Fue en el marco del análisis de los pliegos de postulantes para el Poder Judicial, donde una senadora consultó a un especialista en Derecho del Trabajo sobre los años computados a las mujeres por maternidad para la jubilación.
Muy participativa durante la reunión de la Comisión de Acuerdos del Senado, la senadora tucumana Beatriz Mirkin le preguntó este martes a Enrique Catán, propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo sobre “la jubilación por maternidad”, en referencia al Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Servicio por Tareas de Cuidado”.
El magistrado lo consideró “un gran avance en materia de visibilización de ciertos trabajos que la sociedad ha transmitido a las mujeres y que no se suelen tener en cuenta. Se refirió a esas tareas habitualmente asignadas a las mujeres como el “doble turno”, y en ese sentido señaló también como “un gran avance” que comparó con otros como el nuevo Estatuto del Trabajo en casas particulares.
De paso, se tomó el atrevimiento de hacer sugerencias a los legisladores. “Quizá haya que reflexionar sobre la Ley de Contrato de Trabajo, que fue muy de avanzada en los 70, pero en algunos puntos reproduce paradigmas patriarcales que pueden complicar la inserción plena de las mujeres en el ámbito del mercado del trabajo. Por ejemplo la licencia por maternidad de tres meses para las madres, cuando la de paternidad son dos días, lo cual dificulta el cambio cultural que los varones puedan compartir el cuidado”, señaló.
Y agregó que la norma establece para las mujeres el “descanso de dos horas al mediodía”. Ese descanso, puntualizó, “es para hacer la comida. Entonces no es un descanso. Ese tipo de disposiciones que aún están vigentes quizás merezcan, disculpen el atrevimiento, una revisión con los paradigmas más actuales”.
La presidenta de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti, le aclaró que en la Comisión de Trabajo del Senado “tenemos un dictamen respecto de licencias que tiene la perspectiva de lo que usted está diciendo. Así que nos alegra que estemos en la misma sintonía”.
Fue por el comportamiento del Gobierno en relación a la situación en Cuba. Los senadores de JxC cuestionaron la política “zigzagueante” de esta administración. La dura réplica de una oficialista.
La situación en Cuba estuvo muy presente en la sesión de este jueves en el Senado, donde la oposición reclamó una y otra vez la presencia del canciller Felipe Solá para analizar la reacción de nuestro Gobierno respecto de la crisis en la isla.
La primera en sacar el tema fue la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro – CABA), quien presentó una cuestión de privilegio contra Solá, advirtiendo que “no se puede comprender el silencio que está manifestando el canciller respecto de la situación social del pueblo cubano”. Reclamó una actitud distinta de parte de nuestro país con el “pueblo cubano”, enfatizando que “los que somos hermanos somos los pueblos, no los gobiernos”.
“Vemos que el mundo entero está manifestando su preocupación frente a que hay cubanos manifestándose en la calle, sea el reclamo que sea el que estén pidiendo, no es que hay reclamos y derechos que manifestamos que estén bien que se hagan cuando son los que nos interesan a nosotros. El derecho humano a reclamar es un derecho que se defiende siempre, aun cuando no estemos de acuerdo con el planteo”, remarcó la senadora porteña.
En otro pasaje recordó que en ese mismo Congreso, el presidente Alberto Fernández les dijo a los legisladores que “si en algunas de las cuestiones que él se había comprometido en su campaña se estaba equivocando, le pidió al pueblo argentino que salga a manifestarse y se lo recuerde”. En ese sentido destacó que “el mundo entero está mirando como nosotros como país, con nuestra historia, guardamos silencio frente a la violación del derecho humano básico de manifestarse. Vemos cómo se llevan a cubanos que no se saben dónde están. Vemos a periodistas que están detenidos por haber informado”, y lamentó que “por cuestiones políticas nos estemos callando ante la violación de derechos humanos de un pueblo. Porque lo hacemos en algunos casos sí y en algunos casos no”.
Tagliaferri concluyó advirtiendo que “pareciera que para el Gobierno nacional lo que son hermanos no son los pueblos, sino los gobiernos políticos afines. Y lamento que en Argentina, con nuestra historia sobre esta opinión, estemos callándonos viendo en la televisión como hay personas que están siendo detenidas y nadie sabe dónde están”.
En el mismo sentido fue que el radical fueguino Pablo Daniel Blanco pidió una moción de preferencia solicitando la comparencia del canciller en el Senado. “Que venga a explicar la política internacional en razón de que vemos con mucha preocupación el tratamiento, o no tratamiento, que se le está dando a la situación que está viviendo el pueblo de Cuba”. Ante ese reclamo, destacó el senador de JxC, el Gobierno de Miguel Díaz-Canel “lo único que hizo fue reprimir”.
Luego señaló que en el transcurso del último año “nuestro Gobierno ha tenido una política muy zigzagueante en política de derechos humanos, advirtiendo que “un criterio tiene cuando algo sucede en Chile, o Colombia, y una actitud completamente distinta cuando pasa en Venezuela, Nicaragua, o ahora Cuba”.
Blanco se manifestó preocupado porque “nuestro presidente de la Nación diga que no tiene información suficiente sobre el tema, pero que el bloqueo se tiene que terminar. Y yo me pregunto cuál es la función que cumple el canciller que no le explica al presidente lo que está sucediendo en Cuba”.
Más adelante, el senador fueguino agregó: “No escucho a las Madres de Plaza de Mayo, al Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel, no escucho al CELS, manifestarse sobre esta violación a los derechos humanos”.
“Vergüenza ajena”
Desde el oficialismo, la senadora tucumana Beatriz Mirkin ironizó respecto de los senadores de Juntos por el Cambio diciendo que “no se equivocan nunca”. A su juicio, ellos “siempre van por la equivocada, siempre plantean lo que no hay que plantear”.
“Hace 40 años que no los escucho decir que Cuba vive un bloqueo y que ese bloqueo los está destruyendo”, dijo. Y agregó: “No les permite comer, no les permite vivir, y a pesar de eso Cuba vive. Y entonces, cuando los escucho tan desesperadamente luchar por los derechos humanos, la verdad que yo siento vergüenza ajena”.
Ya durante el tratamiento de los pliegos de Marcela Losardo y Guillermo Nielsen, habló Julio Cobos en su condición de vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, para insistir con el pedido de una visita de Felipe Solá. “Me parece que es imprescindible la presencia del canciller, porque hay muchas cosas que nos gustaría escuchar de su propia persona: qué es lo que está pasando en el Mercosur; que está pasando con el tratado Mercosur – Unión Europea; qué pasa con la política argentina que tiene la visión de los derechos humanos en el caso de Venezuela, Nicaragua y ahora Cuba. Son muchos temas, por eso me parece que es oportuno, si tiene que defender la política exterior del Gobierno, es la oportunidad: esta es la casa de las leyes”.
Al comienzo de la sesión de este jueves, el pleno de la Cámara alta dio aval a las licencias del radical Juan Carlos Marino y la oficialista Beatriz Mirkin.
En el arranque de la sesión especial de este jueves en la Cámara alta, presidida por la presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, el pleno aprobó las licencias de dos senadores.
Una es la del radical pampeano Juan Carlos Marino, que pidió licencia del 16 al 30 de mayo inclusive. Por su parte, la oficialista tucumana Beatriz Mirkin solicitó licencia del 20 de mayo al 5 de junio inclusive.
El proyecto fue votado por unanimidad en la Cámara alta. Es en conmemoración al cierre de los ingenios azucareros en 1966, bajo la dictadura de Onganía.
La Cámara alta convirtió en ley, por unanimidad (60 votos positivos), el proyecto que instaura el 22 de agosto como el “Día Nacional del Desagravio al Pueblo Tucumano” por el cierre masivo de ingenios azucareros pergeñado por la dictadura militar de 1966, en eterno recuerdo al cierre de los ingenios azucareros llevado a cabo por el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía.
A través de la norma, se faculta al Poder Ejecutivo Nacional para disponer, en los distintos ámbitos de su competencia, la implementación de actividades específicas que difundan y mantengan la memoria colectiva en relación al hecho.
La presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, Cristina López Valverde (FdT), recordó que a los tres meses del golpe de Estado de Onganía, “a través de un decreto, el 16.926, manda a cerrar los ingenios azucareros: más o menos, de 27, 16 fueron cerrados; y esto, como es de esperar, trajo muchísimos problemas de desocupación y migración”.
A su turno, la tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR) expresó: “Como senadora por Tucumán es para mí un enorme orgullo que se esté tratando este proyecto”. Y reveló que la iniciativa tuvo origen en “la Federación Económica de Tucumán, la cual hace casi un poco más de un año nos convocó a todos los diputados y senadores por Tucumán, y nos instó a que presentáramos este proyecto para que se recordara, siempre, el drama que vivió mi provincia; se visibilizara; y se logre mostrar la importancia que tiene, en nuestra provincia, la industria madre, la industria azucarera”.
La radical recordó que el 9 de julio de 1966, en el marco de los 150 años de la Independencia, “en mi provincia hubo enormes festejos y este señor, con discursos rimbombantes, nos decía a los tucumanos que iba a modernizar el Estado. Nos decía a los tucumanos que iba a reconvertir a la industria madre. Y allá, en medio de tantos fuegos artificiales, el pueblo no imaginaba lo que iba a pasar pocos días después”.
“Así es como el 22 de agosto se cerraron 11 ingenios en Tucumán con este pretexto: el pretexto de la modernización, el pretexto de la reconversión, señora presidenta; el pretexto de que no eran lo suficientemente rentables. Eso implicó 44.000 tucumanos sin trabajo; 200.000 personas se fueron de mi provincia”, agregó.
Luego, la otra senadora por Tucumán, Beatriz Mirkin (FdT), mencionó que el cierre de los ingenios fue “para favorecer a la familia Blaquier, de Jujuy, que tiene hoy el Ingenio Ledesma y que produce lo que produce toda la industria azucarera de la provincia de Tucumán. Eso significó que haya más azúcar de la indispensable para poder comprar en la Argentina y vender en el mercado externo. Eso significó la baja del precio del azúcar y eso significó el sufrimiento del pueblo tucumano”.
Al rememorar la lucha del pueblo tucumano, la oficialista relacionó la situación con la realidad actual vinculada a los biocombustibles. “El pueblo tucumano viene peleando desde el inicio de su historia tener el reconocimiento y la posibilidad de existir. Y tiene ahora, en los biocombustibles, la posibilidad de avanzar no solamente en la utilización de la caña de azúcar para hacer azúcar, sino de utilizar el bagazo, también, para tener energía; y utilizar la caña para hacer etanol permitiría también un mejoramiento del mercado de los biocombustibles y un mejoramiento de lo que implican las energías renovables y limpias”.
La comisión se reunió este lunes de manera virtual y renovó autoridades a pesar de no contar con la presencia de las legisladoras de Juntos por el Cambio.
En una reunión marcada por la ausencia de representantes de la oposición, se reunió este lunes la Comisión Bicameral Permanente Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que eligió a la diputada del oficialismo Paola Vessvesian (FdT-Santa Cruz) como presidenta.
El resto de los cargos de esa comisión se resolverán en una nueva reunión en la que participen también los representantes de la oposición.
La senadora Beatriz Mirkin (FdT-Tucumán) condujo la reunión, que inició poniendo énfasis en la ausencia de las representantes de la oposición. “Yo no elijo la fecha en que tengo la posibilidad de tener Zoom, sino que esta fecha me la da la Secretaría de Comisiones; la posibilidad de tener horario es muy difícil conseguir”, explicó para justificar por qué no había movido el día del encuentro a pesar del pedido de las diputadas de Juntos por el Cambio Carla Carrizo y Carmen Polledo.
En el mismo sentido, expresó en relación a las senadoras Guadalupe Tagliaferri y Pamela Verasay que “cuando les planteé si iban a participar las dos senadoras ellas me dijeron que no, que no tienen actividad pero atendiendo a que no van a participar las diputadas, ellas no van a participar de la reunión”. La tucumana propuso entonces seguir adelante con la reunión: “Tenemos quórum, somos la mitad más uno, somos seis”.
La diputada Claudia Bernazza (FdT-Buenos Aires) también se quejó de la ausencia de la oposición. “Muchísimas veces las reuniones se superponen, no es una novedad, y todos los legisladores y legisladoras estamos acostumbrados a generar acuerdos”, por lo que “la simultaneidad de comisiones no es obstáculo para el funcionamiento”, sostuvo.
La ausencia de Juntos por el Cambio se mantuvo en el foco de atención. Mirkin aprovechó para reclamar que “ellas viven actuando muy enojosamente, muy políticamente, actuaron dándole indicaciones a la defensora respecto de cómo tenía que hacer respecto del tema de Formosa. Una situación muy difícil en la cual dieron por hecho que las mamás habían sido separadas de sus hijos y que era un problema de carácter internacional, cosa que les reclamé porque pasaron por encima de la comisión”. “Quieren institucionalizar en la bicameral también una forma de acción política contra los derechos de la niñez”, acusó.
María Eugenia Duré (FdT-Tierra del Fuego) también fustigó a las ausentes: “Me parece que este compromiso que tenemos nosotras como diputadas y senadoras con nuestros niños, niñas y adolescentes hoy no lo estarían teniendo las diputadas de la oposición, o de Cambiemos”.
La senadora fueguina además opinó sobre la presencialidad en los colegios al argumentar que los niños y adolescentes “son los que trabajan naturalmente y tienen incorporado naturalmente el tema de la virtualidad. Somos nosotras quizás las que tuvimos que adaptarnos un poquito más”.
A continuación, Paola Vessvessian también reprendió a la oposición: “Con lo que está pasando a mí me parece que hay un tema de oportunidad y conveniencia. La política de los niños es una política pública, la salud es una pública y cuando una política pública la queremos hacer política partidaria nos pasa lo que nos está pasando y realmente en vez de fortalecer los derechos de los niños los estamos vulnerando doblemente, por lo cual me parece, lo quiero dejar expresado, no adecuado y me parece que no hace a una coherencia política no estar presente hoy en esta bicameral”.
A continuación, Bernazza propuso a la nueva presidenta. Auspició que la bicameral “necesita alguien que conozca del tema de la niñez y la adolescencia, pero también hay que conocer el marco jurídico, la historia de la legislación, su origen, su génesis, su aplicación”, a lo que agregó que “quién mejor para esto que mi compañera la diputada nacional Paola Vessvessian“. “Con la presidencia de Paola no gana el Frente de Todos, ganamos todos y todas”, concluyó la legisladora bonaerense. Las demás presentes apoyaron la propuesta.
La diputada elegida para presidir la bicameral se mostró sorprendida por la nominación que había hecho su compañera Bernazza, pero aceptó de buen grado. Habló de “construir códigos comunes, que son los que nos van a identificar”. Dijo creer en “las respuestas comunitarias, en las universitarias, los sindicatos”, y señaló en ese sentido que “esta bicameral tiene que escuchar no solo la voz de la defensora Marisa Graham, sino también las de las distintas voces de la comunidad”.
La reunión concluyó con la presidenta saliente, Beatriz Mirkin, proponiendo a instancias de la catamarqueña Inés Blas emitir una declaración sobre la salud de los niños, niñas y adolescentes en este contexto de pandemia.
A propósito del homicidio de Ursula Bahillo, la senadora tucumana reclamó el tratamiento de una iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado.
Sigue dando que hablar el femicidio de Ursula Bahillo, la joven de 19 años apuñalada por su expareja. Sobre el tema se pronunció este miércoles la senadora nacional Beatriz Mirkin (Frente de Todos – Tucumán), quien reclamó a la Cámara de Diputados tratar un proyecto de su autoría que cuenta con media sanción del Senado.
El mismo consiste en que se le pongan tobilleras electrónicas a los agresores a los que ya se les ha dictado prohibición de acercarse a las mujeres. “Las tobilleras permiten a la policía detectar si el agresor no cumple y se acerca”, explicó la senadora tucumana. Y agregó: “No podemos permitir que las mujeres sean las que están privadas de libertad de circular por miedo. El feminicidio es la forma extrema de la violencia contra las mujeres y las leyes deben cumplirse para protegerlas”.
Por Beatriz Mirkin. La senadora tucumana del oficialismo considera que es urgente el tratamiento de la prórroga del régimen de biocombustibles por parte de la Cámara baja.
El desarrollo de una política de fomento de los biocombustibles es clave para sostener las economías regionales del país. Por eso desde el Senado de la nación impulsé junto a la senadora María de los Ángeles Sacnun la prórroga de la Ley 26.093 hasta el 2024. Es un compromiso con mi provincia y su esfuerzo por crecer. El bioetanol es una fuente de recursos de energía, que también impacta en la salud, y desde ya en la economía, en el camino a un desarrollo socio-territorial más equilibrado en la Argentina.
Según los datos disponibles la producción de alcohol de la molienda 2020 ronda los 540.000 m3, un volumen muy importante, a pesar de la caída de la demanda de combustibles por la pandemia y el congelamiento de su precio. Sin embargo, la industria logró superar las primeras estimaciones de producción para atender las demandas tanto del deshidratado para la mezcla con naftas, como del hidratado.
El aporte más significativo del bioetanol de caña de azúcar es el sostenimiento de aproximadamente 60.500 empleos directos y 156.000 indirectos en el NOA, lo que constituye a ese sector en el principal empleador privado de la región. La segunda contribución es la diversificación productiva de la caña de azúcar.
Uno de los aspectos centrales de la posibilidad de desarrollo del bioetanol como alternativa y complemento con otros combustibles es la fijación de un precio que permita a la industria azucarera participar de manera sostenible.
La aprobación de la prórroga de la ley de biocombustibles por unanimidad en el Senado de la Nación, un hecho destacable, demuestra el consenso político de las provincias argentinas respecto de esa norma. En una de las últimas sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados, el proyecto logró la mayoría especial de 2/3 para ser tratada sobre tablas, otro hecho demostrativo de la amplia mayoría de adhesión a la prórroga; sin embargo, no llegó a tratarse. Y es urgente que eso ocurra.
Desde la sanción de esta ley que crea el mercado de biocombustibles, se han concretado inversiones estimadas en U$S 3000 millones, traducidas en 54 plantas industriales, en 10 provincias, que agregaron valor a la materia prima donde se produce, en zonas de baja o media industrialización.
Los argentinos y argentinas aprovechamos una oportunidad, inclusive antes que muchos otros países del mundo. Es esperable que las políticas virtuosas sean sostenidas y profundizadas. Y el compromiso de los/as legisladores/as a nivel nacional es impulsar que ello ocurra.
La promoción de los biocombustibles es beneficiosa para el país: aporta a las economías regionales, complementa otras formas de energía y contribuye con el ambiente. No hay razones para no prorrogar la ley.
Los biocombustibles sustituyen la importación de naftas, cuidando las reservas de divisas del Estado nacional. Solo en el año 2019 el bioetanol ha sustituido importaciones de naftas por U$S 521 millones y el biodiesel ha realizado exportaciones por U$S 900 millones, es decir, un total de U$S 1421 millones.
A pesar de ello, en 2019 fue necesario importar 520.000 m3 de naftas para satisfacer la demanda, lo que podría evitarse con la capacidad industrial instalada para producir el bioetanol que la sustituya.
Incluso si se analiza que la tendencia mundial es la imposición de restricciones a los combustibles fósiles. Según expertos, el Reino Unido anunció la prohibición de uso de gasolina en el 2030 y California, en 2035; recientemente Dinamarca puso fin a las exploraciones de petróleo y gas. También es tiempo de uso creciente de los biocombustibles en países como Brasil, que desde hace tiempo promueve un corte de 27 % de bioetanol en nafta, Estados Unidos e India (que anunció alcanzar el corte del 10% de etanol en nafta en 2022 y del 20% en 2030); y nuestro vecino Paraguay, que ya lo ubicó en un 25%.
Además de lo dicho hasta ahora Argentina se comprometió a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y los biocombustibles ayudan a ello. En 2005 en Kioto y luego el Acuerdo de París, ratificado por la ONU (2016), se dictaron leyes nacionales, Ley N° 27.270 (2016, por Acuerdo de París) y Ley N° 27.520 (2019, Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático), en este empeño, los biocombustibles son la vía más eficaz, ya que reducen entre el 70% y 80% los GEI de los fósiles.
El cuidado ambiental es una cuestión central, directamente relacionada con el cuidado de la salud de la población, y es precisamente la razón que está detrás de las medidas que en materia de combustibles vehiculares vienen adoptando muchos países del mundo.
Por ello sostengo que no hay razones para demorar la prórroga de la ley. Economía, cuidado del ambiente, salud y respuesta energética son argumentos de peso.
La legisladora del Frente de Todos reveló a través de Twitter que recibió el diagnóstico este viernes. Aseguró encontrarse “bien” y aislada en su casa.
La senadora nacional Beatriz Mirkin, del Frente de Todos, reveló este viernes en su cuenta de Twitter que recibió el resultado positivo del test de Covid-19, convirtiéndose así en la quinta integrante de la Cámara alta en contraer el virus.
“Quiero contarles que recibí el resultado positivo de COVID-19. Me encuentro bien, seguiré las recomendaciones médicas recibidas y el aislamiento en casa”, escribió la tucumana del bloque Frente de Todos.
Junto a una foto de su participación por vía remota en la sesión de este jueves, durante la que se debatió el Presupuesto 2021, la legisladora envió un mensaje a la población: “A todas y todos sigan cuidándose”.
Mirkin es la quinta senadora contagiada de coronavirus. Con anterioridad se dieron los casos de Humberto Schiavoni (Pro), Silvia Elías de Pérez (UCR) -también de Tucumán-, Pablo Blanco (UCR) y Nancy González (FdT).
Las ONG que integran el colectivo Infancia en Deuda enviaron una nota a la bicameral presidida por Beatriz Mirkin, en alarma por la reciente renuncia del defensor adjunto, que denunció “sesgos partidarios y discrecionales”.
Organizaciones de la sociedad civil nucleadas en el colectivo Infancia en Deuda enviaron una nota a la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, presidida por Beatriz Mirkin (Frente de Todos), para advertir sobre la “gravísima situación” en la que se encuentra el organismo tras la renuncia del defensor adjunto Fabián Repetto.
La misiva fue firmada por ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), Aldeas Infantiles SOS Argentina, Che Pibe, CIPPEC, Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género), FEIM (Fundación para el Estuido e Investigación de la Mujer), Haciendo Camino, Fundación Kaleidos y Fundación Sur Argentina.
Además de la nota a la bicameral, las organizaciones enviaron otra dirigida a la propia Defensoría, encabezada por Marisa Graham desde febrero de este año, luego de más de 14 años de vacancia en el cargo.
En ambos casos, solicitaron que “se tomen todas las medidas para fortalecer la institucionalidad del organismo, garantizar una mayor transparencia y asegurar su correcto funcionamiento en el control y exigencia de las políticas públicas que cumplan con los derechos de niñas, niños y adolescentes”.
El reclamo se originó debido a la reciente renuncia de Repetto, quien denunció que en la breve gestión de Graham la Defensoría adquirió “fuertes sesgos hacia un uso partidario y discrecional”.
“La gravedad de las razones que fundamentan la renuncia del defensor adjunto darían cuenta de que el recorrido de los primeros meses de la institución habría sido contrario al proceso que le dio origen y que podría haber obstaculizado la capacidad de control de la Defensoría”, advirtió el colectivo Infancia en Deuda.
Y agregó que “ello implicaría el peor de los escenarios posibles, es decir, una Defensoría formalmente en funciones, pero virtualmente incapaz de cumplir su mandato legal en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.
Por eso, las organizaciones exigieron que la Defensoría cumpla con los estándares de autonomía e independencia; que se realicen concursos públicos transparentes para la designación de funcionarios; que se transparenten todas las acciones llevadas adelante; y que la bicameral intensifique su rol de control.
“A tan solo ocho meses de su puesta en funcionamiento, la Defensoría enfrenta una crisis institucional que exige la priorización en el cumplimiento de las obligaciones referidas con urgencia”, concluyeron en la nota enviada a la comisión.
La iniciativa comenzó a ser discutida en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. Consultarán a la ANSES antes de emitir dictamen.
Comenzó a discutirse este martes en el Senado un proyecto de Beatriz Mirkin (Frente de Todos) para que las mujeres tengan prioridad en el cobro de asignaciones familiares.
La iniciativa se debatió en una reunión virtual de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, presidida por el oficialista Daniel Lovera, donde se decidió consultar a la ANSES antes de emitir dictamen.
El proyecto de Mirkin modifica la Ley 24.714 de Régimen de Asignaciones Familiares, agregando el artículo 20 bis para que las mujeres sean quienes cobren prioritariamente la asignación.
“El artículo hoy le da el derecho a recibir la asignación a quien realiza el trabajo en relación de dependencia, y las mujeres que tienen los hijos tienen que ir a juicio para poder ser las que cobran”, argumentó la tucumana.
Sin embargo, desde el propio oficialismo Mario Pais planteó objeciones: si bien coincidió en el espíritu de la iniciativa, dijo que corre el riesgo de tener “dificultades importantes en cuanto a su implementación” y propuso consultar a la ANSES.
Pais explicó que el régimen se asignaciones familiares es “un subsistema contributivo de la seguridad social” y comentó que pueden darse “múltiples situaciones”, como por ejemplo que la tenencia de los hijos esté a cargo del padre.
El senador consideró que el actual artículo 20 de la ley podría modificarse sin mayor problema para que, en caso de que los dos progenitores trabajen, sea la mujer la titular del cobro.
Para el caso de que solo trabaje el hombre, “se podrá establecer que lo percibirá la mujer si tiene la responsabilidad parental”, pero antes de avanzar en esa modificación “sustancial” Pais pidió tener la opinión de la ANSES.
Mirkin aceptó la sugerencia pero pidió firmar el dictamen en cuanto haya acuerdo. “Las encuestas dicen que son los varones los que se piran solos y las mujeres quedan con los hijos”, dijo.
Legisladoras nacionales debatieron sobre el trabajo presentado por la diputada Paola Vessvessian. Se acordó además solicitar un informe a la defensora Graham y organizar una agenda de trabajo incluyendo actividades relacionadas al aniversario de la Ley de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Durante una reunión remota de la Comisión Bicameral Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes presidida por la senadora por Tucumán Beatriz Mirkin (FdT), la diputada por Santa Cruz Paola Vessvessian (FdT) presentó un informe de estado de situación de la Defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para análisis de la Bicameral.
En el mismo consideró que “la estructura para nosotros está en condición de ser aprobada” y que “las acciones del plan de trabajo están orientadas a la consolidación, tanto institucional para el cumplimiento de las funciones, como también así busca generar acciones de mirada más federal, más territorial y se cumple con las funciones específicas”. No obstante, instó a “profundizar más sobre el plan de trabajo con metas e indicadores concretos para que también nosotros podamos hacer un seguimiento de este plan y buscarle una armonización más objetiva”.
“Vemos que hay una ausencia de los procedimientos estandarizados de relacionamiento entre la Comisión Bicameral y la Defensora de los Derechos del Niño”, prosiguió para luego destacar que “si nosotros no podemos establecer un procedimiento estandarizado acerca de cómo va a ser esa vinculación nos va a ser muy difícil determinar todo el accionar de todo lo que es la Comisión Bicameral: que cosas está obligada la Defensora a comunicar a la Comisión Bicameral, analizar y ponernos de acuerdo en que cosas vamos a solicitar que se informe o no se informe a la Comisión Bicameral”.
Al referirse a la cuestión presupuestaria manifestó preocupación por “una contradicción que noto en el artículo 57 de la 26.061 y el artículo 6 del reglamento interno” y resumió que “no es función de la Comisión Bicameral, determinar previamente si una previsión presupuestaria es adecuada o no”. “De acuerdo a las variables que tomamos de análisis, para nosotros el presupuesto y la organización presupuestaria resulta adecuada de acuerdo a los objetivos y las metas que está poniéndose la Defensora en su ejercicio y en su rol”.
Durante su presentación, la diputada resumió que “la documentación que analizamos va más allá de la estructura” y que “nos basamos en dos criterios para poder analizar la idoneidad o no de esta estructura para el funcionamiento de la Defensora: el criterio de pertinencia de la Organización respecto a las funciones y los deberes de la institución, y además como es nueva hicimos alguna comparación con alguna otra defensoría preexistente para tenerlo como parámetro de análisis para determinar su correspondencia o no”. Seguido, destacó que “todo este análisis de la estructura para nosotros va en concordancia con lo que establece la 26.061 tanto en los artículos 48,47,55 y 56” y que “sus misiones y funciones están en concordancia con estos principios rectores y a su vez también todas las tareas funciones y coordinaciones que le delega a los defensores adjuntos”. “Me parece que es fundamental tres cosas que para nosotros son claves: define claramente el ordenamiento federal, se define cuáles son las tareas y se respeta todo lo que tiene que ver con las autonomías provinciales”, añadió.
En cuanto al plan de trabajo, recordó que el mismo “se vio reorganizado por este contexto del Covid-19: hizo una reorganización de cuál era su plan de trabajo y ahí determinamos dos conjuntos: un primer conjunto que tiene que ver con la información, los efectos concretos que generó la pandemia en niños, niñas y adolescentes y cómo se reorganizó el presupuesto de acuerdo a esta situación de emergencia; y un segundo conjunto tiene que ver con cuestiones más de efectivización de los derechos”.
“La sistematización de toda esta información en todo lo que hace al plan de trabajo y el accionar lo estipulamos en 5 ítems ordenadores: uno tiene que ver con la vulneración de derechos desde la mirada de la protección social, la otra tiene que ver con el aspecto de los funcionamientos de los sistemas de protección de derechos, el otro tiene que ver con el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, otro que hace a la violencia institucional y situaciones de indocumentación sobre todo el tema de inmigrantes o miembros de pueblos indígenas”, agregó.
Al concluir la reunión, la senadora nacional Beatriz Mirkin concluyó en “pedirle a la Defensora que haga un informe sobre la estructura y sobre la Resolución número 2” señalando que en “el tema del presupuesto por supuesto que hay una tensión”. “Aprobamos este trabajo que se ha hecho, quedaría en el debate el tema de cómo nos comunicamos con ellos y cómo se comunica con nosotros la Defensora, el tema de la comunicación para dejar establecida le pedimos a los asesores que se tomen la tarea”, continuó.
Por último, se planteó un cronograma de actividades de la Bicameral y, en ese sentido, informó que “yo hablé con Gabriel Lerner, a mí me parecía que había que hacer una actividad con él y con quien ustedes quisieran, una especie de mesa de debate sobre los 15 años de la ley”.
La bicameral que controla al organismo resolvió sistematizar toda la información y volver a reunirse en dos semanas. Se planteó una extensa agenda de temas, vinculados a post pandemia.
La bicameral que controla el desempeño de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes acordó este martes avanzar con la aprobación de la estructura orgánica, funcional y administrativa del organismo, dentro de un plazo de dos semanas, tiempo que se tomará para sistematizar la información.
La comisión, presidida por la senadora tucumana Beatriz Mirkin (FdT), resolvió que tras ese paso se avanzará con una agenda de trabajo, que incluye numerosos temas que tienen que ver con la realidad de las infancias en el contexto de post pandemia.
“Nos hemos contactado con distintas instancias provinciales y les hemos solicitado información para actualizar un mapa regionalizado de las demandas que requieren la atención de niños, niñas y adolescentes”, señaló Mirkin al comenzar el encuentro.
Entre los “grandes ejes de trabajo” que propuso, la titular de la bicameral mencionó “el derecho a ser oído; el derecho a la salud integral y respetuosa; el derecho a integrar una familia; el derecho a la identidad; y el derecho a la comunicación, la conectividad y la tecnología”.
Por la oposición, la radical Carla Carrizo recordó que las diputadas “no podemos tomar decisiones porque estamos sin protocolo (de trabajo remoto)”, pero “sí podemos hacer reuniones informativas”. Asimismo, pidió que se conforme el grupo de asesores, quienes procesen la información que envía la Defensoría, y así “ir haciendo un diagnóstico de los primeros puntos más importantes que tenemos que saldar”.
“Más allá del protocolo, el tema de la infancia no puede esperar”, enfatizó la diputada oficialista Paola Vessvessian, quien a pedido de Mirkin quedó como encargada de contrastar la información ya obtenida -con la presentación semanas atrás de la defensora Marisa Graham- con la información nueva que sea requerida al organismo, para así poder “tener metas y objetivos concretos para ir encauzando el trabajo de la comisión”, afirmó.
Quien planteó aprobar la estructura de la Defensoría fue la senadora macrista Guadalupe Tagliaferri, que advirtió se necesita “aprobar, darle institucionalidad y acompañar el proceso de creación de la Defensoría en misiones y funciones, estructura y presupuesto”, porque si no “difícilmente nosotras nos podamos dar en la bicameral una agenda de trabajo”.
En el mismo sentido, la senadora radical Pamela Verasay sostuvo que “si la agenda no abraza la agenda de la Defensoría me parece que no tendría sentido”, más allá de que “hay un abanico de temas que a todas nos preocupan”. “Es clave analizar la estructura de la Defensoría con el plan que va a ejecutar”, agregó.
Finalmente, Mirkin coincidió en evaluar “cómo está planteada su planificación y acciones, cuál es el presupuesto y en qué está pensando (la Defensoría), para que nosotros podamos aprobarlo” y “una vez que tengamos eso poder plantear el plan de acción” de la comisión.
Ante la Bicameral del Defensor de los Derechos de los Niños, la funcionaria expuso los detalles de una función signada por el estallido de la pandemia y la cuarentena. Abogó por una renta básica universal para los niños.
El 3 de marzo, apenas 3 días después de asumir al frente de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham y su equipo, se detectó el primer caso de coronavirus en nuestro país. Y ya el día 20 de marzo se inició la cuarentena estricta en todo el país, que impactó fuertemente en el trabajo de esa institución. Así lo consignó este viernes la defensora de los menores al exponer ante la Comisión Bicameral Permanente Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que preside la senadora Beatriz Mirkin.
Ante ellos, de manera virtual, Marisa Graham expuso por primera vez desde que está en funciones, admitiendo que “nuestra incipiente institución se ve atravesada por esta situación diría dramática en la Argentina y en el mundo”.
“A pesar de eso creo que hemos logrado resultados y entregamos a la presidencia (de la comisión) un anexo con las cosas que hicimos”, comentó Graham, quien a continuación detalló una serie de consensos alcanzados en lo que va de su gestión. Comenzando por el de “diseñar una institución del siglo XXI moderna, capaz de afrontar las distintas funciones, de asumir en un país de estructura federal; asumir lo nacional, pero coordinar, converger con los cinco defensores provinciales que nos preceden, y con la idea de potenciar a estos pares provinciales a nivel nacional”.
En ese sentido mencionó el objetivo de que “todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcancen a tener una institución como la nuestra: esa es la aspiración que tenemos para nuestros 5 años de mandato”. Un objetivo de que esa función sea “profundamente federal”. Por eso decidieron armar delegaciones en todas las provincias, con el fin de que cada una tenga su propia estructura de defensa, y para tal fin, dijo, “generamos un área federal que nos permita estar instalados y garantizar la presencia, virtual por ahora, en todo el territorio nacional”.
Marisa Graham se refirió luego a “un desafío muy importante” que recordó haber planteado en la primera audiencia pública a la que asistió. “Evitar la superposición con una estructura de protección de derechos de niños llamados Sistema de Protección Integral, que tiene un amplio desarrollo en nuestro país”, precisó. La defensora cree que “una de las cosas que no tenemos que hacer es superponernos y solaparnos, sino, por el contrario, apoyarnos y además rejerarquizarnos. Con el doctor Facundo Hernández, que lidera esta área de protección, pensamos mucho qué verbo utilizar: no era solamente fortalecerlo, sino también rejerarquizarlo”.
En efecto, enfatizó, “más que sustituirlo pretendemos rejerarquizrlo, aunque sabemos que tenemos un rol de control y exigibilidad. Pero preferimos anticiparnos y armar mesas de diálogo y colaborar frente a determinadas situaciones. Nos interesa la salud y la vida de los niños y sus familias, sobre todo en este momento”.
La funcionaria habló de la necesidad de generar políticas públicas que garanticen derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y empezando por un presupuesto asignado. “Cómo exigir que el presupuesto destinado al área y cuánto del PBI se invierte en niños, niñas y adolescentes”, señaló como objetivo, destacando la necesidad de “monitorear ese presupuesto, teniendo en cuenta que las dos terceras partes corresponden a las provincias. Nos hemos propuesto un seguimiento por su intangibilidad, que nos parece fundamental, porque sin presupuesto podemos hacer muchas cosas, pero no se puede estar a la altura de las circunstancias sin una institucionalidad más fortalecida que ha sido desfinanciada en los últimos años”.
El último desafío es, agregó, “construir una institución que asegure credibilidad, pluralismo, independencia, y que se constituya en autoridad en esa materia. Tenemos que diferenciarnos claramente de las funciones que tienen los estados, a nivel nacional y provincial”.
“Decimos en nuestro informe que esta institución no diseña ni aplica políticas públicas, no legisla y tampoco juzga”, aclaró la funcionaria, que precisó que “pretendemos incidir en cuáles son las políticas públicas, cuál es la manera de legislar de una manera respetuosa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y cuál es la manera de juzgar. Pero sobre todo estar muy atentos a cuáles son las prestaciones positivas que van a garantizar derechos de niños, niñas y adolescentes, que ya sabíamos que antes de la pandemia veníamos en una situación de crisis económica que antes impactaba en el sector”.
Graham precisó que la estructura de la Defensoría fue elaborada pensando en tres áreas fundamentales. Comenzando por Coordinación federal, respecto de la cual consideró “fundamental la presencia de la defensoría a nivel nacional; nuestra sede está en Ciudad de Buenos Aires, pero no queremos atender solo casos de la Ciudad y el conurbano; es prioridad para nosotros asumir lo federal y estar presentes fuertemente a nivel nacional”.
Otra área fundamental es la coordinación de las defensorías con las organizaciones sociales, y en ese sentido destacó la importancia de agrupar a esas organizaciones que se dedican a los derechos de niños, como universidades y sobre todo sindicatos -a los que consideró fundamentales-, como así también otras organizaciones cono por ejemplo Unicef.
Y la tercer área gravitante es “la de participación y protagonismo de los niños, niñas y adolescentes, que tienen como función promover y fomentar la escucha de los niños, para hacer también de polea de transmisión de aquellas cosas que los niños piensan y requieren reclamar de la escuela, de la salita, de organismos de protección de derechos”, señaló la defensora.
Sobre el final, Marisa Graham comentó que tenían planes de trabajo que habían sido diseñados mucho antes de que apareciera la pandemia. Ese primer plan incluía una cantidad de temas importantes que hacían a la agenda, entre los que figuraban pedir al Congreso una ley penal juvenil. “Apareció la pandemia y la cuarentena”, recordó la funcionaria, destacando el replanteo que generó eso, que los llevó a refocalizarse. Hay derechos afectados por la pandemia, reconoció, ante lo cual se plantea “el desafío de cómo salir de la pandemia. Cuando lo redactamos pensamos que hoy estaríamos ya en otra situación; lamentablemente seguimos en cuarentena, pero queremos salir con más derechos para encarar esta situación dramática”, teniendo en cuenta que “los niños van a ser los más afectados, hay estudios de Unicef y UCA que lo indican”.
En ese documento que armaron establecían cómo se iban a encarar las enfermedades que afectarían a los niños por la estacionalidad, como la bronquiolitis, y el tema del cumplimiento de las vacunas.
Contó también Graham que hicieron un documento que le presentaron al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que focaliza en el tema del abandono y deserción de adolescentes a la escuela secundaria, profundizada por las desigualdades en la conectividad, el tema de asegurar las vacantes en la etapa inicial, y el ingreso. “Creemos que hay que seguir a partir de la Asignación Universal por Hijo, que creemos que es una de las mejores políticas públicas, que debe seguir fortaleciéndose, ampliándose”, dijo.
Y agregó en ese sentido que “debemos encontrar a aquellos niños que no han sido ingresados a ese derecho, quitar las condicionalidades, o bien quitar las penalidades a esas condicionalidades, con la idea de marchar para instalar el debate en la Argentina de una renta básica universal para los niños. Esta idea de sacar a los niños que están debajo de la pobreza extrema y que haya un piso mínimo de renta para los niños, lo cual implica un nuevo acuerdo social y un compromiso fiscal y tributario, pero esto es a largo plazo; estos fondos no pueden movilizarse ahora”.
El proyecto de la senadora Beatriz Mirkin establece que el PEN garantizará el otorgamiento de 5GB mensuales para todas aquellas líneas de telefonía celular cuyo titular perciba la AUH.
La senadora nacional del FdT Beatriz Mirkin presentó un proyecto de inclusión y accesibilidad tecnológica mediante internet para beneficiarios de la AUH. Se trata de acceso de hasta 5GB (datos móviles) mensual, “derecho esencial en virtud de la pandemia por Covid 19”.
“Todo el mundo hace alusión en estos tiempos a la enorme desigualdad que ha quedado de manifiesto y ha empeorado con la pandemia teniendo en cuenta que el mundo de la educación y muchos otros aspectos de la vida diaria transcurren en el terreno de lo virtual”, sostiene Mirkin sobre la necesidad de que prospere su iniciativa.
Además, la legisladora tucumana sostuvo que “la exclusión social es un fenómeno multidimensional. La brecha que existe respecto al acceso a internet entre los diferentes segmentos de la población es previa a la pandemia del Covid 19. El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo, puso en evidencia que las tecnologías de la información y comunicación son esenciales para ejercer el derecho a la educación, a la salud, a la participación cultural, al esparcimiento, etc. El consumo de internet pasó del 65% al 80% de la población entre 2013 y 2017, la práctica cultural que más crece en el país”.
La iniciativa establece que Poder Ejecutivo garantizará el otorgamiento de 5GB (datos móviles) mensuales por parte de las empresas proveedoras del servicio de Telefonía Móvil para todas aquellas líneas de telefonía celular cuyo titular perciba la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH), con un máximo de hasta una línea por titular del servicio.
La riojana le exigió disculpas nuevamente a la tucumana por sus expresiones en la sesión del 11 de junio. La acusada se defendió.
Las senadoras Clara Vega (Interbloque Federal-La Rioja) y Beatriz Mirkin (Frente de Todos-Tucumán) volvieron a trenzarse en la sesión de este miércoles en el Senado, tras un cruce todavía no saldado que tuvo lugar hace dos semanas.
Vega presentó una cuestión de privilegio contra Mirkin por las “amenazas verbales” proferidas en la sesión del 11 de junio, donde la riojana se refirió al asesinato del tucumano Luis Espinoza.
“Tenía ganas de darle un golpe, de haber estado presente… tal vez le hubiera hecho como la diputada (Graciela) Camaño, le hubiera pegado un chirlo a la senadora Vega”, confesó Mirkin, cuando la aludida ya se había retirado de la sesión virtual.
Si bien Mirkin se disculpó por Twitter, Vega volvió a traer el tema a colación. “Me he sentido afectada por los dichos de esta senadora. Hablar de chirlos, de cachetadas, en una sesión, no me parece lo más acertado”, insistió.
La senadora del Interbloque Federal volvió a exigir la “retractación pública” de Mirkin, al advertir que “habló de la oposición en forma autoritaria y denigró la vida de una víctima de gatillo fácil”.
“Yo jamás me referiría a un colega de la forma en que lo hizo Mirkin”, aseveró, y agregó: “Cuestiona cuando yo hablo de Tucumán, pero no cuestiona cuando otros senadores que no tienen nada que ver con Santa Fe piden la expropiación de una empresa”.
Mirkin no se quedó callada y presentó su propia cuestión de privilegio contra Vega, tras lo cual recordó que ya había pedido disculpas por sus dichos.
“Yo planteé muy rápidamente por Twitter que había cometido un exabrupto, que había dicho algo que no merecía”, recordó, y agregó que también elevó una nota a Norma Durango, titular de la Banca de la Mujer, que no fue respondida.
“No tuve la intención de atacarla personalmente. Hice algo que no debía. Me sentí atacada por cuestiones relacionadas a mi provincia y reaccioné inadecuadamente”, le planteó Mirkin a Vega, también vía WhatsApp.
Pero Vega no contestó su pedido de disculpas, por lo que Mirkin se ofuscó ante la insistencia. “Ella es dueña de acusarme de ser miembro de una banda que asesina a un tucumano y yo me tengo que quedar callada”, se quejó.
La senadora tucumana se defendió luego que el salteño Juan Carlos Romero hablara de la “amenaza de violencia física” que “no tuvo una disculpa”.
Mientras se discutía en la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión sobre los dichos que el periodista “Baby” Etchecopar tuvo contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, el senador Juan Carlos Romero pidió no “tener doble estándar” en el Senado.
El salteño se refirió entonces a “la amenaza de violencia física de la senadora por Tucumán del oficialismo contra la senadora Clara Vega”, quien forma parte de su interbloque (Parlamentario Federal), y afirmó que “esa agresión no tuvo una disculpa”.
Integrante también de la comisión, y presente en la reunión virtual, la tucumana Beatriz Mirkin (FdT) se defendió: “Yo cometí un exabrupto al decirle a otra senadora que si estuviera presente le daría un chirlo, pero a la media hora que eso ocurrió, yo hice un tuit pidiendo disculpas por haber cometido ese exabrupto, dirigiéndome a la senadora Vega”.
Al recordar lo sucedido hace casi dos semanas atrás, durante una sesión virtual, Mirkin dijo que después de que los interbloques Juntos por el Cambio y Parlamentario Federal “hicieran llegar una nota a la presidenta de la Banca de la Mujer (Norma Durango)”, ella hizo “un nuevo descargo y pedido de excusas a la senadora Vega”.
“Una cosa es que me digan que no están de acuerdo con mis posiciones políticas, pero quiero dejar en claro que no le voy a aceptar a la senadora Vega ni a ninguna senadora, ni a ningún senador, que me involucren con el accionar delicuencial de la policía de mi provincia, que ha matado por la espalda a un ciudadano tucumano (en referencia al caso Luis Espinoza). Eso no, hasta ese límite no”, sostuvo.
Y, cambiando de tema, cargó contra la radical Silvia Elías de Pérez. “Así también como desde muchos años atrás se dice acá, en mi provincia, y lo dicen representantes por mi provincia, que no son de mi partido, que los peronistas somos delincuentes, ladrones, y eso no lo voy a aceptar. Como no lo acepté de la senadora Elías de Perez, que vive diciendo que somos delincuentes y ladrones. Y yo no me considero delincuente ni ladrona. Entonces quiero que vaya a la Justicia para demostrar que soy delincuente y ladrona”.
Retomando sobre el episodio con Vega, la senadora aseguró haber mandado otro descargo a la Presidencia de la Cámara alta. “Cuatro descargos hice al exabrupto que yo misma considere que había cometido. ¿Cuántos descargos más quiere la senadora Vega? Porque nunca vi que alguien se enoje en el Senado y no vaya a trabajar”, agregó, en referencia a la posición tomada por la legisladora riojana.
Aludida, Elías de Pérez, que también forma parte de la comisión, le respondió: “Cada vez que yo me he referido a algún hecho de corrupción de alguien que tenga que ver con el gobierno de mi provincia lo he hecho poniendo mi cara, mi firma y yendo a la Justicia a llevar las pruebas de lo que yo decía”.
“Si ella se da por aludida de las cosas que tienen que ver con lo demás, yo no tengo culpa de eso”, añadió y cuestionó la actitud de “meter a todos en la misma bolsa” o “tratar de involucrar cosas que no corresponden”.
Se trata de la riojana Clara Vega, quien fue criticada en la última sesión por su par Beatriz Mirkin, que dijo que hubiera querido “darle un golpe”.
El paso de los días lejos estuvo de calmar las pasiones. Quedó claro este jueves, al publicar la senadora riojana Clara Vega un mensaje en su cuenta de Twitter en el que anuncia que ya no participará de una sesión del cuerpo hasta que no haya una “rectificación pública”.
La referencia está dirigida a la senadora oficialista Beatriz Mirkin, quien en la sesión del 11 de julio pasado expresó en su discurso su fastidio con lo que había dicho antes Clara Vega respecto de un episodio registrado en Tucumán. En ese contexto la senadora tucumana señaló: “Yo la verdad que no puedo entender cómo los dejamos hablar (…) Siento que los dejamos hablar para evitar males mayores… me quedé tranquila porque me dijeron que no hablara, pero la verdad que tenía ganas de darle un golpe, de haber estado presente… tal vez le hubiera hecho como la diputada Camaño, le hubiera pegado un chirlo a la senadora Vega”.
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Si bien luego la senadora Mirkin se disculpó a través de Twitter (aunque no mucho), eso no calmó el enojo de Vega. En rigor, Mirkin tuiteó: “Me excuso públicamente por el exabrupto que tuve en la sesión de hoy referido a una senadora de La Rioja. Por más que resulten inaceptables sus mentiras y agravios no debí dejarme llevar x el enojo”.
La senadora Clara Vega comunicó este jueves que ha decidido no participar de las sesiones remotas del Senado “hasta que no se realice la rectificación pública correspondiente en el recinto, con motivo de los agravios que recibí por parte de la senadora Beatriz Mirkin en la sesión del 11/6”.
“Lamento profundamente llegar a esta instancia pero considero que, en una institución tan esencial para nuestra democracia como es el Senado de la Nación, no podemos permitir este tipo de manifestaciones violentas ni atropellos a los que piensan diferente”, agregó, para concluid diciendo que “la rectificación no es para mi persona, sino para la investidura que ocupamos y el Pueblo que representamos. Por eso le pido a todos mis pares que acompañen este pedido”.
Luego de que durante la sesión, Beatriz Mirkin hablara de sus ganas reprimidas de golpear a Clara Vega, la oposición salió a repudiarla. Las disculpas de la tucumana.
“A la descalificación del adversario y a la confrontación permanente, como sistema político, ahora se agrega la amenaza violenta en el ámbito de la Cámara de Senadores de la Nación”, expresó casi un tercio del Senado a través de un comunicado en referencia a una senadora del oficialismo.
En el mismo se refieren a lo que definieron como “la sorprendente y repudiable expresión de la senadora Beatriz Mirkin en desmedro de la senadora Clara Vega”, que para ellos habla con elocuencia de “un accionar político que esperemos se detenga y se aclare debidamente en resguardo de la integridad parlamentaria del cuerpo”.
Si bien los senadores que emitieron el comunicado ya se habían desconectado cuando el episodio sucedió, pudieron ver y escuchar a la senadora tucumana, que en un pasaje de su intervención dijo: “Siento que los dejamos hablar para evitar males mayores… me quedé tranquila porque me dijeron que no hablara, pero la verdad que tenía ganas de darle un golpe, de haber estado presente… tal vez le hubiera hecho como la diputada Camaño, le hubiera pegado un chirlo a la senadora Vega”.
“Nos sentimos violentados por el ataque a nuestra compañera de banca. Más grave aún es recordar que la discusión se enmarca en el grave y condenable asesinato de un ciudadano en la provincia de Tucumán”, señalaron los legisladores de la oposición.
De paso, cuestionan al oficialismo al señalar que esa sesión “se realizó en violación a los consensos parlamentarios establecidos y la decisión del oficialismo de desconocer a la oposición legislativa”.
Cabe consignar que la senadora Mirkin pidió disculpas a través de Twitter: “Me excuso públicamente por el exabrupto que tuve en la sesión de hoy referido a una senadora de La Rioja. Por más que resulten inaceptables sus mentiras y agravios no debí dejarme llevar x el enojo”.
Los senadores buscaron “desagraviar y solidarizarnos con la figura de la apreciada senadora riojana. Del mismo modo que descartamos el pronunciamiento público de la Banca de la Mujer y de la señora presidente del Senado que ha enarbolado la cuestión de género en su discurso político. Se ha vulnerado el Reglamento de la Cámara de Senadores y lo que es peor, se está instalando en nuestro país el atropello del sistema democrático y republicano en cuanto a la ley y sus instituciones. Una victoria electoral no legitima avasallar el orden constitucional”.
Suscribieron el comunicado los senadores Roberto Basualdo, Pablo Blanco, Pedro Braillard Poccard, Esteban Bullrich, Oscar Castillo, Julio Cobos, Eduardo Costa, Lucila Crexell, Alfredo De Angeli, Silvia Elías de Pérez, Mario Fiad, Silvia Giacoppo, Gladys González, Martín Lousteau, Juan Carlos Marino, Ernesto Martínez, Julio Martínez, Stella Maris Olalla, Luis Petcoff Naidenoff, Claudio Poggi, Carlos Reutemann, Laura Rodríguez Machado, Juan Carlos Romero, Humberto Schiavoni, Guadalupe Tagliaferri, María Belén Tapia, Pamela Verasay y Víctor Zimmermann.
La senadora tucumana confesó su fastidio con los dichos de la riojana Clara Vega, y se refirió al asesinato de Luis Espinoza.
Durante la tensa sesión del Senado, la tucumana Beatriz Mirkin hizo catarsis contra la bancada ausente de Juntos por el Cambio. “Yo la verdad que no puedo entender cómo los dejamos hablar”, señaló luego de una catarata de críticas dirigida hacia el Gobierno anterior. Pero a continuación, deslizó una confesión: “Siento que los dejamos hablar para evitar males mayores… me quedé tranquila porque me dijeron que no hablara, pero la verdad que tenía ganas de darle un golpe, de haber estado presente… tal vez le hubiera hecho como la diputada Camaño, le hubiera pegado un chirlo a la senadora (Clara) Vega”.
Mirkin se refería al recordado cachetazo que en su momento la diputada Graciela Camaño le dio al diputado Carlos Kunkel, y en este caso se refería a la riojana Clara Vega, que había hablado antes del asesinato de Luis Espinoza.
La legisladora del FdT continuó: “Y le digo porque realmente es una vergüenza lo que dice. Acá murió asesinado un tucumano de nombre Luis Espinoza. Asesinado por la policía, y está en investigación cómo se han dado los hechos. Yo he presentado en el Senado un pedido para pedir a los senadores que me acompañen en pedir al Poder Ejecutivo de Tucumán que investigue a fondo y que llegue a dilucidar por qué fue muerto Luis Espinoza. Luis Espinoza no fue a buscar plata para la pobre familia que tenía. Luis Espinoza fue a cobrar. Porque si la senadora Vega conociera Tucumán y conociera donde vivía Luis Espinoza, podría entender qué es lo que pasó: ahí ha habido carrera de caballos, cuadreras, donde corre mucha plata para la policía también. Así que no hay que ser tan abriboca…”.
En ese momento, Vega ya se había desconectado, por eso le contestó a través de Twitter: “La senadora Beatriz Mirkin hoy se refirió a mi persona con absoluta violencia justificando el accionar policial en el caso Espinoza. La forma siempre es la denuncia y la condena judicial, nunca el gatillo fácil. Repudio sus dichos y sus modos, agravado por la banca que ocupa”.
La que no dejó pasar el tema tampoco fue la radical tucumana Silvia Elías de Pérez, que se expresó por la misma vía: “Repudio toda violencia. Por eso me solidarizo con la senadora @vegaclara, quien fue amenazada por una senadora oficialista de recibir un golpe por pedir justicia para Luis Espinoza. Lamentablemente justificando lo injustificable lo revictimizan a él y a su familia”.
