El presidente del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, junto a su compañera de bancada Micaela Olivetto, presentó un proyecto de ley integral para regular las apuestas en línea en la provincia.

Según informaron desde UxP, la iniciativa propone establecer nuevas regulaciones para la publicidad, incorporar herramientas para prevenir la ludopatía y crear mecanismos de financiamiento para entidades comunitarias y deportivas.

El proyecto comenzaría su recorrido legislativo en la Comisión de juegos de azar, lotería y prevención de la ludopatía que preside Olivetto, referente de la cuarta sección.

La iniciativa propone reforzar los controles sobre las plataformas habilitadas mediante la verificación facial en cada ingreso, el cierre automático de sesión después de 60 minutos y la posibilidad de bloquear el acceso ante determinados patrones de uso.

También contempla la autoexclusión inmediata y la intervención judicial para restringir el acceso de personas con problemas de ludopatía, a pedido de familiares o del Ministerio Público.

En materia publicitaria, establece que las campañas deberán contar con autorización previa y prohíbe la publicidad en la vía pública, la dirigida a menores de edad y los bonos promocionales o las apuestas gratuitas.

Además, plantea prohibir el uso de la palabra “juego” y de imágenes o expresiones que presenten las apuestas como una actividad recreativa o de entretenimiento.

Según el comunicado oficial, la leyenda “Apostar no es un juego” sería obligatoria.

Por otra parte, de ser aprobada la norma se crearía un esquema de aportes económicos por parte de los operadores.

El 100% de lo destinado a publicidad se dirigiría a políticas de salud mental, prevención y tratamiento de las patologías vinculadas con las apuestas.

A su vez, establece una contribución del 3% sobre los premios.

De ese total, el 85% se distribuiría entre clubes de barrio, asociaciones civiles, sociedades de fomento, centros culturales y centros de jubilados sin fines de lucro. El 15% restante financiaría becas para deportistas bonaerenses de alto rendimiento.

“Se tocan grandes intereses, es una pelea que hace falta dar y la vamos a llevar adelante”, sostuvo Tignanelli al defender la iniciativa.

“Llamarlas juego es una trampa, son lugares donde se realizan apuestas”, agregó.

Otro de los puntos centrales es la creación de una Fiscalía especializada en apuestas ilegales en línea, dentro de la Procuración General, con facultades para investigar de oficio la explotación de plataformas sin autorización provincial.

Además, el proyecto contempla que los jueces puedan ordenar el cese inmediato de esas actividades en un plazo de seis horas, mediante el bloqueo de sitios y aplicaciones, la suspensión de medios de pago y el retiro de publicidad.

Tignanelli también destacó el destino social de los fondos previstos “los recursos permitirían fortalecer las instituciones barriales, financiar acciones de prevención y tratamiento en salud mental y garantizar becas para deportistas de alto rendimiento”.

Por último, la norma en su articulado propone que las nuevas licencias tengan capital íntegramente nacional y establece condiciones para los operadores extranjeros, que deberán mantener sus fondos en la provincia durante un mínimo de seis meses.

El legislador matancero cuestionó el impacto económico de las plataformas y afirmó que “más del 70% de sus utilidades se gira al exterior”.

Diputados de Unión por la Patria advirtieron al Fondo Monetario Internacional sobre "inconsistencias, opacidad y discrecionalidad" que consideran contiene el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno. Así lo manifestaron a través de una carta que le enviaron a la directora Gerente del organismo, Kristalina Georgieva, y el resto del staff.

Firmado por autoridades e integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del bloque UP, en la misiva los legisladores expresaron su "profunda preocupación" en torno a la iniciativa y alertaron "sobre los graves riesgos institucionales y fiscales que presenta", sobre todo de cara a un año electoral.

"El FMI no sólo evalúa el desempeño macroeconómico de la Argentina y actualiza sus proyecciones, sino que también introduce modificaciones en metas cuantitativas originalmente pactadas (como el propio Gobierno lo reconoce). Por tal motivo, el Fondo también es responsable de este Presupuesto 2027", afirmaron los opositores.

En la carta, los diputados señalaron que "sin haber evaluado aún la solidez de los supuestos macroeconómicos propuestos por el PEN ni tampoco la verosimilitud del cálculo de recursos, ni de las proyecciones de gasto primario ni de las fuentes y aplicaciones financieras, el proyecto de Presupuesto sometido a consideración del Poder Legislativo muestra indicios alarmantes de inconsistencias, opacidad y de espacios de potencial discrecionalidad en la administración de los recursos públicos que podrían afectar la razonabilidad del proyecto de ley bajo análisis".

Sobre esta línea, los firmantes hicieron hincapié en tres aspectos principales. El primero de ellos tiene que ver con una "subvaluación del Gasto Tributario y el impacto del RIGI". En este apartado, aseguraron que "el superávit está sobreestimado, ya que oculta el gasto tributario del RIGI".

"El Gobierno propone un superávit primario de la Administración Pública Nacional de $15,4 billones, aproximadamente 1,1% del PIB. Pero ese superávit no contempla el gasto tributario del RIGI, que se estima en USD 3.359 M anuales, el equivalente a 0,49 pp del PBI (cuando el proyecto esté en 'plena ejecución', siendo que el 47% del total de la inversión se desembolsa hasta el año 2028, inclusive)", explicaron.

Y agregaron que "de verificarse las inversiones y su costo, esta merma de recaudación podría poner en severo riesgo la consolidación del resultado primario propuesto. Además, se considera que la subvaluación del gasto tributario es una práctica reñida con los principios de buena gestión presupuestaria que agrega inseguridad al plan fiscal para el año 2027".

En segundo lugar, se refirieron a la Jurisdicción 91, que "tiene asignaciones presupuestarias que otorgan total discrecionalidad al Gobierno". "La Jurisdicción 91 pasa de 5,6 a 14,8 billones. De ese total, $7,7 billones sin ley ni criterio. No tiene programas con metas físicas, simplemente es ‘Obligaciones a Cargo del Tesoro’. Ningún artículo del proyecto crea ese programa ni fija criterio de reparto. ¿Para qué sirve? Es la plata con la que se 'auxilia' (presiona) a la provincia que no llega a pagar sueldos o necesita fondos", alertaron.

En tercer término, los diputados observaron "un sideral aumento de la inversión financiera neta en 2027 respecto de 2026: se duplica en términos nominales (17,4 billones en 2027 y 9,8 billones en 2026). Contablemente, significa que el PEN propone aplicar una parte significativa del superávit financiero y/o de las fuentes financieras netas al incremento de 'inversiones financieras temporarias' y/o de 'caja y bancos' y/o de 'otras inversiones financieras'".

En tal sentido, se preguntaron: "¿Cuál es la razonabilidad de desfinanciar políticas públicas prioritarias o de endeudarse con el fin de acumular bolsones de liquidez o financiar inversiones financieras invisibilizadas que carecen de justificación y propósito y no ocuparse de la discapacidad, la educación, el cumplimiento de la ley (por la retención del impuesto a los combustibles) o la inversión en obra pública?".

"Consideramos que los tres puntos reseñados quitan razonabilidad al proyecto de ley de Presupuesto 2027, lo tornan opaco en sus justificaciones e incierto en su ejecución por los márgenes de discrecionalidad que el PEN parece pretender para su administración", aseveraron.

La misiva lleva las firmas de Cristian Andino, Gustavo Bordet, Sergio Casas, Carlos Castagneto, Graciela de la Rosa, Andrea Freites, Itai Hagman, Ana María Ianni, Germán Martínez, Guillermo Michel, Cecilia Moreau, Jorge Mukdise, Claudia Palladino, Paula Penacca, Luciana Potenza, Ariel Rauschenberger, Agustín Rossi, Sabrina Selva, Julia Strada, Victoria Tolosa Paz y Pablo Yedlin.

El diputado de Unión por la Patria Ricardo Lissalde presentó un proyecto de Ley para crear un programa provincial que acerque servicios médicos especializados a zonas rurales, localidades aisladas y comunidades con dificultades de acceso sanitario.

La iniciativa propone crear el Programa Provincial de Telemedicina Rural e Integración Sanitaria Digital, con el objetivo de reducir las desigualdades territoriales y evitar traslados innecesarios para acceder a especialistas.

El programa contempla teleconsultas, interconsultas entre profesionales, seguimiento remoto de pacientes, telemonitoreo de enfermedades crónicas, telepsicología, telepsiquiatría, telepediatría y segunda opinión médica. La propuesta prioriza zonas rurales, parajes, localidades del interior, comunidades isleñas y distritos con déficit de especialistas.

Además, plantea crear centros de teleconsulta comunitaria en salas de salud, unidades sanitarias y delegaciones municipales para quienes no cuenten con conectividad o dispositivos tecnológicos en sus hogares. Estos espacios deberán contar con internet estable, equipamiento audiovisual e historia clínica digital.

El proyecto presentado por el diputado de UP establece que el Ministerio de Salud defina hospitales provinciales de referencia para las consultas especializadas y contempla la incorporación progresiva de prestaciones de telemedicina al IOMA para afiliados que residan en zonas rurales, islas o localidades alejadas.

En los fundamentos, Lissalde sostiene que “la tecnología puede contribuir a reducir las desigualdades históricas generadas por la distancia geográfica y la concentración de recursos sanitarios, fortaleciendo la atención primaria y acercando especialistas a las comunidades del interior bonaerense”.

La Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía de la Cámara de Diputados bonaerense realizó su primera reunión ordinaria y comenzó a analizar iniciativas vinculadas a la prevención de la ludopatía y el combate a las apuestas ilegales.

El encuentro marcó el inicio formal de la actividad de una comisión creada recientemente para abordar una problemática que preocupa cada vez más por su impacto en adolescentes y jóvenes, especialmente a partir de la expansión de las plataformas de apuestas online.

La presidenta de la Comisión, Micaela Olivetto, destacó la importancia de contar con un ámbito específico para tratar el tema y avanzar en políticas públicas de prevención, concientización y control.

“Esta Comisión se constituye por primera vez en la historia de la Cámara de Diputados porque entendemos que es una problemática de la que tenemos que ocuparnos para dar respuestas concretas a los bonaerenses, porque está afectando mucho a los más jóvenes sobre todo con las apuestas online”, sostuvo la legisladora del bloque Unión por la Patria.

Olivetto, representante de la Cuarta Sección Electoral e integrante de La Cámpora, remarcó además que la Comisión tendrá una agenda amplia de trabajo para los próximos meses.

“Ya tenemos veinte proyectos para que podamos analizar de forma integral y transversal, de los cuales quince son de ley de distintos bloques políticos. Por tanto, tenemos el desafío de trabajar mucho y escuchar a los especialistas para generar una normativa que de manera integral se adecue a los desafíos que tenemos hoy”, agregó.

Durante la reunión también se avanzó en el tratamiento de un Proyecto de declaración presentado por el diputado de la Unión Cívica Radical, Valentín Miranda, que propone declarar de Interés Legislativo la actividad “Jugados contra la Ludopatía”, organizada por la Municipalidad de Trenque Lauquen.

La iniciativa apunta a visibilizar los riesgos asociados al juego compulsivo y promover acciones de prevención y concientización. El objetivo es generar herramientas para detectar conductas problemáticas vinculadas a las apuestas y fomentar hábitos responsables, especialmente entre los jóvenes.

La diputada provincial de Unión por la Patria, Margarita Recalde, presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio bonaerense por el plazo de 12 meses, con el objetivo de garantizar el funcionamiento de establecimientos educativos y espacios de participación destinados a personas con discapacidad.

La diputada sostiene que "el sector atraviesa una situación crítica que pone en riesgo la continuidad de escuelas especiales, centros de día y talleres protegidos, instituciones que cumplen un rol fundamental en la atención, educación e inclusión de miles de bonaerenses".

Entre las medidas contempladas, el proyecto instruye al Poder Ejecutivo a incrementar de manera inmediata y progresiva las partidas presupuestarias destinadas al área.

En ese marco, propone establecer planes de regularización de deudas tributarias y previsionales para establecimientos educativos de gestión privada de educación especial, centros de día y talleres protegidos, incluyendo aportes personales, contribuciones patronales, intereses y multas.

Asimismo, impulsa el aumento de las subvenciones a establecimientos educativos de gestión privada de educación especial hasta alcanzar el 100%, de acuerdo con lo previsto en el artículo 137 de la Ley Provincial de Educación.

"La propuesta también prevé la creación de una Comisión Bicameral de carácter consultivo, de monitoreo y fiscalización de la emergencia. El organismo estaría integrado por cinco senadores y cinco diputados, con representación de las minorías parlamentarias, y tendría facultades para solicitar informes al Poder Ejecutivo, formular observaciones y elaborar recomendaciones" explicó Recalde.

En los fundamentos, la legisladora de La Cámpora argumentó que las instituciones vinculadas al sector “se encuentran en una situación de extrema crisis económica”, afectadas por el endeudamiento, las dificultades para afrontar salarios y servicios, y el riesgo de cierre.

"Muchas de estas entidades constituyen el principal espacio de contención para las personas con discapacidad y sus familias, al brindar no solo actividades educativas y de inclusión, sino también acceso a alimentación y otros recursos básicos" agregó.

Además, la referente kirchnerista de Ituzaingó remarcó que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional en la Argentina, obliga al Estado a adoptar medidas de protección frente a situaciones de vulnerabilidad y emergencia.

Según sostiene el proyecto, la declaración de emergencia busca evitar el deterioro de las prestaciones destinadas a uno de los sectores más vulnerables de la población y garantizar el acceso efectivo a derechos fundamentales como la educación, la inclusión y la participación social.

La diputada de Frente Patria, Mayra Mendoza, habló sobre el gobierno de Javier Milei “hay muchísimo que hablar en este momento en la Argentina, hay un presidente que gobierna para él. No se sabe qué es lo que está haciendo, salvo que su hermana esté contenta, sus amigos estén haciendo negocios.

En ese sentido, la intendenta de Quilmes en uso de licencia, sostuvo que sigue creyendo en que “es posible recuperar la normalidad en la vida de la gente, que tiene que ver con que las familias puedan tener progreso, con que los niños puedan vivir en un lugar mejor que el que nos tocó nacer y crecer a nosotros. De eso se trata para mí la vida, la política, como mamá, pero como militante política”.

“Quiero aprovechar para decirles a los argentinos que no hay que acostumbrarse a vivir así, que podemos recuperar la idea, el proyecto de un país normal, de un país serio, donde la vida esté ordenada, donde no tengan que trabajar después de su laburo, subirse al Uber, como hoy está pasando, donde se pueda viajar en bondi y no sea imposible pagarlo, donde los pibes puedan ir al colegio sin miedo”, agregó

Asimismo, la legisladora bonaerense expresó “podemos vivir en un país normal donde la vida de la gente esté ordenada. Que no todos los políticos somos iguales, que yo entiendo la frustración y el enojo que muchas veces hay con los políticos, pero que no somos todos iguales; que lo que queremos es volver a recuperar esa idea, esa idea de país normal.

“Aunque moleste lo que diga, yo nunca voy a dejar de decir lo que pienso. Ese país normal lo hemos vivido en la Argentina con Cristina, el último buen gobierno en este país fue el de Cristina Fernández de Kirchner, no era color de rosa, pero era un país donde se podía vivir con la posibilidad de planificar tu vida, de vivir con dignidad. Hoy se sobrevive en la Argentina y no nos tenemos que acostumbrar a eso” finalizó.

Un grupo de diputados del bloque Unión por la Patria se reunieron y dialogaron este martes con una representación de más de cien pediatras -que forman parte de la Sociedad Argentina de Pediatría-  que firmaron recientemente una Carta Abierta exigiendo "la urgente reflexión" para que las autoridades nacionales dejen de “desfinanciar los programas de seguridad alimentaria”.

El encuentro se dio en la Cámara de Diputados de la Nación del cual participaron el presidente del bloque de UP, Germán Martínez; el presidente de la Comisión de Acción Social y Salud, Pablo Yedlin; los diputados nacionales Daniel Gollan, Hugo Yasky; Ramiro Gutiérrez y Daniel Arroyo.

En la apertura hicieron uso de la palabra numerosos pediatras algunas de las cuales se conectaron en forma virtual desde diversas provincias. Al respecto, Martínez expresó: “Estamos acá para darle la dimensión humana y política que tiene el incremento de la demanda alimentaria en todo el país".

A su turno, Yedlin manifestó: “Vamos a insistir con el tratamiento de la política alimentaria en la Comisión de Acción Social y Salud, la situación social se agrava semana a semana".

La pediatra Gabriela Bauer explicó: “Vivimos en los centros infantiles, en los hospitales y vemos madres que se desmayan por hambre y niñas y niños que no están siendo atendidos porque el gobierno nacional cortó las transferencias directas a los comedores".

Entre los temas analizados en la reunión se contempló la decisión del gobierno de Milei de eliminar a la ex secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la suspensión del Programa para el Egreso (PAE); la desarticulación del Programa Nacional de Primera Infancia; el abandono de los Centros de Desarrollo Infantil; la paralización de la Ley Lucio y el recorte a la Ley Brisa entre otras situaciones que conforman la violación sistemática a derechos progresivos establecidos en la Convención de los Derechos de los Niños (1989).