El bloque Justicialista del Senado, presidido por José Mayans, repudió el DNU 941/25 por modificar el sistema de inteligencia "sin pasar por el Congreso", y resaltó que "vulnera la Constitución Nacional". Además, alertó que esta reforma "busca establecer un sistema ilegal, ilegítimo e inconstitucional de espionaje interno, de control y de persecución de opositores y de la sociedad toda".

Mediante un comunicado, los senadores opositores señalaron que el decreto "introduce una reforma integral del sistema de inteligencia nacional, al modificar de manera sustantiva la Ley 25.520, lo que resulta de todo punto de vista una clara violación a las normas vigentes y de la Constitución Nacional".

"El Poder Ejecutivo no puede reformar la Ley de Inteligencia por DNU, dado que, además de no existir ni necesidad ni urgencia que lo justifique, nuestra Constitución Nacional en su artículo 99, inciso 3, expresa con claridad las restricciones que tiene el presidente en el proceso de construcción de las leyes", apuntaron.

Los legisladores peronistas resaltaron que "el Presidente de la Nación tenía la posibilidad de modificar la Ley de Inteligencia Nacional mediante la elaboración de un proyecto que podía incluir en el temario de las sesiones extraordinarias, tal como sucedió con el Presupuesto 2026 y la llamada Ley de Inocencia Fiscal. Sin embargo, prefirió eludir la búsqueda de consensos necesarios firmando un DNU que vulnera nuestra Constitución Nacional". "Esto demuestra una vez más el desprecio del presidente Milei por las instituciones de la República y es un claro intento por avanzar sobre las libertades democráticas", cuestionaron.

La bancada integrada por una veintena de senadores observó que "el jefe del Estado se vuelve a arrogar para sí facultades que son propias del Poder Legislativo, en una reiterada actitud propia de un régimen autoritario". Además, explicaron que "el DNU 941/25 firmado por Milei representa una aberración jurídica, por varios motivos. Por un lado, el accionar de inteligencia pasa a ser formalmente 'encubierto', se refuerza el secreto y se limita la publicidad y la transparencia de las actividades".

Asimismo, "habilita a los agentes de la SIDE -todos encubiertos- a aprehender personas sin intervención judicial alguna, lo que confronta con la letra expresa del artículo 18 (que consagra el debido proceso y las garantías penales) y el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional (referido a los tratados internacionales de derechos humanos), situación que retrotrae a las argentinas y los argentinos a las épocas más oscuras de la pasada dictadura cívico-militar", advirtieron.

En esta línea, subrayaron que "a partir del dictado de este DNU, los organismos de inteligencia podrán realizar tareas de espionaje ilegal, persecuciones políticas e ideológicas dentro del territorio nacional. Este decreto afecta de manera directa garantías constitucionales como la privacidad, la libertad personal, la libertad política y el control parlamentario; y barre de un plumazo el consenso democrático logrado en la Argentina a partir del 10 de diciembre de 1983".

"Todo esto fue hecho a espaldas del pueblo y de sus representantes, como ya es habitual en el actual gobierno, al finalizar el año: el 31 de diciembre del 2025. Y con ello busca establecer un sistema ilegal, ilegítimo e inconstitucional de espionaje interno, de control y de persecución de opositores y de la sociedad toda", concluyeron.

Los bloques de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados y el Justicialista en el Senado repudiaron de manera categórica la intervención militar llevada adelante por los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, así como la captura de su presidente. Según manifestaron, estos hechos implican una violación grave y deliberada de la soberanía de un Estado y del derecho internacional, en abierta contradicción con los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

En un comunicado conjunto difundido este sábado, advirtieron que se trata de “una agresión armada inadmisible” que golpea directamente a América Latina y el Caribe como Zona de Paz, al tiempo que instala un precedente de extrema gravedad para la convivencia internacional. Alertaron además que la vulneración de la integridad territorial de un país, mediante el uso unilateral de la fuerza, pone en riesgo a toda la región, erosiona el multilateralismo y debilita los mecanismos pacíficos de resolución de controversias.

Los legisladores recordaron que la historia latinoamericana demuestra que la injerencia externa y las intervenciones militares unilaterales solo han derivado en violencia, desestabilización institucional y retrocesos democráticos. En esa línea, reclamaron que la comunidad internacional —a través de las Naciones Unidas— responda con firmeza y responsabilidad, evitando que se naturalice el uso de la fuerza como herramienta de política exterior.

Finalmente, las bancadas reafirmaron que la Argentina debe sostener una política exterior fundada en la defensa de la paz, el multilateralismo, la no intervención y la protección irrestricta de la soberanía y de la integridad territorial de los Estados de la región.

Producto de la derrota electoral sufrida el pasado 26 de octubre, el peronismo transita días complicados en las dos cámaras, donde la solidez de sus bloques está siendo puesta en duda. En Diputados, obtuvo un resultado que le permitía tener la misma cantidad de legisladores con que cuenta en la actualidad, pero la sangría ya se ha iniciado, aunque hasta ahora sea por goteo: dos diputados ya anunciaron que no estarán en el bloque que al día de hoy conduce Germán Martínez. Pero hay presagio de un desgajamiento mayor, si se concreta la salida de los catamarqueños (4).

En el Senado, donde el peronismo quedará con el menor porcentaje desde el 83 a la fecha, trabajan para mantener la unidad, unificando las tres bancadas que en la actualidad configuran el interbloque Unión por la Patria. Sería bajo la denominación Bloque Justicialista. Pero eso está complicado.

Recordemos que en la actualidad tres bloques conviven dentro del interbloque Unión por la Patria: el Frente Nacional y Popular, Unidad Ciudadana y Convicción Federal. Los dos primeros tienen 15 miembros y el restante 4. Del FNyP se van 6 senadores, en tanto que UC pierde 9. En Convicción Federal, todos siguen hasta 2027 o 2029.

El problema es que Convicción Federal no tiene intenciones de sumarse al resto, habiéndose alejado el 19 de marzo de este año en rechazo a la conducción partidaria de Cristina Kirchner, en cuyo caso el Bloque Justicialista quedaría reducido a 24 miembros. Una fuente consultada por parlamentario.com aclaró que esa unidad promovida es “únicamente entre los kirchneristas”, y el catamarqueño Guillermo Andrada, la jujeña Carolina Moisés, el riojano Jesús Rejal y el puntano Fernando Salino no quieren volver ahí (por algo se fueron hace algunos meses). “Convicción Federal existe y seguirá existiendo como bloque”, garantizó uno de sus miembros.

Los miembros del bloque Convicción Federal dicen que se mantendrán donde están.

También advierten con estar atentos a lo que vayan a hacer algunos de los que llegan, y a propósito de ello se especula con que el santiagueño Gerardo Zamora y su comprovinciana Elía Esther del Carmen Moreno se salgan del bloque. Otra fuente consultada por este medio aseguró que Zamora no va a ir a un bloque que se llame Justicialista.

De ser así, el bloque Justicialista podría terminar reduciéndose a 22 integrantes, apenas dos más que el de La Libertad Avanza que conducirá Patricia Bullrich. Mal presagio para quienes ya se mostraban preocupados por la dimensión reducida que presentará el peronismo en el Senado a partir del 10 de diciembre.

El presidente del interbloque de senadores nacionales de Unión por la Patria y vicepresidente primero del PJ, José Mayans, aseguró que su bancada intentará sesionar este jueves en la Cámara alta para tratar la modificación de la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), por el cual se elimina la sanción ficta y se establece la obligatoriedad de contar con el aval de ambas cámaras del Congreso para quedar firmes.

Mayans señaló que la intención de su bancada de “sesionar este jueves con el tema DNU”, que volvió al Senado para su tratamiento con modificaciones de la Cámara baja, al finalizar la reunión del Consejo Nacional del PJ ampliado que se realizó en la sede partidaria de la calle Matheu 130 de esta capital.

El dirigente peronista formoseño adelantó que su intención es “ver si podemos hacer una sesión más” antes del recambio del Cuerpo Legislativo “con un tema como DNU, que tenemos prácticamente dictamen, y si es posible este jueves”, y recordó que este miércoles habrá una reunión del bloque para trabajar el tema.

Además, admitió que, en la reunión partidaria de este martes, se informó que la decisión de los senadores peronistas en trabajar para unificar las tres bancadas que conforman el interbloque UP en un solo grupo parlamentario que se denominará “Bloque Justicialista”, ante una pregunta periodística.

Esa decisión va en sintonía con el tono del encuentro del que participaron los integrantes del Consejo Nacional Justicialista, los responsables de las distintas comisiones técnicas del partido e invitados especiales, y que fue convocado para avanzar en el proceso de unidad del peronismo y en el debate y elaboración de distintas propuestas tanto económicas, laborales, previsionales, impositivas, como productivas, entre otros asuntos, para presentarle a la sociedad.

En ese sentido, Mayans remarcó que la Secretaría Económica del partido presentó una propuesta de trabajo para elaborar políticas respecto al esquema económico e impositivo, el trabajo, la producción primaria, la cuestión previsional, que son “temas que le preocupa a la gente”, comentó.

“Queremos saber qué piensa hacer el Poder Ejecutivo, por ejemplo, con los seis recursos centrales que hacen a la recaudación del país, porque esto afecta directamente a las provincias”, explicó, al ser consultado sobre la posición del peronismo respecto al Presupuesto Nacional 2026. Advirtió que temas como el IVA, el Impuesto a las Ganancias, la política monetaria y el tipo de cambio, la importaciones y exportaciones son de suma importancia para la economía del país y de impacto para las jurisdicciones provinciales, por eso reclamó al gobierno que explique con claridad qué pretende hacer al respecto.