La diputada nacional Beatriz Ávila presentó un proyecto reclamando al Gobierno que “arbitre las medidas necesarias” para asegurar en todo el país el acceso libre y gratuito del servicio esencial de internet y telefonía para uso educativo en todos los niveles, “a fin de garantizar la educación a distancia en todo el territorio nacional”.

Según la legisladora del Partido por la Justicia Social el proyecto tiene como objetivo contribuir a las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid 19, advirtiendo que, hoy los estudiantes y docentes del país de todos los niveles “deben encontrar una alternativa de educación a distancia que les permitan continuar con sus tareas de formación, de manera libre y gratuita frente al cierre de escuelas, universidades y cese de clases presenciales”.

En los fundamentos de la iniciativa señala que “resulta elemental” implementar medidas inclusivas que garanticen la educación con justicia social y equidad. “Bajo esta premisa, y desde el ámbito social y de la educación, abordar la problemática de la brecha digital existente en todo el territorio nacional”, manifesta.

Asimismo, advierte que, según datos oficiales publicados en los informes del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) respecto a la penetración de internet fijo (acceso por cada 100 hogares) por provincia, se puede evidenciar “disparidad y un gran porcentaje de falta de acceso al servicio de internet existente, a lo largo y a lo ancho del territorio nacional”.

En este sentido, destaca que la brecha digital es directamente proporcional a la brecha educativa, “por lo que resulta fundamental establecer una provisión gratuita y de calidad del servicio de internet y telefonía con fin educativo”.

Por esto Ávila concluye que de verse imposibilitado el acceso a internet, y ante la inmediatez de continuar educando, “resulta elemental garantizar el servicio de telefonía gratuito con fin educativo, a modo de compensar el faltante mediante esta variable, la cual hará efectiva la enseñanza a distancia”.

Al interbloque Juntos por el Cambio le faltó este jueves el apoyo de cinco legisladores para conseguir el quórum en una sesión especial de la Cámara de Diputados, donde tenía la intención de derogar el DNU 457/20, que amplió las facultades del jefe de Gabinete respecto a la reasignación de partidas presupuestarias sin aval del Congreso.

Durante las expresiones en minoría, varios legisladores de la principal bancada opositora -que impulsó la sesión- le reprocharon su ausencia al resto de sus pares.

“Que la oposición no esté toda presente en esta sesión especial es imperdonable porque los que no dieron quórum están cediendo la facultad principal que tenemos que es controlar al Gobierno”, sostuvo durante su discurso el jefe del interbloque JxC, Mario Negri.

Por su parte, el macrista Waldo Wolff, nombró particularmente a Beatriz Ávila, Pablo Ansaloni y Antonio Carambia, quienes formaban parte de Cambiemos, pero tras el recambio de gobierno se fueron al interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que conduce el mendocino José Luis Ramón.

Tanto durante la sesión, como una vez finalizada, las quejas de Juntos por el Cambio continuaron por las redes sociales. En Twitter, el diputado del Pro Fernando Iglesias le pegó duro a los tres exmiembros de su interbloque, compartiendo incluso una foto con sus rostros.

“Buscados. Diputados que entraron por la oposición y no dan quórum para abolir superpoderes. Si los vio, avise en @DiputadosAR. URGENTE!!!”, los escrachó.

Y agregó en otro tuit: “Sesión fracasada. 124 presentes. Todos los de @juntoscambioar +8. Saludos al gringo (Juan) Schiaretti y a (Roberto) Lavagna por las ausencias de sus diputados. Felicitaciones a nuestros tres panqueques, Carambia, Ávila y Ansaloni. Bien por Ramón, que vino, aunque ninguno de su bloque lo acompañó”.

También cargó contra esos legisladores la cívica Lucila Lehmann, quien escribió: “Los 3 panqueques que fugaron una vez electos por las listas de @juntoscambioar están AUSENTES. Funcionales como siempre al autoritarismo del kirchnerismo. Eternamemte repudiables”.

Sin mencionarlos, pero en alusión a los cuatro integrantes de Córdoba Federal -Paulo Cassinerio, Carlos Gutiérrez, Claudia Márquez y Alejandra Vigo-, el macrista Héctor Baldassi repudió que “algunos diputados de Córdoba no consideren importante controlar al Poder Ejecutivo. Hoy, no dar quórum es mañana avalar impunidad”.

“No hubo quórum pero acá estamos, señalando que no hay República si no funcionan los tres poderes y que el presupuesto es una atribución constitucional del Congreso. Es difícil pero entendible que no defiendas tu poder siendo oficialista, pero inexplicable si pediste el voto como opositor”, fue el mensaje en Twitter de la diputada del Pro Silvia Lospennato.

La diputada nacional Beatriz Ávila presentó un proyecto para que, en el marco de la Emergencia Publica Sanitaria, se garanticen “bajo las más estrictas medidas de prevención” los tratamientos y accesos a los servicios de salud de pacientes oncológicos.

La legisladora tucumana advirtió que las personas con cáncer “son más susceptibles de contraer cualquier infección debido a que la enfermedad y algunos tratamientos como la quimioterapia, la radioterapia extensa, o los trasplantes de médula ósea debilitan las defensas del organismo”.

Además, en los fundamentos del proyecto, Ávila destaca que según el Instituto Nacional del Cáncer (INC), se considera a los pacientes oncológicos como “grupo de mayor riesgo y exposición a presentar formas graves de infección por Covid 19”. 

Por esto, sostiene que es “fundamental” garantizar los tratamientos y acceso a los centros de salud bajo las más extremas medidas de seguridad y prevención en la mitigación del coronavirus.

“Extremar las medidas de seguridad y prevención, garantizando los tratamientos y acceso al sistema de salud de pacientes oncológicos, sumaría una medida más para reducir el impacto de la pandemia Covid 19 en este grupo de alto riesgo”, concluyó la legisladora del partido por la Justicia Social de Tucumán.

La diputada nacional Beatriz Ávila presentó un proyecto de declaración para que el Gobierno arbitre las medidas necesarias para “intensificar a difusión en medios de comunicación masiva las convocatorias de profesionales de la salud para complementar y reforzar la dotación de equipos sanitarios en el marco de la pandemia del Covid 19”.

En los fundamentos del proyecto, la legisladora tucumana advierte que tiene como objetivo “contribuir a las medidas de prevención, mitigación y contención de la pandemia”, y sostiene que “resulta fundamental” complementar y reforzar la dotación de los equipos constituidos en diferentes efectores de salud dependientes de la Nación y de las provincias.

En este sentido, consideró “imprescindible” que se intensifiquen las convocatorias masivas para el refuerzo de las carteras sanitarias, convocando a profesionales de la salud a prestar servicios sanitarios, mediante la utilización de los medios de comunicación masiva y espacios de publicidad.

“Incrementar la difusión de esta campaña de convocatoria en medios de comunicación masiva y a través de los espacios publicitarios gratuitos asignados a tal fin en los términos del artículo 76 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522,y en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional 260/2020, resulta elemental fundados en los criterios de emergencia pública, y excepcionalidad de distribución en carácter de alta importancia y prioridad al objetivo principal de comunicación del mensaje de convocatoria”, concluyó la diputada por el partido por la Justicia Social de Tucumán. 

La diputada nacional Beatriz Ávila se refirió al tema que hoy está en boca de todos, y advirtió que es evidente que “muchos condenados se están aprovechando de la situación de pandemia, de crisis sanitaria, para pedir la prisión domiciliaria”. Además, se refirió a la decisión del presidente de la Cámara baja Sergio Massa de habilitar una sesión “mixta”, y sostuvo que está a favor de las sesiones virtuales, “ya que con la tecnología que existe lo podemos hacer, y es lo más conveniente y responsable”. 

En diálogo con Sergio Gutiérrez en Edición Calificada Radio la legisladora señaló que, desde que se declaró el aislamiento en el país, tomó la postura de “pregonar, e impulsar las sesiones de maneras virtuales”, y consideró que “quienes tenemos responsabilidades públicas les estamos diciendo a la población en general que debemos mantener el aislamiento, tenemos que quedarnos en nuestra casa, que hasta ahora es la única manera que tenemos de protegernos de la pandemia”. 

En este sentido, sostuvo que le parece que es “una incoherencia” que les pidan que viajen a la Ciudad de Buenos Aires, “donde lamentablemente está circulando el virus, para estar en un recinto cerrado en donde van a haber 500 personas para sesionar, y después volver a mi provincia, con la posibilidad de contagiar a cientos de tucumanos. No me parece muy responsable, cuando con la tecnología que existe hoy podemos hacer una sesión virtual”. 

Asimismo, pidió “ser coherentes” con lo que le piden a la sociedad que hoy está haciendo grandes sacrificios: “Por eso creo que es buena la decisión que se va a tomar, de que quienes tengan la posibilidad de estar de manera presencial lo hagan, tomando los recaudos necesarios, pero quienes pensamos que hay que hacerlo de manera virtual, también lo hagamos. Siempre que sea con un sistema transparente, y eficaz”, expresó la legisladora. 

Por otro lado, Ávila se manifestó “totalmente en desacuerdo” con la liberación de presos, y consideró “inadmisible la medida que están tomando algunos miembros del Poder Judicial”.

Al respecto, sostuvo que “da la sensación que la gente está pensando que muchos presos se están aprovechando de la situación de pandemia, de crisis sanitaria, para pedir la prisión domiciliaria. Creo que aquellos que han cometido un delito, y que han sido condenados, tienen que cumplir”, aunque admitió que también es cierto que este tema “ha vuelto a visibilizar la problemática del sistema carcelario argentino: que es el hacinamiento, la falta de espacio, la falta de agentes penitenciarios, que es una deuda pendiente que todavía tiene el estado, porque es cierto que hay que ver la salud de los presos”; pero que “de ninguna manera puedo admitir que la solución sea dejarlos libres, con prisión domiciliaria”, concluyó la diputada nacional por el partido por la Justicia Social de Tucumán.

La diputada nacional del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo Beatriz Ávila presentó un proyecto de resolución por el que se solicitó al Gobierno nacional que los fondos del Programa para la Asistencia Financiera Provincial sean acreditados directamente a todos los municipios del país, observándose los parámetros que cada provincia tiene en su legislación de coparticipación de recursos.

Luego de una teleconferencia que legisladores de la oposición mantuvieron con el presidente Alberto Fernández el pasado viernes, Ávila advirtió la necesidad de que se atiendan las necesidades económicas de los municipios en el marco de la pandemia de coronavirus. “Fue un encuentro virtual positivo”, valoró la tucumana.

La propuesta plantea la distribución de $ 120.000 millones a los municipios, que “son los principales proveedores de servicios a los ciudadanos, como también grandes corresponsables del mantenimiento de la paz social”, tal como indica el proyecto del interbloque federal.

El texto remarca la grave situación de desequilibrio financiero de la cuentas públicas municipales: “desequilibrio que pone en serio riesgo el pago de salarios a sus empleados, la prestación de servicios esenciales al saneamiento y tareas de acción social”.

El pedido de los congresistas destaca que se “aplicó para la distribución de los fondos del programa un criterio de enorme justicia y equilibrio político y una sana practica de federalismo sin discriminar a provincia alguna de la Argentina”. En esa línea propone que a los fondos que lleguen a las intendencias de los Aportes del Tesoro Nacional y de créditos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, se les apliquen los índices de coparticipación.

Entre las nuevas medidas adoptadas este martes por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, para prevenir el coronavirus, decidió otorgar a todos los diputados un subsidio de 100 mil pesos para brindar asistencia a personas o zonas afectadas. Sin embargo, dos diputados rechazaron el dinero y pidieron direccionarlo a las autoridades de salud.

La primera en anunciar que no recibirá el subsidio fue Beatriz Ávila (Partido de la Justicia Social-Tucumán). “Como diputada nacional del PJS rechazo las metodologías de otorgar dinero a los legisladores para los fines de enfrentar esta crisis ocasionada por el coronavirus. Nuestra función es legislar, aportar al PEN los instrumentos legales necesarios”, consideró.

A través de Twitter, la legisladora del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo opinó: “No creo que los diputados nacionales seamos un vehículo idóneo para la canalización de esos recursos en la lucha contra el coronavirus”. “Por lo tanto, no recibiré el subsidio”, anunció.

La misma decisión tomó otro tucumano, Pablo Yedlin (Frente de Todos), quien además se encuentra cursando el décimo día de cuarentena preventiva por haber viajado a Estados Unidos.

“Quiero decir públicamente que no voy a solicitar ni recibir ese monto”, anunció Yedlin, y pidió “que los recursos que la Cámara disponga en este sentido se apliquen siguiendo las necesidades del Ministerio de Salud de la Nación”.

En la resolución 611/20, firmada este martes, Massa dispuso otorgar “de manera excepcional y por única vez” un subsidio de 100.000 pesos para cada diputado, que “solo deberá ser utilizado para evitar la propagación del coronavirus, brindar asistencia a las zonas más vulnerables del territorio nacional o asistir a grupos de riesgo o entidades de la sociedad civil que trabajen con personas afectadas por la pandemia”.

Estos subsidios se suman a los que ya reciben los diputados para destinar a organizaciones sin fines de lucro. Hasta el año 2018, esos subsidios eran de hasta 60.000 pesos anuales, distribuidos en un solo subsidio de 60.000 pesos o un máximo de seis subsidios de 10.000 pesos cada uno.

La diputada nacional Beatriz Ávila presentó un proyecto de ley para disponer que, una vez al año, se lleve a cabo una “Jornada de Reflexión contra la Violencia Juvenil”, con el objetivo de que todo establecimiento educativo, asociación civil deportiva y clubes deportivos promueva actividades de reflexión “a fin de generar en los Jóvenes el rechazo a la violencia, fomente conductas pacíficas, relaciones armoniosas y propicie actitudes claras para actuar contra ella”.

Asimismo, encarga que el Ministerio de Educación y al Ministerio de Turismo y Deportes deberán establecer una campaña de concientización y emplazamiento Social del programa de reflexión.

En los fundamentos del proyecto, se advierte que “la violencia juvenil, en determinados grupos, no es un hecho aislado sino de gran frecuencia en algunos centros bailables, recitales y/o lugares de esparcimiento que nuclea en forma masiva a jóvenes en actividades de diversión diurna y nocturna”; y que lejos de decaer este tipo de hechos repudiables de violencia juvenil “se traducen en un fenómeno en crecimiento, algo que todo padre teme que pudiera acontecer a sus hijos pues la violencia acecha lugares de concurrencia masiva de los jóvenes”.

En otro pasaje, sostiene que “erradicar la violencia es tarea común de toda la comunidad, del Estado en todas sus dependencias, de la sociedad civil en general, y debe involucrar y comprometer a educadores, padres, dirigentes deportivos y comunicadores sociales, religiosos, asistentes sociales, periodistas y referentes juveniles”.

“Urge establecer política que involucre a todos los actores en erradicar esta violencia injustificable y destructora”, advierte finalmente el proyecto de la diputada Ávila.

La diputada nacional Beatriz Ávila presentó un proyecto de declaración solicitando que el PEN tome “ las medidas necesarias ” para que se constituyan puestos sanitarios en todos los puestos fronterizos, puerto y aeropuertos internacionales del país, con el propósito de controlar y prevenir la propagación del Coronavirus.

El proyecto advierte la “delicada situación sanitaria” que atraviesa actualmente el mundo a causa de la propagación del virus, y advierte la necesidad de implementar medidas de seguridad y prevención ante las declaraciones de la OMS de “alerta mundial”, y ante “las versiones oficiales sobre la inminente llegada del virus a nuestro país”.

Ante esto, solicitan que el Poder Ejecutivo implemente protocolos sanitarios “de rigor para tales circunstancias” y constituya puestos sanitarios en todos los puntos fronterizos del país.

En este sentido, sostiene que es preciso “a modo de resguardar y proteger a nuestra población” la realización de controles estrictos con el propósito de detectar tempranamente, y prevenir la propagación del virus, a fin de contribuir con “esta emergencia de salud pública de índole nacional e internacional”.

Asimismo, en los fundamentos del proyecto, se advierte que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dispuesto la “vigilancia mundial” de la infección de este nuevo virus, ordenando que se observen las tendencias de la enfermedad para “llevar a cabo evaluaciones de riesgo a nivel nacional, regional, y mundial, y la orientación de medidas de respuesta ante esta información”.

Finalmente, reitera que “es de suma urgencia ajustarse a estos planes y protocolos a fin de controlar la propagación de esta enfermedad protegiendo a todos nuestros habitantes”.  

Miembro del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que preside José Luis Ramón, la tucumana Beatriz Avila fue una de las que aportó al quórum y a la aprobación del proyecto sobre las jubilaciones de privilegio. Y al exponer en el recinto, consideró que “el principal desigualador social en materia salarial es el  mismo Estado. Por eso con esta ley estamos tratando de revertir poco a poco estas situaciones de privilegio que se venían dando”.

Avila llamó a terminar con las desigualdades en materia previsional en este contexto de emergencia, y reclamó a los magistrados pagar el impuesto a las Ganancias. Pero al culminar su discurso no pudo evitar lanzar un dardo hacia sus ex aliados de Cambiemos, al hacer suyas “las palabras de un exsenador nacional (SIC) que decía: ‘no estoy de acuerdo con regímenes diferenciales con claros privilegios en situación de emergencia como vive el país. Tenemos que ser conscientes de las situaciones que estamos pasando y estar a la altura de las circunstancias’. Esto lo dijo el exsenador Humberto Schiavoni, titular del Pro”. En realidad, Schiavoni sigue siendo senador nacional, y ya no preside el Pro. Una mezcla de ironía y tal vez ninguneo…

La diputada nacional tucumana Beatriz Ávila presentó un proyecto para crear un Fondo Federal Sojero con la finalidad de financiar, en provincias y municipios, obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura, con expresa prohibición de utilizar las sumas que lo compongan para el financiamiento de gastos corrientes.

La iniciativa busca que el fondo se financie con el 20% de las sumas que el Estado nacional perciba en concepto de derechos de exportación de toda mercadería alcanzada por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.

Asimismo, el proyecto prevé que las provincias que expresen su adhesión deban establecer un régimen de reparto automático que derive a sus municipios las sumas correspondientes, en proporción a lo que les destina de la coparticipación federal de impuestos.

En los fundamentos, el proyecto advierte que ante “la gran crisis que viene azotando al país en los últimos años”, hace falta que se tomen decisiones que “tengan como fin generar condiciones positivas para las provincias y municipios”. Sostiene que “la situación que evidencia la macroeconomía argentina, caracterizada por un agudo proceso recesivo y elevada inflación impide la adecuada provisión de obras y trabajos de infraestructura en los municipios destinados a cubrir las necesidades sociales”.

Asimismo, señala la importancia de “asegurar los servicios públicos indispensables y las obras públicas de infraestructura necesarias para el desarrollo de las poblaciones, y de esa manera promover y conservar las actividades productivas de las provincias y municipios”; al tiempo que destaca que estos fondos “no podrán emplearse para afrontar gastos corrientes de los Estados, y solo podrán destinarse para obras de infraestructura social”.

Acompañan el proyecto los diputados Antonio José Carambia, Felipe Álvarez, Luis Di Giacomo, Pablo Ansaloni, y José Luis Ramón, entre otros.