Gerardo Milman reclamó que el ministro de Seguridad concurra a la Cámara baja. "Discutamos los temas que le interesan a la gente y deje de inventar evasivas a sus responsabilidades”, le expresó.
El diputado nacional Gerardo Milman volvió a exigir la presencia del ministro de Seguridad Aníbal Fernández en la Cámara de Diputados.
"Estamos cansados de invitarlo. Por enésima vez, venga a la Comisión de Seguridad para tener una discusión con altura", planteó Milman ante las recientes declaraciones del ministro. “No convierta a la seguridad en una charla de café", agregó.
Aníbal Fernández ya había sido citado para explicar el fallido accionar de la Policía Federal en el intento de atentado a la vicepresidenta. Sin embargo, tampoco se presentó.
Milman también exigió su inmediata presencia en el Congreso luego de las amenazas vertidas contra los fiscales de la causa “Vialidad”. "No se pueden volver a hacer los distraídos como hicieron con Nisman", afirmó en esa ocasión.
"En junio se le pidieron explicaciones por la presencia del vuelo venezolano-iraní y tampoco apareció", añadió el diputado. "Discutamos los temas que le interesan a la gente y deje de inventar evasivas a sus responsabilidades”, enfatizó.
El proyecto lleva las firmas de Germán Martínez, José Luis Gioja y Paula Penacca en el que expresan “un profundo rechazo por las manifestaciones del diputado nacional quien pidió cárcel o bala para los trabajadores del neumático”.
El bloque de diputados del Frente de Todos presentó este viernes un proyecto de resolución para expresar el “profundo rechazo” a los dichos vertidos por el diputado liberal José Luis Espert en su cuenta de Twitter al pedir “cárcel o bala” para los trabajadores del neumático que tomaron el Ministerio de Trabajado como medida de fuerza ante sus reclamos. Además, solicitan “en los términos del Art 66 de la CN, la remoción por inhabilidad moral de Espert como diputado nacional”.
En el texto presentado, que lleva las firmas de la secretaria Parlamentaria del bloque, Paula Penacca, el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, y el diputado sanjuanino y vicepresidente segundo de la Cámara baja, José Luis Gioja, remarcan que el legislador “sistemáticamente solicita la muerte como respuesta a cualquier conflicto, contrariando todos los principios democráticos y constitucionales que debe cumplir”.
Desde el bloque expresaron su solidaridad para con los trabajadores que “están siendo amenazados con una ‘bala’ como respuesta a sus demandas”, y argumentan que “declaraciones de esa magnitud no deben ser avaladas y tampoco convalidadas a partir del silencio”.
A su vez, plantean que la declaración del liberal va “en contra de múltiples principios constitucionales”, y enumeran: “El debido proceso, el principio de inocencia, el no prejuzgamiento, el derecho a manifestarse a la protesta, a huelga, y principalmente, la abolición de la pena de muerte y toda especie de tormento”.
En otro párrafo, sostienen que el contexto que vive la democracia es “delicadísimo”, y recuerdan el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación: “Debe llamar al conjunto de quienes ejercen representación política a la reflexión. Acciones de violencia explícita que atentan contra el pacto democrático que tanto le costó conseguir a nuestra Patria suceden en climas habilitantes”.
“Es necesario que nuestras instituciones repudien los discursos de odio y tomen acciones para generar climas de diálogo que fortalezcan nuestra democracia frente a quienes pretenden agraviarlas”, consideraron. Por último, solicitaron que se conforme la Comisión Especial como marca el articulo 188 del Reglamento de la Cámara y que proponga sanciones disciplinarias.
5047-D-2022_220923_141952La ampliación de la Corte Suprema fue aprobada en la Cámara alta. Desde el otro cuerpo en seguida comenzaron las críticas.
Inmediatamente después de concretada la media sanción del proyecto que amplía el Tribunal Supremo a 15 miembros en el Senado, diversos legisladores de la oposición salieron a criticar al oficialismo, vinculando la aprobación con la presentación de la vicepresidenta este viernes ante el tribunal oral que la juzga.
“36 senadores nacionales del oficialismo (y afines) votaron ampliar la Corte Suprema. Aceptaron ser teloneros de Cristina Kirchner, que habla mañana en el juicio por corrupción en Vialidad. Es imposible desconectar un tema del otro. Les molesta la Justicia que no mira al costado”, planteó el presidente del bloque radical de la Cámara baja, Mario Negri.
El diputado del Pro Waldo Wolff señaló por su parte: “Como no pudieron ocultar el delito ahora van a tratar de buscar nuevos jueces que lo legalicen. Pero diálogo, odio y coso”.
Cómo no pudieron ocultar el delito ahora van a tratar de buscar nuevos jueces que lo legalicen. Pero diálogo, odio y coso.
“El Senado avanzó con la media sanción para modificar la Corte. No les importa la gente solo les importa su impunidad. Desde el Pro rechazaremos este proyecto en Diputados. Es importante exigirle lo mismo al resto de los bloques no oficialistas”, señaló a su vez el presidente del bloque Pro Cristian Ritondo, en tanto que Silvia Lospennato dijo que “le dieron media sanción a la reforma de la Corte Suprema dos comentarios: 1. Están desesperados por impunidad y 2. No pasarán”.
Otra que enumeró fue la diputada de Evolución Radical Carla Carrizo: “El debate sobre la Corte Suprema en el Senado trasluce, como mínimo, dos cosas sobre la agenda del oficialismo: 1. No le importan los problemas DE la justicia, sino SUS problemas con la justicia. 2. El llamado al diálogo con la oposición no es diálogo es imposición”.
La diputada Sabrina Ajmeched consideró que “la ampliación de la Corte no va a ser ley. No pueden con el Consejo de la Magistratura ni con el Ministerio Público, ¿2/3 del Senado para nombrar a sus jueces? Ni en sus mejores sueños. No los vamos a dejar romper la República”.
“El kirchnerismo solamente cree en la imposición y el sometimiento. En ellos el diálogo es una pantomima y la división de poderes, un obstáculo. El intento en el Senado de reformar la Corte Suprema los delata una vez más. Hoy la ingenuidad es ceguera o complicidad”, advirtió el diputado Hernán Lombardi.
Para José Luis Espert, este es “un pasito más cerca la Cristi de lograr impunidad para todo lo que choreó. El país cada vez más cerca de no tener retorno”.
“La ampliación de la Corte es el último apriete de Cristina Kirchner al Poder Judicial antes de la sentencia del Juicio de Obra Pública. Pase lo que pase en Senado en Diputados vamos a lograr obstruir esa amenaza desesperada”, señaló el presidente del bloque CC-ARI, Juan Manuel López.
Soher El Sukaria señaló a su vez que “quieren imponer una agenda para distraernos del ajustazo que está haciendo Massa, por eso van contra la Corte Suprema. De paso, si les sale bien, le aseguran la impunidad a la vicepresidenta”.
Es un proyecto de los diputados Tolosa Paz y Leiva, que permitirá a exconscriptos, familiares y civiles, acceder a un reconocimiento equivalente a 104 jubilaciones mínimas.
Con la adhesión de una veintena de legisladores y legisladoras nacionales, la diputada nacional del Frente de Todos (FdT) Victoria Tolosa Paz y su par y excombatiente Aldo Adolfo Leiva presentaron este jueves en el Salón Blanco del Congreso de la Nación el anunciado proyecto de ley de "Reparación Histórica de Malvinas" en beneficio de quienes en cumplimiento de la Ley de Servicio Militar Obligatorio participaron de la Guerra de Malvinas en 1982.
“Si tenemos que pedirles perdón, yo les pido perdón en nombre de las legisladoras y legisladores nacionales que en más de 40 años, en 480 meses, en más de 500 sesiones ordinarias, no hemos tenido la valentía para plantar esta bandera”, lanzó Tolosa Paz en el inicio de la presentación.
“Es ahora; es ahora el momento de avanzar y saldar nuestras deudas”, agregó Tolosa Paz, recordando de esa forma el diálogo que mantuvo con Aldo Leiva -primer diputado excombatiente- al momento de pergeñar el proyecto que ahora buscará convertirse en ley.
Tras destacar la labor “ejemplar” de referentes del Centro Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) y el Centro de Veteranos Ex Combatientes Islas Malvinas de Berisso (CEVECIM) -entidades que convergen en la Mesa de Coincidencias Malvinas-, Tolosa Paz se refirió además al espíritu que motivó la iniciativa, “no como un tema económico, aunque sí lo sea a la hora de sancionar leyes, sino como una reparación social, porque es una sociedad que quiere reparar 10 años de olvido. Somos una generación que se quiere hacer cargo frente a un Estado que les dio la espalda”, dijo.
En esa línea destacó el “cambio de expectativa que comenzó a darse a partir del 2004, con la política llevada adelante por el gobierno de Néstor Kirchner, que permitió comenzar a saldar las deudas con los héroes”.
Por su parte, Leiva afirmó que “reconocer a una generación que fue olvidada es un acto de estricta justicia”; al tiempo que trazó una imagen de la realidad que atravesaron los héroes 40 años atrás: “La dictadura nos hizo sentir culpables de la derrota en Malvinas cuando sólo teníamos 19 años”.
Leiva, actual diputado nacional por Chaco, participó de la guerra como integrante del Regimiento 4 de Monte Caseros de Corrientes, con 19 años.
El proyecto establece que el monto de la reparación sea equivalente al valor de "104 jubilaciones mínimas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)", el cual se abonará en "24 cuotas consecutivas y actualizadas según el Artículo 32 de la Ley 24.241 de movilidad jubilatoria".
Entre los fundamentos, destaca el objetivo de “atender una de las asignaturas pendientes de la democracia con quienes siendo muy jóvenes fueron actores principales en el conflicto armado".
Y refiere, justamente, a esa falta de políticas públicas, atención y contención por parte del Estado en el período inmediatamente posterior a la guerra y extensible por diez años conocido como "proceso de desmalvinización".
"Creemos necesario que el Estado argentino tenga un reconocimiento especial que reconozca los 10 años en los cuales los exsoldados combatientes estuvieron desamparados en el marco de la conmemoración de los 40 años del conflicto bélico incorporando a este proyecto un universo de personas que también sufrió las consecuencias de ese conflicto", fundamentaron los autores del proyecto.
La iniciativa fue consensuada y cuenta con el apoyo de organizaciones que nuclean a los exsoldados conscriptos combatientes en Malvinas que -como se dijo- integran la Mesa de Coincidencias Malvinas.
Al momento de su presentación, la iniciativa ya contaba con el respaldo de los legisladores Anahí Costa, María Rosa Martínez, Juan Carlos Alderete, Nancy Sand, María Luisa Montoto, Hilda Aguirre, Sergio Palazzo, Daniel Gollán, Julio Pereyra, Nilda Moyano, Estela Neder, Mabel Luisa Caparros, Paola Vessvessian, Liliana Yambrun, Liliana Paponet, Gabriela Pedrali, Natalia Zaracho, Nelly Ramona Daldovo, Fabiola Aubone y Eduardo Valdés.
Estuvieron presentes el director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, Edgardo Esteban; el secretario de Derechos Humanos del CECIM, Ernesto Alonso; el director de Veteranos de Guerra y Ex-combatientes de Malvinas de la provincia de Chaco, Edgardo Esteban; y el referente de legales del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, y Director de Coordinación Unidad - Defensor de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Gerónimo Iraola, entre otros.
4187-D-2022-Reparación-Historica-Malvinas-Por otra parte, la iniciativa para eliminar la renovación del Certificado Único de Discapacidad en casos irreversibles o permanentes, se tratará la próxima semana en un plenario de comisiones.
Durante una reunión de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, presidida por Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro), se discutió el proyecto de ley que reconoce oficialmente la Lengua de Señas Argentina como idioma natural de las personas sordas en todo el territorio argentino.
La norma, entre otros puntos destacados, busca “eliminar las barreras comunicacionales y remover las barreras actitudinales facilitando el acceso a la comunicación e información por parte de las personas que, por su discapacidad, se comunican en Lengua de Señas Argentina en su interacción con el entorno”.
La diputada Dina Rezinovsky (Pro) explicó que hay otra iniciativa en el mismo sentido, por lo cual pidió un cambio de giro de ese proyecto para que, pueda ser tratado conjuntamente con el de autoría de la diputada Lucila Masin (FdT). La moción fue votada afirmativamente.
El otro punto del temario, que era una modificación a la Ley 22.431 para que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) no se renueve en los casos de discapacidad irreversible, sino que sea permanente, no hubo consenso para un dictamen unificado y además se acordó que se trate en un plenario la semana próxima con la otra comisión a la que tienen giro los proyectos, que es la Comisión de Acción Social y Salud Pública.
Autora de una de las iniciativas, la diputada Carla Carrizo (Evolución Radical-JxC) expresó que “el proyecto que traemos a discusión sobre el Certificado Único de Discapacidad propone un Estado más presente, que cuide y tenga una relación de empatía a la hora de solicitar el trámite”.
“Las demoras en el CUD son un tema invisibilizado”, resaltó y cuestionó: “Hay algo en que el Estado y el Consejo Federal de Discapacidad fallan y que no están haciendo bien desde hace tiempo”.
Por su parte, la legisladora Victoria Morales Gorleri (Pro-JxC) coincidió con Carrizo y sostuvo que “la persona con discapacidad debe hacer pleno ejercicio de sus derechos, y eso se logra quitando esta renovación constante del certificado. Si esto se logra, estamos dando un paso adelante como sociedad”.
De la vereda de enfrente, la diputada Victoria Tolosa Paz (FdT) se diferenció de sus colegas preopinantes y afirmó que “el tema discapacidad ha estado presente en la agenda del Estado, que es quien interviene y quita barreras”. A su vez, la oficialista argumentó que “llevar a la discapacidad dentro del sistema hegemónico de salud es un avance porque establece un dinamismo para el acceso pleno a la salud con soluciones definitivas para la discapacidad”.
Sin embargo, el diputado Eduardo Valdés (FdT), autor de un proyecto en igual sentido, fue autocrítico y aseguró: “Estamos en deuda como Gobierno. Más de un millón y medio de personas que deben renovar de los cinco millones con discapacidad que hay en la Argentina. Es urgente dictaminar la semana que viene. Debemos resolver urgente, y le digo a mi Gobierno que estamos demorados”.
En tanto, la diputada Virginia Cornejo (Pro-JxC) enfatizó que actualmente “se somete a la burocracia a personas estigmatizadas”, y reclamó que “si están todos de acuerdo que el proyecto no sea frenado por una redacción”.
En medio de una controversia de legisladores que pedían un dictamen favorable este mismo miércoles, la diputada Jimena López (FdT) reconoció que “surgieron cuestiones que se deben seguir retocando respecto a las articulaciones”. "Firmar por apuro no es dar soluciones”, aseveró.
Tras las exposiciones de los diferentes diputados, el presidente de la Comisión de Discapacidad señaló que “dentro de los acuerdos hay controversias", al tiempo que reafirmó su intención de que se escuche antes al Consejo Federal de la Discapacidad y a la Agencia Nacional de Discapacidad.
Luego, la diputada Dina Rezinovsky (Pro-JxC) fue la que propuso que el proyecto pase a un plenario en conjunto con la Comisión de Salud para continuar el tema el jueves que viene. Di Giacomo llamó a la votación, que dio como resultado por unanimidad, y se cerró la discusión.
Así se resolvió en el plenario de comisiones que debatió sobre el tema por más de tres horas. Algunos pujaban por sacar despacho, pero se negoció esperar una semana más. No habrá invitados al debate.
Con cientos de militantes de organizaciones ambientalistas y movimientos sociales en las afueras del Congreso, la Cámara de Diputados avanzó en el debate del proyecto de ley de humedales y se acordó que se emitirá dictamen el próximo jueves 29.
En una nutrida sala del Anexo de la Cámara baja, el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano; Agricultura y Ganadería; y Presupuesto y Hacienda -emplazado en la última sesión-, pasó a un cuarto intermedio luego que oficialismo y oposición negociaran cómo continuaría la discusión.
Fue después del pedido que planteó el radical Ricardo Buryaile, ante las fuertes intenciones de algunos sectores para que el proyecto viera la luz este mismo jueves.
Cuando el debate llevaba alrededor de tres horas, el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, tomó la palabra. En referencia a que se hablaba de un proyecto "ampliamente debatido, consensuado", dijo: "Quiero dejar algo en claro y sin polemizar con nadie. Presido la Comisión de Agricultura hace cinco meses y nunca llegó este proyecto".
Al mencionar que efectivamente se había tratado en Recursos Naturales, el formoseño remarcó que "tenemos una responsabilidad como diputados de estudiar lo que vamos a tratar"; y al coincidir con que se trata de "una ley trascendente", consideró "una irresponsabilidad legislativa tratar a tontas y a locas, a libro cerrado".
"No respondemos a ningún lobby, ni a los agronegocios, ni a los mineros, ni al lobby ambiental. Respondemos al mandato de nuestros representados. Y yo no acuso a nadie de estar respondiendo a algún lobby", aseveró el exministro de Agroindustria luego de una acalorada intervención de la diputada de izquierda Romina Del Plá.
Con todo, Buryaile valoró la "buena voluntad" por debatir el tema "aún cuando hay diferencias". "Dentro de nuestro interbloque tenemos tres proyectos", señaló y propuso trazar un "esquema de trabajo" porque "tenemos una responsabilidad que supera lo discursivo". "Las leyes se trabajan, no se despachan", completó y pidió un cuarto intermedio para acordar los pasos a seguir.
Luego de más de media hora, los diputados retomaron sus lugares y el conductor del debate, el presidente de Recursos Naturales, Leonardo Grosso, informó que "con la voluntad de poder construir un dictamen del mayor nivel de acuerdo posible" y "coincidiendo todos en la necesidad de que este Congreso dictamine y tenga a bien poder lograr la media sanción que nos corresponde, hemos acordado que los bloques van a ir arrimando durante el transcurso de estos días propuestas concretas de modificaciones o sugerencias a los proyectos que estamos discutiendo".
De esa manera, se pasa a "un cuarto intermedio hasta el próximo jueves que viene, a las 10 de la mañana, con el objetivo de dictaminar el mismo jueves y sin la presencia de ningún invitado", completó el oficialista.
"Nosotros manifestamos nuestra disconformidad, pero entendemos el funcionamiento, en cuanto a la ausencia de invitados que nosotros proponíamos, que entendíamos que después de escuchar a los invitados debíamos tener una reunión más. Primó la posición de la mayoría, que nosotros no estamos de acuerdo, pero respetamos", agregó Buryaile y se dio por concluida la jornada.
La introducción de la reunión
Tras la lectura de los diez proyectos en tratamiento en el comienzo del encuentro, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales reconoció que hay "acuerdos" y "desacuerdos", pero "no se puede decir que no hay ningún diputado que no está en tema". "El debate lleva unos cuantos años en Argentina y en el mundo", expresó.
El oficialista recordó que la Convención Ramsar, "una de las primeras convenciones ambientalistas en materia internacional" se aprobó en 1971 y "estaba destinada a proteger estos ecosistemas" con el objetivo de "preservar la vida de las aves migratorias". Argentina adhirió a la misma en el '75 y fue ratificada por ley en 1991.
Este viernes 23 de septiembre "se cumplen 9 años de que este Congreso de la Nación le dio la primera media sanción en el Senado" a una ley de humedales, mencionó Grosso, para continuar: "Hace una década que este Congreso viene debatiendo la necesidad de establecer presupuestos mínimos de protección a los humedales".
Ese proyecto alcanzó la unanimidad, pero luego en la Cámara de Diputados "juntó polvo en un cajón"; y "lo mismo pasó en 2016 con un proyecto entonces impulsado por el senador Fernando 'Pino' Solanas", señaló Grosso.
Al hacer un racconto de los antecedentes, el legislador dijo que "semanas después de asumir, el mismo (Mauricio) Macri había establecido la necesidad de una ley de humedales". "Entre 2015 y 2018 se presentaron ocho proyectos. En el 2020, con los fuegos del Delta del Paraná, se presentaron 15 expedientes", detalló, para mencionar finalmente el dictamen de mayoría que se logró el año pasado en la comisión, pero que no se trató en las otras a las que tenía giro.
"Hay un debate que no empieza cuando nosotros llegamos acá. Hay un debate en la sociedad argentina", remarcó y precisó que "el 80% de los humedales del mundo a lo largo de la historia fueron destruidos. Desde la Convención de Ramsar hasta acá, el 30% fue destruido y en América Latina tenemos el triste récord de superar ese 30% y haber destruido el 56%".
Finalmente, Grosso advirtió que "en los últimos años se aceleró por tres el ritmo en el que venían siendo destruidos", lo que "amerita la intervención y regulación del Estado". "No perdamos esta oportunidad, asumamos la responsabilidad que tenemos", concluyó.
La voz de los autores de proyectos
Arrancó la ronda la diputada del FIT Myriam Bregman, quien destacó "la enorme lucha que se viene dando para llegar a esta reunión" que se dio gracias a "la movilización popular, la movilización de los pueblos". Al cuestionar el "lobby del agro-power", tras leer expresiones de federaciones agropecuarias, apuntó: "Parece que ni con el dólar soja preferencial se tranquilizan, siempre quieren un poquito más, incluido el ambiente".
En cuanto al proyecto, la legisladora de la izquierda pidió que se contemplen "realmente a todos" los humedales existentes, "que ocupan más de 20% de nuestro territorio". También opinó que la autoridad de aplicación debe articular con "organismos especializados en ambiente" y "no que quede en manos de organismos estatales que tengan la presión del agronegocio". Asimismo, reclamó que la norma incluya "la participación de las organizaciones socio-ambientales, y que su opinión tenga carácter vinculante".
Por su parte, la radical Ximena García destacó que "es la primera vez que nos reunimos en un plenario para discutir en profundidad" y enfatizó que "una ley de estas características" requiere de "una profunda discusión para que efectivamente logremos la mejor ley, de consenso, que logre equilibrar a los diferentes sectores y voces" y así, "de una vez saldar esta deuda del Congreso". Para ello, recomendó "salirnos y despejarnos de las posiciones fundamentalistas" y avanzar bajo el concepto de "desarrollo sostenible" para "equilibrar la producción y el ambiente".
Al explicar su iniciativa, la santafesina sostuvo que "en el desarrollo del inventario tienen que ser contemplados los avances que ya tenemos hasta el momento", e incluso "los inventarios en los que algunas provincias han avanzado".
Coautor del proyecto junto a García, el diputado Maximiliano Ferraro consideró: "Tenemos la oportunidad de zanjar una deuda histórica con la ciudadanía". Pero solicitó por un debate "serio, previsible y de una agenda de trabajo basada en los instrumentos de esta norma que pretende reservar el uso de los humedales en nuestro país".
"Es importante tener un buen inventario para contar con la mejor información", señaló el legislador de la Coalición Cívica, al tiempo de que "los ordenamientos se aprueben por ley provinciales" y "se puedan organizar con claros criterios toda la variedad y complejidad de actividades que hoy se llevan adelante en los humedales". "La ley que buscamos no debe obstaculizar las actividades productivas", aclaró.
Desde el Frente de Todos, la diputada Alicia Aparicio aseguró: "Nuestro bloque tiene el firma propósito de arribar al dictamen y a la ley de humedales con los consensos necesarios". "Necesitamos una ley que imponga una mayor transferencia de recursos desde el Presupuesto Nacional hacia las provincias" para la gestión de humedales, al tiempo de "abrir espacios participativos" en provincias y municipios, dijo la bonaerense.
Con una mirada particular sobre la cuestión, el correntino Jorge Vara observó que la discusión hay que enmarcarla en cuatro artículos de la Constitución Nacional -41, 124, 28 y 17-; y resaltó que no se debe avanzar "sobre la potestad de las provincias" al referirse al federalismo. Respecto a la propiedad privada, el radical dijo que "esto puede gustar o no gustar, pero está en la Constitución" y si se avanza en ese sentido "va a terminar todo en la Corte".
El exministro de Producción correntino analizó que hay proyectos que plantean la regulación del uso de los humedales con "fuertes restricciones que pueden afectar desarrollos productivos, inversiones, fuentes de trabajo y generación de recursos para las provincias, los municipios, y en algunas zonas para la Nación".
"Nosotros vamos a defender a muerte el inventario que ya tiene hecho la provincia. Vamos a defender el federalismo en ese sentido", aseveró y pidió "medir el impacto para que no salga el tiro por la culata".
En una extensa intervención, la diputada Graciela Camaño consideró: "Estamos ante el debate más trascendental, esto es más importante que el Presupuesto Nacional, que es coyuntural, mientras esto es estratégico". Al mostrar mapas del país, subrayó que "Argentina tiene el 72% del territorio desertificado; nosotros somos un país árido y semi-árido" y esto "afecta alrededor del 30% de la población". "El 87% del Parque Chaqueño está desforestado", sumó.
"Cuando hablamos de humedales hablamos de las famosas tierras pobres", expresó la bonaerense, que habló entonces de la paradoja de que "las tierras despreciadas del siglo de la industrialización, hoy son miradas como una de las tablas de salvación que tiene el planeta frente al colapso del cambio climático". "Si todos podemos pararnos en ese lugar, yo no tengo la menor duda que vamos a tener la inteligencia de legislar para que tengamos un proceso de producción que sea sostenible", abogó.
Más adelante, la legisladora insistió: "El punto desde el cual debemos pensar la ley de humedales es el desastre ambiental y no las conveniencias, porque la producción y la habilitación de poder vivir en los humedales tiene que estar. Pero lo que tenemos que enseñarles a nuestros empresarios y a los habitantes de los humedales es que deben tener conciencia ecológica". "Esta ley no va a impedir la producción, esta ley les va a exigir que produzcan de manera sustentable", indicó.
Luego fue el turno del pampeano Hernán Pérez Araujo, quien reveló que el proyecto lo presentó al ver que su provincia, La Pampa, "viene padeciendo la lamentable extinción de sus humedales en el oeste"; además de que "la militancia social que ha sido fundamental para que arribemos a esta etapa". En cuanto al tratamiento de la ley, recomendó que "todos" tiendan a "bajar la autorreferencia" y "ceder" en posiciones para sacar un texto consensuado.
"Esta no es una ley antiproductiva, que vaya contra los sectores económicos. Todo lo contrario. Tenemos que llevar de la mano a la producción con la protección del ambiente", manifestó el oficialista, que pidió "salir de la dicotomía".
Protagonista del pedido de emplazamiento a las comisiones, el socialista Enrique Estévez confesó su "alegría" de "estar debatiendo responsablemente un tema que se viene tratando en este Congreso desde hace por lo menos una década". Sin embargo, manifestó que "lo negativo de estos últimos días es que todavía hay sectores que siguen negándose a la posibilidad de dar esta discusión".
En la misma línea que Camaño, su compañera de interbloque, el santafesino argumentó que "no podemos analizar este tema desde el punto de vista de un sector u otro", sino desde "una mirada de dónde estamos parados". "Hace 10 años no existía todavía la magnitud que vemos hoy de catástrofes ambientales", comparó y enfatizó que "cada vez va a haber más" incendios, inundaciones y sequías. Por eso, llamó a "establecer normas y pautas de cómo nosotros vamos a cambiar" porque "lo que no podemos hacer es tapar el sol con las manos".
Finalmente, Grosso retomó la palabra, al hablar del proyecto de cual es autor y que fue dictaminado el año pasado. El presidente de Recursos Naturales convocó también a mirar "el contexto global, de crisis ecológica, de límite al que estamos llegando como sistema mundo". Respecto de los incendios en el Delta del Paraná, informó que "en lo que va del año se registraron al menos 16.500 focos de calor en las zonas del Delta, que incendiaron algo así como 300.000 hectáreas, convirtiendo al 2022 en el segundo peor año en cantidad de incendios desde comenzaron los registros en 2010".
Sobre la iniciativa, aseguró que se trató de "un proceso de lucha, organización de muchísima gente, de aportes de la comunidad científica" y legisladores de distintos bloques; además cuenta con "el apoyo de más de 500 organizaciones, de 190 científicos y científicas". "No viene a prohibir nada, viene a establecer estándares de nuestra propia actividad", garantizó.
Incluso destacó que "retoma la definición de humedales que se consensuó en el año 2017 en un taller impulsado por el gobierno de Mauricio Macri en la Secretaría de Ambiente de ese momento. No es una definición que escribí yo; y que por supuesto supera a la definición de Ramsar que es del '71".
La iniciativa impulsada por diputados del FdT alcanza a quienes contempla los diez años en los que quienes participaron del conflicto bélico no tuvieron asistencia del Estado.
Los diputados nacionales del oficialismo Victoria Tolosa Paz (Buenos Aires) y Aldo Leiva (Chaco) presentarán este jueves el proyecto de ley de Reparación Histórica de Malvinas que establece un beneficio para las personas que en cumplimiento de la Ley de Servicio Militar Obligatorio, fueron incorporadas como soldados al servicio de conscripción y participaron en el conflicto del Atlántico Sur en el período comprendido entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.
La presentación se hará este jueves a las 18.30 en el Salón Blanco del Palacio de la Cámara de Diputados, 1° piso Palacio Legislativo. Av. Rivadavia 1864, CABA.
La medida alcanzaría a quienes participaron en efectivas acciones de combate en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM), en las Islas Georgias y Sándwich del Sur, o entrado efectivamente en combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) y a los civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes mencionados, debidamente certificado según lo establecido en el decreto 2634/90 reglamentario de la Ley 23848.
El proyecto se presenta a propósito de la conmemoración de los 40 años del conflicto bélico y sus autores remarcan la convicción de que el Estado argentino debe realizar “el reconocimiento especial de los 10 años en los cuales los exsoldados combatientes estuvieron desamparados”.
En dicho proyecto son además incorporadas un universo de personas que también padeció las consecuencias de ese conflicto en el núcleo más íntimo familiar y que hoy sufrieron la pérdida de su ser querido, un héroe de Malvinas.
Por último, se informó que el proyecto ha sido consensuado con las organizaciones que nuclean a los ex soldados conscriptos combatientes en Malvinas que integran la Mesa de Coincidencias Malvinas, entre ellos el CECIM La Plata y en CEVECIM Berisso.
El encuentro se dio en el marco de un plenario de comisiones del que participó el titular de la Fundación Observatorio PyME, Vicente Donato.
Un plenario de las comisiones de Asuntos Municipales y de Pequeñas y Medianas Empresas recibió este miércoles a integrantes de la Fundación Observatorio PyME, con el fin de analizar el Programa Nacional de Vinculación de Escuelas PyME 2022-2023.
La diputada Ingrid Jetter (Pro), titular de Asuntos Municipales, explicó que la Fundación Observatorio Pyme “busca promover el rol y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en la sociedad”.
El director ejecutivo de la Fundación Observatorio PyME, Vicente Donato, explicó el programa y dijo que busca, en principio, “el trazado de la demografía empresarial de cada municipio”. “Tenemos que saber cuántas empresas nacen y mueren y ver cómo es la distribución territorial y sectorial”, dijo.
“Estuvimos observando que, en los últimos 10 o 15 años, la demanda y la dificultad para reclutar técnicos fue muy alta para las empresas”, añadió.
Durante la reunión, se explicó que parte de la ley técnico profesional promueve la realización de prácticas profesionalizantes. Se mencionó que las escuelas técnicas deben destinar 200 horas de sus planes de estudios a prácticas que acercan a los chicos con su futuro laboral.
“¿Ustedes imaginen cómo cambiaría el país si cada año 30 mil chicos hacen la práctica profesionalizante y se forman? El esfuerzo es para todo el país, es imposible hacer este esfuerzo sin los municipios”, dijo Donato.
“El problema que tenemos en algunas provincias es que no contamos con empresas, están las escuelas, pero no las empresas. Argentina tiene entre 14 y 20 empresas cada mil habitantes, es un número muy bajo”, agregó.
Como parte del análisis de los legisladores, el diputado Guillermo Casas (Frente de Todos) destacó “el empleo formal y el porcentaje que ingresan las pymes del 45% del PBI” lo que marca que “el gran tejido a desarrollar es la pequeña y mediana empresa”.
“Esta propuesta que nos acercan sería bienvenida no solo para los municipios, sino para las provincias, que carecemos de estas herramientas fundamentales”, alegó Casas.
En tanto, la diputada Laura Carolina Castets (Coalición Cívica) consideró que “no es fácil para una pyme tener el personal suficiente y dedicarle a cada chico el tiempo necesario para que tenga una formación que valga la pena”.
Obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Cultura el proyecto de ley que instaura la fecha del 15 de agosto como celebración, en homenaje al natalicio del máximo exponente de esa danza.
En el ámbito de la Comisión de Cultura que preside el diputado Hernán Lombardi (Pro), obtuvo dictamen el proyecto de ley que consagra la jornada del 15 de agosto como Día nacional del Malambo, conmemorando el nacimiento, la trayectoria y el legado del mayor ícono de la danza, el santiagueño Roberto “Piri” Sabalza.
Siendo en 1970 uno de los primeros santiagueños en ser campeón nacional, Sabalza perfeccionó su ejecución del Malambo hasta convertirse en un formidable profesor, responsable de una extensa lista de discípulos que obtendrían el mismo galardon. Un legado que así lo define la autora del proyecto, diputada Graciela Navarro (FdT), en los fundamentos del mismo: "Quizás su mayor logro haya sido el conseguir que sus alumnos se hayan multiplicado por cientos y que, aunque no compitan, sean cultores y difusores de la tradición malambística que emana desde Santiago y se propaga por toda la Argentina".
En línea con esta iniciativa, se aprobó el proyecto de resolución que declara de interés legislativo de la Cámara el “Festival Nacional de Malambo” de Laborde, evento que desde 1966 se realiza durante enero en la mencionada localidad cordobesa, convocando delegaciones de bailarines y conjuntos musicales de todas las provincias del país.
El temario incluyó además el dictamen del proyecto de ley que equipara a la Fotografía y las Artes visuales con el resto de las disciplinas que configuran la circulación internacional de obras de Arte. Al respecto, la legisladora Sabrina Ajmechet (Pro) sintetizó que el proyecto aprobado “es básicamente una modificación del artículo 1 de la Ley 24633, que viene a saldar un pedido presentado durante mucho tiempo por aquellos que se dedican a la fotografía y a las artes visuales, de considerar e incluir el trabajo que ellos realizan en las mismas categorías que están y que circulan lo pictórico y lo escultural”.
De cara al cierre del encuentro, fueron dictaminados favorablemente numerosos proyectos de resolución y declaración, entre los que cabe destacar el interés legislativo sobre el documental “Los que no quieren ver”, dirigida por Graciela de Luca, y protagonizada por Natalia y Daniel, una pareja con discapacidad visual. “Lo que busca y lo que pretende es generar conciencia; mostrar la vida plena de las personas con discapacidad, respecto al acceso y las garantías de a los derechos”, ponderó la diputada María Lucila Masin (FdT), autora de la iniciativa, quien resaltó del documental “su accesibilidad comunicacional a través del subtitulado y el audio descriptivo, herramientas fundamentales para pensar de qué maneras generamos películas y documentales accesibles para todos y todas”.
Fue en el marco de una jornada organizada en la Cámara baja por los diputados oficialistas Florencia Lampreabe y Pablo Carro.
Con el espíritu de la Ley de Medios imperante, se desarrolló en el Anexo de la Cámara baja una concurrida jornada denominada “Comunicación democrática en la era digital, desafíos y propuestas legislativas”.
El encuentro fue organizado por los diputados del Frente de Todos Florencia Lampreabe (Buenos Aires) y Pablo Carro (Córdoba). Este último en el inicio de la jornada resaltó la importancia de dar un debate dirigido a “un horizonte de democratización de las comunicaciones, debemos garantizar el pluralismo y la diversidad informativa”.
“Si no lo logramos es muy difícil que tengamos una democracia de calidad”, expresó el diputado Carro, presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática.
En el marco del encuentro se presentó una decena de proyectos relacionados a fomentar el “pluralismo y la diversidad de voces”, según resaltaron durante la jornada.
“Es imperioso revitalizar el debate por el derecho a una comunicación que contemple los desafíos de la época”, sostuvo la diputada Lampreabe.
Además de numerosos diputados del oficialismo, asistieron también la directora del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout; la directora de Radio y Televisión Argentina RTA, Cynthia Ottaviano; en representación de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Paolo Petracca; el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, entre otros.
Fue en una reunión que mantuvo este martes la presidenta de la Cámara baja junto con los jefes de bloques. También se acordó el día para la visita del ministro de Economía, Sergio Massa, y demás funcionarios.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, mantuvo una reunión de casi una hora este martes por la tarde con los titulares de todos los bloques del oficialismo y de la oposición, más las autoridades de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para delinear el cronograma para darle tratamiento al proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2023 que ingresó el último jueves 15 por la noche.
En primera instancia, se acordó entre todos los bloques que la presentación del proyecto por parte del ministro de Economía, Sergio Massa, se realice el próximo miércoles 28, para luego dar lugar a una serie de reuniones de la Comisión de Presupuesto en las que hagan sus presentaciones los principales funcionarios de esa cartera: Raúl Rigo (Hacienda), Eduardo Setti (Finanzas), José Ignacio de Mendiguren (Producción), Juan José Bahillo (Agricultura) y Flavia Royón (Energía), que se realizarán entre el martes 4 y miércoles 5 de octubre.
También, se esperan las exposiciones de los titulares de AFIP, Carlos Castagneto; de ADUANA, Guillermo Michel; y de ANSeS, Fernanda Raverta, y luego, la participación de los ministros Claudio Moroni (Trabajo), Alexis Guerrera (Transporte) y Gabriel Katopodis (Obras Públicas), entre otros.
Una vez concluidas las exposiciones de los funcionarios, comenzará el debate en comisión entre los legisladores que integran la Comisión de Presupuesto y Hacienda. A priori, estiman emitir dictamen el 24 de octubre para llevarlo al recinto y sesionar el 26 de octubre. Según confiaron fuentes legislativas a parlamentario.com, el Presupuesto 2023 “estará sancionado para antes del inicio del Mundial de Qatar”, previsto para fines de noviembre.
Por otro lado, desde el interbloque de Juntos por el Cambio pidieron a la Presidencia citar al titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, y a directores de las empresas del Estado más deficitarias como Aerolíneas Argentinas.
El encuentro de este martes se llevó a cabo en el Salón Delia Parodi y contó con la presencia de Germán Martínez (FdT), Paula Penacca (FdT), Mario Negri (UCR), Juan Manuel López (CC), Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense), Rodrigo De Loredo (Evolución Radical), Romina Del Plá (PO – FIT), Silvia Lospennato (Pro), Nicolás Del Caño (PTS - FIT), José Luis Espert (Avanza Libertad), Ignacio García Aresca (Córdoba Federal), Diego Sartori (Fte. de la Concordia Misionero).
Además, participaron el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Omar De Marchi (Pro), y por la Comisión de Presupuesto y Hacienda Carlos Heller (presidente), Marcelo Casaretto (FdTT), Itaí Hagman (FdT), Sergio Palazzo (FdT), Hugo Romero (UCR) y Paula Oliveto (CC).
Cabe recordar que el Presupuesto 2022 fue rechazado el 17 de diciembre con la composición nueva de la Cámara por 32 votos negativos frente a 121 positivos y una abstención.
Lo organizan este lunes diputados de Juntos por el Cambio, con el fin de avanzar en una agenda de incidencia junto a organizaciones de la sociedad civil, profesionales y protagonistas.
Los diputados nacionales Carla Carrizo (Evolución Radical), Martín Tetaz (Evolución Radical) y Victoria Morales Gorleri (Pro) realizarán este lunes desde las 16.30 en la Sala 1 del 2do piso del Anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación, la jornada "Certificado Único de Discapacidad en Argentina: Mirada de profesionales, ONGs y protagonistas”. El objetivo es avanzar en una agenda de incidencia junto a organizaciones de la sociedad civil, profesionales y protagonistas.
El encuentro contará con la participación de Roberto Degrossi, de la Comisión Directiva APEBI; Daniel Marcuzzi, director Ejecutivo Asociación Proactiva; Alexia Rattazzi, directora Ejecutiva PANAACEA; Verónica Kuljko, autora de petición en Change.org; Alicia Rodríguez, autora de petición en Change.org; Horacio Rigamonti, Comisión Directiva ASDRA; Jessica Stiberman y Jimena Szpanierman de Change.org; Mariana Salas, periodista y activista por los derechos de personas con discapacidad; Marina Miguens, emprendedora y activista, entre otros.
Hay varios proyectos en el Congreso sobre el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Y, en ese marco, los legisladores empezarán a trabajar sobre una agenda en común de incidencia, escuchando a los protagonistas, profesionales, especialistas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, de conformidad con lo que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Aquellos que deseen participar, pueden inscribirse a través de siguiente formulario: https://bit.ly/3LoYCmT
La titular de la Cámara baja citó a representantes de todos los sectores para este martes. Cuándo sería la visita del ministro de Economía, Sergio Massa.
Al cabo de una semana intensa que contó con dos sesiones en días sucesivos que marcaron el debut en el recinto de Cecilia Moreau al frente de la Cámara de Diputados para debatir leyes, toda la atención está puesta ahora en el tratamiento del proyecto de ley de Presupuesto 2023. Texto que ingresó el jueves pasado y que concitará la máxima expectativa, atento al antecedente del rechazo registrado con la ley de leyes el año pasado.
Es así que la presidenta del Cuerpo convocó para este martes por la tarde a los jefes de bloques y autoridades a una reunión que se llevará a cabo en dependencias de la Presidencia de la Cámara, para comenzar a combinar cómo va a ser el tratamiento del proyecto en Diputados. En la reunión también participarán autoridades de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja.
Según informaron a parlamentario.com fuentes consultadas, la visita del ministro de Economía, Sergio Massa, para presentar formalmente el proyecto enviado el último jueves al Parlamento tendría lugar en la primera semana de octubre, aunque no se descarta que pueda adelantarse para la última semana de septiembre. Esa será una de las cuestiones que se acordarán directamente con los legisladores de todos los bloques con los que dialogará Cecilia Moreau, quien estará acompañada por el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, y la secretaria Parlamentaria, Paula Penacca.
Además de la de Massa, se acordará un cronograma de visitas a la Comisión de Presupuesto y Hacienda que conduce Carlos Heller, dándose por descontado que concurrirá el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, que acompañó la gestión de Martín Guzmán y por lo tanto ha concurrido varias veces al Parlamento para exponer sobre distintos temas, Presupuesto incluido. También asistirán los secretarios de Agricultura, de Producción y de Industria, entre otros.
Todo eso es lo que deberán acordar entre todos los bloques, con el fin de que el debate del Presupuesto sea “lo más ordenado posible”, según confiaron fuentes consultadas, que remarcaron el interés por buscar consenso en el tratamiento de esta ley trascendental.
Se dará entonces este martes el puntapié inicial y en base a eso se decidirán los pasos a seguir en el camino del texto al recinto, que se daría probablemente a fines de octubre.
El antecedente del fracaso del debate del Presupuesto 2022 es un punto a tener muy en cuenta, aunque desde el oficialismo tienen confianza en una discusión “responsable”. El espíritu exhibido de parte de la oposición hasta ahora parece ir en ese sentido, por cuanto hasta el momento no han expuesto abiertamente críticas sobre el proyecto enviado; más bien se han abocado a estudiar el extenso texto conocido el jueves por la noche, que en líneas generales incluye una estimación crecimiento del PBI del 2%, con una inflación del 60% para todo el próximo año.
El proyecto prevé una cotización del dólar para el próximo año llegaría a 269 pesos en diciembre de 2023; en tanto que el déficit primario proyectado para el próximo año es de 1,9% del PBI, contra el 2,5% previsto para el presente año, con lo cual se estaría cumpliendo el compromiso con el FMI.
Según confiaron fuentes del oficialismo, el espíritu que desean mantener es el observado a lo largo de la última semana en las dos sesiones realizadas: la informativa del jefe de Gabinete y la especial en la que se aprobaron seis proyectos, cuatro de los cuales se convirtieron en ley. Valoraron que el tenor de los debates se mantuvo dentro de los carriles normales, respetándose en líneas generales los acuerdos que permitieron por ejemplo distribuir las cuestiones de privilegio y los homenajes en el transcurso de la jornada, permitiendo avanzar con las leyes principales desde el inicio de la sesión.
Incluso sucedió que algunas cuestiones de privilegio fueron directamente insertadas, y algunos temas ríspidos directamente no se incluyeron, para no calentar el debate.
Asimismo hubo disposición para acortar el tratamiento de algunas leyes, como sucedió con la prórroga de impuestos, cuyo debate originalmente había sido calculado en más de cuatro horas y luego se redujo de manera sustancial.
El proyecto de Promoción de la Formación y Desarrollo de la Enfermería obtuvo media sanción de la Cámara baja con 199 votos a favor y ninguno en contra.
La presidenta de la Comisión de Educación y diputada del FdT, Blanca Osuna (Entre Ríos), destacó la sanción del proyecto de Promoción de la Formación y Desarrollo de la Enfermería que obtuvo media sanción de la Cámara baja con 199 votos a favor y ninguno en contra porque “jerarquiza a uno de los pilares indispensables de la salud pública en nuestro país”.
“Estamos apostando a la formación, la profesionalización y el incremento de la cantidad de enfermeras y enfermeros, de manera federal y con perspectiva de género”, afirmó la legisladora y explicó que “la Ley de Formación y Desarrollo de la Enfermería, es el resultado de un intenso trabajo que sostuvimos con la comunidad de enfermería, con universidades, sindicatos, asociaciones profesionales y ministerios de todas las provincias, que nos acompañaron en el recinto”.
En esa línea, detalló: “Estos actores tendrán una participación clave, junto a los Consejos Federales de Educación y de Salud en la Comisión Nacional que creamos, en tanto espacio de participación y asesoramiento”.
Y profundizó: “Esta ley también establece un Sistema Nacional de Evaluación, Certificación y Acreditación Integral de la Educación Técnico Profesional, y fija la creación del Programa Nacional de Enfermería con el objeto de aumentar la matrícula, el fortalecimiento de las instituciones formadoras; la consolidación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje y de las trayectorias educativas; la mejora de la calidad del trabajo profesional; la promoción de la participación creciente de la enfermería en el Sistema Nacional de Residencias Profesionales de Salud; la capacitación y la investigación continua en enfermería; y la inclusión de la perspectiva de género”.
Además, Osuna destacó que “la reconversión de las ofertas educativas de auxiliares en enfermería deberá reconvertirse en un plazo de dos años acompañadas por el Ministerio de Educación y las Universidades".
A su vez, la diputada oficialista señaló que la legislación también garantiza “las becas y la actualización de su monto a estudiantes de las carreras de enfermería de todo el país, y establece un plan de aportes económicos para la mejora de las instituciones formadoras”.
En ese sentido, agregó que se trata de “una reivindicación a una profesión crucial en el sistema de salud donde prioritariamente comprometemos al estado en su formación y carrera. Bien merecido lo tienen quienes pusieron el cuerpo y el trabajo incansable durante la pandemia sanitaria que azotó el mundo”.
Y añadió que además, con esta Ley, “se está abordando con perspectiva de género a un sector feminizado y expuesto históricamente en consecuencia a reglas patriarcales además de la prevalencia médica en el acceso a cargas de conducción".
“Este paso que estamos dando en la Cámara, se articula directamente con las Leyes de Educación Nacional N° 26.206, la Ley de Educación Superior N° 24.521, la Ley de Formación Técnico Profesional N° 26.058 y la Ley del Ejercicio de la Enfermería N° 24.004. Y fortalece una política federal indispensable, luego de años donde el macrismo eliminó el Ministerio, disminuyó las becas Progresar, dejó vencer vacunas, acotó el calendario de vacunación obligatoria, despidió miles de trabajadoras y trabajadores, y desfinanció programas claves. Y lo hacemos jerarquizando la profesión de enfermería, fortaleciendo sus carreras, facilitando su acceso federal, generando ciencia y tecnología, y favoreciendo la investigación, porque sin enfermeras y enfermeros no hay salud pública”, apuntó Osuna.
El Ministerio de Economía detalló las partidas que se destinarán a las distintas áreas prioritarias a lo largo del proyecto que cuenta con casi 5.000 páginas.
El Gobierno nacional envío este jueves por la noche el proyecto de Presupuesto 2023 a la Cámara de Diputados, compuesto por 101 artículos y en un documento que alcanza las 4.821 páginas.
En los fundamentos, el Ejecutivo defendió que el plan de gastos y recursos que se presenta "propende a la estabilidad macroeconómica, a la recomposición del poder adquisitivo de los ingresos y al fortalecimiento del mercado interno". "Avanzar en el ordenamiento fiscal permitirá reducir el financiamiento monetario del déficit y conducirá hacia una situación de solvencia fiscal", agregó.
Además, sostuvo que "la política pública debe profundizar la política industrial y científico-tecnológica para estimular la inversión privada, generar más y mejor empleo y fortalecer el sector externo, por la vía del aumento de las exportaciones de bienes y servicios. Sobre la base del orden fiscal, el aumento de las exportaciones y su valor agregado y el incremento de la tasa de inversión, podremos reducir el flagelo inflacionario que sufre nuestra economía y nuestra población".
En lo que hace al mensaje elaborado por el Ministerio de Economía, se detalla que en lo relacionado a infraestructura las asignaciones previstas para la política de vivienda -acceso, construcción y abordaje territorial de barrios populares- ascienden a más de $418.947 millones.
"Con estos recursos está previsto la construcción de más de 30.000 viviendas y más de 11.500 viviendas alcanzadas por obras de desarrollo habitacional en el marco del PROCREAR, y llevar adelante la ejecución y finalización de más de 47.400 viviendas sociales", precisa.
También señala que "el Presupuesto 2023 contempla partidas para la ejecución de obras en la red de gasoductos del país para ampliar su capacidad de transporte desde los yacimientos, principalmente no convencionales, a los polos productivos y de mayor consumo residencial", entre ellas el gasoducto Néstor Kichner. Los recursos para la inversión en el sector energético alcanzarán un monto de $404.996 millones.
En tanto, "la expansión y mejora de las redes de acceso al agua y saneamiento es una política estructural de esta gestión por su influencia en el mejoramiento de las condiciones y expectativa de vida de los argentinos y argentinas. El presupuesto para 2023 asociado con este rubro asciende a $298.880 millones, caracterizándose por su alcance federal".
Sobre las obras viales, "la inversión de la Dirección Nacional de Vialidad prevista asciende a más de $295.315 millones, que contempla obras en autovías y autopistas, obras de mantenimiento y rehabilitación de la red, acciones de seguridad vial, circunvalaciones, enlaces, puentes y accesos a puertos y ciudades, entre otras".
Asimismo, añade que "en el ámbito del Ministerio de Obras Públicas se contemplan asignaciones para el fortalecimiento de la infraestructura social, del cuidado y sanitaria por $20.481 millones".
En el capítulo referido a salud, la cartera que conduce Sergio Massa asegura que "el compromiso de garantizar el acceso a la salud seguirá siendo una prioridad para el Gobierno Nacional. En este sentido, el Presupuesto 2023 prevé una asignación de $1.188.292 millones para esta función".
En cuanto a educación, se dará continuidad a las becas Progresar con una inversión prevista de $138.240 millones; se proyecta conectar cerca de 51.400 escuelas y distribuir cerca de un millón de unidades de equipamiento tecnológico, con una inversión en Conectar Igualdad que supera los $121.000 millones; y se estima que se alcanzarán cerca de 68.900 metros cuadrados construidos de jardines, destinando un monto de casi $37.500 millones en este concepto.
El Presupuesto para el año 2023 tiene asignado un total de $500.921 millones para los programas de Ciencia y Tecnología, alcanzando el 0,34% de PBI.
Recaudación por impuestos
El Ministerio de Economía calcula que "la recaudación de impuestos nacionales y de aportes contribuciones a la seguridad social se estima que alcanzará en el año 2023 la suma de $34.978.541 millones de pesos, por lo cual será 78,6% superior a la proyectada para el año 2022, disminuyendo 0,18 p.p. del PIB respecto al año anterior". Así, "la presión tributaria pasaría de 23,95% del PIB en el año 2022 a 23,77% en el año 2023".
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) neto de reintegros, que representa el 30,1% del total de la recaudación, ascenderá a $10.363.812,7 millones, aumentando 80,7% respecto al año 2022.
Los ingresos provenientes del Impuesto a las Ganancias alcanzarán en el año 2023 a $7.961.357,4 millones, se prevé, lo que significa una suba de 78,3% respecto al año anterior y una reducción en términos del PIB de 0,05 p.p..
En tanto, la recaudación del Impuesto sobre los Bienes Personales se estima que alcanzará $696.310,9 millones, mostrando un aumento de 72,1%.
La recaudación del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias alcanzará $ 2.446.245,2 millones, registrando un alza de 81,5% con relación al año anterior, derivado del aumento en el monto de las transacciones bancarias gravadas.
Los ingresos correspondientes al Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria -PAIS- alcanzarán $405.812,4 millones, monto que será 24,7% superior al obtenido en el año 2022, mostrando una caída de 0,12 p.p. en términos del PIB, impulsado principalmente por el incremento del tipo de cambio, el aumento en las ventas de pasajes al exterior y una mayor utilización de las tarjetas de crédito y débito para operaciones en moneda extranjera.
Previamente a la votación de la norma y tal cual se había anticipado para alcanzar el mayor consenso, se introdujeron una serie de modificaciones que permitieron que no hubiera votos negativos durante la votación en general.
La Cámara de Diputados dio media sanción en la madrugada de este viernes al proyecto de Promoción de la Formación y Desarrollo de la Enfermería. La aprobación se alcanzó con 199 votos a favor, ninguno en contra y solo 4 abstenciones correspondientes a los diputados de la izquierda.
El proyecto fue el último de los tratados en la extensa sesión de la Cámara baja, que concluyó a las 3.22, al cabo de más de 15 horas de debate. En el caso de este último tema, la discusión arrancó en base a tres dictámenes, uno del oficialismo, otro de Juntos por el Cambio y un tercero de la izquierda. Las principales diferencias radicaban en la cuestión presupuestaria que hace a las becas. Sobre el final, antes de la votación, la diputada Blanca Osuna procedió a la lectura de una serie de modificaciones introducidas que fueron aceptadas por su par socialista Mónica Fein.
El proyecto con media sanción, que ahora deberá ser tratado en el Senado, tiene por objeto establecer los mecanismos necesarios para promover la formación de calidad y el incremento de la cantidad de enfermeras y enfermeros, así como la profesionalización y el desarrollo de la enfermería en todo el territorio nacional.
Además, declara de interés público nacional la Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería en la República Argentina; y establece la creación de una Comisión Nacional de Formación y Desarrollo de Enfermería, como organismo de asesoramiento técnico a los fines de brindar recomendaciones sobre cualificaciones profesionales, certificaciones educativas y estrategias para la mejora continua de la formación y el desarrollo del trabajo profesional de enfermería.
En esa comisión deberá haber representantes del Ministerio de Educación de la Nación, el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Trabajo de la Nación, el Consejo Federal de Educación, el Consejo Federal de Salud, organizaciones sindicales, instituciones de formación técnica superior, universidades y asociaciones profesionales de enfermería, quienes "actuarán ad honórem", se aclara.
Asimismo, se crea en el ámbito del Ministerio de Educación, el Programa Nacional de Formación de Enfermería, según los lineamientos del Consejo Federal de Educación, a fin de administrar y gestionar los incentivos y aportes económicos para la mejora continua de la calidad de la formación de los enfermeros, incrementar el número de egresados y promover el desarrollo de la enfermería en todo el país.
En el texto, se promueve el derecho de enfermeras y enfermeros a acceder a mayores calificaciones y preparación para el desarrollo de su profesión, ya sea a través de la educación formal como de la formación continua en salud. En consecuencia, se estimulará e incentivará la movilidad entre las distintas calificaciones y certificaciones existentes.
También, se fomentará la profesionalización de los auxiliares de enfermería que actualmente sean parte integrante del sistema de salud, tanto público como privado. Y se dispone que a partir de los dos años de promulgada la ley, se prohíbe la formación de nuevos auxiliares en enfermería en todo el territorio nacional, debiendo las ofertas educativas reconvertirse con dicho propósito en ese lapso.
La iniciativa contempla el otorgamiento de becas, que podrán ser renovables anualmente y el texto indica que "el monto anual de las mismas deberá actualizarse de forma previa al inicio de cada ciclo lectivo, debiendo definirse una escala progresiva en relación con el avance de estudio de la tecnicatura o licenciatura en Enfermería".
Abrió el debate la titular de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, la socialista santafesina Mónica Fein, quien destacó el papel de los enfermeros y enfermaras cuya contribución consideró “vital”, destacando que “la pandemia nos demostró la importancia que tiene su rol en nuestro sistema de salud”.
“Pero es necesario y urgente incrementar el número de enfermeras y enfermeros, además de promover y mejorar la formación de la enfermería. Y con este proyecto que vamos a aprobar vamos a mejorar por ley un programa que existe desde 2016 en el Ministerio de Salud y el de Educación, y que ha mejorado sustantivamente el número y la calidad de enfermeras y enfermeros”, resaltó.
Fein reconoció que en el mundo hay un déficit. Mientras en Europa y otros países hay 81 enfermeros cada 10 mil personas en nuestro país, no llegan a 35, además de registrarse “una distribución sumamente inequitativa”.
En ese sentido destacó que “en las grandes ciudades tenemos una concentración muy alta, mientras que en el resto del país no llegan a la mitad”.
“Es fundamental que en nuestro país se considere la formación como una política de Estado y se definan líneas estratégicas que contribuyan a estos objetivos”, señaló sobre el final, concluyendo que “es un gran paso para garantizar una mejor calidad y una mayor cantidad de enfermeros y enfermeras”.
A continuación, la presidenta de la Comisión de Educación, la entrerriana oficialista Blanca Osuna, resaltó el “profundo sentido humano” que tiene la práctica de la enfermería. Coincidió en que “faltan enfermeros, y eso se notó más durante la pandemia. Pero ahí estuvieron ellos y ellas”, resaltó la legisladora.
“Es importante destacar algunos sesgos y detalles que hacen a esta ley. Una tiene que ver con la profesionalización. No solo es despareja la distribución, sino que hay una diversidad de propuestas educativas: auxiliares, técnicos y técnicas y licenciados y licenciadas”, señaló, resaltando que “hay una decisión de que esa jerarquización en la profesión sea acompañada por las universidades, que van a tener un fuerte compromiso, junto al Ministerio de Educación y el de Salud, que deben trabajar coordinadamente en la materia”.
Para Osuna, “uno de los desafíos mayores es justamente la coordinación de distintas áreas. Van a tener ese desafío Salud y Educación”. Y agregó que “otra cuestión que tiene que ver con una decisión de acompañar con un incentivo económico para jerarquizar profesionalmente, sino a través de las becas”.
Recordó la diputada entrerriana que durante el Gobierno de Cristina Kirchner, el Plan Progresar dispuso toda una línea de becas para enfermeros y enfermeras. “El Pronafe es eso, y si bien hubo un período de gobierno donde las becas estuvieron congeladas, han tenido un incremento de montos y cobertura”, remarcó.
En el proyecto, agregó, se incorporan becas de posgrado y de acompañamiento que atienden las fases de la carrera.
Expresó además su deseo de que se esté “abriendo además un gran debate pendiente que tiene la Argentina sobre su sistema de salud. Poner en cuestión acompañar el proceso de formación de actores sustantivos, como son enfermeros. Dar este paso dependerá de la decisión política que conjuguemos oposición y oficialismo, y los distintos actores que van a participar del sistema: sindicatos, asociaciones, universidades, instituciones formadoras y los entes del Estado que asumirán esta responsabilidad con esta ley hoy”.
Expuso por uno de los dictámenes de minoría el diputado catamarqueño Rubén Manzi (CC), quien arrancó con un reconocimiento hacia el exdiputado Pablo Yedlin y la diputada Graciela Ocaña, sobre cuyos proyectos “hoy se llegó a esta síntesis”, dijo.
“La enfermería no es reconocida como debe”, observó, aclarando que “tampoco esta ley va a lograrlo, porque es bueno aclarar que no estamos legislando ni sobre las condiciones de trabajo, ni sobre la remuneración. Lo que estamos legislando, y no es poco, es intentando generar una corriente de mejora en la capacidad técnica, sobre todo destinado a ese 30% de auxiliares que hoy cumplen la tarea de enfermero a la par de técnicas y licenciados en enfermería”.
Manzi resaltó que el objetivo central de la norma es “generar una rápida y significativa expansión del número para acercarnos a ese ideal numérico al que hizo referencia la presidenta”.
“Pero a esta ley a mi criterio hubiese sido el ideal que tuviese un fuerte acompañamiento económico para establecer por ley el monto de becas y que sean ajustables en el tiempo –agregó-. Entendemos que la situación macroeconómica, el desplome económico, impiden que en este momento tomemos esta decisión. Así que vamos a tener que confiar en que el Poder Ejecutivo y los poderes ejecutivos siguientes le den la importancia nodal que los enfermeros y enfermeras tienen. Esos son un actor importante en el sistema de salud y eso tiene que ver con ir cambiando la visión medicocéntrica hacia una visión sistémica del sistema. Y esto también vale para lo siguiente. En esto no hay diferencias sustanciales entre las distintas fuerzas. En la importancia que le damos a la enfermería y la necesidad que todos reconocemos que la enfermería sea atendida y desarrollada como corresponde, creo que no hay grieta y que trabajemos en consecuencia para que esta ley no termine siendo una ley anodina por falta de recursos”.
“Esta ley va a permitir que haya más enfermeras en el país”, resaltó el diputado Gustavo Bouhid (UCR-Jujuy), quien habló de “la injusticia que tienen aquellos auxiliares de la enfermería que están haciendo el mismo trabajo que una enfermera profesional, pero no pueden cobrar el título, la misma cantidad de plata. Esta ley les permite la nivelación. Hay que tratar que todas las enfermeras tengan una formación universitaria”.
Pasadas las 3 de la madrugada, cerró el debate el diputado oficialista Daniel Gollan, quien arrancó descartando el cierre de la escuela de enfermería del Hospital Fiorito, como se expresó durante el debate. “Probablemente esta ley no resuelva todos los problemas, pero es un inicio, es un hito”, valoró, para destacar luego otra ley que prontamente será presentada: la que permitirá el reconocimiento del convenio 149 de la OIT. “Hoy estamos dando un paso fundamental para poner en valor lo que es la enfermería en nuestro país”, enfatizó el exministro de Salud.
A las 3 de la madrugada, cuando los legisladores se aprestaban a votar la última ley puesta a consideración, la diputada Blanca Osuna pasó a leer los cambios acordados con la oposición que permitieron la amplia aprobación de la norma.
La primera modificación figuraba en el Capítulo II, referido a la autoridad de aplicación, que quedó así redactado: “Será el Ministerio de Educación, que podrá articular y cooperar con el Ministerio de Salud en todo aquello que sea pertinente”.
En ese mismo capítulo, el artículo 5° tuvo modificaciones de forma, mientras que en el ar´ticulo 7° se agregó después del Consejo Federal de Educación, el Consejo de Universidades.
Se introdujo un nuevo artículo: el 8°, referido a los requisitos mínimos. “A fin de garantizar condiciones de equidad y calidad de formación, la Comisión Nacional de Formación y Desarrollo de la Enfermería considera para las titulaciones de enfermería los siguientes requisitos, a los fines de la validez de las mismas: 1) contenidos curriculares mínimos; 2) perfil profesional; 3) carga horaria mínima; 4) criterios para las prácticas formativas”.
En el Capítulo V, hubo modificaciones en lo referente al Programa Nacional de Formación de Enfermería. En el artículo 13°, de objetivos, se incorporó el inciso K: “Favorecer y promover la creación de becas de posgrado, con el objeto de fortalecer los conocimientos y el trabajo de los proesionales de la enfermería en todo el territorio argentino. Tambén en las áreas de las especialidades críticas como terapia intensiva y neonatología”.
El Capítulo VI tuvo modificaciones en Formación continua profesional. Se incorporó el artículo 16°, de Articulación, que dice: “A los efectos de la mejora de la calidad de la formación en la enfermería, el Ministerio de Educación asistirá a través del INED y también promoverá la articulación a través de convenios entre las universidades y las instituciones formadoras para el desarrollo de ciclos de complementación curricular para alcanzar títulos de grado y de posgrado universitario en la materia”.
El artículo 17°, Reconversión de ofertas educativas de auxiliares en enfermería, dice: “A partir de los 2 años de promulgada la presente ley, se discontinua la formación en auxiliar de enfermería en todo el territorio nacional, debiendo las ofertas educativas reconvertirse con dicho propósito en ese lapso”.
El Capítulo VII, Incentivos y aportes económicos a la formación, tuvo modificaciones en el artículo 22°, que responden a la remuneración, y los artículos 18° y 19° pasaron a ser 20° y 21°.
Las votaciones en particular se hicieron a mano alzada y Juntos por el Cambio votó en contra de los artículos 6°, 7°, 9°, 10° y 11°.
La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo recibió 189 votos afirmativos. Se establece la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023.
En la sesión especial de este jueves, la Cámara baja convirtió en ley por 189 votos a favor, 13 negativos y una abstención, la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta el 31 de diciembre de 2023.
La norma, enviada por el Poder Ejecutivo, modifica además el artículo 4 de la Ley 26.216, sobre las finalidades del programa, que serán: la disminución del uso y proliferación de armas de fuego en la sociedad civil; la reducción de accidentes, hechos de violencia y delitos ocasionados por el acceso y uso de armas de fuego; y la sensibilización y concientización de la sociedad civil acerca de los riesgos que representa la presencia de un arma de fuego.
También, la promoción de una cultura de la no violencia y de la resolución pacífica de los conflictos; el control y reducción de la conflictividad con el uso de armas de fuego; y la incidencia y reducción del circulante de armas de fuego en mercados ilegales.
Los votos en contra correspondieron a los diputados de la Coalición Cívica Victoria Borrego, Laura Castets, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Juan Manuel López, Rubén Manzi, Leonor Martínez Villada, Paula Oliveto y Mariana Stilman. También votaron en contra Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), Francisco Sánchez y Alfredo Schiavoni del Pro, y Victoria Villarruel (La Libertad Avanza). La única abstención fue de la chaqueña Marilú Quiroz (Pro).
Defendió el dictamen el presidente de la Comisión de Seguridad Interior, Ramiro Gutiérez (FdT-Buenos Aires), resaltó la aprobación unánime que el proyecto tuvo en el Senado. Un proyecto que “importa una voluntad, una política del Estado nacional, decidida en el año 2006 y que ha tenido una continuidad, Gobierno tras Gobierno, de sostener este programa que retira el remanente de las armas”.
Destacó el legislador que en 2017 se hizo la primera encuesta de victimología, que “reveló un número que pocas veces he visto en mi desarrollo profesional: para robos de autos, camiones y camionetas, en el 93,2% de los casos intermedió un arma de fuego. Es un número altísimo. Por eso, como esas armas si no se entregan para su destrucción, permean al mercado ilícito, nosotros tenemos que ayudar y fomentar estos programas”.
Ramírez puntualizó que “menos armas disponibles son menos violencia y menos víctimas”.
A continuación, el vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior, Juan Martín, sumó algunos datos, correspondientes a su provincia, Santa Fe. Entre 2014 y 2021, 7 de cada 10 homicidios fueron con armas de fuego.
“Casi la mitad de las muertes no son en defensa propia, sino conflictos interpersonales resueltos de manera muy violenta. Por eso es que hacen falta programas como este”, estimó.
A continuación aclaró que desde Juntos por el Cambio sentían que habían diferencias de criterios en la materia, pero resaltó el consenso mínimo alcanzado para reducir la violencia. “Nadie duda de la herramienta para reducir la violencia”, señaló, pero aclaró que tenían algunas discrepancias sustanciales. Por ejemplo respecto de la dinámica misma del sistema. Por eso planteó que no debía ser renovado sistemáticamente, sino que el programa debía regir de manera permanente.
De hecho, advirtió que “hoy el programa está vencido”, por eso llamó a “ir a un régimen integral”, al tiempo que reclamó también un incentivo económico sustantivo, porque en la actualidad el pago por esas armas ha quedado “totalmente desfasado”.
“Hechas estas salvedades, es mejor tener un programa a no tener ninguno”, reconoció.
A continuación, la diputada chubutense Estela Hernández (Frente de Todos) reconoció coincidencias con el diputado Martín, por ejemplo en el carácter permanente que debía tener el programa. Pero le puso al tema un tono político al preguntarse “cómo se puede pacificar la vida social, los conflictos, cuando permanentemente vemos violencia, ironía, descalificación, aun en esta Cámara”.
“¿Cómo podemos pacificar una sociedad cuando hay diputados de la Nación, alguno sentado quizás aquí, que livianamente en sus redes sociales pide pena de muerte?”, se preguntó en referencia al diputado neuquino Francisco Sánchez (Pro), al que no mencionó puntualmente. Se quejó porque no había escuchado a ningún diputado o diputada de la oposición repudiando esas palabras. “Porque las palabras tienen consecuencias, no se pueden emitir porque sí, tienen consecuencias, porque las escuchan muchísimas personas, y cuando somos representantes, tenemos una función política. Esa palabras pueden tener consecuencias”.
La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade se manifestó a favor del proyecto, pero hizo ciertas observaciones, objetando “lo que hoy se va a votar, en el contexto en que se va a votar”.
“Todo lo que han planteado es teórico, y ni siquiera han distinguido las armas que el Estado tiene y la entrega voluntaria de armas, se habla como si fuera todo lo mismo y no es todo lo mismo. Cuando uno empieza a recabar información se encuentra que hay muy poca”, se quejó, advirtiendo que “como está funcionando el programa, quizá sea más inofensivo que Don José tenga un arma guardada en un placard y no que la entregue al Estado y no sepamos qué sucede después”.
Así las cosas, y basándose en un informe enviado al ANMAC que no la convenció en absoluto, planteó sus dudas respecto del destino de las armas entregadas, reclamó que se haga presente la titular del organismo ante la Comisión de Seguridad Interior, e hizo una moción para que el proyecto volviera a comisión, adonde deberían concurrir las autoridades para responder las dudas planteadas.
La moción fue rechazada.
A su turno, el diputado Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) coincidió con su colega Mónica Frade en cuanto a que la ANMAC no había brindado la suficiente información reclamada y por eso él y la legisladora de la CC habían expresado sus disidencias en la comisión. “Estamos votando a ciegas”, reconoció López Murphy, quien consideró también “inadecuado” el sistema de incentivo, y llamó la atención a sus colegas por “haber subestimado el pedido de la diputada Mónica Frade”.
Más allá de compartir el objetivo de la norma, coincidió con la diputada de la Coalición Cívica en la necesidad de que el proyecto volviera a comisión.
Cerró el debate la radical Ximena García que sostuvo que “tenemos que abordar la seguridad como una política de Estado que no dependa de una u otra administración”.
El proyecto se aprobó en la Cámara de Diputados por amplia mayoría, con 208 votos a favor, 4 en contra y una abstención.
La Cámara de Diputados sancionó este jueves por amplia mayoría el proyecto de ley que autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera del mismo de fuerzas nacionales.
La norma cosechó 208 votos afirmativos, 4 negativos -de la izquierda- y una abstención, del radical Fabio Quetglas.
Se trata de una iniciativa que habitualmente se vota todos los años. En esta ocasión contempla ejercicios del Programa de Ejercitaciones combinadas, a realizarse entre el 1ro. de septiembre de este año hasta el 31 de agosto de 2023.
Hay un total de 11 ejercicios militares, de los cuales siete corresponden a la Armada Argentina, dos a la Fuerza Aérea Argentina, uno al Ejército Argentino y uno al Estado Mayor Conjunto.
A su vez, cinco son bilaterales, dos con Brasil y tres con Chile; seis de carácter multilateral, donde intervienen varios países.
Miembro informante en su carácter de presidente de la Comisión de Defensa, el diputado Alberto Asseff (Pro), sostuvo que “el adiestramiento de las tropas de las tres fuerzas armadas es algo natural que contribuye a mejorar su capacitación, a tener mejor información, a tener mayor conocimiento, intercambio y relaciones interpersonales. Son adiestramiento naturales que realizan en todo el mundo todas las fuerzas armadas”.
El opositor recordó que desde Juntos por el Cambio se hizo una observación a que en el texto “se incluía a la Federación Rusa como un posible combinado ejercicio”, ya que “venía de un acuerdo previo del año pasado y quedó en el proyecto sin que se estableciera un cambio oportunamente a raíz de la invasión que Rusia hizo en Ucrania en febrero de este año”. El planteo sobre que “no podemos hacer en estas condiciones ningún ejercicio, ni de oportunidad, ni programado” con Rusia fue trasladado al Ejecutivo, y desde el Ministerio de Defensa se aseguró que “ese ejercicio estaba descartado”, aclaró.
Luego fue el turno de la diputada Agustina Propato (FdT), quien resaltó “la necesidad de poner en discusión tanto en la agenda pública como en la agenda política el rol de las fuerzas armadas en este nuevo contexto tanto nacional como internacional”. Al decir que respetaba la postura de JxC sobre Rusia, reveló también que mediante un comunicado oficial el Ministerio de Defensa comunicó la decisión de “desistir de lo que es el ejercicio Unitas, en función que el anfitrión, que en este caso es Brasil, ha convocado a este ejercicio al Reino Unido”.
Por otra parte, la vicepresidenta de la Comisión de Defensa llamó a debatir la cuestión presupuestaria de las FF.AA. de modo de dotarlas “en pos de la defensa de la soberanía nacional, nuestros recursos naturales y la recuperación de nuestras vías navegables”.
En contra del proyecto, la legisladora Myriam Bregman se quejó: “Es raro que les haga tanto ruido la participación de la Federación Rusa, y no en que estén, por ejemplo, los marines yanquis”. “El ejercicio Unitas fue creado por la Armada de Estados Unidos en 1959 como parte de un dispositivo de asedio a la revolución cubana”, mencionó la presidenta del PTS-FIT.
Y agregó: “Creo que deberían recordar el rol que jugó el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) en la guerra de Malvinas, la asistencia que le dio Estados Unidos al imperialismo británico. Pero bueno, ahí ya tanto no me asombra, porque lo que hemos visto estos días: el nivel de cipayismo desplegado ante la muerte de la reina Isabel”.
A su turno, el diputado José Luis Espert (Avanza Libertad) consideró que “vincular a nuestras fuerzas armadas con el mundo forma parte del proceso de crecimiento virtuoso que Argentina tiene que tener”. Pero, al remarcar la cuestión presupuestaria, el bonaerense señaló que “hoy nuestra Infantería no tiene balas para tirar, los aviones no tienen combustible para volar y los barcos se nos hunden, por lo tanto urge tener un presupuesto razonable”.
Otra de las voces del debate fue la de Victoria Villarruel (La Libertad Avanza), quien opinó que habría que debatir “cómo arbitrar los medios necesarios para devolver a las FF.AA. la capacidad operativa que les permita cumplir con la función de defender la soberanía nacional; poner el foco en los aspectos centrales como una formación y preparación efectiva” y “la debida recomposición salarial de sus haberes” ya que “son los más pobres de la administración pública”.
“Estamos en una completa indefensión”, apuntó la libertaria, que dijo que “el presupuesto en defensa de los últimos 20 años ronda en un porcentaje del 0,8%, uno de los más bajos”. “Incluso este año se encuentra por debajo de ese promedio, siendo el peor de la historia”, continuó, para criticar luego “la nula importancia y el castigo que la clase política argentina le impone al sistema de defensa, muy especialmente desde el año 2003”.
En el cierre, el presidente del oficialismo, Germán Martínez (FdT), conocedor de los temas de defensa, rechazó la “cantidad de inexactitudes y de cosas absolutamente erróneas que se han dicho”. “Estamos en desacuerdo con muchísimas cosas que se han dicho recién. Algunos discursos anclados en el ‘76”, expresó y completó: “Me alegra que los temas de defensa generen debate e interés, pero no seamos injustos con nosotros mismos, porque estamos absolutamente en otra etapa”.
El proyecto obtuvo 129 votos afirmativos, 100 negativos y 18 abstenciones. El oficialismo accedió a cambios en el texto del dictamen, que le permitieron contar con los apoyos necesarios. De qué tributos se trata.
Con el número justo, el Frente de Todos se anotó una victoria en la Cámara de Diputados al lograr dar media sanción a la prórroga por cinco años de seis impuestos, un proyecto clave de cara a la discusión del Presupuesto 2023 ya que se trata de gravámenes que se coparticipan y representan un tercio de la recaudación nacional. Ahora la discusión pasa al Senado.
La votación en general resultó con 129 votos afirmativos, 100 negativos y 18 abstenciones. El oficialismo accedió a cambios en el texto del dictamen, que le permitieron contar con los apoyos necesarios. Principalmente, se hizo un desdoblamiento del primer artículo, de modo de separar la prórroga de los impuestos de la prórroga de las asignaciones específicas, lo cual fue avalado por amplia mayoría en la votación en particular.
Además del Frente de Todos votaron a favor los diputados del interbloque Federal, el interbloque Provincias Unidas y el Movimiento Popular Neuquino. En tanto, las abstenciones fueron de un grupo de radicales, la Coalición Cívica y Encuentro Federal, bancadas dentro de Juntos por el Cambio.
El proyecto, que había sido girado a la Cámara baja en agosto pasado -firmado por la exministra Silvina Batakis-, propone extender hasta el 31 de diciembre de 2027 un conjunto de impuestos, que caducan en diciembre de este año conforme se había establecido en la reforma tributaria de 2017, aprobada bajo la gestión de Mauricio Macri.
A partir de la iniciativa, se prorroga la vigencia del impuesto a las Ganancias; el impuesto sobre los Bienes Personales; el impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria, más conocido como impuesto al cheque; el impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos; los impuestos del régimen de monotributo; y el de Capital de Cooperativas. Además, se prorrogan las asignaciones específicas del IVA.
La discusión
En la apertura de la discusión, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (FdT), advirtió que “lo que está en juego en la aprobación de este proyecto es ni más ni menos que la solvencia del Estado” ya que estos gravámenes son “fundamentales en los números de la recaudación de nuestro sistema tributario; además la mayoría son coparticipables o se distribuyen sobre la misma base de coparticipación”.
“Los impactos serían terribles no solo sobre las finanzas nacionales, sino de las provincias y los municipios”, subrayó el oficialista, e insistió que “sería frenar la acción de los Estados” con “un altísimo costo que esto tendría para la población en las condiciones de vida de nuestra gente”.
Del otro lado del recinto, el miembro informante de Juntos por el Cambio, Luciano Laspina (Pro), aclaró: “No tenemos una objeción respecto a la prórroga de buena parte de los impuestos que hacen al financiamiento de la Nación y las provincias, porque obviamente un Estado debe estar financiado por impuestos”.
Pero, el macrista argumentó que “la objeción es en términos políticos a avalar con nuestro voto gran parte de las medidas tributarias que ha tomado este Gobierno desde que asumió, que han generado una verdadera catástrofe en términos tributarios”.
En su intervención, el cordobés Víctor Hugo Romero (UCR), quien había propuesto en comisión la idea de desdoblar los artículos, analizó que “la gestión de la estabilidad macroeconómica se basa en un Estado que tiene que tener una visión de, al menos, un equilibrio fiscal”.
“No se puede desfinanciar al Estado y a los programas que dependen de ello”, reconoció el radical, que también hizo alusión al reclamo de su bancada sobre Bienes Personales. Sobre ese tema, dijo que ese gravamen “tiene una cierta distorsión porque la Argentina necesita una reforma tributaria y hay que potenciar los recursos en función de los contribuyentes, la capacidad de pago y en función de la riqueza más que trabajar en impuestos que afectan a la actividad productiva, a los precios en bienes y servicios, y a los más humildes. Este impuesto no mide correctamente la capacidad productiva”.
A su turno, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López (CC-ARI), admitió “diferentes criterios” dentro de su interbloque pero, al hablar de cara a las propuestas electorales del próximo año, sostuvo que para tener “un plan de estabilización lo primero que se necesita es cerrar el déficit fiscal” y “si arrancamos votando en contra de ingresos públicos por 8% del PBI no hay ninguna posibilidad de cerrar el déficit”, así como tampoco “hay ninguna chance de cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario” ni de “evitar pronto una nueva crisis”.
El puntano Alejandro Cacace (Evolución Radical) recordó que la mayoría de estos impuestos se crearon en emergencia y que al momento de su vencimiento deberían realizarse evaluaciones sobre “si el objetivo se ha cumplido o no, sobre si se justifica que sigan existiendo de esa manera u otra, o si deben seguir teniendo asignaciones específicas”. “Es por eso que no queremos una prórroga lisa y llana de los impuestos, sin hacer esta evaluación”, señaló y tranquilizó que “tanto el dictamen de la mayoría como el de la minoría prorrogan los impuestos y las asignaciones específicas”, pero “nosotros creemos que hay que continuar con ellos de una manera diferente”, remarcó.
Para el porteño Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) esta prórroga “es una maniobra para esquivar la deuda pendiente que tiene este Gobierno de hacer una reforma impositiva de una vez como corresponde”. Y rechazó “asumir que nuestro sistema impositivo es aceptable y que solo cabe hacerle algunas modificaciones”.
Para el liberal, hay que dar un “debate serio sobre qué nivel de gasto público es tolerable, cómo pensamos financiarlo”, porque “no se tiene idea de lo que sufren los argentinos” producto de la presión tributaria. “Yo voy a ser gobierno en el 2023 y bajo ninguna circunstancia quiero que el Estado se financie con estos impuestos que son una patada en la cabeza para la clase media y las PyMEs”, remató.
Por su parte, el jefe del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense), cuestionó estar una vez más prorrogando impuestos “sin tener una propuesta de una reforma tributaria integral”, ni tampoco tener la posibilidad de discutir sobre cambios en el IVA, retenciones, o una rebaja al impuesto a las Ganancias para PyMEs. “Nos trajeron sobre hechos consumados”, añadió.
No obstante, el diputado expresó: “Tenemos un fuerte sentido de la responsabilidad y no vamos a dejar sin financiamiento la seguridad social, ni vamos a impedir que las provincias argentinas reciban hasta el último peso que les corresponde para el financiamiento en sus políticas públicas”.
Al fundamentar su voto en contra, el liberal José Luis Espert (Avanza Libertad) aseveró que “la Argentina va rumbo a ser, si sigue violando la Constitución, y estoy convencido de ello, una gigantesca villa miseria. Hemos transformado, con una presión impositiva salvaje, a 9 millones de argentinos que trabajan en blanco, virtualmente en esclavos impositivos”. Y enfatizó que los impuestos que se extienden son “inconstitucionales”, por lo tanto la prórroga es “abiertamente inconstitucional”.
También en rechazo al proyecto, pero desde el otro extremo, la diputada de la izquierda Romina Del Plá (PO-FIT) remarcó que “el sistema tributario argentino es por definición extremadamente regresivo y explícitamente pro-ricos”. “De (Carlos) Menem y (Domingo) Cavallo en adelante, haya pasado el gobierno que haya pasado, con mayorías absolutas, o con cámara escribanía, no modificaron nada de este sistema impositivo regresivo”, fustigó.
En el cierre, el presidente del Frente de Todos, Germán Martínez (FdT), manifestó: “No venimos ni a más ni a menos que a extender los plazos de impuestos que ya están vigentes”. Y resaltó que también se propicia la extensión de la vigencia “sin meternos en la composición interna de cada uno de los tributos”. Tras explicar el desglose de los artículos, se pasó a la votación.
Así lo planteó el diputado del Pro al defender el dictamen de minoría sobre la prórroga de impuestos, que proponía cambios en el impuesto sobre los Bienes Personales y el impuesto al cheque.
El diputado nacional Luciano Laspina (Pro) defendió este jueves el dictamen de minoría de Juntos por el Cambio sobre la prórroga de impuestos y reclamó que debe haber “una corrección del descalabro tributario” que se produjo, considera, en estos años de gobierno del Frente de Todos.
“No tenemos una objeción respecto a la prórroga de buena parte de los impuestos que hacen al financiamiento de la Nación y las provincias, porque obviamente un Estado debe estar financiado por impuestos”, aclaró.
Pero argumentó que “la objeción es en términos políticos a avalar con nuestro voto gran parte de las medidas tributarias que ha tomado este Gobierno desde que asumió, que han generado una verdadera catástrofe en términos tributarios”.
En esa línea, el macrista habló de que hubo un “impacto muy fuerte sobre los contribuyentes” y que “la suba que impulsó el oficialismo, brutal, en Bienes Personales” provocó “un verdadero éxodo de contribuyentes de altos patrimonios, que terminó desfinanciando al fisco, generando un clima anti-ahorro, anti-empresas, cuando el país necesita en este momento justamente generar inversiones”.
“Estamos de acuerdo con la prórroga de impuestos en la medida que haya una corrección del descalabro tributario que ha ocurrido, en parte, durante estos últimos años de mandato del presidente Alberto Fernández”, planteó el santafesino.
Entonces, insistió que “no podemos avalar con nuestro voto la contrarreforma impositiva que hubo a partir de diciembre de 2019”.
Sobre el dictamen de minoría, Laspina indicó que “prorroga los impuestos más fundamentales” y “prorroga las asignaciones específicas, porque el 85% van a financiar a la ANSeS, a pagar las jubilaciones, y por lo tanto consideramos es correcto se mantengan”. Sin embargo, dijo: “Al mismo tiempo exigimos, solicitamos, que se dé marcha atrás en la última reforma del impuesto a los Bienes Personales” y “se aumente el pago a cuenta del impuesto al cheque”.
La ley de leyes que envía Sergio Massa al Congreso de la Nación prevé una inflación del 60%, un crecimiento del PBI del 2% y un dólar que para fin de año debería estar en 269 pesos.
El Ministerio de Economía envió este jueves 15 de septiembre el proyecto de ley de Presupuesto 2023, cuyos datos fueron revelados por fuentes del Palacio de Hacienda. Según pudo saber parlamentario.com, el proyecto ingresó a Mesa de Entrada de la Cámara baja a las 23.45.
Los datos salientes del mismo establecen una predicción de crecimiento del PBI del 2%, con una inflación del 60% para todo el próximo año.
La cotización del dólar para el próximo año llegaría a 269 pesos en diciembre de 2023, luego de arrancar en diciembre de 2022 en 166,50 pesos. El valor promedio del año sería entonces de 219 pesos.
El déficit primario proyectado para el próximo año es de 1,9% del PBI, contra el 2,5% previsto para el presente año, con lo cual se estaría cumpliendo el compromiso con el FMI.
Para alcanzar esta baja, el Presupuesto prevé una reducción de subsidios y la eliminación de ciertas excepciones impositivas vigentes.
Se prevé una baja del 0,6% del producto por la citada baja de subsidios, como así también los recursos generados por los planes Gas IV y Gas V anunciados.
El gasto público subirá, según el proyecto, 65%, por encima entonces de la inflación prevista.
Los subsidios al transporte bajarán levemente: del 0,5% del PIB al 0,4%.
El proyecto de Presupuesto prevé un crecimiento de la inversión muy por debajo del nivel actual, pasando del 10% de 2022 al 2,9% el año entrante.
Bajaría también el consumo privado, que pasaría del 6,5% este año a un crecimiento de solo 2% en 2023.
La previsión de exportaciones es de un crecimiento de 7,1% en 2023, en tanto que las importaciones subirían 2%.
El superávit comercial calculado pasaría de 7.751 millones de dólares a 12.347 millones de dólares en 2023.
La estimación del desempleo es de 7%, con una recuperación salarial de solo 2%.
El miembro informante del oficialismo detalló el destino que tiene la recaudación de los tributos cuya vigencia se busca extender por cinco años. Anunció cambios en el texto, a fin de facilitar la aprobación.
Cerca de las 22 de este jueves comenzó en la Cámara de Diputados el debate del proyecto para prorrogar por cinco años seis impuestos nacionales. Miembro informante del oficialismo, el diputado Carlos Heller anunció que en la votación en particular se accederá a realizar cambios en el dictamen, de modo de lograr los apoyos necesarios.
El reclamo de un sector de radicales era que se desdoblara el artículo del proyecto, de modo de diferenciar lo que es la prórroga de los impuestos de la prórroga de las asignaciones específicas.
En defensa de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda resaltó que “lo que está en juego en la aprobación de este proyecto es ni más ni menos que la solvencia del Estado” ya que estos gravámenes son “fundamentales en los números de la recaudación de nuestro sistema tributario; además la mayoría son coparticipables o se distribuyen sobre la misma base de coparticipación”.
En esa línea, el porteño mencionó que el impuesto a las Ganancias, el impuesto sobre los Bienes Personales y el impuesto al cheque “significan el 54% total de lo recaudado por la DGI en 2021”. “No creo que haya que ser demasiado amplio sobre qué pasaría si esto no se prorrogara y tuviéramos que enfrentar un cese absoluto”, señaló.
“Los impactos serían terribles no solo sobre las finanzas nacionales, sino de las provincias y los municipios”, advirtió, e insistió que “sería frenar la acción de los Estados” con “un altísimo costo que esto tendría para la población en las condiciones de vida de nuestra gente”.
Al detallar la importancia de estos tributos, el oficialista precisó que “Ganancias es uno de los pilares del sistema tributario argentino” que “tiene un neto carácter progresivo” y “representa 5 puntos del PBI”.
En tanto, Bienes Personales tiene “una primera detracción destinada al INCUCAI”, mientras que “93,73% se distribuye por la Ley de Coparticipación y el 6,27% restante va a las provincias con cajas previsionales no transferidas a la Nación”.
Lo recaudado por el impuesto al cheque “tiene un destino específico, va todo al ANSeS”, con lo cual no prorrogarlo sería estar “desfinanciando el sistema previsional”, dijo el legislador. Y mencionó que lo obtenido a partir del impuesto a la venta final de cigarrillos también va a la seguridad social.
Sobre el impuesto al capital de cooperativas, “tiene un destino del 50% coparticipable, y el otro 50% va al Fondo de Promoción de Educación Cooperativa”.
El diputado agregó que “el IVA representó el 35% de lo recaudado por la DGI en 2021 y el 44% de lo recaudado por la Dirección General de Aduanas”. De este impuesto, el 11% va a la ANSeS y el 89% restante a la coparticipación. “Esta distribución se hace así desde 1991”, subrayó.
“No estamos proponiendo nada novedoso, ningún cambio, sino mantener la situación como está, no complicar a los estados”, sostuvo y cerró: “Consideramos imprescindible para el buen funcionamiento de la Nación, las provincias y los municipios que esta prórroga sea concedida por este Congreso Nacional”.
Al cerrar el debate sobre Consenso Fiscal, el presidente del bloque oficialista se quejó de que la oposición no hablara de la actualidad financiera de las provincias y reiterara “frases hechas”.
El jefe del bloque Frente de Todos de la Cámara baja, Germán Martínez, cerró este jueves el debate sobre el Consenso Fiscal, con referencias permanentes hacia otro pacto fiscal muy citado a lo largo de la sesión: el de 2017, de tiempos de Cambiemos.
En efecto, arrancó remontándose a diciembre de 2017, cuando recordó que se trataron en ese mismo ámbito tres proyectos: el Presupuesto 2018, la prórroga de impuestos y el Consenso Fiscal. Fue “en un único debate, donde en cuatro horas y piquito se aprobaron estas tres cosas”, recordó el diputado santafesino, que destacó que en esta oportunidad se tratan dos de esas tres normas de 2017. “Estamos esperando el Presupuesto”, aclaró.
“Y lo quiero decir porque tenemos que tratar de ver qué nos pasa a nosotros a la hora de querer funcionar”, agregó el legislador, que diferenció la extensión de ese debate con el actual y particularmente “la cantidad de diputados oradores individuales, enorme, a lo que se agregan los tiempos de dictámenes y de bloques”.
Martínez se quejó de la reiteración de conceptos. Porque recordó que se le había dado al tema “un fuerte debate en la Comisión de Presupuesto, y las mismas cosas que se plantearon ahí, se vuelven a decir acá. Ya escuchamos lo de los ingresos brutos y los brutos; ya escuchamos todos esos argumentos, como que en diciembre de 2017, Macri era la panacea a la cual esta horda de rebeldes hemos destrozado”, ironizó.
El presidente del bloque oficialista lamentó “la oportunidad perdida”. Y agregó: “Las oportunidades las construimos y aprovechamos nosotros. Si queremos aprovechar el debate sobre consenso fiscal, traigamos argumentos, no cliches y frases hechas”.
“Es muy raro, porque estamos discutiendo Consenso Fiscal y no se tiró ningún dato de las provincias”, señaló, felicitando a continuación a diputados opositores que tienen vínculos con gestiones provinciales, porque “algunos resultados son contundentes”.
Destacó entonces datos de la provincia de Corrientes, Jujuy y Mendoza, en sus resultados financieros y superávits. “No fue magia, diría nuestra vicepresidenta. Esto es el resultado de una articulación de nuestro Gobierno, que está poniendo las cosas en su lugar”, enfatizó.
“En diciembre de 2017 estaban ‘pum para arriba’, creían que venían por 20 años… A los pocos meses se quedan sin financiamiento. Eso los lleva de cabecita al FMI, y a los mil días anunció Macri el aumento de impuestos en 2019”, recordó. Enumeró a continuación noticias de esos días, que daban cuenta de una mayor presión fiscal, o cuando el 6 de mayo de 209 Nicolás Dujovne quintuplicó un impuesto a las importaciones para cubrir el déficit.
“Han intentado a lo largo de todo el debate confundir”, se quejó, y lamentó que desde la oposición hubieran dicho que se estaba tratando de “blindar la caja de los gobernadores. “Yo no creo aquí que nuestros diputados del Frente de Todos en Córdoba quieran blindar la caja del gobernador. ¿Les parece que los diputados del Frente de Todos de Río Negro, que quieren competir electoralmente en ese lugar, estén blindando a la provincia? ¿Y nuestros diputados de Jujuy? Eso es la democracia, es lo que tenemos que tratar de lograr, y no me parece correcto el camino del agravio hacia los gobernadores. Me parece que necesitamos otra cosa”.
Por 136 votos a favor, 108 en contra y 4 abstenciones, se sancionó la ratificación del pacto firmado entre Nación y 21 provincias. Junto al oficialismo votaron un puñado de legisladores radicales que responden a sus gobernadores.
Con el apoyo de un puñado de diputados radicales que responden a sus gobernadores, el oficialismo logró este jueves en la Cámara de Diputados la sanción del Consenso Fiscal 2021, que fue firmado en diciembre del año pasado por el Gobierno nacional y 21 provincias.
La votación resultó con 136 votos a favor, 108 en contra y 4 abstenciones. Hubo un fuerte rechazo por parte de la mayoría del interbloque Juntos por el Cambio, en contra de la creación o el aumento de impuestos, pese a que tres gobernadores de la UCR había suscripto el documento. Tampoco acompañaron los bloques de la extrema: La Libertad Avanza, Avanza Libertad y el Frente de Izquierda.
Junto al Frente de Todos votaron afirmativamente los radicales Julio Cobos (Mendoza), Jorge Rizzotti, Gustavo Bouhid (Jujuy), Jorge Vara (Corrientes) y Fernando Carbajal (Formosa). También lo hizo la correntina del Pro Sofía Brambilla.
Además del interbloque Federal y el interbloque Provincias Unidas, también acompañaron el neuquino Rolando Figueroa (MPN) y el santacruceño Claudio Vidal (SER).
En tanto, las abstenciones fueron de los radicales mendocinos Pamela Verasay, Jimena Latorre y Lisandro Nieri; y del catamarqueño Francisco Monti, también de la UCR.
Tras casi ocho meses sin tratarse, el Senado apuró en agosto pasado la aprobación del proyecto, ante las versiones de un posible ajuste en las transferencias a las provincias por parte del Ministerio de Economía. Luego de un mes, este jueves la Cámara de Diputados le dio la sanción definitiva.
A partir de este pacto, las provincias quedan habilitadas para aumentar impuestos locales, entre ellos los de Ingresos Brutos y Sellos.
Al abrir la ronda de oradores el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, aseguró que “de ninguna manera” este pacto tiene “el objetivo de subir impuestos”, y resaltó que “la idea del Consenso es establecer una estructura impositiva orientada a la promoción de la inversión, del crecimiento económico”.
“(El Consenso Fiscal) no está atravesado por la idea de aumentar impuestos, sino de implementar instrumentos que procuren que la distribución de la carga impositiva, para lo cual se prevé que tenga mayor incidencia en los impuestos patrimoniales, históricamente débiles en muchas provincias, y de esa forma poder compensar la eventual reducción en la recaudación de impuestos sobre las actividades productivas y el consumo”, insistió Heller.
El Consenso Fiscal no está atravesando por la idea de aumentar impuestos", afirmó Heller
De la vereda de enfrente, el diputado del Pro Luciano Laspina señaló que “este Consenso Fiscal vuelve a repetir el principio de salvación de la política sacrificando a los contribuyentes”, y lo comparó con el Consenso Fiscal de 2017 al que calificó de “histórico” porque “por primera vez en la historia reducía impuestos en la Nación y en las provincias, reduciendo absolutamente los impuestos a los ingresos brutos que es el más distorsivo y el más brutal de los impuestos, es el más violento, el más cruel”.
Por último, describió el proyecto de Consenso Fiscal del oficialismo como “un nuevo clavo en el ataúd del desastre fiscal y tributario de la Argentina”, y cuestionó que “desde que asumió Alberto Fernández no ha dejado de aumentar el gasto público, primero con la excusa de la pandemia, luego de la post pandemia, plan platita, el plan de (Martín) Guzmán que tiraba manteca al techo, y ahora con la llegada de (Sergio) Massa empieza a hacer un ajuste brutal para frental el descalabro anterior”. “Este proyecto terminó de dinamitar el Consenso Fiscal del 2017 que baja impuestos en las provincias y la hacía crecer al nivel de la población”, cerró Laspina.
El Consenso Fiscal es un nuevo clavo en el ataúd del desastre fiscal y tributario de la Argentina", lanzó Laspina.
Complementó el tiempo de exposición de Luciano Laspina el radical cordobés Víctor Hugo Romero, quien reivindicó parte de lo actuado en la gestión anterior, al recordar que en 2016 las provincias recuperaron la detracción del 15% que se hacía desde 1997 y que iba a la ANSeS, generando “desequilibrio en las finanzas provinciales”. El legislador citó el Consenso Fiscal suscripto por esa administración en noviembre de 2016, y recordó que esos pactos “se firman convencidos por el gobernador, pero además deben ser ratificados por cada Legislatura”.
Valoró del mismo dos parámetros básicos de esos consensos. Por un lado, atender la política fiscal, integral, pero en particular de las provincias. “Por eso las obligaba a cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal, y el fin de generar políticas de promoción para el desarrollo a través de la reducción de la carga impositiva”, señaló, agregando el compromiso de parte de las provincias de reducir de manera gradual ingresos brutos, el impuesto inmobiliario, el impuesto de sellos.
“Pero este esfuerzo no era en vano: había una garantía en la seguridad jurídica de la Coparticipación”, aclaró Romero, que habló a continuación de los compromisos entre las provincias y la Nación, aunque reconoció que “hubo dos temas importantes que no se cumplieron: “Se comprometieron a trabajar en una nueva ley de coparticipación, que garantice la distribución federal de los recursos, y eliminar los subsidios diferenciales en el AMBA”.
“Hoy llegamos al Consenso 2021, que en el enunciado es muy parecido -continuó-. Todos hablan de lograr políticas de desarrollo, pero este es totalmente distinto. Este Consenso no suspende lo que fue las distintas adendas de consensos anteriores en las obligaciones; este directamente las deja definitivamente de lado y fija nuevos parámetros, superiores a los que están vigentes hoy: ingresos brutos, de sellos, inmobiliarios y se da la posibilidad de legislar sobre el impuesto a la herencia. Y además se flexibiliza los compromisos en materia de responsabilidad fiscal”. “Por eso digo que es completamente distinto a lo que fue la base del consenso 2017”, lamentó Romero.
A su turno, el oficialista Marcelo Casaretto (Entre Ríos) sostuvo que “esto tiene origen en lo que fue el Consenso Fiscal 2017, que firmaron el entonces presidente con los gobernadores”, y contradijo a los diputados opositores preopinantes porque “en aquel momento se planteaba una baja de impuestos gradual en el ámbito de las jurisdicciones provinciales”, lo que “claramente significaba un desfinanciamiento para las arcas de las provincias en un contexto del 2017, donde el presidente firmante claramente utilizaba la herramienta del endeudamiento interno y externo de la Argentina”.
No dispone ningún aumento de impuesto para nadie”, reiteró Casaretto.
“Ante la falta de financiamiento, las provincias que necesitaban mantenerse con sus servicios y sus prestaciones, claramente fueron inducidos por el Gobierno nacional a tomar las herramientas de endeudamiento externo en moneda extranjera. Por eso 15 de las provincias argentinas tuvieron que ir por ese camino, que en 2018 entró en crisis”, apuntó el diputado entrerriano y criticó: “Entonces, el propio Gobierno que impulsó ese Consenso Fiscal de 2017 ese propio gobierno firmó en 2018 la suspensión de las cláusulas del 2017. Y ese mismo Gobierno en 2019 firmó la suspensión de esas cláusulas”, y destacó que lo que “se viene haciendo en 2020 y 2021 es la suspensión porque no hay otra forma de financiamiento para las provincias”.
En el último tramo de su discurso, Casaretto remarcó que “la baja de impuestos es facultad de cada provincia y de cada Legislatura provincial”, motivo por el que respaldó el proyecto del Ejecutivo porque “no dispone ningún aumento de impuesto para nadie”.
“Y como hay representación política diversa en las administraciones provinciales, ya que a algunos les parece tan ineficientes ingresos brutos, que representa 60, 70% de la recaudación, avísenle a los de su partido, por ejemplo, a (Horacio Rodríguez) Larreta en la Capital, que derogue el impuesto a los ingresos brutos, avísenle al gobernador de Jujuy, al de Corrientes, al de Mendoza que elimine todos esos impuestos distorsivos hoy, y que libere a los ciudadanos de esas provincias de esas limitaciones”, lanzó con un tono de voz elevado el diputado y remató: “Si no cuando gobiernan tienen una actitud, y cuando se sientan en la banca tienen una actitud populista de decir nosotros les queremos bajar los impuestos a los contribuyentes, y los peronistas se los quieren aumentar”.
Por el contrario, su coterráneo Rogelio Frigerio (Pro) destacó que el Consenso Fiscal 2017 fue “el último gran acuerdo político que tuvo la Argentina, con un nivel de consenso muy importante”, y explicó que “ese acuerdo partía de un diagnóstico común, el primero era que en la argentina y en todos los niveles de gobierno se gastaba más de lo que se podía afrontar”.
“El otro consenso era que teníamos una presión impositiva que asfixiaba a los que producen, a los que generan empleo y a la sociedad toda, y que también era menester empezar a bajar. Nos propusimos en consecuencia el primer intento en muchos años en empezar a darle alivio fiscal a los sectores de la producción y a la gente. Además, pusimos una regla de límite del gasto público bastante restrictivo, no podía subir más que el índice de precios al consumidor”, explayó Frigerio.
A su vez, señaló que “para algunos ese acuerdo fiscal fue insuficiente”, pero ponderó que “más allá de esas divergencias, nos pusimos de acuerdo en un camino que iba al norte correcto”. En ese sentido, comparó que “hoy ese diagnóstico ha empeorado significativamente, tenemos más déficit, gastamos más y peor y tenemos mayor presión impositiva que en aquel momento. Sin embargo, en lugar de ratificar ese rumbo, hoy estamos discutiendo un proyecto de ley que da marcha atrás”.
En tanto, opinó: “Creo que reducir el gasto público, sobre todo los gastos que no son indispensables, que están vinculados con privilegios, y de la mano de esto reducir la presión impositiva, es a nuestro juicio el camino que hay que seguir”.
Por último, volvió a destacar el Consenso Fiscal de 2017 y la reforma tributaria nacional del mismo año porque “fueron los dos últimos intentos de reducción impositiva en las últimas dos décadas en la Argentina”. “Lo que se está por votar hoy no es una buena noticia para los que trabajan, los que producen, los que invierten en la Argentina, para los que buscan empleo. Esta ley va en contra de esta necesidad que tiene la argentina de crear condiciones efectivas para la radicación de inversiones y la generación de empleo genuino”, criticó el diputado entrerriano.
“El impuesto a los ingresos brutos es un mecanismo de generación, propagación y multiplicación del subdesarrollo en la Argentina, con profundos efectos recesivos y sobre la pobreza", arrancó su intervención el radical Martín Tetaz y comparó: “En los últimos 60 años, según datos del Banco Central, Chile multiplicó su PBI per cápita por 8,7 veces, Colombia por 3,3 y Brasil 3,2. Uruguay por 2,5, Perú por 2,4. Argentina es el país de América Latina con menor desarrollo en los últimos 60 años. Solo 1,68 veces el PBI per cápita”.
En esa línea, señaló que “el estancamiento en el PBI de la Argentina, que todos sabemos que existe en los últimos 11 años, cuando lo medimos en PBI per cápita, tenemos el mismo, en realidad un poco menos, de que teníamos en el año 2007, con el agravante de que tenemos más del doble de pobreza”.
Además, indicó que “es un impuesto con un profundo sesgo anti exportador”, y explicó que “una de las razones por las cuales tenemos un estancamiento hace 60 años en la Argentina es que hemos tenido 15 crisis macroeconómicas severas en los últimos 75 años, 14 de ellas por insuficiencia de divisas”, y remató: “Necesitamos volver al sendero del consenso fiscal de 2017 que estipulaba un camino para la reducción y eliminación gradual del peor impuesto que tiene la Argentina en estos momentos”.
Para la diputada Laura Rodríguez Machado (Pro) existen marcadas diferencias entre el Acuerdo Fiscal que se firmó durante la presidencia de Mauricio Macri y el que se pretende aprobar hoy. "El que se suscribió en nuestra gestión contenía un compromiso, por escrito, de bajar la presión tributaria y los ingresos brutos en las provincias", afirmó.
A modo de denuncia, sostuvo que "las provincias están a favor de este acuerdo porque las aprietan y les dicen que si no firman, no les van a renegociar las deudas y las amenazan con los juicios que tienen pendientes".
El titular del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, recordó que el Consenso acordado en noviembre del 2017 y que fue ratificado por ley 27.429 y publicada en el 2028 “sin duda expresó la voluntad de las provincias por impulsar las demandas agregadas a través de la racionalización de la presión tributaria con especial énfasis de la corrección e los impuestos distorsivos”.
“Los sucesivos acuerdos firmados a partir del 2019 reflejaban precisamente que las premisas de origen fueron extremamente ambiciosas en término de gestión nacional y en cuanto a la sustentabilidad presupuestaria y el clima social de las provincias. Los sucesivos consensos fiscales son un compendio de decepciones y correcciones sobre el espíritu de esa ley. Esto sella todos los fracasos de aquella meta”, lamentó el legislador cordobés.
En representación del bloque Juntos Somos Río Negro se expresó el diputado Agustín Domingo quien aclaró que “no estamos definiendo el nivel de ingresos brutos ni de ningún impuesto provincial, estamos simplemente ratificando el acuerdo que celebró el titular del Poder Ejecutivo nacional con los titulares con los poderes de los Ejecutivos provinciales, muchos oficialistas, otros opositores”, y lo calificó como “un ejercicio de encontrar acuerdos en un tema que es clave como es la cuestión fiscal y la cuestión tributaria provincial y nacional”.
Y se alejó de la grieta: “Nosotros no estamos en esa discusión, nosotros estamos para discutir lo que realmente estamos discutiendo aquí”. A su vez, respaldó que “de ninguna manera este Consenso implica borrar todo lo que estableció aquel primer Consenso del 2017. Haber denunciado el Consenso eso sí hubiera sido un retroceso porque todos los logros se hubieran acabado”.
“La conclusión es que le falta mucho federalismo a este consenso fiscal, palabra que se repite mucho, pero que no todos la entienden cabalmente. El federalismo se discute cuando se discuten los recursos, y una gran asignatura pendiente que tenemos es la de discutir una nueva ley de coparticipación federal. Y se discute federalismo también cuando discutimos el gasto del Gobierno nacional que tiene que ser equitativo con todas las provincias, que tiene que garantizar que el envío de los recursos sea en forma automática y no sea discrecional”, explayó Domingo.
Por el lado de los libertarios, José Luis Espert (Avanza Libertad)llamó al Consenso Fiscal “cartelización fiscal” porque “si hay algo que cristaliza, friza, congela este nuevo consenso fiscal, son alícuotas de ingresos brutos”.
Sobre el final, insistió en que “esto más que Consenso Fiscal se parece a feudalismo, a cartelización fiscal, donde la Nación y las provincias se ponen de acuerdo para seguir usando como esclavos a los ciudadanos a los cuales nosotros como diputados tenemos que representar, y por ellos debemos velar, más que por los intereses de las provincias y los estados provinciales en los cuales viven esos ciudadanos”.
“Desde el bloque La Libertad Avanza vamos a rechazar esta basura de Consenso”, lanzó eufórico el diputado Javier Milei al tiempo que advirtió que “en el fondo todo este Consenso Fiscal es un aumento de la presión tributaria que va a haber efectivamente”, y sumó: “Ni siquiera los dementes de los keynesianos proponen que se crezca subiendo impuesto”.
El correntino radical Manuel Aguirre adelantó su voto a favor del Consenso Fiscal, pese a las críticas que realizó, pero remarcó que “el federalismo es cuando me dan lo que mi provincia necesita. Cuando usemos nuestros ríos para el progreso de la ciudad. Cuando acompaño a mi pueblo a que salga de ese estado en el que esta, eso es federalismo”.
Y cerró: “Comparto lo que mi gobernador firmó y lo que las legislaturas provinciales firmaron. Voy a acompañar este proyecto porque, más allá de las críticas que hice, a este federalismo que pretenden justificar como federalismo seguramente va a servir mucho para mi provincia”.
“Este Consenso Fiscal lo firmaron casi todas las provincias y es un acuerdo que se hace entre la provincia y la Nación con respecto a distintos temas impositivos. El problema está en que se han puesto de acuerdo entre ellos olvidándose de la gente”, explicó la diputada nacional por Santa Fe Germana Figueroa Casas (Pro) y denunció que “quieren cambiar Ingresos Brutos, que siempre fue para actividades lucrativas, y ahora quieren que alcance a las cooperativas y asociaciones, pero nadie dice nada”.
Finalmente, afirmó: “Le decimos que no a este Consenso no solo porque retrocede con respecto a lo que se había hecho en el gobierno de Cambiemos y el esfuerzo de todos para ir mejorando nuestro sistema tributario, sino también porque perjudica a la gente”.
Su par de bloque Fernando Iglesias indicó que el Consenso Fiscal es “una autorización a subir impuestos. Estamos hablando de romper definitivamente el Consenso del 2017 que se comprometía a la baja de los impuestos y del empleo público. Estamos hablando de subir del 2,4% el 66% de aumentos brutales de impuestos, autorización para el aumento brutal de los impuestos provinciales y subir, además, ingresos brutos y el más bruto de los impuestos”.
“Es un modelo de país basado en detener el crecimiento productivo y la generación de empleo genuino y ocultar la desocupación con subsidios y con empleo estatal. Estamos en esta enorme grieta que divide al país productivo y a la patria subsidiada”, lanzó entre gritos Iglesias.
El diputado misionero Diego Sartori (Frente de la Concordia Misionero) contradijo a la oposición: “No podemos decir una cosa y hacer otra, no podemos mentirle a la gente”, y señaló: “Acá se habló de suba de impuestos o de nuevos impuestos, cosa que no es así”, ante lo que aclaró: “Hoy ratificamos un pacto de autonomía provincial que los gobernadores tienen que hacer para tener el equilibrio justo para poder llevar adelante una política fiscal en su provincia que permita seguir en crecimiento. Mi provincia es ejemplo es ello y por eso vamos a apoyar el pacto”.
Otro radical que también adelantó su voto positivo fue el formoseño Fernando Carbajal quien defendió el Consenso porque “no estamos votando ningún aumento de impuestos y no estoy dispuesto a ponerme sacos que no me quedan porque no creo que el camino sea el aumento de impuestos para hacer crecer este país”
No estamos votando ningún aumento de impuestos", defendió el radical Carbajal.
“Voy a acompañar, voy a votar favorablemente porque tengo la obligación ético político de avalar y acompañar lo que han firmado los gobernadores del bloque del cual soy diputado. Lo voy a hacer también desde el comunicado que JxC emitió de que se comprometía a acompañar lo que firmaron los gobernadores”, agregó el formoseño y reiteró que “esto de ninguna manera significa aumentar impuestos. Acá lo que estamos haciendo es rediscutir cuál es la extensión del federalismo”.
En nombre de Republicanos Unidos el diputado Ricardo López Murphy quien señaló que “el impuesto al sello es insólito que se siga creyendo que es un mecanismo idóneo”, y lanzó: “Estamos en un impuesto inflacionario extraordinario que recauda el doble del IVA y no hay otro país que lo tenga y con la eliminación de ceros solo se conduce a la devaluación, no es ese el camino porque no hay salida”. El porteño señaló que “las provincias tienen que ver cómo financiar a la Nación, y acá la Nación está quebrada. No hay plata para todo y tenemos un déficit que esconden”.
A su turno, el diputado bonaerense Diego Santilli (Pro) lamentó que en el país “no hemos obtenido logros económicos” y recordó que “la Argentina viene de muchas décadas de creación de impuestos como en 1932 que se creó el impuesto a las Ganancias que terminó siendo por 90 años al igual que bienes personales que iba ser por 9 años y terminó siendo por 30 años”.
“En vez de estar acá para ver cómo retomamos una reforma fiscal para producir más, para tener más trabajo, estamos discutiendo cosas que no se puede crear porque discutimos quién gobernó, cuántos años. Este es el Gobierno más inflacionario desde el 2013 a la fecha, tenemos problemas gravísimos y en vez de estar discutiendo, estamos perdiendo el tiempo en debates estériles. Hoy estamos perdiendo una oportunidad para tener un a reforma fiscal que baje impuestos”, enfatizó Santilli.
Cerró el debate por p arte de la oposición el titular del bloque Pro, Cristian Ritondo, quiensostuvo que lo que busca el Gobierno es “financiamiento para bancar la irresponsabilidad fiscal a costa de los contribuyentes”, y cargó: “Este es el resultado de tanto populismo”.
“Sin duda el Gobierno sigue buscando financiamiento para bancar la irresponsabilidad fiscal a costa de los contribuyentes”, abrió su alocución el legislador por la provincia de Buenos Aires, y continuó: “Al menú de los 24 aumentos y creación de impuestos hecho por el kirchnerismo en esta última etapa hoy le agregamos el número 25, y damos marcha atrás a ese proceso que habíamos llegado en 2017 con el presidente Mauricio Macri, donde la Argentina empezaba a caminar por la senda de la baja de la presión tributaria, y eliminar los impuestos nefastos como ingresos brutos y sellos”.
El jefe del bloque Frente de Todos de la Cámara baja, Germán Martínez, cerró el debate con referencias permanentes hacia otro pacto fiscal muy citado a lo largo de la sesión: el de 2017, de tiempos de Cambiemos. En efecto, arrancó remontándose a diciembre de 2017, cuando recordó que se trataron en ese mismo ámbito tres proyectos: el Presupuesto 2018, la prórroga de impuestos y el Consenso Fiscal. Fue “en un único debate, donde en cuatro horas y piquito se aprobaron estas tres cosas”, recordó el diputado santafesino, que destacó que en esta oportunidad se tratan dos de esas tres normas de 2017. “Estamos esperando el Presupuesto”, aclaró.
“En diciembre de 2017 estaban ‘pum para arriba’, creían que venían por 20 años… A los pocos meses se quedan sin financiamiento. Eso los lleva de cabecita al FMI, y a los mil días anunció Macri el aumento de impuestos en 2019”, recordó. Enumeró a continuación noticias de esos días, que daban cuenta de una mayor presión fiscal, o cuando el 6 de mayo de 209 Nicolás Dujovne quintuplicó un impuesto a las importaciones para cubrir el déficit.
“Han intentado a lo largo de todo el debate confundir”, se quejó, y lamentó que desde la oposición hubieran dicho que se estaba tratando de “blindar la caja de los gobernadores. “Yo no creo aquí que nuestros diputados del Frente de Todos en Córdoba quieran blindar la caja del gobernador. ¿Les parece que los diputados del Frente de Todos de Río Negro, que quieren competir electoralmente en ese lugar, estén blindando a la provincia? ¿Y nuestros diputados de Jujuy? Eso es la democracia, es lo que tenemos que tratar de lograr, y no me parece correcto el camino del agravio hacia los gobernadores. Me parece que necesitamos otra cosa”.
El documento se firmó el 27 de diciembre de 2021. No adhirieron las provincias que originalmente no lo habían hecho -San Luis y La Pampa- y la Ciudad de Buenos Aires, que mantiene un litigio con Nación por el tema de la coparticipación.
A partir del nuevo Consenso Fiscal, las jurisdicciones podrán aplicar alícuotas máximas para el impuesto sobre los Ingresos Brutos y el de Sellos.
Sobre Ingresos Brutos se acordó gravar la comercialización de bienes o servicios a través de medios o tecnología que permitan la realización de las transacciones en forma remota.
Sobre Sellos se estableció una alícuota máxima del 3,5% a la transferencia de inmuebles; del 3% a la transferencia de automotores; y del 2% a los restantes actos, contratos y operaciones alcanzadas por este tributo en general.
En tanto, no estarán sujetos a alícuota máxima los actos, contratos y operaciones relacionados con las actividades de loterías y los juegos de azar.
Además, las provincias podrán elevar más allá del máximo de 2% el impuesto inmobiliario; y abre la posibilidad a que las jurisdicciones reestablezcan el impuesto a la herencia, actualmente vigente en la provincia de Buenos Aires.
Las provincias solo podrán incrementar el stock de deuda en moneda extranjera en los casos de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito, desembolsos pendientes, incrementos de stock generados por administración de pasivos, canjes o reestructuraciones y amortizaciones de capital, establece.
El titular del bloque La Libertad Avanza adelantó su rechazo al proyecto y advirtió que “en el fondo todo este Consenso Fiscal es un aumento de la presión tributaria que va a haber efectivamente”.
Tal como era sabido, el diputado nacional Javier Milei (La Libertad Avanza) expresó su rechazo al Consenso Fiscal 2021 en la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados y lo tildó de “basura”, al advertir que “en el fondo es un aumento de la presión tributaria que va a haber efectivamente”.
“Cuando uno mira los considerandos de este Consenso Fiscal arranca con neoxímoron dice que va a diseñar o a trabajar en una estructura impositiva que va a favorecer la inversión y que eso va a traer un ingreso y crecimiento económico y que eso va a traer empleo formal”, inició su discurso el liberal.
En esa línea, destrozó: “En el fondo todo este Consenso Fiscal es un aumento de la presión tributaria que va a haber efectivamente y en ningún lado de la economía razonable se dice que se crece con más impuestos porque, en general los impuestos en vez de generar crecimiento, producen descrecimiento”, y sumó: “Ni siquiera los dementes de los keynesianos proponen que se crezca subiendo impuesto”.
“Se habla del efecto de la redistribución del ingreso, pero en el fondo lo que se está diciendo que están transfiriendo recursos de un lado a otro para estimular el consumo, pero eso hace que caiga el ahorro al mismo tiempo y hace que se invierta menos por ende el PBI per cápita va a ser más bajo”, precisó el economista.
Y agregó: “Por lo tanto no solo es injusto e inmoral porque implica un trato desigual frente a la Ley, sino que además termina castigando al crecimiento económico y por ende terminan perjudicando a los que menos tienen”.
A su vez, advirtió que “ese deterioro que va a generar en el ahorro, sino solo afecta a la distribución de la acumulación de capital, a la tasa de interés, genera una estructura de capital desequilibrada que va a terminar quebrando y por ende vamos a terminar peor”.
“También hay una cuestión de la eficiencia asignativa, al margen del daño que le produce a una persona de generar un ingreso y que venga alguien y se lo robe como son los impuestos. Tampoco existe un gasto eficiente porque la peor forma de gastar el dinero de otros en otros lo que se propone desde la política y eso tampoco es cierto, siempre va a traer perjuicios para la población”, sumó a su ponencia.
Por otro lado, apuntó contra Axel Kicillof: “El gobernador de la provincia de Buenos Aires dijo que a él no le interesaban los números y no le interesaban si los proyectos eran rentables, que no le importaba si daban o no los números. Hizo ganas de despilfarro en una economía que no crece hace 10 años, con el agravante de que gobierno una provincia donde 2 de cada 3 chicos son pobres”.
“Este proyecto trae una profunda distorsión de precios relativos, y van fijando los números al criterio de cada uno. Vamos a rechazar esta basura de consenso”, remató eufórico Milei quien inmediatamente se levantó de su banca y se retiró del recinto.
A su juicio, tiene por objeto “esquilmar a los ciudadanos”. A su juicio, es la representación de que “la Nación y las provincias se ponen de acuerdo para seguir usando como esclavos a los ciudadanos”.
Previsiblemente, José Luis Espert (Avanza Libertad – Buenos Aires) se manifestó decididamente en contra de la ley de Consenso Fiscal. Lo planteó de entrada al señalar que “sancionar esto y el Día Nacional del Queso Mantecoso es más o menos lo mismo”.
El legislador liberal justificó su postura en que “no hay ninguna penalidad en la medida que el acuerdo no se cumpla”. En ese sentido recordó que “en la política nos hablamos a nosotros mismos y no a los ciudadanos. ¿Cuál es la relevancia de firmar algo que no tiene ninguna penalidad?”, insistió.
“En los hechos, hay una suerte de cartelización fiscal, más que de Consenso Fiscal entre la Nación y las provincias, para esquilmar a los ciudadanos, porque si hay algo que cristaliza, friza, congela este nuevo consenso fiscal, son alícuotas de ingresos brutos, que en el caso del impuesto a sellos va más allá, y va más allá todavía en el caso del impuesto a la herencia”, sostuvo.
Agregó Espert que “según el Consenso Fiscal, hay seis actividades que en el 2022, a partir del Consenso Fiscal de 2017, iban a estar exentas; sin embargo, a partir de este nuevo Consenso Fiscal dejan de estar exentas. Y no solo eso, sino que pasan a tener alícuotas superiores a las de 2019: electricidad, gas, agua, comunicaciones, agricultura, industrias manufactureras, etcétera”.
Para el diputado liberal, “la montaña de retenciones y percepciones hacen de Ingresos Brutos un impuesto confiscatorio”, al punto tal que “hay empresas en algunas provincias que tienen hasta 800 meses de retenciones y percepciones realizadas por las direcciones provinciales de Rentas, o sea que no van a tener necesidad de facturar por 66 años para cobrarse el crédito que tienen contra las direcciones provinciales de Rentas”.
Al impuesto de sellos lo definió como “un impuesto medieval que no debería existir”, y advirtió además que el Consenso Fiscal pretende exportar el impuesto a la herencia al resto de las provincias.
Sobre el final, insistió en que “esto más que Consenso Fiscal se parece a feudalismo, a cartelización fiscal, donde la Nación y las provincias se ponen de acuerdo para seguir usando como esclavos a los ciudadanos a los cuales nosotros como diputados tenemos que representar, y por ellos debemos velar, más que por los intereses de las provincias y los estados provinciales en los cuales viven esos ciudadanos”.
Espert concluyó afirmando que “Argentina tiene futuro, pero ese futuro está ceñido al respeto de la Constitución”.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda argumentó que el pacto entre Nación y 21 provincias apunta a la solvencia de las jurisdicciones y a que se mantenga la recuperación económica.
Al abrir el debate sobre el proyecto de Consenso Fiscal 2021, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Carlos Heller, aseguró que "de ninguna manera" este pacto tiene "el objetivo de subir impuestos".
Para el oficialista, "es necesario tener en cuenta todo lo que viene sucediendo en nuestro país en los últimos años" con "las fuertes caídas del PBI y de la actividad industrial ocurridas entre 2016 y 2019; a la pandemia posterior, con todas sus consecuencias; y al agravamiento de la situación internacional producto, entre otras cosas, de la guerra entre Rusia y Ucrania".
Al destacar que en su informe de gestión, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, exhibió números sobre la recuperación económica, el legislador del Frente de Todos señaló que "para que continúe, para que tenga sustento ese crecimiento que se está dando, para que puedan profundizarse las políticas que apuntan a fortalecer la inclusión social, es a través de procesos de mejora en la distribución de la renta, imprescindible, porque no se puede hablar de inclusión si no se habla de distribución".
En ese marco, "resulta necesario redefinir los términos del Consenso Fiscal", dijo el porteño y afirmó: "De ninguna manera el objetivo de este Consenso es subir impuestos".
Incluso, recordó que cuando se suscribió, en diciembre pasado, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, sostuvo que los gobernadores se estaban "autolimitando en la suba de impuestos", mientras que aquella jurisdicción que no firmaba podía aumentar los impuestos "incluso más" que las que suscribieron.
"Se requiere la instrumentación de una política y una administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones", expresó el miembro informante del oficialismo, y agregó que "la idea del Consenso es establecer una estructura impositiva orientada a la promoción de la inversión, del crecimiento económico".
Asimismo, apunta al "objetivo de poder seguir avanzando en forma gradual y sostenida en recortar las diferencias de desarrollo" que existen entre las provincias del país.
Nuevamente al hacer referencia a Manzur, quien manifestó que "para contar con un Estado inteligente, fuerte y cada vez más presente, necesitamos un Estado solvente", Heller defendió que "esa es la orientación de este Consenso que estamos discutiendo: un Estado solvente que pueda avanzar en la realización de las políticas públicas que lleve a los objetivos planteados".
"(El Consenso Fiscal) no está atravesado por la idea de aumentar impuestos, sino de implementar instrumentos que procuren que la distribución de la carga impositiva, para lo cual se prevé que tenga mayor incidencia en los impuestos patrimoniales, históricamente débiles en muchas provincias, y de esa forma poder compensar la eventual reducción en la recaudación de impuestos sobre las actividades productivas y el consumo", ahondó.
También, el diputado dijo que va en línea con "la necesidad de evitar la aparición de desequilibrios fiscales" y que se "reduzca o elimine la necesidad de tomar deuda por parte de las provincias", o de "mejorar la composición de ese endeudamiento al que fueron llevadas, casi obligadamente, en algún momento", en referencia a la gestión anterior.
Heller resaltó que este Consenso "es un acto absolutamente federal, no es una cosa discrecional del presidente de la Nación con los gobernadores" ya que "para ser efectivo y aplicable requiere que este Parlamento lo sancione y que cada Legislatura provincial haga lo mismo". "Se trata de un acto de absoluto funcionamiento del sistema federal en la toma de decisiones", finalizó.
En el inicio del debate, el diputado del Frente de Izquierda y de los Trabajadores planteó que “hay recortes en salud desde hace años”.
El diputado nacional Nicolás Del Caño (FIT – Buenos Aires) pidió un apartamiento de reglamento para forzar el tratamiento de un proyecto para declarar la emergencia en discapacidad. Previsiblemente, el proyecto no alcanzó los dos tercios de los legisladores presentes para poder ser tratado sobre tablas por lo estipulado en el reglamento sobre temas fuera de agenda.
En ese marco, el diputado de izquierda sostuvo que “se viven manifestaciones históricas por el duro ajuste que se está llevando adelante; en las calles hay personas con discapacidad, desde la cual desde hace años se viene desfinanciando”.
Del Caño agregó que “con la firma de (Sergio) Massa y (Juan) Manzur (ministro de Economía y jefe de Gabinete de la Nación, respectivamente) en la resolución 826/2022 se aplicaron recortes en salud, educación y vivienda”, y añadió que “la superintendencia dispuso un nuevo atraso en los pagos de los trabajadores y trabajadoras que trabajan en discapacidad”.
“Es una situación angustiante y vergonzosa”, dijo Del Caño. “Están aplicando un ajuste, escuchamos desgarradores testimonios donde no se aguanta más y que no os conmovieron hasta las lágrimas. Queremos que se discuta este proyecto”, concluyó el legislador.
Además, el diputado santafesino señaló que el proyecto “vuelve a repetir el principio de salvación de la política sacrificando a los contribuyentes”, y lo comparó con el Consenso Fiscal del 2017.
Por el dictamen de minoría de Consenso Fiscal se pronunció el diputado nacional Luciano Laspina (Pro – Santa Fe) en la sesión de este jueves de la Cámara baja, quien criticó el proyecto del oficialismo porque “es un nuevo clavo en el ataúd del desastre fiscal y tributario de la Argentina” y remarcó que “vuelve a repetir el principio de salvación de la política sacrificando a los contribuyentes”.
Al comienzo de su intervención, Laspina señaló que “este Consenso Fiscal vuelve a repetir el principio de salvación de la política sacrificando a los contribuyentes”, y comparó que el Consenso Fiscal “histórico” fue el de 2017 que “por primera vez en la historia reducía impuestos en la Nación y en las provincias, reduciendo absolutamente los impuestos a los ingresos brutos que es el más distorsivo y el más brutal de los impuestos, es el más violento, el más cruel que castiga a la industria nacional porque tiene que exportar y tiene que cargar detrás un impuesto que no existe en ningún otro lugar del mundo”.
En esa línea, recordó que en la reunión de Comisión “la gente de la industria automotriz nos dijo que lo que más pesaba eran los impuestos intraproducción que son los impuestos a los ingresos brutos que se van sumando en todas las etapas de producción que no existe en ninguna parte del mundo y que, incluso en Argentina, fue derogada en el año 74’ y después volvió”.
“Tiene un poder recaudatorio enorme y el Consenso Fiscal del 2017 estaba destinado a reducir impuestos sustancialmente”, disparó el legislador santafesino.
A su vez, cuestionó: “Tenemos varios dramas en el país, pero un drama que tenemos en esta Cámara es que nosotros no estamos acá no representando a las provincias, estamos acá representando al pueblo de la Nación, a los contribuyentes y en la Constitución Nación fue pensada para que esta Cámara sea la de origen de los impuestos precisamente en búsqueda de la representación y la defensa de los contribuyentes y el Senado es donde las provincias y los gobiernos provinciales están representados”.
“Todos sabemos que hay un problema en esta Cámara, esta Cámara está en puesto dos en el ranking mundial de sobrerrepresentación. Nuestro Senado está primero en sobrerrepresentación y peso relativo a las provincias más chicas lo cual está muy bien, viva el federalismo, pero esta Cámara está puesto dos y a veces los diputados creemos que representamos a las provincias”, criticó Laspina y apuntó: “Entonces venimos acá a defender al gobernador de la provincia y a votar este tipo de Consensos que le rompe la cabeza al contribuyente para que las políticas en las provincias sigan financiando una fiesta del despilfarro del gasto como nunca se vio antes en la Argentina en los últimos 20 años que ha sido un verdadero descontrol”. Y remató: “Acá venimos a defender a los contribuyentes, no a los gobernadores”.
En otro tramo de su ponencia, el referente del Pro indicó que “Argentina tiene el drama de los impuestos invisibles porque cuando vas a la góndola del supermercado y pagar algo $100 y $40 se lo lleva el Estado, pero no sabemos quién porque está todo mezclado el IVA, ingresos brutos, sellos, cheques, toda la parafarnaria de impuestos que tenemos en el país”, y enfatizó: “Por eso los gobernadores de las provincias les gusta ingresos brutos porque no se ve, porque está en el medio de la cadena de producción”.
Por último, describió el proyecto de Consenso Fiscal del oficialismo como “un nuevo clavo en el ataúd del desastre fiscal y tributario de la Argentina”, y cuestionó que “desde que asumió Alberto Fernández no ha dejado de aumentar el gasto público, primero con la excusa de la pandemia, luego de la post pandemia, plan platita, el plan de (Martín) Guzmán que tiraba manteca al techo, y ahora con la llegada de (Sergio) Massa empieza a hacer un ajuste brutal para frental el descalabro anterior”.
“Este proyecto terminó de dinamitar el Consenso Fiscal del 2017 que baja impuestos en las provincias y la hacía crecer al nivel de la población”, cerró Laspina.
Con cara visiblemente molesta por la demora en alcanzar el quórum, la presidenta de Diputados le pidió al oficialismo revisar el reloj.
Ni el interbloque Juntos por el Cambio, ni el bloque de Javier Milei, ni los cuatro legisladores de la izquierda dieron quórum en la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados. El oficialismo transpiró hasta el último minuto para alcanzar los 129 diputados para abrir la reunión, y los últimos dos en llegar vinieron desde sus propias filas.
El anteúltimo en entrar fue Máximo Kirchner, quien siempre suele llegar al filo. Pero no fue él el 129, sino el porteño Eduardo Valdés, que fue aplaudido cuando entró al recinto, a las 12.55.
"Le voy a pedir a los diputados, por lo menos de mi bloque, que revisen los horarios de sesión", reclamó visiblemente molesta la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau.
Además del oficialismo, dieron quórum el interbloque Federal, el interbloque Provincias Unidas, el neuquino Rolando Figueroa y el liberal José Luis Espert.
La Cámara de Diputados sesionará desde las 12.55 para avanzar con ambos proyectos de índole tributaria. También se tratará la ley de enfermería.
La tan postergada sesión de la Cámara de Diputados para debatir un temario que incluye proyectos de suma importancia arrancó este jueves a las 12.55, con la presencia de 129 legisladores. Como temas centrales, el oficialismo buscará la sanción definitiva del Consenso Fiscal 2021 y avanzar con el proyecto que prorroga seis impuestos por cinco años.
Le costó algunos minutos al oficialismo llegar al número necesario para arrancar la sesión. Juntos por el Cambio tenía decidido no aportar al quórum y al oficialismo le costó algunos minutos llegar al número. Máximo Kirchner fue el anteúltimo en llegar, al punto tal que al ingresar pidió disculpas a sus pares. Eduardo Valdés llegó al final y completó los 129.
Si bien desde el 5 de julio a la fecha hubo tres sesiones, ninguna de ellas fue para debatir leyes: la del 2 de agosto fue cuando Cecilia Moreau asumió en reemplazo de Sergio Massa; la del 3 de septiembre fue para votar un repudio al atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner; y la de este miércoles fue para recibir el informe de gestión del jefe de Gabinete, Juan Manzur.
A pocas horas de la convocatoria, el Frente de Todos incorporó la prórroga de impuestos, un tema que originalmente no estaba contemplado. Pero sí era el anhelo del oficialismo poder tratarlo antes del ingreso del Presupuesto 2023, que se espera sea girado precisamente este jueves mientras transcurra la sesión, dado que la recaudación por esos tributos rondan alrededor del 32%, lo cual resultan claves. Las negociaciones para lograr los votos para su aprobación continuarán mientras se desarrolle la sesión.
Con la iniciativa, se busca extender hasta el 31 de diciembre de 2027 la vigencia del impuesto a las Ganancias; el impuesto sobre los Bienes Personales; el impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria, más conocido como impuesto al cheque; el impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos; los impuestos del régimen de monotributo; y el de Capital de Cooperativas. Además, se prorrogan las asignaciones específicas del IVA.
Otro tema será la ratificación del Consenso Fiscal 2021, firmado por el Poder Ejecutivo nacional y representantes de 21 provincias. El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado y se espera que se convierta en ley también con el acompañamiento de un puñado de radicales que responden a sus gobernadores, los cuales suscribieron.
Entre sus puntos principales, este pacto permite que las provincias puedan aumentar -con alícuotas máximas- impuestos locales tales como Ingresos Brutos y Sellos. Bajo el lema de “no crear” o “no aumentar” impuestos, Juntos por el Cambio tiene fuertes críticas.
El temario de la sesión incluye el proyecto que autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y salida fuera del mismo de fuerzas nacionales, para participar en los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones combinadas, a realizarse entre el 1° de septiembre de este año hasta el 31 de agosto de 2023.
Además, se tratará el acuerdo que crea la Fundación Internacional UE-ALC, celebrado el 25 de octubre de 2016, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana; y la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023 del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.
Por último, se debatirá el proyecto de Promoción de la Formación y Desarrollo de la Enfermería. Sobre este tema existen dos dictámenes, y un acuerdo previo entre oficialismo y oposición para alcanzar los consensos necesarios en el recinto, de modo tal que el texto salga con el respaldo más amplio. Las principales diferencias radican en la cuestión presupuestaria que hace a las becas.
La Cámara de Diputados sesionará desde las 12 para avanzar con ambos proyectos de índole tributaria. También se tratará la ley de enfermería.
Tras dos meses, la Cámara de Diputados se reunirá este jueves para aprobar un temario que contiene proyectos de ley. Desde las 12, hora que está prevista la sesión especial, el oficialismo buscará la sanción definitiva del Consenso Fiscal 2021 y avanzar con el proyecto que prorroga seis impuestos por cinco años.
Y decimos dos meses porque si bien desde el 5 de julio a la fecha hubo tres sesiones, ninguna de ellas fue para tratar iniciativas significativas: la del 2 de agosto fue cuando Cecilia Moreau asumió en reemplazo de Sergio Massa; la del 3 de septiembre fue para votar un repudio al atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner; y la de este miércoles fue para recibir el informe de gestión del jefe de Gabinete, Juan Manzur.
A pocas horas de la convocatoria, el Frente de Todos habría logrado conseguir los votos necesarios para llevar al recinto la prórroga de impuestos, un tema que originalmente no estaba contemplado. Pero sí era el anhelo del oficialismo poder tratarlo antes del ingreso del Presupuesto 2023, que se espera sea girado precisamente este jueves mientras transcurra la sesión, dado que la recaudación por esos tributos rondan alrededor del 32%, lo cual resultan claves.
En las negociaciones, el bloque que conduce Germán Martínez habría accedido a reclamos planteados por algunos diputados del radicalismo, de modo que en el dictamen se separen en distintos artículos lo que es prórroga de impuestos a lo que se refiere únicamente a asignaciones específicas, para lo cual sí se requiere mayoría absoluta.
Con la iniciativa, se busca extender hasta el 31 de diciembre de 2027 la vigencia del impuesto a las Ganancias; el impuesto sobre los Bienes Personales; el impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria, más conocido como impuesto al cheque; el impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos; los impuestos del régimen de monotributo; y el de Capital de Cooperativas. Además, se prorrogan las asignaciones específicas del IVA.
Otro tema será la ratificación del Consenso Fiscal 2021, firmado por el Poder Ejecutivo nacional y representantes de 21 provincias. El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado y se espera que se convierta en ley también con el acompañamiento de un puñado de radicales que responden a sus gobernadores, los cuales suscribieron.
Entre sus puntos principales, este pacto permite que las provincias puedan aumentar -con alícuotas máximas- impuestos locales tales como Ingresos Brutos y Sellos. Bajo el lema de "no crear" o "no aumentar" impuestos, Juntos por el Cambio tiene fuertes críticas.
El temario de la sesión incluye el proyecto que autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y salida fuera del mismo de fuerzas nacionales, para participar en los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones combinadas, a realizarse entre el 1° de septiembre de este año hasta el 31 de agosto de 2023.
Además, se tratará el acuerdo que crea la Fundación Internacional UE-ALC, celebrado el 25 de octubre de 2016, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana; y la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023 del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.
Por último, se debatirá el proyecto de Promoción de la Formación y Desarrollo de la Enfermería. Sobre este tema existen dos dictámenes, y un acuerdo previo entre oficialismo y oposición para alcanzar los consensos necesarios en el recinto, de modo tal que el texto salga con el respaldo más amplio. Las principales diferencias radican en la cuestión presupuestaria que hace a las becas.
El auditor del FdT dio a conocer un informe de la Auditoria General de la Ciudad en el que se observan inconsistencias en el registro de los recursos tributarios y de otros recursos.
El auditor general de la Ciudad por el Frente de Todos, Lisandro Teszkiewicz, dio a conocer un informe elaborado por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, en el cual se relevó que en el Control de los Recursos de la CABA se observan inconsistencias en el registro de los recursos tributarios -y de otros recursos- y el incumplimiento de la Ley N° 70.
De acuerdo al documento difundido, el objetivo principal fue examinar la concordancia entre las recaudaciones ingresadas en la Tesorería General en concepto de Recursos Tributarios, y de otros recursos, los registros efectuados en la Contaduría General y verificar su correcta exposición en la ejecución, para el periodo 2019.
Respecto de esta situación, Teszkiewicz afirmó que “esto nos ayuda a comprender lo que sucede cuando el ejecutivo envía a la Legislatura el presupuesto anual, con algunas cifras de ingresos que son muy inferiores a lo que en realidad va a ingresar, más aún cuando la magnitud de las diferencia no permiten considerar un error aceptable en la estimación” e indicó que “lo que hacen Horacio Rodríguez Larreta y Martín Mura es informar en el presupuesto menos recurso de los que tendrán, para justificar el ajuste en áreas como Educación, Salud o Desarrollo Social y, luego, cuando efectivamente ingresan los fondos enviar un proyecto de 'ampliación presupuestaria' justificando con argumentos difusos el motivo del aumento que se produjo, y destinando esos fondos 'excedentes' a su conveniencia”.
Al mismo tiempo que precisó que “algunos ejemplos resultan casi escandalosos y nos permitirán apreciar cómo el ejecutivo le esconde recursos a la Legislatura para después imputarlos sin control, entre ellos los ingresos presupuestados de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. (LOTBA S.E.) fueron más de mil millones de pesos por debajo de lo efectivamente ingresado, $1.145.665.388 para ser precisos, o los montos registrados por diferencia de cambio que con una diferencia de $3.816 millones de pesos entre lo presupuestado y lo efectivamente percibido, llega al 382% de diferencia en un contexto donde la devaluación durante el año auditado -2019- fue del 47%”.
Dicho esto, Teszkiewicz remarcó que “no sólo detectamos que Larreta esconde los recursos a la hora de informar a la Legislatura, también podemos observar como la tesorería de CABA acomoda las normas según le parece, por ejemplo le recibió al ‘Fideicomiso Financiero Privado Inmobiliario y de la Administración Buenos Aires Landmark’ del Grupo Whertein, por la compra de una parte del terreno del Tiro Federal, un pago parcial en dólares cuando la ley establece claramente que debía ser en pesos, y al ser consultado por la razón de esa irregularidad, la Tesorería alega que generaría costos adicionales para el comprador ingresar los fondos en pesos, es decir que evaluaron si era o no conveniente cumplir con la Ley, a la vez que decidieron ahorrarle costos a ese grupo económico, lo que parece conveniente para la gestión de Rodríguez Larreta tener el ‘gesto’ de cuidarle el bolsillo a Whertein”.
“En momentos en los que las instituciones del país requieren que todas las autoridades políticas cierren filas sin cortapisas en defensa de la Paz y la Democracias, las provocaciones de Rodríguez Larreta, usando una fuerza que debería velar por la seguridad de todas y todos los ciudadanos por igual, como policía partidizada, es que seguimos reafirmando con elementos concretas que la gestión de Juntos por el Cambio nada tiene que ver con cuidar a la ciudadanía, pero sí a los empresarios que hacen sus negocios a costas de todas y todos los porteños”, concluyó.
La reunión prevista para este jueves a partir del mediodía en la Cámara de Diputados ya incluía el proyecto de Consenso Fiscal y la ley de enfermería.
Un día después de haber recibido el informe del jefe de Gabinete, Juan Manzur, la Cámara de Diputados volverá a reunirse este jueves para tratar una serie de temas a los que se sumó a última hora un tema clave para el Gobierno: la prórroga de seis impuestos nacionales.
La reunión está prevista para las 12 y en primer lugar figura el tratamiento del Consenso Fiscal suscripto el 27 de diciembre de 2021 por el Poder Ejecutivo nacional y representantes de 21 provincias. El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado, y si bien tiene reparos de parte de Juntos por el Cambio, cuenta con garantías de aprobación.
La novedad se conoció al final de la sesión informativa del jefe de Gabinete, cuando las autoridades de la Cámara baja difundieron una ampliación del temario incorporando la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027 de una serie de impuestos. El tema cuenta con dos dictámenes, y establece la extensión de la vigencia del impuesto a las Ganancias; el impuesto sobre los Bienes Personales; el impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria, más conocido como impuesto al cheque; el impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos; los impuestos del régimen de monotributo; y el de Capital de Cooperativas. Además, se prorrogan las asignaciones específicas del IVA.
También está previsto el tratamiento del proyecto que autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y salida fuera del mismo de fuerzas nacionales, para participar en los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones combinadas, a realizarse entre el 1° de septiembre de este año hasta el 31 de agosto de 2023.
Figura en el temario el acuerdo que crea la Fundación Internacional UE-ALC, celebrado el 25 de octubre de 2016, en la ciudad de Santo Doingo, República Dominicana; como así también la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023 del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.
Por último, figura el tratamiento del proyecto de Promoción de la Formación y Desarrollo de la Enfermería. Sobre este tema existen dos dictámenes, y un acuerdo previo entre oficialismo y oposición para alcanzar los acuerdos necesarios en el recinto, de modo tal que el proyecto salga con el respaldo más amplio.
La última sesión de la Cámara baja se realizó el sábado 3 de septiembre, para aprobar un proyecto de repudio al atentado perpetrado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Previamente había sesionado el 2 de agosto, para elegir nuevas autoridades de la Cámara de Diputados, tras la renuncia de Sergio Massa para asumir al frente del Palacio de Hacienda.
Así las cosas, este jueves volverá a sesionar la Cámara, un día después de recibir el informe del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y será la primera sesión en la que se debatan proyectos -más allá del de condena del atentado- desde la sesión del 5 de julio pasado.
Además, el titular del bloque oficialista destacó la presentación del jefe de Gabinete de ministros en la Cámara baja y expresó: “Nuestro bloque se siente orgulloso, no solamente de su gestión, sino que está sumamente satisfecho con cada una de las tareas que usted realiza”.
Al cierre de la sesión informativa de este miércoles de la Cámara baja, a la cual asistió el jefe de Gabinete de ministros, Juan Manzur, a brindar su informe de gestión anual, el titular del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, ponderó al funcionario y adelantó que solicitó a las comisiones que intervienen en el debate sobre prevención de humedales a una “ronda de diálogo” para comenzar a analizar los proyectos la semana siguiente.
“Se sumaron dos cosas importantes, primero su aporte viniendo acá a la Cámara de Diputados, algunos de mis compañeros hablaron de sobriedad, muchos destacaron el tono vinculado a la responsabilidad del momento, al contexto que está viviendo la Argentina a la cual usted agregó la contundencia de datos, de información en cada una de sus intervenciones de respuestas”, destacó Martínez al inicio de su alocución.
En tanto, precisó que el bloque “trató, como en el caso del diputado (Carlos) Heller de focalizar sobre algunos datos de la gestión que son importantes. La diputada (Victoria) Tolosa Paz hablaba del vaso medio vacío y medio lleno esto es poner en valor lo hecho, pero también reconocer muchas de las cosas que faltan y que nos faltan”.
“Usted es un jefe de Gabinete que esta cumpliendo a la perfección cada uno de los 13 incisos del artículo 100 de la Constitución Nacional. Lo quiero decir porque no han faltado momentos en los cuales, quizás producto de estas cosas de intentar posicionarnos políticamente desde la diferenciación, a veces más atenuada a veces más acentuada, se ha puesto en duda su calidad nacional”, señaló el diputado oficialista.
En ese contexto, expresó: “Nuestro bloque se siente orgulloso, no solamente de su gestión, sino que está sumamente satisfecho con cada una de las tareas que usted realiza”.
“También nosotros nos vamos a tener que hacer cargo como Cámara de Diputados de la materialización en la práctica de lo que dice el artículo 101 que nos interpela a todos respecto a lo que dice de la presencia del jefe de Gabinete”, agregó en otro tramo de su discurso.
Y sumó: “El artículo 199 dice que el jefe de Gabinete con una anticipación no inferior a 7 días hábiles, hará llegar a los presidentes de cada uno de los bloques políticos a través del presidente de la Cámara un escrito con los temas a exponer. No es culpa suya lo que dice el reglamento, esto tiene que ver con nuestras prácticas políticas”.
“Hubo cosas que no se dijeron. Usted en su relato y en la exposición que realiza plantea en muchos momentos cómo el Ejecutivo hoy está ejecutando acciones que tienen que ver leyes que impulsó este propio Congreso y pasa como desapercibido porque nosotros como legisladores nos bajamos el precio”, sostuvo Martínez.
En ese sentido, destacó: “Creo que la gestión esté llevando adelante una gran cantidad de acciones que tienen que ver con normas que este mismo Congreso impulsó, me parece que nos tiene que hacer levantar la autoestima a todos los integrantes de esta Cámara independientemente de las posiciones políticas”.
“Muchas de las leyes que nombró, fueron unánimes o muchas veces se ha llegado a un punto de acuerdo entre el FdT y el bloque del Pro como la de construcción. La del cannabis medicinal y cáñamo industrial donde el radicalismo nos acompañó”, ponderó el titular del bloque oficialista y resaltó la actitud de los sectores de la oposición porque “entienden desde muchísima responsabilidad, desde muchísima construcción, nos acompañaron para construir mayorías mínimas para prorrogar las asignaciones específicas a la cultura”.
Asimismo, remarcó: “Hay muchas cosas que tenemos que reivindicar porque fue fruto del trabajo colectivo”. “Cuando hay propensión real al diálogo, todo ámbito sirve, sirve lo que construimos aquel sábado en el recinto. Sirve encontrarnos en una basílica a rezar, sirve encontrarnos acá en un homenaje como a Cafiero donde hubo representantes importantes de la oposición presentes”, enumeró Martínez.
Por otro lado, se refirió a los incendios que afectan a distintas provincias, pero puntualmente a Santa Fe: “Nosotros los estamos viviendo con especial intensidad en nuestra provincia, en nuestra zona, en nuestra región. Hemos escuchado a muchos referirse a este tema con quienes podamos tener diferencias políticas en lo territorial, pero queremos lo mejor para nuestro pueblo”.
“Le hemos pedido al presidente de la Comisión de Recursos Naturales de nuestra Cámara, a Leonardo Grosso, que mañana a la mañana arranque una ronda de diálogo con los presidentes de las comisiones que intervienen en los distintos proyectos que tiene que ver con la preservación de humedales para que nosotros la semana que viene en plenarios conjuntos podamos empezar a trabajarlo”, informó el santafesino y cerró: “Dependerá del diálogo político, de que nos pongamos de acuerdo en un cronograma y dar respuesta en este sentido”.
La diputada del Frente de Todos pidió “ordenar las responsabilidades” en los incendios, y recordó que el Gobierno multiplicó por 34 millones de pesos el presupuesto del Servicio Nacional del Manejo del Fuego.
En su intervención en la sesión especial informativa de este miércoles, la diputada del Frente de Todos Carolina Moisés (Jujuy) se refirió a las críticas por parte de la oposición en el manejo de los incendios y al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación Argentina, Juan Cabandié, y recordó que, como dicta la Constitución, “son las provincias tienen responsabilidad primaria en el combate de los incendios”.
“Voy a hablar de los incendios, porque media docena de los diputados hablaron del tema. Primero, hay que ordenar responsabilidades, y recordarles el artículo 124 de la Constitución y la Ley 26.815: las provincias tienen responsabilidad primaria en el combate de los incendios. Dicho esto, está la responsabilidad del Gobierno nacional, y en esa responsabilidad hoy el Gobierno tiene un presupuesto del Servicio Nacional del Manejo del Fuego que pasó de 196 millones en el año 2019 a 7 mil millones en el año actual, 34 veces más. Esto habla de la decisión política de un Gobierno a dónde se destinan los recursos para lograr determinados resultados”, expresó la legisladora.
De todas formas, se refirió a la situación vivida en Jujuy en los últimos días, donde “se produjo un incendio muy fuerte y muy complicado, que casi llega a tomar el parque nacional Calilegua, y aunque les sorprenda ahora a los compañeros, en Jujuy sí funcionaron las cosas bien. En ocho días de incendio se hizo una acción inmediata coordinada entre el gobierno provincial, el Ministerio de Ambiente de la Nación, el Plan Nacional del Manejo del Fuego, los dos intendentes radicales de las localidades vecinas y la Dirección de Parques Nacionales”.
Moisés indicó que “esto produjo el control inmediato de la situación y la presencia en terreno de todos los funcionarios. Porque desde acá es muy fácil de hablar, pero yo me siento muy orgullosa de que el día de ayer me subí a un helicóptero del Plan Nacional del Manejo del Fuego, con el director nacional que estaba en Jujuy, con el ministro de Ambiente de la Nación con el director de Parques Nacionales, y decir que se quemaron solamente 4 mil hectáreas. Hubo inversión, hubo coordinación, hubo decisión política, hubo funcionarios en el territorio tomando decisiones conjuntamente con las autoridades del gobierno provincial”.
Finalmente, se refirió al combate de los incendios forestales durante la gestión de Mauricio Macri, y recordó que el entonces ministro Sergio Bregman “dijo que la única solución era rezar, tras lo cual, pasó a manos de la ministra Patricia Bullrich, que compró 15 millones de pesos en balas de goma, y paralelamente recortó más de 400 millones de fondos destinados a acciones de protección forestal”.
El diputado del FdT comparó la gestión actual con la del gobierno de Cambiemos y disparó: “Hubo que recuperarse de las dos pandemias: de la que nos dejó la de Mauricio Macri y la que nos generó la pandemia sanitaria”.
El diputado nacional Carlos Heller (FdT – CABA) ponderó en la sesión informativa de este miércoles de la Cámara de Diputados el informe de gestión que brindó el jefe de Gabinete de ministros, Juan Manzur, y lanzó críticas a la oposición.
En su intervención, Heller agradeció al funcionario por su “completo informe”, y se diferenció en una cuestión: “Con un sentido político generoso usted ha omitido, aunque al final tuvo que recurrir a partir de las preguntas que le hicieron, a hacer comparaciones entre la situación actual y las existente a fines del 2019 y lo dijo enfáticamente ‘comparo con nuestra propia gestión’”.
“Creo que no se puede. Necesitamos tener permanentemente presente y el último diálogo que tuvo con el diputado (Mario) Negri así lo demuestra, porque el problema de fondo es con qué facilidad se olvidan de dónde nos dejaron a fines del 2019, cuál era la Argentina a fines del 2019”, cuestionó.
En esa línea, Heller retomó: “Yo he escuchado acá de que hicimos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en realidad nosotros fuimos a negociar la mejor negociación posible, el acuerdo menos malo posible, de lo que nos dejaron”, y remarcó: “Hubo que recuperarse de las dos pandemias: de la que nos dejó la gestión de Mauricio Macri y la que nos generó la pandemia sanitaria”.
A su vez, comparó el nivel de actividad económica: “En 2022 tenemos un 7,1 por encima del recibido de la gestión anterior en comparación de junio de este año con diciembre del 2019. No hay como objetarlo. Acá escuché que hace no sé cuánto que no crecíamos, un dato es que hay que ir 51 meses atrás para encontrar un valor equivalente al del 2019”.
“La industria, tema clave fundamental, dato del INDEC 13,6% de crecimiento de la industria manufacturera julio de 2022 versus diciembre del 2019”, agregó y precisó: “Es tan grande el agujero del que veníamos que a la gente le llega poco y es tanto lo que falta para que podamos generar el bienestar que la gente merece que a veces el vaso medio vacío opaca los éxitos que se han logrado y que están reflejados en todos estos datos”.
Y siguió: “El nivel de producción promedio de los primeros 7 meses de 2022 se posiciona como el más alto comparado con todos los años previos. El 2022 desde que se miden estos datos es el mejor año para la industria”.
Sobre el empleo en Argentina, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda manifestó que “en junio existe 12,7 millones de trabajadores registrados récord histórico para la serie disponible de 2012 esto implica 600 mil puestos de trabajo por encima de lo que recibimos de la gestión anterior”.
“El 7% de la desocupación hay que ponerlo en un contexto de que la gente ha recuperado la posibilidad y la voluntad de conseguir empleo. Está cayendo el índice de desempleo y creciendo el índice de empleo”, informó y agregó: “Un dato que hemos escuchado y nos taladra los oídos es que en Argentina no hay inversión: durante el segundo trimestre del 2022 la inversión promedió 21% del PBI es el resultado más alto en 16 trimestres”.
Por otro lado, sobre la producción petrolera “gracias a Vaca Muerta” comentó que “marcan en el segundo trimestre del 2022 el máximo para la década no solamente hicimos el cambio de nombre 13% más que respecto a 2019. Se duplicó el valor extraído de petróleo”.
“Dejaron un país recontra endeudado y tenemos un compromiso de tener un déficit fiscal de 2.5% de este año y 1.9 el año que viene. Tratamos de hacerlo con la menor emisión posible”, cerró Heller.
El funcionario fue breve al responderle a la diputada María Eugenia Vidal quien le consultó: “¿Se puede comprometer ante la Cámara a que va a volver a venir en el mes de noviembre?”.
La diputada nacional María Eugenia Vidal (Pro) en la sesión informativa de este miércoles de la Cámara de Diputados, le pidió a modo de pregunta al jefe de Gabinete de ministros, Juan Manzur, si se podía “comprometer” a volver en el mes de noviembre, a lo que el funcionario respondió: “Me pongo a disposición a venir cuando esta Honorable Cámara lo considere oportuno”.
Al inicio de su intervención, Vidal le remarcó a Manzur que “su visita coincide con días cercanos al 20 de septiembre donde se va a cumplir un año desde que asumió como jefe de Gabinete de ministros”, y le recordó que “la Constitución es bien explícita en cuáles son sus obligaciones y muchos de los que me precedieron fueron también claro en ese sentido”.
En esa línea, le preguntó: “¿Se puede comprometer ante la Cámara a que va a volver a venir en el mes de noviembre?”.
Por otro lado, Vidal consultó: “El tema que más preocupa a los argentinos, en todos los lugares del país, es la inflación. Usted dijo en su discurso que la inflación se logra bajar con generación de puestos de trabajo, inversión, en definitiva, sostenido el crecimiento económico. También dijo que venimos de 21 meses consecutivos de crecimiento económico. Está claro que ese crecimiento económico no alcanzó para bajar la inflación”.
“Dijo también que la inflación es un problema histórico porque la inflación promedio en los años de democracia es del 48% está claro que es un problema que no empezó con este gobierno, sin embargo, a fin de este año vamos a estar en un 95% proyectado, el doble que la inflación promedio histórico”, sumó la exgobernadora bonaerense y señaló que “eso hace que el consumo baje y en los 8 meses que llevamos del año tenemos un 3% menos de consumo, el bolsillo de la gente acusa recibo de la inflación más allá de todos los aumentos salariales que mencionó”.
Y cerró: “También dijo que hay un contexto internacional que afecta la situación, pero los países de la región en un ningún caso tienen un aumento de 50 puntos de inflación, viviendo la misma guerra y pandemia no tuvieron las mismas consecuencias”.
Al respecto, Manzur afirmó: “Yo me voy a poner, como lo hice esta vez, a disposición cuando esta Honorable Cámara considere oportuno que venga aquí estaremos”. Por otro lado, se refirió a la situación inflacionaria y comparó: “Por qué a algunos les pasa una cosa y a nosotros otra. Bueno, algunos tuvieron un gobierno y otros países otros gobiernos. Las realidades son diferentes. No quiero hablar de la gestión anterior”.
Eso respondió el jefe de Gabinete de ministros ante la pregunta del diputado sanjuanino Marcelo Orrego quien puntualmente consultó: “¿Evalúa el Gobierno nacional cambiar las reglas de juego para las elecciones del año que viene?”.
El jefe de Gabinete de ministros, Juan Manzur, aclaró en la sesión informativa de la Cámara de Diputados de este miércoles que “no hay en el Poder Ejecutivo proyectos presentados para eliminar las PASO” ante la consulta puntal del diputado nacional Marcelo Orrego (Producción y Trabajo – San Juan): “¿Evalúa el Gobierno nacional cambiar las reglas de juego para las elecciones del año que viene?”.
En su alocución, el legislador sanjuanino comenzó: “Hay muchísimas preguntas que tienen que ver con la inflación, con las políticas de seguridad, que tienen que ver con la agenda de los argentinos”, y remarcó que “para poder discutir esto, inexorablemente, entiendo y creo que tiene que hacerse con mejor democracia y para que haya mejor democracia no se pueden cambiar las reglas de juego”.
“¿Evalúa el Gobierno nacional eliminar las PASO el año que viene para los cargos nacionales?”, disparó tajante Orrego y explicó: “Porque en este tiempo en muchas provincias de la Argentina están tomando ese camino y en lo particular en la provincia de San Juan ha generado un esquema, una ingeniería, una arquitectura que no tiene nada que ver con los problemas de la gente”.
En ese sentido, recordó: “El pasado 16 de diciembre en una sesión polémica porque se trató sobre tablas se eliminaron las PASO. Evidentemente eso se judicializó, no solamente por el espacio de JxC, sino también por dos facciones del propio Frente de Todos. Posteriormente, la semana pasada, modificaron una ley que es la 613 N una ley que es de carácter decisorio y establece claramente que 18 meses antes a una elección no se puede modificar el sistema electoral de manera previa. De todas maneras, avanzaron todos sabemos que las leyes rigen al futuro, son derechos adquiridos y eso es cambiar las reglas de juego”.
“No obstante, acudieron la semana pasada a una Ley de Lemas que es retrograda, antigua, que no tiene nada que ver con el futuro, que lo único que hace es inclinar la cancha. Una Ley de Lemas que no siempre termina ganando el más votado, sino que redirecciona el voto”, denunció el sanjuanino y señaló: “Estas son las cosas que tenemos que parar. Tenemos que defender la democracia de la Argentina, la estamos empobreciendo día a día”.
En ese contexto, ejemplificó: “Hay dos provincias nada más que tiene este sistema, Formosa que lleva 27 años gobernando el mismo y la provincia de Santa Cruz que lleva 3 décadas”, y advirtió: “Esto es una ley inconstitucional que viola el artículo 185 de la Constitución Provincial que establece que el gobernador y el vicegobernador se eligen de manera directa por simple mayoría de votos y los intendentes en el artículo 144 que es elegido de manera directa por siempre pluralidad de sufragio”.
“No podemos tratar de inclinar la cancha tratando de sacar ventaja. ¿Evalúa el Gobierno nacional cambiar las reglas de juego para las elecciones del año que viene?”, remató Orrego.
En la ronda de respuestas, Manzur aclaró brevemente: “Yo no tengo ningún proyecto en el Poder Ejecutivo que lleve adelante la eliminación de esto, pero también decirles que esto es imposible porque no está dentro de los cánones de la legislación vigente, esto no se puede hacer ni por DNU. Esto es responsabilidad exclusiva del ámbito legislativo”.
Además, el titular del bloque Pro en Diputados cuestionó que “son un Gobierno que en 3 años nunca encontraron el rumbo”. En suma, criticó el discurso Juan Manzur: “Vino con relato de ficción”.
En el cierre de la segunda ronda de preguntas al jefe de Gabinete, Juan Manzur, en su presentación en la sesión informativa de la Cámara de Diputados, el titular del bloque Pro, Cristian Ritondo, le lanzó una picante pregunta al final de su ponencia: “¿Qué rol está cumpliendo Alberto Fernández en este Gobierno?”. Además, cuestionó que “son un Gobierno que en 3 años nunca encontraron el rumbo”, y criticó el informe del funcionario porque es “un relato de ficción”.
Al comienzo de su intervención, Ritondo chicaneó: “Vio que no era tan lejos, estaba cerquita y podría haber venido mucho antes. 18 cuadras de uno, 20 del otro”, y comparó: “Nosotros no lo esperamos con carteles, ni lo interrumpimos cuando habla, somos respetuosos no le hacemos lo que le hacían a Marcos Peña. Acá tiene una bancada opositora responsable que lo va dejar hablar, que lo va a escuchar, aunque después escuchamos lo que escuchamos”.
“Son un Gobierno que en 3 años que van a cumplir nunca encontraron el rumbo. No se sabe quién define las políticas, no se sabe qué rol cumple el presidente. No vino a darle en un año explicaciones a la gente que es lo que corresponde. La verdad que hoy vino con relato de ficción”, disparó el diputado del Pro.
A su vez, el legislador retomó algunas partes del discurso de Manzur y señaló: “Escucharlo decir que las 4 provincias que dijo que ninguna registra más del 10% de trabajo registrable privado tienen pleno empleo es vergonzoso. La verdad es que esa no es la Argentina que quiero. Con esa Argentina estamos en el descenso absoluto, pero capaz es el modelo que a ustedes les gusta y es el modelo de país que quieren construir, bueno ese no es nuestro modelo”.
Y siguió: “Escucharlo hablar del boom del empleo para los argentinos que nos están viendo deben decir ‘viven en otro mundo, en otro país, no se acercan a la realidad’. La provincia que yo represento tiene 7 de cada 10 chicos en el conurbano pobres. El 80% no sabe y no entiende cuando termina la secundaria, el 18% solo termina en tiempo y forma y usted es parte de un Gobierno que militó la escuela cerrada, eso es lo que pasó y no nos respondió cómo iban a ser para recuperar eso porque en la provincia de Buenos Aires hay un ministro, pero quien conduce la política de educación es un señor Baradel gran militante de la escuela cerrada”.
“Hablan sobre los problemas de la guerra y del gas y lo único que hicieron para terminar el gasoducto fue ponerle nombre le pusieron Néstor Kirchner, después no hicieron absolutamente más nada”, enfatizó Ritondo y agregó: “Si no hubiesen discutido tanto, si no se hubiesen tirado por la cabeza, el gasoducto hoy estaría terminado y no solamente los argentinos no tendríamos ese problema, sino que podríamos estar exportando al mundo”.
A su vez, el titular del bloque Pro cuestionó: “Estamos hablando de 7% de inflación récord de nuevo, vamos a los tres dígitos y de eso no hablamos y las tasas las van a subir cerca del 100%”, y preguntó: “¿Creen en serio que alguien puede producir en el país con una tasa del 100%? desconocen la realidad. La realidad de todos los días y de los que laburan y quieren a este país”.
“Cuando uno ve lo que pasa en Rosario y ven la inacción que tiene por parte del Ministerio de Seguridad de Nación da vergüenza, es como que no les importara los rosarinos, como que no les importara el narcotráfico, no hacen absolutamente nada. Pero tampoco esas fuerzas federales están en el conurbano trabajando junto con el ministro de Seguridad de la provincia Buenos Aires. Han desparecido”.
A su vez, Ritondo recordó el conflicto con los mapuches en el sur: “Tampoco están defendiendo a los que les introducen a los pseudo mapuches, al contrario, a esos pseudo mapuches ustedes los protegen los cuidan, a los que no protegen es a los habitantes del sur de la argentina”.
Y remató: “¿Por qué no nos responde qué paso con el avión iraní y porque no cuidan las fronteras? ¿Por qué dejan actuar con total impunidad a los pseudos mapuches en el sur del país, ¿Qué rol está cumpliendo Alberto Fernández en este Gobierno?”.
A su regreso de los Estados Unidos, el ministro de Economía mantuvo encuentros con Cristina Kirchner y también con su sucesora al frente de la Cámara baja. Fue mientras Juan Manzur brindaba su informe ante los diputados.
Tras la gira emprendida por Estados Unidos y a un día de enviar el Presupuesto 2023 al Congreso de la Nación, el ministro de Economía, Sergio Massa, estuvo en el Parlamento.
Mientras el jefe de Gabinete exponía ante la Cámara de Diputados por primera vez en lo que va de su año de gestión, el expresidente del Cuerpo estuvo en el Palacio Legislativo, donde mantuvo una reunión con Cristina Fernández de Kirchner, de la que participaron también el diputado Máximo Kirchner y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.
Posteriormente Sergio Massa y De Pedro se desplazaron hasta las oficinas de la Presidencia de la Cámara baja y allí se reunieron con su titular, Cecilia Moreau. De la reunión, según pudo saber parlamentario.com, también participó el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez.
Ese segundo encuentro se desarrolló por espacio de media hora y si bien no trascendieron detalles de lo hablado, el tema del Presupuesto 2023 que está a punto de enviar el ministro de Economía a la Cámara baja fue el tema central. Incluida la visita del ministro de Economía a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para exponer sobre la ley de leyes y que tendría lugar la próxima semana en fecha a determinar
El jefe de la UCR enfatizó que los acuerdos se llevan adelante en el Congreso. Pidió números ajustados a la realidad en el próximo Presupuesto y reclamó por el incremento de la deuda en mil días de gestión.
Hacia el final del tramo de preguntas de diputados de Juntos por el Cambio, el jefe del bloque UCR, Mario Negri, le tiró al jefe de Gabinete, Juan Manzur, que “el diálogo y la paz social no se hacen yendo solo a misa, ahí en todo caso hay que confesarse, contar los pecados. Y tampoco se hacen los acuerdos políticos dentro de la Basílica (de Luján)”.
“El diálogo se hace acá, en el Congreso, y en todo caso el Gobierno tiene todo su derecho de hablar con las fuerzas políticas, tener un programa, y decir de qué queremos dialogar”, resaltó el cordobés, al asegurar que “no hay que bastardear” la palabra diálogo, sino “cuidarla mucho”.
El opositor recordó que “Argentina ha sufrido mucho por la falta de diálogo” y agregó: “Ahora, el diálogo no es un tuit, no es un whatsapp. El diálogo no es primero los diarios, después te llamo. El diálogo no es ‘bajemos un cambio’, para eso hay que ir al taller mecánico”.
En alusión a los mil días de gestión del gobierno del Frente de Todos, el legislador apuntó que en ese tiempo “el país se ha endeudado a un ritmo de 100 millones de dólares por día” y “además de eso tenemos casi 100 mil millones de dólares de deuda”.
Además, hay “19 millones de argentinos pobres; la inflación le estamos pegando al palo los tres dígitos; y hay 20 millones de argentinos que reciben algún tipo de ayuda del Estado”, enumeró. También cruzó al jefe de Gabinete, quien destacó el crecimiento económico. “No hay crecimiento, sino rebote, que es distinto”, dijo Negri.
En alusión a la gira de Sergio Massa por Estados Unidos, el radical subrayó que “el ministro de Economía tuvo que volver a la casa de Satanás, volver al infierno, ahí volvió abrazado. Y yo creo que está tratando de engordar lo que era un plan ‘aguantar’, un plan para ‘llegar’. Lo que no hay es un rumbo y un plan para continuar hacia adelante”. “En mil días de gobierno hubo 6,7,8 múltiples tipos de cambio”, cuestionó.
En otro pasaje, el jefe de la UCR cargó contra Santiago Cafiero: “A ver si usted convence al canciller que venga una vez. Yo entiendo que es una persona joven. Es más, yo creo que está haciendo una pasantía, pero la política exterior de Argentina no es de un pasante, compromete al país”.
Tampoco ahorró críticas para el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y le preguntó a Manzur: “¿Usted cree que está bien cuidada la vicepresidenta como cree el ministro de Seguridad y el jefe de la AFI? Que está bien cuidada, que no corre ningún tipo de riesgo”.
Y reclamó que Aníbal Fernández debe asistir para “hablar no solo del hecho de la vicepresidenta sino de la seguridad de todos los ciudadanos que los matan como moscas en todos lados y él dice que están en muy buenas manos con él a cargo del Ministerio”.
En su discurso, el diputado fustigó que en casi tres años “se fueron 42 mil millones de dólares” en subsidios -entre energía y transporte-. “Lo que Macri, el maldito, le pidió al FMI, lo gastaron solo en subsidios”, disparó.
“Nosotros estamos dispuestos a dialogar en este Congreso”, afirmó, y se refirió entonces al proyecto del Presupuesto 2023, que ingresará en las próximas horas. “Cuando llegue el Presupuesto, vamos a poner una lupa. Queremos ver si los números encajan con la realidad de los argentinos”, anticipó.
En esa línea, pidió: “No vayan a poner inflación del 29%, por favor, como puso el otro ministro. Si no la quieren poner en 100%, por lo menos póngala un poco más cerca, a una cuadra, como para no empezar a mentir”.
“Queremos ver si las transferencias a las provincias son cómo corresponde, cómo se distribuyen los recursos, y de qué manera el Gobierno va a financiarse durante todo este tiempo;
si va a ser por la misma vía que lo hicieron en estos mil días, donde quedamos con 110 mil millones de dólares de deuda y además le hemos dejado un enorme trofeo al próximo gobierno”, concluyó.
La respuesta de Manzur
Ya en un clima un poco más picante, dentro del clima chato que en general tuvo la sesión, Manzur le contestó a Negri: "No sé bien si fueron en los años de ustedes que fueron a la casa de Satanás. No sé bien. Volviendo al tema este bíblico, sí, nuestro ministro tuvo que ir a lo que usted menciona, pero no fuimos nosotros. Fuimos porque ustedes fueron primero, nos endeudaron y ahora tenemos que ir a ver de qué manera solucionamos".
"En toda mi ponencia si hay algo que busqué es no hablar para atrás, no quiero hablar para atrás, no es mi estilo, miremos para adelante", expresó el jefe de Gabinete, que defendió que cuando el Frente de Todos llegó al gobierno "nos hicimos cargo de todo". "Nosotros encontramos al país en default, ¿o qué es el reperfilamiento?", remarcó, mientras era aplaudido por los diputados oficialistas.
Y añadió: "Nosotros no fuimos a los acreedores externos a ver de pedirles plata prestada y después de que no nos prestaron más, nos dimos vuelta y fueron al Fondo Monetario. Y ahora nos critican porque nuestro ministro va y se sienta a ver de qué manera podemos arreglar esta situación".
La diputada por Evolución Radical pidió “no seguir comprometiendo el desarrollo de nuestro país”.
En su intervención en la sesión informativa especial de este miércoles, la diputada nacional del bloque Evolución Radical Danya Tavela aseguró que “una adecuada administración de los créditos vigentes no significa recortar en educación”, y agregó que “hubiese sido bueno poder discutir las políticas públicas en materia educativa para no seguir comprometiendo el desarrollo de nuestro país”.
La legisladora radical afirmó que “el 20 de agosto se publicó una modificación en el Presupuesto General de la Administración Nacional con el objeto de efectuar una adecuada administración de los créditos vigentes. Una adecuada administración de los créditos vigentes, para el bloque Evolución y para la mayoría de los diputados y diputadas, no significa recortar en educación y mucho menos en el futuro de nuestros niños, niñas y jóvenes”.
Tavela le pidió al funcionario que explique el recorte de 50 mil millones de pesos al Ministerio de Educación, que afectó al programa Conectar Igualdad y le pidió que cuente cómo lo va a terminar de ejecutar: “Además se afectó la continuidad de obras de infraestructura en colegios y jardines de infantes de todas las provincias y nos gustaría saber cómo lo va a resolver para que el año que viene podamos comenzar las clases con normalidad”, dijo Tavela.
Finalmente, la exsecretaria de Políticas Universitarias aseguró que “me hubiese gustado poder discutir las políticas públicas que piensan implementar respecto de la calidad, la inclusión y la innovación que necesitamos en materia educativa para no seguir comprometiendo el desarrollo de nuestro país”.
Eso expresó el diputado del Pro luego de afirmar: “Yo no soy tan optimista de que venga en noviembre”. Además, cuestionó el discurso del funcionario: “Parecería que no vivimos en Argentina”, y le hizo un racconto de hechos ocurridos en el año como la fiesta en Olivos y el Vacunatorio Vip.
El diputado nacional Waldo Wolff (Pro) ironizó al jefe de Gabinete de ministros, Juan Manzur, en su intervención durante la sesión especial de la Cámara de Diputados a la que asistió para brindar el informe de su gestión y le dijo: “Feliz navidad, feliz año nuevo, reyes y gracias por venir”, al plantear: “Yo no soy tan optimista de que venga en noviembre”. También cuestionó el discurso del funcionario y le hizo un racconto de hechos ocurridos en el año.
Al inicio de su ponencia, Wolff le pidió al funcionario: “Está bien que nos carguen a nosotros, pero lo malo es cargar a la ciudadanía. Nos tienen 365 días esperándolo y cuando vienen quieren que hagamos todo con el orden establecido sin que usted lo cumpla”.
“En primer lugar quiero decirle que está bien su estrategia, usted dio una serie de explicaciones de por qué no venía. Imagínese si los damos nosotros. Usted dijo que no venía porque hubo cambios de ministros, porque fue la guerra en Ucrania, tuvo la pandemia. Imagínese si cuando los ciudadanos que nos están mirando ahora atónitos porque no entienden lo que hacemos acá adentro, cuando van a pagar bienes personales o a liquidar la plata que tiene que pagar del AFIP les dicen ‘no, cambiaron al jefe de ministros, voy a esperar’”, criticó el diputado
Y sumó: “Qué le queda a un ciudadano común, si a usted que tiene un presupuesto de 17 mil millones de pesos en la Jefatura de Gabinete incumple con el artículo 101 de la Constitución Nacional. Qué le queda a un ciudadano que tiene que ir a pagar a la AFIP”.
“En su discurso parecería que no vivimos en Argentina”, lanzó Wolff y enumeró: “No lo escuche decir una sola vez la palabra inflación, ajuste. No lo escuché hablar del éxodo de nuestros jóvenes, no lo escuché hablar de las muertes que hay en Rosario por el narcotráfico, no lo escuché hablar del recorte que hubo en educación y en salud, ni una sola palabra”, y le preguntó: “¿En qué país vive jefe de gabinete de ministros?”.
En esa línea, le enrostró: “Está bien la estrategia de no venir en un año porque se salteó hablar de la fiesta de Olivos, se salteó hablar del vacunatorio vip, se salteó hablar de Urribarri que lo mandamos a Israel 53 días procesado, no presidió el acto del 25 de mayo, se salteó hablar del avión iraní, lo de la amenaza a (Diego) Luciani por parte del presidente de la Nación que dijo que iba a aparecer suicidado, la amenaza de Martín Soria a la Corte Suprema de Justicia y tantas otras cosas”.
“Es una buena estrategia”, resaltó Wolff irónicamente y precisó: “No nos falten más el respeto. 36 horas antes mandó las respuestas en más de 2.192 páginas. Si leemos una página por minuto necesitamos 36 horas para leer todas las preguntas. Hubiésemos estado desde el lunes a la noche que las entrego, hasta hoy sin dormir, sin ir al baño, sin comer para leer las respuestas cosa que e imposible”.
Por último, le propuso: “Nosotros le hicimos en un año que usted no vino 1950 preguntas, las respondió todas juntas, la mayoría están desactualizadas. Cuando nos responda dentro de un año estas, también vana estar desactualizadas. Con todo el presupuesto que tiene y con la tecnología que tenemos nos responsa online. Si pone algo o alguna gente que tiene en la Jefatura de ministros para que cada vez que hacemos una pregunta y a los pocos días nos responde, le va a estar respondiendo a la ciudadanía”.
“Yo no soy tan optimista como (María Eugenia) Vidal de que venga en noviembre, porque el último jefe de Gabinete que viene acá fue el 8 de julio del año pasado. Así que yo lo saludo feliz navidad, feliz año nuevo, reyes y gracias por venir”, cerró Wolff.
El diputado socialista también le rogó al jefe de Gabinete que el Ejecutivo garantice el debate de la ley de humedales. “Está en tratamiento en esta Cámara”, se desligó el funcionario.
Con un enfático reclamo por la situación que se vive en las islas del Delta del Paraná, producto de los incendios, el diputado socialista Enrique Estévez pidió ante el jefe de Gabinete, Juan Manzur, la renuncia del ministro de Ambiente, Juan Cabandié.
En la sesión informativa de este miércoles, el santafesino expresó “la preocupación, el enojo, el cansancio, el hartazgo de lo que hoy estamos viviendo más de un millón de argentinos y argentinas en la zona del Delta del Paraná”.
Al mostrar una foto con el humo que invadió a Rosario, el legislador apuntó que en esa ciudad “hace tres días que estamos respirando veneno. No es una exageración, no es una sobreactuación”.
Al criticar a Cabandié por haber bloqueado los comentarios en sus redes sociales, Estévez enfatizó: “El ministro de Ambiente debería renunciar, señor jefe de Gabinete. No está a la altura de las circunstancias. Es una falta de respeto constante la que hace con el pueblo de la provincia de Santa Fe, con el pueblo de la provincia de Entre Ríos, cuando va a sobrevolar en helicóptero las islas, se saca una selfie y el aporte más importante que hace a la Justicia es la de una foto de un ser humano prendiendo fuego”.
“Esto es una falta de respeto y nosotros no lo podemos tolerar más, porque nos estamos envenenando, y hay una ausencia total del Estado, de los gobiernos provinciales, de la Justicia también, que viene muy lentamente haciendo algo, pero fundamentalmente del Estado nacional, que es el que tiene las herramientas para poder abordar esta catástrofe ambiental que estamos viviendo”, continuó.
Y le reclamó al funcionario: “Se lo suplicamos, haga el esfuerzo para que podamos tratar en este Congreso la ley de humedales. No le tengamos miedo al debate franco y público respecto de lo que implica cuidar los humedales en nuestro país. No es una ley en contra de la producción, todo lo contrario”.
“Los humedales vienen a evitar grandes inundaciones y grandes sequías”, explicó el diputado, que agregó que “el mundo entero se está prendiendo fuego, en el mundo entero hay inundaciones. Tenemos estos ecosistemas que no tenemos que crearlos, simplemente cuidarlos y no lo hacemos”.
Al contestarle, Manzur se desligó respecto del impulso a la ley de humedales: “Está en tratamiento en esta Cámara”.
Además, el ministro coordinador resaltó que “los montos destinados por el Gobierno nacional al Sistema Nacional de Manejo del Fuego” se incrementaron, ya que el presupuesto “pasó de 196 millones de pesos en el año 2019 a 7.000 millones de pesos, 34 veces más, en el 2022”. “Obviamente es un tema de preocupación”, sostuvo sobre las quemas.
Fue luego del planteo realizado por la diputada Romina Del Plá en la sesión informativa de este miércoles. Juan Manzur dijo que el presupuesto para este sector se “incrementó en 193%” desde que asumió el Gobierno.
El jefe de Gabinete, Juan Manzur, negó este miércoles en la Cámara de Diputados el recorte en los fondos que van destinados a las obras sociales para las prestaciones de personas con discapacidad, ante el planteo de la diputada Romina Del Plá (PO-FIT).
La legisladora de la izquierda se quejó: “Si de ajustes se trata, ni hablar del ajuste en discapacidad. ¡Es realmente oprobioso!”. “¿Qué van a hacer para resolver el recorte y la parálisis de las prestaciones?”, consultó, además de cómo se va a “garantizar que cobren los trabajadores, que son los más precarizados del país”.
El tucumano defendió que el Gobierno, desde que asumió, “incrementó el presupuesto asignado a la política en discapacidad en 193%”, mientras que “el programa Incluir Salud creció en 153% desde el 2020”.
“El nomenclador de prestaciones básicas se incrementó en 320% desde el 2020 hasta la actualidad”, continuó y señaló: “Estamos trabajando en políticas de redistribución de pensiones no contributivas y de optimizaciones administrativas de procesos de otorgamiento”.
Luego de destacar que se llevan entregadas más de 216 mil pensiones y que se financiaron “más de 1.500 proyectos” del Fondo Nacional para la Inclusión Social de personas con discapacidad, a partir de “2.300 millones de pesos de inversión”, el ministro coordinador aseguró: “El Gobierno nacional no va a adoptar ninguna medida que le quite a las obras sociales las obligaciones de la Ley 24.901 y mucho menos a complejizar la tramitación de las prestaciones”.
El diputado liberal consideró que la desocupación triplica la cifra aportada por el jefe de Gabinete, quien aclaró que son datos oficiales.
En el primer tramo de preguntas hacia el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el presidente de Avanza Libertad, José Luis Espert, contradijo al funcionario sobre la tasa de desocupación que informó en su exposición.
Durante el discurso inicial, el ministro coordinador aseguró que “la tasa de desocupación se ubicó en el 7% al cierre del primer trimestre del año, con una merma de 3,2 puntos porcentuales respecto al 10,2% de igual período de 2021”.
“Ha mirado el medio vaso lleno, hay un medio vaso vacío”, arrancó el legislador liberal, quien apuntó que en los 12 años del kirchnerismo la planta de personal en el sector público “creció en un millón de personas, sin que el Estado provea mejor servicio”.
Esos empleados “están en provincias y municipios para militar”, remarcó Espert y consideró que eso constituye “un robo para policías, maestros” que “deberían cobrar más” y “también para los contribuyentes”.
“Si le agregamos a ese millón de ñoquis, el 1.300.000 de personas que están con el Potenciar Trabajo,
Argentina estaría hablando no de 900 mil desempleados, sino de más de dos millones. Y la tasa no sería de 7% sino del 21%”, señaló.
Al momento de responder, Manzur aseguró que desde el Gobierno el objetivo es “transformar en un proceso progresivo lo que son planes sociales en empleo genuino”, pero eso se hace “cuidando fundamentalmente a los grupos sociales más vulnerables”.
“La tasa de desempleo que le mostré son los indicadores oficiales que hay en Argentina”, ratificó y reiteró que de 2021 a 2022 se registró “una mejora” del 3,2%.
Así lo afirmó el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en la sesión informativa de este miércoles ante diputados. Sostuvo que nadie puede estar “conforme” con los niveles de inflación que hay.
En la sesión informativa de este miércoles en la Cámara de Diputados, Juan Manzur delineó cuáles serán los principales aspectos del proyecto de Presupuesto Nacional 2023, que en las próximas horas será enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo.
En su exposición inicial, que duró más de una hora, el tucumano destacó que el país lleva “dos años consecutivos de crecimiento ininterrumpido por primera vez en una década”.
Al citar al ministro de Economía, Sergio Massa, quien dijo que “sin estabilidad macroeconómica no hay paz social”, el funcionario señaló que “también hay que decir que sin paz social no puede haber estabilidad macroeconómica”.
“Ninguno de los que estamos aquí estamos conformes con los niveles de inflación que ha mostrado nuestro país desde hace ya muchos años”, admitió, y argumentó que “la decisión de nuestro Gobierno es trabajar en todos los frentes necesarios para que los argentinos tengan un horizonte de mejora sostenida en la calidad de vida”.
En ese sentido, el ministro coordinador sostuvo que “esto se logra generando las condiciones para la inversión genuina, la inclusión, la generación de puestos de trabajo, es decir, sosteniendo el crecimiento económico, encaminándonos a un proceso sostenido de consolidar la expansión del aparato productivo, disminuyendo el déficit fiscal por la vía del crecimiento que nos lleve a una acumulación de reservas y permita reducir los niveles de inflación”.
“Esta línea de acción es la que va a estar representada en el proyecto de Presupuesto 2023”, afirmó y agregó: “En este Presupuesto se sigue fortaleciendo un modelo de producción, empleo e inclusión para todos los argentinos”.
En este tramo, Manzur aseveró que “el ordenamiento fiscal es uno de los principios rectores de nuestra gestión”. Tras subrayar que “se ha aplanado la curva de vencimientos, ordenando las obligaciones de pago para los próximos meses”, ratificó: “Mantendremos el principio fijado de no más emisión para financiar el Tesoro hasta fin de año”.
“Hemos cumplido con reintegrar 10 mil millones de dólares al Banco Central para cubrir la deuda que se mantiene con la autoridad monetaria”, sumó.
Tras defender el esquema de quita de subsidios, progresivamente según los ingresos de los usuarios, el jefe de Gabinete enfatizó: “Ni la pandemia, ni la guerra, ni las necesidades de hacer frente a los pesados compromisos externos que enfrenta la Argentina van a interponerse a nuestro objetivo político de seguir incrementando presupuesto en educación, ciencia y tecnología y obra pública”.
En el final de su discurso retomó el tema del Presupuesto y dejó un mensaje de cara al tratamiento parlamentario de la “ley de leyes”, que el año pasado fue rechazada.
“El año pasado vivimos una situación amarga que nos impidió contar con una ley de presupuesto. Las y los convoco a debatir y deliberar con una visión constructiva. Estamos abiertos, como lo estuvimos en aquella oportunidad, a revisar y modificar el proyecto de presupuesto para lograr los amplios acuerdos que el país necesita. Millones de argentinos y argentinas que esperan un futuro de paz y prosperidad nos están mirando”, expresó.
El jefe de Gabinete informó que esa es la cifra que se prevé en la primera etapa. Destacó que Argentina pudo pasar el invierno en medio del contexto internacional que disparó el precio de los combustibles.
En su informe de gestión ante la Cámara baja, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, señaló que “el gasoducto Néstor Kirchner, que se desarrolla según los plazos previstos, nos permitirá generar ahorro por más de 1.500 millones de dólares en una primera etapa”.
“Hemos tenido que afrontar una suba de combustibles necesaria para abastecernos de energía en el primer trimestre, donde en algunos casos se llegaron a cuadruplicar los valores correspondientes respecto al año anterior”, dijo.
El funcionario destacó que “estamos terminando el invierno y podemos decir que con el esfuerzo de todos los argentinos, y un sistema productivo moviéndose a un ritmo muy fuerte, nuestro país vivió el mayor pico de demanda en materia de electricidad y gas en toda su historia, y felizmente pudimos hacer frente a este contexto”.
“El contexto internacional pegó fuerte”, afirmó, al tiempo que insistió en que se hicieron “esfuerzos mayores al año anterior”.
Manzur subrayó: “Estamos impulsando la Argentina hacia el futuro con una mirada estratégica, buscando como objetivo final el autoabastecimiento energético en la Argentina”. “Esta situación global le ofrece a la Argentina una gran oportunidad, ya que podemos exportar lo que el mundo necesita”, abogó.
En el comienzo de su discurso ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete destacó el repudio aprobado sobre el atentado contra CFK e hizo referencia a los desafíos de cara a los 40 años de democracia.
En el arranque de su discurso ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, llamó al “diálogo” entre las fuerzas políticas para “fortalecer la paz social”, de cara a los 40 años de democracia que se cumplirán el año que viene.
En su primer informe de gestión -desde que asumió hace casi un año- ante los diputados, el ministro coordinador destacó el repudio aprobado por el cuerpo para expresar la “enérgica condena y repudio al intento de asesinato cometido contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, hace menos de dos semanas”.
En ese mismo sentido ponderó la declaración firmada por los 10 gobernadores del Norte Grande, de diferentes signos políticos. “Quiero reiterar mi solidaridad personal con ella y su familia en este momento tan difícil”, agregó.
Manzur señaló: “Estamos convencidos que la ciudadanía, en momentos en que nos encaminamos a cumplir 40 años de democracia, está esperando gestos claros en favor del respeto y la convivencia política”.
“Nuestro sistema democrático institucional ha superado crisis económicas y políticas. De cada una de ellas ha salido fortalecida la capacidad de adaptación, de resiliencia, de incorporación de nuevas perspectivas y canalización de demandas”, observó.
Aunque dijo que eso es “algo que nos debe enorgullecer”, hay que reconocer que “luego de cuatro décadas nuestro sistema democrático tiene grandes deudas con la sociedad”.
“Nuestro Gobierno ha dado muestras, y lo seguirá haciendo, de promover el diálogo franco, y los acuerdos que se requieran en función de políticas de mediano y largo plazo”, aseguró el funcionario.
Y completó: “Una ciudadanía necesita fundamentalmente tranquilidad y previsibilidad, y hoy nos está mirando. Seamos cada uno de nosotros constructores de puentes y diálogo para fortalecer la paz social”.
La sesión presidida por Cecilia Moreau arrancó a las 11.23, y durante la misma Juan Manzur responderá las preguntas acumuladas por la oposición durante lo que lleva en el cargo.
A seis días de cumplir un año al frente de la Jefatura de Gabinete, el tucumano Juan Manzur expone ante la Cámara de Diputados de la Nación por primera vez desde su designación.
La reunión arrancó a las 11.23, tal cual establece el sistema de estos informes, con una exposición inicial del jefe de Gabinete de Ministros, tras lo cual se dará paso a las preguntas que han preparado los legisladores de la oposición.
En la previa de esta postergada visita del jefe de Gabinete se conoció un documento de casi 2.200 páginas con las respuestas a las 3.926 preguntas formuladas por diputados de casi todos los bloques, con predominancia en el área económica, pero también bastante material relacionado con la educación y la salud.
Se trata del informe número 133 de un jefe de Gabinete y en la previa el mismo fue presentado como el más extenso en la historia desde la creación del cargo, en 1994. En efecto, el texto supera en más de 1.300 preguntas el récord anterior, alcanzado cuando el hoy canciller Santiago Cafiero respondió 2.596 consultas en junio de 2021.
El documento se conoció en vísperas de esta presentación y según el análisis realizado por la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios, el Ministerio de Economía fue el organismo que más preguntas recibió con 1.151 (esta cifra incluye las preguntas enviadas a las desaparecidas carteras de Desarrollo Productivo y de Agricultura, Ganadería y Pesca), seguido por el Ministerio de Educación con 313, el de Salud con 254 y los de Seguridad y Cancillería, con 246 y 238, respectivamente.
En cuanto a los bloques legislativos, la bancada que remitió al Poder Ejecutivo la mayor cantidad de consultas fue el Pro con 2.128, seguido por la Unión Cívica Radical con 702 y el de Evolución Radical con 380. El oficialismo no formuló preguntas.
Entre las respuestas, se destacan las principales políticas destinadas a la recuperación del empleo registrado en el sector privado, el incremento en más del 40% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y el aumento del 77% en las inversiones directas a las provincias, mayormente destinadas a proyectos de infraestructura vial y energética.
A su vez, en relación a las políticas educativas, el informe desarrolla las acciones tendientes a fortalecer el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes en el marco del Plan de Mejora Institucional (PMI). En ese sentido, se resalta el plan de conectividad a internet para escuelas que prevé cubrir al 90% de los estudiantes de la Argentina para fines de este año; la entrega de dispositivos para docentes de nivel primario y alumnos de nivel secundario a través del programa Conectar Igualdad; la continuidad del Programa Fines; la inversión en infraestructura escolar y la capacitación docente permanente.
Otro de los apartados pondera el éxito de programas de promoción turística como PreViaje, que en su última edición tuvo un impacto sobre la cadena turística de $150 mil millones. El documento detalla que, gracias a esta política, aproximadamente 32,3 millones de argentinos viajaron por el país, movilizando recursos en la industria por más de $635 mil millones.
A punto de cumplir un año en el cargo, Juan Manzur se presenta este miércoles en el recinto de Diputados para hacer un repaso de su tarea en el cargo y responder preguntas.
Con la expectativa lógica abierta por quien al cabo de un año no se ha presentado nunca aún en la Cámara de Diputados, los legisladores aguardan la presencia de Juan Manzur, cuya participación allí está prevista a partir de las 11 de la mañana.
En la previa de esta postergada visita del jefe de Gabinete se conoció un documento de casi 2.200 páginas con las respuestas a las 3.926 preguntas formuladas por diputados de casi todos los bloques, con predominancia en el área económica, pero también bastante material relacionado con la educación y la salud.
Será el informe número 133 de un jefe de Gabinete y en la previa el mismo ha sido presentado como el más extenso en la historia desde la creación del cargo, en 1994. En efecto, el texto supera en más de 1.300 preguntas el récord anterior, alcanzado cuando el hoy canciller Santiago Cafiero respondió 2.596 consultas en junio de 2021.
A seis días de cumplir un año en el cargo, Manzur brindará su informe, que marcará también la primera experiencia en la materia de la nueva titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, quien sucedió a Sergio Massa el pasado 2 de agosto.
En esas preguntas que ya respondió por escrito el jefe de Gabinete no figuraba ninguna relacionada con el atentado perpetrado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado 1 de septiembre. Por eso se espera que el tucumano haga referencia al tema en el tramo inicial de su exposición.
Volviendo al documento conocido en vísperas de esta presentación y según el análisis realizado por la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios, el Ministerio de Economía fue el organismo que más preguntas recibió con 1.151 (esta cifra incluye las preguntas enviadas a las desaparecidas carteras de Desarrollo Productivo y de Agricultura, Ganadería y Pesca), seguido por el Ministerio de Educación con 313, el de Salud con 254 y los de Seguridad y Cancillería, con 246 y 238, respectivamente.
En cuanto a los bloques legislativos, la bancada que remitió al Poder Ejecutivo la mayor cantidad de consultas fue el Pro con 2.128, seguido por la Unión Cívica Radical con 702 y el de Evolución Radical con 380. El oficialismo no formuló preguntas.
Entre las respuestas, se destacan las principales políticas destinadas a la recuperación del empleo registrado en el sector privado, el incremento en más del 40% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y el aumento del 77% en las inversiones directas a las provincias, mayormente destinadas a proyectos de infraestructura vial y energética.
A su vez, en relación a las políticas educativas, el informe desarrolla las acciones tendientes a fortalecer el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes en el marco del Plan de Mejora Institucional (PMI). En ese sentido, se resalta el plan de conectividad a internet para escuelas que prevé cubrir al 90% de los estudiantes de la Argentina para fines de este año; la entrega de dispositivos para docentes de nivel primario y alumnos de nivel secundario a través del programa Conectar Igualdad; la continuidad del Programa Fines; la inversión en infraestructura escolar y la capacitación docente permanente.
Otro de los apartados pondera el éxito de programas de promoción turística como PreViaje, que en su última edición tuvo un impacto sobre la cadena turística de $150 mil millones. El documento detalla que, gracias a esta política, aproximadamente 32,3 millones de argentinos viajaron por el país, movilizando recursos en la industria por más de $635 mil millones.
Lo hizo a través de su cuenta oficial de Twitter en la que compartió un video sobre la historia de vida Nora Román bibliotecaria de la Biblioteca del Congreso Nacional.
En el marco de celebración del Día del bibliotecario celebrado cada 13 de septiembre, la Cámara de Diputados les envió un saludo a través de su cuenta oficial de Twitter con un video en el que cuentan la historia de vida de Nora Román bibliotecaria de la Biblioteca del Congreso Nacional.
“Las bibliotecas son esos lugares silenciosos que esconden miles de historias en las baldas de sus estanterías. Espacios para desconectar del mundo y viajar con la imaginación, para disfrutar de la historia, la aventura, del terror, del suspenso. Un encuentro directo con la cultura”, comienza describiendo la voz en off del video y agrega: “Frente al Palacio hay una, y dentro de ella se encuentran las y los guardianes de los libros y el conocimiento, las bibliotecarias y los bibliotecarios”.
Acto seguido, presenta a Nora Román: “Soy bibliotecaria y trabajo en la Biblioteca del Congreso de la Nación. Gestiono la sala pública de lectura”, y cuenta: “Elegí esta profesión trabajando porque me enamoré de ello. En un principio no era mi profesión, estudié otra carrera y decidí capacitarme para tratar de dar lo mejor de mi cada día en mi trabajo”.
“La Biblioteca del Congreso de la Nación, es un mundo de servicios, es un mundo de documentos, que los usuarios pueden consultar y esa amplitud y diversidad hacen justamente la diferencia”, destaca Román.
También se sumó a los saludos el diputado nacional Gerardo Milman (Pro): “Como integrante de la Comisión Administradora de la Biblioteca del Congreso de la Nación, les deseo un feliz Día del Bibliotecario a cada uno de los trabajadores que llevan a cabo esta tarea con orgullo y decencia”.
Un detalle minucioso elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso para conocer la estructura de la ley de leyes.
Este jueves ingresará por Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2023. A propósito de ello y para comprender bien en qué consiste la denominada “ley de leyes”, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) elaboró un instructivo.
La OPC es un organismo clave del Congreso de la Nación que tiene como misión brindar apoyo técnico a los legisladores con el fin de dotarlos de herramientas técnicas para la labor legislativa, que permitan profundizar la comprensión de temáticas vinculadas al Presupuesto Público.
Fue creada a partir de la sanción de la Ley 27.343, que estableció como objetivo fortalecer sus capacidades técnicas e institucionales en materia presupuestaria y como uno de los requisitos para ingreso del país a la OCDE.
¿Qué contiene el Presupuesto de la Administración Nacional?
Según detalla la Oficina de Presupuesto del Congreso, el mismo está conformado por los presupuestos de la Administración Central, los organismos descentralizados y las Instituciones de Seguridad Social.
¿Qué no contiene el Presupuesto?
Los presupuestos de los fondos fiduciarios, de las empresas públicas y sociedades del Estado, universidades nacionales y de otros entes del sector público nacional.
El Anexo del Mensaje de Elevación incluye información sobre el contexto económico y global, las proyecciones macroeconómicas, las prioridades de las políticas públicas, la política fiscal y presupuestos de la Administración Nacional, fondos fiduciarios, empresas públicas, sociedades del Estado y otros entes del Sector Público Nacional.
En el Anexo del Mensaje de Elevación se identifican para cada política transversal, los programas o actividades presupuestarias de mayor importancia y el crédito asignado para el año que se presupuesta.
Cada política transversal refleja un área de relevancia dentro de la agenda pública y se compone de todas las acciones presupuestarias vinculadas con ella.
El proyecto de ley contiene el articulado que incluye disposiciones generales, Presupuesto de gastos y recursos de la Administración Central, y organismos descentralizados e Instituciones de Seguridad Social.
Las planillas anexas al articulado contienen planillas indicadas en el articulado como anexo.
Los fascículos por jurisdicción o entidad incluyen la descripción de programas, metas físicas, cargos de personal, créditos y recursos de cada jurisdicción o entidad.
Existe también un anexo estadístico y ubicación geográfica donde existen cuadros comparativos, estadísticos y geográficos.
Resume la gestión financiera consolidada del Gobierno, detallando los flujos de ingresos, gastos y financiamiento.
Principales cuentas:
Surge de relacionar la clasificación económica de los recursos públicos con la clasificación económica de los gastos; permitiendo así determinar los resultados económico primario y financiero y cuyo financiamiento se expresa a través de las fuentes y aplicaciones financieras.
Este esquema permite observar distintos datos. Arriba de la línea: se registran recursos y gastos corrientes y de capital necesarios para el cumplimiento de los objetivos de política fiscal. Debajo de la línea: aquí se registra el financiamiento y las amortizaciones de la deuda pública, y otras operaciones de activos y pasivos financieros.
En cuanto al resultado económico, si los ingresos corrientes son superiores a los gastos corrientes, existe ahorro, el que se destina para financiar gastos de capital.
Si los ingresos son menores que los gastos, existe desahorro, que se financia con venta de activos u otro tipo de financiamiento.
Respecto del resultado primario, si los ingresos totales son mayores que los gastos primarios, existe superávit primario que permite financiar en forma total o parcial los intereses de la deuda.
Si los ingresos totales son menores a los gastos primarios, existe déficit primario que requiere financiamiento adicional para atender el pago total de los intereses de la deuda.
Acerca del resultado financiero, si los ingresos totales son mayores que los gastos totales, existe superávit financiero que permite una disminución equivalente del financiamiento.
Si los ingresos totales son inferiores a los gastos totales, existe déficit financiero para lo cual se requiere obtener un mayor financiamiento.
El Poder Ejecutivo envía el Informe de Avance al Congreso de la Nación, antes del 30 de junio del año previo al ejercicio.
El Poder Ejecutivo debe enviar a la Cámara de Diputados el proyecto de ley, que tendrá tratamiento regular en comisiones de Presupuesto y Hacienda y plenarios de ambas cámaras.
El proyecto de ley debe enviarse antes del 15 de septiembre y ser aprobado antes del 31 de diciembre. Si esto no sucediera, el Poder Ejecutivo prorroga el Presupuesto vigente con ajustes.
La ley tiene vigencia anual y no puede crear ni modificar impuestos, solo prever su recaudación y asignación.
El proyecto, con media sanción del Senado, quedó en condiciones de ser tratado en el recinto tras su dictamen favorable en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.
Uno de los puntos del temario de la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de Diputados a tratar este martes era el proyecto que instituye el 22 de noviembre de cada año como el "Día Nacional del Kimchi en la Argentina", una iniciativa que había generado revuelo cuando se aprobó el año pasado en el Senado.
Al argumentar la iniciativa que busca destacar esta comida coreana preparada a base de vegetales, el diputado Eduardo Valdés (FdT) mencionó que ya tuvo dictamen en la Comisión de Legislación General con lo cual, tras el aval recibido, quedó en condiciones de ser tratada en el recinto.
"Este año se han cumplido 60 años de relaciones diplomáticas con la República de Corea. Es en base a esta situación que se plantea el 22 de noviembre de cada año como el Día Nacional del Kimchi", un plato que es parte de la "identidad cultural gastronómica coreana", señaló el presidente de la comisión.
El porteño dijo que el Kimchi "se consume mucho en una de las colectividades más importantes que tenemos en Argentina", compuesta por "25 mil familias". La colectividad es producto de "las últimas migraciones que ha tenido la Argentina en medio de los años '60", indicó, al resaltar que "somos la segunda colectividad coreana en América Latina", mientras la primera está en Brasil.
"La población coreana en Argentina es muy querida. En mi ciudad, en el barrio de Flores, alrededor del Parque Chacabuco, es una comunidad muy importante, muy insertada en la sociedad argentina", agregó el oficialista, que mencionó además que este plato fue declarado patrimonio cultural inmaterial de la ONU para la UNESCO.
A su turno, el diputado Alberto Asseff (Pro-JxC) destacó que "es admirable la laboriosidad y la capacidad de integración en cumplimiento de la ley por parte de la comunidad coreana a la Argentina".
Luego fue el turno de la legisladora Karina Banfi (UCR-JxC), quien realizó una enfática defensa por tratar proyectos de este tipo. Al recordar que fue presidenta del Grupo de Amistad con Corea del Sur, la radical apuntó que se tratar de "reconocer una comunidad que está muy inserta en Argentina".
"En la provincia de Buenos Aires, General Lavalle tiene una comunidad muy fuerte e influyente", informó y ponderó que "es una cultura que ha logrado hacer de la resiliencia algo que creo que todos aspiramos".
Banfi recordó que la autora de este proyecto, la senadora Magdalena Solari Quintana (Misiones) "dio un discurso de 40 minutos y seguramente lo hizo con mucha pasión" cuando se trató el año pasado en la Cámara alta, pero "esto fue tomado de manera ligera, casi socarrona en redes sociales".
"Yo quiero llamar a la reflexión a todos nosotros en la responsabilidad política que tenemos. Tardamos un año y medio por tratar este proyecto y nos llenamos de prejuicios porque no queremos que, lo voy a decir así, discúlpenme, que nos puteen en las redes sociales porque supuestamente aprobar un proyecto de estas características es no hacer nada. Y en realidad lo que estamos haciendo es reconocer, principalmente, los valores de una sociedad y de una nación incipiente", enfatizó.
Y sumó que "esta comida existe desde 1766, por lo tanto no tiene grieta, se consume tanto en Corea del Norte como en Corea del Sur". "Las comidas son parte de la cultura de cada uno de nuestros pueblos", completó.
Por su parte, la diputada Mara Brawer (FdT) aseguró que el Kimchi "es un alimento con un vínculo histórico muy fuerte". "No solamente hubo burlas en las redes sociales y los medios", señaló sobre las críticas al proyecto, sino que dijo que hay veces en que esos mismos cuestionamientos se hacen para con proyectos traídos por diputados del interior. Puso como ejemplo el "Día del Poncho" y, en alusión a la Fiesta del Poncho, remarcó la importancia que tiene para los catamarqueños. "Los recursos que genera para esa comunidad y la importancia identitaria que tienen las comidas, las vestimentas, las tradiciones", defendió.
El convenio internacional tuvo aval en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de Diputados. Avanzaron además una serie de proyectos que ya cuentan con media sanción.
En una calma reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados, presidida por Eduardo Valdés (FdT), se avanzó con el dictamen de un proyecto por el cual se aprueba un Acuerdo para la eliminación del cobro de cargos de Roaming Internacional a los usuarios finales del Mercosur.
El convenio, celebrado el 17 de julio de 2019 en la ciudad de Santa Fe, tiene por objeto establecer las pautas del servicio de itinerancia internacional (roaming) entre los proveedores de telecomunicaciones que presten servicios de telecomunicaciones de telefonía móvil, mensajería y datos móviles en los estados parte del Mercosur.
En virtud del acuerdo, los proveedores de telecomunicaciones deberán aplicar a sus usuarios que utilicen servicios de roaming internacional en el territorio de otro estado que integre el Mercosur los mismos precios que cobren por los servicios móviles en su propio país, de acuerdo con la modalidad y plan contratado por cada usuario. De igual manera, deberá existir razonabilidad en la relación entre los precios cobrados al usuario y los precios de los acuerdos entre proveedores de telecomunicaciones, de forma tal que los acuerdos resulten convenientes tanto para los usuarios, como para todos los proveedores participantes.
El proyecto fue incorporado en el temario a pedido del diputado Ricardo López Murphy (RU-JxC), que se encontraba ausente, por lo que habló al respecto el porteño Fernando Iglesias (Pro-JxC), quien primero planteó un cuestionamiento por "vaciar" de discusiones políticas a la comisión.
Sobre el acuerdo, el macrista expresó: "Si nosotros apostamos a la integración regional, y creo que en esto hay un consenso político extendido, no tiene ningún sentido que las compañías cobren roaming y compliquen todo el tema organizativo y de gestión alrededor de esto".
"Ha sido aprobado parcialmente con Chile pero queremos que se extienda a toda la región, porque nos parece que es un signo muy claro de la vocación de integración regional, que es uno de los acuerdos que tienen nuestras fuerzas políticas", agregó.
Por su parte, el legislador Alberto Asseff (Pro-JxC) recordó que cuando fue parlamentario del Mercosur "uno de los hechos más significativos que tuvimos" fue el voto "por unanimidad" para "la eliminación del roaming en todas las Américas". Por eso, opinó que avanzar con la ratificación de este acuerdo "en el mundo de la conectividad, de las redes, de la conexión, es un paso adelante de integración más allá de lo retórico".
Durante la reunión, la vicepresidenta de la comisión, Soher El Sukaria (Pro-JxC), hizo alusión a un convenio sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia, el cual data de 2007, pero Argentina suscribió en el año 2018, bajo la gestión de Jorge Faurie.
Se trata de "el derecho por el cobro legítimo y absoluto de cualquier litigio donde tenga como prioridad la obligación alimentaria entre familias que estén en litigio o que los cónyuges vivan en distintos Estados" de modo de "proteger el cobro de los derechos alimentarios de los niños y todo derecho parental relativo al derecho de familia", explicó la cordobesa.
Asimismo, prevé una mediación para lograr un acuerdo y, si así no fuera posible, prevalece el domicilio donde estén radicados los menores.
Otro proyecto similar, referido a la Convención Relativa a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en Materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños, también fue despachado, y tiene que ver con los derechos de guarda, derechos de visita y toda relación entre derechos parentales.
En el temario también se abordó otro proyecto con media sanción del Senado -desde noviembre de 2020- que busca otorgar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. La diputada Rosana Bertone (FdT) recordó que esta Convención "fue adoptada por la OEA el 15 de junio de 2015" a partir de "un proyecto que impulsó la República Argentina" y al que adhirieron Brasil, Chile, Costa Rica, Bolivia y Uruguay.
Este tratado "considera persona mayor a aquella de 60 años o más, entiende la vejez como una construcción social y al envejecimiento como un proceso gradual", detalló la fueguina, al tiempo que contempla la "plena inclusión y participación en la sociedad" de esta parte de la población.
Al respecto, la legisladora Mónica Litza (FdT) subrayó que "hace mucho que en Argentina no le estamos hablando a esa franja etaria tan importante, con un potencial tan grande". "En Argentina hay aproximadamente 9 millones de personas adultas mayores, que todavía tienen mucho para dar", consideró la massista y añadió que "no hay una política muy clara, desde hace mucho tiempo, para esa porción de la sociedad".
En la reunión también pasó a la firma un Convenio de Seguridad Social entre la República Argentina y la República de Corea, que cuenta con media sanción del Senado desde el año pasado. Se trata del "reconocimiento de los derechos en materia de seguridad social para todos los trabajadores activos y jubilados de ambas naciones", apuntó el diputado Marcelo Casaretto (FdT), además del reconocimiento de los aportes y la exportación de beneficios.
Al referirse al proyecto que expresa el beneplácito por el 40° aniversario de ACIERA (Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina), su autora, la diputada Dina Rezinovsky (Pro-JxC), señaló que esta entidad nuclea "a las más de 15 mil iglesias que hay en la actualidad en todo el país", las cuales desarrollan una "tarea social en todos los barrios populares, en cárceles, en hospitales".
En ese sentido, ponderó la labor realizada en la pandemia, durante la cual las iglesias repartieron "un millón de cajas de alimentos y elementos de limpieza en todo el AMBA". Y, en ese marco, "fallecieron más de 700 pastores de todo el país". "Este reconocimiento es un bálsamo al corazón para la tarea que realizan las iglesias evangélicas en todo el país", agregó.
Acompañante de la iniciativa, el diputado Luis Di Giacomo (Provincias Unidas-JSRN) manifestó: "Desde mis convicciones personales me ubico del otro lado de la grieta, soy no creyente, pero sí quiero destacar". En ese sentido, reveló que "en muchas oportunidades" fue acompañado por representantes de las iglesias en sus trabajos relacionados a "la temática de la discapacidad y de las adicciones".
"Siempre destaco que en un principio lo que tenía más que ver con una búsqueda de acólitos, con los años terminó siendo un trabajo científica y profesionalmente correcto, porque se tomaron el trabajo de formarse en los aspectos terapéuticos, profesionales y espirituales", resaltó el rionegrino, que completó: "Han demostrado que como organizaciones de la sociedad están presentes no solo en los momentos críticos, sino también en un trabajo social que merece ser respetado y destacado".
En el encuentro, además, pasaron a la firma tratados de extradición entre nuestro país y Rumania; Brasil; y República Checa, en ese orden. Asimismo, acuerdos relacionados a transporte aéreo entre Argentina con Países Bajos, por un lado, y Portugal, por otro.
Y un proyecto de ley con media sanción por el cual se solicita autorización para desempeñar cargos de cónsules y vicecónsules honorarios a ciudadanos argentinos propuestos por gobiernos extranjeros.
Hacia el final, el diputado Hernán Lombardi (Pro-JxC) mencionó que todos los integrantes de la comisión recibieron una carta del embajador de Armenia ante el ataque que sufrió el país por parte de las fuerzas azeríes, con más de 50 muertos de la tropa de armenios. "Estas condenas tienen que hacerse en tiempo y forma", pidió el macrista.
En la misma línea, su par Maximiliano Ferraro (CC-JxC) consideró: "Estamos en condiciones de emitir una nota de preocupación que se dirija a la embajada de Armenia. Y estamos en condiciones de hacer un único proyecto que reúna el consenso de todos los bloques". Ante el asentimiento del presidente de la comisión, Valdés y Ferraro quedaron como encargados de redactar una declaración al respecto.
Así lo resaltaron desde la Jefatura de Gabinete, al señalar que se trata de un documento de casi 2.200 páginas, que responde a 3.926 preguntas de los diputados. Aborda principalmente temas vinculados a las áreas de economía, educación y salud.
La Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, a cargo de Juan Manzur, entregó a la Cámara de Diputados el informe número 133, el más extenso en la historia desde su creación, en 1994. El texto supera en más de 1.300 preguntas al récord anterior, alcanzado cuando Santiago Cafiero respondió 2.596 consultas en junio de 2021.
Tras el envío del documento escrito, el ministro coordinador se presentará ante el pleno en la sesión informativa especial convocada para este miércoles a las 11. Será la primera vez que asista a la Cámara baja -y la segunda al Congreso- desde que asumió, hace casi un año, el 20 de septiembre del año pasado.
Según el análisis realizado por la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios, el Ministerio de Economía fue el organismo que más preguntas recibió con 1.151 (esta cifra incluye las preguntas enviadas a los exministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura, Ganadería y Pesca), seguido por el Ministerio de Educación con 313, el de Salud con 254 y los de Seguridad y Cancillería, con 246 y 238, respectivamente.
En cuanto a los bloques legislativos, la bancada que remitió al Poder Ejecutivo la mayor cantidad de consultas fue el Pro con 2.128, seguido por la Unión Cívica Radical con 702 y el de Evolución Radical con 380.
Entre las respuestas, se destacan las principales políticas destinadas a la recuperación del empleo registrado en el sector privado, el incremento en más del 40% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y el aumento del 77% en las inversiones directas a las provincias, mayormente destinadas a proyectos de infraestructura vial y energética.
A su vez, en relación a las políticas educativas, el informe desarrolla las acciones tendientes a fortalecer el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes en el marco del Plan de Mejora Institucional (PMI). En ese sentido, se resalta el plan de conectividad a internet para escuelas que prevé cubrir al 90% de los estudiantes de la Argentina para fines de este año; la entrega de dispositivos para docentes de nivel primario y alumnos de nivel secundario a través del programa Conectar Igualdad; la continuidad del Programa Fines; la inversión en infraestructura escolar y la capacitación docente permanente.
Otro de los apartados pondera el éxito de programas de promoción turística como PreViaje, que en su última edición tuvo un impacto sobre la cadena turística de $150 mil millones. El documento detalla que, gracias a esta política, aproximadamente 32,3 millones de argentinos viajaron por el país, movilizando recursos en la industria por más de $635 mil millones.
Eso expresó la presidenta de la Cámara de Diputados al participar del homenaje que se realizó este lunes en el Salón de los Pasos Perdidos al exdirigente peronista a 100 años de su nacimiento.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, participó este lunes de un acto en homenaje al dirigente peronista Antonio Cafiero que se realizó en la Cámara baja para recordar los 100 años de su nacimiento y destacó que el exgobernador bonaerense es "patrimonio de todos los argentinos".
El evento, que se llevó a cabo en el Salón de los Pasos Perdidos, fue organizado por la diputada del Frente de Todos Gisela Marziotta y contó con la presencia del exgobernador bonaerense Felipe Solá; el nieto de Cafiero y actual secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Francisco Cafiero; el legislador porteño, Matías Barroetaveña; el productor de cine, Osvaldo Papaleo; el historiador Arits Recalde, y la hija de Antonio, Ana Cafiero, entre otros dirigentes políticos.
También, estuvieron presentes el presidente del bloque de diputados nacionales del FdT, Germán Martínez, y legisladores nacionales como Daniel Arroyo, Mónica Macha, Mara Brawer y Eduardo Valdés y el dirigente del PJ y secretario general del Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras de edificios (Suther) Víctor Santa María, entre otros.
Al recordar la figura de Cafiero, Moreau sostuvo que “el histórico dirigente”, que sufrió la “persecución del anti peronismo de la autoproclamada Revolución Libertadora” y fue encarcelado durante la última dictadura militar, es "patrimonio de todos los argentinos" y consideró que "éste es el ámbito que corresponde" para recordar la figura del exsenador, a la vez que afirmó que "su lugar más importante fue el de militante del PJ".
Por su parte, Francisco Cafiero lo definió como un "militante enorme" y un "sinónimo de democracia", al tiempo que recordó que el dirigente peronista "siempre pensaba en la creación de futuro con desafíos de la globalización". Desde un plano más íntimo, Ana Cafiero -una de sus hijas- lo describió como un "hombre de familia" y dijo que Antonio "es de todos los argentinos".
A su vez, Solá lo describió como “un demócrata en serio”, y relató varios "recuerdos inolvidables" de su amistad con Cafiero a quien recordó con cariño como su "viejo en la política", tras elogiar su sentido del humor y su "enorme seguridad personal".
Al término del acto, Germán Martínez -en representación de Gisela Marziotta, que no pudo asistir por razones familiares- entregó a Ana Cafiero un diploma de Honor de la Cámara de Diputados a Cafiero, a 100 años de su nacimiento.
En su extensa trayectoria política, Antonio Cafiero ocupó distintos cargos: además de gobernador bonaerense, fue ministro de Comercio Exterior durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón, ministro de Economía en 1975 y posteriormente ocupó las bancas nacionales de diputado y senador por la provincia de Buenos Aires.
La actividad se realizó en el marco del mes contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas. En el encuentro debatieron sobre una normativa necesaria para avanzar en la lucha contra la trata de personas en el país.
En el marco del mes de Explotación Sexual y el Tráfico de Personas, las diputadas nacionales Carla Carrizo (Evolución Radical), Paula Oliveto (CC-ARI) encabezaron este lunes la jornada “Lucha contra la Trata de Personas: protagonistas y agenda legislativa pendiente”, junto a representantes del Comité de Lucha contra la Trata de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, especialistas y organizaciones de víctimas, quienes debatieron sobre la problemática y presentaron proyectos de ley contra al trata de personas.
El encuentro se llevó a cabo en el edificio Anexo de la Cámara Baja ante más de 150 personas en donde dialogaron sobre la importancia de un gran marco sobre la normativa necesaria para avanzar en la lucha contra la trata de personas en la Argentina.
También participaron 27 organizaciones de la sociedad civil, legisladores de distintos signos políticos, miembros del Comité de Lucha contra la Trata de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y especialistas como Alika Kinan, Alicia Peressutti, Bárbara Bonelli, Margarita Meira, Miriam Donati, Andrés Mexandeau y Marcelo Colombo, entre otros.
La diputada Carrizo tomó la palabra para presentar un proyecto de su autoría sobre la asignación para víctimas de trata y relató: “Conocí a Alika Kinan hace unos años en la Facultad de Ciencias Económicas y cuando la escuché me quedé muda. Ahí aprendí, entendí lo que es hablar de trata de personas en forma directa con una protagonista”.
“Parte de este proyecto tiene que ver con su trayectoria, con su experiencia. Alika no se quedó en la victimización, salió de la marginalidad, nos enseñó, buscó aliados provinciales, nacionales, y acá estamos en el Congreso Nacional con este proyecto”, dijo la diputada radical.
En ese sentido, recordó: “En 2019 se creó un fondo fiduciario que se nutre de todos los decomisos, una vez que hay sentencia, recoge todo el dinero ilegal que estaba asociado a la trata. Ese fondo es muy potente, de U$S 3 millones. Sucede que hay plata y no les llega a las víctimas porque la trata es un fenómeno difícil. Ese fondo les llega cuando hay sentencia y cuando el juez dice cuándo, cómo y cuánto tiempo. Entonces, hay una asimetría muy grande y dependemos de la subjetividad del juez. Y sabemos que, sin una política estatal de acompañamiento, no se puede salir”.
“No podemos tener políticas de supervivencia. Tenemos que tener políticas de cuidado. Es necesario que la política pública llegue a las víctimas con una asignación y también con todos los dispositivos que permitan un espacio de contención y cuidado”, cerró Carrizo.
Luego fue el turno de la diputada Oliveto quien sostuvo: “Somos representantes de un pueblo que tiene que ser escuchado y esta problemática nos interpela y obliga a actualizar la legislación. Por ese es importante este encuentro para tomar las inquietudes y hacerlas propias. Este tema abarca a todas las organizaciones políticas y sociales. No lo tomamos como un tema propio”.
En tanto destacó que “este tipo de iniciativas nos permite el diálogo, la convivencia, y avanzar en temas que hacen a la agenda de un pueblo para que trabajemos en pos de reparar donde el Estado no estuvo. El Estado tiene que reparar el dolor de las víctimas. Cuando se habla del delito de trata de personas, se habla de la ausencia del Estado”. Asimismo, presentó un proyecto de ley para establecer a la trata de personas como delito de lesa humanidad e imprescriptibilidad.
A su turno, Pamela Malewicz, subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural y Coordinadora del Comité de la Lucha contra la Trata de Personas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expresó: “Para nosotros el abordaje de las víctimas de trata es absolutamente integral, la coordinación es transversal con las áreas de salud, educación, y con otras áreas que a veces van requiriendo de la integralidad del abordaje. Por eso, esto es una política de Estado para el Gobierno de la Ciudad”.
Luego, hizo uso de la palabra Alika Kinan, directora del Programa de Estudios Formación e Investigación sobre Trata y Explotación de Personas de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), sobreviviente de trata con fines de explotación sexual y CEO de la Fundación Alika Kinan: "La justicia argentina no me reconoció nada. El dinero del Fondo, que se integra con todo lo que los proxenetas tienen, nos corresponde a todas las víctimas, a mí y a todas mis compañeras, que pusimos el cuerpo. El delito de trata sí debe tratarse como delito de lesa humanidad. Se trata de un plan sistemático por parte del Estado, hay participación del Estado contra las mujeres, adolescentes y niñas, que eran expuestas a análisis médicos en Tierra del Fuego para no enfermar a ningún hombre”.
"Después de 10 años de mi rescate no fui indemnizada a pesar de ser querellante y fui re victimizada en el programa de protección de testigos. Mi proxeneta hoy sigue teniendo bienes y sigo esperando que pague lo que me debe. Necesitamos una reparación económica por parte del Estado cuando existe una sentencia firme. El fondo está obligado, y sólo hasta el momento, reparó a una sola víctima de trata con todos los bienes decomisados”, finalizó.
Las asociaciones que participaron fueron Alicia Peresutti y Yanina Basilico “Asociación Vínculos en RED”; Alika Kinan Presidenta “Fundación Alika Kinan”; Silvia Ferraro, presidenta y Myrtha Schalom “MEI Mujeres en Igualdad”; Lilia Saavedra presidenta Fundación “VEI Vidas en Interacción para el Desarrollo de la Comunidad”; Ada Rico presidenta “Casa del Encuentro”; Jésica Flores integrante MOTA; Fabiana Túñez y Gladys Emma Romano ONG Las Julietas; especialista en Políticas Públicas para la prevención y asistencia en violencia de género.
Además, la Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (2015-2019); Martha Miravete Cicero Grupo de mujeres de la argentina - Foro de VIH mujeres y familia; Margarita Meira y Marcela Cano Asociación Civil Madres Víctimas de Trata; María Laura Abbate, Naria Cristina Perez y Graciela Norma Pacios MACFUT Mujeres Asociadas a Clubes de Fútbol Argentino; Graciela Giménez, Alejandra López y Miriam Donati Brusco ‘Mujeres por la Nación’; Patricia del Carmen Cruz ONG “Las Vikingas”; Mónica Tejeda CEMI FCCAM Comisión Episcopal de Migrantes e Itinerantes; Cecilia Dinius Plenario de trabajadoras; Verónica Ortega Comunidad de viajeros ecuatorianos en Argentina; Rafael Ángel Corson Acción Católica en Argentina; María Laura Roger Red Kawsay (Organización formada por religiosas/os, laicas/os por una sociedad sin trata de personas); Nora Beatriz Soto Unión Vecinal Eduardo Crespo (concurren de la Villa La Rana, San Martín); Liliana Faingold ‘Búsqueda Verdades Infinitas’; Ivana Lorena Bunge ‘Comité contra la trata por la acción civil Patagonia (Santa Cruz) DE MANERA VIRTUAL; Denice Romero y Gloria Llopiz Ortiz ONG Buenos Vecinos BA; Patricia Panuccio ‘Yo seré tu voz’; Analía Verónica Ramírez Multisectorial de la Mujer (Chaco); Nancy Elizabet Pereyra Foro de Mujeres; Paula Rivera Fundación María de los Ángeles, por la lucha contra la Trata de Personas; Miriam Vázquez Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos; y Agustina Rossi Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).
Además, participaron los diputados nacionales Daniel Arroyo, Marcela Ántola; Teresita Villavicencio, exdiputada nacional por Tucumán y especialista en Seguridad y Derechos Humanos; y Leandro Halperín, exlegislador de la Ciudad, especialista en Seguridad y Derechos Humanos, entre otros.
Las autoridades de la Cámara baja oficializaron la convocatoria para una sesión especial que tendrá lugar el día 15, a partir del mediodía. La convocatoria no incluye -por ahora- el proyecto más controvertido.
Finalmente, tras dos intentos fallidos pero nunca oficializados, la Cámara de Diputados convocó a sesionar este jueves 15 de septiembre para tratar una serie de temas que a priori no implican riesgo alguno para el oficialismo.
Según consta en la citación suscripta por el secretario Parlamentario Eduardo Cergnul, la convocatoria es para este jueves 15 de septiembre a las 12, y figura en primer lugar el tratamiento del Consenso Fiscal suscripto el 27 de diciembre de 2021 por el Poder Ejecutivo nacional y representantes de 21 provincias. El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado, y si bien tiene reparos de parte de Juntos por el Cambio, cuenta con garantías de aprobación.
El proyecto que no figura en el temario conocido este lunes es el de la prórroga de seis impuestos, que sí planteaba serias discrepancias con Juntos por el Cambio y el cual, hasta lo que se conoce, no contaba con los votos suficientes para su aprobación. Esa fue la razón concreta de la postergación de las dos últimas semanas.
Amén de ello está previsto el tratamiento del proyecto que autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y salida fuera del mismo de fuerzas nacionales, para participar en los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones combinadas, a realizarse entre el 1° de septiembre de este año hasta el 31 de agosto de 2023.
Figura en el temario el acuerdo que crea la Fundación Internacional UE-ALC, celebrado el 25 de octubre de 2016, en la ciudad de Santo Doingo, República Dominicana; como así también la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023 del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.
Por último, figura el tratamiento del proyecto de Promoción de la Formación y Desarrollo de la Enfermería. Sobre este tema existen dos dictámenes, y un acuerdo previo entre oficialismo y oposición para alcanzar los acuerdos necesarios en el recinto, de modo tal que el proyecto salga con el respaldo más amplio.
La última sesión de la Cámara baja se realizó el sábado 3 de septiembre, para aprobar un proyecto de repudio al atentado perpetrado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Previamente había sesionado el 2 de agosto, para elegir nuevas autoridades de la Cámara de Diputados, tras la renuncia de Sergio Massa para asumir al frente del Palacio de Hacienda.
Así las cosas, este jueves volverá a sesionar la Cámara, un día después de recibir el informe del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y será la primera sesión en la que se debatan proyectos -más allá del de condena del atentado- desde la sesión del 5 de julio pasado.
Citacion-a-Sesion-Especial-15-de-septiembreEse es uno de los proyectos que se abordarán este martes en la Comisión de Relaciones Exteriores, donde tendrá tratamiento una serie de otras iniciativas.
La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja que preside Eduardo Valdés (Frente de Todos – CABA) se reunirá este martes a partir del mediodía para tratar una serie de proyectos entre los que se destaca uno del Poder Ejecutivo por el cual se aprueba un acuerdo del Mercosur que beneficia a los usuarios telefónicos de los países que integran ese mercado.
Se trata de un acuerdo para la eliminación del cobro de cargos de Roaming Internacional a los usuarios finales del Mercosur, celebrado el 17 de julio de 2019 en la ciudad de Santa Fe. El acuerdo tiene por objeto establecer las pautas del servicio de itinerancia internacional (roaming) entre los proveedores de telecomunicaciones que presten servicios de telecomunicacionesde telefonía móvil, mensajería y datos móviles en los estados parte del Mercosur.
En virtud del acuerdo, los proveedores de telecomunicaciones deberán aplicar a sus usuarios que utilicen servicios de roaming internacional en el territorio de otro estado que integre el Mercosur los mismos precios que cobren por los servicios móviles en su propio país, de acuerdo con la modalidad y plan contratado por cada usuario. De igual manera, deberá existir razonabilidad en la relación entre los precios cobrados al usuario y los precios de los acuerdos entre proveedores de telecomunicaciones, de forma tal que los acuerdos resulten convenientes tanto para los usuarios, como para todos los proveedores participantes.
Otro de los proyectos que tendrán tratamiento son uno proveniente del Senado, según el cual se aprueba el convenio sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia, realizado en La Haya en 2007.
También se tratará otros proyectos ya aprobados por el Senado para aprobar tratados de extradición entre nuestro país y Rumania; entre la Argentina y Brasil, y otro con República Checa.
Tratarán además un proyecto por el cual se solicita autorización para desempeñar cargos de cónsules y vicecónsules honorarios a ciudadanos argentinos propuestos por gobiernos extranjeros.
También se abordará un proyecto que cuenta con media sanción del Senado y que generó en su momento gran repercusión, como es el que instituye el 22 de noviembre de cada año como Día Nacional del Kimchi en la Argentina. Se trata de una comida coreana preparada a base de vegetales.
Así será si se concreta el jueves la sesión especial que viene postergándose desde hace dos semanas. Por ahora, solo está confirmada la presencia de Juan Manzur.
Luego de que por segunda vez en dos semanas se suspendiera una sesión especial en la Cámara de Diputados que, en rigor de verdad, nunca alcanzó a ser convocada oficialmente, para esta semana crece la confianza en que esta vez sí el recinto abra sus puertas este jueves para tratar una serie de temas que figuran en agenda.
Lo cierto es que desde la sesión especial que terminó en la madrugada del 5 de julio pasado, la Cámara baja solo sesionó el 2 de agosto para aceptar la renuncia de Sergio Massa y ungir a Cecilia Moreau al frente de Diputados, y el sábado 3 de septiembre para repudiar el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El 31 de agosto se suspendió la sesión que se pronosticaba por el clima de tensión entre oficialismo y oposición en torno a toda la situación desatada desde la acusación del fiscal Diego Luciani contra CFK en el juicio por la causa “Vialidad”; y la complicación del Frente de Todos en reunir los votos necesarios para proyectos de índole tributaria.
Luego de que esa cita fracasara, recorrió el rumor sobre la posibilidad de un desdoblamiento de sesiones, con una a realizarse este miércoles 7, para tratar temas no conflictivos, y otra el próximo 15 de septiembre, para avanzar con la prórroga de impuestos nacionales y el Consenso Fiscal 2021.
Ante la decisión de no convocar la última semana, todo el temario queda pendiente para la próxima sesión que se realice, que sería entonces este jueves 15, fecha en que tiene que ingresar el proyecto de Presupuesto 2023.
Un día antes, el miércoles 14, se prevé la visita del jefe de Gabinete, Juan Manzur. Será la primera que realice a la Cámara de Diputados desde que asumió, hace casi un año.
Para la sesión que podría realizarse el jueves se debatiría la prórroga de impuestos y el Consenso Fiscal, pero además tiene en carpeta un proyecto de prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023 del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego; y la autorización de la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida del mismo de fuerzas nacionales, para participar en los ejercicios del programa de ejercitaciones.
Se abordaría además un tema en el que hay bastante consenso, la ley de enfermería, aunque hay dos dictámenes. Por eso legisladores del oficialismo y la oposición confían en que habrá acuerdo en el recinto y podría haber algunas modificaciones que se anuncien directamente durante el debate.
También tienen dictamen iniciativas para la creación de las universidades nacionales del Delta, Pilar y Saladillo.
Asimismo, hay un conjunto de proyectos de las comisiones de Legislación General, Legislación del Trabajo, Cultura, Mujeres y Diversidad, y Deportes, que están listos para ser tratados en el recinto.
Como sea, habrá que esperar que las negociaciones prosperen y se confirme la sesión del jueves, en cuyo caso la Cámara baja sesionaría dos veces, para salir de la modorra que por diversos motivos viene manteniendo a lo largo del presente año.
El sorteo involucró esta vez a más de dos millones y medio de participantes.
El diputado nacional por La Libertad Avanza Javier Milei sorteó por novena vez su dieta de legislador del Congreso de la Nación, que esta vez representaba la suma de 386.559,55 pesos.
Con casi 2.600.000 personas registradas, el ganador del sorteo del septiembre resultó ser Enzo Giovani Pacheco Benvenuti.
Según informaron desde el entorno del legislador, el ganador de su dieta actualmente está estudiando la carrera de Medicina.
Puntualmente esta vez el sorteo tuvo entre 2.582.719 anotados.
Aunque al principio no creía en el llamado, después le agradeció al legislador y sostuvo que en pocos días es su cumpleaños, “así que esta plata me viene muy bien”.
Como es habitual cada mes, el legislador nacional transmitió el evento en directo por sus redes sociales desde de la sede del Partido Libertario.
Junto a Milei estuvieron Nicolás Emma, presidente del PL de CABA; el legislador porteño Leonardo Saifert; la hermana del libertario, Karina Milei; el escribano a cargo del sorteo y demás autoridades del Partido Libertario.
A 48 horas de su presentación, la Jefatura de Gabinete publicará las respuestas de las 3.926 preguntas formuladas por los diputados.
A seis días de cumplir un año al frente de la Jefatura de Gabinete, Juan Manzur se presentará finalmente en la Cámara de Diputados el que será su primer informe ante ese Cuerpo.
Una demora que implica una anomalía respecto de lo que establece la Constitución Nacional, que en su artículo 101 expresa que “el jefe de Gabinete de Ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus cámaras, para informar de la marcha del Gobierno”.
Tampoco es que haya cumplido con el Senado, pues allí se presentó recién el 2 de junio pasado. Así, será esta la segunda vez en doce meses que brinde un informe ante el Parlamento.
Una visita que se había previsto originalmente para el 13 de agosto pasado, pero la cita se postergó con este argumento: “En virtud de las modificaciones a la Ley de Ministerios y el gran volumen de preguntas realizadas, se cita a dicha sesión informativa para el día 14 de septiembre a fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitución Nacional e informar acerca de la marcha del Gobierno”, según explicaron desde la Jefatura de Gabinete en una nota que habían enviado a la presidenta del Cuerpo, Cecilia Moreau.
Fuentes de la Jefatura de Gabinete justificaron la mora en los cambios generados, que incluyeron la desaparición de dos ministerios. Por eso se decidió postergar la presentación para que las respuestas a los legisladores las pudieran dar los nuevos funcionarios, aclararon.
Juan Manzur terminó en las últimas horas de redactar el informe inicial que brindará ante los diputados, en el cual va a referirse al atentado contra la vicepresidenta, cuestión que no está incluida en las preguntas que recibió el jefe de Gabinete, pues para el pasado 1 de septiembre ya habían mandado los legisladores todas sus preguntas.
Según fuentes de la Jefatura de Gabinete, también va a hacer referencia Manzur a los 40 años de democracia que se cumplirán el próximo año.
Asimismo remarcaron desde cercanía del funcionario tucumano que el mismo no concurrirá con ánimo confrontativo, tal cual sucediera en la Cámara alta cuando se presentó en junio pasado.
Este lunes, 48 horas antes de la sesión prevista para el miércoles a partir de las 11 de la mañana, la Jefatura de Gabinete va a presentar el informe escrito, con las respuestas a las 3.926 preguntas enviadas por los legisladores.
Más de mil de ellas están referidas a la cuestión económica, y fue el bloque Pro el que más preguntas formuló, lo cual tiene lógica al tratarse de la bancada opositora con más miembros. En segundo lugar figura el bloque de la UCR.
El jefe de Gabinete de ministros se presentará por primera vez al recinto de la Cámara baja desde que asumió el cargo.
El jefe de Gabinete de ministros, Juan Manzur, se presentará este miércoles a las 11 por primera vez al recinto de la Cámara de Diputados desde que asumió en el cargo para brindar su informe anual de gestión y, según informó la Cámara baja, el mandatario deberá responder un total de 3.926 preguntas efectuadas por los diputados de los diferentes bloques.
Dicha sesión tenía prevista realizarse el 31 de agosto pasado, pero la cita se postergó “en virtud de las modificaciones a la Ley de Ministerios y el gran volumen de preguntas realizadas, se cita a dicha Sesión Informativa para el día 14 de septiembre a fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitución Nacional e informar acerca de la marcha del Gobierno”, según explicaron desde la Jefatura de Gabinete en una nota que habían enviado a la presidenta del Cuerpo, Cecilia Moreau.
Viene en mora en esa materia el jefe de Gabinete, puesto que asumió el 20 de septiembre del año pasado y recién concurrió al Congreso por primera vez el 2 de junio pasado, al Senado de la Nación. Recordemos que el artículo 101 de la Constitución establece que el jefe de Gabinete debe concurrir todos los meses al Congreso, alternando cada mes entre las cámaras.
Roberto Oliphant conversó con legisladores argentinos sobre la política bilateral y la cooperación parlamentaria entre ambos países.
Una delegación de diputados de diferentes fuerzas políticas recibió en el Salón de Honor al secretario Parlamentario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá, Robert Oliphant, con el objetivo de profundizar la agenda bilateral parlamentaria.
Durante el encuentro dialogaron sobre las distintas aristas de la política bilateral y prestaron especial atención a las posibles áreas de profundización de la cooperación parlamentaria.
Además, conversaron sobre la inminente conformación del Grupo Parlamentario de Amistad y sobre el relevante rol que tiene la Diplomacia Parlamentaria en el fortalecimiento del vínculo bilateral.
Del encuentro, participaron los diputados nacionales Eduardo Valdés, Rosana Bertone, Blanca Osuna, Margarita Stolbizer y Dolores Martínez. Por parte de la delegación canadiense también estuvieron presentes Reid Sirrs, embajador de Canadá en Argentina; Etienne Lambert, primer Secretario; Daniel Arsenault, consejero; y Berit Beattie, asesora política.
Oliphant es secretario Parlamentario del Ministro de Asuntos Exteriores de Canadá. Además, es miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Canadá y será el jefe de la delegación canadiense que participará de la reunión de alto nivel de la Coalición por la Igualdad de los Derechos (Equiality Rights Coalition).
Avelino Zurro participó de una reunión de la Comisión de Asuntos Municipales. Tras brindar un informe, destacó el objetivo de llegar a fin de nuestro mandato con 1300 convenios firmados con gobiernos locales.
La Comisión de Asuntos Municipales, que preside la diputada correntina Ingrid Jetter (Pro), recibió este miércoles al secretario de Municipios del Ministerio del Interior, Avelino Zurro, quien expuso sobre las nuevas implementaciones en los municipios del país y propuestas legislativas.
Al principio de su exposición, Zurro realizó un pormenorizado diagnóstico de cómo estaba la cartera que actualmente conduce. Uno de los aspectos que ponderó desde que asumió el cargo fue la creación del Programa Municipios de Pie que “fortalece las capacidades municipales”.
Luego, explicó que Argentina cuenta con “2311 gobiernos locales, de los cuales el 74% de tienen menos de 10 mil habitantes, 142 poseen más de 50 mil habitantes y 56 municipios superan los 100 mil habitantes”. En ese sentido, añadió que “el 46% de la población del país reside en 2,4% de municipios”. “Hoy los municipios tienen más competencias, con problemáticas ciudadanas con mayores complejidades”, subrayó el funcionario.
En otro orden, Zurro puntualizó que “el objetivo es llegar a fin de nuestro mandato con 1300 convenios firmados con gobiernos locales, lo cual nos daría un número importante de capilaridad con respecto a la totalidad de municipios del país”. También, contó que hicieron “mucho foco y énfasis a la capacitación de los municipios, donde creamos un programa de formación para la gestión local”.
“Los municipios son centrales en la ejecución de políticas de desarrollo y de obras públicas, en la generación de suelo urbano. Esto revela el impacto directo que puedan tener para poner a disposición esos suelos en los distintos planes de gobierno”, señaló.
En la continuidad, el secretario de Municipios valoró la creación del Registro Federal de Gobiernos Locales con la información de los 2311 gobiernos locales, el cual cuenta con detalles de población, territorio, productividad, entre otras cuestiones. “Es una herramienta muy útil para poder lograr tener toda la información en un mismo lugar”, ponderó.
Al referirse al aspecto legislativo, Zurro destacó la iniciativa acerca de las telecomunicaciones, sobre todo por “la enorme inversión que realizó el Estado en su red federal de fibra óptica, porque estamos convencidos que los municipios tienen un rol central en el desarrollo y en la capacidad de generar recursos y políticas propias en telecomunicaciones”, concluyó.
La defensora de los Niños, Niñas y Adolescentes asistirá este martes a las 13 a la Comisión homónima de la Cámara baja.
La defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, asistirá este martes a las 13 a brindar su informe anual ante la Comisión homónima de la Cámara de Diputados, que preside la radical Roxana Reyes (Santa Cruz), quien había pedido a la funcionaria intervenir en el caso de la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal ministro Dr. Ramón Castillo de la capital de Córdoba.
La funcionaria asistió a fines del mes de agosto a la Bicameral que controla la defensoría ante la que brindó su informe anual de gestión y detalló que la admisión de casos del período anterior a éste aumentó en un 40%. As u vez, defendió la AUH porque “es un derecho, no es un plan, no es un programa, por lo cual debe universalizarse. Es un derecho en el que todos los niños y niñas deben estar acogidos”.
Por otro lado, lamentó que “para los chicos, salud mental no hay porque no está pensando que puedan tener padecimientos subjetivos”, y cuestionó que “la Ley de Salud Mental fue de avanzada, pero para adultos. Hay un solo artículo que refiere a niños, niñas y adolescentes y solo a casos de internación e internación involuntaria”.
No habrá convocatoria a sesionar en el recinto este miércoles. La semana próxima está prevista la visita del jefe de Gabinete, Juan Manzur. Qué temas siguen pendientes.
Por segunda semana consecutiva, la Cámara de Diputados postergará una sesión para tratar diferentes temas, luego que el pleno se reuniera de manera rápida el sábado pasado para aprobar un repudio al atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Según pudo saber parlamentario.com, la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, hizo saber este lunes a los jefes de bloques que el miércoles 7 de septiembre tampoco habrá sesión, como se especuló en algún momento.
El miércoles pasado, el último día del mes de agosto, y antes del intento de asesinato a la vicepresidenta, la Cámara baja iba a ser convocada, pero eso no ocurrió por dos motivos: el clima de tensión que había entre oficialismo y oposición en torno a toda la situación desatada desde la acusación del fiscal Diego Luciani contra CFK en el juicio por la causa "Vialidad"; y la complicación del Frente de Todos en reunir los votos necesarios para proyectos de índole tributaria.
Luego de que esa cita fracasara, recorrió el rumor sobre la posibilidad de un desdoblamiento de sesiones, con una a realizarse este miércoles 7, para tratar temas no conflictivos, y otra el próximo 15 de septiembre, para avanzar con la prórroga de impuestos nacionales y el Consenso Fiscal 2021.
Ante la decisión de no convocar esta semana, todo el temario quedará pendiente para la próxima sesión que se realice, que podría ser entonces el jueves 15, fecha en que tiene que ingresar el proyecto de Presupuesto 2023, pero que el ministro de Economía, Sergio Massa, no acudirá a defender precisamente ese mismo día a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
En tanto, un día antes, el miércoles 14, se prevé la visita del jefe de Gabinete, Juan Manzur. Será la primera que realice a la Cámara de Diputados desde que asumió, hace casi un año. Desde la oposición se muestran escépticos. "Quiero verlo entrar", comentó un importante diputado de Juntos por el Cambio.
Además de la prórroga de impuestos y el Consenso Fiscal, Diputados tiene en carpeta un proyecto de prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023 del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego; y la autorización de la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida del mismo de fuerzas nacionales, para participar en los ejercicios del programa de ejercitaciones.
También tienen dictamen iniciativas para la creación de las universidades nacionales del Delta, Pilar y Saladillo.
Asimismo, hay un conjunto de proyectos de las comisiones de Legislación General, Legislación del Trabajo, Cultura, Mujeres y Diversidad, y Deportes, que están listos para ser tratados en el recinto.
La diputada de izquierda cargó contra los sectores de derecha y sostuvo que “a las clases dominantes les interesa que existan expresiones de este tipo, porque son los que proponen políticas de shock”.
Myriam Bregman expresó este sábado su condena al atentado sufrido por la vicepresidenta de la Nación y para exigir su inmediato esclarecimiento. “Y para decir que es un hecho gravísimo que conmociono a todo el país, y que como dijo mi compañero (Nicolás) Del Caño fuimos una de las primeras fuerzas en condenarlo sin ningún tipo de especulación. Esto realmente contrasta siendo nosotros claramente opositores a este gobierno, con la actitud de las fuerzas políticas de la derecha, habiendo pasado 36 horas de atentado, la presidenta del Pro Patricia Bullrich no lo condenó”, planteó.
Cargó contra el Pro al señalar que “es un hecho que no pueden ocultar yéndose, que no puede ocular disfrazando palabras o leyendo algo medio inentendible a las apuradas, y saliendo por la puertita”. Agregó que “el diputado Javier Milei no lo condenó, habló de hecho delictivo, todo acto de violencia. Y quiere contraponer muertos. Les parece que puede contraponer muertos alguien que integra una fuerza política que tiene alianza con todos los genocidas del país, responsables de la desaparición de 30 mil compañeras. Con nosotros el show no va”.
“Acá se abrió un debate muy interesante, porque nosotros estamos convencidos que la derecha, que sus expresiones más extremas, divulgan discursos, profundamente de clase, patriarcales, discriminadores, contra las pobres, y de justicia de mano propia, muy parecidos a los de Bolsonaro. Creemos que a las clases dominantes claramente les interesa que existan expresiones de este tipo, porque son los que proponen políticas de shock. Los que dicen que hay que hacer rápidamente una reforma laboral que terminen con todos los derechos que han conquistado nuestra clase trabajadora”, señaló Bregman. Para ella, “estos sectores quieren que no tengamos ningún derecho, quieren que seamos esclavos, e incluso el ajuste que está aplicando este Gobierno les parece poco, quieren más. Y cumplen el rol de correr la agenda política a la derecha, ese es el rol que cumplen, porque es más fácil discutir con alguien que te dice que tenés que vender un pibe, que con la izquierda que te dice ¿por qué le pagás al FMI?”.
Para Bregman, “esos discursos no crecen en el aire, estos discursos crecen en un contexto en el que los sectores, los que peor la pasan, están enojados con esta dirigencia política. No llegan a fin de mes, van a hospital no hay insumos, en ese caldo de cultivos es que actúan este tipo de discurso. Por eso nosotros nunca los naturalizamos a ellos, pero queremos ver el trasfondo social donde esto actúa”.
Sobre el final, le apuntó a un diputado del Frente de Todos: “Quiero decir que he sufrido un ataque hace unos minutos, una vez más el diputado (Leandro) Santoro se tuiteó encima, y nos quiere comparrar con los Espert con los Milei, sabe lo que pasa con la paz social que les firmaron y se fueron, la paz social es la paz de los cementerios. La paz social se utiliza contra los que luchan, contra los que salen a pelear contra el ajuste. No vamos a justificar eso, y se lo firmaron ellos, ¿no le asombra? Como se le ocurre compararnos, a nosotros que repudiamos este atentado desde el primer momento”.
La respuesta de Santoro
Previsiblemente, el diputado Leandro Santoro planteó una cuestión de privilegio contra la diputada de izquierda. “Si hablamos de tolerancia y de pacto de garantías tenemos que ser conscientes del valor simbólico de las palabras y las acusaciones. Bajo ninguna circunstancia yo he pretendido comparar las actitudes del FIT con la actitud que tuvo un sector de la derecha al tomar las decisiones que tomo frente a la negativa de condenar las manifestaciones de odio, quise decir simplemente, que en esta Argentina agrietada, donde parece que los debates políticos, para que sean públicos y para que trasciendan, tienen que ser necesariamente irracionales, hemos llegado a un estado de situación en el cual pareciera ser que la condena a los discursos de odio, y la búsqueda por los pedidos por la paz social generan grietas en la Argentina”.
“Le quiero pedir a la diputada Myriam Bregman que se retracte, básicamente porque una cosa es discutir y otra cosa es comparar. Y de lo que se trata en la Argentina es de poder recuperar la racionalidad política y la paz social, porque lo que se ha puesto en juego en los últimos días es básicamente esto, la racionalidad política y para lo cual la dirigencia tiene que estar a la altura”, planteó el diputado del Frente de Todos.
Pasado el mediodía de este sábado, la Cámara de Diputados aprobó un repudio sobre el atentado contra Cristina Kirchner en una sesión calma, que tuvo momentos picantes con las intervenciones de los extremos. Quiénes dieron quórum, quiénes no, y los que se fueron del recinto.
Por Melisa Jofré
El oficialismo logró este sábado su objetivo de que la Cámara de Diputados apruebe un proyecto de repudio al atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner, en una sesión que transcurrió por aguas calmas, pues los legisladores del Frente de Todos y la principal oposición se mantuvieron contenidos en sus discursos.
Los momentos más picantes se dieron con la intervención de los diputados de los extremos: la izquierda, que se abstuvo en la votación, porque tenía su propio texto; y los libertarios, que no levantaron la mano pero sí hablaron.
En el acuerdo que se alcanzó en la reunión previa que la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, y los jefes de bloques tuvieron en su despacho, se pactó que no hubiera exacerbaciones y tampoco referencias con nombre y apellido a dirigentes o, incluso, figuras judiciales.
Las palabras a la prensa que dio por la mañana al ingresar al Congreso Germán Martínez, presidente de la bancada oficialista, hacían pensar que la intención no era cambiar el texto del proyecto de resolución para el cual habían convocado a la sesión.
Sin embargo, el Frente de Todos accedió a la propuesta que Juntos por el Cambio le llevó este sábado por la mañana: una redacción similar al comunicado que el jueves por la noche habían emitido los senadores de todos los bloques. El texto no contuvo entonces los conceptos de “violencia política” y “discursos de odio”, algo de lo que finalmente se habló durante todo el debate.
“Nunca pensé que esta iba a ser la primera sesión que me tocara presidir, habiendo nacido en democracia”, dijo Moreau en el arranque. Al cierre de la jornada, desde el oficialismo destacaban su rol por haber llevado adelante una “tarea muy ardua de negociación”.
La aprobación del proyecto antes de los discursos fue otra pretensión a la que el Frente de Todos tuvo que ceder. Un puñado de diputados del Pro ingresó una vez que la reunión había comenzado y se fue inmediatamente después de avalar a mano alzada la iniciativa.
En el macrismo hubo muchos legisladores que se negaron a ir y aseguran que, en esas decisiones, habría influido fuerte la líder del partido, Patricia Bullrich. Entre los que bajaron únicamente para votar el proyecto estaban el jefe del bloque Cristian Ritondo -que dejó sentada la postura-, Silvia Lospennato, María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Hernán Lombardi, Alejandro Finocchiaro, Pablo Torello, Gerardo Milman, Álvaro González, Gabriel Chumpitaz, Victoria Morales Gorleri, Dina Rezinovsky y Soher El Sukaria. El bonaerense Waldo Wolff entró apenas un minuto. A diferencia de su bancada, Alberto Asseff fue el único que dio quórum.
Por el principal interbloque opositor tampoco estuvieron los monobloquistas Ricardo López Murphy, Paula Omodeo y Carlos Zapata.
En cambio, sí asistieron y permanecieron todo el tiempo una docena de diputados de la UCR, la mitad del bloque Evolución Radical, los dos “lilitos” Juan Manuel López y Maximiliano Ferraro, y los cuatro de Encuentro Federal, comandado por Margarita Stolbizer, la primera que se sentó en el recinto este sábado.
Para dar número en el arranque de la sesión aportó la izquierda, aunque Myriam Bregman no estaba sentada al momento de la apertura; el interbloque Federal, al que le faltaron dos de sus miembros; el interbloque Provincias Unidas y el neuquino Rolando Figueroa. A la bonaerense Graciela Camaño, del Interbloque Federal, se la vio activa junto a Moreau en el comienzo, pero participó muy poco del debate.
Los “libertarios” Javier Milei y Victoria Villarruel (La Libertad Avanza), y José Luis Espert junto a Carolina Píparo (Avanza Libertad) arribaron al recinto mientras Juan Carlos Vassallo, tenor que días atrás fue a cantarle a la vicepresidenta a la puerta de su casa, entonaba las estrofas del Himno Nacional.
Espert fue el segundo en hablar y sus palabras despertaron los gritos de Victoria Donda, la titular del INADI, que estuvo entre los invitados. Pero más tarde se sumó la diputada Agustina Propato, esposa de Sergio Berni, a la que Paula Penacca, la camporista que es la secretaria parlamentaria del FdT, le pidió que se contenga. Un gesto para no embarrar la discusión y cumplir con la palabra. Quienes conocen a los legisladores camporistas afirman que estaban dispuestos a callar porque por encima tienen un interés superior: Cristina. En tanto, el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, fue uno de los principales ausentes.
Otro que la agitó fue Milei, quien había permanecido callado desde que ocurrió el hecho. Se cruzó con Moreau al llamarla “señora presidente”. “El español me lo permite”, le contestó a la presidenta ante el reclamo de ella, que al final de su discurso le devolvió: “Gracias diputada”. El misionero Héctor Bárbaro empezó a vociferar contra el libertario cuando éste agarraba su mochila para el retiro. “Casta, casta, ustedes se creen que son más que la gente”, se fue gritando.
Entre los invitados estuvieron los ministros Martín Soria (Justicia y Derechos Humanos), Jorge Taiana (Defensa), Alexis Guerrera (Transporte), Juan Cabandié (Ambiente); la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; la titular del INADI, Victoria Donda; el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa; el secretario parlamentario del Senado, Marcelo Fuentes; el presidente de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella; la parlamentaria de Mercosur Julia Perié; el senador nacional oficialista Carlos Linares; intendentes, jefes de las Fuerzas Armadas, embajadores y referentes religiosos.
El titular del bloque radical reivindicó a Alfonsín, que tras ser víctima de varios atentados “tuvo la estatura como presidente como par ano desparramar culpas sobre sus adversarios”.
“Repudiamos con firmeza el atentado contra la vicepresidenta. Estos eventos imprevisibles y siniestros tienen que congregar a todos los demócratas para los que la violencia no puede ser legitimada como método político. La divisoria es entre demócratas y no demócratas”, señaló Mario Negri, presidente del bloque de Diputados de la UCR, en la sesión realizada este sábado en la Cámara baja.
“Venimos a defender la democracia. La democracia es incompatible con la violencia y con el pensamiento único, venga de donde venga”, agregó.
“El discurso que enuncia que ‘el violento es el otro’es puro cinismo, es mirar la viga en el ojo ajeno. No ayuda, no es sincero, no construye. Hace falta un enorme mea culpa para tener la dignidad suficiente de convocar a un gran acuerdo nacional para defender la democracia. Ahí hay una mueca que degradó una vez más a nuestro presidente".
“Raúl Alfonsín fue víctima de ataques contra su vida con bombas y con una bala que no se disparó tras ser gatillada, como ha ocurrido ahora. Alfonsín tuvo la estatura como presidente como para no desparramar culpas sobre sus adversarios. Usó su palabra para llamar a la calma y convocar a toda la dirigencia política para respaldar todos juntos a la democracia”, remarcó Negri.
“En casos como éste -continuó- hay que buscar unir, no dividir. Se comienza uniendo, no dividiendo. No cejemos en consagrar esfuerzos: hace falta esclarecer este intento de magnicidio. Solo la verdad puede sanar”, dijo.
Por último, Negri señaló: “El atentado a la vicepresidenta ha sido un hecho que desafía la vida de las instituciones y de las personas. Por eso estamos presentes, dispuestos a ayudar. Pero por eso venimos también a exigir, y exigimos, como todos los argentinos de bien, el rápido esclarecimiento de lo ocurrido”.
Repudió el uso de la violencia, pero cuestionó lo que definió como “este circo dantesco de la política” planteado tras el atentado.
Mucha expectativa había en torno al discurso que daría Javier Milei (La Libertad Avanza – CABA), por cuanto no se había pronunciado en torno al atentado. “Los liberales queremos manifestar nuestro total y absoluto repudio a todo acto de violencia. La violencia no conduce a nada, de ningún tipo de ella”, dejó claro al comenzar.
A continuación, planteó “nuestra vocación republicana, y en ese sentido pedimos porque la Justicia pueda hacer su trabajo libre, con las manos libres. Y que no sea condicionada por la política. Es decir, la Republica se basa en la división de poderes, y el eje fundamental es la Justicia. Para evitar cualquier tipo de excesos tiránicos del poder ejecutivo, o que el Parlamento se convierta en una oligarquía”.
“Es por ello que también queremos señalar que, como liberales, nuestra definición es que el liberalismo consiste en el respeto irrestricto del proyecto del prójimo. Basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. En ese sentido, nos parecen lamentables los hechos de los últimos días, donde la política utilizó de manera miserable una situación y un hecho delictivo, algo que cae en la Justicia, para armar un rédito político”, sostuvo el legislador libertario.
Milei cuestionó entonces el feriado decretado para el día siguiente del hecho: “¿Alguien me puede decir dónde está el feriado para las víctimas de la masacre de Once, o cuándo mataron al fiscal Nisman, o cuando fue el atentado a la AMIA o a la Embajada de Israel? ¿Qué declaración hicieron, que feriado se dictaminó?”
“En el fondo lo que les tiene que quedar claro, es que los políticos no tienen privilegios respecto al resto de la población. Los que estamos acá discutiendo no somos más importantes que las personas que estamos representando. Pero claro, cuando tocan a uno de acá, de la casta, ahí sí aparecen los hipócritas, la solidaridad, lo único que a ustedes les importa es cuidar sus privilegios”, enfatizó el diputado liberal.
Por lo tanto, continuó, “lo que tenemos que terminar es de una vez por todas, son los privilegios de los políticos respecto de los demás. Porque todos los días, la gente recibe este tipo de situaciones. Hubo muertos ayer, hubo muertos hoy y van a haber muertos mañana, y la política se sigue mirando el ombligo”.
Milei concluyó reiterando “nuestro repudio a la violencia, pero no aceptamos de ninguna manera este circo dantesco de la política”.
El jefe del FdT valoró la respuesta institucional que se le dio a hecho, el cual remarcó “no es policial, es político”. Consideró que debería darse la discusión en torno a cómo poner fin a los discursos de odio.
En un tono pacificador, el jefe del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, cerró la sesión de este sábado, durante la que se repudió el atentado contra la vicepresidenta y sostuvo: “A mí me parece que las cosas no van a ser iguales en Argentina después de lo que le pasó a Cristina (Kirchner)”.
El oficialista reconoció que esta no era “una sesión fácil” para ninguno de los miembros de su bloque. “Hubiéramos querido que lo que pasó el jueves a la noche nunca hubiera pasado. Pero pasó”, señaló y remarcó que “tiene una gravedad tan importante lo que le pasó a Cristina, nuestra vicepresidenta, dos veces presidenta” que “la respuesta institucional de uno de los poderes del Estado tenía que tener de mínima la misma proporción y dimensión de la gravedad de los acontecimientos”.
El santafesino agradeció entonces a “todos los que contribuyeron para que la Cámara de Diputados pueda manifestarse hoy con la contundencia que se manifestó”. “La importancia de los que hoy estamos acá es tal que nosotros tenemos que reivindicar”, dijo.
Para el legislador, “es importante que lo estemos haciendo muy conscientes de lo que pasó” porque “no estamos en presencia de un hecho policial, estamos en presencia de un hecho político”, resaltó.
Al mencionar el consenso alcanzado, en el que el Frente de Todos cedió retirar los términos “violencia política” y “discursos de odio” del proyecto, Martínez abogó por que “ojalá se pueda abrir un debate profundo sobre muchas de las cosas que pasaron”. En ese sentido, habló de tener “un marco legislativo, institucional, distinto para que esto no pase nunca más”.
“Nosotros no le tenemos que tener miedo al debate político en el recinto, incluso al discurso político. ¿Qué ámbito más propicio para expresarnos tenemos?”, sostuvo y argumentó que “no hubiera sido lo mismo un comunicado, una foto en una escalera, una mención en redes sociales. Estamos en el lugar que tenemos que estar, en este recinto, diciendo lo que tenemos que decir”.
Martínez apuntó que el término “los discursos de odio” se terminó sacando del texto, pero en definitiva “terminó atravesando el debate”. “Nos tenemos que hacer cargo de eso, porque las cosas no suceden por que sí”, insistió y opinó que “los discursos de odio” está “potenciados en este tiempo” pero vienen desde hace “más de 200 años en Argentina”, ya que incluso los sufrieron Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón.
“¿Alguien tiene duda de que hoy hay discursos de odio contra Cristina Kirchner?”, se preguntó y continuó: “No somos nosotros, el mundo discute los discursos de odio e incluso en algunos países hubo legislaciones concretas”.
En su discurso, el presidente de la bancada oficialista defendió la decisión del Gobierno de decretar un feriado nacional ante la “enorme conmoción que tiene el pueblo argentino”. “Para mí fue un hecho fundamental para que los argentinos entiendan qué era lo que estaba pasando, cuál era la trascendencia de lo que estaba pasando”, expresó.
El santafesino reflexionó que hay que “ser muy claros, muy contundentes; no nos tenemos que dejar llevar por aquellos que quieren mezclar todo. Nosotros estamos acá dando la respuesta institucional que los hechos demandan”.
Hacia el final, Martínez manifestó la intención de su bloque de “abrazar profundamente a nuestra compañera Cristina, abrazar profundamente a nuestro compañero Máximo”, y concluyó con una frase la vice: “El amor siempre vence al odio”.
El legislador cordobés comparó este hecho con el ejemplo de Alfonsín, que “jamás usar ninguno de esos episodios para llevar agua a ningún molino de ninguna facción política”.
“Hemos históricamente repudiado, lo hacemos ahora con toda nuestra energía, y lo vamos a hacer siempre a la violencia, como método, como práctica social o política. Nuestro partido puede dar fe en 130 años de lo que les digo. Por eso condenamos categóricamente este intento de homicidio, brutal, gravísimo de este individuo, y exigimos al Poder Judicial de la Nación que, con celeridad, justeza, con inmediatez, como le exige el contexto, haga Justicia y esclarezca los hechos”.
Así arrancó su discurso el titular del bloque Evolución Radical, Rodrígo De Loredo, quien sostuvo que “todo atentado contra una vicepresidenta de la Nación es un atentado contra la democracia. Por eso también nos solidarizamos con la figura de la expresidenta, la vicepresidenta de la Nación. Con su familia, con sus afectos, con sus miles de seguidores. Acepten nuestro acompañamiento, acepten nuestra solidaridad. Porque hay veces que siento que prefieren no hacerlo”.
De Loredo recordó que “nosotros teníamos un presidente, que tenía una receta, un método, para afrontar momentos extremadamente violentos en la Argentina, que padeció tres atentados, que juzgo los más importantes jerarcas militares sin saber que el paso que daba iba a traer o no una consecuencia inmediata, y que además lo hizo en un contexto extremadamente delicado en lo económico. Y ese método fue nunca jamás usar ninguno de esos episodios para llevar agua a ningún molino de ninguna facción política”.
“Si Raúl Alfonsín ocupa un sitial moral de la democracia argentina es porque siempre tuvo un discurso de unidad y de pacificación –agregó-. Nosotros necesitamos que todo el pueblo argentino comprenda la gravedad política e institucional de un episodio de estas características. Pero si es usado facciosamente, si es usado partidariamente, si se quiere vincular o señalar que el más o menos apasionado ejercicio de la oposición política, o un criterio editorial de la libertad de prensa, o el accionar autónomo e independiente del Poder Judicial puede tener algún tipo de vinculación, quiero decirles que lo que van a lograr es que haya más indiferencia y relativización de esos episodios por vastos sectores de la sociedad argentina”.
El legislador cordobés concluyó de esta manera: “Nosotros no estábamos conformes con la idea de hacer una sesión ahora, no nos parecía oportuno ni prudente. No nos los parecía por las desafortunadas consideraciones que veníamos escuchando, principalmente por el presidente de la Nación. Pero estamos acta porque tenemos una cabal consciencia que, si la discusión en las democracias no se transita adentro de las instituciones republicanas, las sociedades ingresan en caminos oscuros”.
Fue en el marco de una histórica sesión en la que se aprobó un texto previamente acordado entre el oficialismo y la oposición, que dejaba de lado el proyecto original. Contrariamente a lo acordado previamente, hubo fuertes cruces.
Con la certeza de que la sesión no se iba a desmadrar ni estaba en riesgo por el acuerdo alcanzado en una reunión previa celebrada en las oficinas de Presidencia de la Cámara, se realizó este sábado una sesión especial para repudiar el atentado perpetrado el jueves contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En efecto, en la previa había habido intensas negociaciones entre el oficialismo y la oposición, a raíz de las discrepancias que despertaba el texto del proyecto elaborado por la presidenta del Cuerpo, Cecilia Moreau, para repudiar los hechos ocurridos el jueves por la noche. Finalmente las partes alcanzaron un acuerdo, en el marco de una reunión previa a la de Labor Parlamentaria, que tuvo lugar en el despacho de la presidenta del Cuerpo. En rigor, al cabo del encuentro se resolvió levantar directamente la reunión de Labor Parlamentaria e ir directamente al recinto.
A propuesta de los representantes de Juntos por el Cambio, Avanza Libertad y Provincias Unidas, se acordó un texto similar al comunicado emitido por el Senado el jueves por la noche inmediatamente después de sucedido el lamentable ataque contra Cristina Kirchner.
En esta sesión se produjo el debut de Cecilia Moreau al frente de una sesión completa, por eso en su primera intervención observó: “La verdad, nunca pensé que esta sería la primera sesión que me tocaría presidir, habiendo crecido en democracia…”.
Tras votarse por dos tercios el tratamiento del proyecto de resolución que sería puesto a consideración, el diputado socialista Enrique Estévez solicitó una moción de orden para poner a someter a votación el texto que se abordaría, y que decía lo siguiente:
“La Honorable Cámara de Diputados de la Nación expresa su enérgico repudio al intento de magnicidio contra la vicepresidenta y dos veces presidenta de la Nación doctora Cristina Fernández de Kirchner.
Además, manifestamos nuestra absoluta solidaridad con la señora vicepresidenta y su familia.
Exigimos el pronto y completo esclarecimiento y condena a los responsables de este hecho lamentable, que empaña la vida en democracia.
Exhortamos a la dirigencia toda y a la población a buscar todos los caminos que conduzcan a la paz social”.
Trascartón, pidió la palabra el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, quien detalló que en nombre de su bancada, con el resto de las fuerzas políticas, habían acordado un texto común de repudio a “los graves sucesos ocurridos con el ataque e intento de magnicidio de la vicepresidenta de la Nación”.
“Es por ello que luego de votar la resolución, y habiéndose cumplido el motivo de la convocatoria, nos retiraremos del recinto”. Explicó que entendían que “no es la calle, ni el recinto, el lugar para determinar los culpables de un delito. Es el Poder Judicial el único que tiene el deber de investigar, juzgar y condenar”.
“No queremos que este hecho gravísimo sea utilizado con el objetivo de generar más divisiones, asignar culpables, y mucho menos convertirse en una tribuna para atacar a la oposición política, al Poder Judicial y los medios de comunicación, como lamentablemente vinimos escuchando en las últimas horas”, planteó, para concluir diciendo que esperaba que ese discurso no se replicara de ahora en adelante.
A continuación, el diputado de izquierda Nicolás del Caño pidió permiso para que el interbloque se abstuviera. Aclaró no obstante que desde el primer momento habían sido delas fuerzas políticas que “sin dudarlo” habían repudiado enérgicamente este hecho que consideró “gravísimo”.
Solicitaron abstenerse porque el texto decidido no contenía el pensamiento que ellos tenían, como sí el que originalmente lo planteaba en el final del texto.
Una vez votado el proyecto y dejado el recinto los representantes del Pro, comenzaron los discursos. Abrió el juego por parte del oficialismo la formoseña María Graciela Parola, quien expresó su “completa solidaridad con la vicepresidenta y dos veces presidenta de la Nación. Y no solo por la envergadura de los cargos que ocupó, sino también por su condición de mujer, y de madre un poco de todos los argentinos”.
Para la diputada del Frente de Todos, “el atentado contra su vida ha marcado un límite y saltado todo límite que podamos considerar al vivir en democracia”. Llamó también a “terminar con las expresiones de odio en todos los ámbitos”, e instó a que “el Poder Judicial pueda demostrar su compromiso con la democracia y arbitre los medios para esclarecer este hecho y aplicar las condenas que al o los responsables les corresponda”, y concluyó reivindicando la movilización realizada a Plaza de Mayo el día anterior, “que superó todas las expectativas y creo que el pueblo ha hablado y la consigna fue clara: el odio, afuera”.
José Luis Espert intervino a continuación para expresa su “enérgico repudio y preocupación sobre lo ocurrido”, y deseó “un pronto esclarecimiento del hecho con una profunda y profesional tarea de la justicia y la policía”.
Tras ello, dijo no entender por qué la Cámara de Diputados se encontraba sesionando un día sábado para tratar algo que tiene que resolver la Justicia y los organismos de seguridad. Por el contrario, observó que el miércoles pasado se había suspendido una sesión en la que se iban a tratar el Consenso Fiscal y la prórroga o no del impuesto a Bienes Personales. “No hemos tratado la Ley de Alquileres; la Ley de Abastecimiento, una ley cavernícola todavía vigente… Esta es una sesión donde solo nos congrega la política. No tiene nada que ver con aquello que representamos, que es a nuestro pueblo, porque es la Justicia la que tiene que emitir fallos judiciales sobre qué es lo que pasó y la policía la que tiene que trabajar en ese esclarecimiento”.
Espert concluyó su discurso diciendo que “si Cristina tiene que terminar presa, que así sea, porque así lo va a decidir la Justicia”.
Luego fue el turno de la diputada del Frente de Todos Mónica Macha (Buenos Aires), que leyó un discurso muy sentido que arrancó con esta cita: “Cristina está viva, pero podría no estarlo. Cristina está viva porque los disparos no salieron. El jueves, lo que hicieron sin querer fue cambiar la historia del país para siempre. Hoy la Argentina es un país que a travesó un intento de magnicidio”.
Destacó Macha que la gente “salió a la calle para decir que las cosas van a cambiar para siempre. Que necesitamos construir una nueva forma de convivencia política, porque hasta acá llegamos con la violencia política”.
“La democracia la defendemos en todos lados y en todos los momentos”, señaló, para advertir en otro pasaje contra “colgar bolsas mortuorias o montar una guillotina para degollar políticos o inventar causas judiciales contra líderes populares o fogonear desde los medios con mensajes de odio, estigmatización y criminalización. Estos actos terminan por volverse habituales o recurrentes, ya no nos asombran, no nos horrorizan”.
“Pero el jueves a la noche nos dimos cuenta que esta sociedad no acepta acostumbrarse al horror de la violencia política”, enfatizó, advirtiendo que “los discursos de odio existen, los vemos en muchos lugares, repetidos. Son algunas y algunos dirigentes opositores que fogonean, que están detrás de los jueces, que buscan efectos golpistas con las características de este momento histórico”.
Mónica Macha cerró su discurso definiendo a Cristina Kirchner como “el fuego de nuestras batallas, en nombre de ella defendemos nuestra vida democrática”.
Javier Milei no se había pronunciado hasta el momento sobre el atentado, y lo hizo directamente en el recinto. “Desde Libertad Avanza, los liberales queremos manifestar nuestro total y absoluto repudio a todo acto de violencia. La violencia no conduce a nada, de ningún tipo de ella”, señaló. Pero a continuación reivindicó “nuestra vocación republicana, y en ese sentido pedimos porque la Justicia pueda hacer su trabajo libre, con las manos libres. Y que no sea condicionada por la política”.
Cargó contra el feriado decidido por el Poder Ejecutivo y se preguntó: “¿Alguien me puede decir dónde está el feriado para las víctimas de la masacre de Once, o cuándo mataron al fiscal Nisman, o cuando fue el atentado a la AMIA o a la Embajada de Israel? ¿Qué declaración hicieron, que feriado se dictaminó?”. Al concluir su discurso, se retiró.
A continuación habló Romina del Plá, quien expresó su “repudio absoluto al intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”. Agregó: “Este repudio absoluto además va acompañado del planteo del esclarecimiento a fondo del caso”.
“El esclarecimiento nos tiene que ayudar a contextualizar esta acción, porque la idea de que podría ser un loco suelto, cuando en realidad venimos advirtiendo que se está desarrollando en el país una campaña de tono fascistizante, donde se utiliza la supuesta libertad de opinión, que defendemos a rajatabla, pero eso habilita un clima que va habilitando el pasaje a la acción”. Y ejemplificó con el ataque contra distintos locales de partidos de izquierda registrados el año pasado.
“Ya no se trata de un ataque verbal, hay un discurso que empieza a genera la viabilidad de un pasaje a la acción”, continuó Del Plá, que la emprendió entonces contra quien la había antecedido en el uso de la palabra, por haberse demorado días en repudiar el atentado, y al hacerlo en el recinto lo había hecho de manera general. También criticó a Patricia Bullrich y “otros que no se pronuncian claramente y están también generando un aval a esa acción de atentado”.
El diputado de Juntos Somos Río Negro Luis Di Giacomo también la emprendió de entrada contra Milei. No lo nombró, pero fue claro: “Lo virtuoso de la democracia es que permite que quienes sin duda si tuviesen el poder no nos permitirían hablar, pueden decir lo que quieran. Incluso en esas manifestaciones hablando de estar en contra de la violencia, desde un discurso violento... Estigmatizando a todo el resto, tildándonos con calificativos, pero siendo esta la casa del debate político, hace un monólogo, hace una actuación y se retira. Realmente lamentable”.
Con relación al hecho convocante en sí, Di Giacomo advirtió sobre lo que podría haber sucedido si el atacante hubiera tenido éxito. “Me permito pensar que hoy estaríamos en un estado no de conmoción, sino con grupos que se hubieran sentido impelidos a la violencia real, a cuestiones que verdaderamente nos llevarían al caos y la anarquía”, imaginó.
Con todo, aclaró que “el hecho de que haya fallado este individuo no le quita peso al hecho”.
Luego se refirió a los discursos de odio. “Hay una vertiente que tiene que ver con los prejuicios, y son esos pensamientos de odio hacia una colectividad, nacionalidad, género, contra las disidencias… Esos pensamientos de odio son generalmente unidireccionales –comentó-. Estos discursos de odio que hoy son marcados políticamente, no son unidireccionales, sino multidireccionales y que surgen en distintos sectores del poder, el poder empresarial, el poder político. No quiero generalizar en la prensa, sino en líneas editoriales. Creo que esto ya no tiene que ver con peronismo y antiperonismo; hoy hay peronistas que están de un lado y del otro de la grieta, lo mismo que los radicales”.
Lamentó también que desde este Parlamento no se hubiera podido llegar nunca a esos diez puntos que puedan llevarse adelante entre todos, y concluyó pidiendo “dejar de pensar tanto en 2023 y pensar que estamos en un momento crítico de 2022 y ponernos a trabajar por lo que necesita nuestra ciudadanía”.
“Con espanto hemos asistido al gravísimo atentado contra la vicepresidenta. Celebramos que esté ilesa. Y también celebramos, desde el Frente de Todos que hoy sábado nos demos cita, y podamos expresar en conjunto el repudio que ha causado conmoción, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo”, comentó a su vez Paola Vessvessian (FdT-Santa Cruz), quien trajo a cuento “unas palabras que dijo nuestra gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, respecto a qué sociedad queremos, estoy segura que la mayoría queremos la paz. Quienes instigan con su discurso, y sus declaraciones terminan convirtiéndola en violencia. Esa violencia después repercute en lo que ha pasado, que terminamos en una violencia física”.
“Necesitamos construir un nuevo tejido social, donde en los discursos y las acciones realizamos tengamos la responsabilidad social, ciudadana y democrática”, enfatizó.
Luego intervino Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal), que recordó cuando siendo joven fue detenido desaparecido y enviado a un centro de detención. El episodio terminó con un Consejo de Guerra para el cual su familia comenzó a buscar a quien pudiera defenderlo. Reinaldo Vanossi fue quien terminó defendiéndolo. “Ahí fue mi primer aprendizaje: que quien yo había considerado muchas veces como los malos, no solo no lo eran, sino seguramente mejores que muchos otros”.
Su historia personal terminó con una resolución de la Corte Suprema de esos años, cuya resolución fue el primer caso de un Consejo de Guerra que ese tribunal suspendió. “Y así obtuve después de 5 años la libertad”. Gutiérrez concluyó hablando del Nunca Más y de la necesidad de “cerrar estas horas de crispación” como lo hicieron, habiendo logrado los diputados firmar un documento conjunto.
El titular del bloque Evolución Radical, Rodrígo De Loredo, reivindicó a Raúl Alfonsín, recordando que “tenía un método para afrontar momentos extremadamente violentos en la Argentina, que padeció tres atentados, que juzgo los más importantes jerarcas militares sin saber que el paso que daba iba a traer o no una consecuencia inmediata, y que además lo hizo en un contexto extremadamente delicado en lo económico. Y ese método fue nunca jamás usar ninguno de esos episodios para llevar agua a ningún molino de ninguna facción política”.
El titular del bloque Evolución Radical, Rodrígo De Loredo, reivindicó a Raúl Alfonsín, recordando que “tenía un método para afrontar momentos extremadamente violentos en la Argentina, que padeció tres atentados, que juzgo los más importantes jerarcas militares sin saber que el paso que daba iba a traer o no una consecuencia inmediata, y que además lo hizo en un contexto extremadamente delicado en lo económico. Y ese método fue nunca jamás usar ninguno de esos episodios para llevar agua a ningún molino de ninguna facción política”.
Luego fue el turno de Myriam Bregman, quien condenó el atentado sufrido por la vicepresidenta, pero se comparó con quienes en cambio no lo hicieron. “Esto realmente contrasta siendo nosotros claramente opositores a este gobierno, con la actitud de las fuerzas políticas de la derecha, habiendo pasado 36 horas de atentado, la presidenta del Pro Patricia Bullrich no lo condenó”.
“Es un hecho que no pueden ocultar yéndose, que no puede ocular disfrazando palabras o leyendo algo medio inentendible a las apuradas, y saliendo por la puertita. El diputado Javier Milei no lo condenó, habló de hecho delictivo, todo acto de violencia. Y quiere contraponer muertos. Les parece que puede contraponer muertos alguien que integra una fuerza política que tiene alianza con todos los genocidas del país, responsables de la desaparición de 30 mil compañeras. Con nosotros el show no va”, sostuvo.
A su turno, María Rosa Martínez (FdT-Buenos Aires) sostuvo que “estos hechos sobrepasaron cualquier límite de posibilidades de ser aceptado”. Se preguntó a continuación “¿qué significa este odio a Cristina?”. Recordó cuando en 2016 ella habló frente a los tribunales de Cmodoro Py sobre la importancia de generar Unidad Ciudadana; cuando en la presentación de su libro introdujo la figura de “un contrato social que nos involucre a todos”. También cuando volvió a hablar en 2020 sobre el tema, y en 2021 sobre “nuestras constituciones, que son un reglamento de cómo tienen que funcionar los poderes, sobre todo el poder que está afuera”. Se refería a los “poderes concentrados”, nada de eso, dijo, figura en nuestras constituciones. “Y lo peor de todo es que cada cuatro años no juzgan a ninguno de esos poderes, sino a nosotros, a ustedes”.
Concluyó advirtiendo sobre quienes “ya no necesitan de golpes, hoy tienen representantes en los medios concentrados de comunicación y en los estrados judiciales”.
Sobre el final, el presidente del bloque radical Mario Negri señaló: “Vinimos a expresar nuestro más firme repudio y condena al atentado vivido por la vicepresidente, también venimos a pedir una exhaustiva investigación sobre lo sucedido, amplia y profunda”.
“La sociedad, casi a 40 años de la democracia creyó dejar atrás la violencia política. Supimos dentro de todo convivir en paz, dentro de la instauración de la democracia”.
“La seguridad no puede ser un tema de carroña política para salvar las diferencias. Nosotros venimos a defender la democracia sin sobreactuaciones. Significa ante todo representar al pueblo, ponernos a su servicio, y defenderlas. La democracia es incompatible con la violencia, y con el pensamiento único”, planteó, advirtiendo que “por eso repudiamos enérgicamente el atentado contra una de las más altas investiduras de la Nación, más allá de las diferencias políticas enormes que tengamos. Sabiendo que ante un hecho aberrante no debe haber diferencias entre oficialismo y oposición”.
Finalizó la serie de discursos el jefe del bloque Frente de Todos, Germán Martínez, quien afirmó que a su juicio “las cosas no van a ser iguales en Argentina después de lo que le pasó a Cristina (Kirchner)”.
“Hubiéramos querido que lo que pasó el jueves a la noche nunca hubiera pasado. Pero pasó”, señaló y remarcó que “tiene una gravedad tan importante lo que le pasó a Cristina, nuestra vicepresidenta, dos veces presidenta” que “la respuesta institucional de uno de los poderes del Estado tenía que tener de mínima la misma proporción y dimensión de la gravedad de los acontecimientos”.
Martínez apuntó que el término “los discursos de odio” se terminó sacando del texto, pero en definitiva “terminó atravesando el debate”. “Nos tenemos que hacer cargo de eso, porque las cosas no suceden por que sí”, insistió y opinó que “los discursos de odio” está “potenciados en este tiempo” pero vienen desde hace “más de 200 años en Argentina”, ya que incluso los sufrieron Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón.
“¿Alguien tiene duda de que hoy hay discursos de odio contra Cristina Kirchner?”, se preguntó y continuó: “No somos nosotros, el mundo discute los discursos de odio e incluso en algunos países hubo legislaciones concretas”.
El legislador libertario dejó de lado el acuerdo original y calentó el debate. Repudió el atentado, pero advirtió: “Si Cristina tiene que terminar presa, que así sea, porque así lo va a decidir la Justicia”.
El diputado nacional José Luis Espert expresó este sábado su “enérgico repudio y preocupación sobre lo ocurrido”, y deseó “un pronto esclarecimiento del hecho con una profunda y profesional tarea de la justicia y la policía”.
Tras ello, dijo no entender por qué la Cámara de Diputados se encontraba sesionando un día sábado para tratar algo que tiene que resolver la Justicia y los organismos de seguridad. Por el contrario, observó que el miércoles pasado se había suspendido una sesión en la que se iban a tratar el Consenso Fiscal y la prórroga o no del impuesto a Bienes Personales. “No hemos tratado la Ley de Alquileres; la Ley de Abastecimiento, una ley cavernícola todavía vigente… Esta es una sesión donde solo nos congrega la política. No tiene nada que ver con aquello que representamos, que es a nuestro pueblo, porque es la Justicia la que tiene que emitir fallos judiciales sobre qué es lo que pasó y la policía la que tiene que trabajar en ese esclarecimiento”.
“Aquellos que hablan de discursos del odio no tienen la menor idea de lo que es discurso de odio. Lo que hay acá es discrepancias políticas e ideológicas”, comentó el diputado libertario, que advirtió que “el discurso del odio no viene desde la Justicia que está investigando, malversó fondos y formó parte de una asociación ilícita”.
“Discurso del odio es cuando se dice que la prensa trata de socavar a un gobierno elegido por el pueblo”, señaló, para hablar después de las críticas a los productores agropecuarios, ante lo cual le llamó la atención Cecilia Moreau, que le recordó el acuerdo previo alcanzado en la reunión de Labor.
“Hubo un presidente que convocó a un feriado nacional para hablar de eso”, continuó Espert, que remató diciendo que “si Cristina tiene que terminar presa, que así sea, porque así lo va a decidir la Justicia”.
Los diputados se encuentran reunidos desde las 12.48 para expedirse en torno a lo sucedido el jueves por la noche frente al domicilio de la vicepresidenta de la Nación. Tras una ardua negociación, se alcanzó un acuerdo respecto del texto del proyecto.
Con un clima previo complicado por las diferencias planteadas en torno al proyecto de resolución puesto a consideración para la sesión de este sábado, la Cámara de Diputados de la Nación sesiona desde las 12.48 para pronunciarse respecto del atentado fallido cometido contra Cristina Fernández de Kirchner.
La realización de esta sesión llegó a ponerse en duda incluso por las discrepancias que entre el oficialismo y la oposición surgieron en torno al texto del proyecto elaborado por la presidenta del Cuerpo, Cecilia Moreau, para repudiar los hechos ocurridos el jueves por la noche. Finalmente las partes alcanzaron un acuerdo, en el marco de una reunión previa a la de Labor Parlamentaria, que tuvo lugar en el despacho de la presidenta del Cuerpo. En rigor, al cabo del encuentro se resolvió levantar directamente la reunión de Labor e ir directamente al recinto.
En efecto, a propuesta de los representantes de Juntos por el Cambio, Avanza Libertad y Provincias Unidas, se acordó votar un texto similar al comunicado emitido por el Senado el jueves por la noche inmediatamente después de sucedido el ataque contra Cristina Kirchner.
El proyecto original expresaba la “más enérgica condena y repudio al intento de magnicidio cometido contra la actual vicepresidenta y dos veces presidenta de la Nación Argentina Cristina Fernández de Kirchner”. El texto continuaba expresando “la solidaridad de quienes componemos la Cámara de Diputados con nuestra vicepresidenta de la Nación y su familia, a la vez que exigimos una pronta investigación y condena a los responsables”, continúa el texto.
Y por último, instaba a toda la dirigencia política, sindical, empresarial y a la sociedad a “condenar el atentado perpetrado y a la responsabilidad y compromiso de erradicar la violencia política y los discursos de odio en nuestro país”. Esa era la parte que generaba controversias con la oposición, razón por la cual la mayoría de los diputados del Pro, por ejemplo, habían votado no participar de la sesión.
Otro de los pedidos de la oposición atendidos por el oficialismo fue la no presencia de militantes en los palcos. Asistieron sí miembros del Poder Ejecutivo, como por ejemplo los ministros de Justicia, Martín Soria; de Defensa, Jorge Taiana, de Ambiente, Juan Cabandié; de Transporte, Alexis Guerrera. También estuvieron la portavoz Gabriela Cerruti; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, como así también representantes de las Fuerzas Armadas, y la titular del INADI, Victoria Donda.
El acuerdo se alcanzó cerca del mediodía, hora del inicio de la sesión, en el marco de un encuentro realizado en las oficinas de la Presidencia de la Cámara. La polémica en torno al texto del proyecto a votar.
En el marco de una reunión de todos los bloques con las autoridades del oficialismo, celebrada en el despacho de la Presidencia de la Cámara, se alcanzó finalmente un acuerdo para realizar este sábado una sesión en armonía para repudiar el atentado perpetrado el jueves contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
El clima previo a la sesión fue complicado, y había llegado a ponerse en duda incluso el quórum, por las discrepancias que entre el oficialismo y la oposición que surgieron en torno al texto del proyecto elaborado por la presidenta del Cuerpo, Cecilia Moreau, para repudiar los hechos ocurridos el jueves por la noche. Finalmente las partes alcanzaron un acuerdo, en el marco de una reunión previa a la de Labor Parlamentaria, que tuvo lugar en el despacho de la presidenta del Cuerpo. En rigor, al cabo del encuentro se resolvió levantar directamente ir directamente al recinto.
En efecto, a propuesta de los representantes de Juntos por el Cambio, Avanza Libertad y Provincias Unidas, se acordó un texto similar al comunicado emitido por el Senado el jueves por la noche inmediatamente después de sucedido el ataque contra Cristina Kirchner.
El proyecto original, que había generado discrepancias entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, expresaba la “más enérgica condena y repudio al intento de magnicidio cometido contra la actual vicepresidenta y dos veces presidenta de la Nación Argentina Cristina Fernández de Kirchner”. El texto continuaba expresando “la solidaridad de quienes componemos la Cámara de Diputados con nuestra vicepresidenta de la Nación y su familia, a la vez que exigimos una pronta investigación y condena a los responsables”, continúa el texto.
Y por último, instaba a toda la dirigencia política, sindical, empresarial y a la sociedad a “condenar el atentado perpetrado y a la responsabilidad y compromiso de erradicar la violencia política y los discursos de odio en nuestro país”. Esa era la parte que generaba controversias con la oposición, razón por la cual la mayoría de los diputados del Pro, por ejemplo, habían votado no participar de la sesión.
Otro de los pedidos de la oposición atendidos por el oficialismo fue la no presencia de militantes en los palcos.
Ese es el eje de la discusión entre las partes, de cara a la sesión, pero el jefe del bloque oficialista reivindicó el espíritu de la iniciativa y rechazó que en el mismo se hiciera alguna imputación hacia algún sector.
Ya sobre el filo de la sesión especial convocada por el oficialismo para repudiar los hechos sucedidos el jueves por la noche, con el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación, persisten las diferencias en torno a la convocatoria, entre el oficialismo y la oposición.
Así lo hicieron saber en particular figuras del Pro, como Cristian Ritondo y Alvaro González al llegar al Congreso, y en diálogo con el periodismo reiteraron que no están de acuerdo con el texto propuesto por la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, para aprobar en la sesión de este sábado. De hecho, parte de Juntos por el Cambio no acepta sobre todo la última parte de dicho mensaje, y en particular la última parte del proyecto, donde se indica: “Instamos a toda la dirigencia política, sindical, empresarial y a la sociedad a condenar el atentado perpetrado y a la responsabilidad y compromiso de erradicar la violencia política y los discursos de odio en nuestro país”.
La palabra “odio” es la que hace ruido en el seno de la oposición y así lo hicieron saber en las declaraciones conocidas durante las últimas horas.
Consultado al respecto, el presidente del bloque oficialista de la Cámara baja, Germán Martínez, se ocupó de leer el texto del proyecto de resolución ante los periodistas que lo abordaron al llegar al Congreso. Al concluir esa lectura, enfatizó que “en ningún momento se hacen imputaciones hacia ningún sector político en la República Argentina. En ningún momento se hace referencia a otras cuestiones que no tienen nada que ver con el espíritu en que nosotros hemos convocado a la sesión especial”.
“Nosotros hemos convocado a la sesión especial porque lo que pasó fue gravísimo”, remarcó el diputado santafesino, para quien el intento de atentado representa “un límite absoluto para la vida político institucional de la República Argentina. Y un hecho de estas características necesita una respuesta de la Cámara de Diputados, integrante de uno de los poderes del Estado, que sea de la misma o mayor proporción a la gravedad de los hechos sucedidos”.
Con este espíritu, continuó Martínez, “con el deseo de que haya un verdadero consenso alrededor de todo esto, es que nosotros venimos a la sesión especial”.
Consultado puntualmente sobre los reparos que despierta en la oposición el proyecto, preguntó: “¿Qué es lo que hay que cambiar en este texto? Desde el año 1813 que están hablando de discursos de odio en la Argentina, y me parece que no se trata de negociar lo que se está hablando. Acá nosotros tenemos que expresar con contundencia y establecer verdaderamente un límite político institucional que termine definitivamente con un montón de prácticas en la Argentina”.
“Después, las valoraciones políticas, donde un espacio u otro pone la mayor carga de responsabilidad va por otro carril. Pero digamos nunca más a la violencia política, a la intolerancia y a los discursos de odio en la Argentina”, planteó el presidente del bloque FdT.
Germán Martínez aclaró que viene hablando con todos los sectores desde el jueves por la noche, y que seguirían hablando en el transcurso del día, hasta el comienzo de la sesión, pero insistió en tratar de dejar claro que el proyecto “no tiene ningún tipo de direccionamiento, por eso lo leí, porque escuché parte de esas declaraciones”, y repitió: “Instamos a toda la dirigencia política a condenar el atentado, erradicar toda violencia política y los discursos de odio”, planteó, remarcando que por eso venía a hacer público el texto de la iniciativa. Pidió “que realmente tengamos la generosidad necesaria para poder tener una actitud absolutamente responsable y podamos dar una fuerte señal a la sociedad argentina: que no queremos los tres elementos que dije. Basta de violencia política, basta de intolerancia y de discursos de odio”.
