En una jornada maratónica, la Bicameral de la Defensoría del Pueblo inició este miércoles las audiencias públicas a los candidatos para cubrir los cargos de defensor del Pueblo -vacante hace 16 años- y de procurador Penitenciario.

La comisión, presidida por el senador Daniel Kroneberger (UCR) y con la diputada Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) como secretaria, escuchó postulantes durante 12 horas en el Salón Azul del Senado.

Allí expusieron los siete postulantes para la Procuraduría y 18 de los 39 aspirantes a la Defensoría del Pueblo.

Cada uno de los candidatos preseleccionados presentaron sus propuestas y ejes de trabajo ante los legisladores, y respondieron las consultas formuladas por los mismos.

Daniel Bodega destacó la necesidad de erradicar prácticas de persecución laboral en el ámbito estatal; el diputado Fernando Carbajal (quien culmina su mandato en diciembre y se postuló a ambos cargos) subrayó la necesidad de cambiar el paradigma sobre el trato a personas privadas de libertad y definir un perfil institucional claro; y Ariel Cejas Meliare enfatizó en mantener y profundizar las líneas de trabajo de la Procuraduría, mejorar las condiciones de detención y atender la sobrepoblación carcelaria.

Por su parte, las postulantes Romina Natalia Cucchi y Gabriela Gusis coincidieron en la importancia de fortalecer el federalismo, la capacitación y la transparencia, mientras que Sonia Páez planteó modernizar el sitio web de la Procuraduría con inteligencia artificial y promover el trabajo en equipo. Mariano Przybylski destacó la protección de los derechos humanos, la infraestructura adecuada y la reinserción social de las personas.

Luego comenzaron las exposiciones de los postulantes a defensor del Pueblo, entre ellos Alejandro Amor -exdefensor porteño-, quien afirmó que "ser defensor del Pueblo significa sacarse la camiseta partidaria y ponerse la camiseta constitucional, con los derechos y garantías en defensa del pueblo".

Luis Arias felicitó a la comisión por el procedimiento llevado adelante y destacó la necesidad de cubrir el cargo ante un contexto de retracción de derechos. El postulante Julián Axat destacó que "sin defensor del Pueblo no tenemos legitimador colectivo". Por su parte, la exlegisladora Paula Bertol sostuvo que la independencia y la autonomía frente a los otros poderes del Estado son pilares esenciales para el funcionamiento de la institución.

También expusieron Fabian Salvioli, Fernando Blanco Muiño, Luis Bulit Goñi, Martín Cagnola, Fernando Carbajal, Remo Carlotto, Gonzalo Condis Recagno, Anabel Delgado, Julio César García, Leandro García Silva, Verónica García Valeirón, Carlos Manuel Garrido, Roberto Ger y Florencia Gómez.

La Bicameral de la Defensoría del Pueblo se prepara para escuchar a los candidatos a cubrir el cargo de defensor del Pueblo, vacante hace 16 años, a partir de las audiencias públicas previstas para el próximo 29 de octubre.

En la última reunión de la comisión se avaló la lista de postulantes, entre los que hay inscriptos tres diputados que terminan su mandato el 10 de diciembre. Este fue un punto criticado por la oficialista Lilia Lemoine, en contra de todo el cronograma aprobado por el resto de los bloques.

Los legisladores en retirada que se anotaron en la carrera son: Fernando Carbajal, exjuez federal, representante de la provincia de Formosa en el bloque Democracia para Siempre; Ramiro Gutiérrez, integrante de Unión por la Patria, proveniente del Frente Renovador, exdiputado bonaerense y especialista en seguridad y criminalística; y Natalia Sarapura, del bloque de la UCR, quien ocupó cargos en su provincia, Jujuy, como ministra de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas y anteriormente ministra de Desarrollo Humano.

En la nómina de más de 30 candidatos también aparecen algunos nombres que pasaron por el Congreso, como Remo Carlotto, hijo de Estela Carlotto, quien fue diputado nacional de 2009 a 2017. Actualmente es secretario del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur.

También se inscribió Paula Bertol, quien fue diputada nacional desde 2005 a 2013, y antes legisladora porteña. Además, durante el gobierno de Cambiemos fue secretaria de Relaciones Parlamentarias y Administración y luego embajadora ante la OEA.

Otro de los candidatos es Alejandro Amor, defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires de 2014 a 2021 y exlegislador porteño. Amor fue uno de los tres postulantes seleccionados en la última terna que la bicameral había resuelto, allá por 2017, pero que luego no se votó en el recinto.

María José Lubertino, quien recientemente se postuló -y participó de audiencia pública- para acceder a la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, también está anotada. Tuvo un breve período como diputada nacional, es exlegisladora porteña y extitular del extinguido INADI.

El resto de los candidatos a defensor del Pueblo son: Luis Arias, Julián Axat, Fernando Blanco Muiño, Luis Bulit Goñi, Martín Cagnola, Gonzalo Condis Recagno, Anabel Delgado, Leandro García Silva, Verónica García Valeiron, Julio César García, Manuel Garrido, Roberto Luis Ger, Florencia Gómez, Mariana Katz, Amelia López, Cristina Maiztegui, Analía Marsella, Walter Martello, María Luciana Minassian, Alejandro Nato, Gustavo Nigohosian, Enrique Ponce, Mariela Puga, Sebastián Rey, Martín Saade, Fabián Salvioli, Gabriel Savino, Alejandro Spessot, Sebastián Tedeschi, Guillermo Torremare, Alejandra Vilches y Mónica del Valle Villa.

En tanto, para el cargo de procurador Penitenciario de la Nación, también se anotó el diputado Fernando Carbajal. Los otros postulantes son: Daniel Bodega, Ariel Cejas Meliare, Romina Cucchi, Gabriela Gusis, Sonia Páez y Mariano Prybylski.

Toda la oposición unida, sin aval de La Libertad Avanza, resolvió en la Bicameral del Defensor del Pueblo iniciar el proceso de selección para la cobertura del cargo vacante hace 16 años, de acuerdo a un cronograma que se extenderá de septiembre a noviembre y culminará con una terna de candidatos.

Así lo definieron legisladores de Unión por la Patria, la UCR, el Pro y Encuentro Federal este miércoles, durante una breve reunión que se realizó en el Salón Illia.

Al comenzar el encuentro, el presidente de la bicameral, el radical Daniel Kroneberger, informó que sus asesores habían trabajado en un cronograma y ya estaban resueltas las fechas. Todos los bloques lo avalaron, salvo las oficialistas Vilma Bedia y Lilia Lemoine, quienes consideraron que la decisión tan rápida tenía tinte electoral.

El consenso entre las distintas vertientes de la oposición no es un dato menor: la designación final del defensor del Pueblo requiere posteriormente de dos tercios de los votos en ambas cámaras.

“Cuando asumimos esta comisión dijimos que teníamos una deuda pendiente con la sociedad, que era la acefalía que existe en la Defensoría del Pueblo”, arrancó Kroneberger y defendió los “lineamientos tentativos” que iba a proponer “amparado en la ley que corresponde”. “Aquí nadie viene a imponer nada”, aclaró.

Posteriormente, el secretario de la comisión leyó la resolución que prevé la publicación de los edictos en el Boletín Oficial este 11 y 12 de septiembre, aunque en el final se resolvió -ante una advertencia de la diputada Margarita Stolbizer- hacer una corrección sobre el tiempo para la publicación en el BO, ya que no es inmediata al pedido; también en las páginas web de ambas cámaras del Congreso y en la de la Defensoría.

En tanto, las propuestas serán recibidas de manera presencial en la oficina de la bicameral situada en el Congreso, entre las 9 y 18 horas, o por correo electrónico, entre los días 17 de septiembre hasta el 8 de octubre.

Además de los requisitos para ser defensor, los postulantes deberán adjuntar copia de CV, DNI, certificado de antecedentes penales, certificado de deudores alimentarios, título terciario o universitario si lo posee.

Entre el 13 a 19 de octubre se recibirán impugnaciones y adhesiones, mientras que el 22 la bicameral se reunirá para anunciar a los pre-seleccionados. Los candidatos asistirán a audiencia pública a la comisión el 29 de octubre.

Finalmente, el 5 de noviembre la bicameral deberá elaborar el proyecto de resolución correspondiente, el cual será elevado a ambas cámaras para su tratamiento y votación.

Las mismas fechas correrán para el concurso del procurador Penitenciario.

“Es imprescindible iniciar este proceso. Un proceso abierto, participativo, prolijo, transparente”, destacó Stolbizer, vicepresidenta de la bicameral, y agregó: “Es lógico que entendamos que por detrás de nuestra mora están los derechos de muchísimas personas”.

A su turno, la senadora de UP Anabel Fernández Sagasti recordó que “quedará pendiente para el año que viene el Comité de la Tortura, que también es un organismo pendiente de resolución”. “Me alegra que estemos cumpliendo con este objetivo”, dijo y señaló que poner el requisito de que los candidatos presenten un plan de gestión, “nos pone la vara un poco más alta para la elección de alguien tan importante”.

Desde LLA, la senadora Bedia opinó que “este no es el momento adecuado”. “¿Por qué no se nos ocurrió el año pasado? Hace más de 15 años está acéfalo y ahora…en un proceso electoral”, expresó.

“La duda que me surge es porque no lo hicimos en 2024, para que no coincidiera con las elecciones porque justamente entorpece el proceso”, planteó Lemoine y admitió: “Hoy está turbulenta la situación en Argentina”.

En esa línea, se preguntó “qué diferencia habría si se elige antes de octubre o en marzo”. “Empezar el proceso y el diálogo, perfecto, pero podría ser hasta por una cuestión partidaria”, afirmó y completó: “Se siente como que se intenta tomar un partido en el cual LLA ni puede participar, incluso con el Pro estamos debilitados”.

“Nadie tiene que ver ningún fantasma en ningún lado”, salió a responder el jefe de UP en Diputados, Germán Martínez, quien sostuvo que “la construcción de los acuerdos para que este plan de trabajo se consolide en la designación definitiva depende de los recintos, no depende de la comisión”.

El santafesino manifestó que “lo importante es que podamos hacer esto de manera que esté todo disponible para la tarea de los recintos”, y recordó que la elección “requiere una mayoría sumamente especial de ambas cámaras”.

“Ni siquiera de esta comisión va a salir un nombre, va a salir una terna”, siguió y también respondiéndole a Lemoine, quien señaló que “la gente no está al tanto”, el opositor dijo: “Puede ser que no sea un tema mediático, pero es un tema sumamente reclamado”. “Es un cronograma exigente que nos va a requerir mucho compromiso. Tenemos una enorme oportunidad y no podemos desaprovecharla”, concluyó.

Por su parte, el diputado radical Fabio Quetglas observó que “la capacidad de acuerdo político es una señal de fortaleza institucional”. “Quizás hubo un exceso en la redacción constitucional con los dos tercios en ambas cámaras, pero ahora tenemos por tercera vez el pedido de la Corte Suprema”, resaltó.

Y sumó: “Es un cronograma que no me parece descabellado, me parece cumplible. El 5 de noviembre estamos después de las elecciones y con esa temperatura política se podrá medir si lo pueden resolver los plenos con esta constitución o con la próxima”.

Luego de un fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que se renovó el pedido al Congreso para que designe al defensor del Pueblo, la bicameral encargada de su selección fue convocada este miércoles a las 11 en el Salón Illia del Senado, con el fin de dar inicio al proceso. También se sumó la elección del procurador Penitenciario.

El cargo de defensor del Pueblo se encuentra vacante hace 16 años, desde 2009 cuando renunció Eduardo Mondino.

La última vez que más "cerca" se estuvo de avanzar con la elección de un ombudsman fue en 2017, durante la gestión Cambiemos, cuando la bicameral eligió una terna de candidatos (Humberto Roggero, Jorge Sarghini y Alejandro Amor), pero finalmente no se avanzó en el recinto.

Ese último proceso surgió de un fallo que en agosto de 2016 emitió la Corte, donde frenó los tarifazos de gas dispuestos en ese momento por el gobierno de Mauricio Macri y recomendó por la cobertura del cargo.

De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Nacional, "el Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad".

"Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas", agrega.

Sobre su designación y remoción, debe ser con "el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las Cámaras". Además, "goza de las inmunidades y privilegios de los legisladores". El mandato dura 5 años, pudiendo ser nuevamente designado por una sola vez.

Actualmente, la bicameral está presidida por el senador Daniel Kroneberger (UCR) e integrada por los senadores María Victoria Huala (Pro), Mónica Silva (JSRN), Vilma Bedia (LLA), Anabel Fernández Sagasti, Fernando Salino y Alicia Kirchner (UP); y los diputados Margarita Stolbizer (EF), Emmanuel Bianchetti (Pro), Lilia Lemoine (LLA), Fabio Quetglas (UCR), Juan Manuel Pedrini, Cecilia Moreau y Germán Martínez (UP).

Luego de un fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que se renovó el pedido al Congreso para que designe al Defensor del Pueblo, la bicameral encargada del proceso de selección fue convocada el miércoles de la semana que viene a las 11 en el Salón Illia del Senado.

El cargo se encuentra vacante hace 16 años, desde 2009 cuando renunció Eduardo Mondino.

La última vez que más "cerca" se estuvo de avanzar con la elección del defensor del Pueblo fue en 2017, durante la gestión Cambiemos, cuando la bicameral encargada de este proceso eligió una terna de candidatos (Humberto Roggero, Jorge Sarghini y Alejandro Amor), pero finalmente no se avanzó en el recinto.

Ese último proceso surgió de un fallo que en agosto de 2016 emitió la Corte, donde frenó los tarifazos de gas dispuestos en ese momento por el gobierno de Mauricio Macri y recomendó por la cobertura del cargo.

De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Nacional, "el Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad".

"Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas", agrega.

Sobre su designación y remoción, debe ser con "el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las Cámaras". Además, "goza de las inmunidades y privilegios de los legisladores". El mandato dura 5 años, pudiendo ser nuevamente designado por una sola vez.

Actualmente, la bicameral está presidida por el senador Daniel Kroneberger (UCR) e integrada por los senadores María Victoria Huala (Pro), Mónica Silva (JSRN), Vilma Bedia (LLA), Anabel Fernández Sagasti, Fernando Salino y Alicia Kirchner (UP); y los diputados Margarita Stolbizer (EF), Emmanuel Bianchetti (Pro), Lilia Lemoine (LLA), Fabio Quetglas (UCR), Juan Manuel Pedrini, Cecilia Moreau y Germán Martínez (UP).