Tal como anticipara su intención el oficialismo cuando se puso en marcha la Bicameral de Trámite Legislativo, en medio de los cuestionamientos por el DNU 70/23 de Javier Milei, la comisión presidida por el senador libertario Juan Carlos Pagotto tratará decretos de necesidad y urgencia de gestiones pasadas.

La reunión fue convocada para este jueves, a las 15.30 en el Salón Illia del Senado, y el temario incluye una veintena de DNU “pendientes con objeto cumplido” de la gestión de Mauricio Macri (2015-2019) y de Alberto Fernández (2019-2023).

Entre los decretos de la gestión Cambiemos, figuran sobre hidrocarburos, deuda pública, modificación presupuestaria, la creación de la Agencia Nacional de Protección a Testigos -que después fue derogada por un decreto de Alberto Fernández-, y hasta el otorgamiento de un bono de 5.000 pesos a trabajadores del sector privado, firmado el 9 de octubre de 2019.

En tanto, entre los DNU del gobierno del Frente de Todos hay también sobre deuda y presupuesto; derechos de exportación y emergencia pública en materia ocupacional. El listado incluye el decreto 522/20, por el cual se dispuso la intervención de Vicentin, que después fue derogado por otro decreto.

El deseo de tratar decretos pendientes no era sólo de La Libertad Avanza, sino también del resto de los bloques de la oposición no K. Uno de los que más fuertemente pidió hacer un tratamiento “por orden cronológico” fue el diputado del Pro Hernán Lombardi.

Cuando se constituyó en febrero pasado, la Bicameral de Trámite Legislativo llevaba más de un año y medio sin reunirse y más de dos años sin dictaminar sobre ningún decreto.

“Estoy muy enojada y molesta”, comenzó su intervención la diputada entrerriana Carolina Gaillard (UP) ante la Bicameral de Trámite Legislativo, en cuya reunión denunció que los funcionarios del Ejecutivo “arrugaron” para asistir a la comisión a explicar el DNU 70/2023 y lanzó munición pesada contra el Frente Pro y un sector de la UCR.

“Nosotros queremos que se traten todos los DNU en el recinto porque este decreto está generando efectos dañinos a la sociedad”, planteó con un tono elevado de la voz y entre gritos disparó: “Ustedes mientras nos entretienen acá con ‘moción va, moción viene, de acá para allá’, la gente no es tonta, déjense de hacerse los pelotudos y de mirar para otro lado. Les voy a faltar el respeto porque le están faltando el respeto a la sociedad…usted senador (Juan Carlos) Romero le falta el respeto a la sociedad que hoy vive el aumento de prepagas y tarjetas”.

Y siguió: “Usted senador Romero que me mira con sorna presentó una nota para que se incluyan en el temario los DNU de Alberto Fernández se traten en forma cronológica”.

“El senador Romero, el doctor (Luis) Juez del Frente Pro, (Hernán) Lombardi, (Francisco) Monti, (Víctor) Zimmerman quieren que primero se trate lo de Alberto Fernández y no lo del DNU 70 que hoy está haciendo efecto y destrozos. Son cómplices de esta maniobra dilatoria. No es La Libertad Avanza sola, es el Pro, y parte de la UCR que no asumen la responsabilidad que tienen como diputados y senadores para ir a la sesión en el recinto y rechazar esto o exigir que hoy se dictamine”, cuestionó.

Sin la presencia del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, ni el ministro de Economía, Luis Caputo, que habían sido convocados con motivo del mega DNU 70/23 de desregulación de la economía, se reúne desde las 14.19 la Bicameral de Trámite Legislativo, donde parte de la oposición pide ordenar el tratamiento de los decretos que se encuentran pendientes de la gestión anterior.

Tras la solicitud que hizo el diputado macrista Hernán Lombardi, para que la comisión considere en “orden cronológico” un centenar de DNU que quedaron sin ser analizados -intención del oficialismo que se tuvo desde un comienzo-, el presidente de la bicameral, el senador de La Libertad Avanza Juan Carlos Pagotto, dio aviso a los funcionarios de la cancelación de invitación.

A través de una nota, el riojano señaló que distintos legisladores “solicitaron modificar el orden del tratamiento de los DNU que se encuentran sin dictaminar por la comisión”, por lo cual “quedan postergadas (las citaciones) hasta tanto se decida el orden del tratamiento de todos los DNU que se encuentran girados a la comisión”.

La semana pasada, LLA junto a la oposición no K habían aprobado la convocatoria a Posse, Caputo y otros funcionarios como el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Armando Giubert; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Vilella; el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Omar Yasin; el ministro de Salud, Mario Russo; y el director de la ANSeS, Mariano de los Heros Battini.

Sin embargo, eso no ocurrirá este jueves y la nueva jugada del oficialismo y sus aliados apunta a extender el tratamiento -por lo menos en la bicameral- del DNU emitido por Javier Milei el pasado 21 de diciembre, a través del cual se modificaron 300 leyes.

Desde Unión por la Patria, espacio molesto por su representatividad en la composición de la bicameral, insisten desde febrero en tratar directamente el DNU en el recinto, vencidos los plazos que establece la Ley 26.122. Pidieron en tres oportunidades una sesión, pero la vicepresidenta Victoria Villarruel no se las aceptó.

A la presión de UP se sumó días atrás una solicitud de sesión de bloques provinciales y el radical Pablo Blanco, aunque sin fecha ni horario. Dentro de ese grupo de nueve firmantes, hay “una gran mayoría” por el rechazo, afirmó el entrerriano Edgardo Kueider, de Unidad Federal, quien ya se manifestó en contra.

Con los 33 votos de UP, a los que le faltarían 4 más para una mayoría -sobre el total del Cuerpo-, que estarían dentro de otros sectores opositores, el mega DNU corre las de perder en el recinto del Senado. Pero mientras tanto, LLA sigue ganando tiempo.

 

En la previa de la reunión a la que fueron citados funcionarios para ser interrogados sobre el impacto del DNU 70/23 de desregulación de la economía, el diputado del Pro Hernán Lombardi reclamó que la Bicameral de Trámite Legislativo incluya en el temario todos los decretos de necesidad y urgencia que quedaron pendientes de análisis de la gestión de Alberto Fernández. 

La idea, que ya tenía planeada La Libertad Avanza cuando se puso en marcha la comisión, con el objetivo de estirar el tiempo y no centralizar la discusión sólo en el polémico mega DNU -que Unión por la Patria insiste en llevar cuanto antes al recinto-, fue planteada este miércoles por el legislador aliado del oficialismo junto al jefe del Pro en el Senado, Luis Juez, y el presidente de Cambio Federal en la Cámara alta, Juan Carlos Romero. Pero además firmaron los radicales Francisco Monti -diputado- y Víctor Zimmermann -senador-. 

La solicitud es para que “se incluyan en el tratamiento de la reunión” de este jueves “los decretos de necesidad y urgencia que se encuentran pendientes de tratamiento por esta comisión, dictados durante el período de gobierno del expresidente Alberto Fernández para ser tratados en forma cronológica”. Y agrega que “por Secretaría se enumere y suministre” a los integrantes ese listado. 

“Como vicepresidente de la comisión de seguimiento de los DNU presenté un pedido acompañado de los senadores @ljuez @VZimmermannOK @RomeroxSalta y del diputado @franmmonti para que se traten todos los DNU pendientes en la sesión de mañana en forma cronológica”, anunció Lombardi en su cuenta de X. 

Y cuestionó que “es absolutamente irregular que se acumulen más de 100 DNU sin resolución y sin tratamiento en el Congreso. Debemos reorganizar el funcionamiento institucional que el kirchnerismo dejó abandonado”. 

Según mencionó el senador Romero en la primera reunión, “hay 177 decretos que nunca se trataron, hay 102 del presidente (Alberto) Fernández, 64 de Mauricio Macri, 8 del segundo gobierno de (Cristina) Fernández de Kirchner y 3 del nuevo gobierno”. 

La Bicameral de Trámite Legislativo quedó constituida el pasado 22 de febrero, cuando el senador libertario Juan Carlos Pagotto asumió como presidente. La comisión no se reunía desde junio de 2022 y no ha emitido dictámenes desde noviembre de 2021. 

Durante la reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo el bloque de Unión por la Patria rechazó ocupar el cargo de vicepresidente y reiteraron su denuncia por la “constitución irregular” de la misma reclamando la falta de un representante en la composición e insistieron en que el decreto tiene el plazo vencido y debe tratarse por oficio en el recinto de alguna de las cámaras.

Fue la vicejefa del principal bloque opositor Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) la que afirmó que siguen con la misma postura y denunció la “no representatividad y proporcionalidad en la integración de la comisión” y apeló al artículo 99 inc. 3 de la Constitución Nacional y al reglamento de ambas cámaras. “No vamos a participar y no vamos a convalidar esta composición con la participación nuestra en la votación”, cerró.

En representación de UP la entrerriana Carolina Gaillard insistió en la presentación que hizo su bloque impugnando la comisión por la “constitución irregular” porque “no se respetó la proporcionalidad que establece la Constitución Nacional” y denunció que “se está alterando la voluntad popular de las elecciones del 22 de octubre donde nuestra fuerza política tuvo un determinado número de escaños y deberían ser considerados a la hora de integrar debidamente esta comisión”. Incluso, Gaillard remarcó que “se vulneró y violó la resolución aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados que las comisiones debían ser integradas respetando la proporcionalidad del sistema D’ Hondt”, y reiteró que a UP le correspondían cuatro integrantes y le “están vulnerando en Diputados un miembro”, al tiempo que se quejó por la “composición tardía” de la comisión.

“Esta comisión fue constituida irregularmente y estamos impugnando la conformación porque vulneran la proporcionalidad que establece la Constitución”, apuntó.

La entrerriana también planteó que el artículo 6 de la Ley 26.122 establece que la comisión no tiene receso, es decir, “es permanente del Congreso que no puede conformarse cuando disponga la autoridad de alguna de las cámaras tiene que funcionar siempre porque es Bicameral permanente que controla una facultad que, excepcionalmente, ejerce el presidente. Es una irregularidad grave que no se haya constituido durante 74 días”.

Gaillard apeló a la norma para reclamar que el jefe de Gabinete envió al Congreso el pasado 5 de enero el DNU, pero a partir de la fecha “empezó a correr el plazo que establece que la comisión tiene 10 días hábiles para expedirse y elevar el dictamen. Eso no ocurrió y, vencido el plazo, las cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del DNU”.

“Sin dilaciones desde el bloque no queremos dilatar más el tratamiento del DNU 70/23 que dictó Milei y nos ampara la ley, los plazos se vencieron el 19 de enero por lo cual las cámaras deberían abocarse al tratamiento”, denunció y recordó los pedidos de sesión especial que realizaron a la presidencia del Senado de quien no obtuvieron “ninguna respuesta”.

La diputada entrerriana aclaró que “no se trata del kirchnerismo, se trata de la república, de las instituciones, del reglamento, de la Constitución y de las leyes. Se trata de un decreto excepcional que dicta el presidente que no es un DNU más porque modifica 300 leyes. No nos podemos hacer los distraídos. Es el Congreso el que debe legislar”.

“Es muy grave lo que está ocurriendo en el Senado que la presidenta no convoque a sesión especial, es una obligación”, apuntó y resaltó que son “42 senadores que piden que se convoque porque hay premura por parte de una mayoría, pero no quieren convocar. Esto es obturar un poder del Estado como es el Congreso”.

Por último, alertó que el DNU “genera inseguridad jurídica, que va a aumentar la litigiosidad y que perjudica a los argentinos y que pretende la entrega del patrimonio nacional”.

El jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, se refirió al nombramiento del Salón Arturo Illia. “Cuando teníamos 44 senadores ratificamos lo del busto y lamentamos lo que pasó con el busto de Néstor Kirchner”, inició.

En tal sentido, cargó contra la presidenta del Senado y expresó que “debería haberlo puesto a consideración del Poder Legislativo” porque “no es cierto que no haya pertenecido a la casa”, en relación a Néstor Kirchner, quien fue diputado nacional en 2009 y 2010. “Queremos que se reponga el busto”, exigió.

Luego, el formoseño se dirigió al oficialismo y puntualizó en el artículo 2 de la Constitución Nacional sobre el sistema representativo, republicano y federal. “¿Ustedes creen que le hacen bien a (Javier) Milei demorando el tratamiento el DNU?”, cuestionó el jefe de bancada kirchnerista.

“Este DNU representa la mayor inseguridad jurídica desde el 83 hasta acá porque el decreto debe estar basado en una ley ya que este es el sistema y no puede derogar una ley por decreto”, criticó.

Por otro lado, reflotó el malestar de UP respecto a la composición de la bicameral: “Para constituir una mayoría circunstancial, hacemos trampa y nos creemos los vivos de la política”.

Asimismo, siguió: “Gobernar sin Congreso es gobernar sin ley y sin seguridad jurídica y con esta acción están cerrando el Congreso”. Así las cosas, añadió que “esto no admite dilación. Manden los 16 títulos, pero este DNU hay que tratarlo de manera inmediata”.

Finalmente, Mayans enfatizó que “esto es una maniobra dilatoria y este DNU está destrozando la economía y el sistema federal de gobierno”. “Terminemos con esta aberración”, concluyó.

De igual manera, el presidente de bancada de UP en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, también cuestionó la “dilatación” del tratamiento del DNU 70/2023 y manifestó su disconformidad respecto a la conformación de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.

Así las cosas, se dirigió directamente contra el presidente de la Nación, Javier Milei: “será muchas cosas, pero sonso no es”, y recordó que “fue la sorpresa en las PASO, no le fue bien en la general y luego, agarró un auto acordó con Mauricio Macri y ganó”.

Además, se refirió respecto a la trunca ley ómnibus e ironizó contra un diputado aliado del oficialismo: “Su nuevo vocero José Luis Espert acaba de decir que van a romper la ley Bases y la van a mandar por partes. Eso quiere decir que les importa”.

Finalmente, se dirigió a los demás bloques opositores y enfatizó que “no tengan miedo de rechazar el DNU porque le van a buscar la vuelta para dejar vigente todo esto”. A su vez, aseveró que “cuando encuentra un límite le busca la vuelta y estamos dispuestos a ponerle un límite real a Milei”.

Arrancó este jueves la reunión de la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que fue convocada a fin de resolver las designaciones de autoridades que quedaron pendientes, fijar una agenda de trabajo y considerar un pedido de la oposición no K para que asistan funcionarios en virtud del DNU 70/23, por el cual se modificaron 300 leyes.

El foco central pasa por el mega decreto del presidente Javier Milei, que desde Unión por la Patria insisten con tratar cuento antes en el recinto, dado que están legalmente vencidos los plazos para su análisis en la comisión. A esos reclamos se sumó un pedido la semana pasada de bloques provinciales a la vicepresidenta Victoria Villarruel para que convoque a una sesión.

Con la intención de estirar los tiempos, el oficialismo buscará elaborar una “agenda de trabajo para la consideración de los decretos pendientes”, en referencia a su intención -avalada por otros espacios federales- de analizar más de un centenar de decretos que quedaron sin tratarse. La comisión no dictamina desde noviembre de 2021.

Además, la bicameral presidida por el senador de La Libertad Avanza Juan Carlos Pagotto evaluará una nota enviada por el senador radical Víctor Zimmermann, el diputado radical Francisco Monti y el jefe de Unidad Federal en el Senado, Carlos “Camau” Espínola, para que se convoquen a funcionarios para que informen sobre el alcance e impacto del DNU 70/23.

Los legisladores solicitaron que asistan el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Armando Giubert; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Vilella; el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Omar Yasin; el ministro de Salud, Mario Russo; y el director de la ANSeS, Mariano de los Heros Battini -recientemente puesto en funciones-.

Otra cuestión que se buscará completar es la designación de autoridades, que quedó pendiente. La semana pasada, el oficialismo buscaba colocar en la vicepresidencia al diputado del Pro Hernán Lombardi, situación que fue advertida por el diputado de Hacemos Coalición Federal Nicolás Massot, quien recordó que ese lugar -por tradición- se otorga a la primera oposición, mucho más al tener el oficialismo la presidencia con un número en minoría.

En otro momento del encuentro, Zimmermann, que había sido propuesto como secretario, ofreció cederle el lugar a UP, pero la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti dijo que no se trataba de cargos. El kirchnerismo había protestado largo y tendido sobre su representación en la composición de la bicameral.

La Bicameral Permanente de Trámite Legislativo fue convocada para este jueves, a las 14 en el Salón Illia del Senado, a fin de resolver las designaciones de autoridades que quedaron pendientes, fijar una agenda de trabajo y considerar un pedido de la oposición no K para que asistan funcionarios en virtud del mega DNU 70/23, por el cual se modificaron 300 leyes. 

La semana pasada, el senador riojano de La Libertad Avanza Juan Carlos Pagotto fue elegido como presidente, en una reunión marcada por críticas de los legisladores de Unión por la Patria, que reclamaron por la composición de la comisión. 

Pero además, el oficialismo buscaba colocar en la vicepresidencia al diputado del Pro Hernán Lombardi, situación que fue advertida por el diputado de Hacemos Coalición Federal Nicolás Massot, quien recordó que ese lugar -por tradición- se otorga a la primera oposición, mucho más al tener el oficialismo un número minoría.   

En otro momento del encuentro, el senador radical Víctor Zimmermann, que había sido propuesto como secretario, ofreció cederle el lugar a UP, pero la mendocina Anabel Fernández Sagasti dijo que no se trataba de cargos. 

Finalmente, sólo se designó a Pagotto -cuestionado por organismos de derechos humanos- y quedaron por resolver las demás autoridades. 

En la cita para este jueves se incluye la consideración de una nota enviada por Zimmermann, el diputado radical Francisco Monti y el jefe de Unidad Federal en el Senado, Carlos “Camau” Espínola, para que se convoquen a funcionarios a la bicameral a fin de que informen sobre el alcance e impacto del DNU 70/23.

Los legisladores solicitaron que asistan el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Armando Giubert; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Vilella; el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Omar Yasin; el ministro de Salud, Mario Russo; y el director de la ANSeS, Mariano de los Heros Battini -recientemente puesto en funciones-.

El tercer punto de la convocatoria tiene que ver con elaborar una “agenda de trabajo para la consideración de los decretos pendientes”, en referencia a la intención de LLA y otros bloques federales de analizar más de un centenar de decretos que quedaron sin tratarse. La comisión no dictamina desde noviembre de 2021.

Sin embargo, de acuerdo a la Ley 26.122, desde UP insisten en que se encuentran los plazos vencidos para el tratamiento del DNU 70/23 en la bicameral y buscan llevarlo al recinto cuanto antes. Sobre el planteo de debatir los anteriores, también desafían a que sean directamente tratados en sesión, al tiempo que resaltan que algunos ya caducaron. 

En febrero, UP pidió en tres oportunidades una sesión para intentar rechazar el DNU de desregulación de la economía, pero la vicepresidenta Victoria Villarruel se negó. Ante la conformación de la bicameral y el inminente arranque de las sesiones ordinarias, bloques provinciales de la oposición no K del Senado pidieron una sesión. La nota fue firmada por nueve legisladores, dentro de los cuales “hay una amplia mayoría” para votarlo en contra, afirmó el senador Edgardo Kueider. Para el rechazo, a los 33 de UP se deben sumar solo cuatro votos más. No obstante, para quedar anulado, debe votarse de forma negativa en ambas cámaras. 

 

Tras fuertes reclamos de Unión por la Patria, se conformó este jueves la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo, en medio de la polémica por el DNU 70/23 de desregulación de la economía, anunciado por el presidente Javier Milei el 21 de diciembre pasado. 

El encuentro tenía solamente como objetivo la designación de autoridades y fijar los días y hora de reunión, pero los cruces se extendieron ante los planteos del kirchnerismo sobre los lugares que consideraban debían tener y nos les fueron asignados. 

Tal como adelantó parlamentario.com, el senador de La Libertad Avanza Juan Carlos Pagotto fue elegido presidente, votado por su espacio, el Pro, la UCR y bloques federales. UP hizo reserva de la votación. Previamente a que tomara la conducción, se informó sobre impugnaciones en su contra por haber sido defensor de acusados de crímenes de lesa humanidad. Incluso habló sobre el tema la diputada de la izquierda Myriam Bregman.

Para la vicepresidencia había sido propuesto el diputado macrista Hernán Lombardi, mientras que el senador radical Víctor Zimmermann fue postulado para secretario. Pero ante el áspero clima, esos cargos se postergaron. De esta manera, sobre un total de 16 integrantes, fueron 10 los que avalaron al riojano libertario en la presidencia. 

En el arranque, el senador Juan Carlos Romero, jefe del bloque Cambio Federal, tomó la palabra para proponer a las autoridades, pero fue interrumpido por la diputada de Unión por la Patria Carolina Gaillard, quien quería plantear -antes de ese paso- la reserva que su bloque iba hacer en la votación. 

Se preveía que la queja de la principal oposición se iba a escuchar con fuerza en la reunión, pero la discusión finalmente se extendió por amplio tiempo, y fue conducida mientras por el secretario parlamentario del Senado, Agustín Giustinian. 

Romero le cedió la palabra a Gaillard, quien hasta se había levantado de su silla a los gritos. La entrerriana reclamó que la bicameral “debería haberse conformado hace 74 días, desde que Martín Menem asumió la presidencia de la Cámara de Diputados”. 

“En la integración de esta comisión no se ha respetado la proporcionalidad, que surge del voto de las elecciones del 22 de octubre”, cuestionó y recordó que en la sesión preparatoria de la Cámara baja se aprobó que las comisiones serían integradas por D’Hondt, y de acuerdo a ese sistema “nos correspondían cuatro integrantes”. 

La legisladora mencionó que solicitaron a Menem que designara a los miembros, por notas enviadas en tres ocasiones, porque “esta comisión es permanente y no tiene receso”. Además, al recordar los plazos vencidos para el tratamiento del mega DNU en la bicameral, subrayó que desde el 19 de enero “las dos cámaras están habilitadas” para votarlo en sesión, sin que sea “necesario que haya una convocatoria a extraordinarias”. 

Exaltada, Gaillard apuntó contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, que no convocó a las sesiones pedidas por UP, acusándola de realizar una “maniobra dilatoria” y caer en “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. “Se ha violado la Constitución Nacional por no constituir esta comisión en tiempo y forma. A nuestro bloque le han robado un senador y un diputado. Se está vulnerando la voluntad popular, violando la representación que debíamos tener”, agregó.

Romero volvió a tomar la palabra y pidió: “Constituyamos la comisión, después podemos debatir todo el día”. Entonces, por la Cámara alta, propuso Pagotto y Víctor Zimmermann. A continuación, el jefe del bloque LLA en Diputados, Oscar Zago, postuló a Lombardi como vice. 

Fue el turno después del diputado Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal, quien dijo que “está a las claras que no se utilizó el sistema D’Hondt”, pero defendió que en la sesión preparatoria se votó que el presidente de la cámara conforme las comisiones “respetando algún criterio de proporcionalidad”. 

En su intervención, remarcó que “es claro que durante algunas épocas a algunos les ha convenido la discrecionalidad” y que “los DNU han sido tan desvirtuados en nuestro país por todos los presidentes, incluyendo a quien yo acompañé entre 2015 y 2019” en referencia a Mauricio Macri. 

Sin embargo, apuntó que actualmente “no estamos ante circunstancias comparadas con el pasado, porque tenemos, le guste a quien le guste, un presidente que deliberadamente está trazando una estrategia donde esto no va a ser la excepción, sino la norma”. 

Luego de señalar que “hay decenas de decretos sin tratar”, Massot planteó a futuro rediscutir la Ley 26.122, sobre el trámite legislativo de estas herramientas. También consideró que la vicepresidencia debía ser para un miembro de la principal oposición -algo que reconoció no se había conversado y “entiendo no va a ser aceptado”, expresó-, y propuso que la comisión se reúna obligatoriamente cada 15 días los martes, pero no fue el día que se terminó votando en el final de la reunión. 

Desde UP habló luego la senadora Anabel Fernández Sagasti, que arrancó con una chicana: “Le recuerdo al oficialismo que ya perdieron una ley por no leer el reglamento de la Cámara de Diputados. Estaría bueno que con ese error, sí ahora leyeran la Constitución, las leyes y los reglamentos”. 

La mendocina explicó que su espacio hacía reserva porque “la composición es totalmente violatoria a la representación popular y además del retardo, claramente por una cuestión política, de la constitución de esta comisión”. “Denunciamos que distintas fuerzas del oficialismo (en alusión a otros bloques opositores) tramaban una estrategia dilatoria” para tratar el mega DNU de Milei, apuntó y enfatizó: “Hoy lo que estamos viendo es un engaño, una farsa y una falacia”. 

La opositora aseguró que el DNU “está generando consecuencias catastróficas en todos los argentinos” e insistió en que los plazos están vencidos y las cámaras están habilitadas “para tratar este DNU o los que quieran”. 

“No vamos a participar de la votación, porque están violando la representatividad de nuestro bloque. Es algo que nunca pensé que alguna fuerza política iba a avalar. Sería fácil decir ‘es un cargo’, pero es mucho más que eso”, sostuvo y añadió que seguirán “insistiendo en que se trate en el recinto este DNU y todos los que quieran, no le tenemos miedo al debate”. 

Mientras el diputado libertario Lisandro Almirón pedía someter a votación las autoridades, Germán Martínez, el presidente del bloque UP en Diputados, reclamó a los gritos poder hablar. En medio de su exposición, los oficialistas de la mesa comenzaron a conversar con los miembros de la oposición no K ante el planteo de Massot sobre la vicepresidencia, que había sumado inquietud en los ánimos ya caldeados.

Martínez opinó que “en algún lugar existía la idea de que una ley ómnibus, al menos con media sanción, que podía ayudar a blindar políticamente el DNU 70/23”, pero eso no pasó. “La avaricia, el autoritarismo y la discrecionalidad de LLA hacen creerle que tener un poroto más en la comisión, y robar bancas para eso, lo deja en una situación de preeminencia, cuando va a haber dictámenes, de apoyo o rechazo, y las dos cosas van a llegar al recinto”, subrayó. “La chancha y los 20 no se puede, y menos con 38 diputados y 7 senadores”, manifestó el santafesino sobre las minorías marcadas que tiene el oficialismo. Agregó entonces que la conformación era “absolutamente arbitraria” y “hay una arbitrariedad más que es la designación de las autoridades”. 

Romero, que tuvo un incidente con la silla en la que estaba sentado, acusó a UP de tener como objetivo “que esta comisión no exista”. “Si eso sucede por impedimento de ustedes, serán responsables que esta comisión no pueda funcionar”, lanzó y criticó: “El kirchnerismo nos narra una especie de época feliz, idílica, una especie de democracia griega, cuando la última vez que funcionó esta comisión fue en junio de 2022”.

“Hay 177 decretos que nunca se trataron, hay 102 del presidente (Alberto) Fernández, 64 de Mauricio Macri, 8 del segundo gobierno de (Cristina) Fernández de Kirchner y 3 del nuevo gobierno. Y claro que yo voy a plantear que se trate lo nuevo y lo viejo”, anticipó sobre la intención del oficialismo junto a otros bloques de dilatar la discusión del mega DNU de Milei.

Sobre esto, avanzado el debate, la diputada de UP Vanesa Siley citó a su par Miguel Pichetto y afirmó que los decretos “se empiezan a tratar de adelante para atrás, no de atrás para adelante”. “Se los digo también acá a los legisladores de la UCR, que hemos hablado de este tema; estamos dispuestos a tratar los DNU de Alberto Fernández y para atrás también si quieren. Pero se empieza de adelante para atrás. Se empieza tratando la urgencia que tiene hoy la sociedad argentina”. 

Sentado al lado de Martínez, otro de los que habló fue el jefe de UP en el Senado, José Mayans, quien reiteró que están los plazos vencidos para que la comisión trate el mega DNU, que ya puede ser debatido en el recinto y, sobre los decretos pendientes de tratamiento en la bicameral, desafió: “¿Pidieron ustedes el tratamiento de algún DNU? ¿Hay algún registro de que lo hayan pedido y se lo hayan negado? ¿Todos los otros DNU quieren tratarlos? Levanten la mano en Diputados, levanten la mano en el recinto del Senado. Algunos han caducado”. 

“No se pueden derogar 89 leyes, no se pueden cambiar 300 leyes y decir que es un DNU simple y común”, exclamó y dijo que “este DNU llevó al 57% la pobreza sin pandemia, sin guerra”.

El formoseño aprovechó también y le contestó al presidente por sus críticas al Congreso: “Nosotros no somos ningún nido de ratas y los gobernadores no son ningunos tilingos que tienen que tratarse en el psicólogo”. 

Finalmente, Pagotto, ya en la conducción, expresó: “He sido absolutamente insultado y vilipendiado y no voy a contestar en homenaje al diálogo de los argentinos. Voy a hacer apreciaciones en otro ámbito sobre la verdad”. Y dio por cerrado el encuentro, informando que la próxima reunión será en día jueves, con horario a confirmar. 

 

En medio del receso, y un día antes de la sesión preparatoria en el Senado, se pondrá en marcha este jueves a las 12 la Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo, cuya conformación el oficialismo retrasó al máximo durante el período de sesiones extraordinarias, ante la polémica por el mega DNU 70/23 de desregulación de la economía. 

Según pudo saberse, la Libertad Avanza cuenta con los votos para designar como presidente de la comisión al senador riojano Juan Carlos Pagotto, miembro del bloque libertario. 

Por la Cámara alta integrarán la bicameral, además del mencionado Pagotto, Luis Juez (Pro), Juan Carlos Romero (Cambio Federal), Carlos “Camau” Espínola (Unidad Federal), Víctor Zimmermann (UCR), Anabel Fernández Sagasti (UP), Mariano Recalde (UP) y Teresa González (UP).

Los miembros por el Senado ya habían sido designados hace tiempo, pero la traba se encontraba en la Cámara de Diputados, donde el presidente de ese cuerpo, Martín Menem, y el bloque Unión por la Patria, dirigido por Germán Martínez, no coincidían en la cantidad de legisladores que le correspondía a la primera minoría. 

Finalmente, este lunes Menem envió los nombres, con tres lugares para UP. Cabe resaltar que en el Senado, la bancada de José Mayans también había pedido cuatro lugares. Es decir, el peronismo/kirchnerismo reclamaba por ocho miembros y tendrá finalmente seis. Este será uno de los planteos que se escucharán en el encuentro que se realice este jueves en el Salón de las Provincias. 

Por la Cámara baja estarán Oscar Zago (LLA), Lisandro Almirón (LLA), Hernán Lombardi (Pro), Francisco Monti (UCR), Nicolás Massot (HCF), Carolina Gaillard (UP), Ramiro Gutiérrez (UP) y Vanesa Siley (UP).

La reunión fue convocada para la elección de autoridades y fijar un cronograma de trabajo. Con el argumento de que la bicameral no emite dictámenes desde noviembre de 2021, el oficialismo, con la intención de estirar los tiempos, apoyado por el Pro, propondría considerar el análisis de más de un centenar de decretos de Alberto Fernández que quedaron pendientes de tratamiento. Incluso, fuentes legislativas dijeron a parlamentario.com que los bloques de la oposición no K evalúan emitir un rechazo a alguna de esas medidas del gobierno del Frente de Todos junto a LLA. 

Esta comisión no sólo se aboca a estudiar los decretos de necesidad y urgencia, sino también los de delegación legislativa y los de promulgación parcial de leyes. 

Sin embargo, desde Unión por la Patria insisten con que, vencido el plazo para que la comisión se expida, el DNU 70/23 de Javier Milei está en condiciones de ser tratado en el recinto. Para ello, en el Senado pidieron una sesión especial en tres ocasiones, pero la vicepresidenta Victoria Villarruel no accedió. 

“En este momento tratar el DNU en comisión es totalmente extemporáneo. Por ley y por reglamento debe tratarse directamente en el recinto”, afirmó Mayans en la previa de la reunión. 

La Ley 26.122, que regula los DNU, fija que el Ejecutivo tiene diez días hábiles para remitir al Congreso el decreto para que sea analizado por la Bicameral de Trámite Legislativo que, a su vez, también tiene diez días hábiles para emitir dictamen. Años anteriores, esos plazos no se han respetado a rajatabla. 

Si dentro de ese plazo la comisión no analiza el decreto, el mismo puede ser tratado directamente en el recinto de cualquiera de las dos cámaras, sin tener dictamen. Para quedar avalado, un DNU requiere del voto de una sola cámara; pero para ser declarado inválido, se precisa que sea rechazado en ambas.

Por otro lado, un sector de la UCR tiene pensado plantear -habrá que ver si eso sucede este jueves- la posibilidad de analizar el DNU 70/23 “por partes”, algo que no tiene antecedentes, ya que hay reformas en las que coinciden. Vale aclarar que el análisis sobre el decreto corresponde a si se cumplió con la “necesidad y urgencia” para dictar el mismo, y lo que se estudia es su constitucionalidad. Es decir, no se discute sobre las medidas allí contenidas. 

Desde UP también rechazan esta posibilidad. “La ley aclara que es un impedimento modificar o suprimir en cualquier parte el texto enviado por el Ejecutivo”, resaltó la diputada Carolina Gaillard en declaraciones radiales. Fue en alusión al artículo 23 de la 26.122, que establece que “las Cámaras no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes”. 

El mega DNU 70/23 de Milei, que significó el primer paquete de medidas del Gobierno, estableció la derogación de la Ley de Alquileres, la derogación de la Ley de Góndolas y la Ley de Abastecimiento, la liberación de los precios de las prepagas, el cobro de intereses punitorios sin regulación ni topes para las tarjetas de crédito, la habilitación de privatizaciones y modificaciones en la Ley de Medios y la Ley Argentina Satelital, entre muchísimos otros puntos. 

A partir de distintas cautelares presentadas, la Justicia suspendió el capítulo de la reforma laboral, los cambios en la Ley del Instituto Nacional de la Yerba Mate, y la posibilidad de que los clubes de fútbol -si así lo quisieran- se transformen en sociedades anónimas. La Justicia de La Plata había hecho también lugar a una cautelar contra la derogación de la Ley de Tierras, pero posteriormente el juez federal Alberto Recondo la dejó sin efecto. 

A diferencia de la ambiciosa ley ómnibus, que se cayó en la Cámara de Diputados, gran parte del DNU 70/23 se encuentra vigente y, más allá de la puesta en marcha de la bicameral, la oposición más férrea continuará su presión para que el decreto sea rechazado en los recintos. 

 

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuestionó al senador nacional Martín Lousteau por el reclamo que la UCR le envió debido al retraso en la conformación de la Bicameral de Trámite Legislativo, que analiza los decretos del Ejecutivo.

Consultado en Radio Mitre, el riojano señaló que “está bien que lo planteen, sobre todo lo diputados, pero hay personas que firman esa nota que no tienen nada que ver, como Martín Lousteau, que es senador. No tiene injerencia, relevancia. Seguramente la bicameral se va a constituir y va a empezar a trabajar”.

Tras sostener que como oficialismo tuvieron “otras obligaciones” primero, el dirigente de La Libertad Avanza explicó que todavía no designó a los miembros porque “no hubo acuerdo en el bloque de Unión por la Patria, que tiene que mandar tres nombres y ha mandado cuatro”. Y anunció que este miércoles les reclamará que “mande tres” legisladores.

Nuevamente sobre el pedido de los radicales, Menem dijo: “Me llama la atención que hablen tanto de la bicameral cuando han estado bastante tiempo sin abrir la boca”. Además, recordó que varios decretos de Alberto Fernández quedaron sin tratar y cuestionó la “memoria selectiva” de algunos.

Sobre la intención de la oposición más dura de que el DNU pueda ser rechazado por el Congreso, el titular de la Cámara baja expresó que “cuando no la ven, no la ven. Argentina emprendió un rumbo y votó a un presidente para que haga lo que está haciendo. Esta manera de obstaculizar lo que eligió la gente plantea prácticamente un divorcio entre la política y la gente”.

“Hay legisladores que quedan en el medio y no terminan de definirse de qué lado están, y no hay lugar para tibiezas. Los tibios de 2015, que le impidieron a (Mauricio) Macri hacer un gobierno exitoso, son los mismos que están planteando esta misma manera de tratar de frenar la verdadera transformación que necesita la Argentina. Si hay tibios en el medio va a volver el kirchnerismo”, agregó.

Por otro lado, respecto de la posible alianza formal con el Pro, Menem resaltó que “hay una correspondencia ideológica con un sector importante del Pro. Hay una confluencia de ideas y a nivel parlamentario nos han acompañado en la votación de la ley ómnibus. Obviamente son decisiones que tiene que tomar el presidente, pero hay coincidencias”.

“Se puede trabajar a nivel parlamentario de manera conjunta”, afirmó y sobre la posibilidad de concretar un interbloque respondió: “Puede pasar, es una alternativa”. No obstante, aclaró que “siempre hay que juntar 129 votos para el quórum y después tener la mitad más uno de los votos para la mayoría de las leyes”. Actualmente, LLA cuenta con 38 miembros y el Pro con 37, por lo que alcanzarían 75.

 

En la previa del arranque del debate de la ley ómnibus, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuestionó que “hay un sector de la política que es la máquina de impedir” en referencia a Unión por la Patria, y “hay otro que quiere colaborar y sacar a la Argentina adelante”.

“Va a ser difícil ponerse de acuerdo con la máquina de impedir, pero hay un importante número de diputados que ven con buenos ojos todo el cambio que viene proponiendo La Libertad Avanza. Hay una inmensa voluntad de cambio”, agregó.

Sobre la ambiciosa ley enviada por el Poder Ejecutivo, el riojano aseguró que “no se negocia el norte, las ideas, pero sí se aceptan sugerencias para mejorar el camino que tenemos hacia la libertad de los argentinos”.

Menem señaló que ha recibido sugerencias con “muchísimo valor de los distintos espacios que quieren acompañar el cambio y han tomado nota que estamos ante la peor crisis de los últimos 100 años”. “Me dicen que ‘lo que están planteado está bien, pero yo lo haría de esta manera’. Listo, tomado, recibido”, expresó.

En diálogo con Radio Rivadavia, el titular de la Cámara baja reconoció que la propuesta “es amplia, es muy ambiciosa”, pero “no hay plata y tampoco hay tiempo”. En ese sentido, consideró que si se aprobara lograría “el ingreso de inversiones que van a paliar los efectos que tiene haber reducido el déficit de manera contundente”.

Sobre su tratamiento en el Congreso, admitió que “no es fácil porque es la primera vez en la historia que el recinto está tan fragmentado, pero es cierto también que la crisis amerita que todos nos pongamos de acuerdo”, insistió.

“Si un proyecto mejora o pensamos que puede mejorar la calidad de vida de las personas con desregulaciones más creativas van a ser tomadas. Hay muy buena voluntad de ir hacia adelante”, sumó.

Por otra parte, respecto de la conformación de la Bicameral de Trámite Legislativo, para la cual están trabados los nombramientos de la Cámara de Diputados, Menem apuntó que “se ha planteado una discusión que no tiene mucho sentido, sobre la cantidad de miembros que la integran”.

De acuerdo a la Ley 26.122, corresponden “ocho miembros de la Cámara de Diputados, ocho miembros de la Cámara de Senadores, que tengan representación política de los bloques parlamentarios y ahí el kirchnerismo siempre tirando de las cuerdas más de lo que corresponde”.

“Cada bloque manda lo que le corresponde y Unión por la Patria manda cuatro, yo no estoy en condiciones de tachar quién corresponde o no. Es un tironeo que en algún momento va a terminar. Siempre hay una excusa para ir en contra de las matemáticas. 3,16 diputados son tres y no cuatro, se redondea para abajo. Todas las representaciones parlamentarias te quedan con uno y a Unión por la Patria le toca tres. El que tiene los decimales más altos para quedarse con el octavo miembro es LLA”, explicó.

Y añadió: “Es la manera que tienen de manejarse, sigue primando la irracionalidad. La máquina de impedir la prendieron el 10 de diciembre y así van a ser los próximos cuatro años”.

 

 

 

El bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados le envió una nota al presidente del cuerpo, Martín Menem, en la que reclama la “urgente conformación” de la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, encargada del análisis de los decretos del Poder Ejecutivo, al tiempo de asegurar que a su espacio le corresponden cuatro miembros en esa comisión.

En la misiva, firmada por el jefe del bloque, Germán Martínez, se señala que “de acuerdo al artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, la composición de esa bicameral ‘deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada cámara'”. “En su idéntico sentido, y cumpliendo el mandato constitucional, la Ley 26.122 en su artículo 3 expresa que la comisión debe integrarse ‘respetando la proporción de las representaciones políticas'”, agrega.

En el pedido, el principal bloque opositor recuerda que “en este marco jurídico, reafirmando el cumplimiento de la ley y de la Constitución, el plenario de esta cámara resolvió en la sesión preparatoria del 7 de diciembre de 2023 que las comisiones se integren aplicando el sistema D’Hondt por bloque”.

“Considerando la cantidad de integrantes de cada uno de los bloques de este cuerpo, corresponde que la Comisión Permanente de Trámite Legislativo se integre con 4 diputados/as de Unión por la Patria, 1 diputado/a de La Libertad Avanza, 1 diputado/a del Pro, 1 diputado/a de la UCR y 1 diputado/a de Hacemos Coalición Federal”, consideraron desde UP.

Y resaltaron que “cualquier otra interpretación en la conformación de la comisión constituirá una arbitrariedad insalvable por contrariar a la Constitución Nacional, a la Ley 26.122 y al acuerdo alcanzado por este cuerpo en el recinto el día 7 de diciembre de 2023”.

De acuerdo a lo dicho públicamente por Menem, en declaraciones radiales, la intención del oficialismo es que UP tenga 3 miembros en esa bicameral: “Unión por la Patria tiene el 3,15% y son ochos miembros, con lo cual le tocarían tres miembros”.

La oposición reclama abrir en lo inmediato la comisión, que no sesiona desde hace más de un año, a partir del mega DNU de desregulación del Estado que ha despertado numerosos rechazos.

Comenzado el período de sesiones extraordinarias este martes y a la espera del envío de la “ley ómnibus”, sumado a la polémica por el mega DNU de Javier Milei, un asunto que deberá resolverse en el corto plazo es la conformación de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que debate sobre la validez o invalidez de los decretos de necesidad y urgencia.

El oficialismo en la Cámara de Diputados tiene la intención de repartir tres lugares para Unión por la Patria en dicha bicameral, mientras que el principal bloque reclama cuatro sillas.

Este martes, el jefe de La Libertad Avanza, Oscar Zago, aseguró que para la conformación de esta bicameral no aplica “el sistema D’Hondt”, que es el que UP logró imponer para las comisiones permanentes de la Cámara baja; además de que este caso “se rige por otra ley”, en alusión a la 26.122, aunque el sistema de reparto “es muy parecido”, señaló.

“Nosotros estamos convencidos que a Unión por la Patria le corresponden tener tres integrantes en la bicameral, ellos dicen que le corresponden cuatro. Es un tema que vamos a discutir”, sostuvo en declaraciones a radio Futurock.

Sobre el lugar restante, el porteño indicó que sería para “otro bloque de la oposición”, en alusión al agrupamiento de Cambio Federal, Innovación Federal y Hacemos por Nuestro País, que proponen a Nicolás Massot.

De esta manera, de los ocho diputados que deben integrar la bicameral, en el oficialismo interpretan que tres serían para UP, dos para LLA, uno para el Pro, uno para la UCR y otro para ese espacio que nuclea ahora a exmiembros de Juntos por el Cambio y las bancadas federales.

Sobre el tratamiento del DNU, Zago expresó que “todos tienen derecho de analizar el DNU artículo por artículo”, más allá de que se aprueba o rechaza en su totalidad. Y defendió que “el presidente tiene toda la facultad de mandar este DNU porque estamos viviendo una situación económica de emergencia”.

“Todos los diputados y senadores tenemos que ponernos a trabajar para sacar las leyes de emergencias que tenemos”, manifestó y sobre las iniciativas del Poder Ejecutivo -que ingresarían esta semana- afirmó que tratarán de “tener mucho diálogo con las distintas bancadas opositoras. Buscaremos el consenso suficiente para tratar de sacar las leyes que nos manda el presidente”.

 

Con la intención de apurar la conformación de la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, en medio de la polémica por el mega DNU de desregulación de la economía, el interbloque de Unión por la Patria en el Congreso ya presentó a sus integrantes para formar parte de la comisión.

Desde el peronismo/kirchnerismo presentaron cuatro nombres, pero en el oficialismo la intención es que este espacio tenga tres lugares. De acuerdo a la mayoría que se constituyó en la sesión preparatoria -entre La Libertad Avanza y todos los bloques opositores menos UP-, cuando se le dio la facultad a la vicepresidenta de conformar las comisiones, el reparto sería: tres para UP, uno para LLA, uno para la UCR, uno para el Pro, uno para Cambio Federal y el restante para un partido provincial.

El interbloque que comanda José Mayans envió igualmente cuatro nombres, los de la formoseña María Teresa González y el porteño Mariano Recalde, por el bloque Frente Nacional y Popular; y los de la mendocina Anabel Fernández Sagasti y la neuquina Silvia Sapag, por el bloque Unidad Ciudadana.

En la Cámara de Diputados, donde se adoptó otro criterio de reparto (D´hondt por bloques), Unión por la Patria también reclama tener cuatro lugares. La bicameral está compuesta por ocho diputados y ocho senadores, teniendo el presidente voto doble en caso de empate, por eso también será clave para el oficialismo quién la comande.

Los miembros de Juntos por el Cambio en la Bicameral de Trámite Legislativo reclamaron al presidente de esa comisión, Marcos Cleri, reactivar esa comisión que lleva años sin funcionar, a pesar de haber un centenar de decretos sin tratar.

Encabezados por el diputado del Pro Pablo Tonelli, los legisladores advirtieron que esta es la segunda nota de ese tenor que presentan. Una referida a 66 decretos, esta a 34. Son 100 los decretos que no han sido tratados, remarcaron los legisladores.

Esa comisión presidida por el diputado camporista tiene pendiente tratar DNU, decretos delegados y vetos parciales de leyes del Congreso.

Temas de todo tipo están pendientes, advierten los diputados Tonelli, Soledad Carrizo, Hernán Lombardi y Omar De Marchi, y los senadores Silvia Gicoppo y Luis Naidenoff: Canje de deuda pública, suba del mínimo no imponible de ganancias, fondo estabilizador del trigo, modificación a la norma de ingresos brutos, modificación de la ley de ministerios, acuerdos de precios, modificaciones presupuestarias, modificaciones al régimen de jubilaciones, entre otros.

Lo cierto es que la comisión no se reúne desde el 6 de julio de 2021 para tratar expedientes. Solo hubo una reunión constitutiva el 30 de junio de 2022 de 10 minutos solo para nombrar autoridades.

Nota-a-Comisión-Bicameral-22-11-23

En medio de la polémica por la suba de retenciones a través del DNU 131/22, los jefes del Pro y la UCR en ambas cámaras del Congreso reclamaron al titular de Diputados, Sergio Massa, y a la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, que se constituya de manera urgente la Bicameral de Trámite Legislativo, encargada del análisis de los decretos del Ejecutivo.

En la misiva, los legisladores de Juntos por el Cambio solicitan que “se proceda a la urgente integración y constitución de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que debe abocarse de manera inmediata a la consideración de los Decretos dictados por el Poder Ejecutivo que, por manda constitucional, están bajo su alcance”.

“Como es de vuestro conocimiento, el texto constitucional, en sus artículos 99 inc. 3 y 100 inc. 12 y 13, establece la inmediata intervención que la citada comisión debe tener en el trámite de los decretos que el Poder Ejecutivo dicta y remite a esta H. Congreso”, señalaron.

Además, expresaron que “el carácter permanente de la Comisión Bicameral, establecido en la propia Constitución, fue también expresamente explicitado en la ley especial que regula el trámite y alcance de la intervención del Congreso en los mencionados decretos -Ley N° 26.122- al determinar, en su artículo 6°, que ‘la Comisión Bicameral Permanente cumple funciones aun durante el receso del Congreso de la Nación'”.

Nota presentada para exigir la inmediata conformación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que debe analizar los DNU.
Lleva 103 días sin funcionar y el Presidente está queriendo gobernar por decretos. https://t.co/7DZv9PKwRU pic.twitter.com/C3jPvB9z1n

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) March 22, 2022

“Este carácter permanente hace que la demora de más de 100 días para la integración y constitución de la comisión sea absolutamente injustificada y atente contra lo previsto en la propia manda constitucional; más aun teniendo al día de hoy el H. Congreso el conocimiento del dictado de 8 Decretos de Necesidad y Urgencia y 9 decretos de facultades delegadas que, publicados con posterioridad al 10 de diciembre pasado, esperan el tratamiento urgente previsto en la Constitución”, agregaron.

La última reunión de la Bicameral de Trámite Legislativo fue el pasado 18 de noviembre cuando, a días del cierre del período ordinario, el oficialismo dictaminó un abultado paquete de decretos, aunque luego en el recinto del Senado fueron ratificados 48. Hasta el 10 de diciembre la comisión estuvo presidida por el diputado camporista Marcos Cleri.

La carta enviada a las autoridades del Congreso fue firmada por el presidente del Frente Pro en Diputados, Cristian Ritondo; el jefe de la UCR en la Cámara baja, Mario Negri; el titular del interbloque JxC en el Senado, Alfredo Cornejo; el presidente de la UCR en la Cámara alta, Luis Naidenoff; y el jefe del Pro en el Senado, Humberto Schiavoni. Solo suscribieron el Pro y la UCR, pues se trata de los dos bloques de la oposición que pueden acceder a lugares en esa bicameral.

Antes del recambio parlamentario, el Frente de Todos en la Bicameral de Trámite Legislativo aprobó este jueves la validez de 116 decretos -de los cuales 70 son de necesidad y urgencia- firmados por el presidente Alberto Fernández durante 2019, 2020 y 2021, y que estaban pendientes de discusión.

Ahora, el paquete quedó en condiciones de ser tratado por una de las dos cámaras, y se prevé que vayan a ser sometidos a votación en el Senado, como sucedió en estos casi dos años, y donde el oficialismo ostenta ser mayoría hasta el próximo 10 de diciembre.

Con superioridad numérica en la comisión, presidida por el diputado Marcos Cleri, los legisladores del Frente de Todos defendieron cada una de las medidas durante la reunión que se desarrolló por dos horas.

En el arranque, los diputados opositores Pablo Tonelli y Gustavo Menna dejaron sentado el rechazo de Juntos por el Cambio, y luego se retiraron del encuentro. Anteriormente, los referentes de la oposición habían brindado una conferencia de prensa.

Luego que Cleri abriera la reunión, Tonelli señaló que “no vamos a tratar todos” los decretos, porque justamente este jueves se publicó en el Boletín Oficial “un DNU particularmente trascendente” como es la prórroga de la Ley de Emergencia de Tierras Indígenas (26.160).

“No estamos de acuerdo con la metodología propuesta”, aseveró, y explicó que este tratamiento en paquete de los decretos “no se ajusta a la legislación vigente”. “Lo que los constituyentes han querido es que el tratamiento que la comisión y el Congreso deban hacer de esos decretos sea inmediato, sea rápido”, remarcó.

Además, el legislador de Juntos por el Cambio indicó que en la Ley 26.122 se establece que cuando “la comisión no se expida dentro del plazo de 10 días, las Cámaras quedan habilitadas y deben considerar de manera inmediata y expresa los decretos” de modo de darle “seguridad jurídica y certeza a la vigencia de esas normas”.

“Este tratamiento demorado, y para peor conjunto, está muy lejos de respetar las normas de la Constitución y de la ley”, resumió, y dejó en claro que desde la oposición impugnaron la convocatoria y el tratamiento en conjunto de los 116 decretos.

Después fue el turno del radical Gustavo Menna, el segundo y último legislador de la oposición que hizo uso de la palabra en el comienzo de la reunión. Para el diputado, lo que está en discusión es “si la atribución de dictar leyes sigue perteneciendo al Congreso o lo vamos a trasladar al Ejecutivo”.

“El hecho de que sean 116 los decretos de contenido legislativo en consideración es una desmesura, de una exorbitancia tal, que habla a las claras que en estos casi dos años de Alberto Fernández se ha legislado por decreto. El Poder Legislativo se ha trasladado a la Casa Rosada”, cuestionó sobre el uso de esta herramienta.

En esa línea, el chubutense consideró que “se está tergiversando esta práctica de los DNU” y subrayó que “el artículo 99 de Constitución, inciso 3, no es una habilitación a dictar DNU festivamente”, sino solamente cuando “no es posible por circunstancias excepcionales seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes”.

“No hay precedente desde 1983 que haya habido avances tan grandes sobre las libertades individuales y públicas como en estos dos años, y esto es como consecuencia directa de los decretos, muchos de los cuales se van a buscar convalidar”, enfatizó.

Menna mencionó datos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que revelan que desde marzo hasta agosto de 2020 hubo “531 denuncias de abusos policiales” y “25 muertes” por casos de violencia institucional, 10 de ellos ocurridos en comisarías, además de “dos medidas cautelares que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a la provincia de Formosa, y una de ellas sigue vigente”. Entonces, vinculó que esta “violencia institucional fue generada con motivo de la normatividad que provocaron estos DNU”.

“Estamos asistiendo a una suerte de operación de blanqueo. Como ustedes han perdido a partir del 10 de diciembre la mayoría en el Senado, lo que se pretende es apurar la convalidación, la ratificación de estos decretos, que no les importó tratarlos en todo este tiempo en esta comisión”, completó.

Tras ello, los diputados Tonelli, Menna, Luis Petri (UCR) y Leonor Martínez Villada (CC-ARI) se levantaron para salir del Salón Eva Perón, donde se desarrolló la reunión, pero la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti les pidió que se quedaran para escucharla.

La vicejefa del Frente de Todos resaltó que los 116 decretos “son muy importantes para la institucionalidad de la Argentina” y defendió que “esta comisión ha trabajado arduamente durante la pandemia”, etapa que fue “un contexto excepcional, de necesidad y urgencia, que nos obligaba a abocarnos a los decretos”.

“La oposición tiende a tener una memoria selectiva”, los cruzó y recordó el DNU 27 firmado por el expresidente Mauricio Macri durante el verano del 2018, que “en un solo decreto se derogaban 19 leyes y se modificaban alrededor de 150 leyes, con la excusa de desburocratizar el Estado”.

Entonces, la mendocina les reprochó a los opositores “la pretendida institucionalidad y argumento de las formas” y “venir a hacerse los desmemoriados y no reconocer que esta situación que está viviendo la Argentina es excepcional”. “En pandemia, como nunca antes han estado los DNU más justificados en cuanto a su necesidad y urgencia”, continuó.

También, la senadora sostuvo: “No vamos a permitir que una vez más se nos señale desde la oposición al oficialismo como que nosotros somos los que cotidianamente estamos afrentando a la institucionalidad. No es así, e incluso cuando ustedes gobernaron la Argentina, y no había pandemia, en un solo decreto se cargaron 19 leyes y modificaron otras 150”.

Sin responder, los legisladores de Juntos por el Cambio se retiraron del salón y, acto seguido, contestó sobre los dichos de Formosa la senadora Teresa González.

“La provincia de Formosa durante toda la pandemia ha mantenido una política sanitaria excelente, ponderada por sanitaristas nacionales y también internacionales”, dijo, y acusó a la oposición de haber convocado “actos masivos tanto en Clorinda como en la ciudad de Formosa”, tras lo que “hubo un repunte impresionante de contagios y fallecidos”. “Seguimos soportando y enfrentando la terrible ofensa y el terrible vandalismo que viene cometiendo la oposición desde 2020 contra la provincia de Formosa”, añadió.

Cuando la oposición se retiró, todos los miembros del oficialismo se encargaron de argumentar a favor de la validez de las medidas. Previamente, Cleri destacó que la comisión realizó “12 sesiones de manera remota” y “tratamos 54 DNU”. “Con los que vamos a tratar ahora van a ser el 100% de los emitidos en 2019, 2020 y este año”.

Y detalló que se tratarían por bloque, separados de acuerdo a los temas “ASPO, DISPO y medidas generales de prevención; trabajo y producción; beneficios sociales; transformaciones institucionales; economía; y promulgación parcial de leyes, que son 7”.

En defensa de los decretos que dispusieron medidas restrictivas durante la pandemia, el diputado Pablo Yedlin subrayó la “enorme excepcionalidad que Argentina y el mundo han vivido en estos dos años tan terribles”, en lo que “5.300.000 argentinos se han contagiado de esta enfermedad y 116.222 argentinos y argentinas han fallecido por esta enfermedad”.

“Si en algún momento un profesor de derecho constitucional tuviera que elegir un período más justificado para dictar decretos de necesidad y urgencia, no tengo dudas que tomará la pandemia como un ejemplo”, expresó el senador electo.

Otro de los que tomó la palabra fue el senador Mariano Recalde, quien afirmó que “el trámite constitucional y parlamentario de los decretos están cumplidos”, pero “tal vez lo que les molesta (a la oposición) y por lo que se oponen a estos DNU es por el fondo. No les gusta lo que se decidió”.

“Lo que se hizo con estos DNU en medio de una pandemia fue proteger el trabajo y la producción”, señaló el porteño y fustigó: “Claro que les molesta la doble indemnización, si quieren eliminar la simple”. “Lo que les espanta es la prohibición de despidos o los aumentos salariales”, sumó.

Dentro del paquete de decretos -entre los de necesidad y urgencia, los de facultades delegadas y los de promulgación parcial de leyes- se encontraban las medidas referidas a la cuarentena, la doble indemnización, aumento de salarios, ampliaciones presupuestarias, prórroga de la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria sancionada durante el gobierno de Cambiemos, y prohibición de despidos, entre otros temas.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se metió en la polémica por el tratamiento en paquete de 116 decretos firmados por Alberto Fernández, en el marco de la Bicameral de Trámite Legislativo, y consideró que “el Gobierno comienza la llamada a una nueva etapa de atropello institucional y rompe la posibilidad de acuerdos en el Congreso de la Nación”.

“El kirchnerismo tiene capacidad de daño hasta el 10 de diciembre. El envío de 116 decretos legislativos, en su mayoría DNU, viola el debido proceso legal (adjetivo y sustantivo) por su contenido y por la forma en que se pretende su tratamiento. Estamos ante una clara violación del estado de derecho”, remarcó la exdiputada.

Para la referente de Juntos por el Cambio, “lo único que no cambia es el patoterismo. Lo veo desde que tengo quince años, cuando ingresé a la universidad”. “Hay que estar tranquilos, esto ya pasó durante cuatro meses tras la elección de 2009. Ahora quedan solo 22 días”, recordó.

Finalmente, Carrió agregó: “La nulidad de lo que plantean es insanable y absoluta, y el bloque de la Coalición Cívica lo va impugnar reglamentariamente”.

Luego de una extensa reunión, el oficialismo en la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo impuso su mayoría para pasar a la firma el dictamen de validez del DNU 431/21, mediante el cual el Gobierno modificó la Ley de Vacunas contra el Covid para destrabar negociaciones con laboratorios con los que todavía no se pudieron cerrar acuerdos -como Pfizer-, y avanzar así con la vacunación de menores de 18 años.

Al encuentro de este martes asistieron para defender la decisión presidencial la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, acompañadas también por la asesora presidencial Cecilia Nicolini.

Durante el encuentro, tanto las funcionarias como los legisladores del Frente de Todos justificaron la utilización de un decreto para incorporar los cambios a la norma, mientras que la oposición cuestionó que se haya salteado el trámite legislativo e ignorado al Parlamento.

En ese sentido, los integrantes de Juntos por el Cambio reclamaron que, aunque ya se haya emitido un DNU, las modificaciones queden plasmadas a través de una nueva ley.

En su exposición, Ibarra respaldó la decisión del Gobierno de introducir los cambios por la vía del decreto, aseverando que las nuevas disposiciones fueron fruto de negociaciones muy arduas, y ratificó sus declaraciones del viernes pasado en conferencia de prensa: “Los tiempos del Congreso no están previstos para estas emergencias”.

Además, la secretaria Legal y Técnica aclaró que en la Ley de Vacunas 27.573 “la palabra negligencia no era y nunca fue el único reclamo” de algunos laboratorios para cerrar acuerdos con Argentina, por eso insistió que el DNU se emitió para contar con más vacunas “cuanto antes”.

Consultada por el diputado oficialista Pablo Yedlin sobre si hubiera sido viable el proyecto de ley que proponía Juntos por el Cambio -y que la semana pasada el Frente de Todos rechazó tratar sobre tablas en la Cámara baja-, Ibarra aseguró que “definitivamente no” hubiese servido la iniciativa presentada por la macrista Carmen Polledo. En esa línea, reiteró que la palabra negligencia “era uno de los obstáculos, sí, era el único, no. Por eso este DNU no tiene un solo artículo”.

Por su parte, el diputado radical Gustavo Menna advirtió sobre “las modificaciones y la razón por la cual se flexibilizó y relajó la salvaguarda del patrimonio argentino. No contaron al Congreso que estaban desafectando de la salvaguarda de la inmunidad soberana a una categoría inmensa de bienes”, al tiempo que alertó por la posible afectación de las regalías de las provincias petroleras.

A ello, Ibarra remarcó que se trata de “temas muy difíciles” y “negociaciones muy arduas, que involucran temas muy importantes” como “los intereses para Argentina”. Pero enfatizó: “Hemos defendido la integridad de los bienes soberanos”.

“Jamás por una deuda del Estado Nacional han ido a embargar los Ingresos Brutos que cobra una provincia”, ejemplificó la funcionaria, y dijo que “específicamente el que está autorizado para poner cláusulas de renuncia de inmunidad soberana es el Estado Nacional”, y “hay una porción de regalías que cobra el Estado Nacional”, es a eso “que se le quita inmunidad soberana”. “No hay ningún bien provincial involucrado en este tema”, apuntó.

Una vez que las funcionarias se retiraron, los legisladores se dieron su debate en la comisión que preside el diputado oficialista Marcos Cleri. Entre ellos, habló Yedlin, quien con gráficos mostró el impacto de la vacunación en Argentina y destacó que “este DNU es la demostración que el Gobierno nacional quiere que en esta situación de necesidad y urgencia, los niños menores de 18 años que tengan necesidad puedan vacunarse”.

Además, con este decreto “abrimos la puerta a un grupo de laboratorios” como Pfizer o Johnson y Johnson, señaló, y añadió: “Bienvenidas sean todas las vacunas que los argentinos necesitamos hoy y en los próximos años”.

Desde el aspecto jurídico, el diputado macrista Pablo Tonelli enfatizó que el dictado de DNU’s “no es una opción, no es que el presidente o el Gobierno puede elegir entre que las leyes las sanciones el Congreso o se dicten por un decreto”.

El porteño consideró como “nada satisfactorio” el argumento de Ibarra sobre la modificación de la ley por decreto, porque no hay “nada que justifique la emisión de ese decreto”. Para el opositor, se trató de “un desprecio notorio hacia el Congreso, que es uno de los tres poderes del Estado”.

Entonces, Tonelli instó al oficialismo a que convoque a sesión para este mismo miércoles, que la oposición aprobaría los cambios por ley, “y el jueves estoy seguro que el Senado puede hacer lo mismo; y el viernes el presidente promulgar la ley, y cumpliríamos con la Constitución”.

Finalmente, aunque no forma parte de la comisión, cerró el debate el jefe del bloque oficialista en el Senado, José Mayans, quien desafió a los diputados a que “nos ganen una vez” y ratifiquen en la Cámara baja el DNU. Fue en alusión a que siempre, y porque la mayoría en la Cámara alta así se los permite, los senadores oficialistas son los que aprueban los dictámenes de la bicameral en el recinto. “Si quieren, a este DNU pueden tratarlo en el recinto y aprobarlo. Ojalá que ustedes nos ganen”, expresó, y anunció que igualmente la próxima semana el cuerpo presidido por Cristina Kirchner votará la validez del decreto.

La secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, ratificó este martes ante legisladores sus declaraciones sobre los “tiempos” del Congreso y la “necesidad” de tener “cuanto antes” la modificación de la Ley de Vacunas, defendiendo así el Decreto de Necesidad y Urgencia 431/21 emitido por el presidente.

Luego que el senador Luis Naidenoff (UCR) -jefe de Juntos por el Cambio en el Senado- y el diputado Luis Petri (UCR) le salieran al cruce por sus dichos en la conferencia de prensa del viernes pasado, la funcionaria sostuvo: “Los tiempos del Congreso Nacional no están previstos para estas emergencias”.

“La Ley 27.573 se presentó el 23 de septiembre, se votó en fines de octubre y se promulgó en noviembre. Gracias a que hubo esta ley, que el legislador no votó (en referencia a Petri), nosotros pudimos contratar y traer millones de vacunas a Argentina”, lanzó.

Ibarra, exlegisladora, también le contestó a Naidenoff: “Yo le tengo un enorme cariño al senador Naidenoff, con quien compartí seis años la banca, y yo soy una persona de buena fe y me expresé de muy buena fe en la conferencia de prensa”.

“Allí dije muy claramente que en tiempos de emergencia es muy difícil que se compatibilicen los tiempos del Congreso con las urgencias”, dijo y justificó que “por eso existe en la Constitución Nacional el artículo 99, inciso 3”.

Para la secretaria Legal y Técnica, cuando se aceleran las curvas de contagios “hay que tomar una decisión inmediata”.

Aunque reconoció que en pandemia “han trabajado mucho legisladores y legisladoras en forma virtual y han hecho una enorme producción de leyes”, Ibarra insistió que para “la urgencia y la rapidez en el tiempo para responder a ciertas situaciones, precisamente está el artículo 99, inciso 3”.

“Nos vimos obligados a firmar un DNU por la necesidad de contar cuanto antes con las donaciones que hay de otros países, con las vacunas que podemos recibir del mecanismo COVAX, y sobre todo para poder avanzar en los contratos, a fin de traer vacunas pediátricas y poder vacunar a nuestros niños y adolescentes con comorbilidades”, añadió y subrayó que “hace 10 meses no había vacuna pediátrica autorizada; hace un mes que está disponible”.

En el tramo de las preguntas, Petri le preguntó desde cuándo el Poder Ejecutivo estaba notificado de los “graves inconvenientes” que obligaron a este decreto. Recordó entonces que el proyecto tuvo en su momento un tratamiento “prácticamente exprés” y que el Gobierno “sabemos que está notificado desde el 15 de diciembre, cuando el representante de Pfizer en la Argentina le mandó una carta a Ginés González García diciéndole que el marco normativo requería modificaciones. Y le habló del tema de la ‘negligencia'”.

“¿Por qué no se discute en el Congreso de la Nación y se opta por el camino del DNU?”, le reclamó el diputado mendocino, haciendo hincapié en los dichos de Ibarra respecto de que el Congreso no está preparado para actuar en tiempo de pandemia.

Por su parte, Naidenoff le dijo a Ibarra que no podía pasar por alto lo de que el Congreso no está preparado para actuar en tiempo de pandemia. “Menosprecio de los propios legisladores y la falta de compromiso en el marco de la pandemia. En 2020 el Congreso logró un funcionamiento a niveles históricos a través de la virtualidad, precisamente por la pandemia”, destacó.

“Si hay un ámbito que está preparado para discutir en tiempo de pandemia es en el Parlamento”, señaló el senador formoseño, que le recordó a la funcionaria haber sido “parte de este Congreso”

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, informó este martes ante diputados y senadores que en Argentina “el 58% de los mayores de 20 años” han iniciado su esquema de vacunación contra el Covid, y resaltó que el país está llegando a las casi 28 millones de dosis.

La funcionaria ponderó además el acuerdo con China por 24 millones de dosis, de los cuales 8 millones se recibirán este mes con diez vuelos que se realizarán hasta mediados de julio.

“Con esas dosis tenemos 27.615 millones de dosis, casi 28 millones de dosis, de las cuales ya se ha distribuido el 95%”, detalló y dijo que “el resto están en ese proceso, entre el 7 y 8 de julio van a estar en las jurisdicciones”. “Más del 99% de las vacunas que se reciben en Argentina se distribuyen en tiempos que nunca antes habían sucedido”, agregó.

Al asistir a la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, para defender el DNU que modificó la Ley de Vacunas, Vizzotti sostuvo que “al día de hoy tenemos: un 58% los mayores de 20 años que han iniciado el esquema de vacunación; mayores de 50 años, un 85,5%; y mayores de 60, casi el 89%”.

En cuanto a las segundas dosis, la titular de la cartera de Salud argumentó que “la estrategia de Argentina de priorizar la primera dosis, nunca dar una sola dosis, y generar un intervalo de tres meses, ha sido importante para lograr estas coberturas”.

Sobre las personas que ya recibieron las dos dosis, precisó que “arriba de 70 años es del 44,5%; los mayores de 60, casi el 37%; y los mayores de 50 años, casi el 28%”.

“Tenemos la llegada de vacunas de AstraZeneca y de Sinopharm sin ningún problema”, afirmó y expresó que se está “trabajando muy fuertemente para recibir las dosis de la vacuna Sputnik V segundo componente”.

Respecto a los cambios a la norma, por la vía del decreto, Vizzotti enfatizó que son resultado de una “negociación muy larga, muy compleja” y habló de “la complejidad que tienen los programas de inmunizaciones en general”, a partir de que “la evidencia científica” se va generando en el transcurso de la pandemia. “En el mundo se van ampliando grupos y poblaciones” para la vacunación, señaló.

Ante la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, aclaró que “la palabra negligencia no era y nunca fue el único reclamo” de algunos laboratorios para cerrar acuerdos con Argentina por vacunas, entre ellos Pfizer.

Al defender las modificaciones a la Ley de Vacunas a través del DNU 431/21, la funcionaria manifestó que era “rápido, importante, necesario y prioritario” para poder contar “cuanto antes” con vacunas que permitan vacunar a menores de 18 años.

“Hemos hecho un enorme trabajo técnico y jurídico para poder acercar posiciones que estaban muy lejos”, remarcó.

En primer término, Ibarra ratificó que desde la aparición de las vacunas el Gobierno trató de “avanzar en conversaciones con todos los laboratorios con los que fuera posible para contratar vacunas, y contar con la mayor cantidad de vacunas”.

“Las cláusulas requeridas por los distintos laboratorios del mundo o países soberanos que venden vacunas no permitían tener acceso a las mismas en el marco de las reglas comunes de contrataciones del Estado”, explicó la funcionaria, y recordó entonces la sanción de la Ley de Vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid (N°27.573).

Pfizer “fue uno de los primeros laboratorios con los que se habló”, remarcó Ibarra, que agregó que esa vacuna “fue la primera que se aprobó en Argentina para su utilización”, pero para la contratación “surgieron algunos inconvenientes porque plantearon el ingreso de algunas cláusulas en los contratos que no estaban autorizadas por las normas que contenía la ley”.

La secretaria Legal y Técnica dijo entonces que “la única opción posible era una modificación de la ley” y justificó: “¿Por qué se decidió un Decreto de Necesidad y Urgencia? Porque hay necesidad y porque hay urgencia”.

“Hace un mes aproximadamente se aprobó la vacuna Pfizer para uso pediátrico, para niños y jóvenes de 12 a 18 años”, señaló, y sostuvo “la importancia de contar con esta vacuna para vacunar cuanto antes” a este grupo, y especialmente a los menores con comorbilidades.

En esa línea, consideró que el cambio en la ley era “rápido, importante, necesario y prioritario”. Y además de poder firmar futuros acuerdos con los laboratorios, también “vamos a poder acceder rápidamente a donaciones de otros países” y a “la provisión de vacunas de laboratorios norteamericanos a través del mecanismo COVAX” de la OMS.

Al detallar las modificaciones realizadas por decreto, Ibarra destacó la creación de un Fondo de Reparación y habló de la “eliminación del concepto de negligencia como atributo de responsabilidad”. En este sentido, aclaró que esa palabra “no era y nunca fue el único reclamo. Todo hubiese sido más sencillo si el reclamo era solo la eliminación de esa palabra”.

Sobre un punto que levantó la alarma de Juntos por el Cambio, la funcionaria precisó que “se elimina la protección con inmunidad soberana para las regalías adeudadas a la República Argentina” pero “estas regalías de ninguna manera incluye a las de las provincias”.

“Este es un fondo donde el deudor es el Estado Nacional, mal podría ir un acreedor a cobrarle a un Estado distinto. Responde el Estado Nacional y al bien que se le quitó inmunidad soberana es a las regalías percibidas por el Estado Nacional, de ninguna manera involucra ninguna regalía que reciben las provincias autónomas por sus recursos naturales”, reforzó.

Entre otros puntos, ponderó que se incorporó “la protección del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSeS” al “estado de bienes con inmunidad soberana”, por pedido del presidente Alberto Fernández y “para que no quedara ninguna duda ni ninguna confusión respecto a los fondos de jubilados y pensionados”.

La secretaria Legal y Técnica defendió que el DNU “es producto de una larga negociación”. “Esto no es ir a la esquina a comprar un paquete de galletitas. Son laboratorios internacionales, con casas matrices, con asesores globales, que tienen normas globales que los regulan y hemos hecho un enorme trabajo técnico y jurídico para poder acercar posiciones que estaban muy lejos”, completó.

Una vez más, el oficialismo en la Bicameral de Trámite Legislativo avaló Decretos de Necesidad y Urgencia emitidos por Alberto Fernández, en relación a la pandemia. En tanto, los integrantes de Juntos por el Cambio los rechazaron y cuestionaron el uso de esta herramienta por parte del Ejecutivo.

Con mayoría en la comisión, el Frente de Todos se alzó con los dictámenes de mayoría a favor de la validez del DNU 167/21, que extendió la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de este año, y el 411/21, por el cual se prorrogaron las medidas restrictivas hasta el próximo 9 de julio.

Como pasó en encuentros anteriores, el encargado de abrir el debate fue el diputado Pablo Yedlin (FdT), quien sostenido en gráficos se refirió a la actual situación sanitaria. “En las provincias la situación es todavía bastante roja”, señaló y remarcó que “las tasas están en descenso, aunque no hemos llegado a salir de situaciones de riesgo”.

“Entre la vacunación y las restricciones, a pesar de la llegada del invierno, se muestra una mejora importante de esta segunda ola, que fue mucho más alta que la primera y el rebrote de fin de año (2020)”, sostuvo el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara baja.

Y añadió que “en todos los países la segunda ola fue de más casos; lo que permite la vacuna es que la letalidad sea peor”. A continuación, el tucumano insistió que la Ciudad de Buenos Aires “sigue siendo la de mayor mortalidad”, aunque aclaró que es el distrito que tiene a un 16% de la población mayor a 60 años.

Desde la oposición, el diputado Pablo Tonelli (Pro) recordó: “Según mi cuenta son 103 los decretos que esta comisión no ha tratado y no ha dictaminado, es decir que estamos bastante demorados en el cumplimiento de nuestra misión respecto de los decretos dictados por el presidente”.

Al referirse a la situación sanitaria, el porteño acotó que “no hay que perder de vista que la actuación del Estado debe producirse en el marco de la ley, en el marco de la Constitución”. Luego, enfatizó: “El fin no justifica los medios”, o, en este caso “la emergencia no justifica dejar de lado la Constitución”.

“Ninguno de los dos decretos en tratamiento, ni el 167 ni el 411, se adecúan a las reglas y a los requisitos que establece nuestra Constitución Nacional”, opinó el macrista, que además argumentó que ambos DNU implican una “extrema limitación de derechos”, situación que sólo era justificable en marzo 2020 cuando la pandemia sorprendió a la Argentina.

Respecto al decreto 411 en particular, denunció la violación de la autonomía de las provincias. “No puede el presidente de la Nación, bajo ninguna circunstancia, atribuirse facultades que son de las provincias”, reiteró.

Después fue el turno de la senadora Teresa González (Frente de Todos), quien defendió que las medidas a prorrogar “tienen efectos favorables, descendiendo los casos en la mayoría de las jurisdicciones y dando cierto alivio, sobre todo al sistema de salud de estas provincias y por ello también al denominado semáforo que se instauró en las mismas”.

“Las medidas tomadas fueron y son razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que se enfrenta y aún persiste en nuestro país, aún más cuando se adoptan en forma temporaria, como lo vamos realizando”, añadió la formoseña.

Nuevamente desde Juntos por el Cambio, el diputado Gustavo Menna (UCR) habló de una “grave la incursión del Poder Ejecutivo” en las facultades legislativas, y subrayó que “el presidente no puede dictar decisiones de carácter legislativo”. “Se ha dictado una catarata de decretos, no solo de DNU’s, sino también de los delegados y de promulgación parcial de leyes”, mencionó y lamentó que “no están suficientemente fiscalizados por esta comisión”.

“El presidente está pasando a la historia como el presidente de los DNU’s”, dijo el chubutense, que aclaró que la pandemia es una situación que “ha dejado de ser excepcional, el Congreso está en funcionamiento pleno”. Y consideró además que, a su entender, hay una nueva clase de decretos “los autodelegados” que son “una categoría nueva contraria a la Constitución”.

Muy duro, siguió el diputado Luis Petri (UCR), que además se cruzó fuerte con el presidente de la bicameral, el santafesino Marcos Cleri (Frente de Todos). El radical calificó de inconstitucionales los decretos y manifestó que estas medidas se podían “validar” al comienzo de la pandemia, pero “a más de un año y medio de la llegada del virus, con un Congreso plenamente funcionando”, no.

“Ha sido desastrosa la gestión de la pandemia”, se quejó, y cuestionó que el año pasado “sometieron a los argentinos a una cuarentena eterna”, al tiempo que “no ha habido éxito en la vacunación”. Entre sus críticas, acusó al Gobierno de “impericia, incapacidad, negligencia”.

Finalmente, cerró la reunión el senador Daniel Lovera (Frente de Todos), que argumentó que el DNU contempla “una mirada que es federal” y “permite establecer un marco de previsibilidad y razonabilidad de las medidas aplicadas con criterios objetivos”.

“No se puede fragmentar la gestión de la pandemia. Hasta tanto la Cámara de Diputados sancione la ley, es necesario que acompañemos la estrategia nacional”, aseguró y llamó a las medidas como “oportunas, razonables y sectorizadas según el territorio”.

El pampeano ponderó que “tenemos un Gobierno que prioriza la vida y la salud” y que ha destinado “importantes recursos para atender la emergencia”, además de estar llevando “un plan de vacunación en las 24 jurisdicciones”.

“No son tiempos de mezquindades políticas. Entre las palabras que se escuchan, lo único que dejan en evidencia es la utilización de la pandemia solo con intenciones políticas, no les importa la situación epidemiológica de Argentina”, aseveró.

Tratarán un paquete de decretos el próximo lunes

En el comienzo de la reunión, Cleri anunció que el próximo lunes la bicameral tratará varios de los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo, “decretos muy importantes, de facultades delegadas y DNU’s que tienen que ver con el funcionamiento del Estado y cumplimiento de las obligaciones del mismo para con organismos multilaterales, y también con su rol en un modelo de desarrollo pensando poner a la Argentina de pie”, definió.

Pero en referencia al encuentro de este miércoles, el diputado Omar De Marchi (Pro) cuestionó que fueron “citados en 24 horas” cuando “el reglamento es muy claro, habla de 48 horas al menos, y ya ni siquiera discutimos si son hábiles o corridas”. Entonces, pidió tener “un mínimo nivel de formalidad”. “¿Cuál es la salida que nos queda a nosotros? ¿Judicializar? Es una enormidad judicializar por un tema menor”, agregó.

Cleri aseguró que la convocatoria fue parte de un acuerdo del vicepresidente, el senador Luis Naidenoff (UCR). Sin embargo, la senadora Silvia Giacoppo (UCR) dijo que “el acuerdo es para dictaminar en forma remota, pero no tengo entendido que sea para convocar en forma remota”.

Un fuerte cruce protagonizaron este miércoles los diputados Luis Petri (UCR) y Marcos Cleri (Frente de Todos) durante la reunión de la Bicameral de Trámite Legislativo, donde se trataron dos DNU firmados por el presidente Alberto Fernández en relación a la pandemia.

Se encontraba en uso de la palabra el radical mendocino, disparando críticas contra el Gobierno nacional, cuando el oficialista -presidente de la comisión- lo interrumpió para que cierre su exposición.

Petri cuestionaba el plan de vacunación y que “el 50% de la población de riesgo no ha recibido todavía la segunda dosis”, cuando sumó que el aumento de casos no se resuelve con “cerrar aeropuertos como están haciendo ahora, privando que los argentinos ingresen al país como deberían hacerlo, negándoles derechos constitucionales, nuevamente avasallando garantías que están en la Constitución Nacional”.

“De un plumazo establecen un cupo que es absolutamente injustificado”, sostuvo el mendocino, que entonces llamó al Gobierno “inimputable” porque “no se hace cargo”.

En ese momento, Cleri le pidió: “Diputado vaya redondeando la cantidad de falsedades que está diciendo”. “No me conteste señor presidente, no le voy a permitir que me conteste, usted se calla y si quiere pide la palabra. Cállese señor presidente, pida la palabra”, estalló el opositor.

“Usted no me manda a callar. Diputado, diputado, diputado. ¿Ya terminó de grabar su videíto para las redes (sociales)?”, lanzó el santafesino, que le solicitó “dé fundamentos claros”. Y le enrostró: “Las vacunas no se vencen, las vacunas que se vencieron fueron las que estaban en un galpón cuando dejaron de tener Ministerio de Salud”.

A los gritos, Petri continuó: “No le voy a permitir que cercene mi uso de la palabra. Pida la palabra y hable como un diputado más. Estoy hablando de los errores del Gobierno, si no le gusta cámbielos”.

“Diputado lea el reglamento, el presidente de la comisión administra el uso de la palabra”, dijo Cleri, y el radical le volvió a pedir que lo dejara terminar. “Pero recién había terminado”, consideró el kirchnerista, a lo que el mendocino le agregó: “Pero me interrumpió, déjeme terminar”. “Vio que el que administra la palabra es el presidente. Continúa en el uso de la palabra, redondee señor diputado”, completó Cleri.

Enfático, Petri reclamó: “Ustedes no se hacen responsables, desde el comienzo de la pandemia culparon a los que venían del exterior porque no controlaban, posteriormente cuestionaron a los jóvenes, después siguieron culpando a los runners, después continuaron con los que salían a protestar, después a los medios, a los opositores, a la Justicia porque dictaba en contra del Gobierno, incluso llegaron a culpar a los médicos y al sistema de salud porque se estaban relajando. ¿Pero sabe qué? Háganse cargo, ustedes son responsables de este desastre sanitario y de los más de 92 mil muertos que hay en la República Argentina, producto de que no trajeron las vacunas y de que no han vacunado en número suficiente“.

Por Melisa Jofré

En menos de dos años de gestión, el presidente Alberto Fernández está a punto de llegar a los 100 Decretos de Necesidad y Urgencia firmados. Es cierto que, como le gusta repetir al oficialismo, la gran parte de ese tiempo estuvo y sigue estando atravesado por la pandemia de coronavirus. Como también guarda verdad el reclamo constante de la oposición sobre el funcionamiento pleno del Parlamento, lo cual no impide recurrir al trámite normal de las leyes.

De acuerdo a un informe realizado por parlamentario.com, hasta el viernes 18 de junio, el Poder Ejecutivo emitió 98 DNU’s*, de los cuales 67 están relacionados directa o indirectamente con la emergencia sanitaria por el Covid.

Del total de decretos de este tipo, 46 fueron tratados por la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso, que se encarga de analizar la validez o invalidez de los mismos. Por supuesto, con mayoría en esa comisión, el Frente de Todos ha blindado todas y cada una de las normas que emitió Fernández. Y gracias a la mayoría que tiene en el Senado, los decretos fueron ratificados posteriormente en el recinto.

A los cuestionamientos de Juntos por el Cambio sobre el no debate de algunos DNU’s, se suma la situación de los decretos de facultades delegadas, que también deben abordarse en la bicameral. Por ejemplo, algunos que sí se debatieron fueron los que dispusieron la intervención del ENARGAS y el ENRE.

Pero aquí haremos un repaso exclusivo por los DNU’s, herramienta prevista en el artículo 99 de la Constitución Nacional ante circunstancias excepcionales.

Los DNU’s de la pandemia

Y si se habla de excepciones, es cierto que la pandemia que puso al mundo “patas para arriba” ameritó medidas de ese tipo. Fue de esa manera que en marzo del año pasado, el Gobierno nacional comenzó a emitir una serie de Decretos de Necesidad y Urgencia para actuar ante la nueva emergencia. Sin embargo, lo que enfatizan los detractores del oficialismo es que ese argumento ya resulta inválido e insuficiente para justificar el uso de estas normas a más de un año de la llegada del Covid al país.

En un repaso por los DNU’s de Alberto Fernández, el que inició la declaración de la emergencia sanitaria fue el número 260/20. A partir de allí se sucedieron muchos más que, con similitudes o variantes en sus contenidos, se trataron de prorrogar el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio -y más tarde se sumaría el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio-; extender el cierre de fronteras y la prohibición de ingreso de extranjeros al país; o prolongar en varias ocasiones la prohibición de despidos y suspensiones.

También hubo DNU’s para establecer la suspensión de corte en caso de mora o falta de pago de los servicios públicos; congelar los alquileres en virtud de la emergencia pública; y crear el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP); entre tantos otros.

Algunos DNU’s polémicos

Hace un año atrás, exactamente, la agenda estaba marcada por la polémica decisión del Gobierno de intervenir, vía DNU (522/20), la empresa Vicentin. El anuncio provocó una ola de críticas y un fuerte rechazo de la oposición y varios sectores de la sociedad, que incluyeron “banderazos” en todo el país.

Aunque se pensó, luego de emitido el decreto, en tratar un proyecto de ley de expropiación en el Congreso, finalmente el 31 de julio, mediante otro DNU (636/20), el Poder Ejecutivo derogó esa norma. Ese último fue declarado válido por el oficialismo en la comisión que revisa los DNU’s.

Otro DNU cuestionado, pero que es uno de los que nunca fue debatido por la bicameral, es el 138/21 mediante el cual el Gobierno derogó el DNU 70/17 del expresidente Mauricio Macri, por el cual se habían modificado varios artículos de la Ley de Migraciones y, entre los puntos principales, se prohibía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales. La medida generó también el cuestionamiento de Juntos por el Cambio, y la presentación de proyectos por parte de legisladores de este espacio para reinstalar la normativa anterior.

El DNU 690/20 no tuvo discusión en el Congreso, pero sí el Ejecutivo sufrió un revés judicial. Se trata del decreto mediante el cual en agosto del año pasado se declaró “servicio público” a las telecomunicaciones. A partir de un fallo de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, de mayo de este año, se hizo lugar a una medida cautelar en favor de la empresa Telecom y se suspendió la norma.

Los primeros y los últimos

Ni bien sumió su Gobierno, y hasta el 31 de diciembre de 2019, Alberto Fernández emitió cinco DNU: de modificación Ley de Ministerios -habitual en todo recambio presidencial-; la emergencia pública en materia ocupacional por 180 días y doble indemnización en caso de despido sin justa causa; la postergación de los pagos de las letras del Tesoro (LETE) por 9.000 millones de dólares hasta agosto de 2020; la intervención por 180 días de la Agencia Federal de Inteligencia; y la extensión por tiempo indeterminado de la obligación de liquidar divisas que provengan de las exportaciones en el mercado de cambio.

En tanto, en lo que va del mes de junio de 2021, los últimos tres DNU son el 381/21, que prorroga hasta el 25 de junio las medidas adicionales de prevención destinadas a mitigar la transmisión del Covid; el 388/21, que aprueba disposiciones sobre el Control Policial Civil y Externo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria; y el 389/21, sobre otorgamiento de avales del Tesoro Nacional para la adquisición de Gas Natural desde Bolivia.

Ley de “Emergencia Covid” para no tener más DNU’s

“Hemos dado en Diputados dictamen a la ley de semáforo epidemiológico, esta ley ya está lista para que pueda ser tratada en algún momento en sesión, viene con media sanción del Senado, y por lo tanto se transformaría en ley. Y nos evitaría la necesidad de tener que sostener Decretos de Necesidad y Urgencia de manera quincenal. Pedido, por otro lado, que de alguna manera fue escuchado desde esta comisión bicameral, dado que la oposición varias veces nos planteó la necesidad de generar un marco legal”, lanzó en la última reunión de la Bicameral de Trámite Legislativo el diputado oficialista Pablo Yedlin.

Lo dijo en alusión al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para establecer “parámetros sanitarios y epidemiológicos”, que desde Juntos por el Cambio calificaron como “ley superpoderes” por estar en contra de la letra de la iniciativa y asegurar que avasalla las autonomías provinciales, al no tener en cuenta el fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad de Buenos Aires.

Porque si de DNU’s polémicos se trata, el 241/21 de abril pasado, que dispuso la suspensión de clases presenciales en el AMBA, fue judicializado por el gobierno porteño, a quien el máximo tribunal le dio razón. Desde ese momento, el espacio que conforman el Pro, la UCR y la CC-ARI se planta con más fuerza en su postura en contra de todos los decretos.

Y lo dejó claro el radical Gustavo Menna también en el último encuentro: “A esta situación se llega por decisión política del presidente de la Nación, no se lo achaquen a la oposición, son mayoría, tienen responsabilidad. Para salir del camino de los DNU’s tenemos ahora esta ley que envió el Gobierno, que en el artículo 4 le dice al presidente ‘haga usted lo que le parece y lo que quiera'”.

“Lo cierto es que discrepamos con esta ley, es nuestra postura. Pero no se trató porque ustedes no la han tratado, no la incorporaron ustedes al temario de Diputados. No es responsabilidad de la oposición si quieren tratarlo”, agregó el chubutense. Aunque el problema que tiene el oficialismo en la Cámara baja por los números, dado que hay otros bloques de la oposición que también están en contra de ese proyecto y, su demora en sancionarse, generó más DNU’s por parte del presidente.

El último decreto de Fernández vence el 25 de junio, habrá que ver entonces si el Frente de Todos logra la “hazaña” en la Cámara de Diputados o si el presidente irá por el DNU 99, a uno de los 100.

*Fuente: Sistema Argentino de Información Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En un debate con argumentos repetidos, el oficialismo cumplió con el trámite de tratar el DNU 381/21, que extiende las medidas restrictivas por la pandemia hasta el próximo 25 de junio. Con mayoría en la Bicameral de Trámite Legislativo, el Frente de Todos se alzó con el dictamen de mayoría, mientras que Juntos por el Cambio se opuso a través de un dictamen de minoría.

El primer orador de la reunión realizada este jueves, el diputado Pablo Yedlin (FdT), aseguró que el decreto se trata de “cuidar a la ciudadanía, intentar sostener la salud pública, y tener menos casos y muertes por Covid”.

El titular de la Comisión de Salud de la Cámara baja recordó que la ley para establecer parámetros epidemiológicos y sanitarios -calificada desde la oposición como “ley superpoderes”- ya tuvo dictamen y tener una norma de ese tipo “nos evitaría la necesidad de tener que sostener DNU’s de manera quincenal”. “La oposición varias veces nos planteó la necesidad de generar una ley”, apuntó.

Con gráficos, el tucumano afirmó que “hay una tendencia a la mejora” en cuanto a los casos y en el país “estamos saliendo de la situación más grave, aunque todavía los valores son muy altos”. “Seguimos con una situación compleja en las camas de terapia intensiva”, advirtió, pero dijo que “en los últimos días hay una tendencia al descenso”, ya que está la ocupación a nivel nacional en un 69%, de acuerdo datos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva.

Por otra parte, el oficialista celebró que “hemos recibido más de 20 millones de dosis, se han distribuido 19 millones” y está disminuyendo “el riesgo de mortalidad” en los grupos ya vacunados. “Las vacunas en Argentina son claramente efectivas para reducir la mortalidad”, agregó.

“Lo que nos tiene que alentar es que estamos en salida de esta problemática. Necesitamos que la oposición siga acompañándonos en las medidas restrictivas”, completó.

A continuación, el diputado Pablo Tonelli (Pro) reclamó que “hay otros 100 decretos pendientes de tratamiento en esta comisión”, entre DNU’s, delegados y reglamentarios.

Desde el punto de vista jurídico, el macrista señaló que “más allá de que los datos (aportados por Yedlin) son todos correctos, eso no tiene relación con la validez del DNU, con su adecuación a lo que la Constitución permite, y a lo que el presidente puede hacer o no”.

Respecto al DNU 381/21, el porteño indicó que “es una repetición casi íntegra de dos decretos previos”, porque se trata de una prórroga del 287/21, que a su vez se basó en el 235/21 y el 241/21, éste último judicializado por la Ciudad de Buenos Aires ante la Corte Suprema.

Tonelli enfatizó que “las disposiciones locales no las puede dictar el presidente, solo las autoridades locales”, y este decreto “tiene como objeto facultar a los gobernadores para tomar medidas”. “Los gobernadores lo que menos necesitan es que el Gobierno los autorice. Es el colmo del antifederalismo”, cuestionó.

En esa línea, el legislador opositor consideró que “ya no se justifica que el presidente por sí solo dicte este tipo de medidas” e “insista en querer aprobar decisiones que ya la Corte Suprema le dijo que no puede aprobar”.

“Lo que la emergencia nos reclama es coordinación y concertación entre el Gobierno nacional y los provinciales”, sostuvo y concluyó que, con eso, y más vacunas se tendrá “éxito en la lucha contra la pandemia”.

A su turno, la diputada Carolina Gaillard (FdT) arrancó: “Nosotros entendemos que la ley de parámetros epidemiológicos que deberíamos haber sancionado, y que no lo hicimos y por eso estamos tratando este DNU, es muy necesaria porque es ordenadora. Y en ningún caso va en contra del federalismo, sino que de alguna manera intenta ordenar en una estrategia sanitaria central lo que tiene que ver con las facultades propias que establece nuestra Constitución, facultades propias y facultades concurrentes de la Nación y de las provincias”. Luego, la entrerriana insistió: “No vulnera ninguna competencia de las provincias”.

Para el diputado Gustavo Menna (UCR), el Gobierno se acostumbró a “legislar por decreto” y recordó que un DNU “es la imposibilidad de acudir al trámite ordinario para la sanción de leyes”. “Han llegado en esta gestión en un año y medio a los tres dígitos. DNU’s de tres dígitos y no lo digo con ánimo de que lo celebremos, sino que creo que es una clara evidencia del deterioro del principio republicano de división de poderes. No puede calificarse de otra manera”, reclamó el chubutense.

“Legisla más el presidente de la Nación que el Congreso”, se quejó y disparó que el oficialismo fue el que no incorporó al temario de la sesión pasada la ley de emergencia Covid, cuando “convocaron a tratamiento en comisión de Asuntos Constitucionales y de Salud un par de horas antes del arranque de la sesión, sorprendiendo incluso a todo el mundo, bloqueando a la sociedad civil, especialmente al Colectivo de Padres Organizados”.

Por último, el senador Mariano Recalde (FdT) observó que existe “una capacidad notable de algunos diputados de la oposición para encontrar argumentos que permitan sostener la posición de rechazar este DNU”, pero “la Constitución Nacional es muy clara, y la situación excepcional que prevé el artículo 99, sumado a la urgencia y la necesidad de adoptar estas normas, es pública y notoria, no merece mucha explicación”.

“Cuando los decretos fueron acatados y fueron llevados a la práctica por todas las jurisdicciones, los casos cayeron en un 20% en todo el país”, aseguró el porteño que, al referirse a su distrito como “el más complicado, porque tiene la mayor cantidad de fallecidos cada 100 mil habitantes”, señaló que “cuando (la Ciudad) acompañó y aplicó las restricciones” como en este último período, “hubo una disminución de un 38% de los casos”. “Estas restricciones dan resultados, están pensadas para disminuir los casos y son efectivas”, añadió, al tiempo que abogó por el avance de la vacunación.

El DNU 381/21 prorroga las disposiciones del 287/21 hasta el próximo 25 de junio. En el mismo se disponen los parámetros para la clasificación de las zonas del país, según el número de casos de Covid-19, en cuatro categorías: de bajo riesgo, de medio riesgo, de alto riesgo, y de situación de alarma epidemiológica y sanitaria.

Para las zonas clasificadas en la cuarta categoría, se suspende la realización de todo tipo de eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos en lugares cerrados que impliquen concurrencia de personas; y las clases presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades.

En las zonas más afectadas, seguirá la prohibición de la circulación entre las 20 horas y las 6 horas de la mañana de cada día, aunque las autoridades locales podrán solo ampliar estos horarios en función de las especificidades de cada lugar. En tanto, el transporte público será para los trabajadores esenciales y autorizados, entre otros puntos

Con mayoría asegurada en la Bicameral de Trámite Legislativo, el Frente de Todos se alzó con el dictamen de validez del DNU 334/21, que dispuso un nuevo confinamiento en las zonas del país con más alto riesgo epidemiológico a causa de la pandemia de Covid.

Los legisladores de Juntos por el Cambio, presentes en la reunión de este miércoles, a diferencia del último encuentro, manifestaron su rechazo y cuestionaron el uso de DNU’s por parte del Gobierno nacional.

Además, los opositores aseguraron que el decreto atenta contra el federalismo de concertación, al igual que el proyecto de ley sobre parámetros epidemiológicos y sanitarios para gestionar la pandemia, que comenzará su tratamiento en breve en la Cámara baja.

En el comienzo del debate, la diputada entrerriana Carolina Gaillard (FdT) ratificó la importancia del funcionamiento de la bicameral y se refirió al proyecto de ley votado en el Senado la semana pasada para establecer parámetros epidemiológicos y sanitarios.

“En pandemia a diario se deben tomar diferentes decisiones”, expresó la oficialista y defendió esa iniciativa del Poder Ejecutivo -que ahora deberá tratar la Cámara baja- ya que “es central porque se ha cuestionado mucho el uso de DNU”, y esa ley “le va a permitir a nuestro presidente y a nuestros gobernadores tomar la medidas necesarias”.

En una exposición sostenida con varios gráficos sobre los datos de la pandemia, el diputado tucumano Pablo Yedlin (FdT) señaló que “llegamos a este DNU cursando una enorme cantidad de casos”, en la cual se duplicó “la cantidad de casos de la primera ola en el país”, por lo que hay “una situación muy crítica, con áreas muy congestionadas”.

Durante su intervención, el oficialista insistió que “en algunos medios hay una tendencia a sobrevalorar cómo se gestionó la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires”, pero “es una pena que eso no esté acompañado por los números”, ya que el distrito porteño tiene “la peor mortalidad por lejos”.

Yedlin destacó que en el país “se aumentó la capacidad de testeos” y “las vacunas están mostrando efectividad y resultados en la población real”.

“Quizás este sea el último DNU de estas características que tengamos que debatir en esta bicameral, porque viene la ley que muchas veces se reclamó desde la oposición”, dijo y remarcó que estamos en el momento de “la gravedad más grande que hemos tenido desde el comienzo de la pandemia”.

En contra del DNU, el diputado porteño Pablo Tonelli (Pro) argumentó el rechazo de Juntos por el Cambio al indicar que el decreto “reproduce un proyecto de ley que el presidente ya ha enviado al Congreso”, el cual “está funcionando”, por lo que “no se justifica que el presidente recurra a este instrumento”.

“La improcedencia del DNU se agrava por el hecho de que el presidente ya ha mandado un proyecto de ley al Congreso”, reiteró, y opinó que esto es “claramente una interferencia en la tarea del Congreso, totalmente injustificada”.

Además, el macrista consideró que “no hay ninguna razón de urgencia y necesidad” porque “nada de lo que está ocurriendo en materia sanitaria es imprevisto”. “La pandemia se instaló en Argentina en marzo del año pasado. Nada de lo que está ocurriendo es novedoso, más allá de que los casos puedan aumentar o disminuir”, manifestó.

El legislador cuestionó que en el DNU se establece un “facultamiento a los gobernadores”, algo que “es un despropósito, un disparate que no tiene cabida en la Constitución Nacional. Las provincias son autónomas, tienen sus propias atribuciones y no necesitan que el Gobierno nacional las faculte a nada“.

Tonelli criticó también que el decreto carece de los argumentos del último fallo de la Corte Suprema -sobre el DNU 241/21 cuestionado desde CABA- , y va en contra del federalismo de concertación. En ese sentido, el opositor enfatizó que el Gobierno debería “respetar la Constitución, respetar los fallos de la Corte, y buscar coordinar y concertar con las provincias”.

Luego, el senador pampeano Daniel Lovera (FdT) subrayó que “no se pueden tener 24 estrategias sanitarias distintas, no se puede fragmentar la gestión de la pandemia”. Y aseveró que la situación actual “nos exige más que nunca sensatez, conciencia colectiva y responsabilidad política en lo que hacemos y también en lo que decimos; ojalá que podamos dar desde este Congreso una muestra de grandeza y esfuerzo conjunto sin especulación política”.

Por su parte, el diputado chubutense Gustavo Menna (UCR) afirmó que “esta estructura jurídica está al margen de la ley”, porque el DNU 334/21 hace referencia al decreto 260/20 y sus modificatorios, mediante el cual se amplió la emergencia que había dispuesto la Ley de Solidaridad Social, que “está caduca”. “Es una cuestión grave”, apuntó.

El radical cuestionó el uso de DNU’s por parte del Gobierno, que “lo que ha hecho es transformar en regla la excepción”, y recordó que “de los 98 Decretos de Necesidad y Urgencia, solo se han tratado 40” en la comisión. “Emergencia claramente la hay, pero no hay una cuestión novedosa que impida seguir el trámite para las leyes”, dijo, en consonancia con su par Tonelli.

“He escuchado que el Poder Ejecutivo se toma atribuciones inconsultas con las provincias. Quiero decir que, previo al dictado de este DNU, como de los anteriores, el presidente ha tenido reuniones con los gobernadores, precisamente interiorizándose sobre las problemáticas de todas las provincias. Diálogo hubo y en exceso“, destacó la senadora formoseña María Teresa González (FdT).

Por último, y ya con los legisladores de la oposición desconectados de la reunión, el senador porteño Mariano Recalde (FdT) sostuvo que “estamos en el peor momento desde el comienzo de la pandemia, un momento de verdadera urgencia donde se necesitan medidas drásticas mientras se espera la llegada de lo que creemos la verdadera salida y libertad, que es la vacunación”.

El kirchnerista criticó a la oposición que “desde hace un tiempo viene modificando su postura”, cuando en un principio de la pandemia acompañaron al Gobierno incluso con “medidas más drásticas y la evolución de la pandemia que no era tan grave como ahora”.

El legislador fustigó que este “cambio” se da por el año electoral, en el que desde Juntos por el Cambio “empezaron con todo tipo de estrategias de diferenciación y de obstrucción a las medidas que lleva a cabo el Gobierno”. Y resaltó que en sus fundamentos para oponerse “omiten la cantidad de muertes, de contagios y del sistema sanitario”.

“Si esta no es una situación de necesidad y urgencia, no se me ocurre otro ejemplo más claro”, agregó, y completó: “Es un decreto dictado en una situación nueva que hizo que hasta algunos opositores a estas medidas terminen aplicándolas en sus distritos”.

El DNU 334/21 prorrogó hasta el 11 de junio los alcances de DNU 287/21, al tiempo que sumó medidas “preventivas adicionales” para los puntos del país con alto riesgo o alarma epidemiológica. En ese sentido, del 22 al 31 de mayo y durante el fin de semana del 5 y 6 de junio, habrá un confinamiento más estricto en esos lugares.

Entre las restricciones, se suspendieron completamente las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial; se habilitó solamente la apertura de los comercios considerados esenciales, mientras que el resto puede funcionar con envío a domicilio o entrega en puerta; y se dispuso que las personas puedan circular en las cercanías de su domicilio entre las 6 de la mañana y las 18 horas, o por razones especialmente autorizadas; entre otras.

El Frente de Todos en la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo dictaminó a favor de la validez del DNU 287/21, por el cual el presidente Alberto Fernández dispuso restricciones sanitarias hasta el 21 de mayo por la pandemia de Covid.

Fue en una reunión en la que los miembros de Juntos por el Cambio estuvieron ausentes, luego de avisar por nota al presidente de la comisión, el diputado Marcos Cleri, que impugnarán la convocatoria. El argumento es que el pasado 30 de abril venció el Protocolo de Funcionamiento Remoto de la Cámara baja.

“Es vergonzoso”, sostuvo la diputada oficialista Carolina Gaillard, quien justificó que “esta comisión debe funcionar aún en receso de la cámara, así lo establece la Ley 26.122 y el reglamento interno de esta comisión”. “No es una comisión más del Congreso, controla facultades extraordinarias y excepcionales del presidente”, continuó.

En alusión a uno de los argumentos de la nota de Juntos por el Cambio, la entrerriana opinó que “es un atropello institucional no venir a sesionar a esta comisión porque están yendo en contra de la Constitución”.

“El artilugio de no venir a la comisión por parte de la oposición realmente no resiste el menor análisis”, arrancó el diputado Pablo Yedlin, que además cuestionó que mes a mes haya que negociar en la Cámara baja la renovación del Protocolo de Funcionamiento Remoto, algo que representa “una medida absolutamente inconstitucional, porque impide el desarrollo de una de las instituciones más fuertes que tiene la república”.

El tucumano, de profesión médico, repasó que el país ya superó los tres millones de casos de Covid y hay alrededor de 64.200 muertos. “Hay un ritmo en esta pandemia que empieza por las zonas más pobladas y se distribuye luego a todas las provincias”, argumentó y cargó: “La peor jurisdicción de la Argentina en mortalidad por lejos es CABA”.

El legislador del Frente de Todos apuntó que la Ciudad de Buenos Aires tiene “la mortalidad más alta de todo el país”, con “357 muertos por cada 100.000 habitantes”. Y, aunque aclaró que en letalidad se encuentra en el noveno puesto a nivel nacional, eso sucede igual cuando “tiene por lejos el mejor sistema sanitario de Argentina y toda la región, y la mayor concentración de personal de salud”.

Yedlin mencionó también que la ocupación total de camas en CABA está en 95,79%, “por lejos la peor”, indicó, y puntualizó que en Mendoza es de 95,74%.

“Cuando escuchamos que la Corte dice que el AMBA no es una jurisdicción, desde el punto de vista sanitario sí lo es”, enfatizó y agregó: “Las camas de terapia intensivas de estos dos lugares se comparten. A mí me parece muy interesante que la Ciudad de Buenos Aires cuando tiene que hablar de subsidios al transporte, se siente parte del AMBA; cuando tiene que hablar de que paguen menos tarifa eléctrica, también; pero cuando tenemos que hablar de generar restricciones con el objetivo de cuidar a los ciudadanos, ahí de pronto la Corte Suprema decide que no existe el AMBA”.

En su intervención, el diputado subrayó que de los internados por Covid, “solamente un 5% ha recibido alguna dosis de vacunas”, lo que “quiere decir que el 95% son pacientes aún no vacunados”. “Quiere decir que las vacunas que ponemos en Argentina están funcionando”, destacó.

“Un informe del CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) dice que cuando la circulación medida en 14 días acumulados de casos está por arriba de 400, o de 200 en siete días, las medidas de restricción a la circulación son fundamentales”, manifestó, por lo tanto observó que “cuando la Corte Suprema dice que no hay datos suficientes, eso es falso”. Y completó diciendo que bajo estos mismos indicadores, países como “Uruguay, Chile, Estados Unidos, Inglaterra, Israel, España, Italia” suspendieron las clases presenciales.

Luego fue el turno de la diputada Lucía Corpacci, quien dijo “no deja de asombrarme la actitud de la oposición en circunstancias tan difíciles”, y criticó “las ganas de no colaborar, de no ayudar, de no poner el hombro”. “No se puede creer tanta mezquindad en medio de tamaña crisis que tenemos”, expresó.

Según números obtenidos de la página del Gobierno de la Ciudad, la oficialista detalló que en el distrito porteño hay una ocupación de camas de terapia intensiva del 83,04%, por lo cual “está en la peor catástrofe que se pueda estar, como si estuviera en una guerra”.

“Tenemos una crisis enorme y las medidas que tomó el presidente no fueron capricho”, defendió, al tiempo que remarcó: “Nunca se dijo que los chicos no tengan clases, los chicos siguen teniendo clases, como estamos trabajando nosotros y como está funcionando la Justicia. Muchísimos miembros de la Justicia trabajan desde su casa”.

También fustigó a la oposición la senadora Teresa González, quien aseguró que la actitud de Juntos por el Cambio “indica por sobre todas las cosas una falta real de compromiso con respecto al pueblo, que son ellos los que hicieron que nosotros hoy estemos ocupando el lugar que nos dieron”.

“Es obligación del gobierno federal velar por la vida de todos los habitantes de Argentina”, sostuvo la formoseña, que argumentó que las medidas son necesarias “para la estabilización del sistema de salud y evitar el colapso”, al tiempo de “amesetar la cantidad de casos”.

La legisladora señaló que el AMBA “es la región de mayor concentración y de mayor densidad poblacional y, por ende, de mayor circulación del virus”, además de contar con “superposición de innumerables líneas de transporte, que cruzan de norte a sur, de este a oeste, toda la zona del AMBA”, y precisamente la reducción de circulación es “una recomendación que hacen los médicos sanitaristas”.

A su turno, el senador Guillermo Snopek cuestionó la gestión de la pandemia por parte del gobernador jujeño Gerardo Morales, al resaltar que “Jujuy es la provincia con mayor letalidad”, ya que sobre “25 mil casos hay 1.000 muertos”, mientras que por ejemplo Santiago del Estero “tiene 31 mil casos y apenas 300 muertes”.

El oficialista criticó el “doble discurso” del gobierno provincial y lo acusó de “esconder los indicadores”. “La gravedad que estamos viviendo, que es una pandemia, no hay parámetros para manejarla y cualquier medida que se tome es insuficiente”, advirtió.

El senador porteño Mariano Recalde aseveró que “la necesidad de tomar medidas más restrictivas en el AMBA está dada con suficiente evidencia científica y con una urgencia que es más que perentoria”.

El oficialista afirmó que, según la comparación de estadísticas de los últimos 15 días de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad, “se encuentra una curva distinta, un resultado distinto, particularmente en los (casos) de menores de 0 a 11 años ,y precisamente en el rango de 6 a 11 años”. “En Ciudad de Buenos Aires continuó creciendo de manera exponencial y estos son datos objetivos. Hay evidencia científica”, sentenció.

Recalde remarcó que está a favor de la educación presencial, pero “hay que cortar y suspender por un período para después recuperarnos”. “Defendemos la vida, defendemos la salud y también defendemos la educación pública en todos los sentidos”, resumió y agregó que el DNU 287/21 “ni siquiera fue cuestionado judicialmente, por lo que no habría ninguna razón para que la Ciudad no lo cumpliera”.

Antes de pasar al último orador, Cleri sintetizó la posición del bloque a favor del DNU, que “en análisis y en concordancia con cada uno y todos los decretos anteriores” conlleva “a no perder de vista las decisiones con la proporcionalidad y razonabilidad que debemos tomar atento al riesgo sanitario” que genera el Covid. “Está fundado en nuestra Constitución Nacional y también en tratados internacionales”, completó.

Aunque no forma parte de la bicameral, participó del encuentro y cerró la discusión el jefe del Frente de Todos en el Senado, José Mayans, quien apuntó que estamos en un año electoral y “tras el discurso del presidente, Larreta que es prácticamente el intendente de la Capital Federal, sale a contradecir al presidente, diferenciándose”. “Esto no es un problema con respecto a las modalidades, esto es un problema político”, analizó y acusó a la oposición de “atacar con todo lo que tienen” porque les conviene “cuanto más dañado llegue el país”.

Respecto a la Justicia, un día después que la Corte Suprema falle a favor de la Ciudad, el formoseño recordó que el 16 de marzo de 2020, el máximo tribunal “reconoció que la autoridad en materia sanitaria le corresponde al Gobierno nacional”. Y denunció que “prácticamente el Poder Judicial no está funcionando en todo el país”.

En esa línea, habló de la “incoherencia” de dictar el fallo sobre las clases presenciales de forma remota y propuso “que toda la Corte vaya a trabajar a la escuela, ya que en la escuela no se contagia nadie, pero que trabajen en forma presencial, que toda la Corte vaya a trabajar una vez por semana a un escuela porteña, que se saquen la escafandra”.

En referencia a su provincia, el senador oficialista lamentó: “Ayer tuvimos 700 casos, estamos llegando a 200 muertos. Estas son muertes evitables. Pero acá nos atacaron con todo, primero fallos judiciales, después los medios nacionales”.

Y disparó contra los dirigentes de Juntos por el Cambio que “ahora ya no aparecen en Formosa, ni Patricia Bullrich, ni la diputada que se vistió de presa (Mónica Frade), ni (Alfredo) Cornejo, que lamentablemente ahora está enfermo de Covid, yo no deseo a nadie eso, ojalá se recupere prontamente”. “La oposición tuvo éxito acá en Formosa; demostraron que su plan da resultado”, añadió.

La nota de Juntos por el Cambio

En la nota dirigida al presidente de la bicameral, los integrantes de Juntos por el Cambio consideraron a la convocatoria como “manifiestamente inválida e improcedente”, al “haber vencido la prórroga del Protocolo de Funcionamiento Parlamentario Remoto el 30/04/21”. Y argumentaron que para la bicameral “rige el reglamento de la Cámara de Diputados” al ser el diputado Cleri su presidente.

Para los opositores, en ese contexto, “las reuniones deben ser presenciales, siendo inválida una reunión remota en ausencia de Protocolo vigente”. “Solicitamos se cite nueva reunión, una vez prorrogado el Protocolo o bien que la reunión se haga de forma presencial en el lugar que indique”, pidieron.

Además, opinaron que “resulta un atropello institucional llevar adelante esta reunión e intentar dictaminar sobre la eventual validez de un DNU cuyo contenido viola las autonomías provinciales como ya advirtió el intérprete final de la Constitución Nacional”.

En alusión al reciente fallo de la Corte sobre el DNU 241/21, señalaron que “este precedente resulta de plena aplicación al Decreto de Necesidad y Urgencia 287/21, contenido en el temario de convocatoria, el cual extiende la suspensión de clases presenciales a todo aglomerado urbano mayor de 300.000 habitantes en situación de alarma epidemiológica, violando la autonomía ya no sólo de la CABA sino también de las provincias en las que se encuentren estas ciudades”.

Finalmente, aseguran que impugnarán la reunión y “todo acto jurídico que de allí surja, teniendo especialmente vedado la eventual suscripción de dictámenes de los temas en tratamiento”.

La Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que preside el diputado oficialista Marcos Cleri, se reunirá este miércoles a partir de las 9 para tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia 287/2021, mediante el cual el presidente Alberto Fernández prorrogó hasta el próximo 21 de mayo las restricciones en el marco de la pandemia de Covid-19.

Al igual que ocurrió hace casi dos semanas atrás con el DNU que suspendió las clases presenciales en el AMBA, se estima que el Frente de Todos imponga su mayoría en la comisión y dictamine a favor de la validez del decreto.

Las nuevas medidas fueron anunciadas por el presidente el viernes pasado, en un mensaje en el que además habló de enviar un proyecto al Congreso para que se le otorguen facultades a él y a los gobernadores para tomar decisiones en el contexto de emergencia sanitaria. El anuncio despertó la alarma en la oposición, que rechazó cualquier iniciativa de “superpoderes”.

El nuevo DNU establece los parámetros para la clasificación de las zonas del país, según el número de casos de Covid-19, en cuatro categorías: de bajo riesgo, de medio riesgo, de alto riesgo, y de situación de alarma epidemiológica y sanitaria.

Para las zonas clasificadas en la cuarta categoría, como es el caso del AMBA, se suspenden las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en lugares cerrados; y las clases presenciales en todos los niveles, una medida a la que la Ciudad de Buenos Aires no adhirió, ratificando así su postura.

Hasta el 21 de mayo, seguirá la prohibición de la circulación entre las 20 horas y las 6 horas de la mañana de cada día. Según las jurisdicciones, las autoridades podrán solo ampliar estos horarios en función de las especificidades de cada lugar. En tanto, el transporte público será para los trabajadores esenciales y autorizados.

Los bares y restaurantes deberán cerrar a las 19 horas, aunque podrán continuar con el servicio de delivery hasta las 23 horas. Durante el horario establecido, sólo podrán atender en espacios al aire libre.

También continuarán cerrados centros comerciales, shoppings, casinos, bingos, discotecas y salones de fiestas.

Además, seguirán prohibidos en todo el país los viajes de egresados y de contingentes; y las reuniones en lugares privados con más de 10 personas; entre otros puntos.

En medio de la disputa entre el Gobierno nacional y la gestión de Horacio Rodríguez Larreta por las clases presenciales, se reunirá este viernes la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, donde el oficialismo buscará avalar el DNU 241/21, que dispuso una serie de restricciones en el AMBA para frenar los contagios de Covid-19.

Al comienzo del encuentro, que se realizará de manera remota a partir de las 9, se ratificarán las autoridades de la comisión, que tiene como presidente al diputado camporista Marcos Cleri y como vice al senador radical Luis Naidenoff.

El Frente de Todos cuenta con mayoría en la bicameral, con lo cual se espera que ratifique el decreto presidencial sin obstáculos, aunque la reunión no estará exenta de polémica, puesto que el tema ha levantado la tensión los últimos días entre el oficialismo y Juntos por el Cambio.

Una vez que cuente con despacho, se estima que el DNU se tratará en el recinto del Senado, donde el oficialismo tiene mayoría para aprobar su validez. Para ser ratificado alcanza con la votación de una de ambas cámaras, mientras que para ser rechazado -según la Ley 26.122- el decreto debería ser votado en ambas.

A partir de un fallo de la Cámara de Apelaciones porteña, la administración de Rodríguez Larreta decidió mantener la apertura de las escuelas. Horas después, la Ciudad rechazó otro fallo de la Justicia Federal que ordenaba la suspensión de clases presenciales -en línea con la medida de Casa Rosada-, y avisó que esperará lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia, donde fue objetada la constitucionalidad del decreto.

El DNU 241/21 fue oficializado el pasado 16 de abril en el Boletín Oficial. Además de la suspensión de clases presenciales hasta el 30 de abril, establece la restricción de circulación el AMBA desde las 20 hasta las 6 del día siguiente.

También dispone que los bares, restaurantes y locales comerciales en general deban cerrar sus puertas a las 19. Y que los lugares gastronómicos solo puedan atender a sus clientes en espacios habilitados al aire libre.

Asimismo, prohíbe la apertura de shoppings y centros comerciales, y la realización de actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en ámbitos cerrados.

El otro punto que tratará la comisión es el DNU 235/21, anterior al 241/21, mediante el cual el Gobierno nacional ya había tomado medidas más restrictivas a causa de la segunda ola de casos de coronavirus. Ese decreto impulsa el teletrabajo; prohíbe los viajes de egresados y de contingentes; y limita las reuniones sociales, entre otros puntos.

Dispuesto a cumplir esta vez con los plazos que establece la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo busca que el Parlamento analice rápidamente los DNU firmados recientemente. Por eso es que luego de que la semana pasada el Senado aprobara en su primera sesión virtual de la historia una veintena de Decretos de Necesidad y Urgencia, este mismo lunes procura el tratamiento de otros suscriptos por el presidente Alberto Fernández. Incluido el polémico que da poderes especiales al jefe de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias.

De tal manera se descuenta que esta vez no prevalecerá la relativa armonía que primó durante el debate anterior en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que preside el camporista Marcos Cleri. Se trata del proyecto 457/2020, del 15 de mayo, mediante el cual se modifica el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2020.

La reunión será por supuesto por videoconferencia, y está prevista para este lunes a partir de las 17.

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Los otros decretos que se analizarán son el 425/2020, que comunica el dictado del Decreto N° 425 del 30 de abril de 2020, por el cual se prorroga hasta el 30 de junio de 2020, inclusive, lo dispuesto en los artículos 1° y 2° del Decreto N°312/20 (Cierre de cuentas bancarias); también el Decreto Nº 426 /2020, por el cual se prorroga hasta el 31 de mayo de 2020 la vigencia de la obligación establecida en el segundo párrafo del artículo 2º del Decreto 311, sobre obligación de las empresas de Telefonía móvil o Internet de mantener un servicio reducido para usuarios del sistema prepago aunque no hayan realizado la recarga correspondiente.

Por último, está el Decreto Nº 459/2020, que prorroga del aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el día 24 de mayo de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto Nº 297 /20 que fuera prorrogado por los decretos 325 /20, 355 /20 y 408 /20. Asimismo, prorroga, por el mismo plazo, la vigencia de toda la normativa complementaria dictada respecto del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, desde la entrada en vigencia del Decreto Nº 297 /20, hasta el día de la fecha.