión corrió de atrás un problema complejo, generó burocracia, deterioró las ciudades y habilitó negocios concentrados”.

Según el ReNaBaP, la mitad de los barrios de la Argentina se constituyeron entre el siglo anterior y este siglo. Es un proceso que se está agravando y Argentina necesita reconstruir el tejido social”, añadió el legislador. 

Desde la bancada oficialista, Federico Fagioli enfatizó que la ley se sancionó en 2018 “gracias a la lucha incansable de los vecinos y vecinas de los barrios populares que logramos que en el 2016 se visibilice la problemática de tierra, de vivienda, que hay en Argentina”. Habitante de un barrio popular, el diputado relató lo que es “empezar viviendo en una casa de nylon, después de machimbre con cartón, y hoy por suerte tengo la posibilidad de vivir en mejores condiciones porque mi barrio fue progresando”. En ese sentido, llamó a reflexionar sobre “el sacrificio que viven las familias que viven absolutamente excluidas de todo”. 

Y dijo el militante del Frente Patria Grande que destacaba el accionar de los vecinos de los barrios populares, porque si no “pareciera que las políticas surgen de tres o cuatro iluminados, y esta política surgió del pueblo, de los vecinos, de los compañeros militantes que le pusieron el cuerpo”. Además, en su discurso, pidió “seguir generando normativas cada vez más serias que nos permitan seguir llevando adelante este tipo de políticas” que tienden a “construir Estado presente” y “resolver las deudas internas que tenemos en nuestro país”. 

También desde el Frente de Todos, Daniel Arroyo sostuvo que “la cara más fuerte de la desigualdad es la vivienda, es el hábitat, cómo uno vive y qué tiene en sus barrios”, y comentó que “en el país hay 5 millones de personas que viven en 5 mil barrios que no tienen lo mínimo para poder desarrollarse”.

En ese sentido, recordó que en el 2018 se votó una ley que generó una política de registro nacional de barrios populares que “empezó a modificar la situación”, y opinó: “Vamos camino a tener una segunda política de Estado en el país. La primera es la AUH y la segunda es el registro de barrios populares, que no es otra cosa que urbanizar, abrir calles, tener infraestructuras básicas”.

Por el bloque Pro, Silvia Lospennato consideró que “es una ley que poco a poco va convirtiéndose en una política de Estado, de esas que nos faltan muchísimas en la Argentina”. Al mencionar que comenzó y fue sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri, la diputada reconoció que “fue continuada y mejorada en el gobierno de Alberto Fernández”. 

La macrista subrayó que algunos de los barrios registrados tienen “más de 40 años de existencia; vaya si toda la política tiene que hacerse cargo de haber fallado durante muchas décadas en darles una oportunidad a quienes les tocó habitar estos barrios populares”. 

Al marcar que de 4.400 que se registraron en 2018, ahora se pasan a 5.687, Lospennato indicó que para urbanizar todos ellos “vamos a necesitar al menos 20 años”. “Implica que muchos gobiernos van a pasar y necesitamos que ninguno abandone el deseo que estamos expresando”, dijo. 

En su intervención, el presidente del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, adelantó el voto positivo de su espacio, pero reflexionó: “Estas políticas de Estado hay que reivindicarlas porque se muestran tales cuando hay continuidad, cuando resisten incluso las necedades de algunos que pretenden cuestionarlas, cuando muestran su fortaleza en resolver algunos de los problemas, en este caso de tantos millones de argentinos que padecen la situación de pobreza e indignidad”.

“Me llama la atención que no se diga que las políticas de Estado nos habilitan los verdaderos espíritus y que no se diga que la última política de Estado que tuvo el país de viviendas populares fue en esos 10 años de felicidad que ejerció el peronismo como gobierno conducido por Perón”, destacó el cordobés y remató: “No hay que subsidiar eternamente el desempleo, hay que subsidiar el empleo, hay que crear trabajo, para que esos barrios tengan la posibilidad de construcción y ampliación y para eso necesitamos crecer políticamente”.

A su turno, la diputada del Frente de Izquierda-PO Romina Del Plá aclaró que votaría a favor, como en 2018, por el punto relacionado a “la prohibición o suspensión de los desalojos”, la cual consideró “una medida muy concreta, de aplicación directa e inmediata en favor de las familias que habitan estos barrios y en forma sistemática están asoladas por estas amenazas”. 

En esa línea, criticó la “hipocresía de los dos bloques mayoritarios que se la pasan desalojando barrios populares; no hay distinción”. En su discurso, la bonaerense alertó que “hay un déficit habitacional de cuatro millones de viviendas, y sigue creciendo” porque “es ínfimo lo que se destina a la construcción de viviendas populares”. Incluso, en esta ley, “no se termina de definir con precisión cuáles son los recursos que se van a asignar”. 

Durante la discusión, la macrista Victoria Morales Gorleri ponderó: “Estamos votando una ley que vino a hacer un cambio de paradigma, que vino a levantar a aquellos excluidos que hacía décadas que no escuchábamos”. Asimismo, destacó que la ley del ReNaBaP surgió de los movimientos sociales que se “acercaron al Ejecutivo en el gobierno de Mauricio Macri”.

“Esto surgió de algo que hoy parece perdido, que es la esperanza del pueblo. A esas personas durante décadas se las había mirado de reojo, y encontraron la esperanza por su lucha, por su reclamo, y encontraron una respuesta”, observó, e insistió que “esta ley es un cambio de mirada que viene a decir que no importa dónde naciste, todos tenemos que tener igualdad de oportunidades”. Por último, celebró el proyecto porque “nos está atravesando como gobiernos como una verdadera política de Estado que propone techo, tierra y trabajo”.

Del otro lado del recinto, el oficialista Juan Carlos Alderete manifestó que para “entender” porque se está discutiendo esta ley “hay que reconocer la tremenda crisis habitacional que vive nuestro país, principal razón por la que crecen las ocupaciones de tierra”. “Un cuarto de los habitantes de nuestro país no es dueño del hogar que habita y más de 1.400.000 personas sufren hacinamientos críticos, con más de tres personas por cuarto”, además de que hay “millones que no cuentan con acceso a los servicios” básicos, enumeró. 

El líder de la Corriente Clasista y Combativa remarcó que en los últimos 35 años “no hubo una política habitacional que dé solución a este grave problema”, ante lo cual la gente se ve “empujada, ante la falta de oportunidades, a tomar las tierras para mejorar su situación”, reiteró. Y a continuación mencionó que él proviene del barrio Elena, en Gregorio de Laferrere, La Matanza, que “nació de una ocupación y por la lucha de mis vecinos y vecinas hoy es un barrio y no un asentamiento o villa miseria”. “A nadie le gusta ir a tomar un terreno, pero las desigualdades sociales y económicas son tan grandes que muchas veces no se encuentra otro camino”, completó. 

Más adelante, la radical Soledad Carrizo celebró el acuerdo que “se da en un contexto donde las discrepancias y polarizaciones extremas pululan”, y consideró que “estamos en el recinto llegando a un acuerdo que justamente no es transitorio y esto tiene aún más valor. El valor de la continuidad de una política pública de una gestión a otra”.

“Esta ley va a cumplir cuatro años y ha sido fundamental y trascendental para el cambio y la transformación para quienes viven en los barrios populares”, resaltó la cordobesa, al tiempo que valoró los “beneficios y la ampliación de oportunidades, de derechos, de integración económica y social del proyecto”.

A su vez, advirtió: “No podemos mirar para un costado en un contexto donde tenemos una inflación que quizás a fin de año llegue a tres dígitos, donde tenemos 37% de argentinos bajo la línea de la pobreza, donde tenemos una crisis habitacional crítica”.

En el tramo final del debate, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro aseveró que la iniciativa “es una prueba cabal de que la integración socio-urbana debe convertirse en una política de Estado en nuestro país, sostenerse en el tiempo y estar exenta de cualquier mezquindad o coyuntura política”. 

Al destacar que esta ley “tuvo como premisa fundamental garantizar derechos humanos básicos”, también resaltó que se apuntó a “la igualdad real de oportunidades. Igualdad entendida como no sometimiento”. En 2018, esta norma fue “un acuerdo pocas veces visto en este Congreso” y “un hecho trascendente que tuvo el apoyo de distintos sectores de nuestra sociedad”, dijo. “Cuando una persona tiene techo, domicilio, tiene identidad, ciudadanía”, agregó.

Fue la diputada oficialista Natalia Zaracho la encargada de cerrar el debate, agradeciendo a sus pares por “estar tratando esta ley que es muy importante” porque “sabemos lo que significan estos cambios en los barrios populares”.

En esa línea, celebró el desarrollo del debate en las comisiones para arribar a un proyecto para “poder pensar en estas políticas públicas que hace tiempo vienen avanzando”, y contó: “Fue muy importante para nosotros ese proceso cuando se pensó el relevamiento, el ReNaBaP. Allá por el 2016 a mí me tocó relevar en Villa Fiorito y era muy difícil porque se hacía a través de un celular y había mucha estigmatización de cómo se iba a hacer eso y quién lo iba a hacer, de que no iba funcionar porque se iban a robar los celulares, pero la verdad es que fue muy importante porque tener los números concretos para llevar una política pública que transforme la vida de los vecinos”.

 “Eso nos permitió relevar más de 4.016 barrios populares, poder avanzar en la unidad con la ley del 2018 que también permitió que se suspendan los desalojos, pero lo más importante fue conseguir el certificado de vivienda”, relató Zaracho, al tiempo que mostró su certificado de vivienda familiar, tras lo cual el recinto se inundó de un fuerte aplauso.

Por último, la oficialista señaló que “es un compromiso colectivo y tenemos que ver las políticas para ayudar al pueblo y que pueda vivir mejor. Tenemos muchas diferencias políticas, pero cuando ponemos por delante el sufrimiento el pueblo salen cosas importantes y podemos trabajar en cosas concretas”.

Buscando continuar con el proceso de reurbanización de los barrios populares, los vecinos del barrio popular Ramón Carrillo, ubicado en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, junto a la legisladora del Frente de Todos (FdT) Magdalena Tiesso impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley para avanzar con las mejoras en el mencionado barrio.

La iniciativa prevé “subsanar” la falta de servicios básicos y lograr “soluciones habitacionales definitivas”. Asimismo plantea la intervención de los vecinos en la reurbanización mediante una “mesa de gestión participativa”, y establece una serie de etapas, como el loteo y consolidación de las manzanas, la construcción de viviendas nuevas, la apertura de calles y pasajes, el tendido de infraestructura de servicios básicos (agua potable, energía eléctrica, desagües cloacales, desagües pluviales, red de alumbrado público y gas natural), mejoramiento de viviendas existentes y conexión domiciliaria a los servicios.

En los fundamentos del proyecto, los vecinos explicaron que el barrio fue originalmente un complejo habitacional construido en “solo nueve meses” para recibir, en diciembre de 1990, a las 645 familias que vivían en los edificios abandonados del Albergue Warnes, que estaba en La Paternal y fue demolido en marzo de 1991.

Al mismo tiempo que señalaron que entre los problemas actuales del barrio están relacionados con sus orígenes, ya que fue construido rápidamente, sin planificación y sobre tierras muy contaminadas. “Este proyecto viene a saldar una deuda pendiente con el barrio desde hace más de 30 años, en los que, cabe mencionar, nuestra lucha vecinal nunca cesó”, aseguraron.

Y recordaron que a raíz de esa lucha, en 2004 se sancionó la ley 1.333 que declaró la emergencia de infraestructura en el barrio y ordenó al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires realizar obras, “pero sin incluir las conexiones intradomiciliarias”.

También mencionaron que hay un fallo judicial que ordena al Gobierno porteño el “inmediato cumplimiento de dicha ley”.

El proyecto está firmado por 22 vecinos y vecinas, entre ellas Olga Amador, quien también inició la causa judicial para que el Ejecutivo porteño cumpla con la Ley 1.333.

Cabe recordar que el barrio Ramón Carrillo está ubicado en Villa Soldati, entre la calle Mariano Acosta, la avenida Castañares y la autopista Cámpora, sobre tierras que formaron parte de “La Quema”, un basural a cielo abierto que funcionó hasta 1978.

El diputado nacional Eduardo Toniolli (FdT – Santa Fe) celebró a través de su cuenta de Twitter haber logrado un dictamen unánime en un plenario de comisiones de Diputados del proyecto amplía el alcance de la ley de integración socio urbana de barrios populares, prorrogando la suspensión de los desalojos por diez años y la ampliación del número de registros de barrios incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

La reforma en cuestión corresponde a la Ley 27.453, a partir de una iniciativa del Gobierno nacional, apunta a agilizar los procedimientos administrativos, procesos de urbanización más completos, mejoras en el acceso a los servicios públicos y prorrogar la suspensión de desalojos.

El santafesino recordó que “la Ley 27.453 nació de la lucha de los movimientos sociales, y hoy brinda un marco normativo a las políticas que desarrolla la Secretaría de Integración Socio Urbana de la Nación”.

En otro posteo, explicó que la iniciativa establece declarar “la utilidad pública de 1176 nuevos barrios (que se suman así a los 4.416 ya incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares)”. Además, señaló que “se prorroga la suspensión de los desalojos por diez años y se facilita el acceso de los vecinos de esos barrios a los servicios públicos”.

“El objetivo es claro: más inversión estatal y más organización comunitaria, para la integración socio urbana de 5 millones de compatriota”, remató el diputado oficialista.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda se reunirán este miércoles a partir del mediodía para emitir dictamen favorable del proyecto que amplía el alcance de la ley de integración socio urbana de barrios populares, prorrogando la suspensión de los desalojos por diez años.

Según confiaron fuentes legislativas, la idea de emitir dictamen en esta reunión que se realizará antes del inicio del debate del Presupuesto 2023 incluye el objetivo de incluir el proyecto en una sesión que se realizaría la semana próxima, primera del mes de octubre.

La reforma en cuestión corresponde a la Ley 27.453, a partir de una iniciativa del Gobierno nacional, y además se propone ampliar la cantidad de barrios incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), se apunta a agilizar los procedimientos administrativos para urbanizarlos más rápido, mejorarles el acceso a los servicios públicos, y prorrogar la suspensión de desalojos.

A la fecha, y en base a los datos recopilados por el ReNaBaP, hay 656 proyectos de integración socio urbana en marcha en todo el país, que benefician a unas 400 mil familias, y generan 120 mil puestos de trabajo. Muchas de esas obras se financian con un porcentaje de lo recaudado por el Estado en concepto de aporte extraordinario a las grandes fortunas, y por el impuesto PAIS (que se aplica a las compras de dólares en el mercado formal).

Se calcula que cerca de 1,2 millón de familias vive en barrios populares en Argentina, lo que representa unos cinco millones de personas, más del 10% de la población total del país. Los asentamientos ocupan una superficie total de 590 km2, 3,3 veces el tamaño de la ciudad de Rosario.

La semana pasada, la reunión presidida por el presidente de Asuntos Constitucionales, Hernán Pérez Araujo,  contó con la presencia de la subsecretaria de Gestión de Tierras y Servicios Barriales, de la Secretaría de Integración Socio-urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Fernanda García Montiselli, y de representantes de la Mesa de Barrios Populares.

En esa oportunidad, Montiselli recordó que, hasta el año 2016 – 2017, cuando se llevó a cabo el primer Registro Nacional de Barrios Populares, en la Argentina no había ningún tipo de datos oficiales: “Con la cantidad de datos  que abundan en los distintos organismos y Estados, no se contaban con estos datos. En ese momento, con un relevamiento histórico, se relevaron y rastrillaron las localidades de más de 10 mil localidades y se detectaron que al 2016 había más de 4.416 barrios”, indicó.

Al respecto, señaló que una de las cuestiones más preocupantes, era que estos barrios constituían “la primer capa de la informalidad” en el hábitat en la Argentina, “la mayoría no accedía a los servicios básicos en el siglo XXI. El 68% no accedía a energía eléctrica formal, el 89% no accedía a una red de agua corriente, el 98% no accedía a una red de cloaca y casi nadie contaba con una red de gas natural”, explicó

“Estos datos permitieron pensar y trabajar en esta cámara la Ley 27.453 que llegó en el marco de una jornada histórica. La ley se aprobó con unanimidad en ambas Cámaras, y se constituye en un hecho trascendental en materia normativa en el marco de los procesos de integración socio urbana”, señaló la funcionaria.

Al día de hoy, la funcionaria señaló que hay inversión en las 23 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, y que se está trabajando con inversión económica en 415 municipios y en 4.214 barrios populares, el 95% del universo. “Esta inversión está beneficiando a 670 mil personas, la Secretaria tiene activas o finalizadas más de 760 proyectos de integración socio urbana para la provisión principalmente de infraestructura básica”, expresó.

La Cámara de Diputados de la Nación comenzará a tratar este miércoles en comisiones el proyecto de reforma de la Ley 27.453 (de integración socio urbana de barrios populares), a partir de una iniciativa del Gobierno nacional. En ese marco, el diputado Eduardo Toniolli señaló que la propuesta, “además de ampliar la cantidad de barrios incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), apunta a agilizar los procedimientos administrativos para urbanizarlos más rápido, mejorarles el acceso a los servicios públicos, y prorrogar la suspensión de desalojos”.

“La lucha de los movimientos sociales permitió que en 2018 se aprobara la Ley 27.453, que registró en ese momento a 4.416 barrios de todo el país en el ReNaBaP, suspendió los desalojos por cuatro años, y dotó al Estado de herramientas para avanzar en su integración”, explicó Toniolli, y agregó: “Una de las medidas más importantes que estableció la ley fue que al menos el 25% de las obras debían ser ejecutadas por cooperativas o  por trabajadores de la economía popular, lo que constituyó en su momento un cambio de paradigma: los vecinos dejaron de ser sujetos pasivos y pasaron a protagonizar los procesos de cambio. De ahí que hablemos de integración socio urbana, y no solo de urbanización”.

En ese sentido, el legislador del Movimiento Evita señaló que la iniciativa de reforma, que comenzará a trabajarse mañana en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales de la cámara baja nacional, “propone ampliar el alcance de lo sancionado en 2018 (declarando la utilidad pública de 1176 nuevos barrios), prorrogar la suspensión de los desalojos por diez años (como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda), agilizar los procesos administrativos para acelerar las obras y mejoras, y fortalecer el acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los barrios incluidos en el ReNaBaP”.

A la fecha, y en base a los datos recopilados por el ReNaBaP, hay 656 proyectos de integración socio urbana en marcha en todo el país, que benefician a unas 400 mil familias, y generan 120 mil puestos de trabajo. Muchas de esas obras se financian con un porcentaje de lo recaudado por el Estado en concepto de aporte extraordinario a las grandes fortunas, y por el impuesto PAIS (que se aplica a las compras de dólares en el mercado formal).

Se calcula que cerca de 1,2 millón de familias vive en barrios populares en Argentina, lo que representa unos cinco millones de personas, más del 10% de la población total del país. Los asentamientos ocupan una superficie total de 590 km2, 3,3 veces el tamaño de la ciudad de Rosario.

Con la intención de avanzar con el proceso de reurbanización del barrio Papa Francisco, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires autorizó –durante la sesión ordinaria de este jueves- las nuevas nomenclaturas para varias calles del mismo, así como también para sus parques y plazas.

A través del texto recientemente aprobado por los legisladores locales, los nuevos senderos catastrales del barrio pasarán a llamarse “8 de marzo de 1908”, “1 de agosto. Día de la Pachamama”, “10 de enero del 2001”, “Leona Vicario”, “Ramona Martínez”, “Concepción Leyes de Cháves”, “Frida Kahlo”, “Juana Moro”, “Juana María de Lara”, “Manuela Gandarillas”, “Norma Colombatto”, “María Elena Walsh”, “Bartolina Sisa”, “Marie Curie”, “Candela Sol Rodríguez”, “Teresa Rodríguez”, “Florentina Gómez Miranda”, “María Reiche”, “Amalia Celia Figueredo”, “Nelly Beltrán”, “Claudia Falcone” y “Guardia Nacional”.

Al mismo tiempo que una de las plazoletas del barrio pasará a llamarse “Alicia Moreau de Justo”.

Asimismo se estableció que en cada extremo de las arterias y en sectores accesibles de las plazas deberá colocarse una señalización, sea mediante carteles, placas y/o señalética u otros formatos, que permitan visibilizar el nombre completo de la denominación y, en su caso, la fecha de nacimiento y fallecimiento de la persona física referenciada, y explicitar brevemente la razón de la nomenclatura, su significado social, comunitario, histórico, cultural y artístico. “Esta señalética será ubicada a una altura que permita su fácil lectura y acceso, en idioma español y preferentemente, también en las lenguas utilizadas por las comunidades residentes en el área”, sostiene el texto.

A pesar de la resistencia de la oposición y de grupos de vecinos que participaron en las comisiones, la Legislatura de la Ciudad sancionó con 33 votos positivos, 20 negativos y 4 abstenciones la creación del “Distrito de Integración Productiva e Impulso al Trabajo en Barrios Populares”.

La iniciativa contó con el aval de VJ, PS, RU y UCR-Ev; el rechazo de FdT, FIT y CF y la abstención de LLA y tiene por objeto promover el desarrollo económico de los barrios populares de la Ciudad, mediante el otorgamiento de beneficios impositivos e incentivos, a quienes realicen inversiones destinadas al desarrollo de espacios para la realización de diversas actividades.

Con esta norma, las personas jurídicas y empresas que adhieran a la misma podrán computar como pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos un porcentaje del monto invertido en un proyecto de desarrollo de espacios para la realización de las actividades comerciales.

Para acceder a los beneficios, al momento de inscripción en el Registro que se confeccionará para este distrito, los beneficiarios deberán presentar, un plan de contratación en el que conste que al menos un 30% de la nómina del personal a contratar viva dentro de los barrios populares.

De esta manera se busca fomentar la instalación de actividades relacionadas con la gastronomía, cafetería y bares; establecimientos educativos, servicios relacionados a la enseñanza; locales de venta de verduras, frutas, legumbres y hortalizas, elaboración y venta minorista de pan, productos de panadería y confitería; servicios de peluquería, barbería, centros de estética, centros de belleza, spa y similares; producción, difusión, venta de entradas y explotación de espectáculos y servicios teatrales, musicales, cinematográficos, fotográficos, audiovisuales espectáculos artísticos, y servicios culturales de similares características con sus servicios conexos; entre otras tantas actividades.

Cabe señalar que en las inmediaciones de la Legislatura, mientras se debatía el texto, un grupo de vecinos y comerciantes de los barrios involucrados expresaron su rechazo al proyecto en cuestión.

El debate en el recinto

La primera en tomar la palabra es la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y diputada de Vamos Juntos (VJ), Gimena Villafruela, afirmó que “esta Ley no debe analizarse como una política pública aislada sino como la continuación de un camino y un plan concreto que viene impulsando el Poder Ejecutivo desde hace muchos años y que tiene que ver con la reurbanización e integración socio urbana de los barrios populares de la Ciudad”.

“La radicación de empresas privadas en los barrios populares viene a fomentar la integración económica y principalmente la generación de empleo, lo cual representará sin lugar a dudas un aumento significativo de las fuentes de trabajo, y también una mayor oferta de bienes y servicios que incluso atraerá nuevos consumidores a los barrios”, completó.

En contraposición la peronista Claudia Neira (FdT) advirtió que “esta es una ley que perjudica a los comercios de los cuatro barrios que contempla porque lo que establece es un beneficio impositivo que impacta de forma desigual depende de quien lo utilice. ¿Cuánto puede descontar de IIBB un monotributista o una PyME? No van a poder descontar casi nada, pero si hablamos de una gran empresa va a poder descontar muchísimo y van a poder descontar el alquiler que, en la mayoría de los casos, es concesionado por el Estado”.

“Es una competencia desleal porque se les da beneficios a grandes empresas y que vengan a invertir gratis, porque después lo descuentan de los impuestos. No tenemos más nada que discutir después de esto”, señaló.

En consonancia con Neira, la diputada Alejandrina Barry (FIT) se preguntó: “¿Es un chiste? ¿Hay muchos vecinos que tengan plata para invertir? Si ni el Gobierno de la Ciudad ni el de la Nación hacen algo para terminar con el problema de la pobreza que está en crecimiento. ¿Y si en vez de esta ley buscamos ayudar a las cooperativas?” y remarcó que “el proyecto también habla de que se promueven la instalación de clínicas cuando a los barrios ni siquiera se les garantiza el acceso a la salud pública. ¿No es esto una provocación?”.

No obstante, el radical Marcelo Guouman (UCR-Ev) aseveró que “votamos a favor de esta ley porque buscamos profundizar la integración económica y social y rechazar la economía de subsistencia como política de largo plazo” y remarcó que “esta iniciativa está pensada como parte de un plan estratégico de integración socio urbana que el Ejecutivo está desarrollando en distintos puntos de la Ciudad y que esperamos que desemboque en un nuevo proceso social y político”.

“El proyecto se sostiene en el marco de una cultura política con transformación de largo plazo para los habitantes de los barrios populares porque pretendemos construir ciudadanos económicamente integrados y políticamente autónomos”, señaló.

Por otro lado, el legislador de Republicanos Unidos (RU) Roberto García Moritán se diferenció del resto del oficialismo porteño y planteó que defiende “a los pequeños comercios por eso voy a votar en contra de algunos artículos, así que confió en que el criterio de elección pueda equilibrar un poco esto. Cuando se le ponen descripción de marcas como Farmacity, carnicería RES o un supermercado pensaba en mi barrio, eso es el resultado de cuando se invierte”.

En el marco de una nueva sesión ordinaria, el cuerpo parlamentario se reúne desde las 11.59 para poner en debate un proyecto de ley que promueve el desarrollo económico en barrios populares y que es fuertemente resistido por la oposición, dado a que alegan que terminará afectado a los pequeños comercios de esas zonas.

Se trata de una iniciativa de la Jefatura de Gobierno, que fue analizada y despachada por las comisiones de Desarrollo Económico, MerCoSur y Políticas de Empleo; de Políticas de Promoción e Integración Social, y de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria.

Lo propuesto consiste en otorgar “beneficios impositivos e incentivos a quienes realicen inversiones destinadas al desarrollo de espacios para la realización de las actividades” diversas. A tal efecto, se creará el “Distrito de Integración Productiva e Impulso al Trabajo en Barrios Populares de la CABA”, que estará integrado por 48 barriadas reconocidas legalmente.

Los beneficiarios podrán ser personas humanas inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos a partir de la categoría E; personas responsables inscriptas ante la AFIP; personas jurídicas y uniones transitorias de empresas.

Por otro lado, también se pondrá en debate un proyecto de resolución del bloque Vamos Juntos para “repudiar” la decisión llevada a cabo por el Gobierno nacional de modificar la valuación fiscal de los inmuebles de la Ciudad, y que multiplica la incidencia del tributo por Bienes Personales.

A horas de que el proyecto sea puesto en debate en la sesión ordinaria de este jueves, el legislador del Frente de Todos (FdT) Juan Modarelli cuestionó con dureza el proyecto de “Integración Productiva e Impulso al Trabajo en Barrios Populares” y advirtió que se trata de un texto que promueve acuerdos con grandes cadenas comerciales en detrimento de los locales barriales.

En ese sentido, el opositor planteó que “lo único que buscan lograr es seguir haciendo negocios, a costa de los trabajadores de los barrios populares Rodrigo Bueno y del Playón de Chacarita” y remarcó que “como es esperable desde el oficialismo porteño, el mismo no fue charlado con los vecinos de ambos barrios, ni tampoco fueron escuchados sus reclamos, ya que muchos comerciantes de los barrios se verán afectados”.

Asimismo precisó que “el Pro busca instalar negocios como Farmacity, carnicerías RES y Rapipago en los accesos principales de estos barrios, quitando trabajo e ingresos para los cientos de comerciantes que viven de sus almacenes, kioscos, carnicerías, entre otros y que mantienen a sus familias” e indicó que “el proyecto incluye en esos nuevos comercios, la contratación de personal aledaño a la zona, pero sin embargo, los requisitos para ingresar en estos van a ser excluyentes y la última palabra la tiene es el empleador, no el Gobierno porteño. Eso quiere decir que solo muy pocos de los postulantes podrán trabajar en esos comercios por lo que no tendrán posibilidades de acceder a un empleo, como lo plantea la ley”.

Además aseguró que “el proyecto instalaría una competencia desigual, ya que buscan darles beneficios impositivos a las grandes empresas que se insten en estos barrios, perjudicando a los comerciantes locales y a las Pymes de los barrios” y recordó que estuvo recorriendo “la Villa 20, hablando con los vecinos y juntando firmas para que tomen conciencia de esta problemática, ya que el GCBA definió realizar este proyecto sin consultarle a la comunidad de los barrios y sin debatir el tema en una mesa de discusión”.

“Por este motivo, vamos a seguir recorriendo los barrios afectados para comentarles lo que está sucediendo y juntando firmas para defender sus comercios este jueves en la Legislatura”, completó.

El Poder Ejecutivo dispuso por decreto la transferencia de una serie de inmuebles, ubicados en las localidades de Luján, Mercedes y La Matanza, al Fondo de Integración Socio-Urbana, en el marco del cumplimiento de la Ley de RENABAP.

El DNU 274/2022, que fue publicado este viernes en el Boletín Oficial, lleva la firma del presidente Alberto Fernández y todo el gabinete nacional. Por tratarse de un decreto de necesidad y urgencia, deberá ser tratado en la Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso, que todavía no se conformó.

En los considerandos se explicó que en la Ley 27.453 de “Régimen de Regularización Dominial para la Integración Sociourbana”, sancionada en 2018, se declaró “de utilidad pública y sujeta a expropiación la totalidad de los bienes inmuebles en los que se asientan los barrios populares relevados en el RENABAP”.

Asimismo, por decreto, en 2019 se creó como un Fideicomiso de Administración y Financiero el “Fondo de Integración Socio-Urbana”, “cuyo objetivo se encuentra dirigido a financiar la totalidad de las actividades que resulten necesarias para llevar adelante el objeto de la Ley 27.453 y su modificatoria”.

“Para lograr el cumplimiento del objeto del Fondo de Integración Socio-Urbana, el Estado Nacional cuenta, a lo largo del territorio nacional, con diversos inmuebles que se encuentran ociosos, inmovilizados o subutilizados, sin desempeñar una función tendiente al bien común, en los que podrían desarrollarse en forma integral proyectos de integración sociourbana”, se señaló.

Y se agregó que “las áreas técnicas de la Agencia de Administración de Bienes de Estado han realizado los estudios pertinentes respecto de los referidos bienes, de los que surge su ubicación, datos dominiales, individualización catastral, situación de revista, superficie y demás condiciones”.

En el marco del Día Internacional de la Mujer la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires distinguió a Fabiana Gamarra, Antonia García, Graciela Margarita Miranda y Liliana Chiri, mujeres referentes de barrios populares, como una forma de reconocer “su labor cotidiana destacada al servicio de sus grupos comunitarios”.

La iniciativa recientemente aprobada había sido impulsada por la legisladores de Vamos Juntos (VJ) Ana María Bou Pérez, Mercedes De Las Casas, Carolina Estebarena, Natalia Fidel, María Sol Méndez, Paola Michielotto y Gimena Villafruela.

“Con motivo de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo del corriente año, en esta oportunidad quiero brindar especial homenaje, reconocimiento y agradecimiento a quienes anónimamente, con destacado y especial esmero dedican su vida al servicio de su grupo comunitario”, señalaron las diputadas.

Cabe recordar que Gamarra es la referente del espacio comunitario Kevin, ubicado en el Sector 31 Bis del Barrio Mugica. Vino desde Paraguay en el año 1993, primero vivió en Colegiales en la casa de su tía. Luego conoció a su marido y se instalaron en el barrio Múgica y con mucho esfuerzo comenzaron a construir su casa. Por esa época el barrio 31 Bis era un basural y ellos eran de las primeras familias en ubicarse en el sector.

En 1994 comenzaron a realizar ollas populares para los vecinos. Comenzaron con donaciones y a recibir ayuda hasta constituirse formalmente como Grupo Comunitario en 1997. Su espacio era muy humilde, instalado en el patio de su casa y acondicionado con bancos de madera y pallets. Fabiana se consolidó a lo largo del tiempo como referente del sector 31 Bis del Barrio Mugica. 

En tanto García nació en Paraguay y vino a la Argentina en búsqueda de una mejor vida para sus hijos y oportunidades de trabajo. Siguiendo los pasos de su mamá se dedicó a trabajar por el barrio desde “El Mundo del Revés”, el grupo comunitario que crearon con su familia. Lleva ese nombre en referencia a aquellas cosas que funcionan al revés y no como deberían ser, asisten a personas que viven un mundo patas para arriba que nadie ve, faltantes de oportunidades de desarrollo y alimento.

Allí se brinda almuerzo y merienda a diario. Dentro de las actividades que realizan están: hockey, fútbol femenino y patín. Reúnen aproximadamente a 70 niñas y niños de todas las edades de lunes a jueves. Cuentan con computadora para poder asistir a la comunidad. Realizaron talleres de barbería, apoyo escolar, gastronomía y peluquería, a través de voluntarios que se acercan al grupo.

Después de tanta lucha, cuentan con su personería jurídica y además están en tratativas de crear su propia cooperativa.

Mientras que Miranda es referente del Grupo Comunitario Los Pochitos en el Barrio 15. Graciela comentó que el comedor inició en el año 1998 en su casa, como le gusta aclarar, “fruto también de su propia necesidad. Inicialmente fue ella quien se encargaba, sola, de brindar asistencia alimentaria a 45 vecinos del barrio. Con el transcurso de los años, la demanda fue creciendo y con ella la participación de otras mujeres familiares de Graciela (su suegra y su cuñada).

Paralelamente al comedor, que seguía funcionando en la casa de Graciela, en el año 2006, comenzaron a trabajar – y hasta el año 2012- junto a “Madres de Plaza de Mayo”.  Junto a esta Asociación y con vecinos del barrio iniciaron trabajos en obradores de vivienda en diferentes localidades del conurbano bonaerense (como Almirante Brown y Tigre, por ejemplo) y también a realizar talleres de costura y computación que funcionaban en el ex “Elefante Blanco”.

En el año 2012 conformaron una Cooperativa de trabajo que actualmente emplea a 300 personas en actividades de seguridad y barrido. Además, cuentan con personal de albañilería, de plomería y electricidad que, financiado por la cooperativa, brinda estos servicios al barrio.

En el año 2018, con la Cooperativa funcionando, el comedor comenzó a funcionar en las instalaciones actuales de las cuales son propietarios.

El espacio cuenta con un gabinete de computación para realización de cursos de informática para aproximadamente 20 personas. Además, con dos espacios equipados para realizar actividades culturales y de deporte (fútbol, boxeo, gimnasio, danzas y telas). Tienen un espacio totalmente equipado y adaptado para la realización de talleres textiles con 20 máquinas de coser de diferentes modelos y tipos.

Por su parte Chiri vivió varios años en el Barrio Ricciardelli junto a sus padres que decidieron mudarse debido al peligro que siempre padecían por los tiroteos a cualquier día y horario. Fue entonces cuando, Liliana decidió convertir su antiguo hogar en un espacio comunitario donde comenzó en 2008 con un merendero.

Con el correr del tiempo y las necesidades del barrio, comenzó también a brindar almuerzos a las familias. Luego crearon talleres de género y Juegotecas en distintas festividades. Debido a la demanda es que también se creó la huerta comunitaria para tener abastecimiento y contención familiar. La misma está ubicada en el CESAC 40 en la calle Coronel Esteban Bonorino 1729.

A partir de esta huerta, lograron articular con todos los servicios de salud del mismo: Odontología, Pediatría, Educación Sexual, Oftalmología, Vacunación. Lo cual más allá de brindarse en el CeSAC permitió que se realicen jornadas de estos servicios para la comunidad.

El espacio comenzó siendo pequeño, pero actualmente cuenta con tres plantas, donde se tiene planificado hacer talleres de apoyo escolar y de género. Por otro lado, tienen una cooperativa de Barrido, que nació en el año 2015, donde se le brinda trabajo a más de 10 mujeres del barrio (mayormente madres solteras y de tercera edad).

En medio del avance del plan de vacunación contra el Covid 19, los legisladores del Frente de Todos (FdT) impulsaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración a través del cual buscarán conocer la implementación del mismo en los barrios populares del distrito capitalino.

De esa manera, los opositores buscarán conocer la cantidad de personas residentes en barrios populares de la Ciudad que hayan sido vacunadas contra el Covid, tanto en postas en barrios populares como en otras postas de vacunación de la Ciudad, y le exigirán al Gobierno que informe el porcentaje de personas vacunadas sobre el total de residentes para cada barrio popular, villa y NHT de la Ciudad.

Además pidieron precisiones sobre la cantidad de postas de vacunación y centros vacunatorios que se encuentran en los barrios populares de la Ciudad y de dosis suministradas en esas postas; si se pudo identificar a la población que no desea inocularse contra el virus, entre otras cuestiones.

En los fundamentos de la medida, los opositores explicaron que “la pandemia por Covid 19 iniciada a fines de 2019 vislumbra su salida a través de la vacunación masiva para la que los países y sus jurisdicciones trabajan cooperativamente a fin de mermar la letalidad de sus efectos y en un futuro de mediano plazo, poder erradicarla” y concluyeron señalando que “es imprescindible, entonces, el acceso a los datos del proceso de vacunación, conocer sus dificultades y poder avanzar en acciones y políticas que los superen a fin de alcanzar la vacunación de toda la población argentina y en particular, en lo que respecta a esta casa, de la Ciudad de Buenos Aires”.

Con la mirada puesta en avanzar hacia una ciudad más inclusiva, la Comisión especial de personas con discapacidad de la Legislatura porteña se reunió para discutir la problemática de la accesibilidad en los barrios populares del distrito con la presencia de especialistas en la temática, vecinos y legisladores.

El encuentro estuvo encabezado por el presidente de la Comisión, Juan Manuel Valdés, quien remarcó que “según la Encuesta Permanente de Hogares de 2017, el 48% de los hogares en los cuales habitan personas con discapacidad denuncia que las condiciones de su vivienda son precarias. Además solo la mitad de las personas con discapacidad poseen pleno acceso a sus derechos”.

“Entender la accesibilidad desde una perspectiva de discapacidad, no es solo pensar en la discapacidad motora, también es pensar la accesibilidad para toda la población con y sin discapacidad. Creemos que podemos pensar en una ciudad accesible para todos y todas donde la autonomía sea el piso para poder pensar las políticas de Estado”, afirmó.

Por su parte Ana Dones, miembro de Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) sostuvo que “las personas con discapacidad que viven en los barrios populares no suelen conocer los derechos a los que pueden acceder porque no están adecuadamente difundidos”.

Mientras que la coordinadora de la Cátedra de Ingeniería de la UBA y presidenta de Unidad Popular CABA, María Eva Koutsovitis, indicó que “en los barrios populares las barreras para las personas con discapacidad se multiplican. Los procesos de urbanización que se llevaron adelante por parte del Gobierno de la Ciudad no incorporaron la perspectiva de la discapacidad ni la perspectiva ambiental, que deben ir juntas”.

También expuso los relevamientos y encuestas que llevaron adelante desde la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (UBA) para construir indicadores que surjan de la realidad de cada barrio y de las necesidades reportadas por los propios habitantes de cada barrio popular.

En otra de las intervenciones, la arquitecta María Rodríguez Romero, miembro de la Fundación Rumbos remarcó la vinculación entre discapacidad y pobreza, sosteniendo que la condición de pobreza empeora las condiciones de las personas en situación de discapacidad y agregó que: “la accesibilidad si bien no cambia la realidad ayuda a que haya mayor inclusión a nivel escolar, laboral, entre otros aspectos”.

Finalmente, Ana Vallejos, Directora de Accesibilidad de las Personas con Discapacidad de ANDIS destacó que desde la gestión pública “estamos haciendo un trabajo muy grande para incorporar la perspectiva de la discapacidad en todos los ministerios”.

Además, expusieron durante la reunión: Meli Garbini, Coordinadora Operativa Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo y Rodrigo Pedraza, Coordinador General de la Casa de la Cultura y la Inclusión y las legisladoras Amanda Martín (FIT) y Lucía Romano (VJ).

Luego de que se conociera la trágica noticia de que una adolescente de 15 años había fallecido tras haber sido atropellada por el tren de carga del Ferrocarril Roca que circula por el interior del barrio 21-24, la diputada del FIT Amanda Martín presentó en la Legislatura porteña un proyecto de declaración mediante el cual buscará expresar su “indignación” por lo ocurrido y exigirle al Gobierno de la Ciudad que le dé “una solución a esta problemática mediante la consulta a los vecinos y en el camino a la urbanización real y definitiva del barrio”.

En los fundamentos de la medida, la legisladora recordó que “el pasado viernes 20 de agosto fue atropellada una joven de 15 años en la Villa 21-24 por una formación de carga del Ferrocarril Roca que pasa diariamente por el interior del barrio y que en el pasado ya ha causado accidentes en el mismo” y precisó que “el paso del tren, que en algunas partes de su trayecto circula a menos de un metro de las viviendas, es un riesgo para los miles de vecinos que deben pasar por el lugar”.

Además alertó acerca de que “la falta de una urbanización real y consensuada con los vecinos lleva en este barrio, como así también en otros barrios no urbanizados de la ciudad, a accidentes que podrían ser evitados. La exigencia de una solución frente a este problema ya ha sido exigida en reiteradas oportunidades y hace años por los vecinos de la 21-24” e indicó que “la posibilidad de realizar un soterramiento, elevar las vías, desviar el recorrido o reinstalar en el barrio a las casas lindantes, con el consentimiento de los vecinos afectados, no ha sido contemplado por el Gobierno de la Ciudad ni por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte”.

“Es urgente una solución frente a este problema en el camino a una urbanización real y definitiva que garantice una vivienda y un barrio seguro para todas las familias de la 21-24”, completó.

Con la intención de saldar una deuda histórica con los vecinos del lugar, la diputada del Frente de Todos y vicepresidenta segunda de la Legislatura porteña, María Rosa Muiños, presentó en esa Casa un proyecto de ley para reurbanizar el barrio popular “Saldías”, que se encuentra ubicado en la Comuna 2 de la Ciudad, próximo a la estación Saldías del Ferrocarril General Belgrano.

El barrio está localizado en el polígono delimitado por las vías de acceso Au. Presidente Arturo Umberto Illia, Jerónimo Salguero, el deslinde con las vías del Ferrocarril Belgrano Norte, el deslinde con las vías del Ferrocarril San Martín, la calle Padre Carlos Múgica, las vías operativas del Ferrocarril Belgrano Cargas, la prolongación virtual de la calle Mariscal Ramón Castilla, las vías operativas del Ferrocarril Belgrano Cargas y la calle Jerónimo Salguero.

Para llevar a cabo la reurbanización, la iniciativa plantea que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) tendrá 90 días para hacer un censo poblacional, a fin de determinar la cantidad de viviendas necesarias y garantizar una solución habitacional a las diversas familias.

Al igual que en otras reurbanizaciones, se establece la creación del Consejo Participativo para la Reurbanización del Barrio Saldías, con el objeto de garantizar e instrumentar la participación de los vecinos y vecinas en todas las etapas del proceso de reurbanización. Estará conformado por el IVC, los delegados de cada manzana integrante del barrio, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría General de la Ciudad y las autoridades de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña.

En cuanto a la adjudicación de viviendas u otorgamiento de soluciones habitacionales definitivas, el proyecto de ley prevé criterios de prioridad para familias que habiten viviendas emplazadas sobre la traza de las vías circulatorias a materializar; familias que habiten viviendas en riesgo de derrumbe; familias a relocalizar por esponjamiento y/o hacinamiento; familias con personas con discapacidad y/o adultos mayores; y víctimas de violencia por razones de género.

En los fundamentos de la medida, Muiños aseguró que “la pandemia vino a mostrar lo que desde hace mucho tiempo venimos expresando y por lo que trabajamos todos los días para erradicar: las desigualdades, la falta de oportunidades y las injusticias que viven sectores más postergados de la Ciudad, y en particular en este proyecto, sobre el derecho a la vivienda como una respuesta urgente a una deuda impostergable” y remarcó que “no nos podemos permitir que la Ciudad que cuenta con el presupuesto más alto de Latinoamérica, tenga niños, niñas, jóvenes, mujeres, varones y disidencias que vean vulnerado su derecho al acceso a una vivienda digna”.

 “Es por ello que estoy convencida que no podemos terminar el segundo año de transitar con angustia, dolor ante las pérdidas de seres queridos, incertidumbres y muchísimas preocupaciones producto de la pandemia, sin que nos demos todas las discusiones y hayamos hecho todos los acuerdos políticos para que nuestras vecinas y vecinos de la Ciudad tengan garantizado el acceso al derecho a la vivienda digna”, completó.

Los diputados nacionales de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Héctor “Toty” Flores presentaron, en conjunto con otros diputados del interbloque de Juntos por el Cambio, un pedido de informes y un pedido de acceso a la información sobre el estado del Registro Nacional de Barrios Populares y la ejecución del fondo previsto en la Ley 27.453 Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio-Urbana.

Según información recogida por los diputados de la CC, hay 45 mil millones de pesos sin invertir para el fideicomiso de integración socio-urbana de villas y asentamientos (FISU), los mismos fueron recaudados para tal fin.

El FISU se nutre de ingresos establecidos por la Ley de emergencia económica de diciembre de 2019 (que creó el impuesto PAIS y le asignó el 9% de lo recaudado) y la del aporte solidario o impuesto riqueza de 2021 (que le asignó el 15% de lo recaudado).

La autoridad de aplicación de la Ley y entidad controlante del FISU es la Secretaria de Integración Socio urbana (SISU), que depende del Ministerio de Desarrollo de la Nación, que conduce Daniel Arroyo.

A través de un comunicado, los diputados señalaron que “el 8 de julio de este año las periodistas María Eugenia Duffard y Luciana Geuna, publicaron en su programa televisivo ‘Verdad consecuencia’ del canal de Todo Noticias (TN), la única respuesta obtenida a raíz de un pedido de acceso a la información pública: la SISU tiene “comprometidos 5 mil millones”.

Ante la “difusa y poco clara información, la desidia y falta de ejecución presupuestaria sobre el tema”, los diputados opositores exigieron de “manera urgente transparencia e información al respecto, ya que involucran la mejora de la vida de miles de familias y la infraestructura de grandes barrios populares”.

El legislador del Frente de Todos (FdT) Leandro Santoro recibió en su despacho de la Legislatura de la Ciudad a las autoridades del Centro de Estudios Sociales para el Desarrollo Territorial (CESDT), Leonardo Farías y María Suárez, quienes le presentaron una investigación que realizaron en varios barrios populares de la provincia de Buenos Aires y la delicada situación que vive allí.

En ese sentido, Farías explicó en diálogo con parlamentario.com que Santoro “escuchó nuestros enfoques de estudio, que hoy hace énfasis en la participación ciudadana de los migrantes, que se evidenciará en un exponencial crecimiento para las próximas elecciones porque esta vez el empadronamiento es automático” y señaló que este les propuso que orienten sus estudios en las villas en la Ciudad por su nivel de urbanización y políticas de inclusión.

Durante el encuentro los directivos le entregaron el estudio “Urbanización y Participación Ciudadana. Tres casos en la Provincia de Buenos Aires”, sobre las villas bonaerenses Palito, Azul y Carlos Gardel.

El Centro de Estudios puso el foco en la importancia de los vecinos para la urbanización, que es “retomar el trabajo del Gobierno nacional, provincial, local y la comunidad. La urbanización e integración de las periferias de las ciudades en el marco de la pandemia cobra mayúscula importancia para afrontar un tiempo post pandemia” y señalaron que “el aislamiento, la crisis económica y sanitaria fue tan brutal que desnaturalizó el hecho de que millones de personas no viven en condiciones dignas”.

Sobre esa misma línea, Farías explicó que “fue posible la investigación en estos tres barrios del primer cordón del conurbano gracias al análisis y los testimonios de hombres y mujeres que han sido parte de distintas tareas que llevaron a cabo la coordinación del Estado Nacional, local y la organización vecinal para lograr una urbanización completa y exitosa”.

Cabe señalar que la investigación también fue recibida la semana pasada en mano por el senador nacional, Óscar Parrilli.

El senador nacional Oscar Parrilli (FdT) recibió a los directivos del Centro de Estudios Sociales para el Desarrollo Territorial (CESDT), Leonardo Farías y María Suárez, responsables además del estudio “Urbanización y Participación Ciudadana. Tres casos en la Provincia de Buenos Aires”, sobre las villas bonaerenses Palito, Azul y Carlos Gardel.

“En Villa Palito estuve con Néstor. Ahí conocí a Juan Enrique, un referente de los vecinos. Es una alegría que el Gobierno nacional, con la provincia, el municipio y la organización popular estén retomando la urbanización en La Matanza, que había quedado trunca con la llegada de Vidal y Macri al gobierno”, dijo Parrilli, cuando en su oficina le entregaron un ejemplar en formato libro de la investigación territorial.

Previo a ese encuentro, la investigación se lanzó durante un acto del que también participó la diputada nacional Mónica Macha (FdT) y el subsecretario de Hábitat bonaerense, Rubén Pascolini.

La importancia de los vecinos en el proceso de urbanizar también es llamada por los curas villeros con el concepto de “integración”, que es “retomar el trabajo del Gobierno nacional, provincial, local y la comunidad”, explicó Farías, que desarrolló durante ocho años la representación de los vecinos de la Comuna 10, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Frente para la Victoria.

Para Farías, “la urbanización e integración de las periferias de las ciudades en el marco de la pandemia cobra mayúscula importancia para afrontar un tiempo post pandemia. El aislamiento, la crisis económica y sanitaria fue tan brutal que desnaturalizó el hecho de que millones de personas no viven en condiciones dignas”.

El director del CESDT reveló que “fue posible la investigación en estos tres barrios del primer cordón del conurbano gracias al análisis y los testimonios de hombres y mujeres que han sido parte de distintas tareas que llevaron a cabo la coordinación del Estado Nacional, local y la organización vecinal para lograr una urbanización completa y exitosa”.

El prólogo del libro fue realizado por Pascolini, quien expresó: “Entre la nostalgia del Estado de Bienestar y la impotencia de las mejores prácticas autogestionarias, hay que promover un Estado más democrático y comunidades más politizadas que sitúen a las poblaciones como sujeto y no solamente objeto de las políticas públicas. Por eso el CESDET a través del estudio selecciona experiencias, las describe, las comprende y les reconoce impulso transformador con el propósito progresivo y legítimo de la réplica que otorgue justicia, sustentabilidad, integración y equilibrio espacial”.

El legislador de Frente de Todos (FdT) Matías Barroetaveña presentó un proyecto de resolución en la Legislatura porteña a través del cual pidió gestionar la rápida apertura de sucursales o centros de atención del Banco Ciudad en los distintos barrios vulnerables de la Ciudad, principalmente en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Al respecto de la medida, el diputado señaló que le “parece fundamental que cada habitante tenga dentro del propio barrio una sucursal funcional y activa para poder resolver sus cuestiones bancarias y financieras” y puntualizó que “un jubilado habitante del Barrio Villa 31 debe trasladarse hasta Plaza San Martín para poder percibir sus haberes, lo que representa un enorme riesgo en materia sanitaria; y también en términos de seguridad para los adultos mayores”.

Asimismo indicó que “lo mismo sucede con una madre que vive en la Villa 21-24 de Barracas y debe ir hasta el barrio de Pompeya; un estudiante que vive en la Villa 20 y debe ir hasta el hipermercado de Avenida Escalada y Avenida Cruz; o un trabajador que vive en la Villa 1.11.14 y debe ir hasta el centro del barrio de Flores para percibir sus haberes”.

“Este proyecto busca una integración y modernización para los habitantes, pero también alfabetización financiera que permita a la población formalizar sus operaciones”, manifestó y expresó que “el acceso a información y asistencia es fundamental para evitar los abusos y tasas usureras de muchas prestadoras que se abusan de la necesidad y precariedad”.

En los fundamentos de la medida, el diputado explicó que “en un contexto de emergencia sanitaria como la que nos toca vivir hoy debido al Covid 19, donde se han dispuesto una gran cantidad de medidas para prevenir contagios y preservar la vida de los habitantes, es difícil comprender como en una ciudad tan rica en recursos, existan barrios donde aún el acceso a algo tan simple y necesario como un cajero automático, implique trasladarse hasta 20 o más cuadras de la propia vivienda”.

A su vez señaló que “existe una profunda desigualdad geográfica en la Ciudad de Buenos Aires en cuanto al acceso a los servicios financieros básicos” y concluyó señalando que “mientras en el norte, tenemos oferta variada de cajeros y sucursales bancarias en cuadras aledañas, tanto del sistema de banca pública como privada; en el sur de la ciudad sólo algunos pocos centros comerciales poseen terminales, las cuales agotan rápidamente sus recursos en días críticos de mucha demanda”.

Buscando atender a los reclamos que manifiestan las organizaciones comunitarias y sociales que se desempeñan en los barrios populares, los diputados del Frente de Todos (FdT) insistieron en la necesidad de avanzar con una serie de proyectos que desde esa bancada impulsaron en la Legislatura porteña y que prevén reconocer las tareas esenciales y mayor presupuesto para garantizar la alimentación, la salud y luchar contra la violencia de género.

Al respeto de estos puntos, la legisladora y presidenta de la Comisión de Mujer e Infancia, Laura Velasco (FdT), señaló que “en los barrios se hace Patria, las ollas populares son esenciales para garantizar asistencia alimentaria” y remarcó que “por eso acompañamos a quienes todos los días ponen el cuerpo en los territorios y reclamamos que se traten los proyectos legislativos que proponen las organizaciones populares. Es urgente que el Gobierno de la Ciudad impulse un Fondo de la Economía popular, fortalezca los comedores comunitarios, garantice un ingreso a las cocineras y reconozca a las promotoras de salud y de géneros y diversidad”.

En el marco de estos reclamos, desde ese espacio se presentaron varios proyectos como la creación de un Fondo de Emergencia que brinde asistencia económica, técnica y financiera a los emprendimientos de la economía popular; otro que busca garantizar la asistencia económica, alimentaria y sanitaria a todos los comedores comunitarios y populares de la Ciudad; y otra iniciativa que plantea la realización de testeos rápidos de Covid 19 a promotores territoriales de barrios populares que atienden comedores y a promotores de salud y género.

Asimismo los legisladores de la oposición advirtieron que estas iniciativas aún no lograron tratamiento en la Legislatura, al igual que otras que fueron presentadas por la oposición durante la emergencia sanitaria.

En el mismo sentido, la Ley Bety presentada recientemente por Velasco busca que las promotoras de género y diversidad que hoy existen de hecho en los barrios populares de la ciudad tengan un marco institucional, pero también un reconocimiento económico por el trabajo que realizan en las consejerías barriales acompañando los casos de violencia, promoviendo el acceso la salud sexual reproductiva y no reproductiva y realizando talleres que fomenten el protagonismo de las mujeres y de las personas LGBTIQ+.

“Todos estamos de acuerdo en que garantizar la alimentación, la salud, la educación, el cuidado de niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, de la vida en definitiva, es esencial. Y hoy, en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus, esto ha tomado una relevancia inusitada, por eso urge que el Gobierno porteño reconozca, no sólo de  palabra, el enorme trabajo que muchísimas personas realizan diariamente cuidando la vida de aquellos viven en las villas de la ciudad”, concluyó la legisladora.

En medio de la pandemia del coronavirus, los legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) se reunieron con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, y la ministra de Desarrollo Humano de la Ciudad, María Migliore, para recorrer algunos barrios populares del distrito capitalino, debido al crecimiento de casos positivos en los mismos.

En esta recorrida, los funcionarios y los diputados visitaron los comedores comunitarios “Itati” y “Ojitos Tiernos” del barrio Rodolfo Ricciardelli (conocido como la ex villa 1-11-14); luego participaron del Operativo DetectAR en el barrio Padre Múgica (ex villa 31 y 31 bis), dado que es uno de los más afectados por la disparada de casos y en los últimos días fallecieron tres referentes del barrio a causa del Covid 19.

Cabe destacar que tras la recorrida por el barrio Múgica, Arroyo participó de una reunión con el Comité de Crisis de la Villa 31 integrado por organizaciones sociales, para dialogar sobre la delicada situación sanitaria, social, económica y educativa que atraviesa la comunidad de ese barrio popular.

En el marco de la pandemia del Covid 19, la diputada del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira presentó un Informe de Situación sobre las intervenciones realizadas por el Gobierno de la Ciudad en el espacio público a partir de la flexibilización de la cuarentena en el distrito y subrayó la necesidad de abordar un Plan Integral del Espacio Público para un mejor reordenamiento urbano, que garantice el distanciamiento social y contemple acciones específicas para la prevención del coronavirus al interior de los barrios populares.

En el informe la diputada identificó “problemas” en el diseño de las intervenciones realizadas por el Ejecutivo porteño y advirtió sobre la “falta de información sobre el desplazamiento de las paradas de colectivos, problemas con los contenedores y desconocimiento de los criterios adoptados para definir los sectores peatonales, subutilizados por los vecinos ya que no están claramente señalizados, son algunas de las asignaturas pendientes que deberían ser tenidas en cuenta para una mejor planificación del espacio público”.

En ese contexto Neira afirmó que “uno de los temas a abordar luego de la pandemia es el ordenamiento de las ciudades y necesitamos poner todo el conocimiento al servicio de la nueva realidad” y aseguró que “nos enfrentamos a repensarlo todo: desde las formas de relacionarnos hasta el ordenamiento del espacio público”. Además planteó la necesidad de crear un Comité de Expertos para definir un Plan sobre el Modelo Territorial y el Espacio Público con Distanciamiento Social.

“A ello sumamos un Plan de Ordenamiento del Espacio Público en Barrios Populares, donde la intervención del Gobierno de la Ciudad es deficitaria. Es imprescindible que tengan un abordaje específico no sólo en materia de atención sanitaria, sino también en la prevención e higiene del espacio público, atendiendo a las particularidades de sus espacios comunes”, indicó y concluyó que “necesitamos una mayor planificación y un abordaje más amplio para pensar la Ciudad que viene, así como lo están haciendo las principales ciudades del mundo”.

Informe de situación by Parlamentario on Scribd

En medio de la escalada de casos positivos por Covid 19, la legisladora del FdT y vicepresidenta segunda de la Legislatura porteña, María Rosa Muiños, impulsó  un proyecto de ley para instalar unidades febriles de urgencia (UFU) y unidades transitorias de aislamiento en villas y barrios vulnerables de la Ciudad.

Con esta iniciativa se buscará atender la creciente demanda de pacientes con síntomas asociados al coronavirus y que eventualmente requieran una primera instancia de aislamiento. Es que estas unidades son dispositivos a través de los cuales el Gobierno porteño busca evitar que personas posibles portadoras del virus ingresen de forma irrestricta a hospitales públicos del distrito y pudieran alterar las condiciones de asepsia del nosocomio, de los pacientes y del personal médico.

Según el articulado del proyecto, estas unidades se deberán “emplazar en las zonas aledañas de ingresos a barrios vulnerables, villas, asentamientos y en centros comunitarios u organizaciones que estén dentro del perímetro y cuenten con el espacios adecuado” y tendrán que “contemplar las mismas funcionalidades y equipamiento que tienen aquellas emplazadas en los hospitales públicos del distrito: contar como mínimo con baños químicos y personal de limpieza; sistema de calefacción; y provisión de agua y de comidas indicadas según el horario, contemplando un menú alternativo sin TACC”.

“También deberán garantizar el traslado de las personas a hoteles o la vuelta a sus casas, en caso de ser necesario; y procurar el acceso a internet para facilitar el contacto con sus familiares mientras permanezcan en las unidades”, agrega el texto y establece que “el Ministerio de Salud porteño -en tanto autoridad de aplicación- se encargará de disponer los recursos humanos y materiales necesarios; la atención, prácticas y cuidado de los pacientes y personal destacado; y aportar unidades de traslado para el material del hisopado realizado y su renovación”.

Al respecto de las medidas, Muiños explicó que “los habitantes de las villas y asentamientos están expuestos al contagio del virus debido a las condiciones de hacinamiento, falta de elementos de higiene y de recursos económicos, entre otras cuestiones que contribuyen a su propagación. Pero los casos se dispararon porque el Gobierno de la Ciudad llegó tarde”.

Además consideró que “la intervención en esos lugares requiere de inversión y la Ciudad no lo estaba haciendo. Empezó a hacerse cargo de la problemática una vez que la Nación activó el operativo DETeCTar” e insistió en que “hoy hay políticas activas en algunos sectores, gracias a esa medida conjunta que desplegó el Ministerio de Salud de la Nación”.

“Desde la Legislatura queremos aportar al control de la propagación del virus en las villas. Por eso, proponemos la instalación de estas unidades que permitan la rápida detección y el aislamiento de los vecinos afectados, además de brindarles asistencia médica y contención”, concluyó la legisladora en los fundamentos del proyecto que lleva la firma de todos sus compañeros del bloque Frente de Todos.

Luego de que varios vecinos denunciaran que desde hace más de un mes no cuentan con suministro, los legisladores del Frente de Todos (FdT) impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley a través del cual buscaran garantizar el abastecimiento y acceso irrestricto al agua potable en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires en emergencia sanitaria por Covid 19.

La iniciativa también contempla una serie de medidas a adoptar por el Ejecutivo Porteño para avanzar en el cumplimiento de la norma: difusión en las comunidades de información sobre adecuados manejos sanitarios, concientización sobre el debido uso del agua potable en el marco de la emergencia sanitaria, mantenimiento y saneamiento de pozos ciegos y cámaras cloacales, entre otras.

En los fundamentos de la medida -que lleva las firmas de Juan Manuel Valdés, Victoria Montenegro, Laura Velasco, María Bielli, Lucía Cámpora, Javier Andrade y Santiago Roberto (FdT)-, los legisladores explicaron que “a raíz de la emergencia sanitaria desatada por la pandemia del Covid 19, y teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias dispuestas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por el Ministerio de Salud de la Nación y por el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, se solicita que se tomen medidas de carácter urgente para contener la crisis sanitaria en los barrios populares”.

Al mismo tiempo indicaron que “todos esos organismos ponen en el centro de la escena el rol que tiene el agua potable para la prevención de enfermedades transmisibles, sin mencionar su carácter esencial como medio de subsistencia” y remarcaron que “en la Ciudad de Buenos Aires el sistema de provisión de agua en los barrios populares es ineficiente, y es donde reside nada menos que el 15% de la población total de la Ciudad”.

“Ante la situación sanitaria actual es necesario que el GCBA garantice el acceso de agua potable en cantidades suficientes para cubrir el consumo, la preparación de alimentos, la higiene personal y la limpieza de los hogares. Es necesario saber con exactitud cómo se encuentra la situación de provisión de agua potable en los barrios populares, evaluar el nivel de crisis en el que nos encontramos actualmente y en función de eso accionar”, afirmaron y sentenciaron que “es de suma urgencia que todo ciudadano tenga acceso libre al agua potable, ya que en este contexto la situación contraria puede generar contagios masivo”.

Debido a la extensión de la cuarentena y al avance del virus, el presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), Juan Maquieyra, se reunió este viernes con la Comisión de Vivienda para explicarles a los diputados cuales son las medidas que se están implementando en los barrios populares para evitar la propagación del coronavirus.

En ese sentido, el funcionario señaló que desde la Ciudad “tenemos cinco líneas de acción en los barrios populares que tienen que ver con: la seguridad alimentaria, buscamos garantizarles a todos los vecinos el acceso a la comida durante la pandemia y los meses subsiguientes; el distanciamiento social de adultos mayores y la salud comunitaria; higiene urbana, queremos que los barrios estén limpios; aumentar la capacidad del Estado ante la emergencia, es  decir, estar preparados para inundaciones o incendios; y, comunicación y difusión, transmitirles toda la información que necesiten”.

En lo que respecta a la seguridad alimentaria, señaló que “lo primero que hicimos fue hacer un revelamiento por cada comedor y buscamos entender varias cosas: si estaba en funcionamiento o no; si aplicaba el protocolo de que la gente pase a retirar la vianda y la coma en su casa; si tenía nueva demanda y si podía responder a la misma” y detalló que “hay 471 comedores en la Ciudad de Buenos Aires que, hoy en día, están dándole de comer a las personas productos frescos.  Pasamos de darle de comer a 90 mil personas a atender a más de 120 mil personas, ese aumento se dio hace tres semanas y estamos trabajando ante un nuevo aumento de la demanda”.

“Otra cosa que hicimos fue pasar de entregar bolsones individuales, a entregar bolsones familiares; dependiendo del barrio, armamos un sistema de entrega de los bolsones de alimentos y productos de higiene”, precisó y afirmó que tuvieron “que reforzar la asistencia en algunos comedores porque tenían demasiada demanda. Estamos trabajando para forzar la presencia del Estado en barrios que no son populares pero si tienen grandes necesidades, como por ejemplo, el caso de La Boca, Constitución y vamos a tratar de seguir expandiéndolo”.

En el marco de la salud comunitaria, Maquieyra remarcó que “se están armando 28 dispositivos de resguardo comunitario y cada uno tiene promotores barriales. En general, están ubicados dentro del mismo barrio y lo estamos haciendo en conjunto con los curas villeros” y recordó que están “trabajando muy fuerte en la vacunación, son miles los vecinos que se vacunaron en estos días”.

Además explicó que están “trabajando en un protocolo específico para traslados, la atención de pacientes y  asistencia a las familias de los casos confirmados de coronavirus: hubo dos casos en la Villa 31, habíamos tenido un caso en la 15, dos casos en la 1-11-14 y este jueves se confirmaron otros dos casos en la 20”.

“Ante la confirmación de un caso, el paciente es trasladado a un hospital o hotel de aislamiento, y desde el Ministerio nos comunicamos con la familia para darles asistencia alimentaria y ponemos una persona para que, en caso de que ellos no cuenten con alguien para tal fin, nosotros podamos acercarles los productos esenciales”, añadió y resaltó que “en los casos en el que la familia esté hacinada, les ofrecimos hoteles comunitarios para que puedan trasladarse y hacer allí el aislamiento”.

Mientras que en lo relativo a la higiene urbana, explicó que están “trabajando en 29 conjuntos barriales y tenemos 94 cuadrillas que se están ocupando del barrido y recolección de residuos; incrementamos el número de contenedores y ya hicimos fumigaciones en más de 600 viviendas, así como también en los barrios”.

En la reunión estuvo presente la presidenta de la Comisión de Vivienda, Paola Michielotto (VJ); la vicepresidenta de esa misma Comisión, Ofelia Fernández (FdT); y los diputados Claudio Romero, Carolina Estebarena, Cecilia Ferrero, Facundo Del Gaiso, Gimena Villafruela (VJ), María Bielli, Cecilia Segura, Santiago Roberto, Lucía Cámpora (FdT), Gabriel Solano (PO) y  Diego Weck (UCR-Ev).

Debido a la extensión de la cuarentena y del avance del Covid 19 en el territorio, los legisladores del FdT presentaron en la Legislatura porteña una iniciativa para crear comités de “emergencia sanitaria, social y económica por el Covid 19” en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires.

El proyecto se basa en la necesidad de establecer un ámbito claro para la articulación del Estado de la Ciudad con las organizaciones ciudadanas en cada uno de los 57 barrios populares inscriptos en el RENABAP, donde habitan 73.600 familias aproximadamente.

Cabe señalar que los Comités Barriales tienen por objeto articular las políticas públicas necesarias para fortalecer el acceso a la salud, en el contexto de la emergencia sanitaria, posibilitando el cumplimento del aislamiento preventivo, social y obligatorio, brindando herramientas e insumos y protegiendo integralmente a las economías familiares durante y luego de la emergencia. 

De esta manera, la iniciativa se centra en la situación sanitaria y situación económica y social, haciendo hincapié en la situación específica de las mujeres y población travesti y trans. Comprendiendo que los ejes mencionados constituyen las variables prioritarias urgentes en el contexto de la pandemia COVID-19. Cada Comité Barrial podrá incorporar los aspectos que considere prioritarios en base a las demandas. 

Es así que los Comité Barriales tendrán entre sus funciones: sostener controles para embarazadas, urgencias no febriles (ILE, Odontológicas); entrega de anticonceptivos, medicación a pacientes crónicos y vacunación; habilitar Unidades de Febriles de Urgencia, en horario extendido; destinar flotas de móviles, por barrio, para traslado de pacientes a hospitales de referencia por COVID-19; aumentar la dotación de promotoras y promotores de salud por CESAC, para asistir a vecinos y vecinas en dichos barrios; entregar elementos de limpieza, higiene personal y repelente para insectos a quienes lo necesiten; y garantizar el acceso de agua a todas las viviendas.

Al respecto de esta iniciativa, Javier Andrade (FdT) -uno de los autores de la misma- explicó que “las dificultades planteadas por la pandemia y la cuarentena, sumado al preocupante avance del Dengue en nuestra ciudad, impactan con más crudeza en villas y asentamientos” y remarcó que “la fragilidad histórica de las economías familiares en el acceso a los servicios de salud, con una población que depende de la salud pública, sumado al déficit en condiciones de ventilación e iluminación y hacinamiento en las viviendas, y problemas de infraestructura en los barrios, hacen vital la creación de los Comités de Emergencia en los barrios populares”.

Además indicó que “esto va a fortalecer el rol del Estado presente en el contexto de emergencia en el acceso a las herramientas sanitarias para enfrentar esta pandemia, para proteger las economías familiares más vulnerables en su situación económica, proveer alimentos y elementos de limpieza y desinfección donde sean necesarios, reforzar con acciones concretas para la intervención en situaciones de violencia de género, es necesario ser muy certeros en el empleo de ésos recursos”.

“Necesitamos contar con herramientas económicas para sujetos de derechos de programas sociales en la Ciudad, incompatibles con programas nacionales, garantizando una ayuda mediante un ingreso extraordinario”, remarcó y precisó que “también a los que reciben derechos a través de programas sociales, hasta tanto y en cuanto dure la emergencia sanitaria, y garantizar el incremento de recursos a instituciones comunitarias que asisten a la población de los barrios populares”.

Sobre esa misma línea, precisó que “la creación de los Comités de Emergencia es fundamental, porque nadie como los vecinos y vecinas, así como los jefes y jefas de centro de salud e instituciones del barrio conocen mejor su realidad” y sentenció que “de esta manera es posible realizar una estrategia que sea sostenible en el tiempo, tanto para la prevención del coronavirus, como para seguir atendiendo las cuestiones de salud que son impostergables”.

La medida también lleva la firma de Matías Barroetaveá, María Bielli, Lucía Cámpora, Ofelia Fernández, Claudio Ferreño, Victoria Montenegro, Claudio Morresi, María Rosa Muiños, Claudia Neira, Lorena Pokoik, Leandro Santoro, Cecilia Segura, Manuel Socías, Juan Manuel Valdés y Laura Velasco.

El bloque de legisladores porteños del Frente de Todos elaboró un documento que contiene propuestas sanitarias específicas para las 73 mil familias que habitan los barrios populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio llevado a cabo por el Gobierno Nacional para prevenir el contagio del virus Covid-19.

En primer lugar, los legisladores hacen referencia a “las dificultades que tienen estas familias para llevar adelante el aislamiento social debido a las condiciones habitacionales y de hacinamiento que sufren y para resolver las necesidades financieras y de alimentación”.

“No hay cajeros automáticos y hay que caminar mucho para extraer dinero, los supermercados están lejos y los negocios de proximidad están desabastecidos o no permiten comprar con tarjeta de débito. El acceso al agua es problemático y muchas familias dependen de los comedores comunitarios para subsistir”, señalan.

“Tenemos el desafío de garantizar el aislamiento y cuidar a la población más vulnerable con ideas, trabajo y herramientas organizativas”, sostienen los integrantes del bloque del Frente de Todos.

Por tal motivo, proponen “medidas de prevención, limpieza y desinfección de espacios comunes, la dotación de unidades móviles a cada CESAC para traslado de sospechosos de Covid-19; un protocolo específico para contactos estrechos con casos positivos de Covid-19; la creación de un Comité de Emergencia Sanitaria, Social y Económica de barrios populares”.

Y agregan: “Hemos venido planteando diversas propuestas para garantizar asistencia alimentaria y sanitaria, protocolos específicos para la intervención de las fuerzas de seguridad en relación con la circulación de la población -por ejemplo, para trasladarse a comedores comunitarios-, ordenamiento y limitaciones para que las ferias de alimentación no constituyan un foco de contagio e instalación de cajeros automáticos móviles y fijos”.

Respecto de los eventuales casos de violencia de género, los legisladores porteños del Frente de Todos vienen planteando diferentes propuestas y destacan que “resulta esencial garantizar campañas de información y una solución habitacional rápida y segura para las mujeres y disidencias que atraviesan situaciones de violencia durante el aislamiento”.

Por otro lado, acompañan el documento con un extenso listado destinado al “descacharreo y desinfección de dengue para el Ministerio de Espacio Público, una cuestión de relevancia que afecta a miles de porteños”.

“Es indispensable abordar las particularidades del aislamiento en estos barrios, a través de la búsqueda de soluciones concretas para los diferentes problemas que se presentan y adecuar las regulaciones generales a las particularidades de estas situaciones”, concluyen.