Tras el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que dejó sin efecto la condena millonaria contra la Argentina por la expropiación de YPF, el hijo de los Kirchner impulsa expresar el beneplácito del Congreso y reafirmar la soberanía hidrocarburífera y jurídica del país.
La reciente decisión de la Justicia estadounidense que anuló la condena de más de 16.000 millones de dólares contra la Argentina por la expropiación de YPF volvió a impactar de lleno en el escenario político local. En ese contexto, el diputado nacional Máximo Kirchner, junto a un grupo de legisladores de Unión por la Patria, presentó un proyecto de declaración para que la Cámara baja exprese su respaldo institucional al fallo y reivindique la estatización de la petrolera como un acto soberano.
La iniciativa destaca el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que el 27 de marzo revocó la sentencia de primera instancia dictada en 2023 por la jueza Loretta Preska. Para los autores del proyecto, esa resolución no constituye solo un éxito judicial, sino la validación internacional de una posición que el Estado argentino sostuvo desde 2012: que el estatuto de una empresa no puede prevalecer por sobre la Constitución ni el ordenamiento jurídico de un país soberano.
En los fundamentos, el texto subraya que la expropiación del 51% de las acciones de YPF, dispuesta durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, respondió a razones de utilidad pública y fue clave para revertir la crisis de abastecimiento energético que atravesaba el país. El proyecto remarca que la Ley 26.741 declaró de interés público nacional el autoabastecimiento de hidrocarburos y habilitó un cambio de rumbo que, años después, permitió el desarrollo de Vaca Muerta.
El planteo legislativo pone especial énfasis en el monto que estuvo en disputa en los tribunales estadounidenses —más de 16.100 millones de dólares— y advierte que una sentencia adversa hubiese significado un condicionamiento severo para las finanzas públicas y para las próximas generaciones. En esa línea, califica el fallo de primera instancia como una decisión de sesgo político que intentó asimilar un acto soberano del Congreso argentino a un incumplimiento contractual de naturaleza privada.
Otro de los ejes centrales del proyecto es la continuidad de la estrategia jurídica como política de Estado. Los firmantes señalan que, pese a los cambios de gobierno, la Argentina mantuvo la misma línea argumental en defensa de su inmunidad soberana, lo que —a su entender— resultó determinante para el resultado favorable en la instancia de apelación. Incluso remarcan que quienes actualmente conducen el Ejecutivo habían cuestionado duramente la expropiación y, sin embargo, celebraron un fallo que fue posible gracias a la estrategia definida en años anteriores.
El texto también vincula el caso YPF con otros antecedentes judiciales internacionales, como el litigio por Maxus, resuelto en 2023, y marca un contraste con la decisión del gobierno de Mauricio Macri de cerrar en 2016 un acuerdo con los fondos buitre por la deuda en default. Según el proyecto, mientras el fallo por YPF demuestra la conveniencia de resistir y agotar las instancias judiciales, el pago a los holdouts respondió a una lógica financiera que derivó en un nuevo ciclo de endeudamiento.
El proyecto es acompañado por los diputados Lucía Cámpora, Carlos Castagneto, Gabriela Estévez, Teresa García Mario Manrique, Sergio Palazzo, Paula Penacca, Lorena Pokoik, Vanesa Siley y Julia Strada.