La diputada nacional Victoria Tolosa Paz celebró las medidas anunciadas por el presidente Alberto Fernández y el titular de Economía Martín Guzmán al subrayar que “estamos avanzando en un esquema de redistribución que nivela hacia arriba preservando el poder adquisitivo frente a la inflación”. 

“El Gobierno tomó una decisión acertada en materia de políticas de ingresos, buscando redistribuir parte de lo que recauda mediante el bono que busca cuidar el bolsillo de argentinos y argentinas”, amplió Tolosa Paz en declaraciones a Radio 10. 

En esa línea, la legisladora del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires agregó: “Por eso celebramos esos $ 18.000, que para algunos puede resultar poco, pero hay que tener presente que representa una canasta y media alimentaria básica”. 

“Estamos hablando de gente que trabaja, pero que no tiene la relación del empleador y del sindicato para iniciar una paritaria”, precisó Tolosa Paz y completó: “Ahí sí existe el riesgo de que los ingresos se vayan licuando día a día”. 

Como se anunció el lunes, el Gobierno nacional otorgará bonos extraordinarios de $18.000 a trabajadores informales, monotributistas de categorías A y B y trabajadores de casas particulares de entre 18 y 65 años, y otra ayuda de $12.000 a jubilados y pensionados que perciban hasta dos haberes mínimos. 

“Hay un crecimiento que se tiene que redistribuir”, remarcó Tolosa Paz y en ese sentido enumeró algunas de las últimas medidas adoptadas por la administración de Alberto Fernández, como el bono otorgado a los jubilados, el aumento del 50% en la Tarjeta Alimentar. 

Ahora, con la medida anunciada el lunes, el Gobierno busca llegar a un “universo de 10 millones de personas”, dijo Tolosa Paz, donde “el ingreso sigue siendo magro cuando la inflación golpea como golpeó en el mes de marzo”. 

Por otra parte, consultada por Radio Delta sobre los cuestionamientos de un sector de la oposición al denominado proyecto de “renta inesperada”, Tolosa Paz evaluó que “oponerse por oponerse no tiene mucha razonabilidad”. 

Al respecto precisó que, en caso de lograr un trámite legislativo favorable, “no alcanzará a personas físicas sino a jurídicas, es decir empresas, que además tienen ganancias extraordinarias de más de mil millones de pesos; en un contexto donde ni las propias empresas esperaban un escenario de guerra como el de Rusia y Ucrania”. 

“Se trata de sectores muy definidos que representan un 3% y que tienen ganancias inesperadas producto de la guerra; en ese contexto se inscribe la medida que por un lado apunta a seguir redistribuyendo el ingreso, y cuya alícuota será menor en los casos en que parte de esa renta inesperada se utilice para la reinversión en nuevas plantas, procesos productivos y generación de empleo”, explicó la dirigente peronista. 

Los diputados de Juntos por el Cambio Carla Carrizo (UCR), Alejandro Cacace (UCR), Graciela Ocaña (Pro) y Martín Berhongaray (UCR), junto a cuarenta diputados de Juntos por el Cambio, presentaron un proyecto de ley que busca otorgar un bono compensatorio extraordinario equivalente a 3 haberes mínimos para las personas que han visto sus trámites jubilatorios demorados por la atención de ANSeS durante la pandemia, y por lo cual estiman que el Estado tuvo un ahorro fiscal de 21.000 millones de pesos.

Sostienen quienes impulsan esta iniciativa que las restricciones implementadas por el Gobierno nacional, debido a la pandemia de Covid-19 durante el 2020 tuvieron repercusiones también en la obligación que tiene el Estado de garantizar un derecho elemental como es el acceso a la seguridad social, perjudicando en la percepción de sus beneficios previsionales a más de 100 mil personas en todo el país.

La ausencia de atención por parte de las UDAI/Áreas operativas de la ANSES durante cuatro meses consecutivos, a partir del 16 de marzo de 2020, tuvo como principal problema el retraso del inicio efectivo del turno para dar comienzo a la solicitud de la prestación. Esto generó, además, múltiples problemas en la comprensión de la atención virtual ante las deficiencias en las respuestas obtenidas, la dilación para la obtención de turnos y los conflictos con el cobro del importe de los retroactivos. Inconvenientes que continúan hasta la fecha.

“Debido a la atención irregular de ANSeS desde el inicio de la pandemia, 110 mil personas que podrían haber tramitado exitosamente su jubilación (casi la mitad de las altas anuales) no han podido hacerlo durante el 2020”, afirmó el diputado Alejandro Cacace, vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

En efecto, el perjuicio registrado se refleja en la drástica disminución de altas de jubilaciones durante el 2020. De acuerdo con el último Boletín de la Seguridad Social disponible: en 2020 se jubilaron 120.629 personas, la menor cifra en 10 años. En 2019 la cantidad de altas de beneficios jubilatorios fue de 231.445 y en 2018 de 224.171. Mientras tanto, el número de altas de pensiones también registró su menor cantidad de los últimos 10 años (BESS).

De acuerdo con la vicepresidente del bloque de diputados UCR, Carla Carrizo, “las demoras o inconvenientes para iniciar el trámite jubilatorio, no demuestran solo un incumplimiento en el acceso al derecho a la seguridad social, sino también un ahorro fiscal por parte del Estado, un ajuste encubierto que se hace de manera administrativa y que afecta a miles de personas mayores en el país”.

Por ello, se plantea la necesidad de resarcir a las personas que se han visto perjudicadas por la atención irregular de ANSeS, ya que afecta el pleno acceso a la seguridad social a un grupo tan vulnerable como el de las personas mayores, cuya situación se ha visto agravada en este contexto. En esa línea, se prevé un bono compensatorio extraordinario equivalente a 3 haberes mínimos para los damnificados ($61.714,32), el cual, de aprobarse ahora, tendría un costo fiscal de solo una tercera parte de todo lo que se ahorró ANSeS al demorar la fecha inicial de pago de los solicitantes.

Por otra parte, el diputado Martín Berhongaray, destacó que “la ANSeS está perjudicando a muchas personas que han cesado en toda actividad remunerada y no tienen otro ingreso, a pesar de que podían contar con la protección que aseguran las leyes jubilatorias”.

“Los jubilados vienen siendo perjudicados desde que asumió el gobierno, a pesar de que prometieron mejorar su situación. Primero suspendieron la movilidad de los haberes y se ahorraron 100 mil millones de pesos, luego modificaron la fórmula para otorgar aumentos inferiores al aumento de la inflación, y resulta que con su atención ineficiente también perjudican a las personas solicitantes”, concluyó la diputada Graciela Ocaña, coautora del proyecto.

Además de este proyecto, los diputados presentaron también una iniciativa para que la ANSeS garantice la transparencia en las comunicaciones diarias, en lo referente a resoluciones, comunicaciones, circulares, normativas y manuales que emita, ya que hoy en día no se encuentran publicadas ni en el Boletín Oficial ni en su página web, incumpliendo lo que exige la Ley de Acceso a la Información Pública.

Acompañan también los proyectos los diputados Alfredo Cornejo, Omar De Marchi, Claudia Najul, Gabriela Lena, Lorena Matzen, Ximena Garcia, Mario Arce, Monica Frade, Pablo Torello, Hernán Berisso, Juan Aicega, Soledad Carrizo, Josefina Mendoza, Alicia Terada, Adriana Ruarte, Dolores Martínez, Gustavo Menna, José Riccardo, Fabio Quetglas, Lidia Ascarate, Laura Carolina Castets, Alicia Fregonese, Luis Pastori, Luis Petri, Ingrid Jetter, Martín Grande, Silvia Lospennato, Héctor Stefani, Diego Mestre, Leonor Martínez Villaba, Albor Cantard, Aida Ayala, Federico Zamarbide, Gonzalo del Cerro, Carlos Fernández, Camila Crescimbeni, Luis Juez, María Luján Rey, Juan Martín y Jorge Enríquez.