La defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, asistirá este martes desde las 14.30 al Congreso para brindar un informe anual de su gestión. Su última visita había sido de manera remota el 22 de junio del año pasado.

La presentación se dará en el marco de la Comisión Bicameral que controla a la Defensoría, organismo puesto en marcha justo antes del comienzo de la pandemia. El encuentro se realizará en el Salón Eva Perón de la Cámara alta.

La bicameral que recibirá a Graham se conformó la semana pasada y fue designada como presidenta la senadora riojana Clara Vega, mientras que en la vicepresidencia quedó la diputada Victoria Morales Gorleri.

Además, Graham fue convocada para exponer ante la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, el próximo 6 de septiembre a las 13. La comisión es presidida por la radical Roxana Reyes, quien días atrás le pidió a funcionaria intervenir en el caso de la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal ministro Dr. Ramón Castillo de la capital de Córdoba.

La Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, que preside la diputada del Frente de Todos Gabriela Cerruti (CABA) recibió, a través de videoconferencia, a la defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Miriam Lewin, quien brindó informe anual de gestión.

Lewin expuso sobre las políticas que desarrolla el organismo a su cargo y en ese sentido, explicó que “constituía un desafío recuperar el espíritu del organismo que durante 4 años había estado acéfalo, intervenido y paralizado en sus funciones”. “En el contexto de pandemia nos comprometimos a hacerlo en forma democrática y participativa a las audiencias sobre todo a quienes históricamente sufrieron vulneración de derechos”, dijo.

Al respecto, Lewin manifestó que se incrementaron las audiencias públicas en un 150% que son el “pilar de nuestro trabajo para delinear las políticas públicas del organismo, relanzamos líneas históricas de la defensoría así como nuevas líneas de acción”, expresó. Entre ellas, la funcionaria destacó el trabajo en Niñez, juventud y medios, Comunicación y género, Accesibilidad, acompañamiento a medios.

“La capacitación permanentemente en género es para erradicar toda forma de violencia mediática contra las mujeres y el colectivo LGBTIQ+”, aseguró luego de comentar diversas capacitaciones en ese sentido: Talleres, mesas de trabajo, articulación con distintos sectores, ley de equidad de género en medios, ley Micaela, ley de cupo trans para el abordaje de la participación pública de mujeres y esa comunidad.

Por otra parte, la funcionaria destacó que se reanudaron vínculos con organismos internacionales que “están a la vanguardia desarrollando acciones sobre esta temática”. Y asimismo, destacó las nuevas líneas de acción: Accesibilidad, personas privadas de su libertad, personas mayores, trata de personas, medio ambiente”. También destacó la alianza con las UNESCO para la alfabetización digital.

En el tiempo que duró el encuentro, Lewin expuso sobre cómo fue reconstruir la relaciones con la sociedad y cómo se tendieron lazos para trabajar con los medios audiovisuales durante este contexto. Para eso, se creó una guía para la cobertura responsable de la pandemia y se llevó adelante un estudio sobre el trabajo periodístico en esa coyuntura, por citar dos de las acciones que presentó la titular del organismo.

En el informe presentado se incluyen los casos más relevantes, la planificación de las Audiencias Públicas, la accesibilidad, los observatorios, el acceso a la información pública, los convenios firmados, las resoluciones y la ejecución del presupuesto, detallado en el ítem “administración financiera”.

Un lugar destacado tuvo el detalle de una de las herramientas de mayor uso del organismo como son las recomendaciones.Como la Defensoría no tiene poder sancionatorio, suele recomendar a medios, productoras y periodistas cómo hacer coberturas responsables. De junio a diciembre de 2020 se crearon, actualizaron y divulgaron sobre salud mental; violencia política por razón de género; violencia sexual contra niñas, niñas y adolescentes y la interrupción legal del embarazo; personas mayores, vejez y envejecimiento; más otras que se encuentran en proceso. Para esto se convocó, en pandemia, a decenas de especialistas en los diversos temas que aportaron sus conocimientos en mesas de trabajo virtuales.

En cuanto a la recepción de reclamos en el período que comprende el 2020 se recibieron un total de 1394 presentaciones que consultaron, reclamaron o denunciaron sobre 2139 temas. “Una de las principales preocupaciones expresadas por el público, fue la difusión de información no chequeada, de carácter conjetural que tensiona las disposiciones sanitaria

La Cámara de Senadores aprobó hoy la creación de la Comisión Bicameral de seguimiento y control de la licitación y funcionamiento de la Hidrovía Paraguay-Paraná y del sistema de navegación troncal con jurisdicción en Argentina.

Por unanimidad, con 59 votos a favor, la comisión Bicameral de la Hidrovía obtuvo el visto bueno del Senado y ahora será el turno del tratamiento en Diputados.

Uno de los especializados en el tema, el senador del Frente de Todos, Jorge Taiana, resaltó “la unanimidad que se logró en la votación es el reflejo de la importancia que tiene” la hidrovía Paraguay-Paraná.

Asociado a la licitación a la Hidrovía, Taiana planteó la necesidad de realizar el Canal de Magdalena porque “es un canal natural sobre la costa argentina que evitará lo que pasa hoy que los puertos argentinos atlánticos y fluviales están separados. Hoy no se puede pasar de un puerto fluvial a uno atlántico sin tener que ir a las afueras de Montevideo”, precisó.

En el debate, la senadora del Frente de Todos, María de los Ángeles Sacnun, consideró que “este tema relevante requiere la participación del Congreso porque es central a la hora de pensar del sistema de navegación troncal y las posibilidades que se le abren a la Argentina”.

“El Congreso va a tener una mirada muy aguda, como contralor, sobre el impacto ambiental de los desarrollos productivos. Deberán ser sustentables”, agregó la senadora santafesina.

En tanto, el senador nacional Víctor Zimermman (Juntos por el Cambio) señaló: “Quiero celebrar la creación de la comisión Bicamernal que será un contralor, ya que debemos garantizar el funcionamiento de la hidrovía, que sale gran parte de nuestra exportación y el 100 por ciento de la exportación del Paraguay”.

“Tendremos que trabajar en forma conjunto con el Poder Ejecutivo nacional para poder desarrollar planes en nuestras provincias del NEA y el NOA para desarrollar nuestra infraestructura porque la hidrovía nos va a venir muy bien para nuestras economías regionales y que nuestra gente tenga igualdad de oportunidades”, manifestó el legislador chaqueño.

En el mismo sentido, el senador cordobés Carlos Caserio celebró esta Bicameral al mismo tiempo que aclaró que “las obras públicas se contratan -con empresas privadas- para hacer el dragado, a través de una licitación”, en referencia a quienes plantean la estatización de la hidrovía.

“Es una oportunidad histórica para desarrollar nuestra marina mercante”, consideró el senador peronista que también pidió “defender la soberanía en el control tanto de las mercancías que se transporta porque por esta vía sale gran parte del comercio exterior de Argentina”.

Por su parte, la senadora kirchnerista María Pilatti Vergara afirmó que “es muy importante que desde esta Comisión Bicameral colabore con el Ejecutivo nacional para trabajar en mejorar varios aspectos del control de la hidrovía donde existe el contrabando de mercancías y también de cargamentos de drogas”.

“Es importante para nuestra economía, para el sector productivo y el pueblo en general poder desde el Congreso, a partir de la creación de esta comisión, acompañar y seguir no solo la licitación, sino del funcionamiento de la Hidrovía Paraguay-Paraná”, remarcó.

Según el proyecto de ley aprobado, se dispone que la Comisión tendrá por objeto el estudio, conocimiento, seguimiento, monitoreo, auditoría y contralor del proceso licitatorio de la Hidrovía Paraguay-Paraná, del sistema de Navegación Troncal, “de las inversiones necesarias para el desarrollo integral de las regiones y cuestiones conexas vinculada al transporte, la integración, el crecimiento económico y el desarrollo productivo”.

También se podrá “citar a funcionarios nacionales, provinciales, municipales y comunales a prestar informes y a representantes de los organismos que manejan, controlan, ejecutan y desarrollan la licitación de la Hidrovía”.

Asimismo, la Bicameral podrá “hacer informes con propuestas concretas y asesorar sobre su avance, haciendo especial énfasis en el desarrollo armónico de la Nación, el respeto al federalismo, el desarrollo de las economías regionales y el cuidado del medio ambiente”.

En esa línea, se prevé que tiene la capacidad de “auditar las inversiones, costos y gastos que se desprendan de la licitación de la Hidrovía” y además “ejercer el contralor del proceso licitatorio”.

Además, se prevé que la Bicameral “estará integrada por 6 senadores o senadoras y 6 diputados o diputadas, que serán designados de acuerdo al Reglamento de cada Cámara”.

La concesión para la modernización, ampliación, señalización y tareas de dragado y redragado de la llamada hidrovía, cuyo plazo de operación vencía el último viernes 30 de abril, fue prorrogada por 90 días a favor del actual prestatario, el consorcio Hidrovía SA, que está conformado por el grupo belga Jan de Nul (especializado en dragado) y la empresa argentina Emepa SA (surgida en Chascomús, inicialmente dedicada a la reparación de material ferroviario).

La prórroga de 90 días para que Hidrovía SA siga a cargo del dragado y el balizamiento (señalización) de las rutas navegables del Paraná fue dispuesta a través de la resolución 129/2021 del Ministerio de Transporte, que firmó el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis porque en ese momento la cartera estaba vacante tras el fallecimiento de Mario Meoni.

La Hidrovía

Se designa como Hidrovía Paraguay-Paraná a un corredor natural de transporte fluvial de más de 3.400 kms. de largo, que se extiende a través de los ríos Paraná y Paraguay, y permite la navegación continua entre los puertos de Argentina, Brasil, Bolivia Paraguay y Uruguay.

La “hidrovía” es parte de un inmenso sistema hídrico denominado “Cuenca del Plata”, que comprende a una vasta región de algo más de tres millones de kilómetros cuadrados de superficie, cuyas aguas superficiales descargan en el Río de la Plata.

La cuenca se abre en forma de abanico a partir de la desembocadura del mencionado río, desplegándose dentro de la jurisdicción de cinco países. Abarcan gran parte del sur, del sudoeste y del centro-oeste de Brasil, el sudoeste de Bolivia; gran parte de Uruguay; todo el Paraguay y casi todo el norte, la Mesopotamia y la pampa húmeda de la Argentina.

Constituye una de las reservas hídricas más importantes del globo, no sólo por el caudal de los ríos que desaguan en él, sino por la diversidad biológica del área y por la riqueza de los territorios que aquellos bañan. Por su extensión, es la segunda después de la amazónica en esta parte del continente, y constituye el área donde se concentra una importante actividad económica y la mayor densidad de población.

Ante la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal, presidida por la senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) dos jueces, un fiscal y un defensor contaron la experiencia que se registra en Jujuy a partir de junio del 2019 cuando comenzó la prueba piloto del sistema en el norte del país.  

Alejandra Cataldi, jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy, contó que esa provincia “tiene una situación particular, que difiere de Salta respecto al narcomenudeo” pero aclaró que en términos generales “el sistema acusatorio tiene muy buenos principios vigentes y hemos resuelto problemas en forma muy rápido, en  promedio de 30 días”.

Además, Cataldi indicó que “hay un problema técnico, que es que aún no tenemos fibra óptica conectada y por lo tanto contamos con problemas de internet” y en cuanto a las causas señaló que “tenemos un gran impacto en ejecución penal, tuvimos 120 expedientes que entraron a ejecución penal. También estamos llevando adelante 16 causas por lesa humanidad, donde llegamos a 190 testimoniales. Lo que tenemos de residual es mucho”.

Luego, Esteban Hansen, juez del Juzgado Federal 1, que subroga el 2 también, precisó que “en Jujuy tenemos sólo dos juzgados federales y un tribunal oral habilitados” y que “la justicia federal sigue absorbiendo las causas de narcomenudeo”.

Consignó que en la actualidad “en una audiencia de 30 minutos estamos resolviendo situaciones procesales que antes necesitaban uno o dos meses”, graficó que “de 161 causas se lograron 25 juicios abreviados y dos carpetas fueron elevadas a tribunal oral” y coincidió con su antecesora al advertir que “mantenemos algunas deficiencias técnicas en materia de los que es conectividad”.

 Por su parte el fiscal federal a cargo de la Unidad Fiscal Jujuy, Federico Zurueta, destacó que “las ventajas y bondades de este sistema acusatorio nadie las discute”, afirmó que “hay una gran cantidad de casos que se resuelven dentro del ámbito del ministerio público, es decir que no se judicializan” y detalló que “en estos meses que llevamos transitando con este sistema se han resuelto 2.078 casos sin judicializar”.

“Esto demuestra que las partes no estamos litigando porque s,í sino que estamos llevando a litigio los casos que necesitan litigar” puntualizó Zurueta antes de recalcar que “el sistema claramente funciona y el desafío es que funcione pero no solamente por el esfuerzo de los operadores, que no podemos estar suplantando deficiencias que, en algunos casos, son muy básicas”.

El último expositor fue Matías Gutiérrez Perea, defensor público oficial a cargo de la Unidad de Defensa Acusatoria de San Salvador de Jujuy, quien dijo que “hemos tenido un cambio radical en la actuación” jurídica y detalló que “ha sido un acierto crear unidades de funciones y han quedado dos unidades, la remanente y la penal.”.

Gutiérrez Perea dijo que “se acabó el sistema de escritura, ahora todo se plantea en forma oral” y advirtió que “las resoluciones son más acertadas y han disminuido las prisiones preventivas”. 

Posteriormente, en una segunda etapa del encuentro de la comisión realizado por vía remota, los legisladores escucharon a dos funcionarios de la Procuración General de la Nación y a un secretario de la Defensoría General de la Nación, quienes se refirieron puntualmente a todo lo que se necesita y se llevará adelante para poder implementar próximamente el Código Penal Procesal Federal en los distritos de Rosario y Mendoza.

Así expusieron Javier Lancestremere, secretario general de Política Institucional de la Defensoría General de la Nación; Juan Manuel Olima Espel, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación y Juan Manuel Casanovas, secretario Disciplinario y Técnico de ese mismo organismo.

Los tres funcionarios coincidieron en “la necesidad de capacitar a todos los actores (jueces, fiscales, integrantes de los ministerios público y fiscal) y a las fuerzas de seguridad” para que el sistema pueda funcionar adecuadamente a la hora de su aplicación en Rosario y Mendoza.

Se informó que “en el 2019 hubo 7.100 expedientes penales en Rosario y 5.400 en Mendoza” mientras que en lo que respecta a “expedientes no penales en Mendoza ingresaron 50 mil expedientes en un año y en Rosario fueron alrededor de 100 mil”.

Sobre el cierre de la reunión, el diputado Jorge Enriquez (Juntos por el Cambio) anticipó que junto a otros diputados está presentando un pedido de “derogación del artículo 366 inciso F” y de inmediato tomó la palabra la senadora por Santa Fe del Frente de Todos, María de los Angeles dijo que no coincidía con lo solicitado por su antecesor en el uso de la palabra y dijo que se trataba de “un planteo totalmente errado”.

Para clausurar el tema puntual y la reunión en general, la presidenta de la Comisión, Fernández Sagasti enfatizó que “recomendar al pleno de las Cámaras tanto en lo referente al Código Procesal Penal Federal como en otra legislación reglamentaria, es una de las funciones que tiene esta comisión”.

“Todo lo que sea discusión, y se plantee con absoluto respeto, siempre van a ser bienvenidos”, remarcó la senadora mendocina antes de advertir que “la mayoría de los acá presentes hemos firmado (el artículo en cuestión)” y agregó que “la sentencia firme se considera en la Argentina, cuando hay sentencia de la Corte o hay pedido de queja”.