CONFRONTACIÓN DIRECTA CON UNIÓN POR LA PATRIA. En su presentación del proyecto de Presupuesto 2025, el presidente Javier Milei decidió confrontar con los diputados de Unión por la Patria. En varios momentos de su discurso leído, se salió de las líneas impresas para lanzar misiles a la oposición. Por el lado de la primera minoría asistió un puñado de legisladores como Germán Martínez -jefe de la bancada-, Victoria Tolosa Paz, Leandro Santoro, Eduardo Valdés, Carlos Heller, Sabrina Selva, entre otros. 

“Los invito a volver por un minuto a despejar la ‘X’ conmigo para entender de qué se trata”, expresó Milei y, acto seguido, dirigiéndose a los representantes de UP disparó: “Ustedes pueden abstenerse porque suman con dificultad”. La euforia libertaria se adueñó del recinto, y desde los palcos colmados de militantes comenzó el cántico “la casta tiene miedo”. El presidente siguió, directamente contra el jefe del bloque opositor: “Mirá que yo lea o no, vos seguís sumando con dificultad, Martínez”. “No vuelven más los kukas”, se escuchaba, cuando Martín Menem, titular de la Cámara baja, pedía con gestos en sus manos bajar los gritos. 

En otro pasaje, el mandatario recordó lo dicho en su campaña sobre que venía a “despertar leones”. “Y les cuento que, si no lo han visto o no lo quieren ver, los leones han despertado”, sumó. Entre los reclamos que le llovieron desde UP en ese momento, le preguntaban por los jubilados. “Hacelo dentro del Presupuesto y no de manera demagógica, perjudicando a todos los argentinos, exterminando a los jóvenes”, aconsejó el presidente, en referencia a la ley de recomposición que vetó. Entre risas, el diputado oficialista Manuel Quintar filmaba con su celular la reacción de los opositores. 

Más tarde, Milei sostuvo que “el único camino hacia el progreso es terminar con el déficit fiscal, bajar el gasto público, eliminar impuestos y confiar en el ejercicio de la libertad por parte de los argentinos”. “Todo lo que ustedes odian”, volvió a dirigirse a la bancada peronista/kirchnerista. 

Al citar una frase de Marco Tulio Cicerón, sobre la ley de presupuesto y el Estado, les enrostró: “Esta frase tiene más de 2.000 años. Más de 2.000 años, y ustedes de eso no aprendieron nada”. 

INVISIBLES. El presidente habló por algo más de 40 minutos por cadena nacional. Incluso, su mensaje en el prime time produjo cambios en la grilla, como la postergación del regreso a la TV de Susana Giménez. A pesar de sus constantes intercambios con los miembros Unión por la Patria, en la transmisión oficial no enfocaron a los opositores. Pero esto no es nuevo, así también sucedió durante su asunción en diciembre y la Asamblea Legislativa del 1ro. de marzo. Muy pocas veces las cámaras enfocaron los rostros de opositores dialoguistas, mientras que a los de UP directamente no se los vio. Casi en el final, hubo sólo algunos planos que los mostraron de espaldas. 

RECIBIMIENTO. Sin el carácter de una Asamblea Legislativa, pero con una dinámica similar, el presidente fue recibido en la puerta del Congreso por la vicepresidenta Victoria Villarruel y el titular de Diputados, Martín Menem. No hubo esta vez comisiones de interior y exterior. Pero además de las autoridades del Poder Legislativo estuvieron en el ingreso los presidentes de las comisiones de Presupuesto de ambas cámaras: el senador Ezequiel Atauche y el diputado José Luis Espert. Luego, ambos se sentaron también en el estrado. Atauche tuvo a su lado al ministro de Economía, Luis Caputo, mientras al lado de Espert se ubicó el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. 

BANDA Y BASTÓN. Ha tomado como costumbre el presidente lucir su banda y bastón en ocasión de asistir al Congreso. Así también lo hizo en Tucumán el pasado 9 de julio durante la firma del Pacto de Mayo. 

SALUDO ESPECIAL. “Hoy empezamos a escribir la nueva historia argentina”, aseguró Milei mientras transitaba el Salón de Pasos Perdidos. Al ingresar al recinto por uno de los laterales, el presidente se encargó de saludar a su tropa de diputados y también a los funcionarios que estaban ubicados en una de las bandejas pegadas al estrado. Al llegar a Marcela Pagano, le acarició su panza. La periodista anunció dos meses atrás que espera su primer hijo. 

ENAMORADIZO. Al igual que sucedió con Fátima Flórez en la asunción, el presidente estuvo acompañado en el Congreso en esta presentación por su novia: Amalia “Yuyito” González, con quien blanqueó hace un mes. La exvedette compartió el palco con sus suegros Norberto Horacio Milei y Alicia Luján Lucic. 

POCOS SENADORES. Aunque la presentación del Presupuesto correspondía al ámbito de la Cámara de Diputados, al ser inédita y con la presencia presidencial, se envió invitación a los senadores. Sin embargo, fueron pocos los que asistieron: estuvieron los de La Libertad Avanza, el Pro y los misioneros del Frente Renovador de la Concordia. No hubo del radicalismo y tampoco de Unión por la Patria, que ya habían avisado no participarían. 

PRENSA DESPLAZADA. Los palcos reservados habitualmente para los periodistas estuvieron cerrados, en ocasión de la visita del presidente, para los acreditados permanentes en el Congreso. Luego, esos balcones, ubicados arriba del estrado de Presidencia, se llenaron de funcionarios. Entre ellos se los vio al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli. 

En un nuevo evento disruptivo protagonizado por él en el Congreso, el presidente de la Nación, Javier Milei, asistirá este domingo a partir de las 21 a la Cámara de Diputados, para encabezar la presentación que él hará del proyecto de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2025.

Será el primer proyecto que presenta su administración, dado que el correspondiente al presente año nunca lo presentó, prorrogando en cambio el Presupuesto 2023. Y será la tercera presentación que hará Milei en el Congreso desde que es presidente, saliéndose de todo protocolo.

La primera fue cuando la asunción, cuando tras recibir los atributos presidenciales, en lugar de hablar ante la Asamblea Legislativa lo hizo en las escalinatas del Congreso, a la gente convocada para escucharlo.

La segunda fue en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el 1 de marzo pasado, cuando decidió que fuera un acto nocturno y se presentó entonces a las 21. Además, no habló desde el estrado donde se ubican las autoridades de las cámaras, como se acostumbra, sino desde un atril ubicado delante del mismo.

El atril que volverá a usar el presidente Javier Milei.

Allí se parará otra vez este domingo para exponer ante los legisladores sobre el primer proyecto de Presupuesto que envía al Congreso, que hará eje en el mantenimiento a rajatabla del déficit cero. Si bien había trascendido que su discurso sería “muy largo”, fuentes de la Casa Rosada relativizaron esa posibilidad y sugirieron que el discurso se extendería entre 30 y 40 minutos. Recordemos que el discurso de apertura de las sesiones ordinarias fue de 70 minutos.

En este caso, no se tratará de una asamblea legislativa, sino tan solo de un acto protagonizado por el presidente, en el recinto de la Cámara de Diputados. Eso no quita que el acto no vaya a ser presidido por los presidentes de ambas cámaras, aunque se da por descontado que a diferencia de las presentaciones habituales del presidente no se conformen comisiones de diputados y senadores que vayan a recibirlo. Según trascendió, en lugar de esas comitivas, recibirán al presidente las autoridades de ambas cámaras y los titulares de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de Diputados y el Senado, José Luis Espert y Ezequiel Atauche.

Los senadores están invitados a participar de la exposición del presidente. El bloque de Unión por la Patria ya adelantó que no concurrirán. Lo expresó su presidente, José Mayans, que dijo que “lo que corresponde cuando se hace la presentación del Presupuesto es que venga el ministro de Economía y el secretario de Hacienda. Milei va a hacer un show, hablando de déficit cero, tirando los números que tira y la fabulación que tiene”. Y aclaró que no querían hacerle de público “y que encima nos insulte”.

Tampoco asistirán los diputados de la izquierda, que señalaron que no irán a “un acto de este Gobierno ajustador y represor. Quieren que seamos actores de reparto de la mala serie de Milei, no vamos a ser parte de su circo”.

Uno de los diputados de la izquierda contó a parlamentario.com que cuando analizaron qué hacer, evaluaron la posibilidad de llevar carteles, pero luego desistieron de hacerlo y de ir, “porque las cámaras ni nos iban a mostrar”.

El bloque de Unión por la Patria de diputados no confirmó si concurrirán a la presentación, pero lo harían miembros de la Comisión de Presupuesto, en tanto que desde el radicalismo expresaron que irán las autoridades y miembros de Presupuesto y Hacienda.

Del bloque Encuentro Federal, el presidente del mismo, Miguel Pichetto, confirmó que asistirá, pero hay libertad de acción para el resto de su bloque sobre si estar o no este domingo en el recinto. Nicolás Massot ya adelantó que no iría en su intervención del miércoles en el recinto.

Obviamente los bloques oficialistas estarán completos en el recinto, cosa que se espera también con los integrantes del Pro, los aliados más cercanos.

Paralelamente, el paro de Aerolíneas complicó los desplazamientos de los diputados del interior, muchos de los cuales no podrán llegar a Buenos Aires a pesar de querer hacerlo. Para otros, será una buena excusa.

Más allá de las presencias y ausencias, el interés estará puesto en lo que vaya a decir Milei, quien demás está decir que no estaba obligado, como ningún funcionario, a concurrir al Congreso a hablar del Presupuesto. Lo único que establece la Ley de Administración Financiera es que el proyecto de presupuesto del año venidero debe ser presentado a más tardar el 15 de septiembre, y esa es la razón por la que el presidente se hará presente este mismo domingo.

No se informó si paralelamente se difundirá el texto del proyecto, aunque todo parecería indicar que eso quedaría para el día siguiente. Lo que vaya a conocerse del Presupuesto 2025 este domingo será lo que diga el primer mandatario.

Otra gran incógnita es el cronograma de trabajo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde no se sabe si durante la semana concurrirá el ministro de Economía, Luis Caputo, para exponer sobre el Presupuesto y responder preguntas, como es de uso y costumbre. Dado el recelo que “Toto” Caputo tiene para con el Congreso, muchos legisladores sospechan que concurrirán otros funcionarios de Economía para exponer sobre el tema, pero no él.

No se conoce aún el cronograma de trabajo en la Comisión de Presupuesto.

Lo que también buscarán articular es el trabajo de diputados y senadores, para evitar que lo que vayan a aprobar los diputados sufra modificaciones en el Senado. Por eso ya se han reunido para coordinar los presidentes de las comisiones de Presupuesto de ambas cámaras.

A propósito de ambos, había trascendido que posteriormente a la presentación del presidente en el Congreso, el diputado Espert y el senador Atauche darían una conferencia de prensa, acompañados por Manuel Adorni, pero esa versión fue desechada. Nada debe quitarle protagonismo a la presentación presidencial.

Tampoco es seguro que las expectativas de un tratamiento “en espejo” entre Diputados y el Senado vaya a resultar exitoso esta vez. Ya se vivió con la Ley de Bases, donde no hubo tal trabajo conjunto. Pero sí se percibió que dada la condición minoritaria extrema de La Libertad Avanza en la Cámara alta les será muy difícil evitar que senadores de los demás partidos quieran producir modificaciones. Se comprobará muy pronto.

A casi un mes de la última reunión sobre el tema, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados se reunirán este martes 17 de septiembre a las 14 en un plenario para dictaminar el proyecto de ley conocido como “ficha limpia”, el cual reglamenta la prohibición para aquellas personas condenadas por delitos para que no puedan ser candidatos en elecciones.

Será la cuarta reunión y según los presidentes de ambas comisiones, Nicolás Mayoraz y Manuel Quintar respectivamente, este nuevo encuentro será para que el texto pase a la firma. Asimismo, el despacho es la unificación de los proyectos impulsados por La Libertad Avanza, el Pro, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica.

Durante la Asamblea Legislativa del pasado 1ro. de marzo, el presidente Javier Milei había anunciado que impulsaría un paquete de “leyes anticasta”, entre las que estaría una para que “las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no puedan presentarse como candidatos en elecciones nacionales”.

El tema de “Ficha limpia” no es nuevo: en 2019, durante la gestión de Cambiemos, el otrora oficialismo -ya en retirada- intentó darle media sanción en Diputados, pero fracasó por falta de quórum en una sesión durante noviembre. El dictamen se había firmado en agosto, antes que en las PASO y las generales se impusiera el Frente de Todos.

En 2020, durante la pandemia y mientras había trabajo virtual, los diputados del exinterbloque Juntos por el Cambio reclamaron a la Comisión de Asuntos Constitucionales que abra el debate. Sin embargo, luego no siguió adelante.

De cara a lo que será la presentación del Presupuesto 2025, por parte del mismísimo presidente Javier Milei en el recinto de la Cámara baja, confirmaron este viernes los senadores de Unión por la Patria y los diputados del Frente de Izquierda que no asistirán.

Según pudo saber parlamentario.com, por el bloque de la Unión Cívica Radical en Diputados irá “una comitiva”, mientras que por Encuentro Federal también participará un grupo, según confirmó por la red social X el presidente de la bancada, Miguel Pichetto.

Pese a que la presentación del Presupuesto se inicia por la Cámara baja, el Gobierno extendió también la invitación a los senadores nacionales.

Desde la Cámara alta, el jefe de Unión por la Patria, José Mayans, confirmó este viernes que su bloque no irá. “Lo que corresponde cuando se hace la presentación del Presupuesto es que venga el ministro de Economía y el secretario de Hacienda. Milei va a hacer un show, hablando de déficit cero, tirando los números que tira y la fabulación que tiene“, expresó.

En declaraciones a radio El Destape, el formoseño confirmó: “Nosotros no vamos a ir, nuestro bloque no va a estar. No corresponde que vayamos”. No obstante, aclaró que “obviamente” escucharán el mensaje del presidente y lo analizarán luego.

“¿Qué vamos a ir a hacer? ¿A hacerle de público y que encima nos insulte? No, de ninguna manera”, agregó el senador.

Los diputados Del Caño, Vilca y Castillo

Por otro parte, los diputados del PTS – Frente de Izquierda Nicolás del Caño, Christian Castillo y Alejandro Vilca anticiparon que tampoco irán. “No vamos a ir a un acto de este Gobierno ajustador y represor. Quieren que seamos actores de reparto de la mala serie de Milei, no vamos a ser parte de su circo”.

“La presentación del Presupuesto siempre se realiza con la posibilidad de hacer preguntas, de participar y discutir, que es el supuesto rol que debería cumplir el Congreso. El domingo no se podrá preguntar, criticar ni intervenir de ninguna manera. Es una verdadera mordaza para todos los legisladores de un Gobierno y un presidente que además amenaza con vetar toda ley que a él no le gusta, como la ley jubilatoria. Gobierna por decreto, se quiere manejar a veto limpio, reprime salvajemente y quiere usar el Congreso para su show patético. No cuenten con nosotros”, sentenciaron los legisladores.

Y sumaron que “como siempre” lo hicieron “cuando se debata realmente en las comisiones iremos a dar la discusión y la pelea para demostrar que plata hay, pero la destinan a los grandes empresarios y al FMI”.

La Cámara de Diputados ratificó el veto que le puso el presidente Javier Milei a la Ley de Movilidad Jubilatoria al no lograr la oposición la mayoría calificada requerida -dos tercios de los presentes- para insistir con el proyecto. El resultado fue de 153 votos afirmativos, 87 negativos y 8 abstenciones.

Con relación a la votación del 5 de junio, cuando el dictamen del radicalismo cosechó 160 votos, 72 negativos y 8 abstenciones, esta vez, votaron en contra los cinco legisladores de la UCR que se reunieron en Casa Rosada con el presidente Javier Milei un día antes: Mariano Campero, Pablo Cervi, Luis Picat, Martín Arjol y Federico Tournier. En rigor, este último no votó en junio, pues no era aún diputado, sino que asumió después, en lugar de Alfredo Vallejos, que acompañó la iniciativa.

Por su parte, la santacruceña radical Roxana Reyes, a diferencia de su voto afirmativo en aquella oportunidad, se fue antes de apoyar el pulgar y se le computó ausente. Durante la sesión había anticipado que se abstendría.

También por la UCR el chaqueño Gerardo Cipolini estuvo ausente, cuando antes había acompañado el dictamen. Del ausente al afirmativo fue el voto del correntino Manuel Aguirre.

La bancada que cambió el sentido de sus votos fue Innovación Federal: en la primera sesión especial, los 8 miembros votaron a favor del proyecto. Sin embargo, en esta ocasión hubo 7 abstenciones y la ausencia de la titular del bloque, Pamela Calletti, quien estuvo en la sesión pero no en la votación.

Por el lado de Unión por la Patria, bloque compuesto por 99 integrantes, se sumaron los votos afirmativos del santiagueño Ricardo Daives y la santafesina Magalí Mastaler, ausentes cuando se votó la media sanción en junio. Este miércoles, UP aportó 98 votos por la ausencia de la sanjuanina Ana Fabiola Aubone.

De los 16 miembros de Encuentro Federal, el bloque que comanda Miguel Ángel Picheto, 14 acompañaron la insistencia del proyecto. El entrerriano Francisco Morchio se ausentó en las dos votaciones y Ricardo López Murphy, a diferencia de la primera vez que no acompañó, estuvo ausente. El chubutense Jorge Ávila faltó en junio y ahora votó de manera afirmativa por la ley.

Los cinco diputados del Frente de Izquierda pasaron de la abstención en junio a votar afirmativamente este miércoles, en rechazo al veto.

Otros cambios sustanciales se dieron en la bancada del Pro: primero, el diputado Álvaro González, quien pasó del voto negativo al afirmativo. De los 7 ausentes de la primera votación, Silvia Lospennato, María Eugenia Vidal, Aníbal Tortoriello y Belén Avico, en esta sesión ratificaron el veto del presidente de la Nación, votando en contra de la insistencia de la ley. Ana Clara Romero, Héctor Baldassi y Héctor “Tito” Stefani estuvieron ausentes en las dos sesiones.

El otro caudal favorable al blindaje del veto presidencial lo aportaron alidos de LLA como los tres integrantes de Independencia, las dos sanjuaninas de Producción y Trabajo, y la monobloquista tucumana Paula Omodeo. De voto negativo en esta sesión, en la primera se abstuvieron las tres exintegrantes de Juntos por el Cambio y los tres de la bancada que responde al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, habían estado ausentes.

Sin cambios en el sentido de su voto, repitieron los dos miembros de Por Santa Cruz y el neuquino Osvaldo Llancafilo con apoyo a la movilidad jubilatoria; y por la negativa, los tres integrantes del Movimiento de Integración y Desarrollo, que conduce Oscar Zago, y las dos diputadas nacionales de Buenos Aires Libre, Carolina Píparo y Lorena Macyszyn.

Por último, La Libertad Avanza sumó el voto del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por el artículo 41 del reglamento del Cuerpo, y el de la santafesina Rocío Bonacci, quien estuvo ausente en el recinto el pasado 5 de junio. Lourdes Arrieta, ya fuera del bloque oficialista, se abstuvo cuando antes había votado por la negativa.

Así las cosas, ocho radicales cambiaron su voto (de 7 afirmativos y un ausente a 5 negativos, 2 ausentes y 1 afirmativo); UP aportó por la afirmativa 97 en junio y 98 esta vez; el Pro cambió ausentes por negativos y uno pasó al apoyo de la ley; Innovación Federal modificó la posición a favor por la abstención; la izquierda pasó de abstenerse a acompañar; y el oficialismo solo perdió el voto de la mendocina Arrieta, quien ya no forma parte del bloque. Su logro fue haber construido los dos tercios con aliados y el puñado de radicales.

Con la ayuda de sus aliados y un grupo de radicales, el oficialismo logró este miércoles en la Cámara de Diputados blindar el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Movilidad Jubilatoria. La conversión de un grupo de legisladores respecto a junio pasado, cuando se aprobó la media sanción, permitió que La Libertad Avanza bloqueara los dos tercios de los presentes que necesitaban los bloques opositores para insistir con la norma, según el artículo 83 de la Constitución Nacional.

La votación resultó con 153 votos positivos, 87 negativos y 8 abstenciones. Hubo 8 ausentes. Con esa cantidad de diputados sentados, la oposición requería de 166 votos a favor para sostener la ley. Le faltaron 13. Durante la primera aprobación, los dos tercios se habían conseguido con 160.

Sin mayores problemas para conseguir el quórum, tal cual se preveía, la reunión arrancó a las 11.15 con la presencia de todos los espacios. Luego de la jura Nancy Ballejos, la habilitación del tratamiento del veto se votó a mano alzada, sin inconvenientes, pues fue avalado tanto por la oposición como por el oficialismo. Al no haberse convocado a reunión de Labor Parlamentaria, algo que algunos reclamaron a Martín Menem, titular del Cuerpo, se pasó a un breve cuarto intermedio para que los jefes de bloques acordaran la lista de oradores y el debate comenzó 11.53. 

La sesión había sido solicitada la semana pasada por diputados de la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. Si bien varios opositores sabían que alcanzar el número de los dos tercios de los presentes para la insistencia de la ley era complicado, consideraron que había que convocar a discutir el tema antes de que se enfriara y se perdiera entre otras cuestiones. O antes de que el Poder Ejecutivo lograra persuadir a más legisladores. 

Así las cosas, los impulsores de la ley siempre admitieron por lo bajo que los números estaban “muy finos”, pero venían con el envión ganador y se sentían optimistas. La Libertad Avanza sumaba, además, derrotas parlamentarias en las últimas semanas. 

En la previa la mirada estaba puesta en la clave que serían las ausencias -que achicarían las mayorías necesarias para un lado y para el otro- y también en las posturas que tomarían los diputados que responden a sus gobernadores, tanto radicales como los de, por ejemplo, Innovación Federal (que, efectivamente, pasaron del voto a favor a la abstención). Pero llegando a la sesión, el panorama cambió y el oficialismo comenzó a asegurarse apoyos para sostener el veto. 

La situación terminó de inclinarse a favor del Gobierno con la reunión de este martes en la Casa Rosada entre el presidente Milei y cinco diputados de la UCR, que después de ese encuentro confirmaron que darían vuelta su voto. Solo uno de ellos no había estado en junio, pues todavía no era diputado. 

Tras la foto, que reavivó una fuerte interna dentro de la bancada radical, todo vestigio de optimismo opositor se esfumó. El cambio de posición de un grupo de legisladores fue parte de varios discursos durante la sesión. 

La ley vetada 

La ley vetada establecía una recomposición del 8,1% en las jubilaciones, de modo de complementar el 12,5% de incremento adicional otorgado en abril por el DNU 274/24 del Gobierno, de modo de alcanzar a compensar lo que fue la inflación más alta del año, la de enero, con 20,6%.

Asimismo, se establecía una fórmula de movilidad para la actualización de los haberes previsionales que contemplaba el índice de inflación como referencia, al igual que el DNU. En estos dos aspectos el oficialismo se había mostrado a favor con un dictamen de minoría en el Senado, y se llegó a pensar que el veto podría haber sido parcial, sosteniendo el Poder Ejecutivo estos artículos. Pero finalmente no pasó.

Además, la norma establecía un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE) en marzo de cada año; y una garantía para el haber mínimo en 1,09% lo equivalente al valor de la Canasta Básica Total.

Por otro lado, se instruía a la ANSeS a cancelar la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado nacional, como así también con los beneficiarios del SIPA que cuentan con sentencia firme dentro de un plazo de seis meses, prorrogable por seis más.

El pasado 2 de septiembre, a través del decreto 782/24, el Poder Ejecutivo vetó totalmente la ley y fundamentó que el proyecto sancionado por el Congreso “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.

“Dar cumplimiento a la medida sancionada por el Honorable Congreso de la Nación dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo, sea a través de deuda pública o aumento de impuestos”, agregó el Gobierno. 

El debate

En su debut fuera del bloque de La Libertad Avanza, la mendocina Lourdes Arrieta expresó que “los jubilados no pueden ser considerados pasivos fiscales”, y arremetió contra el oficialismo al recordar que cuando militó para dicho espacio “fue bancando a nuestro presidente y creyendo que el ajuste iba a ser para la casta, pero no para los jubilados”.

El santacruceño Sergio Acevedo adelantó su voto a favor de la ley y de rechazo al veto, al asegurar que las razones fiscales “no son ciertas, hay una especulación absolutamente absurda” y habló de la necesidad de “romper con la creciente desigualdad que se cierne en el pueblo argentino”. “El presidente debería ahorrarse los adjetivos y ser responsable”, enfatizó.

Desde el Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño denunció que “estamos asistiendo a un nuevo escándalo como vivimos con la Ley Bases, donde aparecieron en el Senado con las valijas repartiendo cargos” y opinó que existe “un manto de sospechas de corruptela de todo tipo” en torno a los apoyos al veto. 

“Con estas prácticas del toma y daca de la casta, este Gobierno está actuando en contra de las mayorías trabajadoras y en particular de los jubilados”, continuó y afirmó que para “los más ricos sí hay plata”. “Milei lo que hace es beneficiar a sus amigos, como el millonario (Marcos) Galperín; un presidente que dijo que venía contra la casta y es la mayor estafa electoral”, sumó. 

Por la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro realizó un enfático discurso contra sus pares que cambiaron el voto respecto a junio pasado y criticó el “transfuguismo político”. “Hoy creo que darse vuelta es claramente darle la espalda a los jubilados. No le encuentro una sola razón objetiva, política, material, ni cambio en la realidad de los jubilados en Argentina que justifique que algunos diputados voten contrario al mandato de Juntos por el Cambio, voten contrario a lo que votaron el pasado 5 de junio en este recinto”, señaló. 

Al anticipar la abstención del bloque de Innovación Federal, Agustín Domingo dijo que “no es cierto que la fórmula para los jubilados sea inviable fiscalmente, o como dijo el presidente, que sea obra de degenerados fiscales”. Sin embargo, el rionegrino adelantó que junto a sus compañeros no iban a “votar en contra de esa decisión política que tomó el presidente, pero tampoco vamos a convalidar”. 

El diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot planteó que “no debiera ser una obligación esta idea de que ‘no hay plata’” de cara a la visita del presidente para presentar el Presupuesto. “Hay plata, y hay bastante. De nosotros depende y autorizamos cómo se aplica eso y es lo que estamos haciendo hoy acá”, manifestó.

El bonaerense recordó que el Gobierno proponía un recorte a jubilaciones y pensiones del 0,4% y luego, con la Ley Bases, querían derogar la fórmula jubilatoria, medida que fue rechazada por el Parlamento. También criticó el DNU que “le puso un punto y medio de ajuste a los jubilados casi el cuádruple”.

“La fórmula anterior era mala y había perjudicado a los jubilados, Unión por la Patria entendió eso. Hubo la oportunidad acá de votar casi por unanimidad una fórmula de movilidad, pero el Gobierno optó por el conflicto, no por la política del acuerdo”, cuestionó y defendió que con la ley se propone devolverle el 0,3% que “el Gobierno les manoteó a los jubilados”. “Si a este Gobierno le va bien en la baja de la inflación, vamos a estar condenando a los jubilados a que ganen una miseria para siempre, porque están en el momento mínimo de su incidencia sobre el producto. Nunca ganaron menos los jubilados en términos reales y, si la inflación realmente baja y no vuelve a subir, van a ganar una miseria para siempre. Es muy relevante que haya un componente salarial para que los jubilados participen del crecimiento futuro”, advirtió.

En su intervención durante el debate, el jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto, reprochó al Gobierno no haber tenido en cuenta los antecedentes de la historia reciente y alertó sobre las consecuencias fiscales que tendrá el rechazo a esta ley en materia de litigios judiciales.

“Vamos a insistir; queremos ser coherentes con lo que hemos votado en la sesión” del 5 de junio, confirmó y rechazó de manera tajante que se los considere degenerados fiscales y, por el contrario, aclaró que “hemos actuado con mucha materia en la materia”. En el final, le advirtió al Gobierno que “este universo previsional argentino hay que tenerlo en cuenta y el tema en la sociedad tiene un impacto. Este es un mensaje que le hago llegar al Gobierno. Empezar a comprender algunos temas que no es solo el ajuste fiscal donde hay que inmolarse, sino también la previsibilidad económica y la previsibilidad fiscal”.

Aunque no participó de la reunión con el presidente Milei en Casa Rosada se preveía que la santacruceña radical Roxana Reyes cambiaría su voto. Y efectivamente así lo confirmó en el recinto, al adelantar su abstención. Para justificar el cambio, cargó contra el kirchnerismo. “Estamos todos de acuerdo que quienes nos pusieron en este brete, quienes nos trajeron acá, el kirchnerismo, que primero lo hizo en mi provincia durante 30 años, y luego lo hizo en la Nación, dejó en esta situación al sistema previsional; metiendo por la ventana, con su conocido populismo, a jubilados que nunca habían aportado, ahí le fueron a meter la mano a los jubilados”, manifestó. 

En su discurso cuestionó que, a través de la ley, “a un Gobierno nuevo le mandan a pagar en seis meses todos los juicios que ustedes no pagaron”. “El Gobierno tendría que haber hecho un veto parcial”, consideró, pero lanzó: “También es cierto que van a tener que ir a terapia muchachos. Ganó Javier Milei, no ganamos nosotros, entonces el que gobierna y el que fija el plan económico es Javier Milei”. 

De la otra vereda dentro del bloque de la UCR, el bonaerense Pablo Juliano aseveró: “Yo no voy a cambiar mi voto, yo voy a votar igual que la vez pasada, porque fue mi bloque el que construyó esta alternativa que se convirtió en ley”. “Los que se llenan la boca hablando de la base de sustentación tienen una urna en la cabeza”, se quejó y desafió que “los que se sacan fotos muevan sus bancas, tengan el coraje político de lo que hacen afuera sostenerlo acá adentro”. 

A su turno, el jefe de bloque del Pro, Cristian Ritondo, ratificó la postura de su bancada y cargó contra los integrantes de la Unión Cívica Radical: “Háganse cargo de haber votado con el kirchnerismo”. Por otro lado, argumentó que el proyecto vetado propone un déficit fiscal de “6.000 millones para este año y de 15.000 millones para el que viene”. En tal sentido, defendió el ajuste del Gobierno nacional y sumó que este texto atenta contra “el esfuerzo que vienen haciendo todos los argentinos”.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, habló de la necesidad de que los jubilados tengan una mejora en sus haberes a la hora de pensar en sus ingresos y realizó un repaso de todo lo actuado en el transcurso de estos meses con este tema. “El diablo disfrazado de fuerzas del cielo metió la cola, y se empezó a llevar diputados de todos los bloques. Y la alcanzó con una mayoría mínima”, enfatizó el santafesino y dijo que el Gobierno alcanza ese logro “colgado del travesaño”.

También de Unión por la Patria, el diputado Itaí Hagman apuntó contra el presidente Milei y sostuvo: “Vengo a desmentir que acá estemos poniendo en peligro el equilibrio fiscal porque fue el propio Gobierno nacional quien presentó el 12 de diciembre que el ajuste previsional iba a tener un 0,4% del PBI y lo triplicó”.

Asimismo, se dirigió a la bancada oficialista y aseveró que “van a evitar la derrota legislativa, pero no van a poder evitar la derrota política”. “Milei miente al decir que esto afecta el 1,2% del PBI porque, en perspectiva, la política de Milei es el congelamiento y la estamos congelando a los niveles más bajos de la historia”, indicó el porteño.

Sobre el cierre de su intervención, expresó que “solo estos seis meses, la jubilación estuvo por debajo de la canasta básica” y que “no siempre fueron miseria, pero desde 2017 vienen a la baja y Milei no revirtió el declive”.  “Los que voten en contra de la insistencia, votan el congelamiento”, cerró.

Referente liberal dentro del oficialismo, el diputado nacional José Luis Espert también lanzó críticas contra la bancada de Unión por la Patria y sumó que “estamos reunidos y no puedo creer que el kirchnerismo le siga mintiendo a la gente como le miente usando a los jubilados para desestabilizar un programa de gobierno, pero no lo van a lograr”.

Asimismo, pidió hacer memoria y apuntó contra CFK: “Tuvimos como presidenta a una multiprocesada por chorra que además firmó un memorándum con Irán para ocultar la responsabilidad de los más 100 muertos en los atentados contra la Embajada de Israel y la Amia”.

Se cruzó con Leopoldo Moreau, a quien le dijo “quédate quieto que te va a dar un bobazo”. Para terminar, recordó la gestión de Alberto Fernández y el exministro de Economía, Martín Guzmán: “Pedí reclusión perpetua para ellos porque son asesinos y delincuentes”.

“Ustedes le robaron a los que estaban aportando en las AFJP, son chorros, y la fórmula de ustedes produjo una caída del 30%, pero la fórmula de Milei propone mejoras del 10”, explicó Espert, quien aseveró: “Ustedes jubilaron a 4 millones de personas sin aportar”.

Para el cierre de las exposiciones antes de la votación, el jefe de bancada oficialista, Gabriel Bornoroni, reiteró que la oposición “utiliza a los jubilados como ‘carne de cañon’”. También, mencionó los vetos presidenciales de los últimos 41 años y remarcó que “Milei está cumpliendo el rumbo de campaña”.

En el cierre, manifestó que la oposición “utiliza a los jubilados al decirle que le damos más, pero le sacamos con la inflación”, y los llamó “caraduras porque tenían a los jubilados cagados de hambre”.

Por último, explicó que “se necesitan 4 trabajadores por jubilado y hoy tenemos 1,8” e invitó a debatir una reforma laboral. Remarcó que será vetado cualquier proyecto que ponga en peligro el equilibrio fiscal y concluyó al grito de “viva la libertad carajo”.

Aludido por varios integrantes de Unión por la Patria, el diputado radical Mariano Campero, uno de los cinco que se reunió en Casa Rosada y cambió su voto en favor del veto presidencial, bajó al recinto para contestarle a la oposición. Tras su intervención, los integrantes de La Libertad Avanza y el Pro lo aplaudieron de pie.

“No voy a ser partícipe de una desestabilización que quieren hacer los kirchneristas”, aseveró el tucumano, quien no hizo usó de la palabra durante el tiempo que le correspondía a su bloque, pero si le pidió una intervención a la autoridad del Cuerpo, Martín Menem, en medio de las exposiciones del oficialismo.

Asimismo, cuestionó que “ninguno de Unión por la Patria hizo referencias al veto de Cristina Kirchner”, en alusión a la ley de 82% móvil vetado en 2010. También, señaló que “este proyecto se financia con emisión e inflación y ustedes quieren inflación para desestabilizar al gobierno”.

Ante los abucheos de la oposición, Campero, en forma irónica, gritaba “Esoooo”, y luego le adjudicó al peronismo una serie de cuestionamientos: “Le hicieron un golpe a Alfonsín, hicieron un golpe a De La Rúa y los atrevidos le tiraron 14 toneladas de piedras a Macri”.

En el final, recordó su llegada al Congreso a través de la candidatura de Patricia Bullrich y Luis Petri -actuales ministros de Seguridad y Defensa- y reiteró: “No voy a ser partícipe de una desestabilización que quieren hacer los kirchneristas”.

Con diputados de su propio espacio a favor del veto, el presidente del bloque radical en la Cámara baja, Rodrigo De Loredo, manifestó durante la sesión especial de este miércoles que “el radicalismo va a insistir con el proyecto de Movilidad Jubilatoria” porque “de ninguna manera quiebran las finanzas del Estado”, y lanzó una advertencia: “Que se sepa de qué lado está cada uno”.

“El bloque del radicalismo va a insistir con este proyecto que trabajó con paciencia, con responsabilidad, que impulsó”, comenzó su intervención el cordobés. Así, preguntó: “¿Tiene derecho a vetar el presidente de la Nación? Si, tiene derecho vetar. ¿Tenemos nosotros derecho a insistir? No solamente tenemos un derecho a insistir, sino que en este particular caso tenemos una obligación constitucional de darle a la movilidad jubilatoria en la República Argentina una fórmula dispuesta por ley”.

De Loredo calificó de “falaz” el argumento que dio el oficialismo de que el proyecto no indicaba los fondos de donde se pretende dar esta recuperación de “un feroz ajuste que recibieron los jubilados después de una devaluación de más del 120% aplicada en el mes de diciembre por el gobierno, y que logre el equilibrio fiscal más de un 30% o 40% por licuadora “.

En esa línea, explicó la forma de financiamiento está en el proyecto y los indicó el Parlamento, pero el Gobierno no acompañó. “Le dimos múltiples opciones para que reduzca el costo fiscal que significa el gasto tributario de más de 2 puntos del PBI de un conjunto de industrias y empresas que tienen extensiones impositivas”, sostuvo.

“Nosotros estamos simplemente cumplimentando lo que la ley nos exige. La fórmula de movilidad, así lo tiene dicho nuestra Constitución, pero así lo tiene respaldado las resoluciones jurisprudenciales si no están dispuestas por ley terminan más temprano que tarde siendo perdidosas en los estragos judiciales y así se va acumulando déficit fiscal”, planteó el radical.

También manifestó que es “falacia el argumento porque al tener un presupuesto prorrogado el Gobierno tiene prioridades y tiene porcentualidades en donde tiene que priorizarse el gasto del Estado. Si después por la inflación no corresponde esa prioridad señalada en el presupuesto, lo que viene a hacer el Congreso es a corregir esa decisión de no atender a la prioridad del presupuesto prorrogado”, y comparó: “¿Qué estamos discutiendo? Acá estamos discutiendo al final del día 15,000 pesos promedio para cada haber jubilatorio, prácticamente una docena de empanadas”.

“Me parece que la Argentina está rebalsada de esos argumentos. No es cierto que con los tres aviones que compró el Gobierno puedan afrontar esto son 2000 millones de dólares, no estoy de acuerdo con la compra de sus aviones. No es cierto que con eso se puede afrontar esto no equivale a los fondos para los servicios de inteligencia, que nosotros tampoco compartimos, pero de ninguna manera quiebran las finanzas del Estado y el Gobierno lo sabe a la perfección”, señaló el presidente del bloque UCR.

Respecto de la postura que ya adelantaron algunos de sus dirigidos que apoyan el veto, expresó: “Me ha tocado una chamba bastante difícil que es conducir un bloque que tiene una identidad de centro, que tiene una identidad de razonabilidad, que tiene una identidad de institucionalidad, momentos donde no sé cuánto tiempo durará. Entonces, con una vocación de que las cosas se sucedan, intenté persuadir al oficialismo, tenía la posibilidad de vetar parcialmente”.

“Este proyecto tiene un conjunto de disposiciones, si le afectaba los aportes del pago de las deudas en el ANSeS, podría vetar esa parte. Sí le afectaba las deudas con las cajas de previsiones provinciales, podía vetar esa parte si le afectaba. Si le afectaba el piso mínimo para sustituir el bono, y bueno, podía vetar esa parte. Si le afectaba este criterio de crecimiento del salario porque eso sucede es porque está creciendo la economía de manera que no afecta el déficit y vetar esa parte”, le enrostró De Loredo.

El radical apuntó que “ante esta realidad de atomización de todos los bloques, del cual mi bloque no es una excepción, ante la cruda realidad de este clima de época nos damos vuelta sabiendo la dificultad, sabiendo lo cerca que está el Gobierno en esta tentación de llegar a 86 votos y desbaratar la posibilidad de que juntemos los tercios de los presentes”.

“5 minutos antes de que quede la nada en esta Argentina del ‘todo y de la nada’ cuando advertimos en el número que el Gobierno está cerca de desbaratarnos los dos tercios, cuando intentamos persuadirlo parcialmente, nos damos vuelta y les decimos a los que quieran ayudar a los jubilados en esto insistamos parcialmente hay un precedente único en la jurisprudencia argentina en este Parlamento que se puede hacer y la respuesta es no, o ‘todo o nada’ y que se sepa de qué lado está cada uno. Ni uno están discutiendo el equilibrio fiscal, ni los otros están honestamente queriendo ayudar en algo concreto y objetivo a los jubilados argentinos”, disparó.

Y cerró: “El radicalismo va a insistir por la totalidad de lo que le propuso el Parlamento argentino y vamos a intentar que recapacite el Gobierno y que logremos los dos tercios de los presentes en esta Cámara”.

Durante una reunión de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, especialistas debatieron este martes sobre la situación sanitaria del país respecto al dengue. “Necesitamos poner la vacuna del dengue en el calendario de vacunación, para que la Nación compre todas las vacunas que se necesitan y las distribuya a tiempo, fijando criterios claros de quiénes se las tienen que aplicar”, aseveró Pablo Yedlin, presidente de la comisión. 

El legislador de Unión por la Patria afirmó que “nadie quiere otra tragedia social y sanitaria con el dengue cómo vivimos el verano pasado, con la mayor mortalidad en toda la historia de la Argentina”. 

Por su parte, la presidenta de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONaIn), Ángela Gentile, sostuvo que “la mejor estrategia es focalizar en la población entre 15 y 39 años”. “Eso no significa que si algunas provincias están vacunando otros grupos o edades tengan que dejar de hacerlo, pero sí tienen que ir cambiando progresivamente”, aclaró y señaló que “las provincias más afectadas son del NOA y NEA y que consideramos prioritarias”.

En tanto, el secretario de Salud de Nación, Leandro Busso, explicó el plan estratégico que desarrolla el Ministerio de Salud de la Nación. “Trabajamos con las provincias para que cada una tenga su propia estrategia” y “fortalecer la comunicación en materia de prevención”, dijo. 

Y aclaró que desde el Gobierno tienen la decisión de “no poner la vacuna en el calendario, siguiendo las recomendaciones de la CONaiN y de las OMS”. 

Al concluir el funcionario nacional, Yedlin lo cruzó: “Entiendo que la CONaIn sostuvo que es una enfermedad focalizada, lo cual no impide que sea incluida, como por ejemplo la vacuna contra la fiebre amarilla que está en el calendario pero no se la tienen que colocar todos los argentinos”.

En la reunión también habló la subsecretaria de Salud de la provincia de Buenos Aires, Leticia Ceriani, quien manifestó: “Estamos muy preocupados con el dengue, el verano pasado tuvimos cien muertos en nuestra provincia”. “En otras provincias circulan cuatro serotipos de dengue, con lo cual tememos que haya casos graves”, advirtió. 

La funcionaria bonaerense también apuntó que “hay 11 provincias vacunando y todas tienen una estrategia distinta, lo cual confunde a la población. Nosotros pedimos que se incorpore al calendario nacional”.

Otros expositores fueron Florencia Cahn (presidenta de SAVE), Hebe Vázquez (SADI) y el infectólogo Pablo Bonvehi. Por el Ministerio de Salud de Nación también asistió Carlos Giovacchini. 

La reunión concluyó con preguntas de los diputados a los funcionarios de Nación para que se garantice el suministro de repelentes; que haya una campaña nacional de prevención; se incluya la vacuna contra el dengue y que adquieran todas las vacunas y sean distribuidas rápidamente.

Aunque con algunas similitudes, pero sin el acuerdo suficiente, oficialismo y oposición presentaron cuatro dictámenes en la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados sobre los proyectos relacionados al reparto de subsidios al transporte en las provincias y el AMBA.  

En la jornada hubo despachos de Unión por la Patria; uno del oficialismo que lo acompañaron en disidencia parcial legisladores del Pro y la UCR; otro encabezado por el radical Jorge Rizotti y el cívico Maximiliano Ferraro; y uno del socialista Esteban Paulón. 

Los dictámenes deberán tratarse ahora en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el libertario José Luis Espert. Pero la discusión, por la cual intendentes de todo el país reclamaron en el Congreso hace tres meses atrás, se chocará inevitablemente con el Presupuesto 2025. 

El primer orador de la reunión fue Ferraro, quien explicó que su dictamen apunta a “subsidiar más la demanda que la oferta” y es “conveniente” establecer esto “por ley para que no quede en discrecionalidad del Poder Ejecutivo”. Así, se prevé que el fondo a constituir “sea distribuido directamente a los usuarios, como un beneficio de descuento a las tarifas a través de la SUBE”.  “Los fondos los tomamos de lo que es el sistema integrado automotor y los fondos que provienen del Tesoro Nacional”, amplió. También habla de la creación del Consejo Federal del Transporte. 

Luego, Rizzotti recordó que esta situación “no es nueva” y tiene que ver con “ponerle fin a la discrecionalidad y desigualdad que hay entre quienes residen en el AMBA y en el interior”. Al igual que su colega, defendió que se propone subsidiar la demanda, para “terminar con este famoso negocio que planteaban algunos desde las empresas” y el beneficio “no llegaba” a los usuarios. 

Al tomar la palabra, el diputado de Unión por la Patria Emiliano Estrada señaló que “hay impuestos que están creados con una finalidad específica, que tiene que ver con el desincentivo” y, en ese sentido, “la lógica del impuesto interno a los combustibles” es la de “desincentivar el uso del auto particular e incentivar el uso del transporte público”. “No tiene que haber discusión de que tiene que haber un fondo que vaya destinado a financiar el sistema de transporte público, porque para eso se creó el impuesto; no se creó para un fin netamente recaudatorio”, remarcó el salteño. 

Por su parte, el legislador socialista Esteban Paulón anticipó que presentaría un dictamen que reproduce el proyecto de ley que intendentes de todo el país trajeron al Congreso en junio pasado, el cual establece la creación de un fondo compensador, financiado a partir de una parte de lo recaudado por el impuesto a los combustibles. “Es una respuesta y herramienta concreta a quienes en el día a día tienen que poner la cara para que el transporte siga funcionando en su ciudad”, opinó el santafesino. 

Desde el Pro, la diputada Germana Figueroa Casas dijo que su bloque acompañaría el dictamen del oficialismo, aunque con disidencias parciales porque “queremos aumentar los atributos sociales”. Más tarde, la santafesina resumió sobre los dictámenes: “Un dictamen que plantea continuar con subsidio a la oferta, sostener AMBA y los atributos sociales; otro que saca un porcentaje, 14 puntos de lo que sale del impuesto a los combustibles, y lo envía a un fondo; otro proyecto plantea subsidios a la demanda manteniendo lo que está ahora; y el otro amplía atributos sociales”. “Hemos llegado a cuatro opciones que son alternativas diferentes y se va a dar una buena discusión” en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, manifestó y se comprometió a que la Oficina de Presupuesto del Congreso evalúe el costo fiscal de las iniciativas de cara al tratamiento en la otra comisión. 

“Estamos discutiendo dos formas de salir de la situación en la que está inmerso el transporte del interior. El oficialismo pretende, vía ley, formalizar lo que está sucediendo en el presente. La otra forma de concebir el tema es intentar que parte de los recursos que antes se destinaban al transporte público se vuelven a volcar al sistema, ya no por el fondo compensador, sino vía la demanda”, expresó el diputado de Unión por la Patria Eduardo Toniolli. 

El opositor enfatizó: “Toda esta semana tuvimos toda la predisposición para lograr un dictamen en común pero a este Gobierno le importa tres carajos el transporte”. “El dictamen del oficialismo es una vergüenza”, se quejó y añadió que esa propuesta, a su criterio, “viene a condenar al transporte a la crisis total y a dejar sin movilidad a amplias regiones”. 

Al cierre de la reunión, el diputado de Unión por la Patria Diego Giuliano valoró que “todos por lo menos intentamos resolver una crisis que tiene que ver con el transporte urbano de pasajeros”, pero observó que tener cuatro dictámenes no le da “estabilidad” a un tema que ya de por sí es complejo. “Nuestro dictamen está basado en el proyecto de los intendentes con alguna cuestión vinculada al reparto a través de la tarjeta SUBE”, explicó y afirmó: “Estamos dispuestos a dar todos los debates que sean necesarios para tener una visión integrada”. 

Toda la expectativa en Diputados está puesta en lo que vaya a suceder este miércoles, cuando la oposición buscará rechazar el veto presidencial a la Ley de Movilidad Previsional. Para ello necesitará contar con 2/3 de los votos no una, sino dos veces. No parece ser sencillo. Veremos por qué.

Si bien a priori la oposición cuenta con un antecedente de peso que es haber alcanzado los 2/3 cuando el 5 de junio pasado le dio media sanción al proyecto, no necesariamente eso se replicaría este miércoles.

En esa oportunidad, la aprobación se consiguió por 160 votos afirmativos, 72 negativos y hubo 8 abstenciones. Con lo justo. Ahora a esta sesión prevista para las 11 de la mañana han convocado diputados de la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. Tres bloques que por sí solos suman 55 miembros. A los que además se sumarán los diputados de Unión por la Patria (99) y la izquierda (5), que el 5 de junio se abstuvieron y ahora votarán contra el veto. Lo que no está garantizado es que, por ejemplo, los radicales voten todos en contra.

Ya de por sí el bloque que conduce Rodrigo de Loredo tendrá bajas. Ya no son 34, pues renunció este lunes el entrerriano Pedro Galimberti, un enconado crítico del Gobierno de Javier Milei, y en su lugar asumirá una diputada del Pro. No es seguro que Nancy Ballejos -la reemplazante- jure este miércoles, pero como sea, no será un voto contra el veto.

Fuentes consultadas dan por seguro que serán varias las ausencias en el bloque radical, y hay quienes anticipan que alguno votaría incluso a favor de mantener el veto. Como sea, serán varios los diputados radicales alineados con gobernadores con buena relación con la Rosada que no estarían presentes este miércoles. El argumento sería que piden insistir solo parcialmente con la ley aprobada, haciendo valer el 8,1% correspondiente a la pérdida por la inflación de enero.

“No tenemos dos tercios ni de casualidad”, confió a parlamentario.com una fuente legislativa consultada.

A sabiendas de esos datos, el formoseño Fernando Carbajal, quien encabezó el pedido de sesión para este miércoles, cuestionó a sus pares de bancada que se muestran renuentes a insistir en la ley. En declaraciones a A24, el diputado de la UCR señaló: “Viéndolo desde el punto de vista político, ¿por qué un radical que votó esta ley previsional porque entendía que era necesario dar un 8% por enero y establecer como mecanismo de actualización el IPC, más una eventual recomposición puede ahora cambiar de posición? ¿Solamente porque Milei decidió convertir esto en una puja política?”.

“Porque reitero, en realidad, desde el punto de vista fiscal, no hay justificación para el veto. No entiendo las razones, no entiendo los motivos, pero bueno, yo no voy a hacer de intérprete de ellos. Será la ciudadanía quien los juzgará”, sentenció.

También desde la Coalición Cívica tomaron nota de las dificultades para alcanzar el número necesario para rechazar el veto. El diputado Maximiliano Ferraro advirtió en su cuenta de X que “darse vuelta, es darles la espalda a los jubilados”. Para el presidente de la CC, “no hay razones objetivas, políticas, ni cambios en la realidad de los jubilados que justifiquen que algunos diputados voten lo contrario a lo que apoyaron el 5 de junio. En estos tres meses, el castigo hacia los jubilados no ha cambiado, solo se ha profundizado la injusticia. En lugar de reafirmar su compromiso, algunos optan por abandonarlos”.

Ferraro consideró “vergonzoso que el 27% del ajuste público lo paguen lo jubilados y que algunos se den vuelta y miren para otro lado. Es vergonzoso que, si tomamos los primeros 7 meses de 2024 y lo comparamos con igual período de 2023, los jubilados hayan perdido un 19,9% de su poder adquisitivo y que algunos se den vuelta y miren para otro lado”.

“¿Qué habrá en ese otro lado que les desvía la mirada?”, se preguntó.

El tratamiento sobre tablas

Si está tan definida la situación para la oposición, ¿cuál es la alternativa que manejan para este miércoles? Como decíamos al principio, quienes quieren voltear el veto necesitan contar con los 2/3 dos veces. La primera, para habilitar el tratamiento del tema sobre tablas, habida cuenta de que no hay dictamen, pues no se cumplió el trámite de pasar por las comisiones correspondientes. Y si no tienen los 2/3 para el rechazo, tampoco lo tendrán para esa primera instancia de habilitar el tratamiento. Así las cosas, buscarían entonces votar un simple emplazamiento a Gabriela Brouwer de Koning y José Luis Espert, presidentes de las comisiones de Previsión Social y Presupuesto y Hacienda, para que traten y dictaminen rápidamente, con lo cual ganarían un par de semanas para tratar de revertir lo que a priori se presenta como una misión imposible.

La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados se reunirá este martes 10 de septiembre a las 13.30 para dar inicio al debate sobre el abordaje de la inmunización del virus del Dengue. Además de recibir a invitados, se pondrán a consideración más de una decena de proyectos vinculados a la incorporación de la vacuna al calendario nacional.

Los expositores invitados a la Sala 7 del Anexo A fueron Florencia Cahn, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunación y Epidemiología (SAVE); Hebe Vázquez, de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI); Leticia Seriani, viceministra de Salud de la provincia de Buenos Aires; y el infectólogo Pablo Bonvehi.

“Sabemos que se están vacunando en ocho provincias argentinas porque los gobernadores compraron las vacunas para este año con los pocos recursos propios que tienen, pero ante la ausencia del Estado-Nación como rector en esta materia, en cada provincia se vacunan a personas de franjas, edades y vulnerabilidades distintas”, refirió Pablo Yedlin, presidente de la Comisión.

Los 12 proyectos que serán puestos a consideración fueron impulsados por Unión por la Patria, a través de María Luisa Chomiak en dos oportunidades y Ricardo Herrera; por el oficialismo, de Julio Moreno Ovalle y Gerardo Huesen; del Socialismo de Santa Fé con textos de Mónica Fein y Esteban Paulón; uno del radical Fernando Carbajal; dos de Innovación Federal, de la jefa de bancada Pamela Calletti y la misionera Yamila Ruíz; y dos del Pro, presentados por Sofía Brambilla y también Sabrina Ajmechet.

Se oficializó este lunes la convocatoria a sesión especial en la Cámara de Diputados para el miércoles, a partir de las 11, con el objetivo de la oposición de intentar revertir el veto del presidente Javier Milei sobre la Ley de Movilidad Jubilatoria.

El pedido había sido presentado el pasado jueves por diputados de la Unión Cívica Radical, Encuentro Federal y Coalición Cívica. La observación total del proyecto por parte del Gobierno no pasó por comisiones, por lo cual los bloques que pujan por el rechazo al veto tendrán tres desafíos: primero, conseguir el quórum; después, habilitar el tratamiento sobre tablas; y finalmente lograr la aprobación por dos tercios de los presentes para que pueda pasar al Senado.

Cuando se logró la media sanción en la Cámara baja, el proyecto consensuado entre la oposición dialoguista y las más dura había conseguido dos tercios de los votos de los presentes. Con 160 votos a favor, 72 en contra y 8 abstenciones. En caso de asistencia perfecta, el número de dos tercios se eleva a 172.

Tanto la oposición que busca dar marcha atrás con el veto, como el oficialismo, que tiene la tarea de mantener la decisión presidencial, trabajarán de manera frenética para asegurarse los números. Las ausencias resultarán clave, pues de esa manera se achican los cálculos, tanto para unos como para otros.

Con presiones desde Casa Rosada sobre los gobernadores, la lupa estará puesta en legisladores que responden a sus mandatarios. Un ejemplo es el bloque de Innovación Federal, con terminal en Salta, Misiones y Río Negro, compuesto por ocho miembros. En junio pasado votaron todos a favor de la norma.

Pero también está en la mira un sector de los radicales. Hay, además, quienes aseguran que la UCR tendría entre seis y ocho conversos y no precisamente todos serían de provincias gobernadas por el partido centenario.

El oficialismo junto a todos sus aliados reuniría 84 en total. Sin embargo, La Libertad Avanza deberá esforzarse sobre el panorama que se dio en la primera votación de la ley, cuando hubo siete ausentes del Pro (la bancada amarilla tampoco aportaría los 37 para el rechazo del veto) y tres del bloque Independencia, los tucumanos que responden a Osvaldo Jaldo. Además, en esa ocasión se abstuvo la tucumana Paula Omodeo. También lo hicieron así dos sanjuaninas de Producción y Trabajo que, si bien no están contadas dentro de los aliados, votan en sintonía con el oficialismo.

A los números que la oposición perdería por quienes den vuelta su voto, o esta vez se ausenten, Unión por la Patria podría aportar dos que no estuvieron la primera vez; el radical Manuel Aguirre, que tampoco estuvo en esa oportunidad y forma parte del espacio más duro contra el oficialismo dentro de las vertientes de la UCR; y los cinco diputados del Frente de Izquierda, que se abstuvieron, pero que cambiarán su voto a favor, en rechazo del veto.

La ley vetada -sancionada por el Senado el pasado 22 de agosto por holgados dos tercios, con 61 votos positivos y 8 negativos- establecía una recomposición del 8,1% en las jubilaciones, de modo de complementar el 12,5% de incremento adicional otorgado en abril por el DNU 274/24 del Gobierno, de modo de alcanzar a compensar lo que fue la inflación más alta del año, la de enero, con 20,6%.

Asimismo, se establecía una fórmula de movilidad para la actualización de los haberes previsionales que contemplara el índice de inflación como referencia, al igual que el DNU. En estos dos aspectos el oficialismo se había mostrado a favor con un dictamen de minoría en el Senado, y se llegó a pensar que el veto podría haber sido parcial, sosteniendo el Poder Ejecutivo estos artículos. Pero finalmente no pasó.

Además, la norma establecía un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE) en marzo de cada año; y una garantía para el haber mínimo en 1,09% lo equivalente al valor de la Canasta Básica Total.

Por otro lado, se instruía a la ANSeS a cancelar con los recursos tributarios estipulados por ley con asignación específica a la seguridad social, la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado nacional, como así también con los beneficiarios del SIPA que cuentan con sentencia firme dentro de un plazo de seis meses, prorrogable por seis más.

El pasado 2 de septiembre, a través del decreto 782/24, el Poder Ejecutivo vetó totalmente la ley y fundamentó que el proyecto sancionado por el Congreso “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.

“Dar cumplimiento a la medida sancionada por el Honorable Congreso de la Nación dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo, sea a través de deuda pública o aumento de impuestos”, agregó el PEN.

En una semana en que está previsto que ambos recintos del Congreso se abran, la Cámara de Diputados tendrá este martes una nueva jornada cargada de comisiones, donde se tratarán diversos temas.

A las 10 arrancará el día con un plenario de las comisiones de Derechos Humanos y Garantías y de Relaciones Exteriores y Culto, en el segundo piso del Anexo “C”. Al mismo fueron invitados los miembros del Grupo Parlamentario de Amistad con el Estado de Israel, con el objeto de escuchar el testimonio de Luis Har y Clara Marman, ciudadanos argentinos que han permanecido secuestrados en la Franja de Gaza por el grupo terrorista Hamás, luego de los ataques del 7 de octubre del 2023.

En tanto, para las 11 fue citada la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, en la Sala 6 del Anexo de la Cámara baja. Allí se debatirá sobre la creación de la ventanilla única para PyMES (VUPYME) en el ámbito del Ministerio de Economía de la Nación; un “Régimen de Inversiones de las Pequeñas y Medianas Empresas” y la declaración de emergencia de las MiPyMEs, además de proyectos de declaración.

A las 13.30 será el turno de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, presidida por Pablo Yedlin (UP), que recibirá a especialistas que aportarán sus opiniones y conocimientos vinculados a la temática de inmunización del virus del dengue. Será en la Sala 7.

A la misma hora, pero en la Sala 4 del edificio Anexo, retomará el cuarto intermedio la Comisión de Transportes, a cargo de Pamela Verasay (UCR). Allí la semana pasada el oficialismo y la oposición dialoguista acordaron postergar un dictamen en torno a un fondo compensador de subsidios para transporte del interior, y Unión por la Patria quedó en minoría en su idea de avanzar con la firma de un despacho.

Para las 14.30 está previsto que en el segundo piso del Anexo “C” se realice un plenario de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda, en lo que será un segundo encuentro sobre el debate de proyectos que impulsan la implementación de los juicios por jurados a nivel nacional.

La Comisión de Agricultura y Ganadería continuará con la discusión sobre la creación de un “Régimen de Inversiones para el Desarrollo Agroindustrial” (RIDA) y, por otro lado, modificaciones a la Ley de Biocombustibles. La reunión se llevará a cabo a partir de las 15 en la Sala 6.

En el Salón Delia Parodi del Palacio Legislativo se congregarán, desde las 15.30, las comisiones de Comunicaciones e Informática y de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG’s, que escucharán a representantes de distintas organizaciones, con el objeto de analizar la situación, perspectivas y desafíos de Redes Cooperativas de Comunicación y Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) de Argentina.

Tras el avance que ya tuvieron algunas iniciativas del denominado “paquete Bullrich”, la Comisión de Legislación Penal, comandada por Laura Rodríguez Machado (Pro), tratará proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, con impulso del Ministerio de Seguridad. A las 17 está previsto que se debata sobre la iniciativa referida a reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas.

Mientras que a las 17.45, también el segundo piso del Anexo “C”, se unirá la Comisión de Seguridad para discutir en plenario sobre el proyecto que incorpora el artículo 23 bis al Código Penal, sobre secuestro de armas de fuego, municiones o explosivos.

Para las 17, en la Sala 7, la Comisión de Cultura abordará un amplio temario, con proyectos de ley, resolución y declaración.

Grupos Parlamentarios de Amistad

Para este lunes 9 de septiembre, a las 15, está previsto que en el Salón Delia Parodi se reúna el Grupo Parlamentario de Amistad con Bolivia, que recibirá a una delegación de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesino, Culturas e Interculturalidad de la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia.

Por otro lado, el jueves a las 10, en el Salón Delia Parodi, está programada la reunión constitutiva del GPA con la Santa Sede. Está prevista la visita del Nuncio Apostólico, monseñor Miroslaw Adamczyk.

Durante un encuentro de la Comisión de Asuntos Municipales, presidida por el cordobés Juan Brügge (EF), expuso este jueves en Diputados el subsecretario de Relaciones Municipales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Carlos D’Abate. En su presentación, el funcionario brindó un informe de la situación actual de los municipios, cuáles son las funciones y programas que vienen llevando a cabo, qué ideas se proyectan y las diferentes estrategias del organismo a su cargo.

En ese sentido, afirmó que su área trata de “colaborar en la formación para la gestión municipal” y detalló que desde el observatorio municipal “se lleva una base de datos actualizada con toda la información básica del municipio, que nos permite identificar y determinar prioridades o situaciones especiales”.

En otro aspecto, ponderó el geoportal federal, donde se cuentan con fotografías satelitales propias de toda la Argentina, que se renuevan anualmente, para georreferenciar todos los puntos de país. “Esta herramienta está a disposición de cualquier municipio que lo necesite”, indicó y valoró que “si lo desea, el propio municipio puede generar capas de localización propias, para planificar y controlar catastro”.

“También estamos trabajando en asistir para el fortalecimiento y modernización de la gestión municipal, en una etapa previa, en la utilización del Sistema Nacional de Gestión Documental Electrónica, para usar un sistema que está probado y tiene un uso enorme en toda la administración pública, y sería una forma de colaborar en modernizar, despapelizar y agilizar las gestiones locales”, resaltó el subsecretario.

Luego, el funcionario enumeró un programa que está vigente desde el 2014 de asistencia de desarrollo municipal, el cual viene implicando una asistencia económica no reintegrable para la compra de bienes de capital. “Al día de hoy se han firmado 3.042 convenios con municipios de todo el país, siendo el punto crítico del programa la rendición de cuentas”, señaló y añadió: “Si hay una rendición de cuentas pendiente, el municipio no puede acceder a otra asistencia posterior”.

Antes de concluir, D’Abate afirmó que “tenemos una situación presupuestaria muy limitada” y aclaró que “se está dando prioridad exclusivamente aquellos casos donde realmente hay situaciones de emergencia para poder acceder en esta primera instancia, pensando que luego vamos a poder tener mayor flexibilidad para cumplir las inquietudes o pedidos de todos los municipios que se van presentando”.

Representantes del Foro de Periodismo Argentino y la Asociación de Periodistas de la República Argentina expusieron este jueves en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados sobre su preocupación por las reiteradas y crecientes agresiones contra periodistas por parte del presidente Javier Milei.

En el encuentro, que se extendió por casi tres horas, se hizo referencia además a las restricciones al acceso a la información pública -mediante el decreto 780/24- y surgió el debate en torno a la pauta oficial a los medios, que tuvo a Alberto “Bertie” Benegas Lynch como principal defensor de la política aplicada por el Gobierno en este sentido.

La próxima semana está previsto que asistan representantes del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba). En el cierre de la reunión, la presidenta de la comisión, la libertaria María Emilia Orozco, dijo que iba a terminar de definir los invitados con el vicepresidente Christian Castillo, del Frente de Izquierda, sin precisar si se convocarán a reconocidos comunicadores. Tanto la semana pasada como este jueves, la oposición reclamó por una lista de periodistas que quieren sean citados, como Joaquín Morales Solá, María O’ Donnell, Ernesto Tenembaum y Pablo Duggan, entre otros.

Al exponer, Paula Moreno, presidenta de FOPEA, recordó que desde la organización se realiza un monitoreo sobre los casos que atentan la libertad de expresión y “si bien hemos tenido diferentes momentos, y a cada situación hay que darle un contexto, estamos preocupados en este último tiempo por una serie de situaciones que están ligadas no sólo con la agresión, sino con la agresión dirigida a periodistas, la exposición de colegas”.

“Al día de hoy hay 108 casos registrados de ataques”, detalló y resaltó que “lo que estamos viendo en este último tiempo es que hay un discurso estigmatizante, dirigido al periodismo en su conjunto y hacia los periodistas en particular. El 29% de estas agresiones están protagonizadas por el presidente de la Nación y un 11% por fuerzas de seguridad, en situaciones que en general se generan en coberturas”.

Sobre el accionar del jefe de Estado, Moreno advirtió que “ese discurso estigmatizante de ‘ensobrados’, ‘mentirosos’, no sólo tiene que ver con quién lo dice, que para nosotros es de extrema relevancia, es el presidente de la Nación, su voz no es una voz más, es la voz y representación institucional del país. La insistencia y la recurrencia en este discurso y los modos, además activando situaciones que después tiene que ver con claro hostigamiento a los colegas, nos preocupa especialmente”.

“El hostigamiento que se da por redes, con algún rebote también en determinados medios tradicionales, lo que finalmente logra es un clima de exaltación absoluta, y hace que muchos colegas no puedan desarrollar su trabajo como corresponde y, además, lo peor que nos puede pasar a los periodistas que es caer en autocensura”, subrayó la presidenta de FOPEA.

También señaló que “es muy difícil saber cuándo eso se va a mantener en las redes y cuándo va a salir a la calle”, pero “sería interesante como medida de prevención tratar de dialogar más que gritar”.

Paula Moreno y Claudio Jacqueline, representantes de FOPEA.

A continuación, el vicepresidente de FOPEA, Claudio Jacqueline, expresó que “en estos 16 años no hemos registrado en tan poco tiempo del comienzo de una gestión este nivel y recurrencia de agresión a la prensa”. “No es excluyente de la Argentina esta situación, hay un contexto internacional del periodismo, que está en mayor situación de fragilidad que hace años. El ecosistema de medios está en crisis y los periodistas en mayor precarización”, observó.

El periodista rechazó que “desde lo más alto del poder político se reproduzcan cuentas anónimas o fakes, falsas directamente, con acusaciones, descalificaciones y persecuciones a periodistas. Nos parece que esto encierra un problema que no atenta ya contra el periodismo, sino contra la ciudadanía”.

Desde APeRA, su presidente Fernando Ramírez manifestó la preocupación por “los reiterados ataques y agravios del presidente Javier Milei hacia los periodistas. No se entiende cómo un jefe de Estado hace permanente blanco con tanta vehemencia en los periodistas con diatribas de variopinto y desafortunado color”. “Una cosa es la libertad de expresión del presidente y otra cosa es la agresión permanente e injustificada, e incluso con retuits de cuentas anónimas, algo inaudito”, apuntó.

En ese sentido, alertó que “tras una crítica del jefe de Estado a un periodista o varios se suceden una lluvia de ataques contra ellos en las redes sociales por parte de fanáticos intolerantes que poco tienen que ver con los valores de la democracia”. “Les pedimos a todas las autoridades respeto a los periodistas. El método no es la diatriba, el ataque por redes sociales y la consecuente agresión de un enjambre de trolls”, agregó.

Fernando Ramírez, presidente de APeRA, quien es acreditado de parlamentario.com en Casa Rosada.

Ramírez, periodista acreditado en Casa Rosada, cuestionó que “han pasado casi nueve meses y el presidente no ha dado conferencias de prensa. Y, además, siempre trata de esquivar al periodismo. Asimismo, también deben dar conferencias de prensa los ministros. A algunos no les conocemos la voz”.

En su exposición, el titular de APeRA planteó que “un tema aparte es el congelamiento de la pauta publicitaria hasta el 10 de diciembre próximo. Los perjudicados son los pequeños medios de todo el país. Y, además, hay que decir que hay pauta oficial en estos momentos. No está suspendida. Habría que ver quiénes la reciben”.

En la ronda de legisladores que tomaron la palabra, la cívica Mónica Frade lamentó que las descalificaciones hacia periodistas son muy similares a las que hacen contra legisladores: “Esbirros, ensobrados, ratas”. “Lo peor que nos está pasando es que estamos naturalizando este lenguaje, y eso derrama a la sociedad. Sabemos cómo empezó, no sabemos a dónde puede terminar”, alertó.

Por su parte, el diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdés sostuvo: “Yo soy de los que cree que a la violencia verbal le sigue la violencia física y lo estamos viendo. Hay una violencia física que se está naturalizando y yo creo que eso no lo podemos naturalizar, sea para periodistas, jubilados, o cualquier persona que tiene derecho de peticionar. No corresponde que ningún troll vinculado al Estado salga a deshumanizarlo”.

A contramano de la postura de la oposición, la libertaria María Celeste Ponce cuestionó a los representantes de las entidades periodísticas: “Observo un enojo con las redes sociales, las cuales les dan voz a los ciudadanos y otros periodistas, como es caso del periodista Mariano Pérez, que fue agredido por manifestantes y FOPEA no se solidarizó”.

“Hay una suerte de solidaridad con quien nos conviene. Me recuerdan un poco al colectivo de feministas, que a veces defienden a una mujer según el color político. Eso es algo que se tiene que acabar”, sumó y les reclamó que “sean más justos a la hora de pedir sobre la libertad de expresión”.

Alerta por el acceso a la información pública

Durante el encuentro, tanto desde FOPEA y APeRA como de los legisladores de la oposición hubo referencias al decreto 780/24 por el cual se modificó la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública. “Cuando uno restringe el acceso a la información pública restringe la libertad de expresión y también el trabajo de los periodistas”, indicó el socialista Esteban Paulón.

En tanto, el diputado de Unión por la Patria Pablo Carro aseguró que con ese decreto se “restringe la libertad de expresión de muchas maneras”. “Redefine qué no es información pública; la primera vez que veo que se define por la negativa”, observó.

Para el cívico Maximiliano Ferraro el decreto 780 “rompe el espíritu que le quiso dar el legislador a la Ley de Acceso a la Información de manera restrictiva, peligrosa, y que una cosa y otra no pueden ser leídas o resueltas en esta comisión de forma aislada”.

Jacqueline, vicepresidente de FOPEA, afirmó que “a menos información pública hay menos transparencia y menos democracia”. Con este cambio se “restringen derechos de la ciudadanía y amplía poderes de los funcionarios del Estado, amplía la discrecionalidad”, dijo y mencionó que si no hubiese existido la ley como tal “no hubiéramos conocido la fiesta de Olivos, la visita de jueces al presidente Mauricio Macri y reuniones en las que se usan ámbitos y bienes públicos”.

Al citar textual las palabras del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al respecto de este tema en la sesión informativa, Orozco sostuvo que “el decreto está en estos momentos en revisión”.

El planteo de Benegas Lynch sobre la pauta a los medios

En sus preguntas a los invitados, “Bertie” Benegas Lynch mencionó que a lo largo de la historia “el Estado se ha metido en la propaganda política y ha cercenado justamente la libertad de expresión”. Y cuestionó al kirchnerismo por haber impulsado una Ley de Medios que “fue inspirada en lo que hizo la Revolución Libertadora, de dar licencia a los periodistas que a mí me gustan”.

Luego de rescatar que las diputadas Karina Banfi y Sabrina Ajmechet mencionaron casos contra la prensa también en provincias, el oficialista cuestionó: “Parece que tienen el foco puesto en Balcarce, entre Rivadavia e Yrigoyen”.

“En la época del kirchnerismo se usaban las herramientas que Javier Milei se está sacando de encima”, argumentó el libertario, que habló de que a los periodistas que hablaban en contra se los cargaba con “la AFIP, inteligencia y pauta”.

Para Benegas Lynch, “en la medida que tengan la pauta, sea el 80% o 2%, ahí está tu jefe. Lo que corrompe el periodismo es la pauta, porque pierde la libertad en cuanto a que tiene su jefe; lo que no quiere decir que un medio financiado de manera privada tenga su línea editorial”, pero “hay medios privados que debido a la pauta terminan siendo medios paraestatales”.

Motorizados por el bloque radical, pero con el apoyo de otros sectores de la oposición dialoguista, diputados nacionales pidieron debatir el miércoles 11 de septiembre próximo el veto presidencial conocido el lunes pasado a través del Boletín Oficial para la Ley de Movilidad Previsional, sancionada el 22 de agosto pasado.

El pedido fue elevado al presidente de la Cámara, Martín Menem, este jueves, y plantea una reunión para el miércoles 11 a las 10 de la mañana. Está suscripto por los diputados radicales Fernando Carbajal, Rodrigo De Loredo, Facundo Manes, Julio Cobos, Danya Tavela, Jorge Rizzotti, Carla Carrizo, Pedro Galimberti, Marcela Coli, Manuel Aguirre, Mariela Coletta, Marcela Antola, Fabio Quetglas, Karina Banfi, Pablo Juliano, Gabriela Brouwer de Koning y Martín Tetaz; los de Encuentro Federal Miguel Angel Pichetto, Emilio Monzó y Nicolás Massot, y de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Maximiliano Ferraro.

La decisión de los diputados opositores busca aprovechar el impulso que tiene el tema y no aguardar más tiempo para llevarlo al recinto. Teniendo en cuenta que el proyecto no ha pasado por las comisiones correspondientes, Previsión Social y Presupuesto y Hacienda, necesitará una mayoría especial para conseguir ese día su tratamiento sobre tablas. Así las cosas, la oposición que convoca a este debate tendrá tres desafíos: primero, conseguir el quórum; después, habilitar el tratamiento del veto presidencial y luego obtener los dos tercios necesarios para rechazarlo, en cuyo caso pasará entonces al Senado para su debate.

Recordemos que el proyecto de Movilidad Previsional fue convertido en ley en el Senado con los dos tercios (61 votos a favor y 8 en contra), cosa que también tuvo en Diputados, cuando obtuvo 160 votos a favor, 72 en contra y 8 abstenciones.

Ahora tendrá que asegurarse la presencia plena de quienes impulsan esta sesión. Tendrán que estar los 34 radicales, los 16 de Encuentro Federal y los 6 de la Coalición Cívica. Además, los que no firman el pedido, como los 99 de Unión por la Patria. Con presencia plena, necesitarían todavía 14 diputados más para alcanzar los dos tercios. Se verá.

El jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, enumeró las medidas que el Gobierno tomó para el sector productivo y respaldó el DNU 70 porque a través del mismo “derogamos normas nacionales que no hacían más que obstaculizar la actividad productiva”.

En una parte de su informe de gestión que expuso ante Diputados, el funcionario explicó que mediante el DNU 70 derogaron normas nacionales que “no hacían más que obstaculizar la actividad productiva” como la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas, la Ley de Compra Nacional, la Ley de Tierras y la Ley de Alquileres porque “el Estado tiene que dejar de ser un peso que asfixia y limita las libertades del sector privado”.

Sobre la derogación Ley de Alquileres, precisó que “la oferta de viviendas en alquiler en el área metropolitana de Buenos Aires se recuperó a niveles récord entre lo que acaba la oferta se triplicó a sí mismo se elimina la obligación de registrar los contratos medida que es aplicable a inmuebles urbanos y rurales lo cual reduce notoriamente la carga administrativa y burocrática”.

“Derogamos más de 75 normas que eran una traba burocrática para el comercio, simplificamos y dimos de baja trámites que hacían más costosa la producción y las exportaciones. El Estado no puede estar por encima de los argentinos y decirles cómo vivir, cómo trabajar, cómo producir y cómo comerciar”, señaló el funcionario.

En esa línea, comentó que eliminaron el Observatorio de Precios del Ministerio de Economía “para dejar de perseguir a las empresas”, y reformaron el Código Aduanero para “facilitar el comercio internacional”. También eliminaron “el engorroso sistema SIRA, que generaba trabas discrecionales al comercio y le daba a un grupo de burócratas el poder de decidir quién podía y quién no podía importar”. En su lugar, crearon el Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI), “transparente, fluido y previsible”.

A su vez, ponderó que simplificaron la importación de insumos para empresas exportadoras y de materiales eléctricos para el sector productivo. “En cuanto al sector PyME lanzamos líneas de crédito específicas, eliminamos el Impuesto País para importaciones temporarias y bajamos aranceles en insumos industriales críticos”, comentó.

“El regreso del crédito a la Argentina beneficia también al sector productivo. En julio, el Banco Nación colocó créditos por 1.6 billones de pesos a MiPyMEs, grandes empresas y segmento ‘familias’. Esta cifra refleja un aumento del 743% respecto del mismo mes de 2023, y representa un aumento de 40% en relación a junio de 2024”, sostuvo.

Para el sector agropecuario, agregó que bajaron y eliminaron “retenciones a la carne porcina, bovinas y lácteos. También derogamos 131 resoluciones obsoletas y desburocratizamos el comercio de granos.  Redujimos a la mitad aquellos productos que tienen que presentar declaraciones juradas para exportar, simplificamos el registro único de la cadena alimentaria y el sistema integrado sanitaria. Iniciamos procesos de reestructuración y modernización de las empresas públicas, para volverlas más eficientes, reducir sus gastos y avanzar con su privatización o implementación de un esquema mixto, concesión o participación del sector privado”.

En lo relativo a la construcción, explicó: “Hemos eliminado trabas para importar materiales como acero y aluminio, que implicaban, por ejemplo, viajes o trámites engorrosos para certificar que un material aprobado en Europa u otros lugares, estuviera acorde a estándares argentino”, y sumó: “Esta medida beneficia a 10.000 PyMEs, al tiempo que se promueven las exportaciones de unas 5.000 empresas. En 2023 se hicieron 140.000 trámites por reglamentos técnicos. En 2025 los trámites van a ser igual a cero”.

Respecto de la política de Cielos Abiertos y la desregulación del transporte aéreo, informó que “se agilizó el otorgamiento de rutas, con más transparencia para asignar posiciones y horarios de vuelo, y más conectividad a ciudades intermedias del interior con aviones más pequeños, entre otras mejoras. Normas del sector que no se actualizaban desde hace más de 70 años”.

“Argentina está sujeta a una auditoría de la FA de Estados Unidos por incumplimientos en el sistema aéreo nacional con varias observaciones que están siendo analizadas por el Gobierno. Esto viene de la gestión anterior y puede significar una baja en la categoría del sistema nacional con consecuencias que pueda llegar a implicar la actividad aerocomercial. Es una decisión que escapa de la voluntad del Gobierno de solucionarlo”, acotó.

Por último, manifestó: “Hemos puesto en marcha la reducción del Impuesto PAIS, del 17.5% al 7.5%, producto de la exitosa gestión del ministro de Economía Luis Caputo y su equipo, quienes lograron consolidar el equilibrio de las cuentas para empezar a bajar impuestos”.

Guillermo Francos inició el 140° informe de gestión de la Jefatura de Gabinete de Ministros planteando lo que el presidente Javier Milei sostuvo durante la campaña electoral y en el inicio de su Gobierno, en ambas etapas. En campaña, dijo, “sostuvo su intención de luchar fuertemente contra el gasto del Estado y buscar el equilibrio fiscal, y luchar contra la inseguridad”. Lo reiteró, dijo, el día en que ganó el balotaje, y lo sostuvo en reiteradas oportunidades durante la gestión de gobierno.

“Su enfoque ha sido luchar contra la inflación y luchar contra la inseguridad”, remarcó ante los diputados, aclarando no obstante que no han sido esos los únicos temas que han sido tenidos en cuenta por el presidente, sino también una serie de temas que hacen a la vida pública institucional de la Argentina.

“Asumimos el 10 de diciembre y nos encontramos con una bomba de tiempo -afirmó-. Asumimos el 10 de diciembre y nos encontramos con una bomba de tiempo. Teníamos una inflación minorista que se movía con un alza del 1% diario. Un desequilibrio fiscal a nivel del Tesoro de 5 puntos del PBI, y a nivel del Banco Central de 10 puntos del PBI”, detalló.

Planteó Francos que “registrábamos una deuda por 20 mil millones de dólares, cuyos pasivos remunerados los tenedores podían ejecutar al día siguiente; un vencimiento de deuda de 8 mil millones de dólares a los 10 días siguientes a la asunción; deudas con importadores por 42.600 millones de dólares, y deuda flotante de la administración pública nacional por el equivalente a nueve mil millones de dólares”.

Para el  jefe de Gabinete, “estos números son el correlato de un Estado elefantiásico, ineficiente y corrupto, que prestaba servicios de muy mala calidad a la ciudadanía y garantizaba negocios para unos pocos a costa de todos los argentinos de bien”.

Con todo, Francos dijo que “a pesar de esta herencia caótica que recibimos, y de encontrarnos en una situación de clara minoría parlamentaria y política,  empezamos a construir las bases de una nueva Argentina. Un país con libertad, sin inflación, sin déficit, con un Estado chico que cobra menos impuestos, donde hay estabilidad y seguridad”.

En su exposición que comenzó a las 11.34, el jefe de Gabinete recordó el camino de las leyes insignia de la administración mileísta: Bases y el paquete fiscal, que consideró “un enorme hito en nuestra gestión”, y habló de dos etapas en ese proceso. “La primera, en la que no tuvimos éxito en esta Cámara y tuvimos que volver atrás; generar modificaciones y acuerdos políticos tanto en esta Cámara como en el Senado. No existe en el mundo un gobierno que haya sacado adelante leyes tan profundas”.

Atribuyó la aprobación de esas normas a “un gran trabajo de nuestro bloque y aquellos bloques que se pusieron a disposición para llegar a puntos de acuerdos”, dijo, y destacó que tanto la Ley de Bases, como el DNU 70/23 “le devuelven libertad a los argentinos”.

Francos exaltó la importancia del RIGI, al que atribuyó la decisión reciente de YPF de “avanzar con la inversión más grande de la historia”, como así también el compromiso de las empresas nacionales e internacionales más grandes para realizar una inversión de 2.500 millones de dólares en un oleoducto que permitirá exportar 30 mil millones de dólares anuales de petróleo de Vaca Muerta para el año 2030.

Destacó además una inversión de 400 millones de Aluar, para la aplicación del Parque Eólico de Puerto Madryn. “Todo eso gracias al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones que todavía algunos critican y va a ser la fuente de enormes inversiones”.

Luego resaltó el Pacto de Mayo suscripto el 9 de julio pasado, a través del cual se convocó al sector mayoritario de la clase política argentina, “un acuerdo de gran valor simbólico”, señaló.

“El Gobierno se concentró también en gestionar la macroeconomía del país que estaba absolutamente desordenada, y traía enormes perjuicios y complejidades que se reflejaban mensualmente en los índices inflacionarios”, dijo el funcionario, que agregó: “Logramos evitar la mayor crisis de la historia argentina, que combinaba lo peor de varias crisis anteriores: el Rodrigazo; lo peor de la hiperinflación de 1989, y lo peor de la crisis de 2001 y 2002”.

“En estos ocho meses de gestión sacamos a la Argentina de la hiperinflación y de los peligros que estaban por desatarse”, agregó, remarcando que “reordenamos el Estado, disminuimos su personal, terminamos con el déficit, obtuvimos superávit primario, financiero y comercial”. En ese marco dijo que “solucionamos la famosa bola de Leliqs, que representaban al momento de asumir el 12% del PBI, o sea 63 mil millones de dólares. Además, reordenamos el pago de la deuda externa, cumpliendo con todos los vencimientos. Todo eso sin que el Tesoro reciba financiamiento del Banco Central”.

“Gracias a un enorme esfuerzo, revertimos la senda hiperinflacionaria que nos encontramos al asumir e iniciamos un proceso de fuerte desaceleración. En materia de inflación mayorista, el descenso fue aún más brusco -agregó-. Además, logramos superávit fiscal en tiempo récord, pasando de un déficit descontrolado del 4.6% del PBI a un superávit de 0.4% acumulado en seis meses de gobierno. En materia de superávit financiero, entre enero y julio éste fue de prácticamente 2 billones de pesos, equivalente a casi 0.4% del PIB”.

Francos enfatizó que “por primera vez en mucho tiempo los salarios le ganaron a la inflación: en los primeros seis meses de 2024, el aumento de salarios fue de 84.3%; 4.5 puntos porcentuales por encima de la inflación, que fue de 79.8%”, al tiempo que aseguró que “volvió el crédito a la Argentina. Sólo el Banco Nación recibió en los últimos meses más de 40.500 solicitudes para la línea +Hogares, y lleva otorgados más de 6.800 créditos hipotecarios”.

En ese sentido señaló que “en el sector privado, el crédito en pesos -en especial para la producción- muestra una fuerte recuperación y acumula un crecimiento de 35.3% en términos reales desde enero”.

Para Francos, “la estabilización macroeconómica y las expectativas permitieron que vuelva a aparecer la demanda genuina de crédito por parte del sector privado, un insumo indispensable para el financiamiento de la producción”.

Luego resaltó que “en materia energética, alcanzamos superávit en el primer semestre de 2024. Un hecho que no se registraba desde hace 15 años, con la excepción de un breve período durante la pandemia. En este tiempo, las exportaciones crecieron un 26.8%, las importaciones cayeron un 55.1% y la balanza comercial energética arrojó un saldo positivo de 2.758 millones de dólares”.

Y agregó que además se alcanzó “la producción de gas más alta de los últimos 17 años y la más alta de petróleo de los últimos 15. Empezamos a normalizar poco a poco un sector fundamental para el crecimiento y el desarrollo del país”.

Por otro lado, expresó que están “construyendo” un nuevo pacto fiscal entre el Estado Nacional y los contribuyentes porque “queremos un país en el que el Estado no persiga a los ciudadanos, sino que les devuelva aquello que durante tanto tiempo les sacó”. Así, destacó el lanzamiento de una moratoria de deudas impositivas, aduaneras y de seguridad social y el impulso de la regularización de activos adquiridos en el país y en el exterior.

“Queremos que los contribuyentes puedan regularizar sus patrimonios en mejores condiciones, y que los alcances de esta medida perduren más allá de posibles cambios de gobierno. Esto lo hacemos sin dejar de reconocer a los cumplidores: quienes cumplieron con el pago de Bienes Personales entre 2020 y 2022, tienen una reducción de la alícuota del impuesto del 0.5% hasta 2025”, planteó.

En materia de obra pública, informó que llevaron adelante una auditoría sobre cuatro mil obras públicas realizadas por el Estado Nacional: “De este total, transferimos a las provincias la ejecución de más de 600 obras, que se encontraban paralizadas por falta de pago”.

“La autonomía y responsabilidad de los estados provinciales son aspectos centrales para el Gobierno nacional”, indicó y criticó: “Por décadas, las obras públicas fueron utilizadas para defraudar al Estado, perjudicando a los contribuyentes y beneficiando a ciertas empresas y algunos funcionarios públicos”.

En esa línea, apuntó: “Durante la administración anterior, se destinaron recursos económicos y personal del Estado Nacional para llevar adelante obras menores como veredas peatonales, baños públicos, cordones cuneta, plazas, tinglados, remodelación de una fábrica de dulces. Mientras tanto obras estratégicas como rutas nacionales, acueductos, redes y sistemas de distribución de agua potable, plantas potabilizadoras y colegios se encontraban paralizadas por falta de pago”, y comparó: “Hoy emprendemos el camino hacia un sistema federal en serio y ponemos fin a este esquema de malversación de fondos públicos”.

En materia social, informó que desde que se habilitó la línea de denuncias anónimas 134 han recibido más de 160.000 llamadas y, de ese total, 60% implicaron irregularidades en la gestión de planes sociales y 9.000 derivaron en denuncias judicializadas. “Avanzamos firmemente con la decisión de asistir a los más vulnerables y eliminar a los gerentes de la pobreza, que lucran con las necesidades de la gente”, afirmó.

En cuanto a los planes sociales, comunicó que entre junio de 2023 y junio de 2024 el valor de la AUH aumentó un 44% en términos reales. “Cuando asumimos, la AUH cubría el 49.55% de la canasta básica alimentaria, hoy cubre el 87%. La Tarjeta Alimentar se incrementó en un 137.5% en el mismo período. Junto al programa Primeros 1.000 días, estas iniciativas reflejan el refuerzo para llegar a las familias que más lo necesitan sin intermediarios”, comparó.

En cuanto a políticas de niñez y familia, en el primer semestre del año: “Aumentamos en 500% el beneficio para embarazadas y primera infancia. También actualizamos el monto del subsidio Primeros Mil Días que pasó de $2.597 en diciembre de 2023 a $30.550 en septiembre de 2024, lo que nos da un aumento del 1076%”.

A su vez, Francos destacó el cierre de organismos estatales “usados para la propaganda política” que implicó la reducción de 18 a 8 los Ministerios del Gobierno y la eliminación del 50% de los cargos jerárquicos, pasando de 106 a 54 secretarías.

“A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado dimos de baja 71 contratos de alquiler para oficinas públicas en todo el país, que fueron reubicadas en edificios propios. Además, estamos trabajando en un plan integral para poner a la venta más de 350 inmuebles en propiedad del Estado en todo el país”, detalló y sumó: “Por irregularidades y múltiples fallas en la gestión, eliminamos diversos fondos fiduciarios”.

“Implementamos un estricto sistema de auditorías en el que descubrimos casos vergonzosos de corrupción y malversación de fondos públicos. Un ejemplo es la ANDIS, en donde se encontró un circuito paralelo y fraudulento de asignación de pensiones por invalidez laboral a personas que no cumplían con ningún requisito, y que implicaba un desvío de fondos de aproximadamente 1 billón de pesos al año”, ejemplificó y precisó que se descubrió que hay 25 mil personas pensionadas por invalidez que actualmente están trabajando y 60 mil personas que presentan incompatibilidad en sus requisitos.

Ya promediando el discurso inicial, Guillermo Francos se refirió al sistema electoral, señalando que con la intención de transparentarlo y garantizar “un uso eficiente de los recursos públicos”, el Gobierno pretende poner en marcha la Boleta Única en Papel, que ya fue aprobada en Diputados y se está discutiendo en el Senado. “Esta iniciativa da igualdad de oportunidades en la representación de todos los partidos –planteó-. Persigue dos objetivos: reducir los costos de las elecciones en más del 50% en la impresión de boletas; y dar más transparencia en el proceso electoral, evitando el robo de boletas, como también el uso indebido del dinero otorgado por el Estado para otros fines ajenos a la impresión, como demuestran investigaciones judiciales”.

Finalmente destacó que “en Latinoamérica, solo hay dos países que no cuentan con boleta única u otros sistemas similares: Uruguay y Argentina tienen este sistema de boletas múltiples”.

Luego se refirió a la Ley de Movilidad Previsional aprobada por el Congreso, que fue vetada por el presidente Javier Milei. Fue sobre el final de su alocución, asegurando que “esta gestión estableció aumentos mensuales según el IPC, lo cual permitió una recuperación del poder de compra de los haberes jubilatorios de casi el 10% en lo que va del año, y de casi el 6% con respecto a noviembre de 2023. Esto refleja la voluntad de este Gobierno de garantizar un sistema de movilidad previsional justo y equitativo, donde los jubilados nunca más pierdan contra la inflación, evitándoles el flagelo que han padecido en los últimos 22 años”.

Guillermo Francos finalizó su exposición inicial señalando que “somos conscientes del enorme esfuerzo que hacen todos y cada uno de los argentinos para acompañar este proceso. Como jefe de Gabinete, me inspira un enorme sentido de la responsabilidad, pero también de orgullo y esperanza porque estamos en el camino correcto para volver a tener una Argentina libre y próspera”.

En calidad de jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, expone desde las 11.35 su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados tal como establece el artículo 101 de la Constitución Nacional, para luego abocarse a responder las preguntas de la oposición. Se estima que la sesión informativa dure entre 7 u 8 horas.

Para este informe se recibieron, hasta el viernes 2 de agosto de 2024, 3.535 requisitorias que, luego de la unificación en Coordinación del Informe, quedaron consolidadas en 2.135 preguntas. De allí se elaboró el Informe N° 140 del jefe de Gabinete de Ministros.

El bloque que más preguntas ingresó es Unión por la Patria (1.041), seguido por la Unión Cívica Radical (401).

Según pudo saberse a partir del informe elaborado por Jefatura de Gabinete, los diputados que más preguntas enviaron son Eduardo Toniolli (98 – UP); Vanina Biasi (72 – FITU); Juan Marino (69 – UP); Ana Carla Carrizo (68 – UCR); Mónica Schlotthauer (67 – FITU); Martín Maquieyra (59 – Pro); Leandro Santoro (57 – UP) y Nicolás Del Caño (53 – FITU).

Las áreas que más preguntas recibieron son los ministerios de Economía y de Capital Humano. Es relevante también la cantidad de preguntas sobre Justicia, Salud y Seguridad.

Según el análisis temático, se destacan las preguntas sobre el presupuesto asignado a la SIDE y la designación de funcionarios. Aparecen también consultas sobre la visita de los diputados al penal de Ezeiza y sobre posibles proyectos de indulto o prisión domiciliaria a condenados por delitos de lesa humanidad.

También tienen relevancia los requerimientos sobre la continuidad de los programas de protección de la violencia hacia las mujeres, las áreas que fueron reubicadas y el presupuesto destinado.

En el caso del Ministerio de Economía, algunas de las preguntas apuntan al Banco Central por el envío del oro al exterior. Otros temas relevantes para esta área son el RIGI, proyectos de minería, caída de los índices de industria y empleo, retenciones y cepo. También hay preguntas sobre subsidios a la energía y al transporte.

Tienen importancia también las preguntas sobre obras públicas, especialmente las de rutas nacionales que están paralizadas.

En el ámbito de la Justicia, hay requerimientos de información sobre la baja de edad de imputabilidad. En este sentido, se solicitan estadísticas de delitos por región y por edad de quienes delinquen.

En el caso de Capital Humano se destacan las consultas sobre los contratos del ministerio con organismos internacionales como OEI o UNOPS. En menor medida, aparecen como en el informe anterior, preguntas sobre la distribución de alimentos.

Hay preguntas para el área de educación sobre el funcionamiento y el impacto de los vouchers educativos, el destino del FONID y el presupuesto universitario, en este informe especialmente vinculado a salarios docentes.

En el caso de Cultura, se destacan las preguntas sobre posibles casos de censura y por el financiamiento del INCAA.

Otros temas que emergen del informe son los requerimientos sobre despidos de empleados estatales, privatizaciones, programas para personas con discapacidad, ludopatía infantil y adolescente, presupuesto para ciencia y tecnología.

Durante el sexto plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados se presentó una nueva tanda de especialistas, entre los que hubo profesionales de la salud, quienes se refirieron a la consciencia en los adolescentes. 

El debate se puso en marcha a fines de julio a partir del envío de un proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo, pero hay además una docena de iniciativas de los propios legisladores que se han presentado (y re-presentado) a lo largo de los años. 

En la jornada de este martes, Conrado Estol, reconocido médico neurólogo, explicó que “el cerebro humano termina su desarrollo a los 25 años” y diferenció “la madurez y el desarrollo biológico del cerebro” de “la madurez que nos da el ambiente socio-cultural en el que crecemos”. “El circuito que tiene más impulsividad, que mide menos las consecuencias, es el que en la adolescencia está cargado de dopamina”, apuntó, mientras que “el circuito de control cognitivo madura más tardíamente que el anterior; eso es lo que explica la conducta de los adolescentes con menor control de impulsos”. 

El especialista afirmó que “el cerebro de un chico de 12, 13, 14, 15 años” ya razona y “en esa época el pensamiento de un chico tiene capacidad de abstracción y de hipotetizar situaciones”, por lo cual “definitivamente” sabe “diferenciar el mal y el bien”. “El lóbulo frontal tiene impulsos y dificultad para medir consecuencias, pero definitivamente a los 13, 14 años tiene claro que está bien y que está mal”, dijo. 

Por su parte, el psiquiatra Andy Blake precisó que “toda conducta humana, desde los 3 años, depende de tres cosas: la situación en la que está la persona, la emoción que experimenta en ese momento y cómo piensa esa situación a través de la emoción”. “El cerebro es una máquina de aprender y una vez que aprendemos algo tomamos eso que sabemos consciente a lo inconsciente. De cómo nosotros aprendemos, depende cómo vamos a regular nuestras emociones en función de la situación que vivamos”, continuó. 

El también doctor en Neurociencias Cognitivas Aplicadas expresó que “entre los 11 y 12 años la corteza prefrontal tiene el tamaño más grande que va a tener, la cantidad más abundante de neuronas que va a tener en toda nuestra vida” y a partir de ahí “empieza un declive que tiene que ver con la poda neuronal”. Así, “a partir de los 15 y 16 años la persona empieza a acelerar nuevamente su capacidad de decisión”, continuó. 

Para Blake la respuesta “simple” sobre si el adolescente sabe lo que está bien y mal es decir que “sí”, pero ahondó: “Cómo van a actuar va a depender de su contexto social, que podríamos denominarlo situación, y de cómo aprendió a procesar las emociones”. “La respuesta no es tan sencilla: aunque sí tienen plena capacidad y conocimiento, la conducta es algo más sofisticada”, sumó. 

No obstante, resaltó que “en la adolescencia la plasticidad es tal que puede cambiar esa conducta sin problema”. “Yo no creo que la respuesta sea sí o no a la edad (de imputabilidad), sino pensar un régimen especial para esta población especial, que tiene una gran capacidad de aprendizaje, una gran capacidad de cambiar la conducta aprendida”, sostuvo. 

El psiquiatra indicó que “las recomendaciones a los padres es que les pongan límites a los adolescentes y no importa qué tan estrictos sean, porque eso le sirve para organizarse al adolescente, aunque lo desafíe; de hecho busca desafiarlo para establecer su propia identidad”. “Cuál y cómo es el límite, eso es algo que ustedes tendrán que pensar, pero sí es necesario que exista un límite de la familia y la sociedad”, concluyó. 

Por otra parte, Silvia Stulchik, socióloga magíster en Políticas Públicas, aseveró que hay un “acabado agotamiento del modelo tutelar del régimen actual de la minoridad” y advirtió que “la sola definición de una edad de punibilidad no soluciona de ninguna manera el problema”, ya que “tiene que ser una norma clara para toda la población, aunque es un régimen diferenciado”. 

“El cambio de paradigma hoy queda corto, llega tarde, si no se considera la evolución de las diferentes realidades en todos los territorios. Ya no es sólo el delito adolescente, es el delito adulto organizando también el delito adolescente” como sucede con el narcotráfico, explicó. 

Al hacer alusión a la legislación que ya existe en algunas provincias, recomendó “lograr una consistencia entre lo nacional y lo provincial”. “Tiene que ser un marco que integre un debido proceso, un conjunto de garantía mínimas federales, la definición taxativa de cuáles van a ser los delitos, y la prohibición de aprehensión en comisarías, alcaldías y cárceles de adultos”, enumeró Stulchik, que además sobre esto último aportó datos a lo largo y ancho del país de adolescentes privados de la libertad. 

En el plenario también dieron su opinión Pedro López Martucci, especialista en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata; y Marcela Durga Angulo, abogada. 

Finalmente llega el momento en el que Guillermo Francos se presente en el Congreso para dar su primer informe de gestión, como jefe de Gabinete de Ministros. No es un ámbito desconocido para él: como funcionario ha asistido numerosas veces al Parlamento para hablar con los legisladores, fundamentalmente en el marco de las negociaciones por la Ley de Bases. También fue diputado nacional entre 1997 y el año 2000, presidiendo el partido de Domingo Cavallo, Acción por la República.

Su debut en la condición que ostenta desde el 3 de junio pasado será este miércoles en la Cámara baja, a partir de las 11 de la mañana.

Para este informe se recibieron, hasta el viernes 2 de agosto de 2024, 3.535 requisitorias que, luego de la unificación en Coordinación del Informe, quedaron consolidadas en 2.135 preguntas. De allí se elaboró el Informe N° 140 del jefe de Gabinete de Ministros.

El bloque que más preguntas ingresó es Unión por la Patria (1.041), seguido por la Unión Cívica Radical (401).

Según pudo saberse a partir del informe elaborado por Jefatura de Gabinete, los diputados que más preguntas enviaron son Eduardo Toniolli (98 – UP); Vanina Biasi (72 – FITU); Juan Marino (69 – UP); Ana Carla Carrizo (68 – UCR); Mónica Schlotthauer (67 – FITU); Martín Maquieyra (59 – Pro); Leandro Santoro (57 – UP) y Nicolás Del Caño (53 – FITU).

Las áreas que más preguntas recibieron son los ministerios de Economía y de Capital Humano. Es relevante también la cantidad de preguntas sobre Justicia, Salud y Seguridad.

Según el análisis temático, se destacan las preguntas sobre el presupuesto asignado a la SIDE y la designación de funcionarios. Aparecen también consultas sobre la visita de los diputados al penal de Ezeiza y sobre posibles proyectos de indulto o prisión domiciliaria a condenados por delitos de lesa humanidad.

También tienen relevancia los requerimientos sobre la continuidad de los programas de protección de la violencia hacia las mujeres, las áreas que fueron reubicadas y el presupuesto destinado.

En el caso del Ministerio de Economía, algunas de las preguntas apuntan al Banco Central por el envío del oro al exterior. Otros temas relevantes para esta área son el RIGI, proyectos de minería, caída de los índices de industria y empleo, retenciones y cepo. También hay preguntas sobre subsidios a la energía y al transporte.

Tienen importancia también las preguntas sobre obras públicas, especialmente las de rutas nacionales que están paralizadas.

En el ámbito de la Justicia, hay requerimientos de información sobre la baja de edad de imputabilidad. En este sentido, se solicitan estadísticas de delitos por región y por edad de quienes delinquen.

En el caso de Capital Humano se destacan las consultas sobre los contratos del ministerio con organismos internacionales como OEI o UNOPS. En menor medida, aparecen como en el informe anterior, preguntas sobre la distribución de alimentos.

Hay preguntas para el área de educación sobre el funcionamiento y el impacto de los vouchers educativos, el destino del FONID y el presupuesto universitario, en este informe especialmente vinculado a salarios docentes.

En el caso de Cultura, se destacan las preguntas sobre posibles casos de censura y por el financiamiento del INCAA.

Otros temas que emergen del informe son los requerimientos sobre despidos de empleados estatales, privatizaciones, programas para personas con discapacidad, ludopatía infantil y adolescente, presupuesto para ciencia y tecnología.

El de Francos será el segundo informe de gestión -de carácter verbal- desde la asunción de Javier Milei al frente del Poder Ejecutivo y la primera en Diputados, ya que la anterior estuvo a cargo del ex jefe de Gabinete Nicolás Posse y fue en el Senado, más precisamente el pasado 15 de mayo, tan sólo 13 días antes de que saliera eyectado del Gobierno.

Luego de un inicio de relación complicado, el Gobierno de Javier Milei desarrolla una relación con el Congreso bastante mejor de lo que a priori podía esperarse con un oficialismo que es, por lejos, la minoría más extrema en ambas cámaras. La condición minoritaria que le asiste es tal, que el primer gobierno en minoría en Diputados y el Senado al mismo tiempo en cien años, el de Mauricio Macri, tenía el doble de legisladores en cada cámara que los que hoy tiene La Libertad Avanza.

Dicho lo cual, solo una administración que tiene la audacia como marca registrada podía arrancar la gestión mandando al Congreso un proyecto como fue el original de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Porque en modo alguno podía pensar alguien racional que ello fuera a salir.

Pasó lo que pasó, pero lo cierto es que, reducido bastante, el proyecto ya es ley. Un éxito no menor para un Gobierno que cuenta con apenas 38 diputados y 7 senadores.

Habrá que destacar que para eso el oficialismo contó -y cuenta, a pesar de la ira presidencial, que suele ser impiadosa con los legisladores- con una oposición dialoguista que colabora con su gestión y no solo le ha permitido aprobar la Ley Bases y el paquete fiscal, sino que también le ha garantizado frenar no pocas embestidas de la oposición más dura, como contra el mega DNU 70/23.

Esa relación con el Gobierno ha generado efectos no menores en el seno de la oposición. En la más dura y también la colaboracionista. Hasta el momento los resquebrajamientos no han sido generalizados, pero sí notorios. Como cuando los tres diputados tucumanos que responden al gobernador Osvaldo Jaldo decidieron hacer “rancho aparte”, dejando al bloque Unión por la Patria por debajo del centenar de miembros. Así y todo, la principal oposición cuantitativamente hablando ha logrado mantenerse bastante sólida. No le pasó, por ejemplo, como cuando Cambiemos llegó al poder y 17 diputados que respondían a sus gobernadores se apartaron del Frente para la Victoria. En este nuevo regreso al llano -antes de lo previsto para los gobiernos peronistas acostumbrados cuanto menos a mantenerse más de un período- el ahora denominado Unión por Todos conserva a la mayoría de sus miembros. Por ahora.

Lo que no sucedió con Juntos por el Cambio cuando le tocó perder, en 2019, pasó cuatro años después. Después de una interna insólitamente sangrienta que dividió aguas en el seno de esa fuerza, la victoria del “tercero en discordia” no hizo más que precipitar los acontecimientos. El coqueteo que en campaña habían mantenido los sectores más notorios del Pro con el cuanto menos extravagante Javier Milei ya había hecho demasiado ruido internamente y el posterior apoyo decidido por Mauricio Macri y Patricia Bullrich de cara al balotaje le puso final a lo que en definitiva nunca dejó de ser una coalición electoral. Exitosa, pero electoral al fin.

Una vez hubo estallado la misma, todos los partidos que la componían volvieron a su condición original, salvo un sector que mantuvo ese espíritu para la tarea legislativa, donde de todas maneras quedaron expuestas las diferencias en cada votación de esa heterogénea bancada. Hablamos de Hacemos Coalición Federal, hoy Encuentro Federal.

El Pro ha mantenido la homogeneidad en su posicionamiento frente (o junto) a La Libertad Avanza, pero tiene diferencias notorias en su seno, que todavía no se han transformado en las votaciones.

Cosa que sí ha sucedido en el radicalismo, el partido más importante junto al Pro de lo que fue Cambiemos y después JxC. Ahí las diferencias internas son cada vez más importantes en el seno del bloque que hoy conduce Rodrigo de Loredo, pero de momento se ha privilegiado “la unidad en la diversidad”.

De esas bancadas que hoy se plantan de manera bien distinta frente al oficialismo, y del oficialismo también -que tiene sus internas a la orden del día y parecen despiadadas-, hablaremos aquí. Porque de la manera como puedan administrar cada uno de los bloques sus diferencias dependerá buena parte de la suerte de la gestión libertaria. Al menos en la Cámara baja, donde la relación de fuerzas es más diversa.

La principal oposición

“Somos, por lejos, la principal oposición… pero eso no nos sirve de nada”, reconoció amargamente ante este medio un diputado de UP, que agregó: “Ese número no nos alcanza para ganar ninguna votación. Y el oficialismo no nos convoca para consultarnos nada”.

Así y todo, han logrado ya algunos acuerdos con parte de esa oposición colaboracionista del Gobierno. Sucedió ya con la movilidad jubilatoria y el financiamiento universitario, temas con los que consiguieron con la UCR y el bloque de Miguel Pichetto forzar el tratamiento de temas resistidos por el Gobierno y alcanzar su sanción.

Saben, de todas formas, que para avanzar con alternativas de ese tipo tienen que resignar protagonismo. Por lo pronto, no pueden ponerse al frente de esas movidas, sino que deben ser impulsadas por otras bancadas y ellos después sumarse, pues al revés, quienes formaron parte de Juntos por el Cambio tienen resistencia a participar. Ellos son “mancha venenosa” y lo reconocen. Por eso van también a esas votaciones a sabiendas de que los dictámenes de mayoría que puedan rubricar no serán después los que se impongan. De momento, ese es el estado de situación y han encontrado a través de esa vía la posibilidad de alcanzar pequeñas victorias.

En el bloque que dirige Germán Martínez conviven una decena de sectores.

Internamente tienen sus diferencias en el bloque conducido por Germán Martínez. La falta de un líder que unifique contribuye en esa dispersión. El liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner también se ha resentido. El desgaste y, sobre todo, la imposibilidad de ganar por sí sola, han hecho de esa figura una líder acotada.

Porque así le conviene, el Gobierno y buena parte de la oposición ex JxC siguen llamando a UP “kirchnerismo”, un mote con tono despectivo. Aunque esa definición no pueda involucrar a todos sus miembros. En rigor, esa definición política debería limitarse a 36 de los miembros de esa bancada: el 36%, más allá de que entre el resto de esa bancada una mayoría siga reivindicando a los gobiernos kirchneristas y mostrándose más que cercanos, la actualidad política los encuentra más bien distantes.

Siendo estrictos, el bloque de Germán Martínez podría ser dividido en diez partes. Veamos sino: camporistas, kirchneristas duros, kicillofistas, massistas; los que responden a sus gobernadores; los alineados con sus intendentes; los “sin tierra”; los santiagueños, y hasta Frente Patria Grande y Movimiento Evita. Y eso que borramos la acepción “albertistas”, aunque en el fondo los tres a los que les cabía ese alineamiento estén ahora auscultando su futuro (Santiago Cafiero, Victoria Tolosa Paz y Leandro Santoro).

Hay grupos pequeños, como Patria Grande (Itai Hagman y Natalia Zaracho), o el Evita (Eduardo Toniolli). O el propio kicillofismo, que comprende apenas a Daniel Gollan y Agustina Propato. Por ahora pocos, para quien se imagina terciando para la candidatura presidencial en tres años, pero tampoco los diputados que responden a sus gobernadores son numerosos individualmente. Juntos, no llegan a la veintena.

Y entre estos, tenemos a los tres catamarqueños alineados con el gobernador Raúl Jalil, que muchos imaginan próximamente formando un bloque aparte, como los tucumanos de Independencia, o bien armando con él. Estos son Fernanda Ávila, Silvia Ginocchio y Dante López Rodríguez. Ya lo mostraron cabalmente cuando el debate de la Ley de Bases; o mejor dicho, en algunos artículos, pues en las votaciones generales los de Germán Martínez siguen mostrando homogeneidad.

Están los “sin tierra”, que suman 16, entre los cuales podemos destacar a diputados como el jujeño Guillermo Snopek y la mendocina Liliana Paponet, que juegan como “líberos”, tal cual lo mostraron al votar a favor el proyecto para considerar “servicio esencial” a la educación.

Esa misma cantidad tienen los camporistas, entre los cuales está por supuesto su líder, Máximo Kirchner, y se distinguen Paula Penacca, Vanesa Siley y José Glinski, por citar solo a un puñado.

Por kirchneristas duros, tomamos a diputados como Carlos Castagneto, Carolina Gaillard o Hugo Yasky. Son una veintena. En tanto que el massismo tiene 8 representantes: Cecilia Moreau, Daniel Arroyo, Diego Giuliano, Ramiro Gutiérrez, Sabrina Selva, Mónica Litza, Micaela Morán y Marcela Passo.

El Pro

Si la interna despiadada del año pasado fue la perdición para Juntos por el Cambio, el partido más afectado individualmente fue sin dudas el Pro. Porque obviamente los que decidieron separar aguas fueron los dos principales contendores de esa interna, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Propios y extraños reconocen que forzar elecciones en todos los distritos y en todos los rubros, fue la génesis de la derrota posterior. Porque en lugar de competir solamente los candidatos presidenciales, que hubiera sido lo más lógico, ambos decidieron ir a las PASO con tropas fieles, y eso no hizo más que dividir interna y mortalmente.

La principal responsable de esa decisión terminó siendo víctima de esa estrategia. Al mantener la condición de competir en todos lados con tropa propia, Patricia Bullrich pretendía compensar con “fidelidad” el “aparato” que respaldaba a su rival, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, nada menos. Ganadora con amplitud de esa interna, ya como candidata presidencial del espacio no pudo cerrar las heridas de la campaña, que sobre todo su aspereza había impuesto.

El principal aliado del oficialismo en contacto permanente con el Gobierno.

Esa decisión fue la que hizo que cada uno llevara en las listas a gente propia, no solo del Pro, sino también de los aliados. Algunos mantienen ese alineamiento en la actualidad, dentro de un bloque que se encuentra en la disyuntiva que le ha generado la decisión de La Libertad Avanza de no unir voluntades en el Congreso.

La división generada por la vuelta de Mauricio Macri a la conducción del partido que él mismo creó es acotada, por el propio peso político del expresidente que ha generado que la mayor parte de la dirigencia se encolumnara detrás suyo. Así y todo, la división existe dentro del bloque Pro de Diputados. Un ejemplo: nombrar como “macrista” a un legislador en otro tiempo no hubiera generado ninguna reacción de aquel miembro del Pro que no lo es. Hoy sí.

De los 37 miembros del bloque que conduce Cristian Ritondo –abiertamente alineado con Macri-, los que reconocen afinidad con Patricia Bullrich son algo más de una decena. Comenzando por Damián Arabia, del riñón de la ministra de Seguridad. En ese sector se encuentran diputados como Laura Rodríguez Machado, Patricia Vázquez, Sabrina Ajmechet y Silvina Giudici, quien en su rol de secretaria Parlamentaria del bloque debe hacer equilibrio para evitar suspicacias.

Como sea, la votación del decreto de necesidad y urgencia 656/24 dividió aguas en esa bancada y exhibió un alineamiento menor cerca de Patricia Bullrich.

En ese sector se puede encuadrar a Fernando Iglesias, de los diputados que en realidad tienen llegada directa con Javier Milei. A propósito, de los muy valorados por La Libertad Avanza se encuentra sin lugar a dudas Silvia Lospennato, una discípula de Emilio Monzó que decidió quedarse en el Pro. En la interna de 2023 jugó con Horacio Rodríguez Larreta, pero hoy está encolumnada con Mauricio Macri. Igual que María Eugenia Vidal.

Del larretismo no ha quedado una línea interna en el seno del bloque. Está Alvaro González, quien no por ello ha dejado de ser orgánico dentro de esa bancada. Lo mismo podría decirse de Hernán Lombardi, que jugó a fondo en la interna con Patricia Bullrich, pero hoy se mantiene equidistante en función de su respeto a Macri.

De la nueva guardia, Martín Yeza, flamante titular del Congreso del Pro, es un elegido de Macri como las caras nuevas del partido que quiere mostrar.

Esa nueva guardia de liderazgos tiene a un gobernador joven como Ignacio “Nacho” Torres, quien tiene como propia a la diputada chubutense Ana Clara Romero.

El Pro no tiene demasiadas líneas internas, pero sí diferencias notorias.

El pichettismo

Un emergente de la disolución de Juntos por el Cambio fue sin dudas Hacemos Coalición Federal, conformado por exdiputados del Pro, la Coalición Cívica y lo que fue el interbloque Federal.

El bloque mostró en cada votación distintas posiciones en su seno y tras el primer debate de la Ley de Bases, la Coalición Cívica se apartó, en buenos términos. Hoy tiene nueva denominación, Encuentro Federal, pero mantiene las divergencias internas que hacen que puedan votar bien distintos sin distanciarse. Es, en definitiva, una relación de conveniencia, solo para sumar a la hora del reparto de las comisiones.

Más cercanos a las posiciones de su jefe, Miguel Pichetto, tenemos a los exPro Emilio Monzó, Nicolás Massot y Oscar Agost Carreño, además de Francisco Morchio, que responde al gobernador entrerriano Rogelio Frigerio. También están en este sector Florencio Randazzo y Ricardo López Murphy, aunque este último puede tener juego propio según el tema que se debata.

Los de Encuentro Federal, puertas adentro.

Los cordobeses suelen votar alineados con estos, salvo el caso de Natalia de la Sota, que con votos opuestos al Gobierno nacional inexorablemente se diferencia de sus pares Juan Brügge, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres.

Otro con juego propio suele ser el chubutense Jorge Avila, en tanto que siempre diferenciados de los temas en los que Encuentro Federal se acerca al Gobierno están los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, y habitualmente también Margarita Stolbizer.

El oficialismo no le ha cumplido al bloque de Pichetto por ejemplo en la conformación de la Bicameral de Inteligencia, donde habían acordado designar a Emilio Monzó, y a partir de esa actitud la relación cambió, al punto tal que el bloque no dio quórum en las sesiones pedidas por La Libertad Avanza en el mes de agosto. Hay cierto fastidio de parte del oficialismo con estas actitudes que le atribuyen más a Monzó que a Pichetto, según han dejado trascender.

Un bloque muy diverso, que nunca vota de forma homogénea.

La diversidad del partido centenario

A pesar de no contar con el favor del presidente Milei, que cada vez que puede denuesta a los radicales, ese bloque que conduce Rodrigo de Loredo se ha tornado clave para las necesidades del oficialismo. Cuando cuenta con ellos, tiene garantizada buena parte de las leyes; cuando eso no sucede, sufre.

Convencido de que comparten electorado con el actual Gobierno, De Loredo ha sumado los votos de su bancada a iniciativas como la Ley de Bases, pero han conseguido sumar propuestas como la reforma laboral, aunque finalmente quedó bastante acotada.

Esa conducta le ha traído problemas al diputado cordobés, que cuando la conformación del bloque radical se encontró con las intenciones de Facundo Manes de liderar él esa bancada. Como reunía la mayoría de los votos, De Loredo consiguió prevalecer, pero su bancada se divide inexorablemente ante determinados artículos o leyes.

Podría decirse que conviven en el bloque radical al menos cuatro sectores. El oficialista, alineado con su presidente, es el mayoritario, con 18 de los 34 integrantes de esa bancada. Allí están junto a De Loredo, su vicepresidenta, Karina Banfi, Martín Arjol, Atilio Benedetti, Mariano Campero, Soledad Carrizo, Pablo Cervi, Gerardo Cipolini, Melina Giorgi, Francisco Monti, Lisandro Nieri, Luis Picat, Fabio Quetglas, Jorge Rizzotti, Roberto Sánchez, Natalia Sarapura, Pamela Verasay y el correntino Federico Tournier, quien se ha sumado al bloque en reemplazo de su comprovinciano Alfredo Vallejos, hoy ministro de Gobierno de su provincia. Tournier es liberal, pero está alineado con el gobernador Gustavo Valdés, que le ha pedido que se mantenga dentro del bloque radical.

En esa bancada los gobernadores radicales tienen ascendencia directa con los representantes de sus provincias. No solo ellos: al senador Maximiliano Abad, presidente de la UCR en provincia de Buenos Aires, le responden Karina Banfi y Fabio Quetglas.

El bloque de la UCR mantiene una buena relación con el Gobierno.

Después están los de Evolución, alineados con Emiliano Yacobitti, de donde se han apartado De Loredo, Pablo Cervi y Luis Picat. Son 6 diputados: Marcela Antola, Gabriela Brouwer de Koning, Carla Carrizo, Mariela Coletta, Danya Tavela y Martín Tetaz. Todos ellos mantienen en general una estrategia alineada con la del presidente de la bancada. No así los que responden a Facundo Manes, que forma un minibloque de 7 diputados. Ellos son Pablo Juliano -considerado el “mentor intelectual” del neurocientífico-, el correntino Manuel Aguirre (enemistado con su gobernador), Fernando Carbajal, Marcela Coli, Pedro Galimberti y Juan Carlos Polini (chaqueño, de la línea Angel Rozas).

Y por último están los diputados que juegan como “líberos”: el santafesino Mario Barletta, el mendocino Julio Cobos y la santacruceña Roxana Reyes, que estuvo alineada con Manes, pero hoy se la ve votando más en sintonía con el Gobierno nacional.

Este bloque podría reducirse en el futuro cercano si la senadora Lucila Crexell termina yéndose a París para asumir la representación argentina ante la Unesco, como se dijo, pues en ese caso la reemplazará el neuquino Cervi y su banca en la Cámara baja quedaría en manos del Pro. También podrían perder un escaño si Pedro Galimberti acepta la propuesta de ser delegado de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, en cuyo caso su lugar sería ocupado por Nancy Mariana Ballejos, del Pro. Así las cosas, el bloque de Rodrigo de Loredo podría reducirse antes de fin de año a 32.

Los provinciales

No podemos pasar por alto el papel de otra importante bancada, la de Innovación Federal, que tiene 8 miembros, que responden a sus gobernadores. Liderados por la salteña Pamela Caletti, IF está conformado por gobernadores ungidos por partidos provinciales, o bien no alineados con su partido a nivel nacional, como el salteño.

Junto a Caletti está sus comprovincianos Pablo Outes y Yolanda Graciela Vega; los misioneros Alberto Arrúa, Carlos Fernández, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik y el rionegrino Agustín Domingo.

Desde hace tiempo se habla de la posible conformación de un interbloque con Encuentro Federal.

Se especula con la posibilidad de armar un interbloque entre Innovación y Encuentro Federal.

Las fuerzas del cielo

Y por último llegamos al oficialismo. En un clima incandescente durante las últimas semanas, la bancada de La Libertad Avanza cuenta ahora con 37 diputados, tras la reciente eyección de Lourdes Arrieta. Están inmersos en un fuerte internismo que se vio claramente cuando en el mes de abril la constitución de la Comisión de Juicio Político abrió una grieta en el seno del bloque que hasta entonces encabezaba Oscar Zago. La designada para ocupar ese lugar era Marcela Pagano, quien supuestamente contaba con la anuencia del presidente Milei. Pero sobre la hora Karina Milei le bajó el pulgar: no quería a la periodista económica en ese puesto y así se lo hizo saber al presidente de la Cámara, Martín Menem, quien suspendió la reunión de esa comisión a minutos de iniciarse.

Igual se hizo la reunión y Pagano terminó siendo ungida en ese cargo, aunque Martín Menem no reconoce tal designación y oficialmente eso “no sucedió”. Consecuencia: Oscar Zago debió renunciar a la presidencia del bloque y formó otro junto a Eduardo Falcone y María Cecilia Ibáñez denominado MID. Dicen que Zago, que trabajó en el territorio durante la campaña, mantiene contactos para engrosar su bloque, a expensas de LLA.

Cuando el bloque oficialista sufrió esas bajas, aceleró para sumar nuevos miembros y así se incorporaron José Luis Espert, de línea directa con Milei, que lo llama “el Profe”; y el mendocino Alvaro Martínez, hombre de Omar De Marchi y el Partido Demócrata.

El episodio desatado por la presidencia de Juicio Político fue solo un botón de muestra de lo que venía. Peor -aunque por ahora sin fracturas- fue la visita de seis diputados libertarios al penal de Ezeiza. Eso generó fuertes grietas en esa bancada donde la mendocina Lourdes Arrieta terminó denunciando a sus pares por haber sido “llevada engañada” a ver a los militares condenados, y les apuntó a sus pares Beltrán Benedit y Guillermo Montenegro, ideólogos de la polémica excursión, pero también disparó nada menos que contra el presidente de la Cámara, Martín Menem. Y hasta denunció a Nicolás Mayoraz por violencia de género, cruzando una línea que le costó la expulsióin.

Pero eso no es todo. Lilia Lemoine también tiene línea directa con Milei, y oficia como una suerte de vocera del bloque. Y no ha dudado en emprenderla contra algunos miembros de su bloque. En un streaming libertario encendió el ventilador contra tres diputadas a las que en principio no mencionó, pero a las que culpó por no haber dado quórum en la sesión caída del 7 de agosto. A Lourdes Arrieta la denominó “la chica del patito en la cabeza”, y a Marcela Pagano sí nombró, diciendo que no había llegado a la sesión, y le enrostró haberse ido después a “hacer un homenaje a las monjas, con Cecilia Moreau, y demás…”.

Sus cuitas con Pagano vienen desde el episodio de la Comisión de Juicio Político. En esos días la periodista terminó internada con una úlcera sangrante y dijo haber sufrido “aprietes” para que renunciara. En esa ocasión le contestó a Lemoine, que también había citado la conformación por parte de Pagano de un grupo de amistad con Rusia. La respuesta de esta diputada fue por las redes y no tuvo contemplaciones: tildó a su compañera de bancada como “mitómana”, y le aclaró que “no solo estuve presente y di el quórum en la última sesión (lo cual, burra, ni chequear eso en la web de Diputados sabes hacer), sino que con malicia te referís a tu compañera de bloque que tiene nombre @lulumicart y que también dio quorum. Además MENTIROSA sabes perfectamente que yo no creé ningún grupo de amistad, ese grupo de Rusia fue designado a mi cargo por Martín Menem”. Tan es así que Pagano tiene ese mensaje como “tuit fijado”.

La pelea entre ambas sigue álgida en las redes sociales.

El bloque oficialista: muchas sonrisas, pero fuertes críticas puertas adentro.

Pero Lemoine va más allá de su bloque y la ha emprendido contra la vicepresidente Victoria Villarruel.

Otra indignada es la santafesina Rocío Bonacci, que salió a responder los dichos en off de sus compañeros de bancada con suma dureza y hasta reprochando la falta de “liderazgo” al frente del bloque.

Bonacci advirtió que “el único que debería dirigir el bloque y dar explicaciones a la prensa del desarrollo de las sesiones (caídas o no) es el diputado Gabriel Bornoroni, pero no es lo que sucede. Nada en este espacio es NORMAL”.

Ese es el clima imperante en el bloque oficialista que está pagando así estar conformado por representantes de sectores muy diversos y sin experiencia, cuyo único factor unificador es la figura de Javier Milei. Y solo hasta ahí. Hasta ahora, esas diferencias tan marcadas no se trasladan a las votaciones, pero sí se hace notoria la dependencia de la asistencia de los diputados del Pro en el manejo de las sesiones. Esa colaboración de los bloques afines, o dialoguistas, es la que le permite a un Gobierno como el de Milei tener en funcionamiento -y muy activo por cierto- al Congreso de la Nación, más allá de la adversidad numérica que agobia al oficialismo.

A días del envío del proyecto de Presupuesto 2025 y luego de jornadas complicadas para el oficialismo en el Congreso, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, hará su debut en una sesión informativa en la Cámara de Diputados este miércoles, desde las 11. Por escrito, recibió más de 2.000 preguntas de los distintos bloques.

Su presentación será el segundo informe de gestión -de carácter verbal- desde la asunción de Javier Milei al frente del Poder Ejecutivo y la primera en Diputados, ya que la anterior estuvo a cargo del exjefe de Gabinete Nicolás Posse y fue en el Senado, más precisamente el pasado 15 de mayo, tan sólo 13 días antes de que saliera eyectado del Gobierno.

La visita se dará en el marco de lo que establece la Constitución Nacional en su artículo 101. El mismo reza: “El jefe de Gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus cámaras, para informar de la marcha del Gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71”.

En tanto, el artículo 71 establece que “cada una de las cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes”.

Desde el arranque del Gobierno, Francos ha estado en contacto -sobre todo- con los referentes de la oposición dialoguista del Congreso, muy involucrado con la Ley de Bases y la Ley de Medidas Paliativas, primero en su rol de ministro del Interior y luego ya como jefe de Gabinete.

Cumplidos esos objetivos para el Gobierno, trámite que le demandó seis meses, en el arranque del segundo semestre a La Libertad Avanza le tocó vivir una serie de traspiés en el Congreso, sintiendo el peso de la marcada minoría que tiene en ambas cámaras.

Entre los episodios más recientes, en la Cámara de Diputados la oposición se alzó con la media sanción de una ley sobre financiamiento universitario y rechazó el DNU por el cual el Gobierno otorgó 100 mil millones de pesos a la SIDE en concepto de gastos reservados. Además, el Senado sancionó la Ley de Movilidad Jubilatoria, que desde Casa Rosada ratificaron se vetará.

También, Francos arribará al recinto donde el oficialismo cuenta ahora con un integrante menos, dado el desplazamiento de Lourdes Arrieta, desencadenado a partir de la visita de ella y otros cinco diputados libertarios al penal de Ezeiza, donde se reunieron con represores. La oposición insiste con investigar el hecho y, eventualmente, aplicarles una sanción.

La Comisión de Legislación del Trabajo, a cargo del radical Martín Tetaz, continuó este jueves con las reuniones informativas que se vienen realizando en su seno para debatir modificaciones propuestas a las leyes de Asociaciones Sindicales, la de Convenciones Colectivas de Trabajo y la de Empleo.

Desde el sector gremial exigieron que los límites a las reelecciones indefinidas se apliquen a todas las instituciones porque “es arbitrario, sesgado y prejuicioso”. En tanto, los especialistas en materia de derecho laboral coincidieron en ese aspecto, pero también señalaron la necesidad del cupo femenino, el manejo de las obras sociales, la modificación de la ‘cuota solidaria’ y la representación de las minorías.

El primero en exponer fue Gastón Utrera director del Instituto de Economía Universidad Siglo 21: “Las modernas teorías del desarrollo económico plantean el énfasis en el rol que las instituciones políticas ye económicas tienen para el desarrollo económico. Entre las instituciones inclusivas para la política no cabe duda de las que conducen a la alternancia en el poder, transparencia en el manejo público, representación de las minorías para que exista pluralidad”.

“Son instituciones inclusivas que favorecen el desarrollo económico y deberíamos pensar que lo que es virtuoso para la dirigencia política, debería hacerlo también para la dirigencia sindical, incluso para la diligencia empresarial. Podríamos poner a las tres dirigencias en el mismo plano”, consideró.

Así coincidió en mandatos acotados, con reelecciones limitadas, con mecanismos de información y de transparencia con representación de minorías. En esa línea, se refirió al proyecto de Tetaz que plantea cuatro años con una sola reelección consecutiva “con mecanismos de información transparente, obligatoria, o sea hacia los trabajadores con representación de minorías por encima del 25%, declaraciones juradas patrimoniales al principio y final de cada mandato”.

“Puesto en este contexto de las instituciones favorables para el desarrollo económico que Argentina necesita cuesta encontrar algún tipo de argumentación válida inteligente fundamentada en contra de este tipo de reformas”, lanzó.

Utrera planteó que “es más discutible la cuestión de la cuota sindical obligatoria, especialmente para quienes no son afiliados… no es posible excluir de su consumo a quien no paga hace que lo voluntario para financiar ese tipo de bienes no funcione”.

“No podría pensar a la actividad sindical como un bien público, a fin de cuenta, a favor de los trabajadores negocia convenios colectivos, negocia salarios en paritarias y, por lo tanto, sería complicado intentar financiarlo de manera voluntaria. Tiene más sentido pensar en todo caso poner un límite máximo, relativamente bajo, para la cuota sindical para los afiliados un límite máximo un poco más bajo para cuotas sindical para no afiliados”, manifestó.

Por último, aclaró que los mandatos cortos “de ninguna manera garantizan buena gestión, garantizan que si la gestión es mala dure poco. A través del voto poder reemplazarlo por otro. Esa es la lógica de los mandatos acotados y los límites a reelecciones”. Sobre las obras sociales, indicó que “están totalmente desfinanciadas porque se financian con salarios que perdieron poder adquisitivo en los últimos 10 años y se ha descalzado el financiamiento del sistema”.

El director del Instituto de Derecho Privado de la Universidad Siglo 21, Martín Juárez Ferrer, explicó que hay cuestiones que se pueden solucionar por la vía legislativa tales como “la democratización sindical, ya que la limitación a las reelecciones indefinidas de los órganos de gobierno, de las organizaciones sindicales es un aspecto saludable y positivo”.

“Nos parece saludable una revisión de esto y una reforma. Queda pensar si el mecanismo de dos periodos consecutivos, con un periodo intermedio tal como se ha planteado en varios de los proyectos, es suficiente o si quizá pueda ser necesario un esquema de dos elecciones y ninguna otra posibilidad de volverse a postular”, sugirió, aunque advirtió que “se han visto en otras instituciones que este mecanismo a veces es vulnerado con la interposición de personas totalmente ajenas”.

Además, Juárez Ferrer sostuvo que es “solucionable” y que “puede diseñarse un mecanismo” para la inclusión de minorías en los órganos de decisión sindical: “Un esquema sencillo de dos tercios a la mayoría que existen muchas provincias argentinas en organismos legislativos puede ser efectivo y representaría un gran paso adelante en la reforma del modelo. La inclusión de las minorías también puede robustecerse a través de la protección sindical del candidato no electo, ya que la experiencia indica que la protección limita a los 180 días después de la elección puede ser insuficiente”.

En otro aspecto, remarcó que “es importante la inclusión de una regla de cupo femenino y debe hacerse por ley. Sin embargo, las experiencias en el cupo femenino en el Congreso deben alertarnos sobre las necesidades que la reglamentación sea precisa en sus alcances”.

También planteó el acceso a la información como “elemento fundamental de la democratización del modelo sindicales” dado el carácter de bien público que tienen los sindicatos, debido a que “toda asociación de personas con fines de lucro, sin fines de lucro, el acceso a la información es necesario para cualquier intento de manejar la cosa y tomar decisiones en este sentido”.

En relación a la opción de la obra social, coincidió en que el régimen actual “puede mejorarse”, y propuso: “Los tiempos deben acortarse, sin embargo, los principales obstáculos de este derecho vienen de la mano del manejo de la opción por parte de las obras sociales de las que el trabajador quiere salir y quiere entrar. En este sentido, un trámite manejado por una agencia del Estado va a permitir agilizar este proceso y evitaría la introducción de objeciones u obstáculos ajenos a la ley. Una regla que la presentación del pedido de cambio se haga ante la autoridad competente puede representar una mejora de diseño institucional”.

“No vemos viable ni saludable la eliminación de todo financiamiento Estatal. Este debería ser transparente, debería salir de fondos específicamente determinados, pero el carácter de bien público que se ha indicado hace que no sea conveniente que no tenga algún financiamiento estatal”, concluyó.

“Los sindicatos no estamos en contra de la transparencia electoral interna, pero que ésta calidad democrática llegue a todas las entidades. Poner la mirada exclusivamente en los gremios es arbitrario, sesgado y prejuicioso. Parece que los sindicatos deberían ser los únicos democráticos y que tienen que presentar declaraciones juradas, no hay problema con eso, pero por ejemplo un presidente de un club no lo hace“, aseguró Federico Recagno, dirigente sindical de APOC y Secretario adjunto de la OTR.

Así, consideró que “no hay modificaciones sustanciosas en la 14.250”, y sugirió incorporar temas que tengan que ver con lo ambiental y “que internamente los sindicatos cumplir la normativa de la OIT que hace la violencia laboral. Deberíamos incluir en los estatutos sindicales un tribunal que contemple los casos que los propios sindicalistas podemos cometer”.

Recagno planteó que cada sindicato debería tener un marco regulatorio porque algunos establecen en el estatuto que, para poder ser elegido autoridad previamente se tiene que haber ocupado otro cargo. “Se va limitando integrara la comisión directiva”, señaló y le respondió al diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yasky (UP): “No se la CTA, pero la CGT la representación de género es un poco decorativa. Hay que ampliar los marcos regulatorios. Yo estoy en la CGT”.

También consideró “Raro” que exijan a los sindicalistas el tema de la ficha limpia “cuando la política no lo aprobó para sí misma. Deberíamos ver si esto no tendría que ser generalizado”, y, en el mismo sentido, se refirió a la duración de los mandatos: “O lo hacemos para todos o dejemos la libertad de que cada uno lo haga como quiera”. “La representación de las minorías debería ser obligatoria en aquellos sindicatos que elijan por congreso y debería ser obligatorio”, cerró.

A continuación, disertó el especialista en derecho laboral, Pablo Mosca, expresó: “Creemos que los proyectos presentados no atacan la actividad laboral, sino que abren el arco para que los trabajadores tengan la libertad propia y el Estado establezca menos limitaciones en cuanto al ejercicio del sindicato”.

Sobre los proyectos presentados, opinó: “La limitación que establece el artículo 41 inciso A en cuanto establece que los delegados y los integrantes de las comisiones internas deben estar afiliados a las respectivas asociaciones sindicales y ser elegidos en comicios, obviamente lesiona la libertad sindical”.

También indicó que “lo que están proponiendo los proyectos es que esa autonomía sindical siga los lineamientos de la Democracia, no que no haya una reelección indefinida, que los trabajadores puedan tener una propia libertad de asociación y que dejan libremente sus aportes. La necesidad de que las comisiones internas sean también integradas por una minoría. Los proyectos presentados responden a una política Estatal moderna que, por supuesto. debe atacar las conductas antisindicales, pero también debe promover la libre expresión, la autonomía organizativa y los derechos individuales de los trabajadores sindicalizados”.

“Los proyectos de modificación del sindical lo que buscan es dar transparencia en la gestión, el cumplimiento normativo y, obviamente, que los representantes sindicales y sus asociaciones puedan demostrar recientemente, mediante declaraciones juradas, el manejo de esos fondos”, concluyó.

Desde la UBA, el doctor Gustavo Ciampa, resaltó que la Ley 23.551 es “el gran segundo consenso político y social de la democracia”, y alertó que “no se puede discutir que una legislación pueda tender a debilitar a las organizaciones sindicales. En varios proyectos se advierte que pueden tener un efecto de debilitamiento de las organizaciones sindicales y choca con la Constitución Nacional como por ejemplo en contribuciones de solidaridad que no son las cuotas sindicales que las pagan los afiliados y la afiliación es voluntaria”.

“No se puede a través de una ley limitar la posibilidad de la reelección de los dirigentes sindicales. Es una intromisión indebida en la autonomía sindical. Es algo que tienen que resolver los trabajadores dentro de cada organización”, indicó.

Respecto de la imposición de las minorías en órgano directivo resaltó que “es en el órgano directivo, se habla como si en los sindicatos no hay representación de minorías. La Ley Sindical garantiza por doble vía la representación de las minorías”. Además, opinó que “pretender garantizar la minoría conspira contra la eficacia del accionar sindical”.

Por la Asociación Civil de Abogados laboralistas, Natalia Salvo, señaló que desde el punto jurídico los proyectos mencionados que imponen una participación minoritaria del 25% en los órganos de conducción sindical “son violatorios de Derechos Humanos fundamentales en lo que respecta a la libertad sindical, a la democracia sindical y, creo que también, incurren en grandes confusiones conceptuales”.

“Con el principio de pureza son los sindicatos quienes tienen que resolver estatutariamente las reelecciones o si no hay reelección. La libertad sindical y la democracia tiene que ver con la participación de los afiliados que son los intereses de quienes se defienden”, manifestó Salvo y agregó: “Los proyectos de reforma no solamente atentan a grandes rasgos con el artículo 14 bis cuando habla de una organización sindical libre y democrática, sino con el artículo 3 del Convenio del 87’ que consagra la libertad sindical”.

En esa línea, cuestionó que algunos proyectos tienen un “profundo sesgo antisindical que a veces se encubren las palabras ‘’democratización’, ‘reordenamiento’ o ‘transparencia’. Estos proyectos resultan peligrosos”.

Gastón Valente, de la Asociación de Abogados Laboralistas Platenses “vemos con gran preocupación estos proyectos. Al único que se le exige democratizarse en el país es a los sindicatos. Se le exige una limitación de mandato al sujeto sindical”, y sumó: “No podemos desconocer que en este contexto político donde se sancionó una reforma laboral regresiva, se plantea este debate. Esto conlleva a la pérdida del poder sindical en su defensa de derechos a los trabajadores”.

También disertaron Pablo Tope (docente de la UBA);Verónica Quinteros del Foro de Abogados de Organizaciones Sindicales, Sergio Arce del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Morón.

Versiones a favor y en contra de la modificación

Luego de un cuarto intermedio, la reunión se retomó con la intervención del abogado de la CGT, Pablo Moyano, quien sostuvo que “el mecanismo de la personería gremial es herencia del peronismo”, y las modificaciones propuestas “no se ajustan al sistema constitucional argentino”. “Los organismos son los intérpretes del Convenio de Libertad Sindical, lo dijo la Corte”, agregó.

La representante del CTERA, Sonia Alesso¸ se manifestó en contra de los cambios a la ley y explicó que “hay un fervoroso deseo de un mundo sin sindicatos, se nota mucho”. Del mismo modo, aseveró: “No veo un afán por regular las actividades de los grandes grupos empresarios”. “El límite de mandato no se les pide a los diputados ni a la Corte, el cupo de género tampoco”. “Las asociaciones sindicales cumplimos leyes que nos llevaron años pelear”, afirmó.

Además, cuestionó que “no nos convocaron a discutir la esencialidad educativa porque les molesta el movimiento obrero”, y agregó que “muchos de estos proyectos son inconstitucionales”. Refirió que “violan la Constitución, la Ley de Asociaciones Sindicales y los convenios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)”. “Les puede gustar más o menos, pero a nosotros (los sindicalistas) nos elige la gente”, cerró.

A favor de la propuesta, Juan Méndez empresario del Movimiento Empresarial Anti-Bloqueos encendió la polémica al llamar “mafia sindical” a las organizaciones agregando que “buscan convertir a estos trabajadores en delincuentes”. De inmediato fue interrumpido con gritos y abucheos, y el titular Martín Tetaz debió llamar al orden.

“Cuando nos referimos a la mafia sindical nos referimos a la utilización sistemática de los trabajadores para convertirlos en delincuentes porque tuvimos la primera condena en Chaco por una pyme bloqueada a los 15 días de abrir”, amplió Méndez, quien sumó: “Que estas malas prácticas no existan más porque queremos dedicarnos a hacer lo que queremos hacer que es trabajar y dar trabajo”.

En tal sentido, el empresario Ariel Rey relató que “mi empresa fue victima de bloqueos y extorsiones y sentí en carne propia como se pisotean los derechos de quienes quieren trabajar en paz”. Mencionó el bloqueo a la ciudad de San Nicolás y pidió: “Hoy tienen en sus manos poner fin a estos abusos porque no queremos seguir siendo rehenes de prácticas mafiosas”.

Uno de los titulares de la CGT, Héctor Daer, catalogó a las modificaciones propuestas en la modificación de la Ley de Asociaciones Sindicales como “discriminatorias”. Asimismo, afirmó que “un sindicato fuerte ayuda a equilibrar las desigualdades sociales”. “Es un sesgo de mirada discriminatoria que roza lo absurdo”, remarcó.

También, Hugo “Cachorro” Godoy, referente de la CTA Autónoma, se quejó por el tiempo que le quedó para exponer en comparación a algunos empresarios y cuestionó: “Es poco claro lo que venimos a discutir. Deberían estar discutiendo el DNU 70/2023”.

Asimismo, añadió que el decreto presidencial de diciembre “representa un peligro para los trabajadores porque está apelado por la Corte Suprema”. Del mismo modo, aseveró: “Buena parte de los 28 proyectos repiten lo mismo que los abogados de las grandes empresas que redactaron el DNU 70/2023 y la Ley de Bases”.

Completaron la jornada con sus exposiciones: Raúl Godoy del sindicato de ceramistas; Carlos Ullua de la Asociación Ex Becarios de Bologna; Marcelo Fernández, presidente de la Confederación Empresaria Argentina; Víctor Ottoboni, delegado de FATE; Álvaro Daniel Ruíz, jefe de cátedra del derecho del trabajo UBA; Pablo Alejandro Eibuszyc, ex integrante de la CD de Foetra; César Arese del Círculo de Abogados Laboralistas; Agustín Comas y Nicolás Martínez Naya, abogados laboralistas; y David Duarte, integrante de COPAJU.

En una tensa reunión de la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados, que terminó en medio de gritos, se anunció que la semana próxima se recibirán a representantes del Foro de periodismo argentino (FOPEA) para que expongan sobre la alarma existente ante recurrentes ataques a periodistas. Con énfasis, la oposición reclamó además que se convoque a una larga lista de reconocidos comunicadores, varios de ellos que han sido cuestionados por el presidente Javier Milei.

Entre los nombres se destacan Joaquín Morales Solá, Ernesto Tenembaum, María O’Donnell, Romina Manguel, Jorge Fontevecchia, Jorge Fernández Díaz, Víctor Hugo Morales, Silvia Mercado, Martín Rodríguez Yebra, Luisa Corradini, María Laura Santillán, Marcelo Bonelli, Pablo Duggan, Darío Villarruel y Nancy Pazos.

También hubo un pedido a la presidenta de la comisión, la libertaria María Emilia Orozco, para que la comisión se reúna todos los jueves. En el cierre, la salteña confirmó que el jueves 5 de septiembre se recibirá a FOPEA, pero que los periodistas solicitados se irán invitando luego. La diputada de Unión por la Patria Carolina Gaillard, que había arremetido contra la oficialista Nadia Márquez, explotó contra Orozco por no definir la lista de comunicadores para el próximo encuentro.

En el arranque de la reunión, el diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo mencionó el pedido que un conjunto de legisladores hizo semanas atrás para que se convoque a la comisión (a través del artículo 109 del reglamento) ampliando el temario. Sobre todo, porque la comisión no se reunía desde abril pasado, cuando se constituyó.

Entre los temas que querían agregar estaban proyectos sobre “las agresiones por parte del presidente y el Poder Ejecutivo a distintos periodistas; eso no ha cesado, se ha incrementado”, “el reclamo por los medios públicos, que también es una forma de cercenar el derecho a la libertad de expresión” y la represión a trabajadores de prensa en distintas protestas, enumeró el vicepresidente de la comisión.

Detrás, Gaillard había remarcado que citar de manera extemporánea hace que “se vaya desnaturalizando la necesidad de tratar los temas”. “Hay una lista de más de 20 periodistas que han sido atacados en la libertad de expresión directamente por el presidente de la Nación y hemos pedido que se convoquen hace cinco meses”, expresó.

Orozco se excusó que “en 2005 y 2011 esta comisión no funcionó” y “en los últimos cuatro años ustedes no bajaban a dar quórum”, apuntando contra Unión por la Patria.

Al tomar la palabra, la cívica Mónica Frade lamentó que “arrancamos mal; cuando se quiebra el reglamento durante tantos meses se supone que uno empieza admitiendo que la comisión no funcionó”. “Hay un presidente que le dice ratas y vagos (a los legisladores), un presidente en el que milita usted ese espacio y por lo tanto le está diciendo a usted vaga y pareciera que fuera así”, lanzó contra Orozco.

En su intervención, el diputado socialista Esteban Paulón advirtió que de los ataques a la libertad de expresión, “según un informe de FOPEA, de los 102 casos registrados, uno de cada tres provienen de Milei y (Victoria) Villarruel, dándole una mayor trascendencia y grado de preocupación”.

Desde el Pro, la diputada Silvana Giudici dijo que estaba de acuerdo con la citación de FOPEA, pero pidió que también que se invite a APeRA, ADEPA y la Fundación LED, la cual ella misma preside. En ese sentido, señaló que desde la organización hacen informes desde 2012 y “en el año 2013 los casos de agresión, restricción a la libertad de expresión, censura, falta de información fueron 448”. En tanto, también precisó que en el año 2023 registraron 177.

Recordó que en distintas oportunidades la Fundación LED se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar “agresiones que fueron muchas, variadas, graves, persecución judicial, persecución con la AFIP”. “Cuando el kirchnerismo es gobierno jamás viene a dar quórum” a la comisión, reclamó la legisladora.

Además, Giudici señaló que “la denuncia del ministro Cúneo fue rechazada rápidamente in límine porque no corresponde denunciar a un periodista en el contexto penal para ser castigado por una opinión que dijo”. “Más allá de las chicanas que nos podamos hacer, la libertad de expresión es un derecho que está en nuestra Constitución”, aseveró.

Germán Martínez, jefe de Unión por la Patria, cuestionó que “los debates se duerman y no se permita tener un debate en tiempo real”. Por eso, consideró que de ahora en más se podría “arrancar de lo más contemporáneo para atrás”, como por ejemplo que en la actualidad “hay una hipótesis de que se están usando 105 millones de la SIDE para apretar periodistas”.

Por La Libertad Avanza, la diputada Lilia Lemoine subrayó que “la libertad de expresión no es solamente para periodistas, es para todos los ciudadanos de la República Argentina” y manifestó que ella fue “víctima de FOPEA tergiversando mis palabras y mis actos durante la campaña”. “Libertad de expresión no es mentir. Es inaceptable que el Estado use los recursos para atacar a los ciudadanos. Una cosa es una opinión del presidente Javier Milei y otra cosa es un ataque”, defendió.

Al referirse al episodio ocurrido en abril pasado con la interrupción de la transmisión de la Comisión de Juicio Político por parte del canal Diputados TV, la libertaria justificó que “se terminó la transmisión porque la comisión se había cancelado antes del quórum”. “Si una comisión no está teniendo lugar, no se transmite por internet, es así de simple. Ahí no hubo censura”, afirmó.

En otro tramo de la caliente reunión, Castillo sumó que se convoque al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y, por otra parte, anunció que consultaría al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su próxima visita a la Cámara baja sobre si en el exSalón de las Mujeres de Casa Rosada “funciona una granja de trolls que se dedica a perseguir a la oposición”. “Queremos que se dé cuenta de eso, si ocurre o no, porque muchos somos víctimas permanentes”, entre ellos diputados y periodistas, apuntó.

Sobre Diputados TV

Durante la reunión, la Directora General de Prensa y Comunicación de la Cámara de Diputados, Flavia Alemann, de quien depende el área de Diputados TV, expuso sobre la actualidad del canal. En el comienzo de su exposición, habló de que a partir de la llegada de la nueva gestión se encontraron con “un gasto absolutamente excesivo” derivado del alquiler de equipos que representaban “un costo enorme” para la Cámara.

A continuación, afirmó que este año “el presupuesto va a bajar sustancialmente” y el equipamiento del canal “va a quedar como patrimonio y en un presupuesto estabilizado” a futuro. “Es un ahorro importante”, agregó. Consultada por la diputada Mónica Frade sobre si se hicieron denuncias por irregularidades detectadas, Alemann asintió que sí en el caso de licitaciones de equipos, pero no contra individuos que tenían contratos y “estaban fuera del país”.

Sobre esto, el diputado de UP Eduardo Valdés le advirtió: “Si tiene que hacer denuncias, hágalas. Si hubo alguien que estaba en Estados Unidos y cobró, hágala, porque le puede incurrir a usted en incumplimiento de funcionaria, tenga cuidado. Si hay ilícitos hay que denunciarlos”.

Respecto de un episodio con la periodista Laura Serra en abril pasado, cuando se encontraba informando sobre la frustrada reunión de la Comisión de Juicio Político, la directora de Prensa argumentó que se trató de “una orden mal ejecutada” y admitió que “fue un error” y hubo disculpas hacia la periodista.

Germán Martínez la consultó sobre las transmisiones cortadas que se hicieron de los plenarios de comisiones que trataron la Ley de Bases en el verano y Alemann respondió que “eso sucedió y se corrigió, pero la transmisión por YouTube nunca dejó de transmitirse”. Cabe resaltar que Diputados TV tiene como tarea transmitir las sesiones, las comisiones y todas las actividades de la Cámara baja.

Entre las preguntas, Christian Castillo quiso ahondar sobre cuántos contratos se rescindieron cuando llegó la nueva gestión y también sobre la forma de contratación y situación laboral de los trabajadores. En la misma línea, Valdés sostuvo que “los trabajadores merecen tener los derechos laborales que corresponden, porque nosotros somos el Congreso. Y esto es una crítica también a sus predecesores. Tenemos que ser un ejemplo para que los medios nos imiten”.

Valdés añadió que le gustaría que se pueda discutir el presupuesto de DTV “pluralmente” ya que “el canal de Diputados TV fue una construcción colectiva y un orgullo del pluralismo”. “La virtud que tiene el canal es que hay gente con pluralidad de pensamiento”, destacó.

Por su parte, la radical Marcela Coli manifestó que “tener un canal los diputados la verdad que es un lujo” y pidió “el respeto a los que no pensamos igual”. “Cualquier diputado que quiera salir en Diputados TV tiene las puertas abiertas, pueden salir y expresarse”, aseguró Alemann.

Hacia el final, Esteban Paulón solicitó conocer el CV del director de Diputados TV, Jonatan Arioli, para saber “cuál es su trayectoria, su experiencia en medios de comunicación, sobre todo porque está a cargo de un canal estratégico”, y convocarlo para otra reunión, luego que no asistiera este jueves por una cuestión de salud.

Con impulso del oficialismo, pero con un temario compuesto por proyectos de la oposición, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados puso en marcha el debate sobre la implementación de juicios por jurados a nivel nacional. 

El presidente de la Comisión de Justicia, el libertario Manuel Quintar, afirmó que “la idea del Gobierno es que esto salga cuanto antes”. Y anunció una próxima reunión para los primeros días de septiembre, a la que asistirán funcionarios del Poder Ejecutivo. Luego se abrirán encuentros informativos con especialistas. No obstante, el jujeño aclaró que la intención “es no hacer demasiadas reuniones porque vemos que hay mucho consenso en este tema”. 

El legislador señaló que el debate se habilitó a raíz de “la insistencia de varios diputados y también por el mandato de nuestro presidente Javier Milei” que quiere convertir a este tema en “una política de Estado”. 

Tras destacar la “coincidencia” entre los proyectos, dijo: “Vamos a trabajar con proyectos de la oposición, queremos abrir el juego”. “Es una demanda de todo el sistema judicial y de la sociedad argentina. Es una deuda que tenemos. Se trata de un sistema que viene a darle más transparencia a la administración de justicia, a través de la participación ciudadana, transparencia judicial y legitimidad de los fallos”, sostuvo Quintar. 

Al igual que sucede con proyectos como “ficha limpia” o régimen penal juvenil, que el oficialismo impulsa con un texto propio, este es otro tema que estuvo también en la agenda parlamentaria durante el gobierno de Cambiemos y no logró avanzar.

El juicio por jurados se trata de un método reconocido en la Constitución Nacional y que ya se aplica en distintas provincias del país, pero no a nivel nacional.

Hace dos semanas atrás, el Gobierno realizó la presentación de su proyecto durante una obra de teatro interactiva, en un evento que se realizó en el exCCK, hoy Palacio Libertad, con la participación del presidente Milei. Sin embargo, al Congreso no ingresó formalmente ningún texto por parte del Poder Ejecutivo. 

Los autores de proyectos explicaron sus propuestas

En la reunión, el diputado radical y exjuez Fernando Carbajal enfatizó que “más de 180 años hemos tardado en este país en que este Congreso se siente a discutir seriamente lo que fue un mandato constitucional”. En su discurso, precisó que el juicio por jurados “está contenido en tres artículos diferentes de la Constitución Nacional”: en el 24, en el capítulo de garantías ciudadanas; en el 75, sobre el mandato al Congreso; y en el  118. 

Sobre su iniciativa, el formoseño dijo que se trata de “un proyecto colectivo que expresa consensos alcanzados no solo a nivel político sino de la academia”. “Hoy por hoy el juicio por jurados es la única fuente posible de legitimidad de las decisiones judiciales”, consideró y explicó que, sobre todo en causas donde está involucrada la política, “siempre está pendiente la idea de a quién responde el juez”. 

Si bien puede existir el riesgo de presión sobre el jurado popular, este “es mayor cuando opera en cuanto a jueces técnicos”, apuntó. En su exposición, el legislador de la UCR celebró que los proyectos tienen “enormes coincidencias en líneas generales”, pero que va a tener que haber discusión sobre las diferencias, como por ejemplo “extensión de la competencia, qué delitos vamos a poner adentro y cuáles vamos a dejar afuera”. 

A su turno, el cordobés Juan Brügge destacó que en su provincia el juicio por jurados se implementa desde 2005. “El modelo cordobés no es el modelo estrictamente puro, es una conformación mixta entre ocho jurados populares y tres integrantes del tribunal”, detalló y aseguró que “la experiencia de Córdoba ha sido muy positiva”. 

Sobre este nuevo debate del tema, abogó: “Esperemos que este no sea otro amague y lo concretemos, porque estamos en mora”. “El Poder Judicial es el único que hoy no es democrático, que no hay participación ciudadana directa”, subrayó el diputado de Encuentro Federal. 

Además, expresó que en su proyecto se contempla “la necesidad de que haya una fundamentación en derecho sobre la responsabilidad o absolución de una persona que está siendo sometida a este proceso”. “Por supuesto los jueces técnicos son los encargados de hacer la fundamentación”, aún si perdieran la votación, remarcó, al señalar que “muchas veces los jueces técnicos se han visto en minoría en los fallos”. En el cierre, Brügge opinó que “no hay que temerle a la participación, a la voz de la gente, al sentido común”. 

Por su parte, la diputada -también de Encuentro Federal- Margarita Stolbizer sostuvo que “todas las experiencias en la práctica, incluso las de Córdoba, han demostrado que el sistema clásico es el más conveniente. Y ésta probablemente va a ser la discusión más profunda que tengamos”. Recordó que presentó el proyecto “muchas veces antes porque esto es una deuda de la democracia”. “Las provincias han llevado la delantera en esto”, dijo y recomendó entonces tomar en cuenta las experiencias. 

Desde Unión por la Patria, el diputado Roberto Mirabella manifestó: “Estoy convencido que fortaleciendo la participación ciudadana en estos temas fortalecemos no solamente un mayor nivel de conocimiento en la Justicia, sino un mayor nivel de confianza”. 

Su par de bloque Gustavo Bordet valoró que este “es un tema que no es patrimonio de ninguna fuerza política, de ninguna ideología, es algo transversal y que hace que las sociedades sean más democráticas. Si hay mayor institucionalidad, hay mayor prosperidad”. Luego relató la experiencia en Entre Ríos, provincia que gobernó, donde la ley de juicio por jurados se aprobó por unanimidad y desde su puesta en marcha se han realizado 97 procesos bajo esta modalidad. 

En el cierre, el chaqueño Juan Manuel Pedrini señaló que “no sólo es la triple manda constitucional que incumplimos, sino también el Código Procesal Penal”. Al hablar de su propuesta, mencionó que contempla que en el jurado haya paridad de género. Y enumeró cinco razones por las que cree que hay que aprobar el proyecto: “Por la participación ciudadana, imparcialidad del jurado, respeto a las garantías procesales, celeridad y se eleva la calidad de los juicios y de la justicia en Argentina”. 

Aval a dos acuerdos internacionales

Antes del plenario con Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda, la Comisión de Justicia avaló un proyecto de ley por el cual se aprueba un Acuerdo sobre el beneficio de litigar sin gastos y la asistencia jurídica gratuita entre los estados partes del Mercosur, suscripto en Florianópolis (Brasil) el 15 de diciembre de 2000; y otro en el mismo sentido, que incluye también a Bolivia y Chile. 

Fernando Iglesias, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, donde ya tuvieron dictamen, informó que “son proyectos bastante sencillos” que “no tienen mayor discusión”, ya que son “para facilitar trámites jurídicos a nivel del Mercosur” y que fueron firmados unánimemente por todos los bloques. 

El oficialista Julio Moreno Ovalle recordó la conformación años atrás del Grupo Empresario Interregional del Centro Oeste Sudamericano (Geicos), que luego fue “superado con la creación del Mercosur” y celebró que “se aprueben estos proyectos” en pos de que “empecemos a plantearnos cómo nos vamos a integrar y desarrollar nuestras actividades”. 

Se constituyeron este martes los Grupos de Amistad con Ecuador y Venezuela. El primero, será presidido por el diputado nacional de La Libertad Avanza Gerardo Huesen, mientras que el de Venezuela por Silvana Giudici, del Pro.

En primer término, de la constitución del GPA con Ecuador, que se llevó a cabo en el bajo recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, participaron en representación de la delegación ecuatoriana Lotty Farah Andrade Abdo, embajadora de Ecuador en Argentina, y Monserrath Morocho Escandón, segunda secretaria; los diputados nacionales Gerardo Huesen, de La Libertad Avanza, designado titular del GPA, y Lorena Pokoik, de Unión por la Patria. Además, Luciana Términe, directora de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara baja, y Patricia Cardo, coordinadora de los GPA.

Al comienzo, la embajadora de Ecuador en Argentina resaltó la importancia de mantener relaciones que “fortalezcan la solidaridad”. “Se necesita una política de Estado de acuerdos mínimos para seguir adelante con algunos temas”, agregó la funcionaria.

En otro aspecto, detalló que los estudiantes migrantes ecuatorianos eligen medicina, enfermería y odontología, como las principales carreras a estudiar en Argentina. También, agregó que “otra nueva camada está estudiando arquitectura e ingeniería”. Y, las sedes más elegidas son Córdoba, Mendoza, La Plata y Buenos Aires.

El diputado Gerardo Huesen instó a “trabajar con diversidad de ideas porque enriquece”, e hizo foco en “fortalecer nuestras relaciones bilaterales”. Desde UP, Lorena Pokoik, solicitó “encontrar pisos de acuerdos sobre una agenda común”. Luego, se refirió al tema del financiamiento de las universidades al afirmar que el objetivo es “que no solo los estudiantes de argentina puedan continuar sus estudios, sino también de algo que ha caracterizado a Argentina, sus puertas abiertas a otros países, como Ecuador”.

En el marco de una reunión constitutiva, la diputada Silvana Giudici (PRO) quedó designada para presidir el GPA con la República Bolivariana de Venezuela.

Durante el encuentro, que también se realizó en el Bajo Recinto del Palacio Legislativo, estuvieron presentes los diputados Fernando Iglesias (Pro) y Karina Banfi (UCR); así como también, Luciana Termine, directora de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara de Diputados; y Patricia Mariel Cardo, coordinadora de los GPA.

La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados dio dictamen favorable este martes a un proyecto que busca jerarquizar por ley el Programa de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA), que funciona desde 2017 y ha mostrado resultados efectivos, al reducir un 50% la tasa de embarazos en menores.

La iniciativa, que obtuvo despacho de mayoría, fue consensuada entre propuestas de Mónica Fein (EF) y Blanca Osuna (UP). Hubo además un dictamen de minoría, encabezado por Silvia Lospennato (Pro), con diferencias en torno al financiamiento; y otro de La Libertad Avanza, de rechazo.

El presidente de la comisión, Pablo Yedlin (UP), destacó que se trata de “un programa muy importante, que ha permitido el descenso del embarazo no intencional adolescente a la mitad” y “ha superado las barreras de distintas administraciones; empezó en el gobierno de Mauricio Macri, continuó en el de Alberto Fernández y hoy continúa también en el de Javier Milei“. No obstante, “por algunas llegadas menores de insumos a las provincias, la posibilidad de hacerlo ley de alguna manera nos garantiza que se mantenga en el tiempo”, señaló.

Además, el tucumano aclaró que “no es un programa que de ninguna manera tenga que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, ni con la hormonización para cambio de género”, sino con “asesoramiento, educación sexual integral y el acceso a métodos anticonceptivos de larga duración”.

Por otra parte, cuestionó “el derrotero al cual nos ha sometido la presidencia de la Cámara” porque “nos han dado cuatro giros para que esta ley pueda salir”, es decir, deberá pasar por más comisiones. “Muestra poca voluntad de que esto se concrete”, agregó.

A su turno, Fein ponderó que el plan ENIA “ha sido evaluado por organismos internacionales como muy positivo, y a partir de esa experiencia es que proponemos que se convierta en ley”. Consideró que este programa sirve para “promover una consciencia de lo que es el abuso sexual infantil” y crearlo por ley es convertirlo “en una política de Estado”.

En tanto, Osuna expresó que aprobar esta ley sería “dar un avance sustantivo respecto de una política trascendente en relación a la vida de niñas y adolescentes”. “Brindar a las jurisdicciones cooperación técnica, económica y financiera necesaria para la implementación de esta ley es clave”, subrayó.

Al fundamentar el dictamen alternativo, Lospennato explicó: “Nuestro dictamen lo que hace básicamente es reflejar la resolución que está hoy vigente. Tenemos diferencias en temas de financiación, nosotros creemos que la salud es una competencia concurrente de Nación y provincias y que corresponde que las provincias asuman parte de la financiación de este plan. Creemos que el personal corresponde que lo financien las provincias”.

Al igual que Yedlin rechazó que se haga una tergiversación en torno al objetivo del plan. “No hay mejor política antiaborto que evitar el embarazo no intencional”, aseveró.

La diputada Carla Carrizo (UCR) recordó que “hay acuerdo entre los funcionarios de las tres gestiones de gobierno” sobre que “al programa hay que cuidarlo, mantenerlo, sostenerlo”. “No dividamos lo que los propios funcionarios han venido a decirnos que funciona bien”, recomendó y enfatizó: “¿Cuánto invertimos en adolescentes? Poco y nada, ¿les vamos a sacar este programa que garantiza vidas? El programa es barato, no es caro, minimiza costos al sistema de salud”.

En su intervención, la legisladora Carolina Gaillard (UP) resaltó que “si no está el financiamiento garantizado difícilmente este programa pueda mantenerse en pie con un Gobierno que se caracteriza por motosierra y licuadora para todo. Y que tampoco se ha caracterizado por sostener las políticas de género y el grado de humanismo que necesitamos. Tiene que continuar pero si no hay financiamiento esto se torna abstracto”.

Al justificar el dictamen de rechazo, el diputado Manuel Quintar (LLA) aseguró que esto no significaba que “la posición del bloque o el Gobierno sea el rechazo al plan, sino una cuestión de que entendemos que no es necesario sobrelegislar este tema”. “El programa está vigente, va a seguir vigente, se va a mantener en el tiempo, no estamos en contra del plan”, insistió y habló de una eventual violación de la Ley 24.156.

El oficialista, vicepresidente de la comisión, opinó que avanzar con esta ley sería “dotar de una burocracia innecesaria” y “legislar en contra de la Ley de Bases, con la que estamos tratando de desburocratizar el Estado”.

Por otro lado, durante la reunión se comenzó a debatir sobre distintos proyectos para crear el Consejo Federal de Desarrollo Social (COFEDESO), que reúna a los ministerios de todo el país, tal como sucede con la salud o la educación.

Al respecto, la diputada Andrea Freites (UP) manifestó que “es imperiosa la necesidad de poder articular entre las distintas jurisdicciones, y los distintos ministerios de Desarrollo Social de las provincias, cuando tenemos un Ministerio de Capital Humano desde diciembre de 2023 que no gestionó una política clara a nivel país, no reunió a los ministros y tampoco dio continuidad a los distintos programas que tienen que ver nada más y nada menos que con los alimentos”.

“Uno de los grandes desafíos de la política social es institucionalizar, definir con claridad qué le toca a la Nación, qué le toca a las provincias y qué a los municipios”, dijo el exministro de Desarrollo Social y actual diputado Daniel Arroyo (UP).

Luego de pasar a la firma proyectos de resolución y declaración, la diputada Marcela Campagnoli (CC-ARI) hizo un reclamo para que se inicie con el debate sobre la reforma de la Ley de Salud Mental. Habló específicamente sobre tres modificaciones en torno a internación, prohibición de hospitales monovalentes y el rol del médico.

“Yo sé que es un tema sensible, yo no estoy en contra de la ley, no estoy en contra de nadie. Estoy a favor de los pacientes y de los familiares”, sostuvo y remarcó que “es un reclamo permanente de todos los sectores sociales y todas las regiones del país”. “Yo creo que los que decís son los puntos que hay que discutir y se podrían mejorar”, coincidió Yedlin, asintiendo que pueda darse el debate próximamente.

A dos semanas de que el Gobierno nacional presente un proyecto de ley -que aún no ingresó formalmente al Congreso- sobre la implementación de juicios por jurados, está previsto que un plenario de las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda de Diputados comience con el debate.

El encuentro fue convocado para este miércoles a las 14 en el segundo piso del Anexo “C” de la Cámara baja. En lo que va de este año, ya presentaron iniciativas en este sentido los legisladores Juan Manuel Pedrini (UP), Carla Carrizo (UCR), Gustavo Bordet (UP), Juan Brügge (EF), Roberto Mirabella (UCR), Gerardo Milman (Pro), Margarita Stolbizer (EF) y Fernando Carbajal (UCR).

Al igual que sucede con proyectos como “ficha limpia” o régimen penal juvenil, que el oficialismo impulsa con un texto propio, este es otro tema que estuvo también en la agenda parlamentaria durante el gobierno de Cambiemos y no logró avanzar.

El juicio por jurados se trata de un método reconocido en la Constitución Nacional y que ya se aplica en distintas provincias del país, pero no a nivel nacional.

Hace dos semanas atrás, el Poder Ejecutivo realizó la presentación de su proyecto durante una obra de teatro interactiva, en un evento que se realizó en el exCCK, hoy Palacio Libertad, con la participación del presidente Javier Milei.

En su discurso, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, enfatizó que esta herramienta “se utiliza en el Reino Unido y los Estados Unidos y rige en 21 países de América”. “Lo propusieron grandes pensadores y toda la doctrina seria lo apoya desde hace 170 años, pero acá nunca se implementó lo cual es inadmisible”, agregó.

“En un país donde la justicia ha sido muchas veces lejana y tardía, este proyecto busca devolver a los ciudadanos la confianza en las instituciones y la certeza de que sus valores y principios guiarán el proceso judicial”, aseguró.

La Comisión de Mujeres y Diversidad de Diputados recibirá al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, convocado para ser consultado por las políticas en materia de género encaradas por el Gobierno nacional. El encuentro se realizará desde las 15 en el segundo piso del Anexo “C” de la Cámara baja.

La comisión presidida por la diputada de Unión por la Patria Mónica Macha había acordado su citación a raíz de la decisión (mediante el DNU 450/24) de que la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género pase de la órbita del Ministerio de Capital Humano a la de Justicia.

Al asumir la gestión de Javier Milei, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad pasó al rango de subsecretaría bajo el control de la cartera que conduce Sandra Pettovello. Y desde mayo se encuentra en la órbita de Justicia.

Recientemente, el Poder Ejecutivo anunció que pondrá a la venta el edificio donde funcionó el Ministerio creado durante el gobierno de Alberto Fernández, actualmente denunciado por violencia de género por su expareja Fabiola Yáñez.

Ante la advertencia de la oposición sobre la “falta de políticas de género” por parte del actual Gobierno, la Comisión de Mujeres convocó a Cúneo Libarona.

En la previa de su presentación, se publicó este lunes en el Boletín Oficial una modificación sobre el acceso al programa “Acompañar”, destinado a víctimas de violencia de género, mediante el decreto 755/24. A partir de esta reforma, las mujeres y personas LGBT+ deberán acreditar su situación mediante una denuncia judicial o policial.

Hasta el momento de los cambios, para acceder a la asistencia bastaba con presentar un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según revelaron fuentes del Ministerio de Justicia, “se detectaron numerosas irregularidades en el Plan Acompañar porque desde el ex Ministerio de la Mujer se entregaban los subsidios de manera discrecional y se utilizaban para hacer política”. Sin dudas, será uno de los temas de discusión en la reunión que se espera.

El oficialismo sufrió un nuevo revés en la Cámara de Diputados, con el rechazo este miércoles del DNU 656/24 sobre los 100 mil millones de pesos para fondos reservados de la SIDE, en una votación que resultó con 156 votos afirmativos, 52 negativos y 6 abstenciones. 

De los 156 votos a favor, 86 fueron de Unión por la Patria, 22 de la Unión Cívica Radical, 20 del Pro, 12 de Encuentro Federal, 6 de la Coalición Cívica, 5 del Frente de Izquierda y 2 de Buenos Aires Libre. 

En el lote de votos afirmativos se distinguieron los de una veintena de macristas y los de Carolina Píparo y su compañera de bloque, Lorena Macyszyn, aliados habituales del oficialismo. Por la bancada amarilla cinco legisladores habían contribuido al quórum. En la previa de la sesión, la mesa directiva del partido mantuvo un Zoom con el expresidente Mauricio Macri. 

El bloque del Pro tuvo 11 ausentes, entre ellos su presidente de bloque, Cristian Ritondo, que participó de esa cumbre virtual. También bullchristas como Sabrina Ajmechet y Gerardo Milman. Hernán Lombardi, cercano a Bullrich, también se ausentó.

En tanto, junto a 33 legisladores del oficialismo (tuvo 4 ausentes), votaron en contra del rechazo al DNU cuatro diputados del Pro: Damián Arabia, Laura Rodríguez Machado, Aníbal Tortoriello y Patricia Vásquez. Salvo Tortoriello, los otros tres están referenciados en la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. 

Por el lado de la UCR, acompañaron en la derrota a La Libertad Avanza ocho legisladores: Martín Arjol, Mariano Campero, Pablo Cervi, Lisandro Nieri, Luis Picat, Roxana Reyes, Federico Tournier y Pamela Verasay. 

Los votos negativos se completan con tres del Movimiento de Integración y Desarrollo, tres del bloque Independencia (tucumanos de Osvaldo Jaldo) y la sanjuanina Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo). 

Las seis abstenciones fueron cuatro de Innovación Federal, de Alberto Arrúa, Carlos Fernández, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik; y dos del Pro, de Silvana Giudici y Fernando Iglesias, también bullchristas.  

Entre los 42 ausentes, el bloque que más inasistencias tuvo fue el Pro, con 11. A Unión por la Patria le faltaron 10. A La Libertad Avanza, 4, mismo número que a la UCR, Innovación Federal y Encuentro Federal -tres cordobeses y Emilio Monzó-. Tampoco estuvieron los dos integrantes de Por Santa Cruz; el neuquino Osvaldo Llancafilo; la sanjuanina María de los Ángeles Moreno; y la tucumana Paula Omodeo. 

Con el aporte de diputados del Pro, la oposición logró este miércoles su primer éxito en la sesión especial pedida para tratar el DNU 656/24 a las 12.17, cuando consiguió el quórum con 129 presentes, que rápidamente el tablero marcó 140. Menos de una hora después, logró su segunda victoria, al conseguir aprobar por 156 votos afirmativos, contra 52 negativos y 6 abstenciones, el rechazo al decreto de necesidad y urgencia que le dio a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) 100 mil millones de pesos.

Dato saliente, la mayoría del Pro no se alineó por primera vez con La Libertad Avanza.

En el inicio de la sesión, el jefe del bloque LLA, Gabriel Bornoroni, pidió la palabra para usar el único elemento que tenía a su alcance el oficialismo, que era forzar el tratamiento de la suerte del decreto sobre tablas. “No tiene dictamen de comisión, por lo cual nosotros creemos que este tema tiene que ser tratado con los dos tercios de la Cámara”, argumentó.

A continuación, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, explicó las razones jurídicas que justificaban esa postura. Planteó que el tratamiento de un DNU “es un hecho importante, serio, grave, diría yo. No existe ningún antecedente que se trate sobre tablas un DNU que no tiene dictamen”.

“Desde 1994 a esta parte nunca se le dio celeridad al tratamiento de los DNU. Cuando Javier Milei asumió el Gobierno, nos encontramos con que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo llevaba dos años sin funcionar, había más de 200 DNU sin dictaminar. Y a eso se sumaba una práctica parlamentaria según la cual el vencimiento de ese plazo de 10 días que establece la ley obligaba a la bicameral a expedirse. De hecho, hoy la bicameral está resolviendo sobre la validez de decretos de necesidad y urgencia que fueron dictados durante el Gobierno de Alberto Fernández. Más de 120 decretos que no se trataron jamás. No había celeridad ni apuro por ejercer las facultades de la Constitución, que ahora se dan cuenta los legisladores”.

Agregó que “esa práctica permitió extraer una conclusión según la cual el plazo de 19 días para dictaminar es ordenatorio. Que vencido ese plazo de diez días recién el viernes pasado, no cesa la potestad de la bicameral para expedirse”.

“Nosotros esperábamos que el DNU pudiera ser tratado en la bicameral, que es el ámbito natural de discusión de esta temática. Elegido este camino por un grupo de diputados, entiendo que debe tratarse el 134; de lo contrario, se va a producir el absurdo que para tratar el día de la mandarina necesitamos los dos tercios y un DNU de estas características se trata por simple mayoría”, ilustró Mayoraz, para completar diciendo que “la bicameral está contemplada por la Constitución; es la única prevista por la Constitución. Y esta tarea está desplazando de su competencia natural y originaria, una cuestión que debería ser resuelta allí. Aquí no se puede hacer ninguna excepción al reglamento: hay que cumplirlo, esa es la manera de cumplir con la ley y la Constitución”.

Le contestó el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien en primer lugar recordó que durante su última reunión, la Bicameral de DNU había sido intimada por tres miembros, conforme lo que establece el reglamento del Senado que hoy preside la comisión. “Estamos en los términos del artículo 99 inciso 3 de la Constitución. Cuando se sancionó la ley orgánica prevista en la Constitución para regular el trámite de los DNU, los legisladores previeron esta situación, que la bicameral, a través de maniobras, no tratara un tema -remarcó-. Por eso, el artículo 19 y el 20 previeron los plazos y el tratamiento de oficio de las cámaras, pensando las maniobras políticas, en este caso agravadas, porque se trata de dinero para organismos de inteligencia. Por lo tanto, las maniobras pueden estar siendo ejecutadas por miembros de inteligencia”.

Terminó pidiendo que se tratara por mayoría absoluta de los miembros presentes, y tras recordar lo que en su momento se hizo con otro gobierno con un pedido de rechazo hecho por Elisa Carrió y otras diputadas de entonces, entre las que citó a Patricia Bullrich, recordó lo que se hizo en el Senado con el DNU 70/23, que lo trató con mayoría simple. Y concluyó pidiendo, ante las presiones existentes, que se votara primero y se debatiera después.

Su moción fue aprobada a mano alzada, ante lo cual el jefe del bloque oficialista comenzó a insistir en que ellos tenían una moción previa, que era la de su compañero Nicolás Mayoraz, para resolver si se debía votar o no sobre tablas.

Desde Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño propuso que se aprobara el siguiente texto: “Artículo 1°. Rechazar en los términos de la Ley 26.122 el decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo N° 656 de fecha 19 de julio de 2024. Artículo 2°. Comuníquese al Poder Ejecutivo”.

Las idas y vueltas en torno a las mociones a votar se extendieron largo rato, mientras desde la oposición se insistía en votar la moción de Agost Carreño. En ese sentido expuso por Unión por la Patria Carolina Gaillard, quien advirtió que el Gobierno ya había gastado el 80% de los gastos reservados que se estaban debatiendo. “Si tardamos un día más, se van a gastar todo. Le digo al diputado Mayoraz que la ley es clarísima, por eso pasemos a votar el DNU”.

Miembro de la Bicameral de DNU por parte del oficialismo, Lisandro Almirón aclaró que esa comisión había postergado el tratamiento para la siguiente reunión. Le atribuyó “mala fe a un grupo de legisladores que solicitaron antes de los 10 días esta sesión especial”, e insistió en que la Ley 26.122 establece un plazo perentorio, pero por “uso y costumbre” eso no suele cumplirse. Y sostuvo que eso no se aplicó con “el gobierno de Unión por la Patria y el gobierno del Pro”, tras lo cual se preguntó si “los violadores seriales de la Constitución aparecen como grandes reglamentaristas. Estamos dejando un grave antecedente”.

“No hace falta ninguna interpretación parlamentaria”, aclaró Germán Martínez, advirtiendo que “la moción de Mayoraz ni siquiera está encuadrada dentro de lo que dice el (artículo del reglamento) 127. Pasemos a votar”.

Intervino entonces Miguel Pichetto: “Para cortarla, y también estar de acuerdo con lo que acaba de expresar Germán Martínez. Le vamos a dar la derecha, ponga a considerar la moción por simple mayoría y después ponga a consideración el tema y la propuesta. Si estamos de acuerdo terminemos con esta discusión. La Cámara interpreta las mayorías en el tratamiento de los temas”.

Por su parte, Silvana Giudici dijo que “acá hay una interpretación del reglamento que ya se hizo varias veces. Coincido en que no se necesita poner a votar esa moción de Mayoraz, lo que no entiendo es que tratemos de votar un DNU tan  importante en una votación exprés, sin debate. De ninguna manera se puede votar antes que todos los bloques podamos hablar. Me parece lo menos democrático y sensato que he escuchado”.

Con todo, una votación a mano alzada impuso que se votara la suerte del DNU, y el resultado fue amplio. El rechazo fue aprobado por 156 votos afirmativos, 52 votos en contra y 6 abstenciones.

Luego se puso en consideración el proyecto de Maximiliano Ferraro y Margarita Stolbizer para declarar nulo el DNU. En este caso sí se necesitaban 2/3, porque este proyecto fue girado a Asuntos Constitucionales y jamás fue dictaminado. Esa votación no obtuvo 2/3. Como hubo reclamos de legisladores a los que supuestamente el voto no se les había tomado, Cecilia Moreau pidió la reconsideración de la votación, pero la misma tuvo el mismo resultado: no se alcanzaron 2/3 y por ello no se trató el proyecto de Ferraro.

Con la expectativa cierta de parte de la oposición de conseguir este miércoles el quórum para sesionar y tratar el DNU 656/24 que le dio a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) cien mil millones de pesos, está prevista una sesión especial para las 12 del mediodía.

El pedido de sesión fue formulado por el bloque de Encuentro Federal, pero el texto lleva las firmas también de diputados de la Coalición Cívica y radicales de la línea Manes.

Originalmente, la cita en el recinto había sido confirmada para el pasado jueves 15 de agosto, primer día habilitado por la Ley 26.122 para darle tratamiento expreso al decreto en cuestión, pero se contrapuso con los tiempos de la sesión maratónica que se extendió hasta las primeras horas de la fecha solicitada.

En medio de la sesión mencionada, no prosperó el intento de Nicolás Massot respecto a pasar a un cuarto intermedio con el fin de garantizar el tratamiento del DNU 656 al día siguiente. Tampoco tuvo aval en el recinto el pedido de Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica por el que buscó la incorporación del temario a esa maratónica reunión.

Tras la postergación de esta sesión, fue incorporado al temario el proyecto de declaración presentado por el bloque de la CC que busca declarar “nulo de nulidad absoluta e insanable” al decreto publicado en el Boletín Oficial el pasado lunes 23 de julio.

También fue agregada la iniciativa de Margarita Stolbizer por el que rechaza al DNU 656 en su totalidad y donde había advertido que “Argentina debe retomar el camino de una legalidad que está marcada por la vigencia del sistema consagrado en todos los principios de la Constitución Nacional”. El proyecto tiene el acompañamiento de otros seis integrantes de EF.

Cabe recordar que el DNU ingresó por mesa de entradas el pasado 1ero. de agosto y el oficialismo evitó tratarlo en la reunión de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que se realizó una semana después. El miércoles 14 venció el plazo establecido por la Ley 26.122 para la elevación de un dictamen y por ende, desde el 15 ambas cámaras quedaron habilitadas al expreso e inmediato tratamiento del decreto en el recinto.

La petición de sesión tiene el aval, con su rúbrica, de cuatro diputados nacionales de la Unión Cívica Radical: Facundo Manes, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano. Si se contabilizan los 16 de EF, los 6 de la CC, los 5 del Frente de Izquierda y los 99 integrantes de Unión por la Patria, el quórum no debería ser un obstáculo. Sin embargo hasta última hora del martes nadie se animaba a garantizar que pudiera alcanzarse el número necesario para sesionar, en medio de una creciente presión del Gobierno nacional a través de los gobernadores.

En el radicalismo hacían cuentas que daban que podrían participar de la reunión unos 18 diputados de ese sector.

Vale aclarar que para que un decreto sea derogado, debe contar con el rechazo de ambas cámaras. En marzo pasado, el Senado puso contra las cuerdas al oficialismo cuando rechazó por 42 votos en contra, 25 a favor y 4 abstenciones al DNU 70/2023 de desregulación de la economía, el cual sigue vigente ya que nunca fue tratado en Diputados. Hasta ahora, nunca un DNU fue anulado por el Congreso.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados se reunieron este martes por tercera vez en un encuentro plenario para continuar con el debate del proyecto de ley conocido como “ficha limpia”, el cual propone la prohibición para aquellas personas condenadas por delitos no puedan ser candidatos en elecciones.

Según se anunció al cabo de la reunión que encabezaron los diputados Nicolás Mayoraz y Manuel Quintar, en la próxima sesión buscarán emitir dictamen. Previamente expondrán los diputados autores de proyectos que quieran defenderlos.

En primera instancia, las diputadas autoras de proyectos relacionados a esta temática explicaron sus propuestas. Luego, Julio Golodny, Adrián Martín, Gabriel Slavinsky y Eduardo Sigal expusieron acerca de la iniciativa en la reunión llevada a cabo en el Salón Delia Parodi.

En primer lugar, la diputada radical Roxana Reyes brindó detalles del proyecto de su autoría y amplió: “Prevé una inhabilitación para ser candidato o precandidato a cargos electivos a aquellos que tienen una condena, aunque estuviera recurrida, una inhabilitación que subsiste hasta que esta condena sea revocada o hasta que se cumpla la pena”.

Asimismo, sumó que “tiene que ver con delitos graves, corrupción, cohecho”, porque “el proyecto tiene que ver con el interés superior protegido”, añadió. Antes había agradecido que el tema sea puesto en agenda y valoró la participación ciudadana en la confección del texto.

Luego, la diputada nacional Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) añadió que “este proyecto hace un juego armónico entre el artículo 16 de la Constitución Nacional que exige la idoneidad y el artículo 36 que busca la idoneidad técnica y moral”.

“Además busca la reforma del artículo 33 de la Carta Orgánica de los Partidos Políticos, exigiéndoles a los precandidatos que no puedan tener condenas contra la administración pública, contra el orden público, contra la seguridad de la nación, contra los poderes públicos y el orden constitucional y todos los delitos dolosos con penas mayores o iguales a 3 años”, sumó.

Aliada del oficialismo, la diputada tucumana Paula Omodeo (Creo) expresó que “hay una demanda social que tenemos que cumplir de mejorar la calidad de representación democrática pero también a los eternos procesos penales y poniendo foco en donde hay un político en el proceso”.

También, comentó que “es una inhabilitación temporal para que personas en determinados momentos del estadio de la condena procesal, siempre en fuero penal, no puedan acceder temporalmente a ser candidatos. Lo más novedoso de mi proyecto es que incorpora los delitos contra la integridad sexual”.

Los expositores

Por su parte, el licenciado Gabriel Slavinsky sostuvo que “la ficha limpia tiene 10 años de historia”, y “requiere atemporalidad, que no sea por algún dirigente o candidato específico y se demanda consenso y reglas de juego claras para que exista esa conexión comunicacional, entre la oferta y la demanda”.

Adrián Martín, juez integrante del Tribunal Oral N° 15 aportó que “una sentencia firme es la única posibilidad de desvirtuar el estado de inocencia y en consecuencia empezar a aplicar una pena”. Propuso, además, que “reducir los plazos sin violar el principio de inocencia y el derecho a elegir a quien la ciudadanía adulta e informada pueda decidir”.

Especialista en derecho procesal, Julio Golodny, explicó que la iniciativa “tiene una piedra angular que es la Constitución”. “Esta condición es la bisagra de esa puerta que abre o cierra las expectativas de los ciudadanos de elegir y ser elegidos”, sumó.

“No hay ninguna posibilidad de dictar una ley o reformarla que respete cabalmente la inocencia de las personas, somos todos inocentes, aunque estemos sujetos a una imputación penal en un proceso penal o una condena si esa condena no está firme la persona sigue siendo inocente”, añadió.

Por último, Eduardo Sigal manifestó que “ficha limpia es un tema coyuntural, nadie se va a oponer si acotamos cualquier elemento que tenga que ver con la corrupción y la posibilidad de la representación, pero hay que ser cuidadosos en no estar cercenando las posibilidades de la representación en ese sentido”.

La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados puso en marcha este martes la investigación en torno a la visita de seis diputados de La Libertad Avanza al penal de Ezeiza, donde se reunieron con represores condenados por delitos de lesa humanidad. 

Los proyectos, entre los que hay repudios por ese encuentro, pedidos para conformar una comisión que evalúe la conducta de los legisladores, hasta el desafuero de los que participaron de la reunión, serán tratados en asesores, según indicó Silvia Lospennato. No obstante, hay iniciativas en las que no es ésta comisión la que tiene competencia, sino Asuntos Constitucionales. 

Durante la reunión, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci, dos de las involucradas, y quienes salieron a decir que fueron “engañadas” a la cárcel y no sabían con quiénes se iban a ver, estuvieron presentes. Arrieta incluso hizo uso de la palabra y contó que la visita “revestía con carácter humanitario y para conocer las condiciones de detención de los internos”. “Nunca se nos informó cuál era la identidad de estas personas, tampoco se nos dio a conocer las condenas”, afirmó. 

La mendocina dijo que tanto ella como Bonacci creyeron “en la institucionalidad de la Cámara de Diputados, porque se brindaron las herramientas para que esto sea una comitiva de diputados que iban en su carácter de legisladores a conocer las instalaciones del penal y las condiciones sanitarias”, en referencia a la combi de la Cámara baja en la que se trasladaron. 

“A mí se me invitó, cumplí con mi deber. Quiero pedir perdón a aquellos que se sintieron molestos con este accionar”, expresó la oficialista y lanzó: “Creí en mi compañero (por Beltrán Benedit), creí en la institucionalidad de la Cámara de Diputados. Creo que si tienen que pedir algunas explicaciones deberían comenzar con quiénes lo organizaron, con quiénes brindaron las herramientas para que esto se lleve a cabo, o aquellos que perseguían otros fines que no se nos habían comunicado a nosotros”. 

En esa línea, consideró que Benedit y Martín Menem, presidente de la Cámara baja, deben “dar explicaciones al respecto”. “No nos mandamos solos, no me voy a subir a una combi sin ningún tipo de aval político”, sostuvo y se definió como “una persona orgánica que respeta la institucionalidad y la palabra tanto del presidente de la Cámara como de mis pares”. Finalmente, se mostró abierta a “poner a disposición todas las pruebas” y “dar mayores explicaciones”. 

Autora de uno de los proyectos, la diputada de Unión por la Patria Vanesa Siley resaltó que “no sólo consistió en una visita, sino que fue un plan estratégico a través del cual, desde el mes de febrero -según podemos saber- hasta esta visita, se venía desarrollando a los fines de presentar o un proyecto de ley, o mediante un decreto del Poder Ejecutivo, para otorgarle la libertad a estos genocidas”. 

Así, al aludir a informes periodísticos, la legisladora detalló cómo los seis libertarios (los citados Arrieta, Bonacci, Benedit, más Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo) que fueron a verse con Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti y Adolfo Donda, entre otros, estaban desde febrero pasado en un grupo de WhatsApp creado por el sacerdote que fue echado de la Diócesis de Zárate-Campana, Javier Olivera Ravasi. Además, también formaban parte del mismo sus pares Lilia Lemoine, María Celeste Ponce, Santiago Santurio, Carlos Zapata, Nicolás Mayoraz, María Emilia Orozco y Alberto Arancibia; y “cuatro abogados defensores de genocidas”. 

Siley también relató la visita que habría hecho el 15 de marzo Benedit a Campo de Mayo, tras la cual la hija de un condenado por delitos de lesa humanidad “le agradeció” en redes sociales “y él le respondió, literal, que estaban trabajando por la pronta liberación de los patriotas”. 

“Me parece interesante que se puedan esclarecer y deslindar, e individualizar, las distintas motivaciones de los diputados, no me parece que todas sean las mismas responsabilidades”, aclaró y en ese sentido, al igual que hicieron otros diputados, diferenció entre “alguien que lo planificó y una diputada que dice que fue engañada”. 

En tanto, el jefe de UP, Germán Martínez, autor del proyecto para crear una comisión que evalúe la conducta de los libertarios, aseveró que “estamos ante un hecho gravísimo” y hay “una constelación de hechos concatenados, con una finalidad específica”. “Lo peor que le puede pasar a esta cámara es que no tenga una respuesta institucional, que tiene que ser proporcionalmente del mismo valor” que el hecho, consideró. 

“Es imprescindible que las personas que fueron a Ezeiza le digan a esta comisión lo que saben y lo que pueden decir de los hechos acontecidos”, reclamó y pidió saber si el exjefe del bloque oficialista, Oscar Zago, “estaba al tanto” o “con la venia de quién iban y participaban de esas reuniones” previas a la visita a Ezeiza. 

El santafesino apuntó que en un contexto con “servicios de inteligencia potenciados” y “modificaciones en la Ley de Seguridad Interior” promovidas desde el Gobierno, “es imposible y una irresponsabilidad de la Cámara de Diputados no investigar estos hechos”. Además, pidió “ir a fondo” y “proponer las sanciones pertinentes en cada caso”, que no descartó pueda ser “juntar dos tercios de los votos y que dejen de ser diputados”. 

Al responder a la pregunta de Martínez, Zago consideró que la visita “está mal” y reafirmó su “compromiso absolutamente democrático”. Aseguró que desde que estuvo a cargo del bloque y hasta que se retiró, en abril, no estaba “en conocimiento absolutamente de ningún tema” referido a esto. “Se hizo todo a las espaldas de quien les habla y de casi todos los integrantes del bloque, menos seguramente los 13 diputados (que estaban en el grupo de WhatsApp) y quizás alguno más que estaba en esas reuniones clandestinas”, expresó. 

Foto: HCDN

Desde el Frente de Izquierda, Christian Castillo narró hechos en los que estuvieron involucrados los represores presos que visitaron los libertarios y, tras mencionar la desaparición de Jorge Julio López, alertó: “No estamos hablando de gente que sale y no pasa nada, sino de gente que está en la reiteración de su crimen y aún en proceso o condenada, tiene capacidad de actuar para amenazar, desaparecer o asesinar personas”. “Tenemos que averiguar hasta dónde llega este plan de impunidad”, pidió y reclamó conocer la posición del Pro, socio de LLA. 

Rápidamente, Lospennato recogió el guante. “Nosotros gobernamos la Argentina cuatro años, con el presidente (Mauricio) Macri, y no hubo un solo indulto en esos cuatro años”, recordó. La legisladora macrista aseguró que “la postura respecto de los condenados es que cumplan la condena”. “Tampoco se interrumpió un solo juicio” en la gestión de Cambiemos, sumó, y manifestó que “hablan por nosotros los hechos”. 

También desde el Pro, Silvana Giudici fue contundente: “Estos señores no tienen ningún derecho, porque ellos acabaron con miles de vidas, torturaron, violaron, mataron. Y en el caso de Astiz, además, fue un infiltrado en las primeras rondas de las Madres de Plaza de Mayo y luego las entregó. Pensar en una foto con Astiz a mí me pone la piel de gallina”. 

“En el caso que hubiera algún proyecto, alguna intención, de liberar a estos genocidas, ‘adorables viejitos que la pasan mal’, tendremos la posibilidad de decir fuerte y claro que no lo vamos a aprobar y que de esta cámara no va a salir ningún proyecto en ese sentido”, enfatizó. Sin embargo, la diputada señaló: “¿Esto amerita entonces desaforar a seis diputados? Yo creo que no, porque dentro de la potestad que tiene un diputado electo está la posibilidad de expresarse, pensar y elaborar los proyectos que crea conveniente, por más repudiable que a otro diputado le parezca”. “El bloque del Pro considera repudiable esa visita”, definió. 

Por la UCR, la diputada Karina Banfi repudió “categóricamente cualquier intención, expresión, acción, manifestación personal o política que se entienda como apoyo o dispensa de los genocidas, todos, sobre los hechos cometidos que los tienen condenados de por vida”. 

Sobre el trámite de las iniciativas, la bonaerense recomendó que se traten “en las comisiones correspondientes” porque “es importante que no elevemos expectativas falsas de qué es lo que vamos a tratar acá”. Pero sí se mostró a favor de lograr “una efectiva y rápida respuesta a la opinión pública”. 

El presidente de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, ratificó “la democracia y los derechos constitucionales”. “Obviamente que los que cometieron delitos de lesa humanidad tienen que estar presos y no tenemos lugar a duda de eso. Tienen que estar condenados, seguir condenados y pagar su condena”. Pero señaló que “no es potestad” de la Comisión de Peticiones crear una comisión investigadora, según indica el artículo 188 del reglamento. Y argumentó que en todo caso se los puede evaluar por “cuestiones que han hecho dentro del recinto, pero no afuera”. 

En el cierre, Lospennato informó que los asesores se congregarán este viernes y que ella, por su parte, se reunirá con las autoridades de la comisión “para determinar cómo seguimos con el tratamiento de este tema”. 

La agenda de comisiones para la semana que entra en la Cámara de Diputados arrancará con la reanudación del debate en Legislación del Trabajo en torno a los proyectos de ley que promueven una reforma sindical, con límite a las reelecciones indefinidas de dirigentes, la “ficha limpia” gremial, la eliminación de la cuota sindical y la presentación de declaraciones juradas, entre otros puntos.

La comisión presidida por el radical Martín Tetaz, que tuvo un picante primer encuentro, fue citada para este martes a las 11.30 en la Sala 6 del Anexo de la Cámara baja.

En tanto, a las 12, en la Sala 7, la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, conducida por la diputada del Pro Silvia Lospennato, comenzará con la investigación en torno a la visita de seis legisladores de La Libertad Avanza al penal de Ezeiza, donde se reunieron con represores presos por delitos de lesa humanidad. El encuentro se reprogramó luego de suspenderse el pasado jueves, a causa de la extensa sesión.

A las 13.30, en el Salón Delia Parodi del Palacio Legislativo, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia continuará la discusión -con expertos invitados- sobre los proyectos de “ficha limpia”, para impedir que personas acusadas por corrupción puedan ser candidatas.

Por su parte, a las 14, en el segundo piso del Anexo “C”, se congregarán las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda para dar continuidad al debate de un nuevo régimen penal juvenil, con expositores invitados.

A las 14 de este martes, en la Sala 6, será el turno de una nueva reunión de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías para recibir a víctimas de abusos cometidos durante la pandemia, en este caso en la provincia de Santiago del Estero.

En tanto, a las 14.30 en la Sala 7, la Comisión de Población y Desarrollo Humano a cargo de la radical Natalia Sarapura recibirá al director del INDEC, Marco Lavagna; al director del CELADE, Simone Cecchini; y la licenciada Paola Bohorquez, coordinadora de Desarrollo Inclusivo del Programa de Naciones Unidas.

A las 16.30, en la Sala 4, habrá un nuevo encuentro con especialistas para debatir sobre los proyectos referidos a inteligencia artificial, en el marco de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

A las 17, en el segundo piso del Anexo “C”, la Comisión de Agricultura y Ganadería se reunirá con invitados del sector agroindustrial, en el marco del debate del proyecto sobre un Régimen de Inversiones para el Desarrollo Agroindustrial (RIDA) y la modificación de la Ley de Biocombustibles (27.640).

En el mismo horario, pero en la Sala 6, se hará la reunión de la Comisión de Deportes, con un amplio temario, que incluye la declaración económica de los clubes de barrio.

Para este miércoles a las 10, en el segundo piso del Anexo “C”, fue citada la Comisión de Mercosur, presidida por el diputado de Unión por la Patria Roberto Mirabella. Se recibirá a la delegación argentina ante el Parlasur, quienes expondrán sobre la vinculación del órgano regional con Estados parte del bloque y la nueva agenda del mismo.

Por su parte, a las 13 en la Sala 6, la Comisión de Discapacidad debatirá sobre la gratuidad de tarifas del servicio eléctrico para usuarios electrodependientes y tratará un conjunto de paquetes de resolución.

El jueves a las 10, en la Sala 4, figura la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones no Gubernamentales, recibirá al presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, quien disertará sobre “2025 año Internacional de las Cooperativas”.

El temario incluye una adhesión de la República Argentina al “Día internacional de los voluntarios”, instituido por la Resolución 40/212 del 17 de diciembre de 1985 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 5 de diciembre de cada año; proyectos de resolución y declaración.

Bicameral de Inteligencia

Este martes, a las 16.50, en el sexto piso del Anexo del Senado, se constituirá finalmente la Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, lugar en el que habitualmente se reúne. No obstante, los encuentros de esta comisión no son públicos, sino reservados.

Grupos Parlamentarios de Amistad

El próximo martes 20 de agosto, a las 10 en el bajo recinto, el Grupo Parlamentario de Amistad con Bolivia recibirá al embajador de ese país, Jorge Ramiro Tapia Sainz.

En tanto, a las 16.30 en el Salón Delia Parodi, se constituirá el Grupo Parlamentario de Amistad con Uruguay. Los diputados recibirán al embajador en Argentina, Carlos Fernando Enciso Christiansen, y participarán de la inauguración de la muestra “Historias Mínimas” del artista uruguayo Alfonso Reyes.

Mientras que el miércoles, a las 12, en el bajo recinto se conformará el Grupo Parlamentario de Amistad con la República de Austria y se recibirá al embajador en Argentina, Rastislav Hindicky.

La agenda de comisiones para la semana que entra en la Cámara de Diputados arrancará con la reanudación del debate en Legislación del Trabajo en torno a los proyectos de ley que promueven una reforma sindical, con límite a las reelecciones indefinidas de dirigentes, la “ficha limpia” gremial y presentación de declaraciones juradas, entre otros puntos.

La comisión presidida por el radical Martín Tetaz, que tuvo un picante primer encuentro, fue citada para el martes a las 11.30 en la Sala 6 del Anexo de la Cámara baja.

En tanto, a las 12, en la Sala 7, la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, conducida por la diputada del Pro Silvia Lospennato, comenzará con la investigación en torno a la visita de seis legisladores de La Libertad Avanza al penal de Ezeiza, donde se reunieron con represores presos por delitos de lesa humanidad. El encuentro se reprogramó luego de suspenderse el pasado jueves, a causa de la extensa sesión.

A las 14 del martes, en la Sala 6, será el turno de una nueva reunión de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías para recibir a víctimas de abusos cometidos durante la pandemia, en este caso en la provincia de Santiago del Estero.

En tanto, a las 14.30 en la Sala 7, la Comisión de Población y Desarrollo Humano a cargo de la radical Natalia Sarapura recibirá al director del INDEC, Marco Lavagna; al director del CELADE, Simone Cecchini; y la licenciada Paola Bohorquez, coordinadora de Desarrollo Inclusivo del Programa de Naciones Unidas.

A las 17, en el segundo piso del Anexo “C”, la Comisión de Agricultura y Ganadería se reunirá con invitados del sector agroindustrial, en el marco del debate del proyecto sobre un Régimen de Inversiones para el Desarrollo Agroindustrial (RIDA) y la modificación de la Ley de Biocombustibles (27.640).

Para el miércoles a las 10, en el segundo piso del Anexo “C”, fue citada la Comisión de Mercosur, presidida por el diputado de Unión por la Patria Roberto Mirabella. Se recibirá a la delegación argentina ante el Parlasur, quienes expondrán sobre la vinculación del órgano regional con Estados parte del bloque y la nueva agenda del mismo.

Por su parte, a las 13 en la Sala 6, la Comisión de Discapacidad debatirá sobre la gratuidad de tarifas del servicio eléctrico para usuarios electrodependientes y tratará un conjunto de paquetes de resolución.

El jueves a las 10, en la Sala 4, figura la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones no Gubernamentales, recibirá al presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, quien disertará sobre “2025 año Internacional de las Cooperativas”.

El temario incluye una adhesión de la República Argentina al “Día internacional de los voluntarios”, instituido por la Resolución 40/212 del 17 de diciembre de 1985 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 5 de diciembre de cada año; proyectos de resolución y declaración.

Grupos Parlamentarios de Amistad

El próximo martes 20 de agosto, a las 10 en el bajo recinto, el Grupo Parlamentario de Amistad con Bolivia recibirá al embajador de ese país, Jorge Ramiro Tapia Sainz.

En tanto, a las 16.30 en el Salón Delia Parodi, se constituirá el Grupo Parlamentario de Amistad con Uruguay. Los diputados recibirán al embajador en Argentina, Carlos Fernando Enciso Christiansen, y participarán de la inauguración de la muestra “Historias Mínimas” del artista uruguayo Alfonso Reyes.

Mientras que el miércoles, a las 12, en el bajo recinto se conformará el Grupo Parlamentario de Amistad con la República de Austria y se recibirá al embajador en Argentina, Rastislav Hindicky.

Tras la sesión de 22 horas en la Cámara de Diputados, se suspendieron todas las actividades que estaban previstas para este jueves. La actividad más destacada de la agenda era la reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que iba a comenzar a investigar la visita de seis diputados de La Libertad Avanza al penal de Ezeiza para ver a represores.

El encuentro había sido programado para las 12.30, luego que la semana pasada se acordara en Labor Parlamentaria tratar en el marco de esa comisión los proyectos presentados contra los seis oficialistas que se reunieron con Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti y Adolfo Donda, entre otros.

La presidenta de Peticiones, Poderes y Reglamento, la diputada del Pro Silvia Lospennato, había convocado a la reunión cuando estaba previsto que este jueves, un poco antes de ese horario, la oposición intentara llevar adelante una sesión por el DNU 656/24 de presupuesto de la SIDE. Sin embargo, ésta última se decidió reprogramar por sus impulsores (Encuentro Federal y Coalición Cívica), mientras que la comisión también quedó sin efecto, producto de la extensa jornada en el recinto.

La situación en torno a los libertarios fue expuesta en la sesión, a través de distintas cuestiones de privilegio, por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y también el radical Pablo Juliano.

El resto de las actividades suspendidas este jueves fue la conformación de dos Grupos Parlamentarios de Amistad, con Ecuador y Austria, respectivamente.

A las 9.53 de este jueves, cuando ya iban 22 horas de debate, la sesión en la Cámara de Diputados se quedó sin quórum y dos temas no fueron tratados. Culminadas 12 horas de discusión en torno a los proyectos referidos a educación (servicio esencial y financiamiento de universidades), que se trataron durante toda la madrugada, se abrió una nueva tanda de cuestiones de privilegio. 

Mientras se sucedían discursos por el lado de Unión por la Patria sobre la visita de libertarios a genocidas y el intento de asesinato contra Cristina Kirchner, quien declaró en la causa horas antes, y por el lado del oficialismo y el Pro contra el expresidente Alberto Fernández, imputado por violencia de género, el radical Julio Cobos advirtió el tiempo que llevaban de sesión -sumando que Labor Parlamentaria había comenzado a las 9.30 del día anterior- y pidió si era posible pasar “sin oradores” a los proyectos que restaban. 

“En cada minuto que pasa disminuye la posibilidad de que esta sesión tenga quórum y terminemos lo programado”, advirtió. Al realizar un paneo de un recinto visiblemente vacío, el presidente del Cuerpo, Martín Menem, le contestó: “Es la intención de esta Presidencia que se haga lo más leve para todos. Continúo con una cuestión de privilegio más y vamos a ir hablando con los presidentes de bloques”. 

Cuando ya habían pasado no una sino tres cuestiones de privilegio más, la secretaria parlamentaria del Pro, Silvana Giudici, pidió “una moción de orden para volver al orden del día y un apartamiento para tratar primero el tema de Venezuela”. Pero ya no había número suficiente para tal votación y Menem, con gesto de resignación, confirmó: “No hay quórum, se levanta la sesión”.

El temario continuaba con el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para la regularización de armas y prórroga del Programa de Entrega Voluntaria; y después por la declaración que días atrás en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, el oficialismo, aliados y la oposición dialoguista habían dictaminado para repudiar el “fraude electoral perpetrado por el gobierno de Nicolás Maduro” en Venezuela. 

La sesión arrancó a las 11.41 del miércoles y fue muy trabada desde un principio. Unión por la Patria y la izquierda insistieron fervientemente por tratar la excursión de libertarios al penal de Ezeiza para reunirse con represores. De Labor Parlamentaria había salido que las cuestiones de privilegio y los apartamientos de reglamento serían al final de la sesión, pero el oficialismo no pudo evitarlo. La situación volvió a desmadrarse después que se había votado una primera parte del temario: la ampliación del Registro de Datos Genéticos (que tuvo una hora de cuarto intermedio); tropas y acuerdos internacionales, éstos dos últimos sin oradores. 

También, antes de que comenzara el debate de los proyectos educativos, el diputado Nicolás Massot pidió -sin éxito- pasar a un cuarto intermedio. En su intervención reclamó que si eso no pasaba, se vote la incorporación al temario del DNU 656/24 sobre los 100 mil millones de pesos a la SIDE, pero fracasó también. Así las cosas, anunció que la sesión que su bloque Encuentro Federal y la Coalición Cívica habían pedido para este jueves con tal fin, se iba a reprogramar para la semana próxima. 

Pasadas las 3 de la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley que declara a la educación como servicio estratégico esencial en todos los niveles y modalidades comprendidos en la obligatoriedad escolar de todo el territorio nacional, con el objetivo de garantizar las clases en los días de paro docente. Fue una sola votación, en general y en particular, y resultó con 131 votos afirmativos, 95 negativos y 2 abstenciones, correspondientes a Fernando Carbajal y Mónica Frade. 

La iniciativa fue impulsada fuertemente por el Pro desde la post-pandemia, bajo la crítica del tiempo en que las escuelas permanecieron cerradas durante esa época. En tanto, a través del DNU 70/23, el Gobierno había declarado a la educación servicio esencial, pero el capítulo de la reforma laboral fue frenado por la Justicia. Durante el debate, algunos legisladores que se manifestaron en contra recordaron que la Corte Suprema en 2001 ya declaró inconstitucional una resolución del Ministerio de Trabajo, por entonces a cargo de Patricia Bullrich, que intentó avanzar en este sentido.

A favor del proyecto votaron La Libertad Avanza, el Pro y otras bancadas dialoguistas como la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica e Innovación Federal. También votaron a favor dos diputados de Unión por la Patria: la mendocina Liliana Paponet y el jujeño Guillermo Snopek.

Por su parte, el rechazo lo encabezaron Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. En tanto, el bloque Encuentro Federal votó dividido, pues votaron en contra la cordobesa Natalia de la Sota, los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, y Margarita Stolbizer. También votaron en contra los radicales Pablo Juliano, Facundo Manes, Marcela Coli y Roxana Reyes.

De acuerdo con la iniciativa, que ahora deberá discutirse en la Cámara alta, se establece que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo escolar durante días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente que afecten al normal desarrollo de la actividad curricular.

Uno de los artículos estipula un sistema de guardias mínimas educativas obligatorias que garantice un 30% de presencialidad del personal docente y no docente cuando las medidas de paro o huelga fuesen entre uno y dos días continuos o discontinuos; mientras que deberá ser de un 50% cuando las medidas superen los tres días; y a su vez exige el cumplimiento de la cantidad mínima de días de clase.

El texto delega en las autoridades de cada establecimiento a que en el inicio del ciclo lectivo se realicen las previsiones organizacionales en el marco del proyecto institucional, estableciendo a la autoridad competente la nómina anual del personal docente y no docente que estará afectado al cumplimiento de las guardias en días de huelga.

Además, establece que el incumplimiento de lo previsto será considerado como falta y no obstará la plena operatividad del sistema de guardias establecido; e impone que se reputará injustificada la ausencia del personal docente y no docente afectado a la guardia establecida.

Por último, propone la apertura de todos los establecimientos de educación obligatoria, en su correspondiente horario de apertura y cierre, todos los días del calendario escolar; y la garantía del servicio de alimentación escolar de cada establecimiento educativo.

Las voces a favor y en contra 

Impulsor de la ley, el presidente de la Comisión de Educación, el diputado del Pro Alejandro Finocchiaro, confirmó: “Vamos a regular el derecho de huelga, que es materia federal”. Y, a continuación, habló de una colisión entre el derecho a huelga -avalado por la Constitución Nacional- y el derecho de los niños a educarse. 

“Esta ley dará el marco para que buenos gobiernos puedan revertir la tragedia educativa argentina”, consideró el miembro informante del dictamen de mayoría y precisó alarmantes datos sobre la poca resolución de cálculos matemáticos y la falta de comprensión de textos en jóvenes y adolescentes.

En relación al proyecto, el exministro de Educación expresó: “Acá están representados los padres que se dieron cuenta que sus hijos no sabían leer o escribir en pandemia, porque acá proponemos escuelas abiertas”. Fue allí cuando apuntó contra los gremios y, sin nombrarlo, contra Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA. “Los sindicatos tercerizaron la educación”, dijo.

Cerca del fin de su enfática intervención, Finocchiaro señaló que desde 1983 a la actualidad “hemos perdido más de 1.000 días de clases, que son seis ciclos lectivos enteros”. “Pensemos en grande, porque hoy es el día que vamos a volver a la civilización y exportar cultura, conocimiento y educación”, concluyó. 

Al defender el dictamen de minoría (de rechazo), la diputada de Unión por la Patria Blanca Osuna mencionó un informe de UNICEF que arrojó que en Argentina “un millón de niños se va a dormir sin cenar”, y apuntó contra el oficialismo: “Están mirando hacia otro lado porque el hambre se ha agravado de manera extrema y vemos chicos de 12 que parecen de seis”.

“No es cierto que la Argentina venía transitando una tragedia educativa”, aseveró la entrerriana y cuestionó que en el proyecto “no hay ni un renglón de esencialidad”. “¿Qué es lo esencial acá? Regular el paro”, denunció. Luego, sumó que “hay un recorte vergonzoso de la inversión que tiene como obligación el Estado nacional, con una retracción del 80% del gasto. Hablan de derecho a la alimentación, pero Sandra Pettovello le esconde el alimento a los chicos”.

En el cierre, la legisladora recordó que “los docentes han sido despojados del FONID y, desde marzo, cobran el 20% menos”. “Faltan remedios y vacunas para los chicos y eso es esencial. Faltan inversión, docentes y alumnos con libros, computadoras y buenas escuelas”, sentenció.

Desde el Frente de Izquierda, el diputado Christian Castillo aseguró que “esta es una ley que es una gran estafa, porque se le presenta a la población como que esta ley va a mejorar las condiciones del sistema educativo, y no es así”, sino que se trata de “impedir el derecho a huelga de la docencia, pero no obliga a ningún Gobierno a poner ni un peso más en educación”. “¿Y sabe por qué hay huelgas? Porque los salarios son bajísimos. Hoy la canasta familiar es de 1.362.029 pesos, ¿sabe cuánto cobra una maestra en la provincia de Buenos Aires? 470 mil pesos”, resaltó y detalló que “en Mendoza 425 mil pesos, en Chubut 422 mil, en Santa Fe 540 mil, en Neuquén 610 mil”. 

También en contra de la iniciativa, el diputado de Unión por la Patria Hugo Yasky dijo que iba a hablar “como diputado y como orgulloso maestro de la escuela pública”. “Hoy las provincias tienen presupuestos desparejos. No podemos hacer un debate prescindiendo de una realidad. No hay calidad sin inclusión”, sostuvo y -al hacer hincapié en la inversión- criticó que “en el gobierno (de Cambiemos) en el que el diputado Finocchiaro fue ministro no se construyó un solo jardín de infantes, pese a que se terminó con Fútbol para Todos”. 

El opositor advirtió que de aprobarse esta ley, los días de paro “70 chicos van a estar a cargo de una maestra, ¿quieren que los pobres estén amontonados?”. “Si no hay inversión educativa, no hay solución”, subrayó y afirmó: “A ninguno de los que está acá me los imagino trabajando en las condiciones que están las maestras que trabajan doble turno”. 

Por el bloque de La Libertad Avanza, el diputado José Luis Espert opinó que se trata de un proyecto “histórico para el futuro de la Argentina, de nuestros hijos y nuestros nietos”. Y enumeró tres ejes de la ley: “establece una política de Estado coherente con el espíritu de nuestra Constitución; defiende y prioriza el derecho de los chicos a estudiar; e imprime un carácter de prioridad de la educación para igualar oportunidades”. 

En su discurso, manifestó que quien vote en contra “está en contra del proyecto de progreso de Argentina”. “Las huelgas docentes en la provincia de Buenos Aires se llevaron un año lectivo entero en poco más de una década. ¿A dónde nos llevó el modelo de Baradel? A esa pérdida”, lanzó y aclaró que “no se está limitando a los trabajadores de la educación a que se expresen a través de huelgas docentes, sí se está limitando el abuso, el privilegio de esos gremios, a no darle clases a los chicos”. 

La diputada del Pro María Eugenia Vidal afirmó que “sin duda hoy estamos dando un paso adelante”. “Aunque para algunos hubo avances en la educación pública argentina, para mí no”, observó y señaló que a pesar de las leyes sancionadas a lo largo de los años, “hoy de cada 100 chicos que arranca primer grado, solamente 13 terminan en tiempo y forma”. Tras hablar de un “fracaso del sistema educativo”, subrayó que “no es verdad que esta es una ley en contra de los docentes, en todo caso será una ley en contra de los sindicatos que quieren extorsionar”. 

En esa línea, la exgobernadora bonaerense recordó que durante su gestión hubo “62 paros docentes”, de los cuales 30 fueron en 2018; mientras que “en los últimos cuatro años no hubo paro”, pese a que “los salarios durante la gestión de Axel Kicillof estuvieron por debajo de la inflación”. Así, consideró que las huelgas durante su gobierno “fueron un mecanismo de extorsión de los Baradel de la vida”. 

Por la UCR, el mendocino Julio Cobos mencionó que presentó hace cinco años un proyecto en este sentido y reconoció que “esta ley no es la panacea ni va a solucionar todos los problemas”. “Podemos tener el mejor plan educativo, los mejores docentes e infraestructura escolar, Pero a la hora de dar clases quedan los alumnos y el docente, y debemos hacer todos los esfuerzos posibles para que esa relación se mantenga en la cantidad de días establecidos para cumplir con el calendario académico, de 180 o 190 días”, argumentó. 

En su discurso, el exvicepresidente dijo que “hay un conflicto de intereses y de derechos, y debemos priorizar el derecho de los niños a poder recibir educación”. En la misma sintonía, su par Carla Carrizo enfatizó que “los niños no son objetos de nadie. Ni de los sindicatos, ni de los gobiernos, ni de los padres. Los derechos de la infancia en Argentina no tienen por qué seguir esperando”. “Esta no es una ley en contra de nadie. No estamos castigando el derecho a huelga. Estamos invitando a los sindicatos a hacer una buena escuela”, añadió la porteña.

Al adelantar que su bloque no iba a tener una postura uniforme, la diputada Margarita Stolbizer opinó que “este proyecto busca culpabilizar a alguien de los déficit que todos conocemos” y “es una solución demasiado facilista para decir que no somos responsables nosotros los políticos, sino los docentes”. También sostuvo que todos los allí presentes “saben que este tipo de decisiones no va a resolver los problemas graves” en la educación. 

Luego, la legisladora de Encuentro Federal advirtió que “no es posible limitar el derecho de huelga” y se refirió a normativa de la Organización Internacional del Trabajo, para afirmar que “estamos frente a una imposibilidad en términos jurídicos de llevar adelante una declaración como pretende este proyecto”. “Esto tiene vicios de inconstitucionalidad severísimos”, sumó.

Maximiliano Ferraro dijo a su turno que “en la educación es donde se juega la libertad y la posibilidad de elegir qué tipo de posibilidad de desarrollo tenemos para adelante”. Recordó que este no se trata de “un capricho”, sino que trabajaron sobre este tema durante mucho tiempo en los partidos que conformaban Juntos por el Cambio. “No podemos obviar, con 57% de pobreza, último informe de UNICEF, que una gran cantidad de chicos no entienden lo que leen, lo que habla del fracaso, la tragedia y el colapso que ha vivido la educación por responsabilidad de todos nosotros”.

“No es esta la única solución, pero sí algo que viene a poner un parate en algo donde lo tenemos que poner”, afirmó.

Sobre el final del debate, la diputada del Pro Silvia Lospennato sostuvo que “Argentinos por la Educación publicó un informe que dice que en 35 años escolares los estudiantes argentinos habían perdido 2,3 años escolares. Es decir que antes de la pandemia, porque esto fue antes de la pandemia, los argentinos ya habían perdido ‘dos pandemias’”. Y a propósito de eso, advirtió que “con el Covid toda la sociedad argentina se despertó sobre lo que significa la pérdida de clases para los chicos”.

Cuando la pandemia, agregó, la sociedad “se dividió claramente en dos grupos: entre aquellos que entendíamos que las escuelas debían ser las últimas en cerrarse y lo primero en abrirse, como sucedió en el distrito donde gobierna mi partido; y quienes habilitaban una línea telefónica para que denunciaran a las escuelas que dieran clases”.

Por último, el diputado oficialista Santiago Santurio señaló que “esta ley tiene un alcance que no es solo para los sindicatos; tiene primero una función pedagógica”. Cargó contra el peronismo al señalar que “Argentina retrocedió en alfabetismo; mientras todos los países de la región mejoraron, nosotros retrocedimos. ¿De quién fue la culpa? Del Estado nacional, de los gobernadores, del presupuesto… Toda de ustedes: la mayoría de los gobernadores eran de ustedes. Veinte años de gobierno, 16 años gobernaron ustedes. Si ustedes no son responsables, ¿quién lo es?”.

“Hay que entender que los sindicatos no representan a todos los docentes, son un grupo, y un grupo bastante privilegiado -agregó-. Esta ley es fundamental para mejorar la educación argentina, es suficiente, claro que no”. Pero aseguró que “esta es una herramienta que también va a empoderar a los padres”.

Tras nueve horas de sesión , el diputado nacional Nicolás Massot (Encuentro Federal) pidió este miércoles una moción para pasar a un cuarto intermedio y así garantizar la sesión del jueves para tratar el DNU 656/2024 por el que el Gobierno nacional le otorgó 100.000 a los gastos reservados de la SIDE. La petición no prosperó: la votación resultó con 115 votos afirmativos y 122 negativos.

Tras la votación, Massot dijo que quedaba claro que “acá había una sola facción buscando obstruir un dictamen en particular que era este, vamos a quedarnos hasta el final de esta sesión, acompañando el temario, y obviamente la sesión que estaba pedida para mañana, por una cuestión de tiempo no va a ser posible, cumpliendo el objetivo de obstrucción del oficialismo y sus aliados, vamos a reprogramar ese pedido de sesión para la semana que viene”.

Aclaró que no quería decir una fecha, porque primero tenía que hablarlo con el resto de los firmantes. “Pero obviamente ya de manera informar les notifico que el pedido de sesión no se sostiene. Los que estamos por la seriedad, por el trabajo y por el cambio vamos a seguir en nuestra banca”.

Poco después, Maximiliano Ferraro hizo un último intento para incorporar el tratamiento del DNU a la sesión actual. La moción tuvo 135 votos afirmativos, 100 en contra y 2 abstenciones, con lo que fue rechazada, pues necesitaba ¾ partes de la Cámara.

La idea de Massot era continuar esta sesión el próximo miércoles 21 de agosto a las 11, alegando que “restan aún tres temas con tres dictámenes cada uno y se calculan diez o 12 horas más”. Salió a contestarle una diputada del que fuera su partido, el Pro, Sabrina Ajmechet, quien en un enfático discurso remarcó la necesidad de tratar un tema como el de la esencialidad educativa, y cuestionó que se hiciera ese pedido cuando se había cedido a la presión para adelantar las cuestiones de privilegio.

En su segunda intervención, Massot cambió su postura y optó por pedir la incorporación del debate sobre el DNU a esta sesión. Sin embargo, a sabiendas de que no conseguiría el número de votos necesarios, a la hora de presentar la moción definitiva retomó la idea original.

Massot atendió al oficialismo y aliados

En su intervención, Massot criticó al oficialismo, aliados y otros dialoguistas por la moción que fracasó el jueves pasado en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para tratar el decreto en cuestión y soltó: “Los representantes del cambio ¿van a votar a favor o en contra de un DNU que no tiene plata para los jubilados, pero sí para espías?”. “¿Ese es el cambio? No es el cambio que elegí y por el que milité”, cargó.

Dirigiéndose a sus excompañeros, pues Massot fue el jefe de bloque Pro en la era Cambiemos, aseveró: “Si quieren seriedad, nos quedamos hasta las 4 de la mañana del viernes”, al anunciar el pedido de incorporación al temario de esta sesión.

“Si fracasa, porque puede pasar, es porque queremos encubrir el espionaje por decreto”, relanzó, y sumó el pedido de una prórroga para que la sesión de este jueves para tratar el DNU 656/2024 sea pasada para el próximo martes 20 de agosto.

De igual manera, les confirmó a los radicales su apoyo a los proyectos de presupuesto universitario, como así también a la declaración de servicio esencial a la educación.

En medio de la votación general del ingreso de tropas extranjeras y los acuerdos internacionales, el diputado nacional Eduardo Toniolli se paró de su banca e increpó en el estrado al titular del Cuerpo, Martín Menem, por no permitirle hacer una cuestión de privilegio contra él mismo.

“Usted generó las condiciones operativas para que un grupo de diputados visiten a un grupo de condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico – militar”, arremetió el santafesino de Unión por la Patria. Menem le había dado la palabra creyendo que iba a explicar el sentido del voto sobre los acuerdos. No fue así.

El presidente de la Cámara de Diputados le recordaba a Toniolii que existió un acuerdo generado en la reunion de Labor Parlamentaria sobre hacer las cuestiones de privilegio y los pedidos de apartamiento al final de la sesión. Entre gritos y señalando hacia las bancas de La Libertad Avanza, el legislador opositor nombraba a los genocidas visitados en la Unidad 34 de Ezeiza el pasado 11 de julio.

“Ya va a tener su oportunidad diputado” respondió Menem, previo al corte de micrófono que desencadenó en el avance de Toniolli hasta el estrado donde se sientan las autoridades del Cuerpo. Por detrás del diputado, todo el bloque Unión por la Patria se paraba de sus bancas con intención de retirarse.

El kirchnerismo está intentando hacer caer la sesión para que no se trate la Educación como Servicio Esencial. pic.twitter.com/BvI0jWCVBZ

— Martin Tetaz (@martintetaz) August 14, 2024

Tras esto, el presidente de la bancada de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, sugirió dar lugar a las cuestiones de privilegio y le enrostró a Menem que “llevarlas al final no le encuentro ningún sentido”.

La vicepresidenta del Cuerpo, Cecilia Moreau, defendió la postura de Toniolli y aseveró: “me da vergüenza formar parte de esta Cámara, no por ustedes que son lo que son, sino por las complicidades de aquellos que se dicen republicanos y miran para abajo a la hora de cercenar la palabra en esta casa de la democracia”.

Tras un breve cuarto intermedio y como había anticipado, Toniolli llevó a cabo su cuestión de privilegio contra Martín Menem y añadió que fue quien “generó las condiciones operativas para que un grupo de diputados vayan a visitar a condenados por delitos de lesa humanidad”.

Llevó consigo al recinto un escrito con testimonios de víctimas de algunos de los exmilitares que salieron en la foto de la visita de Bendit, Montenegro, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo al penal de Ezeiza el pasado 11 de julio.

“Lo que cuestionamos es el carácter político de varias visitas que se encuadran en una avanzada más amplia, que busca impedir que los responsables de aberrantes crímenes contra la humanidad cumplan con sus condenas o eventualmente puedan cursarlas en su domicilio”, aseveró. “Todos los que estamos debemos preservar esos acuerdos democráticos”, cerró.

Sustentado en el artículo 75 de la Constitución Nacional, la Cámara de Diputados aprobó el tramite parlamentario que autoriza el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de las fuerzas nacionales fuera de él. Recibió 208 votos afirmativos, 8 negativos y 0 abstenciones.

El presidente de la Comisión de Defensa, Ricardo López Murphy, obró como miembro informante y explicó que “estos ejercicios combinados son para suscitar las tareas de defensa nacional”. Además, señaló que “estrechan el lazo con los países vecinos para poder ejercitarnos con mayores recursos que los de nuestro país”.

Brevemente, el jefe de bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, reprochó que este expediente “debió entrar en marzo la petición del Poder Ejecutivo”, y advirtió que “el ministro de Defensa (Luis Petri) cumplió, pero Cancillería -a cargo de Diana Mondino– lo tuvo parado tres meses”. “Que la próxima vez entre en tiempo y forma”, sugirió.

La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo el pasado 5 de junio en virtud del cumplimiento del inciso 28 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que establece que la autorización corresponde al Congreso.

“Se autoriza la salida de personal y/o medios del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, del Ejército Argentino, de la Armada Argentina y de la Fuerza Aérea Argentina del territorio de la Nación, y el ingreso de tropas extranjeras en él, según correspondiere, para la realización de los ejercicios combinados estipulados en el marco del Programa de Ejercitaciones Combinadas correspondiente al período comprendido entre el 1º de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025”, establece el proyecto.

Además, explica que “la práctica de ejercicios combinados de este tipo es una herramienta fundamental que permite robustecer el adiestramiento y entrenamiento del personal de nuestras fuerzas armadas; profundizando el acercamiento, conocimiento y confianza mutua, incrementando así la interoperabilidad con las fuerzas militares de otros países y la eficacia a la hora de llevar adelante alguna operación combinada en el futuro”.

De acuerdo al texto, se contemplan 15 ejercicios militares, de los cuales uno corresponde al Ejército Argentino, doce corresponden a la Armada Argentina y uno corresponde a la Fuerza Aérea Argentina. Del total de las ejercitaciones mencionadas, seis son de carácter multilateral, ocho tienen carácter bilateral y una, “Passex”, de oportunidad, pudiendo ser bilateral o multilateral según las circunstancias.

Dos de las ejercitaciones “Integración 2024” y “Viekaren”, plantean la atención a una situación de emergencia o catástrofe; seis DE ellos, “Acrux”, “Atlasur”, “Fraterno”, “Inalaf”, “Unitas” y “Cruzex”, son ejercitaciones en el marco de una hipotética misión de la Organización de las Naciones Unidas.

Además, “Operación Formosa”, plantea la integración de efectivos de la Armada Argentina en el empleo de los sistemas de armas utilizados por la Marina de Brasil; “Galapex” establece la organización y empleo de una fuerza multinacional para ejercitar la interoperabilidad de la vigilancia y control de espacios marítimos de interés, y dos de ellos, “Siforex” tiene por objeto incrementar el nivel de interoperabilidad y adiestramiento con foco en acciones submarinas y antisubmarinas, mientras que “Guinex” tiene por objeto trabajar de manera multinacional el control del tránsito marítimo en el ámbito de la ZOPACAS (Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur) interactuando con armadas del continente africano.

Con respecto a “Arandú”, diseña un ejercicio de planeamiento y simulación en el gabinete con medios informáticos de la plataforma del Ejército brasileño: Batalla Virtual. El ejercicio “Atlasur” brinda la oportunidad para compartir experiencias y promover vínculos allende nuestra región por realizarse con la Armada de la República de Sudáfrica.

Respecto del ejercicio “Passex”, constituye un eventual “ejercicio/s de oportunidad”, en el que se realizan actividades básicas de adiestramiento naval cuando una unidad de guerra extranjera efectúa un pasaje por el litoral marítimo argentino durante su traslado, y por ello no especifica fecha de realización, toda vez que la planificación y ejecución de este se encuentra supeditada al eventual paso de una unidad de guerra extranjera por aguas de la Zona Económica Exclusiva de la República Argentina.

Finalmente, el ejercicio “Vinciguerra” permite el entrenamiento de manera bilateral intercambiando técnicas y tácticas de entrenamiento en unidades de elite de la infantería de Marina, mejorando el proceso de planificación, preparación y manejo de riesgo de las operaciones en terreno montañoso propio del escenario austral.

Los tratados internacionales y el homenaje por la “Gesta de Malvinas”

Culminado el trámite parlamentario, la Cámara de Diputados también aprobó una serie de acuerdos internacionales con países de Europa, Asia y Sudamérica, y la iniciativa que homenajea al personal de la VI Brigada Aérea “Brigada Heroica”, en reconocimiento a todo el personal que participó en la Gesta de Malvinas “por los que entregaron su vida y por los que hoy son testigos vivos de lo actuado en el Conflicto del Atlántico Sur”. Fue 128 votos afirmativos, 2 negativos y 1 abstenciones.

Quedaron contemplados, además, en una sola votación nominal, los acuerdos sobre servicios aéreos entre la República Argentina y la República Checa y el Reino de los Países Bajos, junto con la aprobación de la convención de 1907 para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales firmada en La Haya; Además, está el acuerdo de cooperación en el sector de la Defensa con la República Italiana, y el tratado de extradición entre la República Argentina y Rumania.

Por su parte, tuvo aval de la Cámara baja el reconocimiento mutuo de medidas de protección para las mujeres en situación de violencia de género entre los Estados parte del MERCOSUR y Estados asociados con la República del Paraguay; y el acuerdo con la Republica de Turquía para evitar la doble imposición en materia de tributos sobre la renta y para prevenir la evasión y la elusión fiscal.

Finalmente, avanzaron para su posterior tratamiento en el Senado el acuerdo de cooperación técnica con República de Filipinas; el tratado de extradición con la República Federativa de Brasil; las enmiendas al artículo 8° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; y el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos relacionados con la Aviación Civil Internacional con la República China.

En el cierre del debate sobre el proyecto que amplía el Registro de Datos Genéticos para la investigación de delitos, la diputada oficialista Lilia Lemoine protagonizó un crudo relato, al contar que fue víctima de violación en 2006 y todavía guarda una prueba genética de su abusador.

“Les pido disculpas ante todo porque me va a temblar bastante la voz”, arrancó y expresó: “En el año 2006 yo fue víctima de violación, golpeo, secuestro. Mi violador seguía libre y volvió varias veces a mi casa. Yo no lo conocía, estaba loco. La policía supuestamente nunca lo encontró. No sé lo que pasó con la causa”.

La libertaria dijo que en su familia le enseñaron que “había que defenderse” y “si no logras defenderte lo denuncias, y hasta que no quede preso no paras”.
“El violador y el abusador repite; por un violador suelto hay decenas de mujeres y niños que son víctimas”, advirtió. Luego mencionó que conoció a la asociación Madres del Dolor y allí decidió “dejar de ser víctima y luchar para que las mujeres supieran lo que yo sabía, que valía la pena defenderse y denunciar”.

Lemoine rechazó “lo desagradable que es para una mujer tener que contar esto y que después te traten de loca, psiquiátrica o prostituta, como hacen algunos hombres en el poder cuando se los denuncia”. “Los medios llegaron a burlarse de mí, en particular un conductor de televisión de apellido (Roberto) Pettinato”, lanzó y destacó sí en cambio a otros periodistas que le dieron lugar como, Mauro Viale y Chiche Gelblung.

“Durante 18 años guardo una prueba genética, una botellita de agua que el violador usó para tomar. Yo no sé si sirve o no, pero la guardé esperando. Cada vez que el registro de ADN de violadores no se implementaba yo lloraba y me preguntaba ¿por qué esta burocracia de mierda se pone del lado de los violadores y de los asesinos?”, sostuvo.

La legisladora resaltó que “muchas mujeres por miedo o por vergüenza no denuncian”. “Les quiero decir a las mujeres que no tengan vergüenza porque los que hablen mal de ellas cuando denuncian son la basura”, afirmó.

“Tenemos derecho a que la Justicia y la política nos protejan, por eso es importante que el registro esté en manos de las fuerzas de seguridad. El registro tiene que servir para prevenir, porque son reincidentes”, agregó.

Finalmente, señaló que con estos cambios “los inocentes van a seguir siendo inocentes, y los culpables van a seguir siendo culpables, pero al menos con este registro la Justicia va a tener la posibilidad de salvar vidas”.

El oficialismo consiguió en la Cámara de Diputados la aprobación del proyecto de ley que busca ampliar el alcance del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a los delitos contra la integridad sexual, creado mediante la Ley 26.879, de modo de abarcar la investigación de otros delitos graves.

La votación resultó con 146 votos positivos, 87 negativos y 8 abstenciones. Ahora deberá tratarse en el Senado. El debate contó con la presencia de referentes de Madres del Dolor, que la semana pasada, cuando fracasó por falta de quórum la sesión, también habían asistido.  Entre ellas estuvieron Isabel Yaconis y Jimena Adúriz, cuyas hijas –Lucila Yaconis y Ángeles Rawson, respectivamente- fueron víctimas de femicidio. 

El texto es parte del conocido “paquete Bullrich”, un conjunto de iniciativas promovidas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, entre las que también está la ley antimafias.

El Registro funcionará en el fuero federal y nacional, pero se podrán firmar convenios entre la Ciudad de Buenos Aires, las provincias y el Ministerio de Seguridad de la Nación, con el fin de que sus poderes judiciales y ministerios públicos puedan utilizar sus servicios.

Un artículo caído y modificaciones en particular

Durante la votación en particular, la redacción del articulado sufrió modificaciones luego de que el artículo 2 resultara rechazado con 126 votos negativos, 111 votos afirmativos y 2 abstenciones. Tras casi una hora de cuarto intermedio, los bloques acordaron una nueva redacción que establece que el Registro de Datos quedará bajo la órbita del Ministerio de Justicia y no del de Seguridad como pretendía el Ejecutivo. La votación resultó con 231 votos afirmativos, 0 negativos y 7 abstenciones.

El artículo 3 quedó igual y fue aprobado con 145 votos afirmativos, 92 negativos y 0 abstenciones. No corrió la misma suerte el artículo 4 que sufrió cambios en su redacción, puntualmente el inciso “E” que quedó de la siguiente manera: “Perfiles genéticos de una persona mayor de edad imputada, procesada o sobre la que recayese resolución judicial equivalente, o condenada en un proceso judicial o huellas que se encontraron asociadas con su identificación, así como los perfiles de quienes no fueron condenados por mediar una causa de inimputabilidad penal. A los fines de esta ley se considerará persona imputada desde el primer llamado efectuado con el objeto de recibirle declaración indagatoria o equivalente. En el caso de los menores de edad, sus perfiles genéticos solo podrán ser Incorporados si fueron declarados penalmente responsables por la comisión de un delito. Los datos serán removidos cuando la persona Imputada, procesada o condenada sea desvinculada de la investigación a través de una resolución judicial que adquiera certeza de cosa juzgada, o cuando no se haya resuelto la situación procesal y la etapa de Investigación se extienda por más de tres años”. Así, resultó afirmativo con 232 votos a favor, 5 negativos y 0 abstenciones.

En el artículo 5, Laura Rodríguez Machado precisó que se modificó: “Se considera persona imputada desde el primer llamado a la primera indagatoria” y que ““los datos serán removidos cuando la persona imputada, procesada o condenada sea desvinculada de la investigación procesal”. Resultó afirmativo con 145 votos a favor, 93 negativos y 0 abstenciones.

En tanto del artículo 6 se quitó la frase “delitos culposos” y se aprobó con 231 votos afirmativos, 5 negativos y 0 abstenciones. Del artículo 7 se modificó “de encontrarse compatibilidad reiterar la extracción de la muestra bajo orden judicial del órgano competente” siendo aprobado con 231 votos afirmativos, 5 negativos y 0 abstenciones hasta el artículos 11.

En el artículo 12 que crea el art. 12 bis, se modificó el párrafo “y en caso de negativa, la obtención de la muestra se obtendrá mediante orden de autoridad judicial competente (se elimina la expresión “compulsiva”) resultó aprobado con 231 votos a favor y 5 en contra. Del artículo 13 al 18 fueron aprobados con 145 votos afirmativos, 92 negativos y 0 abstenciones.

El debate

En el arranque del debate, la miembro informante del dictamen de mayoría, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, destacó que entre los bloques “hay absoluta coincidencia en que hay que modificar esta ley, que hay que ampliar el Registro, que hay que incorporar el ADN de contacto para que se sumen nuevos perfiles”, y que “los despachos en disidencias no tienen que ver con el contenido central, que es ampliar el Registro” sino con “detalles”. 

Para la legisladora del Pro, esta modificación “nos va a permitir incluir más perfiles genéticos; la ley que vamos a modificar solo incluía a quienes ya estaban condenados por delitos contra la integridad sexual”. “Para las personas que actualmente se encuentran procesadas vamos a incluir su perfil genético por el lapso de cuatro meses”, precisó. Luego, ponderó el ejemplo de la provincia de Mendoza, donde un registro de estas características funciona desde 2016 y permitió “el esclarecimiento de más de 4.000 casos penales con casi más de 1.000 coincidencias de huellas genéticas que se encontraron en lugares de delitos y con perfiles genéticos que había en este banco”. 

 “Es uno de los proyectos más importantes en materia de investigación criminalística desde el año 1912”, opinó la cordobesa, quien recordó el caso de Lucila Yaconis en 2003: “20 años después la causa de Lucila está abierta”. 

Para Rodríguez Machado, de esta manera se va a “ampliar la posibilidad para que muchas madres y mujeres puedan encontrar a través de este nuevo sistema quienes son sus victimarios”, y “le demos una instrumento a la Justicia para que eso cambie”. “Vamos a evitar que sigan sueltos violadores que están sueltos en las calles todos los días”, agregó. 

El dictamen de minoría fue defendido por el diputado de Unión por la Patria Martín Soria, quien resaltó que durante el gobierno kirchnerista se había creado el Banco Genético original, y ponderó el avance de esta norma puesta en debate, aunque aclaró que “lamentablemente” no se habían podido zanjar diferencias de criterios que consideró “fundamentales” con el dictamen de mayoría, por lo que se vieron “obligados” a emitir una propuesta que UP que considera “superadora”.

Habló de diferencias puntuales que planteó en “tres ejes centrales”. El primero, “la inconveniencia de que este registro sea traspasado desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich”. El segundo punto de discrepancia es “la toma de muestras de ADN” en cualquier tipo de delito. Y el tercer elemento tiene que ver con “la designación sin concurso ni criterios técnicos del director de Huellas Genéticas, y la imposición de reemplazar el software gratuito nacional creado en 2013 y que entró en operatividad entre 2021 y 2023 por un software extranjero, el CoDIS del FBI”.

“Proponemos que el registro continúe como hasta ahora en el ámbito de Justicia, dotándolo de autarquía funcional y financiera, asegurando una mayor protección en los datos y perfiles genéticos -señaló el rionegrino-. El uso de datos genéticos y la regulación de esos datos debe ser muy rigurosa, tenemos que ser muy claros en qué casos debe ingresar una persona a ese registro. No puede quedar al arbitrio de cualquier ministro o directores políticos de turno, sin orden judicial”.

Y agregó: “Nuestro proyecto dice que debe respetarse el cumplimento irrestricto de la Ley de Datos Personales”. En esa línea, el opositor mencionó que en el pasado reciente hubo en la Ciudad lo que definió como un “escándalo”, al comprobarse que el Ministerio de Seguridad porteño había accedido en forma ilícita a información biométrica de más de 7 millones de argentinos. “Fue un escándalo, de ahí el peligro y la rigurosidad que debemos tener y reclamamos”, enfatizó el exministro de Justicia. 

Soria rechazó la voluntad de impulsar un muestreo y almacenamiento compulsivo de los perfiles genéticos, para “entregarle una herramienta fuertísima de mapeo genético a una de sus ministras”. Habló de la necesidad de resguardar la privacidad de todos los habitantes de la Argentina y rechazó la inclusión en el registro por delitos leves, como un accidente de tránsito. “Nuestro proyecto acota el catálogo de delitos a los graves; solo se le extrae la muestra a aquellos que cometen delitos graves que tienen penas mayores a seis años”, explicó.

Asimismo, Soria alertó sobre el costo de llevar adelante un mapeo tan grande que involucre a cualquier persona. Corrió por derecha al Gobierno al señalar que si habían hablado de “degenerados fiscales”, con “semejante proyecto tendrían que hablar de degenerados  penales”.

Por último, pidió establecer criterios técnicos y comprobables de las personas que van a conducir este registro. Sobre el sistema “CoDIS”, advirtió que ha sido ofrecido “gratis” por el FBI, y se preguntó: “¿Estamos dispuestos a semejante nivel de sumisión dándole datos tan personalísimos a un poder extranjero, con la vulnerabilidad de nuestra soberanía que significa darle los datos genéticos de todos sus habitantes?”.

También desde UP, el diputado Ramiro Gutiérrez resaltó que “el perfil genético da 99,9% de certeza” y “en todo proceso de investigación es la prueba más certera, por eso está saldada esa discusión”. Pero opinó que “esta ley no es necesaria porque el tema ya está regulado desde 1968” con la Ley 17.671 de identificación, registro y clasificación humana. “Estamos perdiendo tiempo, sólo se necesitaba un decreto del Poder Ejecutivo”, dijo. 

El legislador massista alertó que “con esta ley todo imputado va a tener que presentar su material genético” y “eso está mal”, ya que “solo deben ser incorporadas las personas sobre las que exista sospecha penal”. Además, al igual que Soria, aseveró que “no puede quedar en el ámbito del Ministerio de Seguridad. Le estamos dando al auxiliar la custodio de la evidencia. ¿Le vamos a dejar al Ministerio de Justicia solo el Registro de Automotores?”. 

A su turno, el libertario Santiago Santurio sostuvo: “Para nosotros la justicia y la seguridad son temas importantes. Nosotros no hacemos un eslogan retórico que en el fondo lo único que quiere es encubrir a los amigos y perseguir a los que no lo son. Para nosotros es fundamental que se identifique a los criminales y que vayan a la cárcel”.

Al hablar de elaborar políticas de seguridad y de justicia, expresó que eso no se hace “con organismos que lo único que hacen es transformarse en yacimientos de empleados públicos que solo alimentan una planta política que no ofrece ninguna mejora en la calidad de todos los argentinos, y tomar políticas que tengan verdadero impacto en mejorar la justicia y la seguridad en nuestro país”.

La radical Soledad Carrizo destacó que la modificación a la ley viene a ampliar, no solo en delitos, sino también “en la información que se va a cotejar” y precisó que el banco genético “va a tener información relevada de personas de víctimas, personal de seguridad, un amplio universo”. Así, resaltó que se tuvo “especial consideración mantener las medidas de seguridad y protección de datos ya que Argentina está adherida a convenios y no se va a vulnerar”.

Carrizo dio datos de lo que ocurre en la provincia de Córdoba donde crecieron un 26% los robos en casas y un 16% de autos y bregó para que se adhiera al Banco, ya que “con ello van a poder resolver los delitos que aún no se lograron y atacar de una manera clara y con confianza aun flagelo que está haciendo agua y no tenemos respuesta por parte del Gobierno”.

La socialista Mónica Fein apoyó la ampliación de la ley vigente que fue “creada para identificar defensores de delitos sexuales. Acompañamos la idea de hacer extensivo el registro a otros delitos”. “El Ejecutivo plantea que en este registro de datos genéticos pueda ser entrecruzados con todos los registros del país y plantea que el Ministerio de Seguridad habilite el convenio con provincias y capital federal. También es muy positivo que tenga como objetivo la búsqueda de personas desaparecidas o la identificación tanto de personas como de cuerpos”, resaltó.

Sin embargo, la santafecina explicó por qué no acompañaron algunos temas en particular: “El dictamen fuerza la idea de que estos delitos o el registro deben mantenerse en el ámbito del Ministerio de Seguridad, pero la función del ministerio es prevenir el delito y ejecución de las penas y no investigarlos, por lo tanto, creemos que el artículo 2 no es adecuado ya que debe mantenerse en el ámbito de la justicia”, y, además, consideraron que “no es conveniente la registración de los imputados desde el punto de vista Constitucional, puesto que la Corte Suprema como la Corte Interamericana, han planteado que esto vulnera el principio de la inocencia, se da en el artículo 4 y 6”.

En el mismo sentido, desde la Coalición Cívica Mónica Frade destacó la labor en comisión por “corregir el desastre que era el proyecto del Ejecutivo. Pocas veces he visto una técnica legislativa tan deficiente, tan descuidada y con tantas inconstitucionalidades. Los esfuerzos de la comisión y de los miembros, mejoraron sustancialmente una idea que es muy buena y tuvo resultados muy buenos en Mendoza y La Pampa donde el Registro depende del Poder Judicial”.

Así, se mostró en contra del artículo 2 que establece que el Registro de Datos quedará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad: “Si tan bien funciona en el marco del Ministerio de Justicia que es el ámbito natural de investigación de los delitos complejos, por qué razón han mantenido el empecinamiento de mantenerlo en la órbita del de Seguridad. Es un grave error y no estamos de acuerdo con eso”.

También mostró “serias diferencias con el artículo 4 inc. E que habla de imputados que gozan del principio de inocencia, lo dice la Constitución Nacional, con esto se está violando ese principio”. Además, señaló que el artículo 6 indica cuáles van a ser los delitos incorporados como homicidios, abuso sexual, narcotráfico y robos agravados y advirtió que “no hace distinción entre dolosos y culposos”, y preguntó por qué no está incluido el delito de trata en el proyecto “es un grave error” y sostuvo: “Estos artículos, así como están, no pueden ser votados”.

“El artículo 9 dice que está garantizada la trazabilidad de la muestra, pero no está. Se alteran las cadenas de custodia por corrupción y el narcotráfico compra todo, políticos, jueces. ¿Cómo no va a comprar esto? Vamos a ver con qué sale el Ejecutivo con esto que dice que quiere combatir el narcotráfico, pero camina en sentido contrario. Me preocupa es que los abogados penalistas que tienen narcotraficantes y autores de trata, van a tener hermosos agujeros procesales para declarar la nulidad de los procesos. El artículo 12 bis es inconstitucional, al igual que el 17”, explayó Frade.

Por último, preguntó: “¿Cuál es el criterio del Gobierno? Se puede cortar una ruta y lo meten preso 3 años, pero si alteran registros para imputar a alguien tiene menos pena. Este Gobierno es punitivo para los pobres, pero para los narcotraficantes los miran con cariño”, y cerró: “Los artículos 9 y 17 son consideraciones políticas, pero el 2, 4, 6 y 12 bis son inconstitucionales y los voy a votar negativo”.

Desde el Frente de Izquierda, la diputada Vanina Biasi se puso como ejemplo de ser eventualmente perjudicada: “A mí tendrían que extraerme los datos genéticos, porque fui imputada en una causa en donde se me acusa de haber dado mi opinión por Twitter”. Apuntó luego que el registro “se amplía hacia algunos delitos, en donde no se marca si van a ser culposos o dolosos” y “mañana se tomarán medidas para seguir ampliando el alcance de estos supuestos delitos”. 

“Aparece la problemática tan sentida de las Madres del Dolor como un caballo de Troya, en donde detrás vienen las verdaderas intenciones de las políticas del Gobierno nacional, que está obsesionado por obtener todos los datos de esta población. Y encima de todo nos dicen que esa base de datos tiene que ser transferida del Ministerio de Justicia al de Seguridad”, advirtió y cuestionó a los oficialistas: “Son unos oportunistas y no les importa absolutamente nada que las mujeres seamos violadas, abusadas sexualmente, acosadas, perseguidas”. 

Su par Alejandro Vilca remarcó que la ley de Datos Genéticos fue reglamentada en 2017 por lo que “ya existe, no se va a discutir nada a lo referido a delitos sexuales. La modificación amplia a otros delitos y es peligroso y envuelve trampas”, y alertó que “quieren hacer pasar con esto otras normas penales que intentaron con el DNU 70 y Ley Bases y las quieren presentar como nuevas leyes”.

“Este paquete tiene como eje central establecer un mayor control social y una pérdida de derechos individuales. Se busca un registro para abarcar la identificación genética de todos los delitos previstos en el Código Penal”, criticó y sumó: “El proyecto atenta contra el principio de lesividad y proporcionalidad y ataca a los derechos de privacidad y dignidad de las personas acusadas o condenadas por hechos leves que deberán soportar cuando el Estado almacene sus datos. Esto es inconstitucional y declaro sesgos persecutorios y violatorios de derechos porque está pensado como herramienta represiva y donde todos seremos sospechosos”.

Entre lágrimas, la diputada libertaria Lilia Lemoine denunció haber sido víctima de una violación, golpes y secuestro cuando tenía 26 años. Apuntó contra la oposición mas dura y cargó: “Los veo reírse ante una mujer que fue violada”. Luego, relató que guarda una botella de agua del victimario como “prueba genética”. “Él seguía libre, la policía nunca lo encontró y no sé qué pasó con la causa”, agregó.

Puntos principales del proyecto 

Entre los objetos del Registro se menciona que serán: “Contribuir al esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial, particularmente en lo relativo a la individualización de los presuntos autores, así como a la desvinculación de personas ajenas al delito, mediante la comparación de perfiles genéticos provenientes de laboratorios debidamente acreditados”.

También, “identificar y favorecer la determinación del paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas” y “discriminar las huellas de todo personal que interviene directamente en la escena del hecho delictivo”.

“Los perfiles genéticos de víctimas de delitos o de familiares de personas desaparecidas o extraviadas no podrán ser utilizados como muestra para el esclarecimiento de un hecho delictivo, excepto que los aportantes lo consientan expresamente”, aclara el texto.

De acuerdo al proyecto con media sanción, además del perfil genético “se almacenarán, en forma independiente” el nombre y apellido, fecha y lugar del nacimiento y el número de DNI/pasaporte y la autoridad que lo expidió.

“El titular de los datos tendrá derecho a acceder y eventualmente corregir sus datos en el caso de que sean erróneos, en cualquier momento”, reza la iniciativa, que además expresa que el uso de la información deberá atender a los criterios de la normativa sobre Protección de Datos Personales.

Otro de los artículos señala que “a fin de optimizar la asignación de recursos, la incorporación de perfiles genéticos se realizará otorgando prioridad de ingreso al registro a los perfiles genéticos de imputados, procesados o condenados por los siguientes delitos: homicidio, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados.

“La información contenida en el registro tendrá carácter de dato sensible, reservado, y solo será suministrada a las autoridades judiciales o del Ministerio Público, en el marco de una causa judicial determinada”, indica y añade que “en ningún caso podrá solicitarse o consultarse la información contenida en el registro para otros fines distintos a los establecidos” en la ley.

Además, “bajo ningún supuesto el registro podrá ser utilizado como base o fuente de discriminación, estigmatización, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad y honra de persona alguna”, resalta y prohíbe “el intercambio de información genética sobre las personas con bancos o registros de datos genéticos privados de cualquier índole”.

Por otra parte, se establece que el Registro estará a cargo de un director que “será designado por el presidente de la Nación, previo concurso público de oposición y antecedentes y durará en sus funciones seis años, pudiendo ser reelegido previa consulta a la Comisión Nacional de Huellas Genéticas para los períodos subsiguientes”. “El tribunal evaluador del concurso precitado estará integrado por los miembros de la Comisión Nacional de Huellas Genéticas”, agrega.

En las modificaciones al proyecto original, se incorporaron cambios al artículo 157 bis del Código Penal, de modo de establecer que será reprimido con la pena de prisión de un mes a dos años el que: “a sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales; al que ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la ley; y al que ilegítimamente insertare o hiciere insertar datos en un archivo de datos personales”.

Cuando el autor sea funcionario público sufrirá, además, pena de inhabilitación especial de uno a cuatro años. A su vez, cuando las conductas reprimidas se hicieran para acceder, revelar, insertar o suprimir datos que afectaren a un banco de datos genéticos, registros, exámenes o muestras de ADN, la pena será de prisión de seis meses a cuatro años, con más inhabilitación especial para ejercer la profesión de dos a cinco años.

Esta vez no fracasó la sesión en la Cámara de Diputados y el oficialismo logró el quórum sin la presencia del bloque de Encuentro Federal, presido por Miguel Pichetto, cuya ausencia había sido clave en la frustrada reunión de la semana pasada. 

Con más asistencias garantizadas en los bloques que sí se sentaron desde el arranque, La Libertad Avanza vio como el tablero marcó el mágico número de 129 presentes a las 11.41, cuando faltaban cuatro minutos para que se cumpliera el tiempo de espera. 

Además de sus socios del Pro, al oficialismo lo acompañaron los tres aliados tucumanos del bloque Independencia; Carolina Píparo y su compañera Lorena Macysyn de Buenos Aires Libre; la monobloquista tucumana Paula Omodeo; y los tres miembros del Movimiento de Integración y Desarrollo. Justamente Oscar Zago, presidente del MID, fue el último en sentarse, aunque no el último en llegar al recinto, donde estuvo con anticipación. 

También aportaron al quórum los bloques de Innovación Federal; Por Santa Cruz; Producción y Trabajo; Movimiento Popular Neuquino; y la Coalición Cívica. 

El bloque de la Unión Cívica Radical, que festejó la inclusión de financiamiento universitario en el temario, bajó casi en su totalidad. Sólo faltaron tres: Juan Carlos Polini -quien no viajó a Buenos Aires-, Facundo Manes y Pablo Juliano. En tanto, tres radicales fueron los últimos en llegar para completar el número de 129: Jorge Rizzotti, Fernando Carbajal y Marcela Coli. 

Además del bloque de Pichetto, con 16 integrantes, no dieron quórum los legisladores de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. 

Con un quórum alcanzado con 129 diputados a las 11.41 arrancó finalmente este miércoles la primera de las tres sesiones pedidas para esta semana. En este caso, la solicitada por el oficialismo y el Pro, para tratar los mismos temas previstos para la semana pasada, más el de esencialidad educativa y un tema incorporado este miércoles temprano.

Para la realización de la sesión -que en Labor Parlamentaria fue atrasada quince minutos en su horario de inicio- fue clave que el oficialismo aceptara incorporar al temario el proyecto de ley de Financiamiento de Universidades Nacionales, reclamado por el radicalismo para sumarse al quórum. El tema fue incorporado al temario inmediatamente después del tratamiento del dictamen sobre educación obligatoria como servicio estratégico esencial y antes de la cuestión de la regularización sobre armas de fuego y prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.

El quórum fue alcanzado sin la presencia del bloque Encuentro Federal, que ya había faltado la semana pasada en la frustrada sesión.

También se acordó que la sesión pedida por parte de la oposición para este jueves para debatir el DNU 646/24 pase de las 10 de la mañana a las 13.

Para esta sesión se espera un debate de entre 20 y 29 horas, y no se descarta que vayan a acordar un cuarto intermedio a medianoche.

Con todo, más allá de esos temas, se espera un intenso debate en torno los temas políticos que dominan la escena, más allá de que algunos hayan perdido cierta gravitación, como las elecciones en Venezuela. La excursión de un grupo de diputados libertarios al penal de Ezeiza atraerá la máxima atención, aunque ese tema será abordado este jueves en una reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento.

Ni hablar de la denuncia de Fabiola Yañez contra el expresidente de la Nación Alberto Fernández, por violencia de género.

Más allá de esas vicisitudes, este es el orden del temario acordado para esta sesión:

✅ Renuncia diputado Alfredo Vallejos y asume Federico Tournier (UCR).

✅ Renuncia del doctor Tomás Figueroa como secretario Parlamentario y asume el doctor Adrián Pagán.

✅ Minuto de silencio por los fallecimientos de Analía Elena López Murphy, Ana Castagneto, Francisco Giustinian y Blanca Nelly Nuno.

Orden de la sesión:

✅ Creación de Registro Nacional, de Datos Genéticos.

✅ Tratados internacionales (votación en bloque) y Entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y salida de él de las fuerzas nacionales.

✅ Educación Obligatoria como servicio estratégico esencial.

✅ Ley de Financiamiento de Universidades Nacionales.

✅ Regularización sobre Armas de Fuego y prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.

✅ Resolución sobre el fraude electoral en Venezuela.

✅ Cuestiones de privilegio, apartamientos de reglamento y homenajes al final.

Detalle del temario

Encabeza el temario la modificación a la Ley 26.879 sobre Creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual; y la de la Ley 26.216 de Armas de Fuego. Esos proyectos son parte del paquete de seguridad remitido al Congreso por el Ejecutivo, que ya cuentan con dictamen.

También, se encuentra el trámite parlamentario con relación a la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la declaración como “Brigada Heroica” en homenaje y reconocimiento al personal que participó en la Gesta de Malvinas, y una serie de acuerdos internacionales con las naciones de República Checa, el Reino de los Países Bajos, Italia, Filipinas, Brasil y Rumania.

El tema que se incorpora al temario de esta sesión es el proyecto de ley que declara “servicio estratégico esencial” a la educación, el cual tiene el aval del oficialismo, el Pro, los radicales, la Coalición Cívica, Innovación Federal y la Encuentro Federal, en disidencia.

Tal iniciativa cuenta con el dictamen de la Comisión de Educación. Desde la oposición más dura (Unión por la Patria y el Frente de Izquierda Unidad) hubo malestar por la celeridad que se le dio al tratamiento y además, hubo cuestionamientos a Presidencia por la rapidez en los giros de las demás comisiones competentes.

Como hemos dicho, la situación en Venezuela será motivo de otra discusión importante y está ahora sí en el temario. Con dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, se pondrá a consideración un repudio que incluye seis puntos que van desde el “repudio al fraude electoral perpetrado por parte del Gobierno de Nicolás Maduro”, a la preocupación por la “escalada represiva” en el país caribeño.

Con la intención de marcar posición, el bloque de Unión por la Patria había difundido un comunicado en el que le reclamó al presidente venezolano mostrar las actas de votación. Empero, no suscribió el dictamen emitido en Relaciones Exteriores y se verá si acompañarán en el transcurso de la sesión.

A continuación, detallamos el orden de la sesión prevista para este jueves, según lo acordado en Labor Parlamentaria.

✅ Renuncia diputado Alfredo Vallejos y asume Federico Tournier (UCR).

✅ Renuncia del doctor Tomás Figueroa como secretario Parlamentario y asume el doctor Adrián Pagán.

✅ Minuto de silencio por los fallecimientos de Analía Elena López Murphy, Ana Castagneto, Francisco Giustinian y Blanca Nelly Nuno.

Orden de la sesión:

✅ Creación de Registro Nacional, de Datos Genéticos.

✅ Tratados internacionales (votación en bloque) y Entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y salida de él de las fuerzas nacionales.

✅ Educación Obligatoria como servicio estratégico esencial.

✅ Ley de Financiamiento de Universidades Nacionales.

✅ Regularización sobre Armas de Fuego y prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.

✅ Resolución sobre el fraude electoral en Venezuela.

✅ Cuestiones de privilegio, apartamientos de reglamento y homenajes al final.

La guerra de sesiones instalada en la Cámara baja para esta semana sigue sin resolución. Así llegan los diputados a este miércoles, donde hay dos sesiones oficializadas, una para las 11 y otra para las 16, y una convicción: solo una de las dos puede efectivizarse. O ninguna.

El resultado que tendrá este juego de tira y afloje se podrá vislumbrar a partir de las 9.30, cuando se inicie la reunión de Labor Parlamentaria. Allí llegarán las partes con dos posturas contrapuestas, a ver si alguno afloja (difícil): el radicalismo, que ha pedido la sesión de las 16, para tratar el presupuesto universitario, insistirá para que el tema se incluya en el debate de la sesión de las 11, esa que pidieron diputados de La Libertad Avanza y el Pro, para abordar el mismo temario que el miércoles pasado, más esencialidad educativa.

Si el oficialismo da el brazo a torcer y acepta, contará con la presencia de los radicales a partir de las 11 para dar quórum y llevar adelante la sesión. Si LLA mantiene la postura emanada desde la Casa de Gobierno de no aceptar ese debate, porque contribuye al déficit fiscal, la ausencia de los radicales será clave para el fracaso de la sesión de las 11. Recordar tan solo que la semana pasada el bloque radical asistió casi en su totalidad (le faltaron solo 3 diputados) y la sesión se cayó, por la ausencia de Encuentro Federal.

A propósito, ¿qué plantean los del bloque de Miguel Pichetto? A priori, hay cierta predisposición a colaborar esta vez, pero sí y solo si se da una serie de condiciones, a saber: acortar el temario; ordenar el debate, con acuerdos y ejercicios militares primero, luego Banco de Datos Genéticos y armas, y dejar esencialidad educativa para el final. Con una novedad: cuarto intermedio a las 22, para poder garantizar que el jueves se pueda sesionar para tratar el DNU 646/24, de los fondos reservados. Recordar que ellos son los que motorizan esa sesión.

Si fracasa la sesión de las 11, será un gran dolor de cabeza para el titular de la Cámara baja, Martín Menem, que sufriría un segundo traspié con el quórum apenas una semana después de haber bebido esa medicina. Por eso hay línea abierta con la Casa Rosada para ver hasta dónde se puede negociar.

Como sea, si esa sesión se cae, toda la atención estará puesta en la cita de las 16, esa que pidieron los radicales a través de una nota encabezada por Danya Tavela. Saben que para esa reunión cuentan con la anuencia de Unión por la Patria y la izquierda. Con ellos solos no alcanza, hay que sumar más y por eso estarían dispuestos a incorporar la declaración de la educación obligatoria como servicio esencial.

“Nosotros encantados de la vida de incluir esencialidad a la tarde”, confió una fuente del bloque radical, que fue aún más lejos al aclarar que “lo vamos a hacer de hecho, independientemente de lo que hagan ellos… Pero ellos no quieren dar quórum para universidades”.

Ese anzuelo es para el Pro, que igual podría privilegiar su alianza con LLA y no sumarse a la tarde, aunque eso está por verse. Los que no se tientan en cambio por esencialidad son obviamente UP y la izquierda, que votarán en contra con las dos manos.

¿Y qué pasará el jueves, cuando está convocada la tercera sesión, para rechazar el DNU de los fondos reservados? Algunas fuentes opositoras se entusiasman en asegurar que contarían con 140 votos. Considerando a Encuentro Federal (16), los 7 radicales firmantes del pedido de sesión (que algunos aseguran podrían ser una veintena), la Coalición Cívica (6), UP (99) y la izquierda (5), estaría asegurado el quórum.

Los radicales no han tomado una definición sobre esa sesión, aunque critican el DNU. Fuentes del partido centenario consultadas aclararon que están esperando también si se constituye la Bicameral de Inteligencia, que es donde deben controlarse los gastos reservados. Pero esa es otra cuestión. O no…

Con la voz de diputados autores de proyectos vinculados al tema, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados continuó con el debate de un nuevo régimen penal juvenil, discusión que se inició a partir del envío de una iniciativa por parte del Gobierno, donde propone llevar a 13 años la edad de imputabilidad.

Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; y Presupuesto y Hacienda volverán a reunirse el próximo martes, según confirmó Laura Rodríguez Machado, presidenta de la comisión cabecera.

En el siguiente encuentro comenzarán las rondas con especialistas, que tratarán de ordenar en función de las distintas aristas que contienen las propuestas. En tanto, invitados que sean considerados por su experiencia personal o testimonio en particular serán convocados luego de los expertos.

Autor de uno de los proyectos más estrictos, ya que plantea llevar la edad de imputabilidad a los 12 años, el oficialista Álvaro Martínez arrancó su intervención: “La delincuencia ha crecido hace mucho tiempo por políticas criminales erráticas, donde la educación no era una prioridad, por políticas de escuelas cerradas, por políticas donde se prefería liberar a los presos que tenerlos cumpliendo una condena”.

“Estoy de acuerdo con la baja de la edad de imputabilidad y en su gran mayoría con el proyecto del Ejecutivo”, afirmó, para recordar luego que la actual Ley 22.278 fue “hecha en la dictadura” y “es una ley netamente punitivista, que no respeta ni tiene tiene criterio de los derechos humanos. Creo que es una obligación que tenemos nosotros de actualizar esta norma”.

Sobre su propuesta de llevar a 12 años la edad de imputabilidad, el mendocino consideró que esto “va a ser de carácter disuasivo”. “Entendemos que menos menores van a cometer delitos”, dijo y agregó que “se va a estar protegiendo a la sociedad de actos delictivos graves”. Habló de la necesidad de “una intervención temprana por parte del Estado” para “para garantizar la reinserción y evitar la reincidencia”, al tiempo de “generar las condiciones para que los jóvenes no sigan el camino delictual”.

El legislador de La Libertad Avanza señaló que en la región, “Argentina y Cuba, ambos con 16, continúan con una edad alta de imputabilidad”, mientras que con 12 años están “Brasil, México, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Honduras”. “Establecemos los 12 años, porque ya tiene capacidad para saber lo que está bien y lo que está mal”, aseguró.

Al exponer sobre su proyecto, la diputada del bloque Buenos Aires Libre Carolina Píparo explicó que el mismo “no está dentro del marco del debate del régimen penal juvenil”, sino que “tiene que ver con que se pueda tener en cuenta la reincidencia de los menores desde que son imputables”. “La cuestión de la reincidencia no cambia con la edad de quien comete el delito y este discurso viene siendo cancelado con la cuestión de la estigmatización”, apuntó.

La exlibertaria remarcó que “la reincidencia es un documento que debería tener un juez para ponderar la próxima pena. No es una creencia sobre, son hechos que ya están probados por la Justicia”. En ese sentido, “considerar la reincidencia es necesario, y yo creo que aún más cuando el camino del delito empieza a más temprana edad, porque sino esta conducta se termina consolidando y convirtiéndose en un hábito, pero sobre todo se siguen sumando víctimas”, expresó.

Píparo mencionó que en 2016, bajo la gestión de Germán Garavano al frente de la cartera de Justicia, cuando se debatió sobre esto, “los organismos de derechos humanos decían que ‘ningún pibe nace chorro’. Lo cual estoy absolutamente de acuerdo, por supuesto ningún pibe nace chorro y tampoco queremos que se conviertan en chorros”. “Ahora, ¿qué hacemos? Porque una vez que una persona ha tomado el camino del delito debe ser tratado como tal, como un delincuente, incluso si es menor, porque mirar para el costado es una gran trampa y una hipocresía”, enfatizó.

Por su parte, la radical Carla Carrizo defendió que su proyecto recoge acuerdos y consensos del trabajo realizado en torno al tema durante la gestión de Cambiemos y pidió tomar “la edad como piso, no como techo, no podemos menos de 14. De 14 en adelante sí, menos de 14 no, la primera gran diferencia con el Gobierno”.

Además, subrayó que esta debe ser una ley que “tiene que trascender todos los gobiernos y perdurar”. “No es necesario empezar por el proyecto del Ejecutivo. Creemos que no es el mejor, no solo por los 13 años, sino por el sistema que propone”, dijo y aclaró que “esto no es una herramienta de gobernabilidad, es una cuestión de Estado”.

Desde Unión por la Patria, la diputada Natalia Zaracho aseguró que “no podemos discutir un régimen penal adolescente sin discutir el contexto en el que estamos”. “No estamos a favor del delito”, manifestó, pero planteó la necesidad de abordar una “propuesta integral que tiene que ver con la prevención y la no reincidencia”.

“Tiene que quedar la edad en 16, claramente la baja no garantiza que haya una política de seguridad”, opinó y reclamó “invertir en los lugares que ya existen (institutos de detención), que de hecho funcionan mal”. “La única opción que el Estado le ofrezca a los pibes no puede ser la cárcel”, sumó.

La dirigente del Frente Patria Grande también subrayó que se requiere de prevención, “urbanizando los barrios populares, garantizando que las escuelas públicas estén en buenas condiciones y no desfinanciando a los clubes de barrio”.

En último lugar, el diputado radical Manuel Aguirre consideró que este proyecto se debe “a la crisis de familia que tenemos”. “Mi intención es recuperar al ser humano, a los chicos, de la conducta desviada que tienen por muchas causas”, entre esas adicciones, educación, falta de trabajo, sostuvo. “Yo no quiero que cuando tengan 20 o 25 años tengamos que estar teniendo más cárceles”, afirmó y resaltó la necesidad de trabajar en la prevención. También llamó -respecto a la edad- a analizar “la madurez mental, si tenía la capacidad de entender o comprender lo que estaba haciendo”.

Una nueva tanda de invitados asistió este martes a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, en el marco de la continuación del debate que se inició sobre los proyectos referidos a “ficha limpia” para que personas acusadas por corrupción no puedan ser candidatos a cargos electivos.

En la docena de iniciativas presentadas hay matices sobre a partir de qué instancia judicial correría la restricción y qué delitos se incluirían. Los textos son impulsados por los bloques del exJuntos por el Cambio -Pro, UCR y CC-, pero también hay de La Libertad Avanza. Además, en la Asamblea Legislativa de este año, el presidente Javier Milei mencionó la propuesta dentro del paquete de “leyes anti-casta” que prometió impulsar.

El primer orador de la jornada fue el abogado Alejandro Fargosi, quien enfatizó que “no podemos tener regímenes jurídicos distintos para los políticos de los que hay para los ciudadanos, esto no puede ser, porque está mal. Los diputados y senadores, y los miembros del Poder Ejecutivo, no tienen ningún privilegio respecto de las personas comunes”.

Respecto del momento del proceso judicial a partir del cuál debería correr la prohibición, el exconsejero de la Magistratura opinó que “la sentencia en primera instancia, más allá de que no tenga carácter de cosa juzgada y por que por ende no exista culpabilidad establecida, debe ser un obstativo para la presentación ante cargos electivos”.

“No porque la persona sea culpable, que todavía no lo es, sino sencillamente porque el derecho político debe prevenir a la sociedad de los riesgos que implica que una persona que ha sido encontrada culpable, por lo menos en esa etapa procesal, tome un poder realmente superior al de cualquiera de los mortales”, sumó.

A su turno, la filósofa Diana Cohen Agrest aseguró que “ficha limpia” tiene como fin “impedir el acceso a un cargo para obtener fueros e impunidad”. “Una persona que cuenta con antecedentes penales no puede ser candidata”, afirmó y mencionó el “caso notorio” del expresidente Carlos Menem.

“En 2015 un tribunal lo condenó a cuatro años y medio de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el pago de sobresueldos; luego fue condenado a siete años de cárcel por contrabando de armas a Ecuador y Croacia”, recordó y mencionó que “el 9 de agosto de 2017, la Cámara Nacional Electoral resolvió que el expresidente no podría ser candidato al Congreso ya que tenía una condena por tráfico de armas, y apenas 20 días después, con una celeridad envidiable, la misma CNE rechazó las impugnaciones presentadas contra la candidatura a senador del expresidente”.

Agrest añadió que “en el 2018 la Cámara de Casación le ratificó la pena por la causa de sobresueldos, pero como a esa altura ya gozaba de fueros, continuó sentado en el Senado”. “Desde 2005 a 2021, cuando falleció, el Congreso fue su aguantadero”, dijo sobre Menem.

Por su parte, el abogado Alfredo Vítolo destacó que “no hay nada en la Constitución Nacional, no hay nada en los tratados internacionales de Derechos Humanos, que impida o transforme a estos proyectos en algo que violente alguna norma jurídica de rango superior”. “La decisión es política, le cabe a cada uno de ustedes. No hay nada que obligue tenerla, no hay nada que impida tenerla”, manifestó.

Vítolo lamentó que “la imagen que el común de la gente tiene del Congreso Nacional es triste, preocupante, lamentable”. Tras aportar datos sobre encuestas de opinión respecto al Poder Legislativo, el letrado apuntó que “la palabra casta” alude a “ser un grupo privilegiado; está la sensación popular de que muchos de ustedes están acá porque es una guarida de corruptos y ladrones, o que están calentando sillas para cobrar una dieta o como pagos de favores políticos”. “Esta es la imagen que hay que cambiar”, sostuvo.

Foto: (@FerIglesias)

El abogado Hugo Wortman Jofré remarcó que “hay que tratar de compatibilizar el derecho del ciudadano a elegir candidatos probos, honestos en sus funciones, con las garantías constitucionales del proceso penal”. “Pensamos que es muy sostenible la idea de doble conforme, con opinión del máximo tribunal penal de la Nación, rechazando el recurso extraordinario, ha agotado toda la vía recursiva que garantiza lo que mandan los tratados internacionales y la ley penal”, explicó.

Asimismo, advirtió que “la proscripción de la persona sin sentencia firme no puede extenderse in aeternum en el tiempo” sino que “tendría que tener un limitante temporal, por dos o tres electivos”.

Conectada vía Zoom, la periodista Fanny Mandelbaum, quien ha sido impulsora de “ficha limpia”, contó que cuando se enteró de esta propuesta por Twitter se preguntó “¿cómo hay que hacer una ley de ficha limpia? ¿Quién quiere tener un corrupto sentado en la Legislatura o en un cargo oficial? Veía a muchos corruptos que estaban y volvían a estar. No hace falta darles los últimos ejemplos, porque son suficientes”.

Y lanzó: “El más terrible de todos es un diputado que es pedófilo y no lo pueden detener a pesar de las pruebas porque tiene fueros. Y yo podría preguntar, ¿quién se siente orgulloso de tenerlo al lado?”. “Ficha limpia es imprescindible, no tiene nada que ver con un partido político”, añadió.

Martín Scotto, abogado especializado en derechos humanos y control público, señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda “terminar con la cultura de la impunidad” y “reconstruir la confianza en las instituciones”, y es allí “donde se sustenta este proyecto de ficha limpia, que es nada más y nada menos que una herramienta de lucha contra la corrupción”.

“Se trata de una inhabilitación temporaria, no es definitiva, es una medida cautelar para no afectar la presunción de inocencia”, subrayó y consideró que “si entendemos que la corrupción es un acto que viola los derechos humanos, esta prohibición es perfectamente aplicable a estos casos”.

Exdiputado nacional, el abogado Jorge Enríquez recordó la intención del otrora oficialismo Cambiemos de sancionar la ley de “ficha limpia” en 2019; durante ese debate parte de la coalición gobernante “no quería que se ampliara a otros delitos que no sean los de corrupción, y los dolosos quedaron fuera”.

Enríquez opinó que en esta oportunidad debe aprobarse la prohibición para “todo tipo de delitos” y “con una sentencia de primera y de segunda instancia”, esto además por los tiempos que conllevan las causas de corrupción hasta llegar a condena firme.

“La presunción de inocencia tiene raíz penal y la limitación al ejercicio no activo, sino pasivo, de los derechos electorales, tiene raíz político-electoral”, observó. “El cambio de época está mostrando que esta ley resulta cada vez más imprescindible. La ciudadanía está harta que los cuerpos políticos se transformen en un refugio de los delincuentes. Si sancionan la ley vamos a fortalecer el sistema democrático en Argentina”, finalizó.

Según informó el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialista Nicolás Mayoraz, la próxima reunión será también informativa, con invitados propuestos por Unión por la Patria.

Con otras dos sesiones primero por delante, convocadas para el miércoles, se oficializó la tercera sesión pedida en la Cámara de Diputados esta semana. Se trata de la reunión solicitada por los bloques de Encuentro Federal y Coalición Cívica, para el jueves a las 11, con la intención de tratar el DNU 656/24 por el cual el Gobierno nacional le otorgó 100 mil millones de pesos para fondos reservados a la nueva SIDE.

El panorama en torno al futuro del decreto sobre el presupuesto de la nueva Secretaría de Inteligencia aparece sombrío para el oficialismo: en la oposición confían en alcanzar el quórum y una mayoría para rechazarlo y dejarlo, así, a un paso de ser declarado inválido. Cabe resaltar que, para que eso pase, también debe rechazarse en el Senado, según establece la Ley 26.122.

Los números tampoco son los mejores para La Libertad Avanza en la Cámara alta, donde ya cuenta con el antecedente del rechazo al mega DNU 70/23, el cual sigue vigente, pues en ese caso nunca se reunió una mayoría en Diputados para voltearlo.

Desde que se publicó en el Boletín Oficial, el pasado 23 de julio, el DNU 656/24 fue cuestionado por la oposición más dura, pero también por la dialoguista. Mientras desde Unión por la Patria y la izquierda presentaron sendos proyectos para anular además el DNU 614 -por el que primero se disolvió la AFI y se creó la nueva SIDE-, desde el bloque que preside Miguel Pichetto, la diputada Margarita Stolbizer presentó una iniciativa para rechazarlo. Por su parte, la CC-ARI propuso declararlo “nulo de nulidad absoluta e insanable”.

En la última reunión de la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, el radicalismo, junto a La Libertad Avanza y el Pro, impidió que el cuestionado DNU sea incorporado al temario, reclamo que encabezó Unión por la Patria, acompañado por el diputado Nicolás Massot, de Encuentro Federal.

Según pudo saber parlamentario.com, en el bloque radical de la Cámara baja hay “una minoría” que no quiere bajar a la sesión del jueves para dar quórum. Sin embargo, fuentes del espacio aseguran que una veintena sí estaría dispuesta a asistir y votar en contra del decreto.

Si hubiera asistencia perfecta y se sumaran los 99 integrantes de Unión por la Patria, los 16 de Encuentro Federal, los 6 de la Coalición Cívica, los 5 del Frente de Izquierda y una mayoría de la Unión Cívica Radical (son el total 34), los números rondan por encima de los 140. Para el quórum se requieren 129, mismo número de la mayoría simple que se necesita para aprobar o rechazar el DNU.

La Cámara de Diputados de la Nación entregó la “Mención de Honor Diputado Nacional Dr. Juan Bautista Alberdi” al humorista, actor y cuentista argentino, Luis Landriscina en reconocimiento a su trayectoria cultural y artística.

Además, en la previa a recibir la distinción, Landriscina compartió un encuentro en el Salón de Honor junto con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem; el gobernador del Chaco, Leandro Zdero; el secretario Parlamentario, Tomás Figueroa; el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, y el diputado Juan Brügge (Encuentro Federal), impulsor del reconocimiento.

“Es para mí un honor poder retribuir en algo todo lo que le ha dado Luis al pueblo argentino”, expresó Brügge y agregó: “Este homenaje es por tu trayectoria, por el profesionalismo con que has sabido retratar el interior argentino, por tu generosidad, solidaridad y humildad”.

Por su parte, Figueroa expresó que “es un honor y un lujo poder participar de este homenaje, estamos ante un grande”. “Sólo tengo palabras de grandeza y aprendizaje”, dijo.

Landriscina consideró que “estas distinciones son una caricia al alma”. “Valoro y agradezco cada una, le debo a Dios el don de la gracia, siempre traté de hacer humor de familia “, concluyó el humorista.

Además, el cantautor argentino Mario Rubén González, más conocido como Jairo, y amigo personal de Landriscina le dedicó unas palabras: “Luis Landriscina es un hombre legendario, representa nuestra argentinidad”.

El cuentista Luis Landriscina participó por primera vez del Festival de Cosquín en 1964, integrando la delegación de Chaco. Allí se consagró como revelación. A partir de ese momento su carrera dio un giro maratónico y comenzó a destacarse en programas populares de radio y TV como “La Tribu de los Farías Gómez”, “La Peña de Fanny”, “Sábados continuados” y “Completísimo”, entre otros.

Durante los años ´70 su popularidad se multiplicó y comenzó a realizar temporadas en Mar del Plata. Paralelamente, y con un vertiginoso ritmo de trabajo, participó en varios films y se multiplicaron las presentaciones en el exterior.

Grabó 26 discos y cosechó en su carrera dos premios “Prensario”, tres “Santa Clara de Asís”, una “Estrella de Mar”, la “orden del Quebracho” en Chaco, un premio “Broadcasting”, ganó su primer “Martín Fierro” en 1995, por su programa de radio “Mateando con Landriscina”, además de innumerables condecoraciones a nivel nacional e internacional.

Luego de cumplir una exitosa trayectoria de 40 años, se despidió de los escenarios en diciembre de 2005 desde Villa Angela, Chaco, el mismo lugar donde comenzó su sueño.

Acompañaron el homenaje la subsecretaria de Patrimonio Cultural de la Nación, Liliana Varela; los diputados Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) y Luis Basterra (Unión por la Patria); y los senadores de la UCR, Víctor Zimmermann y Edith Elizabeth Terenzi.

La “Mención de Honor Diputado Juan Bautista Alberdi”, constituye el máximo galardón que otorga la Cámara de Diputados de la Nación a aquellas personas físicas y/o jurídicas que se destaquen por sus acciones culturales, científicas, políticas, humanísticas, o por aportes que realcen los valores democráticos y republicanos.

Con tres solicitudes de sesión especial -una del oficialismo y dos de bloques dialoguistas-, la Presidencia de la Cámara de Diputados confirmó este lunes la oficialización de la que fue pedida por el bloque de La Libertad Avanza con el acompañamiento del Pro. Será este miércoles 14 de agosto a las 11.

Del mismo modo, Martín Menem, titular de la Cámara baja, aún no informó ninguna resolución oficial con relación a las sesiones pedidas por Encuentro Federal, para tratar el DNU 656/2024 sobre los gastos reservados de la SIDE; ni de la que pidió el radicalismo para tratar financiamiento universitario.

El temario de esta convocatoria contempla las mismas órdenes del día que se quisieron debatir en el recinto de la Cámara de Diputados en la sesión trunca del pasado del 7 de agosto cuando el entonces bloque Hacemos Coalición Federal, presidido por Miguel Ángel Pichetto, no asistió a la cita y la misma se cayó por falta de quórum.

En la reunión de Labor Parlamentaria que antecedió a la sesión caída hubo un principio de acuerdo entre el oficialismo y la oposición en llevar el tema de la visita de los seis libertarios a los exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad en el penal de Ezeiza a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, la cual convocó a una reunión para este jueves.

Sin embargo, la denuncia de Fabiola Yañez contra el expresidente de la Nación, Alberto Fernández, por violencia de género ya era noticia y eso hacía prever que oficialismo y oposición más dura acapararían muchas horas en el recinto con un sinfín de cuestiones de privilegios cruzadas. Desde EF, justificaron que la ausencia fue para “ no ser funcionales a discutir la agenda identitaria de los extremos del arco político”.

Educación como servicio esencial se agrega al temario

Encabeza el temario la modificación a la Ley 26.879 sobre Creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual; y la de la Ley 26.216 de Armas de Fuego. Esos proyectos son parte del paquete de seguridad remitido al Congreso por el Ejecutivo, que ya cuentan con dictamen.

También, se encuentra el trámite parlamentario con relación a la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la declaración como “Brigada Heroica” en homenaje y reconocimiento al personal que participó en la Gesta de Malvinas, y una serie de acuerdos internacionales con las naciones de República Checa, el Reino de los Países Bajos, Italia, Filipinas, Brasil y Rumania.

El tema que se incorpora al temario de esta sesión es el proyecto de ley que declara “servicio estratégico esencial” a la educación, el cual tiene el aval del oficialismo, el Pro, los radicales, la Coalición Cívica, Innovación Federal y la Encuentro Federal, en disidencia.

Tal iniciativa cuenta con el dictamen de la Comisión de Educación. Desde la oposición más dura (Unión por la Patria y el Frente de Izquierda Unidad) hubo malestar por la celeridad que se le dio al tratamiento y además, hubo cuestionamientos a Presidencia por la rapidez en los giros de las demás comisiones competentes.

La situación en Venezuela será motivo de otra discusión importante. Con dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, se pondrá a consideración un repudio que incluye seis puntos que van desde el “repudio al fraude electoral perpetrado por parte del Gobierno de Nicolás Maduro”, a la preocupación por la “escalada represiva” en el país caribeño.

Con la intención de marcar posición, el bloque de Unión por la Patria había difundido un comunicado en el que le reclamó al presidente venezolano mostrar las actas de votación. Empero, no suscribió el dictamen emitido en Relaciones Exteriores y se verá si acompañarán en el transcurso de la sesión.

¿Que pasará con los pedidos de los dialoguistas?

A partir de la caída de la sesión trunca, al día siguiente y sin lograr tratar el DNU 656/2024 en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que le otorgó 100.000 millones a la SIDE, Encuentro Federal, un grupo de radicales y la Coalición Cívica pidió una sesión para el 15 de agosto, que por lo establecido en la Ley 26.122 es el primer día habilitado para debatir en el recinto el decreto en cuestión.

Desde la oposición dialoguista ya habían manifestado la intención de rechazar el DNU publicado el 23 de julio. Margarita Stolbizer acompañada de otros seis integrantes de EF presentaron una iniciativa de rechazo, y la CC en su conjunto, pidió declararlo “nulo de nulidad absoluta”. Por su parte, los radicales mencionaron en un comunicado el 30 de julio su voluntad de tratarlo urgentemente.

La otra sesión pedida fue la del bloque de la Unión Cívica Radical, quienes como único tema, buscan darle tratamiento al proyecto sobre financiamiento universitario. Esta petición se da en el marco de que muchas casas de altos estudios se encuentran con paros, producto del atraso salarial del personal docente y no docente.

Ante esto, aún no hubo una resolución oficial sobre ambos pedidos, los cuales cuentan con los números necesarios de firmas en la petición que impera a las autoridades de la Cámara baja.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados retomarán el debate sobre los proyectos de “ficha limpia”, con la participación de nuevos invitados. El encuentro se realizará este martes desde las 14 en el Salón Delia Parodi.

Las iniciativas apuntan a prohibir que personas acusadas por corrupción sean candidatas a cargos electivos, pero entre los textos hay diferencias sobre a partir de qué instancia judicial correría la restricción. Si se aprobara una redacción estricta, que no contemple condenas firmes, la exvicepresidenta Cristina Kirchner sería por ejemplo inhabilitada.

Fueron confirmados como expositores del debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia Alejandro Fargosi, Alfredo Vítolo, Hugo Wortman Jofre, Jorge Enríquez, Guillermo Mizrahi, Diana Cohen Agrest (virtual), Martin Scotto y Fanny Mandelbaum.

Otra de las discusiones será cuáles delitos se incluirán, dado que hay quienes consideran que además de aquellos contra la administración pública, hay otros delitos graves que también deben ser contemplados para la prohibición.

Entre más de una docena de proyectos, la mayoría corresponden al Pro, la UCR y la Coalición Cívica, bloques que supieron ser Juntos por el Cambio. El otrora oficialismo, durante el final de la gestión de Mauricio Macri, intentó -sin éxito- aprobar “ficha limpia” en Diputados.

El oficialismo habilitó el debate del tema en un gesto a sus socios del Pro, pero también presentó una iniciativa propia, liderada por Nicolás Mayoraz, quien preside Asuntos Constitucionales.

Durante la primera reunión informativa, ciudadanos impulsores de la iniciativa presentaron a los diputados las firmas recolectadas a través de la plataforma Change.org. Asimismo, asistieron un grupo de especialistas, quienes se manifestaron todos a favor.

Caída la sesión especial pedida por el oficialismo el miércoles 7 de agosto, era de manual que el oficialismo insistiría más temprano que tarde con el mismo temario. Pero antes de que lo hiciera, un sector de la oposición ¿todavía amigable? se adelantó para pedir una sesión especial para tratar tan solo el DNU 656/24 que dispuso el otorgamiento de 100 mil millones de pesos en concepto de gastos reservados para la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado.

Esa sesión fue pedida para el jueves que viene, el 15 de agosto. En rigor, desde Encuentro Federal (ex Hacemos Coalición Federal) habían adelantado el mismo día de la sesión especial caída que analizaban convocar a una sesión especial para el martes venidero, incluyendo el temario frustrado del 7 de agosto, sumándole el tratamiento del DNU. Eso dijeron en caliente quienes con su ausencia habían abortado sorpresivamente la sesión del miércoles pasado; pero ya más fríos y transcurrida la reunión de la Bicameral de Trámite Legislativo en la que no se pudo forzar el tratamiento del DNU de la discordia, hicieron una jugada más adecuada: convocar a sesionar ni bien se agotaran los plazos legales que tiene un decreto de necesidad y urgencia para ser tratado. Esto es, al día siguiente en el que se cumplieran los diez días de plazo para el tratamiento en la Bicameral de DNU. Ergo, el 15 de agosto.

De ahí la fecha pedida para sesionar, el próximo jueves, a partir de las 10 de la mañana. Algo que extraoficialmente habían sugerido desde Unión por la Patria. Atentos a su condición de “mancha venenosa” para la oposición dialoguista, sugirieron que desde allí pidieran una sesión para tratar el DNU, y cumplido ese trámite ellos colaborarían luego con el quórum. Se verá cuántos terminan sumando, habida cuenta de que esa sesión ha sido pedida por diputados de Encuentro Federal (16 voluntades), la Coalición Cívica (6 diputados) y siete radicales.  Sumando los 99 de UP, con asistencia perfecta, estarían sumando 128 diputados. Y si está la izquierda, se asegura el quórum (¿y los votos?) con creces.

Primereados por Encuentro Federal, el oficialismo y sus aliados del Pro pidieron una sesión especial para el miércoles 14, con el mismo temario del 7 de agosto, más el proyecto que declara a la educación servicio esencial. Una fuente del bloque de Miguel Angel Pichetto confió a parlamentario.com que este martes en la reunión de bloque que tendrán definirán si dan quórum al día siguiente, cosa que no hicieron, como hemos dicho, el miércoles pasado. Y si bien aclaró que no habían hablado aún como bloque, particularmente era de la idea de dar esta vez quórum “ordenando bien la sesión”.

Más allá de eso, el radicalismo, que sí estuvo presente el miércoles pasado –salvo tres excepciones por razones de salud- sorprendió el viernes convocando a una sesión para este mismo miércoles, a las 14, para tratar el tema del presupuesto universitario. Esa es una cuestión que fue muy meneada en la primera parte del año, hasta que el Gobierno se avino a reforzar partidas. En principio, la cuestión quedó pendiente para llevar al recinto, pero el radicalismo aclaraba por lo bajo que el tema sería resuelto definitivamente con el Presupuesto 2025. Como el tema se ha complicado y ya se especula con una nueva marcha universitaria, el bloque UCR resolvió pedir llevar el tema al recinto este miércoles.

El pedido es bien específico: es para las 14 del miércoles 14, “o al término de la sesión especial solicitada por el diputado Alejandro Finocchiaro y otros diputados, en caso de que esta última se extendiera más allá de las 14.00 hs.”.

Fuentes del bloque radical recordaron que ya hicieron saber al oficialismo la necesidad de que se funcione “con sesiones de tablas con todos los temas dictaminados por las comisiones”. “Funcionar en base a sesiones especiales es una irregularidad reglamentaria”, aseguraron.

El tema del financiamiento universitario se trató en comisiones en mayo pasado y hubo cuatro despachos. Anteriormente, cuando todavía no contaban los proyectos con dictamen, el 24 de abril -un día después de la marcha federal a favor de la universidad pública- fracasó por falta de quórum una sesión que había pedido Unión por la Patria para tratar este asunto y la restitución del FONID. Luego hubo otra sesión, el 21 de mayo, pedida por la UCR, donde se aprobó el emplazamiento a las comisiones para discutir los temas educativos.

El radicalismo había solicitado una sesión en julio, pero luego la pasó para agosto. Y ahora efectivamente volvió a pedirla, aunque solo por el tema universidades y no FONID.

Recordemos que el Gobierno acordó en mayo pasado un aumento del 270% en los gastos de funcionamiento para las universidades. Pero actualmente las universidades se encuentran con paros y ante la posibilidad de no volver a clases en el segundo semestre, producto del atraso salarial del personal docente y no docente. “Hay una crisis profunda por lo salarial que tendrá que ser abordada”, resaltan desde el bloque de la UCR, que al mismo tiempo admiten deberán abrir el diálogo con el resto de los bloques para “alcanzar una mayoría”, dado los distintos dictámenes (el de mayoría es el de UP).

Las mismas fuentes aclararon que el pedido formulado al presidente del Cuerpo, Martín Menem, cubre la posibilidad de que “haya argucias reglamentarias sobre que se superpone y no se puede hacer”. Recordemos que en el pasado reciente, UP había convocado a una sesión especial para el martes 30 de abril, para tratar movilidad jubilatoria, cuando se preveía realizar la sesión de la Ley de Bases el día anterior, con la certeza de que se extendería al día siguiente. Así las cosas, el presidente de la Cámara nunca oficializó la sesión pedida para el martes.

Ahora los radicales piensan que no hay elementos para que las autoridades de la Cámara baja denieguen esa solicitud. Se verá, pero lo cierto es que para la sesión especial que se cayó se hacía un cálculo preliminar de entre 21 y 24 horas de duración. Y ahora a esa sesión se le ha sumado el tema de la esencialidad para las clases, un tema que amerita un debate intenso. Planteadas estas tres sesiones, tal vez el oficialismo juegue al cansancio, estirando lo máximo posible la sesión que ellos convocan.

Se verá.

La Cámara de Diputados avanza a paso firme con la constitución de los Grupos Parlamentarios de Amistad. Este viernes fue el turno de poner en marcha los equipos de colaboración con Australia, Armenia y Alemania, en sendas reuniones que se realizaron en el Salón Delia Parodi.

En el primer encuentro, el diputado Martín Ardohain (Pro) quedó designado como presidente del GPA con Australia y destacó: “Nuestra relación bilateral se extiende por ámbitos diferentes como cultura e inteligencia artificial, entre otros”.

“Australia invierte en nuestro país en el sector tecnológico y minero”, señaló, por lo cual instó a “seguir fomentando los vínculos comerciales”.

A su turno, el diputado Daniel Arroyo (UP) sostuvo que “Australia es un país con el que Argentina tiene la posibilidad de generar intercambio y conocimiento” y, en ese sentido, puntualizó: “Nuestro país está en un debate profundo sobre la educación y el trabajo”.

Por su parte, la diputada Yamila Ruiz (IF) se refirió a la importancia del “cuidado del ambiente”; mientras que su par Francisco Morchio (EF) expresó que “sería interesante trabajar en una agenda en común, y también poder colaborar en los problemas que son semejantes en ambos países”.

En la reunión también estuvieron presentes el embajador de Australia en Argentina, Simon Edward Twisk, y los diputados Matías Molle (UP), Fernanda Ávila (UP) y Oscar Zago (MID).

Durante la segunda reunión, la diputada Lilia Lemoine (LLA) fue elegida como presidenta del GPA con Armenia. En su intervención, remarcó la “necesidad de reconocer” el genocidio armenio porque “lo que no se reconoce, se repite y es necesario que todo el mundo lo reconozca; el año que viene se cumplen 100 años”. Además, se refirió a abrir a actividades la agenda bilateral, a la “posibilidad de tener un museo armenio” y calificó al país como un “aliado en la lucha por la libertad”.

En tanto, el embajador Hovannes Virabyan habló de “profundizar las relaciones aún más”, ya que “desde nuestra embajada damos mucha importancia al GPA”. “Nuestras relaciones tienen más de 30 años de historia, seguimos trabajando en acuerdos que hicimos y que seguimos renovando en busca de los nuevos”, dijo al referirse a los acuerdos bilaterales vigentes y a futuro, en los que puso como ejemplo el turismo.

“Ojalá podamos generar una agenda de construcción en esta agenda parlamentaria. La construcción de nuestra historia es similar, las banderas que hacen a la memoria, verdad y justicia, es un objetivo común”, agregó la diputada Magalí Mastaler (UP).

Participaron Gustavo Nigohosian, director de Escuela de Gobernanza-UMSA; Antonio Sarafian, Unión General Armenia de Beneficencia; Violeta Arakelayan, agregada cultural de la embajada de Armenia en Argentina; los empresarios Martín Eurnekian, Sergio Nahabetian y Teddy Karagozyan. Además estuvieron los diputados Nicolás Mayoraz (LLA) y Cecilia Ibáñez (MID).

En la tercera y última reunión de la jornada, la diputada libertaria María Celeste Ponce quedó designada como titular del GPA con Alemania. “Nos encontramos con el propósito común de fortalecer y expandir los lazos entre nuestras naciones, explorando juntos las vastas oportunidades que este intercambio puede ofrecernos”, destacó tras la designación.

Por su parte, la diputada cordobesa pidió “profundizar nuestros lazos en el ámbito parlamentario”. “Argentina tiene un potencial inmenso como socio de Alemania y la Unión Europea, y estamos comprometidos a explorar y maximizar estas oportunidades. Juntos, podemos impulsar el desarrollo sostenible, la innovación tecnológica y la cooperación en sectores clave para el futuro de ambas naciones”, enfatizó.

Presente en el Salón Delia Parodi, el embajador Lamlé agregó que “hay más de 200 empresas alemanas presentes en el país y están para quedarse, ninguna está pensando en irse”. Confirmó que ya hubo una primera inversión en el sector petrolero de 500 millones de dólares y comentó que “eso destaca la confianza que tenemos en apostar en la Argentina como socio estratégico de Alemania”.

“Yo creo que la Argentina necesita a Alemania, pero también Alemania necesita a la Argentina. Ustedes tienen muchas cosas: materia prima, minerales, agro, energía y lógicamente el talento argentino, así que es una amistad muy importante, donde ambos lados se precisan”, cerró Lamlé.

Acompañaron la reunión, los diputados Maximiliano Ferraro (CC), Silvia Lospennato (PRO), Daniel Arroyo (UP), Yamila Ruiz (IF) y Carlos García (LLA).

En todas las reuniones constitutivas participaron Luciana Termine, directora general de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara de Diputados, y Patricia Cardo, coordinadora de los Grupos Parlamentarios de Amistad del Congreso.

El diputado nacional Miguel Pichetto opinó este viernes sobre el escándalo que envuelve al expresidente Alberto Fernández, luego que se revelaran fotos de Fabiola Yáñez golpeada, y consideró que “es el último exponente de un proceso de decadencia muy brutal”.

Para el jefe del bloque Encuentro Federal, el hecho “ratifica una mirada de doble moral, el esquema de la cuarentena, las fiestas, la política de género exorbitante y, por el otro lado, mujeres que estaban cercanas al expresidente que no hicieron nada. Es todo muy patético, produce un daño enorme y explica el fracaso y la decadencia de este Gobierno y el surgimiento de Javier Milei. Esta es la explicación más clara, más contundente, de por qué Milei gobierna hoy la Argentina”.

En este sentido, el legislador observó que “la gente percibía que había un discurso y una retórica que no se ajustaba a la realidad. Un modelo de Estado presente, de planes y jubilaciones para todos, una política de género que tenía ministras que habían llenado los ministerios y no hacían nada”.

“La política de la cuarentena es el punto dramático de la vida argentina: fundió a un montón de gente y gobernaban médicos que podían tener buena fe, pero no había una visión económica. La gente se fundía, no podía despedir a sus deudos en el cementerio, se morían solos”, repasó.

En declaraciones a Radio Mitre, Pichetto graficó el momento actual del exmandatario: “Hay un libro de Soriano que tiene un título muy interesante, ‘Triste, solitario y final’, me parece que hoy es esa la situación del expresidente”.

Luego agregó que Cristina Kirchner “es la persona que lo eligió, tiene todas las responsabilidades también”. “Siempre sostuve durante el proceso electoral (de 2019), y es una de las causas por las cuales también me fui del peronismo, que la vuelta del kirchnerismo implicaba un nuevo retroceso, ideas viejas, una visión de La Cámpora que atrasa 50 años, esta visión camporista de bajar de la sierra para hacer una pseudo revolución que tampoco existía. Todo este modelo que nos llevó al fracaso rotundo, al gasto público exorbitante, a seguir emitiendo”, sumó.

Por otro lado, fue consultado por la decisión de su bloque de no dar quórum en la sesión del pasado miércoles y aseguró que es “nada dramático”. “Había cuatro temas que estaban acordados y no resistían inconvenientes y estábamos dispuestos a votarlos. Lo que ocurre es que la Cámara se ha convertido en un ámbito de, ‘venga y diga cualquier cosa’, ‘venga y sea comentarista de las noticias del día’. La mitad del tiempo se insume en cuestiones de privilegio. Habla cualquiera, los sectores de la izquierda dura hablan más de lo que representan, el bloque de La Cámpora siempre tiene 50 diputados para hacer cuestiones de privilegio. Es inviable este sistema de funcionamiento y me parece que hay que ponerle un límite”, explicó.

Sobre eso, consideró que estimar 24 horas de sesión para el temario que había era “un disparate”. “El motivo de no dar quórum fue el escenario que estaba previsto para hacer un festival donde cada uno iba a hablar de lo que quería. Toda la agenda iba a estar centrada en la problemática del presidente que la golpeaba a la mujer, los que fueron a Ezeiza, los que vinieron de Ezeiza, el tema de que algunos sectores del peronismo que todavía defienden a (Nicolás) Maduro. 20 horas”, expresó.

El diputado aclaró que la decisión “no es el contra del presidente” del Cuerpo, Martín Menem, aunque afirmó que “se requieren sesiones ordinarias y tratamiento de los temas en comisión”. Dijo que el riojano “tiene buena voluntad, buen diálogo, el estilo Menem, de convivencia, pero hay temas que están pendientes”.

Respecto de esto último mencionó que hay bicamerales, entre ellas la de Inteligencia, pendientes de armado y reclamó que “hay que armar las comisiones con un criterio de proporcionalidad”. “El Gobierno le ha dado al kirchnerismo seis lugares sobre 14 en la Comisión de Inteligencia; los hombres más duros y más profesionales en esta materia van a integrar la comisión. La verdad no entiendo. En lugar de lograr equilibrio y acordar con los bloques que le hicieron posible aprobar los dos temas importantes de su primera agenda… Bueno. Y también terminan acordando con un sector del radicalismo muy particular, que tiene su centro en la Ciudad de Buenos Aires”.

La visita de los diputados de La Libertad Avanza al penal de Ezeiza, donde se reunieron con represores condenados por delitos de lesa humanidad, era uno de los temas que se anticipaba generaría controversia en la sesión fallida del pasado miércoles en la Cámara baja. Si bien esa reunión no tuvo quórum, hubo expresiones en minoría -entre ellas las de Cecilia Moreau, Mónica Frade y Vanina Biasi– que no dejaron de exponerlo en el recinto.

La situación en torno a los oficialistas que fueron a ver a Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti y Adolfo Donda, entre otros, fue una cuestión que no se saldó en Labor Parlamentaria, antes de la fracasada sesión. Desde el bloque de LLA habían propuesto a los bloques una declaración que primero arrancó “lavada”, a consideración de un diputado dialoguista, y luego fueron modificando.

Según supo parlamentario.com, en Labor no hubo acuerdo en votar esa declaración, mientras la oposición más dura presionaba por directamente conformar una comisión que investigue la excursión a Ezeiza. Así las cosas, desde el bloque presidido por Miguel Pichetto, que luego no bajó al recinto, se propuso que la cuestión sea abordada en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. “(Silvia) Lospennato mostró muy buena predisposición”, reveló a este medio uno de los participantes en la reunión de Labor sobre la presidenta de esa comisión. El pedido tenía que ver con que si se presentaban solamente cuestiones de privilegio, éstas siempre son giradas a Asuntos Constitucionales, y allí duermen el sueño de los justos.

Y efectivamente Lospennato, diputada del Pro y quien se ha vuelto una aliada clave para el oficialismo, convocó a la Comisión de Peticiones. Pero la cita se superpone con la sesión que la bancada de Pichetto, ahora llamada Encuentro Federal, solicitó el próximo jueves para tratar en el recinto el DNU que otorgó 100 mil millones de pesos para los fondos reservados de la nueva SIDE, y que complica a LLA pues la oposición alcanzaría una mayoría dispuesta a rechazarlo.

Este viernes se conoció que la Comisión de Peticiones fue convocada para el próximo jueves 15 de agosto, a las 12.30, en la Sala 4 del Anexo de la Cámara baja, “en el marco de lo acordado en el plenario de Labor Parlamentaria, para abordar el tema de la visita de un grupo de diputados/as nacionales al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza”.

El pasado 11 de julio, Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, María Fernando Araujo, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci se reunieron con represores en Ezeiza. Arrieta y Bonacci revelaron luego que fueron “engañadas” al penal, creyendo que se trataba de una “visita humanitaria”. El tour provocó malestar en el oficialismo, mientras que las autoridades de la Cámara y el bloque salieron a despegarse de la actividad. Según trascendió, en el encuentro el propio Guglielminetti le habría entregado a Benedit un proyecto que propone la excarcelación de los genocidas mayores de 70 años. El día anterior a la sesión que se cayó en Diputados, se viralizó la foto que los legisladores se tomaron en la visita.

Tras el revés que sufrió el oficialismo el pasado miércoles al caerse la sesión –la cual habían convocado previo al receso invernal- por falta de quórum y signada por una fuerte carga política por hechos coyunturales, los libertarios junto con el bloque Pro insisten con llevar el temario consensuado al recinto, pero con el agregado de dos temas claves.

Este viernes se conoció un pedido de convocatoria a sesionar para el próximo miércoles 14 de agosto desde las 11. El mismo lleva las firmas del jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, y sus pares de espacio Alejandro Finocchiaro, Laura Rodríguez Machado, Fernando Iglesias, José Núñez, María Eugenia Vidal y Sabrina Ajmechet; junto al jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni; y sus compañeros Santiago Santurio, Nicolás Mayoraz y Facundo Correa Llano.

Los temas, a priori, no prevén mayores discrepancias. En principio se aceptarán las renuncias y asunciones de diputados y autoridades. Así, el lugar del radical Alfredo Vallejos –quien renunció para asumir como ministro de seguridad en Corrientes- será reemplazado por Federico Tournier de partido Encuentro Liberal. Además, la del secretario parlamentario el Dr. Tomas Figueroa y asumirá el Dr. Adrián Pagán.

El temario sigue con la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual donde se darán, seguramente, las principales diferencias. Lo mismo pasará con la regularización sobre armas de fuego, un proyecto que no amerita un extenso debate. El resto son cuestiones casi protocolares: entrada y salida de tropas, un homenaje a la VI Brigada Aérea y un paquete de acuerdos internacionales.

Educación y elecciones en Venezuela

Al temario inicial se le sumaron dos cuestiones. Por un lado, el proyecto que establece la educación obligatoria como servicio estratégico esencial en todos los niveles y modalidades garantizando el pleno derecho humano a educarse en igualdad de oportunidades y posibilidades. El mismo tuvo dictamen de mayoría el pasado 13 de junio firmado por el Pro, la UCR, la CC-ARI. Además, hubo dos dictámenes de rechazo correspondientes a Unión por la Patria y el otro al Frente de Izquierda -presentado por la entonces diputada Romina Del Plá-.

Por otro lado, se incluyó el dictamen de repudio al fraude electoral de Venezuela que salió de la Comisión de Relaciones Exteriores que incluye seis puntos que van desde el “repudio al fraude electoral perpetrado por parte del Gobierno de Nicolás Maduro”, a la preocupación por la “escalada represiva” en el país caribeño. El tema se había incluido a la sesión fallida en un acuerdo en Labor Parlamentaria.

Dicho dictamen no fue suscripto por el bloque Unión por la Patria por lo que se verá si esa declaración termina siendo votada en la sesión, ya que habían difundido un comunicado en el que le reclamó al presidente venezolano mostrar las actas de votación, por lo que será motivo de otra discusión importante.

El debate caliente que hegemonizará parte de la sesión es sin dudas la polémica generada en torno a la visita de seis legisladores libertarios a Ezeiza para dialogar con represores condenados. Unión por la Patria hace tiempo que pidió la conformación de una comisión investigadora, en busca de sanciones para esos diputados. Por su parte desde LLA habían propuesto en Labor de la sesión fallida una declaración para someter a votación, pero desde el bloque de HCF habían propuesto conformar una comisión para investigar a los diputados oficialistas, que el asunto se resolviera en la Comisión de Peticiones y Reglamento. Como no hubo respuesta del oficialismo, la decisión del espacio de Pichetto fue no dar quórum por el fastidio por “incumplimiento en los acuerdos”.

Otro de los temas incómodos para el oficialismo que se llevarán a discusión es el decreto de necesidad y urgencia por el cual se transfirieron 100.000 millones de pesos a la nueva SIDE en concepto de “fondos reservados”. Incluso, diputados de Encuentro Federal (EF), la UCR y la Coalición Cívica pidieron una sesión para el próximo jueves 15 de agosto a las 10, con el objetivo de que la Cámara de Diputados rechace el DNU 656/2024.

El agravamiento de la situación judicial de Alberto Fernández también se colará en el recinto con la denuncia formal por hechos de violencia de género hecha por Fabiola Yáñez y tras la difusión de videos que muestran al expresidente con Tamara Pettinato en el despacho presidencial durante la pandemia. A ello se le suma la investigación de la Justicia federal al expresidente en un expediente vinculado con la contratación de servicios de seguros por parte del Estado lo complica seriamente.

Protagonista de la fallida sesión de este miércoles en Diputados, horas después de lo ocurrido en el recinto, el bloque de Hacemos Coalición Federal, presidido por Miguel Pichetto, fue rebautizado como Encuentro Federal.

La nota formal enviada al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, fue firmada por Pichetto y Oscar Agost Carreño, el secretario de la bancada.

El bloque actualmente está conformado por 16 miembros, entre los que hay exreferentes de Juntos por el Cambio, peronismo disidente, oficialismo cordobés y socialismo santafesino, entre otros.

Además de Pichetto y Agost Carreño, a Encuentro Federal lo integran Emilio Monzó, Nicolás Massot, Ricardo López Murphy, Margarita Stolbizer y Florencio Randazzo.

También están los cordobeses Juan Brügge, Natalia de la Sota, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres; los santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulón; el entrerriano Francisco Morchio y el chubutense Jorge Ávila.

Luego de la sesión fallida en la Cámara de Diputados, el titular del Cuerpo, Martín Menem, consideró que la misma fracasó por “algunas mezquindades políticas hacen que algunos legisladores pongan por encima otros intereses”.

“Estaban dadas todas las condiciones para llevar adelante varios temas, entre ellos, el más importante, el Registro de Datos Genéticos”, señaló e insistió: “Habíamos convenido que iban a bajar a la sesión, en un tema que está muy por encima de cualquier postura política”.

En diálogo con Radio Mitre, el riojano aseguró haber quedado “sorprendido” con la ausencia del bloque de Miguel Pichetto, y reiteró que “más allá de las pretensiones o lo que uno pueda aspirar, a estos temas hay que separarlos”, en referencia al proyecto sobre el que había especial interés desde la asociación Madres del Dolor.

“Vamos a intentar la semana que viene. Las Madres del Dolor no pueden esperar porque es algo que encima tiene consenso y yo quedé realmente dolido con el tema”, expresó.

Por otra parte, Menem opinó que “se especuló” también con la cuestión de la denuncia contra Alberto Fernández: “Este tema del expresidente, con todo esto que está apareciendo, la verdad que hubiera sido seguramente un objeto de repudio y de algún tipo de alocución en el recinto”.

Consultado por Eduardo Feinmann sobre si conocía con anterioridad de la visita de seis diputados de La Libertad Avanza a represores en la cárcel de Ezeiza, el oficialista argumentó: “Hablaría muy mal de este presidente de la Cámara si yo supiera o estuviera investigando a dónde va cada diputado. Sería montar un servicio de inteligencia para ver qué hace cada diputado. Sería una locura. Yo no puedo saber a dónde van, de hecho ni me interesa”.

Según el dirigente libertario, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “tampoco” sabía. Luego calificó el hecho como “acciones individuales” y agregó diciendo que él no puede “puedo cortar las libertades de los diputados más allá que puede ser atacable, a algunos les puede molestar. Pero ratifico esto: no es la postura de la Casa Rosada, de la Cámara de Diputados y del bloque”. “Yo no lo hubiera hecho. No comparto este tipo de actitudes”, cerró.

Luego de caída la sesión de este miércoles, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto a diputados de La Libertad Avanza y bloques dialoguistas se reunieron con representantes de la asociación civil Madres del Dolor, quienes habían asistido a lo que sería el debate del proyecto de ley para ampliar el Registro de Datos Genéticos. 

En el encuentro estuvieron Adriana Belmonte, Isabel Yaconis y Jimena Adúriz, cuyas hijas –Lola Chomnalez, Lucila Yaconis y Ángeles Rawson, respectivamente- fueron víctimas de femicidio. 

Tras participar de la reunión, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, la macrista Laura Rodríguez Machado, expresó: “Nos comprometimos a no aflojar y seguir trabajando para que esta ley sea sancionada. Todos queremos justicia y que ninguna mujer más sea víctima de femicidio, como lo fueron sus hijas”. 

El proyecto que era parte del temario busca ampliar el alcance del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a los delitos contra la integridad sexual, creado mediante la Ley 26.879, de modo de abarcar la investigación de otros delitos graves.

Caída la sesión de este miércoles, la ausencia más resonante fue la de la bancada que preside Miguel Ángel Pichetto, Hacemos Coalición Federal, uno de los llamados bloques dialoguistas. Si bien este martes se daba por contado que bajarían a sesionar, todo cambió después de la reunión de Labor Parlamentaria. “Hay sorpresa”, confesaron desde el oficialismo. 

Según supo parlamentario.com, desde el bloque multisectorial afirmaron que en Labor Parlamentaria “nunca se cerró un acuerdo” en torno a la cuestión de la visita a exrepresores en la cárcel de Ezeiza de diputados libertarios. 

Entre varias cuestiones que no gustaron en el bloque HCF, también se supo que “no había un orden con los temas”. “Iban a ser 24 horas de una discusión entre la grieta de ambos lados. Íbamos camino a un circo romano”, graficó otra fuente del bloque de Pichetto, en relación a cuestiones de privilegio que se esperaban por los libertarios en Ezeiza, Venezuela y la reciente denuncia por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández.  

El bloque era de vital importancia para que el oficialismo pueda llevar a cabo la sesión que pidió desde los primeros días de julio, ya que con sus 16 integrantes se hubiera alcanzado el quórum necesario para dar inicio. El reloj marcó las 12.45 (horario tope para tener los 129) y solamente hubo 114 legisladores en sus bancas.

“Se ve que somos un bloque chiquito e insignificante a los ojos del presidente de la cámara”, expresó con ironía ante este medio uno de los miembros de la bancada. 

Ya con la sesión especial truncada, los diputados de HCF emitieron un comunicado con las razones por las que no asistieron al recinto. “No vamos a ser funcionales a discutir la agenda identitaria de los extremos del arco político”, arrancaron. 

Comunicado del bloque Hacemos Coalición Federal 👇 pic.twitter.com/x5PMMQgsoQ

— Bloque Hacemos Coalición Federal (@BloqueHCF) August 7, 2024

Del mismo modo, reclamaron: “Los diputados que conformamos el bloque Hacemos Coalición Federal instamos al presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, a que recupere el normal funcionamiento de esta casa”.

“Creemos que es fundamental que se traten los temas que hacen a los intereses reales de los argentinos y que ese sea el debate prioritario en cada sesión”, agregaron y reiteraron que no serán “funcionales a discutir la agenda identitaria de los extremos del arco político”.

Ya en el final, volvieron a remarcar el pedido a la Presidencia del Cuerpo: “Las autoridades de la Cámara deben convocar a sesiones ordinarias e incorporar en la agenda parlamentaria proyectos que hacen a las demandas de todos los argentinos”.

Se esperaba que esta sesión de la Cámara de Diputados pedida el pasado 8 de julio -antes del receso de invierno- no tuviera problemas de quórum. De hecho, nadie lo imaginaba, teniendo en cuenta que casi todos tenían algo que decir en esta reunión, más allá de un temario acotado de cuestiones específicas. No obstante ello, a las 12.53, más de media hora después de lo previsto -en Labor Parlamentaria se había resuelto extender 15 minutos el horario de inicio de la sesión-, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio por caída la reunión ante la convicción de que ni siquiera quienes estaban parados cerca de sus bancas se sentarían. 

Con acompañamiento de bloques dialoguistas como la UCR -que tuvo tres ausentes por enfermedad y licencias-, Innovación Federal, Coalición Cívica y aliados, dentro de los que está el Pro, a La Libertad Avanza no le alcanzó para llegar al número de 129. Hubo bancas vacías en algunos sectores. Pero la clave fue la ausencia del bloque de Hacemos Coalición Federal, que preside Miguel Pichetto, y tiene 16 miembros. 

Claramente Unión por la Patria y la izquierda no habían bajado y fueron los primeros en alertar a Menem sobre el horario excedido, recordándole al presidente del Cuerpo su decisión en el pasado de ser estricto con el reglamento en este sentido. 

Según supo parlamentario.com, el oficialismo no vio venir la decisión del bloque de Pichetto en la reunión de Labor Parlamentaria que se realizó antes de la sesión. Tampoco los otros bloques de la oposición dialoguista. No obstante, una fuente que participó de ese encuentro lo notó “molesto” al legislador. Por el contrario, en LLA dicen que estaba “predispuesto”, pidiendo sí que se acorten los tiempos. 

Lourdes Arrieta en su banca, con el libro Nunca Más.

Uno de los temas que anticipaba la polémica para la sesión era la visita de los diputados libertarios a la cárcel de Ezeiza para reunirse con represores detenidos por delitos de lesa humanidad. La Libertad Avanza propuso en Labor una declaración para someter a votación. 

Pero desde el bloque de HCF habían propuesto, ante el pedido de la oposición más dura de conformar una comisión para investigar a los diputados oficialistas, que el asunto se resolviera en la Comisión de Peticiones y Reglamento. No hubo respuesta de LLA a esto. La decisión del espacio de Pichetto envuelve detrás el fastidio por “incumplimiento en los acuerdos”.

De los seis diputados de LLA puestos en el centro de la escena, cinco habían bajado desde el inicio para dar quórum. En su banca, Lourdes Arrieta, una de las que dijo haber ido “engañada” al penal y que en las últimas horas presentó un proyecto propio para conformar una comisión, se sentó en su banca con el libro “Nunca Más”, el informe de la CONADEP que minutos más tarde la diputada Cecilia Moreau dijo que le iba a recomendar leer. Rocío Bonacci, la única ausente en la foto con exmilitares que se viralizó horas antes, llegó caída la sesión con cara de sorpresa por lo ocurrido en el recinto. 

Rocío Bonacci, de tapado rojo, llegó caída la sesión.

Ezeiza: la declaración que quería LLA, pero no tenía acuerdo

Uno de los diputados dialoguistas que participó de Labor Parlamentaria aseguró a este medio que no había habido “acuerdo” sobre cómo se resolvería la cuestión de la visita de los libertarios a Ezeiza en la sesión. “Primero era un texto demasiado lavado, que lo mejoraron en tres oportunidades”, contó un diputado que estuvo presente. Sin embargo, mientras el oficialismo buscaba una salida a través de una declaración, había quienes exigían que se conforme una comisión para el caso. 

El texto al que accedió parlamentario.com expresaba el “más firme e inquebrantable compromiso con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia construido por la sociedad argentina frente a las sistemáticas violaciones de las garantías constitucionales perpetradas por la última dictadura militar entre los años 1976 y 1983”. 

También reafirmaba la “defensa irrenunciable y sin condicionamientos del sistema democrático, los derechos humanos, el orden constitucional y el debido respeto de las sentencias judiciales condenatorias” y expresaba una “profunda preocupación por la visita realizada por un grupo de diputados de La Libertad Avanza al complejo penitenciario de la ciudad de Ezeiza en donde se encuentran detenidos condenados por delito de lesa humanidad”. 

“Los exhortamos a respetar los principios mencionados en los puntos anteriores absteniéndose de realizar acciones o conductas contrarias a lo que expresa esta declaración”, concluía el texto impulsado por el oficialismo. 

La caída de la sesión 

El horario de inicio de la sesión se había pasado a las 12.15, pero pasaban los minutos y las bancas seguían vacías. No era que el recinto estuviera despoblado: muchos diputados estaban presentes, más no sentados. Por eso, pasadas las 12.30 el presidente del Cuerpo comenzó a pedir que se sentaran. Cinco veces lo hizo.

Pasada la media hora, la vicepresidenta primera de la Cámara, Cecilia Moreau, le pasó la factura a Menem al advertirle que así como el 24 de abril pasado, cuando se cayó una sesión pedida por la oposición, sin que el titular de la Cámara se aviniera a esperar ni un minuto la llegada de los diputados faltantes, ahora debía dar por caída la sesión.

Ya el titular del bloque Pro, Cristian Ritondo, había pedido aguardar; lo mismo hizo el titular del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, invocando la presencia de las Madres del Dolor, que estaban allí para asistir al debate de la ampliación del Registro de Datos Genéticos. La kirchnerista Paula Penacca recordó que atento a la presencia de las Madres del Dolor habían pedido adelantar el tratamiento del tema que las traía. Pero aclaró que le parecía que había que “dejar de usufructuar el dolor de la gente”. “Esta sesión está caída, convoque a otra sesión”, exigió.

Fue estéril el pedido de la secretaria parlamentaria del bloque Pro, Silvana Giudici, por seguir aguardando un poco más. Después vino el diputado de la izquierda Nicolás del Caño, que recordó también: “Una sesión que fue pedida, usted la levantó al pasar media hora”. Y aprovechó su minuto para rechazar enfáticamente el plan de labor planteado. 

Bornoroni insistió en pedirles a los diputados que estaban adentro del recinto pero no estaban dando quórum, “así que no les interesa el tema, y quiero que eso lo tomen en cuenta porque es la forma que tienen de legislar”.

“Habiendo superado la media hora, no habiendo quórum, queda levantada la sesión”, dijo finalmente el presidente del Cuerpo, dando lugar al debate en minoría.

Esta semana adelantamos que para la sesión especial de este miércoles se anticipaba un intenso debate ya no por los proyectos puestos a debatir, sino en la previa del inicio del tratamiento del temario. Adelantamos que entre homenajes, cuestiones de privilegio y apartamientos de reglamento, algunos auguraban 5 horas de discusiones, por lo menos.

Parece que quienes hicieron esa previsión se quedaron cortos. Muy cortos. Altas fuentes legislativas adelantaron a la prensa especializada que esta será una sesión de entre 21 y 24 horas… “Va a ser una sesión de cuestiones de privilegio”, observó este martes un legislador dialoguista. Habrá 30, adelantaron este martes.

Nadie lo hubiera previsto cuando el 8 de julio -allá lejos y hace tiempo- diputados del oficialismo formalizaron el pedido para sesionar este 7 de agosto, pasado el receso invernal. Muchos se preguntaron porqué convocar a una sesión con tanta antelación, y una respuesta sería para evitar que se les adelantara la oposición convocando con un temario complicado.

Lo cierto es que el temario que eligió el oficialismo, a priori no ofrecía mayores discrepancias, salvo las que ya se vieron durante el tratamiento de esos temas en comisión. La creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual ocupa un lugar central en este debate, que también tendrá como segundo tema especial la regularización sobre armas de fuego. El resto son cuestiones casi protocolares: entrada y salida de tropas, un homenaje a la VI Brigada Aérea y acuerdos internacionales.

Ahora bien, toda la polémica la hegemonizará sin duda el debate que se dará en el inicio de esta sesión prevista para las 12. Para tratar de ordenar un poco de lo que allí sucederá, este martes se reunieron representantes de los bloques dialoguistas con el presidente de la Cámara, Martín Menem, y luego del encuentro pudo saberse que no se votará este miércoles a los representantes de la Cámara para la Auditoría General de la Nación. En ese tema, tal cual adelantamos, no hay acuerdo. Recordemos que la Cámara debe designar a tres representantes. Unión por la Patria todavía no ha resuelto a quién propondrá, mientras sigue quejándose por lo bajo que “debieran corresponderle dos lugares”.

El tema es que los nombres propuestos hasta ahora son los de Mario Negri por la UCR y Jorge Triaca por el Pro; pero La Libertad Avanza cambió su opinión original y reclama un lugar. Como no hubo acuerdo, el tema no formará parte este miércoles del debate.

La excursión a Ezeiza

Un tema que hegemonizará parte de esas horas de discusión es sin dudas la polémica generada en torno a la visita de seis legisladores libertarios a Ezeiza, para dialogar con represores condenados. Unión por la Patria hace tiempo que pidió la conformación de una comisión investigadora, en busca de sanciones para esos diputados, acicateados por lo expresado en el marco de la reunión celebrada en la Cámara este lunes, con participación de Madres de Plaza de Mayo.

Ante esa situación se buscará acordar en Labor Parlamentaria un texto para votar en el recinto. Obviamente exteriorizando un repudio de la Cámara. La Libertad Avanza tomó la iniciativa y propuso una comunicación más benévola, sin dar nombres. Se trata de un comunicado light que contrasta con un repudio más duro que ya elaboraron los radicales.

Así las cosas, la UCR está decidiendo si termina acompañando el texto del oficialismo o no, mientras que si el oficialismo no acompaña el comunicado del bloque liderado por Rodrigo de Loredo (algo que nadie piensa que suceda), no se sabe qué podrían llegar a hacer los radicales frente al proyecto de Unión por la Patria de constituir una comisión, algo que obviamente no acompañará el Pro. El bloque encabezado por Germán Martínez no alcanza por sí solo a reunir los dos tercios para aprobar su propuesta.

A menos que -imposible- apoyaran los propios diputados libertarios… Es una chanza, claro está, pero lo cierto es que cuando el tema surgió con fuerza hubo diputados como el puntano Carlos D’Alessandro que se mostraron tan molestos con lo sucedido que hasta dijeron estar dispuestos a votar la creación de una comisión. De hecho, Oscar Zago también lo dijo. Y una de las diputadas que participó de la excursión a Ezeiza, Lourdes Arrieta, dicen que hasta presentó su propio proyecto para crear una comisión.

La diputada mendocina es una de las dos que dijeron haber ido a Ezeiza engañadas. Eso sí, en la fotografía que este martes trascendió, de los diputados con los represores, no se la vio a la diputada demasiado contrariada. Por el contrario, posó en el centro.

De cara a la sesión todo aparecía envuelto en tinieblas, sin posturas unificadas dentro de los bloques.

Respecto de sanciones ejemplificadoras, nadie piensa que puedan darse expulsiones como pidieron las Madres de Plaza de Mayo. En rigor, tampoco se esperan sanciones de ningún tipo. Una observación oficialista que circuló en vísperas de la sesión es la de que lo que hicieron los diputados son acciones individuales, por fuera del Congreso y no es una posición que comparte el bloque, ni la Cámara, ni Casa Rosada.

En el mismo sentido, un legislador tan conocedor de los reglamentos como de los usos y costumbre advirtió que si bien no estaba de acuerdo en absoluto con que hayan ido a ver a los militares condenados, “mientras no cometas un delito infraganti, los fueros son los fueros”.

Así las cosas, se caen las chances del apartamiento de reglamento que propondrá Unión por la Patria.

Según pudo saber parlamentario.com, en la reunión de Labor Parlamentaria intentarán que salga una declaración de la Cámara, en la que si prosperara la propuesta de LLA se reivindicara la democracia, con la esperanza de que ese tono edulcorado alcanzara para morigerar los ánimos encendidos con el que llegan muchos a la sesión. Pero nadie tiene muchas expectativas respecto de que vaya a haber un acuerdo. Todo puede terminar con que en el recinto “cada uno diga lo que tenga que decir”. Catarsis a cielo abierto.

ACERCA DE LA VISITA AL PENAL DE EZEIZA
👉🏻Durante la mañana, presenté por Mesa de Entrada este proyecto a fin de que se cree una comisión especial para investigar lo sucedido el 11 de julio. @DiputadosAR pic.twitter.com/VYmZYQO5lO

— Lourdes M Arrieta (@lulumicart) August 6, 2024

Venezuela y la SIDE

La situación en Venezuela será motivo de otra discusión importante. Los diputados ya tuvieron un aperitivo el miércoles pasado, en la Comisión de Relaciones Exteriores, donde se aprobó un dictamen que incluye seis puntos que van desde el “repudio al fraude electoral perpetrado por parte del Gobierno de Nicolás Maduro”, a la preocupación por la “escalada represiva” en el país caribeño.

Con la intención de marcar posición, el día previo el bloque de Unión por la Patria había difundido un comunicado en el que le reclamó al presidente venezolano mostrar las actas de votación. Empero, no suscribió el dictamen emitido en Relaciones Exteriores al día siguiente y se verá si esa declaración termina siendo votada en el transcurso de este miércoles en el recinto.

Otro de los temas incómodos para el oficialismo que se llevarán a discusión en ese inicio que se anticipa farragoso es el decreto de necesidad y urgencia por el cual se transfirieron 100.000 millones de pesos a la nueva SIDE en concepto de “fondos reservados”. En rigor, hay críticas de parte de la oposición a dos DNU, el de los fondos reservados y el de la disolución de la AFI y creación de la SIDE, pero el eje de la discusión de este miércoles seguramente será ese dinero que ya un diputado de Hacemos Coalición Federal cuantificó equivalente a 72.000 jubilaciones mínimas.

Si bien el debate en torno al DNU será una cuestión que se defina más adelante, pues el trámite está todavía circunscripto a tiempos legislativos que no se han cumplido aún, se descuenta que habrá gran discusión, habida cuenta de la cantidad de proyectos que la cuestión ha generado.

Sobre llovido… Fabiola

La situación judicial de Alberto Fernández se sumó en las últimas horas al temario de la “sesión paralela” que madura para anteceder a los proyectos previstos.

Si ya de por sí la investigación de la Justicia federal al expresidente en un expediente vinculado con la contratación de servicios de seguros por parte del Estado lo complica seriamente, la bomba que se encendió el domingo y que estalló este martes con la denuncia formal por hechos de violencia de género hecha por Fabiola Yáñez se agregará al explosivo temario informal de este miércoles en el recinto.

“Lo de Fabiola va a ser un escándalo”, graficó este martes por la tarde un legislador imaginándose el festín que se harían muchos con este tema en el recinto en esas largas horas de debate hasta que finalmente comience la discusión de los proyectos previstos.

Con aval de La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas, recibió dictamen este martes en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados un proyecto de ley para garantizar el voto por correo postal de los argentinos que residen en el exterior y actualizar la normativa sobre la materia. 

El despacho obtuvo 36 firmas con algunas disidencias, entre ellas una de la radical Carla Carrizo, que pide incluir que los argentinos que se encuentran viviendo en otro país puedan también votar en las PASO. 

El proyecto que se dictaminó fue consensuado entre siete iniciativas, pero se tomó como principal referencia el elaborado por el macrista Fernando Iglesias. Contiene más de 60 artículos, ya que deroga la actual Ley 24.007 y sus normas complementarias. 

También deroga el decreto 189/2021, mediante el cual el expresidente Alberto Fernández derogó el decreto 45/19 por el cual su antecesor Mauricio Macri había habilitado el voto por correo postal. Mediante el proyecto despachado este martes, se garantiza el sufragio por esa vía. 

La iniciativa establece que los ciudadanos argentinos que residen fuera del territorio de la República son titulares del derecho a votar en todas las instancias de las elecciones nacionales que deciden cargos efectivos en iguales condiciones que los ciudadanos residentes en el país. El Poder Ejecutivo Nacional será responsable de garantizar los medios económicos, organizativos y tecnológicos necesarios para el pleno cumplimiento de este derecho. A su vez, la Cámara Nacional Electoral será la responsable de establecer el número de las mesas electorales de cada sede, respetando el límite máximo de 1.000 electores por mesa.

En el comienzo del plenario, Iglesias defendió que se trata de “saldar un déficit, reconocer un derecho y permitir que aquellos argentinos que se fueron del país puedan seguir considerándose parte del país y participando de sus actos más importantes”. Además lamentó que Argentina, que supo ser “un país de acogida” se convirtió “en un país de expulsión desde hace décadas”. 

El legislador destacó que el dictamen se hizo en base a “sugerencias y correcciones de todos los diputados que han presentado proyectos”, pero además “cada uno de estos artículos han sido consultados con argentinos en el exterior”. 

“El voto por correo nos parece fundamental, las representaciones argentinas son muy escasas en el exterior, la absoluta mayoría de los argentinos viven a miles de kilómetros de distancia del consulado más cercano”, agregó. Y fundamentó su postura de no incluir a las PASO, ya que “sería duplicar el costo” y “es un momento de austeridad”. 

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El jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió por la postergación del dictamen por el “escasísimo tiempo que hubo”, al señalar que el texto del dictamen fue enviado a los miembros de la comisión media hora antes. Al asegurar que la intención no era “obstruir”, el santafesino reclamó “firmarlo mejorado la semana que viene” porque hay “aspectos que contradicen el Código Nacional Electoral”. “Es con ánimo constructivo”, sumó.

Iglesias le contestó que les había costado “un gran esfuerzo conseguir el quórum” y que no veía dificultades en que las observaciones sean acercadas antes de que el tema se trate eventualmente en sesión, para consensuar modificaciones antes del recinto.

En sintonía con la postura de Iglesias, el presidente de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, enfatizó que “no hay mejor momento para aprobar reglas nuevas que sancionarlas en un año no electoral, previo a una elección intermedia”. Al recordar la decisión del gobierno del Frente de Todos sobre el voto por correo, el legislador lanzó: “Fue judicializado por el peronismo, entonces disculpen la desconfianza”. 

A su turno, Carrizo coincidió en que “son los años no electorales los que hay que avanzar para garantizar derechos electorales”. “El dictamen lo que hace es que el derecho de los argentinos que residen en el exterior no sea interpretado arbitrariamente por los gobiernos”, ponderó.

Sobre su disidencia para incluir a las elecciones primarias, la diputada expresó que las PASO “hoy no están derogadas, son ley y es un voto obligatorio para los argentinos que residen en Argentina. Tienen que ser mismos derechos y mismas obligaciones. Eso tiene que estar independientemente de la preferencia del Gobierno”. 

Impulsora de uno de los proyectos, la macrista Silvia Lospennato dijo que “una de las primeras medidas que tomó el expresidente Alberto Fernández fue quitarles esta facilidad para acceder a su derecho al voto a los argentinos en el exterior” al referirse al voto por correo. “Lo que estamos haciendo es un acto de reparación”, consideró. Y señaló que a pesar de tener pedidos de modificación en lo que hace a la fiscalización, no hay que seguir “demorando” el tema. 

Martínez rechazó “el deseo de traer a la grieta política” la cuestión. “Oleadas de argentinos que se fueron al exterior hay muchas, la más grande tuvo que ver la exdictadura cívico-militar. Digo, porque nos llenamos la boca con ampliar derechos y después vamos a Ezeiza a visitar genocidas”, lanzó en contra de los libertarios. 

Los miembros de la Comisión de Población y Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados acordaron citar a funcionarios del INDEC y representantes de la CEPAL para conocer estadísticas poblacionales.

La presidenta de la comisión, la radical Natalia Sarapura, informó que se está planificando un encuentro porque “es importante recibirlos para coordinar una agenda de trabajo relacionada con el mandato de la comisión, ya que necesitamos datos estadísticos sobre población”. 

Por otra parte, se dictaminó a favor un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo sobre enmiendas a la Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones, adoptadas por Resolución 997 del Consejo de la Organización Internacional para las Migraciones en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, suscriptas el 24 de noviembre de 1988 y que ya contaban con media sanción del Senado.

En otro orden, durante la reunión, se debatieron distintos proyectos de resolución y declaración. La diputada Gabriela Pedrali (UP) se refirió al proyecto de declaración de su autoría por el cual se declara de interés de la Cámara de Diputados de la Nación la 9° carrera continental “Honrar la Palabra del Corazón, Aliento de Vida” de las Jornadas de Paz y Dignidad “Ruta del Cóndor” a celebrarse en 2024. “Es una carrera con el fin de honrar el legado de los pueblos originarios”, indicó la riojana.

Al final del encuentro, autoridades del Instituto de Capacitación Parlamentaria (ICAP) del Congreso de la Nación se refirieron al programa de capacitación que se dictará próximamente y consiste en “la formación a asesores, Poder Judicial y legisladores sobre los temas relacionados con las temáticas de cada comisión”.

En el marco de la Comisión de Turismo de Diputados, presidida por Gabriela Pedrali (UP), se realizó una reunión informativa con especialistas sobre termalismo terapéutico. 

Autora de un proyecto que va en ese sentido, la diputada Carolina Gaillard (UP) explicó que el objetivo de la iniciativa es “dinamizar las economías regionales y, también, generar un mejor bienestar para las personas”.

Sobre su propuesta, la entrerriana señaló que se busca “la creación de un Registro Nacional de Establecimientos Termales con Fines Terapéuticos y/o Medicinales”, para poder determinar, entre otras cuestiones, “cuáles son los beneficios para la salud, de cada tipo de agua, en cada establecimiento, indicando sus beneficios y usos terapéuticos”.

En su exposición, Ana Monasterio, doctora en hidrología y médica generalista de la provincia de Neuquén, remarcó la importancia de este proyecto al informar que “en Argentina no tenemos legislación que nos defina qué son las aguas mineromedicinales”.

Asimismo, desde la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), Florencia Landivar, vicepresidenta del organismo, manifestó su mirada a favor del “termalismo”, al sostener que “es un gran desafío para las economías regionales”. Y añadió: “Es fundamental que los hoteles de 3 y 4 estrellas puedan estar dentro del Registro Nacional de Establecimientos Termales”.

En tanto, Hugo Ficosecco, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Termalismo y presidente del Comité Científico de Termalismo, hizo hincapié en la importancia “del fango en distintos tratamientos” y, a modo de ejemplo, contó que “la fangoterapia ayuda mucho para las enfermedades de la piel como la psoriasis”.

Además, el expresidente de la Cámara Argentina de Termalismo y Turismo de Salud, especificó: “El agua no solo hidrata, sino que, teniendo algunos elementos indispensables, nutre”.

Por su parte, Mónica Beber, consultora independiente en temas de turismo y hotelería, detalló que “en nuestro país, 23 provincias tienen termas; mientras que 60 destinos tienen explotado el producto termal y más de 10.000 surgentes que tienen potencialidad para poder desarrollar la actividad termal”.

Durante el encuentro, el diputado Hernán Lombardi (Pro) consideró que “es necesaria una ley nacional que promueva el turismo termal”. “Tenemos que tener una ley de fomento, federal y de unidad en la diversidad, así como también, poder separarla de la Ley Nacional de Turismo en general”, agregó. 

Participaron también de la reunión informativa Teresita Van Strate, delegada en Argentina de Termatalia GlobalWellnessDay; y Daniel Alegre, licenciado en Turismo y docente universitario.

Al comienzo de la reunión se votó la designación de la diputada Ana María Ianni (UP) a cargo de una de las secretarías de la comisión.

Con impulso del oficialismo y los bloques del exJuntos por el Cambio, arrancó este martes en la Cámara de Diputados el debate de los proyectos denominados “ficha limpia”, que buscan prohibir que personas acusadas por corrupción sean candidatas a cargos públicos. 

Las iniciativas, entre las que hay de La Libertad Avanza, el Pro, la UCR y la CC-ARI, varían entre la instancia judicial (desde un procesamiento hasta una condena firme) y los delitos -algunos proponen que no sean sólo los que son contra la administración pública- que se incluirían para la inhabilitación. 

Con invitados que hablaron todos a favor de los proyectos, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia realizaron la reunión informativa en el Salón Delia Parodi. 

En el arranque, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el libertario Nicolás Mayoraz, abogó por que “podamos sacar una ley que viene reclamando la ciudadanía desde hace mucho tiempo”. “Tenemos que cumplir con la manda constitucional del artículo 36; cumplir con la eficacia que nos pide la Convención Americana contra la Corrupción; y tenemos que elevar los estándares constitucionales, legales, para elección de candidatos que ocupan cargos públicos”, sostuvo. 

El santafesino explicó que se trata de definir cuál será “el estándar mínimo” exigido para ocupar un cargo público y que, mediante los distintos proyectos, “las opciones van desde un simple procesamiento hasta una condena confirmada”; al tiempo que también varían los delitos que se incluirían. Es decir, no sólo los de corrupción, sino otros como “trata de personas o delitos contra la integridad sexual”, por ejemplo. 

En el arranque de las exposiciones de especialistas, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay destacó “la posibilidad” mediante esta ley “de tener funcionarios que sean decentes, honestos, lo que no es poca cosa”. “ Siempre me pareció que era realmente lamentable que personas condenadas fueran electas, asumieran y cumplieran sus mandatos”, expresó. En su breve intervención pidió que “no se pierda esta oportunidad” y consideró que aprobar una norma de este tipo es “bregar por instituciones creíbles”. 

A su turno, Antonio Hernández, doctor en Derecho Constitucional, enfatizó que “Argentina es un país que tiene un problema muy serio con la corrupción y con algo todavía más grave, que es la impunidad. Una causa de corrupción dura como promedio más de 14 años, y además son muy pocos los casos en los que se llega efectivamente a una condena”.

El expositor aseguró que la propuesta de ficha limpia se enmarca en los artículos 1, 16 y 36 de la Constitución Nacional. Además, mencionó que “Santa Fe, Mendoza, Chubut y Salta han establecido este requisito”, mientras que “Brasil, Chile, Uruguay, México, Honduras y España que también tienen esta legislación”. A continuación dijo además que “en el orden municipal lo tenemos en distintos municipios” y nombró a Jesús María, Río Tercero, Almafuerte y Oncativo en la provincia de Córdoba. 

En otro tramo, Hernández consideró que se deberían abarcar “todos los delitos, no solo los culposos y dolosos vinculados a la administración pública”; y que además de los cargos públicos debería “extenderse a los cargos en los sindicatos y en los colegios profesionales”. 

Foto: HCDN

Exsecretaria de la Cámara Nacional Electoral, Alejandra Lazzaro manifestó que “la corrupción no es exclusiva de un país o de un poder político. Siempre creemos que somos los peores y no estoy de acuerdo con eso”. “Ustedes pueden hacer las mejores de las leyes, pero sí quienes son los destinatarios, en este caso serían los dirigentes políticos, no tienen un raigambre, se involucran y creen en ese proyecto con sus conductas, eso tampoco tendría un sentido”, advirtió. 

Lazzaro aclaró que con estos proyectos “no se está afectando el principio de inocencia, porque nadie dice que esa inhabilidad va a ser para siempre, es solo una medida de carácter temporal”. “Es totalmente constitucional”, afirmó. 

Otro de los especialistas que habló fue el doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y relator electoral en el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, José María Pérez Corti, quien señaló que establecer una prohibición en este sentido “no es un juicio definitivo sobre las calidades o cualidades de una persona, sino que es un requisito o condición más para ocupar cargos públicos”. “No se está aplicando una sanción penal, sino que se está exigiendo un requisito o condición mínima”, insistió. 

Gastón Marra, profesor en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA e impulsor del proyecto de ficha limpia, celebró el comienzo del debate que, “estamos esperando hace cuatro años”. “Desde hace seis años que venimos luchando desde la sociedad civil. Soy uno de los 442 mil argentinos que firmó esta iniciativa,  la iniciativa en materia de calidad institucional más importante en la historia de Change.org”, destacó. 

Además, agradeció que el presidente Javier Milei haya mencionado la propuesta durante la Asamblea Legislativa y puso como ejemplo normas que existen en las provincias, sea para cargos públicos electivos o en el Estado. En ese sentido, expresó que “en todas se habla de procesamiento como impedimento para entrar al empleo público provincial”. En el final, aclaró que “esto no es una iniciativa contra nadie, no tiene nombre y apellido, es para todos los partidos políticos”. 

En el plenario también expusieron Carlos Gervasoni, profesor en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Torcuato Di Tella; María Cristina Girotti, máster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos; y Eduardo Repilloza Fernández, director general de Transparencia Electoral.

La Cámara de Diputados encarará este martes el debate sobre dos temas referidos a la cuestión electoral: los proyectos de “ficha limpia”, que establecen la prohibición para que condenados por corrupción sean candidatos y aquellos referidos al voto de los argentinos que residen en el exterior.

Ambos puntos figuraban entre los aspectos que incluiría la reforma política promovida por el Gobierno -a la cabeza el jefe de Gabinete, Guillermo Francos-, pero que quedó frenada en su envío al Congreso ante la falta de consenso para avanzar con lo que se proponía como el “corazón” de la misma: la eliminación de las elecciones PASO.

Comenzada la segunda etapa del año, desde el Pro salieron a marcar la cancha a La Libertad Avanza con aquellos temas que desde hace tiempo el bloque puja por tratar. Ficha limpia y voto en el exterior están en esa lista.

La primera reunión que se realizará este martes será un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, presididas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Manuel Quintar, respectivamente, que contará con la participación de especialistas. Será a partir de las 14 en el segundo piso del Anexo “C”.

Los proyectos de “Ficha limpia” proponen modificar la Ley 23.298 (Partidos Políticos) para establecer la prohibición para que condenados por delitos de corrupción puedan ser candidatos en elecciones. Hay iniciativas presentadas por diputados de La Libertad Avanza, el Pro, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica.

Durante la Asamblea Legislativa del pasado 1ro. de marzo, el presidente Javier Milei anunció que impulsaría un paquete de “leyes anticasta”, entre las que estaría una para que “las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no puedan presentarse como candidatos en elecciones nacionales”.

El tema de “Ficha limpia” no es nuevo: en 2019, durante la gestión de Cambiemos, el otrora oficialismo -ya en retirada- intentó darle media sanción en Diputados, pero fracasó por falta de quórum en una sesión durante noviembre. El dictamen se había firmado en agosto, antes que en las PASO y las generales se impusiera el Frente de Todos.

En 2020, durante la pandemia y mientras había trabajo virtual, los diputados del exinterbloque Juntos por el Cambio reclamaron a la Comisión de Asuntos Constitucionales que abra el debate. Sin embargo, luego no siguió adelante.

Por otra parte, a partir de las 16, Asuntos Constitucionales junto a Relaciones Exteriores y Culto -a cargo del macrista Fernando Iglesias– debatirán sobre siete proyectos referidos al voto de los argentinos que residen en el exterior.

Algunas iniciativas proponen la modificación de la Ley 24.007 y otros su derogación total, para implementar una normativa nueva. Uno de los temas que sobresale en este caso es el voto por correo postal, que se implementó por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri, pero que en 2021 la gestión de Alberto Fernández eliminó, volviéndose a reestablecer el sistema por el cual los residentes en el exterior “pueden votar únicamente en la mesa receptora de votos”.

Las estadísticas una y otra vez reiteradas por UNICEF y la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación muestran que la incidencia de adolescentes en delitos gravísimos es mínima, casi inexistente. Bajar la edad de punibilidad significa un claro retroceso, violentando los principios de no regresividad y de progresividad de los estándares internacionales de derechos humanos, y haciendo ingresar a niños, niñas y adolescentes en la órbita de la punición, lo cual debería ser la última respuesta del Estado frente a la comisión de un ilícito.

El Sistema de Protección Integral de derechos de niños, niñas y adolescentes basado en la Convención de los derechos del niño de 1989, con rango constitucional desde 1994, y la ley 26.061 del año 2005 exige al Estado el desarrollo de políticas públicas que aseguren el máximo goce de los derechos que les competen por su particular situación de ser personas en desarrollo y obliga a adoptar medidas de protección integral y excepcionales cuando su situación de vulnerabilidad así lo requiera.

Creemos que la baja de edad de punibilidad en medida alguna puede traer aparejada el pleno acceso a sus derechos, de manera que, con esta medida el Estado estaría incumpliendo las obligaciones que le son inherentes.

¿Por qué no bajar la edad de imputabilidad de los niños?

Se estaría retrocediendo en todos los derechos conquistados en lo que refiere a protección de los derechos de los niños y jóvenes, y no se estarían respetando los estándares internacionales en la materia. (Art. 37 y 40 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño/a).

Dicha ley establece que es punible el menor de dieciséis años a dieciocho años de edad a partir de la cual una persona es plenamente responsable y pasible de ser juzgada y condenada por cualquier delito que pudiera cometer. También establece que, si quien infringe la ley penal es un menor que no ha cumplido los 16 años, es inimputable, es decir, no puede ser ni juzgado ni condenado, y debe ser devuelto a su familia.

En la franja que va desde los 16 a los 18 años, los/as adolescentes que delinquen son sometidos a un/a juez/a especial, que luego de diversos estudios y pericias decide si el/la adolescente puede ser devuelto a su familia o si debe ser internado/a en un instituto donde debe recibir educación para su posterior reinserción en la sociedad.

El Régimen Penal Juvenil vigente prevé́ la posibilidad de ordenar la privación de libertad de los/as jóvenes para recibir el llamado “tratamiento tutelar”, ya sea que se trate de adolescentes punibles por edad, entre 16 y 18 años, o niños/as no punibles por debajo de los 16 años, sin necesidad de que se pruebe la responsabilidad de los mismos en los delitos de los que son acusados. Esto significa que la normativa actual permite al Juez disponer el encierro en razón de sus particulares condiciones de vida, si lo considera en situaciones de riesgo, con familia con dificultades, independientemente de la conducta desplegada, o que hayan cometido hechos delictivos o no. Esto es violatorio de la Convención de los Derechos del niño y de los estándares internacionales de DDHH.

Bajar la edad de punibilidad concentra el debate en torno a la edad en que una persona puede ser sometida a un proceso penal y por lo tanto susceptible de serle aplicable una pena dejando por fuera la discusión acerca de los derechos y garantías de cada una de los niños, niñas y adolescentes. Esta posibilidad de bajar la edad retrocede en el paradigma de un Estado garantista de derechos a las infancias.

En contraposición al discurso sostenido por el gobierno, pretender reducir las cifras delictuales a través de la baja en la edad de imputabilidad resulta ineficaz dada la insignificancia de la cantidad de sujetos menores de edad comprendidos en esta franja etaria que han tenido participación en hechos delictivos.
Según datos de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Nación (2015) y Unicef Argentina, de los 871 jóvenes privados de su libertad, el 90,6% tiene entre 16 y 17 años, y el 9,4% corresponde a sujetos considerados no punibles según la ley argentina (menores de 16). En el primer semestre del 2023 se iniciaron 1109 causas penales contra 986 niños, niñas y adolescentes (Informe semestral presentado por la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación). 9 de cada 10 de los que se les iniciaron causas penales son varones, principalmente argentinos (95%) y con residencia en la provincia de Buenos Aires (58%) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (41%). La edad promedio es de entre 16 y 17 años (56%).

Un punto que debe ser señalado es el de la incidencia de los medios masivos de comunicación en cuanto a la percepción social de la criminalidad. Mientras que los medios presentan al joven delincuente como el gran generador de la inseguridad ciudadana, las estadísticas de la Corte Suprema de Justicia demuestran que en la Ciudad de Buenos Aires los hechos gravísimos, como los homicidios, son cometidos sólo en un 5% por menores de edad, y sólo en el 1% por menores no punibles.

Si lo que se busca es reducir la incidencia del crimen en la sociedad, el aumento de recursos públicos debería orientarse al aseguramiento de condiciones de vida digna para todos los niños, tal como lo ha señalado sistemáticamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Más allá́ de la coyuntura, la cuestión penal-juvenil es un problema que necesariamente exige soluciones políticas.

La baja de edad de imputabilidad no tiene incidencia en la problemática del delito, y profundiza el estigma y la violencia estatal y social hacia la niñez. Juzgar y encerrar a niños/as y adolescentes no resuelve el problema de la inseguridad ni previene el delito. Sólo profundiza la criminalización de los pobres por el solo hecho de serlo, por sus caras, por su vestimenta, por el lugar que habitan. Por eso decimos NO A LA BAJA en la edad de imputabilidad, a la vez que exigimos al Estado el diseño e implementación de políticas públicas en torno a la problemática, en consonancia con las exigencias del sistema normativo internacional.

La Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, presidida por el libertario Alberto Benegas Lynch, se reunió brevemente este miércoles para culminar la designación de autoridades.

En primer lugar, fue ratificado el diputado nacional de Unión por la Patria, Itaí Hagman, como vicepresidente primero tras ausentarse de su rol como autoridad. La moción fue puesta a consideración y resultó afirmativa.

Luego, restaban las designaciones para la secretarías segunda y tercera, reservadas para la Unión Cívica Radical y Unión por la Patria, respectivamente. Por el radicalismo fue propuesto el jujeño Jorge Rizzotti, y por UP, Julia Strada.

 Ambas propuestas fueron puestas a consideración y aprobadas. Culminado el proceso de elección de autoridades, Benegas Lynch dio por finalizada la reunión.

La trata de personas es un tema que volvió a la agenda parlamentaria a raíz del caso de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido en Corrientes hace casi dos meses. En ese marco, y a la espera de un proyecto del Senado sobre compra y venta de menores, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados mantuvo una breve reunión informativa sobre una iniciativa del cordobés Juan Brügge. 

El legislador de Hacemos Coalición Federal explicó su proyecto ante sus pares, mediante el que se busca modificar la redacción del artículo 145 bis del Código Penal. El nuevo texto plantea que “será reprimido con prisión de cuatro a ocho años, el que ofreciere, captase, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, o para cualquier otro fin que afecte de algún modo la integridad psicofísica de la persona, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima”. El agregado se refiere a “cualquier otro fin que afecte de algún modo la integridad psicofísica de la persona”. 

“El delito de trata de personas es uno de esos delitos que se llaman dinámicos, porque están constantemente en cambio y evidentemente va mutando en sus técnicas, en sus medios, en sus formas de llevar adelante. Es un delito transnacional que impacta en lo más profundo del ser humano, que es la dignidad de la persona”, sostuvo el diputado. 

En su exposición, señaló que “a raíz de los hechos lamentables del caso Loan” concluyó en que “nuestra legislación no está del todo actualizada”. “Más allá de lo que ha avanzado el Senado en la tipificación concretamente de la venta de niños, nosotros entendíamos que el actual artículo que tipifica a la trata en el Código Penal, el 145 bis, está también desactualizado en función de lo que dice el derecho comparado”, explicó. 

A continuación, mencionó que el Parlamento Europeo ha sancionado recientemente una nueva normativa que va en ese sentido. También dijo que el agregado al Código Penal que propone va en línea con lo que establece el Protocolo de Palermo, al que Argentina está adherida hace más de 20 años. 

La reforma es para que el artículo se refiera “no sólo a la finalidad explícita de explotación, sino a las finalidades implícitas”, apuntó Brügge. “Viene a agregar una herramienta más para la Justicia y sirve también para combatir a la delincuencia organizada. La trata interna existe y es algo que tenemos que combatir, no solamente con la prevención, sino dándole herramientas concretas en el Código Penal a los jueces y fiscales”, finalizó. 

El diputado estuvo acompañado por Darío Vezzaro, con quien trabajó el proyecto. El abogado penalista puso como ejemplo que “en la justicia de Córdoba se ha iniciado un proceso acusando de trata de personas a los titulares de clínicas de fertilidad asistida, por la vulnerabilidad de mujeres donantes de óvulos”, un tema en torno al cual “se plantea la discusión de si hay o no trata”, algo que podría estar contemplado así si el artículo hablara de “otras finalidades”, como plantea la iniciativa, señaló Vezzaro. 

Se habilitó este martes el plazo para que los diputados nacionales envíen sus preguntas por escrito al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien hará su debut en una sesión informativa en la Cámara baja a fines de agosto o primeros días de septiembre, según confirmaron fuentes del oficialismo a parlamentario.com.

Será la segunda sesión informativa desde que asumió la gestión libertaria y la primera en Diputados, ya que la anterior estuvo a cargo del exjefe de Gabinete Nicolás Posse y fue en el Senado, más precisamente el pasado 15 de mayo, tan sólo 13 días antes de su renuncia.

La visita se dará en el marco de lo que establece la Constitución Nacional en su artículo 101. El mismo reza: “El jefe de Gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus cámaras, para informar de la marcha del Gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71”.

En tanto, el artículo 71 establece que “cada una de las cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes”.

Desde el arranque del Gobierno, Francos ha estado en contacto -sobre todo- con los referentes de la oposición dialoguista del Congreso, muy involucrado con la Ley de Bases y la Ley de Medidas Paliativas, primero en su rol de ministro del Interior y luego ya como jefe de Gabinete.

Los diputados nacionales del Pro Verónica Razzini y Martín Yeza fueron designados este martes como presidentes de los Grupos de Amistad con Suiza y Corea, respectivamente. 

En el primer caso, durante la reunión en el Salón Delia Parodi, los legisladores coincidieron en avanzar hacia una cooperación bilateral con el país europeo, mientras que Razzini instó a “trabajar en conjunto, fortaleciendo los vínculos entre ambos países”. 

Por su parte, el embajador suizo en Argentina, Hans-Ruedi Bortis, destacó: “Este grupo parlamentario constituye una herramienta para fortalecer las relaciones. Nuestras bases fuertes son las relaciones económicas comerciales”. 

En tanto, la diputada Natalia Sarapura (UCR) indicó que “el Congreso potencia su rol con el vínculo de los países en el mundo” y, en ese sentido, consideró que “es necesario fortalecer la agenda de derechos humanos, ya que es la única forma de garantizar seguridad”.

También participaron los diputados Álvaro Martínez (LLA), Emilia Orozco (LLA), Patricia Vásquez (Pro), Gustavo Bordet (UP), Natalia Zabala Chacur (UP), Roxana Reyes (UCR) y Mónica Fein (HCF). 

Más tarde, en el encuentro realizado en el Salón Blanco, Yeza fue elegido para presidir el GPA y los diputados recibieron al embajador de Corea en Argentina, Lee Yong-Soo. 

Yeza reflexionó acerca de la presencia de grandes empresas coreanas en el país y sus inversiones, ya que “son grandes indicadores de cómo Corea confía en nuestro país”, dijo. Además, le transmitió al embajador: “Trabajaremos en una diplomacia parlamentaria con una agenda rica, activa, dinámica para apoyar las acciones de ambos Poderes Ejecutivos”. 

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“Es un muy buen lanzamiento para otro comienzo de la amistad y sociedad entre nuestros países. Quisiera avanzar en nuestras relaciones bilaterales en el futuro. Podemos ir más allá de la existente, profundizando la cooperación en agricultura y minería”, expresó Yong Soo. Y luego agradeció el “apoyo de la Cámara de Diputados a la gestión”, y confió en que va ser “una fuente de apoyo importante para fortalecer los lazos entre ambos países”. 

En tanto, la diputada Daiana Fernández Molero (Pro), dialogó sobre “los tratados de doble imposición para que puedan salir” y economía digital en Corea, a la que se refirió como “muy interesante, con acuerdos que son innovadores y me interesaría mucho explorar esa experiencia que tienen ustedes”. Por su parte, el diputado César Treffinger (LLA) les hizo llegar los saludos del titular de la Cámara baja, Martín Menem, y del presidente Javier Milei, a la comitiva coreana. 

Participaron de la reunión además el diputado Julio Moreno Ovalle (LLA); Yu Jeong A, Consejera de la embajada de la República de Corea; Nicolás Varzilio, de la Dirección de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; Luis del Solar Dorrego, ministro de Dirección de Asia y Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; y Felipe Spitale, secretario de la Dirección de Asia y Oceanía.

Además, en ambas reuniones constitutivas estuvieron Patricia Cardo, coordinadora de los GPA; y Luciana Termine, directora de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara de Diputados de la Nación.

La Cámara de Diputados continuará con la conformación de Grupos Parlamentarios de Amistad con distintos países. Estos equipos de trabajo bilaterales tienen el fin de dinamizar agendas de cooperación que tiendan a acrecentar las relaciones recíprocas, a la vez que explorar las posibilidades de nuevos campos de interés común, constituyéndose, además, en verdaderos facilitadores parlamentarios de las relaciones bilaterales.

“La actividad desplegada por los legisladores en sus relaciones con sus pares de otros países, integrando y asistiendo a ámbitos parlamentarios mundiales, regionales y binacionales, sea en comisiones, delegaciones o a través de los grupos parlamentarios de amistad, constituye una relevante modalidad internacional que ha tenido un sustancial crecimiento durante los últimos tiempos en las relaciones entre los Estados”, se destaca desde la diplomacia parlamentaria de la Cámara baja.

Según lo previsto, este martes a las 10.30 en el Salón Delia Parodi se constituirá el GPA con Suiza. Ese mismo día, en el Salón Blanco, a las 11, será el turno del GPA con la República de Corea y se recibirá al embajador de dicho país en Argentina, Lee Yong-Soo.

En tanto, este miércoles en Salón Delia Parodi, a las 10.30, se conformará el GPA con Ucrania. A las 14, en el mismo lugar, se hará la reunión para poner en marcha el GPA con India y se recibirá al embajador Dinesh Bhatia.

Finalmente, el jueves se constituirá el GPA con Marruecos, a las 11 en el Salón Delia Parodi, con la participación del embajador Fares Yassir. Mientras que a las 14.30, se realizará la reunión con Canadá, de la que será parte el embajador en Argentina, Douglas Sirrs.

Luego de dos semanas de receso invernal, donde la actividad de las comisiones estuvo parada, se retomará en la Cámara de Diputados el trabajo de las mismas, con distintos plenarios y reuniones, algunas de carácter informativo y otras para dictaminar proyectos.

El “plato fuerte” será el comienzo del debate de un nuevo régimen penal juvenil, sobre el que hay diferentes iniciativas, entre ellas una enviada por el Gobierno. También, por otro lado, se conformarán Grupos de Amistad con seis países.

Según la agenda, la primera comisión en volver al ruedo será Industria, a cargo de la chubutense Ana Clara Romero (Pro), que se reunirá este martes a las 12 con el fin de completar el proceso de designación de autoridades y dictaminar una serie de proyectos de resolución.

También fueron invitados varios dirigentes que expondrán sobre la situación que atraviesa la industria naval de la República Argentina: Francisco Banegas, secretario general de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado); Juan Speroni Hernández, secretario general del SAON (Sindicato Argentino de Obreros Navales); Martín Rappallini, presidente de la UIPBA (Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires); y María Laura Bermúdez, directora ejecutiva de UIPBA.

Para referirse al proyecto sobre fluoración de la sal para el consumo humano, asistirán Walter Ferro, presidente de la Federación Argentina de productores de sal; y Juan Pablo Passini, integrante de la comisión directiva de la misma entidad, quienes fueron invitados en representación de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL).

A las 15, la Comisión de Mujeres y Diversidad que preside Mónica Macha (UP) dictaminará una serie de proyectos de declaración y recibirá la visita del Colectivo Periodistas Argentinas, quienes expondrán sobre casos de acoso sexual contra mujeres vinculadas al ámbito académico y periodístico, puntualmente por el caso Pedro Brieger.

En tanto, la Comisión de Minería tiene estipulado reunirse este miércoles a las 9.30 en el Anexo “C” para recibir a los embajadores de Canadá, Australia y Perú, quienes expondrán sobre el desarrollo de la minería y perspectivas de inversión en el país.

Al mediodía y a cargo de la diputada Laura Rodríguez Machado (Pro), la Comisión de Legislación Penal debatirá sobre un proyecto de ley que establece modificaciones al Código Penal de la Nación, puntualmente en el artículo 145 sobre Trata de Personas.

Una vez que termine este encuentro, a las 12.30 se sumarán las comisiones de Justicia, presidida por jujeño Manuel Quintar (LLA), y Presupuesto y Hacienda, a cargo de José Luis Espert (LLA), para llevar a cabo la reunión plenaria que iniciará el debate del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que propone un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años.

Luego, Legislación Penal tendrá una reunión plenaria junto a Seguridad Interior, presidida por el santafesino José Núñez (Pro), para tratar el proyecto de ley sobre abordaje integral del crimen organizado, conocido como ley antimafias; y la modificación al Código Penal sobre la incorporación del artículo 23 bis sobre secuestro de armas de fuego, municiones o explosivos.

Comandada por la diputada Sabrina Ajmechet (Pro), la Comisión de Derechos Humanos y Garantías recibirá a un nuevo grupo de víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio durante la pandemia de Covid 19.

Por la tarde, Presupuesto y Hacienda volverá a reunirse para aprobar la Convención Multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los Tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios. Del mismo modo, la Comisión de Finanzas, a cargo de Alberto Benegas Lynch (LLA), culminará la designación de autoridades.