El proyecto es acompañado por LLA, UP, Stolbizer y Calletti, entre varios diputados. En la presentación del texto se mostraron antecedentes de aplicación en otros países.
Un grupo de diputados nacionales de varios bloques oficialistas y opositores presentaron el proyecto de ley de administración y reutilización social de bienes que tiene como objetivo redistribuir en la sociedad los bienes incautados por la Justicia producto de acciones delictivas.
El texto lleva 30 firmas de legisladores de seis bloques diferentes. Ramiro Gutiérrez (UP), Margarita Stolbizer (HCF), el libertario Carlos D´Alessandro y la salteña jefa de bloque de Innovación Federal, Pamela Calletti, entre otros, acompañaron la iniciativa.
En presencia de exministros de Justicia, jueces de todas las instancias, representantes del Ministerio Público Fiscal, asociaciones de la vida civil y gremial, los diputados dieron inicio a la jornada explicativa del proyecto de ley de reutilización de bienes de origen ilícito.
Clara Lucarella, coordinadora del área de Fortalecimiento de la Democracia de ACIJ; Lucas Manjon, quien representa a la Asociación Italiana Libera en Argentina y desde 2021 coordina el proyecto Bien Restituido; Emilio Inzaurraga, miembro de la Comisión Nacional de Cáritas Argentina; la politóloga Malena Galmarini; y el juez federal Sebastián Casanello, asesor jurídico del proyecto “Bien Restituido para el desmantelamiento patrimonial de la delincuencia organizada y el fortalecimiento de la sociedad civil”, apoyado por la Unión Europea en la Argentina, fueron algunos de los expositores.
La iniciativa, ha sido considerada por la comunidad jurídica internacional como una de las herramientas esenciales para luchar contra las organizaciones delictivas y recuperar sus bienes con un fin de uso social.
Diariamente, los Tribunales acumulan toda clase de bienes: propiedades, embarcaciones, aeronaves, automóviles, campos y activos que el crimen atesora. Frente a esta situación de acumulación improductiva, el proyecto prevé devolverlos al uso social a través de la creación de una Agencia integrada por los tres poderes del Estado y un representante de las organizaciones de la vida civil.
El antecedente directo es el “Proyecto Bien Restituido” financiado por la Unión Europea y los esfuerzos de la organización LIBERA, nacida en 1995 como una red de más de 1500 agrupaciones que luchan contra las mafias y por la justicia social.
La Agencia Nacional de bienes recuperados de Italia, recaudó desde su existencia la suma de más de 4 billones de euros, destinados a la reparación de las víctimas del crimen y al beneficio del bien común.
Esta presentación nombrada “Bien Restituido: una ley necesaria”, “viene a cubrir un vacío legal que no puede sostener la vieja Ley N° 20.785 del año 1974, que solo acumula bienes hasta su decomiso sin ningún tipo de finalidad reparativa”, señalaron.
El doctor Sebastián Casanello, calificó a la iniciativa “como un sistema racional de administración de activos recuperados con orientación hacia el uso social y en el marco de la Justicia Federal”.
Por su parte, el diputado Ramiro Gutiérrez afirmó que "es la oportunidad de entregarle a la Argentina una poderosa herramienta para luchar contra el crimen organizado y recuperar sus bienes al servicio de la ciudadanía”.
La diputada Margarita Stolbizer, también autora de la iniciativa, sostuvo que “es una forma de atacar la economía del delito y reutilizarlos con fines sociales”.
Por su parte, la diputada Pamela Calletti, ex ministra de Justicia de la provincia de Salta, sostuvo que “se trata de una ley que realmente necesita la Argentina para darle agilidad, eficiencia y transparencia a la disposición de los bienes que son incautados del crimen organizado”.
En el final, el diputado Carlos González D´Alessandro, de La Libertad Avanza, valoró la "redistribución de los bienes incautados al narcotráfico, sobre todo, a las víctimas que el narcotráfico produce en nuestro país”.
Sería por el tiempo que dure la emergencia sanitaria, para casos de delitos de acción pública y con destino de uso exclusivo para la atención de la pandemia.
Desde el bloque de senadores de Juntos por el Cambio, el senador Andrés De Leo, presentó un proyecto de Ley que tiene por objeto autorizar al Poder Ejecutivo provincial a disponer del uso, por el plazo que dure la situación de emergencia sanitaria dispuesta por el Gobernador, mediante decreto 132/20, de los bienes muebles, inmuebles y fondos líquidos pertenecientes a titulares sometidos a proceso por delito de acción pública, y que se encuentren inmovilizados por medidas cautelares dictadas por orden judicial.
Al respecto, el senador opositor De Leo indicó que “resulta indispensable contar con la mayor cantidad de sitios adecuados y aptos para asistir a los pacientes infectados y para respetar el aislamiento digno y seguro. Y si bien las autoridades han actuado en forma preventiva, consideramos que son inciertas las consecuencias del virus”.
“Incluso -agregó-, ante el cuadro de emergencia que vive nuestro país y nuestra provincia, varios municipios han acondicionados predios públicos, o de instituciones deportivas que han cedido sus instalaciones, para la ubicación de camas u hospitales de campaña en virtud de la atención de pacientes enfermos de corona virus”.
En definitiva, el proyecto considera que existen bienes bajo la órbita y custodia del Poder Judicial, que se encuentran sin uso e inmovilizados por una medida cautelar, y pretende que ellos puedan ser destinados para colaborar en todos los aspectos que tengan que ver con la emergencia sanitaria.
Para el autor de la iniciativa esos fondos pueden ser destinado a la instalación de “hospitales de campaña, traslado de pacientes y equipamiento, o bien la compra de insumos para atender las necesidades sanitarias”, según detalló De Leo.
