Karina Banfi presentó un proyecto de resolución sobre la decisión que tomó la flamante titular de ese organismo, Beatriz de Anchorena.
La diputada nacional Karina Banfi (UCR), acompañada por medio centenar de sus pares, presentó un pedido de informes sobre la suspensión de entrega de información por parte de la Agencia de Acceso a la Información Pública, situación que también provocó una denuncia penal por parte de la Fundación Apolo.
La radical, que había impugnado la designación de Beatriz de Anchorena, señaló que la primera medida que tomó la funcionaria al ser designada al frente del organismo fue "suspender y prorrogar por 20 días hábiles los plazos administrativos de la Agencia, entre el 10 de marzo y el 10 de abril de 2022". "La consecuencia de esta medida es una violación de la Ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública", advirtió.
En ese sentido, la legisladora de Juntos por el Cambio aseveró que "la medida de Anchorena implica la violación de un derecho humano fundamental que está consagrado en nuestra Constitución y por tratados internacionales. El acceso a la información es un componente clave para la libertad de pensamiento y expresión, fundamental para acceder a otros derechos sociales, económicos y culturales”.
En en proyecto de resolución, además de pedir informes, se denuncia también que la resolución del organismo solo se ingresó a la sección de normativas de la página de la Agencia y no fue publicada en el Boletín Oficial, violando así las obligaciones de publicidad y de transparencia activa de todas las disposiciones de gestión administrativa que de ella misma emanan.
“Los plazos de entrega de la información son una cuestión central de la Ley N°27.275 de Acceso a la Información Pública", señaló Banfi, impulsora de esa norma, y agregó: "La resolución que los suspende implica una violación directa de la normativa que no se puede tolerar porque lo que está en juego es un derecho humano".
"Además de presentar el proyecto, intimé mediante carta documento a Anchorena para que disuelva el acto administrativo. Esta medida evidencia la falta de idoneidad de la nueva titular”, completó la diputada.
El proyecto de resolución fue acompañado por Mario Negri, Graciela Ocaña, Marcela Campagnoli, Gerardo Millman, Mariana Stilman, Leonor Martínez Villada, Juan Manuel López, Pablo Torello, Pamela Verasay, María Sotolano, Virginia Cornejo, Gabriela Lena, Paula Olivetto, María Eugenia Vidal, Lidia Ascárate, Gustavo Hein, Mario Barletta, María Luján Rey Silvia Lospennato, Soher El Sukaria, Sofía Brambilla, Omar de Marchi, Federico Angelini, Rubén Manzi, Hector Stefani, Dolores Martínez, Alejandro Cacace, Marcela Colli, Roxana Reyes, María Soledad Carrizo, Jorge Rizzoti, Roberto Sánchez, Martín Arjol, Juan Martín, Hugo Romero, Gerardo Cipolini, Victoria Borrego, Carolina Castets, Ana Clara Romero, Manuel Aguirre, Camila Criscimbeni, Gustavo Santos, Ingrid Jetter, Carlos Zapata, Julio Cobos, Francisco Monti, Lisandro Nieri, Pedro Galimberti, Danya Tavela, Germana Figueroa Casa y Sabrina Ajmechet.
Así lo informó a través de un comunicado la Fundación Apolo, cuyo equipo legal realizó la denuncia contra la funcionaria por “suspender el derecho de acceso a la información pública”.
La Fundación Apolo dio a conocer a través de un comunicado que su equipo legal denunció este lunes a la flamante titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), Beatriz De Anchorena, por los “delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad”, a raíz de una “prórroga excepcional” que estableció apenas asumió el cargo.
En la presentación, que lleva la firma de los abogados José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio y Juan Pablo Pane, se imputa a la denunciada la “posible comisión de los delitos previstos en los arts. 248 y 249 del Código Penal, en razón de que De Anchorena dictó la resolución 2022-1-APN-AAIP por la cual estableció una prórroga excepcional de los plazos de los procedimientos administrativos en la Ley 27.275 de acceso a la información pública, cuyo vencimiento opere entre el 10 de marzo y el 10 de abril del 2022”.
Los denunciantes cuestionan que la flamante funcionaria “haya suspendido plazos creados por ley, mediante una mera resolución administrativa”, lo cual a criterio de los abogados de la Fundación Apolo “constituye un verdadero disparate”.
En el escrito de la denuncia, además, se sostiene que: “El artículo 1° de la Ley 27.275 establece para la materia que nos ocupa, entre otros, el principio de máxima premura: la información debe ser publicada con la máxima celeridad y en tiempos compatibles con la preservación de su valor”.
“¿Qué utilidad tendría para un ciudadano recibir la información pública solicitada si, a causa de una ilegítima prórroga, prescriben los plazos para accionar contra ilícitos administrativos o penales de funcionarios públicos? ¿Qué utilidad tendría la información obtenida luego de una prórroga ilegítima, si se vuelve inútil por desactualizada, la información obtenida por un ciudadano, ya sea para controlar al poder o para tomar decisiones sobre su propia vida?”, preguntaron los denunciantes.
La Fundación Apolo, a través del responsable de su equipo legal Magioncalda, ya había cuestionado a De Anchorena en la audiencia pública previa a su designación, al considerar que carecía de idoneidad profesional y moral.
La causa, que lleva el número 873/2022 quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello.
