La diputada nacional Brenda Austin (UCR – Córdoba) advirtió que los resultados de las evaluaciones educativas en Argentina no deberían causar sorpresa, dado que las condiciones en las que se desarrolla el sistema educativo son, según sus propias palabras, dramáticas. “Hoy se medirá en todo el país el aprendizaje durante la pandemia, un tiempo sin presencialidad y con las escuelas cerradas. Los resultados recién estarán en 2022 pero no pueden sorprendernos”, señaló.

En este sentido, Austin propuso la construcción de un acuerdo a largo plazo que se centre en el objetivo de remontar los resultados adversos en materia educativa que, año tras año, reflejan decrecimiento en el rendimiento escolar y dejan a la Argentina peor parada: “la educación argentina está en su peor crisis y debemos actuar ya. No podemos seguir demorando este debate”, se indignó.

En el pasado, la diputada radical se desempeñó como secretaria de Educación de la Municipalidad de Córdoba, razón por la cual conoce de primera mano los pormenores y los detalles de esta problemática que atañe a todo el territorio nacional, motivo por el cual se animó a diagnosticar que “Argentina tiene una varianza de rendimiento de las más grandes de la región, ya que conviven resultados de primer mundo con otros demoledores” y sugirió ensayar iniciativas profundas que respeten tanto al federalismo, como a la multiplicidad de actores, pero pensadas para un mismo país.

A partir de su experiencia en la materia, Austin es impulsora de un proyecto de ley que busca crear un “Pacto Educativo Integracional” a aplicarse durante un periodo prolongado de tiempo para superar la crisis que afecta a un gran número de estudiantes de todo el país debido al impacto que produjo el cierre de las escuelas durante la cuarentena. La propuesta en cuestión declara la emergencia educativa en todos los niveles y modalidades hasta 2030 y solicita considerar a la educación como actividad esencial.

Dentro de este marco, una de las bases fundamentales de la iniciativa es el aumento de la inversión en el área hasta cubrir el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) adicional a lo ya establecido en la ley 26.075 de Financiamiento Educativo. Así, Austin considera que “Los resultados de las evaluaciones regionales de UNESCO son un insumo importante para dimensionar la gravedad del problema que enfrenta la Argentina. Hace ya mucho tiempo los datos vienen mostrando un deterioro en los indicadores. La pregunta que debemos hacernos es cuánto estamos dispuestos a cambiar para torcer esa curva definitivamente. La respuesta requiere acciones multinivel, financiamiento asociado a metas, discusión sobre formación docente y sobre todo poner en agenda el impacto de la desigualdad”.

“Es claro que los resultados de las Pruebas Aprender 2021 serán desoladores. ¿Qué podemos hacer para revertir estos indicadores? ¿Cuánto de lo que hay que hacer ponemos a salvo de la grieta? El futuro será el resultado de nuestro presente educativo. No es magia. Si no hacemos algo como país, y pronto, lo que viene no será mejor. No amputemos por impericia el futuro del país”, concluyó tajante la legisladora nacional.

La diputada nacional Brenda Austin (UCR) advirtió este viernes que el Gobierno “va a contramano de los compromisos asumidos en la protección de bosques”, al consagrar a través del proyecto de Presupuesto 2022 “el recorte más grande de la historia” en el financiamiento dispuesto por ley, que implica destinar “apenas 2 pesos mensuales por hectárea”.

“Lo venimos advirtiendo desde hace tiempo. El presidente envió al Congreso un Presupuesto con el mayor recorte a la Ley de Bosques hasta el momento, con un monto idéntico al 2021 que omite la inflación y apenas representa un 3 por ciento del mínimo legal. Mientras en la COP26 aseguró que su Gobierno ‘cuidaba especialmente a los bosques nativos’, en los hechos avanza a contramano del mundo”, alertó la radical, vicepresidenta de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.

La cordobesa se pronunció de esta forma luego de que la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación confirmara que el programa de Protección Ambiental de los Bosques Nativos es una de las acciones bajo la órbita del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que reporta una mayor reducción para 2022: del 44 por ciento en términos reales y apenas considerando la inflación del 45 por ciento proyectada en el proyecto de presupuesto.

La Fundación Vida Silvestre Argentina, en tanto, difundió un informe con detalles sobre los fondos que serían asignados a cada provincia con el nuevo presupuesto para desarrollar tareas de fiscalización, control y vigilancia. Según el ordenamiento territorial de bosques nativos, la Argentina cuenta con más de 53 millones de hectáreas de bosques en toda su extensión, por lo que un presupuesto de 1.212 millones de pesos al año significa un aproximado de 2 pesos por mes por hectárea.

“Estos números reflejan la inconsistencia con la Contribución Determinada a Nivel Nacional que fue presentada por el Gobierno hace menos de un año. Allí, se postula el fortalecimiento en la implementación de la Ley de Bosques Nativos y la disminución de la deforestación dentro de la hoja de ruta para el cumplimiento de la meta de reducción de emisiones. La contradicción se acentúa con la firma del presidente a la declaración de líderes para detener y revertir la deforestación, que fue anunciada durante la cumbre de cambio climático de Naciones Unidas en Glasgow”, señaló Austin.

Además, la legisladora recordó que, en su reciente presentación en la COP26, “el presidente dijo que quería erradicar la deforestación ilegal tipificándola como delito” y, al respecto, reclamó: “Hace más de un año junto a la senadora Gladys González venimos impulsando este debate en ambas cámaras y el kirchnerismo no quiere habilitar el tratamiento de los proyectos en este sentido”.

De acuerdo al informe de la Oficina de Presupuesto, las sumas más considerables que definió el Poder Ejecutivo para el financiamiento de acciones para combatir el cambio climático se refieren a obras cloacales y de saneamiento. Además, se muestra una caída en las sumas vinculadas a la conservación de la biodiversidad y la Promoción y Gestión del Cambio Climático y el Desarrollo Sostenible.

De igual forma, para las políticas de conservación y administración de áreas naturales protegidas a cargo de la Administración de Parques Nacionales que, sumado a los recortes en 2021, verifica una caída real del 8 por ciento. Respecto al Plan de Manejo del Fuego, las metas de prevención de lucha contra incendios no varían en materia de horas de vuelo ni en información para alerta temprana.

Puntualmente sobre la Ley de Bosques, sancionada en 2007, los recursos para protegerlos deben asegurar el 0,3 por ciento del presupuesto y el 2 por ciento de los derechos de exportación de los productos agroindustriales. El Fondo constituye la principal herramienta de promoción para el cumplimiento de la ley, ya que se destina a compensar a las jurisdicciones y los titulares que conservan los bosques nativos. Sin embargo, en el Presupuesto 2022 se le asigna 1.212 millones, lo que equivale al 0,009 por ciento del total del presupuesto y sólo un 3 por ciento de lo que le corresponde. “Así, sin siquiera cubrir la inflación anual, el Gobierno continúa destinando apenas 22 pesos al año por hectárea de bosques nativos cuando corresponderían 745 pesos”, apuntó Austin.

La vicepresidenta de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Brenda Austin (UCR – Córdoba), destacó el “gran paso” que dio la Cámara baja con la firma del primer dictamen al proyecto de creación del Parque y Reserva Nacional Ansenuza, del cual es impulsora, y pidió “redoblar los esfuerzos para que antes del cierre del año parlamentario esta iniciativa pueda recibir media sanción en el recinto”.

Luego de que la provincia de Córdoba aprobara la cesión al Estado Nacional de terrenos ubicados en torno a la Laguna de Mar Chiquita y los Bañados del Río Dulce, en el noreste provincial, el proyecto de creación del Parque Nacional recibió dictamen en la Comisión de Legislación General, que se incorporó al temario por pedido de Austin.

La diputada cordobesa resaltó el trabajo mancomunado de distintos actores gubernamentales,  municipios y organizaciones de la sociedad civil para impulsar este proyecto que, remarcó, “contribuirá a ampliar la superficie protegida en la Argentina, lo que forma parte de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país”.

Austin también destacó que “la creación de este Parque Nacional y de su ámbito de reserva conlleva crecimiento de toda una economía y del ecoturismo, que está potenciándose en un mundo de postpandemia”, y que “gran parte de esta zona tiene hoy poco desarrollo en términos de oportunidades laborales”.

“La Laguna de Mar Chiquita o Mar de Ansenuza es el lago salado más grande de Latinoamérica, hábitat de un montón de especies. El 66 % de las aves migratorias de la Argentina están allí, al igual que las tres especies de flamencos que habitan la Argentina. Tiene una enorme potencialidad en términos ecosistémicos”, explicó.

Y agregó: “Ojalá este dictamen anticipe el acompañamiento en las comisiones restantes, de Ambiente y Presupuesto, para que antes de fin de año podamos tener la media sanción en el recinto”.

“Celebramos esta unidad política para dar una señal clara de compromiso en defensa de nuestro ambiente. El artículo 41 de la Constitución nos otorga el mandato de proveer a la preservación del patrimonio natural y cultural y la diversidad biológica. Tenemos el deber de honrarlo y la posibilidad de respaldar el esfuerzo de muchísimas personas dirigidos a que el Parque y la Reserva Nacional Ansenuza sean una realidad, y conformarán la tercer Área Nacional Protegida en Córdoba, junto al Parque Nacional Quebrada del Condorito y el Parque Nacional Traslasierra”, remarcó Austin.

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, cuya presidenta es Cecilia Moreau (FdT), se reunió este martes y dio dictamen al proyecto de ley para la creación del Parque Nacional Islotes Lobos y el Parque Nacional Ansenuza. Por otro lado, se dio tratamiento a la instauración de días conmemorativos como el Día Nacional de la juventud comprometida, en homenaje a las víctimas de la tragedia de Cromañón.

La diputada Brenda Austin (UCR – Córdoba) manifestó: “Estamos tratando un tema importante para la provincia de Córdoba que tienen acuerdo de los tres espacios mayoritarios.  Muchos de los territorios que fue necesario delimitar, están bajo agua por las características que tiene la laguna de Mar Chiquita, donde tiene un 66% de aves migratorias, hay especies de flamencos, la potencialidad que tiene en términos ecosistémicos, ameritaba en dar este paso de convertirse en patrimonio y en parque”.

“En Córdoba en gran parte de la zona oeste y norte es una zona que se practica la ganadería y una zona de poco desarrollo en términos laborales, hoy la creación de ese parque nacional va a ser una gran oportunidad de crecimiento. Trabajar para expandir las tierras protegidas”, resaltó la legisladora radical.

En el mismo sentido, Gabriela Estévez (FdT – Córdoba) recalcó “el consenso que tiene en Córdoba la creación del Parque Nacional de Ansenuza que obtuvo el verdadero compromiso por parte del Ejecutivo Nacional. Son proyectos importantes que tienen el consenso de los espacios y el respaldo de la sociedad”, y concluyó: “No solo genera turismo, sino condiciones de trabajo que mucho necesitan los trabajadores del norte de la provincia”.

“La creación de áreas protegidas es fundamental para preservar los recursos naturales. Además, brinda una serie de servicios ecosistémico para la sociedad. Contribuyen a la preservación de las cuencas hidrográficas, a los suelos, a la mitigación de las consecuencias del cambio climático, ayudan a prevenir plagas, son un lugar propicio a para investigaciones, se pueden desarrollar actividades turísticas, hemos planteado como objetivo la ampliación de parques nacionales”, afirmó el director general de Parques Nacionales.

Mediante el proyecto de ley de la creación del Parque Nacional Islote Lobos, que cuenta con media sanción del Senado, se acepta la cesión de terrenos efectuada por la provincia de Río Negro al Estado Nacional y se transfieren el total de los sectores fiscales (intermareal y marino). Asimismo, se acepta la cesión sobre un conjunto de parcelas de propiedad privada (sector terrestre).

El área natural se sitúa sobre el golfo San Matías, en la costa atlántica de Río Negro, en cercanías a la localidad de Sierra Grande. Posee 18.000 kilómetros cuadrados y es el segundo golfo más extenso de Argentina, caracterizado por una importante producción biológica, amplitud de mareas y buena renovación de las aguas.

De acuerdo a la iniciativa, el Estado Nacional deberá registrar los respectivos planos dentro del plazo de dos años; y radicar la Intendencia del futuro Parque Nacional y un centro de informes en la ciudad de Sierra Grande y de un segundo centro de informes en la localidad de Playas Doradas.

Además, tendrá la obligación de conservar el patrimonio cultural, arqueológico, paleontológico, evitando la pérdida y su deterioro; y de realizar las gestiones necesarias para evitar el ingreso de animales domésticos y promover la gradual erradicación de especies de flora y fauna exóticas en toda el área protegida.

Con la creación de este parque se busca proteger a 19 especies de reptiles, 27 especies de mamíferos terrestres nativos, 61 especies de aves marinas y costeras, y 94 especies de aves terrestres.

En parte, el proyecto de creación del Parque Nacional Ansenuza se unificó entre iniciativas presentadas por las diputadas cordobesas Brenda Austin (UCR) y Gabriela Estévez (FDT). Establece que se acepte la cesión de los terrenos que la provincia de Córdoba otorga en favor del Estado Nacional. Se trata de la jurisdicción ambiental y dominio sobre un sector de los Bañados de Río Dulce (475.477 hectáreas) para la creación de una Reserva Natural; y del sector de la Laguna de Mar Chiquita o Ansenuza (185.936 hectáreas) para la creación del Parque Nacional.

Este gran humedal presenta el 66% de todas las especies de aves migratorias y playeras registradas para Argentina, concentra casi el 36% de la avifauna del total del país (380 especies de aves registradas) y el 85% de las 447 especies de aves citadas para la provincia de Córdoba. Además, la región alberga las tres especies de flamencos existentes en Sudamérica.

Además, existen otras especies registradas, que comprenden alrededor de 32 mamíferos, 16 anfibios, 37 reptiles, 50 peces aproximadamente y un número de insectos que aún no han sido precisado.

También pasó a la firma el proyecto de ley para instaurar el Día Nacional de la juventud comprometida, del cual la diputada Paula Penacca (FdT) destacó: “Reafirmar la importancia de poder dictaminar el proyecto es un reconocimiento a la juventud comprometida, es la tragedia de Cromañón fue una marca, un suceso trágico que se llevó la vida de 194 jóvenes y creemos que agregarlo a la curricular escolar es reparador para generar ese proceso de memoria y de conciencia colectiva”.

“Tiene que tener un efecto reparador a la juventud que es estigmatizada. Habla de los valores que tiene la juventud que en ese momento muchos se ayudaron entre sí, los jóvenes son el efecto dinamizador. Ese día de la tragedia muchos perdieron su vida al ingresar para poder ayudar y salvar la vida de otros. Es importante poder dejarlo instituido, nos permite construir esa memoria colectiva para que el Estado no lleve más estos momentos de desidia y debe cuidar la vida y la salud de la población”, determinó Penacca, mientras que Victoria Morales Gorleri agregó que “este proyecto que sea una reflexión en el ámbito escolar”.

También se pasó a la firma el proyecto de ley para instituir el Día Nacional del Turismo cada 30 de marzo, el Día del Amor Maternal en conmemoración a la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo.

Desde la COP26, la senadora nacional Gladys González y la diputada nacional Brenda Austin formaron parte este martes del lanzamiento del Observatorio Parlamentario de Cambio Climático y Transición Justa (OPCC), con el objetivo de contribuir a que los compromisos asumidos por el gobierno argentino ante la comunidad internacional se conviertan en “acciones climáticas concretas y ambiciosas”.

Este nuevo espacio integra a parlamentarios de 12 países de América Latina y el Caribe y tiene como objetivo constituir una herramienta de información compartida sobre el estado de situación de la legislación y el tratamiento parlamentario ambiental. Fue creada con el acompañamiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el respaldo de EUROCLIMA+, el programa de cooperación regional entre la Unión Europea y América Latina enfocado en políticas públicas para abordar el cambio climático.

Durante la presentación, que se realizó en uno de los pabellones de la Zona Azul de la COP26 en Glasgow, las legisladoras de Juntos por el Cambio (JxC) coincidieron en advertir que los compromisos asumidos por el presidente Alberto Fernández ante esta histórica Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático “están lejos de tener reflejo en políticas concretas” y, a la vez, son “poco ambiciosos” en un momento en que el mundo necesita avanzar hacia una transición justa, por lo que pidieron “pasar de las palabras a la acción ambiental”.

 “En este punto límite en el que nos encontramos quiero destacar la importancia de la cocreación de esta herramienta para compartir las experiencias exitosas en la región y potenciar legislaciones ambientales basadas en la evidencia científica. Pero, además, esta iniciativa responde a la necesidad de un mayor control cruzado para que se efectivicen en nuestros países los compromisos asumidos y se garantice el acceso de la sociedad civil a información no sólo sobre las leyes que se aprueban, sino también las iniciativas que sufren demoras”, advirtió Austin, vicepresidenta de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.

La referente de la UCR de Córdoba agregó: “Además de hacer grandes anuncios los países deben cumplirlos. En la Argentina es tiempo de asumir que necesitamos políticas integrales en toda la matriz de desarrollo, destinando los recursos necesarios para financiar la transición. Nuestro crecimiento económico y desarrollo social van a estar atados a nuestra capacidad de anticipar y entender las demandas de un mundo que está cambiando y que va a generar nuevas oportunidades”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, Gladys González, afirmó: “En estos momentos los gobiernos del mundo firman declaraciones con compromisos, que por supuesto ayudan, pero muchas veces quedan como meros compromisos. Ante esto surge la indignación de la ciudadanía, fundamentalmente los jóvenes, que nos reclaman y exigen que hagamos algo distinto. Hoy con mis compañeros parlamentarios no venimos a anunciar lo que vamos a hacer. Venimos a contar lo que ya estamos haciendo. Esperamos ser cada vez más”.

Más en detalle, González expresó que el Observatorio “implica un Congreso transparente, abierto y participativo que decide dejar de mirar para otro lado y hacerse cargo del problema” y añadió: “Queremos poner al servicio de la ciudadanía una herramienta más de control y darles a los parlamentarios de América Latina y del mundo un mecanismo para acelerar la construcción de normas de vanguardia en cuanto a la mitigación y adaptación al cambio climático”.

“No hay acción climática sin acción parlamentaria. No hay más tiempo, ahora es el momento de actuar”, concluyó la senadora del Pro por la provincia de Buenos Aires.

Del lanzamiento del Observatorio participaron una quincena de parlamentarios de doce países, entre ellos Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Colombia y Costa Rica, además del presidente de la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados de España, Juan Antonio López de Uralde Garmendia, el parlamentario del Reino Unido Alex Sobel y el director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, José Luis Samaniego.

Luego de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, participara de la Cumbre de Líderes de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que se desarrolla en Glasgow (Escocia), y anunciara que el Gobierno impulsará una nueva Ley de Bosques, la diputada nacional Brenda Austin (UCR-Córdoba) utilizó su red social de Twitter para cuestionar: “Hay que dejar atrás el ambientalismo de cotillón”.

El jefe de Estado comunicó este martes que se tomarán “medidas profundas para erradicar la deforestación ilegal, tipificándola como delito ambiental”, y que se girará al Parlamento un nuevo proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, ante lo que la legisladora radical manifestó: “El presidente dice que quiere erradicar la deforestación ilegal tipificándola como delito. En buena hora”. En ese sentido, recordó que “hace más de un año junto a (la senadora) Gladys González venimos impulsando este debate en ambas cámaras y el kirchnerismo sin querer avanzar”.

“El Gobierno no puede seguir improvisando. Asumir compromisos internacionales y comprometerse con la reducción de emisiones exige venir a casa y cumplir. Podría empezar con sus gobernadores de las provincias del norte que tienen las tasas más altas de desmonte”, sugirió la referente que integra la coalición de JxC.

Además, la vicepresidenta de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara baja enfatizó: “A la vez, la ley de bosques no necesita ser reformada sino cumplida. El recorte del Gobierno de Alberto Fernández constituye una afectación directa a los bosques nativos”. “Hay que dejar atrás el ambientalismo de cotillón. Políticas integrales, control, seguimiento, financiamiento”, resaltó.

Cabe recordar que la diputada radical había utilizado su cuenta de Twitter para expresar su rechazo al proyecto de Ley Presupuestario 2022 porque “implica el recorte más grande en la historia”, ya que solo otorga un “3 por ciento de lo que correspondería a la Ley de Bosques”.

Luego de que el INDEC anunciara que la pobreza llegó al 40,6% y alcanzó a 18,8 millones de personas, diputados radicales expresaron su preocupación, y exigieron que el gobierno tome medidas urgentes para bajar la inflación. “Que dejen de rezar a Dios y cambien de rumbo”, dijeron.

Mario Negri, jefe del bloque de la UCR, afirmó: “La pobreza en alza no es un dato socioeconómico, es una realidad que golpea a casi la mitad de los argentinos. Es una verdadera tragedia. El principal motivo ya no es la cuarentena sino la inflación que le ganó a los ingresos. El Gobierno debe desactivar ya la bomba inflacionaria”.

Y agregó: “La pobreza creció en todo el interior, salvo en la Patagonia. Esto incluye a Córdoba. Cuyo, NOA, NEA y la zona Pampeana tienen más pobres en 2021 que a fin de 2020. La salida de la cuarentena vino con una inflación galopante. Que el Gobierno deje de rezar a Dios y cambie de rumbo”.

Otro cordobés, el diputado del Pro Héctor Baldassi, señaló que “necesitamos que el Estado le saque el pie de encima e incentive a los que producen. Casi la mitad de los cordobeses viven en la pobreza y la desesperanza. Esta catástrofe social no se soluciona con medidas electoralistas”.

Brenda Austin expresó: “Que tragedia los datos sobre pobreza. Hay más chicos y chicas “pobres” que “no pobres” en nuestro país. Córdoba con un incremento enorme y arriba de la media nacional, otra vez. Revertir el círculo de deterioro de la Argentina es urgente. No hay futuro sin educación ni trabajo”.

Luis Petri sostuvo que “el 54% de los chicos son pobres en la Argentina. Así nuestro futuro está hipotecado. ¡Es urgente sacarlos de allí!”.

Hugo Romero destacó: “Mientras que el gobierno nos distrae con el anuncio de la vuelta del público a las canchas, el INDEC comunica que 4 de cada 10 argentinos/as están en situación de pobreza. ¡1 de cada esos 4 en indigencia! Es urgente accionar una sostenida reactivación económica”.

“La emisión monetaria con fines electorales y cortoplacistas solo seguirá agravando la situación de cara al futuro. El pueblo argentino necesita oportunidades de empleo y para eso el Estado debe generar confianza en la economía, con menos presión fiscal y más seguridad jurídica”, agregó Romero.

El candidato a diputado Martín Tetaz señaló que “finalmente 40,6% de los argentinos son pobres y 10,7% pasan hambre. La brecha de pobreza de los hogares pobres (el dinero que se necesitaría para eliminar la pobreza por ingresos) es de $900.000 millones mientras que el Estado planea gastar 1,39 billones en subsidiar servicios”.

“40% de pobreza y el gobierno destina $50.000.000 para investigar sobre género y diversidad. Están completamente ajeno a la realidad”, tuiteó por su parte Ramiro Marra, candidato a legislador porteño de La Libertad Avanza.

Emiliano Yacobitti consideró: “Ésta es la mayor hipoteca a futuro que tenemos los argentinos. Necesitamos trabajar de manera urgente en la educación, salud y alimentación de las chicas, chicos y adolescentes”.

Gabriela Lena dijo que “el Indec informó sobre los números que más nos duelen, los más urgentes. El 40,6% de los argentinos son pobres y el 8,2% indigentes. La ciudad más pobre del país es Concordia con el 56,1% y 15,8% de indigentes. Por más discursos que den, gritos y propaganda ésa es la realidad”.

Juan Martín subrayó: “11 millones de argentinos son pobres. No nos acostumbremos a esta verdadera tragedia. El camino para salir es el de la educación, el trabajo, la estabilidad y las reglas de juego claras. Que los volantazos del gobierno sean para corregir el rumbo y no para saldar internismos”.

El Presupuesto 2022 sigue recibiendo críticas por parte de los diferentes partidos ante las disconformidades que presenta, en este caso la diputada nacional Brenda Austin (UCR – Córdoba) expresó su rechazo en su red social de Twitter porque “implica el recorte más grande en la historia”, ya que solo otorga un “3 porciento de lo que correspondería a la Ley de Bosques”.

En su primer tuit, la legisladora cordobesa advirtió: “El presupuesto que envío Alberto (Fernández) convalida un camino de retroceso en materia ambiental. Además de seguir apostando a los combustibles fósiles implica el recorte más grande en la historia de la ley de bosques”, y remarcó que “apenas un 3% de lo que le correspondería. Doble discurso a la orden”.

En suma, agregó que el Presupuesto 2022 “recorta, en términos reales, al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y al de Protección Civil y Riesgo de Desastre”, y comparó que “el mundo discute la preparación de las ciudades para que sean resilientes y el Gobierno recorta incluso a quienes se dedican a mitigar el daño. Increíble”.

Diputados de Juntos por el Cambio presentaron en forma conjunta el proyecto de ley definitivo para la creación del Parque y Reserva Nacional Ansenuza, luego de que la provincia aprobara la cesión al Estado Nacional de terrenos ubicados en torno a la Laguna de Mar Chiquita y los Bañados del Río Dulce, en el noreste cordobés.

La iniciativa lleva las firmas de los once legisladores que JxC tiene en la Cámara baja en representación de Córdoba, encabezados por la vicepresidenta de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Brenda Austin. Acompañaron el texto con su firma el jefe del interbloque de JxC, Mario Negri, Héctor Baldassi, Luis Juez, Soher El Sukaria, Gabriel Frizza, Adriana Ruarte, Víctor Hugo Romero, Leonor Martínez Villada, Diego Mestre y Soledad Carrizo.

El proyecto se trata del último paso de un largo trabajo que comenzó en 2017 para conformar esta nueva área protegida en nuestro país, en articulación con Aves Argentinas y otras ONG’s ambientales, en un territorio de relevancia a nivel mundial, por tratarse de un ecosistema clave para la conservación de la biodiversidad.

La laguna Mar Chiquita o Mar de Ansenuza es conocida por sus aguas saladas y forma parte de la lista de Sitios Ramsar, que integran los humedales de importancia internacional. La categoría de Parque Nacional implicará dotar a este ecosistema tan relevante en términos ambientales del máximo estándar de conservación; asegurar la protección a perpetuidad de sus valores naturales y culturales; poner un freno a las amenazas que acechan y potenciar su posicionamiento como destino de ecoturismo, impulsando el desarrollo local.

“Celebramos este gran gesto de unidad política para dar una señal clara de compromiso en defensa de nuestro ambiente. El artículo 41 de la Constitución nos otorga el mandato de proveer a la preservación del patrimonio natural y cultural y la diversidad biológica. Tenemos hoy el deber de honrarlo y la posibilidad de respaldar el esfuerzo de muchísimas personas dirigidos a que, finalmente, el Parque y la Reserva Nacional Ansenuza sean una realidad”, remarcó Austin, impulsora de la iniciativa y quien viene acompañando desde hace años el avance de este proceso.

La presentación del proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación se produce luego de que el pasado 25 de agosto la Legislatura de la provincia de Córdoba aprobara la cesión de dominio y jurisdicción ambiental de las tierras al Estado Nacional. La donación de fondos internacionales por parte de la Fundación Wyss para crear la infraestructura necesaria para este futuro Parque Nacional estaba condicionada a que la ley de transferencia se produjera antes de diciembre del 2021.

Finalmente, el Parque Nacional tendrá una superficie aproximada de 185.939 hectáreas que se encuentran dentro del espejo de agua de la Laguna Mar Chiquita, en tanto que la Reserva Nacional estará conformada por 475.477 hectáreas, correspondiente con los humedales de los Bañados del Río Dulce y la parte norte de la laguna. Juntos conformarán la tercera Área Nacional Protegida en Córdoba, junto al Parque Nacional Quebrada del Condorito y el Parque Nacional Traslasierra.

La laguna Mar Chiquita constituye la superficie lacustre más grande de Argentina, el mayor lago salado de Sudamérica y el quinto en el mundo. Junto a los Bañados del Río Dulce conforma un enorme humedal de alrededor de un millón de hectáreas que en 2002 ha sido reconocido como Sitio Ramsar por su valor clave para la conservación de la biodiversidad a nivel global. Esta región se reconoce como un oasis en medio del desierto, cuyos montes, costas barrosas, bañados y pastizales dan refugio a diversas especies de fauna y flora silvestre.

La diputada nacional Brenda Austin (UCR) presentó este lunes un proyecto de ley para promover, a través de un régimen de incentivos, la medición, reducción y compensación de la huella de carbono en todo el territorio nacional, a fin de contribuir con la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y fortalecer las políticas climáticas en el marco de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país.

Desde un proceso de construcción colaborativa y de apertura a la ciudadanía, el anteproyecto de esta propuesta fue compartido en el Portal de Leyes Abiertas de la Cámara de Diputados. En esta plataforma y durante el lapso de un mes, se recibieron 31 aportes y 43 apoyos, que fueron evaluados para integrarlos a la versión final, la que recolectó además el apoyo de más de una veintena de diputados y diputadas de Juntos por el Cambio.

La propuesta busca, a partir de incentivos fiscales y crediticios, fomentar la participación voluntaria del sector privado en la gestión de su huella de carbono, alentando para ello la transformación de actividades hacia el uso sostenible de los recursos y el desarrollo neutro en carbono, como parte de una estrategia de largo plazo que potencie la acción climática.

En ese sentido, se apunta a impulsar el compromiso climático a nivel individual y corporativo partiendo de la medición y el reporte de la huella de carbono que generan, a través de un registro y un sistema de monitoreo, para así promover la reducción y la compensación a través de diversas alternativas.

“El contexto climático global exige una respuesta sistémica, urgente y decidida. En la Argentina, las emisiones per cápita se encuentran por encima de la media de países del G20, por lo que es imperativo fortalecer las políticas climáticas nacionales y potenciar aún más los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el corto plazo, como una verdadera oportunidad para acompañar una recuperación postpandemia con bajas emisiones y respaldar nuestros compromisos internacionales”, advirtió Austin, vicepresidenta de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.

La Argentina, de acuerdo a las disposiciones del Acuerdo de París, presentó a fines de 2020 su segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), por la cual se comprometió a emprender acciones para estabilizar y reducir de manera progresiva las emisiones de cara al 2030 y a elaborar en 2021 el Plan Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, además de reafirmar la meta de carbono neutralidad para 2050. Más allá de reportar un avance en términos de su ambición, la nueva NDC es calificada como “insuficiente” para limitar el aumento de temperatura muy por debajo de 2°C y preferiblemente a 1,5°C, como plantea el Acuerdo de París.

“Es necesario y urgente que los compromisos climáticos enunciados en palabras se traduzcan en el corto plazo en acciones concretas y ambiciosas en todos los ámbitos de toma de decisiones públicas. Toda política que pensemos hoy debe considerar los objetivos globales de limitación del aumento de temperatura, abrazando una estrategia de desarrollo que integre el bienestar social, el progreso económico y el cuidado del ambiente desde una perspectiva de equidad intergeneracional”, enfatizó la legisladora cordobesa.

La huella de carbono es un indicador que mide las emisiones de gases de efecto invernadero que generan directa o indirectamente personas, instituciones, organizaciones o empresas en un período determinado. La medición representa un paso fundamental para conocer el impacto que se genera a nivel individual y así evaluar posibles medidas de reducción.

A su vez, esta iniciativa promueve la compensación como último eslabón para equilibrar aquellas emisiones que no pueden reducirse, bajo un enfoque de carbono neutralidad. Desde ese marco, se alienta el desarrollo de proyectos de compensación en la Argentina mediante la conservación y regeneración de ecosistemas que absorben emisiones, como los bosques nativos, y la reducción de emisiones significativas por medio de energías renovables.

El proyecto prevé el establecimiento de un sistema uniforme de medición de emisiones de GEI, basado en estándares internacionales; etiquetas de huella de carbono como una herramienta informativa para reconocer los esfuerzos voluntarios; el diseño de incentivos fiscales y crediticios para la inversión en tecnología, procesos y productos de baja generación de GEI; metas obligatorias de gestión de la huella de carbono del Estado junto a metas de medición para los sectores de mayor participación de emisiones a nivel nacional, entre otras medidas.

Entre los cofirmantes figuran Maximiliano Ferraro, Mario Arce, Federico Zamarbide, Gustavo Menna, Lorena Matzen, Gonzalo Del Cerro, Albor Cantard, Ana Carla Carrizo, Gabriela Lena, Lidia Ascarate, Camila Crescimbeni,Mariana Stilman, Mónica Frade, Victoria, Morales Gorleri, Alberto Asseff, Ximena García, Federico Frigerio, Mariana Zuvic, Gerardo Cipolini, Diego Mestre, Jorge Enríquez, Claudia Najul y Alicia Terada.

La diputada nacional Brenda Austin (UCR-Córdoba) presentó un proyecto de ley con el fin de que el Congreso institucionalice, a través de una Comisión Bicameral, un enfoque sobre las políticas climáticas nacionales porque “tiene un rol de contralor que cumplir” debido a que “la Argentina se encuentra dentro de los 20 países con mayor participación en el volumen de emisiones de gases”.

“Ante el grave diagnóstico de expertos vinculados a la ONU sobre el cambio climático, Congreso debe asumir un rol protagónico en el monitoreo de las acciones que lleva adelante el Poder Ejecutivo para cumplir con los compromisos internacionales y avanzar en políticas de desarrollo sostenible”, manifestó la dirigente radical.

La diputada (que forma parte del interbloque de JxC) recordó que la Argentina, de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo de París, presentó a fines de 2020 su segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por su sigla en inglés), por la cual se comprometió a “emprender acciones para estabilizar y reducir de manera progresiva las emisiones de cara al 2030 y a elaborar en 2021 el Plan Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, además de reafirmar el objetivo de carbono neutralidad para 2050”.

“Las metas que asumió el país respecto a la reducción de gases de efecto invernadero no pueden estar sujetas a la imprevisibilidad y a la falta de planificación de acciones concretas que contribuyan a su cumplimiento”, advirtió Austin y, por el contrario, resaltó que “se trata de compromisos internacionales que deben sostenerse más allá de este Gobierno, por lo que el Congreso tiene un rol de contralor que cumplir”, señaló la vicepresidenta de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano”.

Cabe destacar, que la nueva NDC es calificada como “insuficiente” por el Climate Action Tracker para limitar el aumento de temperatura muy por debajo de 2 °C y preferiblemente a 1,5 °C, como plantea el Acuerdo de París, a menos que otros países hagan reducciones mucho más profundas con un esfuerzo mayor.

Por su parte, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) publicó un informe que advierte sobre los gravísimos efectos que ya ha tenido el calentamiento global y los posibles escenarios en función de las emisiones proyectadas para las próximas décadas. “Si se considera el estado de situación global, la Argentina se encuentra dentro de los 20 países con mayor participación en el volumen de emisiones de GEI y a nivel per cápita supera las emisiones medias de países del G20”, de acuerdo con el último perfil elaborado por Climate Transparency.

Como consecuencia de ello, la propuesta de Austin es “crear una Comisión Bicameral de Acción Climática que tiene por fin fortalecer y monitorear el cumplimiento de los compromisos internacionales y, a la vez, incorporar la perspectiva climática en el presupuesto nacional de cada año”.  De esta manera, “se busca identificar en qué medida los recursos asignados y ejecutados contribuyen a las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático y al cumplimiento de las metas asumidas por nuestro país en el marco del Acuerdo de París”.

“Por ley, antes del 15 de septiembre el proyecto de presupuesto debe ingresar al Congreso. Tras la presentación de la nueva NDC, es momento de exigirle al Ejecutivo que transparente cuáles son las políticas de mitigación que se proyectan en el plan de gobierno a través de la asignación del gasto”, remarcó la diputada nacional.

El proyecto de ley fue acompañado por diputados y diputadas del bloque Juntos Por el Cambio y plantea que estén representadas en la Bicameral las autoridades de las comisiones permanentes con competencia en asuntos presupuestarios, ambientales, de ciencia y tecnología, agropecuarios y energéticos.

“Desde el entendimiento que la puesta en práctica de los compromisos ambientales necesariamente debe dialogar con la política energética y agropecuaria, por representar los sectores de mayores emisiones en el contexto nacional, y además requiere la mirada de la ciencia y la tecnología para acelerar la transformación. A su vez prevé la integración de dos autoridades de otras comisiones por cada Cámara, con la intención de propiciar un abordaje integral respecto a la acción climática y el desarrollo sostenible”, explicó la dirigente radical.

En suma, Austin recordó que “en la apertura de sesiones, el presidente dijo que caminaríamos hacia una ‘economía verde’ pero a la vez hablaba del impulso de los hidrocarburos e impulsaba la baja en el porcentaje de corte de los biocombustibles, el aumento de subsidios a los fósiles y el freno a las renovables”.

Además, la legisladora tildó de “pobre” la agenda ambiental del oficialismo y “se complementa con falta de información sobre temas clave como, por ejemplo, las negociaciones con China para la instalación de granjas porcinas o proyectos de acuicultura”, por lo que la situación global “exige planificar más allá de un ambientalismo de cotillón para llevar a la práctica nuestro aporte a los objetivos climáticos”.

Por último, la diputada nacional subrayó que “es necesario y urgente que los compromisos climáticos enunciados en palabras se traduzcan en el corto plazo en acciones concretas y ambiciosas en todos los ámbitos de toma de decisiones públicas”, y razonó que “toda política que pensemos hoy debe considerar los objetivos globales de limitación del aumento de temperatura, abrazando una estrategia de desarrollo que integre el bienestar social, el progreso económico y el cuidado del ambiente desde una perspectiva de solidaridad intergeneracional”.

La diputada nacional Brenda Austin (UCR) presentó este lunes en la Cámara baja un proyecto de ley para crear un “Pacto Educativo Intergeneracional”, con metas a largo plazo para “superar la crisis que afecta a millones de niños, niñas y adolescentes en todo el país a partir del impacto que produjo la pandemia de Covid-19 y el cierre de las escuelas”.

La propuesta fue elaborada bajo el convencimiento de que “la tragedia educativa que enfrenta la Argentina no se resuelve con parches, sino con una estrategia para los próximos diez años que contemple la participación de todos los actores del Sistema Educativo Nacional”, señaló la legisladora.

“Además de la propuesta del ministro (Nicolás) Trotta, necesitamos un compromiso sostenido para la recuperación de los aprendizajes no sólo de cara a la finalización del actual ciclo lectivo y el comienzo del 2022, sino con una estrategia de largo plazo. La evidencia muestra que el impacto provocado por la pandemia y el cese de la presencialidad va a producir un deterioro significativo en años de aprendizaje de toda una generación”, remarcó la radical, exsecretaria de Educación de la Ciudad de Córdoba.

La iniciativa, que fue acompañada por sus pares de Juntos Por el Cambio, declara la emergencia educativa en todos los niveles y modalidades desde 2022 a 2030 inclusive y pide considerar a la educación como actividad esencial.

Una de las bases del Pacto Educativo Intergeneracional es el aumento de la inversión en el área hasta alcanzar, en 2030, el uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) adicional a lo ya establecido en la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo.

“Así como en su momento la Ley de Financiamiento Educativo permitió a la Argentina llegar al 6 por ciento del PBI, en el contexto de la emergencia debemos destinar al menos un punto adicional del PBI a estas metas específicas orientadas a mitigar el impacto del Covid-19 sobre el sistema educativo”, explicó la diputada.

Entre estas metas se encuentran la ampliación de la presencia escolar a través de la extensión del calendario, llevándolo de manera gradual a los niveles de otros países del mundo y la región, con 195 y 200 días efectivos de clases, y también el cumplimiento de la modalidad de jornada extendida en escuelas públicas de todo el país. De esta manera, se busca “mitigar la pérdida de aprendizajes y reforzar la calidad educativa”, a fin de contrarrestar el impacto de la pandemia y las medidas de restricción de la presencialidad.

“Debemos trabajar sobre estrategias de largo plazo que efectivamente aumenten la presencia escolar de manera significativa a partir del cumplimiento de metas que tengan que ver con la jornada extendida y con ampliar el calendario escolar para que la Argentina pueda dar un paso adelante y, al menos, poder estar en niveles similares de países de la región”, consideró la cordobesa.

El proyecto busca además garantizar la inclusión de todos los niños y niñas de tres y cuatro años en el Nivel Inicial, priorizando en lo inmediato a los sectores más vulnerables; identificar a la población en edad escolar que se encuentre en riesgo de abandono o que haya abandonado el sistema educativo e instrumentar medidas para su acompañamiento; promover programas para jóvenes para acceder al empleo; incrementar las becas para la finalización de la Secundaria; promover la formación de docentes y equipos de apoyo para la innovación educativa; y fortalecer la inclusión digital para facilitar la escolarización no presencial.

Para ello, se propone la implementación de una evaluación inicial para contar con información precisa sobre el estado del sistema educativo en todo el país y, además, propone instancias de consulta y participación con todos los actores involucrados, incluyendo a las familias y a los niños, niñas y adolescentes, para consolidar el cumplimiento de estas metas.

“El Pacto Educativo Intergeneracional tiene que ser un esfuerzo de la comunidad en su conjunto con metas claras del Estado Nacional en términos de inversión. No alcanza con seguir pensando en parches de corto plazo, sino que debemos reconocer que nos encontramos ante una catástrofe generacional que demanda acciones de remediación para los próximos diez años”, subrayó Austin.

Con el mismo objetivo, la dirigente radical viene trabajando en una iniciativa titulada “Construir Futuro”, que convoca a la formación de una red de voluntarios y voluntarias de distintas edades y profesiones en Córdoba que quieran brindar acompañamiento educativo y ayudar a que los niños, niñas y adolescentes puedan terminar la escuela.

“No sólo hay que dar esta discusión en el Congreso sino también en el contexto en que vivimos, tejiendo redes en todo el territorio y favoreciendo la articulación con actores del sistema educativo para fomentar el acompañamiento escolar. Ante la actual crisis debe abrirse el juego para el diseño de medidas de contención y respuestas que refuercen el compromiso con la educación en lo inmediato, pero sin perder de vista el mediano y el largo plazo”, completó.

Entre los cofirmantes se encuentran sus pares Mario Negri, Maximiliano Ferraro, Victoria Morales Gorleri, José Riccardo, Marcela Campagnoli, Josefina Mendoza, Adriana Ruarte, Albor Cantard, Lidia Ascárate, Hernán Berisso, Hugo Romero, Roxana Reyes, Lorena Matzen, Gabriela Lena, Ximena García, Fabio Quetglas, Claudia Najul, José Cano, Carla Carrizo, Luis Juez, Mario Arce, Sebastián Salvador, Ezequiel Fernández Langan, Karina Banfi, Federico Zamarbide, Camila Crescimbeni, Gisela Scaglia, Gonzalo Del Cerro, Gustavo Menna, Alicia Terada, Héctor Stefani, Carmen Polledo, Diego Mestre, Silvia Lospennato, Facundo Suárez Lastra, Jorge Enríquez, Alberto Asseff y Leonor Martínez Villada.

La diputada nacional Brenda Austin (UCR-Córdoba) destacó este jueves, al cumplirse seis años del “Ni Una Menos”, que “la sociedad argentina ha logrado a lo largo de este tiempo ubicarse en otro nivel en términos de reconocimiento de derechos de las mujeres”, aunque remarcó que “aún tenemos mucho camino por delante en la búsqueda de la igualdad”.

“El Ni Una Menos significó darle un salto a la masividad respecto a lo que hasta ese momento era un reclamo de nicho, a sectores vinculados a la academia o sectores arraigados en el movimiento de mujeres. El Ni Una Menos fue un grito de indignación, pero también la posibilidad de poner una consigna, un horizonte y transmutar ese grito de bronca en la búsqueda de objetivos concretos. Si bien arrancó como una demanda contra el Estado en todos sus niveles, finalmente empezó a lograr avances en numerosos marcos normativos”, destacó.

Al participar de una charla organizada por la Juventud Radical de Córdoba, Austin remarcó que, más allá de los avances logrados en estos seis años, las cifras muestran que “desde que arrancó el movimiento de Ni Una Menos en la Argentina han ocurrido más 1.700 femicidios en el país, lo cual habla de todo el camino que nos falta recorrer”, especialmente teniendo en cuenta que “de ellas, dos de cada diez habían realizado al menos una denuncia en la Justicia” por hechos de violencia.

En este camino, la referente de la UCR remarcó además que “la pobreza y la informalidad tienen cara de mujer en la Argentina” y que, además, “en los empleos peores remunerados rankean las mujeres”, por lo que insistió en que “nuestra cultura aún tiene mucho que transformar”.

Austin también destacó el dictamen firmado este jueves en el plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad de la Cámara sobre el proyecto de ley que propone modificar el artículo 34 del Código Penal para que se agregue la figura de la legítima defensa en contexto de violencia de género en el ámbito intrafamiliar.

Y, en este contexto, ratificó la importancia de que el Congreso avance con el proyecto para otorgarle jerarquía constitucional a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, cuyo comité de expertos en sus recomendaciones ha solicitado la inclusión de esta interpretación sobre el alcance de la legítima defensa.

“Esta modificación viene a armonizar nuestro Código Penal con el enorme trabajo que ya viene desarrollando la Argentina a través de distintas leyes que se han ido aprobando, que implican reconocer la violencia de género como un problema estructural que requiere de pequeñas acciones en muchos espacios. Este es un paso importante que creemos que hay que dar para evitar la criminalización de mujeres víctimas de violencia”, señaló Austin.

La diputada explicó que, si bien “los convenios internacionales que la Argentina ha suscripto ya ordenan una interpretación que sea armoniosa con el bloque constitucional y que los jueces y juezas tengan perspectiva de género al juzgar, si incluimos ahora este aspecto en el Código Penal ningún juez, jueza o fiscal podrá dejar de contemplarlo”.

“Esta modificación da claridad y alcance homogéneo para toda la Justicia de todo el país y obliga a los jueces a contemplarlo. Es necesario para que este cambio de perspectiva no tenga que seguir esperando la acción individual, sino que tengamos una Justicia que rápidamente se actualice para incluir la perspectiva de género en los fallos que tienen que ver con hechos de violencia”, apuntó.

La diputada nacional Brenda Austin (UCR – Córdoba) repudió este miércoles la persecución por  a comerciantes y referentes de Padres Organizados en Córdoba ante las nuevas restricciones por la pandemia de coronavirus.

“El Ministerio Público de Córdoba ¿hace vigilancia de redes sociales? Quieren aclarar y oscurecen más. Persiguen a personas que quieren estudiar o trabajar. ¿Por qué no ponen la energía en evitar los delitos que asedian Córdoba o en la investigación del asesinato de Blas Correas?”, señaló Austin en una serie de mensajes publicados a través de Twitter.

La diputada participó este miércoles de una nueva reunión de las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos y Garantías, donde se debate un proyecto para establecer un régimen de prevención y erradicación de casos de violencia institucional por fuerzas de seguridad en todo el territorio nacional. A propuesta de Austin, fue invitada a exponer en esta reunión informativa Soledad Laciar, mamá de Valentino Blas Correas, el joven asesinado por la Policía de la Provincia de Córdoba el pasado 6 de agosto.

 “Escuchamos los dolorosos relatos de las madres que perdieron a sus hijos por violencia institucional en el último tiempo. Desgarradores. Soledad, mamá de Blas Correas con valentía denunciando la inacción y la responsabilidad política. Esto no es algo del pasado. La génesis de todo es creer que los decretos están por encima de la Constitución Nacional. Que nuestros derechos están en cuarentena”, remarcó Austin.

   Y agregó: “Ayer mismo la Policía de Córdoba intimidando a referentes de Padres Organizados y de comerciantes en sus domicilios. Frenemos esta locura de Estado policíaco sobre nuestros derechos. Frenemos antes que este espiral de violencia siga creciendo”.

La diputada nacional Brenda Austin (UCR Córdoba) presentó un proyecto de ley para crear un espacio de asesoramiento legislativo en el ámbito del Congreso de la Nación, la Oficina de Legislación Informada en Evidencia del Congreso (OLIEC), con el objetivo de “aportar información respaldada en conocimiento científico” para el proceso de análisis y producción legislativa.

La propuesta de Austin fue acompañada por una veintena de diputados de Juntos por el Cambio y busca “priorizar la creación, difusión y utilización de información certera, robusta y rigurosa para mejorar la forma en la que se toman decisiones en el ámbito legislativo”, más allá de las diferencias políticas que pueden surgir a partir de esa información disponible.

“En el mundo ya encontramos importantes experiencias de legislación informada en evidencia para mejorar las decisiones en políticas públicas. Se trata de impulsar el asesoramiento científico en el Congreso a través de un organismo que sea plural e interdisciplinario para nutrir los procesos de generación, discusión y sanción de las leyes y mejorar la calidad del debate legislativo”, señaló Austin.

La iniciativa se enmarca en la discusión que se viene llevando adelante en el país en los últimos meses en torno al cierre de escuelas por la pandemia de Covid-19. Al respecto, Austin insistió en que “todas las medidas que han de tomarse en el contexto de la pandemia deben realizarse en base a la información disponible en el mundo y a partir de la integración de los saberes de distintas disciplinas”.

“Hoy más que nunca resulta necesario impulsar este debate. El contexto sanitario en que están inmersas nuestras instituciones, a su vez asediadas por la incertidumbre y la desinformación, abre una gran oportunidad para poder crear instancias que impulsen un modelo de labor legislativa abierto, participativo, metódico y respaldado en el conocimiento en el que se basan”, subrayó.

El proyecto propone que la Oficina de Legislación Informada en Evidencia del Congreso (OLIEC) produzca informes, recomendaciones y publicaciones sobre temas que sean materia de discusión legislativa y que acerque también al ámbito del Congreso las producciones científicas de organismos de ciencia, tecnología e innovación.

La iniciativa se enmarca en la discusión que se viene llevando adelante en el país en los últimos meses en torno al cierre de escuelas por la pandemia de Covid-19.

  La oficina deberá cumplir con principios de “imparcialidad, profesionalidad, transparencia y celeridad”. La selección del director y subdirectores se realizará mediante concurso público y la de los miembros del directorio y el control de la actividad de la oficina a través de un Comité constituido por representantes del Congreso, del Sistema Científico Tecnológico, las Universidades Nacionales y las Academias Nacionales.

   El proyecto fue acompañado con la firma del presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara baja, José Luis Riccardo, y sus pares José Luís Patiño; Victoria Morales Gorleri; Maximiliano Ferraro; Fabio Quetglas; Dolores Martínez; Alejandro Cacace; Hernán Berisso; Federico Zamarbide; Dina Rezinovsky; Claudia Najul; Gustavo Menna; Gisela Scaglia, Lorena Matzen, Gabriela Lena, Lidia Ascárate, Luis Petri, Josefina Mendoza, Carlos Fernández y Marcela Campagnoli.

La diputada nacional Brenda Austin (UCR Córdoba) reclamó este viernes por la campaña que el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y la Secretaría Derechos Humanos de la Nación que promueve la denuncia en torno al desarrollo de las clases presenciales y lamentó que ambos organismos no tengan “el mismo empeño” para recibir los pedidos de los miles de niños, niñas y adolescentes que perdieron contacto con la escuela o para atender los repetidos hechos de violencia institucional que se registraron en el país durante la pandemia.

“Me preocupa que el Inadi y la Secretaría de Derechos Humanos abran líneas para denunciar a aquellos que garantizan el derecho a la educación, un derecho que el Estado debe garantizar”, señaló Austin en el plenario de comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos y Garantías de la Cámara baja.

En este sentido, remarcó que se trata de “dos organismos clave para garantizar el respeto de los derechos humanos en la Argentina, especialmente durante la pandemia” y agregó: “Que justamente abran un canal para recibir denuncias contra aquellos que están garantizando el derecho a la educación, algo definido recientemente por la Corte y que es un derecho humano fundamental para el desarrollo integral de las personas, es tremendamente grave”.

La diputada insistió en que la Secretaría de Derechos Humanos “debería, en realidad, estar poniendo todo el esfuerzo para que las situaciones de violencia institucional que se repiten en la Argentina sean parte del pasado y del compromiso real del Nunca Más” en lugar de promover este tipo de campañas de denuncia.

 “Me hubiera gustado encontrar tanto al Inadi como a la Secretaría de Derechos Humanos abriendo las puertas para poder escuchar, por ejemplo, las historias de los chicos y chicas de Chubut que estuvieron más de tres años sin clases. Si eso no es la negación de un derecho tan básico como el derecho a la educación… ¿Qué es?”, señaló Austin.

Y completó: “Me hubiera gustado también que tuvieran el mismo compromiso y empeño para poder recibir las denuncias que estaban llevando adelante padres, madres, adolescentes, niños y niñas que no tenían acceso a la conectividad en medio de la pandemia y atender la situación del millón y medio de alumnos/as que dejaron la escuela. Cumplir su rol también era eso”.

La diputada nacional Brenda Austin visitó, junto a sus pares radicales de la provincia de Córdoba, la fábrica de etanol a base de maíz Bio 4, en Río Cuarto, donde volvió a reclamar al Gobierno nacional que impulse el tratamiento “urgente” de la prórroga de la Ley de Biocombustibles. La legisladora advirtió que “está en riesgo” este sector productivo, que genera miles de puestos de trabajo y ayuda a diversificar la matriz energética en el país. 

“Hoy reafirmamos nuestra convicción de que la industria de los biocombustibles en la Argentina y en especial para Córdoba representa una valiosa fuente de generación de empleo y de desarrollo de las economías regionales, pero también del equilibrio que debe haber con el cuidado del ambiente. Estamos muy preocupados por la falta de certezas que está dando el gobierno nacional respecto a la continuidad de esta política. Faltan 20 días y el sector está en riesgo. Le estamos pidiendo al oficialismo el tratamiento urgente de la ley”, remarcó Austin tras una recorrida por la planta. 

En este sentido, pidió “poner por encima los intereses de los sectores productivos de la provincia, que son en definitiva los intereses de la gente”, e insistió en que “la idea de que quien produce está en contra de la sociedad es un esquema que solamente nos lleva a un retroceso como país”. 

“Queremos que se apruebe la prórroga y luego, por supuesto, sentarnos con todos los actores a discutir nuevamente una estrategia para potenciar al sector. Entendemos que es clave avanzar con políticas públicas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y contar con un marco normativo claro para desarrollar estrategias energéticas renovables y menos nocivas para el ambiente, a la vez que se garantice la seguridad jurídica”, apuntó Austin, vicepresidenta de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. 

Al visitar también durante la jornada la sede de la Sociedad Rural local, donde se reunió con autoridades, Austin advirtió que “el mundo entero va camino a aumentar los cortes de biocombustibles para tratar de cumplir con las metas de reducción de las emisiones de carbono” y que, “si prospera alguna de las iniciativas que impulsa el oficialismo, la Argentina sería el primer país que iría en la dirección contraria, apostando a los combustibles fósiles y no a diversificar la matriz energética”. 

En la planta Bio 4, donde se elabora etanol combustible a partir del maíz, Austin realizó una recorrida acompañada por sus pares Soledad Carrizo, Diego Mestre y Hugo Romero, los legisladores Antonio Rins y Juan Jure, el intendente de Bell Ville Carlos Briner y el electo presidente del Comité Provincia, Marcos Carasso. Luego la comitiva se trasladó al Comité Departamental de la UCR, donde se reunió con el presidente electo Gonzalo Lozada, su vice José Luis Beltramone, el dirigente Gabriel Abrile, el concejal Marcos Curletto y el Intendente Vicuña Mackenna, Roberto Casari. 

“Es nuestra responsabilidad fortalecer los vasos comunicantes con la sociedad y tomar decisiones intergeneracionales, con los jóvenes. El radicalismo tiene un lugar que ocupar para superar la grieta y, para ello, hay que sumar gente en cada rincón de Córdoba, dejando de lado los intereses personales por los intereses colectivos, que son los de la sociedad. Ese es nuestro desafío”, remarcó allí. 

La diputada nacional Brenda Austin visitó, junto a sus pares radicales de la provincia de Córdoba, la fábrica de etanol a base de maíz Bio 4, en Río Cuarto, donde volvió a reclamar al Gobierno nacional que impulse el tratamiento “urgente” de la prórroga de la Ley de Biocombustibles, tras advertir que “está en riesgo” este sector productivo que genera miles de puestos de trabajo y ayuda a diversificar la matriz energética en el país.

“Hoy reafirmamos nuestra convicción de que la industria de los biocombustibles en la Argentina, y en especial para Córdoba, representa una valiosa fuente de generación de empleo y de desarrollo de las economías regionales, pero también del equilibrio que debe haber con el cuidado del ambiente”, señaló.

La radical sostuvo: “Estamos muy preocupados por la falta de certezas que está dando el Gobierno nacional respecto a la continuidad de esta política. Faltan 20 días y el sector está en riesgo. Le estamos pidiendo al oficialismo el tratamiento urgente de la ley”.

En este sentido, la legisladora de Juntos por el Cambio pidió “poner por encima los intereses de los sectores productivos de la provincia, que son en definitiva los intereses de la gente”, e insistió en que “la idea de que quien produce está en contra de la sociedad es un esquema que solamente nos lleva a un retroceso como país”.

“Queremos que se apruebe la prórroga y luego, por supuesto, sentarnos con todos los actores a discutir nuevamente una estrategia para potenciar al sector”, resaltó, en referencia al proyecto aprobado por unanimidad en el Senado, pero que está trabado en la Cámara baja, luego que el oficialismo anunciara su intención de tratar una iniciativa alternativa.

La vicepresidenta de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano en Diputados subrayó: “Entendemos que es clave avanzar con políticas públicas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y contar con un marco normativo claro para desarrollar estrategias energéticas renovables y menos nocivas para el ambiente, a la vez que se garantice la seguridad jurídica”.

Al visitar también durante la jornada la sede de la Sociedad Rural local, donde se reunió con autoridades, Austin advirtió que “el mundo entero va camino a aumentar los cortes de biocombustibles para tratar de cumplir con las metas de reducción de las emisiones de carbono” y que, “si prospera alguna de las iniciativas que impulsa el oficialismo, la Argentina sería el primer país que iría en la dirección contraria, apostando a los combustibles fósiles y no a diversificar la matriz energética”.

En la planta Bio 4, donde se elabora etanol combustible a partir del maíz, la diputada realizó una recorrida acompañada por sus pares Soledad Carrizo, Diego Mestre y Hugo Romero; los legisladores provinciales Antonio Rins y Juan Jure; el intendente de Bell Ville, Carlos Briner; y el electo presidente del Comité Provincia, Marcos Carasso.

Luego la comitiva se trasladó al Comité Departamental de la UCR, donde se reunió con el presidente electo Gonzalo Lozada, su vice José Luis Beltramone, el dirigente Gabriel Abrile, el concejal Marcos Curletto y el intendente de Vicuña Mackenna, Roberto Casari.

“Es nuestra responsabilidad fortalecer los vasos comunicantes con la sociedad y tomar decisiones intergeneracionales, con los jóvenes. El radicalismo tiene un lugar que ocupar para superar la grieta y, para ello, hay que sumar gente en cada rincón de Córdoba, dejando de lado los intereses personales por los intereses colectivos, que son los de la sociedad. Ese es nuestro desafío”, expresó Austin durante el encuentro.

La diputada nacional Brenda Austin (UCR-Córdoba) salió este viernes al cruce de Máximo Kirchner, que atribuyó “sensibilidad oportunista” a Juntos por el Cambio frente al tema de la presencialidad en las clases, y aseguró que el jefe del bloque del oficialismo en la Cámara baja “agrede a Juntos Por el Cambio sólo para ocultar la enorme tragedia educativa que están provocando” con el cierre de escuelas.

“Habla de que los niños y niñas deben volver bien alimentados, pero el cierre de las escuelas implicó para muchos chicos y chicas el cierre de comedores escolares, de lugares donde se detectaban situaciones de desnutrición, de exceso y bajo peso. La escuela no sólo es un ámbito de aprendizaje sino de socialización, donde además muchas situaciones de violencia intrafamiliar y abuso terminan encontrando espacio de denuncia”, remarcó Austin.

En este camino, la diputada se refirió a estudios de Unicef y Fundeps Argentina que demuestran que el reemplazo de los comedores escolares por módulos alimentarios redujo la calidad nutricional de los productos que se entregaron a las familias. Por ejemplo, a lo largo de estos meses “fue regla la ausencia de productos frescos, sin frutas ni verduras, y la distribución de ultraprocesados”, mientras que “los alimentos aptos para celíacos sólo se garantizaron en pocas provincias”.

“Unicef, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Academia Nacional de Educación, cientos de especialistas y organizaciones documentando que la presencialidad es indispensable para el desarrollo de los niños/as y que no es causa del aumento de contagios. Pero el oficialismo está sordo y ciego. El presidente no fundamenta sus decisiones con la evidencia que desde hace meses respalda el mundo entero y, mientras, Máximo Kirchner sale a agredir a Juntos Por el Cambio sólo para ocultar la enorme tragedia educativa que están provocando”, denunció.

La referente del radicalismo en la Cámara baja agregó que “el jefe del bloque de Juntos por Todos habla de la alimentación de los chicos y chicas, pero no ve que el cierre de los comedores escolares empeoró su comida”, al tiempo que en el país “crece la pobreza y los indicadores económicos y sociales desde que gobiernan no han dejado de empeorar”.

“Gobiernen y hagan su trabajo, pero háganlo mejor. Sean menos soberbios, escuchen voces de especialistas, lean la evidencia y los datos de sus funcionarios. Y, si después de eso aún cierran escuelas, el menos por vergüenza mantengan silencio y no digan que lo hacen por los ´pibes´”, completó.

En un trámite exprés, la Cámara de Diputados convirtió en ley este sábado el proyecto que declara zona de desastre y de emergencia ambiental, económica, social y productiva al departamento de Cushamen, en Chubut, y a El Bolsón, Río Negro, debido a los incendios forestales de los últimos meses.

La iniciativa, que había sido avalada en el Senado este mismo jueves, fue incorporada al temario de Diputados sobre tablas y finalmente recibió aprobación unánime, con la presencia en el recinto del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostentable, Juan Cabandié.

El proyecto fue impulsado por el senador oficialista Alfredo Luenzo y acompañado por sus pares de Chubut y Río Negro, y declara la emergencia por el término de 180 días prorrogables por el Poder Ejecutivo.

Paralelamente, los diputados Ignacio Torres (Pro) y Gustavo Menna (UCR) solicitaron tratar sobre tablas otros proyectos sobre asignación de aportes del Tesoro Nacional y pedidos de informes, pero en esos casos el Frente de Todos no acompañó.

“Los argentinos perdimos miles de hectáreas de bosques nativos, pero lo más importante es que hay más de 300 familias que perdieron absolutamente todo”, lamentó Torres, y destacó que “en estos momentos de crisis florece lo mejor de los argentinos, que es la solidaridad, y esto se vio con toneladas de donaciones”.

El legislador pidió: “Tomemos la responsabilidad institucional de, de una vez por todas, sobrevolar la maldita grieta, por lo menos en situaciones críticas como las que estamos viviendo. La política es más que solidarizarse por Twitter, es estar cerca de la gente”.

Torres agregó que “si bien los incendios están controlados, la situación sigue siendo muy difícil”.

A su vez, Menna relató que “el 8 de marzo se desató un incendio en la zona de El Maitén, en Chubut; al día siguiente se desató otro en Cholila, y por la tarde en la zona de Las Golondrinas, en Lago Puelo, que rápidamente se propagó por Cerro Radal y también involucró a El Hoyo”.

Menna contó que recorrió la zona junto a su par de bloque Brenda Austin, y se notificaron de que “las autoridades municipales de Lago Puelo tenían relevadas 421 viviendas totalmente destruidas, arrasadas por el fuego, y más de 20 en El Hoyo”.

El diputado advirtió que además de los daños materiales y las familias damnificadas, “este incendio se ha cobrado tres vidas humanas “.

De paso, aprovechó para criticar la respuesta del Gobierno nacional: “Estas 17.000 hectáreas afectadas y los incendios que el año pasado se cobraron un millón de hectáreas también revelan una gestión deficiente del Plan Nacional del Manejo del Fuego. Hubo una subejecución del 30% de las partidas el año pasado, e increíblemente se bajaron las partidas para el Plan en el Presupuesto 2021”.

Por su parte, Austin destacó que la declaración de emergencia “busca medidas concretas de asistencia, tanto en la ampliación de los fondos para la cobertura de planes sociales; la asistencia financiera especial a través de la banca pública y privada; y aportes no reintegrables tanto para viviendas como para actividades productivas”.

“Es de especial importancia mirar el mapa completo y ayudar a reconstruir una economía absolutamente dañada y a pobladores que han perdido sus viviendas”, dijo la cordobesa.

La iniciativa sancionada faculta al Poder Ejecutivo a brindar asistencia financiera especial para las actividades económicas damnificadas a través del otorgamiento de créditos con tasas de interés bonificadas en un 25% en las zonas declaradas en emergencia económica y social, y en un 50% en las zonas de desastre “sobre las vigentes en plaza”.

También se dispone la unificación de las deudas de las deudas que mantengan las explotaciones afectadas con cada institución bancaria interviniente; y la suspensión temporaria de “juicios y procedimientos administrativos por cobros de acreencias vencidas con anterioridad a la emergencia o desastre”.

Otra de las medidas enumeradas es la asistencia técnica y financiera a través de “aportes no reembolsables para gastos de reparación de viviendas y de inversión y operación para recomponer la capacidad productiva”.

Se faculta también a la AFIP y a la ANSES a instrumentar regímenes especiales de pago y medidas impositivas especiales, como la prórroga del vencimiento del pago de los impuestos que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias de las explotaciones afectadas; y la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal para el cobro de los impuestos adeudados.

Ante los incendios en La Patagonia, la diputada nacional Brenda Austin (UCR-Córdoba) exigió al Gobierno nacional que “destine de manera urgente recursos y fondos” tanto para contener los focos activos como para asistir a los damnificados por las enormes pérdidas materiales. También pidió avanzar en la regulación de los delitos ambientales en el Código Penal, al considerarlo “una deuda del Congreso de la Nación”.

“Si tuviéramos una Justicia especializada en materia ambiental no haría falta que el ministro de Ambiente anuncie que va a presentar una denuncia penal por incendios intencionales, sino que la Justicia actuaría de oficio. Es necesario tipificar figuras penales y contar con recursos judiciales especializados que den respuestas firmes ante estos lamentables hechos”, destacó Austin, vicepresidenta de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.

En este sentido, insistió en que “en nuestro país no existen figuras lo suficientemente claras en el Código Penal que consideren delitos a muchas de las acciones que estamos viendo hoy en el sur de la Argentina”. También remarcó la urgencia de avanzar con las propuestas presentadas en el Congreso que recuperan el anteproyecto de reforma del Código Penal y buscan crear un capítulo completo de delitos ambientales.

“Nuestro país tiene una gran dispersión en legislación ambiental y las sanciones administrativas previstas no son suficientes para alentar su cumplimiento. Por eso en octubre presentamos un proyecto de ley sobre delitos contra el ambiente, recuperando gran parte el proceso de reforma del Código Penal iniciado en 2017, con el objetivo de contar con una legislación penal sistematizada y coherente que brinde respuesta a las reiteradas afectaciones -intencionales o negligentes- a los bienes colectivos que conforman el ambiente”, señaló.

La diputada radical, que a fines de 2020 denunció públicamente en el Congreso el intento de recorte a la mitad los fondos destinados a combatir los incendios, presentó en febrero pasado un proyecto para que el Poder Ejecutivo informe sobre la “disponibilidad total de recursos” del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y las acciones impulsadas por el Ministerio de Ambiente para evaluar las áreas afectadas tras las recientes modificaciones introducidas en la Ley de Manejo del Fuego por iniciativa del diputado Máximo Kirchner.

En este contexto, volvió a advertir sobre la “catástrofe ambiental” que representan estos gravísimos incendios que se replican en distintos puntos del país y afectan ecosistemas estratégicos. De hecho, desde el arranque de 2021 y hasta el 20 de febrero último la superficie afectada en el país por el fuego se calcula oficialmente en 40.680 hectáreas, a lo que deben sumarse ahora los gravísimos focos de Chubut y Río Negro.

“Decían que los cambios en la ley de Manejo del Fuego eran necesarios para frenar los incendios intencionales y especulativos. Nosotros advertimos que, además de ser regresivos en materia ambiental y resultar difícilmente aplicables, no prevenían incendios, sino que apuntaban a legislar sobre las cenizas. Los lamentables incendios que continuaron a pocos días de esta supuesta ‘solución legal’, dan cuenta de ello”, remarcó Austin.

Y agregó: “Tenemos ya muchas leyes testimoniales en este país en materia ambiental, lo que necesitamos es que se cumplan. Para ello debemos trabajar en la prevención, el control, la disposición de recursos con un piso mínimo de inversión en el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, la creación de una Justicia especializada en materia ambiental y la introducción en el Código Penal de un capítulo específico para delitos ambientales”.

El discurso de apertura de sesiones fue una enorme oportunidad perdida. Alberto Fernández ensayó varios pasajes de “política de Estado”, “acuerdo nacional”, “unidad del país”. Sin embargo, si algo lo caracterizó fue la agresión constante y la acusación a otros. No hubo reconocimiento de errores, ni autocrítica real. Faltó visión de futuro y estrategia para llegar ahí. Fue el imperio de la sarasa. Mucha frase para la pancarta, poca para las políticas.

Una y otra vez el presidente ignora a la política como un actor clave para acuerdos de largo plazo. Lo hizo con el Consejo Económico y Social, y lo refuerza ahora. Agrede, agrede y agrede. Habla de federalismo, pero no de una genuina distribución de recursos que garantice autonomía. Ataca a la oposición y así a la mitad de los argentinos/as.

En materia educativa, títulos pomposos, porcentajes sesgados de aumento de inversión en ciertos programas, pero nada de la enorme catástrofe generacional que implica que más de un millón y medio de chicos/as hayan dejado la escuela.

Habla de bajar la inflación, pero la receta: control de precios. Habla de cuidar empleos, la herramienta prohibir despidos. Creen que se gobierna el país con la palabra (devaluada, poco clara y deshonesta), pero nunca mirando de frente los problemas reales que generan esas consecuencias.

En materia ambiental, enorme contradicción. Sigue la apuesta a los hidrocarburos, de espaldas a los acuerdos globales. No menciona biocombustibles, algo de lo que depende las economías regionales. Habla de economía circular pero no menciona iniciativas concretas para promoverlo. Habla de cuidar los bosques nativos, pero el presupuesto que mandaron recortaba los fondos para cuidarlos.

Menciona economía del conocimiento, como ejemplo de política de Estado, y olvida decir que lo congelaron todo el año hasta que hicieron de la ley una herramienta inservible e ineficaz.

Con la deuda, tiran títulos para la tribuna, boicoteando la necesidad de un acuerdo y miente cuando desconoce que el origen de la deuda proviene de sus propios gobiernos. Mentiras, medias verdades, sin hoja de ruta.

Atacó al Poder Judicial sin mesura. Otra vez la vuelta al pasado: incertidumbre sobre el mecanismo de selección y remoción de jueces ¿Qué quieren hacer? No lo dijo. Lo que sí: crear tribunales intermedios para sacarse de encima las denuncias de corrupción que pesan sobre ellos.

Habla del pleno respeto de los derechos humanos y que triplicaron las querellas, pero no menciona la violencia institucional, las muertes de personas por aplicación abusiva de sus decretos, ni las violaciones a DDHH en Formosa.

Esperábamos que diera señales bien claras condenando el Vacunatorio VIP, pero volvió a hablar sólo de errores, minimizando lo ocurrido, y cuanto le costó soltarlo a Ginés. No hay mención a políticas estrictas en materia de transparencia o acceso a la información pública.

Un discurso que da una profunda tristeza. Mas grieta, mas miopía, mas endogamia.

Una enorme oportunidad perdida.

La diputada nacional Brenda Austin (UCR) alertó este jueves sobre el riesgo que implica la presencia del genoma del virus SARS-CoV-2 (causante del Covid-19) en aguas residuales de la Ciudad de Córdoba y el Valle de Punilla, y solicitó al Gobierno nacional que, “en el marco de sus competencias, contribuya con el desarrollo de medidas de prevención, mitigación y saneamiento”.

La vicepresidenta de la Comisión Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano advirtió sobre el “riesgo sanitario y epidemiológico” que representa el potencial ingreso de este virus en cursos de agua superficiales de abastecimiento para uso recreativo y consumo humano, teniendo en cuenta la limitada cobertura de las redes cloacales y los volcamientos de efluentes sin tratamiento.

“Considerando los potenciales riesgos sanitarios de la situación y en ejercicio del principio precautorio, se insta al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través de los organismos sanitarios y ambientales competentes, contribuya con las autoridades provinciales y municipales en el diseño e implementación de inmediatos dispositivos de prevención, saneamiento y mitigación”, indica el proyecto presentado por la cordobesa.

Los datos surgen del trabajo de investigación realizado de manera conjunta por el Instituto de Virología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, el Ministerio de Salud de Córdoba y el Laboratorio Central de la provincia, entre otros. Entre los resultados se confirma la presencia del genoma del virus SARS-CoV-2 en aguas residuales, como reflejo de la tendencia de la circulación del virus en la Ciudad de Córdoba, Villa Carlos Paz, La Falda, Villa Giardino y Huerta Grande.

“A la ya preocupante situación ambiental de las aguas superficiales de la provincia de Córdoba se adiciona el potencial riesgo sanitario de constituir un vector de propagación del virus del Covid-19 en el actual contexto de emergencia sanitaria”, remarcó la legisladora radical.

Y agregó que “resulta menester atender los riesgos de manera precautoria y propiciar acciones coordinadas de prevención sanitaria, mitigación y saneamiento de la contaminación de cursos de agua con relevancia ecosistémica y valor turístico para la provincia de Córdoba”.

El proyecto fue acompañado por sus pares cordobeses de Juntos Por el Cambio Mario Negri, Soher El Sukaria, Luis Juez, María Soledad Carrizo, Adriana Ruarte, Diego Mestre, Leonor Martínez Villada, Víctor Hugo Romero y Héctor Baldassi.

Con dolor vemos las imágenes del bosque andino patagónico consumido por el fuego. Temperaturas extremas que rompen récords históricos y falta de humedad se convierten en un cóctel explosivo. Sin embargo, nada de esto fue imprevisto. Las condiciones meteorológicas se anticipaban hace semanas y nada se hizo para preparar el sistema de alerta temprana y contener a tiempo.

Durante 2020 y mientras Córdoba se quemaba sin contar con los recursos necesarios para combatir el fuego, buscábamos impedir, en el Congreso, que el oficialismo recortara los fondos del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y de Riesgos de Desastres. Luego vino el debate por la ley del fuego, que en honor a la verdad debería llamarse la “ley del humo”. Una ley que vendieron como herramienta para disminuir los incendios especulativos, pero lo único que hace es legislar sobre cenizas. Una ley que, además, baja la protección a perpetuidad que tenían los bosques -patagónicos entre otros- para poner, en cambio, un plazo mucho menor del que necesitan para recomponerse.

Vender humo, construir relatos, pero nunca anticiparse, preparase, construir políticas públicas efectivas. Ese no puede ser el camino para enfrentar estos retos.

Voy a decir una obviedad: el cambio climático también nos afecta a nosotros como país. Sin embargo, no estamos pensando en acciones reales de mitigación (reducir emisión de gases de efecto invernadero), ni adaptación (reducir nuestra vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático). La resiliencia de las ciudades, un tema clave a nivel global, en la Argentina está completamente ausente. Preparar las ciudades para el impacto del cambio climático salva vidas. Sin embargo, ver cómo recortan a la mitad el fondo para el Sistema de Gestión de Riesgos de Desastres es sólo un botón de muestra que refleja la miopía de quienes están gobernando.

Los problemas son complejos, las soluciones también. De mínima: equipen a los bomberos; inviertan en infraestructura necesaria; acuerden, diseñen y ejecuten programas de alerta y respuesta temprana que potencien la colaboración de las jurisdicciones antes de que sea tarde; y dispónganse a tratar los proyectos que crean las figuras de delitos penales ambientales. Y, luego, trabajemos en las acciones del mediano plazo para que las urgencias que se estampan como bichos contra el vidrio no nos impidan ver a dónde queremos ir y qué tenemos que hacer para revertir los problemas estructurales.

No es “la Argentina”, como dijeron en el Ministerio de Ambiente con resignación para justificar la falta de recursos. Es el modo en el que eligieron gobernar. No es con humo el camino, es con decisión política de priorizar, en serio, la defensa del ambiente.

La diputada radical Brenda Austin sostuvo que “el Gobierno debe garantizar las condiciones para la vuelta a las aulas con protocolos seguros”.

Tras la reunión que mantuvo este miércoles la mesa del interbloque Juntos por el Cambio, donde se abordó, entre otros temas, la situación de Formosa, la legisladora insistió con el pedido que viene encabezando la oposición respecto a las clases presenciales.

“A este pronunciamiento se suma la decisión de convocar a una serie de acciones en todo el país el 9 de febrero para reclamar por la vuelta a la presencialidad”, señaló la cordobesa.

Austin es autora de un proyecto de emergencia educativa, presentado en agosto de 2020 para declarar a la educación como una actividad esencial ante la pandemia de coronavirus.

“Desde entonces, en más de 15 provincias del país se replicó la iniciativa a través de las respectivas Legislaturas. Sin embargo, a pesar de la insistencia a través de diferentes vías, el oficialismo bloqueó el tratamiento y se negó a debatirlo”, cuestionó.

En línea con una movida en el mismo sentido hecha por los senadores del sector esta semana, diputados nacionales de Juntos por el Cambio encabezados por Brenda Austin, presentaron este viernes un proyecto de resolución para obtener información “precisa y detallada” sobre el estado de las gestiones realizadas por el gobierno nacional para que se garantice la presencialidad en el ciclo lectivo 2021 con protocolos seguros.

Solicitan al Ministerio de Educación de la Nación que informe sobre las acciones llevadas adelante para la vuelta a las aulas este año, las “variables o contextos” que a su criterio condicionan el inicio de las clases presenciales “y qué medidas están tomando para mitigarlas”.

Además, entre otros puntos, reclaman que se indique “qué estrategias se están implementando para garantizar la revinculación de los estudiantes que hubieran perdido contacto con la institución educativa”, “cuáles son las medidas de acondicionamiento sanitario contempladas” y “cuál es el plan y cronograma de ejecución de las obras de infraestructura escolar”.

“Se vuelve imprescindible garantizar la continuidad pedagógica presencial para los alumnos y alumnas de todos los niveles educativos, así como también su bienestar y seguridad. Frente a la falta de precisiones y certezas respecto al inicio presencial de clases en todo el país, creemos necesario que el PEN brinde respuestas precisas a la información solicitada”, indicó Austin, exsecretaria de Educación de la Ciudad de Córdoba.

La legisladora cordobesa, impulsora del proyecto de emergencia educativa por la pandemia de coronavirus, señaló que las “declaraciones contradictorias” del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Educación, Nicolás Trotta, “dan cuenta de la ausencia de una planificación real para la vuelta a clases” y advirtió que “no alcanza con decir que la voluntad es que comiencen las clases presenciales, sino que hay que explicar cómo”.

“No alcanza con la puesta en escena con guardapolvos blancos. Son necesarias políticas efectivas para que esos guardapolvos blancos estén dentro de las aulas. El deterioro que ha generado todo un año sin clases presenciales, sobre todo en los sectores más vulnerables, es una verdadera tragedia educativa que la Argentina va a cargar sobre sus espaldas por los próximos años. Necesitamos que esta sea la década de la educación para convertirla en una verdadera herramienta de transformación”, completó Austin.

Acompañaron la iniciativa con sus firmas los diputados Federico Zamarbide, Claudia Najul, Ximena García, Gerardo Cipolini, Juan Martin, Gustavo Menna, Aída Ayala, Karina Banfi, Roxana Reyes, Víctor Hugo Romero, Josefina Mendoza, Soledad Carrizo, Lidia Ascarete, José Luis Riccardo, Diego Mestre, Albor Cantard, Dolores Martínez, Gonzalo del Cerro, Estela Regidor, Marcela Campagnoli, Maximiliano Ferraro, Adriana Ruarte, Victoria Morales Gorleri y Gisela Scaglia.

Tras 13 horas de cuestiones ajenas al temario de la sesión -homenajes, cuestiones de privilegio y pedidos de apartamiento del reglamento-, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto de ley que busca promover la utilización de cisternas de doble descarga en las instalaciones sanitarias públicas y privadas.

El proyecto fue avalado pasada la medianoche, después de una fuerte discusión entre el oficialismo y Juntos por el Cambio sobre la validez de la sesión virtual, ya que la principal bancada de la oposición advirtió sobre el vencimiento del Protocolo de Funcionamiento Remoto.

La iniciativa sobre cisternas de doble descarga, que busca impulsar un uso eficiente y responsable del agua, fue presentada por la diputada Brenda Austin (UCR) y recibió 136 votos a favor, y hubo 6 abstenciones, más las de Juntos por el Cambio que no quedaron registradas, pero cuya secretaria parlamentaria adelantó antes de la votación, por considerar esa sesión “inválida y nula” por encontrarse vencido a juicio de la oposición el protocolo de sesiones. Antes de votar, la diputada Silvia Lospennato anunció el sentido del voto para agilizar el trámite ya tan demorado.

Precisamente Brenda Austin fue la encargada de defender el tema. Arrancó su discurso a las 2.30, trece horas después de la hora de inicio formal de la sesión,

“Este proyecto lo que busca es pedirle al estado que dé el ejemplo: que modifique sus pliegos de contrataciones”, ejemplificó la diputada. Las internas que ella propone permitirán reducir notablemente el consumo de agua en los inodoros. Y para concluir señaló que “Argentina está claramente por encima de la media de la región en el consumo por habitante por día. Nuestro país consume 318 litros, cuando lo esperado, lo óptimo, lo necesario, son 100. Un 83% más que la región y 6,3 veces más que lo que establece la OMS. Entonces nuestro compromiso cuando hablamos de sostenibilidad y sustentabilidad tiene que darse por supuesto en las grandes cosas, pero también en las pequeñas cosas que están al alcance de nuestra mano, de manera muy simple, que nos permite hacer algo tan básico, pero tan importante para el planeta, como es cuidar el agua potable”.

El texto establece que “el Poder Ejecutivo promoverá, por medio de las autoridades pertinentes, los estándares de eficiencia y las certificaciones de calidad necesarias para la fabricación” de las cisternas de doble descarga.

Por último, se dispone que la reglamentación deberá ser dentro de los 180 días posteriores a su promulgación, y se invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir a la norma.

Se le complicó de entrada a Alvaro González en la extensa sesión de este martes/miércoles. Fue con las cuestiones de privilegio de Juntos por el Cambio, que arrancaron con presentaciones contra el presidente de la Cámara de Diputados, como la que hizo la radical Brenda Austin, quien se quejó por los giros a comisiones que se les dan a los proyectos. En particular hizo una referencia a la vulneración de lo que establece el reglamento de los giros, al señalar puntualmente un proyecto suyo en el que “se resolvió de manera arbitraria ampliar el giro a la Comisión de Industria”, cuando en la Comisión de Recursos Naturales se había dictaminado y ya había pasado a Presupuesto, se quejó. “Un giro que es nulo, que pedimos sea dejado sin efecto”, concluyó.

Pidió la palabra entonces la vicepresidenta del bloque oficialista, Cecilia Moreau, quien sostuvo que “hay que cuidar el reglamento en todo momento, la verdad que por nota el bloque de Juntos por el Cambio pidió agregar el giro a la Comisión de Industria de la ley de etiquetado frontal, y así lo dispuso la Cámara. En este caso…”.

La interrumpió Alvaro González para aclarar que ese era un tema que debía ser tratado en comisión, pero la diputada oficialista -que hablaba en realidad de un proyecto distinto al que se había referido su par radical- insistió: “No, no, no… Y además los acuerdos se cumplen, y así como pidieron de manera informal que se constituya en comisión…”. El diputado Alvaro González insistió en salir del tema, reclamando respetar el reglamento, pero no hubo caso. “¡Laburen si quieren laburar! Las comisiones tienen que laburar una vez por semana y durante cuatro años no lo hicieron”, concluyó.

Los diputados nacionales de Juntos por el Cambio Maximiliano Ferraro y Brenda Austin presentaron este martes un proyecto de ley que le otorga jerarquía constitucional al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como “Acuerdo de Escazú”, recientemente aprobado por el Congreso Nacional a través de la Ley 27.566.

Esta jerarquía es otorgada en los términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución de la Nación, mecanismo que posibilita que tratados internacionales de derechos humanos gocen de jerarquía constitucional, mediante el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. El mismo fue habilitado a través de la reforma constitucional de 1994.

El Acuerdo de Escazú, que fue firmado por 24 países de América Latina y el Caribe, reconoce el derecho de todas las personas a un ambiente sano y se sostiene en tres pilares fundamentales: acceso a la información ambiental, participación pública en la toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia ambiental. Incluye también disposiciones para la protección de los defensores de los derechos humanos vinculados al ambiente.

A través de las recientes aprobaciones por parte del Congreso nacional de la Argentina y de México se alcanzaron las 11 ratificaciones necesarias para la entrada en vigor de este Acuerdo, que opera pasados 90 días de los depósitos de los correspondientes instrumentos de ratificación. Si bien la Argentina ya incorporó este tratado regional a su derecho interno, aún resta el correspondiente depósito del instrumento de ratificación ante la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que debe realizar la Cancillería.

El diputado nacional, jefe de bloque de la CC ARI y autor del proyecto, Maximiliano Ferraro, considera que el Acuerdo de Escazú es “una poderosa herramienta que tiene por objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Constituye además un instrumento de política multilateral regional, que permite concertar acciones coordinadas y unificar pautas para lograr la implementación plena y efectiva de los mencionados derechos”. Asimismo, Ferraro destacó que “la jerarquía constitucional para Escazú ha sido y es reclamada por distintas organizaciones ambientalistas y agrupaciones que impulsaron la aprobación de este Acuerdo en nuestro país y con las que hemos trabajado conjuntamente”.

Por su parte, la diputada nacional por la UCR Brenda Austin, cofirmante del proyecto, remarcó que “otorgar jerarquía constitucional al Acuerdo de Escazú implica reafirmar y fortalecer los derechos ambientales consagrados en nuestra Constitución, con especial énfasis en el principio de equidad intergeneracional y en la garantía de igualdad de oportunidades de todas las personas a participar en las cuestiones ambientales”.

Y agregó: “Creemos que están dadas las condiciones para dotar al Acuerdo de jerarquía constitucional por el marco de acuerdo y consenso político con el que aprobó el tratado, teniendo en cuenta que en ambas Cámaras fue prácticamente acompañado por unanimidad. Nuestra Constitución sabiamente establece una mayoría agravada, por lo que en este caso están dadas las condiciones de manera sobrada para hacerlo”.

Según los fundamentos del proyecto de ley presentado “la importancia del Acuerdo de Escazú radica en que se posiciona como una hoja de ruta consensuada a nivel regional para garantizar el respeto y el fortalecimiento de los derechos de acceso, como instrumentos que contribuyen, en definitiva, a consolidar la democracia, el desarrollo sostenible y los derechos humanos (…) la incorporación de este Acuerdo a la cúspide de nuestra pirámide jurídica, implica reafirmar el posicionamiento histórico que viene teniendo nuestro país a favor de la jerarquización de la protección de los derechos humanos, complementar los derechos y garantías reconocidos, y garantizar plenamente la vigencia de sus disposiciones dentro de nuestro ordenamiento y en cooperación con los demás Estados parte”.

Entre otros instrumentos internacionales, el Acuerdo de Escazú reafirma los principios de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano celebrada en Estocolmo en 1972, que declaró formalmente el derecho humano a un ambiente adecuado para vivir en dignidad y bienestar, con el consecuente deber de protegerlo y mejorarlo.

“El Acuerdo de Escazú constituye un hito fundamental para la consecución de un horizonte de desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, a través de un multilateralismo saludable que nos marca el camino para poder alcanzar mayores niveles de transparencia, protección e igualdad frente a los desafíos que este horizonte nos presenta”, sostiene el texto del proyecto de ley presentado.

Aprender a aprender es quizás lo más importante para la educación. El mundo está cambiando y lo está haciendo cada vez más rápido. Las profesiones se reinventan, los empleos se transforman. La revolución tecnológica es, a la vez, una revolución del conocimiento. 

Ya no hay más aprendizajes estáticos. Nada de lo que sabemos nos alcanza para siempre. “Aprender a lo largo de toda la vida” cobra cada día más importancia. Espacios de aprendizaje por doquier son imprescindibles para subirnos a un tren que acelera su ritmo. 

En este contexto, las habilidades que los niños y niñas desarrollan en los primeros años de vida son cruciales. Aprender a aprender, aprender jugando, es construir la caja de herramientas que llevaremos en nuestra vida y, sin duda, es lo más importante que podemos darles. 

Los resultados de las pruebas “Aprender 2019” ratificaron lo que ya sabíamos: los niveles de desempeño en la escuela primaria dependen en gran medida de cuándo se escolarizaron. Tanto en Lengua como Matemática, los estudiantes tuvieron mejores resultados cuanto más temprana fue su asistencia al nivel inicial. Por ejemplo, un 42% de quienes asistieron a salas de 3 años se ubicó en el nivel avanzado contra un 21,5% de quienes no asistieron. La evidencia es clara. Si queremos mejorar los resultados en términos de calidad hay que ir a dónde todo empieza: el jardín. 

El rol de la educación en la primera infancia también es clave para igualar en oportunidades. Si queremos romper el determinismo social que indica que niños y niñas que provienen de familias pobres tienen peores resultados educativos, dejan antes la escuela y no sueñan siquiera con ir a la Universidad, gran parte de la respuesta está en el jardín. 

Entonces, tenemos claro que la educación en la primera infancia es determinante. Pero ¿cuál es la situación en la Argentina? 

Un estudio de UNICEF y CIPPEC, previo a la pandemia, mostraba una enorme desigualdad. Las provincias tienen tasas de matriculación obscenamente desiguales: por ejemplo, en Tucumán apenas 53 de cada 100 niños acceden a la salita de 4 años. Mientras que en Ciudad de Buenos Aires 87 de cada 100. 

En la sala de 3 años es peor: salvo CABA y PBA, el resto de las provincias tiene coberturas por debajo del 40%. En Tucumán, para seguir con el ejemplo, sólo 7 de cada 100 niños asistían a sala de 3, contra 65 de cada 100 en CABA. Un escándalo. 

En la salita de 2 años o maternales, los datos son bajos en casi todo el país. En Tucumán es cercano al 0% pero en CABA 33%. 

En el acceso al jardín también se ve con mucha fuerza las desigualdades por contextos socioeconómicos. En las familias más pobres apenas 4 de cada 100 niños y niñas acceden a la sala de 2, contra 54 de cada 100 niños y niñas en el extremo más rico. En la sala de 3 la desigualdad persiste: sólo 41 de cada 100 niños en contextos de pobreza acceden, contra 83 del extremo más rico. 

Si “aprender a aprender” es crucial para el futuro educativo de cada persona, no todos ni todas están teniendo las mismas oportunidades. 

Ahora, ¿en manos de quién está la educación en la primera infancia? Más del 40% de la población lo hace en instituciones de gestión privada. Estos datos son más altos que en el resto del sistema. 

Según datos de CIPPEC, mientras el 70% de las escuelas privadas ofrece sala de 3, sólo el 47% de las de gestión estatal lo hace. En el jardín maternal las diferencias son mayores: el 35% de las privadas ofrece alguna sala para los niños y niñas de 45 días a 2 años, mientras que sólo sucede en el 10% de las públicas. ¿Qué nos indica eso? Dos cosas: primero la incapacidad del Estado de saldar la deuda y construir salas o jardines orientados a la primera infancia, ni siquiera para las poblaciones más vulnerables. La segunda, que mientras eso siga siendo así, quienes accedan serán sólo quienes tengan los recursos para pagarlo. La conclusión: la educación no será así la herramienta para igualar en oportunidades. 

Con esta radiografía de lo que ocurre, miremos lo que pasa en el contexto de la pandemia. Los pocos jardines que existían, y sobre todo aquellos que no forman parte de las instituciones educativas, han tenido enormes dificultades para subsistir. Apenas cerca de un 16% recibió los primeros ATP. Cerrados desde marzo, y aun contra la evidencia que muestra que los niños y niñas pequeños tienen menor contagiosidad que los adultos, siguen sin obtener protocolos que autoricen su reapertura. La indiferencia del Estado los dejó en la quiebra. 

Mientras en la Argentina nos negamos a discutir seriamente este tema, en Europa ante la segunda ola de contagios y la reinstauración del confinamiento, España, Francia y Alemania entre otros, eligieron mantener las escuelas abiertas. Toque de queda, cierre de bares y restaurantes, prohibición de reuniones, pero la educación entendida como esencial, sigue en pie. 

La situación educativa es crítica. Realmente es, como se dijo, una catástrofe generacional. Si a eso le añadimos que los pocos e insuficientes jardines que teníamos están cerrando al ritmo de la pandemia, el futuro de la educación se vuelve aún más sombrío. 

Quizás el caso más absurdo de falta de visión estratégica sea el de la Ciudad de Córdoba, donde en vez de ayudar a los jardines a subsistir la opción que les ofrecieron fue la de la reconversión. Los jardines no pueden recibir niños y niñas pero sí pueden transformarse en estudios de danza, canto y teatro, verdulerías o comercios. Increíble tanta ceguera. 

Es urgente tomar medidas para su preservación. Es urgente habilitar protocolos seguros de reapertura. Es urgente aprobar para ellos medidas que les garanticen la subsistencia. 

Declarar la emergencia educativa es un imperativo ético y considerar la educación como una actividad esencial es más urgente que nunca. No hay futuro sin un presente basado en educación de calidad que ponga el foco en la igualdad de oportunidades. Es hoy, es ahora.

El Frente de Todos bloqueó este lunes en la Cámara de Diputados un proyecto de la diputada Brenda Austin (UCR) que busca establecer presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales.

El oficialismo impuso su mayoría -con 16 firmas contra 11 de la oposición- para rechazar la iniciativa en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que preside Leonardo Grosso (Frente de Todos).

El proyecto de Austin, presentado hace unas semanas, propone destinar el 0,02% del Presupuesto Nacional para la prevención y el combate de los incendios.

La autora advirtió que el Presupuesto 2021 preveía originalmente “un recorte de más del 50% en los fondos destinados al Sistema del Manejo del Fuego”, además de “un recorte de las metas físicas”, como la reducción de horas de vuelo de aviones hidrantes.

Esa merma fue subsanada con una modificación en el dictamen, por la cual se agregó como fuente de financiamiento “una contribución obligatoria del tres por mil (3‰) de las primas de seguros excepto las del ramo vida, a cargo de las aseguradoras”.

Sin embargo, Austin consideró que esa modificación “no es el mejor camino” y pidió “que el Estado sea el que ponga los recursos”.

La cordobesa sostuvo que su propuesta “no va en sentido contrapuesto” al dictamen del Presupuesto 2021, e insistió en la necesidad de “contar con un piso mínimo de protección, que además supera con creces los fondos que tuvimos el año pasado”.

Desde el oficialismo, el puntano Karim Alume Sbodio fundamentó el rechazo, al considerar que el proyecto “es incompatible con el dictamen del Presupuesto”, que es “ampliamente superador”, y además habló de “diferencias en la técnica legislativa”.

En el Día Mundial de la Alimentación, la diputada nacional Brenda Austin (UCR) marcó este viernes la importancia avanzar en el Congreso con una ley consensuada de etiquetado frontal de los alimentos, que obligue a informar los ingredientes de los productos ofrecidos en las góndolas, como herramienta para promover la alimentación saludable y frenar la epidemia de la obesidad.

“Desde hace años convivimos con un problema de salud que sigilosamente se acrecienta y no es asumido como una prioridad en la agenda pública. Hablamos de la obesidad que, según la OMS, ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial. Es un flagelo que se ha extendido en todo el mundo, afectando a la población más vulnerable”, indicó la diputada radical por Córdoba respecto a este vacío normativo que aún tiene la Argentina.

En este sentido, remarcó que el elevado consumo de alimentos procesados con altos niveles de nutrientes críticos junto al sedentarismo, tienen una “incidencia decisiva” en el sobrepeso, la obesidad y el desarrollo de enfermedades crónicas asociadas, como diabetes, hipertensión, que incluso figuran entre los principales factores de riesgo de morbilidad y mortalidad entre pacientes de Covid-19.

El pasado 6 de marzo Austin presentó para regular el etiquetado frontal de advertencia de alimentos destinados al consumo humano con el objetivo de brindar información simple y de fácil comprensión, de manera complementaria al rotulado nutricional actual. Se trata de una propuesta para garantizar el efectivo acceso a la alimentación saludable, favoreciendo la autonomía y la toma de decisiones de consumo verdaderamente informadas.

La iniciativa prevé, además, restricciones en torno a la publicidad y ofrecimiento de estos productos a fin de proteger a niños, niñas y adolescentes, quienes son especialmente vulnerables a ser persuadidos por las estrategias de marketing de productos de bajo valor nutricional.

El proyecto de ley fue acompañado por los diputados Claudia Najul, Soher El Sukaria, Roxana Reyes, Gabriela Lena, Federico Zamarbide, Lidia Ascarate, Aída Ayala, Héctor Stefani y Graciela Ocaña. La discusión de una propuesta consensuada se encuentra ahora en el Senado de la Nación y luego se trasladará a la Cámara de Diputados.

El Día Mundial de la Obesidad fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 1979 para concientizar a los pueblos del mundo sobre el problema alimentario mundial. Según datos oficiales, la Argentina no es la excepción a la tendencia mundial: en los últimos 20 años disminuyó el consumo de frutas y hortalizas en un 41% y 21%, respectivamente, mientras que el consumo de jugos en polvo y gaseosas se duplicó. A su vez, los niños, niñas y adolescentes presentan patrones alimentarios menos saludables: el 50% consume dos o más bebidas azucaradas por día y, en comparación con los adultos, consumen el doble de productos de pastelería o de copetín y el triple de golosinas. Las consecuencias se reflejan en el preocupante nivel de exceso de peso que afecta, sin distinciones, al 41 por cientos de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años.

“Una diversidad de factores confluye en la construcción de los patrones alimentarios, pero uno de los más relevantes y urgentes para abordar es la falta de información junto a las concepciones erróneas sobre el valor nutricional de los alimentos. Debemos preguntarnos si los ciudadanos y ciudadanas entendemos la información de las etiquetas nutricionales y si estas son lo suficientemente claras. Los datos muestran que no. En la Argentina, sólo 3 de cada 10 personas lee las etiquetas, y de éstas únicamente la mitad las entiende”, indicó Austin.

En línea con las recomendaciones internacionales, países de la región como Chile, Perú, Uruguay y México han implementado el etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas. Consiste en la presentación en la cara principal del envase de símbolos que indican cada nutriente crítico que se encuentra en exceso en la composición del alimento.

“La Argentina no puede permanecer en el atraso. Hoy se comercializan productos con declaraciones que los asimilan a ´alimentos saludables´, mientras en otros países presentan rotulado de advertencia por exceso de grasas saturadas, sodio o azúcares. En distintas oportunidades se intentó avanzar, aunque el Congreso todavía adeuda una política activa para contrarrestar esta problemática”, completó la diputada.

Fracasó este miércoles en la Cámara de Diputados el tratamiento de un proyecto de ley del interbloque Juntos por el Cambio para declarar la emergencia educativa para 2020 y 2021, en momentos donde se define la posible vuelta a clases presenciales.

Dado que la iniciativa no tenía dictamen de comisión y tampoco estaba incorporada al temario de la sesión, se requería una mayoría de tres cuartos de los votos, por lo que la moción, presentada por la radical Brenda Austin, resultó rechazada.

“La situación que está atravesando el sistema educativo nacional de punta a punta en Argentina en cada uno de sus niveles amerita que llamemos a las cosas por su nombre”, planteó Austin, y recordó que en diciembre se sancionaron nueve emergencias en distintas áreas.

La legisladora, presente en el recinto, advirtió que “más de 40 conglomerados fueron declarados esenciales; sin embargo, ni el Congreso ni el Poder Ejecutivo han entendido que la educación es una actividad esencial”.

“No queremos hacer una bandera de la grieta. Lo pedimos porque estamos absolutamente preocupados por la situación que atraviesan las escuelas”, afirmó la cordobesa.

En ese sentido aseguró que “solo la mitad de las escuelas tienen conectividad diaria con los estudiantes”, y agregó que según un informe de Unicef, “el 72% de los chicos están queriendo volver a clases” de forma presencial.

Por esta razón, reclamó “que la educación sea declarada actividad esencial y que se le devuelva a las jurisdicciones la decisión sobre la hoja de ruta”.

La diputada nacional Brenda Austin advirtió que más allá del avance en el cupo laboral travesti trans, es necesario dar “un debate más profundo” en el Congreso Nacional para lograr una ley integral de acceso a derechos para personas trans, una población que “ha sido históricamente vulnerada en la Argentina”. 

Convocada a una charla virtual por la Juventud Radical Comité Nacional y la UCR Diversidad, Austin destacó se trata de un tema que “es necesario poner en agenda” y que “sea abrazado como una causa común por todo el radicalismo”. Al respecto, remarcó: “No hay modo de respetar los derechos humanos si no somos capaces de afinar un poco el ojo y mirar de qué manera se producen hoy las inequidades en la Argentina”. 

“Es necesario dar un debate más profundo y avanzar hacia una ley integral. Cuando miramos las estadísticas de la población trans en la Argentina no cabe ninguna duda de que estamos frente a una población que ha sido históricamente vulnerada, a la que no se le han garantizado derechos básicos, derechos humanos que están contenidos en nuestra Constitución Nacional”, indicó en la charla Austin, quien compartió panel con Lautaro Lucas Cruz, miembro con fundador de Trans-Argentinxs. 

En este sentido, el proyecto impulsado por Austin establece no sólo medidas para garantizar el acceso al empleo, sino capítulos especiales dedicados al derecho a la educación, el acceso a la vivienda y a la salud, en el marco del reconocimiento de la población trans como un colectivo vulnerable. Esta iniciativa procura que se garanticen la inclusión social y los derechos en igualdad de condiciones para la población trans, teniendo en cuenta las leyes ya conquistadas, como la Ley de Identidad de Género y la del Matrimonio Igualitario. 

“Cuando hablamos de garantizar derechos de la población trans tenemos que ir un poquito más atrás, tenemos que mirar lo qué está pasando con las infancias trans y que merecen que hagamos mucho más de lo que estamos haciendo”, señaló Austin en la charla, este miércoles por la noche. 

Y agregó: “Si queremos revertir esta historia de discriminación, que es el inicio del proceso de deterioro de las posibilidades de inserción laboral, profesional y social, tenemos que arrancar por la educación. Entonces la primera convicción es que no es posible poner en agenda solamente cuestiones como el cupo laboral si no damos un paso más atrás y miramos la escuela, la que primero tiene que revisar sus modos y construir las bases de una sociedad más igualitaria”. 

Finalmente, la diputada nacional por Córdoba remarcó que, “indudablemente, necesitamos revisar la legislación que tenemos hoy y reforzarla desde una perspectiva integral” y completó: “No tengo ninguna duda de que tenemos que ser capaces de levantar esta bandera de la inclusión, la igualdad y la libertad. No es posible decir que somos defensores de los derechos humanos si no somos capaces de dedicarle gran parte de nuestro esfuerzo y políticas a revertir las inequidades profundas que atraviesa nuestro país y, en especial, el estado tan crítico y doloroso al que ha sido sometida la población trans en nuestro país”. 

La ratificación del Acuerdo de Escazú constituye un verdadero hito para la Argentina. Es el primer tratado regional vinculante en materia ambiental que ofrece una plataforma única a los Estados para fortalecer la protección del derecho a vivir en un ambiente sano. Este marco normativo es una hoja de ruta y representa un desafío en torno a la tarea que debemos encarar para lograr políticas de Estado que nos conduzcan hacia una verdadera democracia ambiental.

Su incorporación a la legislación interna es fruto de un importante trabajo transversal sin diferencias partidarias. El texto del tratado fue suscripto por nuestro país durante el mandato del ex presidente Macri el 27 de septiembre de 2018, el mismso día en que se abrió a la firma. A su vez, el acuerdo fue reconducido por la actual gestión y logró un contundente apoyo en ambas cámaras legislativas, lo cual le otorga una importante base de consenso para garantizar el cumplimiento sus tres pilares: el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana en los procesos de adopción de decisiones y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales. Escazú pone también el ojo en la defensa de líderes ambientales, frente al triste de récord de ser la región del mundo en donde se produjo el mayor número de asesinatos por estas causas.

La ratificación del Acuerdo significa asumir el compromiso de trabajar para nivelar el acceso a los derechos en materia ambiental. Para algunos Estados implica el rediseño institucional de sus leyes y para la Argentina la necesidad de reforzar todos sus marcos normativos. En este contexto se inscriben la Ley de Educación Ambiental y la Ley de Educación para el Desarrollo Sostenible, instrumentos indispensables para generar valores y comportamientos acordes con un ambiente equilibrado y que propendan a la preservación de los recursos naturales y su utilización sostenible. La educación es el mejor camino para producir cambios profundos en el modo que habitamos nuestro planeta.

También es una invitación a rediscutir y actualizar, bajo este nuevo paradigma, la ley de acceso a la información ambiental y garantizar la consulta previa e informada y la participación pública en la toma de decisiones ambientales. Mas voces, mejores decisiones: esta es la columna vertebral del acuerdo y la enorme fuerza de las organizaciones de la sociedad civil que, de abajo hacia arriba, lo hicieron posible.

Por otro lado, el tratado insta a los Estados a capacitar a sus funcionarios/as. Ese es, de hecho, el sentido de la denominada “Ley Yolanda”: garantizar la formación integral en perspectiva de desarrollo sostenible, apoyada en valores sustentables y ambientales, para las personas que se desempeñen en la función pública, entre ellos también los funcionarios judiciales. Es imperioso que quienes toman decisiones en el plano público lo hagan en consonancia con este enfoque.

Por último, Escazú es una invitación a trabajar sobre la Justicia. Con la última reforma constitucional, la Argentina consagró expresamente la protección del ambiente e institucionalizó herramientas como el amparo para la defensa de los derechos que protegen el ambiente. Debemos contar con una Justicia ambiental especializada y sumar un capítulo específico de delitos ambientales al Código Penal.

Es tiempo de hacer algo más que discursos. Es tiempo de que sancionemos leyes, de que revisemos nuestros marcos normativos y, sobre todo, que los hagamos cumplir.

La importancia del Acuerdo de Escazú, como hoja de ruta consensuada a nivel regional y su enorme nivel de consenso político, amerita que demos un paso más y dotemos al instrumento de jerarquía constitucional para consolidarlo como una verdadera política de Estado. Es el camino hacia una democracia ambiental dentro de un nuevo paradigma ecocéntrico, que considere a la naturaleza como un sistema complejo e interconectado con un valor inherente, del cual los seres humanos somos sólo una parte.

Ratificar Escazú es señalar el rumbo y, al mismo tiempo, asumir compromisos. Porque su premisa es abrir el juego y sumar voces en los asuntos que involucran al ambiente. Necesitamos encontrar un modo de legitimar la toma de decisiones y esto será escuchando a sus protagonistas, abriendo espacios de diálogo donde encontremos una voluntad recíproca de cooperación. No es unos contra otros, es entre todos entendiendo que el único modo de revertir el estado de crisis del planeta es con la articulación de los actores que componen nuestra sociedad. Escazú no es un punto de llegada, sino el punto de partida para empezar a actuar.

*Diputada Nacional de la UCR por Córdoba

La diputada nacional Brenda Austin (UCR-Córdoba) y la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, coincidieron en la importancia de que, de cara a los próximos meses, cada jurisdicción pueda tener la facultad de gestionar sus sistemas educativos y diagramar un retorno gradual a las clases presenciales tras la suspensión generalizada en todo el país por la pandemia de coronavirus.

Fue en el marco de una charla en la que se analizó el proyecto presentado por Austin en el Congreso nacional para declarar la emergencia educativa en todo el territorio nacional. Se trató de un encuentro impulsado por Gabriel Abrile, candidato a intendente de la ciudad de Río Cuarto por la UCR, quien también destacó “el desafío de trabajar para que la educación vuelva a ser una instancia de igualdad de oportunidades en la Argentina”.

“Lo que está pasando hoy en la educación en la Argentina es absolutamente crítico, porque viene a profundizar un problema que ya sabíamos que teníamos y que es la desigualdad”, señaló Austin y destacó “el esfuerzo que está haciendo la Ciudad de Buenos Aires por recuperar una facultad que es constitucional de la ciudad”, en alusión a los protocolos presentados para crear espacios digitales en las aulas porteñas.

“El Gobierno eligió una estrategia de homogeneizar a todo el país, aunque muchas localidades no tuvieron casos de Covid hasta hace pocas semanas. En todas por igual las escuelas estuvieron con candado. No tuvieron la capacidad de entender que la dinámica de la pandemia es un escenario móvil y flexible y que no tiene una única solución, sino que requiere generar respuestas adaptadas a las necesidades de cada lugar e institución. Y para eso hay que darles voz no sólo a las jurisdicciones educativas sino a las instituciones”, remarcó Austin.

En este sentido, la diputada nacional pidió “devolverles el derecho a las jurisdicciones a que diagramen sus salidas” a la pandemia, en lugar de que tengan que “pedir por favor a la autoridad nacional que centralizó la toma de decisiones” respecto a la educación en todo el país. Para ello, remarcó la importancia de que el Congreso tenga este debate para declarar a la educación como una actividad esencial y, al mismo tiempo, “darles un mandato habilitante a las provincias”.

 “Hay actores invisibilizados. Tenemos que provocar la discusión para que se escuchen esas voces y juntar voluntades entre quieres piensan que éste es un problema para la Argentina que se va a arrastrar en las próximas décadas. No se trata de una vuelta a clases alocada y a cualquier costo, sino pensarlo de modo inteligente y flexible”, remarcó.

Acuña, por su parte, señaló que la pandemia fue entendida rápidamente como una “oportunidad” en su cartera para “llevar adelante muchas transformaciones, como la aceleración de los procesos de modernización de la estructura del Ministerio” y destacó que hacía una década “en la ciudad se venía introduciendo la cultura digital en las escuelas, con la entrega de equipamiento y dando conectividad”.

 “Así como están volviendo la industria, los servicios y el deporte creemos que tienen que volver las instancias de presencialidad. Pero no sólo para los que perdieron contacto con la escuela, que obviamente son los primeros, sino para todos”, destacó Acuña y puso como ejemplo los casos de alumnos de último año del secundario o los del primer ciclo del primario.

Y agregó: “Entendemos que lo epidemiológico es prioritario y hay que cuidar la salud. Pero desde el Gobierno de la Ciudad estamos pidiendo al Ministerio de Educación de la Nación que nos habilite algunas instancias de presencialidad y no nos vamos a dar por vencidos de aquí a fin de año. No nos resignamos a decir que el año está perdido, no nos resignamos a decir que hasta que no esté la vacuna no se puede volver”.

La ministra agregó que en el Gobierno de la Ciudad están “convencidos” de que “cualquier actividad con buenos protocolos se puede realizar” y completó: “Lo que no puede pasar es que haya un capricho de parte del gobierno nacional de decir que la Ciudad de Buenos Aires no vuelve. Eso no lo podemos permitir”.

Desde su mirada municipal, Abrile remarcó “para los gobiernos locales la educación en la pandemia y postpandemia va a ser un desafío muy importante a partir del viraje tan abrupto hacia la conectividad que ha ampliado la brecha entre los alumnos” y destacó que las autoridades municipales de todo el país “se van a tener que comprometer y salir a buscar a los chicos que dejan el colegio”.

“Va a ser una tarea titánica que la educación vuelva a ser una instancia de igualdad de oportunidades”, apuntó.

La diputada nacional por Córdoba Brenda Austin (UCR) lamentó este lunes las enormes pérdidas por los incendios en diferentes puntos de la provincia y advirtió que el Gobierno de Juan Schiaretti “no tiene capacidad de anticipación” para prevenir este tipo de tragedias socioambientales, ya que “no están los recursos, no está la preparación y no está el plan de contingencia”.

“Es recurrente esta historia de agostos secos y ventosos que terminan siendo disparadores de situaciones críticas. Pero también sentimos impotencia de ver un gobierno que no tiene la capacidad de pensar con anticipación: no están los recursos, no está la preparación y no está el plan de contingencia”, señaló la diputada en el marco de una charla virtual organizada por la Juventud Radical sobre el proyecto de ley de protección de humedales, del que es coautora junto a sus pares Ximena García y Gustavo Menna.

En este sentido, Austin señaló que, luego de días de trabajo de los bomberos, “simplemente llegó el mensaje de resignación de boca del propio gobernador diciendo que lo que se pierda materialmente se va a reconstruir, como si no hubiese allí un entramado de biodiversidad que realmente es irrecuperable”. En este contexto, la diputada destacó la tarea del cuerpo de bomberos voluntarios y su “enorme esfuerzo y entrega”.

“Las imágenes que estamos viendo de distintos puntos de la provincia hablan de esa verdadera tragedia y de cómo, ante la impotencia, se empiezan a tejer redes de solidaridad de vecinos y organizaciones para tratar de hacer frente a la desidia del Estado”, insistió y advirtió que estas quemas en la provincia podrían estar vinculadas a “la vocación de utilizar estos terrenos como zona productiva”.

En su presentación ante jóvenes del radicalismo, Austin trazó los principales lineamientos de la iniciativa de “Presupuestos Mínimos para la Conservación, Protección y Uso Racional y Sostenible de los Humedales”, un proyecto que –remarcó- “es una deuda del Congreso de la Nación”, aunque puso en duda que haya “verdadera vocación” del oficialismo de avanzar con esta regulación para preservar este patrimonio natural y cultural y su diversidad biológica.

“Nosotros buscaremos acuerdos y esperamos que haya verdadera vocación por parte del oficialismo de tratar el tema. La intención es escuchar todas las voces, pero el giro a tantas comisiones nos genera sospechas. Nuestra responsabilidad es seguir manteniendo el tema en agenda”, advirtió.

Entre los principales objetivos del proyecto, se destacan la identificación de los humedales para garantizar su conservación, uso racional y sostenible; la protección de su valor y potencial estratégico en la mitigación y adaptación al cambio climático; el establecimiento de criterios de conservación y uso que tengan en cuenta su integridad ecológica y su dependencia del régimen hidrológico; la identificación y regulación de actividades que amenazan su integridad; el resguardo de los principios de no regresión, in dubio pro aqua y pro natura, preventivo y precautorio en favor de la protección de los humedales; el libre acceso a la información pública ambiental y la participación ciudadana en la toma de decisiones.

A su vez, el texto integra las herramientas necesarias para el ordenamiento territorial de los humedales, en el marco de los principios e instrumentos de gestión y política ambiental reconocidos en la Ley General del Ambiente. Para ello prevé la elaboración del Inventario Nacional de Humedales, el Ordenamiento Territorial de Humedales como instrumento clave de gestión del territorio por parte de las jurisdicciones, la Evaluación de Impacto Ambiental y la Evaluación Ambiental Estratégica para la autorización de obras, actividades y usos que posibiliten la gestión y el uso racional y sostenible de los humedales.

La diputada nacional por Córdoba Brenda Austin (UCR), autora del proyecto de ley de emergencia educativa, advirtió este jueves que la renuncia de la viceministra Adriana Puiggrós es una confirmación de la “profunda crisis educativa” que atraviesa el país y señaló que la situación “demanda acciones urgentes” de parte del Congreso nacional.

“Mientras en el ministerio siguen resolviendo sus diferencias internas, la agenda educativa demanda acciones urgentes. No nos podemos quedar cruzados de brazos y dejar que tantos niños y jóvenes sigan privados de su derecho a la educación”, señaló Austin.

Y agregó: “La renuncia es parte de una crisis que venimos advirtiendo. Necesitamos redirigir recursos y acciones para evitar una catástrofe generacional y sostener la continuidad pedagógica. Resulta urgente poner en la agenda la situación crítica de la educación en el país y la desigualdad educativa creciente, acelerada por la brecha digital y el deterioro socioeconómico”.

La diputada resaltó además la carta abierta difundida en las últimas horas con la firma de casi 300 líderes globales y dirigida a los jefes de las naciones del G20 y a instituciones internacionales, en la que se reclama priorizar las inversiones en educación, centrándose en los sectores más vulnerables de la población, para revertir el abandono escolar.

“La educación argentina se caracteriza por su desigualdad e inequidad. Y la pandemia no ha hecho más que agravarlas. No poner en el centro de la escena lo que está pasando con la educación muestra a las claras nuestra incapacidad de pensar en el futuro inmediato. Declarar la emergencia educativa es un imperativo ético”, manifestó la parlamentaria.

El proyecto de ley presentado por Austin, que fue acompañado con la firma de 21 legisladores, busca que se declare la “Emergencia del Sistema Educativo Nacional” en todos los niveles y modalidades para el ciclo lectivo 2020 y 2021, y considerar a la educación como “actividad esencial”.

El texto propone crear conjunto de dispositivos de urgencia a través de programas de acompañamiento y asistencia escolar, becas de conectividad, como así también garantizar la accesibilidad digital tanto a estudiantes en riesgo de abandono, como a docentes, a través de instituciones, las escuelas y las Universidades Nacionales. También establece un marco protectorio para llevar alivio a la difícil situación por la que atraviesan los jardines maternales y los transportistas escolares.

La diputada nacional Brenda Austin (UCR Córdoba) presentó un proyecto para que se declare la “Emergencia del Sistema Educativo Nacional” en todos los niveles y modalidades para el ciclo lectivo 2020 y 2021, y considerar a la educación como actividad esencial.

El proyecto propone crear un marco normativo integral para garantizar el acceso equitativo a la educación y a la conectividad, con capítulos especiales para estudiantes en riesgo de abandono escolar, jardines de primera infancia, designaciones de docentes suplentes, y transportistas escolares.

“La marca que distingue a la educación en Argentina es la desigualdad y la inequidad. La pandemia no ha hecho más que agravarlas. No poner en el centro de la escena lo que está pasando con la educación muestra a las claras nuestra incapacidad de pensar en el futuro inmediato. Declarar la emergencia educativa es un imperativo ético”, manifestó Austin.

La iniciativa apunta a diseñar un conjunto de dispositivos de urgencia a través de programas de acompañamiento y asistencia escolar, becas de conectividad, como así también garantizar la accesibilidad digital tanto a estudiantes en riesgo de abandono, como a docentes, a través de instituciones, las escuelas y las Universidades Nacionales. También propone un marco protectorio para llevar alivio a la difícil situación por la que atraviesan los jardines maternales y los transportistas escolares.

“El sistema educativo argentino enfrenta uno de los desafíos más grandes de su historia, mantener y sostener la continuidad pedagógica ante un contexto de profunda incertidumbre. El Congreso tiene y debe hacer algo. Por eso proponemos la creación de un Programa de detección y acompañamiento a estudiantes en riesgo de abandono, y la creación de Becas de Conectividad. Pensar acciones, políticas públicas, para revertir la brecha digital y las desigualdades es más urgente que nunca”, señaló Austin.

Agregó que “las escuelas Zoom y las escuelas Whatsapp son un claro ejemplo de cómo la virtualidad impactó de manera diferenciada en las instituciones educativas. Las diferencias son abismales. Uno de cada cinco alumnos/as de primaria no tiene acceso a Internet. En el norte de Argentina casi dos de cinco. Y en las familias pobres uno de cada dos.  En el otro extremo la realidad de familias donde hay un solo dispositivo para todos los integrantes: leer las consignas, abrir un video, bajar un PDF, a veces se convierte en misión imposible. A mitad de mes, cuando se van quedando sin datos, aparece el silencio”.

También dijo que “debemos escuchar el grito de los jardines maternales de todo el país que, debido a la drástica baja en el pago de la matrícula, están cerrando a tiempo de pandemia, y son considerados una suerte de híbrido que el Estado ignora: no reciben la ayuda para instituciones educativas y tampoco para las Pymes”.

Austin destacó que “no se trata necesariamente de contar con más recursos, sino de dirigirlos mejor. Pensamos que la mejor respuesta es articular, de modo interministerial e interjurisdiccional, un conjunto de iniciativas que hoy se están llevando adelante como los ATP, los IFE, las tarjetas alimentarias, entre otras, para que estos recursos fortalezcan a la escuela como centro y prioricen a los niños, niñas y adolescentes en edad escolar como sujetos de derecho y destinatarios protagónicos de las políticas públicas”.

“La desigualdad educativa no es problema de algunos, es problema de todos. La fragmentación de la sociedad, el crecimiento de la pobreza, la marginalidad, la violencia y la imposibilidad de soñar con un futuro mejor tienen mucho que ver con la educación. Son demasiados los factores que nos indican la gravedad estructural por la que atraviesa nuestro sistema educativo. Frente a esto entendemos que resulta urgente que el Congreso de la Nación declare la emergencia educativa en todo el país y oriente recursos y esfuerzos a evitar una verdadera catástrofe generacional”, concluyó Austin.

Acompañan esta iniciativa los diputados de Juntos por el Cambio Albor Cantard, Marcela Campagnoli, Silvia Lospennato, Maximiliano Ferraro, Jose Riccardo, Emiliano Yacobitti, Federico Zamarbide, Alejandro Cacace, Lorena Matzen, Fabio Quetglas, Gonzalo del Cerro, Camila Crescimbeni, Gustavo Menna, Claudia Najul, Pablo Torello, Gerardo Cipolini, Héctor Stefani, Jorge Enríquez, Carlos Fernandez, Diego Mestre y Adriana Cáceres.

A través de la plataforma Zoom se reunieron más de 95 gobiernos locales de la provincia de Córdoba, de todas las fuerzas políticas para sumarse a participar de la iniciativa nacional “1 Millón de Árboles”, que tiene como objetivo impulsar la forestación masiva de especies nativas en todo el país, estimulando la donación y adopción de árboles, como soluciones efectivas para mitigar la crisis climática. 

El proyecto es promovido por la campaña “Semana del Árbol”, organizada todos los años desde el 2012 por el Capítulo Argentino del Club de Roma, el Movimiento Agua y Juventud y la empresa “B” La Ciudad Posible. 

Invitados por la diputada nacional radical, y coordinadora de la campaña en la provincia Brenda Austin, más de 150 asistentes, entre intendentes y funcionarios de más de 95 municipios y comunas, participaron de la primera instancia introductoria y de planificación de dicha campaña; que también contó con capacitaciones técnicas a cargo de especialistas, entre ellos el biólogo Federico Kopta, quien expuso sobre la importancia de forestar atendiendo a las especificidades de los ecosistemas locales; la profesora Silvia Lavalle, quien compartió la experiencia del municipio de Cabalango en ediciones anteriores; y finalmente, la ingeniera agrónoma Ana Meehan (UNC), quien disertó sobre el trabajo realizado por la Red de Viveros de Nativas (REVINA). Unos 30 municipios ya firmaron el acta compromiso adhiriendo a la campaña, y unos cuantos manifestaron su voluntad de avanzar en la construcción de viveros propios. 

“No se trata de plantar cualquier árbol, ni de hacerlo en cualquier lugar, ni en cualquier momento. Queremos que entre todos seamos capaces de hacer del acto de plantación un acto consciente, poniendo de relieve la importancia de la plantación de especies nativas y la recuperación de nuestra biodiversidad, los entramados y los tejidos de nuestro córdoba, procurando la regeneración de la flora y la fauna local”, destacó la legisladora Brenda Austin, quien además se desempeña como vicepresidenta 1º de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados nacional. 

Por su parte, Gonzalo del Castillo, politólogo y director ejecutivo del Capítulo Argentino del Club de Roma, presentó los ejes de la campaña, y destacó que “la idea central que fundamenta la campaña es la insostenibilidad entre el vínculo de nuestro modelo global de desarrollo con la naturaleza. Nunca antes en la historia hubo tanta certeza científica de que estamos en un punto de inflexión. Si no hacemos cambios radicales en los próximos 10 años, para el 2050, el escenario va a ser realmente catastrófico”. 

Por último, Austin aclaró que “este fue el primero de varios encuentros que quedan por delante. El objetivo de las próximas convocatorias es conformar una red de sembradores y una red de voluntarios/as. No alcanza solamente con los gobiernos locales, pero son actores indispensables. Es necesario construir redes y sumar a las escuelas e instituciones de la comunidad, empresas, viveros, juntas vecinales y diferentes organizaciones públicas y privadas, como socios activos de la campaña, para crear una nueva sociedad, ética y ambientalmente sostenible”, concluyó. 

La diputada radical Brenda Austin (UCR-Córdoba), acompañada por sus pares Claudia Najul, Luis Petri, Silvia Lospennato, Cristian Ritondo y Diego Mestre, entre otros, presentó un proyecto cuyo objetivo es evitar la “absurda criminalización del personal sanitario que, en el marco de la pandemia y cumpliendo sus funciones, se contagia de Covid-19”.

La iniciativa fue en respuesta a la imputación de dos médicos cordobeses tras los contagios en una residencia geriátrica de la localidad de Saldán en Córdoba, uno de los cuales era portador asintomático de Covid-19 y el otro director del geriátrico, que obraron en ejercicio de su función. El fiscal atribuyó su conducta a la figura penal de propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas.

Los legisladores impulsores de la iniciativa señalan que la respuesta ante estos casos no puede ser punitiva, como si las acciones hubieran sido intencionales, sino preventivas a través del aumento de las medidas de protección, los testeos recurrentes y protocolos de funcionamiento más claros.

Esta imputación generó la indignación del personal de salud y de la comunidad en general, lo que resultó en una masiva movilización en vehículos días atrás. Los colegios profesionales de médicos de distintos lugares del país se solidarizaron con los imputados y exigen el cese de la persecución y del acoso judicial, y el respaldo con medidas de protección efectivas para que puedan realizar su trabajo.

La diputada Austin señaló que “si algo tenemos claro es que hay que cuidar a quienes nos cuidan. De ninguna manera puede ser el ejercicio de su profesión una causa para perseguirlos penalmente, más aún sabiendo que están luchando en la primera línea contra la pandemia, y expuestos a un enorme riesgo”.

El proyecto propone la sanción de una ley penal especial, para que rija específicamente en el marco de la pandemia y que excluya al personal sanitario de la aplicación de los delitos penales tipificados en los artículos 106 -abandono de persona- y 202 -propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas-.

La diputada Claudia Najul, autoridad de la Comisión de Salud, y firmante del proyecto señaló con preocupación que “lo que advertimos al comienzo de la cuarentena, con los mensajes intimidatorios de vecinos a los profesionales de la salud, se está transformando en un clima muy peligroso. Debemos dar señales muy concretas de apoyo a los médicos y enfermeros para terminar con la criminalización de los trabajadores de la salud, que cada día arriesgan todo para cuidarnos. El Estado y todos los ciudadanos comprometidos y respetuosos de la actividad médica, debemos levantar la voz contra este movimiento que nos lastima como seres humanos”.

Los legisladores y legisladoras buscan aplicar esta reforma para las causas penales en trámite y aquellas que puedan iniciarse con posterioridad, aplicándose la exclusión de responsabilidad penal prevista en el inciso 4 del artículo 34 del Código Penal, que refiere a la inimputabilidad con motivo de obrar en el ejercicio de un deber, en este caso la profesión médica, y mientras dure la emergencia sanitaria causada por el coronavirus Covid-19.

La autora del proyecto precisó que “así como días atrás el Congreso sancionó leyes para garantizar la provisión de insumos de protección laboral para el personal de salud y para reconocer salarialmente el esfuerzo que hacen, es necesario que ahora nos enfoquemos de manera urgente en evitar esta absurda situación de persecución penal que atraviesan por cumplir con su deber”.

El proyecto fue acompañado además por los diputados de Juntos por el Cambio Gerardo Cipolini, Juan Martín, Alicia Terada, Pablo Torello, Ximena García, Camila Crescimbeni, Mario Arce, Gustavo Menna, Atilio Benedetti, Hernán Berisso, Federico Zamarbide, Estela Regidor, Soledad Carrizo, Gabriela Lena, Alejandro Cacace, Luis Pastori, Hugo Romero, Jorge Vara, Natalia Villa, Fabio Quetglas, Julio Sahad, Lidia Ascarate, José Riccardo, Albor Cantard, Virginia Cornejo, Aída Ayala y Héctor Stefani.

La diputada Brenda Austin (UCR-Córdoba), quien días atrás, junto a su par Luis Petri, presentó un proyecto requiriendo al Poder Ejecutivo que estableciera un protocolo para permitir que las personas varadas en el país puedan regresar a sus hogares, destacó que el Ministerio de Transporte de la Nación haya receptado las demandas de estas personas que, desde la vigencia del aislamiento obligatorio, estaban en “situaciones de angustia y extrema incertidumbre”.

Los radicales habían impulsado días atrás un formulario digital para relevar la situación, el cual, según informaron, “lleva más de 7.500 personas registradas con diversas necesidades de traslado”. “Celebramos este anuncio, que va a requerir el esfuerzo de todos los gobernadores e intendentes. Es un gran avance para las miles de personas que están esperando respuestas”, remarcó la legisladora.

A partir de la resolución 90/2020 del Ministerio de Transporte, “el Gobierno nacional reconoció la magnitud del problema y estableció el procedimiento para autorizar traslados excepcionales de personas por razones humanitarias”, señaló la radical.

En ese sentido, agregó que “para ello se requiere la coordinación de los gobiernos locales y las gobernaciones provinciales, quienes deben acreditar los motivos de traslado, cantidad de personas, origen y destino, y el estado de salud de cada solicitante como así también la fecha y hora del traslado.

Este último debe efectuarse a través de una empresa de transporte habilitada y contratada a tal fin. Por último, es el Ministerio de Transporte nacional quien emite la autorización que debe portarse durante todo el trayecto”.

“Sin embargo, surge de la resolución que la autorización de traslados excepcionales no contempla los supuestos de personas que se encuentran varadas pero que cuentan con vehículos propios para movilizarse”, subrayó Austin.

Para la diputada, “si bien se avanzó en un plan concreto, aún quedan situaciones por incluir, como la de aquellas personas que cuentan con movilidad propia”. “De los datos que hemos relevado surge que casi el 30% cuenta con vehículo propio para volver y un 11% adicional cree poder conseguirlo. Para agilizar su retorno, solicitamos que se agregue a la resolución un permiso especial para estas personas”, pidió.

Por esa razón, Austin y Petri junto al presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara baja, José Cano, elevaron una nota al ministro de Transporte, Mario Meoni, para remarcar “la necesidad de contar con un protocolo especial para estos casos, a fin de obtener autorizaciones de circulación válidas y reconocidas en todo el territorio nacional, o la posibilidad de establecer corredores sanitarios con horarios y rutas preestablecidas”. Se señaló también, que todo esto, debe hacerse garantizando los debidos controles de salud y el posterior cumplimiento del aislamiento en los lugares de residencia.

Además de exigir un abordaje integral de la problemática, le enviaron a Meoni los datos relevados de las personas que se encuentran dispersas por todo el país, con la intención de colaborar con las autoridades nacionales y los gobiernos locales en la agilización de los traslados y el pronto regreso de las personas varadas.

La diputada nacional Brenda Austin (UCR-Córdoba) junto a su par Luis Petri (UCR-Mendoza) presentaron un proyecto por el que solicitan al Poder Ejecutivo la implementación de un permiso especial para la circulación por el territorio nacional de aquellas personas que, al tiempo de establecerse el aislamiento social preventivo y obligatorio, se encontraban lejos de sus lugares de residencia habitual.

“Así como ocurrió con los argentinos varados en el extranjero, hay muchas personas que quedaron en distintos puntos del país e imposibilitadas de movilizarse y llegar a sus hogares”, explicaron los legisladores, que lanzaron un relevamiento nacional por medio de un formulario para empadronar a las personas que se encuentran en esta situación.

Austin expresó que “al momento de establecerse la cuarentena no se otorgó un tiempo adicional para que aquellas personas que se encontraran lejos de sus hogares pudieran tomar los recaudos necesarios para regresar”.

“La disposición del aislamiento social preventivo y obligatorio se realizó de manera intempestiva y concomitante con la suspensión de todos los vuelos y los traslados de larga distancia, provocando que miles de personas no pudieran llegar a sus hogares. El alargamiento de la cuarenta y la incertidumbre sobre la fecha de finalización amerita buscar una solución que sea compatible con el cuidado de la salud”, señaló.

En la iniciativa se solicita al Poder Ejecutivo que autorice la circulación a través de un permiso especial para quienes cuentan con medio de transporte y que establezca un plan de traslado para los restantes, aplicando protocolos de control de la cuarenta desde sus hogares, tal como ha ocurrido con quienes retornan del exterior.

A su vez, el diputado Petri señaló: “Necesitamos que cada argentino, esté donde esté, tenga la posibilidad de hacer la cuarentena en su casa, bajo su techo y con su familia. En tiempos de aislamiento y cuarentena, de cierre de cruces interprovinciales y fronteras, volver a casa es un derecho esencial que debemos garantizar”.

En tanto, con respecto a las personas varadas en el exterior, el mendocino resaltó que “no ha existido por parte del Gobierno un plan para repatriarlos ni tampoco para permitir que quienes estaban en tránsito en el interior del país puedan llegar a sus provincias de origen. Este hecho queda evidenciado en la violación por Gobierno Nacional del decreto 331 que él mismo redactó, donde se autoimpone la elaboración de cronograma y la determinación de corredores sanitarios seguros que al día de hoy se desconocen”.

Los diputados de Juntos por el Cambio aseguraron que sus pares de distintas provincias “han recibido pedidos angustiantes de familias desmembradas, adultos mayores con patologías de salud fuera de su domicilio, y personas en situaciones financieras insostenibles al encontrarse fuera de su domicilio”.

El proyecto fue acompañado por los radicales Ximena García, Lorena Matzen, Estela Regidor, Albor Cantard, Carlos Fernández, Juan Martín, Gonzalo del Cerro, Claudia Najul, Alejandro Cacace, Dolores Martínez, Soledad Carrizo, Hugo Romero, Federico Zamarbide, Carla Carrizo, Mario Arce, Gabriela Lena, José Riccardo, Lidia Ascarate y Luis Pastori.

Frente a la polémica generada por la posibilidad de que médicos cubanos lleguen a colaborar a nuestro país, principalmente a la provincia de Buenos Aires, la diputada nacional Brenda Austin (UCR – Córdoba) recordó que desde que asumió el actual Gobierno nacional están suspendidas las convalidaciones de títulos de médicos extranjeros, los que estarían en mejores condiciones para colaborar en las tareas de contención y atención de la crisis sanitaria.

“Las universidades han puesto en marcha mecanismos para privilegiar la titulación rápida de los profesionales nacionales en salud. El Estado debe hacer lo mismo con los trámites de convalidación. Esta alternativa es más rápida, menos costosa y más efectiva para proveer profesionales a los lugares más carentes”, dijo, que ya hace semanas había reclamado sobre esta cuestión.

En efecto, Austin presentó días atrás un proyecto para que se acelere el trámite de convalidación de títulos de extranjeros en áreas de la salud, suspendido hace más de tres meses y que aún faltan funcionarios por designar. Pide al Gobierno que informe el número de trámites paralizados; que de modo inmediato comiencen a tramitar las convalidaciones; y que al momento de proceder a contratar personal de la salud se priorice a aquellos que ya cumplieron los requisitos.

Subrayó que “para poder ejercer una profesión, por caso la de médico, si el título es extranjero se debe realizar un trámite de convalidación para asegurar que el contenido sea equivalente a lo que se enseña en nuestro país. Se estima que hay más de diez mil títulos pendientes de resolución, pero desde la asunción del nuevo gobierno ese trámite está suspendido. Sin embargo, en vez de agilizar este trámite, frente a la situación de emergencia decretaron que se pueda contratar a profesionales extranjeros de modo temporario sin título convalidado”.

En oportunidad de la última reunión de labor parlamentaria con la presencia del ministro de Salud de la Nación, Austin le solicitó expresamente que normalice y acelere los trámites de convalidación y que transmitiera al Ministerio de Educación el pedido, acto al que el ministro Ginés García González se comprometió públicamente.

“La llegada de los médicos cubanos es una buena noticia. Necesitamos contar con toda la ayuda posible, pero en nuestro país hay gente a la que le falta solamente una firma para poder ejercer la medicina. Antes de traer profesionales de afuera, lo primero que hay que hacer es generar las condiciones para que quienes ya están residiendo en Argentina, que han cursado sus estudios o tienen su título en un proceso de revalidación, lo puedan finalizar”, destacó.

En el mismo sentido reclamó la Asociación de Médicos Venezolanos en la Argentina, que preside la doctora Indira Acosta, y con quien Austin mantuvo una reunión, junto a la diputada Karina Banfi y la embajadora venezolana por parte del presidente encargado Juan Guaidó, Elisa Trotta Gamus.

“El camino más rápido para contar con más profesionales de la salud es convalidar los títulos que ya están en trámite. Volvemos a pedirle nuevamente al Presidente que acelere este proceso”, finalizó la diputada.

La diputada nacional Brenda Austin (UCR – Córdoba) presentó un proyecto por el cual solicita al Poder Ejecutivo que acelere el trámite de convalidación de títulos de extranjeros en áreas de la salud, trámite suspendido hace más de tres meses. En la iniciativa, pide al Gobierno que informe el número de trámites paralizados; que de modo inmediato comiencen a tramitar las convalidaciones; y que al momento de proceder a contratar personal de la salud se priorice a aquellos que ya cumplieron los requisitos.

“En muchas zonas de Argentina faltan médicos y enfermeros que quieran trabajar en parajes o lugares alejados. Sin embargo, muchos venezolanos/as, por ejemplo, que migraron a nuestro país, vienen pidiendo la habilitación para ejercer su profesión. Muchos son médicos”, explicó Austin.

La legisladora subrayó que “para poder ejercer una profesión, por caso la de médico, si el título es extranjero se debe realizar un trámite de convalidación para asegurar que el contenido sea equivalente a lo que se enseña en nuestro país. Desde la asunción del nuevo gobierno ese trámite está suspendido. Se estima que hay más de diez mil títulos pendientes de resolución. Sin embargo, en vez de agilizarlo decretaron que se pueda contratar a profesionales extranjeros de modo temporario sin título convalidado”.

“Es posible que la situación de emergencia amerite darle esas  facultades. Sin embargo, creemos que primero los esfuerzos deben ponerse en normalizar de modo inmediato los trámites ya iniciados. Lo contrario es como paralizar una licitación para a los días salir a decir que como no hay tiempo hay que elegir a dedo, sin siquiera verificar que se cumplan los requisitos. Primero lo primero”, dijo.

Austin finalizó diciendo que “no puede ser la lenta burocracia la razón que nos impida tener profesionales idóneos. Las carreras de la salud son de interés público y más en los tiempos que corren. Esperamos que el presidente Alberto Fernández considere esta situación y ordene la inmediata normalización del trámite de convalidación de títulos de profesionales de la salud extranjeros”.

Acompañan con su firma los diputados Karina Banfi, Claudia Najul, José Riccardo, Carla Carrizo y Gabriela Lena, entre otros.

La diputada nacional Brenda Austin presentó un proyecto de ley para eliminar el comercio ilegal de especies de flora y fauna silvestre.

La iniciativa tiene el objetivo de unificar los registros de operadores de flora y fauna silvestre y de este modo eliminar el comercio ilegal de especies a través del aumento de los mecanismos de control, del desarrollo de políticas ambientales responsables, la adecuada gestión de la información y la aplicación efectiva de sanciones a quienes cometan las infracciones y delitos previstos por esta ley.

En este sentido, Austin señaló que “el comercio ilegal de especies silvestres pone en peligro la biodiversidad del mundo. Una de cada cuatro especies corre el riesgo de extinguirse en los próximos años. Por eso, debemos tomar medidas para mantener una relación más sustentable con nuestro planeta y nuestro país”.  

“Estamos trabajando para que Argentina cuente con una legislación acorde para combatir el comercio ilegal de flora y fauna silvestre. Estos delitos son una de las mayores actividades delictivas, junto al tráfico de armas, el narcotráfico y la trata de personas”, agregó.

Según el proyecto, la comercialización ilegal de especies silvestres tiene un efecto “catastrófico” sobre la biodiversidad, los ecosistemas y supone una amenaza para la supervivencia de muchas especies, al tiempo que “destroza la economía local y hace imposible pensar en un desarrollo sostenible de los pueblos”.

Asimismo, señala que dotar a nuestro país de una legislación acorde sigue siendo una cuestión pendiente por el Parlamento. “El reforzamiento de los controles administrativos a quienes realicen operaciones de flora y fauna silvestre constituye una herramienta indispensable a fin de luchar contra el tráfico ilegal de especies silvestres”, advierte la iniciativa.