A través del proyecto de reforma laboral, el Poder Ejecutivo propone limitar la realización de asambleas en las empresas y prevé duras sanciones para las organizaciones sindicales que tomen o bloqueen un establecimiento.

La iniciativa establece que serán consideradas “infracciones muy graves provocar, y/o instar y/u organizar el bloqueo o tomar un establecimiento; impedir u obstruir total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento".

También se sancionará cuando se ocasionen “daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros, se encuentren o no en el establecimiento del empleador (instalaciones, mercaderías, insumos y materias primas, herramientas, etc.) o retenerlas indebidamente".

"Verificadas dichas acciones como medidas de acción directa sindical, la entidad responsable será pasible de la aplicación de las sanciones que establezca la Reglamentación, una vez cumplimentado el procedimiento que disponga al efecto la Autoridad de Aplicación, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales que pudieran corresponder", agrega el texto.

Sobre las asambleas se dispone que la asociación sindical deberá “contar con autorización previa del empleador para la celebración de una asamblea, tanto donde se realizará como el horario y el tiempo de su duración; y en caso de que se realice dentro del establecimiento deberá requerir autorización respecto del lugar”.

Además se aclara que el trabajador no devengará salarios durante el tiempo de la misma o infracciones graves.

En ese sentido, el proyecto fija como prácticas desleal "intervenir o interferir intencionalmente afectando el desenvolvimiento de la actividad de la empresa mediante la convocatoria a asambleas, violando los términos del artículo 20 bis de la presente ley, u otras medidas de acción directa".

La iniciativa también contempla la posibilidad de armar sindicatos por empresas y se establece un mecanismo mas ágil para la obtención de personería gremial de los sindicatos de empresa. Por otra parte, se limita a 10 horas el crédito para el ejercicio de las funciones de los delegados del personal.

La diputada nacional Laura Rodríguez Machado (Pro – Córdoba) junto a otros catorce legisladores de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto de ley mediante el cual se sanciona con reclusión o prisión de tres a ocho años a aquellas personas quienes, bajo el pretexto de razones gremiales, impidan o estorben el normal funcionamiento de un establecimiento comercial o industrial. Asimismo, quedarán inhabilitados para ejercer su representación gremial por el doble del tiempo de la pena.

Entre los argumentos, plantean que “los bloqueos que efectúan algunos gremios no sólo afectan la libre circulación de las personas  y los vehículos de dichos establecimientos, sino que además provocan un daño a la propiedad privada”, y explican que “a través de la intimidación, impiden la libre disponibilidad de los bienes del comercio en cuestión, generando importantes pérdidas económicas, poniendo en riesgo la estabilidad laboral de sus empleados y, en ciertos casos, hasta llegando a provocar su cierre definitivo”.

En otra línea, advierten que “la extorsión, argumentando motivos sindicales, se encuentra en franco aumento frente a la preocupante pasividad del Estado Nacional”, y ejemplifican: “En este último tiempo, fueron de público conocimiento los casos de la bonaerense Lácteos Vidal y la mendocina Mail Express”.

“Por este motivo, a diferencia de otras iniciativas presentadas en el mismo sentido, en la presente se solicita la incorporación del artículo 168 bis del Código Penal (Ley 11.179) por menoscabo a la propiedad privada”, sumaron.

Entre los fundamentos, la legisladora cordobesa expresa que "el ejercicio abusivo de los derechos parece ser la clave de la época que nos toca vivir. La mezquindad que provoca la falsa representación de intereses gremiales, pone en riesgo la capacidad económica de las empresas sometidas a extorsión y, por carácter transitivo, el ejercicio del derecho al trabajo, hasta provocar incluso la pérdida de los mismos".

Este proyecto de Rodríguez Machado cuenta con el acompañamiento de los diputados nacionales Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Ingrid Jetter, Alberto Asseff, Victoria Morales Gorleri, Marilú Quiroz, Gabriel Chumpitaz, José Núñez, Alfredo Schiavoni, Alejandro Finocchiaro, Claudio Poggi, Héctor Stefani, Pablo Torello y Mercedes Joury.