Se espera que el debate se inicie la próxima semana en comisiones. El proyecto de Bases tiene 279 artículos, delegación de facultades por un año solo para tres rubros y 18 empresas sujetas a privatización. El proyecto fiscal incluye la modificación en Ganancias, moratoria y blanqueo.
Finalmente el Gobierno cumplió con lo pactado con los bloques más cercanos y distribuyó entre los mismos el último borrador elaborado del proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Y paralelamente el proyecto de ley de Medidas Fiscales, conocido como “paquete fiscal”, que se debatirá de forma paralela al de Bases y que incluye blanqueo, moratoria y modificación del impuesto a las Ganancias.
No solo recibieron el texto los diputados nacionales de los bloques dialoguistas, sino también los gobernadores con los que el Gobierno ha venido negociando febrilmente desde que el presidente de la Nación anunció ante la Asamblea Legislativa que su proyecto de ley fundacional tendría una segunda oportunidad, tras ser devuelto a comisión en febrero pasado. Una segunda chance que incluye un plazo perentorio: antes del 25 de mayo deberá haber pasado por las dos cámaras. El reloj ha comenzado a correr.
Modificado como está, acortado con relación al original de 664 artículos que incluía el uso de la toga para los jueces a 279 artículos, sobre este proyecto se trabajará en comisión a partir de la próxima semana para llegar al dictamen. Ese trabajo incluirá la reforma laboral que recomendó la oposición sumar al texto. Esto es, en el texto conocido aún no figura; se agregará al dictamen y los diputados opositores son los que tienen en sus manos armar los artículos que oficien como una suerte de “espejo” respecto de lo que figuraba en el decreto 270/23, frenado por la justicia.
El nuevo texto
El artículo 1° de la ley de Bases incluye la declaración de emergencia para solamente tres cuestiones: económica, financiera y energética. Y por el plazo de solo un año. Ya no entonces las 11 emergencias que pedía el texto conocido el 28 de diciembre del año pasado, ni los cuatro años de extensión para esas emergencias. Convengamos, sí, que eso había sido morigerado en el debate registrado durante el verano.
El nuevo texto deja claro que el Poder Ejecutivo deberá informar mensualmente y en forma detallada al Congreso acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos.
El Título II corresponde a la Reforma del Estado, y allí se establecen como bases de las delegaciones legislativas la mejora del funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública, transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común. También la reducción del “sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas”. Por último, se busca asegurar el efectivo control interno de la administración pública nacional con el objeto de garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas.
Se faculta al Ejecutivo nacional a disponer en relación a los órganos u organismos de la administración central o descentralizada, entre otras cosas, la reorganización, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a CABA, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos.
Tal cual había trascendido hace algunas semanas, se excluye de esas facultades a los órganos u organismos del Poder Judicial, el Legislativo, el Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan, las universidades nacionales, el CONICET y el INTA.
En el capítulo fiscal, la modificación del impuesto a las Ganancias revierte la eliminación de la cuarta categoría y lleva el piso a $1.800.000 para trabajadores solteros y $2.200.000 para casados, tal cual lo conversado en las últimas reuniones mantenidas con gobernadores, el jueves pasado, y diputados dialoguistas, el lunes último.
El artículo 5° faculta al Poder Ejecutivo nacional a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos, en los casos en los que no fuera posible hacerlo conforme los procedimientos establecidos en sus normas de creación, instrumentos constitutivos u otra disposición aplicable, y revertir o redireccionar, según corresponda, sus recursos o futuros ingresos al Tesoro Nacional, con el objeto de asegurar una mayor transparencia en la administración de aquellos.
El Capítulo II está referido a la privatización de empresas públicas, y en su artículo 7° se establece cuáles son las sujetas a privatización, estableciéndose que para proceder a la privatización de tales empresas y sociedades, se podrá considerar la transferencia a las provincias de contratos que se encuentren en ejecución.
De las 41 empresas privatizables de la vieja ley de Bases, se llega a este texto donde aparecen 18 empresas puestas a consideración, según tres características puntuales, a saber:
Aquellas que pueden ser privatizadas totalmente: Aerolíneas Argentinas SA, Energía Argentina SA, Radio y Televisión Argentina SE, Inerrcargo SAU.
Las empresas que sujetas a privatización o concesión: Agua y Saneamientos Argentinos SA, Correo Oficial de la República Argentina SA, Belgrano Cargas y Logística SA, Sociedad Operadora Ferroviaria SE (SOFSE) y Corredores Viales SA.
Y por último aquellas empresas que solo podrán ser privatizadas parcialmente debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las sociedades societarias: Nucleoeléctrica Argentina SA, Banco de la Nación Argentina, Nación Seguros SA, Nación Reaseguros SA, Nación Seguros de Retiro SA, Nación Servicios AA, Nación Bursátil SA, Pellegrini SA y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
El artículo 12° del proyecto refiere a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, que intervendrá en las privatizaciones que se lleven adelante en virtud de esta ley, una de las demandas también de la oposición durante todo este debate.
Mucho más adelante, al llegar al Título VI, denominado Defensa de la Competencia, encontramos un artículo que generó controversia con la oposición. Es el 70°, que faculta al Ejecutivo por el plazo de un año a “disponer la derogación o modificación de las normas de rango legal que generen, de forma manifiesta, distorsiones en los precios de mercado, un sobrecosto en el sector regulado, o la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente”. Asimismo aquellas que impliquen “la constitución de monopolios artificiales en actividades en las que sea posible la competencia”.
El paquete fiscal
Paralelamente el Gobierno envía al Congreso otro proyecto que lleva el nombre de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, que pretende establecer un “proceso de saneamiento de la dramática situación económica en la que está sumido nuestro país”.
Se trata de un proyecto de 101 artículos que incluyen modificaciones sobre Bienes Personales, la restitución del impuesto a las Ganancias y la inclusión del Régimen de Regularización de Activos. Es el blanqueo de capitales que se extenderá hasta el 30 de abril de 2025, con la posibilidad del PEN de prorrogar dicho plazo hasta el 31 de julio de 2025, inclusive.
En su artículo 19°, el proyecto establece que los sujetos no residentes en el país podrán adherir al Régimen de Regularización de Activos por sus bienes ubicados en Argentina o por las rentas que hubieran obtenido de fuente argentina, excepto moneda nacional o extranjera en efectivo. Este último punto referido al efectivo, se sumó a instancias de la oposición.
El proyecto establece una moratoria, denominada Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social. Podrán acogerse al mismo aquellos contribuyentes y responsables de obligaciones tributarias y aduaneras y de los recursos de la seguridad social, por las obligaciones vencidas al 31 de marzo de 2024, inclusive, y por las infracciones cometidas hasta dicha fecha relacionadas o no con aquellas obligaciones.
El acogimiento podrá formularse desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos y hasta transcurrido 150 días corridos desde aquella fecha, inclusive.
Las personas humanas (excepto las que califiquen como pequeños contribuyentes) ingresarán un pago a cuenta equivalente al 20% de la deuda y por el saldo de deuda resultante, hasta 60 cuotas mensuales, fijándose un interés de financiación calculado en base a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales que la reglamentación especificará.
Las Micro y Pequeñas Empresas y las entidades sin fines de lucro ingresarán un pago a cuenta equivalente al 15% de la deuda y, por el saldo de deuda resultante, hasta 84 cuotas mensuales, fijándose un interés de financiación calculado en base a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales que la reglamentación especificará.
Al explicar la restitución del gravamen eliminado el año pasado a instancias del ministro/candidato Sergio Massa, el proyecto resalta que tiene por finalidad “reestablecer el equilibrio dentro del esquema de la Ley del Impuesto a las Ganancias, incorporando dentro del impuesto a los ingresos a aquellos sujetos que evidencian una capacidad contributiva suficiente para ser alcanzados por el tributo, respetando la progresividad que es el principio rector de dicha norma”.
El gravamen es denominado aquí como “impuesto a los ingresos” y establece los mínimos no imponibles citados en $1.800.000 para solteros y $2.200.000 para casados, actualizables de manera anual según el Índice de Precios al Consumidor.
Ante los diputados, el secretario de Finanzas explicó el esquema de regularización de activos y los otros cambios propuestos para Bienes Personales y la Ley de Administración Financiera.
Pablo Quirno detalló cómo funcionaría el blanqueo impulsado por el Gobierno. (FOTO: HCDN)
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, se presentó este jueves ante los diputados, en el marco del plenario de comisiones que analiza el proyecto de ley de Bases, para explicar básicamente el esquema de regularización de activos que se propone con esta norma; como así también del impuesto a Bienes Personales; la administración financiera con respecto a las modificaciones que están requiriendo para la Ley de Administración Financiera y la sostenibilidad de deuda pública; de la consolidación de la deuda pública en manos del sector público nacional y del régimen previsional.
Respecto del proceso de regularización de activos, Quirno hizo notar que este programa va a estar disponible para tres tipos de personas: sujetos residentes al 31 de diciembre de 2023; sujetos no residentes por sus bienes ubicados en la Argentina, o por las rentas que hubieran obtenido en la Argentina, las personas humanas no residentes que fueron residentes fiscales argentinos. Las que hubieran sido residentes fiscales argentinas antes del 31 de diciembre de 2023, y que hubieran perdido tal condición, podrán adherir al régimen de regularización de activos como si fueran sujetos residentes en Argentina.
De ejercerse esta acción, agregó el funcionario, se considerará que estos sujetos han vuelto a adquirir esta residencia.
El plazo para adherir el régimen es el 30 de septiembre de 2024. Tiene tres etapas, con 3 alícuotas diferenciadas, que son el 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre, donde hay alícuotas para aquellos que retiren los fondos de las cuentas especiales que serán designadas.
A través de este blanqueo, se pueden regularizar bienes en la Argentina, bienes en el exterior, se pueden regularizar dinero en efectivo y el mecanismo de regularización es mediante un proceso de adhesión y el pago del 75% de la alícuota correspondiente si correspondiera, en el caso de que se deposite en cuentas especiales bancarias que serán abiertas para este fin y cuentas de corredores de bolsa, no van a tener que pagar ningún tipo de impuesto.
Quirno explicó que se ha determinado el monto imponible en 100 mil dólares; aquellos individuos que regularicen activos por un monto menor a 100 mil dólares no pagan nada, e inclusive no tienen que depositar estos bienes en una cuenta especial, como está indicado en el esquema.
La única manera donde se cobra la alícuota es si se retira antes de los 12 meses el dinero depositado en las cuentas especiales de regularización.
Mientras está invertido el dinero en estas cuentas especiales de regularización, se podrá invertir y eximirse del pago de la alícuota; no se contará como retiro si se invierte en inversiones productivas que serán determinadas luego en las reglamentaciones.
Si los fondos son retirados luego del 1 de enero del 2026, no se realizará retención alguna.
A continuación, el secretario de Finanzas explicó el régimen especial del impuesto sobre Bienes Personales, en el que se puede adelantar el pago de bienes personales de todos los períodos fiscales hasta la fecha de la caducidad del impuesto a Bienes Personales que opera al 31 de diciembre de 2027. Eso será realizado a una alícuota de 0,70%; tiene unas ventajas muy importantes: la primera es que se paga la alícuota a la foto de activos del 31 de diciembre de 2023, y esa foto se multiplica por los 5 años y sirve de pago de los impuestos de los años 2023, 2024, 2025, 2026 y 2027. Tampoco tiene que presentar el individuo que realice esta presentación declaraciones juradas.
Y más importante aún, agregó Quirno: este régimen provee de estabilidad fiscal hasta 2038; nadie va a poder venir a tocarle la puerta por ningún tipo de impuesto relacionado al patrimonio, hasta el año 2038 y esto será calculado a la alícuota más baja.
“Pasando a la administración de la deuda pública, hemos solicitado la modificación del artículo 65 de la Ley de Administración Financiera”, agregó el funcionario, precisando que la administración de la deuda del Gobierno debiera seguir principios estratégicos de largo plazo, evaluando sus componentes con objetivos de manejo de portafolio, equilibrando el costo y el riesgo de liquidez.
En ese sentido piden el cambio del texto que atienda las condiciones imperantes en el mercado.
Respeto de la Ley de Fortalecimiento de la deuda pública, piden la derogación del artículo 1°, dado que el diseño de la estrategia de financiamiento es un proceso dinámico que requiere la flexibilidad de adaptarse a las condiciones de mercado imperantes. Las condiciones de mercado por momentos son estables y predecibles, y por momentos requieren agilidad y capacidad de reacción. Como hacen la gran mayoría de los países, esa decisión se define como una decisión de política financiera, delegada en el Poder Ejecutivo.
“Rigideces burocráticas en estos procesos solamente imponen restricciones al Gobierno que acarrean costos innecesarios. Esta ley se aprobó en un contexto donde no había y no se veía la posibilidad de acceder al mercado en el futuro. Se quiso imponer una restricción a otras administraciones como herramienta de negociación política”, remarcó el funcionario nacional.
También habló de la situación de la deuda del sector público nacional y “el pedido bajo el cual queremos consolidar la deuda intra sector público”.
“La gravedad de la crisis económica y fiscal argentina afecta la totalidad de las áreas administrativas dependientes del Poder Ejecutivo, con serias consecuencias sobre los ingresos del Tesoro Nacional y su capacidad para atender sus compromisos”, dijo Pablo Quirno.
La deuda pública por su parte se encuentra dispersa personas jurídica y organismos pertenecientes al sector público nacional y otros organismos que comparten un mismo presupuesto.
Para ejemplificar, Quirno dijo que la deuda del sector del intrasector público sale del mismo bolsillo del estado al que se le paga. Estamos sacando plata de un bolsillo para meterla en el otro”.
“Una de las entidades que mayor deuda pública tiene es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, por eso estamos solicitando consolidar estos títulos para tener una mejor comprensión y transferencia a las finanzas públicas”, concluyó Quirno.
La medida había beneficiado a familiares de funcionarios. En el fallo se advierte que la reglamentación realizada en 2016 invadía la esfera exclusiva del Congreso en materia tributaria.
El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick declaró la nulidad de los artículos del decreto que durante su presidencia Mauricio Macri rubricó para permitirles a funcionarios públicos ingresar al blanqueo de capitales.
De tal manera el magistrado hizo lugar a una demanda colectiva iniciada por la Asociación Civil Abogados por la Justicia Social de La Plata, Berisso y Ensenada (AJUS), como así también los legisladores nacionales Rodolfo Tailhade, Juliana Di Tullio y Diana Conti.
El magistrado dictaminó la nulidad de los artículos 1, 2, 5 y 6 del decreto 1206/2016 firmado por el ex presidente. Allí el entonces presidente Mauricio Macri había incorporado a los familiares de los funcionarios a las facilidades incluidas en el Régimen de Sinceramiento Fiscal impulsado durante su Gobierno.
En la sentencia, el juez señala que “más allá del análisis sobre si existe en el caso exceso en la reglamentación al desvirtuar en tanto modifica la ley que reglamenta, debe destacarse que dicha reglamentación invade la esfera exclusiva del Poder Legislativo en materia tributaria”.
Agrega el texto del juez Cormick que “no es ocioso tener en cuenta la respuesta de la Administración federal de Ingresos, en tanto sostiene que ‘de declararse la inconstitucionalidad de la norma impugnada por los actores, los contribuyentes involucrados deberán ingresar todos los tributos no abonados respecto de los bienes incluidos en el blanqueo, tales como Impuesto a las Ganancias, Impuesto al valor agregado, Impuestos a los Bienes Personales y todos aquellos que correspondan según el caso concreto, así como los intereses del pago fuera de término. Pudiendo la AFIP reclamar los mismos por los períodos no prescriptos”.
“De hacerse lugar a la demanda, el organismo estaría en condiciones, dependiendo de cada caso en concreto, de reclamar el pago de los tributos referidos en el punto anterior.”. Esto último, ajeno al presente proceso, deberá ser evaluado en cada caso por las autoridades competentes”, agrega la sentencia.
La Ley de Reparación Histórica 27.260 se sancionó el 29 de junio de 2016. El primer decreto reglamentario no contemplaba la inclusión de los familiares en el blanqueo, cosa que sí sucedería dos meses después, con otro decreto reglamentario que para los denunciantes “desnaturaliza la ley” permitiendo el blanqueo de familiares de funcionarios públicos.
Fue contra ese decreto que accionaron judicialmente, pidiendo su nulidad, siendo esa presentación rechazada, tras lo cual apelaron y en octubre de 2018 los jueces de Cámara Pablo Gallegos Fedriani y Guillermo Treasy, revocaron esa decisión y nos otorgaron la legitimidad para accionar.
Según detalló el diputado nacional Rodolfo Tailhade, contra eso el Estado interpuso recurso extraordinario ante la Corte, que fue rechazado, por lo que tuvieron que ir con recurso de queja ante el Máximo Tribunal. Ese recurso de queja no se había resuelto cuando el Ministerio de Economía desistió del recurso de queja hace unos meses.
De esta manera quedó firme la sentencia de la Cámara de 2018.
El expediente se radicó en el juzgado de primera instancia número 11. El juez Martín Cormick declaró la nulidad del segundo decreto de Macri, medida que va a quedar firme porque no hay nadie que apele y la AFIP quedará habilitada para ir en búsqueda de recuperar los fondos de los familiares que hayan blanqueado.
Si bien se especulaba con una reunión el 19 de septiembre, desde la oposición aclaran que no hay una fecha precisa. Sí hay condicionamientos para una serie de temas que no están dispuestos a tratar.
El oficialismo en Diputados trabaja para realizar una sesión en el mes de septiembre y se ha impuesto una fecha probable: el martes 19. Pero esa fecha puede variar. Así como en principio se había manejado el miércoles 13, ahora se especula con el 19, y es lo que desde el Frente de Todos se encargan de señalar cuando les piden a sus miembros fechas probables. No es lo que sucede en la oposición, donde aclaran que no hay nada firme. Solo conversaciones y especulaciones, “pero no hay fechas ni certezas”, aseguran.
Una fuente de la oposición consultada por parlamentario.com reconoció su extrañeza respecto a que se hablara tanto en su momento sobre una sesión el 13 de septiembre y en ese sentido aclaró que “hoy tampoco está prevista una para el 19”. Empero, reconoció que seguramente habrá una sesión, pero todavía no hay fecha. Y especuló: “Para fines de septiembre o principios de octubre”.
Desde Juntos por el Cambio admitieron que se preparan para la posibilidad de que el Frente de Todos quiera convocar para el 19 de septiembre, pero aclaran que no están dispuestos a dar quórum, ante la certeza de que el oficialismo quiere incluir en el temario el proyecto denominado “Exteriorización del ahorro argentino”. Se trata de un blanqueo de capitales que viene de la mano del acuerdo con Estados Unidos para revelar información sobre depósitos argentinos en ese país. El proyecto fue tratado el pasado 24 de agosto en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con las visitas del titular de la AFIP, Carlos Castagneto, y el de Aduanas, Guillermo Michel, y obtuvo dictamen a la semana siguiente, con la intención oficialista de incluirlo en el temario de la próxima sesión.
Juntos por el Cambio aseguró en su momento que no apoyarían el proyecto y de hecho presentaron un dictamen de rechazo. Por eso adelantaron que si es incluido en el temario de la próxima sesión, no darán quórum. “Blanqueo bloquea el quórum”, enfatizó la fuente consultada, aclarando que si el oficialismo reúne las 129 voluntades para iniciar la sesión, bajarán a dar el debate.
¿Y universidades? En JxC sospechan que la intención del oficialismo es también incluirlo en ese temario, siendo que parte de la principal oposición no apoya la creación de esas universidades, mas aclaran que el principal rechazo lo tiene el blanqueo, que consideran innegociable faltando tan poco tiempo para concluir el actual Gobierno.
Con 118 diputados oficialistas y aliados insuficientes para formar el quórum, cada presencia será indispensable si no se cuenta con la anuencia de JxC. Al explorar entre los bloques “del medio”, parlamentario.com recibió como respuesta la certeza de que habrá sesión solo si el oficialismo avanza con “un temario razonable y equilibrado”. ¿Qué significa eso? Que si plantea “un temario de mera campaña”, no habrá sesión.
Es la condición sine qua non que se plantea desde los bloques que necesita el oficialismo sentados en sus bancas para poder comenzar a debatir. Esa postura excluye, por ejemplo, la extensión de licencias y el proyecto sobre Aerolíneas Argentinas.
En el primero de los casos, se trata de un proyecto que amplía las licencias laborales y que obtuvo dictamen el pasado 22 de agosto. Entre los principales cambios que establece el dictamen de mayoría figura el otorgamiento de 126 días de licencia para personas gestantes (actualmente es de 90); amplía la licencia de personas no gestantes de 2 a 45 días y crea una licencia de 90 días para personas adoptantes. No son las únicas disposiciones que establece un proyecto elaborado a partir del análisis de 55 proyectos pertenecientes a legisladores de todos los sectores.
Esta iniciativa cuenta con un margen ajustado para su aprobación, ya que desde JxC y el interbloque Federal presentaron dictámenes propios. Así las cosas, no sería este el momento adecuado para llevarlo al recinto.
Menos aún el proyecto de “protección de Aerolíneas Argentinas”. Se trata de una iniciativa impulsada por el diputado Máximo Kirchner que establece una suerte de “cepo” para la eventual estatización de la aerolínea de bandera. Esto es, para autorizar su eventual privatización, debería contarse con los dos tercios de ambas cámaras. “La conclusión democrática y republicana indica que un Congreso no puede limitar al del futuro”, puso como reparo durante su debate en comisión el diputado del Pro Pablo Tonelli, antes de que junto a sus compañeros de Juntos por el Cambio se retiraran de la comisión en discrepancia con la manera propuesta por el oficialismo para dar ese debate, limitándose a una sola reunión para dictaminar, el 22 de agosto pasado. Tonelli agregó ese día que “solo la Constitución nacional puede establecer lo de la mayoría agravada. Es inocuo establecer mayorías agravadas y es una ley que no tiene sentido, porque la ley posterior deroga a la ley anterior”.
Si bien parecía en principio que el proyecto del expresidente de la bancada oficialista contaría con la anuencia de otros sectores, esto no estaría ocurriendo, razón por la cual esa iniciativa sería un obstáculo para una eventual sesión.
“Si el temario va por la rebaja de contribuciones patronales y GNL, va a haber sesión”, aclararon desde la oposición que el Frente de Todos necesitará para arrancar una sesión. Estamos hablando del proyecto conocido como “Emplea PyME”, que contempla una reducción de las contribuciones patronales del 100% para PyMEs en los casos de contratar a alguien que percibe planes sociales o a jóvenes de entre 18 y 25 años que accedan al mercado laboral por primera vez. El proyecto de Sergio Massa figura en el temario de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda prevista para este miércoles, que recibirá invitados, pero en la que se planea dar dictamen ese mismo día.
En el caso del Régimen de Promoción del GNL en nuestro país, ese proyecto tuvo dos reuniones informativas el 4 y el 11 de julio pasados, cuando concurrieron el presidente de YPF, Pablo González, y la secretaria de Energía, Flavia Royon. El proyecto del Ejecutivo prevé declarar de interés público nacional la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de GNL, con el objetivo de desarrollar la cadena de valor de la industria del GNL, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector.
Desde el interbloque Federal ya adelantaron su apoyo a la iniciativa, lo que garantizaría que contara con su aprobación, más allá de la actitud que vaya a tener Juntos por el Cambio. Cabe consignar que el proyecto aún no tiene dictamen.
En plena campaña electoral, en el medio de elecciones provinciales pendientes y de cara a las presidenciales del 22 de octubre desde la oposición advierten que “si el oficialismo se anima a construir una agenda con diálogo, que aborde temas importantes o estratégicos, va a haber acompañamiento. Si es una agenda de coyuntura para la campaña, no”.
En el medio, puede haber matices, claro está. Por ejemplo, hay temas como la eliminación del pago del impuesto a las Ganancias por parte de los trabajadores, que estaría madurando en el seno del Gobierno y del cual habría novedades este lunes. Desde la oposición admitieron que en tono de campaña el candidato oficialista y ministro de Economía agitó la posibilidad de aprobar una eliminación de ese impuesto y desde JxC redoblaron la apuesta. “Podés hacerlo ahora. Mandá la ley que la votamos”, lo azuzó Cristian Ritondo a través de X, y en el mismo sentido se pronunciaron sus pares Ricardo López Murphy y Sabrina Ajmechet.
El tema es que esta semana el ministro/candidato podría avanzar con esa iniciativa, y desde el resto de la oposición están dispuestos a darle rápido tratamiento en ese caso.
Lo mismo harían con alquileres, para el caso de que el proyecto vuelva reformado desde el Senado, por tratarse de “un tema socialmente relevante”.
¿Y universidades? “Una cosa son 8 universidades, otra son 4”, diferenció un diputado de la oposición. Recordemos que desde el año pasado el oficialismo quiere tratar la creación de las universidades nacionales de Madres de Plaza de Mayo, Saladillo, Cuenca del Salado, Delta, Pilar, Ezeiza, Río Tercero y la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz en Paraná, Entre Ríos. Algunas de ellas tienen fuertes reparos de la oposición, otras no tanto.
Tampoco verían con buenos ojos el tratamiento del Régimen de Promoción de la Industria del Calzado y su cadena de valor, que apura el oficialismo con un debate en plenario este miércoles a las 13.30. Desde la oposición rechazaron un tratamiento exprés para un tema que, además, no consideraron prioritario.
Sí se aceptaría en cambio el Plan de Ciencia 2030, que tuvo dictamen la semana pasada en la Comisión de Ciencia y Tecnología.
“Si construyen un temario que no esté asociado a las necesidades de la campaña y la coyuntura, es posible tener una sesión lo más pronto posible, con acompañamiento”, resumió un legislador de los bloques del medio.
Se trabaja en un temario de proyectos que han recibido dictamen en los últimos días. Todos cuentan con algún grado de consenso que amerite su aprobación, aunque no exentos de polémica en ciertos casos.
Año electoral y en consecuencia de menor actividad legislativa como es de uso y (mala) costumbre, las autoridades de la Cámara baja se propusieron este 2023 hacer por lo menos una sesión por mes. Y lo han conseguido, salvo en el mes de mayo, lo cual les ha garantizado números equitativos con otros períodos.
Incluso en el mes de agosto, cuando se hicieron las elecciones primarias. Más allá de que en ese caso la media buscada por el oficialismo se consiguió a partir de una iniciativa de la oposición, que fue la de llevar finalmente al recinto el proyecto de reforma de la Ley de Alquileres.
Ahora se trabaja en una sesión para septiembre, que tiene en cuenta el cronograma electoral provincial del mes de la primavera, que tiene nada menos que tres elecciones. Un cronograma que arrancará el domingo próximo, 10 de septiembre, en Santa Fe, donde hubo elecciones primarias el 16 de julio pasado, que tuvieron en el radical Maxi Pullaro un claro ganador. El domingo siguiente (17/09) serán las elecciones del Chaco, donde el 18 de junio hubo una interna en la que cayó el oficialismo; y el 24 se hará las elecciones mendocinas.
La semana entre las elecciones de Santa Fe y el Chaco es la elegida para abrir el recinto de la Cámara baja y el miércoles 13 es la fecha estimada entonces para hacerlo. Para ese día se trabaja para consensuar una serie de proyectos para llevar al recinto. Eso no implica que todos estén avalados por el oficialismo y la oposición, pero alcanzará con que el Frente de Todos tenga garantizados los votos para aprobar cada uno de ellos.
La mayoría de los proyectos han conseguido dictamen recientemente, como el tema universidades. Allí el oficialismo intentó sin éxito en el mes de diciembre pasado llevar al recinto la aprobación de ocho casas de altos estudios, pero ya se sabe que ese mes estuvo atravesado por una situación muy tensa entre el oficialismo y la oposición, al punto tal que la presidenta del Cuerpo, Cecilia Moreau, ni siquiera pudo ser confirmada por una sesión preparatoria que quedó sin quórum y no pudo ser reflotada nunca. Después hubo una sesión concluida de manera caótica y otra que no consiguió quórum.
Ahora volverán seguramente con el tema, luego de haber logrado el martes pasado reflotar los dictámenes de tres de esas universidades que habían perdido estado parlamentario. Estamos hablando de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, un proyecto del kirchnerista Hugo Yasky; otro de María Rosa Martínez, el que crea la Universidad de Cuenca del Salado, que funcionará en Cañuelas; y la de Saladillo, del diputado Emiliano Yacobitti, una de las dos que promueven desde la oposición.
A esas casas universitarias se sumarán entonces otras cinco universidades: las del Delta, Pilar, Ezeiza (ya funciona como provincial, y lo que se propone ahora es su nacionalización la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz (con sede central en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, y la de Río Tercero, la otra universidad impulsada desde Evolución Radical.
Hay resistencias de parte de un sector de Juntos por el Cambio, fundamentalmente el Pro, pero la anuencia de Evolución Radical y parte de la UCR, más la de la izquierda y los bloques del medio garantizan que esta vez sí estas universidades puedan avanzar hacia la media sanción.
Otro tema que el oficialismo se propone llevar al recinto es el proyecto de exteriorización de blanqueo de capitales, que obtuvo dictamen también el martes 29 de agosto, luego de que se hubieran presentado el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, y el director general de Aduanas, Guillermo Michel. Se trata de un blanqueo de capitales que viene de la mano del acuerdo con Estados Unidos para revelar información sobre depósitos argentinos en ese país.
Quienes se acojan al régimen tendrán alícuotas de pago de un impuesto especial de entre 5% y 20%, y será mayor en caso de que los bienes declarados no se repatrien. En el texto final se eliminó el capítulo referido a la figura del colaborador. Juntos por el Cambio ya adelantó su rechazo y tienen un dictamen de minoría en ese sentido, por lo que el oficialismo trabaja para contar con el apoyo de otras bancadas que permitan garantizar la aprobación de un proyecto que el ministro de Economía y candidato oficialista, Sergio Massa, considera indispensable.
No será ese el único tema que encenderá la polémica en el recinto. Quizá el que mayor fervor genere en la discusión que vaya a darse sea el proyecto que busca proteger a la empresa Aerolíneas Argentinas de una eventual privatización y garantizar que en el futuro siga siendo una empresa pública. Será a partir de una modificación de la Ley de Transporte Aerocomercial (26.466), un proyecto impulsado por el diputado nacional Máximo Kirchner y la principal modificación que propone es la incorporación de un párrafo al artículo 1 de la Ley 26.466, por la cual se expropiaron Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008.
Juntos por el Cambio rechaza esta iniciativa y ya lo hizo saber en el debate en comisión, cuando se retiró en discrepancia con un debate que consideró intempestivo. Para la diputada de Evolución Carla Carrizo, “con el tratamiento de este proyecto se rompen las prácticas, ya que, mínimo, debe debatirse en tres comisiones. ¿Cómo puede ser que haya un ‘no debate’?”, se preguntó la diputada por la Ciudad de Buenos Aires, molesta porque el proyecto solo pasara por Presupuesto y Hacienda.
“Vienen a proponer que cualquier gobierno futuro no pueda debatir sobre cómo gestionar empresas públicas”, se quejó por su parte el diputado del Pro Pablo Tonelli, para quien “la conclusión democrática y republicana indica que un Congreso no puede limitar al del futuro”. Y agregó, en relación al hecho de que el proyecto de Máximo Kirchner establezca que una eventual privatización esté avalada por los dos tercios de ambas cámaras: “Solo la Constitución nacional puede establecer lo de la mayoría agravada. Es inocuo establecer mayorías agravadas y es una ley que no tiene sentido porque la ley posterior deroga a la ley anterior”.
Como sea, el rechazo de JxC no sería suficiente para frenar esta media sanción que contaría con el apoyo del oficialismo, la izquierda, los diputados de Provincias Unidas, los gobernadores electos Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz) y al menos los socialistas del interbloque Federal.
En momentos en que a través del candidato libertario se ha puesto en la mira no solo el Ministerio de Ciencia y Tecnología, sino también el mismísimo Conicet, se avanzará finalmente con la aprobación del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. Para eso, se proponen avanzar este martes con el dictamen en la Comisión de Ciencia y Tecnología que preside el radical Facundo Manes.
El tema ya fue debatido en dos reuniones informativas que contaron con la presencia del ministro Daniel Filmus, el 21 de marzo y el 1 de junio. Si se aprueba, será ley, pues ya cuenta con media sanción del Senado desde el 27 de octubre de 2022.
El proyecto establece un plan que presenta los procesos centrales de su formulación e implementación en virtud de un conjunto de agendas agrupadas en cuatro clases, según ámbitos territoriales y temáticos de incumbencia: Agendas Estratégicas, Agendas Territoriales, Agendas Transversales y Agenda de Cambio Institucional. Proyecta una inversión del 0,85% del PBI en 2025 (en 2020 fue del 0,52%) y del 1,70% en 2030, y desarrollará “Diez Desafíos Nacionales”, que serán políticas específicas de alcance nacional que expresan los temas estratégicos que requieren de conocimiento científico y tecnológico.
El pasado 22 de agosto, un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo, de Mujeres y Diversidad, y de Presupuesto y Hacienda de Diputados emitió dictamen. Al no haber acuerdo entre oficialismo y oposición, serán tres los despachos que llegarán al recinto para su tratamiento. El de mayoría es del oficialismo, uno de JxC y un tercero de los socialistas.
Hubo cuatro reuniones para analizar un total de 55 proyectos puestos a consideración. La primera fue el 16 de mayo, cuando expusieron los autores de los 47 proyectos que originalmente comenzaron a discutirse. El segundo encuentro se realizó el 4 de julio, para escuchar a representantes de sectores como las centrales sindicales, representantes de la Unión Industrial Argentina y la Red Nacional de Cooperativas de Cuidados nucleadas en la Conarcoop. La última reunión informativa fue el pasado 2 de agosto, cuando asistieron referentes gremiales y expertas.
El proyecto en cuestión fue enviado por el Poder Ejecutivo el pasado 2 de mayo de 2022 y, luego de dos reuniones, las comisiones habían arribado a un dictamen de un texto consensuado. Pero la Oficina de Presupuesto del Congreso analizó el preliminar del texto y afirmó que los cambios en el borrador aumentan el costo en 49 mil millones de pesos pasando del 0,045% del PBI esperado para 2023 al 0,074%.
Según la OPC, lo que generaría costo adicional para la administración pública nacional es la inclusión de monotributistas y autónomos como beneficiarios potenciales de las asignaciones parentales cuyo importe mensual será equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil neto vigente en cada período; la posibilidad de percibir las asignaciones parentales para personas gestantes y no gestantes en simultáneo por parte de ambos progenitores; y el financiamiento de las contribuciones patronales en concepto de obra social a través de los recursos del régimen de Asignaciones Familiares.
Entre los principales cambios, otorga (en el caso del dictamen de mayoría) 126 días de licencia a personas gestantes (45 días previos y 81 posteriores al nacimiento), amplía la licencia de no gestantes de 2 a 45 días y crea una licencia de 90 días para personas adoptantes.
El dictamen de Juntos por el Cambio mantendría los 90 días para personas gestantes y adoptantes.
Entre aquellos proyectos que cuentan con dictamen alcanzado hace más tiempo tenemos el proyecto sobre seguridad del paciente, también conocido como “Ley Nicolás”.
Esta iniciativa se basa en el caso de Nicolás Deanna, fallecido en noviembre de 2017 por una meningitis bacteriana, cuando había sido diagnosticado por contractura en la base del cráneo. Dado de alta tras recetársele dos analgésicos, volvió a ser internado con suero y sin medicación. Confundieron su último síntoma con una alergia, cuenta su madre Gabriela Covelli, que es quien ha motivado esta iniciativa que fue dictaminada el 7 de junio en la Comisión de Legislación General, en base a proyectos de Fabio Quetglas y Mónica Macha.
El proyecto tiene por finalidad “asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la protocolización y jerarquización de los procesos de atención, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables, y el cuidado del marco de trabajo del equipo de salud”.
Para esta posible sesión del 13 de septiembre podrían estar disponibles algunas de las iniciativas que tratarán de dictaminar este miércoles en la Comisión de Discapacidad, como la capacitación obligatoria en Lengua de Señas Argentinas.
También están pendientes temas un poco más añejos, como el régimen previsional diferencial para brigadistas de incendios forestales, y el de trazabilidad de la pesca y la acuicultura.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados le dio dictamen al proyecto de exteriorización del ahorro argentino.
Se trata del régimen de exteriorización del ahorro argentino, presentado por el Poder Ejecutivo en junio de este año. Comenzó a discutirse en Presupuesto y Hacienda.
El diputado radical consideró que esa iniciativa “no aborda los problemas estructurales del país en materia económica y fiscal”.
El diputado nacional Manuel Aguirre (UCR) cuestionó el proyecto de ley de declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizado, propuesto por el Gobierno Nacional, y apuntó que “la iniciativa no aborda los problemas estructurales del país en materia económica y fiscal”.
Según el legislador, la iniciativa “no soluciona los problemas fiscales del país y solo busca recaudar más dinero en el corto plazo, sin abordar los problemas de fondo que afectan la economía y la sociedad en su conjunto”. Además, señaló que la figura del colaborador o “buchón” y el régimen simplificado para personas físicas “podrían incentivar la delación, la evasión fiscal y la informalidad”.
El correntino subrayó que “se necesitan políticas económicas más amplias y sostenibles en el tiempo para abordar los problemas de fondo del país” y este proyecto “no aborda estas cuestiones”, insistió. “Este tipo de iniciativas no son la solución para resolver los problemas fiscales del país. Se necesita una política económica consistente y sostenible en el tiempo que aborde los problemas estructurales de la economía”, señaló.
En ese sentido, el radical abogó por “la implementación de políticas económicas más integrales y sostenibles en el tiempo que permitan una mayor inclusión financiera y una mayor transparencia en la economía”.
Para el diputado de Juntos por el Cambio, “se necesita una política económica que promueva la inversión, el empleo y el crecimiento económico, y que permita a todos los ciudadanos tener acceso a los servicios financieros y una mayor transparencia en la economía”.
La iniciativa comenzará con una alícuota del 2,5% hasta fines de marzo. Los sujetos alcanzados serán las personas humanas, sucesiones indivisas y empresas. No podrán acceder funcionarios nacionales y sus familiares.
El Ministerio de Economía, a cargo de Sergio Massa, enviará al Congreso Nacional el proyecto de ley de Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exteriorizado, al que podrán adherirse personas humanas y empresas con una alícuota inicial de 2,5% hasta el 31 de marzo.
La iniciativa tiene como objetivo ofrecer la posibilidad a los contribuyentes de sincerar sus activos no declarados en el exterior antes que entre en vigencia el 1ro de enero el acuerdo de intercambio de información tributaria firmado con los Estados Unidos que recibirá información de los movimientos bancarios de contribuyentes argentinos residentes en ese país.
Según el proyecto que trascendió, estarían en condiciones de acceder personas humanas, sucesiones indivisas y empresas. Además, los bienes comprendidos serán la tenencia de moneda nacional y/o extranjera en el país y/o en el exterior, activos financieros, bienes inmuebles, bienes muebles y demás bienes en el país y/o en el exterior, incluyendo créditos.
Asimismo, quedan excluidos únicamente del Régimen Simplificado aquellos contribuyentes alcanzados por el Aporte Solidario dispuesto para morigerar los efectos de la pandemia. También, el proyecto establece habrá exclusiones para funcionarios públicos y familiares directos. En concreto, no podrán ingresar los sujetos que entre el 1° de enero de 2010 y la vigencia de la presente ley hubieran desempeñado funciones públicas, así como sus cónyuges, convivientes, padres e hijos.
Si bien depende del momento en que se sancione la ley, la iniciativa oficial prevé una alícuota inicial de 2,5% desde la entrada en vigencia hasta el 31 de marzo. Desde el 1 abril al 30 de junio sería de 5% y desde el 1 de julio al 30 de septiembre de 2023 de 7,5%. Estas alícuotas se duplicarán cuando los bienes no sean repatriados. Cabe apuntar que tanto el ingreso como el pago de las alícuotas se realizan al tipo de cambio oficial.
Por otra parte, se propone un régimen simplificado con una alícuota especial del 1,5% aplicable a personas humanas que exterioricen tenencia de moneda nacional y/o extranjera y el monto no supere el 35% de los ingresos anuales promedio de los últimos 3 períodos fiscales y con un tope de hasta US$ 50 mil.
Entre los considerandos más importantes, se destaca que, para acceder al régimen simplificado, la declaración voluntaria de la tenencia de moneda nacional o de moneda extranjera requerirá la confección de una declaración jurada meramente informativa que dé cuenta del monto exteriorizado.
En suma, el proyecto de ley establece que a quienes ingresen al blanqueo se los exime de toda acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiario, penal aduanero e infracciones administrativas que pudieran corresponder por los bienes declarados. Esto incluye a quienes hubieran omitido declarar los siguientes impuestos: Ganancias, Internos y al Valor Agregado, Bienes Personales y de la contribución especial de Cooperativas.
A su vez, quedan liberados de los siguientes impuestos que hubieran omitido declarar Ganancias, Internos y al Valor Agregado, sobre los Bienes Personales y de la contribución especial de cooperativas.
Otro aspecto del texto es la incorporación de colaboradores como procedimiento para que la AFIP obtenga información de cualquier sujeto, residente o no en la Argentina. La función de los colaboradores permitirá la eventual detección y/o localización tanto de bienes no declarados, en el país y en el exterior, como de maniobras que tengan como objetivo algunos de los delitos tipificados en el presente Régimen Penal Tributario.
Se aclara que la autoridad de aplicación, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) podrá acordar con el colaborador, en los términos que a esos efectos fije la reglamentación, el monto de la recompensa, aunque esta no podrá superar el 20% del total de lo efectivamente recaudado.
Quienes hagan uso de esta figura gozará de protección y reserva de identidad de él y de su entorno familiar o societario. Además, la AFIP estará dispensada de aplicarles sanciones administrativas y de formularles denuncia penal tributaria, en caso de corresponder, cuando las obligaciones evadidas, aprovechadas o percibidas indebidamente y sus accesorios fueren objeto de un acuerdo de colaboración.
El proyecto, diseñado en el marco del acuerdo con Estados Unidos sobre intercambio de información financiera, será enviado “en los próximos días”, dijo el ministro de Economía.
El ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó este viernes que aspira a que el proyecto de ley de blanqueo de capitales sea tratado en sesiones extraordinarias. El pasado 5 de diciembre, cuando se firmó el acuerdo de intercambio de información financiera con Estados Unidos, el titular de la cartera económica le había pedido a Cecilia Moreau, presidenta de la Cámara baja, y Carlos Heller, conductor de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que se le dé rápido tratamiento en el Congreso. Por esas horas, recién estaba bajando la espuma del duro enfrentamiento que el oficialismo y la oposición protagonizaron en el recinto.
Sin embargo, con el correr de los días la iniciativa se fue retrasando y, en efecto, todavía no ingresó al Parlamento. Sin conocer aún la letra del texto, diputados de Juntos por el Cambio tuvieron opiniones contrarias a aprobar una ley en este sentido; mientras que la izquierda y los bloques liberales se sabe que siempre tienen una posición de rechazo a este tipo de proyectos. El oficialismo dependerá así de los bloques “federales” que pusieron reparos a tratar la iniciativa a las apuradas; quizás por eso el Gobierno ahora admite que el debate será para el año que viene, próximo a llegar.
En declaraciones a Radio 10, Massa aseguró: “Lo vamos a enviar al Congreso en los próximos días. Aspiramos a que se trate en extraordinarias. Leí por ahí que el Gobierno necesita la ley. No, quienes necesitan la posibilidad de tener un mecanismo de exteriorización son aquellos que tienen una situación irregular frente a la AFIP para no tener una situación de litigiosidad frente al fisco argentino”.
“Se envía una ley de blanqueo o exteriorización porque las penalidades que rigen en la Argentina a partir del último blanqueo, que se sancionó en 2016, harían que la capacidad de cobro de la Argentina sobre un ciudadano al que Estados Unidos informa como tenedor de cuenta que no está informada frente a la AFIP, sería muy alta y nos llevaría al proceso de judicialización de cada una de las situaciones que se van informando”, explicó el ministro.
Y abundó que “se establece previamente al momento de entrega de información la posibilidad de que voluntariamente esos ciudadanos le informen al Estado argentino su situación con un sistema de castigos menores a los que prevé la ley en caso que no lo informe”. “Lo que les aconsejo a quienes tienen cuentas en el exterior es que pongan regular su situación con la AFIP porque van a vivir mucho más tranquilos”, advirtió.
El funcionario señaló que a partir del acuerdo, Argentina accede “a la información de titulares de cuenta, titulares de operaciones de crédito en el sistema financiero de Estados Unidos, ejemplo hipotecas, participantes de sociedades en compañías de EE.UU. que tengan operaciones en el sistema financiero de EE.UU., de beneficiarios últimos de sociedades que tengan operaciones en el sistema financiero de EE.UU. y rentas que se paguen en el sistema financiero de EE.UU. por operaciones de bolsa, de crédito, o de operaciones financieras en el sistema financiero de EE.UU. Argentina va a acceder a esa información no solamente el año que viene sino de acá para el futuro”.
Por otra parte, consultado por la baja de la inflación en el mes de noviembre, que marcó un 4,9% según el índice oficial del INDEC, Massa dijo: “Estamos conformes con que el recorrido hacia la baja de la inflación que se viene cumpliendo. No estamos todavía contentos con el número, que sigue siendo alto para lo que pretendemos que sea la recuperación del poder de compra de los argentinos”. “Nuestro objetivo es que la inflación de abril tenga el 3 adelante”, añadió.
“En términos de medidas fiscales estamos cerrando el año cumpliendo los objetivos que nos planteamos en materia de orden fiscal que establecía en el Presupuesto el 2,5% de déficit. Creemos que el año que viene la economía va a crecer por arriba del 3,5% y este año va a cerrar por arriba del 5% de crecimiento”, sumó durante la entrevista radial.
En referencia al proyecto de ley que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, el mendocino Lisandro Nieri aseguró que lo que no genera el Gobierno es “confianza”.
El diputado nacional Lisandro Nieri (UCR-JxC), vicepresidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara baja, mostró su desacuerdo con un nuevo blanqueo anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, luego de la firma de un acuerdo de intercambio de información tributaria con el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley.
Massa confirmó este lunes que se hará a través del Congreso, e incluso le pidió a la presidente de Diputados, Cecilia Moreau, y al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, que avancen “rápidamente” con la discusión.
Pero desde la oposición ya surgieron los primeros rechazos. En esa línea, Nieri señaló que “si hay gente que eludió o que evadió, que pague absolutamente todos los impuestos que debe más las multas e intereses correspondientes”.
“Nada mejor que respetar a quien pagó en tiempo y forma los impuestos, que es que si se descubre gente que no pagó lo que correspondía, tenga que pagarlos con todas las actualizaciones, multas y sanciones que corresponde”, agregó.
El exministro de Hacienda y Finanzas de Mendoza remarcó: “No estoy para nada de acuerdo con un nuevo blanqueo. El kirchnerismo va por el sexto blanqueo y cada vez recaudan menos. No se trata de tener un blanqueo de manera permanente, sino de generar confianza, que es lo que no tiene este Gobierno, y por eso cada vez recaudan menos en los sucesivos blanqueos”.
Para el senador radical, se trata de “un blanqueo encubierto” que favorecería a quienes tienen una enorme porción de su patrimonio en negro.
Para el senador nacional Martín Lousteau, el proyecto elevado por el oficialismo del Senado para utilizar los bienes de argentinos en el exterior para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional “es un bluff” que atribuyó a la práctica “marketinera” del kirchnerismo.
El senador de Juntos por el Cambio analizó que en la actualidad, la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF) cuentan con herramientas para lograr los mismos objetivos que se propone la iniciativa impulsada por el kirchnerismo en el Senado, e incluso podrían generar una recaudación superior.
En diálogo con radio Mitre, Lousteau estimó que la propuesta oficialista implica “un blanqueo encubierto”, e ironizó denominándola como “la ley Daniel Muñoz”, en referencia al fallecido exsecretario de los Kirchner, a quien le descubrieron múltiples propiedades en Estados Unidos.
Así las cosas, Lousteau estimó que “el que puede entrar” en el blanqueo propuesto por el Frente de Todos “es el que tiene una enorme porción de su patrimonio en negro, mal habido, que no lo puede usar”. De ahí que denomine al impuesto con el nombre de Daniel Muñoz, “El secretario de Néstor Kirchner que tenía propiedades afuera de todo tipo y color”.
El senador opositor sostuvo que en la actualidad “los organismos de control pueden utilizar todos los convenios de intercambio de información para encontrar bienes en el exterior. Y si te encuentran ese patrimonio no declarado te tienen que cobrar el 35%. Ahora, con el nuevo proyecto del kirchnerismo, dicen que te van a cobrar 20%”.
Lousteau resumió considerando el proyecto como “un bluff desde el punto de vista político y técnico”, que “solo tiene un título rimbombante. Eso es lo que hacen, los kirchneristas son marketineros”.
Y agregó que “al kirchnerismo le encanta la construcción, una enorme manera de blanquear, por eso siempre ponen un incentivo para la construcción”.
El legislador kirchnerista justificó así el veto presidencial de entonces y advirtió sobre un fideicomiso que pertenecería a la madre del exmandatario.
Al unísono, varios diputados del Frente de Todos sumaron críticas al expresidente Mauricio Macri porque el hermano de Macri declaró como propio un “trust” cercano a los 25 millones de dólares; cuyo titular era su madre, Alicia Blanco Villegas, que en 2020 -cuatro años después- lo re introdujo en su patrimonio, a pesar de que la ley sancionada en 2016 impedía en su artículo 83 que accediera al beneficio.
Para el diputado Carlos Heller, la maniobra realizada por Gianfranco Macri, hermano del expresidente, quien declaró como propio en 2016 un “trust” que alcanzaría los 25 millones de dólares, cuando su verdadera titular era Alicia Blanco Villegas, “confirma que Mauricio Macri hizo trampa”.
“Se trata de una clara trampa a la ley que ellos mismos sacaron con ciertas particularidades. Recordemos que pusieron la cláusula que prohibía accedieran al beneficio los familiares del presidente para que se la voten, porque si no, no se aprobaba el blanqueo. Luego la vetaron para poder facilitar esta operación y aun así hicieron trampa”, explicó Heller.
“El veto parcial permitió que el hermano pueda, pero los padres no podían”, dijo Heller, quien agregó: “Aparentemente había una plata de la mamá de Macri, unos 25 millones de dólares declarados como de uno de los hermanos (Gianfranco) y ahora aparecen en la declaración de la mamá nuevamente”.
Según el artículo 83 de la Ley sancionada mientras Macri era presidente, quedaban expresamente excluidos de los beneficios los “cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados” de los funcionarios.
“Esto es grave. Me parece que hay un montón de cuestiones más allá de lo ético que debemos poner en debate, pero de esto no hablan los medios. Es una vergüenza, es grosero. Estamos hablando del 60 por ciento de lo que blanqueó el hermano de Macri y el tema no aparece en los medios”, dijo el diputado porteño.
Para el diputado bonaerense Rodolfo Taihlade se trata de “una familia dedicada al delito. Los 25 millones de dólares que la madre de Mauricio Macri tenía en negro, son producto de la evasión y el lavado. Por eso vamos a impulsar una denuncia contra Alicia Blanco Villegas y sus hijos Mauricio y Gianfranco. Los tres deberían estar presos”, remarcó.
En tanto, la legisladora porteña Gabriela Cerruti consideró que “les molesta la plata en los bolsillos de la gente, porque la quieren toda en sus bolsillos”.
“Cada día queda más claro que Macri gobernó para él, para sus amigos ricos y para su familia”, ya que “la ley de blanqueo de capitales impedía que la madre de Macri pudiera blanquear las cuentas que tenía en el extranjero y lo que hicieron fue una maniobra para hacerlo a través de su hermano (Gianfranco) luego de que el ex presidente pidiera que se excluyeran a sus hermanos de la norma”, explicó la legisladora nacional.
Cerruti además indicó que “hicieron una ley a su medida, se llevaron la plata afuera para hacer negocios en el extranjero con plata que habían ganado en Argentina y después la trajeron sin pagar impuestos y con eso siguieron haciendo la bicicleta financiera”.
Para la diputada porteña, “lo mismo que hicieron con al mayor parte de la deuda que tomaron perjudicando a los argentinos y argentinas que la usaron para especulación financiera y que se fugó en dólares”.
“La familia Macri, al igual que (Horacio Rodríguez) Larreta, que (María Eugenia) Vidal y todo el grupo que lo secunda solo quiere regresar al gobierno para seguir haciendo negocios personales y para incrementar su fortuna, ellos y sus amigos a expensas de la enorme mayoría del pueblo argentino”, concluyó.
Al igual que Carlos Heller y Gabriela Cerruti, la legisladora Mara Brawer criticó la maniobra realizada por la familia Macri para blanquear capitales incumpliendo lo establecido por la Ley sancionada en el gobierno de Cambiemos.
“Durante la gestión de Mauricio Macri como presidente, su hermano blanqueó 35 millones de dólares. La ley no permitía el blanqueo de familiares de un funcionario público”, expresó Mara Brawer.
“Pudimos conocer lo que fue un verdadero blanqueo trucho. El hermano de Macri presentó como propio un fideicomiso de la madre de ambos por 25 millones de dólares. Un verdadero escándalo, se llenaron la boca hablando de la transparencia mientras movían millones de dólares sin declarar y mintiendo sobre su titularidad”, agregó la legisladora nacional.
Para Paula Penacca, “con esta noticia se confirma lo que todos sospechábamos: Macri impulsó el blanqueo de capitales para el beneficio de los negocios familiares”.
“Siempre corriendo los límites de lo legal, Gianfranco Macri blanqueó como si fuera propio un fideicomiso de la madre del expresidente, algo que la ley de blanqueo expresamente impedía”, indicó Penacca.
El diputado Rodolfo Tailhade indicó: “Una familia dedicada al delito. Los 25 millones de dólares que la madre de Mauricio Macri tenía en negro, son producto de la evasión y el lavado. Por eso vamos a impulsar una denuncia contra Alicia Blanco Villegas y sus hijos Mauricio y Gianfranco. Los tres deberían estar presos”.
La diputada bonaerense, Daniela Vilar, cuestionó la maniobra de blanqueo de la familia del ex presidente. “Macri ya dijo en televisión que la única forma que conoce de hacer plata es evadiendo impuestos”.
“Ahora sabemos también que lo otro que necesitaba era un gobierno que les permitiera blanquear ese dinero. El suyo”, agregó Vilar.
Por su parte el diputado porteño, Itaí Hagman, expresó: “Gianfranco, que es Macri, no pudo con su genio y la costumbre familiar: hicieron trampa incluso al blanqueo que armaron para sus amigos y parientes”; y advirtió “esta gente quiere volver a gobernar el país”.
La Ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda fue aprobada por el Congreso en octubre pasado y vence el 9 de julio. El 75% de los operadores inmobiliarios considera indispensable extender el plazo del blanqueo.
Desde la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) expresaron su preocupación ante el próximo vencimiento del denominado blanqueo de capitales, y piden “pronto tratamiento” al Congreso de un proyecto de extensión en el plazo del beneficio para sumar más interesados al considerar que se trata de una herramienta que permite dar impulso a la economía. El 75% pide una prórroga y el 66% considera que ayudará a reactivar el mercado inmobiliario.
“El agravamiento de la situación epidemiológica retrasó el proceso administrativo para la adhesión, lo que pedimos es pronto tratamiento por este tema, ya que tanto el diputado Cristian Ritondo (JxC) como Sergio Massa (FDT), han realizado una presentación en conjunto para la prórroga”, indicó el presidente de CAMESI, Alejandro Ginevra.
El titular de la entidad inmobiliaria sostuvo que “es indispensable prorrogar el beneficio por 90 días en este contexto de incertidumbre” y señaló con preocupación que “nuestro planteo fue bien recibido por el gobierno y los bloques más representativo, pero no hemos visto señales de un interés enérgico por parte de los legisladores de todas las fuerzas nacionales de extender esta iniciativa”.
La Ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda fue aprobada por el Congreso en octubre pasado y tiene el objetivo de apuntalar la recuperación de una actividad como la construcción que tiene alto impacto en el empleo en todo el país. Sin embargo, si no es prorrogado, el vencimiento operará el próximo 9 de julio y, contrariamente a lo que se planteó oportunamente, en ámbitos legislativos no ha trascendido interés por una prórroga del plazo por tres meses.
“Es una lástima –expresó Ginevra- porque el sector inmobiliario es uno de los puntales para la reactivación de la actividad económica en general y este tipo de medidas son atractivas para generar inversión en un rubro tan importante como es el de la construcción para la generación de empleo directo y la reactivación del mercado inmobiliario”.
Un sondeo realizado por el Observatorio Inmobiliario de CAMESI sobre más de 3 mil operadores inmobiliarios en todo el país durante los últimos días de junio, reveló que el 75% de los encuestados considera necesario extender el plazo del beneficio de la Ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda -más conocido como “blanqueo de capitales para la construcción”- y el 66% opina que esta política reactivará el mercado inmobiliario.
El senador nacional K calificó el fallo anunciado este miércoles como “una atrocidad” y hasta le atribuyó un tinte “racista”. Comparó a Báez con Gianfranco Macri.
Muy esperada era este miércoles la exposición de Oscar Parrilli por lo que pudiera llegar a decir en un día en el que fue condenado el empresario kirchnerista Lázaro Báez. Y el extitular de la AFI no defraudó. Al intervenir durante el debate sobre el proyecto para la promoción a la construcción de obras privadas nuevas, el senador neuquino se refirió puntualmente al fallo del tribunal que se expidió en la causa conocida como “la ruta del dinero K”.
En su larga exposición, Parrilli comparó el blanqueo propuesto por el actual Gobierno con el de la gestión macrista, que consiguió una recaudación -reconoció- de 10 mil millones de dólares, a partir del hecho por el cual se blanquearon 120 mil millones de esa moneda. “Blanquearon dinero que habían evadido durante la gestión nuestra”, apuntó el exsecretario general de la Presidencia en los gobiernos kirchneristas.
No tardó Parrilli en emprenderla contra Mauricio Macri, al traer el ejemplo de uno de sus hermanos, Gianfranco, en base a lo relatado por otro hermano, Mariano Macri, en el libro de Santiago O’Donell “Hermano”. Al respecto dijo que allí se cuenta que Gianfranco y Mauricio “actuaban en conjunto”, y el primero consiguió blanquear así 36 millones de dólares, a partir de un decreto que firmó Macri, porque la ley no permitía sino que los hermanos de funcionarios pudieran ingresar al blanqueo.
Parrilli recordó que el entonces diputado Felipe Solá impulsó una causa contra ese decreto y la misma está hoy en manos de la Corte Suprema, a la que el senador neuquino reprochó entre otras cosas por la demora en expedirse sobre el tema.
A continuación se refirió a Lázaro Báez. “Los medios de comunicación están hoy casi como en un día de fiesta por un fallo lamentable… Alguien que sea abogado y mire un poquito (el expediente) se va a dar cuenta de la barbaridad, la atrocidad que es ese fallo judicial. El fallo que condena a Lázaro Báez a 12 años por supuesta evasión impositiva”, señaló Parrilli.
Y entonces se preguntó: “¿Saben cuál es la diferencia que hay entre Gianfranco Macri y Lázaro Báez? Que Gianfranco Macri pudo entrar al blanqueo y Lázaro Báez no. Yo no sé si había evasión impositiva, no me interesa saberlo, ni soy el abogado defensor de Lázaro Báez; pero lo que sí quiero decir con todas las letras es que seguimos en la Argentina de hoy con una justicia que lleva adelante el lawfare y que utiliza a la Justicia para la persecución política, para la persecución empresarial… ¿Y saben por qué lo condenan a Lázaro Báez? Porque es morocho, porque es de tez oscura, porque era amigo de Néstor Kirchner… Porque no forma parte del círculo áulico de poder que integran los empresarios top de la Argentina, muchos de ellos relacionados a los medios de comunicación”.
“Porque en definitiva lo condenan por eso: por evasión impositiva. ¿Por qué a Gianfranco Macri no lo condenan? ¿Por qué la Corte no trata hace 5 años esta nulidad de ese blanqueo? Porque si Lázaro Báez va preso, Gianfranco Macri también debería ir preso… Y no sé si Mauricio Macri, porque si es testaferro o se comprueba que Gianfranco Macri era el testaferro de Mauricio, ¿de dónde sacaron esos 36 millones de dólares que blanquearon, que tenían en negro, en guaridas fiscales, y que no los trajeron? Los siguen teniendo afuera, a diferencia de blanqueo que nosotros estamos llevando adelante, que exigimos que la plata venga acá a la Argentina”, diferenció el senador oficialista.
Parrilli insistió en calificar de “deplorable desde el punto de vista jurídico” el fallo contra Lázaro Báez, pero fue por más, atribuyéndole “un tinte racista, discriminatorio”. Y agregó: “Además se llenaron la boca hablando de ‘la ruta del dinero K’”, y aseguró que “no hay nada, no hay una sola prueba que involucre ni a Néstor, ni a Cristina, ni a nadie de la familia en esta supuesta evasión impositiva que habría hecho”.
Oscar Parrilli siguió hablando de allegados al expresidente, al señalar al empresario Nicolás Caputo, que alguna vez Mauricio Macri definió como su hermano de la vida, y que el senador destacó que “blanqueó y tiene en el exterior 26 millones de dólares”. También citó a “Marcelo Midlin, dueño de Edenor, que andaba en negocios con los Macri, y que quería aumentar las tarifas un 30 o 40%, seguramente para seguir fugando… blanqueó y tiene afuera 44 millones de dólares”.
“Hay muchos más, la familia Rocca, los dueños de los supermercados, que evaden impuestos. Yo te conozco (en referencia a Alfredo Coto) blanqueó también; evadió impuestos y sacó la plata afuera, y no está condenado como Lázaro Báez, ni está preso como él…”.
Parrilli concluyó destacando la “casualidad” de que justamente en esta jornada se estuviera tratando un blanqueo, cuando “hay una condena a alguien al que no lo dejaron blanquear, y esta es lamentablemente la justicia que tenemos”.
A continuación fue el turno para hablar de la senadora radical Silvia Elías de Pérez, quien arrancó diciendo que había cosas que “no se pueden dejar de contestar”, y le advirtió entonces a Parrilli que “Lázaro Báez no ha sido condenado porque sea morocho… Ha sido condenado por robo, porque ha facturado el 40% más la obra pública que no terminaba. Por eso ha sido condenado”.
Y concluyó: “Al Capone también cayó en su momento porque había evadido impositivamente, entonces, ¿de qué habla este senador acá?”.
