Diputadas y Diputados integrantes de los bloques de Unión por la Patria, Hacemos Coalición Federal, Unión Cívica Radical, Innovación Federal y Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, se reunieron con organizaciones estudiantiles de universidades a lo largo y ancho en todo el país.

En una declaración conjunta, los diputados denuncian que el sistema universitario se encuentra atravesando una profunda crisis, provocada por reducción presupuestaria del 72%, lo que ha impactado negativamente en los salarios docentes y no docentes, la suspensión de obras de infraestructura, la falta de actualización de las becas estudiantiles y el funcionamiento general de las instituciones. Sumado a la decisión de eliminar el Fondo Nacional de Incentivo Docente que impacta directamente en los niveles de educación obligatoria en general y en particular en las escuelas secundarias dependientes de las universidades.

En el encuentro que participaron más de 40 oradores de distintas organizaciones estudiantiles, los jóvenes pidieron defender la educación pública. De manera presencial y remota se escucharon las voces de representantes de la Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Entre Ríos, de Córdoba, de Cuyo, de Tierra del Fuego, de La Pampa, de Madres de Plaza de Mayo, de San Martín, de La Matanza, de Rosario, de Formosa, de Luján y la Universidad Nacional del Delta, entre otras.

Los estudiantes coincidieron en que el Gobierno nacional “no sólo los persigue con el recorte y la falta de presupuesto, sino que también con el desfinanciamiento a la beca Progresar, los aumentos del transporte público, con la desregulación de la ley de alquileres, que son luchas históricas del movimiento estudiantil que también afectan a la permanencia de los estudiantes”.

Ante esta situación y en vísperas de la Marcha Federal Universitaria que se realizará el próximo 23 de abril, los diputados presentes adhieren a la misma y se comprometieron, mediante la declaración firmada a acordar propuestas que den respuestas a la situación de las universidades públicas y de los niveles obligatorios del sistema educativo. Exigiendo al gobierno nacional que adopte las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento pleno de las universidades tal como lo reclaman el Consejo Interuniversitario Nacional, el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina y diferentes expresiones del movimiento estudiantil nacional.

Entre los presentes Danya Tavela, Margarita Stolbizer, Esteban Paulón, Blanca Osuna, Tomás Ledesma, Romina del Plá, Myriam Bregman, Leopoldo Moreau, Maximiliano Ferraro y Germán Martínez.

La diputada nacional Blanca Osuna (UP – Entre Ríos) presentó un proyecto de ley de compromiso con el derecho a la educación que apunta a “una perspectiva integral, a reforzar el financiamiento y fortalecer programas educativos, cuestión imprescindible en momentos en que el gobierno de los (Javier) Milei, (Mauricio) Macri, (Luis) Caputo, accionan para la destrucción de la Educación pública”.

“En acuerdo con diputadas y diputados desde el bloque Unión por la Patria, planteamos la urgencia de establecer lineamientos concretos para que el estado nacional junto a las provincias asegure el cumplimiento del derecho reconocido por la Constitución, que hoy está en riesgo”, explicó Osuna.

Entre los puntos principales, la iniciativa crea el Fondo Nacional para el Sostenimiento del Derecho a la Educación, con aportes de sectores concentrados de la economía que han tenido enormes tasas de ganancias tales como exportadores de granos, grandes empresas de economía del conocimiento y del sector financiero. Dicho Fondo complementará las partidas regulares del presupuesto anual para educación.

El proyecto ratifica la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Programa de Compensación Salarial Docente. Y al mismo tiempo referencia la Formación docente inicial y continua. Además, en el nivel obligatorio, se norma la extensión de la jornada escolar en las escuelas primarias, una meta ya acordada en el Consejo Federal de Educación “hoy en riesgo de cumplimiento”. Asimismo, se propone garantizar el boleto gratuito en el transporte público para estudiantes y docentes.

La iniciativa asegura recursos para becas Progresar, libros, dispositivos tecnológicos y conectividad en los establecimientos. Por su parte, en materia de infraestructura, la ley asegura recursos para un plan de nuevas obras, completamiento de las que están en curso y mantenimiento y mejoras edilicias.

En el capítulo sobre el nivel superior, se garantiza el pleno funcionamiento de las universidades nacionales, incluyendo las recientemente creadas, con una fórmula de actualización presupuestaria periódica para atender las exigencias de la formación de las y los profesionales de nuestro país. El proyecto propone la creación de una Comisión Bicameral de seguimiento y convenios bilaterales con las provincias.

Osuna apuntó: “El presidente destruye y achica al Estado y niega su obligación como garante del derecho a la educación y lo pone en peligro”

“La precarización de docentes con la pérdida del poder adquisitivo, y no convocar a la inscripción de las becas Progresar generan daño al sistema educativo y a las personas como un tiro artero y dañino. Ya basta de regodeo frente al dolor que está provocando este gobierno nacional. Es por eso urgente restablecer por ley el compromiso con el financiamiento al Derecho a la Educación”, remarcó la diputada entrerriana.

Se puso en marcha este miércoles la Comisión de Educación, donde fue consagrado presidente un miembro del bloque Pro, Alejandro Finocchiaro, exministro de Educación durante la gestión Cambiemos. Como vicepresidenta primera fue elegida Blanca Osuna (UP – Entre Ríos) quien ocupó ese lugar los últimos cuatro años durante la gestión del Frente de Todos.

Vicepresidenta segunda fue elegida la radical Danya Tavela. La secretaría primera le correspondió a La Libertad Avanza, que designó a María Celeste Ponce. Por Unión por la Patria, ese bloque hizo reserva del nombre para la secretaría segunda, en tanto que Innovación Federal hizo lo propio con la secretaría tercera. Lo mismo sucedió con la secretaría cuarta, que será para el bloque Pro.

Elegidas las autoridades de la comisión, hizo uso de la palabra Maximiliano Ferraro, para dejar claro que Hacemos Coalición Federal no iba a ocupar ningún cargo en esa comisión.

La flamante vicepresidenta segunda, Danya Tavela anunció que este miércoles estaría presentando junto a sus pares Maximiliano Ferraro y Daniel Arroyo un pedido de tratamiento especial sobre un proyecto de ley sobre financiamiento universitario, atendiendo “la situación grave que están atravesando las universidades”. En el mismo sentido, Ferraro anticipó que presentaría también un pedido de tratamiento especial para un proyecto sobre metas y acciones prioritarias para el sistema educativo, “para empezar a debatir y zanjar algunas cuestiones”.

A continuación, Blanca Osuna habló de la necesidad de que se aborde el tratamiento de proyectos vinculados a la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente, y abordar proyectos que hacen a “la situación de emergencia en la que se encuentra el sistema educativo nacional y en particular el nivel de educación superior”.

“Porque hoy en estos momentos hay comedores escolares que están cerrados o no funcionan -agregó-. Hay además transportes públicos que no trasladan estudiantes a las escuelas. Docentes que están cobrando miseria; programas como el Progresar, donde todavía no han habilitado la convocatoria para las inscripciones”.

Tras alertar también sobre el no cumplimiento de esquemas de vacunas obligatorias, advirtió luego sobre “un énfasis que ha habido en los últimos meses de denostar la calidad del sistema educativo, la calidad de los docentes… Quisiera que abordemos el tema de la calidad de la educación, pero estemos advertidos que no vamos a permitir que se denueste la calidad del sistema educativo en función de mercantilizar la educación”.

Tras plantear como día de reunión los martes a las 15, el flamante titular de Educación destacó que “esta es una de esas comisiones, junto con algunas otras, donde todos los que hemos pedido estar, queremos estar. Hay otras, que cubrimos porque tenemos que cubrirla, pero todos los que pedimos la Comisión de Educación sentimos que nos volvemos a jugar el futuro de la Argentina”.

Finocchiaro sostuvo que “todos los problemas que tenemos en la Argentina tienen su base en la decadencia del sistema educativo, y no estoy denostando ni el trabajo de los docentes, ni de todas las personas que hacen al sistema educativo. Lo mismo pasa con el sistema universitario”.

“También tenemos algunas instituciones sobre las que tenemos que trabajar que no responden a los estándares de calidad y de buena administración que debieran tener”, apuntó el diputado del Pro, quien a continuación remarcó que “lo primero que entiendo que debiéramos hacer es asegurar que los chicos estén en el aula todos los días”.

Se mostró de acuerdo con el diputado Ferraro en tratar un paquete integral de cuestiones, pero priorizó “no demorar la sanción de determinadas leyes y la evaluación del sistema educativo; quien evalúa no puede estar sometido al control de aquel que es evaluado. Junto con el Gobierno nacional tenemos que trabajar duramente en un gran plan de alfabetización”. Y concordó con Osuna en que el sistema está en crisis, pero pidió no adjudicar esa situación a los dos meses de verano de la actual gestión, sino que aclaró que el sistema viene arrastrando una crisis. Pidió trabajar “en serio, sin echarnos las culpas, (para) pensar en el presente y en el futuro, entender que Argentina creció socialmente cuando el sistema educativo también creció y que Argentina comienza su carrera descendente cuando desciende el sistema educativo y comienzan a bajar los controles y llegamos al nivel de decadencia que tenemos hoy”.

Otro de los que intervino fue Hugo Yasky, quien alertó sobre la situación del sistema universitario, advirtiendo que “en mayo o junio sería el momento en que las universidades empezarían a dejar de tener presupuesto para seguir funcionando”. Agregó que “en todas las provincias tenemos una tremenda carencia, que es el no envío de los fondos del FONID, que constituían una parte importante de los ingresos de los docentes”.

La diputada nacional Blanca Osuna (Unión por la Patria – Entre Ríos) presentó su balance de gestión de los últimos cuatro años en la Cámara baja durante los cuales impulsó un total de 228 proyectos e integró siete comisiones.

Osuna presidió la Comisión de Educación e integró la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia; la de Transporte; la de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios; la de Presupuesto y Hacienda; la de Legislación del Trabajo y la de Legislación General.

Entre las leyes sancionadas en su carácter de presidente de la Comisión de Educación destacó la ampliación del programa Becas Progresar de respaldo a estudiantes entre 15 a 35 años de su autoría; la Ley de Promoción de la formación y del desarrollo de la enfermería, la creación de cinco universidades: Universidad Nacional del Delta, Universidad Nacional de Pilar, Universidad Nacional de Ezeiza, Universidad Nacional de Río Tercero y Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo.

Además, ponderó la media sanción en Diputados de la creación de la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz con sede central en Paraná, Entre Ríos -de su autoría- creación de la Universidad Nacional de Saladillo en Buenos Aires, y la creación de la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado con sede central en Cañuelas.

También destacó la aprobación del Financiamiento Educativo que propone un aumento progresivo del 6 al 8% de la inversión del PBI para la educación obligatoria, superior, universitaria y el cuidado de las infancias garantizando los 190 días de clases, una de las leyes que impulsó el exministro de Economía, Sergio Massa.

Respecto de su labor en pandemia, resaltó la sanción de la Ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), obligatoriedad de brindar cobertura integral y gratuita. También la modificación sobre educación a distancia en situación excepcional, y la creación del Programa Integral de acompañamiento a las trayectorias escolares.

Por otro lado, entre los proyectos de su autoría resaltó el Régimen Nacional de Colectividades, Licencias Laborales para tareas de cuidado; la modificación sobre requisitos para el uso de agrotóxicos y actualización de las sanciones; el Programa Nacional de ajedrez educativo y social; la Agencia Federal de Conectar Igualdad, organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Educación; ampliación Parque Nacional Pre-Delta, transferencia a título gratuito de un inmueble propiedad del Estado Nacional a la municipalidad de Paraná, Entre Ríos; el Régimen de Defensa y recuperación de las especies ictícolas del Río Paraná, comités mixtos de prevención de riesgos del trabajo.

Osuna le aseguró a los “vecinos y vecinas paranaenses y entrerrianos” que “nunca levantaré la mano para respaldar ninguna ley que afecte o quite derechos, que desfinancie políticas públicas claves, que destruya la industria nacional, que reduzca el mercado interno, y que elimine posibilidades de movilidad social. Como diputada, seguiré trabajando por la ampliación de derechos, el federalismo, la educación pública y la justicia social”.

“Asumí la responsabilidad de trabajar y legislar por Entre Ríos, por los derechos de trabajadores, por la educación pública, por el cuidado de nuestra casa común, por la Memoria, Verdad y Justicia, por las leyes que respalden la justicia social”, afirmó y agregó: “Siempre legislando y promoviendo normas que amplíen derechos, defiendan la Educación pública, cuiden nuestra casa común y construyan federalismo”.

Osuna se desempeñó como diputada nacional entre 2001-2007, ocupó el cargo de intendenta de la Ciudad de Paraná entre 2011-2015 y fue senadora nacional entre 2007-2011.

La Comisión de Educación de Diputados, presidida por la oficialista Blanca Osuna (Entre Ríos), llevó a cabo este martes su cuarta reunión informativa en la que profundizó el tratamiento del proyecto financiamiento educativo. El texto fue girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller (FdT), que lo debatirá este miércoles a las 10 a fin de dejarlo listo para el recinto en una próxima sesión.

Del encuentro participaron funcionarios del Ministerio de Educación, sindicalistas, representantes universitarios y de instituciones académicas, quienes hicieron hincapié en varias modificaciones en la redacción de la iniciativa.

Desde el Anexo “C” de la Cámara baja, Osuna destacó que el proyecto fue presentado hace “unos meses” por los ministros Jaime Perczyk y Sergio Massa y señaló que “tiene en el Congreso innumerables antecedentes, hay 13 proyectos presentados en la Cámara de Senadores, 19 en Diputados. Estamos hablando desde el 2007 en adelante poniendo ese punto en virtud de que tenemos una Ley de Financiamiento Educativo la que envió Néstor Kirchner siendo presidente y Daniel Filmus ministro de Educación y que fue debatida en este Congreso y aprobada en diciembre de 2005 y promulgada en el 2006”.

“Entre los proyectos que han circulado en esta cámara, el que tiene vigencia y que ponemos a la vista es el del 13 de febrero de 2023 del diputado Julio Cobos”, precisó y sumó: “El proyecto que vamos a estar analizando forma parte de una sucesión de reuniones la primera el 27 de septiembre, la segunda el 4 de octubre donde recibimos 15 oradores, la tercera reunión fue el 1ro de noviembre”.

La palabra de los invitados

Abrió la ronda de expositoras Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, quien retomó las palabras de la UNESCO respecto de que “todo dispositivo de educación es positivo, por analogía siempre discutir financiamiento es positivo”.

En ese sentido, celebró que esté en agenda proyectos para el financiamiento de la educación en general. “Todos los que estamos acá creemos que la educación es un derecho humano y es una obligación de los Estados, por lo tanto, vale la discusión de la ley”, señaló y destacó aspectos “muy positivos” de la iniciativa tales como “poner en agenda el tema de la sala de 4 y de 5 y de 3, y sobre todo ponerlo en agenda a nivel nacional y no crecer de manera despareja a nivel federal”.

“Es muy importante que esta ley pueda afrontar y financiar los gabinetes psicopedagógicos de cada escuela. Me parece muy bien el tema del segundo idioma, el fortalecimiento de las escuelas técnicas, ampliar las jornadas en horas y en días del año, la inclusión, la capacitación docente, no ponernos colorados a la hora de hablar de analfabetismo porque todavía lo hay. Me parece muy bien un camino de ida hacia la capacitación de los chicos en robótica e informática y seguir recordando las prácticas y capacitación en las ESI”, enumeró.

También destacó de la ley la “introducción de dos aspectos fundamentales de la gestión de la educación” y explicó: “Tiene que ver con hacer un principal destaque del artículo 18 que habal de la Comisión de Seguimiento. Me parece muy importante que existan dispositivos en las leyes que uno pueda monitorear cómo va el avance de las leyes”. Además, ponderó el sistema de información o gestión del que habal el artículo 26.

A su vez, resaltó la “articulación entre las universidades y las escuelas, no debe ser un salto al vacío, no deben tener distintas posibilidades aquellos colegios más cercanos a las grandes ciudades y desproteger a los del profundo interior que tiene la Nación”. Moriñigo consideró que “tenemos que empezar a hablar del futuro del trabajo y del trabajo del futuro porque no podemos seguir enseñando como hace tiempo para un momento donde se nos viene con otra velocidad del conocimiento. Esta comunión entre universidad y escuela tiene que asociarse mucho más sobre todo a la hora de establecer la currícula de cada una de las materias de las asignaturas y contendimos mínimos del saber”.

El académico planteó que “el conocimiento en el mundo avanza de una manera veloz. Se tardó 1.500 años en duplicar el conocimiento. Luego se tomó 250 años en duplicar ese conocimiento y así ha ido avanzando”, y señaló que “somos de la generación que en el 2030 el conocimiento en el mundo se va a duplicar en 12 horas”, por lo que cuestionó que “no podemos tener un plan de estudio que dure 8 años. No podemos enseñarles de la misma manera”.

“Los contenidos de las escuelas y de las universidades tienen que tener otra velocidad y los diseños curriculares tienen que tender a contenidos que hablen sobre la alimentación, sobre la educación financiera y que hablen sobre una gestión ambiental”, sugirió.

Por último, expresó preocupación por que “se cumpla todo lo que se discute en función desde venimos desde el 2006 de la Ley Filmus con un poco grado de cumplimiento. Ojalá estas comisiones que tienen poder de monitoreo y cumplan su rol porque ahí tenemos esperanza sobre el cumplimiento”. Al respecto, indicó que será “positivo el consenso que se alcance de los diputados por el tema de la aplicabilidad de la curva”.

“Las veces que fuimos a buscar esta Ley Filmus lo que se nos contestó es que se lo llevó la variable salarial. Todo lo que el articulado trata de fortalecer a la hora de la educación si el ritmo inflacionario es como venimos, ojalá no se la lleve toda la variable salarial”, cerró el rector puntano.

A su turno, Marcela Browne secretaria de la CADE informó que “2 millones de niños de 45 a 2 años quedan sin cobertura y sobre todo en un sector mayoritariamente privatizado. Hoy el sector de 0 a 2 años es tierra del sector privado y esto no puede ser porque halamos de una desprotección total”.

En esa línea, sumó que “311 mil de 3 años sin cobertura, 80 mil de 4 años sin cobertura. Estaríamos hablando de 2 millones de niños y niñas de nuestra patria”, y apuntó para “quienes se les ocurra pensar que esto no es necesario”. Por otro lado, alertó: “Tenemos que pensar que hoy no tenemos sillas, no tenemos aulas necesarias para esa cantidad de niños por eso necesitamos ese porcentaje del 8% para esa infraestructura y también necesitamos formar docentes de nivel inicial para cubrir este volumen de personas”.

Browne hizo algunas sugerencias para mejorar la redacción del texto. Así, señaló como primer aspecto cuando se habla de modalidad de gestión “dice claramente de gestión pública y a las de gestión privada e invisibiliza el enorme esfuerzo que hacen las organizaciones sociales y comunitarias en los territorios acompañando a los jóvenes que, la mitad de los que mencioné, no recibiría educación”. Por ello, instó a que “en esta ley se recupere el espíritu de la ley nacional se retome las obligatoriedades del Estado para garantizar el derecho de los trabajadores y la educación de gestión social y comunitaria”.

Por otro lado, indicó que en el proyecto se menciona la inclusión educativa para personas con discapacidad, algo que estamos de acuerdo y celebramos, pero en contrapartida no menciona ni a los estudiantes en situación de educación domiciliaria ni hospitalaria, tampoco a las personas que están en situación de privación de libertad abandonada por el sistema judicial, tampoco a las personas que son jóvenes y adultos y es una modalidad totalmente desfinanciada. El espíritu de esta ley no es hablar de ciudadanos de primera y de segunda, con lo cual o lo mencionamos a todos o hacemos unas generales de la ley porque es delicado no mencionar a todos”.

“Celebramos los indicadores de la coparticipación, pero creemos que es importante desde el sentido de la justicia y de la equidad”, señaló y solicito “tener en cuenta los indicadores de eficiencia interna educativa porque los niveles de repitencia, de terminalidad que en pandemia se agudizaron notablemente y son muy distintos en el país federal”.

También destacó el articulado que hace referencia a las sanciones cuando “las jurisdicciones no hacen el esfuerzo educativo que les corresponde”, y sugirió: “Hay que generar recaudos para que el derecho a la educación sea garantizado más allá de las irregularidades de cada jurisdicción”.

Además, sostuvo que el articulado sobre los compromisos de inversión anual “no se comprende la redacción porque no especifica si son porcentajes. Si fuera en pesos estaríamos en un problema enorme porque en nuestro país el presupuesto por estudiante nos da muchas pistas, pero hablar de un gasto anual por alumno no inferior al verificado al año 2015 no nos alcanzaría a comprarle un lápiz y una goma. Pedimos especificaciones en el articulado”.

“Entendemos que el espíritu es recuperar lo del 2015 que fue el único año donde se cumplió el 6% de la inversión del PBI, pero como esta ley busca el 8% no se comprende bien”, indicó Browne y pidió también revisar ese aspecto.

En suma, solicitó que se revise la meta anual del ejercicio fiscal que establece la iniciativa porque “parecería ir en contra de los mismos propósitos de la ley porque si tenemos que revisar la meta en función de la recaudación tendríamos un problema”. Sobre este punto, sugirió que si se cumpliera el 50% del impuesto a las grandes fortunas “tendríamos 250 mil millones para cubrir. También un incremento del 10% de los bienes personales, la reducción del 20% de los gastos tributarios. Tenemos un listado de propuestas en materia tributaria donde los derechos se asocian a la justicia fiscal”.

A continuación, disertó el director de Educación del CIPPEC Esteban Torre celebró la discusión de la iniciativa que pone el foco en “la alfabetización, la extensión de la jornada, la referencia en aspectos claves en el nivel inicial, vínculo con el trabajo, que insista sobre la ESI, que garantice la entrega de libros, que apueste a los sistemas de integración, a políticas de evaluación del aprendizaje, entre otras”.

Torre consideró que los fundamentos se “podrían fortalecer de dos maneras. Por un lado, colocando al proyecto educativo que emana de la iniciativa como un componente fundamental de un proyecto de desarrollo y de un modelo de país. La educación es un motor del desarrollo económico y creemos que podría jerarquizarse de una manera mucho más clara. Por otro lado, el mensaje de los fundamentos da cuenta de un Estado que decide invertir en educación y sería bueno que los fundamentos hiciesen explica la aspiración de contar con un Estado eficiente que no solo aumenta la inversión, sino que las dirige a metas hace seguimiento para hacer su cumplimento efectivo”.

A su vez, el funcionario señaló que proyecto “propone una meta de financiamiento hacia 2030 del 6.5 del PBI para la educación no universitaria y del 1.5% del PBI para la universitaria. De esta forma, el subsistema universitario necesita una duplicación de su presupuesto mientras el resto de los niveles un aumento del 50%”.

“Se necesita hacer un ejercicio de priorización en el proyecto que persigue 40 objetivos”, planteó y se refirió a la Comisión de Seguimiento de Metas porque “hay objetivos que tienen metas de acá a unos años, pero otros no las tienen”, por lo que recomendó “poner metas escalonadas para objetivos prioritarios de primer nivel”. “Este proyecto tiene el potencial de ser la base de un consenso para construir un pacto educativo nacional y ponerlo en diálogo con un proyecto de desarrollo y con un modelo de país”, cerró.

En su presentación, Flavio Pinto de AIEPA alertó que “poco se va a poder hacer con este aumento si no hay consensos políticos básicos”, y resaltó que “este proyecto de ley es una gran oportunidad para que todo el arco político pueda definir consensos de acá a largo plazo, que van a respetar todas las gestiones que vendrán en el futuro por al menos 10 – 15 años”.

“Lo necesitamos los ciudadanos a esta iniciativa. Necesitamos consensos políticos mínimos que perduren en el tiempo y, particular, que no sean discriminatorios de las escuelas de gestión privadas porque llegan a cuenta gotas a la gestión”, cuestionó y advirtió: “Desde la pandemia y con esta situación las escuelas están mal, muchas escuelas están cerrando, las familias necesitan libros o computadoras. No toda escuela de gestión privada es escuela de elite”.

En tanto, remarcó: “Esta ley es una oportunidad para hacer más equitativo la participación de todos los programas de nación para las escuelas de gestión privada”, pero pidió tener en cuenta la “situación en la que nos encontramos junto con la mayor matriculación, deserción escolar, sobre edad, situaciones de precariedad en aprendizajes. Esta ley es la oportunidad para focalizar en estas cuestiones. Esta es la realidad de la educación, si un chico aprende o no. Esta ley tiene que ser concreta con inventivos para las provincias”.

La directora en Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU, Yamile Socolovsky, expresó: “Un incremento en el presupuesto universitario tal como está planteado en el proyecto nos parece fundamental para darle a las instituciones previsibilidad, permitiendo una planificación efectiva y concretarse en transformaciones reales”.

La secretaria general de CONADU Histórica, Francisca Staiti, agregó: “Más del 70% de la investigación se realiza en la universidad, por eso creemos que el Programa Nacional de Investigadores debe tener una mirada especial dentro de lo que significa la ley de financiamiento”.

Por su parte, la exdiputada nacional y congresal de SUTEBA, Nathalia González Seligra, resaltó que “la inclusión y el acceso a la educación tiene que cuestionar las políticas económicas y pensar una educación no subordinada a los intereses de multinacionales, extractivismo y capital financiero como creemos propone este proyecto”.

Walter José Merkis, ssecretario General de FATUN, opinó: “Creo que este proyecto garantiza lo que necesitamos, aporta a una proyección de un país que apunte a la grandeza que necesita y también a que su pueblo se pueda desempeñar en virtud de esta utilidad de la educación pública”.

En su alocución, Norberto Heyaca secretario general de FAGDUT destacó que “la universidad es la inversión a corto plazo y por eso la importancia, no solamente de mejorar como dice la ley la terminalidad, sino también agregar la posibilidad de que haya programas de recupero de aquellos que no terminaron por poco”.

“Mi preocupación es traer aquí la situación salarial, la situación con la que pretenden echarle la culpa a la docencia, que muchas veces sostiene las falencias de una educación pública justamente desfinanciada”, planteó Amanda Martín en su carácter de secretaria general adjunta de ADEMYS.

Leticia Medina, secretaria general de CTA Córdoba, avizoró: “Aspiramos a que la efectivización de este proyecto de aumento presupuestario pueda mejorar la calidad del trabajo docente, en particular un mejoramiento de las condiciones de dedicación horaria universitaria”.

Por último, el secretario General de FEDUN, Daniel Ricci, manifestó: “Creo que este consenso es importante, que vayamos avanzando cada vez con más derechos, no solamente para los universitarios y educadores, sino para toda la sociedad en general”.

A cargo de Blanca Osuna, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados convocó a una reunión para el próximo martes 7 de noviembre a las 16 para tratar de avanzar con el proyecto de ley de financiamiento educativo.

Según pudo saber parlamentario.com, más allá de que está previsto que haya nuevamente invitados, el oficialismo intentará emitir dictamen, a fin de incorporarlo a una sesión que se realizaría al día siguiente.

El proyecto fue presentado por el ministro de Educación, Jaime Perczyk, en la primera reunión a finales de agosto y en las siguientes reuniones expusieron funcionarios provinciales, rectores universitarios y representantes estudiantiles.

Los objetivos del proyecto

El texto establece un aumento de la inversión anual durante un plazo de siete años desde un piso del 6% hasta alcanzar, en 2030, el 8% del Producto Bruto Interno (PBI). “Esta inversión estará destinada, en un 6,5 % del PBI, a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años, la educación obligatoria y la educación superior de formación docente, y en un 1,5 % a la educación universitaria”, precisa.

El proyecto también plantea modificar la proporción que realizan el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invirtiendo los porcentajes actuales, de tal manera que el 60% sea financiado por el Estado Nacional y 40% por las referidas jurisdicciones.

En suma, propone la incorporación de los Institutos de Educación Superior, financiados principalmente por las jurisdicciones, diferenciándolos de las Universidades Nacionales, que son financiadas por el Estado Nacional. En este sentido, los Institutos de Educación Superior, y principalmente los de formación docente, se incluyen en el 6,5% destinado a la educación obligatoria y a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años.

Además, incluye la obligatoriedad de la sala de 4 años en el Nivel Inicial, conseguir la alfabetización en la escuela primaria con los agregados del uso de tecnologías de la información y de un segundo idioma, mejorar las tasas de permanencia y egreso, la erradicación del analfabetismo, la ampliación de la conectividad en todas las escuelas con la distribución de dispositivos informáticos y de libros.

“Fijase un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase para los establecimientos educativos de todo el país en los que se imparta Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria, o sus respectivos equivalentes, en todas sus modalidades”, plantea en su articulado.

También se ratifica la vigencia de la Ley Nº 25.053 y sus modificaciones, que establece la creación del Fondo Nacional del Incentivo Docente y del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente.

Asimismo, propone como obligatoriedad generar información pública y accesible, así como también la creación de la Comisión de Seguimiento de la Inversión Educativa, con participación del Congreso de la Nación, integrantes del Consejo Federal de Educación, de las universidades y de los gremios docentes, la cual será responsable del seguimiento de los recursos invertidos y de los programas, actividades y acciones.

Por otro lado, busca implementar un Sistema Nacional de Evaluación que incluya operativos estandarizados y educación formativa, junto con la evaluación de programas educativos, el monitoreo del financiamiento a la educación por parte del Estado Nacional, los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, a cargo de Blanca Osuna -recientemente reelecta-, se reunió este miércoles para reanudar el debate del proyecto de ley sobre financiamiento educativo, el cual fue impulsado por el ministro/candidato Sergio Massa.

En esta tercera reunión informativa estuvieron presentes referentes jurisdiccionales, rectores, funcionarios del Ministerio de Educación y representantes de estudiantes. Anteriormente, en la primera reunión, había sido defendido por el ministro de Educación, Jaime Perczyk.

En representación de los distritos de todo el país, estuvieron: Andrea Centurión, ministra de Educación de Catamarca; José Thomas, director general de Escuelas de Mendoza; Gustavo Menna, vicegobernador electo de Chubut; Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno electa de la Ciudad de Buenos Aires; Sergio Siciliano, legislador porteño recientemente electo; Alicia Aluani, vicegobernadora Electa de Entre Ríos; y Pablo Urquiza, jefe de Gabinete de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires;

Por el lado de los rectores asistieron a la reunión: Germán Pinazzo, vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento; Arnaldo Medina, de la Universidad Nacional Arturo Jauretche; y Hugo Andrade, de la Universidad Nacional de Moreno.

Desde el Ministerio de Educación de la Nación, estuvo Germán Lodola, secretario de Evaluación e Información Educativa, y las representaciones estudiantiles fueron llevadas a cabo por: Piera Fernández, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA); Sofía Yalj Harteker, presidenta del Centro de Estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente N° 39 de Vicente López; Francisco Bargas, referente de la Red Nacional de Centros de Estudiantes; y Camila Dabadie, integrante de la Mesa Federal de Centros de Estudiantes Secundarios.

Los representantes federales

Poco antes de las 17, la titular Blanca Osuna expresó que “es la tercera reunión (hubo otras dos el 24 de agosto y el 27 de septiembre)”, agregó que “estuvieron ministros provinciales, representantes de universidades nacionales, decanos, académicos, docentes, cooperadoras escolares, y el ministro de Educación de la Nación por eso ahora, damos continuidad con referentes de las provincias y CABA”.

En primer lugar, la ministra de Educación de Catamarca, Andrea Centurión, agradeció el espacio para exponer y ser protagonistas mas añadió que “este proyecto plasma el trabajo que se ha hecho en el marco del Consejo Federal de Educación y que hoy son una realidad”.

Entre los temas destacados, la funcionaria catamarqueña mencionó que
“se requiere inversión para que estos proyectos sean políticas de Estado porque tenemos el compromiso de los 190 días de clases y que en la gestión pública y privada los alumnos tengan su libro de lengua y matemáticas en la mochila”.

En el tema, Centurión manifestó que “trabajamos en la formación continua de nuestros docentes y el plan alimentario escolar que ha marcado a la ruralidad de nuestra provincia”. “Con aporte del Gobierno nacional, el 60% de las escuelas primarias aumentaron una hora más y han llegado a jornada completa”, indicó.

Después, el director general de Escuelas de Mendoza, José Thomas, indicó que “en los últimos años no se ha visto reflejado en mejoras comparables al aumento en la inversión”, y pidió por un esquema de prioridades respecto a los objetivos.

En esa idea, agregó que “primero cumplamos lo que la ley (vigente)”, solicitó que “primero se invierta en la educación obligatoria y después se le aumente a las universidades”, y cuestionó que la comisión de seguimiento tenga solo 5 representantes de las provincias.

Del mismo modo, el vicegobernador electo de la provincia de Chubut, Gustavo Menna, recordó los años 90 y la falta de financiamiento, y advirtió que “toda asignación tiene que venir con una fuente de financiación muy clara”. “El tema del financiamiento es que la sanciona el Congreso, pero la responsabilidad es de las provincias”, siguió.

“No vemos en el proyecto de ley el aporte nacional para el financiamiento de esta ley y en Chubut aún se superponen espacios físicos. No los estamos viendo y nos puede llevar a repetir esa experiencia”, señaló Menna, y cerró: “Se les dan responsabilidades a las provincias, pero se le quitan recursos como con la quita del Impuesto a las Ganancias mi provincia pierde 30 millones de pesos”.

En representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estuvieron la vicejefa de Gobierno electa, Clara Muzzio, y el legislador Sergio Siciliano. En profundidad, el edil porteño pidió “¿saber de dónde sale ese 8%? Y mirar y en paralelo, el debate del Presupuesto 2024 con una política macro”.

También, recientemente electa, la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, solicitó que “se tome en cuenta a un derecho sobre la salud integral informativa, el ciclo lectivo de 190 días, a la educación como servicio esencial”, y pidió por reformas para una “nueva escuela secundaria”.

El jefe de Gabinete de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Pablo Urquiza, expresó que “este proyecto de ley va en el sentido de tener un proceso constante de preocupación en relación a la educación de nuestra sociedad para fortalecer el rol del Estado, del Ministerio de Educación y de las jurisdicciones”.

Los rectores

El vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Germán Pinazzo, relató que en su casa de altos estudios “tenemos 2,5 hectáreas y un jardín maternal para que estudiantes puedan dejar a sus hijos que se financia con 38 millones de pesos mensuales, lo que representa menos de dos días de lo que CABA gasta en pauta publicitaria”.

El rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Arnaldo Medina, valoró el crecimiento de las casas de altos estudios en el conurbano bonaerense y expresó que “nuestras universidades se están beneficiando de la ley que dispone del 1% del PBI en ciencia y tecnología”

Asimismo, el rector de la Universidad Nacional de Moreno, Hugo Andrade, refirió que “en el siglo pasado la inversión era de 0.5 y ahora se duplicó y se agrandó en 19 universidades que son un capital social en el territorio”.

“Antes se creía que había territorios con derecho y capacidad a tener una universidad y otros que estaban bajo de la línea de pobreza no tenían necesidad de generarla. Fue una decisión acertada”, enfatizó Andrade, y cerró: “Las nuevas universidades garantizan derechos y la movilidad social”.

En representación a los claustros estudiantiles, la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández, expresó: “La primera definición del texto dice que hay consenso de que la educación es un derecho humano fundamental, pero me preocupa que ese consenso esté en riesgo y esté en puja”.

En tal sentido, defendió al proyecto de ley en cuestión y aseveró: “No hay lugar para los váuchers, la educación arancelada y los ataques a la educación pública”.

Con más dureza, la presidenta del Centro de Estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente N° 39 de Vicente López, Sofía Yalj Harteker, cuestionó a la ley debatida y a la anterior por la situación de los centros: “Tenemos que señalar que acá se viene incumpliendo la ley vigente (del 6% del PBI)”.

“No contamos con edificios propios y compartimos otros niveles, tenemos problemas edilicios, no tenemos luz, hay goteras y esto no es algo exclusivo, sino que es moneda corriente de los institutos de la provincia, ya que los gastos caen en la cooperadora y eso es una privatización indirecta”, siguió Herteker.

Para cerrar, consideró que “necesitamos respuestas ahora, no esperar un proyecto de ley para cursar en condiciones”, y cerró:“Otra cuestión es el tema de las netbooks que no se han entregado en el nivel superior en la pandemia y no ocurre ahora y no lo plantea el proyecto de ley”.

Finalmente, el secretario de Evaluación e Información Educativa, Germán Lodola, manifestó que “en un momento donde hay voces que cuestionan la obligatoriedad de la educación, es muy importante que los representantes del pueblo argentino estemos convalidado el sistema educativo”.

Siguió que “Argentina tiene las tasas de escolarización mas alta de América Latina”, y amplió que “tenemos el 95,9 % de escolarización primaria y el 92% en escolarización secundaria”. “La mejor forma de defender esto es mejorando la educación pública a través de la inversión y el financiamiento”, afirmó.

Por último, advirtió que “es una ley institucionaliza el comportamiento del Estado y que no se llegó al 6, pero solo se desvió 0,5 del PBI”, y cerró que “el compromiso lo asume el Estado nacional y así pasa a las jurisdicciones porque siempre es un buen momento para invertir en educación, creemos que no es un problema sino una solución”.

Puntos destacados del proyecto

El texto establece un aumento de la inversión anual durante un plazo de siete años desde un piso del 6% hasta alcanzar, en 2030, el 8% del Producto Bruto Interno (PBI). “Esta inversión estará destinada, en un 6,5 % del PBI, a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años, la educación obligatoria y la educación superior de formación docente, y en un 1,5 % a la educación universitaria”, precisa.

El proyecto también plantea modificar la proporción que realizan el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invirtiendo los porcentajes actuales, de tal manera que el 60% sea financiado por el Estado Nacional y 40% por las referidas jurisdicciones.

En suma, propone la incorporación de los Institutos de Educación Superior, financiados principalmente por las jurisdicciones, diferenciándolos de las Universidades Nacionales, que son financiadas por el Estado Nacional. En este sentido, los Institutos de Educación Superior, y principalmente los de formación docente, se incluyen en el 6,5% destinado a la educación obligatoria y a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años.

Además, incluye la obligatoriedad de la sala de 4 años en el Nivel Inicial, conseguir la alfabetización en la escuela primaria con los agregados del uso de tecnologías de la información y de un segundo idioma, mejorar las tasas de permanencia y egreso, la erradicación del analfabetismo, la ampliación de la conectividad en todas las escuelas con la distribución de dispositivos informáticos y de libros.

“Fijase un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase para los establecimientos educativos de todo el país en los que se imparta Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria, o sus respectivos equivalentes, en todas sus modalidades”, plantea en su articulado.

También se ratifica la vigencia de la Ley Nº 25.053 y sus modificaciones, que establece la creación del Fondo Nacional del Incentivo Docente (FoNID) y del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente.

Asimismo, propone como obligatoriedad generar información pública y accesible, así como también la creación de la Comisión de Seguimiento de la Inversión Educativa, con participación del Congreso de la Nación, integrantes del Consejo Federal de Educación, de las universidades y de los gremios docentes, la cual será responsable del seguimiento de los recursos invertidos y de los programas, actividades y acciones.

Por otro lado, busca implementar un Sistema Nacional de Evaluación que incluya operativos estandarizados y educación formativa, junto con la evaluación de programas educativos, el monitoreo del financiamiento a la educación por parte del Estado Nacional, los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Comisión de Educación de la Cámara de baja, a cargo de la diputada nacional Blanca Osuna -recientemente reelecta-, convocó a una reunión para el próximo miércoles 1ero. de noviembre a las 16.30 en la sala del 2º piso del Anexo “C” para tratar el proyecto de ley sobre financiamiento educativo.

Esta iniciativa fue impulsada por el ministro/candidato Sergio Massa y ya tuvo en Diputados la presencia del titular del Ministerio de Educación, Jaime Perczyk, quien defendió al proyecto y expresó en la primera reunión que “la manera de combatir la pobreza y la desigualdad es con educación, y eso requiere inversión”.

Desde la oposición solicitaron la necesidad de convocar a todos los gobernadores actuales y electos por el artículo que propone invertir los porcentajes entre las provincias y Nación. Para esta reunión, fueron invitadas autoridades jurisdiccionales y organizaciones de estudiantes

Los fundamentos del proyecto

El texto establece un aumento de la inversión anual durante un plazo de siete años desde un piso del 6% hasta alcanzar, en 2030, el 8% del Producto Bruto Interno (PBI). “Esta inversión estará destinada, en un 6,5 % del PBI, a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años, la educación obligatoria y la educación superior de formación docente, y en un 1,5 % a la educación universitaria”, precisa.

El proyecto también plantea modificar la proporción que realizan el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invirtiendo los porcentajes actuales, de tal manera que el 60% sea financiado por el Estado Nacional y 40% por las referidas jurisdicciones.

En suma, propone la incorporación de los Institutos de Educación Superior, financiados principalmente por las jurisdicciones, diferenciándolos de las Universidades Nacionales, que son financiadas por el Estado Nacional. En este sentido, los Institutos de Educación Superior, y principalmente los de formación docente, se incluyen en el 6,5% destinado a la educación obligatoria y a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años.

Además, incluye la obligatoriedad de la sala de 4 años en el Nivel Inicial, conseguir la alfabetización en la escuela primaria con los agregados del uso de tecnologías de la información y de un segundo idioma, mejorar las tasas de permanencia y egreso, la erradicación del analfabetismo, la ampliación de la conectividad en todas las escuelas con la distribución de dispositivos informáticos y de libros.

“Fijase un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase para los establecimientos educativos de todo el país en los que se imparta Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria, o sus respectivos equivalentes, en todas sus modalidades”, plantea en su articulado.

También se ratifica la vigencia de la Ley Nº 25.053 y sus modificaciones, que establece la creación del Fondo Nacional del Incentivo Docente y del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente. Asimismo, propone como obligatoriedad generar información pública y accesible, así como también la creación de la Comisión de Seguimiento de la Inversión Educativa, con participación del Congreso de la Nación, integrantes del Consejo Federal de Educación, de las universidades y de los gremios docentes, la cual será responsable del seguimiento de los recursos invertidos y de los programas, actividades y acciones.

Por otro lado, busca implementar un Sistema Nacional de Evaluación que incluya operativos estandarizados y educación formativa, junto con la evaluación de programas educativos, el monitoreo del financiamiento a la educación por parte del Estado Nacional, los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Luego de aprobar la creación de cinco universidades nacionales en la última sesión -que el Senado ya convirtió en ley-, la Cámara de Diputados avanzó este jueves con otros tres proyectos de este tipo que quedaban pendientes.  

Impulsada por los diputados de Evolución Radical Emiliano Yacobitti y Danya Tavela, recibió media sanción, con 158 votos positivos, 72 votos negativos y 1 abstención, la creación de la Universidad Nacional de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires.

Uno de los artículos de esa iniciativa plantea que “el Poder Ejecutivo queda facultado para gestionar y aceptar del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de las municipalidades comprendidas en su ámbito regional y/o de instituciones públicas y privadas la cesión de bienes muebles e inmuebles que constituirán el patrimonio” de la universidad. 

La otra iniciativa, promovida por la oficialista María Rosa Martínez y aprobada con 150 votos a favor y 82 en contra y 0 abstenciones, es la que propone la creación de la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, con sede central en el distrito de Cañuelas, provincia de Buenos Aires.

“Dada la necesidad de promover social, económica y culturalmente a la zona de asiento de la Universidad y su área de influencia, la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado establecerá sedes en los municipios de la cuenca y privilegiará la implementación de carreras cortas con práctica profesionalizante y ciclos de formación con certificación que respondan a problemáticas y necesidades estratégicas de desarrollo regionales. La propuesta curricular contempla en su desarrollo la enseñanza en aula presencial, virtual sincrónica en formato webinar y virtuales asincrónicas”, establece el proyecto. 

En tercer lugar, a partir de una iniciativa de Blanca Osuna, recibió media sanción con 128 votos positivos, 90 negativos y 12 abstenciones, la creación de la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, la que tendrá su sede central en la ciudad de Paraná.

“La Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz se constituirá sobre la base de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos”, aclara el proyecto y “faculta al Poder Ejecutivo nacional para acordar, por intermedio del Ministerio de Educación de la Nación, con el gobierno de la provincia de Entre Ríos, la transferencia a la nueva universidad de los servicios educativos de la mencionada facultad, sus bienes muebles e inmuebles, su personal directivo, docente y no docente, sus alumnos y sus escuelas preuniversitarias de educación obligatoria y artística”. 

La defensa de la presidenta de la Comisión de Educación

Como miembro informante del oficialismo, la diputada entrerriana Blanca Osuna (FdT) expresó que “saber es poder” porque “implica no solamente ratificar la fortaleza que tiene en Argentina la educación pública, sino ese ida y vuelta entre el conocimiento, la formación y el poder hacerse de herramientas para incidir en el sistema democrático”. 

“Estamos con una educación pública que constituye uno de los principales orgullos, pero no únicamente por su despliegue, sino que el sistema educativo nacional tiene una territorialidad y vastedad que lo distinguen en la región y en el mundo”, ponderó la presidenta de la Comisión de Educación y agregó que eso “nos permite en la comprensión de lo que implica la educación pública hacer uso de una metáfora en lo que ha sido la conformación del Estado Nacional con la educación pública. Ese proceso donde en una primera etapa Argentina necesitó reafirmar identidad e integración, de eso se trató una ley que se debatió la 1420 y, a partir de esa ley, Argentina fue afirmando el sentido de la organización escolar y del sistema”.

La oficialista comentó que “esa definición de escuela primaria, gratuita, laica y libre fue siendo superada con el tiempo y, evidentemente, la educación de niveles superiores, que en principio estaban pensadas para la formación de las élites que lograban gobernar, todo ese proceso se revirtió, pero fue producto de batallas duras, de exigencias, de movilización y, de algún modo, llegamos con una arquitectura normativa que es nuestro orgullo que aprobamos en el Congreso y permitió consolidar el sistema educativo nacional compuesto por niveles obligatorios y nivel superior universitario”. 

“La Argentina es hoy el país que tiene mayores niveles de obligatoriedad respaldado por ley. Las leyes no resuelven los problemas que el propio sistema y la educación padecen, pero sí expresan una votación y responsabilidad y adjudican una tarea”, remarcó Osuna y señaló que la creación de universidades públicas en el país “ha tenido flujos y vaivenes, y este tiempo se han aprobado leyes importantes para la educación como la Ley de Educación Ambiental, de Formación en Enfermería. Avanzamos con leyes para hacer ese aporte a la educación argentina con la creación de universidades”.

En su discurso, la legisladora del FdT desmintió a la oposición de que la creación de universidades es para “centros de adoctrinamiento kirchneristas” y, por el contrario, sostuvo que muestran un “despliegue importante con un compromiso territorial”. Así, detalló que en el año 1983 había 350 mil estudiantes con 28 millones de habitantes y “hoy hay 2 millones y medio de estudiantes universitarios en 40 años; se quintuplicó la cantidad de estudiantes universitarios y hasta el 75% son primera generación de estudiantes de la familia”.

Sobre la creación de la Universidad Cuenca del Salado contó que la sede cabecera estará en Cañuelas, que “es una zona deprimida de la cuenca donde se vinculan más de 30 municipios y el principal desarrollo es la agroindustria y la producción agropecuaria”. “En esa cuenca se producen entre 30% a 40% de granos y la economía se basa en producción avícola, ovina, forestal. El desafío de la educación superior está comprometida con el desarrollo científico y tecnológico que contribuya la atención de toda la problemática socio productiva local y regional”, explicó. 

Y añadió que “actualmente se cuenta con una oferta educativa de nivel secundario, técnico y agro técnico con una extensión de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. La propuesta es planificar condiciones de crecimiento desde las herramientas que brinda la tecnología agropecuaria hasta la comercialización de desarrollo sustentable”.

Al hacer referencia la creación de la Universidad de Saladillo, Osuna contó que “fue presentado en dos oportunidades con una sede central en la ciudad de Saladillo, porque es de fácil acceso y traslado. Se abocará a temáticas con la mejora en los distintos eslabones de la materia productiva a fin de constituirse en referencia para el desarrollo económico regional e involucrará a actores directos de la región”.

Por último, sobre la Universidad Juan Laurentino Ortiz, impulsada por ella y sus pares entrerrianos del oficialismo, precisó que “sintetiza un amplio abanico de historia, expectativas y demandas de una provincia que por años se han reclamado. El tema de la cercanía es clave en la creación de nuevas universidades públicas en el país. Toma el nombre de uno de los más destacados poetas argentinos, sensible y humilde de pueblo. Se realiza sobre la base de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y se entrecruza con tres campos que son el de la formación docente, psicología y salud mental, y el de arte y la cultura. Tiene 42 planes de estudio con 62 carreras de grado y pregrado, 75% de estudiantes que son primera generación universitaria en su familia”. 

Las diferencias dentro de Juntos por el Cambio

Muy crítico, el diputado Maximiliano Ferraro (CC-ARI) apuntó en primer lugar contra Osuna, al confesarse “sorprendido y preocupado” porque la presidenta de la Comisión de Educación “invitó a este pleno a que se viole flagrantemente la Ley de Educación Superior”, al mencionar que la universidad propuesta para Entre Ríos no tiene “los estudios de prefactibilidad” y “las resoluciones del Consejo Interuniversitario Nacional”. “No puede venir a decir que este Congreso puede crear universidades porque sí”, enfatizó. 

El opositor aseveró: “No estoy dispuesto a seguir contribuyendo al simulacro educativo, no estoy dispuesto a mirar para otro lado la verdadera catástrofe educativa que vive nuestro país”. “Hay que decir la verdad, dejar de mentir, ¿ustedes creen que en este contexto de crisis económica, con el dólar a mil pesos o más, con una inflación que va por arriba del 120%, nosotros vamos a garantizar lo que decimos que vamos a garantizar?”, apuntó. 

También en contra, el diputado Alejandro Finocchiaro (Pro) observó que “la universidad Juan Laurentino Ortiz haya sido puesta en votación en una sesión diferente a la Universidad de Ezeiza”, con la cual se realizó “una intervención en una universidad autónoma”. “De facto, el oficialismo pretende quedarse con una universidad, es un golpe universitario”, denunció sobre la nacionalización de esa casa de estudios, que ya es ley, pues se ha votado en el Senado. Y dijo que eso se hizo “para que el señor intendente de Ezeiza ponga sus ampulosas garras sobre algo que no domina”. Mientras que en el caso de la de Entre Ríos, “no tiene revisión de crédito presupuestario, estudio de prefactibilidad y resolución del CIN, es decir, casi nada”, señaló. 

A su turno, la diputada Romina Del Plá (FIT) adelantó: “Aún con una serie de señalamientos, vamos a acompañar la creación de estas tres universidades”. “No es que la no creación de las universidades van a resolver los problemas” presupuestarios que hay en educación, aclaró, al opinar que esos argumentos son “bastante falaces”. Sobre las diferencias a los proyectos, cuestionó que las tres se crean “bajo la Ley de Educación Superior que es la ley menemista para privatizar y mercantilizar”; al tiempo que “no se establece cómo va a ser la contratación de los trabajadores docentes”; y también que se necesita de incremento presupuestario frente al “ajuste en el que estamos”. 

Otra de las oradoras de Juntos por el Cambio en contra de las iniciativas fue Sabrina Ajmechet (Pro), quien arrancó diciendo que “hoy se van a crear acá tres universidades. Hoy, el día que el dólar superó los mil pesos. El día en que tenemos a nuestra ciudadanía gritándonos en la calle”. 

Sobre los argumentos que había dado en los debates en comisión, consideró que no se pueden crear “sin una planificación previa, sin saber en qué provincias era necesario crearlas, sin entender con qué plan de desarrollo, qué recursos humanos hay que formar. Hoy no me da el corazón para repetir esos argumentos técnicos”. 

Para la macrista, “toda la inversión educativa debería ir a sala de 3 y 4 años;  esa es la urgencia de nuestro país, lo sabemos y hay coincidencia”. “Sin embargo, lo que hoy el kirchnerismo nos está llevando a hacer es más populismo educativo”, aseveró. 

Más adelante, desde el mismo interbloque, la diputada Danya Tavela (Evolución Radical) planteó -diferenciándose- que “no hay una competencia entre el sistema de educación superior con el resto del sistema educativo. Tenemos que hablar de un solo sistema, donde coincidentemente todos entienden y comprenden que comienza a los 45 días de vida y se tiene que extender a lo largo de toda la vida”. 

La bonaerense afirmó que la creación de universidades “se trata de una inversión quizás de las más importantes que puede realizar una Nación, porque es precisamente lo que nos permite ser competitivos frente al mundo”. “Vivimos momentos de exclusión, de marginación”, admitió, pero aseguró que “ninguna de esas cuestiones es excusa para no poder dar oportunidades a distintos jóvenes de diferentes provincias”. 

Coautora del proyecto de la Universidad Nacional de Saladillo, defendió que la misma “viene a generar igualdad de oportunidades a los jóvenes y adultos de esa región, arraigo, mejora en la calidad de vida, desarrollo económico, social y humano a una provincia que lo necesita y lo está demandando”. 

En la misma línea, el diputado Emiliano Yacobitti (Evolución Radical) pidió “no ser hipócritas”. Por un lado, habló de que “en el sistema universitario se está haciendo un ajuste por inflación de casi el 50%” y “el presupuesto tuvo cero de actualización desde que arrancó el año”. Tras darle la razón a su par Finocchiaro sobre lo sucedido con la Universidad de Ezeiza -afirmó que se trató de una “intervención”-, el porteño planteó que quería “desmitificar” la idea de que “se crean universidades para quienes no lo necesitan y que por invertir en la educación superior estamos desfinanciando a la educación inicial y media”. 

“Tenemos que dejar de decir que los que proponemos crear universidades creamos trincheras para que se refugien los que pierden gobiernos o despilfarramos recursos porque están cerca de otras universidades”, resaltó el vicerrector de la UBA y lanzó una crítica hacia el Gobierno porteño: “En la Ciudad de Buenos Aires donde está la universidad más grande y prestigiosa de la Argentina se creó la UniCABA, y tiene el doble de presupuesto por alumno que la UBA. Y se está normalizando ahora porque justamente se está por cambiar el jefe de Gobierno”. Entonces, a continuación, reclamó tener “honestidad intelectual de decir las cosas como son”.

El radical pidió “dejarse de jorobar” porque el sistema universitario “es de las pocas cosas en las que Estado funciona bien”. 

Última oradora del debate, la bonaerense María Rosa Martínez (FdT) enfatizó que “es para celebrar la creación de nuevas universidades”. “La proporción de habitantes por universidad está lejos de la media deseable”, señaló y sobre la creación de la Universidad de Cuenca del Salado, detalló que “abarca a 30 municipios de la provincia” y ofrecerá “carreras cortas que puedan terminar con prácticas profesionalizantes, tecnicaturas, licenciaturas y tiene la posibilidad de desarrollar investigación vinculada a la actividad agrícola ganadera y también la enfermería”. 

Al recordar que este proyecto ya había sido presentado en 2015, 2020 y 2021, la oficialista destacó que será para los jóvenes de ese área de influencia “la gran oportunidad de formarse donde viven”. “Es cierto lo que ocurre con las universidades que hemos creado en estos últimos años, principalmente en los gobiernos de Néstor y Cristina (Kirchner), y las cinco de la última sesión: han posibilitado que hijos de trabajadores y trabajadoras, en un 80%, sean quienes habiten y demanden las carreras que están en marcha”, ponderó. 

Al término de la segunda reunión informativa para debatir el proyecto de ley de Financiamiento Educativo, en la Comisión de Educación, la diputada nacional Romina Del Plá (Partido Obrero) postuló tres preguntas para con los rectores de universidades y los ministros provinciales.

En ese punto, Del Plá le preguntó a Juan Pablo Lichtmajer, ministro de Educación de Tucumán, respecto de los resultados de la Educación Sexual Integral (ESI) e ironizó que “existe hace 16 años, pero ustedes la aplican hace uno”.

También, se refirió al paro docente convocado por el SUTEF en la provincia de Tierra del Fuego; y a los rectores les consultó “si están dispuestos a cumplir el Convenio Colectivo de Trabajo de la docencia universitaria, que hace que la mayoría de los trabajadores trabaje casi gratis”.

Tras ello, la presidenta de la Comisión de Educación, Blanca Osuna, contestó: “La convocatoria está relacionada a un proyecto de ley, esto es especifico y diría que eso debe formar parte de otro tenor de reunión”. “Usted sabe que respeto su inquietud y las valoro, pero quiero ser respetuosa de la temática”, remarcó.

Sin embargo, Rubén Soro, rector de la Universidad Tecnológica Nacional se refirió al tema y explicó: “El Convenio Colectivo de Trabajo es ley y está por encima de cualquier estatuto de universidad”.  “Ustedes deben aprobar este proyecto para garantizar el financiamiento y por tu tono debes ser de un espacio progresista”, aseveró.

Finalmente, Soro arremetió: “Ustedes, los políticos, están siendo acusados de ser casta, y nosotros los rectores, somos catalogados de adoctrinadores”. “Ustedes no son casta, son representantes del pueblo, y nosotros no somos adoctrinadores”, cerró.

La Comisión de Educación, presidida por la diputada nacional Blanca Osuna (FdT), convocó a una reunión informativa para este miércoles 4 de octubre a las 13.30 para continuar el debate sobre el proyecto de ley sobre Financiamiento Educativo.

Esta convocatoria será la segunda reunión informativa sobre el tema, tras la exposición del ministro de Educación, Jaime Perczyk, del miércoles pasado donde explicó los principales lineamientos del proyecto que envió junto al ministro/candidato Sergio Massa.

El titular del Palacio Pizzurno había afirmado que esta ley toma en cuenta antecedentes como la 26.055, de Financiamiento Educativo, “que a nuestro juicio es un éxito para la Argentina. La educación argentina ha conseguido que el 98% de los chicos vayan al jardín en la sala de 5, cuando antes de votar la ley era del 75%, y ese 25% que la Argentina logró en provincias en las que los mapas políticos están pintados de distintos colores. La Argentina lo logró”.

El proyecto

El texto establece un aumento de la inversión anual durante un plazo de siete años desde un piso del 6% hasta alcanzar, en 2030, el 8% del Producto Bruto Interno (PBI). “Esta inversión estará destinada, en un 6,5 % del PBI, a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años, la educación obligatoria y la educación superior de formación docente, y en un 1,5 % a la educación universitaria”, precisa.

El proyecto también plantea modificar la proporción que realizan el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invirtiendo los porcentajes actuales, de tal manera que el 60% sea financiado por el Estado Nacional y 40% por las referidas jurisdicciones.

En suma, propone la incorporación de los Institutos de Educación Superior, financiados principalmente por las jurisdicciones, diferenciándolos de las Universidades Nacionales, que son financiadas por el Estado Nacional. En este sentido, los Institutos de Educación Superior, y principalmente los de formación docente, se incluyen en el 6,5% destinado a la educación obligatoria y a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años.

Además, incluye la obligatoriedad de la sala de 4 años en el Nivel Inicial, conseguir la alfabetización en la escuela primaria con los agregados del uso de tecnologías de la información y de un segundo idioma, mejorar las tasas de permanencia y egreso, la erradicación del analfabetismo, la ampliación de la conectividad en todas las escuelas con la distribución de dispositivos informáticos y de libros.

“Fijase un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase para los establecimientos educativos de todo el país en los que se imparta Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria, o sus respectivos equivalentes, en todas sus modalidades”, plantea en su articulado.

También se ratifica la vigencia de la Ley Nº 25.053 y sus modificaciones, que establece la creación del Fondo Nacional del Incentivo Docente y del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente. Asimismo, propone como obligatoriedad generar información pública y accesible, así como también la creación de la Comisión de Seguimiento de la Inversión Educativa, con participación del Congreso de la Nación, integrantes del Consejo Federal de Educación, de las universidades y de los gremios docentes, la cual será responsable del seguimiento de los recursos invertidos y de los programas, actividades y acciones.

Por otro lado, busca implementar un Sistema Nacional de Evaluación que incluya operativos estandarizados y educación formativa, junto con la evaluación de programas educativos, el monitoreo del financiamiento a la educación por parte del Estado Nacional, los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, a cargo de la oficialista Blanca Osuna, recibió al ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, quien explicó los principales conceptos del proyecto de ley sobre fortalecimiento educativo y respondió consultas de los legisladores.

Una vez iniciada la reunión, Osuna sintetizó los puntos más destacados del proyecto y expresó que “Argentina es un país federal y eso está en permanente construcción”. Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Educación, el diputado nacional Alejandro Finocchiaro (Pro), sostuvo que “nos tenemos que dar un plan de trabajo que incluya la opinión de especialistas en educación”.

En su intervención ante la comisión, Jaime Perczyk planteó las premisas que establece la iniciativa del Poder Ejecutivo: “Queremos que todos los chicos vayan al nivel inicial; que terminen su primaria aprendiendo lo que tienen que aprender; que todos vayan a la secundaria. Tenemos que lograr que haya 190 días de clases efectivas, y todo eso requiere un esfuerzo, seguimiento y compromiso”.

“El camino que está discutiendo el mundo, y nosotros, es que la manera de combatir la pobreza y la desigualdad es con educación, y eso requiere inversión. Y eso propone la ley. Una ley que es perfectible, que plantea el esfuerzo que queremos y tenemos que hacer”, remarcó el ministro.

El titular del Palacio Pizzurno sostuvo que esta ley toma en cuenta antecedentes como la 26.055, de Financiamiento Educativo, “que a nuestro juicio es un éxito para la Argentina. La educación argentina ha conseguido que el 98% de los chicos vayan al jardín en la sala de 5, cuando antes de votar la ley era del 75%, y ese 25% que la Argentina logró en provincias en las que los mapas políticos están pintados de distintos colores. La Argentina lo logró”.

Para el ministro, el proyecto es “perfectible, con metas que creemos justas” y que a continuación enumeró, partiendo con la que tiene que ver con los 190 días de clases. “Hace 5 o 6 años hablábamos del incumplimiento de los 180 días. Todos estamos peleando por cumplir con los 190 días: más días de clases, con la presencia en la escuela de los chicos y chicas y los docentes”, dijo, advirtiendo sobre la necesidad de “establecer mecanismos institucionales para que eso se cumpla”.

“También proteger la paritaria nacional docente, que está en una ley, donde fijamos el mínimo inicial que ha logrado empujar los salarios docentes a la mejora, con un esfuerzo grande de las provincias y Nación”, dijo, y precisó: “En el salario inicial de los maestros, hoy la Nación participa con el 14,3%, con lo que ayuda al esfuerzo que hacen las provincias. Y creemos que hay que seguir mejorándolo”.

La ley tiene una meta que es la puesta en marcha de jardines maternales de 45 días a 3 años, sobre todo en los sectores populares, los que más necesitan. “Si no logramos resolver el cuidado de los chicos y el trabajo de las mamás, reproducimos un círculo que tenemos que romper”, precisó.

Al respecto dijo que la ley se propone la construcción de jardines para la escolaridad plena de los chicos de 4, y las salitas de 3. “Proponemos universalizarlos, que todo aquellas mamás y papás que necesiten una salita, la tengan. No estamos proponiendo que sea obligatoria, sino universal, que todo aquel que lo necesite lo encuentre”, remarcó.

Perczyc contó que en el año inicial los chicos deben tener un libro de lectura y que hay que comenzar a ir a un ciclo de alfabetización inicial, desde el nivel inicial hasta el primer ciclo de la escuela primaria que asegure “que los chicos terminen con la alfabetización inicial completa, la comprensión lectora, su primer acercamiento a la matemática”.

La palabra de los diputados

Del mismo modo, Finocchiaro -exministro de Educación durante el macrismo- manifestó que “para nosotros es muy importante, como espacio político, hablar de algo tan trascendente”. “En esta ley se establece una fórmula que está bien, pero implica comprometer recursos de las provincias. Debemos saber que opinan”, remarcó.

Además, sostuvo que “siempre debemos saber de dónde va a salir el dinero porque si no nos engañamos a nosotros mismos”, y añadió que “es muy importante conformar ese plan de trabajo y es importante que todas las provincias se expresen a lo que el oficialismo llama paritaria nacional docente”.

Al respecto, la diputada nacional Romina Del Plá (FIT) expresó: “Está claro que la docencia y las familias hacen enormes esfuerzos para el sostenimiento de la educación y prevalece la idea de insatisfacción”. “Desde la parte gubernamental pareciera que se invierte un montón, pero la realidad es diferente”, señaló.

Para Del Plá, muchos de los lineamientos del proyecto, “podrían implementarse de inmediato sin la necesidad de ser una ley”. Además, cuestionó que “del 2006 al 2020, solo en tres años se cumplió la inversión del 6% del PBI”, y agregó que “hay temas como la Educación Sexual Integral (ESI) debería implementarse ahora”.  

En tal sentido, sostuvo que “sistemáticamente se coloca la responsabilidad sobre los docentes y el problema tiene que ver con las políticas de vaciamiento que llevaron adelante”. “Hay escuelas que rotan en burbujas por las faltas de aulas y no se puede seguir prorrogando las necesidades de escuelas que llevan a este hacinamiento”, indicó.

Desde Juntos por el Cambio, la diputada nacional Danya Tavela (Evolución Radical) consideró: “Creo que es importante seguir debatiendo y trabajar en fortalecer, pero me hubiese gustado que este proyecto no llegara en época electoral”.

Por otro lado, observó positivamente “discutir políticas que trasciendan gobiernos”, y agregó: “Agregaría responsabilidades en compromisos al incumplimiento para atender las demandas que tenemos en este mundo de tanto cambio”.

Llegado el turno del diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica – ARI), este aseveró que “no podemos omitir en el debate de este tipo de leyes que son cíclicas y se pensaron con expansión económica (por la aprobada en 2005) y esta será de características con una retracción económica”.

“Estamos con déficit fiscal y una inflación del 140 anual. sin ánimo de chicana, si no pudimos cumplir los objetivos del 2005, donde no se llegó a ese 6%, ahora debemos ver como se resuelven las inequidades fiscales y que se cumplan los 190 días de clases”, añadió Ferraro.

En contraposición, la diputada nacional Susana Landriscini (FdT) respondió que “recibimos una herencia muy pesada con la deuda y estamos pagando un 4,5 por ciento del PBI para pagar la deuda que ustedes nos dejaron”. “Si tuviéramos ese dinero haríamos maravillas”, señaló.

A su turno, la diputada nacional Sabrina Ajmechet (Pro) afirmó que “sin educación no hay oportunidades”, pero aseveró: “Nos tenemos que hacer cargo de la situación y esto lo hacemos en el mayor momento de crisis educativa sin tener en cuenta el contexto actual”.

“Celebro que pasemos de 180 a 190 días de clases, pero lo hace el Gobierno que mantuvo dos años las escuelas cerradas. Los padres están desesperados porque sus hijos no reciben la educación que ellos tuvieron hace 20,30 o 40 años”, remarcó.

Finalmente, al igual que Finocchiaro, pidió que los gobernadores electos y actuales sean invitados para que “entre todos hagamos una ley que no sea una farsa y una falta de respeto y que sea una ley que ayude a mejorar la educación”.

El presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja, Germán Martínez, sostuvo que “es esperanzador discutir sobre educación en Cámara de Diputados”, y agregó que “todo lo que hicimos en educación en el gobierno de Néstor Kirchner iban en este sentido”.

“Hoy la ley de Financiamiento Educativo tiene un consenso más grande y cuesta encontrar la idea de que las cosas que se plantearon en el 2005 se cumplieron al 0 a 100% cuando hay peldaños porque nosotros estamos por cuatro años y nos toca legislar más allá de nuestro período y lo que aportamos lo vemos como logros en 12 o 15 años más adelante”, analizó.

Para cerrar, destacó que “muchas de las cosas que vamos a plantear vamos a tardar para verlas concretadas y sean motivo de evaluación final”, y cerró con autocritica a toda la Cámara de Diputados: “Los alumnos volvieron a clases antes que los diputados volvamos al recinto”.

El cierre de Perczyk

Para finalizar la reunión, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, remarcó que “nosotros queremos garantizar que los chicos estudien con libros y eso requiere acuerdos de esta cámara y el Senado”. Asimismo, resaltó que “hubo una inversión de 24 millones para la compra de 10 millones de libros”.

“La salida es invirtiendo en educación. Multiplicamos los universitarios por siete y debemos mejorar una gran cantidad de cosas, pero hay logros”, sostuvo Perczyk, y agregó que “en el año 83 de 10 chicos, 4 no iban a la secundaria, y después de 40 años, el 94 por ciento de sus pibes en la secundaria”.

Además, remarcó que, de la premisa de cumplir los 6 puntos del PBI, “durante el período 2015-2019 bajó un 0,66, mientras que en nuestro gobierno solo 0,3”. “No es verdad que no se cumplen los objetivos”. Hay 350.000 alumnos universitarios y la Argentina logró recuperar a los pibes que se desvincularon de la escuela, no todos los países lo han hecho”, concluyó.

El proyecto

El texto establece un aumento de la inversión anual durante un plazo de siete años desde un piso del 6 por ciento hasta alcanzar, en 2030, el 8 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI). “Esta inversión estará destinada, en un 6,5 por ciento del PBI, a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años, la educación obligatoria y la educación superior de formación docente, y en un 1,5 por ciento a la educación universitaria”, detalla.

El proyecto también plantea modificar la proporción que realizan el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invirtiendo los porcentajes actuales, de tal manera que el 60 por ciento sea financiado por el Estado Nacional y 40 por ciento por las referidas jurisdicciones.

Del mismo modo, propone la incorporación de los Institutos de Educación Superior, financiados principalmente por las jurisdicciones, diferenciándolos de las Universidades Nacionales, que son financiadas por el Estado Nacional. En este sentido, los Institutos de Educación Superior, y principalmente los de formación docente, se incluyen en el 6,5 por ciento destinado a la educación obligatoria y a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años.

Además, incluye la obligatoriedad de la sala de 4 años en el Nivel Inicial, conseguir la alfabetización en la escuela primaria con los agregados del uso de tecnologías de la información y de un segundo idioma, mejorar las tasas de permanencia y egreso, la erradicación del analfabetismo, la ampliación de la conectividad en todas las escuelas con la distribución de dispositivos informáticos y de libros.

“Fijase un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase para los establecimientos educativos de todo el país en los que se imparta Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria, o sus respectivos equivalentes, en todas sus modalidades”, plantea en su articulado.

También se ratifica la vigencia de la Ley Nº 25.053 y sus modificaciones, que establece la creación del Fondo Nacional del Incentivo Docente y del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente. Asimismo, propone como obligatoriedad generar información pública y accesible, así como también la creación de la Comisión de Seguimiento de la Inversión Educativa, con participación del Congreso de la Nación, integrantes del Consejo Federal de Educación, de las universidades y de los gremios docentes, la cual será responsable del seguimiento de los recursos invertidos y de los programas, actividades y acciones.

Por otro lado, busca implementar un Sistema Nacional de Evaluación que incluya operativos estandarizados y educación formativa, junto con la evaluación de programas educativos, el monitoreo del financiamiento a la educación por parte del Estado Nacional, los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Finalmente la Cámara de Diputados avanzó con la media sanción de cinco nuevas universidades nacionales. Fue en el marco de un debate en el que el oficialismo y diputados de Evolución Radical realizaron una enfática defensa de esas nuevas casas de altos estudios, pero desde Juntos por el Cambio diputados como Maximiliano Ferraro y Alejandro Finocchiaro lanzaron durísimas críticas contra la creación de esas nuevas universidades.

Para el presidente de la Coalición Cívica, en el oficialismo “omiten el peor diagnóstico que es la catástrofe educativa que estamos atravesando en estos años de democracia”, mientras que el exministro de Educación y actual diputado del Pro lanzó durísimas críticas, sobre todo contra el proyecto que transforma en nacional la Universidad Provincial de Ezeiza, infringiendo a su juicio la Ley de Educación Superior al reemplazar a las autoridades designadas por esa casa en 2019, “violando con ello la autonomía universitaria”.

Durante el debate, la diputada Romina del Plá celebró con respecto a la Universidad de Madres de Plaza de Mayo que se  hubiera solucionado uno de los problemas que se habían planteado como crítica durante el debate en comisión, que tenía que ver con la inclusión de representantes de las Madres en el Consejo Superior de esa casa de altos estudios. Lo cual había generado cuestionamientos por alterar lo que establece la Ley de Educación Superior. En ese sentido, Del Plá contó que se había modificado el artículo que generaba polémica.

Los proyectos se debatieron en el marco de un único debate, pero cada uno tuvo su propia votación. Estos fueron los resultados de cada universidad:

• Delta: 139 votos afirmativos, 74 negativos, una abstención
• Pilar: 139 votos afirmativos, 75 negativos, una abstención
• Ezeiza: 126 votos afirmativos, 89 negativos, ninguna abstención
• Madres de Plaza de Mayo: 132 votos afirmativos, 82 negativos, ninguna abstención
• Río Tercero: 155 votos afirmativos, 58 negativos, ninguna abstención

Todas las votaciones contaron con el apoyo del Frente de Todos, sus aliados de Provincias Unidas, el interbloque Federal y la izquierda. Evolución apoyó en el caso de la Universidad de Pilar, salvo el caso de Rodrigo De Loredo, el radical Sebastián Salvador y Margarita Stolbizer. De Loredo sí votó a favor en el caso de la Universidad del Delta.

A la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, el único de Juntos por el Cambio que votó a favor fue Emiliano Yacobitti.

El debate

Miembro informante del proyecto de creación de cinco nuevas universidades, la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara baja, Blanca Osuna, remarcó este martes que “estamos creando instituciones únicas”, y aclaró que “este no es un acontecimiento universitario o académico; estamos creado instituciones en función de un derecho”.

“Por Constitución nacional, por la Ley de Educación Superior, estamos hablando de un derecho que es un bien público que requiere la garantía del Estado”, explicó.

La diputada entrerriana recordó las dificultades que tuvo esta iniciativa para ser aprobada el año pasado. “Todos tenemos memoria y sabemos lo que ha pasado en otras sesiones en las que nos quedamos con las ganas”, señaló, admitiendo que “hay quienes se oponen y las razones las hemos escuchado en la comisión: que hay niños que no tienen acceso al jardín de 3 años; que no todos los chicos terminan el secundario en tiempo y forma… De ninguna manera esas razones se contraponen y aparecen como un argumento ni fáctico, ni teórico, ni pragmático. Son razones para escaparle a esa responsabilidad”.

Osuna agrego a las críticas una sobre un supuesto “gasto excesivo o desordenado”, ante lo cual enfatizó que “responder a la creación de estas instituciones es una interpelación que nuestras propias comunidades nos hacen”.

Blanca Osuna recordó que ocho son los proyectos para crear nuevas universidades. “Vamos hoy con cinco de ellos y queremos comprometernos a ir por las tres universidades faltantes”.

La presidenta de la Comisión de Educación resaltó el valor de crear instituciones educativas de nivel superior, le agregó el haber ingresado a la Cámara un proyecto de ley de financiamiento educativo, como así también remarcó que “estamos frente a ese desafío que nos plantea la posibilidad de formar ciudadanía y aportar a cada una de las comunidades donde están las universidades que van a crear”.

Tras admitir que “hay que acompañar con recursos” la creación de estas universidades, dio un pantallazo comparativo de nuestro país con la región en la materia, al señalar que en Argentina hay una universidad cada 350 mil habitantes; en Colombia hay una cada 177 mil habitantes; en Brasil una cada 145 mil; y en México una cada 105 mil habitantes.

Agregó que en nuestro país hay 15 millones de estudiantes en todos los niveles y modalidades, para recordar luego que en el Senado aguarda una media sanción que tiene mucho que ver con la creación de universidades, como la ley que respalda a las Becas Progresar para su continuidad y fortaleza como política de Estado. Con todo, admitió que “la beca no resuelve la problemática por sí misma”.

Tras advertir que “quienes se resisten a estas creaciones darán cuenta ante la historia”, dio detalles de cada una de las universidades a ser creadas, apuntando cuántas veces se presentaron proyectos para ello: la del Delta, en seis oportunidades; la de Pilar, 10 veces; la de Ezeiza, 9; la de Río Tercero, 3 veces; y la de Madres de Plaza de Mayo, 4 veces.

“Populismo y desparpajo educativo”

Desde la otra vereda  habló el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien expuso un discurso muy crítico  hacia la creación de nuevas universidades, y habló de “más populismo y desparpajo educativo”.

“Porque hoy estamos viniendo a crear cinco universidades; tres esperan en la gatera. Y como si nada pasara, desentendiéndose esta Cámara de Diputados de los problemas más urgentes que hoy atraviesan a la educación obligatoria, pero que también hacen a la calidad de la educación superior. “Bajo un relato rimbombante, vamos a ampliar la posibilidad de la educación superior en la Argentina, pero omiten el peor diagnóstico que es la catástrofe educativa que estamos atravesando en estos años de democracia y la retracción económica que ha disparado la inflación a 3 dígitos”, advirtió el legislador nacional.

Ferraro pidió al oficialismo que “dejen de mentir, porque han mandado un presupuesto educativo que reduce la infraestructura escolar y las políticas universitarias, en las escuelas técnicas, en la construcción de jardines infantiles, y un 52% en una política que es la de evaluación”.

Y advirtió sobre “la decisión administrativa del ministro candidato en ejercicio del Poder Ejecutivo (SIC) que redujo en 50 mil millones el presupuesto educativo”.

A su turno, la diputada nacional Danya Tavela (Evolución Radical) expresó que “el 74% de los graduados son primer universitario de su familia”. “No hay competencia alguna entre los niveles de educación universitaria y la obligatoria”, expresó en favor de la creación de las cinco casas de altos estudios.

Además, manifestó que “los porcentajes de abandono de la educación obligatoria no justifican que los niveles tienen trayectos distintos”, y amplió: “Los trayectos deben garantizar la esencialidad de la educación y su expansión para garantizar la igualdad de oportunidades”.

Hizo una objeción sobre la conversión en carácter de provincial a nacional de la Universidad de Ezeiza: “Propongo una modificación para respetar a las autoridades por los claustros electos en 2019”. Asimismo, cerró: “Las oportunidades solo son oportunidades si se las asume como responsabilidades porque las universidades son para construir futuro”.

A su turno, la autora del proyecto de creación de la Universidad de Río Tercero, la diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning, sostuvo que “nuestra ciudad nunca bajó los brazos”, y agregó que “esto es una reparación histórica para nuestra ciudad”, en alusión a las explosiones de Río Tercero que dejó 7 víctimas fatales.

“Fuimos tierra arrasada, pero hoy los riotercerenses tienen voz y voto porque la educación es la herramienta transformadora de pueblos”, señaló. “Nuestro pueblo decidió que la educación sea quien devuelva los sueños. Esto es un agradecimiento para todos aquellos que nos apoyaron”, cerró.

“Una universidad no es una guarida”

Como dijimos, el diputado nacional Alejandro Finocchiaro cuestionó que el proyecto de la Universidad de Ezeiza busque “violar su autonomía y no respetar a las autoridades elegidas en el 2019”. “El Centro de Estudiantes pidió que se respeten las autoridades”, remarcó.

Además, el exministro de Educación de la Nación expresó: “Esta creación es, básicamente, a pedido de Massa para que el intendente de Ezeiza tenga bajo sus garras a una universidad”. Del mismo modo, agregó: “Una universidad no es una guarida, no puede ser un local partidario, es donde se dan los debates del conocimiento y son para luchar contra los totalitarismos”.

Asimismo alertó que “van a encender una chispa entre sus propios rectores, por eso vamos a sostener nuestra oposición al proyecto”, y cerró efusivamente: “Sepa su bancada, sepa el oficialismo y sepa el kirchnerismo que con la Constitución Nacional en la mano nos vamos a rebelar en las aulas y en las calles y no van a violar las autonomías universitarias”.

A su turno, la diputada Romina del Plá (FIT-PO) anticipó su voto a favor de “la creación y la transformación de dos universidades que ya funcionan en universidades nacionales”, pero explicó el por qué de su disidencia parcial en los dictámenes. En ese sentido, cuestionó que estas universidades “se crean bajo la Ley de Educación Superior, que es una ley aprobada bajo el menemismo, que ha sido un vehículo de mercantilización brutal de la educación universitaria” y “nunca se la modificó, a pesar de que es un reclamo masivo de la docencia y de los estudiantes”.

También dijo que no compartía que “se proceda a crear universidades sin ser taxativos en que deben regirse bajo el convenio colectivo de los trabajadores docentes de universidades”. Por otra parte, celebró que se modifique un aspecto de debate sobre la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo, referido a la conformación del Consejo Superior de la institución: “Nos parece que es importante para que no haya ninguna violación de la autonomía universitaria”.

En el arranque de su discurso, el diputado José Luis Espert (JxC-AL) lamentó que “Argentina ha pasado de ser el faro de la educación latinoamericana a la catástrofe de ser uno de los países con menores graduados de la región”. “Apenas menos de la mitad de los estudiantes secundarios llegan a completar los estudios en tiempo y forma” y “el 86% de los jóvenes entre 25 y 29 años no logró avanzar más allá del secundario”, apuntó.

Muy crítico de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, el liberal recordó que el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo “nació por Ley 26.995, promulgada por el delincuente de Amado Boudou el 22 de octubre 2014”. Se trató de la “estatización de lo que se llamaba Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, que obedeció al intento de apaciguar el escándalo de corrupción que era la fundación Madres de Plaza de Mayo cuando la dirigían Hebe de Bonafini y el parricida Sergio Schoklender”, disparó, lo que generó silbidos dentro del recinto.

El legislador señaló que en ese momento “se estatizaron deudas por 200 millones de pesos, a precio de 2014 y empleados que son claramente militantes rentados del oficialismo”. “Es otro curro de la multiprocesadora y condenada Cristina Kirchner y Sergio Massa”, lanzó. Luego, detalló que de acuerdo a la propia página de la institución, “en el 2022 solo egresaron 85 estudiantes”. “Nació como un antro de corrupción kirchnerista y por lo visto lo sigue siendo”, agregó Espert.

En el tramo final del debate, la cordobesa Gabriela Estévez (FdT), quien también presentó un proyecto para la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero, resaltó que el próximo 3 de noviembre se cumplirán 28 años del atentado contra la Fábrica Militar, que dejó un saldo de “siete personas muertas, más de 300 personas heridas y una ciudad devastada por la onda expansiva de la explosión”.

“El principal responsable político de aquel atentado murió en la impunidad, gozó de impunidad hasta el día de su muerte”, subrayó en referencia al expresidente Carlos Menem. Luego sostuvo que “la gran deuda pendiente que aún sigue teniendo el Estado argentino con la comunidad de Río Tercero es la reparación” y “la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero es un importante paso en ese sentido”.

En un mensaje contra la oposición, la camporista criticó que “vienen por la privatización de la educación pública y el arancelamiento de las universidades”. “Para la derecha y la extrema derecha que han bloqueado durante meses el tratamiento de la Universidad de Río Tercero la educación no es un derecho, sino un privilegio”, agregó.

Cerró el debate la diputada Alicia Aparicio (FdT), quien recordó que el proyecto de creación de la Universidad Nacional del Delta fue presentado por Sergio Massa y ella como cofirmante. “Para nuestra región es un hecho verdaderamente histórico; fueron años de estudio e investigación en terreno, no son la improvisación ni el capricho de uno u otro intendente”, remarcó.

Sobre los distritos de Tigre, San Fernando y Escobar, precisó que “ en conjunto poseemos un millón de habitantes aproximadamente” y “83 mil alumnos de nivel secundario”. “Es una zona de importante crecimiento productivo, que aporta al producto interno de la provincia el 4,79% y el 1,51% al PBI del país”, destacó.

La oficialista indicó que la futura casa de altos estudios tendrá “una clara orientación de carreras que serán vitales para la importancia del futuro de la industria 4.0”. “Llegar a una carrera universitaria sin duda beneficia a quien la puede realizar, pero más beneficia a la comunidad toda. Y esta es la premisa fundamental que obliga a los Estados de manera solidaria a financiar la educación superior”, expresó.
“En un contexto donde se vuelve a instalar la idea retrograda de la universidad para pocos, idea que a poco de analizar atrasa, es importante que los jóvenes y las familias argentinas no se dejen arrebatar su futuro”, advirtió.

Aparicio apuntó además que “Argentina cuenta con 132 universidades entre públicas y privadas, 348 mil habitantes por universidad”. “Si comparamos, en la región nos encontramos que estamos muy por debajo: en el caso de Colombia 175 mil habitantes por universidad, México 108 mil, Brasil 165” y en el caso de países desarrollados, “Estados Unidos con 102 mil, Japón con 117 mil, Francia 110 mil y España 176 mil”, repasó y completó: “Apostar a la creación de universidades nacionales, públicas, gratuitas y de calidad es apostar a acompañar el desarrollo futuro del país y a la movilidad social ascendente”.

Características de las universidades en marcha

Universidad Nacional del Delta, que comprenderá a los partidos de Tigre, Escobar, San Fernando y su zona de influencia en la provincia de Buenos Aires.

El proyecto había sido presentado por Sergio Massa y Alicia Aparicio (FdT).

El proyecto establece que las carreras que se dicten estarán orientadas principalmente a las ciencias vinculadas al turismo, la cultura, el desarrollo humano, el medio ambiente y la producción, con acento en temáticas asociadas a la tecnología, biotecnología, biomecánica, ingeniería, robótica, inteligencia artificial, seguridad informática, neuropsicología, ciencias del comportamiento, marketing digital, ciencias de la gestión, entre otras.

Universidad Nacional de Pilar, a partir de proyectos presentados por María Rosa Martínez (FdT) y Ramiro Gutiérrez (FdT).

Establece, en un artículo similar al que plantean todos los proyectos que van en este sentido, que la universidad “planificará la articulación de sus carreras para evitar la superposición de su oferta académica a nivel geográfico con las de universidades ya instaladas en la región”.

Universidad Nacional de Ezeiza. El proyecto fue presentado por la exdiputada y actual ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz (FdT).

En este caso se trata de cambiar el estatus de la institución ya existente. “Formará parte de la Universidad Nacional de Ezeiza la actual Universidad Provincial de Ezeiza. A tal fin, se faculta al Poder Ejecutivo nacional para celebrar convenio, por intermedio del Ministerio de Educación de la Nación, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, para la transferencia a la nueva universidad de los bienes muebles e inmuebles de la universidad provincial, los servicios educativos que se acuerden, el personal docente y no docente, y sus alumnos/as”, indica.

Universidad Nacional de Río Tercero, a partir de proyectos presentados por las diputadas Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical) y Gabriela Estévez (FdT).

Establece que las carreras que dictarán estarán relacionadas “a las áreas vinculadas a los sectores productivos de bienes y servicios de la economía regional, a la actividad desarrollada en el Parque Industrial Río Tercero y zonas de influencia y las demandas de la comunidad universitaria”.

Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, que tendrá su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propuesta por Hugo Yasky (FdT).

La iniciativa establece que los contenidos de los planes de estudio “estarán orientados en la defensa, promoción y protección para el ejercicio efectivo de los Derechos Humanos”.

El 7 de septiembre de 2005 el Senado sancionó la Ley 26.058. Previamente, habíamos dado tratamiento y aprobación en la Cámara de Diputados. Y finalmente culminó promulgada por el presidente Néstor Kirchner.

Néstor puso a la educación como política de Estado y como prioridad dentro de un proyecto de país con inclusión y justicia social. Esa decisión la construyó desde el inicio de su gestión yendo a Paraná. Y después promoviendo leyes que definieron una arquitectura normativa clave: Ley de Fondo Nacional de Incentivo Docente, Ley de Garantía del Salario Docente, Ley de Financiamiento Educativo, Ley de Educación Nacional y Ley de Educación Sexual Integral.

La Ley de Educación Técnico Profesional fijó un piso de inversión y un Fondo obligatorio para la jerarquización de la formación técnica, para el desarrollo de la investigación y las tecnologías, y para la creación de trabajos en la industria. De esa inversión, entre el 2016 y el 19 apenas fue ejecutado el 0,2 %.

A 18 años compartimos memoria. Y tenemos el desafío de decidir en octubre si queremos profundizar estas políticas educativas, y ampliar derechos a las y los estudiantes y a la comunidad o clausurar esa posibilidad y liquidar el futuro. Está en nuestras manos.

La diputada nacional entrerriana Blanca Osuna (Frente de Todos) celebró lo realizado en la sesión de la Cámara baja de esta semana, destacando las características de las normas aprobadas.

“La sanción del Sistema Integral de Cobertura y Promoción de créditos hipotecarios brinda soluciones al desastre provocado durante el macrismo. Ilusionaron a argentinas y argentinos con el sueño de la vivienda y dejaron pesadillas en miles de familias, con un endeudamiento atroz, similar al que dejaron en el país”, sostuvo la diputada.

Agregó al respecto que “establecimos la regularización de las cuotas, atadas a la remuneración promedio (RIPTE), para que cuando el salario supera la inflación se abona el índice más bajo y para que los pagos no superen el 30% de los ingresos de los deudores. Además será retroactivo al 1° de enero, con suspensión de los desalojos y creación del Fondo Fiduciario de Compensación, para cubrir los descalces entre salarios y UVA/UVI”.

Osuna expresó además que “aprobamos la Ley de Regulación del Ejercicio Profesional del Acompañamiento Terapéutico, para la jerarquización y el reconocimiento nacional de las y los acompañantes terapéuticos, de su desarrollo laboral y de su formación. Son quienes tienen un rol indispensable en nuestra sociedad pasando desde una mirada biologicista a una perspectiva integral de las personas”.

De igual modo, resaltó la modificación sobre violencia digital, enmarcado en la Ley de Protección Integral a las Mujeres, ya que “en tiempos donde la tecnología y las redes sociales son una herramienta protagonista de nuestra vida, es indispensable accionar sobre la violencia digital, conformar políticas activas e implementar un servicio multisoporte, en el Consejo Nacional de la Mujer, para el acompañamiento y el asesoramiento”.

“Además, avanzamos en la creación del Régimen de promoción de la producción y/o elaboración de productos orgánicos, que propone para beneficiarios la conversión en créditos fiscales del 50% de las contribuciones patronales, la reducción del 50% de los impuestos a monotributistas, la creación de un Fondo de Promoción del Producto Orgánico, y la disposición de fondos para programas educativos en escuelas secundarias agrarias y rurales, y para capacitaciones e incentivos en nivel terciario o superior”, valoró la presidenta de la Comisión de Educación. Por último, remarcó la relevancia del Plan de Refinanciación de la deuda de provincias y municipios al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), “que alivia a 13 provincias y que venimos impulsando desde la Cámara desde 2004”, rememoró la cofirmante de uno de los proyectos.

“Con visión federal y con la responsabilidad del mandato del pueblo, vamos a seguir construyendo leyes que reivindiquen el rol del Estado, que fortalezcan la Democracia y que garanticen derechos, con una mirada de justicia social e igualdad. Mientras, Juntos por el Cambio actúa desde la impostura, con una puesta en escena de campaña, como vienen haciendo desde 2021, y que tiene como resultado darle la espalda a quienes los votaron, a las provincias que representan y al pueblo argentino”, finalizó Osuna.

La diputada nacional y titular de la Comisión de Educación de Diputados, Blanca Osuna (UP – Entre Ríos), le salió al cruce a la precandidata presidencial de JxC, Patricia Bullrich, quien sostuvo que “las universidades argentinas están vacías de alumnos argentinos porque casi la mitad de la matrícula la ocupan extranjeros”.

Osuna utilizó sus redes sociales para responder a la dirigente del Pro y le detalló que “la matrícula universitaria creció 46,3% en 10 años, con 2 millones y medio de estudiantes, muchos jóvenes primera generación familiar y solo el 4,6% d extranjeros”.

“(Mauricio) Macri, Bullrich y (Rogelio) Frigerio desprecian la universidad pública. Por eso rechazaron las nuevas universidades que impulsamos”, apuntó.

También recordó la polémica frase de la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal y lanzó: “Decían que los pobres no llegan a la universidad o que sobran universidades. Ahora Bullrich miente sobre el acceso de extranjeros para justificar su proyecto de vaciamiento del Estado, desinversión educativa y privatización. Lo mismo que hizo con (Horacio Rodríguez) Larreta y Morales en 2001 y 2015”.

“Las universidades argentinas están vacías de alumnos argentinos porque casi la mitad de la matrícula la ocupan alumnos extranjeros que vienen y toman esos lugares. Los argentinos quedan en un cementerio en el colegio secundario porque se ha desarmado y destruido la educación” en el país, sostuvo Bullrich durante la mañana al disertar en forma virtual ante el XVI Foro Atlántico organizado en Madrid por la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), que lidera el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.

Luego de que ese fragmento de la intervención de Bullrich se viralizara en redes sociales, el Ministerio de Educación, que encabeza Jaime Perczyk, difundió cifras oficiales que indican que el total de estudiantes extranjeros de grado, pregrado y posgrado es del 4 por ciento en las universidades públicas y del 5,5 por ciento en las privadas.

Ante las cifras oficiales, Bullrich debió retractarse de lo que había dicho: “Nobleza obliga: en mi exposición de esta mañana en el XVI Foro Atlántico, se produjo una confusión que quiero aclarar. En la Argentina, el 50% de los chicos no termina la secundaria y solo el 12% ingresa a la universidad. Nuestras universidades tienen, además, un muy bajo índice de egresos universitarios. Tenemos que trabajar para mejorar el nivel de egresos”, posteó en Twitter esta tarde.

El actual gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet (finaliza el mandato este año tras dos períodos), encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales por Unión por la Patria, seguido por la legisladora Blanca Osuna -quien busca renovar su banca- y Guillermo Michel, director de Aduana y hombre del candidato presidencial Sergio Massa.

El cuarto lugar se completa con Brenda Ullman, que se desempeña como secretaria de la Juventud de la provincia; mientras que el quinto lugar será para Federico Prieto, funcionario en el Ministerio de Cultura de la Nación.

El diputado nacional Marcelo Casaretto, cercano al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y de apoyo explícito a la fallida precandidatura de Daniel Scioli, cuyo mandato vence a fin de año, es el gran ausente de la lista.

El oficialismo debe renovar dos vacantes: la del mencionado Casaretto y la de Blanca Osuna, mientras que Juntos por el Cambio, también pone en juego dos: la de Gustavo Hein (Pro) y la de Gabriela Lena (UCR).

Por el lado de Juntos por Entre Ríos, el precandidato a gobernador entrerriano Rogelio Frigerio dio a conocer el binomio que encabezará su lista de diputados nacionales, que va colgada de las boletas de ambos presidenciables de JxC, Horacio Rodriguez Larreta y Patricia Bullrich. Un senador provincial oriundo de Gualeguay, Francisco Morchio, ocupará el primer lugar, mientras que Gracia Jaroslavsky, hija del histórico “Chacho”, jefe de bancada de la UCR durante el alfonsinismo, lo secunda.

El elegido para encabezar en Diputados por La Libertad Avanza es Beltrán Benedit, un ingeniero agrónomo, oriundo de Paraná, y de histórica vinculación con el sector agropecuario desde su puesto de director de la Sociedad Rural Argentina, distrito Entre Ríos, y del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE). La segunda en la lista de diputados de Javier Milei es Candelaria Bertoloni.

La solicitud, forzada por la falta de pruebas, del fiscal Marijuan para la absolución de Cristina Fernández de Kirchner, y la decisión de sobreseimiento dispuesta por el juez Casanello, ratifican que esa determinación se debió a la ausencia de elementos probatorios. Buscaron de muchas maneras, las inventaron, generaron show mediático, con actuaciones de Jorge Lanata, Leonardo Fariña y Elisa Carrió y demás, con coberturas de excavaciones, con allanamientos y escaneos en viviendas particulares, con mentiras sobre cuentas en el exterior e incluso queriendo intervenir en el Mausoleo donde descansa su compañero de vida, Néstor Kirchner. Fue vergonzoso todo el proceso.

Hay dos cuestiones que son claves y que impactan plenamente en el funcionamiento de la Justicia, y se vinculan al formato de persecución sistemática contra Cristina y todo lo que se asemeje a posicionamientos que defienden los intereses y los derechos de nuestro pueblo.

Una razón tiene que ver con el tiempo, porque nada se parece más a la injusticia que cuando la justicia demora. Queda efectivamente una gran deuda respecto a Cristina, pero también a quienes vivimos con vergüenza y bronca todo un proceso caracterizado por el cúmulo de acusaciones, que aún hoy la siguen afectando, porque esto es solo una parte de la persecución.

La segunda cuestión tiene que ver con la parcialidad, porque dentro de todo este proceso de investigación no pudieron encontrarse pruebas contra Cristina. Sí se encontraron pruebas contra Mauricio Macri. De hecho, la Oficina Anticorrupción ha hecho denuncias en julio de 2022, producto de un proceso de investigación donde la consistencia de los fundamentos, sobre lavado de activos y ocultamiento de coimas, ratifican el valor de estas pruebas que fueron presentadas a la Justicia, aunque ninguna de esas denuncias vinculadas a Macri avanzó.

Acá tenemos a Cristina, sobreseída después de un martirio de diez años, de mentiras tras mentiras, pero con lo significativo del factor tiempo que deja una gran deuda a Cristina, al país y a la democracia. Por eso, necesitamos el esclarecimiento real de toda esta persecución, y de las responsabilidades de la mafia judicial y del macrismo en cada una de las operatorias y su campaña de odio.

Quienes tenemos responsabilidad en la gestión o en la representación política no estamos exentos de investigaciones. Una funcionaria o un funcionario deben responder, estar a derecho y presentarse, tal  como hizo siempre Cristina, incluso yendo a ocho indagatorias en un día con el juez Bonadío. Pero el factor tiempo es determinante, con esa morosidad perversa, donde mientras se regodeaban entre pruebas inventadas, que nos pasaban todos los días en la televisión, escondían la verdad de la inocencia.

Por eso es necesario repudiar la morosidad del  Poder Judicial y sus efectos de condena previa, al mismo tiempo que su antidemocrática parcialidad, que hace la vista gorda, ante los delitos de Macri y sus cómplices.

La diputada nacional Blanca Osuna (FdT – Entre Ríos) presentará en la Feria Internacional del Libro su escrito “Néstor Kirchner, la educación y la ciencia”, y realizará una mesa de debate junto al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y al ministro de Cultura, Tristán Bauer.

El evento se realizará este sábado 6 de mayo a las 18.30 en el stand 602de la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE), en las instalaciones de La Rural.

“Se cumplen 20 años de la asunción de Néstor Kirchner como presidente de la Nación, en una gestión que transformó nuestro país, y que puso a la educación y la ciencia como ejes centrales de su gobierno y de sus políticas públicas”, afirmó Osuna y expresó: “El libro es un punto de encuentro de las conquistas logradas, pero también de los desafíos que tenemos”.

Este sábado presentaré junto a los ministros @FilmusDaniel y Tristan Bauer, el libro “Néstor Kirchner, la educación y la ciencia”, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. La cita es a las 18,30 hs en el stand 602 de @unipe_ar#FeriaDelLibro #Educación pic.twitter.com/w6Fqty9AVq

— Blanca Osuna (@BlancaOsunaOK) May 4, 2023

En ese sentido, detalló algunos temas tratados en el libro: “El tratamiento y la aprobación que impulsamos de la ley Nº 25.864, que estableció un ciclo lectivo como mínimo de 180 días; la ley Nº 26.058 de Educación Técnico Profesional; la Ley 26075 de Financiamiento Educativo, que fijó un 6% del PBI destinado a la inversión en educación; la Ley Nº 26150, que creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral; y la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional, marcaron políticas de estado estructurales, que consolidaron el acceso al derecho a la educación”.

“Como recuerda el libro, una de las primeras imágenes que el pueblo entrerriano guarda en su memoria fue la visita de Néstor, el 27 de mayo de 2003, cuando vino en un contexto donde las clases aún no habían comenzado en toda la provincia”, recordó Osuna. “También recopila discursos, textos y anécdotas que muestran la mirada estratégica de él sobre educación, ciencia y tecnología, que luego fue profundizada por Cristina Fernández de Kirchner”, argumentó al respecto.

La diputada nacional Blanca Osuna (FdT – Entre Ríos) repudió la presencia de los legisladores María Eugenia Vidal y Rogelio Frigerio en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). “Aplicaron políticas neoliberales, endeudaron a la Argentina con el FMI, tomaron decisiones en contra de la educación superior y no dieron quórum para la creación de nuevas universidades”, detalló.

“Los porteños Vidal y Frigerio vienen desde la Ciudad más rica, a una universidad pública como la UADER, donde el 70% de sus estudiantes son primera generación familiar de universitarios.  Es en nuestra universidad donde las y los jóvenes tienen acceso a un derecho social fundamental, como es la educación superior. Es por eso que no se puede permanecer en silencio frente a estas visitas”, planteó Osuna.

Y enfatizó: “Son políticos que vienen de una ciudad que tiene 25 mil personas en situación de calle, con consecuencias, como la muerte de una bebé que falleció hace unos días, e intentan darnos clases en una universidad pública”.

“Cuando Vidal ante miembros del Rotary Club en una cena en el hotel Sheraton, se opuso claramente a la creación de universidades argumentaba que ‘para que se van a crear universidades si los pobres no llegan a la universidad’. Esa misma definición también la sostuvo en su Gobierno, desfinanciando la educación, cerrando escuelas rurales y del delta, y limitando paritarias docentes”, recordó la legisladora entrerriana.

También cuestionó que “Frigerio prometió junto a Macri 13 mil jardines de infantes y no haciendo ni siquiera mil. Avergüenzan y por eso nos motiva sentar posición que deje las cosas en claro, señalando quienes son”.

“Además estamos siendo testigos de una conducta que es absolutamente deshonesta por parte del Rector, haciendo una adhesión a una campaña política de quienes han destruido la universidad y han buscado dañar la educación en su condición de derecho humano básico”, afirmó.

Al respecto, fustigó: “El rector Filipuzzi invita a un encuentro a Vidal y Frigerio, que se han levantado de la sesión de la Cámara de Diputados, para no aprobar la creación de universidades públicas en Argentina”.

“Las expresiones de repudio que se han generado son contundentes. La Universidad institucionalmente tiene herramientas para interpelar a quienes han tenido esta actitud. Estamos actuando en función de esa coherencia y señalando la gravedad de esta situación de traer a estos personajes a hablar en una universidad pública donde hijas e hijos de trabajadores, y de personas de condición humilde, tienen la posibilidad real, con recursos del Estado provincial, de formarse”, finalizó.

La diputada nacional Blanca Osuna (FdT – Entre Ríos) impulsó este martes un encuentro con organizaciones e instituciones en la Cámara de Diputados, donde fundamentaron la necesidad de creación de las universidades nacionales Juan Laurentino Ortiz, de Pilar, Delta, Cuenca del Salado, Ezeiza, Saladillo, Madres de Plaza de Mayo y Río Tercero.

Osuna – quien preside la Comisión de Educación- explicó: “Escuchamos las voces de quienes vienen trabajando de manera incansable por estas nuevas universidades. Nos compartieron recorridos de gestión, historias, motivaciones y sus necesidades. Factores que fueron el motor principal de los distintos proyectos”.

Además, manifestó: “Reafirmamos nuestro compromiso con la educación superior, y la universidad pública, su impacto social es un patrimonio invaluable para el estado y para el pueblo que la sostiene”.

“Las comunidades han sido hoy protagonistas, visibilizando la relevancia de la aprobación de proyectos que fueron debatidos y dictaminados por las comisiones de Educación y Presupuesto y Hacienda”, añadió.

Así también, expresó que hay “Iniciativas que aún no son ley por la posición extorsiva de la oposición”, y desarrolló: “Es una postura que se hace incomprensible que sea sostenida por diputados de Juntos por el Cambio, que son autoridades de universidades nacionales, o que se pavonean sin vergüenza por universidades públicas de Entre Ríos”.

En tal sentido, amplió: “Pensamos que adhieren a la definición que sobran universidades, y que las creaciones no son necesarias ya que ningún pobre llega a la universidad”. “Por eso, estas voces de hoy interpelan a esas posturas mezquinas, y se levantan contra la impunidad de la soberbia. Nos vamos con el orgullo de haberlos/as escuchado y con la responsabilidad de hacer realidad esos justos reclamos”, finalizó.

“Desde Entre Ríos estamos aquí con mucha esperanza, con una delegación de estudiantes, docentes, trabajadores y egresados por el proyecto que construimos por la Universidad Juan Laurentino Ortiz”, afirmó Maria Gracia Benedetti, decana de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.

Del mismo modo, agregó: “Nos sumamos al desafío de pensar la educación superior como política de estado. Nuestra Facultad tiene dimensiones de universidad, posee sedes académicas en Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, Federación y Gualeguaychú, cuenta con seis escuelas donde se destaca la Escuela Normal de Paraná que es cuna del magisterio argentino, tiene 42 planes de estudio de educación superior que se replican en 66 carreras de grado y pregrado con validez nacional, y cuenta con una matrícula mayor a 13 mil estudiantes, donde un 75% son primera generación de universitarios en sus familias”.

En la misma línea, Miguel Consundino, estudiante de Historia e integrante del Centro de Estudiantes, añadió: “Si hay amor por la educación pública la mejor forma de demostrarlo es en este momento, tratando la creación de nuevas universidades”.

En el final, el diputado nacional Hugo Yasky (FdT – Buenos Aires) fundamentó: “Esta universidad es emblema de una lucha. Estamos en el año que Hebe nos dejó, esa mujer inmensa en su militancia. Y creo que la forma de reivindicarla tanto a ella como a los jóvenes que reclaman su derecho a estudiar sin desarraigo, es avanzar con la concreción de este proyecto”,

Con el fin de exponer de manera pública el reclamo por la demora en el tratamiento de proyectos de ley que proponen la creación de diferentes universidades nacionales, la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Blanca Osuna, organizó un encuentro para recibir a referentes que solicitan se avance con esas iniciativas.

Recordemos que la creación de ocho universidades nacionales no pudo avanzar durante diciembre pasado en la Cámara baja. Los dictámenes formaban parte del temario de la sesión del 1ro. de diciembre que se cayó -en medio de un escándalo- y de la del 21 de diciembre que no reunió quórum.

La diputada del Frente de Todos informó recibirán “a las comunidades e instituciones que vienen trabajando, promoviendo y concretizando los sueños por las universidades nacionales Juan Laurentino Ortiz, Pilar, Delta, Madres de Plaza de Mayo, Cuenca del Salado, Ezeiza, Saladillo y Río Tercero”.

“Desde mi rol de presidenta de la Comisión de Educación asumimos estos espacios como vehículos de esas necesidades y demandas, con la convicción de su aprobación para seguir fortaleciendo el derecho federal a la educación superior”, sostuvo la entrerriana.

El encuentro se llevará a este miércoles, desde las 14, en la Sala 2 del Anexo de la Cámara de Diputados.

Con el fin de exponer de manera pública el reclamo por la demora en el tratamiento de proyectos de ley que proponen la creación de diferentes universidades nacionales, la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Blanca Osuna, organizó un encuentro para recibir a referentes que solicitan se avance con esas iniciativas.

Recordemos que la creación de ocho universidades nacionales no pudo avanzar durante diciembre pasado en la Cámara baja. Los dictámenes formaban parte del temario de la sesión del 1ro. de diciembre que se cayó -en medio de un escándalo- y de la del 21 de diciembre que no reunió quórum.

La diputada del Frente de Todos informó que el próximo martes 14 de febrero recibirán “a las comunidades e instituciones que vienen trabajando, promoviendo y concretizando los sueños por las universidades nacionales Juan Laurentino Ortiz, Pilar, Delta, Madres de Plaza de Mayo, Cuenca del Salado, Ezeiza, Saladillo y Río Tercero”.

“Desde mi rol de presidenta de la Comisión de Educación asumimos estos espacios como vehículos de esas necesidades y demandas, con la convicción de su aprobación para seguir fortaleciendo el derecho federal a la educación superior”, sostuvo la entrerriana.

El encuentro se llevará a cabo, desde las 14, en la Sala 2 del Anexo de la Cámara de Diputados.

La diputada nacional Blanca Osuna (Entre Ríos), junto a otros legisladores del Frente de Todos, acompañaron al presidente de la Nación, Alberto Fernández, para la entrega de la vivienda número 85.000 desde el inicio de la gestión, en la ciudad entrerriana de Paraná, en donde otorgó 42 casas construidas en el marco del programa Procrear I.

“La presencia del presidente Alberto Fernández en nuestra ciudad para la entrega de su casa propia a familias entrerrianas, fue motivo de encuentro y emociones que compartimos. La entrega de la unidad 85 mil fue todo un símbolo que coronó esperanza, trabajo, gestión e inversión pública”, destacó Osuna en sus redes.

Además, recordó que “con el gobernador Gustavo Bordet y el intendente Bahl compartimos en el Barrio Ecológico ubicado en calle General Espejo, proyecto que impulsamos durante mi gestión municipal y la presidencia de Cristina (Kirchner)”. En esa línea, apuntó contra la gestión anterior: “Obras que desde 2015 fueron paralizadas y desfinanciadas por (Mauricio) Macri y (Rogelio) Frigerio, y que luego recuperamos con esfuerzo en los últimos años, traduciendo los sueños de vecinas y vecinas en una realidad efectiva”.

“También por el anuncio de la puesta en valor de la casa donde vivió Justo José Urquiza en Paraná, actualmente la oficina del Correo, para que funcione allí la nueva Universidad Juan L. Ortiz, una apuesta que fortalece la educación superior en nuestra provincia, la formación docente y el derecho a la educación de jóvenes y adultos”, planteó la entrerriana.

En ese sentido, lanzó un mensaje para los legisladores de JxC: “Desde el Frente de Todos tenemos la voluntad de avanzar en esta Ley. Es hora entonces que los legisladores entrerrianos de Juntos por el Cambio se sienten en sus bancas y voten por la creación de esta nueva institución educativa”.

La diputada nacional Blanca Osuna (FdT) opinó este jueves acerca del gobernador de su provincia, Gustavo Bordet, y su decisión de no firmar el pedido del presidente Alberto Fernández sobre llevar a juicio político a la Corte Suprema de Justicia. “Declaró a favor al principio, espero que aclare porqué no apoyó”.

Del mismo modo, Osuna expresó: “Hay una situación concreta que afecta a todas las provincias y una clara evidencia de connivencia entre el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el asesor de la Corte Suprema de Justicia, Silvio Robles. Eso deja en claro que hay una connivencia en el fallo de la coparticipación”.

En diálogo con AM 530, la diputada entrerriana manifestó que Bordet “debe fundamentar porque al principio acompañaba y declaraba a favor”, con relación a la decisión del gobernador de Entre Ríos de no firmar el documento impulsado por Alberto Fernández donde, junto a gobernadores provinciales, anunciaban el pedido de juicio político a todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

“Hay manifestaciones claras de una connivencia entre el poder económico concentrado, la administración de la Justicia y el poder político del Pro y JxC que hacen que debamos actuar”, señaló la diputada. Además, sostuvo que “no corresponde lo que hizo la Justicia”, respecto al fallo de la coparticipación en favor de la gestión porteña.

Con relación a eso, Osuna mencionó a los diputados entrerrianos del FdT, Tomás Ledesma y Marcelo Casaretto, y aseguró que acompañarán el pedido de juicio político en el Congreso.

Asimismo, recordó cuando en 2003 el expresidente Néstor Kirchner llevó a juicio político al, por ese entonces, presidente del máximo tribunal de Justicia Julio Nazareno. “También era diputada cuando ocurrió y puedo decir que el proceso en sí tiene un triple efecto, por la recopilación de pruebas y por la trascendencia en la sociedad”.

En el final, fue consultada sobre cómo será tratado el proyecto en el recinto, y explicó: “Sabemos que será un desafío”.

Tras la aparición de nuevos chats que involucran al ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, con Silvio Robles, director general de la vocalía de la Corte Suprema, la diputada nacional Blanca Osuna (FdT – Entre Ríos) consideró que el Poder Legislativo y el Ejecutivo deben “actuar para preservar la democracia”.

Esta revelación se suma a la ocurrida hace semanas que dio cuenta del viaje a Lago Escondido que compartieron jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, un ministro porteño, el jefe de los fiscales de CABA y un empresario con pasado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

En declaraciones por Radio Nacional, la legisladora sostuvo que “hay que adoptar acciones firmes y contundentes”, y se refirió al proyecto impulsado por diputados del Frente de Todos para crear una Comisión Bicameral Investigadora especial en el ámbito del Congreso para indagar la adquisición de la estancia Lago Escondido por parte del magnate británico Joe Lewis y el viaje que en octubre pasado realizaron a ese lugar magistrados, funcionarios porteños y directivos del Grupo Clarín.

“Frente a la gravedad institucional y política que tiene estas situaciones que van mostrando la podredumbre de una institución que, en particular, está centrada en la Corte Suprema y en quien la preside, pero al mismo tiempo también que se expande a un poder del Estado que es quien debe administrar justicia y sobre todo algunos sectores”, manifestó.

Al respecto, planteó que “ese impacto, que tiene en el funcionamiento de la democracia, merece respuestas que deben ser oportunas y urgentes. Debe ser necesaria la conformación de una Bicameral va en línea con investigar a fondo la situación en torno al viaje hecho por algunos funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, también camaristas, jueces”.

Al mismo tiempo, remarcó que “el impacto que eso tiene en la realidad y en las medidas que efectivamente el poder instituido del Estado debe adoptar. También la Bicameral va a considerar otro aspecto que es la decisión de ese bien -Lago Escondido – por parte del magnate Joe Lewis”.

“La idea es tomar un tiempo de trabajo intenso, sistematizar la información obrante, generar un informe para buscar la prueba que ratifique algo de lo que estamos viendo con estupor y con toda la gravedad que tienen los hechos y sus consecuencias para la sociedad argentina. Generar ese informe impone inmediatamente adoptar decisiones que, en algunos casos, pueden retrotraer acciones que han facilitado la adquisición de una propiedad como es la de Lago Escondido que está en una zona fronteriza y está, aparentemente, comprada por quien es parte de una organización de una empresa extranjera”, explicó Osuna.

Además, explayó que “esta decisión va de la mano de otras cuestiones que desde el Poder Legislativo estamos decididos a que se desencadene, uno de ellos es por ejemplo el juicio político al presidente de la Corte Suprema, así como la expulsión del diputado Gerardo Milman. Lo digo porque son cuestiones que van vertebrando una realidad y una acción donde la justicia está indudablemente comprometida”.

“En el caso de Milman su complicidad respecto al intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación es algo evidente, sin embargo, los avances de la justicia respecto a la investigación si lo comparas con otros países que detienen al responsable en unos días, acá está sucediendo lo contrario, lo que muestra es esa acción de la justicia vinculada como sector político a los poderes fácticos de la Argentina. Esto es lo que de algún modo exige que tanto el Legislativo como el Ejecutivo actuemos para que el horror de la destrucción de la democracia no asole a la Argentina”, planteó.

En el cierre del año, la diputada nacional Blanca Osuna (FdT) realizó un balance de gestión del 2022, otro año en el que le tocó presidir la Comisión de Educación de la Cámara baja.

“El sentido de la tarea legislativa es sin lugar a dudas poder construir de forma consensuada un marco legal que reconozca y garantice los derechos del pueblo. Comprometida con los y las ciudadanas de la provincia de Entre Ríos, ese fue el camino que transitamos durante este 2022, un año pos pandemia que nos impuso el desafío de reconstruir los lazos sociales”, sostuvo.

Además de presidir Educación, que se reunió en siete ocasiones a lo largo del año, la legisladora integró las comisiones de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios; Presupuesto y Hacienda; Relaciones Exteriores y Culto; Transportes; y la Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

“Desde la Comisión Educación trabajamos por transformar en derechos políticas transcendentales para la comunidad educativa. Dictaminamos sobre Conectar Igualdad, Progresar y creación de universidades. Avanzamos en las discusiones sobre evaluación y obtuvimos media sanción del proyecto que va a permitir el desarrollo de la enfermería”, destacó.

La entrerriana aseguró que “la convicción de que el derecho a la educación se garantiza desde el marco normativo y desde las políticas de Estado, el compromiso con el pueblo para que pueda acceder a la educación de calidad y el trabajo diario por la Patria justa que solo es posible con escuelas y universidades públicas y gratuitas, son también los pilares de nuestra tarea diaria en el Congreso”.

En cifras, Osuna tuvo parte en 9 proyectos que resultaron aprobados, mientras que presentó 11. Asimismo, participó en 12 actividades internacionales; mantuvo 16 reuniones de gestión; tuvo 6 participaciones en el Consejo Federal de Educación y 7 en el Consejo Nacional de Calidad Educativa; y 8 visitas a escuelas y entrega de más de cien libros.

“Si hay algo que hemos aprendido en esta etapa y que queda como un sello es que hay valores que realmente tienen que ver con salir adelante, con reconstruir, con la solidaridad, con aprender la importancia de la economía; pero además con la definición -que es la tarea principal que nuestro Gobierno ha asumido- que es hilar fino para que los argentinos y las argentinas sepamos que vamos a estar mejor”, concluyó.

Durante la sesión fallida del 1 de diciembre, la Cámara de Diputados inició el debate para la creación de ocho universidades nacionales. Entre gritos de la oposición que cuestionaba la validez de esa sesión por la manera como se había alcanzado el quórum, ofició de miembro informante esa vez la titular de la Comisión de Educación de la Cámara baja, Blanca Osuna. Finalmente la sesión se cayó y este miércoles buscarán realizar una nueva reunión en la que ese tema volverá a ser de los principales a tratarse.

Refresquemos entonces cuáles son las iniciativas que se pondrán a consideración al respecto y las eventuales polémicas que pueden despertar.

Tres de esas universidades ya tenían dictamen hace tiempo: las del Delta, Saladillo y Pilar. Desde el 24 de agosto estaban listas para llegar al recinto, y en rigor son las mismas que habían sido propuestas para ser tratadas en extraordinarias. Finalmente ahora se ponen a consideración, junto a otras cinco.

La Universidad Nacional del Delta comprenderá los partidos de Tigre, Escobar, San Fernando y su zona de influencia en la provincia de Buenos Aires. Es impulsada por el ahora expresidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, razón por la cual el actual ministro de Economía estuvo presente el 1 de diciembre en el recinto.

Participaron de las negociaciones los intendentes de esas tres localidades: Julio Zamora (Tigre), Ariel Sujarchuk (Escobar) y Juan Andreotti (San Fernando), todos ellos peronistas. La esposa de este último, la diputada Alicia Aparicio, fue la responsable del proyecto de factibilidad y su despacho. Es la cara visible de la iniciativa, que fue acompañada con ordenanzas a favor de los tres concejos deliberantes.

En cuanto a la Universidad Nacional de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires, es una de las dos impulsadas desde la oposición, más específicamente Evolución Radical. El proyecto original es del diputado nacional Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA.

El radio de influencia de esta universidad será de entre 100 y 150 kilómetros, incluyendo ese partido y los de Bolívar, Chivilcoy, Bragado, Tapalqué, Lobos, San Miguel del Monte y 9 de Julio, entre otros.

La tercera de las universidades nacionales es la de Pilar, con sede en ese partido de la provincia de Buenos Aires. Hay dos proyectos de autoría del oficialismo que respaldan esa iniciativa, presentados en mayo pasado, con diferencia de un día. Uno es del diputado nacional Ramiro Gutiérrez y el otro de María Rosa Martínez, que contó con el apoyo de casi una treintena de cofirmantes.

Este proyecto lo comenzaron a diseñar el actual intendente Federico Achával en 2019, cuando era concejal, y el intendente macrista Nicolás Ducoté. El proyecto contemplaba la venta de una porción de las hectáreas del predio del Instituto Carlos Pellegrini a la UAR. Pero eso generó movilizaciones de vecinos, organizaciones sociales y ambientalistas y se detuvo.

Si bien el proyecto tiene el sello de Achaval, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, intervino en su camino en el Congreso cuando ocupó el cargo de diputado por el Frente Renovador.

De las universidades que se sumaron en vísperas de la sesión del 1 de diciembre, tenemos a la de la Cuenca del Salado, que tendrá sede central en Cañuelas, provincia de Buenos Aires. Se trata de una propuesta por la exdiputada y hoy ministra bonaerense Daniela Vilar. Su oferta académica estará orientada a la actividad agropecuaria, la veterinaria y las ciencias empresariales.

Impulsada por el diputado nacional Hugo Yasky, se propone la creación de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, que tendrá sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde hoy funciona como instituto.

Ya funciona como universidad provincial la de Ezeiza, y lo que se propone ahora es su nacionalización. Impulsada originalmente por la diputada (MC) Dulce Granados y vuelta a presentar por la hoy ministra Victoria Tolosa Paz, se encargó de defenderla durante su tratamiento en comisión la diputada nacional Mónica Litza.

Una de las dos universidades ubicadas fuera de la provincia de Buenos Aires es la de Río Tercero. Esta es además una de las dos impulsadas por la oposición. Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical) impulsa la creación de esta universidad, que cuenta también con el respaldo de un proyecto de una oficialista, Gabriela Estévez.

Por último, se busca la creación de la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, con sede central en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. Ya funciona como facultad y es impulsada por la diputada Blanca Osuna.

El debate en las comisiones

En la fallida sesión del 1° de diciembre no alcanzó a haber debate. Sí durante el tratamiento en el plenario de comisiones. Allí expuso por Juntos por el Cambio el diputado Maximiliano Ferraro, quien con un pedido de votación logró voltear la sesión por falta de quórum. Durante la discusión e comisiones, dijo una frase que levantó polémica: “El planeamiento estratégico de la educación superior tiene que ser un camino virtuoso que no estamos teniendo para nada con estos dictámenes a la marchanta y creación de universidades como si fueran una fábrica de churros”.

“Y digo que no es virtuoso, porque no hay previsibilidad, donde no tenemos garantizada una asignación de recursos que pueda ser sostenible y que esta asignación de recursos también incluya todos los componentes y procesos que deba tener la educación superior”, agregó el legislador.

El referente de la Coalición Cívica protestó por la “ausencia de áreas de vacancia y de estudios de factibilidad”, como así también apuntó en “la inequidad desde el punto de vista de la distribución federal”.

En esa oportunidad advirtió también que en caso de aprobarse las universidades pedidas, la provincia de Buenos Aires “va a tener 29 universidades nacionales, que se suman a los más de 178 institutos de formación docente y formación de técnica superior”. Así las cosas, se preguntó “cómo vamos a sostener la creación de estas universidades”.

Ferraro le apuntó luego al caso de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo: consideró el proyecto como “claramente violatorio de la Ley de Educación Superior”, por cuanto la misma establece que el consejo superior de las universidades debe estar compuesto por hasta el 50% del claustro docente y el resto estudiantes graduados y no docentes. “Y lo que dice clarito el Estatuto de la Universidad de las Madres es que deberá contemplar en su consejo superior a dos de las madres y representantes de la asociación civil, los que serán designados a propuesta de esa asociación civil que integran las Madres. Sentando un precedente que viola los principios de la autonomía universitario”, advirtió.

Luego se refirió al caso de la universidad entrerriana, sobre la cual dijo que no cuenta con el dictamen del CIN, ni con el estudio de prefactibilidad, “cosas que nos pide la Ley de Educación Superior”.

A su turno, Hugo Yasky (Frente de Todos) defendió la creación de la Universidad de las Madres. “Ninguna universidad nació grande, ni con un nivel académico de excelencia desde el primer día. Son procesos que se construyen, por supuesto hacen falta buena calidad de los docentes y también presupuesto educativo”, planteó ante el plenario.

Y en referencia a los cuestionamientos planteados por el diputado de la Coalición Cívica, Yasky aclaró que las dos miembros de las Madres solamente estarían en el consejo superior “como representantes de la institución y no como comisarios políticos”.

La polémica con la Universidad de Ezeiza

“De los autores de ‘para qué vamos a hacer universidades si los pobres no van’, seguimos con ‘universidades hechas a la marchanta o como fábrica de chorizos’”, arrancó a pura ironía la diputada oficialista Mónica Litza,que defendió el proyecto de creación de la Universidad Nacional de Ezeiza. Ella habló desde su experiencia personal y destacó el papel de la de su distrito, Avellaneda, que “se integró a la comunidad”.

Desde la otra vereda, criticó el exministro de Educación Alejandro Finocchiaro (Pro). Refiriéndose estrictamente al caso de Ezeiza, dijo que esa universidad ya está constituida y se normalizó el 14 de marzo de 2019, oportunidad en la cual eligió sus autoridades, cumpliendo con las prescripciones del artículo 1° de la Ley de Educación Superior. Por lo tanto, dijo, “goza de autonomía universitaria”.

Fue el preámbulo de su crítica: “Aquí estamos tratando la nacionalización de la Universidad de Ezeiza”, aclaró, enfatizando que “no existen precedentes en los términos que esta ley está planteada”. Puso como ejemplo que durante su gestión se nacionalizó la UNIPE (Universidad Pedagógica Nacional), que lejos estaba de ser afín a esa administración, pero se respetó a las autoridades que habían sido elegidas democráticamente y en virtud de la autonomía universitaria.

Cuestionó que se pasa esa universidad a la Nación pero sin las autoridades constituidas el 14 de marzo de 2019. Por eso advirtió que “se vulnera la autonomía universitaria y de hecho en el informe del CIN se dice claramente que estos dos últimos artículos desconocen la autonomía de la Universidad Nacional de Ezeiza”.

Otra que intervino durante el debate en las comisiones fue la diputada Sabrina Ajmechet (Pro), quien arrancó refutando a Mónica Litza respecto del reproche al Pro por haber dicho una representante de ese espacio que los pobres no llegan a la universidad.

“Más del 50% de los chicos de entre 10 y 14 años en la Argentina hoy son pobres; de ese 50%, el 71% no logra conocimientos mínimos en Lengua. El 68% no logra satisfactorios en Matemática. Cada 8 minutos un joven abandona el secundario; solo 16 están terminando el secundario en tiempo y forma”, enumeró la diputada nacional, que agregó: “Si miramos realidades provinciales, vamos a encontrar en Santiago del Estero, Chaco, Formosa, que solo 5 jóvenes terminan el secundario en tiempo y forma. De los mayores de 25 años de sectores vulnerables, 3 de cada 10 termina el secundario… Hasta donde yo sé, no se puede empezar la universidad sin haber terminado el secundario”.

Para cerrar, Ajmechet sostuvo que “desde 2009 hasta hoy estamos hablando de 24 universidades nuevas en 13 años. 17 están en la provincia de Buenos Aires, solo 7 en el resto. ¿Cuál es la realidad en las provincias que no están atendiendo? ¿Por qué crean tantas universidades en Buenos Aires, qué concepto del federalismo tienen?”, y cerró preguntándose cómo se van a financiar y advirtiendo que esas casas terminan convirtiéndose en “refugio de intendentes”.

Esos serán ejes del debate que se dará seguramente en el recinto, una vez que el debate esté habilitado.

La organización barrial Tupac Amaru y el Frente Milagro Sala convocaron a un acampe en Plaza de Mayo para los días 20, 21 y 22 de diciembre para exigirle al presidente Alberto Fernández que indulte a la dirigente social Milagro Sala “antes de las Fiestas”.

El coordinador nacional de la Tupac Amaru Alejandro “Coco” Garfagnini sostuvo que “la nueva persecución a Milagro tiene una salida política, que esa salida la tiene el presidente y nuestra fuerza política. La salida es el indulto”.

“El Presidente tiene que indultar a Milagro antes de las Fiestas, tiene que tener una actitud de carácter”, agregó.

En ese marco, desde el oficialismo salieron a reclamar el indulto para la dirigente social. Es el caso de la diputada nacional Blanca Osuna, que en sus redes sociales reclamó “indulto ya” y planteó que “el partido judicial con fallos políticos consuma la persecución a Milagro Sala”.

Medida que fue acompañada por un proyecto de declaración suyo expresando “su más enérgico repudio en todos sus términos al fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación” contra Sala, por constituir “una vez más una persecución política, violatoria de los derechos fundamentales de Milagro Sala, reconocidos en el bloque de constitucionalidad vigente en nuestro país, tales como el debido proceso y la defensa justa en juicio”. 

INDULTO YA A LA COMPAÑERA MILAGRO SALA.
El partido judicial con fallos políticos consuma la persecución a@SalaMilagro #IndultoAMilagroSalaYa pic.twitter.com/mGDaBov1Af

— Blanca Osuna (@BlancaOsunaOK) December 16, 2022

El hashtag #IndultoAMilagroSalaYa comenzó a circular este viernes por la tarde y en ese marco personajes como Albert Samid plantearon sin medias tintas mensajes hacia el presidente Alberto Fernández. “Somos gobierno nacional. Tenemos las principales provincias, tenemos mayoría en el Senado. Manejamos la fábrica de hacer los billetes. No podemos permitir de ninguna manera que la compañera Milagro Sala (injustamente condenada) vaya a la cárcel. Qué espera compañero que no le da el indulto presidencial???”.

El diputado Eduardo Valdés se sumó al pedido de “indulto a Milagro Sala ya”. “La Corte nada dice sobre los delitos cometidos por altos magistrados judiciales en Lago Escondido y pretende invisibilizarlo con una injusta condena a Milagro Sala. La misma Corte que libera a Blaquier por el Apagón de Ledesma, condena a Milagro”.

INDULTO A MILAGRO SALA YA

La Corte nada dice sobre los delitos cometidos por altos magistrados judiciales en Lago Escondido y pretende invisibilizarlo con una injusta condena a Milagro Sala.
La misma Corte que libera a Blaquier por el Apagón de Ledesma, condena a Milagro. pic.twitter.com/1LYsTCnOf4

— Eduardo Valdés (@eduardofvaldes) December 15, 2022

pic.twitter.com/x6QDZTTUUc

— Andrés Larroque (@larroqueandres) December 16, 2022

#Ahora | Con la presencia del su Secretario General, @CachorroGodoy, la CTA Autónoma participa de de la conferencia de prensa en la sede de la Tupac Amaru en reclamo al indulto a Milagro Sala ante la condena de la Corte Suprema de Justicia. pic.twitter.com/tJWhYxjUnB

— CTA Autónoma (@CTAAutonoma) December 16, 2022

La postura de la oposición

“La Tupac Amaru pide el indulto como los militares lo pedían para Videla”, replicó la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto por La Nación+, y advirtió: “No vaya a ser cosa que Alberto Fernández, que es un creativo del derecho, le termine dando el indulto”.

“La cultura del indulto que impulsan algunos inescrupulosos como Eduardo Valdés no puede borrar la ignominia de los que defraudaron al pueblo argentino saqueando al erario público, ni a los que hacen de la política un caldo de cultivo para el narcotráfico”, repuso el diputado nacional (MC) Alvaro de Lamadrid. Agregó el dirigente radical que “son coherentes en el desprecio por la justicia, los DDHH y el dolor de millones de argentinos empobrecidos a causa de la corrupción. Indultaron a los militares, a los jefes de las organizaciones guerrilleras, a los carapintadas y ahora piden el indulto para corruptos y narcos”.

Por su parte, el jefe del bloque radical de la Cámara de Diputados, Mario Negri, descartó la posibilidad de que Alberto Fernández pudiera acceder a esa medida, basado en los artículos 99, inc. 5 y 36 de la Constitución Nacional. “El presidente no puede indultar a Milagro Sala: Artículo 99, inciso 5 de la Constitución. El presidente puede indultar penas por delitos federales,  Milagro Sala fue condenada por delitos provinciales”, remarcó, agregando el texto del artículo 36: “los hechos de corrupción atentan contra el sistema democrático”.

“Dejen de reclamar impunidad y respeten las leyes por las que juraron. Les guste o no, Argentina es una República. Terminen con la costumbre de atropellar la ley”, cerró.

La diputada nacional Blanca Osuna (FdT) habló este viernes sobre las sesiones fallidas en el Congreso de la Nación y de la actitud de los miembros de la oposición. “El gesto de Cristian Ritondo -jefe del Pro- me dio asco y vergüenza”, señaló.

Además, sostuvo que Juntos por el Cambio tuvo “una acción golpista y antidemocrática”, ya que la Cámara de Diputados tiene un reglamento. Asimismo, Osuna afirmó que la oposición debe pedir las disculpas correspondientes por lo ocurrido en el recinto.

En declaraciones por Radio 10, señaló: “En la sesión preparatoria -donde se renovaban las autoridades de la Cámara baja- no hubo quórum, por ende, Cecilia Moreau continuó en la presidencia, mediando una solicitud formal de postergar media hora”, y agregó: “En la sesión especial se dio le inicio con quórum necesario”.

La verdad, agredirme usando un gentilicio que nombra a quienes son de un país hermano de la región? sólo a un discriminador retorcido se le ocurre.
¡Viva la República Bolivariana de Venezuela, su historia y quienes la habitan!!@CancilleriaVE pic.twitter.com/upJvq8lhei

— Blanca Osuna (@BlancaOsunaOK) December 2, 2022

En tal sentido, la diputada entrerriana señaló que no existieron el orden y el respeto necesario, y remarcó que “la bronca y la pasión” deben ser canalizados de forma pacífica. Además, lamentó que el trabajo hecho en comisiones no haya avanzado en la sesión fallida.

Consultada por los insultos contra Cecilia Moreau, Osuna repudió la violencia “simbólica y material” contra las mujeres que le atribuyó a los diputados Fernando Iglesias y Cristian Ritondo, y relató que “varias legisladoras del FdT también fueron agredidas”.

Así también, la diputada cuestionó al “Partido Judicial” por “meter la cola” en las acciones del Congreso, a través de la oposición. A su vez, expresó: “fue grave lo de ayer, hay varios diputados de JxC que fueron ministros en la gestión de (Mauricio) Macri, y pretenden ser electos el año que viene”.

Por último, hizo referencia a la situación judicial de la vicepresidenta de la Nación, y advirtió: “Si sentencian a Cristina Kirchner, nos encontraremos con un escenario del que solo se sale con la voluntad popular del pueblo”.

Un plenario de comisiones emitió dictamen para la creación de cinco nuevas universidades, que quedaron listas para ser debatidas en el recinto de la Cámara baja este jueves. En rigor no todos, pues una de las universidades habilitadas, la Juan Laurentino Ortiz, con sede central en la capital entrerriana, por el momento no figura en la convocatoria conocida este martes.

El plenario de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda fue encabezado por la titular de la primera, la entrerriana Blanca Osuna, precisamente autora de ese último proyecto. Los otros puestos a consideración eran los de la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, propuesta por la exdiputada y hoy ministra bonaerense Daniela Vilar; la de Madres de Plaza de Mayo, de Hugo Yasky; la de Ezeiza, impulsada originalmente por la diputada (MC) Dulce Granados y vuelta a presentar por la hoy ministra Victoria Tolosa Paz; y la de Río Tercero, propuesta por sendos proyectos de Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical) y Gabriela Estévez (Frente de Todos).

En el arranque del debate, la entrerriana Blanca Osuna enfatizó que la creación de nuevas universidades va en línea con los conceptos de “inclusión y democratización”. En el primero de los casos, lo vinculó a “la generación de conocimiento y la asunción de problemas propios y específicos de las comunidades donde (las universidades) están asentadas”, en tanto que la democratización tiene que ver con “la oportunidad que da el acceso a la educación”.

Desde la izquierda, la diputada Romina del Plá adelantó su apoyo en disidencia con todos los proyectos, por cuanto si bien aclaró que no iban a oponerse a la creación de nuevas universidades no se estaban contemplando cuestiones relacionadas con salarios, infraestructura, pero de paso ratificó su rechazo a la Ley de Educación Superior “desde su origen”. “Es necesaria una superación de esta ley”, reclamó.

Universidades y fábricas de churros

El clima comenzó a tensarse a partir de la intervención del diputado Máximiliano Ferraro, quien pidió hacer hincapié en “la mirada y la interpelación que tiene que tener esta Cámara a la hora de dictaminar” estos proyectos. Para el presidente del partido Coalición Cívica, se debe asumir “algo que no estamos teniendo en cuenta y que es una mirada mucho más estructural, sistémica e integral de lo que es la educación superior en la Argentina”.

Para Ferraro, “el planeamiento estratégico de la educación superior tiene que ser un camino virtuoso que no estamos teniendo para nada con estos dictámenes a la marchanta y creación de universidades como si fueran una fábrica de churros”.

“Y digo que no es virtuoso, porque no hay previsibilidad, donde no tenemos garantizada una asignación de recursos que pueda ser sostenible y que esta asignación de recursos también incluya todos los componentes y procesos que deba tener la educación superior. Y no solo se trata de crear más instituciones, sino de cómo mejoramos los indicadores, la calidad y la articulación con los niveles obligatorios de la enseñanza”, sostuvo Ferraro, para quien “la intención de crear ocho universidades -porque sumó a las tres que ya tienen dictamen y esperan recibir media sanción este jueves- no puede estar analizada por afuera de un contexto de reducción presupuestaria en educación obligatoria, y esto nos debe interpelar en pensar las prioridades en lo que hace a la asignación de recursos para la educación”.

Ferraro pidió no pasar por alto “el contexto de ajuste y reducción en términos de la política universitaria, que el presupuesto asignado a las universidades quedó muy por debajo del solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y que eso lo que hace es virar para otro lado cuestiones que no podemos pasar por alto a la hora de pensar otras universidades”.

El referente de la Coalición Cívica protestó por la “ausencia de áreas de vacancia y de estudios de factibilidad”, como así también apuntó en “la inequidad desde el punto de vista de la distribución federal”. Es que advirtió que si este jueves se aprueban las universidades pedidas la provincia de Buenos Aires “va a tener 29 universidades nacionales, que se suman a los más de 178 institutos de formación docente y formación de técnica superior”.

Así las cosas, se preguntó “cómo vamos a sostener la creación de estas universidades”

A continuación, Ferraro fue puntualmente a las universidades propuestas. En el caso de la de Madres de Plaza de Mayo, consideró el proyecto como “claramente violatorio de la Ley de Educación Superior”, por cuanto la misma establece que el consejo superior de las universidades debe estar compuesto por hasta el 50% del claustro docente y el resto estudiantes graduados y no docentes. “Y lo que dice clarito el Estatuto de la Universidad de las Madres es que deberá contemplar en su consejo superior a dos de las madres y representantes de la asociación civil, los que serán designados a propuesta de esa asociación civil que integran las Madres. Sentando un precedente que viola los principios de la autonomía universitario”, advirtió.

Luego se refirió al caso de la universidad entrerriana, sobre la cual dijo que no cuenta con el dictamen del CIN, ni con el estudio de prefactibilidad, “cosas que nos pide la Ley de Educación Superior”. Alertó que se trata de un presidente que consideró “una locura”, y advirtió que se está “convirtiendo en universidad nacional a una facultad específica, que es la de Humanidades”, y se preguntó sobre la necesidad de una universidad de ese tipo en esa zona.

Defensa de la Universidad de las Madres

Le contestó Hugo Yasky, como autor del proyecto de creación de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. “Estamos tratando de construir un entramado que permita que los altos estudios de la educación superior dejen de ser inaccesibles para muchos ciudadanos de nuestro país. Que muchas veces por cuestiones que tienen que ver con su arraigo geográfico, se ven alejados de la posibilidad de acceder a los estudios”, señaló.

Luego la emprendió contra “supuestas universidades de elite que lo que menos garantizan es la calidad educativa”, asegurando que hay “sobrados ejemplos” de eso. Más adelante dijo en referencia a la de las Madres que “ninguna universidad nació grande, ni con un nivel académico de excelencia desde el primer día. Son procesos que se construyen, por supuesto hacen falta buena calidad de los docentes y también presupuesto educativo”.

A continuación le contestó a Maximiliano Ferraro diciendo que él pertenece a una fuerza de la que demostraron con gráficos que durante su gestión de gobierno tuvieron una “caída abrupta del proceso educativo”, y caracterizó al Gobierno de Mauricio Macri como “una catástrofe en términos de reducción presupuestaria”.

En referencia a los cuestionamientos planteados por el diputado de la CC, Yasky aclaró que las dos miembros de las Madres solamente estarían en el consejo superior “como representantes de la institución y no como comisarios políticos”, y desafiante cerró: “Nunca en esta universidad se le va a intentar hacer un homenaje a un personaje como el juez Moro”, en referencia al magistrado brasileño que mandó a la cárcel a Lula. “Esclarecedor el comentario”, celebró la presidenta de la Comisión de Educación.

La discusión por la de Ezeiza

“De los autores de ‘para qué vamos a hacer universidades si los pobres no van’, seguimos con ‘universidades hechas a la marchanta o como fábrica de chorizos’”, arrancó a pura ironía la diputada oficialista Mónica Litza, que defendió el proyecto de creación de la Universidad de Ezeiza. Ella habló desde su experiencia personal y destacó el papel de la de su distrito, Avellaneda, que “se integró a la comunidad”.

Recordó que esa casa de estudios lleva once años de vida y promovió 1.700 universitarios nuevos, el 50% de los cuales es primera generación de universitarios, además de destacar “la primera experiencia inédita con los beneficiarios del programa Potenciar, donde “chicos que pensaban que la universidad no era para ellos, pueden tener la oportunidad de transitar por las aulas y ser beneficiarios de una educación de calidad”.

Litza cerró abogando por “más universidades de cercanía”.

Fue luego el turno del exministro de Educación Alejandro Finocchiaro (Pro), quien se refirió puntualmente al caso de la Universidad de Ezeiza. Recordó que la misma ya está constituida, y se normalizó el 14 de marzo de 2019, oportunidad en la cual eligió sus autoridades, cumpliendo con las prescripciones del artículo 1° de la Ley de Educación Superior. Por lo tanto, dijo, “goza de autonomía universitaria”.

Tras enfatizar que él es un egresado de la universidad pública, que lleva 26 años como docente en la Universidad de Buenos Aires y 20 en la Universidad de La Matanza, el diputado del Pro dijo saber lo que hace la educación pública “porque lo he vivido”. En ese sentido remarcó que “mucha lucha ha costado la autonomía presupuestaria para nuestras universidades” y eso sirve para que “los poderes políticos no tengan injerencia dentro de los claustros”.

Fue el preámbulo de su crítica: “Aquí estamos tratando la nacionalización de la Universidad de Ezeiza”, aclaró, enfatizando que “no existen precedentes de esta ley en los términos que esta ley está planteada”. Puso como ejemplo que durante su gestión se nacionalizó la UNIPE (Universidad Pedagógica Nacional), que lejos estaba de ser afín a esa administración, pero se respetó a las autoridades que habían sido elegidas democráticamente y en virtud de la autonomía universitaria.

Por el contrario, dijo que en el caso de la de Ezeiza “se la pasa (a Nación), pero sin las autoridades constituidas el 14 de marzo de 2019”. En ese sentido advirtió que “se vulnera la autonomía universitaria y de hecho en el informe del CIN se dice claramente que estos dos últimos artículos desconocen la autonomía de la Universidad Nacional de Ezeiza”.

“Además, se establece que es una forma de intervenir una universidad sin las causales del artículo 30 de la Ley de Educación Superior. Lo que aquí se está proponiendo es un partido donde si la pelota entra dentro de mi arco son goles, pero si entra dentro del de ustedes, no…”. Puso también el ejemplo de la universidad entrerriana que se estaba dictaminando: ya está constituida, pero “pasa con sus autoridades”.

“Vulnerar la autonomía universitaria es algo que no se ha hecho nunca en estos años de democracia”, advirtió Finocchiaro, quien anunció que “vamos a dar lucha” y llevarán el tema hasta la Corte Suprema de ser necesario.

Antes de cerrar, pidió autorización para que hablara el rector de la Universidad de Ezeiza, recordando que en una anterior reunión, cuando se dio dictamen a, entre otras, la Universidad del Delta, se le permitió hablar al intendente de Pilar, Felipe Achával, cosa que esa vez despertó críticas de la oposición, reconoció. Le contestó el titular de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, quien recordó que esa vez desde Juntos por el Cambio habían impugnado la intervención de Achával, pero él había hablado cuando ya estaba el dictamen, “para agradecer, no formó parte del debate. No es lo mismo”. Y dejó claro que no iba a haber intervenciones fuera de los diputados.

La carta del rector

Finocchiaro le pidió entonces que leyeran una carta de ese rector y se le dijo que lo harían al final de la reunión. “Como va a ser una voz extraña, lo vamos a hacer una vez que hayamos concluido con el debate”, aclaró Osuna.

La diputada del Pro Sabrina Ajmechet salió al cruce de esa postura. “¿Qué creen que es una universidad nacional, sino un espacio de libertad de expresión? Porque le están cercenando la palabra… ¿No tienen nada para decir sobre cómo están silenciando a un rector? No me sorprende”.

Rechazó luego los dichos de Mónica Litza respecto del reproche al Pro por haber dicho una representante de ese espacio que los pobres no llegan a la universidad. Y lo hizo con datos: “Más del 50% de los chicos de entre 10 y 14 años en la Argentina hoy son pobres; de ese 50%, el 71% no logra conocimientos mínimos en Lengua. El 68% no logra satisfactorios en Matemática. Cada 8 minutos un joven abandona el secundario; solo 16 están terminando el secundario en tiempo y forma. Si miramos realidades provinciales, vamos a encontrar en Santiago del Estero, Chaco, Formosa, que solo 5 jóvenes terminan el secundario en tiempo y forma. De los mayores de 25 años de sectores vulnerables, 3 de cada 10 termina el secundario… Hasta donde yo sé, no se puede empezar la universidad sin haber terminado el secundario”.

“Si miramos el número de ingreso a universidades, solo un joven entre los sectores vulnerables asiste a la universidad de cada 10. ¿Quieren dar la discusión, o quieren salir de la fantasía a la que se mudaron? Si no se hubieran mudado a una burbuja de ficción les tendría que doler tanto como a mí”, remarcó.

Para cerrar, Ajmechet sostuvo que “desde 2009 hasta hoy setamos hablando de 24 universidades nuevas en 13 años. 17 están en la provincia de Buenos Aires, solo 7 en el resto. ¿Cuál es la realidad en las provincias que no están atendiendo? Por qué crean tantas universidades en Buenos Aires, qué concepto del federalismo tienen?”, y cerró preguntándose cómo se van a financiar y advirtiendo que esas casas terminan convirtiéndose en “refugio de intendentes”.

Proveniente del ámbito universitario, Danya Tavela dio también números: la provincia de Buenos Aires va a tener un ratio de 613 mil habitantes por universidad, muy por arriba de la media del país, que es de 349.685 habitantes por universidad y que además está muy por arriba de países desarrollados, como el caso de Estados Unidos, India, Brasil o México, detalló.

La diputada de Evolución Radical aclaró que no estaba en contra de la creación de nuevas universidades, aunque pidió considerar ese tipo de cuestiones y la necesidad de que “la distribución debe ser federal.

Apuntó además que acompañaría el dictamen de la nacionalización de la Universidad de Ezeiza, pero con disidencia respecto del artículo 7°, donde pedía que las autoridades de la actual universidad que hubieran sido elegidas por el claustro oportunamente puedan ejercer “idénticas funciones hasta concluir sus mandatos”.

Con los tapones de punta salió la oficialista Mara Brawer, que se manifestó orgullosa de los 12 años de gestión de Néstor y Cristina Kirchner en materia de políticas educativas, y los contrapuso con la gestión macrista: “Ustedes despreciaron a los docentes, también hablaron de la escuela pública como una caída”, y hasta les endilgó buscar acuerdos con Javier Milei, de quien recordó que se desentendió de la posibilidad de que haya escuela pública. “La diputada que está hablando forma parte de la fuerza política cuya presidenta está proponiendo aliarse con una persona que tiene ese pensamiento”, dijo en referencia a Sabrina Ajmechet, y cerró afirmando que “fueron ustedes los que bajaron el presupuesto educativo, los que no construyeron escuelas”.

Le contestó la diputada aludida, que consideró lo de Brawer una “falta de respeto”. Y le pidió que le citara “una sola opinión de alguien de Juntos por el Cambio en contra de la escuela pública. No hay ninguna razón de asociar, salvo difamar, tratar de esconder el ajuste que están haciendo en educación con tres palabritas: ‘Ah, pero Macri’”.

Fue luego el turno de la diputada del Pro Victoria Morales Gorleri, quien expuso que “solo el 25% egresan de nuestras universidades en tiempo y forma de ese porcentaje mínimo que llega a la universidad”. Se preguntó “de dónde vamos a sacar el dinero” para financiar universidades, si será “del sistema obligatorio, que ya está abandonado”.

Y a continuación se registró una desopilante pulseada con las autoridades del plenario, pues intentó leer la carta que el rector de la Universidad de Ezeiza había dejado. Sin pedir permiso arrancó leyéndola, pero Blanca Osuna la frenó en seco. Ella siguió leyendo, y Heller intentó callarla: “Está trasgrediendo reglas, quien dispone la palabra es el presidente”.

Morales Gorleri aclaró que estaba ejerciendo su potestad para hablar y Heller replicó: “Puede hablar, pero no puede leer sin pedir autorización”. Entones ella siguió exponiendo lo que su compañero Martín Tetaz le iba dictando, y todo se transformó en un diálogo (o discusión) de sordos. “Tiene que ver con el reglamento”, le insistieron las autoridades del plenario, a lo que ella se interrumpió para decir: “Yo no sé qué le preocupa, voy a seguir leyendo…”.

Le cortaron el micrófono y ella siguió hablando a través de otros micrófonos. Finalmente Osuna y Heller se dieron por vencidos y Morales Gorleri pudo llevar adelante la lectura, en la que el rector de Ezeiza hablaba de antecedentes históricos en los que la universidad nacionalizada mantenía sus autoridades. Mencionó a la UNIPE, donde “no se designó ningún interventor o interventora exógena de la autonomía de la propia universidad”, e incluso citó el caso de la Universidad de las Madres, y el de la de Paraná.

“Entiendo que debo acompañar el proyecto de las autoridades municipales”, señaló el rector en la misiva leída por Morales Gorleri, que cerró reclamando que Argentina fortalezca el sistema universitario provincial. “No fue tan grave”, sugirió la diputada del Pro al concluir.

No era lo que pensaba Blanca Osuna, que habló de una actitud “prepotente”, reclamó ser “respetuosos de quien coordina la reunión”, y consideró que ese respeto había sido impugnado.

La Universidad de Río Tercero

Finalmente la cordobesaGabriela Brouwer de Koning defendió su propuesta para crear la Universidad de Río Tercero, remontándose a la tragedia que vivió esa ciudad con la voladura de la Fábrica de Río Tercero hace 27 años, hecho que definió como “un golpe letal que afectó todo el entramado de la ciudad”.

“Desde ese momento muchos riotercerenses se fueron y desde ese momento esta ciudad que era vigorosa y pujante se convirtió en una ciudad peligrosa y temida –aseguró-. La Fábrica Militar, que fue la empresa madre que le dio su perfil a la ciudad, paradójicamente fue el talón de Aquiles. Fue la misma empresa la que desvaneció la ciudad”.

La diputada de Evolución Radical aclaró que Río Tercero “nunca bajó los brazos y siempre quiso salir adelante”. Sostuvo que siempre reclamaron una reparación simbólica y que finalmente concluyeron en que “la única herramienta que puede resultar reparativa y que puede recrear el entretejido social es la educación pública, gratuita y de calidad”.

Recibió el apoyo de su par oficialista Eduardo Fernández, quien aclaró que junto a sus compañeros de bancada Gabriela Estévez y Pablo Carro habían presentado un proyecto que iba en el mismo sentido, y celebró que hubiera un dictamen único con apoyo de las dos comisiones.

Al cabo, una señal de consenso al final de un debate extenso y sumamente tenso.

Otro de los proyectos que pasó a la firma en la reunión de este martes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, a cargo de Carlos Heller (FdT), fue el que propone la creación del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina – PROGRESAR-, que obtuvo 36 firmas, 3 con disidencias.

Desde el Anexo ‘C’, Heller procedió a leer el temario para el encuentro e inmediatamente le cedió la palabra a la diputada entrerriana Blanca Osuna quien explicó el proyecto sobre PROGRESAR “que tiene historia en el país y deviene de una decisión firme política de la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al crear el programa de respaldo a estudiantes”.

En ese sentido, explicó que se trata de “muchas cosas que se hablaron en la reunión conjunta y en muchas otras de educación y en debates múltiples. Estamos hablando de herramientas que el Estado pone a disposición para hacer realidad la posibilidad y el derecho a la educación”.

“Esa herramienta es un aporte económico, un seguimiento, un apoyo, una definición federal sobre recursos que llegan a estudiantes que en principio y en una primera etapa de implementación, fueron estudiantes a partir de los 18 años en adelante a 28 años”, precisó Osuna y agregó que “ese rango etario se fue ampliando”.

En suma, indicó que esta ley plantea “dos cuestiones interesantes en materia de ampliación de cobertura. Uno es que el Ministerio de Educación de la Nación que es la autoridad de aplicación defina y trabaje la ampliación hasta o a partir de los 15 años y después desde los 30 a 35 años”. Asimismo, la entrerriana aclaró que “esa ampliación no es fortuita. Tiene que ver con cumplimentar ese acceso, la permanencia y una asistencia específica con recursos profesionales que van asistiendo a los estudiantes en distintos momentos de su trayectoria educativa”.

“Cuando planteamos políticas públicas destinadas a disminuir la pobreza y la desigualdad estamos hablando de este derecho. El poder definir a quienes son sujetos de este derecho, de ninguna manera como beneficiarios, sino como quienes acceden a lo que le corresponde que es ese acompañamiento estatal porque hay que tener condiciones para poder acceder al aporte”, explicó Osuna.

También destacó que “la propuesta ha permitido que el Estado priorice determinadas carreras estratégicas, considere el desarrollo profesional de la formación de enfermeros y enfermeras y al mismo tiempo, al hablar de las condiciones y requisitos se ha abierto la posibilidad para que el acceso a este aporte no conspire contra otros beneficios”.

“El desarrollo del programa desde su inicio desde el 2014 en adelante no fue lineal. Tuvo graves retrocesos de desfinanciamiento que cuando el mandato de Cristina Kirchner en 2015 concluyó, había 1 millón de personas que accedían al aporte, ese universo social disminuyó notoriamente hasta llegar a 600 mil”, denunció Osuna y comparó: “Actualmente durante esta gestión se han dado dos decisiones, una es la ampliación de edad con lo cual hay un impulso real y efectivo de acompañamiento; y al mismo tiempo hubo una aprobación de una ley del aporte extraordinario de los sectores de mayores recursos del país que ayudó para crear el fondo fiduciario para poder ampliar el programa”.

Y cerró: “Acá hay un Estado presente que ha planteado una definición clara, contundente, acompañar en el acceso y el derecho a la educación superior. Es apostar al crecimiento del país”.

En el uso de la palabra, la diputada del Pro Germana Figueroa Casas criticó que “este proyecto llegó rápido, no tuvimos tiempo de verlo, pero a nosotros nos compete analizar presupuesto. Viendo el proyecto, encontramos que dentro de la financiación se habla de los recursos provenientes del Fondo Fiduciario Progresar creado por el decreto 57/2022 en enero, pero no aparece en el presupuesto ese dinero. Era un 20% del aporte solidario. No está en la rendición de cuenta y no está en el Presupuesto 2023”.

En esa línea, solicitó “antes de aprobar una ley, tener en claro si ese financiamiento existe o no, si ese fondo está constituido en el Presupuesto”. Fue la propia Osuna quien aclaró la duda de la diputada del Pro: “Este tema lo tratamos junto con el tratamiento del Presupuesto. Fue una sugerencia de (Alejandro) Finocchiaro de definir que eso en el Presupuesto figure porque es el reaseguro estos recursos que hasta ahora se mantienen del aporte”.

Heller aclaró que “la ley del aporte solidario establece aplicaciones específicas de esos fondos. No se podrían utilizar para ninguna otra cosa que no sea para esto y que el 20% total de lo recaudado por es aporte solidario tiene que ir a este programa. No hay una asignación presupuestaria adicional en el Presupuesto”, y se comprometió a pedir un informe sobre los egresos e ingresos de los fondos ante la insistencia de Figueroa Casas.

A su turno, la legisladora del bloque Evolución Radical Danya Tavela celebró el debate y el diálogo en torno al tema porque permitió “enriquecer la mirada a todos por la mirada de los otros y es un aprendizaje que tenemos que hacer en la política argentina y en la gestión que tienen que ver con ampliar la mirada para los que opinan diferente”.

“Si estamos de acuerdo en la necesidad de que esta política de acompañamiento, de apoyo. Esta política que permite a los jóvenes promover y construir sus propios proyectos de vida, oportunidad, igualar entre aquellos que tiene diferencias, de egresar de los distintos niveles educativos. Estamos de acuerdo que es un derecho. Estamos de acuerdo que el Estado debe promoverlo y estamos de acuerdo en que debe ser una política de Estado”, enumeró Tavela.

Por otro, señaló que es importante reconocer la “realidad de los jóvenes porque los topes de edad van en contra de aquellos jóvenes que tienen, además de estudiar, trabajar para sostener sus estudios. Además, esta ley muestra que la educación obligatoria y superior no son contradictorias, son parte de un proceso educativo que habla de la educación para toda la vida”.

“Establece una mirada estratégica y federal porque mira qué se necesita en cada una de las regiones para priorizar y fortalecer la formación técnica, profesional, universitaria. Establece requisitos mínimos u no queda librada al voluntarismo del gobierno de turno”, destacó.

Este año avanzó fuertemente la propuesta para crear tres nuevas universidades: la del Delta, la de Pilar y la de Saladillo. Sin embargo, y pese a haber figurado las dos primeras en el frustrado temario de extraordinarias, las tres parecen haber quedado al menos por ahora en el camino.

Y queda claro a partir de la reunión convocada para este martes de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, con el fin de avanzar con el tratamiento de la creación de cinco nuevas universidades.

Será a partir de las 15, y en el temario figura en primer lugar la creación de la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado. Dicha alta casa de estudios es impulsada por la exdiputada Daniela Vilar, hoy ministra de Ambiente en la provincia de Buenos Aires, y la misma tendrá sede central en el distrito de Cañuelas.

En segundo proyecto exhibe una curiosidad. Se trata de la creación de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo y es impulsada por un grupo de diputados nacionales kirchneristas encabezados por Hugo Yasky. El proyecto fue presentado en 2021, pero hace dos semanas obtuvo dictamen en la Comisión de Presupuesto del Senado un proyecto que va en el mismo sentido y fue impulsado por el senador nacional Oscar Parrilli.

La tercera universidad es impulsada por diputados del oficialismo y tiene como primer firmante a Victoria Tolosa Paz, y es para crear la Universidad Nacional de Ezeiza.

También se tratarán en el plenario de este martes dos proyectos que confluyen en la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero, en la provincia de Córdoba. Uno es de la oposición y está firmado entre otros por la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning y otro por su coterránea camporista Gabriela Estévez.

Por último, se tratará la creación de la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, con sede central en la universidad de Paraná, y es impulsada por la presidenta de la Comisión de Educación, Blanca Osuna.

La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja, presidida por la diputada Vanesa Siley, otorgó dictamen al proyecto de ley que establece la creación de Comité Mixto de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo, en establecimientos o empresas, públicas y privadas donde trabajen 50 personas o más.  

El proyecto, que sigue lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo, prevé la creación de Comités Mixtos, con facultades paritarias, para elaborar planes de formación en materia preventiva e implementar medidas para evitar los accidentes y afirmar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable. 

La creación de ese comité será obligatoria en los lugares de trabajo, cuando allí se desempeñen 100 o más trabajadores, el cual estará formado, como mínimo, por 2 representantes de los trabajadores, y por el empleador en igual número. 

El proyecto señala que en las empresas en las que se desempeñen más de 500 trabajadores y/o trabajadoras se duplicará el número de integrantes. Y En aquellos lugares en los que se desempeñen más de 10 trabajadores y menos de 100, “el delegado o la delegada del personal tendrá facultades para participar en todas las iniciativas de prevención, efectuar planteos concernientes a ésta y para actuar en todos los temas referidos a la seguridad y la salud en el trabajo”. 

Al respecto, la diputada del Frente de Todos y autora de uno de los proyectos sobre Comité Mixtos, Blanca Inés Osuna señaló que se trata de una “iniciativa que tuvo denso tratamiento con la participación de distintos actores y actoras involucrados en la contención concreta de la seguridad de quienes se desempeñan en los lugares de trabajo”, y agregó: “La propuesta refleja acabadamente el esfuerzo y compromiso que cada uno ha puesto sobre este tema”. 

Por su parte, el diputado radical Fabio Quetglas explicó por qué presentaron un dictamen de rechazo: “La salud y la seguridad de los trabajadores es un resaltado que en general no es un procedimiento burocrático, si no que los mejores protocoles adentro de las empresas es ir creando una cultura. Y en ese sentido no tenemos una perspectiva burocrática de la defensa de la salud y la seguridad”, señaló.  

Además, se manifestó contra “el sentido de la oportunidad”, del proyecto: “Por supuesto los temas de seguridad y de salubridad siempre son urgentes e importantes, pero la agenda del trabajo en la Argentina, donde se está viviendo una verdadera catástrofe en materia laboral, sobre todo a la luz de la tasa de actividad. Nosotros creemos que ese debe ser el objetivo central de esta comisión”. 

A su turno, el diputado del Frente de Todos Hugo Yasky indicó que “es un proyecto que básicamente lo que plantea es mejorar las condiciones de seguridad y de salud, y de reducir la siniestra. Esto genera beneficios para, tanto el sector de los trabajadores, como para el sector empleador. No exime responsabilidades a la ART”, en este sentido, agregó que la iniciativa “ha generado una amplia adhesión de las centrales sindicales y empresarias. Hemos contado con el aporte de laboralistas, de médicos especialistas en el tema de salud laboral”. 

El diputado por el socialismo Enrique Estévez recordó que su partido, en su larga historia, “ha sido impulsor de mucha materia de legislación vinculada a la defensa de los derechos de los trabajadores. Para nosotros es muy importante”, y advirtió necesario “apuntar a la posibilidad de la creación de estas instancias, fundamentalmente porque creemos que no podemos construir políticas públicas que tengan que ver con la defensa de un derecho tan importante como es el de la salud, sin que puedan participar en el diseño de esas decisiones los principales interesados, en este caso trabajadores y empleadores”. 

A su turno, el diputado por Evolución Radical Martin Tetaz señaló la necesidad de “contar con evidencia científica” antes de avanzar con proyecto como estos: “No hay ninguna evidencia a favor de los Comités Mixtos desde el punto de vista cuantitativo, por lo tanto, no vamos a acompañar el dictamen de mayoría”, consideró. 

De todas formar, reiteró que “en líneas generales esta es la línea que nos gustaría insistir en otros proyectos que pasen por acá, que tratemos de empezar a tomar decisiones basados en evidencia científica y datos. Sería muy bueno saber cuál es la contribución de la institución que estamos creando a la reducción de la accidentología, si es que existiera, porque eso nos ayudaría a compensar y tomar una decisión adecuada”. 

Finalmente, el diputado sindicalista Sergio Palazzo consideró “muy importante”, que “después de la pandemia, y atendiendo compromisos internacionales que asume el país cuando suscribe convenios con la OIT hoy estemos dando este debate. Hay un vacío legal entre propios trabajadores que nosotros tenemos que cubrir”. 

Por esto, señaló que “si nosotros invirtiéramos en la prevención del accidente, podríamos estar destinando un montón de dinero al funcionamiento de la economía, que hoy se lleva el 4% en accidentes de trabajo”. 

“A lo largo del año, el debate del proyecto en comisión convocó a distintos referentes del movimiento sindical, empresarios, empresarias, abogados laboralistas y expertos en la materia que dieron testimonio de experiencias reales en distintas fábricas y ámbitos laborales”, concluyó 

Por otra parte, la comisión también alcanzó dictamen sobre el proyecto de Régimen Previsional Diferencial para Brigadistas, régimen que reconoce la labor de los trabajadores como una tarea de riesgo; debido a la dificultad de trabajar expuestos a la presencia de fuego, gases tóxicos, y condiciones climáticas difíciles, y la exposición a problemas de salud graves tanto físicos como psicológicos. 

El proyecto viene con media sanción del Senado y dictamen de la Comisión de Seguridad Social, y apunta a reconocer una jubilación diferenciada, de 50 años para las mujeres y 57 para los varones, donde se reconozcan 25 años de aporte, de los cuales 15 deben acreditar haber complicado las tareas que tienen que ver fundamentalmente con el combate y la supresión de incendios forestales o rurales, la participación en situaciones de emergencia y la intervención en operativos de búsqueda y rescate, participar en actividades de concientización en la sociedad, entre otras. 

Al respecto, la diputada Marisa Uceda señaló: “Avanzar en este proyecto, que es reconocer su derecho a una jubilación anticipada, no por capricho como decía uno de los compañeros en la comisión, si no por necesidad, sería un gesto que esta cámara debería tener con este colectivo de trabajadores que ven dañadas su salud y mitigado la integralidad de su desarrollo físico, producto de esta tarea, que a nadie se le escapa lo que impacta en el cuerpo de los trabajadores”.  

Presidida por la entrerriana Blanca Osuna (Frente de Todos), la Comisión de Educación avanzó con el dictamen del proyecto de ley de Inclusión Digital Educativa, que crea la Agencia Federal de Conectar Igualdad, un organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Educación.

La presidenta de la comisión explicó que los proyectos contienen el plan federal de conectividad del sistema educativo, garantizan el acceso y la navegación gratuita por servicios de internet, a través de dispositivos móviles, de manera libre, a todos los estudiantes y docentes del sistema educativo nacional.

“Al revisar los antecedentes en esta Cámara hay más de 25 proyectos, con muchos aspectos comunes y con el objetivo de poder instalar como política de estado la inclusión digital”, señaló Blanca Osuna, que agregó: “Es altamente significativo que en los últimos 10, 15 años se ha ido sosteniendo como una preocupación, una acción y una política el acceso o la inversión en materia para la inclusión digital, para alumnos y alumnas del sistema educativo argentino”.

La diputada Victoria Morales Gorleri (Pro-CABA) adelantó la presentación de un dictamen de minoría. “Es un tema que venimos trabajando, buscando acuerdos. Todos estamos de acuerdo en el diagnóstico, todos somos conscientes durante la pandemia de la gran dificultad y esto evidenció la importancia y que la conectividad es un derecho”, comentó. A la vez, objetó la creación de este instituto: “Creo que es posible, además de necesario que esté en el Ministerio de Educación, ya que tiene sobradas herramientas para poder llevar adelante un plan nacional, federal de conectividad”, aseguró.

Por otra parte, la comisión dictaminó el proyecto de ley de creación del programa de respaldo a estudiantes de Argentina (Progresar), con el fin de promover oportunidades de permanencia, egreso, reinserción educativa en todos los niveles y en la formación técnico profesional de jóvenes entre 16 a 30 años de edad inclusive residentes en Argentina; en el marco de lo establecido por la ley N° 26206 de educación nacional; la ley N° 26.058 de formación técnico profesional; y la ley N° 24.521 de educación superior.

 El diputado Daniel Arroyo (FdT) se refirió al mismo: “Es un tema central, si hay un problema es en los jóvenes no terminan sus estudios, en este proyecto cuando nos referimos a las becas Progresar, estamos hablando de apoyo económico para terminar la escuela secundaria, para iniciar o avanzar en carreras terciarias y capacitarse en oficios, es una política educativa y social”.

En la misma línea, la diputada de Evolución Radical Danya Tavela celebró que la iniciativa contempla la “pluralidad de ideas”. “Es un proyecto que representa la expresión de una política de Estado que hace a las cuestiones centrales cuando se quiere apostar en serio a la educación. La ampliación de la franja etaria es importante porque reconoce una realidad: la sobreedad producto de que los estudiantes no sean full time porque los estudiantes trabajan y estudian”.

 Al mismo tiempo, la comisión aprobó los dictámenes de los proyectos por los cuales se aprueban acuerdo de Cooperación en áreas de Cultura y Educación entre la República Argentina y República de Serbia, suscripto el 26 de noviembre de 2014 en la ciudad autónoma de Buenos Aires; acuerdo sobre reconocimiento de títulos de grado de educación superior en el Mercosur, celebrado en la ciudad de Montevideo – República oriental del Uruguay – el 17 de diciembre de 2018; y el que declara cuna del Magisterio Argentino a la Escuela Normal José María Torres de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, primera escuela normal nacional de formación docente en la de argentina.

La diputada nacional Blanca Osuna compartió una reunión de trabajo con Cecilia Moreau, presidenta de la Cámara baja; Germán Martínez, titular del bloque del Frente de Todos y sus pares entrerrianos Carolina Gaillard y Marcelo Casaretto, para avanzar en el tratamiento del proyecto de ley que crea la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz.

Tras en el encuentro, la presidenta de la Comisión de Educación afirmó que la iniciativa propone “jerarquizar nuestra educación, desde una institución que es protagonista en la historia educativa provincial y nacional”.

“Detallamos los fundamentos y el sentido de la creación, que es una apuesta pedagógica contundente donde se conjuga el arte, la cultura, la psicología y la salud mental, que pone en relevancia la educación y la formación de educadores, y que fortalece la escuela obligatoria, tomando como base la  Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), con un anclaje territorial inicial en cinco departamentos de la provincia: Paraná, Concepción del Uruguay, Concordia, Gualeguaychú y Federación”, explicó la autora del proyecto.

A su vez, destacó que “es una iniciativa que ha sido forjada y promovida desde el interior de la Facultad, debatida con la comunidad educativa, con docentes, estudiantes y especialistas. Este diálogo tendrá continuidad con sindicatos y sectores de nuestra comunidad. Y se ampliará con otras experiencias del país, ya que las comunidades visualizan en las universidades una posibilidad de impulso, de mejora para sus vidas cotidianas, de sus familias, y de sus barrios. Es una apuesta para concretar futuro con justicia”.

“Instancias como el encuentro del lunes pasado, junto al rector de UADER, Luciano Filipuzzi, la decana de la FHAyCS, María Gracia Benedetti, el vicedecano Daniel Richar, y el diputado Casaretto, forman parte de una agenda de acciones que venimos desarrollando en la provincia, para abrir debates, fomentar los intercambios, promover la participación y construir la mejor Ley, que inició el Gobernador ya hace un tiempo”, contó Osuna.

La legisladora entrerriana recordó que Gustavo Bordet, gobernador de la provincia, afirmó que “la voluntad y la decisión de avanzar en estos debates, porque hace a la jerarquización del sistema educativo, poniendo como prioridad que jóvenes y adultos puedan estudiar en su provincia y construir desde allí sus proyectos de vida”.

Además, resaltó que se trata de un proceso que viene a “reforzar el presupuesto y la inversión del Estado nacional en la educación superior, con un trabajo articulado con la provincia para que se garantice el derecho de docentes y no docentes, respetando jerarquías, funciones, antigüedades y cargos, y por supuesto de las y los estudiantes en todos sus niveles y modalidades”.

Y agregó que es la oportunidad de “robustecer el acceso a la educación superior, aportar al diseño de políticas públicas y reforzar el desarrollo integral de la sociedad entrerriana y de la región”.

“Junto a las autoridades del bloque y la Cámara, acordamos también que, en el tratamiento de leyes de creación de universidades, con sedes en distintos puntos del país, esté la creación de la Juan L Ortiz. Cecilia Moreau, al igual que legisladores de distintos bloques nos han expresado su compromiso y apoyo a esta iniciativa, claramente significativa para la historia educativa entrerriana”, finalizó Osuna.

La diputada nacional y presidenta de la Comisión de Educación, Blanca Inés Osuna (FdT – Entre Ríos), presentó un proyecto de ley para crear la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz sobre la base de la Facultad de Humanidades de la UADER, que dejaría de tener jurisdicción provincial para ser una unidad académica nacional.

Según establece el artículo primero de la iniciativa el establecimiento universitario “tendrá su sede central en la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, y estará sujeta al régimen jurídico aplicable a las universidades nacionales”.

“La Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz se constituirá sobre la base de la actual Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. A esos fines se faculta al Poder Ejecutivo nacional para acordar, por intermedio del Ministerio de Educación de la Nación, con el gobierno de la Provincia de Entre Ríos, la transferencia a la nueva universidad de todos los servicios educativos de la mencionada Facultad, sus bienes muebles e inmuebles, su personal directivo, docente y no docente, sus alumnos y sus escuelas preuniversitarias con sus niveles y modalidades”, explaya el proyecto.

Entre los fundamentos, indica que “en los últimos cinco años el sistema universitario con asiento en la provincia de Entre Ríos transitó un importante proceso expansivo, ya que el año 2015 contaba con 44.081 estudiantes y en 2019 la cifra aumentó a 51.544, lo que representa un crecimiento del 16,93%”.

“Este aumento de la matrícula está ligado al proceso expansivo y de democratización del sistema universitario que a escala nacional se dio en la última década (27,3%), explicado en gran medida por la creación de una gran cantidad de nuevas universidades, permitiendo que un número mayor de personas puedan acceder a la educación superior, pero también debido al acompañamiento con políticas públicas que permitieron una ampliación de derechos, como las becas Progresar, el programa Conectar Igualdad, la AUH, las Becas Manuel Belgrano”, explica la iniciativa.

Juan L. Ortiz nació en 1896 en Puerto Ruiz (a pocos kilómetros de la ciudad de Gualeguay, Entre Rios) y murió en 1978, en Paraná. Fue poeta y traductor argentino, considerado por el escritor Juan José Saer como “el más grande poeta argentino del siglo XX”.

De las cuatro facultades que tiene UADER -Humanidades, Ciencias de la Gestión, Ciencias de la Vida y la Salud y Ciencia y Tecnología- sólo una, Humanidades, concentra el 44% de la matrícula. De 29.322 alumnos que tiene la Universidad, 12.953 se concentran en esa unidad académica que tiene su sede en la Escuela Normal José María Torres, de Paraná.

La iniciativa de nacionalizar UADER surge a 22 años de su creación. La Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) cumplió el 8 de junio 22 años de existencia. Nació formalmente el 8 de junio de 2000, a través de la sanción de la Ley Provincial N° 9.250, durante el gobierno del radical Sergio Montiel.

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados recibió este martes a invitados especializados en políticas referidas a becas, conectividad y evaluación educativa.

Al comienzo del encuentro, la diputada Blanca Osuna (FDT), titular de la comisión, resaltó la posibilidad de “escuchar voces que provienen de la academia, del estudio sobre problemas y hechos de la educación y políticas educativas”.

“El objetivo es terminar este encuentro con ideas, planteos, conceptos que giran en torno a tres ejes que la Cámara de Diputados y, en esta comisión, han tomado forma de proyectos”, dijo.

El diputado Alejandro Finocchiaro (Pro) manifestó que “desde nuestro espacio de Juntos por el Cambio consideramos que son tres temas esenciales que hacen a la mejora de nuestra calidad educativa, que hacen que nuestros chicos y chicas tengan mejores oportunidades frente a la vida”.

En tanto, el diputado Daniel Arroyo (FdT) coincidió en que “así como hay distintas miradas sobre varios planos, sí hay un consenso del conjunto de diputados y diputadas de que tenemos que generar acuerdos fuertes, profundos y trascendentes en el sistema educativo, más allá de los espacios políticos y más allá de cada pertenencia”.

Como primera expositora, Adriana Puigróss (asesora de Presidencia de la Nación; docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y de la UNIPE; asesora de CTERA; y diputada nacional entre 1997 y 2001, y 2007 y 2015) expuso: “Toda sociedad tiene que tener una base de consenso. Hay ciertos temas sobre los cuales no cabe discusión. La definición misma de sociedad implica tener consensos básicos sobre algunos temas. Consensos que no estén sujetos a cambios en los signos políticos de los gobiernos”.

“De ninguna manera la idea de que los jóvenes han perdido en norte, el lenguaje, puede inhibirnos o puede inhibir al Estado argentino a hacerse cargo de la educación y de su responsabilidad respecto al conjunto de los niños, de los jóvenes y de los adultos”, explicó Puigróss.

Posteriormente, Carolina Ruggero (socióloga experta en políticas públicas; Directora Ejecutiva de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad del Min. de Educación de la Ciudad de Buenos Aires) se refirió a la temática de la evaluación. “Estamos acostumbrados a una discusión sobre las evaluaciones estandarizadas, pero también tomamos evaluaciones formativas que se diseñan de otra manera y en las que interviene mucho más los docentes”, expresó.

“Cada una de esas evaluaciones sirven para sacar distintos tipos de conclusiones y colaboran con distintos estamentos del sistema. Nunca una evaluación sirve si después no vemos qué pasa con los resultados; acá requerimos el mayor esfuerzo para tratar de ver que pensó ese niño cuando respondió de tal manera ese ítem; esa es la riqueza más compleja y es la evaluación de la que menos se habla socialmente y es en lo que más trabajamos la mayoría de las oficinas educativas de este país”, dijo.

Del mismo modo, Ruggero invitó a “pensar en la evaluación de la educación en todas sus dimensiones: en la evaluación estandarizada que ayuda a los sistemas a mejorar; en las evaluaciones formativas que acompañan a los docentes y a las escuelas, y que ayudan a esos docentes a desafiar a los chicos para dar un poquito más; y en las evaluaciones políticas para saber que van para donde nosotros queríamos que vayan”.

Graciela Morgade (vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA; doctora en Educación; master en Ciencias Sociales; se desempeñó como subsecretaria de Participación y Democratización en el Ministerio de Educación) analizó la situación de las becas y del Progresar.

“Espero que los legisladores puedan recuperar, sostener y mantener la idea de la beca como derecho, como reconocimiento al derecho a estudiar. No una beca como premio a quien estudia. Estos son matices de cómo se considera una beca. Y el derecho a la educación como el derecho ampliado; hoy tenemos muchos consensos respecto de esto ya que no es solo el acceso a la educación sino también el derecho a permanecer, el derecho a egresar y a la calidad”, explicó.

Morgade consideró que la beca Progresar es “una política educativa y también de juventud, que tiene que ver con un mensaje que el Estado le da a quienes estudian, porque importa que estudien y que permanezcan”.

“El Progresar no es solo una política económica de apoyo económico; es el sistema educativo haciéndose cargo de sus jóvenes”, resumió.

Sobre conectividad, Rocío Fontana (Directora General de Educación Digital del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires) explicó que “en la necesidad que la escuela esté conectada y no desconectada de la cultura digital, las propuestas y soluciones implican mucho más que los accesos; implican hoy pensar cómo navegamos, el tiempo que pasamos en internet, con quiénes nos relacionamos, qué compartimos, a qué información accedemos”.

“Escuchamos voces que provienen de la universidad, de las escuelas y de responsables políticos. De ellas nos quedan ideas, planteos y conceptos en torno a ejes que en esta Comisión han tomado forma de proyectos. La inclusión digital, las trayectorias educativas, la inversión estatal, la permanencia y egreso de los y las estudiantes, motivan la formulación de numerosas iniciativas,” explicó Osuna luego del encuentro.

“El derecho a la educación nos exige una mirada profunda y propuestas integrales sobre estos desafíos actuales. Por eso respaldar por ley el Programa de Becas Progresar significa apostar a la permanencia de políticas para todos los niveles del sistema educativo, con el necesario compromiso del Estado para consolidar el derecho de estudiantes y apostar además a la inclusión social de jóvenes y adultos”, argumentó la diputada entrerriana.

También expusieron Mariano Palamidessi, rector de UNICABA, doctor en Educación, licenciado en Ciencias de la Educación; Candela Coletti, estudiante del Normal N°1 de La Plata y representante de la Red Nacional de Centros de Estudiantes (RENACE); Adriel Ezequías Segura, estudiante de la Escuela Técnica n°34 de la Ciudad de Buenos Aires; Violeta Schnek, estudiante de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, entre otros.

La presidenta de la Comisión de Educación y diputada del FdT, Blanca Osuna (Entre Ríos), destacó la sanción del proyecto de Promoción de la Formación y Desarrollo de la Enfermería que obtuvo media sanción de la Cámara baja con 199 votos a favor y ninguno en contra porque “jerarquiza a uno de los pilares indispensables de la salud pública en nuestro país”.

“Estamos apostando a la formación, la profesionalización y el incremento de la cantidad de enfermeras y enfermeros, de manera federal y con perspectiva de género”, afirmó la legisladora y explicó que “la Ley de Formación y Desarrollo de la Enfermería, es el resultado de un intenso trabajo que sostuvimos con la comunidad de enfermería, con universidades, sindicatos, asociaciones profesionales y ministerios de todas las provincias, que nos acompañaron en el recinto”.

En esa línea, detalló: “Estos actores tendrán una participación clave, junto a los Consejos Federales de Educación y de Salud en la Comisión Nacional que creamos, en tanto espacio de participación y asesoramiento”.

Y profundizó: “Esta ley también establece un Sistema Nacional de Evaluación, Certificación y Acreditación Integral de la Educación Técnico Profesional, y fija la creación del Programa Nacional de Enfermería con el objeto de aumentar la matrícula, el fortalecimiento de las instituciones formadoras; la consolidación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje y de las trayectorias educativas; la mejora de la calidad del trabajo profesional; la promoción de la participación creciente de la enfermería en el Sistema Nacional de Residencias Profesionales de Salud; la capacitación y la investigación continua en enfermería; y la inclusión de la perspectiva de género”.

Además, Osuna destacó que “la reconversión de las ofertas educativas de auxiliares en enfermería deberá reconvertirse en un plazo de dos años acompañadas por el Ministerio de Educación y las Universidades”.

A su vez, la diputada oficialista señaló que la legislación también garantiza “las becas y la actualización de su monto a estudiantes de las carreras de enfermería de todo el país, y establece un plan de aportes económicos para la mejora de las instituciones formadoras”.  

En ese sentido, agregó que se trata de “una reivindicación a una profesión crucial en el sistema de salud donde prioritariamente comprometemos al estado en su formación y carrera. Bien merecido lo tienen quienes pusieron el cuerpo y el trabajo incansable durante la pandemia sanitaria que azotó el mundo”.

Y añadió que además, con esta Ley, “se está abordando con perspectiva de género a un sector feminizado y expuesto históricamente en consecuencia a reglas patriarcales además de la prevalencia médica en el acceso a cargas de conducción”.

“Este paso que estamos dando en la Cámara, se articula directamente con las Leyes de Educación Nacional N° 26.206, la Ley de Educación Superior N° 24.521, la Ley de Formación Técnico Profesional N° 26.058 y la Ley del Ejercicio de la Enfermería N° 24.004. Y fortalece una política federal indispensable, luego de años donde el macrismo eliminó el Ministerio, disminuyó las becas Progresar, dejó vencer vacunas, acotó el calendario de vacunación obligatoria, despidió miles de trabajadoras y trabajadores, y desfinanció programas claves. Y lo hacemos jerarquizando la profesión de enfermería, fortaleciendo sus carreras, facilitando su acceso federal, generando ciencia y tecnología, y favoreciendo la investigación, porque sin enfermeras y enfermeros no hay salud pública”, apuntó Osuna.

La Cámara de Diputados dio media sanción en la madrugada de este viernes al proyecto de Promoción de la Formación y Desarrollo de la Enfermería. La aprobación se alcanzó con 199 votos a favor, ninguno en contra y solo 4 abstenciones correspondientes a los diputados de la izquierda.

El proyecto fue el último de los tratados en la extensa sesión de la Cámara baja, que concluyó a las 3.22, al cabo de más de 15 horas de debate. En el caso de este último tema, la discusión arrancó en base a tres dictámenes, uno del oficialismo, otro de Juntos por el Cambio y un tercero de la izquierda. Las principales diferencias radicaban en la cuestión presupuestaria que hace a las becas. Sobre el final, antes de la votación, la diputada Blanca Osuna procedió a la lectura de una serie de modificaciones introducidas que fueron aceptadas por su par socialista Mónica Fein.

El proyecto con media sanción, que ahora deberá ser tratado en el Senado, tiene por objeto establecer los mecanismos necesarios para promover la formación de calidad y el incremento de la cantidad de enfermeras y enfermeros, así como la profesionalización y el desarrollo de la enfermería en todo el territorio nacional.

Además, declara de interés público nacional la Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería en la República Argentina; y establece la creación de una Comisión Nacional de Formación y Desarrollo de Enfermería, como organismo de asesoramiento técnico a los fines de brindar recomendaciones sobre cualificaciones profesionales, certificaciones educativas y estrategias para la mejora continua de la formación y el desarrollo del trabajo profesional de enfermería.

En esa comisión deberá haber representantes del Ministerio de Educación de la Nación, el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Trabajo de la Nación, el Consejo Federal de Educación, el Consejo Federal de Salud, organizaciones sindicales, instituciones de formación técnica superior, universidades y asociaciones profesionales de enfermería, quienes “actuarán ad honórem”, se aclara.

Asimismo, se crea en el ámbito del Ministerio de Educación, el Programa Nacional de Formación de Enfermería, según los lineamientos del Consejo Federal de Educación, a fin de administrar y gestionar los incentivos y aportes económicos para la mejora continua de la calidad de la formación de los enfermeros, incrementar el número de egresados y promover el desarrollo de la enfermería en todo el país.

En el texto, se promueve el derecho de enfermeras y enfermeros a acceder a mayores calificaciones y preparación para el desarrollo de su profesión, ya sea a través de la educación formal como de la formación continua en salud. En consecuencia, se estimulará e incentivará la movilidad entre las distintas calificaciones y certificaciones existentes.

También, se fomentará la profesionalización de los auxiliares de enfermería que actualmente sean parte integrante del sistema de salud, tanto público como privado. Y se dispone que a partir de los dos años de promulgada la ley, se prohíbe la formación de nuevos auxiliares en enfermería en todo el territorio nacional, debiendo las ofertas educativas reconvertirse con dicho propósito en ese lapso.

La iniciativa contempla el otorgamiento de becas, que podrán ser renovables anualmente y el texto indica que “el monto anual de las mismas deberá actualizarse de forma previa al inicio de cada ciclo lectivo, debiendo definirse una escala progresiva en relación con el avance de estudio de la tecnicatura o licenciatura en Enfermería”.

Los discursos

Abrió el debate la titular de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, la socialista santafesina Mónica Fein, quien destacó el papel de los enfermeros y enfermaras cuya contribución consideró “vital”, destacando que “la pandemia nos demostró la importancia que tiene su rol en nuestro sistema de salud”.

“Pero es necesario y urgente incrementar el número de enfermeras y enfermeros, además de promover y mejorar la formación de la enfermería. Y con este proyecto que vamos a aprobar vamos a mejorar por ley un programa que existe desde 2016 en el Ministerio de Salud y el de Educación, y que ha mejorado sustantivamente el número y la calidad de enfermeras y enfermeros”, resaltó.

Fein reconoció que en el mundo hay un déficit. Mientras en Europa y otros países hay 81 enfermeros cada 10 mil personas en nuestro país, no llegan a 35, además de registrarse “una distribución sumamente inequitativa”.

En ese sentido destacó que “en las grandes ciudades tenemos una concentración muy alta, mientras que en el resto del país no llegan a la mitad”.

“Es fundamental que en nuestro país se considere la formación como una política de Estado y se definan líneas estratégicas que contribuyan a estos objetivos”, señaló sobre el final, concluyendo que “es un gran paso para garantizar una mejor calidad y una mayor cantidad de enfermeros y enfermeras”.

A continuación, la presidenta de la Comisión de Educación, la entrerriana oficialista Blanca Osuna, resaltó el “profundo sentido humano” que tiene la práctica de la enfermería. Coincidió en que “faltan enfermeros, y eso se notó más durante la pandemia. Pero ahí estuvieron ellos y ellas”, resaltó la legisladora.

“Es importante destacar algunos sesgos y detalles que hacen a esta ley. Una tiene que ver con la profesionalización. No solo es despareja la distribución, sino que hay una diversidad de propuestas educativas: auxiliares, técnicos y técnicas y licenciados y licenciadas”, señaló, resaltando que “hay una decisión de que esa jerarquización en la profesión sea acompañada por las universidades, que van a tener un fuerte compromiso, junto al Ministerio de Educación y el de Salud, que deben trabajar coordinadamente en la materia”.

Para Osuna, “uno de los desafíos mayores es justamente la coordinación de distintas áreas. Van a tener ese desafío Salud y Educación”. Y agregó que “otra cuestión que tiene que ver con una decisión de acompañar con un incentivo económico para jerarquizar profesionalmente, sino a través de las becas”.

Recordó la diputada entrerriana que durante el Gobierno de Cristina Kirchner, el Plan Progresar dispuso toda una línea de becas para enfermeros y enfermeras. “El Pronafe es eso, y si bien hubo un período de gobierno donde las becas estuvieron congeladas, han tenido un incremento de montos y cobertura”, remarcó.

En el proyecto, agregó, se incorporan becas de posgrado y de acompañamiento que atienden las fases de la carrera.

Expresó además su deseo de que se esté “abriendo además un gran debate pendiente que tiene la Argentina sobre su sistema de salud. Poner en cuestión acompañar el proceso de formación de actores sustantivos, como son enfermeros. Dar este paso dependerá de la decisión política que conjuguemos oposición y oficialismo, y los distintos actores que van a participar del sistema: sindicatos, asociaciones, universidades, instituciones formadoras y los entes del Estado que asumirán esta responsabilidad con esta ley hoy”.

Expuso por uno de los dictámenes de minoría el diputado catamarqueño Rubén Manzi (CC), quien arrancó con un reconocimiento hacia el exdiputado Pablo Yedlin y la diputada Graciela Ocaña, sobre cuyos proyectos “hoy se llegó a esta síntesis”, dijo.

“La enfermería no es reconocida como debe”, observó, aclarando que “tampoco esta ley va a lograrlo, porque es bueno aclarar que no estamos legislando ni sobre las condiciones de trabajo, ni sobre la remuneración. Lo que estamos legislando, y no es poco, es intentando generar una corriente de mejora en la capacidad técnica, sobre todo destinado a ese 30% de auxiliares que hoy cumplen la tarea de enfermero a la par de técnicas y licenciados en enfermería”.

Manzi resaltó que el objetivo central de la norma es “generar una rápida y significativa expansión del número para acercarnos a ese ideal numérico al que hizo referencia la presidenta”.

“Pero a esta ley a mi criterio hubiese sido el ideal que tuviese un fuerte acompañamiento económico para establecer por ley el monto de becas y que sean ajustables en el tiempo –agregó-. Entendemos que la situación macroeconómica, el desplome económico, impiden que en este momento tomemos esta decisión. Así que vamos a tener que confiar en que el Poder Ejecutivo y los poderes ejecutivos siguientes le den la importancia nodal que los enfermeros y enfermeras tienen. Esos son un actor importante en el sistema de salud y eso tiene que ver con ir cambiando la visión medicocéntrica hacia una visión sistémica del sistema. Y esto también vale para lo siguiente. En esto no hay diferencias sustanciales entre las distintas fuerzas. En la importancia que le damos a la enfermería y la necesidad que todos reconocemos que la enfermería sea atendida y desarrollada como corresponde, creo que no hay grieta y que trabajemos en consecuencia para que esta ley no termine siendo una ley anodina por falta de recursos”.

“Esta ley va a permitir que haya más enfermeras en el país”, resaltó el diputado Gustavo Bouhid (UCR-Jujuy), quien habló de “la injusticia que tienen aquellos auxiliares de la enfermería que están haciendo el mismo trabajo que una enfermera profesional, pero no pueden cobrar el título, la misma cantidad de plata. Esta ley les permite la nivelación. Hay que tratar que todas las enfermeras tengan una formación universitaria”.

Pasadas las 3 de la madrugada, cerró el debate el diputado oficialista Daniel Gollan, quien arrancó descartando el cierre de la escuela de enfermería del Hospital Fiorito, como se expresó durante el debate. “Probablemente esta ley no resuelva todos los problemas, pero es un inicio, es un hito”, valoró, para destacar luego otra ley que prontamente será presentada: la que permitirá el reconocimiento del convenio 149 de la OIT. “Hoy estamos dando un paso fundamental para poner en valor lo que es la enfermería en nuestro país”, enfatizó el exministro de Salud.

Los cambios en el dictamen de mayoría

A las 3 de la madrugada, cuando los legisladores se aprestaban a votar la última ley puesta a consideración, la diputada Blanca Osuna pasó a leer los cambios acordados con la oposición que permitieron la amplia aprobación de la norma.

La primera modificación figuraba en el Capítulo II, referido a la autoridad de aplicación, que quedó así redactado: “Será el Ministerio de Educación, que podrá articular y cooperar con el Ministerio de Salud en todo aquello que sea pertinente”.

En ese mismo capítulo, el artículo 5° tuvo modificaciones de forma, mientras que en el ar´ticulo 7° se agregó después del Consejo Federal de Educación, el Consejo de Universidades.

Se introdujo un nuevo artículo: el 8°, referido a los requisitos mínimos. “A fin de garantizar condiciones de equidad y calidad de formación, la Comisión Nacional de Formación y Desarrollo de la Enfermería considera para las titulaciones de enfermería los siguientes requisitos, a los fines de la validez de las mismas: 1) contenidos curriculares mínimos; 2) perfil profesional; 3) carga horaria mínima; 4) criterios para las prácticas formativas”.

En el Capítulo V, hubo modificaciones en lo referente al Programa Nacional de Formación de Enfermería. En el artículo 13°, de objetivos, se incorporó el inciso K: “Favorecer y promover la creación de becas de posgrado, con el objeto de fortalecer los conocimientos y el trabajo de los proesionales de la enfermería en todo el territorio argentino. Tambén en las áreas de las especialidades críticas como terapia intensiva y neonatología”.

El Capítulo VI tuvo modificaciones en Formación continua profesional. Se incorporó el artículo 16°, de Articulación, que dice: “A los efectos de la mejora de la calidad de la formación en la enfermería, el Ministerio de Educación asistirá a través del INED y también promoverá la articulación a través de convenios entre las universidades y las instituciones formadoras para el desarrollo de ciclos de complementación curricular para alcanzar títulos de grado y de posgrado universitario en la materia”.

El artículo 17°, Reconversión de ofertas educativas de auxiliares en enfermería, dice: “A partir de los 2 años de promulgada la presente ley, se discontinua la formación en auxiliar de enfermería en todo el territorio nacional, debiendo las ofertas educativas reconvertirse con dicho propósito en ese lapso”.

El Capítulo VII, Incentivos y aportes económicos a la formación, tuvo modificaciones en el artículo 22°, que responden a la remuneración, y los artículos 18° y 19° pasaron a ser 20° y 21°.

Las votaciones en particular se hicieron a mano alzada y Juntos por el Cambio votó en contra de los artículos 6°, 7°, 9°, 10° y 11°.

Tal cual había esbozado durante la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja realizada el pasado 5 de julio, la diputada nacional Blanca Osuna (FdT – Entre Ríos) presentó un proyecto de resolución para que se informe al Congreso de la Nación sobre la situación judicial y administrativa “Pepín” Rodríguez Simón, prófugo en Uruguay hace 590 días.

En efecto, en esa reunión de la comisión que preside el diputado Eduardo Valdés la diputada entrerriana había sacado el tema de Rodríguez Simón luego de que desde la oposición reclamaran saber sobre la situación del exembajador argentino en Israel Sergio Urribarri. En esa oportunidad Valdés aclaró que el exgobernador de Entre Ríos ya está en su provincia y en esas circunstancias intervino Osuna para aclarar que Urribarri siempre había estado “a derecho” y planteó la situación de Rodríguez Simón, prófugo de la justicia argentina en Uruguay.

“La sociedad tiene derecho a conocer la verdad respecto a la grave situación en la que se encuentra el prófugo sospechoso ‘Pepín’, para que la consigna de igualdad ante la ley y la obligación como funcionario de honrar los deberes que competen a un representante público sean respetados”, afirmó Osuna.

En tanto, detalló: “Fabián Rodríguez Simón ha sido el abogado de los trabajos sucios de Macri, tales como en la causa de los Panamá Papers, en el armado de un sector adicto del Poder Judicial, y en la extorsión a los dueños del Grupo Indalo, entre otras cosas”.

“Es quien tuvo despacho en la Casa Rosada durante la presidencia de Macri, sin desempeñar cargo público alguno. El mismo que ante el avance de la causa judicial que lo implica, el 6 de mayo de 2021 pidió asilo en la República Oriental del Uruguay, donde permanece hasta la fecha, y donde su solicitud de refugio ante la ROU tuvo ya tres rechazos sucesivos. Y en Argentina fue declarado en rebeldía por la jueza Servini, el 19 de mayo del año pasado, cuando se negó a presentarse a indagatoria”, expresó la integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara y de Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

A su vez, Osuna explicó que “en estos días, conocimos que el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1° turno de Montevideo, mediante los votos de Alberto Reyes Oehninger y Sergio Torres Collazo, rechazó la solicitud de refugio político de Rodríguez Simón”.

Y sumó: “La resolución judicial echa por tierra su planteo y aclara que no corresponde a un temor fundado, que no hay riesgo de privación indebida y que los requerimientos judiciales no son arbitrarios ni ilegítimos”.

“Mientras la Justicia uruguaya sienta posición respecto a la situación de este personaje, los poderes del estado argentino tienen responsabilidad de actuar con la premura que exige resolver la irregular y vergonzante situación que posibilita que un prófugo acusado de graves delitos, por los cuales ha sido imputado, continúe deshonrando la representación de nuestro país ante el Parlasur”, advirtió la diputada del FdT.

Al respecto, exigió: “Necesitamos saber si el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto ha recibido un pedido de extradición de Fabián Rodríguez por parte del Poder Judicial, cuál es la situación de ese proceso y en qué juzgado se tramita. Es fundamental conocer además si tiene un pedido de captura internacional o se encuentra vigente el sistema de Alertas Rojas de Interpol, como también entender si se encuentra notificado por parte de la justicia argentina y cuáles son las razones para negarse a esos requerimientos”.

“Es indispensable que toda esta información sea accesible para toda la sociedad y que se dispongan de todas las herramientas necesarias para que quienes cometieron delitos desde el lugar más encumbrado de la administración del Estado, en connivencia con Macri como mandatario, asuman las responsabilidades que les corresponden”, apuntó la diputada entrerriana.

El proyecto lleva el acompañamiento de los diputados Leopoldo Moreau, Hilda Aguirre, Silvana Ginocchio, Tomás Ledesma, Rodolfo Tailhade y Marcelo Casaretto, entre otros.

En el marco de un plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Educación, que presiden la socialista Mónica Fein y la oficialista Blanca Osuna, respectivamente, dieron dictamen favorable al proyecto de promoción de la formación y del desarrollo de la enfermería.

Al respecto, Fein sintetizó: “Estamos proponiendo elevar a ley el recurso humano de la enfermería, una ley que promueva y jerarquice su formación terciaria, de grado y universitaria, y que incremente el número de 35 enfermeras y enfermeros cada 10.000 personas en la Argentina”.

A su turno, Osuna ponderó “el incremento de las Becas Progresar para los futuros profesionales de la enfermería a partir de la Ley de Aporte Extraordinario, generando un incremento que triplica la cantidad de becas en un año y medio”. La diputada celebró que el proyecto “promueva una perspectiva de género”, y que el Consejo Federal de Educación “haya dado lugar a un sistema nacional de evaluación y certificación de la educación técnica y profesional, resolviendo los problemas ligados a la heterogeneidad y la diversidad de los planes de estudios para la enfermería en todo el territorio nacional”.

A su turno, el diputado Daniel Gollan (FdT-Buenos Aires) expresó que “tenemos la mitad de enfermeros que tendríamos que tener”. Conocedor del tema, comentó que Gran Bretaña tiene un médico cada 20, “el doble de lo que debemos tener nosotros” y precisó que ese país “gasta tres veces menos que Estados Unidos, pero tiene un mejor sistema se salud y parte de ello es el equipo de cabecera que tiene”.

Desde la oposición, que firmó un dictamen de minoría, Alejandro Finocchiaro celebró el tratamiento de ese tema y habló de la necesidad de tener incentivos para contar con más enfermeros en la Argentina. “Necesitamos 3 enfermeros por cada médico y tenemos una cifra infinitamente menor”, comentó. Al justificar el dictamen de minoría discrepó respecto de la autoridad de aplicación, que a su juicio no debe ser el Ministerio de Educación, y cuestionó también que se cree “una burocracia que no debería crearse”. Planteó también discrepancias respecto de las becas, que deberían ser superiores.

Para el catamarqueño Rubén Manzi (Coalición Cívica), se trata de “un tema central” y lo comparó con lo que fue la campaña de vacunación contra el Covid, por su “impacto masivo”, en tanto que Graciela Ocaña (Pro) valoró también el tratamiento de este tema, pero reclamó tener un presupuesto especial para esta ley, cosa que el dictamen del oficialismo no tiene. Se quejó en ese sentido porque el plenario no incluyó a la Comisión de Presupuesto, y por el contrario, cuando pase por la misma probablemente hagan modificaciones con las que no van a coincidir.

Llamó a crear un fondo fiduciario dedicado a las becas y formación de los enfermeros y advirtió su temor porque dentro de 5 o 6 años el sistema adolezca de falta de enfermeros profesionales.

Hizo hincapié también en la cuestión de las becas y sostuvo que los estudiantes de enfermería tienen un compromiso especial durante sus años de estudio, por las prácticas que deben realizar y sugirió que el valor de las becas sea del 60% del salario mínimo vital y móvil, lo cual sería “un gran incentivo que es lo que el sistema de salud necesita”.

La diputada Danya Tavela (Evolución Radical) justificó el despacho por minoría en tanto se basa “en tres aspectos centrales; aumentar y consolidar el valor de las becas, porque quienes estudian enfermería deben tener una dedicación completa; garantizar estándares mínimos de calidad, para una educación necesaria y pertinente en cada uno de los territorios, y establecer al Ministerio de Educación como su autoridad de aplicación”.

La siguiente instancia para el proyecto de promoción de la formación y del desarrollo de la enfermería, implica el giro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Según el texto original presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, la ley proveerá de “recursos a instituciones formadoras de enfermería y se establecerá un sistema de becas a estudiantes de instituciones públicas y privadas de todo el país”. Asimismo, procura “avanzar en el diseño y aprobación de una currícula que contenga lineamientos comunes”. También, a través de la iniciativa se propone otorgar carácter de ley al Programa Nacional de Formación de Enfermería en la órbita del Ministerio de Educación de la Nación.

La diputada nacional Blanca Osuna participó de la concentración en la Plaza del Congreso en reclamo de asignaciones específica para la industria y el desarrollo del cine, el teatro, la música, las bibliotecas populares y los medios comunitarios, que –advierte- “la reforma tributaria del macrismo en 2017 limitó y puso fin”. 

“En la próxima sesión va a estar en el temario, porque para nosotras y nosotros es un tema urgente, y por eso debatimos y presentamos un proyecto de ley para extender ese financiamiento por 50 años”, afirmó la legisladora al respecto.  

“Con mucho orgullo estamos acá en la Plaza compartiendo con ustedes este reclamo, que también es nuestro y que debe resolverse. Tenemos la firme decisión de su aprobación, porque tiene que ver con las banderas que defendemos, con las identidades populares, con el patrimonio colectivo que construimos todos los días y con la generación de puestos de trabajo”, destacó Osuna. “Soy diputada pero también entrerriana, una provincia que ha dado grandes aportes a la cultura, que siempre es identidad en construcción. Y por eso aquí hay diputados de distintas regiones, porque atraviesa luchas y generaciones”, añadió. 

La legisladora sostuvo que se llegó a este escenario por “la reforma tributaria sancionada en diciembre de 2017, por el gobierno de Mauricio Macri, enmarcado un contexto de ajuste de ministerios, de eliminación de programas claves, de desfinanciamiento de organismos y políticas, de despidos masivos y de un endeudamiento feroz unos meses después”. Advirtió que allí “se estableció para fin de este año el cese del financiamiento específico para políticas de fomento de organismos nacionales de música, teatro, cine, bibliotecas populares y radios comunitarias”. Y agregó que “el urgente tratamiento del proyecto impulsado por el diputado Pablo Carro, del cual soy cofirmante, extiende esa asignación hasta 2072”. 

“Con esta ley estaremos dotando de recursos al desarrollo de las industrias culturales, fortaleciendo el tejido social y comunitario, y recuperando políticas indispensables, que fueron llevadas al extremo, incluso con la eliminación del Ministerio, como ocurrió en tantas carteras, durante la gestión de Macri, Lombardi y compañía”, puntualizó la diputada nacional. “Por eso estamos acá, porque la cultura es Memoria, es raíz, es igualdad, que interpela el presente y construye futuro, y trata de un derecho fundamental para nuestro pueblo”, finalizó. 

Quedó constituida este miércoles la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. La misma seguirá siendo presidida por la entrerriana oficialista Blanca Osuna, en tanto que fueron elegidos dos vicepresidentes: el también oficialista Daniel Arroyo y por Juntos por el Cambio el exministro de Educación Alejandro Finocchiaro. Hubo en un primer momento una discrepancia en torno a la cantidad de integrantes y la proporcionalidad de la constitución de la misma, pero luego la misma quedó subsanada.

La diputada del Frente de Todos por Corrientes Nancy Sand fueron elegidas secretarias, también la tucumana Lidia Azcárate (UCR) y a la cordobesa Adriana Ruarte (Pro).

Antes de procederse a la designación de autoridades, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro expresó su desacuerdo con la constitución de la comisión, por cuanto a diferencia de lo que sucede habitualmente esta vez se había determinado que fueran 34 los miembros y no 35, según sostuvo. “De los cuales hay 17 que corresponden al Frente de Todos, 15 a Juntos por el Cambio y después las integraciones de otros bloques”. Ferraro se quejó por considerar que existía una “desproporción de la representación”, al quedar establecida en 17, 15, 1 y 1. A juicio de Ferraro, al aplicarse el sistema D’Hont la proporción debería ser 17 para el Frente de Todos, 17 para Juntos por el Cambio y el restante para otras fuerzas, o bien 34, 16, 1 y 1.

“Quiero dejar sentado esto porque llama la atención”, insistió, aunque poco después la secretaria de la comisión aclaró que con la llegada de Romina del Plá se había llegado a la conformación de 35 integrantes, “como siempre hubo”.

Presente en la reunión, el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, aclaró la situación al dejar claro que ellos tenían 16 integrantes en la comisión, y enfatizó: “Los acuerdos los cumplimos”. Fin de la polémica.

“Quienes estamos acá es porque elegimos esta Comisión, con la convicción y el compromiso de aportar a los grandes problemas y desafíos nacionales con respecto a la educación, que atraviesa la formación de las personas y la integración de nuestro pueblo”, destacó Blanca Osuna tras asumir en el cargo, y agregó: “Estamos transitando una etapa nueva, luego de las implicancias de la pandemia mundial, pero también de la fuerte crisis en educación, a partir del desfinanciamiento y el corte abrupto de programas durante el macrismo, muchos de ellos que hubieran sido estratégicos en los últimos dos años”.

“Hay una agenda que es intensa, con algunas iniciativas que están plasmadas en proyectos que veníamos trabajando en la Comisión y otras propuestas que tienen que ver con esta nueva etapa”, detalló Osuna. “Un período donde el vínculo, la interacción personal y la presencialidad toman otras formas. Y donde es necesario seguir avanzando en todo lo relativo a conectividad, a las políticas de estado vinculadas a las becas y el Progresar, y a la revinculación de chicas y chicos que fueron afectados por la pandemia”, profundizó.

La diputada nacional Blanca Osuna (Frente de Todos – Entre Ríos) participó de la inauguración del nuevo edificio de la histórica Escuela de Educación Técnica Nº 100 de Puerto Nuevo, que contó con la visita del presidente Alberto Fernández y del ministro de Educación, Jaime Perczyk. “Es una jornada de mucha felicidad para los paranaenses, que se vincula con el derecho a la educación y también con el trabajo, con la realidad del borde costero y el derecho al río”, afirmó.

“Toda la comunidad educativa, y de esta zona, ve tangible un sueño por el que venimos accionando hace muchos años, y que demuestra que es posible desde la gestión política lograr avances sustanciales para el bienestar de la sociedad y para la justicia de posibilidades”, apuntó Osuna.

En el mismo sentido, precisó: “Tengo presente cuando la Dictadura cerró la Escuela de Aprendices, que fue el antecedente educativo de la Escuela N° 100, y posteriormente tras arduo proceso su reapertura en 1989, en las instalaciones del Distrito Paraná Medio de Puertos y Vías Navegables de la Nación”.

“Acá estamos sobre la calle Claudio Fink, que lleva su nombre en homenaje a nuestro compañero, estudiante de la UTN, que fue detenido-desaparecido. Calle que abrimos en 2013, en nuestra gestión municipal, en el marco de distintas obras integrales que abarcaban el acceso al río, la recuperación del borde costero, la urbanización de los barrios de la zona, la infraestructura imprescindible para una mejor calidad de la vida cotidiana de las vecinas y los vecinos, y la proyección de las nuevas instalaciones de la Escuela”, explicó la legisladora entrerriana.

Osuna recordó que “la EET Nº 100 de ‘Puerto Nuevo’ es original y única en Latinoamérica, donde sus estudiantes egresan del nivel secundario con un título de técnico en construcciones navales”.

Además, detalló la ex Intendenta de Paraná: “La planificación del nuevo edificio se dio en un contexto de mucho impulso para la enseñanza técnica profesional de nuestro país, con una perspectiva federal y de derechos, que tuvo como característica fundamental la sanción de la Ley 26058 de Educación Técnico Profesional, donde se garantiza el derecho a la educación, pero también se vincula con la propia matriz productiva de la región, con la formación laboral y con la creación de fuentes de trabajo”.

“En un día tan emotivo, es imposible no rememorar los primeros encuentros con distintos sectores educativos, sociales, comunitarios y sindicales. Evocar aquella legislación, de mi autoría, que permitió la transferencia en 2011 a título gratuito a nuestra provincia de ese inmueble ubicado en Puerto Nuevo, con el propósito de destinarlo al funcionamiento de este edificio que hoy estamos inaugurando”, puntualizó la Diputada nacional. “Dos años después pudimos abrir la calle, que hoy recuerda a nuestro querido Claudio Fink, que permitió la unión del Puerto Nuevo con el barrio Morro y que aportó en la recuperación colectiva de nuestros espacios públicos y del acceso al río”, agregó Osuna.

La diputada entrerriana destacó que esta obra por 214 millones de pesos “es parte del programa nacional 100 escuelas técnicas, que tiene como fin la revinculación al sistema educativo de adolescentes y jóvenes, con una perspectiva de capacitación, formación e inserción laboral, y una inversión de 35.500 millones de pesos”. Añadió que “es parte de la recuperación de presupuestos, programas y recursos en materia educativa” y que “hoy, en un mes que atraviesa nuestras luchas, nuestros recorridos militantes, nuestras gestiones, nuestro trabajo, estamos en estas nuevas instalaciones, con un mensaje donde la educación es nuestra bandera”, finalizó.

La diputada nacional Blanca Osuna (Frente de Todos – Entre Ríos) se refirió a la presentación realizada, junto a los legisladores Leopoldo Moreau, Eduardo Valdés y Oscar Parrilli. La misma se efectuó ante el Juzgado Federal 11 de Comodoro Py a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, solicitando que la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia se constituya como Amicus Curiae (amigo del tribunal) en las causas de espionaje ilegal, entre ellas las concretadas en cárceles federales, Instituto Patria, y aquellas donde se investiga el rol de la Agencia Federal de Inteligencia y de los espías denominados Super Mario Bros.

“La presentación tiene fundamento en el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue reconocido en diversos procesos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, explicó Osuna y detalló: “Se trata de un instrumento que nos permite realizar valiosos aportes documentales, frente a hechos de tremenda gravedad institucional, como la planificación y ejecución de un plan sistemático de espionaje ilegal, llevado adelante por el gobierno de Cambiemos, contra dirigentes opositores, periodistas, militantes sociales, sindicalistas, e incluso familiares de los cuarenta y cuatro tripulantes fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan”.

En otra línea, destacó que “es fundamental que el Poder Judicial actúe con celeridad sobre estas causas. Fallos como el reciente de Llorens y Bertuzzi, donde se afirma que las acciones de espionaje fueron por iniciativa individual de algunos agentes, o cuentapropismo y no por una política ilegal deliberadamente organizada y llevada a cabo por los Macri, Arribas, Frigerio, Majdalani y otros, constituyen una burla al sistema democrático”.

“Exigimos una definición contundente contra prácticas perversas e ilegales que dañan la democracia”, advirtió Osuna y agregó: “Además del informe detallado que realizamos sobre el espionaje entre 2016 y 2019, también presentamos ante el Juez diversa documentación proveniente de entrevistas, testimonios, y sistematización de pruebas. Toda la presentación que realizamos hoy es producto de un cuidado y minucioso trabajo, que entendemos aportará para alcanzar la justicia que estos graves delitos y sus víctimas merecen”.

A su vez, afirmó: “Claramente este entramado ilegal tuvo connivencia judicial y blindaje mediático, donde una parte importante de Comodoro Py se transformó en una escribanía de Mauricio Macri durante su gestión”.

“Son los mismos que ahora obstaculizan cualquier investigación a fondo sobre las responsabilidades penales en esta materia”, agregó. “Nuestra presentación sólo busca aportar en ese camino, para que nunca más tengamos este accionar mafioso sostenido desde el propio estado”, finalizó Osuna.

La diputada nacional Blanca Osuna (FdT) participó este jueves del lanzamiento de “Aula Segura”, sobre los protocolos para la vuelta a clases, con la presencia del presidente Alberto Fernández, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

En el acto en Casa Rosada también estuvieron representantes de los Consejos Federales de Salud (Cofesa) y de Educación (CFE), con enviados de las 24 jurisdicciones del país.

“Luego de dos años difíciles y complejos, donde fue importante la reconstrucción del Estado y de políticas claves, como así también también el rol imprescindible de trabajadoras y trabajadores de la educación y de la salud, estamos iniciando otra etapa”, destacó la legisladora oficialista.

La entrerriana señaló que de aquí en más se transitará un tiempo “con la asistencia cuidada, la presencialidad plena e inversiones importantes que respalden políticas en función de la revinculación con la escuela de aquellas niñas, niños y adolescentes que vieron interrumpida su trayectoria escolar y que es una prioridad que vuelvan”.

“Con un 77% de la población con el esquema completo de vacunación, el horizonte nos deja desafíos urgentes e imprescindibles respecto a las infancias y las adolescencias, sabiendo que la escuela es un lugar insustituible para construir igualdad y generar un país más justo”, completó.

La diputada nacional Blanca Osuna (FdT) sostuvo que la movilización que se realizó frente a Tribunales en reclamo de cambios en la Corte Suprema de Justicia fue “un reclamo ciudadano” para expresar una “contundente denuncia contra la democracia que el Poder Judicial está planteando”.

“Es un reclamo de reacción ante un poder que no puede seguir funcionando de espalda a los intereses de nuestro pueblo”, señaló Osuna y consideró: “Creo que fue una fantástica expresión democrática lo que hemos vivido”, en declaraciones a Radio Nacional.

Además, la diputada oficialista sostuvo que “le llamó la atención las críticas expresadas desde diversos sectores de la oposición contra la marcha realizada”, y aseveró que “los ciudadanos tenemos todo el derecho de expresar nuestro reclamo”.

En esta línea, la legisladora señaló que “(el expresidente) Mauricio Macri y sus cómplices usaron a la Justicia para sus intereses”, y afirmó que sobre ese tema “no vio ninguna expresión en contra a pesar de que sobran elementos para demostrar que la mesa judicial funcionó”.

“Vamos a seguir exigiendo el fin del lawfare y la democratización de la Justicia”, advirtió y aseguró que el reclamo “adoptará las formas necesarias para revertir el mal funcionamiento de la Justicia”.

Y añadió: “La movilización ha sido una muestra generosa y honesta de asumir una posición y buscar un rol que le permita dar los debates de manera amplia y franca”.

Por otra parte, Osuna habló sobre la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de Diputados y consideró que se trata de “una muestra generosa y honesta de asumir una posición”, y a su vez “buscar un rol que le permita dar los debates de manera amplia y franca”.

Asimismo, aseguró que Máximo Kirchner “va a permanecer dentro del bloque del Frente de Todos y el debate va a enriquecerlo”, y cerró: “La tarea de un presidente de bloque es una labor de conciliación, German Martínez va a ser apoyado por todos los que integrantes”.

Así como el bloque de senadores del Frente de Todos expresó a través de  un comunicado su respaldo a la senadora Juliana Di Tullio, diputados del oficialismo también salieron a defender a la legisladora bonaerense. Lo  hicieron a través de un proyecto de resolución en el que expresan su “total desestimación y rechazo a la declaración del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina”, respecto a la posición de la senadora Di Tullio expresada en su discurso del 29 de diciembre pasado en el Senado.

En el mismo la legisladora propuso una declaración que terminó votando el Cuerpo  por unanimidad, en el que responsabilizó al  procurador general bonaerense Julio Conte Grand como autor de “un accionar ilegal”, que sostuvo “quedó patentizado en el video dado a conocer por la actual responsable de la Agencia Federal de Inteligencia, material que fue incorporado como prueba de la denuncia iniciada por la doctora Cristina Caamaño ante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak”.

El proyecto impulsado por la diputada entrerriana Blanca Osuna cuestiona la posición adoptada por el Consejo de Procuradores  y Fiscales a  través de un comunicado cuestionando las expresiones de Di Tullio. Ante ello, los diputados oficialistas llaman a que la Cámara baja “se exprese y condena la vergonzosa e ilegal voluntad de gestar el armado de causas y la persecución judicial a ciudadanos argentinos desde el poder del Estado”.

“Las palabras de Di Tullio son finalmente una opinión fundada  y vertida en sesión, amparada por la  inmunidad de  opinión de rango constitucional de la señora senadora en tanto legisladora”. Según el proyecto, “la violación de este precepto establecido por nuestra Constitución y que llamativamente el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina cuestiona ha sido respaldada por fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

El proyecto lleva las firmas de los diputados Leopoldo Moreau, Hilda Aguirre, Eduardo Valdés, Anahí Acosta, Rodolfo Tailhade,  Mara Brawer, Alejandra Obeid, Carolina Gaillard, Victoria Tolosa Paz, Paula Penacca, Mónica Macha, Verónica Caliva, Tania Bertoldi, Gabriela Pedrali, Mabel Caparrós, Susana Landriscini, Estela Hernández, Gimena López, Marcelo Casaretto, María Rosa Martínez, Graciela Parola, Guillermo Carnaghi, Hernán Pérez Araujo, Eduardo Fernández, Jorge Romero, Claudia Ormaechea y José Luis Gioja.

La diputada nacional Blanca Osuna (FdT) destacó las conclusiones de la reunión que mantuvo la Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, donde se resolvió por mayoría una posición crítica respecto del fallo de la Cámara Federal porteña por la revocatoria de los procesamientos de los extitulares de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, sobre espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri.

Además, en la comisión se decidió la creación de una subcomisión que investigará “el armado de causas de dicho organismo contra sindicalistas, luego de la difusión de un vídeo donde funcionarios confirman el modus operandi”, señaló la legisladora, en relación al vídeo donde aparecen exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal.

“Se definieron las respectivas denuncias contra los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi ante el Consejo de la Magistratura, por el desprocesamiento de los jefes de la AFI, desconociendo el plan masivo de inteligencia ilegal entre 2016 y 2019, y descartando la existencia de una asociación ilícita en la causa conocida como ‘Super Mario Bros’”, explicó la oficialista.

Sobre esa línea, la entrerriana cuestionó “el argumento de ambos camaristas” que omitieron “con total intencionalidad el trabajo del Congreso Nacional en la recopilación de datos, la sistematización de información, la recolección de pruebas y la escucha a cientos de testigos, en un trabajo riguroso plasmado en un informe de 400 páginas, presentado en abril del año pasado, que demuestra que al menos 342 personas y 171 organizaciones sociales, gremiales, políticas, de derechos humanos y religiosas, fueron víctimas de ese sistema ilegal; fue el supuesto intento de esos exespías de la obtención de dinero por su cuenta o de compartir información, utilizando sus posiciones y recursos del Estado”.

“Es indudable que fue un plan transversal a la estructura del Estado Nacional, que Arribas, Majdalani, ni Macri, pudieron desconocer”, agregó y fustigó: “Está claro además la vinculación política con el macrismo de algunos nombres que se repiten en Comodoro Py, que fueron y son actores sustanciales para el traslado de causas, subestimarlas o directamente archivarlas”.

La diputada indicó que “más allá de las apelaciones de las querellas y la Fiscalía, lo denunciaremos en el Consejo de la Magistratura”.

Sobre la investigación que realizará la subcomisión, explicó: “Es por los hechos conocidos en los últimos días, donde se visualiza mediante un vídeo a exfuncionarios de la AFI, a exfuncionarios de María Eugenia Vidal en su paso por la gobernación de Buenos Aires, e incluso a intendentes, confirmando distintas estrategias ilegales para el armado de causas contra sindicalistas”.

“La subcomisión analizará con detenimiento lo realizado por el exdirector administrativo de Asuntos Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián de Stefano, hoy refugiado en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en Subterráneos de Buenos Aires S.E.; el exjefe de Gabinete, Darío Biorci; y el exdirector operacional de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra”, profundizó Osuna.

Para la diputada, “estas definiciones de la Comisión Bicameral son contundentes e indispensables, porque nuestra democracia merece prevenir, eliminar y condenar cualquier utilización de espionaje legal, más aún cuando se trata de un plan sistemático en el corazón del Estado, con el objetivo de amedrentar, perseguir y disciplinar opositores, gremialistas, periodistas e incluso familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan”.

“Se trata de una definición indispensable como sociedad, para que Nunca Más existan estos sótanos oscuros, donde incluso accionan utilizando términos como gestapo, que nos recuerda a épocas de dolor, odio y muerte”, finalizó.

La diputada nacional Blanca Osuna (FdT – Entre Ríos) intervino en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, donde participó el ministro de Economía Martín Guzmán para explicar el proyecto de Ley del Presupuesto 2022, el cual ponderó porque “se trata de una ley con más presencia del Estado”. Además, resaltó el anuncio que hizo el Gobierno nacional de ampliación de las Becas Progresar y recordó el desfinanciamiento durante el macrismo.

“En la presentación del ministro Martín Guzmán sobre el proyecto de la Ley de Presupuesto se detallaron las políticas   macroeconómicas las políticas de financiamiento y las políticas fiscales, con un objetivo claro, que están planteadas con el objeto de afirmar la recuperación de las dos pandemias, de las dos crisis”, afirmó Osuna y agregó que “se trata de una Ley indispensable que marca una dirección, con más presencia del Estado, más inversión social, más obras públicas, más educación, más salud y más crecimiento productivo con agregación de valor”.

En una línea aparte, valoró: “Tiene especial valor que el presidente Alberto Fernández, junto a la directora de Anses, Fernanda Raverta, el ministro de la Educación, Jaime Perczyk, y el diputado nacional Máximo Kirchner, anunció la ampliación de las Becas Progresar. Una definición política que atraviesa las cuestiones expuestas en la reunión de esta tarde, porque cuando hablamos de macroeconomía, de financiamiento, y de políticas fiscales, estamos planteando la resolución de problemas del presente, de las y los jóvenes que dejaron la escuela o, mejor dicho, fueron dejados, y también de aquellos que tienen graves dificultades para mantener el cursado de sus estudios por la grave crisis económica heredada más la pandemia”.

“Es significativo y representativo hablar hoy de becas, hablar de Progresar, hablar de chicos y chicas que tienen que revincularse a la escuela o fortalecer su continuidad pedagógica”, destacó la Diputada entrerriana. “Esos recursos que hoy nuestro Gobierno ha definido como inversión clave para ampliar las becas Progresar para jóvenes de 16 y 17 años, se enlazan con dos leyes que hemos aprobado en el Congreso. Una de apoyo a las Trayectorias Educativas, y otra con la ley del Aporte Solidario Extraordinario por única vez, de los que más tienen para estos gurises y gurisas, algunos hoy fuera de la escuela, que hay que ir a buscar con políticas de estado como este Programa”, detalló la diputada oficialista.

En tanto, Osuna observó también que ” es necesario comparar en espejo y ver lo que ha pasado y por qué llegamos a este punto. Eso nos va a mostrar con claridad cómo el Gobierno anterior fue desarticulando programas, proyectos, planes, en educación, en ciencia y tecnología, en cultura, en las políticas sanitarias”.

En esa misma línea, advirtió que una de las estrategias que se utilizó “fue desfinanciarlos y destruirlos. No escuché a ningún funcionario del Gobierno de Mauricio Macri decir en esos momentos que se terminaba el Conectar Igualdad, que se acababan las becas o se desfinanciaban los programas. Pero todos sabemos que se acabaron las becas, se terminaron los libros, se eliminaron los programas y se ajustó el financiamiento”. En ese sentido, precisó que fueron políticas “que vaciaron la realidad de miles y miles de argentinas y argentinos” y celebró la decisión del presidente de la Nación de “recuperar una política de Estado”.

“Algunos legisladores se referían con soltura a observaciones sobre esta propuesta de presupuesto 2022 como si no tuvieran que ver con el pasado reciente y fueran, como diría mi abuela, se presentan como caídos del catre. Quienes han hecho uso de la palabra en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y fueron parte de los años macristas, tienen responsabilidades objetivas y concretas en el estado crítico con que nuestro Gobierno asumió la Argentina en 2019”, finalizó la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara baja.

La diputada nacional Blanca Osuna destacó la Resolución 1050/2021 del Gobierno que dispuso precios máximos de venta, hasta el 7 de enero próximo, para 1.432 productos de consumo masivo. “Es una medida de justicia social, que apuesta al consumo popular, con un Estado presente que prioriza la mesa argentina”, afirmó. 

La medida publicada en el Boletín Oficial establece precios máximos para productores, comercializadores y distribuidores, en una amplia y diversa lista de alimentos, productos de higiene personal, bebidas, lácteos, elementos de limpieza, verduras y carnes. “La iniciativa incluye 1.432 productos, con una perspectiva federal, que abarca primeras marcas y valoriza el trabajo de pequeñas y medianas empresas”, detalló la legisladora nacional. “Con el agregado que retrotrae los precios al 1 de octubre, combatiendo cualquier especulación en estos días ante la inminente decisión del Gobierno nacional”, añadió Osuna. 

“Son definiciones que se enmarcan en un modelo de país que acciona por la recuperación de la economía y la producción, tan deterioradas durante el macrismo y la pandemia mundial, junto a otras políticas y acciones como el incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que ya llegará en febrero a una suba del 52,8%; el aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, que permitió que 1,3 millones de trabajadoras y trabajadores dejen de pagarlo; el programa Pre-Viaje, que incentiva el turismo interno y devuelve el 50% de los montos para gastos; el lanzamiento y la puesta en funcionamiento de la plataforma Pymes Argentinas; las acciones para que los precios internacionales de las carnes no se transfieran a los precios internos, resguardando su consumo popular; la duplicación de las asignaciones familiares; la decisión de jubilaciones anticipadas para personas con años de aportes, sin la edad requerida, que se encuentran desocupadas; los cambios en la Tarjeta Alimentar, que se depositará junto a la Asignación Universal por Hijo; el Plan Registradas, que promueve la formalidad del sector de empleadas de casas particulares; entre otras medidas que ponen el foco en el bienestar de nuestros compatriotas, en el mercado interno, en el consumo popular, en la equidad y en garantizar derechos”, postuló. 

“Capítulo aparte para las voces, ya conocidas, que amenazan con el desabastecimiento y solo persiguen la usura de la rentabilidad”, puntualizó Osuna. “Esta medida del Gobierno nacional no perjudica a ningún sector, por el contrario, apuesta a dar soluciones que devuelvan a la Argentina en el ciclo virtuoso de una economía con desarrollo e inclusión, profundizó la diputada entrerriana. Que todo lo vivido, las tristezas y las pérdidas de una pandemia que puso el mundo patas para arriba, nos sirvan para reconstruir un modelo con la gente adentro, con solidaridad, empatía y vocación de ser mejores”, finalizó la legisladora. 

El Gobierno anunció este miércoles la jubilación anticipada, destinada a hombres de entre 60 y 64 años de edad y mujeres entre 55 y 59 años de edad, que cuentan con los 30 años de aportes registrados y se encontraban al 30 de junio de 2021 desocupados o desocupadas.

Desde el Ejecutivo informaron que “la mayor parte de la población son personas que se desempeñaron como trabajadores industriales, un sector que sufrió una gran caída en el empleo durante el período 2016-2019”.

El presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Marcelo Casaretto (FdT), celebró el anuncio sobre jubilaciones anticipadas y consideró que “es una excelente decisión del Gobierno”.

“Se hace justicia atendiendo la situación de trabajadores que teniendo los años de aportes y estando desocupados le faltan unos pocos años de edad para acceder al beneficio pleno”, sostuvo, luego del acto en Casa Rosada encabezado por la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

Además, el legislador entrerriano sumó que “hace unos pocos días se otorgaron las primeras jubilaciones con aportes por tareas de cuidado. Son beneficios que amplían derechos a los trabajadores argentinos”.

La diputada nacional entrerriana Blanca Osuna reivindicó la decisión del Gobierno nacional considerándola “una medida que repara una deuda histórica, con una visión federal y de justicia social”.

“Para cada argentina y cada argentino, el derecho a su jubilación es un reconocimiento fundamental, luego de tantos años de esfuerzo, servicio y trabajo”, explicó la Legisladora entrerriana. “La Jubilación Anticipada es una decisión estratégica de Alberto Fernández, que permite a varones entre 60 y 64 años y mujeres entre 55 y 59 años, desocupados al 30 de junio de 2021, el acceso indispensable a la cobertura social, que pone certidumbre a miles de personas”, afirmó sobre la medida que garantiza el 80% de los haberes correspondientes, hasta que dichas personas alcancen la edad establecida por ley, para luego percibir de manera automática el 100% de los montos.

Por su parte, la diputada nacional Rosana Bertone consideró que “con esta decisión del presidente Alberto Fernández van a poder hacerlo”. “De acuerdo a lo que establece el decreto pordrán jubilarse los varones de entre 60 y 64 años y mujeres entre 55 y 59 años con 30 años de aportes, a quienes se les garantizará la cobertura social y el 80 por ciento del haber que le corresponda mientras se llega a la edad dispuesta por la ley”, explicó la diputada fueguina y detalló “una vez alcanzada la edad jubilatoria requerida -60 años las mujeres y 65 años los varones- estas personas pasarán a percibir el 100 por ciento del haber de forma automática”.

Para finalizar, señaló que “se trata de una medida que visibiliza una desigualdad histórica y estructural en la distribución de las tareas de cuidado, porque estas tareas no remuneradas son un trabajo que queda invisibilizado y que es muy importante para la sociedad”, y que “son medidas concretas que reconocen derechos y buscan la justicia social”.

La jubilación anticipada será una prestación mensual equivalente al 80% del haber que les correspondería a estas personas al momento de cumplir con la edad jubilatoria. Una vez alcanzada la edad requerida (65 años los varones, 60 años las mujeres) automáticamente pasarán a percibir el 100% del haber correspondiente.

Se estima que entre 20 mil y 30 mil personas podrán jubilarse con esta medida durante 2021. Según proyecciones de la ANSeS, el 85% de los que accederán son varones.

La diputada entrerriana Blanca Osuna (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley que propone la creación de una Comisión Administradora del Río Paraná, compuesta por las seis provincias que comparten su curso en el territorio nacional, para institucionalizar un ámbito de ejecución de políticas ambientales, económicas y sociales.

La iniciativa impulsada por Osuna establece además la formación del Consejo de Participación Comunitaria Ribereña y un Fondo de Compensación Ambiental para atender la situación de las poblaciones ribereñas que atraviesa el río Paraná, ante la bajante histórica que se registra.

“Es necesario regular su uso con fines sanitarios, turísticos, productivos y comerciales, para proteger un recurso indispensable como es el río Paraná y promover su cuidado con perspectivas de desarrollo sostenible”, afirmó Osuna, quien se desempeñó como intendenta de Paraná desde el 10 de diciembre de 2011 hasta el 10 de diciembre de 2015.

A través del proyecto, se establece la creación de una comisión integrada por las provincias Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires, además de un representante designado por el Ejecutivo nacional, que debe respetar la igualdad de género.

“En la Argentina los ríos compartidos entre jurisdicciones provinciales o internacionales cuentan con entes, cuyo propósito es coordinar políticas de uso racional y respeto ambiental del curso hídrico”, sostuvo la diputada nacional en los fundamentos del proyecto.

Enumeró el caso de los “Comités de Cuencas Juramento- Salado y Salí Dulce, o la Comisión Administradora del Río Uruguay, y la del Río de la Plata”.

Osuna sostuvo en ese sentido que “la dimensión y el impacto geopolítico del Paraná justifican plenamente un organismo donde las provincias, que tienen por la Constitución Nacional el dominio del río, coordinen junto a la Nación las políticas y acciones necesarias para su cuidado y uso”.

Para la diputada, el río Paraná “es una de las principales reservas de agua dulce del mundo, con un significativo caudal, una gran extensión de su área tributaria y una longitud de su curso, que lo ubica entre los más importantes del mundo, siendo un recurso estratégico, natural, social, económico y cultural para nuestro país”.

Osuna puso de relieve además que estas leyes, “que se vinculan con otras normativas y políticas del Ejecutivo nacional, plantean un trabajo articulado, con enfoques solidarios con lo humano, lo ambiental, lo comunitario y lo cultural, en el compromiso por nuestra biodiversidad, sus habitantes y las futuras generaciones”.

“Es fundamental, con todos los actores, institucionalizar un organismo que tenga competencia sobre el Río y su borde costero, que es un bien natural, diverso y trascendente para la vida cotidiana y el desarrollo de nuestras comunidades, para establecer condiciones para el uso sustentable, con el resguardo de nuestro ecosistema”, puntualizó Osuna.

3218-D-2021

Las comisiones de Acción Social y Salud Pública, y de Educación, que presiden los diputados oficialistas Pablo Yedlin y Blanca Osuna, respectivamente, recibieron a especialistas para continuar con el tratamiento del proyecto del Ejecutivo de promoción, formación y desarrollo de la enfermería.

De acuerdo con el texto, se proveerá de “recursos a instituciones formadoras de enfermería y se establecerá un sistema de becas a estudiantes de instituciones públicas y privadas de todo el país”. Asimismo, se busca “avanzar en el diseño y aprobación de una currícula que contenga lineamientos comunes”.

También, a través de la iniciativa se propone otorgar carácter de ley al Programa Nacional de Formación de Enfermería en la órbita del Ministerio de Educación de la Nación.

Al respecto, Diego Tipping, presidente de Cruz Roja Argentina, realizó un repaso de la historia: “La Cruz Roja tiene un rol histórico en Argentina como la primera escuela de enfermería. Somos los principales formadores de enfermeros”, dijo para luego centrarse en el proyecto que “celebramos y apoyamos. Esta ley es realmente involucrarse de verdad en las problemáticas de la enfermería, es salir de un discurso y convertirlo en acción”, definió.

Por su parte, Karina Espíndola, presidenta de la Asociación de Escuelas de Enfermería Argentina (AEUERA) se explayó en cuatro ejes: fortalecimiento de las carreras de grado; desarrollo de postgrado; articulación pregrado – grado; y la vinculación entre el ámbito académico y el ámbito laboral. “Consideramos que la fuerza laboral necesita apoyo y fortalecimiento para que ese personal de enfermería continúe formándose”, añadió.

Daniel Ferrante, subsecretario de Planificación Sanitaria y Gestión en Red del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, manifestó su apoyo al proyecto porque la enfermería “es un integrante fundamental en el equipo de salud”. “Compartimos los conceptos de jerarquización y de visión de política pública federal. La necesidad de jerarquizar, de crecer en el perfil técnico, en licenciaturas, de generar oportunidades de formación y no sólo formación sino de las otras dimensiones de la enfermería”, concluyó el funcionario.

En tanto, Gloria Soto, directora de la Escuela Superior de Salud Pública (ESSP) y licenciada en enfermería, agregó que la iniciativa “significa una gran oportunidad como institución y para nuestros estudiantes”. “Si nosotros pudiéramos contar con esta ley apoyada en todos sus derechos, y en el acceso a la educación permanente, es un gran avance que esto se transforme en una Política pública y federal”.

Participaron además Norma Iglesias, directora de Enfermería de Siprosa Coordinadora de la carrera de Profesionalización de auxiliares de enfermería en la Universidad de salud sede Tucumán, y a cargo de la Formación en Enfermería de jóvenes de Pueblos originarios; Rosa Palma, presidenta de la Confederación Argentina de Enfermería; Rodolfo Arrechea, coordinador Nacional de Salud de ATE; Angelina Liezun, directora de la Escuela de Enfermería. Facultad de Medicina de la Universidad de Tucumán; Paulo Falcón, integrante del Consejo Directivo de la Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para la Integración (AUALCPI); Sebastián Ferreyra, especialista en Enfermería Perinatal, perteneciente al Grupo “Enfermeros Especialistas de Argentina”; entre otros.

La diputada nacional Blanca Osuna participó de la presentación del proyecto de ley que busca jerarquizar como profesionales de la salud y dar una reparación histórica a la comunidad trabajadora de enfermería. La actividad, realizada en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, fue encabezada por el presidente Alberto Fernández, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

“Se trata de una decisión de nuestro Gobierno nacional, que se encuentra acompañada de trabajos, producciones y antecedentes del Congreso, y que aprobaremos en honor a la entrega, la fuerza y el compromiso de las enfermeras y los enfermeros, en línea con el proceso de recuperación de infraestructuras, presupuestos y políticas hacia el sistema de salud, devolviendo el protagonismo como Ministerio, que jamás debió perder”, explicó la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación. 

La legisladora entrerriana agregó que “la propuesta marca una formación permanente, con el reconocimiento a un sector que nos enorgullece, que ha estado y sigue estando en primera línea de batalla durante esta pandemia y cada vez que nuestro pueblo lo ha necesitado”, destacó Osuna. “Y también fortalece, con equidad y federalismo, el escenario sanitario en cada provincia, incorporando equipos y ampliando el sistema”.

“Esas distintas acciones de jerarquización, profesionalización, de robustecer mediante una Ley al Programa Nacional de Formación de Enfermería, en la órbita del Ministerio de Educación, de establecer incentivos y becas, y de fortalecer los equipamientos para la capacitación, vienen a visibilizar y accionar sobre el trabajo imprescindible que hacen enfermeras y enfermeros todos los días”, puntualizó la Legisladora entrerriana. “Sin ellas y ellos, el sistema de salud no podría dar respuestas como lo hace”, agregó.

“En estos tiempos, donde vemos cada día más personas cercanas que se están vacunando, donde las políticas de cuidado de la comunidad siguen siendo esenciales, donde seguimos abordando desde el Congreso y el Ejecutivo las políticas necesarias y urgentes hacia la post pandemia, es fundamental que sepamos que más temprano que tarde ese día llegará”, apuntó Osuna. “En estas acciones, de ampliar derechos en materia de educación y salud, vemos ese horizonte”, finalizó.

La diputada nacional Blanca Osuna (FdT) presentó un proyecto de ley que incorpora 146 hectáreas del campo Coronel Sarmiento al Parque Nacional, ubicado en cercanías a la localidad entrerriana de Diamante.

“La iniciativa suma como áreas protegidas a las partes de la barranca y de campos altos, con el objetivo de accionar por la preservación de flora y fauna, y el resguardo de nuestra casa común”, explicó.

La legisladora entrerriana detalló que “la propuesta legisla a favor del cuidado de un corredor natural, que son ecosistemas que se encuentran amenazados a escala local y regional, y que requieren de políticas públicas que aborden su conservación y de manera simultánea sensibilicen y construyan conciencia social”.

“Junto a sanciones como la Ley de Educación Ambiental Integral, la Ley Yolanda, la Ley de Manejo del Fuego, y la gestión de residuos sólidos, esta ampliación del Parque Nacional, enmarcada en la Ley N° 22.351, de dos ambientes diversos, no insulares, que no estaban incluidas como áreas protegidas, marca una dirección de trabajo y compromiso por transformar nuestros vínculos cotidianos con el medio ambiente, priorizando su cuidado y su gran diversidad”, agregó la oficialista sobre la extensión del Parque, que actualmente cuenta con una superficie de 2.458 hectáreas.

En los fundamentos de su proyecto, Osuna señaló que “el predio de Campo Coronel Sarmiento aporta terrenos no inundables, de fácil acceso y ubicación estratégica, facilitando la instalación de seccionales para el Cuerpo de Guardaespaldas Nacionales, pero además favorece las posibilidades educativas, turísticas y de esparcimiento a la comunidad, con una perspectiva de resguardo del medio ambiente”.

En la antesala de la presentación de su iniciativa, la diputada mantuvo una agenda de trabajo intensa con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, intendentes y actores de la sociedad civil.
“Estas acciones, que interpelan y transforman nuestra vida cotidiana, son ejes de trabajo fundamentales para la sociedad que queremos dejarle a las próximas generaciones”, agregó.

El proyecto fue acompañado por 11 firmas, entre ellas las de sus pares Daniela Vilar, Leonardo Grosso, Carolina Gaillard, Mayda Cresto y Marcelo Casaretto. “El derecho a un ambiente sano es base indispensable para avanzar hacia más igualdad y justicia social”, concluyó Osuna.

La diputada nacional Blanca Osuna expuso en la audiencia pública sobre el Proyecto Canal Magdalena, convocada por el Ministerio de Transporte de la Nación, con el objetivo de abordar la importancia estratégica para Entre Ríos y el país de la conexión marítima entre los puertos del Río de la Plata y los del litoral marítimo de las provincias argentinas.

“Hoy es un día de soberanía, porque el Canal de Magdalena es indispensable para una etapa venturosa en la vinculación natural entre el Litoral marítimo y el Fluvial argentino y en la conexión necesaria para que las embarcaciones que proceden de los puertos marítimos nacionales de ultramar puedan acceder a los puertos fluviales”, manifestó la legisladora entrerriana en su intervención.

“La navegación del Río de la Plata y del Paraná, el control sobre los puertos, el comercio exterior y el sistema aduanero han marcado a fuego la historia de nuestro país, con resultados a favor del poder concentrado, configurando un desarrollo nacional con desigualdades que aún persisten”, contextualizó Osuna. “Fuimos testigos de estudios confusos e insuficientes de impacto ambiental y social realizados por la empresa concesionaria del canal troncal del Río Paraná”, profundizó. “Por eso nos alegra que el parámetro que hoy establece este estudio configure una buena perspectiva para futuras acciones”, valoró sobre el proyecto.

La importancia para Entre Ríos

“Solicitamos la atención del dragado de los canales de aproximación al canal troncal para integrar los puertos públicos a esta propuesta de valoración del desarrollo fluvial y marítimo argentino, y que el puerto Ibicuy quede integrado al sistema de navegación troncal a través del río Ibicuy y el Paraná Guazú con conexión en el canal Martín García”, explicó sobre los intereses de la provincia en la iniciativa.

Osuna concluyó señalando que “sabemos que los beneficios del ecosistema que conforma son múltiples, ya que es la tercera reserva de agua dulce más grande del mundo, posee flora y fauna de incalculable riqueza, maravillosos paisajes y sobre todo las posibilidades de navegación”, señaló la Diputada nacional. “Se trata de integrar los puertos públicos argentinos y los puertos privados, considerando las potencialidades que el proceso pueda proporcionar a nuestra provincia y nuestra región”.

Dirigentes oficialistas conocidas bajo la denominación de Las Federalas difundieron un comunicado en el cual solicitan, entre otras cuestiones, que sea el Estado el encargado del control y toma de decisiones sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay, en el marco del vencimiento del contrato de concesión del canal. Entre las firmantes del escrito se encuentran las senadores nacionales María Inés Pilatti Vergara y Nancy González y la diputada nacional Blanca Osuna.

Las legisladoras destacaron la importancia de la Hidrovía, en la previa del vencimiento de los contratos de conseción este 30 de abril: “Por esta autopista fluvial se transporta aproximadamente el ochenta por ciento de las exportaciones argentinas, por lo cual se tornan fundamentales las tareas de control y fiscalización de la circulación por esta vía de navegación”.

El comunicado no sólo pide que el Estado se haga cargo del canal, sino que además solicita “acceso para las provincias de la Mesopotamia, NEA y NOA el acceso a los puertos públicos y privados ubicados al norte del puerto de Rosario hasta Confluencia mediante el dragado, canalización y promoción del transporte multimodal ferro-fluvial”.

También insiste en la urgencia de avanzar con la obra del Canal Magdalena “ya que es fundamental posibilitar el transporte de las cargas de nuestro comercio exterior con salida directa al mar y conectar los puertos fluviales con los puertos de nuestro litoral marítimo (y viceversa)”. Sin embargo, en el Boletín Oficial ya hay una audiencia pública convocada para discutir el proyecto el 7 de mayo.

Por último, solicita que se dé tratamiento “de los proyectos presentados por senadores y senadoras nacionales del Frente de Todos, a saber, el pedido de informe al Ministerio de Transporte de la Nación, de Audiencia Pública, y de creación de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Hidrovía”.

El vencimiento del contrato de concesión para tareas de balizado, dragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal Paraná-Paraguay (en adelante, Hidrovía) el próximo 30 de abril del corriente, nos moviliza a tomar posición sobre el tema a quienes integramos el espacio político Las Federalas, diputadas y senadoras nacionales (en ejercicio y mandato cumplido) y a manifestar nuestra preocupación ante su situación actual.

Suscriben el documento las senadores nacionales María Inés Pilatti Vergara y Nancy González; la diputada nacional Blanca Osuna; las legisladoras (MC) Elena Corregido, Julia Perié, Hilda Soria, Diana Conti, Ana Corradi, María Higonet, María Bianchi, Nanci Parrilli y Ada Maza y las dirigentes Milagro Salas y Yamila Zabala Rodríguez.

La presidenta de la Comisión de Educación, de la Cámara de Diputados de la Nación, cuestionó la decisión del máximo tribunal de CABA sobre la resolución de la Sala I de la Cámara de Apelaciones para que el Estado en Capital garantice vacantes en el sistema educativo para niños. “Es una decisión que restringe el acceso al derecho a la educación, desestimula la inversión del Estado para su cumplimiento, desautoriza la Constitución nacional y de Capital Federal, y establece un precedente peligroso en esta materia”, afirmó la legisladora nacional. 

“Es insólito que ante la presentación del Gobierno porteño para revocar el fallo de primera instancia, el mensaje del Tribunal Superior de Justicia sea ceder a presiones a costa de dejar desamparado el derecho a la educación de millones de niñas y niños”, manifestó Osuna, que agregó: “Desde la Presidencia de la Comisión de Educación venimos trabajando en la dirección contraria, apostando a la inversión educativa como un eje imprescindible para la igualdad y la justicia social”.

Osuna argumentó que “esta determinación judicial violenta distintos pasajes de la Constitución nacional como el artículo 5, que expresa que ‘cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones’, o también el artículo 14 que establece que cada ciudadana y ciudadano tiene el derecho a aprender”.

Según la diputada entrerriana el fallo “viola también la Constitución de la Capital Federal, que en su artículo 24 fija que ‘la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine’”.

“El desafío es garantizar la educación temprana, desde los dos años, sabiendo que cada paso de inversión y desarrollo integral fortalece el proyecto de vida y acentúa la igualdad como eje vertebral del derecho a la educación”, apuntó la presidenta de la Comisión de Educación. “La postura del Gobierno de la Ciudad sobre la educación pública, continuada en los doce años de gestión de Cambiemos, no sorprende, como tampoco las presiones al Poder Judicial. No obstante, estamos ante un fallo que retrasa, desinvierte y marca un antecedente que se contradice con la enorme tradición en esta materia de Argentina en la región y el mundo”, finalizó.

Uno de los momentos más emotivos de la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados fue la participación de una legisladora desde un sanatorio: la entrerriana Blanca Osuna, del Frente de Todos, quien se encuentra internada por Covid pero aun así intervino en el debate para defender el proyecto.

Osuna, de 70 años, se encuentra desde hace algunos días en el Sanatorio La Entrerriana, en Paraná, y su discurso en esas circunstancias fue aplaudido desde el recinto.

“Estamos hablando de una cuestión de salud pública, pero también es una apuesta muy fuerte a la igualdad y la no discriminación. Pero sobre todas las cosas, es una esperada reivindicación a una batalla que tiene muchos años”, subrayó.

Tengo el orgullo de pertenecer a un gobierno popular. Vamos dejando marca en esta historia, que de ningún modo es en contra de la vida, por el contrario, es una apuesta al amor, a la justicia. #SeraLey #AbortoLegal2020 💚✊ https://t.co/1ghimgbSDr

— Blanca Osuna (@BlancaOsunaOK) December 10, 2020

La diputada del Frente de Todos destacó que el presidente Alberto Fernández “asume plenamente esta iniciativa para saldar una deuda”.

“Tengo el orgullo de pertenecer a un gobierno popular. Vamos dejando marca en esta historia, que de ningún modo es en contra de la vida, por el contrario: es una apuesta al amor, a la justicia”, sostuvo Osuna.

También señaló “la potencia que da la conjunción entre los feminismos y un gobierno que escucha, que atiende, que conjuga en esta ley una respuesta hacia adelante”.

Finalmente, con su pañuelo verde en alto, manifestó: “Este voto es para que sea ley, por las jóvenes, por las pibas, por mis nietos, por mis hijas, por las miles de chicas que no están y por las que van a venir y nos van a recordar por haber cumplido con nuestra palabra”.

Con la presencia de los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, y de Educación, Nicolás Trotta, las comisiones de Recursos Naturales y de Educación de la Cámara de Diputados dieron dictamen por unanimidad al proyecto de ley de presupuestos mínimos para la educación ambiental, enviado por el Poder Ejecutivo.

Al inicio del debate, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Leonardo Grosso, propuso bautizar la norma con el nombre de Fernando “Pino” Solanas, en homenaje a la lucha del dirigente por el medioambiente a lo largo de su trayectoria política y también a través de su obra cinematográfica.

“Pino Solanas fue un referente de la lucha en la preservación del ambiente. Me parece correcto que esta ley, que es un avance importantísimo en materia educativa y ambiental y por la que tanto peleó, lleve el nombre de él”, planteó Grosso, y sus pares aceptaron la propuesta.

Por su parte, la titular de la Comisión de Educación, Blanca Osuna, consideró que “cuanto más participativo sea este proceso que desate una ley de educación ambiental integral, creemos que más chances hay de que efectivamente sea apropiada y sea un empoderamiento que nos permita dar los pasos que no se han dado”.

Hoy, desde la Comisión de Recursos Naturales, propuse que la Ley de Educación Ambiental se llame Ley Pino Solanas.

Pino fue un luchador histórico por la justicia social y ambiental, por eso el mejor homenaje que podemos hacerle, es aprender a cuidar a nuestro planeta 🌎💕🌿 pic.twitter.com/bj680L6IAh

— Leonardo Grosso (@Leonardo_Grosso) November 16, 2020

El ministro Cabandié destacó que “es un verdadero hito para las políticas públicas ambientales de nuestro país estar en esta instancia en donde vamos a darle media sanción a la ley de educación ambiental”.

A su vez, Trotta sostuvo que “el tema ambiental es un asunto educativo y constituye un imperativo de esta época, una problemática educativa contemporánea que debe abordarse de manera integral”, y por eso “este proyecto de ley ubica a la educación en los desafíos de sus tiempos”.

El proyecto, que quedó en condiciones de ser tratado en el recinto, establece el derecho a la educación ambiental como una política pública nacional de acuerdo al artículo 41 de la Constitución y a las leyes y tratados internacionales vinculados a la materia.

La iniciativa fue producto de un trabajo conjunto entre los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Educación, en consenso con las provincias, a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).

El texto entiende a la educación ambiental como un proceso permanente, apoyado en una serie de objetivos: un abordaje interpretativo y holístico; el respeto por la biodiversidad; los principios de equidad y de igualdad desde el enfoque de género; y el reconocimiento de la diversidad cultural, el rescate y la preservación de las culturas de los pueblos originarios.

También se establecen como fundamentos la participación y formación ciudadana; el cuidado del patrimonio natural y cultural; la problemática ambiental; la educación en valores; el pensamiento crítico e innovador; y la concientización sobre el derecho constitucional a un ambiente sano.

Al cumplirse un nuevo aniversario de aquel 15 de noviembre de 2017, la diputada nacional presentó, acompañada por un importante número de  legisladores de su bancada, una declaración que reivindica a los 44 tripulantes de la Armada Argentina, fallecidos trágicamente en el cumplimiento del deber y condena por ilegal el espionaje  de Macri sobre sus familiares.

Integrante de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, Osuna expresó “su más enérgico repudio a las acciones de espionaje ilegal y tareas de inteligencia sin intervención judicial, que fueren llevadas a cabo sobre los familiares de las víctimas del hundimiento del Submarino ARA San Juan por parte de la Agencia Federal de Inteligencia durante los años 2018-2019 dispuestas por el entonces presidente Mauricio Macri”.

Osuna, junto al diputado Eduardo Valdés, forma parte por el oficialismo de una sub-comisión conformada dentro de la Bicameral, para investigar el accionar de la Agencia Federal de Inteligencia en relación al espionaje sobre los familiares de los tripulantes del submarino. En ese sentido ratificó que “hay pruebas que acreditan la producción de inteligencia ilegal lo que resulta razón más que suficiente para dar curso a la presente declaración, a tres años de tan doloroso episodio”.

Destacó que conforme a la denuncia realizada por la actual interventora de la  AFI, Cristina Caamaño, ” las acciones de espionaje efectuadas sobre familiares de tripulantes del Submarino, en su gran mayoría mujeres, fueron ordenadas por las máximas autoridades del gobierno”

Recalcó que “nos consta que se ha contrariado la Constitución Nacional, Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscriptos por nuestra República y la propia Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, con el agravante de la existencia de un modus operandi permanente,  desarrollado durante la gestión del ex Presidente de la Nación, Mauricio Macri”.

“Las familias lucharon estos dos años, por verdad y justicia, mientras desde la administración del Gobierno de Cambiemos se los espiaba ilegalmente. Una práctica utilizada de manera sistemática contra partidos políticos, periodistas, opositores, movimientos sociales, empresarios, sindicales e incluso familiares y miembros de su propio partido  que debe ser condenada por los organismos del estado correspondía dientes, por la justicia y por la sociedad”, sentenció la legisladora entrerriana.

La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado este miércoles un proyecto de ley que busca combatir la deserción escolar como consecuencia de la pandemia, a través de la creación de un “Programa para fortalecer las trayectorias educativas”.

El texto recibió 231 votos afirmativos, ninguno en contra y tres abstenciones, de Nicolás Del Caño (PTS), Romina Del Plá (Partido Obrero) y Francisco Sánchez (Pro).

Blanca Osuna, presidenta de la Comisión de Educación, destacó que la iniciativa fue el fruto de un consenso entre los bloques y que se logró tras escuchar a especialistas y a ministros de Educación de varias provincias.

En efecto, para la redacción final se unificaron proyectos de Osuna (Frente de Todos), Mara Brawer (Frente de Todos), Victoria Morales Gorleri (Pro), Karim Alume Sbodio (Frente de Todos), Brenda Austin (UCR) y Victoria Rosso (Frente de Todos).

La titular de la comisión explicó que “se trata de una estrategia integral, un conjunto de acciones planificadas en busca de un objetivo: fortalecer las trayectorias educativas”, es decir, “el recorrido del estudiante” dentro del sistema.

Osuna precisó que la última evaluación anual, dada a conocer por el ministro Nicolás Trotta y correspondiente al año 2019, “da cuenta de que el egreso a término de estudiantes del nivel medio representa al 29% del conjunto de los estudiantes”.

De ese relevamiento también surgió que mientras el 91% de los jóvenes de los hogares de mayores ingresos habían finalizado el colegio secundario, entre los provenientes de hogares con menores ingresos sólo un 43% se había graduado.

“La apuesta más contundente es porque se cumplan las trayectorias educativas en tiempo y forma. Vamos por una escuela más justa que junto con el Estado se comprometa por la situación de los que van quedando en el camino, sobre todo en esta etapa tan compleja”, expresó la entrerriana.

Por unanimidad, dimos media sanción a la creación de la Estrategia Nacional para Fortalecer las Trayectorias Educativas. Con este proyecto de ley damos una respuesta concreta para prevenir y revertir la deserción escolar. pic.twitter.com/uXBcA35DyK

— Victoria Morales Gorleri (@VMoralesGorleri) November 12, 2020

Romina Del Plá (PO-FIT), autora de un dictamen alternativo, denunció que “de ninguna manera la crisis educativa y la deserción escolar son resultado de la pandemia, de la cuarentena o de la suspensión de las clases presenciales”.

“Esta crisis es muy previa, la venimos denunciando gobierno tras gobierno. Tenemos un cuadro de vaciamiento de la educación pública brutal”, advirtió la legisladora, y se refirió no solo a las dificultades presupuestarias, sino también a la situación edilicia y a las condiciones laborales de los docentes.

A continuación, la oficialista Mara Brawer sostuvo que “hablar de trayectorias educativas es preguntarse por las múltiples posibilidades que ofrecemos para que la enseñanza suceda de manera efectiva, porque el éxito o el fracaso de los estudiantes es el resultado de las condiciones generadas desde el Estado para que la educación sea posible”,

Brawer señaló que el proyecto tiene “una fuerte configuración integral, porque el objetivo es que las injusticias no recaigan sobre las trayectorias escolares y que no se incrementen las desigualdades”.

Desde la UCR, Brenda Austin, consideró que “estamos tratando un buen texto, que es el esfuerzo de iniciativas muy valiosas y de un trabajo articulado, pero estamos llegando un poco tarde”, ya que varios de los proyectos ingresaron a mitad de año.

Austin -quien promueve la declaración de la emergencia educativa- advirtió que “a 236 días de cuarentena, solo un 1% de los estudiantes de nuestro país tienen clases; el impacto de la cuarentena es desigual”.

“La respuesta que estamos dando es buena, pero es insuficiente, porque no estamos poniendo en discusión qué se hizo en estos meses para preparar las escuelas, para construir protocolos sólidos”, cuestionó.

Por su parte, Maximiliano Ferraro, jefe del bloque de la Coalición Cívica, habló de “justicia educativa, que es un concepto que pone al Estado en una posición importante para poder poner a los sectores más vulnerables en el centro del sistema educativo”.

“Esta herramienta que estamos incorporando, más allá de que puede tener una mirada respecto a la pandemia, nos sirve para hacernos cargo de los distintos contextos y actores del sistema educativo, y para revisar las condiciones del aprendizaje, de la organización institucional, de las pedagogías y la currícula”, puntualizó.

Victoria Morales Gorleri, vicepresidenta de la Comisión de Educación, coincidió en que “el abandono escolar es la problemática más dolorosa de nuestro sistema educativo”, dado que “solo la mitad de los jóvenes que ingresan al nivel medio egresan en tiempo y forma”.

“No logramos que la escuela sea una esperanza para nuestros jóvenes, que elijan la escuela para superar sus dificultades”, reconoció Morales Gorleri, y agregó que las causales de abandono escolar tienen que ver con la búsqueda de empleo, el cuidado de familiares y el embarazo adolescente.

La diputada del Pro aseguró que se promueve “una estrategia que no estaba sistematizada en una normativa, y que tiene que ver con la prevención: una estrategia de datos nominalizados, geolocalizada, que apunta a ver la integralidad de nuestros pibes”.

Enorme alegría por la media sanción al Proyecto de Ley de fortalecimiento de las trayectorias escolares afectadas por la pandemia.

El objetivo es que las injusticias no recaigan sobre las trayectorias escolares de nuestrxs alumnxs y no incrementen aún más las desigualdades. pic.twitter.com/N5aDCCCFzq

— Mara Brawer (@MaraBrawer) November 12, 2020

El proyecto aprobado establece  una “estrategia integral para garantizar el derecho a la educación ante situaciones que modifican y afectan la continuidad de las trayectorias escolares de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos del Sistema Educativo Nacional”.

Se busca garantizar, por un lado, “la atención integral de las problemáticas educativas relacionadas con factores sanitarios, sociales, culturales, económicos, geográficos y pedagógicos profundizadas por la pandemia del Covid-19”.

En segundo término, se apunta a garantizar “el derecho al desarrollo personal y social de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, que promueva la continuidad de su trayectoria escolar y garantice la terminalidad de los estudios de los niveles obligatorios en todas sus modalidades”.

“El Ministerio de Educación de la Nación, en conjunto con las jurisdicciones educativas en el ámbito del Consejo Federal de Educación y en coordinación con otros organismos con competencia relacionada al objeto de la presente ley, promoverá, a través de los programas vigentes y de los que se creen al efecto, acciones de educación inclusiva que garanticen el acompañamiento y fortalecimiento a las trayectorias escolares para que sean continuas y completas para todas las alumnas, alumnos y estudiantes de la educación obligatoria de todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional de gestión estatal, privada, cooperativa y social, en igualdad de condiciones en todo el territorio del país”, indica el texto.

En tanto, señala que el Consejo Federal de Educación, en base a acuerdos federales, deberá establecer los criterios y modalidades para contribuir a reducir el abandono escolar.

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que encabeza Blanca Osuna (Frente de Todos) emitió dictamen favorable sobre un proyecto consensuado que busca combatir la deserción escolar como consecuencia de la pandemia, a través de la creación de un “Programa para fortalecer las trayectorias educativas”.

Se unificaron proyectos de los diputados Osuna, Mara Brawer (Frente de Todos), Victoria Morales Gorleri (Pro), Karim Alume Sbodio (Frente de Todos), Brenda Austin (UCR) y Victoria Rosso (Frente de Todos).

Morales Gorleri, vicepresidenta de la comisión, advirtió que de cada 100 chicos que ingresan al secundario, solo 50 egresan en tiempo y forma, y se estima que luego de la pandemia al menos 1,5 millones de alumnos no volverán a la escuela.

“Este proyecto busca soluciones de intervención inmediata y de largo plazo para los pibes que están en situación de vulnerabilidad educativa, el 50% de los chicos de nuestro país”, destacó la diputada.

📚 Ahora, en Comisión de Educación de @DiputadosAR dictaminamos sobre la creación del programa integral de acompañamiento a las trayectorias escolares de niñas, niños y adolescentes. En vivo en https://t.co/DNYpd6dp3K
@Diputados_Todos pic.twitter.com/HwhLiEcfk1

— Blanca Osuna (@BlancaOsunaOK) November 5, 2020

El dictamen establece que “el Ministerio de Educación de la Nación, en conjunto con las jurisdicciones educativas en el ámbito del Consejo Federal de Educación y en coordinación con otros organismos (…) promoverá, a través de los programas vigentes y de los que se creen al efecto, acciones de educación inclusiva que garanticen el acompañamiento y fortalecimiento a las trayectorias escolares para que sean continuas y completas para todas las alumnas, alumnos y estudiantes de la educación obligatoria de todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional de gestión estatal, privada, cooperativa y social, en igualdad de condiciones en todo el territorio del país”.

Uno de los objetivos de  este programa será el de “garantizar el acceso, y las condiciones para la permanencia y terminalidad de la educación obligatoria para todas las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos que hayan visto afectadas sus trayectorias escolares” por la pandemia.

También se establece que el Consejo Federal de Educación deberá establecer los criterios y modalidades para “actualizar el desarrollo de criterios de acreditación y evaluación integral y formativa que convaliden los avances en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y permitan su seguimiento especialmente durante el período de continuidad pedagógica no presencial con el fin de propiciar y asegurar la continuidad de las trayectorias escolares, su finalización y pasaje de niveles educativos”.

Asimismo, “para promover el apoyo social que acompañe a las y los destinatarios e instituciones participantes de los programas para fortalecer las trayectorias educativas se convoca a la participación de organizaciones sociales y/o juveniles, centros de estudiantes, cooperadoras escolares, estudiantes de institutos de formación docente y de las universidades, entidades comunitarias, deportivas, culturales, sindicales, entre otros, para un mejor logro de los objetivos y la asunción de solidaridad comunitaria con respecto al derecho a la educación”.

Tras una acalorada discusión, diputados de la Comisión de Educación acordaron avanzar antes de fin de año con un proyecto de ley para promover la continuidad de las trayectorias educativas e impulsar la conectividad, pensando en la post-pandemia.

Durante la reunión, presidida por Blanca Osuna (Frente de Todos), el interbloque Juntos por el Cambio pidió apurar el dictamen dado que el 20 de noviembre vence el plazo para la firma de los despachos.

Sin embargo, el Frente de Todos consideró necesario convocar a funcionarios, especialistas y representantes del sector docente y el alumnado antes de dictaminar.

“Hay una alta responsabilidad del Estado y de nosotros como representantes de un órgano fundamental de la democracia argentina. En ese marco es que comenzamos a analizar distintas líneas para brindar un aporte legislativo”, indicó Osuna.

El proyecto en debate apunta a crear un programa de atención integral de las problemáticas socioeducativas relacionadas con factores sociales, económicos y culturales, que afectan las trayectorias escolares de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

La iniciativa busca promover la continuidad de su trayectoria escolar y garantizar la terminalidad de los estudios del nivel secundario, incluyendo además un capítulo destinado a la conectividad.

La vicepresidenta de la comisión, Victoria Morales Gorleri (Pro), explicó que “esta ley tiene que ver con pensar más allá de la pandemia”. “Necesitamos una herramienta concreta que apunte a las trayectorias educativas discontinuas”, sostuvo.

La radical Brenda Austin -autora de un proyecto para declarar la emergencia educativa- pidió que el proyecto “no sea solo una manifestación de buenos deseos” sino una “norma operativa”, y advirtió sobre el riesgo de dilatar el debate con la citación a invitados.

En el mismo sentido se expresó Enrique Estévez. “Estamos frente a una situación urgente. Estamos en condiciones de dar una señal”, dijo el diputado del Partido Socialista.

Más duro fue el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien criticó que ahora se pretenda escuchar a los actores involucrados cuando “el ministro de Educación tomó durante seis meses decisiones unitarias y centralistas”.

Desde el oficialismo, Hugo Yasky aseguró que si no se escucha al sector, “corremos el riesgo de que el proyecto sea solo un papel escrito”, mientras que Patricia Mounier, dirigente de SADOP, coincidió que “es soberbio pensar que conocemos todo lo que ocurre en el sistema educativo”.

El proyecto de declaración que presenté acompañada de diputadas/os del Frente de Todos destaca el valor de la decisión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación para la instauración de una Red de faros de Conservación en el Delta del Paraná, como estrategia para prevenir incendios, conservar la biodiversidad y promover un trabajo con lugareños hacia actividades económicas sustentables que resguarde nuestro humedal, el Delta, y sus recursos naturales. También sabemos que ese maravilloso bien no sabe de límites políticos y se extiende en distintas jurisdicciones. Por eso desde el inicio de los incendios, señalamos que la responsabilidad de su protección y cuidado es parte de una política concertada entre la Nación y las provincias beneficiadas por su extensión.

Es fundamental en el camino de asunción de responsabilidades que el Ejecutivo provincial de Entre Ríos haga pública, además de la zonificación de las tierras fiscales ubicadas en el Delta, el padrón actualizado con los nombres de los titulares privados de tierras en la jurisdicción Delta, como asimismo los nombres de los particulares y empresas beneficiados con permisos de uso, arrendamiento o cualquier otra forma de delegación en el usufructo de tierras fiscales. Del mismo modo los nombres de quienes solicitaron entre 2019 y 2020 “permisos para quema de pastizales”, según la ley provincial 9868 cuyo otorgamiento quedó suspendido por el reciente decreto 1096 del 5 de agosto pasado que firmó el gobernador Bordet en cumplimiento por lo solicitado por la Justicia Federal con sede en Entre Ríos.

En la urgencia, vemos con expectativas que se cumpla efectivamente con la disposición de la Corte Suprema respecto a la creación del Comité de Emergencia, compuesto por las distintas responsabilidades provinciales y municipales, para controlar los incendios que afectan más de 90 mil hectáreas y tuvo de manera sostenida 5 mil focos de incendio en este año, en consonancia con lo planteado por el Ministerio de Ambiente de Nación y con el propósito de defensa de nuestra Casa Común.

Valoro que la instalación recientemente iniciada con equipo e infraestructura de nuestro Gobierno Nacional, de los faros que integran el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná, ya dio comienzo en Puerto Gaboto, provincia de Santa Fe. Y esperamos continúe en Entre Ríos en los puntos de referencia necesarios para consolidar una política ambiental de Estado.

La diputada nacional Blanca Inés Osuna destacó “la implementación de faros de conservación, con equipos e infraestructuras, conectados en red, como política de prevención y resguardo del patrimonio natural de la región”. La iniciativa, parte de distintos ejes de trabajo a corto y largo plazo, presentada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, y busca dar solución a una problemática estructural, profundizada por la dimensión de los incendios intencionados en el primer semestre del año.  

“Durante el año se registraron más de 4.000 puntos calientes que arrasaron en más de 80 mil hectáreas del humedal del Delta del Paraná, produciendo un daño inconmensurable con la destrucción de ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, la degradación de la tierra; la contaminación de las aguas, la amenaza a la diversa flora y fauna, el riesgo para la vida de la población isleña y la contaminación general”, advirtió la legisladora nacional, luego del anuncio de abordaje del territorio del Delta mediante una serie de faros de conservación comunicados en red a fin de desplegar una política de prevención para la conservación y el desarrollo sostenible, en el corto plazo, en un área cerca de 2 millones de hectáreas, con una distribución territorial adecuada y abarcativa previsto en cercanías de zonas con alta recurrencia de incendios y preferentemente en unidades territoriales de entre 3 mil a 5 mil hectáreas. 

Faros de Conservación  

Estos faros contarán con un equipo de personal técnico organizado en torno a una metodología de trabajo, localizado en territorio, con equipamiento y herramientas específicas: una base para personal permanente, lanchas, vehículos, drones, sistemas de control, estación meteorológica, equipos de comunicación, equipos de monitoreo ambiental. Además, son núcleos insertos en el territorio para la irradiación de políticas ambientales, funcionando como espacios institucionales para conectar y referenciar a poblaciones y productores.  

“Hay un paso más allá en la propuesta del Gobierno nacional, que establece a largo plazo, como política de estado, un Programa de Cuidadores del Delta que contempla la inclusión de la comunidad isleña en un proyecto de conservación ambiental en los entornos de los faros”, detalló Osuna. Se trata de un plan de capacitación en conservación para lograr la detección y alerta temprana, apuntar a un registro de especies para el monitoreo de la fauna con la participación de los lugareños y el manejo de herramientas para el registro visual y otras técnicas de observación y registro de la biodiversidad.  

La diputada expresó que estos ejes de trabajo “reconocen como una prioridad mantener la integridad del humedal como bien ambiental y que toda actividad productiva debe asegurar la sostenibilidad eco-sistémica atendiendo a la equidad social”. 

Fue el último tema que tocó, ya bien de madrugada, la Cámara baja en su extensa sesión de este miércoles. Pasadas las 2, doce horas después de iniciada la reunión, se dio media sanción a mano alzada a un proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo facilitar el acceso de los jardines de primera infancia a los programas de asistencia en la emergencia en el actual contexto de la pandemia de Covid-19.

Una de las autoras del proyecto es la titular de la Comisión de Educación de la Cámara baja, Blanca Osuna, quien al explicar el proyecto señaló que el mismo pretende hacer reconocer a los jardines de primera instancia, los cuales “son las instituciones de cuidado que tienen normas que las rigen y son lugares donde muchísimos argentinos y argentinas dejan a sus niñas y niños a resguardo en sus tiempos de labor”.

La diputada explicó que la crisis generada por la pandemia ha producido el cierre de estas instituciones y los trabajadores que se desempeñan en las mismas tienen en riesgo sus trabajos. “En muchos casos, estas instituciones tienen a sus trabajadores en una situación irregular, por lo cual hay dificultades para que accedan a programas de asistencia del tipo ATP”, señaló la diputada entrerriana, que  precisó que “la apuesta es a ese reconocimiento y el impulso que desde el Gobierno se haga en la coordinación con municipios y provincias para que (los jardines maternales) puedan mantenerse”.

A su turno, la diputada Adriana Ruarte señaló que los jardines de primera infancia “hace 150 días que no pueden trabajar, ya que por la crisis no abren, no pueden cobrar”, y explicó que “las maestras no encuentran una regulación que articule la actividad, no tienen una regulación que las contenga”.

La mendocina Claudia Najul pidió a su vez “reconocer la labor de los jardines y espacios de primera instancia como un sector fundamental de la economía del cuidado. Es esencial que los visibilicemos y que sean amparados por el Estado, en un momento tan difícil como el que estamos atravesando, para que no cierren definitivametne sus puertas, como lamentablemente muchos ya lo han hecho”.

Su coterráneo Federico Zamarbide definió por su parte a esas instituciones como “un ejemplo de emprendedurismo del país” y consideró “clave que el Gobierno tenga una política de apoyo” hacia las mismas.

La diputada nacional Blanca Osuna (Frente de Todos) se refirió a los incendios en el Delta del río Paraná y enfatizó que “es un tema gravísimo que destruye una de las reservas más ricas y diversas, y está demostrado que no es una quemazón casual”.

“El escenario de los incendios de pastizales aparece como una constante amenaza a uno de los ecosistemas fundamentales, como son los humedales del Delta del río Paraná. Las imágenes sobre la quemazón premeditada, iniciada desde marzo y extendida durante mayo, junio, y que continúa hasta hoy, muestra los daños de miles de hectáreas y la necesidad de una política integral en materia del resguardo de estas reservas esenciales para la vida de nuestras comunidades”, señaló.

La entrerriana indicó que “es una catástrofe histórica que está camino a marcar precedentes que nos duelen, en contrario a la postura que hemos sostenido muchos entrerrianos siempre en defensa de los humedales”.

“La realidad que hay que atender urgente requiere del trabajo articulado intergubernamental y de una acción contundente del Poder Judicial a partir de las oportunas denuncias realizadas por el Ministerio de Ambiente de la Nación”, subrayó.

En ese sentido, la oficialista dijo: “Esperamos que la Justicia avance sin demoras en las indagatorias de ciudadanos santafesinos y entrerrianos imputados en el proceso de investigación, por la violación a los artículos 186 y 194 del Código Penal, y la Ley 24.051, proceso que deberá culminar señalando responsabilidades y aplicando penas”.

“La situación actual, condicionada por las sequías, ha puesto en la escena que las quemazones no sólo son intencionales sino que parten de intereses y negocios que se enmarcan en una red más compleja y que necesita de análisis profundos y respuestas gubernamentales reparatorias y preventivas contundentes”, continuó.

Osuna opinó que esta situación requiere un abordaje del problema en “una acción concertada entre la Nación y las provincias que comparten el territorio del humedal Delta del Paraná. Y creo oportuno encontrarnos en el repudio a estas prácticas quienes tenemos responsabilidad institucional y política para promover acciones articuladas en resguardo de los humedales”.

“Advertimos que el cuidado del humedal no puede limitarse exclusivamente a su extensión sobre tierras fiscales, sino comprometer también esfuerzos de propietarios particulares para el respeto de criterios de explotación productiva sustentable, el control de obras hídricas para la preservación de un bien natural fundamental para la vida”, añadió.

Finalmente, la diputada opinó que “estaría muy bueno que el gobierno provincial desarrolle políticas de cuidado con respecto a los agrotóxicos, a la regulación de la pesca en el Paraná y a la prevención de los incendios provocados en las islas como práctica destructiva del ecosistema. Para la política ambiental y social de Entre Ríos son ejes definitorios del cuidado de nuestra casa común”.

Legisladores de las comisiones de Educación y de Comunicaciones e Informática de la Cámara baja nacional se reunieron este jueves para abordar distintos proyectos y propuestas sobre conectividad, brecha digital y educación. Participaron autoridades de Educar, Enacom y de Jefatura de Gabinete. El encuentro fue encabezado por la legisladora entrerriana Blanca Osuna y por el cordobés Pablo Carro, presidentes de las comisiones. Hay 19 proyectos sobre la temática.  

“La convocatoria estuvo relacionada a una fuerte necesidad, que cobró otra relevancia durante la pandemia, que es el acceso a la conectividad e internet”, precisó la diputada Osuna, presidenta de la comisión de Educación. Recordó la importancia de “la modificación del artículo 109 de la Ley Nacional de Educación, a partir de la cual se incorporó la apertura para que, en el marco de la educación obligatoria, puedan usarse herramientas vinculadas a la educación a distancia como soporte”.  

El encuentro entre las comisiones de Educación y Comunicaciones e Informática, de la Cámara de Diputados de la Nación, se enmarcó en distintas instancias informativas y de intercambios, con la presencia de distintos referentes del Ejecutivo nacional, en el marco de ejes que abarcan la conectividad, la educación, la brecha digital y los derechos humanos. La reunión, iniciada a las 11, contó con la presencia del subsecretario de la Información y las Comunicaciones de Jefatura de Gabinete, Martín Olmos; la gerenta general de Educ.ar S.E, Laura Marés; y el integrante del Directorio del Ente Nacional de Comunicaciones, Gonzalo Quilodrán. 

Osuna realizó un repaso por los aportes en modificaciones de leyes y avances de proyectos, construidos con el trabajo de las comisiones. Valoró, entre otros frentes, “la aprobación de la ley de teletrabajo, en materia de regulación de la actividad laboral y que tuvo dictamen en el Senado”. Sobre el trabajo de ambas comisiones, puntualizó el “trabajo codo a codo” de Educación, con el diputado Pablo Carro, que preside Comunicaciones e Informática. “Recibimos 19 proyectos vinculados a esta temática, de los cuales siete son proyectos de ley. Da cuenta, como volumen de propuestas, de la preocupación de legisladoras y legisladores, y de la fuerte voluntad de avanzar en ejes que posibiliten, como políticas de estado, el acceso a internet como derecho”, remarcó la diputada nacional del Frente Todos.  

Las intervenciones  

“En particular, a partir del 2003, se empezó a trabajar en la campaña de actualización digital, que fue el momento en que se inició a hablar de estos temas. Pocos años después, vino el Programa Conectar Igualdad, que era una computadora para cada estudiante y que tuvo mucho impacto en el sistema educativo y en las vidas cotidianas, porque en muchas casas fue la primera computadora que tuvieron”, repasó Laura Marés, gerente general de Educar, en el encuentro de las comisiones, sobre las últimas dos décadas y el surgimiento de debates que dan bases a los diálogos y las necesidades actuales.  

“Seguimos creyendo, con el ministro Trotta, que el uso de la tecnología es un derecho y que la computadora es una herramienta fundamental para el aprendizaje, para la recreación, para la familia y para el descubrimiento de procesos creativos. El desafío es retomar las mejores prácticas y avanzar en políticas fundamentales para acompañar esta nueva etapa”, describió la funcionaria. Se explayó en los desafíos, en completar la conectividad de las escuelas del país y conformar una plataforma de aulas virtuales.  

Por su parte, Gonzalo Quilodrán, integrante del Directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), valoró la instancia, mencionó el trabajo de los últimos meses y puntualizó sobre la hoja de ruta que incluye a Educar, Arsat, Secretaría de Innovación y distintos actores institucionales. “Encontramos una Argentina muy desigual, en términos de conectividad”, diagnosticó.  

“Tenemos claras las prioridades sobre arrancar por aquellos lugares donde nunca hubo oportunidad ni acceso al servicio de internet o telefonía móvil, para dar respuestas a cuestiones vinculadas a la educación y el derecho de su ejercicio”, especificó. “En el último directorio trabajamos en una serie de programas destinados a focalizar en algunas áreas específicas, de mayor urgencia, el despliegue de nuestros esfuerzos técnicos y financieros, para dotar de conectividad a instituciones públicas, corredores viales y barrios populares”, profundizó Quilodrán.  

Por último, Martín Olmos, subsecretario de la Información y las Comunicaciones, dependiente de la Jefatura de Gabinete remarcó que “sin conectividad es difícil que muchos derechos básicos tengan cumplimiento efectivo” y puntualizó que esta nueva etapa transformó la urgencia transversal de estos derechos”.”, remarcó la Diputada nacional del Frente Todos.

“No nos guía el odio o la venganza, solo queremos justicia”, aseguró la diputada nacional Blanca Osuna (Frente de Todos), integrante de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos de Inteligencia, al referirse a las 22 detenciones en la causa por espionaje ilegal.

La entrerriana aseguró que “los avances en las investigaciones  por el espionaje ilegal del macrismo a referentes políticos, sociales, gremiales, sindicales y religiosos entran en una etapa definitoria”.

“Nuestra participación en la Bicameral de Inteligencia nos posibilita tener una dimensión cabal de todo este entramado perverso e ilegal y promover que salga de la oscuridad y sea juzgado con todas las garantías constitucionales”, explicó Osuna en un comunicado.

La legisladora advirtió que “la gravedad del delito que supone la construcción de un aparato de persecución, espionaje, armado de causas y coacciones en el corazón del Estado nacional no tiene antecedentes en la historia democrática de la Argentina”.

“No nos guía el odio o la venganza, ni el show de detenciones en la madrugada. Solo queremos justicia, como brújula cotidiana que aporte a la realidad”, manifestó.

Además, enfatizó que “el caso más emblemático de la persecución es Cristina Fernández de Kirchner, como síntesis colectiva de proyectos nacionales y populares y como la resistencia opositora más contundente a los cuatro años de ajuste, hambre y endeudamiento del macrismo”.

Por último, Osuna reclamó “un nunca más a la Inteligencia y el oscurantismo como prácticas políticas de persecución y amedrentamiento a opositores, propios y extraños”.

La diputada nacional Blanca Osuna elaboró un proyecto para abordar las deudas estructurales de acceso a la conectividad, con prioridad en las zonas rurales y urbanas más vulneradas. La iniciativa, presentado por su par cordobés Pablo Carro, restituye atribuciones a la Enacom, establece otras fuentes de financiamiento y recupera los objetivos de Conectar Igualdad y Argentina Conectada. 

La legisladora señala que la conectividad “aparece como una problemática estructural de la agenda ciudadana”, requerida por muchos años y acrecentada por la situación de pandemia mundial que obligó a una virtualidad más cotidiana y habitual. “Las dificultades de infraestructura y las desigualdades geográficas y sociales, obstaculizaron históricamente el acceso y la garantía de derechos”, indicó. 

La iniciativa legislativa garantiza el acceso a servicios de conectividad e Internet, en sus modalidades de banda ancha fija, móvil y satelital, como “derecho humano de carácter universal”, de conformidad a lo establecido en el art. 2 de la Ley 27.078. El texto aporta políticas públicas hacia la cobertura geográfica, la accesibilidad a todas la comunidades urbanas y rurales, con especial prioridad en estudiantes, educadoras y educadores del sistema educativo, la inclusión digital desde una perspectiva de derechos humanos y la fijación de costos racionales. “La salida de la pandemia Covid 19 ha intensificado y priorizado la necesidad de superar las desigualdades estructurales y los problemas fácticos de conectividad y uso de Internet con calidad de servicio, tarifas justas y razonables”, explicó Osuna. 

En este sentido, precisó que “las actividades de la vida diaria, la educación en todos sus niveles y formatos, el trabajo y la producción, la creatividad y la producción de contenidos, los servicios de salud, seguridad, justicia y la administración pública en general, llevan a que cada argentina y argentino, desde temprana edad, en cualquier lugar de nuestro extenso país, deba conectarse al mundo digital”. Destacó que el Estado tiene “la responsabilidad de garantizar ese vínculo desde la niñez y de generar políticas públicas que busquen el acceso equitativo, justo e igualitario”. 

El plan define la conectividad como un derecho humano y determina como prioritarios los establecimientos del sistema de educación formal de gestión pública, en sus distintos niveles, modalidades y jurisdicciones; las bibliotecas públicas, centros culturales, museos, organizaciones sociales y medios de comunicación públicos, universitarios y de gestión social; los estudiantes y docentes ubicados en áreas rurales, urbanas o periurbanas con dificultades para la garantía de recursos tecnológicos y de conectividad que promuevan la igualdad educativa con condiciones de calidad; y el despliegue de puntos de wi fi de acceso gratuito, de gestión pública o privada, que funcionarán en las oficinas públicas y/o los lugares de interés público a determinar en cada ciudad. 

La propuesta legislativa también restituye atribuciones al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), construye nuevas fuentes de financiamiento para los ejes planificados a corto y largo plazo, y retoma las pautas de Argentina Conectada y Conectar Igualdad. “Las Tecnologías de Información y Comunicación representan nítidamente hoy no sólo un portal de acceso al conocimiento, a la educación, a la información, al entretenimiento, sino que constituyen un punto de referencia para la construcción del desarrollo económico y social”. afirmó al respecto Osuna. 

“Sabemos que esta herramienta, de producción colectiva, es fundamental para estos tiempos, pero también para repensar las agendas inmediatas de nuestra sociedad. El acceso igualitario y equitativo a la conectividad es uno de ellos, como uno de los ejes que avanzan en el bienestar de la sociedad y que repara asignaturas pendientes en materia de políticas de estado”, finalizó la diputada.

Por 248 votos a favor, dos en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó en la sesión virtual de este jueves un proyecto consensuado para extender la educación a distancia a los menores de 18 años, aunque solo en casos excepcionales, como la actual pandemia del Covid-19, que obligó a suspender las clases presenciales en nuestro país desde mediados de marzo.

El proyecto aprobado, fruto de un consenso entre todos los bloques, modifica la Ley de Educación Nacional 26.206 para habilitar esta modalidad “únicamente en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos”.

Actualmente, la norma permite la educación a distancia solo para mayores de 18 años y estudiantes de nivel secundario de zonas rurales, por lo que ahora se extenderá al nivel primario.

A última hora, el Frente de Todos aceptó una propuesta de Juntos por el Cambio, encabezada por el radical José Riccardo, para que además de “la provisión de recursos tecnológicos”, deba atenderse “la conectividad”, en pos de “promover la igualdad educativa con condiciones de calidad”.

Los dos votos en contra fueron de los representantes del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño y Romina Del Plá, mientras que la única abstención fue de Ingrid Jetter (Pro-Corrientes), quien no justificó su postura.

“Una situación excepcional supone que se brinde a los estudiantes del sistema educativo nacional canales que permitan la continuidad en este tiempo”, sostuvo Blanca Osuna, presidenta de la Comisión de Educación.

Osuna consideró que “todos coincidimos en la importancia de la institución escolar, pero estas circunstancias desnudan otro trasfondo”. “No estamos modificando un artículo; estamos planteando una cuestión de igualdad”, destacó la entrerriana del Frente de Todos.

Desde el Pro, Victoria Morales Gorleri expresó: “Estamos convencidos de que la escuela no se reemplaza. La escuela aporta herramientas adecuadas para generar una educación integral, que no es solo impartir conocimientos”.

De todos modos, Morales Gorleri opinó que “esta pandemia evidencia la necesidad de incorporar recursos de virtualidad a la educación presencial”.

“Hicimos profundos y grandes avances en materia digital en los últimos años. Lo hicimos con una mirada integral y profunda. Conectamos al 60% de los alumnos y alumnas a Internet, esto representa más de 5 millones de estudiantes”, resaltó.

En tanto, Riccardo, exrector de la Universidad Nacional de San Luis, destacó: “Apenas el Ministerio de Educación dictó la suspensión de clases, pusimos la mirada en las alternativas pedagógicas de la Ley de Educación Nacional porque sabíamos que iba a ser uno de los últimos sectores en retomar la actividad”.

“Dotamos a las jurisdicciones de un instrumento legal fundamental para que ese derecho tan sagrado a educar con igualdad, equidad y calidad, pueda llevarse a cabo”, celebró el puntano.

Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, manifestó que “esta modificación es de manera excepcional y hay que dejarlo muy en claro”, y agregó que “la escuela, nuestros docentes, niños, niñas y adolescentes son irremplazables”.

“La escuela es una tecnología. Ahí suceden los principales procesos pedagógicos de la escuela. El aula es el dispositivo principal de la tecnología escolar y es irreemplazable”, insistió.

Ferraro además dijo que “debemos avanzar en recursos tecnológicos, conectividad y liberación de datos como complemento de la principal tecnología”.

Por su parte, Del Plá (Frente de Izquierda) advirtió que con esta ley “no se está atendiendo una necesidad, sino distrayendo sobre los verdaderos problemas que hay” en educación.

Para la representante del Partido Obrero, “no se necesita modificar el artículo 109 para que el Consejo Federal de Educación saque resoluciones sobre la continuidad pedagógica”.

Del Plá cuestionó la falta de nombramiento de “más de 100.000 docentes y suplentes” y advirtió además el proyecto “no incluye un  presupuesto para garantizar la conectividad”.

La reforma

Actualmente, el artículo 109 de la ley indica que “los estudios a distancia como alternativa para jóvenes y adultos sólo pueden impartirse a partir de los 18 años de edad” y que “para la modalidad rural y conforme a las decisiones jurisdiccionales, los estudios a distancia podrán ser implementados a partir del ciclo orientado del nivel secundario”.

El proyecto aprobado incorpora un agregado a ese artículo, que indica que “excepcionalmente, previa declaración fundada del Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, o con la jurisdicción según corresponda, cuando la escolaridad presencial -total o parcial- sea inviable, y únicamente en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos, solo en esos casos será permitido transitoriamente el desarrollo de trayectorias educativas a distancia para los niveles y las modalidades de la educación obligatoria para menores de 18 años de edad”.

“En tal excepcionalidad deberán adoptarse disposiciones para la reorganización: pedagógica – de acuerdo a los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios- e institucional, del régimen académico y de la capacitación docente. Del mismo modo deberá atenderse la provisión de recursos tecnológicos y conectividad que promuevan la igualdad educativa con condiciones de calidad según lo establecen los artículos 80 y 84 de la presente ley; y la adopción de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo que se requieran conforme lo establezcan las negociaciones colectivas correspondientes”, concluye el artículo reformado.

Por Carolina Ramos

Tras casi tres horas de un puntilloso debate, diputados de la Comisión de Educación firmaron un dictamen consensuado sobre un proyecto para modificar la Ley 26.206 incorporando de manera “excepcional” la educación a distancia en todos los niveles, mientras las clases presenciales continúan suspendidas por la medida del aislamiento social.

Juntos por el Cambio decidió acompañar la propuesta del oficialismo luego de que la presidenta de la comisión, Blanca Osuna, se comprometiera a convocar a un debate, próximamente, sobre la necesidad de garantizar la igualdad en la conectividad de alumnos de todo el país.

La principal bancada de la oposición pretendía que este tema quedara plasmado en el dictamen. “Todos sabemos que la legislación sobre educación debe poner especial atención en el cuidado de los más vulnerables. El 70% de los educandos de hogares vulnerables no tiene acceso al cuello de botella de la conectividad”, planteó el radical José Riccardo, quien pidió que ese aspecto “no quede en una expresión de deseo”.

Comisión de Educación de @DiputadosAr

El diputado @joselriccardo explicó su proyecto para modificar la ley 26.206 de Educación Nacional y darle marco legal a la enseñanza a distancia en las escuelas de todo el país para garantizar la continuidad pedagógica 👇 pic.twitter.com/Jwzygx5GFz

— Bloque UCR – HCDN (@diputadosucr) May 19, 2020

Sin embargo, para llegar a un dictamen único, Osuna informó que “en la próxima reunión se trabajará en una selección de temas y se podrá tomar esto como una prioridad”. La respuesta dejó satisfechos a los representantes de Juntos por el Cambio y hubo dictamen de mayoría, mientras que Romina Del Plá, del Frente de Izquierda, suscribió otro en minoría. El dato de color fue la decisión de Gisela Marziotta (Frente de Todos) de no acompañar ningún despacho.

El dictamen mayoritario, que ahora quedó en condiciones de ser tratado en la próxima sesión, incorpora a los menores de 18 años a la enseñanza a distancia -a partir de esa edad, el formato remoto ya está contemplado en la ley-.

No obstante, será “únicamente en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos”. Riccardo pidió incorporar como causal el aislamiento geográfico, pero el Frente de Todos rechazó la propuesta. “El aislamiento es natural en pueblos que viven aislados”, justificó Mara Brawer.

El texto de la reforma

Actualmente, el artículo 109 de la ley indica que “los estudios a distancia como alternativa para jóvenes y adultos sólo pueden impartirse a partir de los 18 años de edad” y que “para la modalidad rural y conforme a las decisiones jurisdiccionales, los estudios a distancia podrán ser implementados a partir del ciclo orientado del nivel secundario”.

El proyecto que obtuvo dictamen incorpora un agregado a ese artículo, que indica que “excepcionalmente, previa declaración fundada del Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, o con la jurisdicción según corresponda, cuando la escolaridad presencial -total o parcial- sea inviable, y únicamente en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos”.

Así, se establece que “solo en esos casos será permitido transitoriamente el desarrollo de trayectorias educativas a distancia para los niveles y las modalidades de la educación obligatoria para menores de 18 años de edad”.

“En tal excepcionalidad deberán adoptarse disposiciones para la reorganización pedagógica e institucional, del régimen académico y de la capacitación docente. Del mismo modo deberá atenderse la provisión de recursos tecnológicos que promuevan la igualdad educativa con condiciones de calidad (…) y la adopción de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo que se requieran conforme lo establezcan las negociaciones colectivas correspondientes”, se agrega.

Una medida excepcional

La diputada Osuna, titular de la comisión, aclaró que esta modalidad será excepcional para evitar “supuestos negocios que puede traer aparejado el uso de plataformas de educación a distancia”.

A su vez, Flavia Morales (Frente de la Concordia Misionero) aclaró que “nadie habla de reemplazar la educación presencial por la educación a distancia”. “La tecnología es un medio, lo que importa es la innovación pedagógica”, consideró.

Alicia Fregonese (Pro) explicó que la educación remota es “una opción pedagógica y didáctica aplicable a todos los niveles del sistema educativo nacional”, que “puede integrarse a la educación formal e informal”. “Este no es un intento de reemplazar la presencialidad (sic), sino de complementarla”, sostuvo.

A su turno, Brawer remarcó que debe quedar claro que la educación a distancia debe ser “excepcional” y habló de la necesidad de capacitar a docentes sobre esta modalidad en caso de que continúe el aislamiento por la pandemia del Covid-19.

Por su parte, Del Plá advirtió que actualmente “no estamos frente a educación a distancia” sino ante “un acompañamiento pedagógico”, y resaltó el trabajo de docentes, familias y alumnos para darle continuidad al ciclo lectivo de forma remota. “Hoy no hay condiciones materiales laborales ni pedagógicas para un proceso de educación a distancia”, sentenció.

La diputada nacional por la provincia de Entre Ríos Blanca Osuna y el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, mantuvieron un encuentro para avanzar de cara a la agenda educativa 2020 y trabajar en temas estratégicos.

Durante el encuentro, que se llevó a cabo en la cartera de Educación, el ministro y la diputada priorizaron temáticas como la futura ley de Educación Superior, la implementación del Programa de Educación Sexual Integral (ESI) y la necesidad de “trabajar en conjunto en la solución de los problemas que la pobreza y el hambre generan en el cumplimiento del derecho a la educación”.

En ese sentido, la legisladora del Frente de Todos, aseguró que “la atención de la desigualdad educativa que afecta a nuestros estudiantes, como consecuencia de las políticas implementadas por el gobierno anterior, deben ser la prioridad de nuestro gobierno, en donde con acciones claras ya empezamos a poner en marcha varias de nuestras herramientas”.

Al respecto del encuentro, la diputada destacó además que “junto al ministro avanzamos en el pedido del presidente de la Nación de trabajar de manera conjunta en la conformación y concreción del proyecto de la futura y necesaria ley de Educación Superior. Asimismo, conversamos sobre la importancia de la implementación correcta de las ESI”.

Por último, la legisladora afirmó que “ha sido un encuentro muy productivos en donde coincidimos en lo importante que será avanzar en el cumplimiento efectivo de las leyes de educación que tienen vigencia en el país y se incumplieron durante el anterior gobierno, porque como dijo Alberto Fernández, debemos garantizar el derecho a la Educación con acciones y un Estado que esté cerca de todos y todas”.