Piden que la Ciudad entregue el bono de 60 mil pesos que anunció Massa

Los legisladores del Frente de Todos impulsaron una iniciativa para que se pague una asignación no remunerativa para los trabajadores en actividad dependientes del Gobierno de la Ciudad.

Pese a que el Gobierno de la Ciudad anunció que no pagará el bono que anunció Sergio Massa semanas atrás, los diputados del Frente de Todos (FdT) Matías Barroetaveña y Berenice Iañez impulsaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley para que se entregue la asignación no remunerativa de 60 mil pesos, que debería abonarse en dos pagos de 30 mil cada uno.

“Cuando la prestación de servicios fuere inferior a la jornada legal o convencional, los trabajadores y las trabajadoras percibirán la asignación no remunerativa en forma proporcional, de acuerdo a los mecanismos de liquidación previstos en el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable o, supletoriamente, según las reglas generales contenidas en las leyes que les resulten aplicables de acuerdo a su modalidad de contratación”, sostiene el documento.

La iniciativa también plantea que el Gobierno porteño “invitará a las empresas prestadoras de servicios en las distintas jurisdicciones que lo componen, a adherirse a la normativa. En los casos en los que dichas empresas requieran asistencia económica para el financiamiento de la medida presentada, el GCBA deberá contribuir con recursos recaudados a los fines de la puesta en práctica de la ley”.

En los fundamentos del proyecto, Iañez y Barroetaveña recordaron que “el Decreto de Necesidad y Urgencia 438/2023, firmado por el presidente de la Nación, estableció el pago de una suma fija equivalente a 60 mil pesos dirigida a trabajadores del ámbito público y del ámbito privado, a pagar en dos cuotas con los salarios de agosto y septiembre” y precisaron que “en los considerandos de dicho decreto, se reconoce la existencia de un contexto económico desafiante, y que si bien el mecanismo de la negociación colectiva continúa vigente, el aumento de las presiones inflacionarias como consecuencia de la devaluación del peso frente al dólar estadounidense hace necesaria la compensación inmediata de salario de los trabajadores del ámbito público, privado y de casas particulares”.

A su vez informaron que “se sostiene que el objetivo de dicha compensación es construir un sendero de recomposición del salario hasta que los mecanismos de negociación colectiva permitan reconstruir el poder adquisitivo de los trabajadores” e indicaron que “en la ciudad, los trabajadores del ámbito privado y de casas particulares residentes se encuentran cubiertos por el mencionado decreto. Sin embargo, los trabajadores del ámbito público, que de igual manera vieron reducido el poder adquisitivo de su salario por el escenario ya mencionado, no pueden acceder a dicho beneficio ya que las autoridades locales han decidido no adherir al pago de la suma fija”.

“Asimismo, la Ciudad atraviesa cifras vinculadas a la inflación mayores al promedio nacional. Durante julio de 2023, la inflación a nivel nacional en términos interanuales alcanzó el 113,4%, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires esta cifra rondó los 117,9%, es decir 4,5 puntos porcentuales adicionales”, cerraron los legisladores.

Exigen información sobre la muerte de tres personas en situación de calle

Berenice Iañez (FdT) impulsó en la Legislatura porteña un pedido de informes acerca de los motivos que llevaron a su fallecimiento a tres hombres durante las últimas semanas y buscará obtener detalles acerca de la intervención del SAME.

Después de que se conocieran los lamentables fallecimientos de tres hombres que se encontraban en situación de calle, la legisladora del Frente de Todos (FdT) Berenice Iañez presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de resolución mediante el cual buscará obtener precisiones acerca de lo sucedido.

En ese sentido, la opositora le pedirá al Gobierno porteño que informe si el programa Buenos Aires Presente (BAP), le dio asistencia al hombre identificado como Héctor, quien falleció el lunes 12 de junio en la calle Leopoldo Marechal al 1300 del barrio de Villa Crespo; a Orlando, quien murió en la esquina de Cabildo y Pampa el 7 de junio; y a Ramiro, cuyo deceso se produjo el 27 de mayo en la esquina de Valentín Gómez y Salguero, en días previos a sus fallecimientos.

Además buscará conocer si, en el caso de que el BAP se haya contactado con ellos, habían detectado que padecían alguna problemática de salud. Al mismo tiempo que prevé saber si los tres hombres fallecidos habían gestionado algún subsidio habitacional.

Sobre esa misma línea, Iañez pidió que “en caso de que otras reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hayan tenido contacto con los tres hombres fallecidos en los días y meses previos a sus muertes, brinde detalles sobre las áreas que intervinieron y cuál fue la intervención de cada una de ellas” y que se “informe si el SAME tuvo contacto con los tres hombres fallecidos el día de cada una de estas muertes”.

En los fundamentos de la iniciativa, la legisladora afirmó que “resulta imprescindible que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires brinde toda la información oficial disponible sobre la asistencia que les dio a estas tres persona en los días previos a su fallecimiento. En particular, requerimos saber si el programa Buenos Aires Presente (BAP) tomó contacto con ellos, si les ofreció alojarse en algún centro de inclusión social y, por sobre todo, si tomó conocimiento de que tuvieran problemas de salud”.

“No podemos dejar de mencionar que una gran parte de la población que se encuentra en situación de calle se niega a alojarse en los llamados centros de inclusión social por diversos motivos. Por un lado, la mayoría de estos establecimientos no permiten el alojamiento de familias completas, sino que algunos alojan a mujeres con niños/as y adolescentes, mientras que otros sólo reciben a varones adultos. Por otra parte, muchos de ellos sólo permanecen abiertos durante doce horas, por lo cual las personas que se alojan pasan la noche allí, pero a la mañana siguiente deben volver a la calle, y a la noche siguiente tienen que volver a intentar conseguir un lugar donde dormir”, cerró Iañez.

Legisladora del FdT recordó a Ezequiel Demonty a 20 años de su asesinato

Berenice Iañez participó de un acto homenaje junto a Madres en Lucha e inauguraron un puente que lleva el nombre del joven.

A 20 años de su asesinato, la legisladora del Frente de Todos (FdT) Berenice Iañez participó de un acto en homenaje a Ezequiel Demonty, en el que también participaron las Madres en Lucha y otras organizaciones sociales y en el que se inauguró un puente en honor al mencionado joven.  

A través de sus redes sociales, la diputada afirmó que “hace 20 años, Ezequiel Demonty fue encontrado en el Riachuelo luego de ser asesinado por agentes de la Policía Federal” y recordó que “junto a su familia, las Madres en Lucha y compañeras y compañeros de distintas organizaciones acompañamos el homenaje que se le realiza todos los años”.

Al mismo tiempo que señaló que participó “de la inauguración de la señalización del puente que lleva su nombre. Tenemos la responsabilidad de seguir militando para que el nunca más sea nunca más” e insistió en que “en la democracia que soñamos construir la violencia institucional no debe existir”.

“¡Basta de abusos y gatillo fácil por parte de las fuerzas de seguridad! Visibilizar su historia y mantener viva la memoria de los pibes y pibas víctimas del gatillo fácil es un paso más para reparar esta deuda que tiene la democracia”, agregó Iañez y concluyó agradeciéndole “a Dolly y todas las Madres en Lucha por ser ejemplo de organización, coraje y fortaleza. ¡Ezequiel Demonty presente!”.

Legisladoras del FdT buscan reimpulsar una ley de créditos a cooperativas

Berenice Iañez y Ofelia Fernández visitaron los edificios El Molino y Casa de Amigos, donde dialogaron los con los trabajadores y pidieron que se ponga en marcha nuevamente la Ley 341.

En el medio de la crisis económica que atraviesa la Argentina, las legisladoras del Frente de Todos (FdT) Berenice Iañez y Ofelia Fernández se reunieron con trabajadores de dos edificios donde funcionan cooperativas e insistieron en la necesidad de reimpulsar la Ley 341 de acceso a la vivienda.

A través de sus redes sociales Iañez afirmó que con su compañera de bloque fueron “invitadas por la ophau, estuvimos recorriendo El Molino y Casa de Amigos, dos edificios en obra de la Ley 341” y remarcó que dicha normativa “es la única política pública de la Ciudad para que familias de bajos ingresos accedan a una vivienda propia y digna”.

“Son créditos a cooperativas para comprar terrenos y construir o readecuar edificios para viviendas, que devuelven en cuotas una vez recibido el título de propiedad”, agregó y aseguró que “es la mejor herramienta para combatir la inquilinización, la gentrificación y la exclusión que sufre la población de la ciudad. Al ser créditos, son mucho más baratas para el Estado que cualquier otra política pública de vivienda”.

Al mismo tiempo, Iañez remarcó que “el GCBA desde que Mauricio Macri fue jefe de Gobierno la vació y la desfinanció. Desde el 2006 no se compran terrenos para nuevos proyectos, mientras se subastaron y vendieron decenas de terrenos públicos para torres de lujo” y destacó que “el presupuesto para las obras en curso no alcanza: hay obras paradas y terrenos señados a la espera de su compra. Además, la Comisión de Control, Evaluación y Seguimiento funciona sin participación de las cooperativas y no hay herramientas de acompañamiento concretas”.

“Difundamos la Ley 341, defendámosla, y trabajemos juntos para reimpulsarla y que todos nosotros y nuestros hijos podamos seguir viviendo en la Ciudad que tanto queremos”, sentenció la diputada.

Vuelven a pedir que se declare la habitacional en la villa La Veredita

Se trata de un proyecto que los legisladores del FdT impulsaron en la Legislatura porteña, en el que además pidieron que se declare la emergencia ambiental y social en el mismo asentamiento.

Tal y como lo vienen haciendo desde el 2017, los legisladores del Frente de Todos (FdT) volvieron a presentar en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley para que se declare la emergencia habitacional, ambiental y social el asentamiento conocido como “La veredita”, ubicado en la calle Portela, entre la Av Riestra y Ana María Janer, en el barrio de Villa Soldati.

La iniciativa en cuestión propone que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) convoque a una Mesa de Gestión Participativa, cuya función será atender la emergencia de forma inmediata y brindar solución habitacional definitiva a las familias del asentamiento.  La misma estará integrada por el IVC; los vecinos de la veredita; un integrante del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano o el organismo que en el futuro lo reemplace; representantes de las comisiones de Vivienda y de Planeamiento Urbano de la Legislatura de la Ciudad; miembros de la Junta Comunal de la Comuna 8; un representante de la Defensoría Pueblo porteña; representantes de instituciones barriales y organizaciones sociales con presencia en el barrio y representantes del Ministerio Público de la defensa.

La Mesa tendrá como principal función realizar un relevamiento socio habitacional para identificar y caracterizar la población y las problemáticas que afectan a la misma y brindar asistencia inmediata para mitigar la situación de vulnerabilidad de los habitantes del barrio, entre otras cuestiones.

La iniciativa en cuestión fue impulsada por Berenice Iañez (FdT) y cuenta con las firmas de Javier Andrade, Matías Barroetaveña, María Bielli, Lucía Cámpora, Maia Daer, Ofelia Fernández, Juan Modarelli, Victoria Montenegro, Claudia Neira, María Magdalena Tiesso y Franco Vitali (FdT).

En los fundamentos del proyecto, los legisladores aseveraron que “el asentamiento La Veredita, ubicado en la calle Portela, entre Riestra y Ana María Janer, se comenzó a conformar en el año 2008 con familias provenientes de las zonas aledañas, principalmente del asentamiento los Pinos, ubicados a escasos 300 metros” e indicó que “actualmente, según los cálculos arrojados por un relevamiento realizado por los mismos vecinos del barrio existen en el lugar más de 150 viviendas precarias que no cuentan con ningún tipo de acceso a los servicios básicos. No hay conexión eléctrica, ni pública ni privada”.

Al mismo tiempo que recordó que “la ausencia de soluciones a su situación habitacional causó graves consecuencias. En junio de 2012 se produjo un incendio producto de las conexiones precarias de electricidad destruyendo varias de las viviendas del asentamiento” y precisó que “esta iniciativa tiende a la declarar la emergencia habitacional, ambiental y social del asentamiento. Las viviendas construidas por sus habitantes son muy precarias. El derecho a una vivienda digna se encuentra establecido en nuestras normativas constitucionales, así como convencionales. En ese sentido, es imperativo que se tomen medidas que configuren escenarios propicios para garantizar los derechos actualmente vulnerados””.

“El acceso al agua potable es de difícil acceso y tampoco existe red cloacal por lo que todas las familias se encuentran en un estado permanente de exposición a diferentes patologías. El único acceso a un servicio tan elemental como el agua potable actualmente está abastecido por 4 tanques ubicados en los ingresos al asentamiento y que permanentemente sufren roturas por lo que continúa siendo casi imposible el acceso al agua. Sumado a esto, la presencia de la planta de áridos ubicada a 250 metros provoca fuertes trastornos respiratorios en toda la población que compone este asentamiento. Hay que tener en cuenta que se trata de la trituración de escombros provenientes de las demoliciones que se realizan en la ciudad”, sentenció.

Cabe señalar que en 2017 la ex legisladora de Unidad Ciudadana y actual diputada nacional Paula Penacca había presentado en el Parlamento local un proyecto similar que también buscaba declarar la emergencia habitacional en ese mismo barrio.