A través del decreto de necesidad y urgencia 188/24, el Gobierno nacional le quitó al Congreso la facultad sobre la implementación del Código Procesal Penal, sancionado en 2014. Ahora, el cronograma para su aplicación en el país estará a cargo del Ministerio de Justicia.

Mediante un comunicado, la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona recordó que esta norma “introduce un modelo de justicia oral, ágil y eficaz, que moderniza los mecanismos de persecución penal e incorpora nuevas herramientas para la investigación del narcotráfico, la corrupción y la trata de personas, entre otros fenómenos criminales que forman parte de la competencia de la justicia federal”.

“La ley modificada establecía que la puesta en vigencia del régimen procesal estaba a cargo de una Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Honorable Congreso de la Nación. Esta comisión bicameral habilitó el nuevo sistema en las provincias de Salta y Jujuy en 2019. Luego de ello, el trabajo de implementación se detuvo y no registró nuevos avances”, se señaló.

Ante esto, el Ejecutivo argumentó que “el estancamiento impide el avance del sistema procesal y perjudica seriamente el funcionamiento de la justicia federal”. “En la actualidad, el Código Procesal Penal Federal coexiste con el sistema anterior, que es lento, burocrático e ineficiente. Es fundamental concluir la reforma sin demora, y brindar a las fiscalías las herramientas necesarias para investigar y combatir el crimen organizado, así como otros delitos que tanto afectan a nuestra sociedad”, sostuvo el Ministerio de Justicia.

En ese sentido, se explicó que “el DNU corrige el esquema de implementación de esta política de Estado, y le asigna al Poder Ejecutivo Nacional la responsabilidad de impulsar las acciones técnicas y propiciar las adecuaciones reglamentarias pendientes para completar la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en el resto del territorio nacional”.

“Este proceso será liderado por el Ministerio de Justicia de la Nación, el Poder Judicial de la Nación, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación y los colegios de abogados”, se enumeró y finalizó: “Se hará el mayor esfuerzo tendiente a lograr un único sistema procesal federal en todo el país, a fin de lograr un servicio de justicia más rápido, efectivo y moderno”.

La Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal, presidida por la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti, mantendrá este miércoles, desde las 13, su primera reunión del año.

El encuentro, que se realizará de forma virtual, tendrá como objetivo escuchar a expositores que darán su testimonio sobre la aplicación del nuevo sistema en la provincia de Salta.

Entre los invitados se encuentran el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Alejandro Castellanos; el director de la Oficina Judicial de Salta, Joaquín Ruíz de los Llanos; el fiscal coordinador de distrito del Ministerio Público Fiscal, Eduardo Villalba; y la defensora pública coordinadora de distrito del Ministerio Público de la Defensa, Ana Galán Muñoz.

También hablará ante los legisladores algún representante de los Tribunales Orales Federales de la jurisdicción.