La diputada nacional Sofía Brambilla (Pro-JxC) presentó un proyecto de ley que propone generar un régimen de fomento y desarrollo de las empresas “de triple impacto”. “Se trata de aquellas que, en su modelo de negocio, en sus políticas, prácticas y gestión, busquen generar impactos positivos, contribuyendo a la solución de problemas sociales y ambientales”, explicó la legisladora.

Al presentar la iniciativa, la correntina resaltó que “el deterioro ambiental nos llama a trabajar por un desarrollo sostenible e integral”. “Con esto se busca el bienestar de tres sectores, la actividad económica de la empresa, que creen valor para la comunidad y el ambiente dentro del territorio nacional”, agregó.

El proyecto prevé que las empresas inscriptas como de triple impacto gozarán de una reducción del 15% del pago del impuesto a las Ganancias y cuando se trate de micro, pequeñas y medianas empresas, la reducción será del 25%.

Asimismo, la comunidad en la que recaiga la empresa de triple impacto podrá establecer beneficios fiscales que considere pertinentes. “Serán empresas con propósitos que vayan más allá de lo lucrativo”, señaló la diputada del Pro.

Finalmente, Brambilla ponderó que se busca crear “el sello empresa de triple impacto, que será otorgado por la autoridad de aplicación, y a través del cual garantizará el cumplimiento de los estándares mínimos de empresa de este tipo”. Este sello podrá ser utilizado con fines publicitarios y comerciales.

“Un modelo de empresas híbridas, que no solo tienen objetivos de beneficio económico, sino también de desarrollo social”, finalizó.

La Cámara baja aprobó por 216 positivos, 3 negativos y 0 abstenciones un proyecto sobre reintegro impositivo para la adquisición de autos para el servicio de taxis.

En primer lugar, la impulsora del proyecto, la porteña Mara Brawer (FdT) destacó que la iniciativa “busca incentivar a un sector en crisis”. “Los beneficios impositivos son una herramienta que posee el Estado para promover el progreso y la inversión en sectores que vieron afectada su actividad por diferentes motivos”, señaló.

“Hoy en nuestro país hay más de 100 mil taxis habilitados, pero de los cuales están trabajando menos de 80 mil”, precisó la oficialista, que explicó luego los puntos centrales del dictamen.

Brawer resaltó que “la enorme criticidad del sector” se debe “por un lado, a la crisis económica de la pandemia del gobierno anterior; por otro, por la pandemia de la salud que vivimos en los últimos dos años; y también por el furor y la aparición de las aplicaciones en esta avergonzante competencia desleal”.

“El taxi es el único servicio de transporte público que no recibe ningún apoyo del Estado”, enfatizó la legisladora, que defendió que este proyecto “nos beneficia a todos, porque un taxi renovado es un taxi seguro”. “Los taxis son parte de la cultura popular de nuestro país”, ponderó y agradeció a “las asociaciones de taxistas de todo el país por su enorme lucha”.

A su turno, la bonaerense Vanesa Siley coincidió en que “la pandemia afectó muchísimo la actividad”, pero “otro factor fue la competencia desleal”, que comenzó antes de la pandemia. En ese sentido, detalló que el patentamiento, la compra de autos 0km., bajó un 8% en 2018 y descendió en un 45% en 2019, recién repuntando en 4% en 2021.

Para la oficialista, el costo fiscal de esta iniciativa “es cero, porque no se están comprando autos. Y el IVA que se reintegra nadie lo estaba pagando por el momento”.

“Uber aterrizó en el año 2016 de la mano de (Mauricio) Macri“, recordó, y cuestionó que estas plataformas -que ya son alrededor de cinco- “no pagan impuestos, evaden absolutamente, no cumplen ninguna norma argentina. Luego destruyen a la industria regulada de los taxis y de esa manera, cuando monopolizan el mercado, suben todos los precios, empieza la fiesta de la remarcación de precios”.

Al expresar su apoyo a la iniciativa, la correntina Ingrid Jetter observó que “es un proyecto incompleto, debería ser más amplio” porque “en el interior hay taxis, pero no tantos”. En esa línea, la macrista recordó que en la discusión en la comisión pidió que “se incluyan a los remises y a los transportes escolares, que fueron los más perjudicados en la pandemia”.

Al mostrar un cuadro sobre las habilitaciones de autos en la ciudad capital de Corrientes, la legisladora precisó que 11% fueron taxis, mientras que “un 64,7% son remises”. “Nos hubiera gustado a muchísimos legisladores del interior que los conductores de remises también tuvieran estos beneficios”, insistió.

En el cierre del debate, que fue breve, el diputado salteño Carlos Zapata consideró que con esta iniciativa el oficialismo está reconociendo “a la presión fiscal como un grave problema que entorpece la actividad económica”, al “quitar impuestos para que sea más accesible la renovación de las unidades”.

“Es una medida proactiva”, sostuvo el legislador del monobloque Ahora Patria, dentro de Juntos por el Cambio, y celebró que será un “beneficio para la industria automotriz” que tiene una “capacidad instalada del 56%”. No obstante, aclaró que “el alcance de la ley no va a llevar a que se posibilite una baja de tarifas para que este beneficio llegue también al ciudadano”.

Qué propone el proyecto

La iniciativa, que ahora deberá ser tratada en el Senado, crea un régimen transitorio de reintegros impositivos para la adquisición de las unidades que prestan el servicio de vehículos automotores de alquiler con taxímetro, con el objetivo de fomentar “la modernización de este servicio así como la industria automotriz nacional”.

Al beneficio podrán acogerse “las personas humanas y jurídicas que cuenten con la respectiva licencia y certificación que acredite la prestación del servicio”, así como “una antigüedad no menor a un año en la misma”.

El reintegro será de “un monto equivalente a la suma abonada en concepto del impuesto al valor agregado y el impuesto establecido en el capítulo IX, del título II, de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones, que recaigan sobre la unidad adquirida en condiciones de contado”.

Serán elegibles los vehículos que posean un contenido mínimo nacional de: 20% para las adquisiciones que se efectúen desde la entrada en vigencia de la ley hasta el 31 de diciembre de 2024; y de 30% para las adquisiciones que se efectúen desde el 1° de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2028.

El beneficio podrá ser utilizado para la adquisición de una unidad por persona humana y/o jurídica, una vez al año. Asimismo, los vehículos adquiridos deberán mantenerse afectados al servicio de taxímetro como mínimo tres años contados a partir de la fecha de adquisición. “Durante dicho período no podrán ser vendidos, donados, permutados, cedidos, ni transferidos a título gratuito u oneroso”, aclara el texto.
El proyecto aprobado fija un cupo fiscal hasta el 31 de diciembre de 2022 de $3.600.000.000 que, a partir del 1ro. de enero de 2023, se deberá fijar un cupo fiscal mediante la Ley de Presupuesto Nacional que se apruebe cada año.

Finalmente, se invita a las provincias y la Ciudad “que tuvieran previstas en sus legislaciones locales gravámenes para la adquisición de automotores 0 km., a adoptar disposiciones análogas a la que se establecen en la presente ley”.

Antes de pasar a la votación, se aceptó una incorporación propuesta por el radical Víctor Hugo Romero para que se establezca que “la reglamentación deberá prever criterios objetivos para la asignación de los beneficios y una distribución federal de los mismos”.

La diputada nacional del bloque Evolución Radical Danya Tavela presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que propone beneficios impositivos para aquellas empresas que incorporen jóvenes. Al mismo tiempo, agrega más ayuda para las que fomenten su educación.  

“El mercado laboral de la juventud argentina está en crisis y esta situación requiere de un Estado que adopte cuanto antes políticas públicas que tengan un efectivo y positivo impacto en la realidad laboral de la juventud. Para ello la educación es central porque es una herramienta y un motor de la movilidad social ascendente”, dijo Tavela. 

El proyecto exime del pago de las cargas patronales a las empresas que contraten a jóvenes de entre 18 y 30 años en un 100% los primeros seis meses, 75% del séptimo mes al año, 50% de los trece a los dieciocho meses y 25 % de los dieciocho hasta los veinticuatro meses. 

Por otro lado, la legisladora radical plantea beneficios más prolongados en el tiempo para aquellos casos donde el trabajador o la trabajadora, además de tener un empleo, inicie o finalice estudios. En estos casos se eximiría del pago de las cargas patronales del 100% los primeros doce meses, 75% hasta los veinticuatro meses, 50% de los veinticinco hasta los treinta seis meses y 25 % hasta el cuarto año. 

La diputada, que fue secretaria de Políticas Universitarias y vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, aseguró que “el problema para la inserción social de nuestra juventud no se alcanzará cuando éstos accedan a un trabajo formal, sino que además debemos motivarlos, incentivarlos y fomentar que finalicen sus estudios secundarios, pero así también que continúen estudios terciarios, universitarios y de formación profesional en institutos”. 

El proyecto lleva la firma de los diputados/as Sabrina Ajmechet, Marcela Antola, Martin Berhongaray, Gabriela Brower de Koning, Alejandro Cacace, Marcela Campagnoli, Ana Carrizo, Pablo Cervi, Sebastián García de Luca, Alejandro Finocchiaro, María de las Mercees Joury, Dolores Martínez, Emilio Monzó, María Angel Sotolano, Margarita Stolbizer, María Victoria Tejada, Martín Tetaz y Emiliano Yacobitti. 

El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Fabio Quetglas presentó un proyecto de ley para promover las exportaciones de las empresas vinculadas al conocimiento, como las de software, tecnología, etc. La iniciativa propone beneficios fiscales para aquellas empresas del sector que incrementen en más de un 15% sus exportaciones de forma interanual. 

En la Argentina la industria del conocimiento generó divisas por 6.200 millones en 2019 y es una de las tres que más exportan. En el período 2005-2018, el sector creció casi un 200%. Por su parte, el proyecto busca incentivar con un bono fiscal a las empresas, para que incrementen sus ventas al exterior por encima de un 15% interanual.  

“Nuestro país tiene una oportunidad única en la industria del conocimiento, para incrementar las exportaciones en base a la educación, el talento y la capacidad para innovar de nuestros hombres y mujeres” afirmó el legislador radical.  

El bono fiscal podrá ser utilizado para cancelar tributos nacionales como, por ejemplo, el impuesto al valor agregado – IVA-. Además, el texto de ley aclara que en ningún caso el Estado nacional deberá desembolsar dinero en caso de que la empresa cuente con un saldo neto positivo. 

La diputada bonaerense de Juntos por el Cambio Gabriel Besana impulsa un proyecto de fomento de empleo registrado. La iniciativa contempla beneficios fiscales e impositivos para aquellos empleadores que apuesten a la regularización laboral de sus empleados. El objetivo es garantizar y fortalecer los puestos de trabajo de los bonaerenses en plena crisis economía y pandemia. 

“En esta crisis social, sanitaria y económica sin precedentes es fundamental impulsar la creación de trabajo formal, la pérdida de empleos está pegando fuerte en todo el país y especialmente en el Conurbano”, explicó la diputada que preside la comisión de Asuntos del Conurbano de la Cámara. 

“En esa línea, eso estamos impulsando desde Juntos por el Cambio, la creación de un régimen provincial con distintos beneficios fiscales e impositivos para aquellos que contraten nuevos empleados y quienes apuesten a la regularización laboral. La recuperación que necesitan los bonaerenses tiene que venir de la mano de los incentivos y promociones, no de más y más impuestos que asfixien a quienes apenas pueden atravesar la crisis”, agrego Besana. 

La iniciativa forma parte de varios proyectos presentados por la oposición con el objetivo de beneficiar a quienes dan trabajo con beneficios fiscales.