Legisladores de varios bloques políticos llevaron a cabo este martes en el Congreso de la Nación una reunión donde expusieron brigadistas, personas que trabajan en propuestas de prevención y reconstrucción, y especialistas en la temática, quienes brindaron su testimonio sobre los incendios en la Patagonia con el fin de visibilizar y coordinar acciones sobre el impacto ambiental de los mismos.

Los principales ejes abordados por los disertantes en la jornada denominada "Las voces del fuego" fueron el abandono de las políticas públicas de manejo del fuego; la incertidumbre respecto de la ejecución de los fondos destinados a ese fin; la propuesta de un régimen previsional diferencial para combatientes de incendios; el impacto negativo de la modificación de la Ley de Glaciares - que será tratada este jueves en la Cámara Alta - sobre los incendios y el acceso al agua en las comunidades; y la necesidad de fortalecer la coordinación de las comunidades y brigadas comunitarias que conviven y convivirán con el fuego.

Javier Grosfeld, doctor en Biología e investigador del CONICET, reconocido en la Patagonia por sus trabajos sobre incendios, señaló que “la inversión en prevención, que hoy es prácticamente nula - del 1 % o menos del presupuesto -, permitiría reducir la severidad de los incendios y mejorar los costos a futuro, en una relación de 1 dólar invertido contra 8 gastados en el combate”, y aseguró que “deberíamos avanzar hacia el manejo de combustibles, lo que se denomina prescripción o prevención activa, como una inversión estratégica”.

También disertó Mariana Neme, brigadista del Parque Nacional Los Glaciares (Santa Cruz), quien se refirió a las condiciones laborales del sector y sostuvo: “Mejorar las condiciones de las y los brigadistas va a repercutir también en el fortalecimiento del sistema de manejo del fuego”.

Silvia Liliana Rojas, brigadista comunitaria de la cuadrilla Sur a Sur de Mallín Ahogado, relató la tarea realizada por esta cuadrilla y afirmó que es necesario “entender que el trabajo comunitario es fundamental, sobre todo en este momento”. También puso el foco en la articulación institucional: “Necesitamos capacitación y articular con las instituciones formales; si existiera una política de articulación en la que fuéramos incluidos en las decisiones, sería fundamental”.

Por su parte, Daniel Bocos, ingeniero forestal y ex director de Bosques Nativos, denunció el incumplimiento del Plan Nacional de Manejo del Fuego y aseguró que “hay un abandono por parte del Gobierno nacional de las obligaciones que la ley le impone”.

También participó Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, quien advirtió que “las reducciones presupuestarias tienen consecuencias concretas” y denunció la “construcción de un enemigo interno”, en referencia a las acusaciones hacia comunidades mapuche por el origen de los incendios.

La diputada Adriana Serquis, quien actuó como moderadora de la actividad, cerró el encuentro señalando que “claramente se trata de un problema multicausal y complejo, que requiere soluciones complejas; no intentemos simplificarlo”, y agregó: “Tenemos que comprometernos con una agenda de trabajo inmediata: resolver en primer lugar los problemas laborales de las y los brigadistas, seguir reclamando presupuesto y fortalecer el ordenamiento territorial y social”.

También expusieron sus experiencias Hernán Mondino (brigadista, Parque Nacional Los Alerces); Andrea Torres (ex brigadista de Parque Nacional  Los Glaciares); Pol Huisman (ex intendente de El Hoyo, productor y ex brigadista); Alberto Seufferheld (ex guardaparque y exdirector nacional del Servicio del Fuego); Miguel Hernán Ñanco (brigadista del Servicio Nacional de Manejo del Fuego); Rubén Zárate (presidente de Comodoro Conocimiento y expresidente del CIEFAP); Leonardo Wozniak (presidente del Aeroclub de El Chaltén); Daniel Somma (doctor en Ciencias Ambientales, ex presidente de Parques Nacionales e investigador de INTA Delta); María Victoria Agnes (Consciente Colectivo); Cecil Hughes Alabart (brigadista comunitario de Lago Epuyén); Luciano Kordon (Escuela de Permacultura El Árbol); León Esquenazi y Elías Ernesto Castaño Chirro (Jóvenes por el Clima), entre otros.

Por el bloque Unión por la Patria estuvieron presentes Adriana Serquis, Juan Pablo Luque, Ana María Ianni, Gabriela Estévez, Sabrina Selva, Cecilia Moreau, Germán Martínez, Fernanda Miño, Caren Tepp, Paula Penacca, Andrea Freites, Eduardo Valdés, Juan Grabois e Itaí Hagman. Por la Coalición Cívica participó Maximiliano Ferraro; por el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, Nicolás del Caño, Romina del Plá y Myriam Bregman; y por el bloque Provincias Unidas, María Inés Zigarán y Carolina Basualdo, quienes se sumaron de manera virtual.

Brigadistas que combatieron incendios en la Patagonia, junto a especialistas y referentes en la materia, expondrán este martes en Diputados, en el marco de una actividad organizada por la rionegrina Adriana Serquis (Unión por la Patria).

El encuentro, denominado "Las voces del fuego: testimonios, trabajo y demandas de quienes combaten los incendios en la Patagonia", se realizará desde las 13 en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja.

En la jornada se abordará el impacto de los incendios que afectan a diversas zonas de la Patagonia, incorporando las voces de quienes combaten el fuego o responsables de servicios afectados a esa tarea. Además, se presentarán propuestas de prevención y reconstrucción.

Una docena de diputados, encabezados por Serquis, habían solicitado a la presidencia de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano que tal encuentro se dé en el seno de la misma. Sin embargo, desde el entorno de la legisladora aseguraron que "hasta el momento no hubo resultados concretos" para llevarla a cabo.

En tanto, la reunión cuenta con el respaldo de diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda.

En medio de una de las peores crisis ígneas de las últimas décadas, la senadora nacional Ana Marks (Justicialista) presentó un proyecto de ley “frente al desfinanciamiento deliberado de las políticas de prevención”, el cual busca establecer una jubilación diferencial para combatientes de incendios forestales y rurales. “Es una iniciativa que reconoce el carácter riesgoso, insalubre y extremo de una tarea esencial que hoy el Estado nacional abandona”, enfatizó la rionegrina.

La propuesta surge tras meses de trabajo junto a brigadistas de organismos nacionales y provinciales y se presenta en un contexto alarmante. En ese sentido, la legisladora enumeró: “El Servicio Nacional de Manejo del Fuego sufrió una caída presupuestaria real superior al 70%, no existen fondos extraordinarios para enfrentar la emergencia y el Gobierno nacional optó por un DNU que no asigna recursos nuevos, no mejora condiciones laborales ni protege a quienes combaten el fuego. Mientras tanto, los incendios se repiten con mayor intensidad y duración, dejando territorios devastados y comunidades en riesgo”.

“Los incendios no son inevitables. Lo inevitable es lo que pasa cuando se ajusta, se subejecuta el presupuesto y se vacía el Sistema de Manejo del Fuego. Mientras el Gobierno mira para otro lado, los brigadistas ponen el cuerpo en condiciones cada vez más precarias”, sostuvo la opositora.

Para Marks, “no se puede hablar de emergencia mientras se recortan recursos y se les niegan derechos a quienes arriesgan su vida”. Además, la legisladora fue contundente al cuestionar la política ambiental del gobierno de Javier Milei, “que combina recortes presupuestarios con el debilitamiento de la Ley de Manejo del Fuego, eliminando la prohibición de modificar el uso del suelo en tierras incendiadas”. “Cuando se desfinancia la prevención y se flexibilizan las leyes ambientales, el fuego deja de ser una tragedia y pasa a ser un negocio”, afirmó.

El proyecto de ley establece el acceso a la jubilación ordinaria a los 55 años para los varones y 52 para las mujeres, con 25 años de servicios, de los cuales al menos 15 deben haber sido prestados en tareas directas de combate en el terreno. Además, reconoce los servicios realizados con anterioridad a la sanción de la ley, crea un registro específico de trabajadores alcanzados e invita a las provincias a adherir al régimen.

“Las comunidades sabemos la importancia que tienen quienes combaten el fuego. Los vemos año tras año dejar la salud y poner en riesgo su vida para proteger a otros. Por eso esta jubilación no es un privilegio: es un hecho de enorme justicia”, sostuvo la rionegrina.

Finalmente, la senadora advirtió que “no hay política ambiental posible sin trabajadores protegidos ni Estado presente. El ajuste sobre los brigadistas y el vaciamiento del Manejo del Fuego no son errores, son decisiones políticas. Defender a quienes combaten el fuego es defender la vida, el territorio y la soberanía ambiental”.

En el año 2022, un régimen previsional para brigadistas había recibido media sanción en el Senado; sin embargo, luego perdió estado parlamentario en la Cámara de Diputados.

El diputado nacional Esteban Paulon sumó un nuevo proyecto a los que ya han presentado otros bloques para que se declare la emergencia ígnea y el daño ambiental en la Patagonia y se les otorgue un bono a brigadistas y bomberos que combate el fuego.

La iniciativa propone la declaración de zona de desastre y emergencia en las provincias de Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén que tiene por finalidad la adopción de medidas y acciones concretas destinadas a promover la recomposición del ambiente en la Región Delta del Paraná afectadas por la sequía y los incendios.

Además, dispone un otorgamiento de un bono mensual extraordinario equivalente al 100% de su salario básico para las y los brigadistas forestales que participen en operativos de combate y control de incendios en el marco de la emergencia declarada, por cada mes en que se encuentren afectados a dichos operativos.

“El Poder Ejecutivo nacional destinará una partida del Fondo de Compensación Ambiental de la Ley 25.675 para afrontar las acciones de preservación del ambiente y de recomposición ambiental, en el marco de la emergencia y por el plazo dispuesto en el artículo 1º. De ser necesario, se asignará una partida especial adicional de los recursos del Ejercicio 2026”, agrega.

Paulon señaló que “los eventos registrados en distintos puntos de la región patagónica configuran un escenario de desastre que supera las capacidades de respuesta locales y provinciales, haciendo imprescindible la intervención del Estado nacional mediante políticas públicas excepcionales y la asignación de recursos y exige una respuesta inmediata, integral y coordinada”.

En esa línea, pidió atender la “situación crítica” de brigadistas forestales, trabajadores de Parques Nacionales, bomberos voluntarios y agentes de los servicios provinciales de manejo del fuego, quienes se encuentran en la primera línea de contención de incendios, desempeñando tareas de “altísimo riesgo en condiciones laborales precarias, con salarios insuficientes y sin el reconocimiento institucional acorde a la relevancia estratégica de sus funciones”.

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La diputada nacional Romina del Pla, junto sus pares de bancada Néstor Pitrola, Myriam Bregman y Nicolás del Caño, presentó un proyecto de ley para que se declare la emergencia presupuestaria del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y proponen que se financie con un impuesto a las grandes fortunas y ganancias de los grandes empresarios y multinacionales.

La iniciativa pide que se garanticen la totalidad de los recursos para la extinción, combate y prevención de los incendios desarrollados en las provincias de Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén.

Además, plantea que la emergencia presupuestaria establecida contemplará el destino de recursos y partidas presupuestarias necesarios para garantizar: aviones hidrantes, Helicópteros, Parque Automotor y herramientas de alto impacto; refuerzo de personal en las brigadas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, brigadas provinciales y cuerpos de bomberos voluntarios, entre otros, con garantías salariales, estabilidad laboral, ropa de trabajo de calidad y herramientas en las condiciones que exige la tarea.

También exige “el inmediato aumento salarial para todos los brigadistas para que el salario sea como mínimo el valor de la canasta básica total patagónica, y se pase a planta permanente a todo el personal afectado, terminando con las contrataciones precarias”.

Las bancas del FITU en donde deben estar, junto a la lucha del pueblo contra el desastre ambiental en la Patagonia.
Presentamos un proyecto de ley de emergencia presupuestaria del Servicio Nacional de Manejo del
Fuego que se financiará con un impuesto a las grandes fortunas.
El… pic.twitter.com/JY7qxklqI6

— Romina Del Plá (@RominaDelPla) January 12, 2026

A su vez, agrega que se destinarán las partidas presupuestarias en elementos de comunicación y digitales para la ubicación y delimitación de las tareas requeridas para la asistencia inmediata a las personas afectadas en la provisión de agua potable, alimentos, vestimenta, alojamiento como así también atención médica, psicológica, sanitaria y todo aquello que se requiera en función de las necesidades inmediatas de las familias damnificadas; asistencia directa para la reconstrucción de los hogares y de todo bien de índole personal o público que fuera afectado sin exigir retribución alguna por parte de los damnificados hacia el Estado; y el restablecimiento de todas las redes de servicios públicos.

Al respecto, plantean que la emergencia presupuestaria y el destino de los recursos “será realizado y organizado bajo relevamiento previo y control de los vecinos de la zona afectada por los incendios, los trabajadores de las brigadas, bomberos voluntarios, equipos técnicos conformados a tal fin, voluntarios y actuales agentes estatales”.

Otro punto relevante, es la prohibición de la venta, comercialización, loteo, subdivisión y cualquier tipo de cambio en el uso del suelo en las áreas afectadas por los incendios forestales, garantizando la remediación definitiva y recuperación del monte nativo, con la sola excepción de viviendas familiares o minifundios, por el plazo de 60 años.

En tanto, proponen que el Poder Ejecutivo Nacional deberá garantizar la reconstrucción socio ambiental de la región, empezando por un inminente plan de viviendas para todas las familias afectadas, la exención impositiva en los servicios públicos y contribuciones locales de las mismas, así como un plan de erradicación y control de especies exóticas y de reforestación del bosque nativo para la prevención futura.

“Prohíbase el cultivo de pinos tanto para su uso comercial- maderero como ornamental o para generar derechos de forestación con supuestos fines de reducción del carbono”, agregan en el articulado.

Por último, establecen la creación de un Bono de Emergencia Ígnea para el recupero de los fondos utilizados para atender la situación de emergencia exigible a grandes empresas que desarrollen su actividad en los territorios provinciales en términos porcentuales en relación a sus ganancias reales. Los excedentes y posteriores contribuciones serán destinados para la creación de un Fondo Especial de Emergencia Ígnea, cuyo destino no podrá ser modificado y será utilizado para posibles emergencias ígneas futuras, campañas de prevención, compra de equipamiento, etc. Los montos recaudados deberán ser publicados en el Portal Oficial de Gobierno para el conocimiento de toda la población.

EMERGENCIA NACIONAL FRENTE A LOS INCENDIOS EN LAS PROVINCIAS DE CHUBUT

La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, presidida por la oficialista Vanesa Siley, retomará este miércoles el debate sobre el proyecto de ley que propone la creación de comités mixtos de seguridad, salud, medio ambiente y prevención de riesgos en el trabajo.

El tema fue analizado por última vez en agosto pasado, en ocasión de la tercera reunión informativa con invitados. Pero la iniciativa cuenta con larga data, pues fue presentada el año pasado por los exministros Claudio Moroni (Trabajo) y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidad).

El proyecto, que sigue lineamientos de la OIT, prevé la creación de Comités Mixtos, con facultades paritarias, para elaborar planes de formación en materia preventiva e implementar medidas para evitar los accidentes y afirmar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable.

La creación de ese comité será obligatoria en dichos lugares de trabajo, cuando allí se desempeñen 100 o más trabajadores, el cual estará formado, como mínimo, por 2 representantes de los trabajadores, y por el empleador en igual número.

En las empresas en las que se desempeñen más de 500 trabajadores y/o trabajadoras se duplicará el número de integrantes.

En aquellos lugares en los que se desempeñen más de 10 trabajadores y menos de 100, “el delegado o la delegada del personal tendrá facultades para participar en todas las iniciativas de prevención, efectuar planteos concernientes a ésta y para actuar en todos los temas referidos a la seguridad y la salud en el trabajo”, establece.

En un principio, el temario de la comisión incluía ese único proyecto, pero luego se sumó otra iniciativa, la que busca crear un régimen previsional diferencial para los brigadistas de incendios forestales, que días atrás fue despachada de la Comisión de Previsión y Seguridad Social. También le falta la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

La iniciativa, con media sanción del Senado, involucra a los trabajadores que se desempeñen o se hayan desempeñado como combatientes de incendios forestales o rurales en organismos nacionales o provinciales, cuyas cajas estén adheridas a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). De acuerdo con el personal activo en la actualidad, el universo potencial al que aspira la cobertura previsional es de 876 trabajadores: 496 brigadistas que dependen de Nación, entre personal del Servicio Nacional del Manejo del Fuego y de Parques Nacionales, y 380 brigadistas provinciales.

Tendrán derecho al beneficio del régimen diferencial los brigadistas varones a partir de los 57 años y las brigadistas mujeres a partir de los 50 años. Para acceder a la jubilación los beneficiarios tendrán que acreditar 25 años de servicios en unidades operativas de lucha contra incendios forestales o rurales de los cuales, al menos 15 años, tendrán que ser como combatientes en tareas de supresión en el terreno.

Además, el proyecto establece que el haber mensual de las jubilaciones será equivalente al 82% móvil de la remuneración mensual del cargo que tuviera asignado al momento del cese.

Cabe destacar que los servicios prestados con anterioridad al momento de la sanción de la ley serán válidos siempre que hayan sido brindados para el Estado nacional o provincial y retribuidos por estos. La autoridad de aplicación, que deberá llevar un registro de los trabajadores alcanzados, será la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Durante una reunión de la que participó el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados avanzó con el dictamen de un proyecto para crear un régimen previsional diferencial para los brigadistas de incendios forestales, que ya cuenta con media sanción del Senado. 

El encuentro se abrió con la palabra de Cabandié, quien abogó por que “en los próximos días se pueda discutir tanto en la Comisión de Presupuesto como en la de (Legislación del) Trabajo y de esa manera tener el dictamen definitivo para que pase al recinto”. 

“La tarea de los brigadistas es fundamental, es sumamente necesaria. Los focos los apagan los brigadistas, los medios aéreos son un completo importantísimo. Hoy tenemos la mayor cantidad de medios aéreos disponibles en toda la historia del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que cumplió 26 años hace pocos días”, destacó.

En referencia a la distribución de recursos hacia las provincias, el ministro defendió: “Cuando nosotros llegamos el Servicio estaba desarticulado y aumentamos el presupuesto en 70 veces; además de duplicar la cantidad de brigadistas dependientes del Ministerio. Entre el Ministerio y los Parques Nacionales tenemos 516 brigadistas distribuidos en todo el país”.  Sobre los brigadistas, señaló que más de 400 estaban con “precariedad laboral”. 

El titular de la cartera de Ambiente consideró que este régimen es “sumamente justo” al explicar que “las vías respiratorias de cualquier de nosotros no son iguales a las de los brigadistas; ni hablar del riesgo de la acción del combate, el cansancio físico y los traumas”. “Los gobiernos pasan pero los brigadistas quedan”, sostuvo y agregó que “sin la tarea de ellos tendríamos situaciones mucho más graves”. 

Respecto de los numerosos incendios que afectan al país, el funcionario criticó a los sectores productivos y la Justicia, además de resaltar la crisis climática. “La situación va a ser catastrófica, realmente la sociedad está yendo a un suicidio”, alertó, al tiempo que consideró que “no podemos seguir produciendo como se producía en el siglo XX”. 

En alusión a las quemas intencionales, apuntó que “hay una tarea que le compete a la Justicia y es la Justicia la que muchas veces mira para otro lado”. 

Finalmente, sumó que “sin hombres y mujeres cuidando esos ecosistemas no va a haber producción, utilidades, trabajo, ganancias, ni vida vivible”. 

Desde Juntos por el Cambio, la diputada Virginia Cornejo (Pro) aprovechó para consultarle al ministro sobre el financiamiento para el combate del fuego. “Mi provincia hace más de tres meses que está bajo el fuego y no hemos visto la acción del Ministerio”, cuestionó y preguntó: “¿Cuáles son los planes del Ministerio en cuanto a la prevención, detección y evitar que estas cosas sucedan?”. 

En esa línea, la salteña observó que “levantar el dedo acusador, de que el culpable es el otro, no nos lleva a buscar soluciones ni a prevenir”. Y advirtió que tampoco se va a “solucionar el problema” con “personas con bidones de tres litros de agua, con personas que no están capacitadas, con personas con buena voluntad que no tienen elementos de trabajo” en los incendios. “Si sancionamos leyes especiales y no hemos prevenido que estas cosas sucedan, no sé cuánto sentido tiene”, aseveró.  

“Si usted no está enterada no significa que no estén. Tenemos 130 brigadistas en Salta y hay cuatro medios aéreos. Estamos desde el momento de inicio de esos focos, que fue a mediados de agosto, en permanente comunicación con la provincia”, le contestó Cabandié. 

El ministro recordó que en el Presupuesto 2021 se incorporó una alícuota especial para financiar el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y “eso nos ha permitido incrementar 70 veces el presupuesto”, reiteró. Además, precisó que se estableció un criterio por el cual se distribuyen “50 millones de pesos por provincia a requerimiento y compras vinculadas al combate de incendios forestales, no para combustibles”. 

Y, criticando a la gestión anterior, el funcionario afirmó que cuando el Servicio de Manejo del Fuego estuvo bajo la órbita de Seguridad, “fue infructuosa la gestión en términos de equipamiento, integralidad o lo que estamos tratando hoy” sobre las condiciones laborales de los brigadistas. 

También lo cruzó al ministro el diputado Juan Martín (UCR), quien le pidió por una “autocrítica” porque “muchas cosas fallaron” en hacer “mejor y más eficiente el régimen de manejo del fuego”. Pidió entonces pensar “desde la base de cómo todos mejoramos y no solamente echamos culpas”. 

Cabandié le contestó: “Consideramos que la tarea que venimos llevando a cabo es perfectible. Es muy buena, porque así lo dicen los brigadistas y también lo manifiestan las provincias”. 

Durante las intervenciones, el diputado Nicolás Del Caño (FIT) solicitó avanzar sobre “las causas profundas de por qué se está incendiando el país” que “tienen que ver con un modelo extractivista, no solamente con los insuficientes recursos”; modelo que “avalan ambas coaliciones”, denunció y opinó que por eso “vienen bloqueando la ley de humedales”. “Usted también tiene responsabilidad en esto ministro”, le reclamó. 

A su turno, la diputada Carla Carrizo (Evolución Radical), quien asumió como vicepresidenta de la comisión en reemplazo de Alejandro Cacace, señaló que se está hablando de unos “pocos” brigadistas que serán beneficiados, “pero la verdad deberíamos hablar de que sean más, porque Argentina lidera la tasa en incendios”. 

Además, la radical cuestionó que se haya dado un “segmentado” debate, al no convocarse a un plenario con las otras dos comisiones competentes, y sin “la información correcta” para discutir acerca de “agregar un régimen previsional más a los 39 que ya hay”. “No está claro si está la decisión política de que esto sea ley”, expresó. 

Recogió el guante la presidenta de la comisión, Marisa Uceda (FdT), quien reveló: “Era muy complejo juntar las tres comisiones esta semana, era más fácil que Presupuesto y Legislación del Trabajo dictaminen la semana que viene. Si no hubiera voluntad del oficialismo el ministro no hubiera participado de esta comisión”. 

En la reunión, la diputada Florencia Lampreabe (FdT) defendió que el proyecto es “para generar más derechos y mejores condiciones a los trabajadores brigadistas en un contexto de crisis climática, donde los incendios son cada vez más”. “No es una tarea que aborda cualquiera, el heroísmo de decidir optar por este tipo de trabajo supone alguna característica especial”, dijo la camporista y enfatizó que se trata de “condiciones mucho más especiales de las que tienen los jueces, que ahí no hay tanto problema de cuestionar la equidad del sistema tributario”. 

En tanto, la diputada Graciela Ocaña (Pro) manifestó que “hay que discutir en serio el régimen previsional porque hoy tenemos jubilaciones de 44 mil pesos que con bono llegan a 50 mil pesos, pero que están muy lejos de la canasta básica para la tercera edad. Y eso es responsabilidad de todos”. “Más allá de regímenes o parches para un sector, que por supuesto tiene toda la justicia de reclamo y de poder acceder, lo cierto es que seguimos sin resolver el problema de fondo”, añadió. 

La palabra de brigadistas

Hacia el final del encuentro, cuando el ministro ya no estaba presente, les fue otorgada la palabra a los trabajadores. Orlando Báez, brigadista de Río Negro, alertó que “falta equipamiento, falta mayor cantidad de personal” y “los recursos están siendo invertidos en otro lugares y no en las brigadas”. 

Sobre el régimen previsional, aseguró que no lo piden “por un capricho, lo pedimos por una necesidad. Hay muchos trabajadores que hoy necesitan ir a sus hogares porque han dedicado su vida entera al combate de incendios forestales y la asistencia de los vecinos”. 

Nuevamente sobre los recursos, resaltó que “hay asistencia sí, pero me parece que está siendo mal canalizada porque los trabajadores no la están recibiendo”. 

Alberto Seufferheld, director del Servicio de Manejo del Fuego, señaló que este “es un trabajo que por ahí ahora comenzó a verse más en las redes, pero es un trabajo de muchos años” y “está considerado como uno de los trabajos más riesgosos que existen, porque hemos perdido compañeros y tenemos lesiones graves”. 

El proyecto

La iniciativa involucra a los trabajadores que se desempeñen o se hayan desempeñado como combatientes de incendios forestales o rurales en organismos nacionales o provinciales, cuyas cajas estén adheridas a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). De acuerdo con el personal activo en la actualidad, el universo potencial al que aspira la cobertura previsional es de 876 trabajadores: 496 brigadistas que dependen de Nación, entre personal del Servicio Nacional del Manejo del Fuego y de Parques Nacionales, y 380 brigadistas provinciales.

Tendrán derecho al beneficio del régimen diferencial los brigadistas varones a partir de los 57 años y las brigadistas mujeres a partir de los 50 años. Para acceder a la jubilación los beneficiarios tendrán que acreditar 25 años de servicios en unidades operativas de lucha contra incendios forestales o rurales de los cuales, al menos 15 años, tendrán que ser como combatientes en tareas de supresión en el terreno.

Además, el proyecto establece que el haber mensual de las jubilaciones será equivalente al 82% móvil de la remuneración mensual del cargo que tuviera asignado al momento del cese.

Cabe destacar que los servicios prestados con anterioridad al momento de la sanción de la ley serán válidos siempre que hayan sido brindados para el Estado nacional o provincial y retribuidos por estos. La autoridad de aplicación, que deberá llevar un registro de los trabajadores alcanzados, será la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

La Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, que preside la mendocina Marisa Uceda, se reunirá este martes a las 12 para tratar el proyecto de ley proveniente del Senado por el cual se establece el régimen previsional diferencial para los trabajadores combatientes de incendios forestales o rurales.

Esta iniciativa que beneficia a unos 900 combatientes, tuvo media sanción en el Senado el pasado 10 de agosto. Se aprobó por 51 votos a favor y 10 en contra.

Se trata de una iniciativa impulsada por la senadora nacional de Río Negro Silvina García Larraburu. Durante el debate en comisión en el Senado participó el ministro Juan Cabandié.

La iniciativa involucra a los trabajadores que se desempeñen o se hayan desempeñado como combatientes de incendios forestales o rurales en organismos nacionales o provinciales, cuyas cajas estén adheridas a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). De acuerdo con el personal activo en la actualidad, el universo potencial al que aspira la cobertura previsional es de 876 trabajadores: 496 brigadistas que dependen de Nación, entre personal del Servicio Nacional del Manejo del Fuego y de Parques Nacionales, y 380 brigadistas provinciales.

Tendrán derecho al beneficio del régimen diferencial los brigadistas varones a partir de los 57 años y las brigadistas mujeres a partir de los 50 años. Para acceder a la jubilación los beneficiarios tendrán que acreditar 25 años de servicios en unidades operativas de lucha contra incendios forestales o rurales de los cuales, al menos 15 años, tendrán que ser como combatientes en tareas de supresión en el terreno.

Además, el proyecto establece que el haber mensual de las jubilaciones será equivalente al 82 % móvil de la remuneración mensual del cargo que tuviera asignado al momento del cese.

Cabe destacar que los servicios prestados con anterioridad al momento de la sanción de la ley serán válidos siempre que hayan sido brindados para el Estado nacional o provincial y retribuidos por estos. La autoridad de aplicación, que deberá llevar un registro de los trabajadores alcanzados, será la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

El Senado dio media sanción por 51 votos a favor y 10 en contra -del bloque Pro, el radical Martín Lousteau y el sanjuanino Roberto Basualdo, aliado de Juntos por el Cambio- un proyecto que establece un régimen previsional diferencial para combatientes de incendios forestales o rurales.

Una de las autoras del proyecto, la oficialista Silvina García Larraburu expresó que este es “un día de festejo y alegría” porque esta iniciativa “cristaliza un reclamo histórico de los combatientes de incendios forestales”. Recordó que el primer proyecto lo presentó en el año 2017, y representó en 2019 y 2021. “Pasaron unos cuantos años, lamentablemente muchos incendios, muchos combates, pero creemos que hoy vamos a estar dando justicia”, sostuvo.

La rionegrina reveló que el texto contó con “aportes fundamentales de varias provincias” y en el que también tuvieron “un rol fundamental las autoridades de Parques Nacionales y el ministro de Ambiente, Juan Cabandié”.

La legisladora detalló que en su provincia alcanzará a “más de 230 brigadistas especializados”, quienes ponen “un enorme esfuerzo personal y de salud”. “En diciembre estuvieron semanas combatiendo, prácticamente durmiendo solo dos o tres horas”, mencionó y precisó que este régimen tendrá una incidencia en aproximadamente 850 personas.

 “El combate se da de manera personal, cuerpo a cuerpo con las llamas, y las zonas muchas veces son de difícil acceso”, destacó García Larraburu al mostrar imágenes en el recinto. “Son héroes nuestros brigadistas”, afirmó.

El otro impulsor de este régimen, el radical Mario Fiad, argumentó que “por la peligrosidad de esta profesión resulta necesario establecer este régimen previsional anticipado”. “El riesgo, la alta exigencia física, psíquica, emocional pone a los trabajadores brigadistas ante la presencia de amenaza constante, además del fuego, de gases tóxicos, altas temperaturas y riesgos extremos de las geografías”, explicó.

El jujeño señaló que en su provincia son “62 los brigadistas que actualmente están desempeñándose en territorio” y “ninguno de ellos hoy podría acceder a esta jubilación por falta de edad”. Por eso, “esta medida concreta y reconoce derechos”.

Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Ambiente, Gladys González, graficó lo que representan los incendios en el país. Al recordar lo ocurrido en Corrientes, repasó que “se quemaron más de un millón de hectáreas” lo que es “equivalente a una pérdida económica de más de 80 mil millones de pesos; afectando el 40% de la producción de arroz, la citricultura, la yerba mate, que perdió el 50% de su producción, la ganadería, la forestación y la infraestructura”.

Pero al argumentar la posición en contra de su bloque, el Pro, la bonaerense enfatizó en la importancia de ofrecerles a los brigadistas la provisión de herramientas y capacitación, pero “no prometerles cosas que no vamos a poder cumplir y eso creo que estamos haciendo hoy”. “El sistema previsional argentino representa el 40% del gasto público y está colapsado, es inviable”, resaltó y sostuvo que “este sistema es incapaz de sostener generaciones futuras; lo que estamos prometiendo hoy es incertidumbre”.

González apuntó que “el sistema previsional tiene un déficit de tres puntos del PBI, donde el 55% de los jubilados responde a algún régimen especial. Hay 207 regímenes especiales”. Por lo que pronosticó que “no habrá recursos para pagarles en el futuro o cobrarán una miseria”.

“Estoy sorprendidísima”, arrancó la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, en el cierre del debate. La kirchnerista le recordó a González que ella había firmado el dictamen “favorablemente” en comisión. “Es difícil de entender como hacen para decir una cosa y hacer otra. Es frustrante”, cuestionó. “Es un proyecto de consenso y en el recinto escuchamos que es una mentira. Por ahí si gobierna el signo político de la senadora no le van a pagar, pero el peronismo le va a pagar las jubilaciones a los brigadistas, eso se lo puedo garantizar. Nosotros siempre pagamos las jubilaciones”, lanzó.

La presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social exclamó: “¡La verdad que hay que oponerse a este proyecto, eh!”. Al señalar que son menos de 900 personas las que accederán, la senadora dijo que “no alcanzan los ceros para sacarle el costo fiscal”.

“Vaya lindo mensaje para los brigadistas que van a poner la vida, el pecho y el cuerpo al fuego. Es hermoso el mensaje. Es increíble escucharlo, no lo puedo asumir. No puedo creerlo”, agregó sobre la oposición del macrismo.

Finalmente, el jefe del interbloque del Frente de Todos, José Mayans, afirmó que este “era un tema que tenía consenso. Estamos sorprendidos”. “No comparto los argumentos que dijo sobre que Mauricio (Macri) y Horacio (Rodríguez Larreta) cuidaban a los jubilados”, le salió al cruce a Gladys González. Y le enrostró: “Nosotros les entregamos un sistema superavitario y lo dejaron con un déficit de 600 mil millones. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad con 67 mil millones de dólares y lo entregaron con 32 mil millones”.

Puntos centrales de la iniciativa

El proyecto involucra a los trabajadores que se desempeñen o se hayan desempeñado como combatientes de incendios forestales o rurales en organismos nacionales o provinciales, cuyas cajas estén adheridas a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). De acuerdo al personal activo en la actualidad, el universo potencial al que aspira el proyecto de ley es de 876 trabajadores: 496 brigadistas que dependen de Nación, entre personal del SNMF y de Parques Nacionales, y 380 brigadistas provinciales. 

Tendrán derecho al beneficio del régimen diferencial los brigadistas varones a partir de los 57 años y las brigadistas mujeres a partir de los 50 años. Para acceder a la jubilación los beneficiarios tendrán que acreditar 25 años de servicios en unidades operativas de lucha contra incendios forestales o rurales, de los cuales al menos 15 años, tendrán que ser como combatientes en tareas de supresión en el terreno. 

Además, el proyecto establece que el haber mensual de las jubilaciones será equivalente al 82 % móvil de la remuneración mensual del cargo que tuviera asignado al momento del cese. 

Cabe destacar que los servicios prestados con anterioridad al momento de la sanción de la ley serán válidos siempre que hayan sido brindados para el Estado nacional o provincial y retribuidos por éstos. La autoridad de aplicación, que deberá llevar un registro de los trabajadores alcanzados, será la Secretaría de Seguridad Social, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.