La diputada oficialista participó de una jornada sobre PyMEs, donde ponderó la Ley de Modernización Laboral: “Es un conjunto de herramientas operativas a disposición”.
La diputada nacional Verónica Razzini (LLA) participó en la Universidad de UCEMA de una jornada sobre PyMEs, donde analizó los alcances de la Reforma Laboral y destacó que “ya no es gratis para un sindicato organizar un bloqueo”.
“Mi logro personal en la Modernización Laboral es la modificación de la Ley 7.802 y 23.756, que termina con la extorsión sindical paralizante. A partir de ahora, se marca como infracciones muy graves provocar u organizar la toma de establecimientos o el bloqueo de los accesos. Esto va a generar multas automáticas sumamente graves y empieza a poner un poco las cosas en su lugar. Es decir, que ahora ya no es gratis para un sindicato organizar un bloqueo. Sino que le vamos a tocar donde más les duele, que es el bolsillo”, resaltó.
En su disertación, la vicepresidente de la Comisión PyMEs consideró que “el destino de las PyMEs está nuevamente en nuestras manos. La Modernización Laboral ya no es un proyecto de ley, es un conjunto de herramientas operativas a disposición. Es hora de dejar de administrar burocracia y volver a liderar nuestras empresas para generar empleo”.
Además, la legisladora santafesina expresó: “Necesitamos más PyMEs en la política y la política necesita entender cómo es la dinámica de las empresas argentinas para se pueda pensar de otra manera lo que nosotros vivimos a diario”.
La jornada “Reforma Laboral 2.0: Seguir reformando o cerrar” estuvo organizada por la Unión Nacional de Emprendedores, PyMEs y Productores (UNEPP), y contó además con la participación de José Ojeda, especialista en marketing; Miguel Jacobawsky, empresario PyME; y el abogado Juan Pablo Chiesa.
La UNEPP está conformada por más de 4.000 emprendedores, PyMEs y productores, y se ha consolidado como una plataforma que aboga por un marco regulatorio flexible en lo laboral, sindical y tributario, adaptado a las necesidades del sector productivo.
El proyecto obliga a pedir autorización para realizar asambleas dentro del horario de trabajo.
A través del proyecto de reforma laboral, el Poder Ejecutivo propone limitar la realización de asambleas en las empresas y prevé duras sanciones para las organizaciones sindicales que tomen o bloqueen un establecimiento.
La iniciativa establece que serán consideradas “infracciones muy graves provocar, y/o instar y/u organizar el bloqueo o tomar un establecimiento; impedir u obstruir total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento".
También se sancionará cuando se ocasionen “daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros, se encuentren o no en el establecimiento del empleador (instalaciones, mercaderías, insumos y materias primas, herramientas, etc.) o retenerlas indebidamente".
"Verificadas dichas acciones como medidas de acción directa sindical, la entidad responsable será pasible de la aplicación de las sanciones que establezca la Reglamentación, una vez cumplimentado el procedimiento que disponga al efecto la Autoridad de Aplicación, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales que pudieran corresponder", agrega el texto.
Sobre las asambleas se dispone que la asociación sindical deberá “contar con autorización previa del empleador para la celebración de una asamblea, tanto donde se realizará como el horario y el tiempo de su duración; y en caso de que se realice dentro del establecimiento deberá requerir autorización respecto del lugar”.
Además se aclara que el trabajador no devengará salarios durante el tiempo de la misma o infracciones graves.
En ese sentido, el proyecto fija como prácticas desleal "intervenir o interferir intencionalmente afectando el desenvolvimiento de la actividad de la empresa mediante la convocatoria a asambleas, violando los términos del artículo 20 bis de la presente ley, u otras medidas de acción directa".
La iniciativa también contempla la posibilidad de armar sindicatos por empresas y se establece un mecanismo mas ágil para la obtención de personería gremial de los sindicatos de empresa. Por otra parte, se limita a 10 horas el crédito para el ejercicio de las funciones de los delegados del personal.
La propuesta es impulsada por el diputado Manuel Aguirre. Dicha medida estaba en la Ley Bases, pero en negociaciones entre el Gobierno y la CGT, fue retirada de la versión votada en la Cámara baja.
El diputado nacional Manuel Aguirre (UCR – Corrientes), acompañado de sus pares Juan Carlos Polini, Martín Tetaz y Pedro Galimberti, presentó un proyecto de ley para penalizar los bloqueos sindicales a comercios e industrias y proteger la propiedad privada.
La iniciativa establece prisión de 3 años y 6 meses a 5 años cuando se “turbare la posesión o tenencia de un inmueble con o sin violencia y/o amenazas”, en las siguientes circunstancias: “Cuando se entorpezca el normal funcionamiento del establecimiento comercial, industrial o de servicios; cuando con o sin violencia se impida el acceso al establecimiento; cuando el bloque se funde en un reclamo personal, laboral y/o sindical y se hiciere un ejercicio abusivo del derecho a reclamar”.
“Cuando el bloqueo en el establecimiento de que se trate sea por reclamos gremiales e impidan el normal funcionamiento de un establecimiento comercial y/o industrial, la pena será de reclusión o prisión de cuatro a seis años para quienes la hayan convocado como también para aquellos que hubieran participado en la ejecución”, agrega.
¡Basta de bloqueos ilegales en comercios e industrias! Presentamos un proyecto de ley para penalizar esta práctica y proteger la propiedad privada y la libertad 👇 pic.twitter.com/0l9fLN3UGE
— Manuel Ignacio Aguirre (@aguirremanuelok) May 2, 2024
Además, plantea que “en ningún caso el bloqueo de un establecimiento comercial y/o industrial será interpretado como el legítimo ejercicio de un derecho, ni en cumplimiento de un deber”.
Dicha penalización estaba contemplada dentro del proyecto de Ley Bases, pero en medio de las negociaciones entre el Gobierno y la CGT decidieron retirarlo del dictamen final que fue aprobado en Diputados el martes pasado.
En la sesión de la Cámara baja el bloque de la Libertad Avanza rechazó las propuestas de modificaciones presentadas por la bancada de la UCR, a través del titular de la Comisión de Legislación del Trabajo, Martín Tetaz, quien pidió incorporar en el proyecto la penalización de los bloqueos sindicales y la eliminación de la obligatoriedad de los aportes solidarios a los sindicatos.
Según Aguirre, "la aplicación del Derecho Penal es necesaria para cesar con la comisión del delito y desalentar reiteraciones en un futuro". Entre sus fundamentos, Aguirre destacó la importancia de “garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales sin vulnerar otros de igual jerarquía”, como el derecho de propiedad privada y la libertad en general.
"Ningún derecho es absoluto, por tanto, no pueden vulnerarse otros derechos de igual jerarquía", remarcó Aguirre, quien también enfatizó que el bloqueo de un establecimiento comercial por motivos gremiales no será interpretado como el legítimo ejercicio de un derecho, sino como una acción punible.