“Gestapo antisindical”: la Bicameral de Inteligencia pondrá a la firma el dictamen de la subcomisión

En una reunión que esta vez se oficializó en agenda, la comisión que preside Leopoldo Moreau avanzará con el documento de la investigación sobre el hecho denunciado por la AFI y que involucró a exfuncionarios de María Eugenia Vidal.

La Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, presidida por el diputado Leopoldo Moreau (FdT), se reunirá este martes desde las 14 para avanzar con el dictamen del documento al que arribó la subcomisión que investigó el caso de la “Gestapo antisindical”.

Esta comisión tiene casi siempre reuniones reservadas, las cuales no figuran en la agenda parlamentaria. Pero, en esta ocasión, el encuentro se oficializó y según pudo saber parlamentario.com la convocatoria será por ese tema. Está citada en el Salón Perito Moreno del Anexo del Senado.

Hace casi un año atrás, la exinterventora de la AFI, Cristina Caamaño, realizó una denuncia penal luego del hallazgo de vídeos que mostraban reuniones del entonces ministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas, con empresarios de la construcción, en el que conversaban sobre la denuncia contra el extitular de la UOCRA, Juan Pablo “El Pata” Medina, quien tres meses después fue encarcelado.

En el vídeo, que data del 15 de junio de 2017, mientras María Eugenia Vidal era gobernadora de la provincia de Buenos Aires, se lo escucha a Villegas decir: “Si pudiera tener una Gestapo para terminar con los gremios, lo haría”.

A los pocos días de conocido el hecho, en el cierre del 2021, la Bicameral de Inteligencia acordó crear una subcomisión que se ocupe de investigar el tema. La misma quedó compuesta por los diputados oficialistas Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, y por la oposición, el radical Miguel Bazze.

Uno de los primeros testigos que la subcomisión recibió en enero pasado fue el comisario de la Policía Bonaerense Hernán Cassasa, quien confirmó ser el autor de audios en los que revelaba el accionar de una mesa judicial durante el gobierno de Vidal, y detalló a los exfuncionarios que la integraban con el objetivo de perjudicar a dirigentes sindicales.

Salpicado por el hecho, el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, también asistió a declarar ante los integrantes de la subcomisión. Aunque en un primer momento había decidido no asistir y se había ofrecido a responder preguntas por escrito. La visita del procurador al Congreso fue el 27 de enero.

Tras esa reunión, Moreau y Tailhade calificaron de “poco convincentes” las declaraciones de Conte Grand y anticiparon que iban a citar al exministro Marcelo Villegas, quien jamás asistió y envió un escrito por medio de su abogado -el mismo que representa a Uriel Pérez Jaurena– en el que afirmó que solo se iba a presentar ante la Justicia. Ese argumento también usó para no presentarse ante la subcomisión Darío Biorci, exagente de la AFI, que participó en la reunión grabada en el Banco Provincia en 2017.

Moreau advirtió que se busca “frenar las investigaciones por espionaje ilegal en el gobierno de Macri”

El diputado oficialista remarcó que “el macrismo rompió el pacto democrático con el plan sistemático de persecución política”, y denunció que la imputación en su contra está en línea con una “campaña para desprestigiar” a la Comisión Bicameral.

leopoldo moreau

El diputado nacional y presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos y Actividades de Inteligencia, Leopoldo Moreau (FdT), advirtió que se busca “frenar las investigaciones por espionaje ilegal en el gobierno de Mauricio Macri. Además, calificó de “increíble” que Carlos Stornelli “siga siendo fiscal”, luego de que trascendiera que el funcionario del Ministerio Público había requerido que se investigara una denuncia en su contra presentada por la abogada Florencia Arietto, ligada a Cambiemos, a raíz de decisiones adoptadas por la Bicameral.

En diálogo con FM La Patriada, el legislador señaló que desde la oposición “necesitan frenar las investigaciones por las causas de espionaje ilegal en el gobierno de Macri”, y remarcó que “el macrismo rompió el pacto democrático en Argentina con el plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política”.

Stornelli interviene en una de las tres denuncias presentadas contra Moreau luego de que la Bicameral se abocara a investigar, de acuerdo con sus funciones, si en un expediente que tramita ante la Justicia de San Nicolás en contra de dos dirigentes camioneros denunciados por extorsión se habían concretado maniobras de espionaje ilegal.

Ante ese escenario, Moreau sostuvo que como “Stornelli está doblemente procesado, es un caso increíble, increíble que siga siendo fiscal”, enfatizó. En ese sentido, afirmó: “Stornelli no puede participar en ninguna imputación contra mi persona ni actuar como fiscal”.

“En primer lugar, porque no hay ninguna causa. Es un procedimiento común de nuestra Comisión dirigirnos entre denuncias que tenemos por oficios a distintos organismos para corroborar los extremos. No hay otra forma de hacerlo y forma parte del reglamento. La justicia no tiene injerencia porque es una Comisión parlamentaria y estaría invadiendo las facultades de otro poder”, apuntó.

Además, el diputado remarcó que Stornelli “no tiene objetividad para intervenir porque él mismo ha sido investigado por la Comisión”, y sumó: “Acá no hay ningún delito, hay una campaña de intento de desprestigiar a esta Comisión porque necesitan frenar las investigaciones sobre el espionaje ilegal en la época de Macri”.

En ese marco, Moreau señaló que “la Comisión Bicameral lleva casi un año investigando la persecución sindical» a distintos sindicatos y gremialistas”.

Por otro lado, el presidente de la Bicameral contó que se enteró de su imputación por los medios de comunicación: “Como de costumbre, como opera el macrismo judicial, me enteré de mi imputación por los medios. No tengo ningún tipo de notificación”.

Legisladores de JxC desautorizaron una decisión de Moreau como presidente de la Bicameral de Inteligencia

“El rol que pretende obtener para la Bicameral en la causa, es contrario a la normativa legal y ajeno a las disposiciones reglamentarias de esta comisión”, denunciaron a través de una carta dirigida al juez que lleva a cabo el expediente de espionaje ilegal.

Los legisladores de Juntos por el Cambio en la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) desautorizaron a su presidente, el diputado oficialista Leopoldo Moreau, por haberse presentado en representación del cuerpo en la causa por presunto espionaje ilegal durante el gobierno Mauricio Macri.

Mediante una nota dirigida al juez que lleva la causa, Marcelo Martínez de Giorgi, los legisladores Gerardo Milman, Alfredo Cornejo, Daniel Kroneberger, Ignacio Torres, Miguel Bazze y Cristian Ritondo sostuvieron que “Moreau carece de facultades para presentarse en nombre de la CBI”.

Tras el fallo de la Cámara Federal que a finales del año pasado consideró que las actividades de inteligencia ilegal bajo investigación fueron obra de “cuentapropistas” del espionaje, la CBI aprobó una decisión de plantear el juicio político de los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi y presentarse en el expediente, bien como querellantes, bien como “amicus curiae” (amigos del tribunal), pero para los legisladores opositores, “el rol que pretende obtener para la Bicameral en la causa es contrario a la normativa legal y ajeno a las disposiciones reglamentarias de esta comisión”.

“Este vicio intrínseco en la formación de la voluntad legítima de la CBI para otorgar mandato a presentarse en autor la invalida per se, transformando al diputado Moreau en un presentante que carece de legitimación a tales efectos”, le dijeron los opositores al juez Martínez de Giorgi.

Los representantes de Juntos por el Cambio cuestionaron que la mayoría oficialista en la CBI propuso el juicio político de los camaristas porque está en desacuerdo con el fallo del “cuentapropismo”.

“Es decir que para los diputados Moreau, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés estar en desacuerdo con un fallo judicial los habilita a pedir el juicio político”, cuestionaron.

Y embistieron: “Parece que al diputado Moreau no le importa la figura jurídica: sea como querellante, o como amicus curiae, o como cualquier otra cosa, lo importante para él era entrar en la causa. Pareciera que lo de los miembros de la mayoría oficialista buscan no es aportar o colaborar con la dilucidación de la verdad objetiva sino acusar y prejuzgar, generando un efecto político que tiene por objeto invalidar o condicionar la actuación de la Justicia”.

Los legisladores opositores resaltaron que “la CBI tiene facultades de control para supervisar la gestión de los entes bajo su competencia y para ello debe obrar con neutralidad y objetivamente, en pos de un interés superior al del partidismo político”.

El pedido, de ser tenido como “amicus curiae”, había sido aceptado por el juez Martínez de Giorgi, pero ante la apelación de uno de los imputados, el exjefe de Jurídicos de la AFI Juan Sebastián De Stéfano, el planteo pasó a estudio de la Cámara Federal porteña.

Valdés denunció que “el macrismo y los medios” buscan “desprestigiar” a la Bicameral de Inteligencia

El diputado se refirió al apoyo que los miembros del oficialismo le dieron al presidente de la comisión, Leopoldo Moreau, tras la denuncia que recibió por pedir información en una causa que involucra a dos sindicalistas de Camioneros.

eduardo valdes

El diputado nacional Eduardo Valdés (FdT) denunció que “el macrismo y los medios” buscan “desprestigiar” a la Bicameral de Inteligencia, tras la reunión que mantuvo la comisión y en la cual los miembros del oficialismo que la conforman respaldaron todo lo actuado por su presidente, el diputado Leopoldo Moreau. El texto no contó con la firma de la oposición de Juntos por el Cambio.

La decisión de brindar apoyo al titular de la bicameral surgió luego que Moreau fuera denunciado por pedir información en una causa que involucra a dos sindicalistas del gremio Camioneros, que están acusados por supuesta extorsión a distribuidoras del municipio de San Pedro.

“Moreau empezó siendo diputado junto con la Democracia. Nunca tuvo una denuncia penal en su contra. Ahora, por meterse a investigar una denuncia que hace el abogado de Camioneros, se come tres denuncias en un día. Hay un sector muy vinculado a Macri que busca desprestigiar a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, desde que tomamos declaración a Majdalani”, sostuvo Valdés en diálogo con El Destape Radio.

En ese sentido, explayó: “En la Bicameral de Inteligencia aprobamos por consenso todo lo actuado por el presidente. Su actuación está ratificada además por el fallo del juez de San Nicolás. Hablamos de un espionaje ilegal que se hizo en un expediente reservado sobre dos dirigentes de Camioneros, donde se interceptaron sus diálogos con su abogado. En lo que hace al expediente reservado, que tanto le ha molestado a Santoro, Winazky, Arietto, el juez le dio la razón a Moreau para que se haga una investigación en la procuración general de la Provincia de Buenos Aires”.

Además, Valdés dio a conocer algunos detalles sobre la actividad del cuerpo parlamentario: “Todas las acciones que tomó la Bicameral fueron con acuerdo político. Arribas fue a declarar porque hubo agentes de inteligencia que dependían de él, que declararon que quienes pidieron poner cámaras en las reuniones donde se habló de la Gestapo antisindical fueron Arribas y Majdalani. Abajo de ellos, estaban todos los espías de la banda Super Mario Bros. Ningún espía es suicida, actúan por órdenes de superiores”.

“¿Quién le dio las órdenes a Arribas y Majdalani? Se llama Mauricio Macri. Cada vez que el expediente llega cerca de Macri, le sacan la causa y la mandan a Comodoro Py”, analizó.

Para concluir, Valdés se refirió al rol de los medios de comunicación y apuntó contra la Corte Suprema: “Llama la atención la actividad que está teniendo el periodista Santoro para desprestigiar la actividad de la Bicameral. Desde que Rosatti tomó el control de la Corte y del Consejo de la Magistratura, vemos un renacer de los grupos mediáticos poderosos para desprestigiar toda posibilidad de investigación”.

Tailhade apuntó: “Necesitan derrumbar el trabajo de la Bicameral que investiga el espionaje ilegal macrista”

El diputado oficialista se refirió a la causa en la que se investiga la extorsión a una empresa distribuidora de San Nicolás por parte del gremio de Camioneros y remarcó que “la comisión con todo derecho está pidiendo información” sobre las denuncias del sindicato.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) apuntó que el macrismo “necesita destruir y deslegitimar” el trabajo que realiza la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, la cual “con todo derecho está pidiendo fotocopias para saber si es de su competencia investigar las denuncias del gremio de Camioneros” en San Nicolás.

En diálogo con FM La Patriada, Tailhade -que integra la Bicameral de Inteligencia- señaló: “La semana pasada recibimos una denuncia del Sindicato de Camioneros diciendo que en San Nicolás, una causa donde están acusados de extorsión dos dirigentes del gremio que están presos, el macrismo había puesto en marcha distintas cuestiones que tienen que ver con la violación a la Ley de inteligencia”.

En ese sentido, agregó: “La denuncia se hace diciendo que había actividades de inteligencia respaldando el trabajo de Florencia Arietto, la persona encargada de llevar adelante el juicio contra Camioneros”.

“Al menos tres causas penales contra dirigentes del gremio se llevaron a cabo de la misma manera: con Arietto impulsando la denuncia, tomando contacto con las supuestas víctimas de cada una”, aseguró el diputado y remarcó que “está encargada de lo mediático, de llevar este tipo de causas a los medios y articular con servicios de inteligencia”.

En ese marco, explicó: “En función de eso, vimos que se venía una ofensiva del macrismo. Recibimos la denuncia del gremio y le pedimos a la jueza y a la fiscal que nos den copia del expediente”.

Asimismo, luego de la petición de la Bicameral, la jueza María Eugenia Maiztegui pidió licencia por estrés y se apartó del caso, por lo cual tanto sostuvo que “el macrismo se montó sobre eso para cuestionar el trabajo de la comisión en general y de Leopoldo Moreau en particular”.

“Lo que subyace detrás de esto es que quieren que terminemos con el trabajo que viene haciendo la Bicameral”, consideró Tailhade, quien a su vez definió: “Esto generó un escándalo, que no tiene que ver con que nos metimos en la causa sino que les molesta mucho que hace dos años estemos investigando las barbaridades que hicieron al frente de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), espiando”.

Con respecto al pedido de licencia de la jueza Maiztegui, afirmó: “Cuando la jueza recibe el pedido de la Bicameral de fotocopias del expediente, tiene un pico de estrés. ¿Por qué le puede agarrar un pico de estrés frente a un pedido institucional? Porque tiene cosas que esconder, porque tiene la cola sucia”, enfatizó.

En la misma línea, resaltó el hecho de que el expresidente Mauricio Macri haya hecho pública su “solidaridad con la jueza, con la distribuidora Rey y los empleados” de la empresa San Pedro, en una publicación de Facebook.

En cuanto a las causas que son objeto de investigación de la comisión, afirmó que desde el macrismo “necesitan destruir, deslegitimar, derrumbar el trabajo de la Bicameral” y subrayó que “del 2015 al 2019 ellos crearon un ministerio de la venganza, pero no lo pusieron en el boletín oficial”.

El bloque de diputados del FdT respaldó el trabajo que realizó la Bicameral de Inteligencia

Fue a través de un comunicado que difundieron en redes sociales en el cual destacaron que la Comisión “contribuyó al esclarecimiento del plan sistemático de espionaje ilegal más importante perpetrado por el Estado”.

Tras la denuncia que realizó públicamente el diputado oficialista y presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, Leopoldo Moreau, de que intentarán “desprestigiar” dicha Comisión anticipando que “en los próximos días un operativo de denuncias judiciales con complicidad mediática”, el bloque de diputados del FdT emitió un comunicado en el que respaldó el trabajo realizado porque “contribuyó al esclarecimiento del plan sistemático de espionaje ilegal más importante del que se tenga memoria en democracia, perpetrado por el Estado”.

“La actuación de la Comisión parlamentaria, en cumplimiento de sus facultades, busca consolidar la protección de la privacidad de los ciudadanos a fin de que los mismos puedan ejercer libremente sus derechos individuales y políticos”, defendieron en el comunicado.

En tanto, sumaron: “Ello, sin que, mediante actividades de inteligencia ilegal, se limite su ejercicio por razones de su raza, fe religiosa, acciones privadas, opinión política, o de adhesión y/o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, entre otras”.

“La práctica del espionaje ilegal instalado durante el macrismo produjo una ruptura de pacto democrático sobre el que las fuerzas políticas construyeron las bases de un consenso elemental: que en la contienda política no habría lugar para las prácticas que vulneren los derechos y garantías de los individuos”, apuntaron en el texto.

Y cerraron con el acompañamiento “firmemente” de la misión de la Comisión Bicameral en su “defensa de la Constitución Nacional y el Estado de Derecho”.

Milman le respondió a Moreau: “El kirchnerismo desvaría al mezclar la libertad de prensa junto a la división de poderes”

Fue luego el diputado del FdT denunciara que “intentarán desprestigiar la Bicameral de Inteligencia” anticipando que habrá en los próximos días un operativo de denuncias judiciales con “complicidad mediática”.

gerardo milman

Luego de que el diputado oficialista y presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, Leopoldo Moreau, manifestara a través de las redes sociales que existe un “complot de enormes proporciones en su contra” impulsado por jueces, fiscales, dirigentes de la oposición, medios de comunicación, abogados y periodistas, el diputado Gerardo Milman (Pro) recogió el guante y le contestó por la misma vía: “No existe complot alguno más allá del que la alucinada irracionalidad del Kirchnerismo viene instalando desde que empezaron los problemas judiciales de esta agrupación bajo el pomposo título del Lawfare. (una apelación al colonialismo mental de los que veranean en Disney, pero aborrecen de los valores democráticos y republicanos del país del Norte)”.

“Dicha construcción esotérica se basa en el vano intento que, bajo una pátina moral, utiliza las chicanas judiciales, el apriete y el abuso de poder como mínimo; para no referirme al caso del fiscal Nisman aún no dilucidado por la Justicia Argentina”, sumó el legislador de la oposición.

En suma, apuntó: “El Kirchnerismo, que el diputado tan bien representa, desvaría en la incomprensión al mezclar la libertad de prensa junto a la división de poderes que aún con esfuerzo sostenemos quienes adscribimos incondicionalmente a los preceptos constitucionales que sostiene nuestra Constitución”.

“La fervorosa pasión por la elaboración de políticas destinadas a cambiar las reglas jurídicas, no actúan en beneficio de toda la comunidad, sino de un grupo que abusa de los fueros parlamentarios, desgraciadamente extendidos al vicepresidente y presidente de La Nación”, denunció Milman.

Por ese motivo, contextualizó: “La desesperante situación económica que vive nuestra sociedad por la gestión ideológica de un gobierno que hace que en el país que posee la segunda reserva de gas del mundo falte gas, que en el granero del mundo haya argentinos que no alcanzan la canasta alimentaria, que fruto del aval a burocracias sindicales millones de argentinos vivan en la informalidad, que millones de alumnos hayan perdido el tren de la educación como factor de futuro, un país donde el principal anhelo de los jóvenes es emigrar, donde el Estado en su afán de gastar lo que no tiene ha logrado lo insólito que es tener trabajadores formales bajo la línea de la pobreza, una Argentina que según el viento se acerca o se aleja de las democracias liberales para coquetear con cuánta autocracia exista en el mundo, donde los derechos humanos han dejado de ser universales para ser propiedad de una secta distorsionadora”.

En tanto señaló que “ese es el complot que su fuerza política martilla sobre el presente y el futuro de los argentinos”, y avizoró: “No tenga dudas que, en el registro democrático, y con el acompañamiento de la sociedad, en el 2023 habrá mujeres y hombres que, electos por el pueblo pondrán fin al complot real, para recuperar la democracia plena, la dignidad del trabajo, el espíritu del conocimiento y la energía de un pueblo que no soporta más y que anhela la Argentina de nuestros padres y abuelos juntos a quienes los recibieron en estas tierras”.

“…con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover al bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad…”, retomó Milman la frase escrita en el Preámbulo de la Constitución Nacional.

Moreau denunció que intentarán “desprestigiar” a la Bicameral de Inteligencia

El presidente de esa comisión anticipó que habrá en los próximos días un operativo de denuncias judiciales con “complicidad mediática”.

Sin dar precisiones sobre la información que maneja, el diputado oficialista Leopoldo Moreau, quien es presidente de la Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, alertó sobre una inminente campaña de desprestigio contra la comisión que encabeza.

A través de un hilo de Twitter, el legislador kirchnerista anticipó que “en los próximos días se pondrá en marcha un operativo de denuncias judiciales con complicidad mediática que tiene como objetivo desacreditar el accionar de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Servicios de Inteligencia que contribuyó a desnudar el plan sistemático de espionaje ilegal y persecusión política más grande de la historia democrática de nuestra patria”.

“Los que fueron socios de la banda del espía Marcelo D’Alessio, las que fueron compañera/os del superespía Alan Ruiz en el Ministerio de Seguridad en la gestión de (Patricia) Bullrich; los que ordenaron espiar a los familiares de los submarinistas del ARA San Juan; los que pedían UNA GESTAPO para perseguir sindicalistas; los que autorizaron instalar bases de espionaje en el AMBA para espiar desde comedores comunitarios hasta militantes de partidos políticos; los que hicieron vigilar periodistas (incluso colegas);  los que espiaron médicos y enfermeros en el Hospital Posadas y los que están nombrados en informe final de la BICA como responsables de lo que denominamos ‘el Estado Mafioso’ y son autores de la vulneración de los derechos y garantías de centenares de ciudadanos y de igual número de organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, religiosas y comunitarias -enumeró-, vienen como ocurre con toda organización mafiosa por su VENDETTA”.

Si bien no dio mayores datos sobre lo que está previniendo, Moreau aseguró que “nosotros seguiremos en el ejercicio de las facultades que nos confiere la ley defendiendo la privacidad de los argentinos, el derecho de los abogados a que no se vulnere la confidencialidad con sus defendidos”. Y concluyó: “Si algún medio, alguna asociación profesional o el propio recinto del Congreso donde pediremos acudir, lo requiere, ahí estaremos porque si queremos una democracia fuerte este período de infamia también necesita de un NUNCA MAS”.

Senador del Pro pide citar a Stiuso a la Bicameral de Inteligencia

El chubutense Ignacio Torres envió una carta al presidente de la comisión para que se convoque al exespía, a raíz de material de inteligencia que fue allanado en 2018 en una de las casas de CFK.

El senador nacional Ignacio Torres (Pro) presentó un pedido ante la Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia para citar al exespía “Jaime” Stiuso en relación al material de inteligencia que fue encontrado en una de las casas de la vicepresidenta Cristina Kirchner, en 2018.

En la nota dirigida al presidente de la comisión, el diputado Leopoldo Moreau (FdT), Torres solicitó la apertura de una subcomisión para investigar “material sensible” con contenido de “distintos actores de la vida institucional, pública y privada del país”.

El pedido resulta vinculado a la causa de espionaje contra Cristina Kirchner, que surge por posesión de material de inteligencia que se habría encontrado durante el allanamiento a su domicilio de Uruguay y Juncal, en agosto del 2018.

A tal efecto, el legislador opositor pidió la comparecencia de diversas “personas de interés” en la que se destaca el extitular de la exSecretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Antonio Horacio Stiuso.

“En el mes de agosto de 2018, producto de un allanamiento ordenado por la justicia federal, se hallaron en una de las residencias de la expresidenta Cristina Fernández una serie de cajas conteniendo material de inteligencia” comienza diciendo en la nota, y continúa: “El material sensible contenía referencia a distintos actores de la vida institucional, pública y privada, del país”.

Luego, solicita que se reciba declaración testimonial a determinadas personas físicas y jurídicas, tanto nacionales como extranjeras: Puerto Fénix, Corporación Marítima Boluda, Compañía Marítima Austral, House to House S.R.L., ENARSA, Repsol, Barrick Gold, Citigroup, Clorox, General Motors, Grupo Clarín, Banco Bica. En relación a las personas físicas, se cita -además de Stiuso- a Guillermo Alberto Elazar, Miguel Ángel Toma (exministro del Interior), y Sandra Arroyo Salgado (jueza federal).

Legisladores del FdT pedirán que se inicie el juicio político contra Bertuzzi y Llorens

Los oficialistas que integran la Bicameral de Inteligencia se presentarán este jueves ante el Consejo de la Magistratura. Se trata de los magistrados que fallaron sobre la causa de espionaje ilegal.

Los legisladores del Frente de Todos que integran la Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia entregarán este jueves, a las 10, en la sede del Consejo de la Magistratura de la Nación una presentación en la que solicitan a ese organismo que “disponga las medidas correspondientes para iniciar el proceso de juicio político por mal desempeño en sus funciones” de los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.

A través de un comunicado, los oficialistas señalaron que “en un hecho que no registra precedentes institucionales, la Comisión parlamentaria entendió que la sentencia dictada por estos jueces en la megacausa de espionaje ilegal que llevaba adelante el Juzgado de Lomas de Zamora y que dispuso el procesamiento de 38 personas, entre ellas, las máximas autoridades de la conducción de la AFI en el período presidencial de Mauricio Macri, fue fulminada por una resolución irrita y arbitraria, cuyo objeto principal fue dejar de lado todas las evidencias e incluso confesiones de los propios autores para asegurar la impunidad de quienes encabezaron el sistema de espionaje ilegal y persecución política más grave del que se registra a lo largo de toda la historia argentina”.

Así se refirieron al fallo de la Cámara Federal porteña que, con el voto de Bertuzzi y Llorens –Eduardo Farah votó en disidencia- determinó en diciembre pasado que no existió una asociación ilícita encargada de realizar espionaje a dirigentes, sindicalistas y organizaciones desde la AFI macrista, sino que hubo agentes que lo hicieron por cuenta propia.

Luego de realizar la presentación, los legisladores del FdT brindarán una conferencia de prensa donde darán a conocer detalles del texto de la presentación, que contiene unas 25 carillas, informaron.

Exagente de la AFI se negó a declarar ante la subcomisión de Inteligencia

Es en el marco de la investigación que legisladores realizan sobre la reunión entre funcionarios, espías y empresarios realizada en el Banco Provincia durante el gobierno anterior.

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El exagente de la Agencia Federal de Inteligencia Darío Biorci rechazó declarar ante la subcomisión de la Bicameral de Inteligencia del Congreso, a donde fue citado por su participación en la reunión realizada en 2017 en el Banco Provincia entre funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, espías y empresarios, durante un encuentro en el que conversaron sobre causas judiciales contra sindicalistas.

Mediante un escrito enviado a las autoridades de la comisión, el exfuncionario -cuñado de Silvia Majdalani, exsubdirectora de la AFI- justificó su decisión de no responder preguntas de los legisladores en el “uso de los derechos y garantías constitucionales” que le asisten.

“No prestaré declaración, ni haré manifestaciones, ni responderé preguntas ante esta comisión”, expresó y agregó: “Me encuentro bajo investigación judicial por hechos de público conocimiento y a total disposición del señor Juez Federal que la dirige, para colaborar y comparecer a dar explicaciones que sean necesarias, en el ámbito correspondiente que es la Justicia”.

En declaraciones a la agencia Télam, el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, uno de los que conforma la subcomisión, señaló que de los tres agentes que participaron en esa reunión, Biorci era “el que tenía el más alto rango” ya que “era el jefe de gabinete de la subdirectora (de la AFI, Silvia Majdalani), más allá de que los otros dos eran directores, pero él era la máxima autoridad política”.

“También sabemos, por la otra investigación que se hizo en la bicameral, que Biorci tuvo papel o roles protagónicos, por lo cual está el tema que nos interesa como comisión, que es saber qué estaban haciendo los agentes de inteligencia en ese lugar, cuál fue su rol, quién los invitó, y como siguió el trabajo de esos tres agentes”, añadió.

Tailhade apuntó que buscan saber también “si se limitó a esa reunión, o si, como todo indica, siguieron participando de las maniobras que se hicieron para detener, en este caso, a (Juan Pablo “Pata”) Medina y a otros sindicalistas”, dijo el legislador.

La negativa de Biorci a exponer ante la subcomisión se suma al rechazo que también manifestó Marcelo Villegas, exministro de Trabajo durante el gobierno de Vidal, a quien en el vídeo que originó una denuncia por parte de la AFI se lo escucha decir que si pudiera tendría una “Gestapo” contra los gremios.

Para la próxima semana está prevista la declaración del exgerente de Relaciones Institucionales del Bapro, Hernán Stella, y del exsubsecretario de Justicia provincial, Adrián Grassi, que también formó parte de esa reunión.

Valdés: “Todos los que tengan vinculación van a ser citados por la Bicameral de Inteligencia”

Miembro de esa comisión, lamentó que el procurador Conte Grand no se presente este martes como había sido citado y responsabilizó a Mauricio Macri de todos los episodios de espionaje.

El diputado nacional y miembro de la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia Eduardo Valdés se refirió a la decisión del procurador bonaerense de no asistir a la citación al Congreso y señaló que “es una pena que (Julio) Conte Grand se haya excusado de dar explicaciones en el Congreso”.

En diálogo con El Destape Radio, el legislador planteó que “cuando a uno lo denuncian de algo que no tiene nada que ver, a mí me arde el estómago de ir a la justicia donde me convoquen a demostrar mi inocencia”.

“La honestidad se tiene que probar inmediatamente”, resaltó.

Asimismo añadió que “Conte Grand perdió una oportunidad muy importante para explicar por qué tenía un teléfono encriptado de la AFI cuando era jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires y por qué estaba en contacto directo con la AFI nacional”.

“Conte Grand sabe que la Ley de Inteligencia está por encima de cualquier situación que él tenga como procurador no corresponde que se manifieste por escrito”, indicó Valdés. Asimismo señaló que “la ostentación del poder quedó clara hace 15 días se juntaron a comer el jefe de los fiscales Conte Grand con el ex presidente Mauricio Macri a la vista de todos”.

“Va viendo la sociedad que el espionaje ilegal que llevó adelante el Gobierno de Macri a nivel nacional y en la Ciudad de Buenos Aires cuando espió a su hermana y a los familiares de la AMIA”, indicó Valdés. En ese marco se explayó: “Desde allí hasta hoy han pasado incontables espiados: familiares de las víctimas del ARA San Juan, la propia familia de Mauricio Macri, funcionarios de su propio Gobierno”.

“En todos estos casos de espionaje político yo no tengo dudas que no fueron ni Arribas ni Majdalani, es Mauricio Macri el que manda a hacer todo”, aclaró. Y además planteó: “Todos los que tengan vinculación con estas actividades tienen que venir a dar explicaciones a la bicameral”, concluyó Eduardo Valdés.

El comisario Cassasa confirmó ser autor de audios en los que revela detalles sobre la mesa judicial

El miembro de la Policía Bonaerense se presentó este jueves ante la subcomisión de la Bicameral de Inteligencia que lleva adelante una investigación sobre el vídeo de la “Gestapo” antisindical.

El comisario Hernán Cassasa confirmó este jueves ante una subcomisión de la Bicameral de Inteligencia del Congreso ser el autor de audios en los que revela el accionar de una mesa judicial durante el gobierno anterior, y detalla a los exfuncionarios que la integraban con el objetivo de perjudicar a dirigentes sindicales.

Cassasa, actual comisario de la Policía Bonaerense y subcomisario en el 2017, ratificó sus dichos al declarar ante los diputados oficialistas Leopoldo Moreau -presidente de la comisión-, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, y el diputado radical Miguel Bazze.

En declaraciones a la agencia Télam, Tailhade contó que Cassasa “ratificó que es el autor de esos audios, su contenido y aportó una serie de elementos que necesitamos profundizar”.

“Fue una buena declaración. Ratificó lo que dicen los audios que son de conocimiento público de la mesa judicial”, subrayó el legislador K.

Asimismo, señaló que el policía detalló elementos sobre el funcionamiento de esa mesa judicial, similares a los que ya se habían obtenido en la bicameral producto de las investigaciones, y que está dispuesto a aportar más información.

En los audios, Cassasa afirmaba que “la mesa judicial que tenían” en la provincia de Buenos Aires estaba integrada por a exgobernadora y hoy diputada María Eugenia Vidal, el exjefe de Gabinete Federico Salvai, el exministro de Seguridad y actual diputado Cristian Ritondo y el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, quien fue citado para el próximo martes 18 de enero a la subcomisión.

Además, la decisión de convocar a Conte Grand está vinculada con la difusión del vídeo en el que exfuncionarios de Vidal, exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios de la construcción conversan sobre denuncias a realizar contra dirigentes sindicalistas.

En el audio se menciona la colaboración que tendrían aseguradas por parte de una fiscal y de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires.

El encuentro con Cassasa fue el único que pudo concretarse esta semana, ya que estaban previstas dos reuniones con empresarios. La del martes no ocurrió porque uno de ellos argumentó tener Covid y dos se encuentran fuera del país. En tanto, la del miércoles, que iba a ser con Bernardo Zaslascky, director de la Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción (ACIMCO) y Ricardo José Alconada, presidente de OCSA, tampoco se realizó, porque ambos alegaron que ante la imputación en su contra comparecerán primero en la Justicia y luego ante la subcomisión.

La próxima semana también se recibirán a los representantes de las distribuidoras de equipamiento Axis, cuya firma aparece en la marca de agua de la grabación de la reunión en instalaciones del Banco Provincia, pieza audiovisual que motivó la denuncia por parte de la AFI.

Gestapo: la subcomisión de Inteligencia recibirá al subcomisario Hernán Cassasa

El encuentro se dará este jueves al mediodía. Este miércoles estaba prevista una reunión con dos empresarios que aparecen en el vídeo, pero finalmente no asistieron.

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La subcomisión de la Bicameral de Inteligencia creada para investigar sobre el vídeo de la “Gestapo” antisindical, en la que exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, exagentes de la AFI y empresarios conversan sobre denuncias contra dirigentes gremiales, recibirá este jueves desde el mediodía al subcomisario Hernán Cassasa.

Se trata del policía de la Bonaerense a quien se le atribuyen audios en los que menciona el supuesto accionar de una “mesa judicial” contra sindicalistas, integrada por exfuncionarios del gobierno de Cambiemos, y en el que incluso haría referencia directa al procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand.

De la reunión con Cassasa también formará parte el presidente de la bicameral, el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau.

En tanto, este miércoles se suspendió la reunión que estaba prevista con los empresarios Bernardo Zaslascky, director de la Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción (ACIMCO) y Ricardo José Alconada, presidente de OCSA, quienes participaron del vídeo y fueron imputados por la fiscal federal de La Plata Ana Miriam Russo.

Precisamente por esa resolución, los empresarios “mandaron dos presentaciones pidiendo que se considere esa situación” y señalaron que “iban a dar las explicaciones primero ante el juez y después iban a comparecer en la comisión”, reveló a parlamentario.com uno de los legisladores que conforma la subcomisión.

Previamente, este martes se había suspendido otro encuentro con empresarios: uno de ellos argumentó estar aislado por Covid, mientras que los otros dos están fuera del país.

El grupo designado para llevar a cabo la investigación está integrado por los diputados oficialistas Eduardo Valdés y Rodolfo Tailhade. En tanto, por Juntos por el Cambio fue designado el diputado radical Miguel Bazze.

Por otra parte, la subcomisión ya recibió un informe de la empresa Axis Communications, cuya firma aparece en la marca de agua de la grabación de la reunión de 2017 en instalaciones del Banco Provincia, pieza audiovisual que motivó la denuncia por parte de la AFI.

La firma internacional detalló que no vende sus productos en la Argentina, sino que tiene la representación legal y otras dos empresas locales hacen esas tareas.

La próxima semana la subcomisión tendrá una cita clave: espera recibir el 18 de enero al procurador Conte Grand, fuertemente señalado desde el kirchnerismo.

La Bicameral de Inteligencia citará a empresarios y exagentes de la AFI

Así lo resolvieron en la última reunión que mantuvieron en el Congreso este año, con motivo de la investigación que disparó el video que tiene como protagonista al exministro bonaerense Marcelo Villegas.

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Previsiblemente la denuncia de la titular de la AFI, Cristina Caamaño, ante la Justicia por el video que muestra una reunión en el Banco Provincia en el que el entonces ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas expresa una desafortunada frase sobre tener una Gestapo con la cual avanzar contra los sindicatos, le ha dado bastante trabajo en este cierre del año a la Bicameral de Inteligencia del Congreso de la Nación.

Como ya se informara, la misma se reunió el lunes pasado para analizar una serie de temas y ese en particular, decidiendo al respecto crear una subcomisión que se ocupe de investigar el tema. La misma estará compuesta por los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, y ese lunes se había propuesto por Juntos por el Cambio Gerardo Milman (Pro), aunque el presidente de ese bloque en la Cámara baja, Cristian Ritondo, pidió consultar primero a la Mesa Nacional del espacio, y terminó resolviéndose que su representante en esa subcomisión sea el radical Miguel Bazze.

La subcomisión comenzó a trabajar prestamente y este jueves resolvió citar a los participantes de la reunión que data de junio de 2017, cuyo video la titular de la AFI entregó a la justicia en el marco de su denuncia. Así, serán citados los empresarios que allí aparecen, como así también exagentes de inteligencia.

La intención es reconstruir lo que allí pasó, según la versión de los propios participantes. También se habló de la posibilidad futura de citar a la diputada nacional y entonces gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, como así también a su exministro de Gobierno, Federico Salvai. Evalúan convocar también al procurador general de la Provincia, Julio Conte Grand, cuyo juicio político exigió el miércoles pasado la senadora Juliana Di Tullio en un durísimo discurso expresado en el Senado, en el que precisamente instó a los legisladores bonaerenses a “llenarlo de juicios políticos” por interpretarse en el video que las supuestas operaciones judiciales contra sindicalistas, por inferirse en el video que las supuestas operaciones contarían con la anuencia de la Procuración General.

En el centro de la investigación está quien llevara entonces la voz cantante, el ministro de Trabajo bonaerense de ese entonces Marcelo Villegas, pero los primeros que serán citados son los dos técnicos informáticos de la Agencia Federal de Inteligencia que dependían del área de Contrainteligencia que encabezaba Diego Dalmau Pereyra, presente en esa reunión.

Osuna destacó la decisión del FdT de denunciar a Llorens y Bertuzzi ante el Consejo de la Magistratura

Además, la diputada que integra la Bicameral de Inteligencia explicó que una subcomisión investigará el presunto armado de causas por parte de exfuncionarios de la AFI y de Vidal.

La diputada nacional Blanca Osuna (FdT) destacó las conclusiones de la reunión que mantuvo la Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, donde se resolvió por mayoría una posición crítica respecto del fallo de la Cámara Federal porteña por la revocatoria de los procesamientos de los extitulares de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, sobre espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri.

Además, en la comisión se decidió la creación de una subcomisión que investigará “el armado de causas de dicho organismo contra sindicalistas, luego de la difusión de un vídeo donde funcionarios confirman el modus operandi”, señaló la legisladora, en relación al vídeo donde aparecen exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal.

“Se definieron las respectivas denuncias contra los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi ante el Consejo de la Magistratura, por el desprocesamiento de los jefes de la AFI, desconociendo el plan masivo de inteligencia ilegal entre 2016 y 2019, y descartando la existencia de una asociación ilícita en la causa conocida como ‘Super Mario Bros’”, explicó la oficialista.

Sobre esa línea, la entrerriana cuestionó “el argumento de ambos camaristas” que omitieron “con total intencionalidad el trabajo del Congreso Nacional en la recopilación de datos, la sistematización de información, la recolección de pruebas y la escucha a cientos de testigos, en un trabajo riguroso plasmado en un informe de 400 páginas, presentado en abril del año pasado, que demuestra que al menos 342 personas y 171 organizaciones sociales, gremiales, políticas, de derechos humanos y religiosas, fueron víctimas de ese sistema ilegal; fue el supuesto intento de esos exespías de la obtención de dinero por su cuenta o de compartir información, utilizando sus posiciones y recursos del Estado”.

“Es indudable que fue un plan transversal a la estructura del Estado Nacional, que Arribas, Majdalani, ni Macri, pudieron desconocer”, agregó y fustigó: “Está claro además la vinculación política con el macrismo de algunos nombres que se repiten en Comodoro Py, que fueron y son actores sustanciales para el traslado de causas, subestimarlas o directamente archivarlas”.

La diputada indicó que “más allá de las apelaciones de las querellas y la Fiscalía, lo denunciaremos en el Consejo de la Magistratura”.

Sobre la investigación que realizará la subcomisión, explicó: “Es por los hechos conocidos en los últimos días, donde se visualiza mediante un vídeo a exfuncionarios de la AFI, a exfuncionarios de María Eugenia Vidal en su paso por la gobernación de Buenos Aires, e incluso a intendentes, confirmando distintas estrategias ilegales para el armado de causas contra sindicalistas”.

“La subcomisión analizará con detenimiento lo realizado por el exdirector administrativo de Asuntos Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián de Stefano, hoy refugiado en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en Subterráneos de Buenos Aires S.E.; el exjefe de Gabinete, Darío Biorci; y el exdirector operacional de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra”, profundizó Osuna.

Para la diputada, “estas definiciones de la Comisión Bicameral son contundentes e indispensables, porque nuestra democracia merece prevenir, eliminar y condenar cualquier utilización de espionaje legal, más aún cuando se trata de un plan sistemático en el corazón del Estado, con el objetivo de amedrentar, perseguir y disciplinar opositores, gremialistas, periodistas e incluso familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan”.

“Se trata de una definición indispensable como sociedad, para que Nunca Más existan estos sótanos oscuros, donde incluso accionan utilizando términos como gestapo, que nos recuerda a épocas de dolor, odio y muerte”, finalizó.

La Bicameral de Inteligencia le apunta a dos camaristas

Se trata de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, quienes revocaron la semana pasada el procesamiento del extitular de la AFI Gusavo Arribas, y otros involucrado en una de las causas por escuchas telefónicas durante la gestión de Macri.

Por última vez en el año se reunió este martes la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia que hasta febrero próximo preside el kirchnerista Leopoldo Moreau. El motivo de la convocatoria fue analizar elementos recientes que preocuparon al kirchnerismo, en particular el fallo que liberó de culpas al extitular de la AFI en tiempos de Cambiemos, Gustavo Arribas, como así también al exdirector administrativo de Asuntos Jurídicos de la AFI Juan Sebastián de Stefano y del exdirector del Servicio Penitenciario Federal Emiliano Blanco, entre otros. La absolución fue adoptada por los jueces de la Cámara Federal porteña Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, quienes rubricaron el fallo y despertaron la indignación de Cristina Fernández de Kirchner, que con ironía planteó que “Papá Noel vive en Tribunales”.

La idea de los representantes kirchneristas de la Bicameral es hacerles “juicio político” a ambos magistrados. La razón es que consideran que en lugar de fallar como lo hicieron, los jueces debieron dejar deliberadamente prueba sin analizar para concluir que no existió “un plan sistemático de producción de inteligencia ilegal” desde el Poder Ejecutivo, al descartar la existencia de una “asociación ilícita” en la causa conocida como “Súper Mario Bros” y atribuir los hechos a cuentapropistas.

Asimismo anunciaron el inicio de un sumario de investigación sobre la denuncia presentada esta semana por la AFI ante la justicia federal penal, luego del hallazgo de un video en el que aparecen exfuncionarios de Cambiemos presuntamente involucrados en el armado de causas judiciales contra gremialistas.

A los efectos de avanzar con esa investigación fue creada una subcomisión que estará integrada por los diputados oficialistas Eduardo Valdés y Rodolfo Tailhade, más uno de los miembros de Juntos por el Cambio.

La comisión sigue estando presidida por Leopoldo Moreau, y además de los citados legisladores kirchneristas la integran los senadores Oscar Parrilli, Mariano Recalde, Martín Doñate, Sergio Leavy y Gerardo Montenegro y la diputada Blanca Osuna, en tanto que por Juntos por el Cambio participan Cristian Ritondo, Alfredo Cornejo, Miguel Bazze, Gerardo Milman, Ignacio “Nacho” Torres y Sebastián García de Luca.  

Con el trasfondo de la denuncia de la AFI, se reúne la Bicameral de Inteligencia

La comisión fiscalizadora deberá constituirse antes y luego realizará una reunión que tendrá carácter secreto.

La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia se reunirá antes de terminar el año, para analizar los últimos fallos judiciales relacionados con las investigaciones al expresidente Mauricio Macri. Y por supuesto, la denuncia impulsada por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) contra exfuncionarios de la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal, luego del hallazgo de videos de reuniones del exministro de Trabajo Marcelo Villegas en las que se hablaba del armado de causas contra dirigentes gremiales.

Según pudo saber parlamentario.com, la reunión tiene carácter secreto y se realizará este martes a partir de las 15 en el edificio Anexo del Senado y se espera que al principio vaya a constituirse. Hasta el 10 de diciembre su presidente era Leopoldo Moreau, y ese cargo pasará a manos de un oficialista del Senado. De los que siguen siendo legisladores, figuran los senadores del Frente de Todos Oscar Parrilli, Martín Doñate, Sergio Leavy y Gerardo Montenegro, como así también los diputados Blanca Osuna, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés. Por Juntos por el Cambio están Sebastián García de Luca y Cristian Ritondo.

Durante el encuentro seguramente se hablará también de la decisión de la Cámara Federal de Casación de trasladar a Comodoro Py la causa sobre extorsión y espionaje en la que están acusados el fiscal Carlos Stornelli y el falso abogado Marcelo D’Alessio. Tema que llevó a la vicepresidenta Cristina Kirchner a tuitear un irónico “Finalmente se supo: Papá Noel vive en Comodoro Py”.

El 30 de diciembre del año pasado la Bicameral de Inteligencia cerró el año entregándole a Cristina Kirchner un informe sobre la Oficina de Escuchas durante la gestión de Mauricio Macri.

Con un dictamen propio, Juntos por el Cambio cuestionó la tarea de la Bicameral de Inteligencia

El interbloque denunció exceso de facultades, invalidez de las declaraciones que se tomaron, violación del secreto y temor de parcialidad.

Los legisladores de Juntos por el Cambio que integran la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos y Actividades de Inteligencia firmaron su propio dictamen sobre la cuestión del espionaje ilegal durante la gestión anterior.

El diputado Cristian Ritondo (Pro) participó de la subcomisión que realizó la investigación, junto con su par Rodolfo Tailhade y el senador Martín Doñate. Sin embargo, a la hora de las conclusiones, el interbloque opositor no acompañó el dictamen del Frente de Todos.

Además de Ritondo, integran la bicameral los diputados Sebastián García De Luca y José Cano, y los senadores Oscar Castillo, Juan Carlos Marino y Pamela Verasay.

Los legisladores no cuestionaron el contenido de la investigación, sino la tarea realizada por la bicameral, y en ese sentido denunciaron exceso de facultades, invalidez de las declaraciones que se tomaron, violación del secreto y temor de parcialidad.

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En el dictamen, al que accedió parlamentario.com, advirtieron que el Frente de Todos desencadenó una “persecución política” contra el gobierno anterior “a partir del direccionamiento interesado de esta investigación”.

“Han desnaturalizado los fines con que la bicameral fue creada, transformándola en una usina de producción de prueba con efectos judiciales en sumarios en trámite ante el Poder Judicial de la Nación”, sostuvieron.

Al sintetizar los argumentos, consideraron que la comisión “se ha servido de declaraciones inválidas, ha torcido su razón de ser -que no es otra que la fiscalización-, ha violado el secreto impuesto por ley y ha desconocido elementales derechos y garantías constitucionales de toda persona sujeta a una investigación”.

Los representantes de Juntos por el Cambio enfatizaron que la bicameral “no puede conducir investigaciones judiciales para pesquisar la posible comisión de delitos, a punto tal que, si de sus averiguaciones surgiese la posible comisión de delitos, tiene la obligación de hacer la denuncia penal”.

En ese marco, opinaron, “el proceder de la bicameral excedió las funciones para la cual ha sido creada por ley, dejando de actuar como un ente de fiscalización para convertirse en una unidad de investigación y producción de prueba al servicio de un Juzgado y una Fiscalía”, a cargo de Alejo Ramos Padilla y Guillermo Marijuan, respectivamente.

Según los firmantes, la comisión solo puede decidir “la apertura del sumario de investigación; la remisión de las actuaciones a la autoridad judicial competente; o la desestimación de la denuncia”, pero no tiene facultades para investigar delitos.

Respecto de las declaraciones que tomó la bicameral, apuntaron que “no está claro en muchos casos si se trata de ‘testigos’ o de ‘personas imputadas’”, y “al comenzar las diligencias no se les advierte a los declarantes sobre qué habrán de declarar ni los alcances de la investigación”.

Se conducían interrogatorios interminables que iban abordando los más variados temas pero que, de una forma u otra, terminaban centrándose en la gestión de la AFI durante el período 2015-2019 y sobre quienes habían sido sus conductores”, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, afirmaron en Juntos por el Cambio.

También argumentaron que se violó el secreto: “Es por todos conocida la manera absurda en que registros sensibles de novedades cotidianas de la AFI, de carácter secreto, se introdujeron abiertamente en una de las causas judiciales de Lomas de Zamora, sea por impericia de la interventora de la AFI que las envió o de la fiscal actuante que las subió al sistema, y se hicieron públicas”.

Por último, sobre el temor de parcialidad, advirtieron que el diputado Tailhade además de integrar la comisión es querellante en una de las causas por espionaje ilegal, que tramita en el Juzgado Federal Nro. 8.

El Frente de Todos denunció un “plan sistemático de inteligencia ilegal para la extorsión y la persecución política”

Legisladores oficialistas expusieron en conferencia de prensa los resultados del trabajo de la Bicameral de Inteligencia. Piden crear una comisión especial con más facultades para investigar a jueces y fiscales que, según sostienen, participaron de este accionar.

Diputados y senadores del Frente de Todos denunciaron este martes, en conferencia de prensa, un “plan sistemático de inteligencia ilegal montado durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, “cuyo objetivo era la extorsión y la persecución política”.

Desde el Salón de Pasos Perdidos, legisladores encabezados por el presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos y Actividades de Inteligencia, Leopoldo Moreau, expusieron los resultados de la investigación llevada a cabo durante varios meses.

Además de Moreau, participaron de la conferencia los senadores Oscar Parrilli y Martín Doñate, y los diputados Eduardo Valdés y Blanca Osuna.

Moreau explicó en detalle las conclusiones del dictamen firmado por ocho legisladores del Frente de Todos, fruto de un trabajo que tuvieron a cargo el senador Doñate y los diputados Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) y Cristian Ritondo (Pro).

Ritondo encabezó, en nombre de Juntos por el Cambio, la firma de un dictamen alternativo, que no cuestiona el contenido de la investigación sino el supuesto exceso de facultades de la bicameral, que se reúne en forma reservada.

“El Estado mafioso”

Moreau puntualizó que el dictamen de la bicameral, que consta de alrededor de 400 páginas, se basó en primer lugar en las investigaciones que la propia comisión encaró, donde “se produjeron las primeras confesiones -no solo declaraciones- de agentes de inteligencia que asumieron la responsabilidad y reconocieron la realización de tareas de inteligencia ilegal”.

Otra fuente del dictamen fueron las dos investigaciones que se llevaron adelante en el Juzgado de Dolores, a cargo en aquel entonces del juez Alejo Ramos Padilla; y las dos causas que se están sustanciando en el Juzgado de Lomas de Zamora.

Foto: Bloque senadores Frente de Todos

El titular de la bicameral advirtió que entre 2015 y 2019 “no solamente se llevaron a la práctica tareas de espionaje ilegal, sino que estamos en presencia de un plan sistemático de inteligencia ilegal cuyo objetivo era la extorsión y la persecución política”.

Moreau explicó que el informe se tituló “El Estado mafioso” porque “en ese período se montó un Estado paralelo, clandestino y secreto”. “Se estructuró de modo sistemático un modo de acción que se desarrolló a través de células paralelas dentro del propio Estado”, dijo, y agregó que “la cabeza del sistema de espionaje estaba en la propia AFI (Agencia Federal de Inteligencia)”.

Sin embargo, según apuntó, no solo sucedió en el ámbito de la AFI sino también “en la AFIP, que llevaba adelante tareas de inteligencia fiscal; en la UIF, que llevaba adelante tareas de inteligencia financiera; en Migraciones, que hacía tareas de control de entradas y salidas del país; y en el Servicio Penitenciario Federal, que en coordinación con la AFI llevaba adelante las tareas de espionaje sobre los ‘presos K’ y sus abogados defensores”.

Moreau informó que todos esos grupos “reportaban a la cabeza de la AFI, que era la que determinaba los blancos de estas tareas, y a su vez la AFI, a través de Gustavo Arribas, operaba como polea de transmisión para llevar al vértice de esta organización ilegal, que era la ‘mesa judicial’, el conjunto de información”.

Foto: Bloque senadores Frente de Todos

En ese sentido, aseguró que la “mesa judicial” era “presidida” por Macri; que “se reunía con periodicidad”; y que allí “se decidía el destino que iban a correr las personas u organizaciones que eran espiadas”.

Sobre ese aspecto, precisó que fueron 308 las víctimas -entre ellas varias figuras públicas, como la vicepresidenta Cristina Kirchner-, pero aclaró que no difundirán el listado completo porque “las volveríamos a victimizar y las volveríamos a poner como blanco del espionaje”.

“Lo tenemos absolutamente probado desde el punto de vista documental y a través de quienes admitieron haber realizado tareas de espionaje ilegal”, afirmó el legislador., que además habló de 170 organizaciones político-partidarias, gremiales, sociales, comunitarias y religiosas que también fueron objeto de estas tareas, y que sí están mencionadas en el documento.

Por otra parte, confirmó el pedido para crear una nueva comisión bicameral que investigue el rol de los magistrados en este accionar. “Nos hemos encontrado con que como parte de esta estructura mafiosa han participado también fiscales, jueces, camaristas y probablemente miembros de la Corte”, alertó.

Moreau aclaró que la bicameral que preside no pudo “avanzar en ese terreno” porque “excede las facultades de la comisión”, y por eso propuso crear una nueva “que tenga facultades más amplias que en el marco de la Constitución se puedan materializar”.

Foto: Bloque senadores Frente de Todos

Finalmente, adelantó que enviarán el dictamen no solo a la Justicia, sino también a organismos internacionales como Naciones Unidas, la OEA y Amnistía Internacional. “La víctima ha sido el Estado de Derecho, porque se arrasó con el principio de inocencia y con los derechos y garantías de los ciudadanos”, sintetizó.

Por su parte, Parrilli -uno de los dirigentes espiados- denunció que este mecanismo se montó “para llevar adelante un plan económico de empobrecimiento de la gente, de despidos, de aumento de las tarifas del 3.000%, de endeudamiento brutal, de destrucción de la salud, la educación, la ciencia y la tecnología. Toda la tierra arrasada que dejó el gobierno de Mauricio Macri”.

También señaló que el espionaje ilegal se utilizó para solapar un “fenomenal hecho de corrupción y de negocios de Macri y muchos de sus ministros”, que tuvo que ver con los Panamá Papers, el Correo Argentino y el negociado de los parques eólicos. “La víctima de todo esto fue el pueblo argentino”, lamentó el exdirector de la AFI.

La Bicameral de Inteligencia sugiere crear comisión especial para investigar a jueces, fiscales y camaristas

El informe elaborado por los integrantes kirchneristas de la misma denuncia un plan sistemático de espionaje político ilegal, y reclama investigar y castigar “este arrasamiento que produjo dolor e inseguridad a miles de ciudadanos”.

El Frente de Todos dio a conocer este martes el dictamen final elaborado por integrantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos y Actividades de Inteligencia, con duros cargos contra la gestión del expresidente Mauricio Macri, a la que le adjudican la responsabilidad de haber espiado de manera ilegal a al menos 307 víctimas directas confirmadas; realizado 43 intervenciones de los servicios de inteligencia en causas penales, circunscribiendo ese proceder detallado solamente en los primeros doce meses del Gobierno de Cambiemos.

“El Estado mafioso”, se titula el documento al que accedió parlamentario.com, en el que los autores anuncian que “la Argentina estuvo y está en peligro”, afirmando que “nuestra democracia enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia: investigar y castigar el aniquilamiento de los derechos de los ciudadanos, la violación de nuestra Constitución Nacional, el ataque contra los fundamentos del Estado de Derecho, la libertad y la paz de los argentinos y la degradación de nuestro sistema político republicano y democrático, al punto de hacerlo retroceder a los períodos más oscuros de nuestra historia”.

En ese sentido consideran “un imperativo legal”, como así también una “obligación política y un compromiso moral” investigar y castigar “este arrasamiento que produjo dolor e inseguridad a miles de ciudadanos”.

Denuncia la Bicameral, en cuyo informe no participaron los miembros de la oposición, que durante el Gobierno de Mauricio Macri “se utilizó el poder del Estado para implantar un plan sistemático de espionaje político ilegal como método de dominación y extorsión, al mejor estilo de la práctica mafiosa”. Para los legisladores del Frente de Todos, ese plan “fue diseñado con premeditación y alevosía y en concurso con los medios de comunicación hegemónicos y el Poder Judicial, avasallaron a cientos de ciudadanos”.

Según el informe, 170 organizaciones políticas, sociales y gremiales fueron espiadas ilegalmente, con al menos 307 víctimas directas confirmadas; hubo 43 intervenciones de los servicios de inteligencia en causas penales solamente en los primeros doce meses del Gobierno de Mauricio Macri, señala el informe, según el cual hubo un objetivo “extorsivo” que se propuso “quebrar emocional, económica y políticamente a las víctimas seleccionadas”.

El informe de la comisión que preside el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau propone crear “un nuevo Nunca Más que dé cuenta del daño institucional, político y social provocado a la República Argentina”. Según el mismo, el espectro alcanzado por el espionaje que habría sido perpetrado por el Gobierno anterior incluye las siguientes supuestas operaciones: Instituto Patria; el ARA San Juan; el Servicio Penitenciario; Pablo Barreiro; Fariña Etchegaray; juez Carzoglio; BrusaDovat-PDVSA; atentado contra José Luis Vila; Pedro Etchebest; dirigentes políticos del Norte argentino; Gas Natural Licuado, y en esas “operaciones” incluyen “la que sufrió la expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner”.

El método denunciado es lo que denominan “lawfare o guerra jurídica”, que según el informe consiste en “el ataque contra opositores -reales o potenciales- a través de la manipulación del Poder Judicial -como máscara de legalidad- en perfecta sincronización con los medios de comunicación hegemónicos”.

El informe denuncia acciones concretas tales como “seguimientos y espionaje ilegal a ciudadanos, grabación de comunicaciones telefónicas, recolección de movimientos migratorios, utilización de testigos ‘arrepentidos’ falsamente y bajo presión, entre otras”. Afirman que el objetivo era “armar denuncias, difundirlas en los medios de comunicación y repetirlas hasta el hartazgo, creando así un clima de odio, rencor y revancha que justificara la intervención judicial sin que importaran las pruebas y mucho menos el debido proceso y las demás garantías constitucionales”. Para los denunciantes, se trataba de “lograr una sentencia anticipada construida mediática y judicialmente sin que existiera correlación alguna con la verdad de los hechos”.

Denuncian la creación de “una estructura estatal paralela y clandestina”, que califican como “verdadera organización mafiosa”. El objetivo político central que le atribuyen a esa operación es “borrar o montar una nueva memoria popular sobre el ciclo político que había gobernado la Argentina desde el año 2003 hasta el año 2015”. El informe le apunta a la Agencia Federal de Inteligencia dirigida por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y menciona puntualmente a Facundo Melo, María Mercedes Funes Silva, Leandro César Araque y Jorge Horacio Sáez, quienes se incorporaron en el año 2016 y según el trabajo “fueron parte de la célula que se conocería como los ‘Super Mario Bros’ y que funcionaría en ‘La Cueva’, como ellos mismos llamaban a su central de operaciones”. Al financiamiento de esas operaciones es atribuida la decisión de Mauricio Macri de que los gastos de la AFI volvieran a ser reservados.

El informe denuncia también como modus operandi “la detención preventiva de familiares para negociar su libertad a través de confesiones bajo extorsión”. Citan en ese sentido lo que denominan la “operación Pablo Barreiro”, en referencia a un exsecretario privado de Cristina Kirchner, como muestra de ese accionar, mencionando que en el marco de la causa Cuadernos, el fallecido juez federal Claudio Bonadio ordenó el arresto de Ricardo Barreiro, padre de Pablo. Ahí, según el informe de la bicameral, entró en acción el espía Marcelo D’Alessio y “Barreiro recibió el consejo por parte de D’Alessio de ‘sumarse’ a los ‘arrepentidos’”, afirmando que la participación mediática de esas operaciones fue “una pieza central”.

“En el curso de esta investigación han surgido elementos que vinculan de modo sistemático y orgánico a sectores de otro poder del Estado: el Judicial”, afirma  el trabajo, donde se reconoce que el examen del accionar de sus miembros excede las facultades propias de esa comisión bicameral. Por eso es que recomiendan a ambas cámaras la creación de una comisión bicameral que de modo específico examine los vínculos y conductas “que un puñado de jueces, fiscales, camaristas y miembros de la Corte desviaron de las normas constitucionales afectando el Estado de Derecho en sus aspectos más esenciales como lo son la vida pública y privada de los ciudadanos, el principio de inocencia, el debido proceso y la defensa en juicio”.

“El lawfare pasó a ser una política gubernamental durante el macrismo”

Así lo expresó el diputado Leopoldo Moreau, quien informó que según investiga la Bicameral de Inteligencia, hubo “más de 300 víctimas” de un presunto espionaje durante el gobierno anterior.

leopoldo moreau

El diputado nacional Leopoldo Moreau (Frente de Todos) se refirió este miércoles a la investigación que lleva a cabo la Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que él preside, sobre el presunto espionaje ilegal realizado durante el gobierno anterior.

“Se va conocer dentro de poco, cuando demos a conocer la investigación final, que no hay menos de 175 organizaciones políticas, sociales, etc., que fueron espiadas sistemáticamente, y por lo menos tenemos computadas más de 300 víctimas del espionaje“, reveló en diálogo con radio Del Plata.

El oficialista estimó que ese informe se daría a conocer aproximadamente dentro de dos semanas.

“El lawfare pasó a ser una política gubernamental durante el macrismo”, expresó el legislador, que consideró que “a esta altura no hay ninguna duda que se montó en Argentina, a partir de la llegada de Macri al poder, un sistema de espionaje ilegal que no tiene preexistentes, a excepción de las dictaduras militares”.

Moreau apuntó que “ningún sector de la sociedad argentina quedó fuera de ser víctima, sectores políticos, organizaciones sociales, expresiones religiosas, hasta comedores comunitarios fueron sistemáticamente espiados, como también los familiares del ARA San Juan”.

El radical K aseguró que se trató de “un sistema articulado del que participó la AFI como cabeza, pero también participó la AFIP, la Unidad de Información Financiera, la Dirección de Migraciones, el Servicio Penitenciario Nacional”.

“Toda esa información la utilizaban para elevarla a la famosa mesa judicial, que era el vértice de esta organización, una asociación ilícita creada por el propio presidente de la Nación, que funcionaba nada más y nada menos que en la Casa Rosada”, agregó.

Senadores oficialistas vincularon el ataque a Moreau con su rol en la Bicameral de Inteligencia

En un comunicado, el bloque presidido por José Mayans advirtió que la comisión se encuentra investigando “el espionaje ilegal sistemático y la persecución política” durante el gobierno anterior.

leopoldo moreau

Senadores del bloque del Frente de Todos repudiaron “de manera enérgica” el ataque y las amenazas que sufrió este martes el diputado Leopoldo Moreau en la vereda de la confitería Casablanca, frente al Congreso, y vincularon los hechos a su rol como presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia.

En un comunicado, los senadores se solidarizaron con Moreau y recordaron que, como titular de la bicameral, encabeza una investigación sobre “el espionaje ilegal sistemático y la persecución política desarrollada por la pasada administración macrista contra opositores, dirigentes sociales, empresarios y hasta con los familiares de la tripulación del ARA San Juan”.

“Nuestro bloque reclama el total esclarecimiento del ataque y la aplicación de la ley a todos y cada uno de los participantes de ese accionar antidemocrático, violento y que parece contrario al funcionamiento pleno de las instituciones de la República”, advirtieron.

Los senadores conducidos por José Mayans señalaron que la Bicameral de Inteligencia “en estos momentos está dedicada a investigar, entre otros asuntos, las actividades desarrolladas por las bases de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) desplegadas en territorio de la provincia de Buenos Aires entre 2016 y 2017 y el espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan”.

“A nadie escapa que la investigación que viene desarrollando la comisión que preside puede generar malestar en los responsables de los hechos analizados, pero la democracia debe garantizar en el marco de la ley el pleno funcionamiento de sus instituciones”, finalizaron los legisladores.

La Bicameral de Inteligencia entregó a Cristina un informe sobre la Oficina de Escuchas durante la gestión de Macri

En un acto en el Salón Delia Parodi, Leopoldo Moreau expuso en detalle el resultado del trabajo que realizaron integrantes de la comisión a lo largo del año. Denunciaron que “se estructuró una oficina que se dedicó a la militancia persecutoria”. La oposición presentó observaciones.

Legisladores de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos y Actividades de Inteligencia, encabezados por el diputado Leopoldo Moreau, entregaron este miércoles a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al titular de la Cámara baja, Sergio Massa, un duro informe sobre el armado y el funcionamiento de la Oficina de Escuchas durante la gestión de Mauricio Macri.

Fue en un acto realizado en el Salón Delia Parodi del Congreso, donde participaron también los diputados Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés y los senadores Oscar Parrilli y Martín Doñate, todos del oficialismo.

Moreau expuso en detalle los resultados del trabajo realizado a lo largo del año por parte de una subcomisión que integraron Tailhade, Doñate y el diputado radical José Cano, que acompañó la parte técnica del dictamen final pero presentó observaciones.

Los legisladores recabaron documentos y testimonios con ayuda de un equipo técnico, y requirieron información a todos los juzgados federales y cámaras federales del país para contar con todos los expedientes donde hubiera tenido intervención la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), ya sea en forma directa o a través de pre-causas.

Ante la mirada reprobatoria de Cristina por el contenido del informe, Moreau denunció que se produjeron “irregularidades muy severas que afectan no solo la intimidad de las personas, sino también derechos y garantías básicos que tienen que ver con la defensa en juicio y el debido proceso”.

También advirtió que “se han sustituido facultades del Congreso”, sentando el “precedente” de que “una acordada de la Corte puede justificar cualquier delito”, como el de falsedad ideológica.

“Es evidente que se estructuró una Oficina que se dedicó a la militancia persecutoria, y en un país donde hemos atravesado circunstancias como la del terrorismo de Estado, preocupa que se haya pretendido erigir un terrorismo judicial”, lamentó Moreau.

Asimismo, adelantó que en el mes de marzo tendrán listo otro informe sobre el “plan sistemático de inteligencia ilegal y persecución política” durante el gobierno macrista.

El informe

El documento, explicó Moreau, arranca con la “génesis” del caso, el DNU firmado por Macri el 24 de diciembre de 2015 -días después de asumir- disponiendo el traspaso de la Oficina de Escuchas desde la órbita de la Procuración General a la Corte Suprema de Justicia.

El diputado recordó que cuando esa Oficina funcionaba en la Procuración, “no hubo una sola filtración de escuchas”, pero a pesar de eso el gobierno impulsó el traspaso, y el 29 de diciembre, cinco días después de la firma del DNU, “la Corte dictó una acordada receptando esa Oficina”.

“Esto revela que había cierto apuro, ya que apenas había ingresado al Congreso el DNU, que no presentaba ni necesidad ni urgencia”, planteó Moreau.

Agregó que “tan grosero era el apuro que la Corte, en la propia acordada, recibió la Oficina pero dictó una resolución diciendo que recién se podía hacer cargo a mediados de febrero”.

Como “segunda irregularidad”, el oficialista marcó la forma en que se dio la elección de autoridades de la nueva Oficina, que pasó a denominarse a Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJUDECO).

“El decreto establecía que debía hacerse un sorteo entre los jueces penales con cargo de camaristas, pero curiosamente, días antes del sorteo, el diario La Nación, en una nota del periodista Hugo Alconada Mon, anunció quien iba a ser el titular de la Oficina, el camarista Martín Irurzun”, repasó Moreau, y añadió que el diario Perfil también difundió esa información.

Esto se dio así cuando, según el informe, “el sorteo superaba los 100 camaristas en todo el país”, y por si fuera poco, el acta del sorteo “al día de hoy no apareció, no existe”.

Moreau precisó que “a raíz de esta irregularidad se presentó una denuncia penal por falsedad ideológica” contra el entonces titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en función de que el Máximo Tribunal “había dictado una acordada avalando la designación”.

La denuncia “estuvo inerte en el Juzgado durante un tiempo hasta que en 2018 hubo una apelación, que recayó en una Cámara que ordenó el archivo de las actuaciones contra Lorenzetti”, integrada por los doctores Mariano Llorens y ni más ni menos que Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

El argumento para archivar las actuaciones fue que “a pesar de que no existe el acta del sorteo, de que no hay testigos, el hecho de que se haya dictado una acordada significaba darle fe al acto por sí mismo, no hacía falta ninguna otra prueba”, lo que sentó “un precedente muy complicado”.

Foto: Comunicación Senado

Moreau también se refirió en detalle a las “amplísimas facultades” que la Corte le otorgó a la DAJUDECO, en un acto de “gravedad institucional inusitada” porque “la adjudicación de esas responsabilidades, en la práctica, significa la creación de una ‘policía judicial’ por la cantidad de misiones y una mirada panóptica sobre todos los procesos penales en el ámbito de la Justicia”.

Además, se quejó, “esto se hizo con una acordada cuando en realidad es el Congreso el que, desde sus facultades, organiza la Justicia penal” a través de leyes que fijan las estructuras.

Entre otras “irregularidades” de la DAJUDECO, el diputado indicó que “decidía qué causas se admitían y qué causas no se admitían en el cuerpo de peritos”.

En cuanto a la filtración de escuchas, puso como ejemplo al propio Parrilli, que “fue escuchado 209 días casi en continuidad”, primero en una pre-causa llevada adelante por la jueza María Romilda Servini y posteriormente en una causa a cargo de Ariel Lijo.

Además, Moreau dijo que en el decreto original de la Oficina se establecía que su titular duraría un año en el cargo y debía realizarse un nuevo sorteo, del cual Tailhade pidió participar.

Sin embargo, “Macri dictó un nuevo decreto y prorrogó por tres años más el mandato de Irurzun, que así quedó cuatro años al frente de este organismo: un año con un sorteo que no apareció y tres años con una prórroga antes del sorteo. Está claro que era el elegido para esta función”.

Por su parte, Parrilli ironizó que si el oficialismo presentara un proyecto de ley con reformas de este tipo, “lo menos que criticarían es que estamos creando la GESTAPO judicial”, e insistió en que las maniobras no solo fueron ejecutadas por la Corte sino también por el Poder Ejecutivo.

“En nuestra gestión (en la AFI) no hicimos ni una sola pre-causa”, destacó el senador, y añadió que cuando se reformó la Ley de Inteligencia en el gobierno de Cristina Kirchner estuvieron “a punto de eliminarlas”, pero no lo hicieron porque “los iban a acusar de que no querían perseguir al terrorismo”.

Finalmente, Parrilli informó que el gobierno macrista “hizo 55 pre-causas, de las cuales se analizaron 20 (en el informe de la Bicameral), y por ejemplo, apareció una causa de una modelo que había sido novia de (Alberto) Nisman porque supuestamente estaba relacionada con actividades del ISIS”.

Diputados recibieron a familiares de los tripulantes del ARA San Juan

En el encuentro se analizó el tema de la investigación de las supuestas escuchas ilegales que habrían sido realizadas durante la gestión anterior.

Familiares de las víctimas de la tragedia del submarino ARA San Juan fueron recibidos por diputados nacionales. En el encuentro, que se realizó de manera presencial en la sede de la subcomisión creada por la Bicameral sobre asuntos de Inteligencia, dentro del anexo de la Cámara baja, sirvió para avanzar en la investigación de las denuncias contra los funcionarios del gobierno de Cambiemos por supuesto espionaje ilegal sobre las familias de los marinos.

Al finalizar el encuentro, Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes desaparecidos dijo que le ofrecieron a los legisladores toda la prueba con la que cuentan, que ya había sido entregada a la Justicia Federal en 2018 y que hoy está mnanejando la justicia de Mar del Plata.

En ese contexto, la diputada Blanca Osuna quien integra el grupo de legisladores designados junto a sus colegas Eduardo Valdés y Sebastián García De Luca, se comprometió a poner todos los recursos también al servicio de la causa madre la cual, según los afectados, está paralizada en el Poder Judicial, que se basa en las causas de la desaparición del submarino.

“Recibimos los duros testimonios, que los familiares nos compartieron y empezamos a realizar análisis de las declaraciones y documentación pertinente con la finalidad de fiscalizar y comprobar si  el funcionamiento de los organismos de inteligencia se ajustaron  estrictamente a las normas constitucionales y  respetaron  las garantías individuales o por el contrario desarrollaron accionar ilegal penado por ley”, dijo Osuna al salir del encuentro.

Asimismo, agregó que “los allegados de los héroes del San Juan, lucharon estos dos años, desde aquel 17 de noviembre, por verdad y justicia. Mientras desde la máxima jerarquía de la administración del Gobierno a cargo de Macri se sospecha que se mandó a espiarlos ilegalmente”, comentó la diputada entrerriana.

“Esa es la tarea que nos corresponde investigar hasta sus últimas consecuencias  tal cual lo establece la ley que regula la inteligencia en nuestro país”, sentenció.

La Bicameral de Inteligencia inició un sumario por espionaje ilegal a familiares del ARA San Juan

La comisión presidida por Leopoldo Moreau se reunió este lunes en forma reservada por la denuncia presentada por la interventora de la AFI. Recibirán a abogados querellantes.

La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, que preside el diputado Leopoldo Moreau, inició un sumario de investigación por el presunto espionaje ilegal hacia familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan durante la gestión anterior.

La bicameral se reunió este lunes en forma reservada, con algunos de sus integrantes en forma presencial y otros vía teleconferencia, y acordaron designar una subcomisión encargada de instruir el sumario de investigación.

“La semana que inicia pondremos en marcha la investigación”, anunció Moreau desde el Salón de Pasos Perdidos, e informó que recibirán el testimonio de los abogados que representan a la querella.

En diálogo con el canal C5N, el diputado afirmó que días atrás fueron notificados de la denuncia que presentó la interventora de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), Cristina Caamaño, en Mar del Plata, “que es de donde salió toda la actividad de inteligencia ilegal”.

Además, el viernes pasado, Moreau se reunió con una de las abogadas que representan a los familiares, y que también sumó elementos para la investigación.

“Vamos a avanzar rápidamente porque este es un hecho moralmente perverso. Es uno de los temas de espionaje ilegal que más compromete al expresidente (Mauricio) Macri, porque esos informes estaban dirigidos directamente a él”, advirtió el legislador del Frente de Todos.

Sostuvo que “cada vez que Macri tenía alguna vinculación con el tema ARA San Juan, cuando recibía a los familiares, cuando iba a jugar al golf al club que está sobre la Base Naval de Mar del Plata, o cuando fue a Chapadmalal, la AFI le hacía un informe”.

“El usuario de esos informes era el presidente. Hay fotos de los familiares, seguimiento a los familiares, y de paso hicieron inteligencia ilegal sobre partidos políticos y organizaciones en Mar del Plata. Eso está definitivamente probado”, aseguró.

Por último, señaló que ahora “hay que analizar si tuvo algún grado de participación la Inteligencia Militar del Ministerio de Defensa”, algo que todavía “está bajo análisis”.

ARA San Juan: la Bicameral de Inteligencia analizará la denuncia por espionaje ilegal a familiares

En una reunión reservada convocada para este viernes, la comisión dará ingreso a la denuncia y se iniciaría un sumario de investigación en paralelo a la de la Justicia.

La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, que preside el diputado Leopoldo Moreau (Frente de Todos) se reunirá este viernes para dar ingreso a la denuncia sobre espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan.

La comisión mantendrá un encuentro reservado desde las 14.30, con algunos de sus integrantes en forma presencial y el resto, conectados por videoconferencia.

Los legisladores le darán entrada a la denuncia remitida por la abogada que representa a los familiares, donde la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, apuntó contra su antecesor, Gustavo Arribas.

Según denunció Caamaño ante la Justicia Federal de Mar del Plata, la AFI realizó tareas de espionaje sin orden judicial mientras el submarino estaba desaparecido.

La comisión presidida por Moreau iniciaría un sumario de investigación en paralelo a la causa judicial, con la creación de una subcomisión encargada de recabar testimonios.

En otro orden, la bicameral fijará fecha para convocar a Caamaño con el fin de que informe ante los diputados y senadores sobre las tareas de reorganización y saneamiento de la AFI, así como las denuncias que se tramitan en diversos juzgados federales por violación a la Ley de Inteligencia Nacional.

“Parrilli formó parte de la cloaca de la AFI”, lanzó Cano

El diputado radical, miembro de la Bicameral de Inteligencia, advirtió que debe resguardarse la confidencialidad de los testimonios recibidos y consideró que también deben avanzar las causas sobre espionaje durante los gobiernos K.

El diputado radical José Cano manifestó este jueves que es necesario que la Bicameral de Control y Seguimiento de los Organismos de Inteligencia ahonde en todas las causas sobre espionaje ilegal, y no solamente en las del gobierno macrista, porque si no “hay que ver que personajes como (Oscar) Parrilli aparezcan como relatores de partidos de fútbol de una cloaca de la AFI de la que él formó parte”.

Integrante de la comisión que preside el kirchnerista Leopoldo Moreau, donde se formó una subcomisión para recibir el testimonio de personas imputadas en la causa sobre presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos -por la cual ya hay más de 20 detenidos-, el legislador pidió que se reserve la “confidencialidad” de esas declaraciones.

“Trascendieron nombres, apellidos, cargos y punto y coma de lo que declararon”, se quejó el tucumano, quien advirtió que el hecho de que esos testimonios tomen estado público, “vulneran la posibilidad de que se llegue a la verdad”. Para el diputado, la bicameral no puede ser “una especie de Poder Judicial paralelo”.

En diálogo con AM750, Cano subrayó que “se están mediatizando cuestiones por las que después le terminan echando la culpa a los periodistas”. “La Justicia es la que tiene que investigar si efectivamente ha habido una red de espionaje, un grupo que ha tenido la actitud de actuar al margen de la ley”, agregó.

Además, el opositor recordó una causa iniciada en 2015, a partir de una denuncia de Laura Alonso y Patricia Bullrich, sobre el espionaje a 33 personas, entre políticos, jueces y periodistas, realizado durante el kirchnerismo. Y mencionó también el hallazgo de carpetas de inteligencia en la casa de Cristina Kirchner en El Calafate.

“Ojalá la Justicia pueda actuar con la misma celeridad que en la causa que lleva el juez (Fedrico) Villena. Porque no son causas que estén archivadas”, señaló.

Finalmente, Cano resaltó que “estamos ante casos concurrentes, la Justicia tiene que investigar” y “la bicameral tiene la enorme oportunidad de poner blanco sobre negro”, pero “tenemos que discutir absolutamente todo, porque sino somos absolutamente parciales”.

No se presentaron los citados en la Bicameral de Inteligencia

La exsecretaria de Documentación de la Casa Rosada y un exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia pegaron el faltazo este viernes.

leopoldo moreau

La Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de Organismos de Inteligencia tuvo este viernes una reunión estéril en el Congreso de la Nación, pues los exfuncionarios convocados para exponer ante ese organismo no asistieron, por distintas razones.

En el caso del ex director de Operaciones Especiales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Alan Ruiz, envió un certificado que acredita que se encuentra bajo licencia médica por haber sido intervenido quirúrgicamente el pasado 10 de junio, por lo que será citado para el próximo viernes. La otra citada era Susana Martinengo, exsecretaria de Documentación de la Casa Rosada, pero en su caso directamente faltó. Cabe consignar que en el caso de los civiles, no están obligados a concurrir a esas convocatorias.

Martinengo había aparecido mencionada en la documentación que les secuestraron a los espías Leandro Araque y Facundo Melo, razón por la cual se decidió citarla.

Alan Ruiz aparece mencionado en la investigación como el que daba las órdenes al grupo de espías.

Fue todo lo contrario de lo ocurrido el día anterior, cuando ante la comisión que preside el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau se presentó el exagente de la AFI Jorge “Turco” Sáez, quien dijo haber espiado a la hermana del exmandatario Florencia Macri, lo mismo que al vicejefe de Gobierno Diego Santilli y a los periodistas de La Nación Carlos Pagni y Hugo Alconada Mon.

Carlos Pagni había sido citado el jueves pasado y tampoco concurrió, aunque en su caso presentó un escrito.

La próxima semana deberían presentarse los ex agentes Emiliano Matta y Mercedes Funes Silva; Diego Dalmau Pereyra y Martín Terra, ex esposo de Analía Maiorana, que a su vez es la actual pareja de Diego Santilli.

Bajo la influencia de la denuncia por espionaje ilegal se reúne la Bicameral de Inteligencia

La comisión que preside el oficialista Leopoldo Moreau sesionará de manera presencial este miércoles en el Congreso, y el encuentro estará signado por lo que acaba de denunciar la titular de la AFI.

En el marco de la reactivación del Congreso que se vive por estos días, y también -por qué no decirlo- de la fuerte embestida emprendida por el oficialismo contra la administración precedente, se reunirá este miércoles la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia.

La reunión es de carácter reservado, según lo establece el artículo 10 del reglamento interno, pero está claro cual será el eje del debate que allí se dará: la denuncia hecha por la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, por presunto espionaje ilegal a personas vinculadas a la actividad política, periodistas, dirigentes y policías durante el Gobierno de Mauricio Macri, tras el hallazgo de información recuperada de un disco rígido que había sido borrado.

La comisión está presidida por el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau, quien sin duda pondrá en primer lugar del temario la denuncia penal que quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y del fiscal Jorge Di Lello.

El encuentro será de carácter presencial, en el Salón Delia Parodi, del Palacio del Congreso, a partir de las 14.

Leopoldo Moreau quedó al frente de la Bicameral de Inteligencia

El diputado del Frente de Todos estará secundado por el senador radical Juan Carlos Marino.

leopoldo moreau

El diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau conducirá la Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

Se trata de una comisión clave ya que tiene en sus manos la tarea de controlar a la Agencia Federal de Inteligencia, actualmente intervenida por disposición del gobierno de Alberto Fernández.

En una reunión constitutiva realizada este jueves en el Anexo del Senado, el radical K fue ungido presidente. En tanto, el senador Juan Carlos Marino -quien presidió ese cuerpo en el último año- quedó designado como vicepresidente. Todavía resta elegir al secretario.

Este año la conducción debí estar en manos de un diputado, de acuerdo al reglamento de la bicameral, que establece la alternancia entre ambas cámaras para la presidencia.

Además de Moreau, por la Cámara baja integran la comisión los kirchneristas Rodolfo Tailhade, Blanca Osuna y Eduardo Valdés; los macristas Cristian Ritondo y Sebastián García de Luca; y el radical José Cano.

En tanto, desde el Senado forman parte Oscar Parrilli, exdirector de la AFI; Martín Doñate, Sergio “Oso” Leavy y Gerardo Montenegro, del Frente de Todos; Juan Carlos Marino (UCR), Pamela Verasay (UCR) y Oscar Castillo (Frente Cívico de Catamarca).

El Senado ya designó a sus representantes para la Bicameral de Inteligencia

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto para nombrar a los siete integrantes de la comisión. Los nombres.

Luego que se publicara en el Boletín Oficial el DNU para reformar la Ley de Inteligencia Nacional, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto donde se designan a los siete senadores que formarán parte de la Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

La integración de la comisión se completará cuando el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, haga lo propio y nombre a los siete diputados que se sumarán a ese cuerpo.

Por el Senado formarán parte Oscar Parrilli, exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia y hombre de estrecho vínculo con la vicepresidenta. También por el Frente de Todos fueron designados el rionegrino Martín Doñate, el salteño Sergio “Oso” Leavy y el santiagueño Gerardo Montenegro.

En tanto, Juntos por el Cambio propuso a Juan Carlos Marino -quien hasta el año pasado presidió la bicameral-, Pamela Verasay y Oscar Castillo.

La presidencia, que estará en manos del oficialismo, corresponde este año a un diputado, ya que su último presidente fue un senador y el reglamento establece la alternancia entre ambas Cámaras.