Desde el sector mayorista cuestionaron la modificación introducida por el oficialismo en el artículo 128 del proyecto laboral, al considerar que garantiza la continuidad de aportes obligatorios a cámaras empresarias y sindicatos. Señalan un grave conflicto de intereses, falta de transparencia y la permanencia de “costos ocultos” que encarecen el empleo.
El sector mayorista expresó su “profundo rechazo” al cambio introducido por el oficialismo en el artículo 128 del proyecto de reforma laboral, al que calificaron de “llamativo y contradictorio”. La versión original establecía que los aportes a cámaras empresarias tendrían carácter voluntario, pero la nueva redacción —advierten— transforma ese criterio y “otorga impunidad y una doble garantía” para que determinadas entidades continúen recaudando fondos millonarios sin mecanismos públicos de rendición de cuentas.
Según empresarios del sector, el conflicto de intereses es evidente: la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) participan de la mesa paritaria del sector mercantil y, al mismo tiempo, son beneficiarias de los aportes obligatorios que se negocian en ese ámbito a través del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP). Esto alcanza a todos los empleadores con personal bajo convenio de Comercio.
El aporte obligatorio a INACAP equivale al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A por cada uno de los 1,2 millones de trabajadores del sector. La mayor parte de esos fondos se redistribuye entre CAC y CAME bajo el argumento de capacitación y fortalecimiento institucional. Sin embargo, los empresarios denuncian que, al tratarse de montos atados a las paritarias, estas organizaciones “se autobenefician” cada vez que se acuerdan aumentos salariales.
El propio organismo, en el marco de la causa judicial que frenó el Decreto 149/2025 impulsado por Federico Sturzenegger para volver voluntarios los aportes, reconoció que recauda más de $30.000 millones anuales. Pero —señalan desde el sector mayorista— no detalla cuánto destina realmente a capacitación, ni cuánto a sostener cámaras empresarias, ni si se utilizan recursos para fines políticos, viáticos o viajes de dirigentes.
Tampoco existe trazabilidad clara de los fondos: empresarios recuerdan que hay cámaras de representación dudosa, que van desde entidades de calles y avenidas hasta agrupaciones de jóvenes, mujeres o espacios étnico-culturales.
Un reclamo que viene creciendo desde 2024
Diversas entidades empresarias expusieron ante el Congreso su descontento con el sistema. Entre ellas:
Todas cuestionaron la administración y el destino de los aportes obligatorios.
A estos reclamos se sumaron sectores industriales como AFAC y CAMIMA, que también padecen esquemas similares de “aportes para capacitación” en sus convenios colectivos y respaldaron la iniciativa para volverlos voluntarios.
El aporte solidario por COVID-19 que aún se cobra
Desde CADAM también volvieron a exigir la eliminación de la Contribución Solidaria por COVID-19 a OSECAC, vigente desde abril de 2021 en plena pandemia. Pese al tiempo transcurrido y a que fue creada como una medida excepcional, aún se sigue cobrando por cada empleado, incluso cuando el trabajador no está afiliado a esa obra social.
“La reforma laboral sigue sosteniendo de esta manera costos ocultos en paritarias que aumentan el costo laboral”, remarcaron.
La letra fina de la modificación que generó indignación
La ley original impulsada por el Ejecutivo establecía la voluntariedad inmediata de los aportes. Pero la modificación introducida en las últimas horas fijó nuevos topes y difirió la voluntariedad plena recién para 2028.
Entre los puntos más cuestionados por el sector empresario se destacan:
El texto, que circula con indignación entre empresarios mayoristas y pymes, es visto como un retroceso frente al objetivo de reducir cargas para la actividad y promover la formalidad.