Tiempo de balance de la primera mitad del año, pero en este caso nos referiremos a los proyectos presentados a lo largo del año anterior, durante todo el período correspondiente a 2021 que finalizó el pasado 28 de febrero.

Contabilizando solo las iniciativas de diputados y senadores, fueron presentados en la Cámara baja 7.286 proyectos, en tanto que en el Senado la cifra es de 2.546 iniciativas elaboradas por los 72 senadores.

Según el conteo realizado por Parlamentario para su Indice de Calidad Legislativa, el exdiputado nacional del Pro Jorge Enríquez fue el diputado que más proyectos de ley presentó a lo largo del período legislativo analizado, en tanto que la neuquina Lucila Crexell resultó primera en la Cámara alta.

Cabe consignar que, como siempre decimos, cada legislador tiene distintas funciones en ambas cámaras y la presentación de proyectos es solo una de ellas. Están aquellos que presentan muchos y los que se sitúan en la vereda opuesta. Algunos con toda lógica, por ser su función otra, o porque prefieren redactar menos iniciativas, pero más elaboradas. Un caso que bien vale para el ejemplo es el de Carlos Heller, que no presentó ningún proyecto a lo largo del año, pero es presidente de la comisión clave, Presupuesto y Hacienda, la más activa y omnipresente, razón por la cual su participación legislativa pasa por otro lugar.

Cada uno tiene su lógica y están también, por supuesto, aquellos que directamente no presentan proyectos por desinterés liso y llano. Desde estas líneas no se pretende señalar a nadie, cada cual conoce sus razones.

Cámara de Diputados

Veamos primero el detalle correspondiente a la presentación de proyectos, donde no hemos considerado los del Poder Ejecutivo.

Proyectos de Ley:	4.533
Proyectos de Declaración:	840
Proyectos de Resolución:	1.913
Proyectos presentados:	7.286

El listado de proyectos de ley es encabezado, como dijimos, por el exdiputado nacional Jorge Enríquez, con 46 iniciativas, seguido por Carla Carrizo, con una menos. Un escalón detrás se encuentra la primer oficialista, la sanjuanina Graciela Caselles.

Los más destacados en cuanto a proyectos de declaración fueron la salteña del Pro Victoria Cornejo (35), seguida por otra diputada de ese bloque: Victoria Morales Gorleri (31). En cuanto a proyectos de resolución, resultó primero Alberto Asseff (135), seguido por la neuquina del MPN Alma Sapag (53).

Los diputados que no presentaron ningún proyecto de ley a lo largo del año fueron 40, y al respecto vale reiterar que el corte lo hicimos entre el 1 de marzo de 2021 y el 28 de febrero pasado. Por eso varios de los que allí figuran sí han estado más activos este año en esa materia, como es el caso de Itai Hagman, autor del proyecto que propone la implementación de un Salario Básico Universal, que ingresó por Mesa de Entradas el 4 de mayo pasado; pero antes, impulsó una iniciativa sobre licencias por nacimiento el 7 de marzo de 2022.

Catorce diputados nacionales no presentaron proyectos de ningún tipo.

Aquí están, estos son

PROYECTOS DE LEY

1°) Jorge Enríquez	46
2°) Carla Carrizo	45
3°) Graciela Caselles	44
4°) Brenda Austin	39
Gustavo Menna	39
6°) Graciela Camaño	37
Eber Pérez Plaza	37
8°) Beatriz Avila	31
Facundo Moyano	31
10°) Luis Pastori	27
11°) Sofía Brambilla	25
12°) Alberto Asseff	24
Paula Oliveto	24
Luis Petri	24
15°) Soledad Carrizo	23
16°) Gisela Scaglia	22
17°) Marcela Campagnoli	21
18°) Dina Rezinovsky	20
19°) Aldo Leiva	19

EN CERO (40):

Felipe Alvarez, Miguel Bazze, Alejandro Bermejo, Daniel Brue, Antonio Carambia, Sergio Casas, Laura Castets, Gabriela Cerruti, Gerardo Cipolini, Marcos Cleri, Nelly Daldovo, Gabriel Frizza, Alejandro García, Martín Grande, Francisco Guevara, Itai Hagman, Carlos Heller, Bernardo Herrera, Luis Juez, Mario Leito, Dante López Rodríguez, María Luisa Montoto, Flavia Morales, Leopoldo Moreau, Juan Mosqueda, Graciela Navarro, José Núñez, Carlos Ortega, María Parola, Paula Penacca, María Carla Piccolomini, Jorge Antonio Romero, José Ruiz Aragón, Jorge Sarghini, Martín Soria, Rodolfo Tailhade, Romina Uhrig, Paola Vessvessian, Ricardo Wellbac y Carolina Yutrovic.

PROYECTOS DE DECLARACION

1°) Virginia Cornejo	35
2°) Victoria Morales Gorleri	31
3°) Gisela Scaglia	27
4°) Hernán Berisso	24
5°) Mónica Macha	21
6°) Jorge Enríquez	16
7°) Dina Rezinovsky	17
Diego Sartori	17
Mirta Tundis	17
10°) Beatriz Avila	16

PROYECTOS DE RESOLUCION

1°) Alberto Asseff	135
2°) Alma Sapag	53
3°) Beatriz Avila	49
4°) Gustavo Menna	45
5°) Gisela Scaglia	41
6°) Graciela Caselles	40
7°) Silvana Ginocchio	33
8°) Hernán Berisso	32
9°) Dina Rezinovsky	31
10°) Virginia Cornejo	29
Jorge Enríquez	29
Graciela Ocaña	29
13°) Karina Banfi	24
Victoria Morales Gorleri	24
15°) Enrique Estévez	23
Claudia Najul	23
Pablo Torello	23
Mariana Zuvic	23
19°) José Luis Riccardo	22
20°) Carla Carrizo	21
Humberto Orrego	21

EN CERO EN TODOS LOS RUBROS (14):

Felipe Alvarez, Miguel Bazze, Antonio Carambia, Nelly Daldovo, Gabriel Frizza, Carlos Heller, Bernardo Herrera, Dante López Rodríguez, Leopoldo Moreau, Juan Mosqueda, Jorge Sarghini, Martín Soria, Paola Vessvessian y Ricardo Wellbac

Cámara de Senadores

La Cámara alta tiene una característica que la diferencia de Diputados en cuanto a tipos de proyectos, pues incluye el rubro “de Comunicación”, que como se ve en las cifras, es un tipo de proyectos más utilizado que el de Resolución.

A continuación, el detalle de proyectos presentados en cada rubro:

Proyectos de Ley:	778
Proyectos de Declaración:	1.336
Proyectos de Resolución:	53
Proyectos de Comunicación:	379
Total de proyectos:	2.546

Como dijimos, es la neuquina Lucila Crexell la que más proyectos de ley presentó (66) en la Cámara alta, seguida por el chaqueño Antonio Rodas (43) y el sanjuanino Roberto Basualdo y la pampeana Norma Durango, ambos con 39 proyectos.

En proyectos de Declaración, los chaqueños hicieron punta: el radical Víctor Zimmermann (212) y el oficialista Antonio Rodas (137). Completa el podio otra oficialista, Nora del Valle Giménez (114).

Como dijimos, los proyectos de Resolución son un recurso poco usado, al punto tal que el fueguino Pablo Daniel Blanco es el que más presentó, con apenas 9 iniciativas, seguido por el también radical Víctor Zimmermann (8).

En cuanto a proyectos de Comunicación, Roberto Basualdo llevó la delantera (76), seguido por Pablo Daniel Blanco (38) y el salteño Sergio Leavy (38).

Del lado del “vaso vacío”, encontramos que 6 senadores no presentaron proyectos de ley, y solo 2 no tuvieron iniciativas de ningún tipo. En el caso del correntino Carlos “Camau” Espínola si ha presentado este año, y el anterior… pero no en el período analizado para este informe. De hecho, tiene 28 proyectos. En el caso del santiagueño Neder, sucede lo mismo: presentó este año y el anterior (12), pero no en 2021.

Aquí están, estos son

PROYECTOS DE LEY

1°) Lucila Crexell	66
2°) Antonio Rodas	43
3°) Roberto Basualdo	39
Norma Durango	39
5°) Silvina García Larraburu	35
6°) Anabel Fernández Sagasti	30
7°) Julio Cobos	26
8°) Gladys González	25
Daniel Lovera	25
10°) Dalmacio Mera	23
11°) Juan Mario Pais	22
12°) Silvia Giacoppo	20
13°) Pamela Verasay	18

EN CERO (6):

Ana Almirón, Eduardo Costa, Carlos “Camau” Espínola, Ricardo Guerra, José Emilio Neder y Laura Rodríguez Machado.

PROYECTOS DE DECLARACION

1°) Víctor Zimmermann	212
2°) Antonio Rodas	137
3°) Nora del Valle Giménez	114
4°) Inés Blas	89
5°) Silvina García Larraburu	65
6°) María Eugenia Duré	63
7°) Norma Durango	51
8°) Ana María Ianni	51
9°) Pablo Daniel Blanco	30
10°) María Eugenia Catalfamo	28
11°) Cristina López Valverde	27
12°) Esteban Bullrich	25
13°) Jorge Taiana	24
14°) Silvia Giacoppo	23
15°) Sergio Leavy	21
16°) Oscar Castillo	20
Beatriz Mirkin	20
Adolfo Rodríguez Saá	20
Juan Carlos Romero	20
María Clara Vega	20
21°) Alfredo Luenzo	19
María Blén Tapia	19
23°) Lucila Crexell	18

PROYECTO DE RESOLUCION

1°) Pablo Daniel Blanco	9
2°) Víctor Zimmermann	8

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

1°) Roberto Basualdo	76
2°) Pablo Daniel Blanco	38
3°) Sergio Leavy	22
4°) María Clara Vega	16
5°) María Belén Tapia	14

EN CERO EN TODOS LOS RUBROS (2):

Carlos “Camau” Espínola y José Emilio Neder.

Por Melisa Jofré

La cargada agenda de comisiones durante junio y los temarios de las últimas sesiones en ambas cámaras del Congreso marcaban claramente que, como contrapartida, el mes de julio estaría congelado. Y no precisamente por la temperatura del invierno, sino por el parate en la actividad legislativa, siempre habitual para estas fechas -que coinciden con las vacaciones escolares-, pero en esta oportunidad con un contexto un poco más particular que años anteriores: las dificultades en los consensos, las mayorías ajustadas, la crisis económica y las internas del Gobierno. 

Varios de esos obstáculos debieron ser sorteados por el oficialismo en este primer semestre del 2022, durante el que hubo 11 sesiones entre la Cámara de Diputados y el Senado, cinco en el primer caso y seis, en el segundo. 

Producto del recambio legislativo en diciembre, el Frente de Todos arrancó golpeado el año con el rechazo del Presupuesto y a ello se agregó, en el caso de Diputados, la renuncia como jefe de bloque de Máximo Kirchner el 31 de enero, en desacuerdo con el arreglo con el Fondo Monetario Internacional, que selló el exministro de Economía Martín Guzmán. 

Ese portazo, sumado a la falta de acuerdos para poner en marcha las comisiones, que tuvieron un retraso inédito en su conformación, hicieron que, por ejemplo, no se llevara a cabo ninguna sesión extraordinaria para tratar alguno de los 18 puntos del temario que el Poder Ejecutivo confeccionó a fines de enero.

Los últimos recesos

Aunque no sea “formal” en los papeles, e incluso a muchos no les guste que se hable de unas pseudo “vacaciones”, el Congreso mayormente entra en “receso invernal” las últimas dos semanas de julio. Este año, la concentración de actividad que se vivió hacia fines de junio y los primeros días del séptimo mes -marcados por el agravamiento económico que desató la salida de Guzmán- hicieron que esa pausa se adelante. Habrá que esperar para ver si, entonces, serán tres o dos las semanas en las que el trabajo legislativo esté frenado. 

Es cierto que hay legisladores que se encuentran en Buenos Aires y que, puertas adentro, distintas reuniones continúan. Pero en lo que es el tratamiento formal de proyectos o sesiones, varias voces admiten que el ritmo en los pasillos se reanudará recién en agosto. 

Mirando hacia atrás, en 2018 el receso invernal estuvo marcado por la continuidad de las audiencias públicas por el aborto legal (el primer debate); mientras que en 2019 y 2021, ese tiempo se esperó particularmente para abocarse a las campañas, como sucede en años electorales. Por el contrario, el 2020, año de la pandemia y del trabajo remoto, casi no existió disminución en la actividad durante esa época.

Sin extraordinarias 

En este primer semestre -por primera vez desde 2009- el verano culminó sin que se haya realizado alguna sesión extraordinaria en el Congreso. No obstante, cabe aclarar que en diciembre hubo prórroga de sesiones ordinarias y que, en los últimos años, también datan algunos períodos sin extraordinarias en febrero, mes durante el que estuvo habilitado el temario elaborado por Casa Rosada en esta oportunidad. 

De ese listado, a esta altura del año, la mitad de los puntos fueron aprobados o cuentan con media sanción, mientras que la otra mitad todavía no avanzó. Y, en lo que respecta a las 11 iniciativas que el presidente Alberto Fernández anunció en la Asamblea Legislativa del 1ro. de marzo, fueron enviadas dos y solo una de ellas se trató, hasta ahora, en el recinto de Diputados. 

Todos los temas, sesión por sesión 

En el caso de la Cámara de Diputados, la primera sesión que se realizó en el comienzo del período ordinario, el 10 de marzo, tuvo como gran y único tema el acuerdo con el FMI. Técnicamente lo que se votó, por 202 votos a favor, 37 en contra y 13 abstenciones, fue la autorización de refinanciación del crédito de 45 mil millones de dólares otorgado por el organismo internacional al país en 2018, bajo la gestión de Mauricio Macri. 

Pese a los esfuerzos de Germán Martínez, quien asumió como presidente de la bancada oficialista tras la salida de Kirchner, el Frente de Todos se dividió en la votación y, como dato saliente, la mayoría de los votos positivos fueron aportados desde Juntos por el Cambio -a excepción del liberal Ricardo López Murphy-. La Cámpora, la izquierda y los liberales rechazaron el proyecto, mientras que un grupo de “dipusindicales” se abstuvieron. 

Las puertas del recinto de la Cámara baja se volvieron a abrir casi dos meses después, el 5 de mayo, y tras una negociación en la que el oficialismo aceptó la propuesta de la oposición para que ese día se vote -como primer punto- el emplazamiento de comisiones para el tratamiento de la boleta única de papel. Con 132 votos a favor, 116 en contra y 3 abstenciones, la mayoría de los bloques del cuerpo dieron una nueva demostración de fuerza. 

Por otra parte, en la jornada se sancionó definitivamente la Ley de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial -impulsada desde el Ejecutivo-; y recibió media sanción la nueva Ley de VIH y la prórroga del régimen de incentivo a la construcción privada. “Ellos se anotan un título y nosotros nos llevamos tres leyes”, trataba por esos días de minimizar una alta fuente del oficialismo sobre el proyecto de boleta única. 

Un mes después, el 8 de junio, la oposición coparía el escenario con la discusión sobre la boleta única de papel de cara a las elecciones de 2023. El debate se extendió por 9 horas y la media sanción logró 132 votos a favor, 104 en contra y 4 abstenciones.

Tan solo una semana después, el 15 de junio, el Frente de Todos volvió a tomar las riendas con su propia agenda, al tratar como principal tema el “alivio fiscal” para trabajadores monotributistas y autónomos, un proyecto encabezado por Sergio Massa. También se aprobaron en esa ocasión una iniciativa sobre reintegro impositivo a la adquisición de taxis; la creación y ampliación de Parques Nacionales; la prórroga por 50 años de las asignaciones específicas de ciertos tributos destinadas a financiar las industrias culturales; y dos proyectos relacionados a las Islas Malvinas.

La última sesión en la Cámara de Diputados antes de pasar al receso fue el 5 de julio. Complicado para alcanzar el quórum, y tras una extensa reunión de Labor Parlamentaria, el oficialismo accedió a que, a cambio de dar número, Juntos por el Cambio pudiera manifestarse sobre la situación política y económica, en medio de la incertidumbre que reinaba tras la renuncia de Guzmán y la asunción -hacía menos de 24 horas- de Silvina Batakis. No solo hablaron los jefes de bloques de ese interbloque, sino también los otros espacios de la oposición, durante un poco más de una hora antes de adentrarse en el temario. 

Luego se pasó a la discusión de la ley de promoción a las inversiones en la industria automotriz y la actualización de la Ley de Biotecnología -que incorpora a la nanotecnología-, ambas iniciativas enviadas desde Casa Rosada, y que se aprobaron por amplia mayoría. El tramo más caliente de la sesión llegó cerca de las 22 con el tratamiento del Acuerdo para Promover la Inversión y el Desarrollo de Tierra del Fuego (también girado desde el PEN) y la creación del área protegida marina “Agujero Azul”, que al momento de votarse encontró a los diputados de Juntos por el Cambio -excepto el bloque de Margarita Stolbizer– parándose de sus bancas para intentar dejar sin quórum la sesión. La madrugada cerró con dos proyectos vinculados a la salud: prevención y control de la resistencia antimicrobiana, que tuvo media sanción; y acceso integral a los cuidados paliativos, que fue ley. 

En lo que respecta al Senado, la primera sesión del año fue la del 17 de marzo para tratar el proyecto de refinanciamiento de la deuda con el FMI. Al igual que en Diputados, la tropa oficialista se dividió y la ley cosechó 56 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones. La presidenta del cuerpo, Cristina Kirchner, estuvo presente al comienzo de la sesión y durante un tramo de la tarde, pero no así a la hora de la votación.

Uno de los dos temas que tenía la Cámara alta para tratar del temario de extraordinarias era la reforma del Consejo de la Magistratura, atento el fallo que la Corte Suprema de Justicia había dictado en diciembre de 2021, estableciendo un plazo de 120 días para que el Poder Legislativo sancione una nueva ley que respete el “equilibrio” de los estamentos en la composición de ese órgano judicial. La discusión recién llegó al recinto el 7 de abril, unos pocos días antes que venciera ese tiempo y después del cual -tal como sucedió- la Corte restituiría la ley de 1997 y el presidente del Máximo Tribunal, Horacio Rosatti, asumiría como titular.

El proyecto del Ejecutivo, que tuvo cambios en las negociaciones del oficialismo con sus aliados, registró 37 votos a favor, 33 en contra y ninguna abstención. Además, se aprobó otro proyecto para designar como “Sala Malvinas Argentinas” al salón de recepción del Edificio Anexo Alfredo Palacios. 

El 12 de mayo, el kirchnerismo avanzó con un proyecto propio -presentado en marzo después de aprobada la “Ley FMI”-, para la creación de un “Fondo Nacional” para pagar la deuda con el organismo internacional a partir de la recuperación de “dólares fugados”. La iniciativa, que tuvo como ideólogo a Oscar Parrilli, recibió 37 votos a favor y 31 votos en contra.

Por otra parte, se avanzó con la ratificación del Tratado Interprovincial de creación de la Región Norte Grande Argentino; acuerdos internacionales; la designación de cónsules honorarios y un paquete de proyectos de declaración.

Avanzado el semestre, el 2 de junio, el Senado realizó una sesión de muy pocos minutos para dar entrada formal a pliegos del Poder Ejecutivo, y luego recibió la visita del jefe de Gabinete, Juan Manzur. La primera desde que el tucumano asumió en ese cargo, el 20 de septiembre de 2021, y también la única que hasta ahora hizo al Congreso. Se prevé que en agosto asista a la Cámara de Diputados.

Con un abultado temario, la última sesión en el cuerpo presidido por CFK fue el 30 de junio, cuando se sancionó definitivamente el “alivio fiscal”; la creación del Parque Nacional Ansenuza y la ampliación del Pre-Delta; la nueva Ley de VIH; y la Ley de Oncopediatría. Además, se avalaron a tres embajadores y tuvieron media sanción un proyecto sobre prórroga del Programa de Entrega Voluntaria de Armas y otro sobre atención a los usuarios de tarjetas de crédito. 

El kirchnerismo volvió a tratar un proyecto impulsado desde su bloque, el cual Juliana Di Tullio, jefa de Unidad Ciudadana, admitió que no había sido consultado con Guzmán -a quien nadie sabía le quedaban horas en el Ministerio-, sobre un plan de pago de deuda previsional ante el inminente vencimiento de la última moratoria. 

Si bien el oficialismo en la Cámara alta tenía la idea de sesionar el 7 de julio, la convocatoria nunca se oficializó y la posibilidad se diluyó por la posición en contra que el senador Adolfo Rodríguez Saá hizo saber respecto del proyecto para ampliar la Corte Suprema de Justicia a 25 miembros. Desde el Frente de Todos alegaron que el quórum se complicaba por “cuestiones de salud” y dificultades en los viajes de algunos senadores, pero esa decisión del puntano, más la presión de la oposición por las intenciones de tratar una iniciativa de esa envergadura en medio del complicado contexto económico terminaron por postergar ese plan. Al menos por unas semanas. 

Lo que viene 

Antes de entrar al receso, en el Senado quedaron listos con dictamen de comisión un abultado paquete de pliegos judiciales; un nuevo régimen previsional diferencial para brigadistas de incendios forestales; la prórroga del régimen de incentivo a la construcción; y la extensión por 50 años de las asignaciones específicas destinadas a financiar las industrias culturales.

Por su parte, de cara al segundo semestre, en Diputados recibió dictamen la reforma de la Ley de Alquileres, un tema complicado para el oficialismo a la hora de los votos. Pero también para la oposición, que tras el tratamiento en comisiones, al que llegó unida, se revelaron algunas diferencias entre sectores de Juntos por el Cambio y bloques federales que provocaron que no puedan convocar a una sesión, como pasó en el caso de boleta única, que ellos mismos pidieron. 

Aunque también recibieron despacho de comisiones, el proyecto para crear el “Fondo Nacional” para pagarle al FMI o el nuevo régimen de Compre Argentino tampoco suman todavía los votos necesarios para su aprobación en el recinto. El primero es más complicado que el segundo. Desde el Frente de Todos aseguran que trabajan para reunir todos los avales necesarios.  

Otras iniciativas con dictamen son, por ejemplo, el aumento de los subsidios al transporte del interior, un texto al que oficialismo y oposición llegaron a un consenso; la ley de promoción de la formación y el desarrollo de la enfermería; un proyecto sobre reciclaje de neumáticos fuera de uso y otro sobre modificación de la Ley de Residuos Peligrosos.

Además, en las comisiones están en debate -algunos avanzando más rápido que otros- la creación de comités mixtos de seguridad e higiene en el trabajo; la ley de desarrollo agrobioindustrial; la refinanciación de los créditos UVA; la reforma del Consejo de la Magistratura; y la moratoria previsional. 

Un proyecto que todavía no se trató, y habrá que ver si tiene algunas chances en lo que resta del año, pues hay voces del oficialismo que lo siguen reclamando -aunque por lo bajo reconocen que es complicado que se alcance una mayoría para votarlo-, es el de “renta inesperada”, enviado por el Gobierno para gravar a empresas que hayan tenido ganancias extraordinarias producto de la guerra.

Y, sin dudas, como pasa en cada segundo semestre, el “plato fuerte” será el proyecto de Presupuesto 2023, del cual ya se envió un adelanto con previsiones macroeconómicas proyectadas por Guzmán antes de su renuncia, que al día de hoy quedaron desactualizadas. La presentación de esta iniciativa constituirá, seguramente, la primera visita que la ministra Silvina Batakis haga al Congreso, donde el año pasado casi toda la oposición en Diputados se unió y, por primera vez en la historia, se le rechazó al Ejecutivo su plan de gastos y recursos. 

Los diputados nacionales del Frente de Todos Leonardo Grosso y Eduardo Toniolli mantuvieron un encuentro con el director nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Rafael Klejzer, para trabajar en la elaboración de un proyecto de ley que permita la creación de la Empresa Nacional de Alimentos.

“Es hora de discutir realmente el proceso de producción y comercialización de los alimentos en nuestro país porque es inmoral que haya dificultades para que las familias accedan a la canasta básica de alimentos”, afirmó Grosso.

Rafael Klejzer consideró que “en la pospandemia ya no se discute la intervención del Estado, sino las formas, allí radica nuestro desafío”.

Además, Grosso explicó que “en la escalada inflacionaria también vemos especulación de precios generada por la concentración de empresas, por eso es importante que el Estado en conjunto con las pymes y sectores de la economía popular formen parte del mercado”.

“Con planificación estatal, y la incorporación de experiencias productivas preexistentes en todo el país, que involucran a las pymes, a cooperativas, a empresas sociales productoras de alimentos, a agricultores familiares, a gobiernos locales, entre otros actores, es posible avanzar en la construcción de precios de referencia anclados al mercado nacional”, opinó Toniolli.

Más del 80% del total de la comercialización de alimentos en Argentina se encuentra en manos de 6 grandes cadenas de supermercados y el 74% de la facturación de los productos de la góndola corresponden a 20 empresas monopólicas.

En este sentido, Toniolli agregó que “es una apuesta al trabajo, a la producción y al cuidado de la mesa de los argentinos, en un momento mundial complejo y excepcional, que requiere también de respuestas excepcionales”.

En términos generales, el borrador de la propuesta indica que el Estado tendría el 51% de las acciones mientras que el 49% le correspondería a las pymes nacionales y a sectores de la economía popular.

Tal cual había esbozado durante la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja realizada el pasado 5 de julio, la diputada nacional Blanca Osuna (FdT – Entre Ríos) presentó un proyecto de resolución para que se informe al Congreso de la Nación sobre la situación judicial y administrativa “Pepín” Rodríguez Simón, prófugo en Uruguay hace 590 días.

En efecto, en esa reunión de la comisión que preside el diputado Eduardo Valdés la diputada entrerriana había sacado el tema de Rodríguez Simón luego de que desde la oposición reclamaran saber sobre la situación del exembajador argentino en Israel Sergio Urribarri. En esa oportunidad Valdés aclaró que el exgobernador de Entre Ríos ya está en su provincia y en esas circunstancias intervino Osuna para aclarar que Urribarri siempre había estado “a derecho” y planteó la situación de Rodríguez Simón, prófugo de la justicia argentina en Uruguay.

“La sociedad tiene derecho a conocer la verdad respecto a la grave situación en la que se encuentra el prófugo sospechoso ‘Pepín’, para que la consigna de igualdad ante la ley y la obligación como funcionario de honrar los deberes que competen a un representante público sean respetados”, afirmó Osuna.

En tanto, detalló: “Fabián Rodríguez Simón ha sido el abogado de los trabajos sucios de Macri, tales como en la causa de los Panamá Papers, en el armado de un sector adicto del Poder Judicial, y en la extorsión a los dueños del Grupo Indalo, entre otras cosas”.

“Es quien tuvo despacho en la Casa Rosada durante la presidencia de Macri, sin desempeñar cargo público alguno. El mismo que ante el avance de la causa judicial que lo implica, el 6 de mayo de 2021 pidió asilo en la República Oriental del Uruguay, donde permanece hasta la fecha, y donde su solicitud de refugio ante la ROU tuvo ya tres rechazos sucesivos. Y en Argentina fue declarado en rebeldía por la jueza Servini, el 19 de mayo del año pasado, cuando se negó a presentarse a indagatoria”, expresó la integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara y de Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

A su vez, Osuna explicó que “en estos días, conocimos que el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1° turno de Montevideo, mediante los votos de Alberto Reyes Oehninger y Sergio Torres Collazo, rechazó la solicitud de refugio político de Rodríguez Simón”.

Y sumó: “La resolución judicial echa por tierra su planteo y aclara que no corresponde a un temor fundado, que no hay riesgo de privación indebida y que los requerimientos judiciales no son arbitrarios ni ilegítimos”.

“Mientras la Justicia uruguaya sienta posición respecto a la situación de este personaje, los poderes del estado argentino tienen responsabilidad de actuar con la premura que exige resolver la irregular y vergonzante situación que posibilita que un prófugo acusado de graves delitos, por los cuales ha sido imputado, continúe deshonrando la representación de nuestro país ante el Parlasur”, advirtió la diputada del FdT.

Al respecto, exigió: “Necesitamos saber si el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto ha recibido un pedido de extradición de Fabián Rodríguez por parte del Poder Judicial, cuál es la situación de ese proceso y en qué juzgado se tramita. Es fundamental conocer además si tiene un pedido de captura internacional o se encuentra vigente el sistema de Alertas Rojas de Interpol, como también entender si se encuentra notificado por parte de la justicia argentina y cuáles son las razones para negarse a esos requerimientos”.

“Es indispensable que toda esta información sea accesible para toda la sociedad y que se dispongan de todas las herramientas necesarias para que quienes cometieron delitos desde el lugar más encumbrado de la administración del Estado, en connivencia con Macri como mandatario, asuman las responsabilidades que les corresponden”, apuntó la diputada entrerriana.

El proyecto lleva el acompañamiento de los diputados Leopoldo Moreau, Hilda Aguirre, Silvana Ginocchio, Tomás Ledesma, Rodolfo Tailhade y Marcelo Casaretto, entre otros.

En la reapertura de Tecnópolis, en el marco de las vacaciones de invierno, el Congreso de la Nación tendrá un stand en la megamuestra, donde los visitantes podrán realizar un recorrido didáctico e interactivo que tiene como objetivo acercar la actividad legislativa a los más chicos, tanto para conocer el proceso de formación de leyes, como así también facilitando espacios de participación ciudadana y democrática sobre los distintos temas que preocupan a las infancias y juventudes de nuestro país.

El espacio del Parlamento, que forma parte de la extensa y variada propuesta de Tecnópolis, podrá visitarse en el predio ferial durante las vacaciones de invierno, de miércoles a domingos de 12 a 19, y a partir de agosto, de jueves a domingos en el mismo horario.

El stand lleva como nombre “El Congreso de los chicos y las chicas”, cuenta con un espacio con pantallas donde se podrá seguir el recorrido de formación de las leyes de manera interactiva. Además, se abrirá un espacio para que los visitantes puedan expresar sobre qué les gustaría hacer un proyecto de ley, consignando así los temas de mayor interés, tales como ambiente, derechos, inclusión, entre otros.

Asimismo, la propuesta contempla un sector de debate, estructurado en un hemiciclo, donde se podrán discutir los temas que más interesan, especialmente orientado a la participación escolar. En el sector de juegos, se pondrán a prueba los conocimientos de los asistentes en temáticas como Formación Ética y Ciudadana y Ciencias Sociales.

Por último, el espacio “Bancatelá” desafía a quien se anime a expresarse libremente o reproducir un discurso histórico en el Congreso, que se grabará y será enviado por mail o WhatsApp a cada participante y que puede ser compartido en redes sociales.

A lo largo de las diferentes jornadas se propondrán en el stand distintas actividades, organizadas por el Senado de la Nación, la Cámara de Diputados de la Nación, la Biblioteca y la Imprenta del Congreso Nacional.

Tecnópolis es la megamuestra de arte, ciencia y tecnología más grande de Latinoamérica que presenta, desde el 16 de julio y hasta fines de octubre de este año, su undécima edición bajo el lema “Argentina soberana, creando futuros”, con nuevas propuestas culturales y educativas para todas las edades a cargo de más de 60 organismos e instituciones.

La presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Marisa Uceda (FdT), admitió que el proyecto de ley de plan de pago de la deuda previsional -con media sanción del Senado- no llegará a tratarse antes de que venza la moratoria vigente.

Entrevistada en el canal DTV, la oficialista señaló que “por un lado está la urgencia de la prórroga de la moratoria vigente que alcanza solo a mujeres” ya que “en el 2017 (Mauricio) Macri excluyó a los trabajadores varones y los incluyó en la PUAM”. Y, por otro lado, “el proyecto apunta a resolver (la cuestión de las personas que no tienen aportes suficientes) y va más a fondo”.

En el comienzo del receso invernal, la mendocina explicó que “los tiempos legislativos y la generación de consenso llevan adelante un amplio trabajo” que “nos está complicando” llegar a aprobar la iniciativa antes del 24 de julio.

“La alternativa, que es la que espero, es que a través de un decreto presidencial se extienda esta moratoria hasta que podamos sancionar el proyecto”, sostuvo la legisladora.

No obstante, se mostró optimista de “poder conseguir esa construcción de consensos que pretendemos”. “Confío en que vamos a lograr esos consensos, pero lo cierto es que hoy no se pueden garantizar, por eso tampoco se puede tratar la ley de inmediato”, aclaró.

En cuanto al proyecto, consideró que “no tiene impacto fiscal considerable”, sino que por el contrario “robustece el sistema, porque no es una moratoria”, sino que establece que haya “personas aportando en su vida activa, que están regularizando con diez años de anticipación” sus aportes.

Consultada sobre si convocarán a la ministra de Economía, Silvina Batakis, a dar su opinión, la diputada respondió: “Vamos a hacer las consultas que sean necesarias, no tiene la obligación la ministra de venir puntualmente, puede enviar informes”. Y destacó que en la primera reunión informativa que se realizó asistieron representantes de la ANSeS.

Cabe recordar que la oposición en el Senado cuestionó que no haya formado parte del debate la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que en el caso de Diputados sí fue incluida.

En cuanto a los argumentos sobre que esta iniciativa va a contramano de las condiciones del acuerdo con el FMI, la camporista expresó: “El (ex)ministro (Martín) Guzmán cuando nos hizo conocer el acuerdo dijo que no iba a haber ajuste en materia previsional, entiendo que no debería colisionar con los objetivos”.

En una nueva entrega de la mención de honor “Diputado Nacional Dr. Juan Bautista Alberdi”, la Cámara de Diputados de la Nación homenajeó al exfutbolista Javier Mascherano en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso.

El actual técnico de la Selección Argentina sub-20 recibió el máximo galardón que otorga la Cámara de Diputados a partir de la iniciativa del diputado mandato cumplido Nicolás Rodríguez Saá, quien destacó que “lo conozco a Javier desde que tenía 15 años. Hoy, 22 años después, poder darle este reconocimiento me llena de emoción, no tanto por el premio, sino porque Javier nunca perdió sus valores, su humildad, su arraigo por su ciudad natal de San Lorenzo, provincia de Santa Fe”.

“Javier siempre levantó nuestra bandera con hechos, no con palabras. En ese sentido, este no es un premio de Rodríguez Saá, ni de Sergio Massa, ni de la Cámara de Diputados: este es un premio del pueblo argentino”, agregó.

“Ser jugador de inferiores significa, con 15 años, vivir en una pensión lejos de tu familia, tener disciplina. Y eso es lo que Javier, gracias a Dios, eligió para su carrera actual, a cargo de la selección sub-20, su escuela de formación, que incluye enseñarles a los jugadores a limpiar el vestuario y hasta aprender inglés”, detalló el diputado bonaerense en el inicio de la ceremonia, de la que también participaron Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), y Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados; el diputado nacional y presidente de la Comisión de Deportes, Héctor Baldassi, además de legisladores y una gran cantidad de invitados y afectos del deportista.

“Quiero aprovechar a homenajear a dos grandes técnicos que tuvo nuestra selección y que sé que también significaron mucho para Javier, como son Alejandro Sabella y Diego Maradona”, agregó Rodríguez Saá al pedir un minuto de silencio por ambos.

Por su parte, el presidente de Diputados explicó que la mención “pretende ser una caricia al alma y un reconocimiento a tu historia profesional, deportiva y a tu pasión con la camiseta”.

Massa remarcó imágenes de la carrera profesional de Mascherano, haciendo especial foco en su frase ‘Hoy te convertís en héroe’.  “A todos nos quedó muy marcado. Me parecía importante tratar de validar qué es un héroe: es aquel que, a lo largo de la vida, sin importar al lugar al que llegó, sigue teniendo los mismos amigos; el que a lo largo de su carrera aprovechó para contribuir con Unicef, Cruz Roja, con un montón de instituciones y en campañas globales para ayudar al otro, entendiendo que el espíritu solidario era parte intrínseca de su persona”. Y agregó: “Pero, por sobre todas las cosas, si hay algo que los argentinos reconocen en esa idea de héroe que construiste, es correr detrás de la pelota con la misma pasión, sin importar si ibas ganando o perdiendo”.

Por su parte, Tapia recordó cuando lo convocó al proyecto de selecciones juveniles en China, con el objetivo de “darles a los chicos lo que él dio como ejemplo dentro del campo de juego, el liderazgo, la nobleza, el esfuerzo, el sacrificio, las ganas de ganar y lo que siempre demostró por nuestra camiseta”.

Al momento de recibir la mención de honor, Mascherano agradeció el reconocimiento y recordó que “llegué de mi ciudad natal con muchísimos sueños, con una mochila llena de esperanza, como cualquier chico del interior que viene a probar suerte a este mundo que es Buenos Aires. Atrás de esos sueños corrí toda mi vida y por suerte a muchos de esos sueños pude alcanzarlos”.

“La verdad es que fui un privilegiado, no por lo que me dio la vida en términos materiales, sino porque he superado mis expectativas en términos de lo que soñaba y de lo que terminó pasando en cuanto a mi carrera”, subrayó el actual técnico de la selección argentina sub-20.

“Nunca me imaginé poder haber vestido durante tanto tiempo la camiseta de la selección argentina, nunca imaginé haber vivido todo lo que me tocó vivir en mi carrera profesional. Soy un agradecido a todas las personas que contribuyeron para eso. Hoy la vida me encuentra en una situación donde trato de transmitir todo lo que he vivido a chicos que tienen quizás los mismos sueños que tenía yo cuando era chico”, concluyó un Javier Mascherano visiblemente emocionado.

Mascherano en números

Javier Alejandro Mascherano nació en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, el 8 de junio de 1984. Es un exfutbolista que inició su carrera deportiva en el club rosarino Renato Cesarini. Después de 17 años como futbolista profesional, Mascherano se retiró en noviembre del año pasado.

Durante su extensa carrera, disputó más de 700 partidos y conquistó 31 títulos, la mayor parte de ellos vistiendo las camisetas del FC Barcelona y la Selección Argentina. Entre sus trofeos más destacados se encuentran dos Copas de Europa, cinco Ligas de España, cinco Copas del Rey, tres Mundiales de Clubes y dos oros en los Juegos Olímpicos.

Mascherano es el segundo futbolista que más veces vistió la camiseta de Argentina (147), sólo superado por Lionel Messi (153). Fue internacional absoluto durante quince años, de 2003 a 2018, convirtiéndose con el paso del tiempo en uno de los líderes del vestuario. Su jerarquía dentro del campo y fuera de él, le llevó a ser uno de los capitanes de la Albiceleste, portando el brazalete en 48 ocasiones.

Con la presencia de especialistas en materia jubilatoria, arrancó el jueves pasado en la Comisión de Previsión y Seguridad Social el tratamiento del proyecto que establece un plan de pago de deuda previsional que ya cuenta con media sanción del Senado.

En efecto, el pasado 30 de junio la Cámara de Senadores aprobó con 38 votos a favor, 6 en contra y 18 abstenciones el proyecto que debería ser ley antes del 23 de julio, cuando vence la norma vigente.

Por eso es que se especuló con la posibilidad de una sesión de la Cámara baja la próxima semana, cuestión de convertir en ley la norma antes de que se produzca dicho vencimiento, pero el tema es que la próxima semana ambas cámaras estarán en pleno receso legislativo. Un receso no declarado, pero que en rigor de verdad ya se palpita en ambas cámaras en la presente semana.

Pruebas al tanto: la reunión de la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas previstas para este martes al mediodía no tuvo quórum. También estaba prevista para este martes en Diputados una reunión de la Comisión de Deportes, que se suspendió el lunes.

La vuelta a la presencialidad ha hecho que los recaudos para las sesiones se extremen y nada garantiza en plenas vacaciones de invierno que todos los legisladores conseguirán vuelos. De hecho, el Senado había adelantado para el jueves pasado una sesión que a priori iban a hacer esta semana, previendo que no conseguirían vuelos. Al final, no hubo sesión esta semana, pero tampoco el jueves pasado, aunque ahí influyeron otros factores: no había acuerdo en todo el oficialismo para garantizar el número necesario para aprobar el proyecto para la ampliación de la Corte Suprema de Justicia.

El proyecto impulsado en el Senado por el Frente de Todos contempla un plan de pagos al que podrán acceder, durante un período de dos años, aquellas personas que ya cumplieron o estén por cumplir la edad jubilatoria (60 años las mujeres y 65 los hombres) y no tengan los 30 años de aportes exigidos. Se busca regularizar los períodos faltantes hasta el mes de diciembre de 2008, inclusive. Esto se podrá hacer con un pago en hasta 120 cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

La norma beneficiaría a cerca de 800 mil personas (477 mil mujeres y 295 mil hombres) que están en edad de jubilarse pero no tienen los años de aportes, y según se anticipa desde el oficialismo, el costo fiscal para el 2022 sería de un 0,02% del PBI. Para el 2023, el gasto sería del 0,3% PBI.

Juntos por el Cambio no apoyó el proyecto en el Senado, aunque sufrió una división. Mientras el Pro votó en contra, los radicales se abstuvieron. El costo fiscal es el factor que motiva las objeciones en la principal oposición, que preguntó si habían consultado al entonces ministro Martín Guzmán, a lo que la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Juliana Di Tullio, respondió que habían consultado en la ANSeS.

Para el debate en Diputados, la presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Marisa Uceda, aclaró que citarían a Silvina Batakis para preguntarle sobre el tema. Eso llevará tiempo; se verá. Además, mientras en el Senado el giro del proyecto no incluyó a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en Diputados sí está previsto que la comisión que encabeza Carlos Heller emita dictamen. Con todo, esa comisión no participó de la reunión informativa del jueves pasado.

En el oficialismo se ilusionan con tener los votos para la aprobación. Esa confianza se relaciona con lo sucedido en el Senado, donde Alberto Weretilneck votó a favor, lo mismo que la cordobesa Alejandra Vigo. Se descuenta así que los rionegrinos y misioneros que conforman el interbloque Provincias Unidas apoyarán, lo mismo que los tres cordobeses y probablemente el resto del interbloque Federal, aunque el presidente del mismo, Alejandro “Topo” Rodríguez, aclaró a parlamentario.com que no tenían aún decisión tomada sobre el tema.

Así y todo, especulando con el eventual apoyo de Provincias Unidas (4), el interbloque Federal (8), el santacruceño Claudio Vidal, el neuquino Rolando Figueroa, y la izquierda, estaría garantizada la aprobación del proyecto ya votado en el Senado.  

El tema son los tiempos y la garantía para tener sentada la cantidad de diputados necesarios la próxima semana, para una sesión que fuentes consultadas por parlamentario.com aclararon que no ha sido convocada, sin expectativas de que dadas las circunstancias eso suceda.

Por eso es que en caso de que el Gobierno lo desee, debería apelar al decreto para prorrogar la prórroga vigente, a la espera de una sanción definitiva en el mes de agosto.

La Cámara de Diputados distinguirá con la mención de Honor Juan Bautista Alberdi al excapitán de la Selección Argentina Javier Mascherano, actual entrenador del combinado nacional sub 20, en reconocimiento a su trayectoria futbolística.

El acto se realizará este martes, desde las 17, en el Salón Pasos Perdidos del Palacio Legislativo y contará con la participación del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y el exdiputado Nicolás Rodríguez Saá, impulsor del homenaje.

La Mención de Honor Diputado Juan Bautista Alberdi constituye el máximo galardón que otorga la Cámara de Diputados a aquellas personas físicas y/o jurídicas que se destaquen por sus acciones culturales, científicas, políticas, humanísticas, o por aportes que, en general, realcen los valores democráticos y republicanos.

La Comisión de Deportes de Diputados, presidida por Héctor Baldassi (Pro), se reunirá este martes, desde las 14, en la Sala 2 del Anexo de la Cámara baja.

El temario del encuentro incluye un proyecto con media sanción del Senado -fue aprobado en diciembre pasado- referido a las asociaciones civiles deportivas superiores.

Puntualmente, la iniciativa plantea la modificación del artículo 20 de la Ley de Deporte (20.655), de manera de restituir la redacción que tenía antes que se modificara por medio del DNU 92/2019.

Actualmente están contemplados como asociaciones civiles deportivas superiores el Comité Olímpico Argentino y el Comité Paralímpico Argentino.

Mediante el proyecto se vuelve a incorporar a la Confederación Argentina de Deportes, quien detenta ese carácter desde el año 1927.

Además, el temario incluye una iniciativa sobre la ejecución del Himno Nacional Argentino en partidos de fútbol de carácter internacional, y proyectos de resolución y declaración.

Luego de otra ronda de preguntas que dejó cuestionamientos desde la prensa por la actitud de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de resolución.

Encabezados por la diputada Sabrina Ajmechet, los diputados piden que la funcionaria vaya al Congreso para “aclararnos cuáles son las preguntas que los periodistas pueden hacer y cuáles son las que tienen prohibido formular”.

Los legisladores piden citar a Gabriela Cerruti con el objeto de informar cuestiones ligadas a las respuestas brindadas a los medios de comunicación el día 7 de julio de 2022, en ocasión de una conferencia de prensa.

En tal sentido piden aclarar “cuáles son las preguntas que los periodistas pueden realizar durante las conferencias de prensa y cuáles tienen prohibido formular”, como así también que explique “qué motivos encuentra para determinar que la pregunta realizada por la periodista Silvia Mercado ‘no corresponde ni ser formulada, ni ser respondida’”.

Cabe consignar que la citada periodista preguntó el jueves pasado sobre “el estado de situación del Gobierno nacional” y si el presidente de la Nación “tiene pensado renunciar”.

Acompañan a Ajmechet Waldo Wolff, Gerardo Milman, Alejandro Finocchiaro, Soher El Sukaria, Ingrid Jetter, Ana Clara Romero, Karina Banfi, Graciela Ocaña, María de las Mercedes Joury, Karina Bachey, Omar De Marchi, Gabriel Chumpitaz, Laura Rodríguez Machado y Fernando Iglesias.

Un grupo de diputados acompañó al presidente Alberto Fernández en la celebración del Día de la Independencia en Tucumán.

Los legisladores viajaron en vísperas del 9 de Julio, encabezados por el presidente de esa bancada, Germán Martínez, quien precisó que “llevamos adelante una agenda nutrida y diversa donde se reflejan las diferentes realidades de la provincia”.

Así estuvieron junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el gobernador provincial Osvaldo Jaldo. “Trabajamos sobre temas vinculados a la realidad económica y productiva de Tucumán”, señaló Germán Martínez.

Junto al JGM @JuanManzurOK y el gobenador @OsvaldoJaldo trabajamos sobre temas vinculados a la realidad económica y productiva de Tucumán. #PrimeroLaGente pic.twitter.com/jDa5VhjiSy

— GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) July 8, 2022

“Tenemos que ser constructores de esperanza a lo largo y ancho de toda la patria. Para eso, hay que caminar cada lugar de nuestra Argentina”, enfatizó el presidente del bloque.

Este sábado se sumó junto al presidente de la Nación, Alberto Fernández, el titular de la Cámara baja, Sergio Massa. Formaron parte de la comitiva los diputados tucumanos  Rossana Chahla y Mario Leito, además de Eduardo Valdés, Daniel Gollan, Victoria Tolosa Paz, Marcelo Casaretto, Rosana Bertone, Julio Pereyra, Alicia Aparicio, Carlos Cisneros, Silvana Ginocchio, Ricardo Herrera y Carolina Yutrovic, entre otros.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibió en su despacho este jueves a la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, con quien dialogó para establecer una agenda legislativa en materia económica de cara al segundo semestre del año.

Así lo comunicó el propio Massa a través de sus redes sociales. La reunión se dio en medio de rumores de renuncia del titular de la Cámara baja que, desde el sector del massismo, lo desmintieron.

Además, tras la inminente renuncia de Martín Guzmán al frente del Ministerio de Economía, había circulado fuerte la posibilidad de que el presidente de la Cámara de Diputados fuera ungido al frente de la Jefatura de Gabinete.

En la Cámara de Diputados de la Nación obtuvo media sanción el proyecto de creación de Área Marina Protegida “Agujero Azul” de la diputada Graciela Camaño promovido por el Poder Ejecutivo Nacional. 

Para que todos podamos entender de que se trata, comenzaré por decir, que este establece un área de protección de 148.000 km² en la plataforma continental, ubicada en su mayoría por fuera de la Zona Económica Exclusiva (200 millas). 

El proyecto presenta graves errores, fundamentos inconsistentes y una estrategia biológica y económica inadecuada, además de una actitud demagógica respecto a una supuesta protección de los restos del Submarino “ARA San Juan”. 

El proyecto erra al darle categoría de Reserva Nacional Marina Estricta “sobre” (encima de) la plataforma y no “en” la plataforma y ello, podría generar restricciones a la pesca nacional en los cursos de agua, pero no a los buques extranjeros, porque Argentina no tiene jurisdicción sobre ellos. Desde el punto de vista geográfico, confunde los puntos cardinales y ubica el espacio en cuestión «al este por el límite de la ZEE Argentina y al oeste por la isobata de 5.000 metros» (sic) y, además, la Convención del Mar (CONVEMAR) en su art. 76º precisa, que la plataforma extendida alcanza hasta las 350 millas desde las líneas de base o de 100 millas desde la isobata de 2.500 metros y, avanza al sur en un área disputada según la Comisión de Límites de la ONU. Todo ello demostraría, que al establecer los límites no se ha consultado a los técnicos. Tampoco se cumplió con los requisitos científicos previos a establecer un Área Marina Protegida (AMP) y se ha desfigurado el objeto de estas, porque las AMP no se instauran para los fines ventilados sino para dar sostenibilidad al medio marino y las especies. Los principales fundamentos del proyecto no prueban sus beneficios sobre la pesca ilegal, el ambiente, la economía y, la señalada reafirmación de la soberanía nacional. Podemos ver al respecto: 

La Ciencia y el INIDEP. Fundamenta la legisladora que el sector del talud «incluye un sistema de cañones submarinos poco conocidos pero que presentarían características de alta biodiversidad y un rol ecológico relevante» (sic). Al respecto, Andrés Loubet-Jambert (FIS, mayo 2 de 2021) describe que «las denominadas características de “alta biodiversidad” deben ser fundamentadas con estudios científicos actuales para asegurar qué rol ecológico relevante tienen, teniendo en cuenta que la FIP y la FIR de la FAO (2012) indican que el establecimiento de zonas marinas protegidas debe hacerse sobre la base de información científica», cuestión que este proyecto carece. Portela et al (2012/15) dice: «El impacto concreto de las pesquerías de arrastre bentónico en el área no ha sido cuantificado». Por su parte, la directora de Investigación Lic. Claudia Carozza del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) precisó: «faltan pruebas científicas suficientes…Aportaremos todos nuestros datos, pero no van más allá de las 200 millas…queda mucho por discutir y definir…no sabemos mucho del área» y respecto a si el INIDEP estaba en condiciones de sobrellevar física y materialmente el trabajo, manifestó: «Tal como estamos no, estamos todos muy sobrecargados…nuestra función fundamental es asesorar sobre el manejo de los recursos» (RevistaPuerto, 17/6/21). La Consultora Ambiental Recilience dictaminó «hasta el presente no se ha demostrado fehacientemente en la propuesta de creación de esta nueva AMP, cuál es el nivel de impacto actual de la actividad entrópica sobre el lecho marino» Y yo agrego, requeríamos, además, una inversión multimillonaria para dotar de buques de investigación que releven en forma sistemática el área, cuando hoy este Instituto tiene que recurrir al aporte privado para relevar áreas y las especies migratorias más relevantes de Argentina.   

Las AMP en Argentina. No es cierto que la Argentina esté incumpliendo «el compromiso del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020», salvo que se entienda que los espacios marítimos de alrededor de las Georgias y Sándwich del Sur no son de jurisdicción argentina y se ignore que en 2011 el Reino Unido determinó una reserva ecológica de 1.070.000 Km² que, junto los territorios marítimos ocupados que impiden la pesca a los buques nacionales, la Argentina tiene restringida una superficie equivalente al 52% de su Zona Económica Exclusiva.  

Los beneficios económicos. El Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas escribió (2019): «No existe una sola mención, ni siquiera de modo tangencial, relacionada a posibles beneficios sociales o económicos derivados de la existencia de las AMP». Por su parte la Inter-Cámaras de la Industria Pesquera (agosto/2021) fue contundente respecto a la inconveniencia productiva, económica y sobre la insustentabilidad técnica del proyecto. Y, yo agrego, este proyecto -como refiere- no aporta nada a la “marca país”, ya que la producción pesquera nacional, respecto a su calidad y accede a los mercados más exigentes en el comercio internacional y, a su vez, el Atlántico Sudoccidental es reconocido por la baja contaminación marina en relación con otros caladeros del mundo. Este Proyecto duplica las estructuras oficiales y aumentará los costos del Estado. Hay quienes sugieren que la pesca nacional financie esta iniciativa, mientras que la flota pesquera extranjera subsidiada pesca en alta mar nuestros recursos migratorios. Todo lo contrario, hay que darle a los buques nacionales iguales condiciones para competir con los buques extranjeros. 

El control y la pesca ilegal. Contrario a lo que se ha argumentado en el proyecto, de ninguna manera impedirá los transbordos ni la captura ilegal extranjera, porque no regula sobre los cursos de agua en la alta mar, ya que la CONVEMAR en sus art. 87º y 116º precisan que hay libertad de pesca para todos los Estados en alta mar. Es decir, el argumento jurídico-biológico del proyecto, que evitará la pesca ilegal extranjera, no tiene sustento.  

El relevamiento y la vigilancia. No se pondera el costo de relevamiento y vigilancia, ni los medios para su financiación y, es conocida, la experiencia de las AMP Namuncurá I-II y Yaganes que carecen de control. Las fuerzas navales y de seguridad carecen de medios técnicos adecuados y más aún para controlar las 24 horas los 365 días al año.       

El fortalecimiento internacional. El único fortalecimiento que se avizora con esta AMP es facilitar la captura de los buques extranjeros con licencias otorgadas en Malvinas, con un efecto similar al acordado en 1990 que generó la FOCZ al este de Malvinas. Se completa el anillo de protección de Malvinas. El fortalecimiento en el Atlántico Sur se dará si Argentina formula Acuerdos bilaterales entre Estados o Empresas con control del Estado para capturar las especies migratorias argentinas.  

La soberanía nacional. La Argentina no necesita ratificar su soberanía sobre la plataforma continental. La CONVEMAR en el Art. 77º es clara: «El estado ribereño ejerce derechos de soberanía sobre la plataforma continental a los efectos de su exploración y de la explotación de sus recursos naturales. Los derechos son exclusivos, si el Estado ribereño no explora la plataforma continental o no explota los recursos naturales de ésta, nadie podrá emprender estas actividades sin expreso consentimiento de dicho Estado». 

No se requiere un AMP Bentónica de Agujero Azul, ya que 17 artículos de la Ley 24.922 dotan de suficientes herramientas a la Autoridad de Aplicación y al INIDEP, para que administren y hagan sostenible la pesca en todo el territorio marino y su plataforma continental. En todo caso se necesita: 

a) Una Ley que declare Monumento Nacional Marino al lugar de la plataforma continental argentina, donde descansan los restos del Submarino ARA San Juan y los 44 tripulantes de esta embarcación de la Armada Argentina, de conformidad con el artículo 5º inciso b) de la Ley 27.037 para honrar a los tripulantes muertos  

b) Una Resolución del Subsecretario de Pesca con aprobación del Consejo Federal Pesquero que prohíba y/o no autorice la Pesca en el área que se determine con redes arrastre de fondo o de deriva, más allá de las 200 millas y hasta las 350 millas, con jurisdicción y facultades según la CONVEMAR para apresar y sancionar a los buques nacionales y extranjeros que realicen pesca con esas artes de pesca. Dejando en claro que los poteros que pescan calamar, palangreros y arrastreros de media agua no tocan el fondo marino y por lo tanto no tienen efecto negativo alguno sobre la plataforma continental. Diez minutos bastarían para elaborar ambos proyectos. 

“La creación de reservas marinas debe ser un paso hacia la paz, no hacia el conflicto” (Ruth Davis, Chief Policy Advisor de Greenpeace, consejera política de la Organización Ecologista). 

En el marco de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, que preside la mendocina Marisa Uceda (Frente de Todos), especialistas en materia jubilatoria analizaron los alcances del plan de pago de deuda previsional, iniciativa que ya obtuvo la aprobación de la Cámara alta.

La diputada Uceda destacó que la reunión demuestra “que cuando hablamos de previsión social, de seguridad y derechos jubilatorios, son temas que nos atraviesan a todas las fuerzas políticas, y que claramente nos tienen a todos comprometidos en la urgencia de lo que hoy vamos a tratar”.

En uso de la palabra, el director General de Planeamiento de la ANSeS, Ignacio Amigorena, celebró “la responsabilidad social e histórica del proyecto para dar respuestas a la dificultad de acceso a la jubilación del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino)”. Amigorena estimó que el plan de pago de deuda provisional “pueda incluir en el sistema alrededor de 800 mil personas en edad jubilatoria en los próximos dos años, de las cuales aproximadamente un 60 por ciento son mujeres”.

A su turno, la previsionalista Adriana Micale bregó por “la sanción de esta ley tan necesaria, frente al inminente vencimiento de la moratoria actual”. La magister destacó que, “a diferencia de planes previsionales anteriores, este contempla un pago que no tiene un instrumento de cuotas fijas, sino que, por el contrario, prevé la incorporación del pago de periodos no aportados, que en muchos casos se deben a situaciones de precarización y desempleo”.

El cierre de expositores estuvo a cargo del director del Programa de Protección Social del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), Rafael Rofman. El investigador señaló que el proyecto “enfrenta un problema estructural de la Argentina, porque el sistema previsional contributivo estuvo pensado para un sistema definido mayormente por el trabajo formal”. Rofman hizo un llamado a pensar la iniciativa “como el inicio de una discusión seria sobre cómo se construye un sistema previsional de largo plazo, que tenga buena cobertura, buenos beneficios, que sea sostenible y que sea equitativo”.

El proyecto de ley está destinado a las personas que, habiendo alcanzado la edad de retiro laboral, no cumplen con los 30 años de servicios con aportes registrados requeridos por la actual legislación. También contempla a quienes se encuentren a una distancia de hasta 5 años de la edad necesaria para obtener la jubilación.

Ante la deuda previsional, el plan prevé un sistema de “unidad de pago de deudas previsionales” –equivalente a un aporte jubilatorio mensual- con el fin de garantizar el acceso al cobro de jubilaciones y pensiones a un total de 800.000 argentinos.

La Comisión de Legislación del Trabajo que preside la diputada Vanesa Siley retomó este miércoles el debate del proyecto de ley que crea la figura del Comité Mixto de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo. Retomó, por cuanto ya el año pasado y con otra conformación esa comisión había realizado una reunión informativa a la que asistieron los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Mujeres y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, para exponer en torno al proyecto que envió el Ejecutivo sobre el tema.

En rigor, hay en total cinco proyectos sobre los que se trabajará para elaborar un proyecto definitivo, entre ellos el del Ejecutivo respecto del cual el primero de los invitados, Héctor Recalde, fue lapidario, ya que lo definió como “el que menos sustancia tiene”. Con todo, según señaló sobre el final la diputada de Juntos por el Cambio Laura Rodríguez Machado, está acordado que el proyecto de referencia que se utilizará para elaborar la futura ley será precisamente el del Ejecutivo, y los demás se tendrán también en consideración “para agregar o quitar cosas”.

Como dijimos, el diputado nacional (MC) Héctor Recalde fue el primero de los invitados en intervenir, y contó que había estado analizando todos los proyectos existentes sobre el tema, pero que particularmente había puesto atención en el elaborado por los diputados Walter Correa, Vanesa Siley, Hugo Yasky, María Rosa Martínez, Carlos Cisneros y Carlos Ponce, entre otros, al que consideró como “el más completo. “En general estoy absolutamente coincidiendo con el proyecto”, dijo, para plantear luego una serie de consideraciones sobre artículos puntuales. Particularmente el 8°, donde sugirió agregar “algo que tiene que ver con lo inesperado: un trabajador que de repente advierte un grave riesgo a su salud o la integridad psicofísica; poner que el trabajador puede negarse a hacer una tarea si advierte un riesgo”, remarcó.

“Son pocas las observaciones que pude hacer para un proyecto que está muy bien redactado”, dijo, recomendando de paso lo que definió como una “tarea para el hogar”: “Que este Congreso derogue la Ley 27.348, sancionada por el Gobierno anterior”, que es la Ley de Riesgos del Trabajo. Precisamente las ART fueron centro de múltiples cuestionamientos durante la jornada. Sobre el final de la reunión, Recalde volvió sobre el tema proponiendo como solución “suprimirlas”.

A continuación, el presidente de Políticas Sociales de la UIA, Juan José Etala, consideró “muy importante que los legisladores nos reciban, porque después somos los que tenemos que aplicar la ley e interpretarla. Es bueno que nos escuchen y atiendan nuestras observaciones, si es que existen”.

Aclaró que “no hay cuestionamientos a las comisiones mixtas en materia de higiene y seguridad”, pero recordó que Santa Fe tiene una ley y hay en esa provincia muchas comisiones registradas, cosa que existe además en Buenos Aires, donde también está la ley y hay muchas comisiones registradas.

“En ambos casos la ley dejó a salvo la autonomía colectiva, que cuando los convenios colectivos establecieron comisiones de higiene y seguridad era lo que realmente regía, porque nada más importante que las propias partes para regular este tipo de cuestiones”, señaló Etala, que destacó que “han funcionado muy bien; muchas empresas que tienen por convenio colectivo o de empresa el funcionamiento de estas comisiones”.

Alertó sobre lo que definió como una “colisión normativa” que se daría entre una ley nacional y dos leyes provinciales: “Es una superposición que no debería existir. Debería darse prioridad a los convenios colectivos, y a las legislaciones provinciales, que funcionan bien”.

Eso sí, observó que “hay un solo aspecto que entendemos que va a generar mucha conflictividad y litigiosidad: lo del acoso y la violencia en el trabajo. No es solo del empleador al trabajador, puede ser al revés. Nunca estuvo claro eso, no hay que olvidarse que son cuestiones casuísticas, someterlas a consideración de una comisión mixta de higiene y seguridad, no parece ser el mecanismo idóneo para su tratamiento. Sale de lo que debería ser, esto lo tiene que valorar un juez, no con versiones de hecho”.

De tal manera, puntualizó que otra cosa es que se hagan protocolos, y a propósito de eso la mayoría de las empresas los tienen, “así que no estaríamos innovando. Otra cosa es someter estas cuestiones a las comisiones”, comentó.

A continuación, expuso Walter Andreozzi, vicepresidente de Relaciones Parlamentarias de la UIA, quien como santafesino habló de la experiencia en esa provincia, donde contó que “la película había empezado con un gran enfrentamiento entre los gremios y el Gobierno de (Hermes) Binner. No había consenso entre las partes como para poder avanzar en este tema”, pero luego esa situación se revirtió. Aclaró entonces que “debemos valorar que podamos estar en la mesa del diálogo y avanzando en algo que antes no nos podía parecer que pudiéramos avanzar”.

“En Santa Fe ya tenemos 3.057 comités registrados, y venimos en perfecta armonía”, dijo, sugiriendo que “no llevemos un conflicto donde no lo hay y el tema está fluyendo. Tratemos de incorporar a quienes no tienen esta norma y avancemos en este sentido”.

Fue el turno de Cristian Jerónimo, secretario de Salud Laboral de la CGT y secretario general del Sindicato de la Industria del Vidrio. “Para nosotros es sumamente importante estar hoy acá y tratando varios proyectos de ley que entendemos que tienen injerencia en el día a día de los trabajadores”, dijo.

Advirtió que muchas veces se minimiza la importancia de la seguridad e higiene y los comités tripartitos “por desconocimiento”, precisando que “la salud y la seguridad y prevención en el mundo laboral tienen que empezar a ser miradas desde una perspectiva integral”.

“Hay muchas empresas y empresarios que a la seguridad y prevención la toman como un costo. Cuando se logra una síntesis entre el sector empleador y los trabajadores, se logran mejores formas de trabajar y sobre todas las cosas generarle dignidad a los trabajadores”, comentó el sindicalista, que realzó “la importancia de tener una ley nacional que resguarde la integridad física de todos los trabajadores en el mundo laboral y la salud, como principio fundamental y derecho humano para el desarrollo del trabajo y dignificándolo”.

En otro pasaje, Jerónimo dijo tener muy claro que “el proyecto de ley que salga adelante tiene que ser uno que resguarde la integridad de todos los trabajadores y trabajadoras, y también que el Estado no sea ajeno a la realidad de lo que se discute”. “También las ART, que es algo que lamentablemente la pandemia sacó a la luz: la intransigencia que tienen esas empresas para darle la cobertura a los trabajadores, y lamentablemente la pandemia demostró que no estuvieron a la altura de las circunstancias –afirmó-. En los momentos más difíciles de la pandemia se hacían las distraídas. En un universo donde las obras sociales sindicales demostraron que estuvieron a las circunstancias, saliendo a trabajar codo a codo con los trabajadores”.

El sindicalista expresó su deseo de que “tanto el Estado como las ART y las empresas no tienen que ser ajenos a este tipo de discusiones”. Y agregó: “Nos parece injusto en algunos proyectos que leímos que tienen que tener 100 trabajadores para constituir un comité tripartito”. Se mostró crítico al respecto, afirmando que “donde hay un trabajador, tiene derecho a tener la dignidad necesaria, la seguridad necesaria y la prevención necesaria que se merece”.

“Ojalá que ese punto lo podamos seguir trabajando”, dijo, y relató que en Santa Fe la norma vigente establece que con más de 50 empleados se pueden conformar los comités mixtos.

Por último, destacó la importancia de mantener la conformación del comité mixto en los ámbitos donde funcionan y “darles las herramientas a todos los compañeros que designa la comisión gremial. No estamos de acuerdo en que sean los delegados los que participen del comité mixto, sino que por una cuestión institucional, los tiene que designar su organización gremial, en representación de los trabajadores”.

Por el Espacio Intersindical de Salud, Trabajo y Participación de los Trabajadores, Lilian Capone consideró que este es “un momento muy oportuno  para discutir estas cuestiones. La OIT, en su 110° reunión, incorpora el tema de la salud y la seguridad como un derecho fundamental. Eso es histórico, inédito”.

“Precisamente en este marco y por ser nosotros un país miembro de la OIT, consideramos que es importante esta charla”, señaló, para poner luego el ejemplo de Santa Fe y provincia de Buenos Aires. “No podemos estar tranquilos con los convenios colectivos, de ninguna manera; esto tiene que ser nacional, de todas las provincias y todos los municipios”, enfatizó.

Consideró que tomando lecturas comparativas de los distintos proyectos existentes, los comités, además de ser órgano asesor y de consulta, deben supervisar las políticas. “Sino es la ñata contra el vidrio: tienen que estar discutiendo supervisar las políticas acordadas en ese ámbito, porque sino nadie las supervisa”.

¿Qué más tienen que hacer los comités? Para Capone “un seguimiento constante de los compañeros que han sido lesionados por las condiciones de trabajo. Nuestro sistema de riesgo de trabajo está privatizado, y por eso son las empresas con fines de lucro las que sacan ganancia con los daños y malos eventos que sufren estos compañeros. Tienen que tener una mirada muy crítica supervisada, y tienen que supervisar que los mapas de riesgo que se hacen sean coherentes”.

La sindicalista consideró que “la alta litigiosidad está dada por la cantidad de trámites que tienen que hacer los compañeros; vale de ejemplo que el Covid no es considerado enfermedad profesional para los trabajadores de la salud. No puede ser que los trabajadores de la salud no tengan ese derecho”.

Asimismo expresó su coincidencia con la CGT respecto de que todas las empresas tienen que tener un delegado de prevención; a partir de 10 trabajadores deben tenerlo, elegirlos las organizaciones sindicales, y tienen que tener la idoneidad para discutir en un comité”.

Aclaró que los técnicos de las empresas también pueden aportar, pero sin voz ni voto. “Porque la coyuntura tapa a un comité, y la opinión de un experto tapa la voz de un compañero”.

Habló luego Juan Pablo Diab, asesor legal de CAME, quien sostuvo que esa organización “siempre ve con buenos ojos todo lo que sirva para el tutelaje y la salud de los trabajadores. El trabajador, para las PyMEs que representamos, es una fuerza productiva”. Señaló en ese sentido que la mayoría de empresas a las que representan no superan los 10 o 15 trabajadores en promedio, con lo cual el siniestro o enfermedad que pueda sufrir alguno de ellos es una quita muy fuerte productiva. “A lo cual también hay que destacar que el mismo empleador es un compañero de trabajo en la mayoría de los casos. Con lo cual está de los dos lados, porque está compartiendo las tareas”, dijo, considerando entonces que “es beneficioso tener una autoridad que tutele esto”.

Destacó que en Santa Fe “funcionan bien las normativas que se están aplicando, como los convenios que tienen conocimiento específico de cada actividad, con lo cual esos convenios pueden llegar a ser más precisos que una ley nacional. Tiene que haber una ley que no se contraponga a esos convenios; quizá habría que ver una ley más en sintonía, que ampare estas circunstancias”.

Con relación a la representación de un trabajador a partir de diez empleados, dijo: “Imagínense una PyME que no tiene riesgo o situaciones de higiene y seguridad, como son comercio de manera básica. No existen casi cuestiones que salgan del marco legal. Esa creación de la comisión y su funcionamiento puede entrometerse en horas productivas de producción de la empresas, con lo cual habría que rever el número de trabajadores y la escala a abordar”.

También desde CAME, Sergio Mascaró aclaró que “no cuestionamos las comisiones mixtas”. Y en respuesta a lo expresado por Cristian Jerónimo, sobre delegados que sean designados por las organizaciones sindicales, pidió tener en cuenta que “las PyMEs tienen pocos empleados y si vamos a tener mucha gente en las comisiones, vamos a sacarle gente a la productividad de las empresas”.

Pidió en tal sentido rever alguna cuestión en cuanto al funcionamiento. Comentó que el proyecto establece que se regulará el propio comité, pero no dice de qué forma, con qué mayoría. “En el caso del artículo 7 del proyecto, cualquier miembro del comité puede denunciar un caso a la autoridad de aplicación. En ese caso no sabemos si la actuación del comité va a ser colegiada o individual, porque si el trabajador va a poder denunciar por sí mismo, ¿qué función tiene el comité? Y si el empleador no está de acuerdo, el artículo 8 dice que constituiría una práctica desleal. Tendríamos que ver que analizar, discutir”.

Luego fue el turno de Ramiro Fernández, de la CTA Autónoma, quien brindó datos surgidos de un documento de la OIT: los accidentes y enfermedades de origen laboral tienen a nivel mundial un costo anual promedio del 4% del PBI, pero ese número es un promedio entre los países que hacen prevención y los que no.

En estas últimas estimaciones hechas en el documento “La seguridad en cifras”, se sostiene que las pérdidas llegan al 10% del PBI, no estando Argentina entre los mejores ni los peores casos. Pero sí por encima del promedio en los cálculos de pérdidas.

En cuanto a las enfermedades de origen laborales en nuestro país, donde según el Sistema de Riesgos del Trabajo, las mismas representan solo el 3,5% de los eventos denunciados, contrario a los porcentuales que indica la OIT, sosteniendo que en el promedio mundial, solo el 14% de las muertes en el trabajo son debidas a accidentes y que el resto son debidas a enfermedades de origen laboral. “Estos datos indican que más que un subregistro, lo que existe de parte del sistema es un ocultamiento liso y llano de las enfermedades vinculadas al trabajo”, advirtió.

Asimismo consideró que el texto del proyecto analizado no respeta la pluralidad sindical, al no permitir aumentar el número de miembros del comité en caso de que exista más de un sindicato. Pidió no limitar el número de representantes, y en todo caso que el voto sea proporcional al porcentaje de representación.

A su turno, Leo Bilanski, presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), señaló que “leyendo los proyectos nos parece muy bien la implementación de los comités de seguridad, para empresa de más de 10 trabajadores. Respecto de la cantidad de delegados, proponemos que quede a definición de la misma cantidad que se ha acordado en los convenios colectivos. También que haya pluralidad sindical, pero cuando no haya acuerdos, hay que incorporar una instancia de conciliación entre el sindicato y la entidad empresarial”.

Exdiputado nacional, Walter Correa estuvo presente en la reunión de la comisión, en su condición de secretario general del sindicato de Curtidores. En su condición de coautor de uno de los proyectos puestos a consideración, dio detalles del proyecto y puntualizó que “esto para nosotros es un piso y somos respetuosos como siempre de los convenios colectivos”. También fue crítico de las ART: “Nos abandonaron en la pandemia”, planteó.

También ex diputada nacional y coautora de uno de los proyectos, la santafesina Patricia Mounier es secretaria de Derechos Humanos de SADOP, y recordó la primera reunión informativa que hubo el año pasado con la presencia del Ministerio de Trabajo. Valoró la importancia de estos comités y “la posibilidad de participar en planes de prevención de esos accidentes o enfermedades”.

Señaló que “es importante entender que esta conformación de comité mixto no releva a las ART de sus obligaciones según la normativa vigente”.

Fue muy valioso el testimonio del representante de APL Carlos Gonzálvez, por cuanto habló en su carácter de responsable del Comité Mixto de la Cámara de Diputados detalló la experiencia que tienen ya con este sistema a partir del hecho de que funcionan desde 2016. Admitió que ya desde 1995 se había establecido que debían conformarlos, pero debieron pasar 21 años para comenzar a funcionar.

En la Cámara de Diputados funcionan con 3 representantes de las autoridades y 3 de los gremios, que agrupan a trabajadores de UPCN, ATE y APL. La presidencia se cambia una vez por año; uno corresponde a las autoridades de la casa y al año siguiente a los gremios. Cuando hay paridad, el que define es el presidente.

Gonzálvez contó la experiencia personal: “Al principio teníamos un poco de miedo sobre cómo iban a sucederse las cosas, como que iba a haber competencia entre los tres gremios, y con las autoridades del otro lado de la mesa. Fue todo bueno, con coherencia, sentido común. Hemos hecho muchísimas recorridas, trabajamos en los pasillos con la Dirección Médica, la Dirección de Obras”.

Destacó además que en la Cámara existe el cupo del 4% para personas con discapacidad. “La accesibilidad desde 2016 cambió completamente”, valoró. Además informó que los accidentes que había en los talleres y sectores de mano de obra bajaron 150 o 200 casos por año, a 70, en los que su mayoría corresponden a accidentes de desplazamiento dentro de la Cámara.

“El espíritu de la ley es bueno, más allá de que nosotros en nuestra organización tenemos los comités de Higiene y Seguridad desde el año 1975, por convenio colectivo de trabajo y estatuto. Alguna experiencia en esto tenemos”, señaló con suficiencia Paco Manrique, secretario de la CGT y adjunto del SMATA. Sentado a la derecha de Pablo Moyano, que asistió a la reunión, mas no hizo uso de la palabra, el gremialista justificó la postura expuesta por Cristian Jerónimo respecto de que el representante gremial en los comités no surja de los delegados, sino de la organización gremial. De lo contrario “siempre vamos a estar en desventaja”, dijo, en referencia a que cada dos años pueden cambiar los delegados y debería cambiarse el representante en el comité. “Formar un licenciado de Seguridad e Higiene lleva 5 años, y si lo quiero ingeniero, otros 5”, explicó destacando que debe ser la organización sindical la que designe sus representantes y es la que además los va a capacitar.

Bien concreto, Manrique señaló que “la ley especifica reuniones periódicas donde tienen que participar obligatoriamente las ART, y en mi industria las ART brillan por su ausencia. Entonces si vamos a poner en esta ley que es obligación de las ART presentarse, también que se pongan las sanciones que va a tener esa ART si no cumple ese requisito”. Puntualizó en ese sentido que “por ley si querés armar una empresa tenés que tener una ART, y las mismas dejaron de cumplir sus funciones porque no tuvieron control del Estado”.

Muy crítico del sistema de las ART, observó que “hay empresas en las que el ausentismo está provocado por la ausencia de la ART. Hay trabajadores que han estado tres años ausentes, estando en perfectas condiciones de volver a trabajar”.

“La ART pasó a ser un requisito legal, ya no es una herramienta funcional. Por eso me gusta esta ley”, cerró.

Fue el último de los invitados en exponer. A continuación, el diputado radical Fabio Quetglas, vicepresidente de la comisión señaló que habrá que analizar si la creación de los comités mixtos de seguridad e higiene es algo prioritario o no, en una Argentina que “se acerca a una crisis del mercado del trabajo muy severa”.

Señaló también que “se dijo que las ART nacieron con este sentido y hoy son solo un requisito. Tendríamos que preguntarnos si no tenemos que hacer algo para que funcionen bien. Los problemas burocráticos no se arreglan con más burocracia; lo tendríamos que saber”.

Puso como ejemplo en ese sentido de la policía. “Porque la Policía bonaerense era mala, se creó la Policía 2; y al tiempo tuvimos dos policías malas”, ejemplificó.

“El 72% del empleo privado en la Argentina se produce en unidades de menos de 20 trabajadores”, comentó también, convencido de que el tema tiene que avanzar por convenio. “No me parece oportuno que un país donde casi la mitad está en la informalidad, pongamos esto en la mesa antes de que pensemos cómo bajar esa informalidad”, cerró.

A continuación, el gremialista bancario y diputado nacional oficialista Sergio Palazzo expresó su discrepancia con el vicepresidente de la comisión al señalar que “el hecho de que exista una gran informalidad, no quita que se pueda avanzar con esto. Tenemos que avanzar con las dos cosas”.

La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, presidida por el oficialista Leonardo Grosso, retomó este miércoles el debate del proyecto sobre reciclaje de neumáticos fuera de uso y el proyecto de ley que modifica el artículo 49 de la Ley 24.051, de Residuos Peligrosos, sobre actualización del valor de los montos de las sanciones. Ambos pasaron a la firma y será el turno de la Comisión de Industria de darle tratamiento.

La iniciativa sobre neumáticos fuera de uso, que cuenta con media sanción del Senado, había sido tratado en el marco de un plenario junto con la Comisión de Justicia el pasado 16 de noviembre de 2021, pero perdió estado parlamentario.

En esa ocasión, al igual que en esta reunión, estuvo de invitada la jefa de Gabinete de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente de la Nación, Candela Nassi, quien sostuvo que “es un proyecto sumamente importante, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista económico y social”.

“Tenemos un tema de mucho consenso, con dos proyectos de ley que habíamos trabajado en la comisión el año pasado y que perdieron estado parlamentario”, comentó Grosso

En su exposición, Nassi destacó la importancia de “estar tratando estos proyectos que son muy esperados”. “En nuestra gestión y en el país lo que tiene que ver con los residuos de los neumáticos tiene una cuenta pendiente en lo que tiene que ver con el desarrollo de normativa”, precisó y recordó que en el 2013 la Secretaría de Control “había trabajado en una resolución que fue sancionada relativa a neumáticos que, justamente, analiza muchos de los aspectos que este proyecto trae porque tiene una jerarquía de opciones en lo que tiene que ver con la gestión”.

“Introduce responsabilidad post consumo como uno de los lineamientos fundamentales en lo que tiene que ver con la gestión de los neumáticos. Establece definiciones, objetivos y determina una suerte de sistema de gestión que resulta deseable para esta corriente de residuos”, explicó.

Además, señaló que “la propuesta está en sintonía con un proyecto que hoy es Ley que es la 27.279 para la gestión de envases vacíos de fitosanitarios, una ley que cuenta con 5 años que está reglamentada y que estamos implementando en el país. Establece una responsabilidad extendida del productor, es decir, que los fabricantes e importadores de envases o de productos fitosanitarios, responden no solo por la gestión sino por el financiamiento de los productos que ponen en el mercado de todo su ciclo de vida y sobre todo en la etapa de post consumo”.

“Este proyecto en materia de neumáticos va en sintonía con esta definición para la gestión de esta corriente, en donde el productor es el principal responsable, pero a su vez también introduce la responsabilidad de otros actores que son claves en la cadena como el generador o el usuario, consumidor de estos neumáticos y también el distribuidor o comercializador”, remarcó Nassi y sumó: “Son claves porque cuando hablamos de responsabilidad extendida no podemos dejar de señalar la importancia de lo que sería compartir esta responsabilidad con el resto de los eslabones de la cadena porque si el consumidor o usuario no devuelve el neumático difícilmente podamos implementar lo que tiene que ver con todo un sistema de gestión”.

En tanto, expresó el agrado de que “se haya incorporado la responsabilidad de estos sujetos”, pero cuestionó que “la ley deja muchas cuestiones abiertas en lo que tiene que ver con una reglamentación futura. Hablamos de un sistema de gestión, pero no esta tan desarrollado lo que tiene que ver con esta cuestión. Nosotros entendemos que la reglamentación va a ser la oportunidad de avanzar en este sentido. También se analiza lo que tiene que ver con la jerarquía de opciones, se incluye al coprocesamiento como una opción, no está dentro de las primeras porque se prioriza la reutilización y el reciclado y luego la valorización. Son los aspectos centrales importantes”.

“Es importante contar con esta norma, es una demanda constante que recibimos a nivel nacional desde las provincias y municipios”, destacó la funcionaria y preguntó: “¿Qué se hace con los neumáticos? ¿cómo gestionamos los neumáticos? más allá de las demandas que recibimos para el triturado de los mismos. Es un paso importante que nos debemos y tenemos que avanzar”.

Hizo uso de la palabra, el vicepresidente primero de la comisión, el pampeano Martín Berhongaray (Evolución Radical) informó que “desde el Instituto Nacional de Tecnología Industrial se comunicaron para poder ser escuchados en el marco de este tratamiento”, y señaló que “queda pendiente un giro adicional a la Comisión de Industria”, por lo que acordaron recibirlo en esa reunión.

A su turno, la diputada Natalia Zaracho (FdT) sostuvo que “no es lo que nos representa” porque “el Estado tiene que tener un rol más fuerte, articulando, verificando y que controle. También lo importante es que no tiene objetivos claros de cómo pensar cuántos neumáticos se van a recuperar. Eso para nosotros es muy importante que se aclare, pero vamos a acompañar porque creemos que es importante avanzar”.

Sobre el segundo proyecto tratado de Residuos Peligrosos, Nassi explicó que “es un proyecto que venimos esperando y venimos luchando desde la Secretaría. La Ley 24.051 del año 1991establece para el país todo lo que tiene que ver con la gestión de residuos peligrosos desde el momento de su generación hasta su disposición final pasando por todo lo que hace al transporte de operaciones y otras cuestiones”.

“Esta norma establece dentro de las sanciones una multa que fue fijada en australes y que nunca más se actualizó. Razón por la cual hoy tenemos montos realmente exiguos que están lejos de cumplir con la finalidad disuasoria en lo que tiene que ver con el incumplimiento de este tipo de conductas que están enunciadas en la norma. Esto implica que hoy estemos aplicando sanciones de 5.000 pesos con un máximo de 50.000 pesos. No se cumple con el mínimo requerido de los costos que implica para el Estado afrontar un expediente en donde se aplica una sanción de 5.000 y en caso de reincidencia de 10.000 pesos”, detalló.

En ese sentido, contó: “Por esta razón proponemos en este proyecto crear una unidad fija en sintonía con las unidades retributivas que están establecidos por el convenio colectivo. Es una unidad que se va actualizando periódicamente y nos aseguramos que tenga una actualización periódica que va en sintonía con los vaivenes de la economía y, básicamente, modifica la escala que tenemos a la escala actualmente que va del 1 al 100 a una escala del 1 al 1000 para que la multa mínima es de 900 unidades fijas lo que implicaría un mínimo de 128.300 de pesos”.

Al respecto, la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) adelantó el acompañamiento al proyecto porque “es sumamente necesario” y consultó: “En materia ambiental venimos fracasando en residuos peligrosos y fitosanitarios. Tenemos una ley que es sumamente compleja, difícilmente alguien de los que estamos podamos llegar a demostrar conocimiento cabal de lo que contiene la Ley porque es un infierno empezar a leer los anexos. Con lo cual uno a veces se pregunta ¿esto no podrá resumirse de otra manera la legislación? En el tema de fitosanitario solo basta empezar a recorrer las rutas de nuestro país para darnos cuenta, y perdónenme la palabra, pero es un fracaso la ley porque lo que más vemos es el desparramo de tachos en el sistema que hemos creado y que creíamos que era virtuoso. ¿El Ministerio de Ambiente tiene alguna iniciativa o está pensando que si es necesario trabajar o armar algún tipo de trabajo efectivo sobre los dos temas? Porque son preocupantes, son dos leyes que hay que revisar”.

“Estoy totalmente de acuerdo”, comenzó su respuesta Nassi y señaló que “fundamentalmente la Ley de fitosanitario es la más reciente, la Ley de Residuos es de adhesión, es anterior a la reforma constitucional que viene a introducir el concepto de presupuesto mínimo, lo cual complejizó aún más todo lo que tiene que ver con la gestión porque hacer una ley de adhesión implica que hay provincias que no adhirieron y no tienen este régimen vigente”.

Asimismo, informó que “en lo que estamos avanzando como autoridad de aplicación de las dos normas es en la implementación del sistema de trazabilidad, eso es fundamental desde el punto de vista de control. El sistema de trazabilidad nos va a permitir visualizar esto, con números efectivos, con metas que tienen que ir en sintonía con los objetivos de la gestión”.

En lo que respecta a residuos peligrosos, precisó: “Tenemos el SIMEL una herramienta que se está actualizando, un control de lo que tiene que ver con la gestión. Consideramos en que tenemos que avanzar en un proyecto superador. Hay una cuenta pendiente en lo que tiene que ver con los residuos en general, pero las herramientas de trazabilidad son en las que tenemos que avanzar para evaluar con números el efectivo cumplimiento de la normativa”.

En su intervención el diputado Pablo Torello (Pro) remarcó que “el Estado está debiendo el control antes de pensar en hacer otra ley. El problema es que en los lugares de recepción no hay lugar y falta gestión estatal, debemos hacer hincapié en eso”.

Por consigueitne, la jefa de Gabinete de Ambiente aclaró que “en ese caso el control recae en las autoridades provinciales. Nación tiene una obligación de control a nivel macro”.

A continuación, se aprobaron distintos proyectos de resolución y declaración.

En el marco de un plenario de las comisiones de Agricultura y Ganadería e Industria de la Cámara de Diputados, dirigentes de distintas entidades agropecuarias asistieron a una reunión informativa sobre el proyecto de ley de fomento al desarrollo agrobioindustrial.

La iniciativa, que fue destacada por el ministro Julián Domínguez en su visita a la Cámara baja el 22 de junio pasado, fue enviada por el Poder Ejecutivo y tiene como objetivo promover las inversiones de modo de incrementar la producción y las exportaciones del sector.

En primer lugar, José Martins, presidente de la Bolsa Cereales y vocero del Consejo Agroindustrial Argentino, aseguró a las 61 entidades que nuclea el CAA “lo único que nos une es ser capaces de contribuir a nuestra Nación generando propuestas de política de Estado”. El sector agropecuario “es un sector económico que, si bien hoy está posicionado para ser gran parte de la solución, tiene en sí mismo la oportunidad de duplicarse y crecer mucho más”, resaltó, por eso aspiró a “ser partícipes de la solución y no corresponsables del problema”.

El expositor explicó que “este proyecto lo que implica es la industrialización, ver de qué forma podemos agregar valor para crecer en exportaciones”, porque “somos muy eficientes en exportar productos primarios”, pero también “la industrialización debe darse en el interior, y eso generando empleo”.

Luego, Alfredo Paseyro, gerente general de Asociación Semilleros Argentinos (ASA), enumeró que se busca promover “la inversión, el empleo, la producción, la competitividad, el aprovechamiento integral de la biomasa”, entre otros puntos. En su intervención propuso que la ley tenga una vigencia de 10 años, con posibilidad de extenderla por ese mismo plazo -y no de 5, prorrogable por 5-, con el fin de “tener una mirada realmente integral”.

Sobre el sistema de “ventanilla digital” que prevé, indicó que se busca “no cargar con burocracia al que acceda a estos beneficios”, beneficios para los cuales pidió “estabilidad” considerando que “hay actividades como la forestal, semillera, hortícola que llevan más que tres o cuatro años en poner en valor sus producciones”.

En otro tramo, Paseyro propuso que la amortización acelerada, “en el contexto que estamos, sea directamente en el primer año”. “En el contexto inflacionario, lo que significa hoy para un PyME acelerar esa amortización, creemos que sería una mejora”, sumó.

A su turno, Daniel Urcía, presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA), destacó tres artículos del proyecto, entre ellos el que se refiere a la “valuación de la hacienda” para “reducir el problema que genera la ganancia por tenencia, tanto por aumento de peso como por efecto inflacionario”.

Lo que se busca es evitar que “en la invernada el productor se descapitalice por pagar Ganancias previo a la venta de la hacienda”, apuntó. También valoró los artículos que “vienen a solucionar parcialmente el desincentivo” que presentan los sectores de “pollos y cerdos, que requieren alta inversión por unidad productiva”.

Por su parte, Miguel Cané, presidente de ArgenTrigo, recordó que “tenemos pendiente una Ley de Semillas” para “incentivar y atenuar” la problemática del sector por la cuestión de regalías y propiedad intelectual. “En el cultivo de trigo dependemos enormemente de lo que es la fertilización”, señaló, por lo cual ponderó que los “incentivos” contemplados en la iniciativa “ayudan mucho”.

El presidente de CONINAGRO, Carlos Iannizzotto, opinó que “Argentina sale con este tipo de acuerdos, con esta forma de vincularnos”. “Muchos productores ven en este proyecto un foco de esperanza en un país que todos sabemos las situaciones que vivimos”. En esta propuesta “hay aliento a la producción, al empleo, promoción al federalismo”, al tiempo que “alienta el asociativismo en los servicios”, expresó. En la misma línea, consideró al proyecto como “una plataforma de lanzamiento para establecer las famosas políticas de Estado para que haya en el país reglas previsibles”.

Otra voz desde CONINAGRO fue la de Elbio Laucirica, quien abogó por que el proyecto “nos brinde las certezas, las previsibilidades, la confianza y el marco legal necesario para llevar adelante nuestras producciones”. “Necesitamos de estos acuerdos, de estos consensos y celebramos que nuestros representantes en el Congreso lo estén tomando en cuenta”, añadió.

Por Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, advirtió que “Argentina lo que necesita es empezar a pensar y decidir en políticas que tengan efectos a todos los niveles de la cadena, y no solo en eslabones”. “Los productores primarios necesitamos la atención en forma urgente de una reducción de carga impositiva, y que eso se dé con la eliminación de derechos de exportación es sumamente necesario”, reclamó, y dijo que en la iniciativa “no lo hemos visto plasmado”. “No quiero que se tome como crítica, ni como una defensa del sector primario, pero lo que estamos solicitando es un acto de igualdad”, agregó.

Avanzada la reunión, Antonio Aracre, CEO de Syngenta, subrayó que “el 70% de las exportaciones de este país vienen del sector agropecuario”, por lo cual es “importante cuidar al sector por la generación de divisas que trae”. “El uso de la tecnología es cada vez más crítico para el agro”, manifestó y afirmó que “no solo para que podamos exportar más, sino para que el planeta no siga sufriendo, para que podamos producir más sin dañar al medioambiente”.

En esa línea, observó que “el sector contribuye fiscalmente muchísimo” a través de las retenciones que, “en algunos casos son más de un tercio” y eso “compromete la rentabilidad del productor”; con lo cual “cualquier incentivo que lleve al productor a que en la compra de tecnología pueda tener algún tipo de recupero en otros impuestos” es “realmente muy importante”.

También presente en la reunión, expuso Matías Lestani, secretario de Agricultura, quien reveló que la elaboración del proyecto “llevó un montón de tiempo, revisión de artículos de leyes específicas y hasta los cálculos de impacto”. “Para el Ministerio es una condición trabajar en el desarrollo del fomento de las exportaciones y dar bases sólidas, este es un ejemplo de una política de Estado”, sostuvo.

Y reforzó que “justamente el sector más pujante de la economía argentina no tiene una política de Estado clara en este sentido, y esta ley es el primer peldaño”. “No cabe ninguna duda y no puede estar en objeción que este es un primer escalón importantísimo”, insistió. Asimismo, aclaró que “los consensos con cada área ya se hicieron y esta es la ventaja grande de este proyecto” que contó con “consensos entre el sector privado y público” y “un camino de construcción conjunta”.

El reclamo de la Sociedad Rural por las retenciones

Entre los oradores, asistió al plenario el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, quien aclaró que la entidad “no participó en ninguna de las instancias” del armado del proyecto, que consideró “busca impulsar las inversiones abordando temas aislados”, ya que “no contempla las verdaderas reformas estructurales que están generando las verdaderas causas de la baja inversión que tiene la Argentina, y que hacen que la economía no crezca desde el año 2012”.

Entre esas causas, mencionó “la alta carga tributaria y los derechos de exportación”. Sobre estos últimos, remarcó que “hoy no son legales, por eso la SRA inició un juicio en Córdoba”. “Pedimos al Congreso que tome este tema para evitar mayores daños y pérdida de institucionalidad”, reclamó.

Pino enumeró que se necesita “contar con una moneda estable; con una política cambiaria con un tipo de cambio unificado; disponer de un sistema financiero profundo; eliminar las intervenciones que alteran el normal funcionamiento de los mercados con cupos, con fideicomisos que afectan los precios que recibe el productor; eliminar las transferencias entre distintos eslabones de la cadena; contar con los insumos estratégicos, como el gasoil y los fertilizantes, dos insumos claves que hemos visto que en estos últimos días han faltado”.

En consonancia con la cuestión de las retenciones, le tocó luego hablar al jefe del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, quien expresó: “Los derechos de exportación son para nosotros un elemento que debería estar integrando y que integraba el documento, o los primeros papers que formaron parte de este trabajo que rescato”.

“Hay que incorporar (las retenciones) en esta discusión para que el parche deje de ser un poco menos parche”, afirmó y enfatizó que “hay que sacarle la pata de encima al productor, hay que dejarlo que produzca”. “No puedo ser muy optimista de que vayamos a doblar la producción, de que vayamos a obtener los números que están allí (por el proyecto) planteados, si no incorporamos algún capítulo en la ley sobre cuestiones como los derechos de exportación”, reforzó.

La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto vinculado a la prevención y el control de la resistencia antimicrobiana, que tiene por objetivo el uso responsable de los antibióticos y regula cuestiones referidas al expendio de los medicamentos. La votación resultó con 199 votos a favor y uno en contra.

Con en Cuidados Paliativos, el único voto en contra correspondió al diputado Ricardo López Murphy.

La iniciativa, impulsada el año pasado por el ahora senador Pablo Yedlin, y representada este año por los diputados Mónica Fein (PS), Daniel Gollan (FdT) y Rubén Manzi (CC-ARI), jerarquiza el “Plan Nacional de Acción para la Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana y las Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud”, y de la “Comisión Nacional de Control de la Resistencia Antimicrobiana (Conacra)”.

Se establece que “todas las especialidades medicinales cuyo ingrediente farmacéutico activo (IFA) tenga actividad antimicrobiana sistémica debe ser la de ‘venta bajo receta archivada’”.

Antes de votar, el diputado Gustavo Bouhid propuso una modificación en el artículo 13, la cual fue aceptada, y el texto quedó de la siguiente manera: “Las presentaciones destinadas a la promoción sin valor comercial, muestras gratis, muestras para profesionales o cualquier otra denominación abarcativa de los medicamentos que incluyan Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFA), que tengan actividad antimicrobiana sistémica, solamente pueden ser entregados a los pacientes bajo receta del profesional médico que autoriza su entrega, en cantidad suficiente para tratamiento completo y en un solo envase”.

Asimismo, indica que “deberá regularse y promoverse el uso racional y prudente de los antimicrobianos en salud animal y producción agroalimentaria a través de sus organismos competentes” y que “se eliminará gradualmente el uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento en animales para consumo humano”.

Entre otros puntos, se propone instituir el 21 de junio de cada año como Día Nacional del Uso Responsable de Antibióticos y el 9 de noviembre como Día Nacional de la Prevención de IACS, con el objetivo de promover la prevención, vigilancia y control de IACS y la educación a la población en la importancia de esta problemática.

El diputado Daniel Gollanfue el miembro informante de esta ley, que destacó que la misma fue “consensuada” en comisión y “cuenta con el aval de todos los bloques”.

Admitió que se trata de una cuestión “un poco técnica”, pero precisó que “es un problema serio, porque la humanidad se está quedando sin recursos terapéuticos para tratar enfermedades producidas por microbios”.

“Esperemos que no, pero es muy probable que alguno de los que estamos en este recinto necesitemos un agente antimicrobiano en el devenir de nuestra vida y no lo tengamos. No esté disponible el tratamiento adecuado para esta enfermedad, porque se está produciendo una pérdida acelerada de estos recursos terapéuticos”, comentó. “Hay hoy bacterias que no tienen el antibiótico correspondiente”, explicó.

Alertó sobre “un problema muy grande de automedicación”, que se da particularmente en nuestro país. Y dio otro ejemplo didáctico: cuando tomamos un antibiótico y “al tercer día nos sentimos bien, dejamos el tratamiento; tomé tres días de antibióticos en lugar de los siete que corresponden, y lo que sucede es que seleccionamos las bacterias que aguantaron los tres días y después esas se reproducen y son obviamente más resistentes y necesitan más cantidad de antibióticos”.

“Hay una serie de factores que están produciendo hoy esta situación de multiresistencia, cuando hay resistencia a tres bacterias; de resistencia extrema, cuando hay resistencia a la mayoría; y de panresistencia, que es lo que estamos observando en muchas situaciones, en donde además nacen siendo infecciones adentro de los hospitales, pero también empiezan a salir fuera de los centros de salud”, comentó.

“La historia de los antimicrobianos desde hace más de cien años”, dijo la diputada Rossana Chahla (FdT-Tucumán), recordando cómo la penicilina pudo salvar vidas, “y hoy estamos en riesgo de que esos antibióticos no puedan salvar vidas. Hoy se mueren en el mundo 700 mil personas por resistencia a los antimicrobianos. Y se prevé que para el año 2050, diez millones de personas van a morir por esta resistencia”.

¿Qué es la resistencia antimicrobiana?, se preguntó, y explicó: “Las infecciones son por hongos, bacterias, parásitos, y generalmente tenemos los antibióticos, los antiparasitarios, antimicóticos, para tratarlos. Los más conocidos son los antibióticos, que tratan a las bacterias; sin embargo el uso y abuso de estos antimicrobianos, ha generado que estos microbios, virus, parásitos y hongos muten y sean resistentes a los antibióticos, antimicóticos, antiparasitarios habituales”.

La automedicación hace su parte en el problema, puntualizó. “Muchos de los diagnósticos que hacemos son infecciones virales y damos antibióticos, que son para las bacterias, y ahí generamos la resistencia bacteriana. Esta resistencia que cuando la necesite, no va a poder actuar. Es lo que nos está pasando por ejemplo con 480 mil personas que tienen tuberculosis y que el tratamiento convencional ya no les funciona. O lo que nos está pasando con pacientes con HIV”, comentó la médica tucumana, que alertó que “va a llegar un momento en el que no va a haber antibióticos para solucionar las infecciones de las personas”.

Chahla sostuvo que “este proyecto busca actuar sobre las causas para prevenir y controlar la resistencia hacia los antimicrobianos, siguiendo las recomendaciones de la OMS y el plan de acción de la Asamblea de las Naciones Unidas”.

El diputado Rubén Manzi alertó por su parte que “hoy estamos asistiendo al retorno de la muerte por infecciones en cantidades alarmantes. Esto me hace acordar a ese ensayo de Humberto Eco llamado La nueva edad media. Por supuesto que Humberto Eco no se refería a la muerte por infecciones, pero también en la salud y la medicina se está volviendo a la Edad Media, donde la gente no se alcanzaba a morir por un infarto, sino por una infección”.

El diputado catamarqueño sumó otro elemento: “Los laboratorios ya no invierten tanto en la investigación de antimicrobianos, porque el poco tiempo útil que tienen de permanencia en el mercado los antibióticos, ya que las bacterias generan resistencia rápidamente, esa vida útil corta hace que esto no sea atractivo desde el punto de vista de una inversión. Por eso es necesario que los Estados tracen alianzas con la industria farmacéutica para reactivar nuevas investigaciones”.

Luego de varios meses, pues la media sanción se había votado en el Senado en octubre de 2020, la Cámara de Diputados convirtió en ley ya en la madrugada de este miércoles el proyecto de acceso de los pacientes a las prestaciones integrales sobre cuidados paliativos.

La aprobación no se consiguió por unanimidad como en el Senado, sino con 218 votos a favor, uno negativo y ninguna abstención. El voto en contra fue del diputado de Republicanos Unidos Ricardo López Murphy.

Miembro informante del proyecto fue la presidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, la socialista Mónica Fein, que habló de “acompañar en el buen morir a lo largo de todo el ciclo vital y en todos los niveles y modalidades de atención”.

Rescató el tratamiento del proyecto, pues de lo contrario iba a perder “por segunda vez estado parlamentario en esta Cámara”, dijo.

Resaltó que la aprobación de este proyecto “es garantizar el derecho al acceso a los y las pacientes a una prestación integral de cuidados paliativos acompañados por sus familias. Porque este proyecto piensa en las personas con sus afectos, sus familias, su círculo social y familiar”.

“Cuando hablamos de cuidados paliativos, hablamos de equipos interdisciplinarios, que son capaces de atender para abordar los problemas físicos, psicológicos sociales y espirituales que presentan a lo largo de su evolución en enfermedades potencialmente mortales y con énfasis en particular los que están al final de la vida”, apuntó la diputada socialista.

Agregó que “los cuidados paliativos hablan de una actitud humanizada de la medicina, de la compasión, pero basada en un método científico”.

Por otra parte apuntó que “se considera que el 98% de los niños y niñas que deben ser cuidados con estos tratamientos viven en países de ingresos bajos y medianos”. Y agregó que “en el mundo se considera que solo el 14% de las personas tiene acceso a los cuidados paliativos y se considera también que esos son los indicadores para nuestro país”.

Desde Juntos por el Cambio, el vicepresidente de la comisión, Rubén Manzi, destacó que “el cuidar está en la génesis de la medicina, en la génesis de cualquier sistema de salud. Y este proyecto apunta y fortalece el paradigma del rol de cuidado de un sistema de salud”.

“Este proyecto apunta a que ni la familia, ni el paciente que transita la etapa final de la vida la viva con la sensación de que fue abandonado por los que no pudieron curarlo”, señaló, considerando que “también es tarea de nuestro sistema recuperar la formación humanista  poniendo al sujeto de la acción del sistema. Y creo que tenemos que volver a trazar ese profundo compromiso empático entre los que cuidamos males con sistemas públicos de obras sociales y sistemas prepagos. Tenemos que trabajar en cada uno de los distritos para que esta unanimidad que tenemos en los dictámenes se transmita también en normas provinciales para adherirse a los principios de esta ley”.

Graciela Landriscini abogó por una aprobación unánime “para que refleje el espíritu del máximo respeto por la vida humana en los trances más difíciles de esa existencia, para cada uno de los enfermos y sus familiares”.

Entre otros oradores, el rionegrino Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro) ejemplificó la importancia de esta ley hablando del equipo de salud. “La posibilidad de que esta ley se ponga en práctica va a dar un empuje a esta transformación que están teniendo los equipos de salud, que van desde aquella situación en la que hablábamos del médico y los auxiliares de la medicina a pasar a hablar del equipo multidisciplinario de salud, donde todos somos importantes. Cada uno en su función”, dijo.

Observó además que “también va a ser necesario que en los nomencladores se fije precisamente, para que justamente en especial las prepagas, en especial aquellos que hacen al negocio de la salud, tengan en cuenta que este tipo de pacientes no pueden estar esperando excusas y múltiples papeles y formularios para poder acceder a las prestaciones”.

Cerró el debate la oficialista Jimena López, que se preguntó “cuántos de nosotros y nosotras estaría dispuesto a soportar el dolor en nuestras corporalidades no encontrando respuesta. ¿Cuántos días estaríamos dispuestos a convivir con este dolor? Tenemos que tener claro que hablar de cuidados paliativos es fundamentalmente hablar en el marco de los derechos humanos y pensar en un sistema de salud que ponga la atención de las personas en el centro”.

“Si bien yo entiendo que es un concepto de usos y costumbre hablar de pacientes, el paciente es básicamente el que espera, y acá en cuidados paliativos estamos trabajando en forma conjunta la posibilidad de acompañar a alguien que define una forma digna de morir”, sostuvo, por lo que consideró que “me parece que por ahí estaría bueno empezar a pensar que los usos y costumbres tienen que tener modificaciones en el sistema de salud para poder humanizar también las prácticas”.

Qué establece la flamante ley

La norma asegura el acceso de los pacientes a las prestaciones sobre cuidados paliativos en sus distintas modalidades en el ámbito público, privado y de la seguridad social, y el acompañamiento a sus familias.

Asimismo, define a los cuidados paliativos como “un modelo de atención que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades que amenazan o limitan la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana, evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos, sociales y espirituales”.

En ese marco, la ley tiene como objetivo “desarrollar una estrategia de atención interdisciplinaria centrada en la persona que atienda las necesidades físicas, psíquicas, sociales y espirituales de los pacientes”.

También se busca “promover el acceso a las terapias tanto farmacológicas como no farmacológicas disponibles y basadas en la evidencia científica para la atención paliativa”, e impulsar “la formación profesional de grado y posgrado, la educación continua y la investigación en cuidados paliativos”.

En el texto se determina a las obras sociales y entidades de medicina prepaga a cubrir los cuidados paliativos, aunque estos tratamientos ya están incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO).

Los principios establecidos son los del respeto por la vida y bienestar de las personas; la equidad en el acceso a las prestaciones; las intervenciones basadas en “la mejor evidencia científica disponible”; y el respeto de la dignidad y autonomía del paciente en las decisiones sobre los tratamientos y cuidados que ha de recibir a lo largo de su enfermedad.

Ya siendo día miércoles, y tras más de diez horas de sesión, Juntos por el Cambio intentó dejar sin quórum la sesión en la Cámara de Diputados con el objetivo de que no se aprobara el proyecto de creación del Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul” en la Plataforma Continental Argentina, donde yacen los restos del submarino ARA San Juan y su tripulación.

La iniciativa, de cuatro artículos, establece también que “ninguna cuota de pesca para dicha zona puede ser renovada, ni otorgarse nuevas una vez vencidas o revocadas las vigentes”.

Sin embargo, en la jugada no hubo unanimidad: los diputados de Encuentro Federal -comandados por Margarita Stolbizer- permanecieron en sus bancas mientras sus compañeros se pararon y esperaban el fracaso en el tablero, algo que no ocurrió, pues el proyecto recibió media sanción con 127 votos afirmativos, 2 negativos y una abstención, de Emiliano Yacobitti (Evolución Radical), quien quedó logueado en el sistema y tuvo que aclarar el sentido de su voto.

Entre los votos afirmativos se registraron los de los diputados de Encuentro Federal, Domingo Amaya, Sebastián García de Luca, Emilio Monzó y Margarita Stolbizer, pertenecientes a Juntos por el Cambio.

Los únicos dos votos negativos fueron de Claudio Vidal (SER)y Victoria Villarruel (La Libertad Avanza).

El debate estuvo marcado por una enfática defensa de la autora del texto, la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense), y el fuerte rechazo de Juntos por el Cambio. Desde ese sector de la oposición cuestionaron cómo se dio el debate y también los giros de comisión que tuvo el texto.

En ese sentido, antes de pasar a la votación, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, pidió la vuelta a comisión, algo que fue rechazado por el oficialismo en medio de gritos en el recinto. “No insultes, guardate las malas palabras”, reclamó Cecilia Moreau, vicejefa del Frente de Todos a sus pares de JxC que no dejaron hablar a Germán Martínez, el presidente de la bancada oficialista. El rechazo a la moción resultó con 90 votos afirmativos, 125 negativos y 2 abstenciones.

Tras las manifestaciones políticas sobre la situación económica, la sesión transcurrió sobre aguas tranquilas durante la discusión de proyectos de corte productivo, pero el clima se calentó promediando este debate.

La primera en hablar fue Camaño, quien recordó que “el 4 de agosto de 2020 nosotros aprobamos la Ley 27.557” de demarcación del límite de la plataforma argentina, que es “la que resuelve toda la temática en torno al área que estamos proponiendo”. “Hace más de 15 años los tribunales internacionales vienen repitiendo que hay una sola plataforma continental” y que “el Estado ribereño tiene derecho de soberanía en la explotación, la exploración y la conservación de los recursos”, explicó.

“Dice también la CONVEMAR que estos derechos son exclusivos e independientes de ocupación real o ficticia”, continuó y resaltó que “en la plataforma extendida argentina tenemos tres posibilidades sobre el fondo de mar: otorgamos permiso de pesca de arrastre, otorgamos permiso para exploración y explotación hidrocarburífera y minera, o la protegemos creando una zona bentónica”.

La bonaerense defendió: “Nosotros elegimos la protección porque tenemos dos motivos para hacerlo, el primer motivo es la presencia del ARA San Juan y sus 44 tripulantes que en el triste episodio del 15 de noviembre de 2017 quedaron en nuestro mar patagónico en eterno patrullaje de nuestra soberanía; y la segunda es la conveniencia de la protección de la biodiversidad de nuestros mares”.

“Hoy con la extensión aprobada por CONMEVAR podemos decidir conservar este área de 148 mil kilómetros cuadrados” que “luego de un intenso trabajo con el Poder Ejecutivo”, destacó Camaño, “perfeccionamos el proyecto”. Por ejemplo, a fin de “evitar litigios futuros y reclamos indemnizatorios dejamos fuera los 19 bloques de exploración hidrocarburífera licitados por el gobierno anterior”.
Además, la legisladora mencionó que “será el Sistema Nacional de Áreas Protegidas el que prepare el plan de manejo por cinco años, mediante un proceso consultivo y participativo”.

Y rechazó “los argumentos e incluso las amenazas que se nos hicieron de posibles traidores a la patria”, porque “son raros, son débiles, son incomprensibles, denotan desconocimiento y reflejan la anacrónica postura de aquellos que todavía suponen que los temas ambientales están reñidos con la producción”. “Las áreas protegidas cumplen un rol en la economía y esta no será la excepción”, completó.

Para argumentar el por qué del dictamen de minoría, la diputada de la Coalición Cívica Mariana Stilman criticó el “proceder antireglamentario” que tuvo el trámite de la iniciativa que, en 2020, había sido girada a las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto; Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios; y Defensa Nacional. “Cuando perdió estado parlamentario se volvió a presentar y se le volvió a dar el mismo giro”, subrayó, pero señaló que Camaño “solicitó el cambio de giro” y así se envió a Legislación General, y “desconocemos los fundamentos”.

También se quejó de que a la reunión para dictaminar “fuimos convocados intempestivamente”. “No podemos permitir el abuso y la manipulación de nuestro reglamento”, dijo y advirtió que de esta manera “estaríamos incumpliendo” el Acuerdo de Escazú “por el apresurado tratamiento de este proyecto”.

Luego fue el turno de otra diputada de la CC-ARI, Mariana Zuvic, quien encabezó las críticas. “Muchos estamos defendiendo los intereses de la Nación y con este proyecto está claro que no todos”, arrancó y argumentó que desde su espacio “no solo estamos a favor de las áreas marinas protegidas, sino que hemos promovido áreas marinas protegidas, y las seguiremos promoviendo, pero jamás en contra de los intereses de la Nación”.

Según la presidenta de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, la iniciativa “atenta contra compromisos asumidos por nuestro país” en materia ambiental, y cuestionó que “no hubo la más mínima deliberación, participación y debate” en torno al proyecto. Sobre esto, leyó varios pedidos de acceso a la información pública realizados a distintos organismos, en los que afirman no haber sido consultados.

Para la legisladora, se llegó a la sesión por “la soberbia desmesurada” y “la prepotencia política”. “Es un proyecto incoherente, ineficiente y contraproducente”, definió y explicó que “toda la columna de agua que cubre la superficie del área marina protegida propuesta es altamar, entonces rigen allí las seis libertades consagradas por la CONVEMAR, entre ellas la libertad de navegación y pesca”.

Zuvic remarcó que a la pesca ilegal de buques chinos “no estamos atacando con este proyecto, sino que los estamos beneficiando”. También alertó que la propuesta “conlleva consecuencias perjudiciales para los intereses económicos, ambientales y soberanos” y “es contraproducente” en cuanto a la soberanía sobre las Islas Malvinas. En su discurso rechazó además la “utilización infame y oportunista del trágico hundimiento del submarino ARA San Juan”.

Victoria Morales Gorleri sostuvo que la discusión de este tema “es una discusión que nos tiene que traer al consenso; nos tiene que unificar en la profundidad de una discusión en un tema tan importante, tan sensible, tan delicado”. Destacó además “la buena fe de la diputada Camaño y su trabajo y compromiso respecto de los temas ambientales, como en otros temas. Pero en este proyecto no dudo de su trabajo y su buena fe”.

“Como también quiero destacar el trabajo de nuestra senadora Gladys González, que también viene trabajando desde el Senado en una ley de estas características como el Agujero Azul”, recordó. No obstante, advirtió sobre algo que no es conocido, como el hecho de que la Cámara se renovó y los miembros de las comisiones que analizaron el tema “no han podido tener la oportunidad de esa discusión”, y ahí fundamentó el no acompañamiento del proyecto. “Ojalá este proyecto tuviera su vuelta a comisión y pudiéramos escuchar a todos los actores involucrados pertinentes. Todos han tenido la oportunidad de hablar, pero no ha sido en el marco de esta Cámara de Diputados, en las comisiones que corresponde por los giros establecidos en el reglamento de esta cámara”.

Por el contrario, Margarita Stolbizer adelantó el voto positivo del bloque Encuentro Federal al tema. También reconoció el trabajo que ha hecho Gladys González en este tema, y asimismo destacó al Gobierno de Cambiemos, tiempos en los cuales se definió la autoridad de aplicación de la ley en la Dirección de Parques Nacionales.

Stolbizer sostuvo que se habían dicho en el debate algunas cosas “equivocadas, inconsistentes”, al tiempo que llamó a “bajar de las proclamas ambientalistas que muchas veces se utilizan como cuestiones de moda, a pesar que los compromisos ambientales deben ser llevados a la práctica en acciones concretas. Y esta es una de esas oportunidades”.

“Lo que no puede la Argentina no cumplir los compromisos asumidos: la creación del Area Marina Protegida implica el compromiso para la Argentina de proteger al menos el 10% de sus zonas marinas y costeras, privilegiando las de mayor diversidad biológica. Son compromisos legales, que nos ponen a nosotros en la obligación de avanzar en este sentido”, enfatizó.

A su turno, desde la izquierda Alejandro Vilca adelantó el apoyo del PTS al proyecto. “¿Cómo no vamos a estar de acuerdo? No hay excusas de formalidades, ni de reglamento. Lo que hay es lobby, de las pesqueras, las petroleras, las mineras… Quieren que vuelva a comisión porque quieren que pase lo mismo que pasó con la ley de humedales, que a pesar de que tenía dictamen de una comisión, nunca se trató en esta comisión, a pesar de que centenares de organizaciones ambientalistas reclamaron”, se quejó.

Y agregó: “Como será que existe lobby, que el Gobierno en un momento trató de ceder a las offshore en las costas de Mar del Plata. ¿Sabe cómo se respondió? Con la movilización del pueblo. Lo mismo pasó en Chubut, donde el pueblo puso por delante la defensa del medio ambiente. Lo mismo que en Mendoza. Esa es la forma de enfrentar al lobby minero, el lobby de las petroleras”.

Cerró el debate desde el oficialismo la diputada Marcela Passo, que alertó sobre “los cucos que no sé por qué motivo se han querido sembrar sobre este tema”, y sostuvo frente a los cuestionamientos del tratamiento en comisiones, que “está sobradamente tratado este tema en las comisiones”.

“Hoy tenemos nuevamente la oportunidad respecto del mismo y plantear de una manera democrática las opiniones”, señaló, resaltando la “enorme coincidencia que tiene este proyecto”. Passo apuntó además que el proyecto cumple todas sus metas, como la de reglamentar eficazmente la explotación pesquera, poniendo fin a la pesca “ilegal y destructiva”. Al respecto destacó la opinión de la Subsecretaría de Pesca que manifiesta que “no solamente la creación de esta área protegida no generaría conflictividades y problemas, sino que además podría mejorar la situación en la Zona Económicamente Protegida”.

Y cerró afirmando que venía a apoyar el proyecto porque “en el Area Bentónica Agujero Azul protege el área donde yacen los restos del ARA San Juan y sus 44 tripulantes. 43 héroes, una heroína, que están en eterno descanso cuidando nuestro espacio marítimo”.

En la noche de este jueves, la Cámara de Diputados ratificó por 128 votos a favor, 77 en contra y 16 abstenciones el “Nuevo Acuerdo para Promover la Inversión y el Desarrollo de la Provincia de Tierra del Fuego-Fideicomiso para el Desarrollo Austral”, suscripto el 26 de noviembre de 2021 entre el Estado nacional y la provincia.

Los votos en contra fueron de gran parte del interbloque Juntos por el Cambio y los diputados libertarios. Mientras que las abstenciones correspondieron a Evolución Radical -dentro de JxC- y la izquierda.

De acuerdo al proyecto, el fideicomiso tendrá como objetivo financiar obras de carácter vial, de infraestructura sanitaria, de energía, portuaria, entre otras.

Mediante este nuevo convenio, el Estado nacional “se compromete a destinar de manera mensual y automática, el porcentaje correspondiente de las regalías hidrocarburíferas que percibe mensualmente por los lotes de explotación costa afuera del área Cuenca Marina Austral I”.

Además, Nación destinará la suma inicial 1.000 millones de pesos para el primer año de vigencia del nuevo acuerdo, “importe que será compensado de los recursos efectivamente recaudados”, reza la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo.

También detalla que el fideicomiso será administrado por un comité ejecutivo de administración compuesto por seis miembros: tres representantes del Estado nacional y tres representantes de la provincia. Y por un consejo técnico consultivo que estará compuesto por tres representantes del Estado nacional y tres representantes de la provincia, el cual tendrá como principal función asesorar, desde el punto de vista técnico, al comité ejecutivo de administración en la toma de decisiones vinculadas al fideicomiso y su ejecución.

En primer lugar habló la diputada oficialista Rosana Bertone, quien recordó los antecedentes del convenio en 2001, pero destacando especialmente el de 2011, bajo la presidencia de Cristina Kirchner. Para la exgobernadora fueguina, este nuevo acuerdo “nos da una oportunidad de alcanzar el desarrollo regional que tanto necesita nuestro país” y “se nos abre nuevamente una oportunidad de seguir creciendo, de consolidar nuestra provincia”.

“Fortaleciendo nuestra infraestructura fortalecemos también nuestro reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas”, consideró y abogó por tener “una provincia que sea autosuficiente y sustentable, que logre equilibrio fiscal”. Y agregó que más obras “es mejor calidad de vida para la gente y más puestos de trabajo”.

A continuación, Carolina Yutrovic, otra de las diputadas oficialistas por Tierra del Fuego, recordó que la implementación del fideicomiso de 2011 tuvo como objetivo “contribuir a una provincia que estaba en pleno crecimiento” y que “había habido una gran explosión en cuanto a la generación de empleo”, por lo cual “hacían falta esas obras de infraestructura y eran imposibles de afrontar con los recursos de una joven provincia”. En ese sentido, ponderó que en diez años “se pudieron hacer muchísimas obras necesarias”.

Desde la oposición, el macrista Federico Frigerio arrancó picante: “Hoy la provincia empezó con problemas de abastecimiento de combustible. Felicitaciones al oficialismo, dejaron sin combustible a todo el país”.

Respecto al acuerdo, el legislador consideró que “le quitará muchos derechos a los fueguinos para adelante” respecto del convenio anterior. En su discurso, destacó que durante la gestión anterior “se hicieron más de 15 obras y se desembolsaron más de 700 millones de pesos en nuestra provincia”, mientras que desde diciembre de 2019 “el fondo se paralizó por completo, se dejaron de girar las equivalencias y se paralizaron todas las obras”.

El fueguino explicó que se pasará del “50% en equivalencias de regalías al 20%”, y que con este nuevo convenio “se perderán 4.300 millones de pesos acumulados y el 60% de las regalías que le correspondían”. Sin embargo, adelantó su voto a favor porque “sería irresponsable perder aún más recursos”.

Después fue el turno de otro legislador del Pro, Héctor “Tito” Stefani, quien celebró la aprobación del acuerdo y sostuvo que “es una herramienta para el desarrollo industrial y productivo de mi provincia, tiene que ver con cuestiones de energía, servicios sanitarios, obras portuarias”. También resaltó que en la gestión anterior fue “el período donde más obras se hicieron”, mientras que con el convenio firmado por el gobernador Gustavo Melella se hace “perdiendo parte de las regalías y no habiendo realizado obras en los últimos dos años”.

En el cierre del debate, la oficialista Mabel Caparrós afirmó que este acuerdo “permite planificar el futuro, en este caso federal, de una provincia que es la más austral de la Argentina. Atiende al desarrollo provincial, pero también atiende la logística de los yacimientos nacionales en el territorio provincial, atiende cuestiones del riesgo ambiental en el territorio nacional, atiende conflictos laborales, y se fiscalizan las inversiones”.

“Es un fideicomiso que ha dado muchísimos resultados”, señaló la fueguina, que enfatizó que “Tierra del Fuego es soberanía, es la única provincia de la Argentina que tiene el conflicto más grave”, en relación a Malvinas, por lo que “debe ser cuidado, protegido, cuidado, acompañado en su desarrollo y crecimiento”.

Con 224 votos afirmativos y con la presencia del ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Daniel Filmus, la Cámara baja aprobó en la sesión de este martes el proyecto que extiende hasta el 31 de diciembre de 2034 el Régimen de Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna, e incorpora al sector de la nanotecnología.

Los votos negativos fueron 7 y corresponden a los cuatro diputados del Frente de Izquierda, los dos del bloque La Libertad Avanza y el liberal José Luis Espert. Vale resaltar que en esta votación el bloque Avanza Libertad se dividió, pues Carolina Piparo votó a favor.

La iniciativa, que pasó al Senado, había recibido dictamen favorable en las comisiones de Industria; Ciencia, Tecnología e Innovación; y Presupuesto y Hacienda, luego que oficialismo y oposición consensuaran algunas modificaciones a la versión original.

Abrió la ronda de oradores el presidente de la Comisión de Industria, Marcelo Casaretto (FdT), quien destacó el dictamen unánime al que se arribó en comisiones del proyecto enviado por el presidente el pasado 7 de abril del corriente año. “Tenemos en vigencia la Ley 26.170 votada en 2007, en ese momento se sancionó la Ley de Promoción de la Biotecnología. Posteriormente los beneficios de la ley fueron reglamentados por el gobierno anterior en 2018 poniendo en vigencia dos de los tres beneficios acordados. La actual administración reglamentó la vigencia del tercero de los beneficios”, contó.

“En la actualidad han entrado dentro de los beneficios en los tres proyectos de concursos que se hicieron empresas vinculadas a la salud animal, ala salud vegetal y humana. Hay beneficios en relación a vacunas”, informó el entrerriano y aclaró que al proyecto del Ejecutivo se le hicieron modificaciones que “básicamente amplían los beneficios de la Biotecnología a la Nano”, y destacó que “es un avance importante de la ley”. Respecto al vencimiento, informó que “la idea es prorrogar la vigencia del sistema por 12 años alcanzando los beneficios hasta el 2034”.

En suma, explicó que “es un proyecto importante que tiene que ver con la tecnología, con la Biotecnología, con la Nanotecnología que tiene que ver con incentivos fiscales. La ley contiene amortización acelerada en el impuesto a las ganancias, la devolución anticipada del IVA y la conversión en bono de créditos fiscal de los montos de las contribuciones a la seguridad social. Se amplió la definición de Nanotecnología y los procesos de base tecnológica”, y cerró: “Damos beneficios pensando en el presente y futuro de la Argentina”.

Flamante presidente de la Comisión de Ciencia, el radical Facundo Manes, resaltó la importancia del desarrollo científico y tecnológico argentino porque “debe afianzarse cada día más en la discusión política sobre un proyecto que nos lleve al desarrollo”.

“Cuando hablamos de política científica y tecnológica estamos hablando de reducir la pobreza, de la equidad, del crecimiento económico sostenido en el tiempo. En nuestro país hemos probado de todo, menos el camino al desarrollo”, cuestionó el neurocientífico y advirtió que “si no se aplican políticas estratégicas de innovación que mejoren la actividad económica al ritmo necesario, siempre tocaremos el techo de productividad”.

Sobre el proyecto de ley, reiteró que “viene a prorrogar un régimen de incentivos a las actividades productivas y de investigación y desarrollo en biotecnología moderna y lo extiende a las actividades de nano”. Al respecto, señaló que con las modificaciones que se hicieron “este régimen de incentivo, estructurado alrededor de proyectos, se complementa con el régimen incentivos a empresas estimulados con la Ley de Economía del Conocimiento, son clave para el crecimiento económico y para el desarrollo que nunca alcanzamos”, pero resaltó que los incentivos deben ir más allá de lo fiscal y de lo económico.

En su carácter de vicepresidenta de la Comisión de Ciencia, la diputada Mara Brawer (FdT) sintetizó que el objetivo central de la iniciativa es extender y dar un nuevo alcance a un régimen de incentivo y beneficios para quienes investigan y desarrollan en bio y nano tecnología.

“La Bio y la Nano tecnología representan una de las formas en que la ciencia, la investigación y la innovación basada en el conocimiento se hacen presente en nuestras vidas sin, quizás, darnos cuenta”, explicó la porteña y ejemplificó: “Los barbijos que usamos en pandemia tienen aplicada nanotecnología, los test de Covid, las semillas fuertes para resistir la sequía, los lamentos terapéuticos con nutrientes para mejorar la salud, las pantallas táctiles de sanidad, los instrumentos quirúrgicos para evitar enfermedades intrahospitalarias, todo eso es bio y nano tecnología y las vacunas”.

Y cerró: “No se puede pensar en políticas de desarrollo e investigación si no se sostiene en el tiempo, si no hay un Ministerio como instancia para pensar y diseñar la política científica y el lugar que queremos que el conocimiento, tecnología y ciencia ocupen”.

De la vereda de enfrente, el bonaerense Alejandro Finocchiaro (Pro) sostuvo que “esta ley resulta en un beneficio para la investigación, el desarrollo, la producción de bienes y servicios resultantes de la biotecnología moderna y la nano”.

“Celebro que estemos trabajando sobre esta ley, en medio del desasosiego que estamos”, comenzó el radical Fabio Quetglas y resaltó que “es una ley muy importante para el país más allá de los beneficios técnicos y promocionales”. A su vez, consideró que el país tiene “una enorme oportunidad en la bioeconomía que es la combinación de un conjunto de activos biológicos con conocimiento para producir bienes y servicios de valor. Esa combinación tiene una demanda creciente en el mundo, es parte de una revolución que nos ayuda a cuidar el ambiente, a garantizar la provisión alimentaria, a perfeccionar el sistema de salud, a mejorar procesos industriales, a colaborar con la transición energética”.

En suma, contó que “la industrialización de base biológica no es por aglomeración sino a repetición puede ser la base material de un nuevo federalismo”, y expresó: “La bioeconomía que depende de la biotecnología avanzada puede ser el picaporte para la argentina de nuestros sueños”.

El correntino Jorge Vara (UCR) precisó que es una “ley de 15 años, pero con la Nano estamos llegando antes, no es una realidad y ya estamos legislando sobre la cuestión”, y adelantó que “dentro de 5 años vamos a tener productos que va a reemplazar a los insecticidas que no son tóxicos porque son especialmente diseñados. Va a revolucionar la evolución”, pero advirtió: “Guarda con los 140 millones de dólares porque para eso necesitamos funcionarios que funcionen, inversión en aparatos que funcionen, sino la inversión no va a tener sentido. Hay que saber utilizarlo y aplicarlo”.

Por el interbloque Federal, el cordobés Ignacio García Aresca expresó que la ley “es fundamental para el crecimiento de nuestro país. Es una ley federal porque el desarrollo tanto bio como nanotecnológico se da en cualquier rincón porque hay más de 150 empresas en biotecnología y tienen ventas superiores a los 2.100 millones de dólares”, y destacó que “esta ley tiene piso, pero no techo porque es fundamental seguir teniendo esta matriz productiva para desarrollarnos en el tiempo”.

Contrariamente, la diputada de izquierda Myriam Bregman adelantó el rechazo al proyecto porque “mientras se profundiza la crisis social y económica del país, acá estamos discutiendo que los dos grandes partidos que tanto hablan de la grieta se ponen de acuerdo en votar beneficios patronales, y sería bueno que el pueblo trabajador lo sepa”.

“Si quieren apoyar la enorme capacidad científico tecnológica que tiene nuestro país, deberíamos estar discutiendo más presupuesto para las universidades públicas más presupuesto para el CONICET, para todo ese sistema público que tiene una enorme capacidad científica y tecnológica de lo cual los privados se apropian”, sugirió y acusó: “El conocimiento científico se lo apropian un puñado de empresas para usarlo en función de sus ganancias ¿o nos olvidamos de la pandemia? de que algunos laboratorios fabricaron la vacuna”.

En el mismo sentido se expresó el liberal José Luis Espert (Avanza Libertad) al preguntar: “¿Quién podría estar en contra de esta ley, de incentivos a la industria de la bio y nano tecnología? Nadie”, pero remarcó que “esta industria empezó a tener incentivos a partir del 2007 y tiene 15 años. Hoy la facturación en dólares es de 2.100 millones y el mismo mensaje del Ejecutivo dice que a nivel mundial la facturación ha llegado a los 75 mil millones de dólares. O sea que Argentina está cerca de representar en facturación cerca del 3% a nivel mundial”.

“Para tener idea a la enormidad a la que llegó Argentina en recaudación en bio y nano tecnología las exportaciones totales representan el 0,3% de las exportaciones mundiales, las ventas de bio representan 10 veces más que el promedio de nuestras exportaciones”, precisó Espert y consideró que “15 años después con esta ayuda realizada por los contribuyentes argentinos, me parece que ya es suficiente. Esta industria ya no necesita más el andador que los contribuyentes que no tiene poder de lobby han puesto durante 15 daños”.

Y finalizó: “No me parece que otros 15 años para que esta industria extraordinaria siga produciendo los beneficios que ha producido. No nos engañemos, estamos buscando soluciones particulares para un problema que es general. En todos estos años Argentina experimentó crisis económicas, no hay solución particular para los problemas estructurales”.

Puntos principales del proyecto

El texto, enviado por el Gobierno, extiende la vigencia de la Ley 26.270, que vence este año, así como también se incluye una actualización en los conceptos, considerando las circunstancias actuales de estos sectores productivos, y se dispone la creación de un nuevo registro de proyectos.

También, incorpora al sector de la nanotecnología, que se define “a toda aplicación tecnológica del conjunto de técnicas y ciencias en las cuales se estudian, manipulan y obtienen -de manera controlada- materiales, sustancias y dispositivos de dimensiones nanométricas”.

En cuanto a beneficios impositivos, prevé la amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias, devolución del IVA y conversión en bono de crédito fiscal en un 50% para los titulares de proyectos de investigación y/o desarrollos aprobados. De los dos primeros beneficios también gozarán los titulares de los proyectos de producción de bienes y/o servicios.

El proyecto indica que “serán aprobados únicamente los proyectos que impliquen un impacto tecnológico fehaciente y cuyos o cuyas titulares demuestren solvencia técnica y capacidad económica y/o financiera para llevarlos a cabo y que cumplan con los requisitos de bioseguridad establecidos por la normativa vigente”.

En tanto, se otorgarán hasta un máximo de 1 proyecto por año por cada persona humana y un máximo de 3 proyectos por año por cada persona jurídica.

Asimismo, se establece que deberá existir una comunicación entre la AFIP y el Ministerio de Economía “a efectos de verificar y controlar el estado de aplicación y uso de los beneficios fiscales”. Entre otros puntos, impulsa la creación de una Comisión Consultiva para la Promoción de la Biotecnología y la Nanotecnología; y se deroga el “Fondo de Estímulo a Nuevos Emprendimientos en Biotecnología Moderna”, atento a que su puesta en funcionamiento generaría una superposición de funciones en la misma autoridad de aplicación y la obligación de solicitar una patente ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Por amplia mayoría, la Cámara de Diputados dio media sanción este martes al proyecto de ley, impulsado por el Poder Ejecutivo, de promoción de la industria automotriz. Ahora, deberá ser tratado por el Senado.

A casi un año de su presentación, y luego que obtuviera dictamen en un plenario de comisiones, la iniciativa -que había nacido motorizada por el exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas– obtuvo 227 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención.

Los votos negativos corresponden a los diputados liberales (Avanza Libertad y La Libertad Avanza) y del Frente de Izquierda. En tanto, la diputada del monobloque “Creo” Paula Omodeo -que integra el interbloque de JxC- se abstuvo.

El proyecto apunta a promover las inversiones en todos los eslabones de la cadena de valor automotriz, es decir, terminales y autopartistas de los diferentes anillos, sistemistas y empresas que agregan valor a partir de procesos industriales.

Entre los beneficios fiscales plantea: devolución anticipada del IVA; amortización acelerada de los bienes de capital y de las obras de infraestructura; y que los derechos de exportación van a ser de 0% hasta el 31 de diciembre de 2031.

Además, la iniciativa declara a la Industria Automotriz-Autopartista como Industria Estratégica en la República Argentina.

✅ LEY AUTOMOTRIZ. APROBADA. Con 227 votos a favor, dimos media sanción a la Ley de Promoción de la Industria Automotriz en la Cámara de Diputados. Expuse los fundamentos del dictamen como Presidente de la Comisión de Industria. Inversiones y empleos para los argentinos pic.twitter.com/KCKe30xK0R

— Marcelo Casaretto (@mpcasaretto) July 5, 2022

Por medio de la iniciativa se propicia la creación del “Programa de Fomento a Nuevas Inversiones de la Industria Automotriz-Autopartista”, que comprenderá las inversiones en bienes de capital nuevos y obras de infraestructura realizadas por empresas industriales radicadas en Argentina.

Los beneficiarios podrán ser aquellas empresas que cuenten con proyectos de inversión aprobados por la autoridad de aplicación, mientras que no podrán acogerse al programa quienes estén declarados en quiebra, se encuentren en otro régimen de promoción o tengan morosidad.

Los bienes producidos en el marco de los proyectos de inversión deberán alcanzar un Contenido Mínimo Nacional (CMN), que se define en escalas progresivas de acuerdo a los vehículos o autopartes.

También se establece la creación de un Instituto de la Movilidad, con un directorio integrado por ocho miembros ad honorem designados por las cámaras empresarias y los sindicatos.

El debate

Abrió el debate el presidente de la Comisión de Industria, Marcelo Casaretto (FdT), quien señaló que “la industria automotriz es un sector estratégico, genera empleo calificado. Es un sector que genera exportaciones y atrae inversiones de largo plazo”. “Es un sector que tiene 650 mil empleos industriales en la Argentina, 200 mil empleos en forma directa, y 450 mil en forma indirecta”, ahondó.

El oficialista defendió que lo que se busca con esta ley es “generar estímulos para la inversión en la Argentina, para la generación de empleos y para la generación de exportaciones”. “Al conseguir estas inversiones, y al sustituir componentes extranjeros por componentes nacionales, estamos ahorrando dólares que saldrían por la compra de esos componentes. O sea, sustituimos importaciones. Además, estamos generando la potencialidad de mayores exportaciones, el sector está exportando el 60% de la producción en el país”, sumó el entrerriano.

Dura en su intervención, la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro) arrancó diciendo que quería “rendir homenaje” a “los industriales de este país, sobrevivientes de la política populista del kirchnerismo”, quienes “dan trabajo en las peores de las crisis, como estamos viviendo” y son “resilientes que se recuperan una y otra vez de las políticas populistas del Frente de Todos”.

“Este proyecto trae alivio fiscal a un sector que, como otros, está sufriendo una de las más grandes presiones fiscales en la historia tributaria argentina”, consideró la macrista y lanzó: “En esta Argentina del ‘salvase quien pueda’ vamos a ir ayudando a los que podamos, hasta que gobernemos nosotros, que vamos a tener una política general para toda la industria de los argentinos”.

También desde la provincia de Córdoba, el diputado Víctor Hugo Romero (UCR) resaltó que el sector tiene “falta de competitividad” por el “alto costo fiscal”, por lo que esta iniciativa “trae algo de certeza a la gran incertidumbre que existe en el país”. Con respecto a las disidencias en el dictamen, el radical explicó que desde su espacio proponen alícuota cero para las exportaciones en todos los sectores industriales.

Además tienen objeciones sobre la creación del Instituto de la Movilidad, para que “los recursos de ese Instituto se solventen con los mismos recursos de las empresas que trabajan en el sector”. En tercer lugar, piden que beneficios similares se apliquen a la maquinaria agrícola, “que también sufre el problema de la limitación del cupo de importaciones”.

A su turno, el presidente del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez (CF), remarcó que “la industria automotriz, las 13 terminales que existen en el país, están pasando la misma situación que la industria en general: el momento más disruptivo de los últimos tiempos a partir de las consecuencias en materia de logística y otros aspectos que ha traído como consecuencia la pandemia”.

“Está muy bueno el proyecto porque lo que hace es darle y proveer los instrumentos para que este sector estratégico adquiera toda aquella competitividad que nos hace falta frente a jugadores como Brasil, México, Sudáfrica, que son firmes competidores de nuestra industria automotriz y que, como toda inversión, requieren los plazos señalados para concretarse. Tenemos que seguir avanzando en muchos aspectos que hacen a esa competitividad”, expresó.

Victoria Tolosa Paz (FdT) completó el discurso de su compañero de bloque Casaretto y sumó que “este proyecto busca promocionar y poner en valor una industria que lleva muchísimo tiempo en la Argentina que ha tenido años muy buenos y años no tan buenos, que necesita ser revisada en la búsqueda del consenso, de las distintas fuerzas del parlamento”.

“¿Por qué creemos que esta ley tiene en su cuerpo normativo la búsqueda de seguir incentivando la integración de toda la cadena de la industria automotriz en la Argentina que busca un componente claro de acompañamiento en los pisos mínimos de exigencia en esa integración de valor, según sean cada una de estas industrias de terminales, o de autopartes o automotor pesado, esa mirada de la cadena de valor que pone un piso para lograr que la ley encuentre, no solo al Estado Nacional promoviendo la actividad y logrando parte de ese financiamiento, sino que busca permanentemente algo que va a beneficiar no solamente a las 11 terminales sino a cada una de las autopartes que ensamblan la cadena de valor para llevar un mercado automotriz potente en la Argentina”, explayó.

En ese sentido, destacó que “son beneficios impositivos que buscan un mejor apalancamiento en el financiamiento de las inversiones y esto tiene que ver con la devolución del IVA que busca acelerar la amortización y la ventaja del 9% de retenciones a las exportaciones. Es industria madre porque va a generar puestos de trabajos, la competitividad nos permite revisar cómo liberamos parte de este esfuerzo compartido”.

Otra voz del Frente de Todos fue la del cordobés Eduardo Fernández, quien informó que “antes de esta ley, la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba ya estimaba el incremento de operarios entre 1.500 a 2.000 trabajadores, confirmados con los aumentos de producción”; y que las exportaciones, en lo que va del año 2022, en la producción de automotores en su provincia “aumentaron un 40%”.

“Esta ley viene a completar un proyecto productivo, un proyecto de Estado con intervención en el mercado”, sostuvo y añadió que “hay capacidad para incrementar la producción, tenemos posibilidad de atraer inversiones para provincias como Santa Fe y Córdoba”.

Por su parte, el puntano Alejandro Cacace (Evolución Radical) planteó estar de acuerdo con “impulsar y fomentar las inversiones”, pero aclaró que “es imposible hablar de este proyecto sin hablar del contexto en el que fue presentado”. Acto seguido, recordó que “el proyecto fue firmado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y por el ministro de Producción, Matías Kulfas. Ninguno de los tres está en sus cargos”.

En su discurso, el radical se preguntó: “¿Cómo incentivar la industria automotriz en una situación de falta de estabilidad total de la economía?”. “Hablamos de cómo incrementar las exportaciones de autos, pero resulta que las terminales automotrices denuncian la falta de insumos para poder producir esos autos”, subrayó. Y continuó expresando que “no hay economía en el mundo que pueda crecer con más de 30 puntos de inflación. El oficialismo sigue en sus discursos con esto del ‘crecimiento imparable’. No hay forma de estimular las inversiones de un sector, ni tiene previsibilidad una empresa para invertir, si no tiene otras condiciones de estabilidad nuestra economía. Eso es lo primero que hay que discutir, al igual que la competitividad de la economía del país”.

Desde la izquierda, el diputado Nicolás Del Caño (PTS-FIT) apuntó contra el oficialismo porque “presentan el proyecto como si vivieran en otro planeta”, y cuestionó la iniciativa que le da “más beneficios a las multinacionales automotrices como la devolución anticipada del IVA, la reducción de pagar Ganancias”. “Se habla de darles previsibilidad, pero ¿a quién les da previsibilidad? A estas patronales para que paguen 0% por derechos de exportación hasta el 2031. ¿Qué previsibilidad se les da a las grandes mayorías populares del país? Ninguna, lo único que saben es que el ajuste es contra ellos”, cargó.

El bonaerense se quejó de que “acá presentan este proyecto de Guzmán y de Kulfas como una panacea, y los otros (por JxC) piden darle más beneficios. Es una vergüenza, indignante el debate que estamos escuchando”. Además resaltó que “la industria del neumático está llevando a cabo una importante lucha que cuenta con 10 días de huelga”.

También en contra del proyecto, pero desde la vereda de enfrente a la izquierda, el liberal José Luis Espert (Avanza Libertad) sostuvo: “Una vez más la industria automotriz premiada, como viene ocurriendo desde hace por lo menos medio siglo. Una industria que en Argentina está en absoluta decadencia, por eso necesita permanentemente respiradores artificiales como lo es este proyecto de ley”. Para el diputado se trata de “menos impuestos hoy para más impuestos mañana” y un “apoyo espurio a industrias que se sostienen con consumidores que pagan esta fiesta”.

Al cierre de la ronda de oradores, el santefecino Carlos Núñez (Pro) señaló que “un Gobierno nacional debe generar incentivos para todos los sectores. Esto debe estar dirigido a las PyMes que son el 98% de las empresas de la Argentina y generan el 65% del empleo primado formal”

“El Poder Ejecutivo debe beneficiar a todos los sectores y no a uno en particular”, insistió y remarcó que el país “debe tener un plan para todos que permita comenzar un camino de crecimiento, de desarrollo y sobre todo un camino de futuro”, y reclamó que esa política tiene que ser pensada de manera “integral con todos los sectores y todas las provincias, regiones, y deben ser ellas las que definan cuáles son las industrias estratégicas que quieren potenciar, pero que cumplan ciertos requisitos como exportación, cuidado de ambiente, generación de empleo”.

Por último, el bonaerense Hugo Yasky (FdT) consideró: “Tenemos la oportunidad de aprobar una ley que surgió de un consenso anterior al que pudimos construir nosotros en las distintas comisiones, en el Consejo Económico Social. Ahí se empezó a discutir la posibilidad de proponer la base de lo que constituye esta ley”. Asimismo, destacó el aporte que hicieron los sectores sindicalistas, trabajadores y PyMes.

Luego de que en el recinto de la Cámara baja se dedicara el primer tramo de la sesión a analizar lo que sucedió el fin de semana en el seno del Gobierno, el interbloque de Juntos por el Cambio emitió un comunicado en el que advierten que “el Gobierno pretende esconder la crisis actual y no va a poder hacerlo”.

“El país está en crisis y el Gobierno no quiere dar explicaciones en la casa del pueblo. El oficialismo propone un temario alejado de la gravedad actual: se niega a hablar sobre la inflación, sobre la pobreza, sobre el país paralizado por la falta de gasoil y por la inseguridad”, expresa el comunicado, en el que remarcan que “el Gobierno pretende esconder la crisis actual y no va a poder hacerlo”.

Así las cosas, sostienen que “no van a poder barrer la mugre bajo la alfombra: a esta crisis la generaron ellos y tienen que dar cuenta de las decisiones políticas y del plan para solucionarla. Los diputados no vamos a mirar para otro lado mientras el país se derrumba”.

En el mismo sentido de lo expresado en el recinto, el comunicado afirma que “Juntos por el Cambio viene dando enormes muestras de responsabilidad. Como oposición no podemos ni debemos cogobernar, pero estamos plenamente comprometidos con acompañar las soluciones responsables que ataquen los problemas de fondo que causan la situación que nos aqueja”.

Aclaran que “esto no significa aceptar la imposición de una agenda alejada de la urgencia. Los argentinos estamos muy preocupados al no ver ni plan ni salida de la crisis que nos toca vivir por la irresponsabilidad del oficialismo. Sufrimos un gobierno confundido que no da claridad ni precisiones”.

La principal oposición reclama “la presencia inmediata del jefe de Gabinete, de la ministra de Economía y del presidente del Banco Central en el Congreso ya no es un pedido, es una necesidad impuesta por la urgencia de la hora y por el compromiso con los argentinos”.

Remarcan también que Juan Manzur, jefe de Gabinete de Ministros, asumió hace más de nueve meses y no pisó el recinto de la Cámara de Diputados, incumpliendo el artículo 101 de la Constitución Nacional que lo obliga a asistir cada dos meses a cada cámara legislativa. Exigimos que dé la cara y explique el plan que tiene el Gobierno, si es que lo tiene, y responda todos los interrogantes que tenemos los argentinos”.

Cabe recordar que este martes se anunció que Manzur concurrirá a la Cámara de Diputados el mes que viene.

Cerró la discusión sobre la crisis política el jefe del bloque oficialista de la Cámara baja, Germán Martínez. Arrancó quejándose de que la mayoría de los diputados de Juntos por el Cambio que habían protagonizado lo que definió como “este espacio de reflexiones en voz alta” ya no estaban en el recinto. “Nuestro bloque está escuchando atentamente cada una de las reflexiones que están haciendo y llama la atención que cuando tiene que expresarse nuestro bloque casi ninguno del bloque opositor está en el recinto”.

“Siento que podríamos entrar en un análisis punto por punto, indicador por indicador, número por número, para rebatir muchas de las cosas que se están diciendo aquí, pero sin embargo lo que van a desmentir muchas de las cosas que se están diciendo es el propio orden del día de hoy”, arrancó Germán Martínez, que detalló a continuación cada una de las leyes que tratarían en la sesión.

Comenzando por las inversiones de la industria automotriz; el fideicomiso austral y la de bio y nano tecnología. “Detrás de cada una de las leyes hay una Argentina que se resiste a caer en la desesperanza”, enfatizó, para agregar que lo decía porque “escuché muchas cosas; está claro que eligieron hasta en algunos tonos irrespetuosos criticar al presidente de la Nación, el compañero Alberto Fernández; eligieron también otros poner como siempre a nuestra vicepresidenta en el ojo de las críticas”.

“¿Qué hay detrás de eso?”, se preguntó, y aclarando que respetando la libertad de opiniones que existe en democracia, para él “hay desde hace un tiempo largo en la Argentina un plan sistemático para que los argentinos y las argentinas bajen los brazos. Y los sectores opositores, junto a aquellos sectores más concentrados de la vida económica argentina, tienen un plan absolutamente en tándem”.

“Desde este lugar, creo que tenemos que hacer nosotros todo lo contrario –aseguró-. Nuestra tarea es ser constructores de esperanza en el seno del pueblo argentino. Porque cuando el pueblo tiene la autoestima por el piso, es el momento propicio que eligen las corporaciones para imponer las reglas de juego”.

Tras enumerar todo lo que como oficialismo tienen que defender, sostuvo que deben también “inyectar en cada lugar de la vida política argentina la esperanza que necesita el pueblo argentino para seguir caminando”.

“No está todo mal en la Argentina, y tenemos la obligación de que se vea el vaso completo. Acá hay algunos que quieren que solo se vea lo que falta”, se quejó.

“Sobre el final, aludió a los contextos de oportunidad “que abre esta situación tan dramática que es la guerra”, y concluyó insistiendo en que “tenemos una enorme oportunidad y no debemos hacerles bajar los brazos al pueblo argentino”.

A tres días de la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, el recinto de la Cámara de Diputados volvió a abrirse para la realización de una sesión con proyectos consensuados, pero la crisis en el Gobierno y la situación económica que atraviesa el país fueron las primeras cuestiones que se abordaron.

En una extensa reunión de Labor Parlamentaria que se llevó a cabo previo a la sesión, el oficialismo aceptó el pedido de la oposición para que hubiera cinco minutos por jefe de bloque para dejar una “reflexión” sobre la coyuntura nacional que estalló con el recambio en el Ministerio de Economía, comandado ahora por Silvina Batakis.

La primera oradora fue la diputada del PO-FIT Romina Del Plá, quien aseguró que “estamos frente al fracaso completo del gobierno del Frente de Todos que se ha manifestado en la renuncia del ministro Martín Guzmán. Un fracaso del conjunto del gobierno del Frente de Todos: de la pata albertista, de la pata cristinista, de la pata massista”. Y consideró que “no es otra cosa que el fracaso del acuerdo con el FMI”.

Al recordar la discusión sobre el arreglo con el Fondo en cuanto a “una deuda usuraria y fraudulenta que había que desconocer de plano”, la legisladora de la izquierda mencionó que desde ese sector habían advertido que “nos iba a llevar a un aumento de la pobreza, del ajuste, de la precarización laboral y por supuesto del endeudamiento”.

“Guzmán es nada más y nada menos que el ministro que cerró el acuerdo con el FMI” y “ocurrió lo que anticipamos, la devaluación, inflación, mayor ajuste, incluso un tarifazo que todavía no han podido terminar de armar, pero que se viene inexorablemente”, añadió.

Luego fue el turno del líder de Avanza Libertad, José Luis Espert, quien expresó que “Argentina no solo está atravesando una nueva crisis, sino que es una crisis que se va a profundizar lamentablemente”, y señaló que es “la octava vez en 60 años que el país se encuentra en esta situación”, producto de “ocho planes económicos que terminaron igual”.

“Debería hacernos doler y a la política darnos vergüenza; cada siete años y medio Argentina se prende fuego por malos planes económicos”, dijo el legislador liberal, que opinó que hay que “cambiar tres denominadores comunes” como la sustitución de importaciones, las leyes laborales y además que “tenemos un Estado de un tamaño gigantesco, que no solo no sirve para nada, sino que demuele al sector privado”. “No nos va a ir nunca bien si seguimos discutiendo la Ley de Gravedad. Argentina tiene futuro y ese futuro es liberal”, concluyó.

Nuevamente desde la izquierda, la diputada Myriam Bregman del PTS-FIT sostuvo que “estamos ante las consecuencias previsibles del acuerdo firmado con el FMI”, que se trata de “un acuerdo inflacionario, deliberadamente recesivo y que ata al conjunto de la economía a conseguir dólares”. “El FMI es el FMI, y sigue siendo el FMI, y se lo devoró a Guzmán”, lanzó y criticó que ese acuerdo “se fue construyendo ladrillo a ladrillo en este recinto” con, por ejemplo, el cambio de la fórmula de movilidad o los “presupuestos de ajuste”. “Las cosas van mal porque está todo mal en la economía, porque atarse al FMI significa esto que estamos viviendo hoy”, ratificó.

El jefe del interbloque Provincias Unidas, Luis Di Giacomo, manifestó que “estamos pasando por una situación lamentable en nuestro país”, y que calificaba como lamentable porque “termina siendo perjudicial para todos”. Además, observó que la situación actual se debe a que falta “resolver desde el oficialismo hacia dónde vamos a dirigirnos desde el punto de vista político y económico”.

El diputado de Juntos Somos Río Negro cuestionó a la parte de la oposición -en referencia a Juntos por el Cambio- que “está más ocupada en ver quiénes ocupan distintas grillas de un premio que ya creen que han ganado”. En esa línea, diferenció que “somos mayoría en esta Cámara los que queremos arribar a consensos y estos consensos son absolutamente necesarios para que finalmente podamos resolver temas que están pendientes”.

Le siguió en la lista de oradores el presidente del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, quien hizo “un llamado al equilibrio, a la mesura, a la racionalidad en un momento muy delicado para la Argentina”, especialmente para “las familias más humildes, para la clase media trabajadora, para los que en cada rincón de la Argentina la pelean día a día para salir adelante”.

“El problema no es de la política” sino de “los que están soportando desde hace ya varios años los desaciertos, la imprudencia, la soberbia de los que gobiernan alejándose cada vez más”, reflexionó el bonaerense, que remarcó “el quiebre, la ruptura, la confrontación” que hay en la coalición de gobierno. “Se pierde la confianza por la crisis política”, analizó y agregó que “si la coalición de gobierno no se reconcilia con la sociedad es imposible un acuerdo más amplio”, al tiempo que advirtió que tampoco “se puede ir a un acuerdo con un gobierno que está quebrado”.

Por el bloque de La Libertad Avanza no habló su jefe, Javier Milei, sino su compañera de banca Victoria Villarruel, quien opinó que “estamos en un momento de los más graves de los últimos 20 años” con “un Gobierno y una oposición que van a contramano de lo que está sufriendo el pueblo argentino”. Además, cuestionó que se los cita a “tratar proyectos de ley que le interesan solo a pequeños sectores de la sociedad”.

“Eligen evitar discutir una reforma tributaria; eligen atarnos a los países atrasados y dictatoriales del mundo; eligen seguir destruyendo la seguridad jurídica, sin la que hay posibilidad alguna de crecimiento”, enumeró la porteña y sumó que “nadie se hace responsable de este desmadre, del socavamiento de las instituciones y de la falta de futuro para nuestro pueblo”.

Juntos por el Cambio encendió más la mecha

En el arranque de los discursos de Juntos por el Cambio, el porteño Ricardo López Murphy sostuvo que “estamos viviendo los albores de una gravísima crisis” que “se asocia a cuatro cosas muy básicas” como “la falta de gobernanza en la coalición oficialista; un mal diagnóstico y una pésima ejecución de las políticas que han diseñado; ideas profundamente equivocadas, como que el déficit no genera inflación o que la deuda en pesos no cuenta y podían emitir lo que quisiera; y que carecen de la más elemental credibilidad”. En su discurso llamó a “volver a la sensatez en materia económica”.

A su turno, la diputada de Encuentro Federal Margarita Stolbizer aseveró que “la política es la responsable de ordenar o desordenar la vida nacional, en general, y en particular la economía”, pero “tenemos un Gobierno que ha perdido prácticamente su credibilidad y no puede llevar adelante una política pública”. “Para ordenar un sistema económico lo primero que hay que ordenar es el Gobierno”, expresó y adhirió a los “llamados a la cordura y responsabilidad que se han hecho”.

Enfático, encendió la mecha el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien observó que “tenemos un presidente de la Nación sin entidad política y con leve, casi nula, entidad institucional y eso nos preocupa a todos”. También fue lapidario con Martín Guzmán, al calificarlo como “un oportunista, descarado, escandaloso, que se fue en este momento solo porque no se quiere hacer cargo de lo que va a pasar en pocos días, de que su modelo fracasó”. Y también se despachó contra Silvina Batakis: “Si tenemos suerte va ser una almacenera, si tenemos mucha suerte va a ser una buena almacenera”.

Por el bloque Evolución Radical, el cordobés Rodrigo de Loredo aclaró que “la oposición no está para cogobernar, para dar nombres de funcionarios u opinar sobre Gabinetes”, pero “si necesitan de nosotros para validar políticas públicas que insinúen una senda de solución a los problemas que nos aquejan, van a contar con nosotros”.

“¡Estamos para tirar un vaso de agua al incendio que ustedes provocaron, ya suficiente con la nafta que ustedes se encargan de tirarle día a día a la Argentina!”, lanzó y afirmó que son una oposición “leal” a “las instituciones de la República y no nos interesa, ni se nos ocurre, construir ni cimentar un triunfo electoral de las cenizas de un país en ruinas que hayan dejado ustedes por internas intempestivas y furiosas”.

Avanzados los discursos, el jefe de la UCR, Mario Negri, arrancó: “Tengan la tranquilidad que nosotros no empujamos a nadie. En otros tiempos nos empujaron a nosotros. Pero podemos decirles fraternalmente: no se empujen entre ustedes, porque la sociedad argentina va a terminar en un abismo”. “Estamos frente a un presidente débil, un Gobierno débil, pero que además en los últimos 30 días han triturado de una manera casi irresponsable, ineficaz, la confianza de la sociedad. Y han subido al máximo la incertidumbre”, advirtió.

En nombre del bloque Pro, el santafesino Luciano Laspina afirmó que se está ante “una situación extremadamente delicada” producto de “una crisis de solvencia” que se generó por el “descalabro fiscal que se ha generado en estos dos últimos años”. En ese sentido, repasó que, durante esta gestión, la deuda en pesos pasó de “900 mil millones a 8 billones de pesos”; y la deuda del Banco Central “trepó en 40 mil millones de dólares”. Asimismo, “el déficit fiscal volvió a niveles que no se veían desde 2015, destruyendo todo el esfuerzo que se había hecho en los años previos”.

“El ministro se fue no solo dejando una bomba, sino dejando una bomba en pleno proceso de estallido, lo cual es mucho más criticable, y esa es la herencia con la que ahora tiene que lidiar el nuevo equipo económico”, cuestionó el economista. También opinó que “la crisis política es el síntoma, no es la razón de la crisis”, sino que se trata de que “estamos asistiendo al final de un ciclo de populismo que lleva 20 años”.

Muy crítico de Guzmán, el presidente del Pro, Cristian Ritondo, dijo que “nosotros no estamos viendo una foto de este fin de semana, nosotros estamos viendo una película que empezó mucho tiempo atrás, pero que repitió uno de los peores capítulos el 10 de diciembre del 2019 cuando nos prometían que nos traían al joven maravilla que demostró no entender nada de política, pero tampoco nada de economía”. Y tampoco ahorró cuestionamientos a la flamante ministra: “La herencia de Guzmán a Batakis no es mucho peor que la que ella nos dejó a nosotros en provincia”. 

La defensa del oficialismo

Antes de la palabra del jefe del Frente de Todos, hablaron en el recinto dos diputadas del oficialismo. Una de ellas fue Rosana Bertone, quien aseguró que en comparación con la crisis de 2001 “hoy las provincias argentinas no tienen ni cerca esa realidad”, y enumeró que hay “pleno empleo, crecimiento industrial, actividad en el turismo, vuelos llenos”. “Esa es la realidad de Tierra del Fuego y me atrevo a decir que también de las provincias de la Patagonia”, sumó.

En tanto, la entrerriana Blanca Osuna subrayó que el Gobierno recibió “una crisis de doble herencia, de la herencia amarilla y la pandemia sobreviniente, de la deuda atroz”. Y salió al cruce de discursos en los que se criticó la política educativa: “Si hay algo que el macrismo destruyó absolutamente fue el sistema educativo”. “En cada uno de sus días dio la espalda a necesidades básicas y derechos fundamentales”, criticó a la gestión de Cambiemos y, tras reconocer que “hay problemas” y “el desafío de nuestro Gobierno es encararlos”, rechazó el “cinismo manifiesto” de Juntos por el Cambio.

Finalmente, Germán Martínez sostuvo que “hay desde hace un tiempo largo en la Argentina un plan sistemático para que los argentinos y las argentinas bajen los brazos. Y los sectores opositores, junto a aquellos sectores más concentrados de la vida económica argentina, tienen un plan absolutamente en tándem”. “No está todo mal en la Argentina, y tenemos la obligación de que se vea el vaso completo. Acá hay algunos que quieren que solo se vea lo que falta”, dijo el santafesino.

Presidida por Sergio Massa, la Cámara de Diputados comenzó su sesión de este martes a las 14.09, en lo que se considera será la última previo al “informal” receso de invierno en el Congreso, con el objetivo de tratar un conjunto de proyectos consensuados, entre ellos algunos vinculados a la salud y otros a la producción, impulsados desde el Poder Ejecutivo.

La referencia al titular de la Cámara baja tiene que ver particularmente con el protagonismo que tuvo en el intenso fin de semana que se vivió en la quinta de Olivos tras la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía, y durante el que circularon fuertes rumores que lo hacían dentro del Gobierno. Finalmente continuará en su cargo.

Tras una extensa reunión de Labor Parlamentaria, el interbloque Juntos por el Cambio aceptó aportar al quórum para que comience la sesión -que estaba citada originalmente a las 13-, a cambio de cinco minutos para que cada jefe de bloque haga alusión a la situación política y económica del país.

Al tratarse de una agenda de consenso, nunca estuvo en riesgo la realización de esta sesión, además de que el oficialismo la había pedido junto a los interbloques Federal y Provincias Unidas. Sin embargo, era muy complicado pensar que en la reunión no se hiciera referencia a la crisis que atraviesa el Gobierno nacional. Incluso, antes de comenzar la sesión, los opositores Mario Negri, Cristian Ritondo, Juan Manuel López, Rodrigo de Loredo, Margarita Stolbizer y Ricardo López Murphy dieron una conferencia de prensa en el Salón Pasos Perdidos.

El temario

A casi un año de su envío al Congreso, se debatirá el proyecto de ley de promoción de la industria automotriz, una iniciativa que fue impulsada por el exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

El proyecto tuvo un único dictamen en las comisiones, aunque Juntos por el Cambio firmó con disidencias. La iniciativa apunta a promover las inversiones en todos los eslabones de la cadena de valor automotriz, es decir, terminales y autopartistas de los diferentes anillos, sistemistas y empresas que agregan valor a partir de procesos industriales.

Entre los beneficios fiscales plantea: devolución anticipada del IVA; amortización acelerada de los bienes de capital y de las obras de infraestructura; y que los derechos de exportación van a ser de 0% hasta el 31 de diciembre de 2031.

Además, declara a la Industria Automotriz-Autopartista como Industria Estratégica en la República Argentina; y propone la creación de un Instituto de la Movilidad, un aspecto cuestionado por la oposición; entre otros puntos.

También, el pleno debatirá el proyecto que busca extender el Régimen de Promoción establecido en la Ley 26.270 de “Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna” hasta el 31 de diciembre de 2034.

La nueva norma incluirá al sector de la nanotecnología, que se define “a toda aplicación tecnológica del conjunto de técnicas y ciencias en las cuales se estudian, manipulan y obtienen -de manera controlada- materiales, sustancias y dispositivos de dimensiones nanométricas”.

La iniciativa plantea una actualización en los conceptos, considerando las circunstancias actuales de estos sectores productivos, así como también se dispone la creación de un nuevo registro de proyectos.

En cuanto a beneficios impositivos, prevé la amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias, devolución del IVA y conversión en bono de crédito fiscal en un 50% para los titulares de proyectos de investigación y/o desarrollo aprobados. De los dos primeros beneficios también gozarán los titulares de los proyectos de producción de bienes y/o servicios.

Por otro lado, también se discutirá otro proyecto enviado por el Poder Ejecutivo sobre la ratificación del “Nuevo Acuerdo para Promover la Inversión y el Desarrollo de la Provincia de Tierra del Fuego-Fideicomiso para el Desarrollo Austral”, que fue suscripto el 26 de noviembre de 2021 entre el Estado Nacional y la provincia de Tierra el Fuego.

El temario incluye un proyecto de la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) que propicia la creación del área marina protegida bentónica “Agujero Azul”, en la Plataforma Continental Argentina. Se trata de una superficie de 164 mil kilómetros cuadrados, lindero a la Zona Económica Exclusiva -pero por fuera de ella-, y donde yacen los restos del submarino ARA San Juan. La iniciativa cuenta con el aval del oficialismo, mientras que el interbloque Juntos por el Cambio firmó en comisión un dictamen de minoría de rechazo.

En la sesión se tratará, además, un proyecto -con media sanción del Senado- de acceso de los pacientes a las prestaciones sobre cuidados paliativos en sus distintas modalidades en el ámbito público, privado y de la seguridad social, y el acompañamiento a sus familias.

En la misma línea, se votará una iniciativa que tuvo dictamen favorable de la Comisión de Acción Social y Salud Pública referido a la prevención y el control de la resistencia a los antimicrobianos.

En una breve reunión, la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, presidida por la oficialista Cecilia Moreau, avanzó con el dictamen de un paquete de proyectos consensuados que establecen distintos días nacionales. También se avalaron iniciativas vinculadas a transferencias de inmuebles.

Para defender su propuesta de declarar al partido de San Fernando como “Capital Nacional de la Náutica”, la diputada Alicia Aparicio (FdT) señaló que “son numerosas las características de la zona que ameritan esta distinción”. El distrito cuenta con “23 kilómetros cuadrados continental densamente poblados” y “924 kilómetros de territorio en delta, que es tres veces la Capital Federal”, destacó.

En cuanto a la náutica, la legisladora indicó que “es una de las actividades más notables del distrito, con gran presencia de astilleros, clubes náuticos. Hemos recibido y hemos tenido grandes deportistas que han obtenido títulos importantes. Además hay una actividad canalera, comercial y de madera”.

Aparicio, madre del intendente de San Fernando, Juan Andreotti, mencionó también que el partido cuenta con la sede de la Cámara Argentina de Constructores de Embarcaciones Livianas (CACEL). “Los vecinos de San Fernando sentimos una gran identidad con el río y con la actividad náutica”, aseguró y recordó que “el 27 de octubre se cumplen 50 años de haber sido declarada por la Secretaría de Turismo de la Nación como capital Nacional de la Náutica”. “Este proyecto va a permitir el reconocimiento pero también el desarrollo de la región de manera sustentable”, finalizó.

A favor de un proyecto que transfiere inmuebles desde el Estado Nacional a la Municipalidad de Paraná, Entre Ríos, la diputada Carolina Gaillard (FdT) explicó que se trata de un conjunto de terrenos ubicados en el Puerto “para que puedan reutilizarse y ponerse en valor”. “Están en un estado de obsolescencia donde se coloca chatarra graficó, y argumentó que se busca que “se transforme en un espacio cultural” para el “desarrollo del borde costero”.

Autora de una iniciativa para declarar el 22 de mayo de cada año como el Día Nacional de la Biodiversidad, la legisladora Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) sostuvo que “la biodiversidad nos ofrece múltiples posibilidades, implica una serie de valores no solamente de orden ecológico y genético, sino también sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos, estéticos” que “implican una serie de obligaciones para su defensa y su conservación”. “Es un tema que lo hemos incorporado en la Ley de Educación Ambiental y como un tema fundamental a partir de la adhesión al Acuerdo de Escazú”, añadió.

A su turno, la diputada Romina Del Plá (PO-FIT) destacó el consenso entre su proyecto y otro similar presentado por diputados del oficialismo para que se declare el 17 de junio de cada año como el Día Nacional de los Trabajadores Caídos y Desaparecidos en el Mar, en memoria de las víctimas del hundimiento del Buque Repunte y de todas las víctimas de tragedias mientras desarrollaban sus actividades laborales embarcados.

La bonaerense expresó que la iniciativa “ha sido a pedido de los familiares” para “poder tener esta fecha en función de concientizar sobre la situación que viven los trabajadores embarcados”. “Es de apoyo y de abrazo a todas aquellas familias que siguen peleando por los derechos de sus familiares que han caído en condiciones de trabajo y de navegación que no eran las que correspondían y que no fueron debidamente controladas las medidas por los organismos que debían realizarlo”, resumió.

Luego, la diputada Vanesa Siley (FdT) ponderó el proyecto para instituir el día 23 de agosto como el Día de la Militancia Sindical en honor a Felipe Vallese, un delegado metalúrgico que “es considerado el primer desaparecido en la República Argentina” el 23 de agosto de 1962. “Es un reconocimiento, una reparación, una reivindicación a un joven de 22 años como era Felipe Vallese”, dijo.

Por su parte, la diputada Dina Rezinovsky (Pro) se refirió al proyecto que instituye a la primera semana del mes de marzo como “Semana Nacional de Lucha Contra la Discriminación por Obesidad o Sobrepeso”. “El tema de la obesidad es un tema muy difícil para quienes lo padecemos, sobre todo el tema de la discriminación, el bullying al que muchas veces somos sometidos”, reveló.

En ese sentido, la diputada “celeste” recordó que “después de la media sanción del aborto fue noticia nacional lamentablemente” los agravios que recibió por su postura en torno al tema, haciendo hincapié en su condición corporal. “El insulto mucha veces es el recurso que se tiene cuando no se puede rebatir una idea”, reflexionó, y abogó por tratar también proyectos vinculados a “la alimentación saludable en las escuelas” y “un empleo digno para que la gente pueda tener ingresos” que le permitan acceder a alimentos saludables.

Durante el encuentro, en el que se firmaron el paquete de proyectos, también fue designado como secretario de la comisión el diputado oficialista Federico Fagioli.

En la previa del “informal” receso invernal en el Congreso, la Cámara de Diputados sesionará este martes desde las 13, con el objetivo de tratar un conjunto de proyectos consensuados, entre ellos algunos vinculados a la salud y otros a la producción, impulsados desde el Poder Ejecutivo.

Sergio Massa, protagonista del intenso fin de semana que se vivió en la quinta de Olivos tras la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía, y durante el que circularon fuertes rumores que lo hacían dentro del Gobierno, presidirá la sesión, en su rol de titular de la Cámara baja, cargo en el que continuará.

Al tratarse de una agenda de consenso no se puso en peligro la realización de esta sesión, pero la crisis que atraviesa el Gobierno y la situación política y económica del país podría colarse en los discursos de la oposición, mediante cuestiones de privilegio, por ejemplo. A las 11.30 está citada la reunión de Labor Parlamentaria, donde se definirá el orden y la cantidad de oradores.

A casi un año de su envío al Congreso, se debatirá el proyecto de ley de promoción de la industria automotriz, una iniciativa que fue impulsada por el exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

El proyecto tuvo un único dictamen en las comisiones, aunque Juntos por el Cambio firmó con disidencias. La iniciativa apunta a promover las inversiones en todos los eslabones de la cadena de valor automotriz, es decir, terminales y autopartistas de los diferentes anillos, sistemistas y empresas que agregan valor a partir de procesos industriales.

Entre los beneficios fiscales plantea: devolución anticipada del IVA; amortización acelerada de los bienes de capital y de las obras de infraestructura; y que los derechos de exportación van a ser de 0% hasta el 31 de diciembre de 2031.

Además, declara a la Industria Automotriz-Autopartista como Industria Estratégica en la República Argentina; y propone la creación de un Instituto de la Movilidad, un aspecto cuestionado por la oposición; entre otros puntos.

También, el pleno debatirá el proyecto que busca extender el Régimen de Promoción establecido en la Ley 26.270 de “Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna” hasta el 31 de diciembre de 2034.

La nueva norma incluirá al sector de la nanotecnología, que se define “a toda aplicación tecnológica del conjunto de técnicas y ciencias en las cuales se estudian, manipulan y obtienen -de manera controlada- materiales, sustancias y dispositivos de dimensiones nanométricas”.

La iniciativa plantea una actualización en los conceptos, considerando las circunstancias actuales de estos sectores productivos, así como también se dispone la creación de un nuevo registro de proyectos.
En cuanto a beneficios impositivos, prevé la amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias, devolución del IVA y conversión en bono de crédito fiscal en un 50% para los titulares de proyectos de investigación y/o desarrollo aprobados. De los dos primeros beneficios también gozarán los titulares de los proyectos de producción de bienes y/o servicios.

Por otro lado, también se discutirá otro proyecto enviado por el Poder Ejecutivo sobre la ratificación del “Nuevo Acuerdo para Promover la Inversión y el Desarrollo de la Provincia de Tierra del Fuego-Fideicomiso para el Desarrollo Austral”, que fue suscripto el 26 de noviembre de 2021 entre el Estado Nacional y la provincia de Tierra el Fuego.

El temario incluye un proyecto de la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) que propicia la creación del área marina protegida bentónica “Agujero Azul”, en la Plataforma Continental Argentina. Se trata de una superficie de 164 mil kilómetros cuadrados, lindero a la Zona Económica Exclusiva -pero por fuera de ella-, y donde yacen los restos del submarino ARA San Juan. La iniciativa cuenta con el aval del oficialismo, mientras que el interbloque Juntos por el Cambio firmó en comisión un dictamen de minoría de rechazo.

En la sesión se tratará, además, un proyecto -con media sanción del Senado- de acceso de los pacientes a las prestaciones sobre cuidados paliativos en sus distintas modalidades en el ámbito público, privado y de la seguridad social, y el acompañamiento a sus familias.

En la misma línea, se votará una iniciativa que tuvo dictamen favorable de la Comisión de Acción Social y Salud Pública referido a la prevención y el control de la resistencia a los antimicrobianos.

Lunes 4 de julio

14:00 hs. Tercera jornada de reflexión y debate “A 11 años de la sanción de la Ley de Salud Mental y Adicciones”. En el Senado. Organiza el senador nacional Mario Fiad junto con la diputada nacional Marcela Campagnoli.

14:00 hs. Inauguración de la muestra de arte “Ecléctica 8”.

17:30 hs. Comisión de Legislación General de la Cámara baja.

Martes 5 de julio

10:00 hs. Audiencia pública de la Comisión de Acuerdos del Senado.

10:30 hs. Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de Diputados. Protocolos y convenios.

11:30 hs. Reunión de Labor Parlamentaria de Diputados.

13:00 hs. Sesión en la Cámara de Diputados.

15:00 hs. Reunión entre el embajador de los Estados Unidos, Marc Robert Stanley y los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado.

16:00 hs. Reunión plenaria de las comisiones de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda del Senado, y luego reunión de la Comisión de Educación y Cultura. Tratan asignaciones específicas previstas para industrias e instituciones culturales sobre impuestos. Asistirá el vicepresidente de Enacom, Gustavo López.

17:00 hs. Comisión de Cultura de la Cámara baja.

Miércoles 6 de julio

10:00 hs.  – Audiencia pública de la Comisión de Acuerdos del Senado.

11:00 hs. Diputados de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Industria. Proyecto de Desarrollo Agroindustrial, con invitados.

13:00 hs. Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja. Comité Mixto de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo. Con invitados.

14:00 hs.  – Reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. Proyecto de régimen previsional diferencial para combatientes de incendios forestales y/o rurales. Régimen de Contrato de Trabajo – respecto de incorporar como partícipes en las ganancias a los trabajadores afectados, como un mecanismo de justa compensación.

16:00 hs. Comisión de Familias, Niñez y Juventudes. Reunión con especialistas en la temática de maltrato infantil.

16:00 hs. Reunión plenaria de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda. Proyecto de ley en revisión de incentivo a la inversión, construcción y producción argentina.

A continuación, reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Proyecto de ley en revisión que crea el régimen transitorio de reintegros impositivos para la adquisición de las unidad que prestan servicio de vehículos automotores de alquiler con taxímetro.

Jueves 7 de julio

10:00 hs. Audiencia pública de la Comisión de Acuerdos

14:00 hs. Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados. Proyecto por el cual se establecen los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los neumáticos fuera de uso.

Viernes 08 de julio

10:00 hs. Muestra de arte “Ecléctica 8”, de Diego González Arts

Lunes 4 de julio

14 hs Tercera jornada de reflexión y debate “A 11 años de la sanción de la Ley de Salud Mental y Adicciones”. Organiza el senador nacional Mario Fiad junto con la diputada nacional Marcela Campagnoli.

14 hs Inauguración de la muestra de arte “Ecléctica 8”. Organiza la senadora nacional María Teresa González.

Martes 5 de julio

10 hs Audiencia pública de la Comisión de Acuerdos del Senado.

10.30 hs Encuentro de legisladores. Participarán senadores y diputados nacionales junto con representantes del Parlamento Patagónico. Organiza el senador Carlos Linares.

10.30 hs Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de Diputados.

11.30 hs Reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria de Diputados.

13.00 hs Sesión Especial de la Cámara de Diputados.

16.00 hs Reunión plenaria de las comisiones de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda – Reunión de la Comisión de Educación y Cultura del Senado.

17 hs Reunión de la Comisión de Cultura de la Cámara baja.

Miércoles 6 de julio

10 hs Audiencia pública de la Comisión de Acuerdos del Senado.

11 hs Reunión plenaria de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Industria de Diputados.

13 hs Reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados.

16 hs Reunión de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de Diputados.

16 hs Reunión plenaria de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda – Reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado.

Jueves 7 de julio            

10 hs Audiencia pública de la Comisión de Acuerdos del Senado.

14 hs Reunión de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados.

Viernes 8 de julio

10 hs Muestra de arte “Ecléctica 8”, de Diego González Arts. Organiza la senadora nacional María Teresa González.

El oficialismo convocó a una Sesión Especial en la Cámara de Diputados para el próximo martes 5 de julio a las 13, a efectos de tratar una serie de proyectos de interés que no concitan mayores controversias con la bancada opositora.

De esta manera llegará al recinto el proyecto de ley de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz-Autopartista que fue enviado por el Poder Ejecutivo en agosto del año pasado y obtuvo dictamen en comisión el pasado jueves de forma consensuada, por lo que se descuenta su aprobación.

También se incluyó en el temario, que cuenta con el común acuerdo entre el FdT y la oposición para su media sanción, el proyecto que modifica la Ley 26.270 de sustitución de su denominación por Ley de Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna y la Nanotecnología.

Otras de las iniciativas que se debatirán son el Fideicomiso para el Desarrollo Austral que establece un acuerdo nuevo para promover la inversión en Tierra del Fuego; y el proyecto que crea el área marina protegida “Agujero Azul” en la Plataforma Continental.

En materia de salud, se convertirá en ley el proyecto que brinda el acceso de los pacientes a las prestaciones integrales sobre cuidados paliativos, ya que tiene media sanción del Senado; y se aprobará el proyecto para declarar de interés público nacional la prevención y el control de la resistencia antimicrobiana.

El dato curioso es que no está incluido en el temario el proyecto de Compre Argentino, siendo que fuentes del oficialismo habían adelantado a este medio que estaría en el temario en búsqueda de su media sanción, pero al no contar con los números para su aprobación, ya que Juntos por el Cambio se plantó en la vereda opuesta, evitando toda posibilidad de que la iniciativa salga por unanimidad, dieron marcha atrás. Cabe recordar que el 24 de mayo pasado, y después de varias reuniones de las comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda, emitieron dos dictámenes para esta iniciativa impulsada desde el Poder Ejecutivo que eleva la preferencia de empresa nacionales en licitaciones públicas.

Otra de las novedades es que tampoco se encuentra en el temario el proyecto de emergencia en el transporte del interior -que lleva a un monto de 59.500 millones de pesos los recursos del Fondo Compensatorio- que había sido firmado por unanimidad en la Comisión de Transporte.

Tampoco se encuentra en el listado el proyecto -con media sanción- que crea un Fondo Nacional, compuesto por la recuperación de dólares “fugados”, para pagarle al FMI y la reforma de la Ley de Alquileres. En ninguno de los dos casos el Frente de Todos cuenta con los votos, pero la oposición, que se había ilusionado con la posibilidad de infringirle al oficialismo una nueva derrota, deberá seguir negociando pues todos los apoyos que presumía encontrarían ahora no están.

LOS PUNTOS CENTRALES DE LOS PROYECTOS

A continuación, detallamos las iniciativas que se debatirán en el recinto:

Industria automotriz

La iniciativa apunta a promover las inversiones en todos los eslabones de la cadena de valor automotriz, es decir, terminales y autopartistas de los diferentes anillos, sistemistas y empresas que agregan valor a partir de procesos industriales.

Entre los beneficios fiscales plantea: devolución anticipada del IVA; amortización acelerada de los bienes de capital y de las obras de infraestructura; y que los derechos de exportación van a ser de 0% hasta el 31 de diciembre de 2031.

Además, el proyecto declara a la Industria Automotriz-Autopartista como Industria Estratégica en la República Argentina.

Se crea el “Programa de Fomento a Nuevas Inversiones de la Industria Automotriz-Autopartista”, que comprenderá las inversiones en bienes de capital nuevos y obras de infraestructura realizadas por empresas industriales radicadas en Argentina.

Los beneficiarios podrán ser aquellas empresas que cuenten con proyectos de inversión aprobados por la autoridad de aplicación, mientras que no podrán acogerse al programa quienes estén declarados en quiebra, se encuentren en otro régimen de promoción o tengan morosidad.

Los bienes producidos en el marco de los proyectos de inversión deberán alcanzar un Contenido Mínimo Nacional (CMN), que se define en escalas progresivas de acuerdo a los vehículos o autopartes.

También, se crea un Instituto de la Movilidad, con un directorio integrado por ocho miembros ad honorem designados por las cámaras empresarias y los sindicatos.

En el plenario, el presidente de la Comisión de Industria, el oficialista Marcelo Casaretto, reseñó entonces que “en relación al texto original, se cambió el artículo 12° en relación con la redacción técnica del tema del IVA. En relación a los otros temas planteados, el 6, el 13, el 27 y el 2, los vamos a considerar en los próximos días entre la firma de este dictamen hasta el momento del tratamiento en el recinto”.

Y repitió, antes de dar por concluida la reunión, que “de la redacción original, en el dictamen cambió solo el artículo 12°, por recomendación del Ministerio de Desarrollo Productivo y sobre todo el de Economía”.

Bio y Nano Tecnología

Con amplio consenso, diputados emitieron dictamen favorable a la prórroga de la Ley de Promoción de la Biotecnología Moderna el 21 de junio. La norma incorpora la nanotecnología a ese régimen de promoción y beneficios fiscales próximos a vencer y quedó lista para ser debatida en el recinto.

El proyecto de ley sustituye la denominación de la Ley 26.270 por la de Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna y la Nanotecnología y se prorroga su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2034.

La iniciativa precisa que en el año 2007 se sancionó la mencionada Ley N° 26.270 de “Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna”, con una duración de QUINCE (15) años desde su promulgación.

Cuidados Paliativos

El proyecto asegura el acceso de los pacientes a las prestaciones sobre cuidados paliativos en sus distintas modalidades en el ámbito público, privado y de la seguridad social, y el acompañamiento a sus familias.

La iniciativa, que fue aprobada en el Senado en octubre de 2020, define a los cuidados paliativos como “un modelo de atención que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades que amenazan o limitan la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana, evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos, sociales y espirituales”.

En ese marco, el proyecto tiene como objetivo “desarrollar una estrategia de atención interdisciplinaria centrada en la persona que atienda las necesidades físicas, psíquicas, sociales y espirituales de los pacientes”.

También se busca “promover el acceso a las terapias tanto farmacológicas como no farmacológicas disponibles y basadas en la evidencia científica para la atención paliativa”, e impulsar “la formación profesional de grado y posgrado, la educación continua y la investigación en cuidados paliativos”.

El texto con media sanción ordena a las obras sociales y entidades de medicina prepaga a cubrir los cuidados paliativos, aunque estos tratamientos ya están incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO).

Los principios establecidos son los del respeto por la vida y bienestar de las personas; la equidad en el acceso a las prestaciones; las intervenciones basadas en “la mejor evidencia científica disponible”; y el respeto de la dignidad y autonomía del paciente en las decisiones sobre los tratamientos y cuidados que ha de recibir a lo largo de su enfermedad.

Además, se crea un Observatorio Nacional de Evaluación de Cuidados Paliativos, de carácter interdisciplinario y multisectorial.

Resistencia Anti microbiana

Declarar de interés público nacional la prevención y el control de la resistencia antimicrobiana. Se trata de un texto similar al que había presentado el exdiputado -hoy senador- Pablo Yedlin, y que había tenido dictamen el año pasado, pero no llegó al recinto. En mayo pasado, Fein, Gollan y Manzi presentaron nuevamente la iniciativa.

El proyecto prohíbe “toda forma de anuncio al público de todas las especialidades medicinales cuyo ingrediente farmacéutico activo (IFA) tenga actividad antimicrobiana sistémica” y “las presentaciones destinadas a la promoción sin valor comercial; muestras gratis, muestras para profesionales o cualquier otra denominación abarcativa, de los medicamentos que incluyan IFA que tenga actividad antimicrobiana sistémica”, lo que generó la discusión este martes y será modificado de cara al recinto.

Asimismo, establece que “deberá regularse y promoverse el uso racional y prudente de los antimicrobianos en salud animal y producción agroalimentaria a través de sus organismos competentes” y que “se eliminará gradualmente el uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento en animales para consumo humano”.

Agujero Azul

Se trata de una superficie de 164 mil kilómetros cuadrados, lindero a la Zona Económica Exclusiva -pero por fuera de ella-, donde yacen los restos del submarino ARA San Juan y su heroica tripulación.

“El proyecto trata de la posibilidad de incorporar una nueva área de reserva sobre la zona de la plataforma extendida del continente, y que arrojó como resultado una extensión del dominio de la plataforma por parte de la República Argentina en lo que hace al fondo del océano que no es algo que se nos regaló, sino que en realidad la estrategia es que haya una protección ambiental, fundamental en lo que implica el arrastre de pesca que es muy dañina para las especies”, explicó la diputada Graciela Camaño en la reunión de comisión.

Nuevo Acuerdo para promover la inversión y el desarrollo en Tierra del Fuego-Fideicomiso Austral

El acuerdo tiene como fin crear un Fideicomiso Austral II para la realización de aquellas obras de infraestructura que permitan el desarrollo de Tierra del Fuego -de manera equitativa y solidaria-, procurando el bienestar de sus habitantes, a cuyo efecto las partes se comprometen al cumplimiento de las obligaciones que surgen de este acuerdo.

Las obras que se estarán financiado a través de este fideicomiso estarán vinculadas a la infraestructura sanitaria, de energía y portuaria, entre otros; que resulten convenientes y necesarias para el desarrollo productivo de la provincia. Una vez concluidas quedarán incorporadas al patrimonio de la provincia.

El acuerdo entrará en vigencia una vez que sea ratificado por el Congreso Nacional y por los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Provincia, y se encuentre suscripto el contrato de fideicomiso establecido. El mismo tendrá un plazo de duración de 10 años y podrá ser prorrogado por acuerdo de las partes.

Hubo fumata blanca en el debate del proyecto del Poder Ejecutivo de promoción para la industria automotriz, con lo cual no solo se habilitó un dictamen único para llevar al recinto, sino también se garantizó la aprobación del mismo la próxima semana.

El plenario de las comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda, que presiden los diputados Marcelo Casaretto y Carlos Heller, respectivamente, se inició este jueves a las 12.41 y de entrada el legislador entrerriano anunció el consenso alcanzado en torno al proyecto, anunciando que los distintos bloques les habían hecho llegar sus objeciones, “algunas de las cuales hemos podido contemplar en la redacción final de este dictamen; otras las vamos a seguir analizando desde la firma del dictamen, hasta el momento que se realice la sesión”.

A continuación dio la palabra al diputado radical Víctor Hugo Romero, quien confirmó que “vamos a acompañar este proyecto y tenemos algunas disidencias”. Apuntó que “en términos generales compartimos la visión de este proyecto”, pero aclaró que tenían una serie de objeciones que iba a detallar junto a su correligionario Alejandro Cacace. Puntualmente citó el artículo 6, insistiendo en una propuesta que habían hecho respecto de las inversiones destinadas a motores de combustión interna, más allá de aclarar que compartían el espíritu del inciso.

Otro planteo suyo tenía que ver con el tema de la devolución del IVAde los saldos a favor que tienen hoy las terminales. “Proponemos reducir el tiempo a tres períodos fiscales, siempre que esos fondos sean destinados a desarrollos de proveedores”, puntualizó, y agregó: “Que las terminales reciban recursos del Estado, en la medida que esos fondos vayan a fomentar mejores tecnologías, mayor valor agregado y toda la cadena de valor”.

A continuación, Alejandro Cacace (Evolución Radical) le aclaró al presidente del plenario, Marcelo Casaretto, que “todos los bloques de Juntos por el Cambio van a acompañar el dictamen sobre la ley de promoción de inversiones”. El comentario venía a cuento porque existían versiones referidas a que el Pro no lo  haría.

“Es una buena noticia”, repuso Casaretto, y agregó: “Para la Argentina”.

“Lo veo contento por sus buenos oficios, presidente”, completó el diputado puntano.

El diputado Cacace expresó a continuación que además de los puntos referidos a los artículos 6° y 12° que había citado Romero, agregó un planteo hecho por su par del Pro Germana Casas Figueroa referido al artículo 13 sobre los derechos de exportación. “Tal como está, implica una alícuota cero”, planteó, recordando que la diputada santafesina había hecho notar que hoy rige también una alícuota cero para las cantidades adicionales exportadas, que eso está vigente bajo el decreto 150, pero vence el 31 de diciembre de este año”, señaló Cacace.

“En consecuencia lo que pedimos es que se incluya dentro de ese artículo 13 esa alícuota 0 para las exportaciones incrementales, así como para lo que establece el artículo”, agregó.

Luego señaló Cacace que el otro punto de discordancia tenía que ver el Instituto de Movilidad, en cuanto a las erogaciones o gastos que implique su funcionamiento. “Es verdad que se planteó en el artículo 26° que los integrantes del directorio desempeñarán su función ad honorem, pero no es el caso para el Consejo Consultivo, y la intención acá es que no implique mayores erogaciones al Estado, y en particular a los consumidores”, planteó, recordando que por eso cuestionaban el mecanismo de financiamiento, que básicamente implica que cuando un consumidor inscribe su dominio, parte de eso va al Instituto de Movilidad.

“Si uno ve en la estructura de la ley, en el artículo 16° hay un criterio superador, que habla de las auditorías hechas sobre las autoridades de aplicaciones. Todo el costo originado por las entidades de verificación corre a cargo de los propios beneficiarios; deben pagar una tasa que no puede exceder del 1% de los montos de los beneficios usufructuados y esa tasa se destina al financiamiento del propio régimen”, señaló, proponiendo hacer lo mismo para el Instituto de Movilidad: que se tome de esa misma tasa y de ahí se destinen los fondos para financiarlo.

A continuación y en nombre de Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez hizo un planteo referido a la jerarquización de los biocombustibles, que fue atendido por las autoridades de la comisión, mientras que el oficialista Carlos Ponce volvió sobre el Instituto de la Movilidad, pero en referencia a su composición. Dijo estar de acuerdo con la presencia de un representante de la UOM y otro del SMATA, pero planteó incorporar a un integrante más del gremio del plástico. Y como el dictamen ya estaba, sugirió incorporar el tema si se podía durante la sesión.

Presentes en la reunión, estuvieron el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, y la subsecretaria de Industria, Julieta Loustau. Para responder los planteos hechos desde la oposición, el primero señaló que las objeciones planteadas por el diputado Romero las tenían que analizar. “No puedo dar una respuesta inmediata”, aclaró, dando una extensa respuesta referida a la devolución de IVA en saldos de capital y créditos fiscales. “Tendríamos que ver si se puede resolver de alguna forma”, admitió, precisando que “estamos aprovechando acá hacer unas adecuaciones al artículo 24°, que tendrían que hacerlas también para el régimen general, porque sino a las automotrices se les complica bastante”.

Sobre el artículo 13° referido a los derechos de exportación, dijo que “estamos de acuerdo, nos parece muy atinado el comentario del diputado Cacace”, y planteó que habían hecho una modificación acorde al pedido de la oposición.

Por su parte, Loustau aclaró que en el fondo estaban contmeplados los aportes privados en el artículo 16°, y dio luz verde al pedido de los cordobeses sobre biodiesel. “Estamos de acuerdo en incorporarlo en el punto 6° del artículo 2°, como los objetivos del proyecto de ley”, cerró.

La reunión fue cerrada por Marcelo Casaretto que contó que el dictamen ya estaba circulando. “Hasta el momento tenemos la firma del 17 diputados de Industria y 30 de Presupuesto, son 47 firmas, algunas de ellos con disidencias que han sido planteadas aquí”, detalló.

“Quiero resaltar que el dictamen tiene dos capítulos, uno el Fomento de Nuevas Inversiones. Que quede claro, el artículo 2° habla de inversiones en bienes de capital nuevos y obras de infraestructura conforme el alcance realizado por empresas industriales radicadas en la República Argentina. Para inversiones nuevas a partir de la sanción de la ley en adelante”, precisó.

Casaretto reseñó entonces que “en relación al texto original, se cambió el artículo 12° en relación con la redacción técnica del tema del IVA. En relación a los otros temas planteados, el 6, el 13, el 27 y el 2, los vamos a considerar en los próximos días entre la firma de este dictamen hasta el momento del tratamiento en el recinto”.

Y repitió, antes de dar por concluida la reunión, que “de la redacción original, en el dictamen cambió solo el artículo 12°, por recomendación del Ministerio de Desarrollo Productivo y sobre todo el de Economía”.

Luego de una semana en la que tanto el oficialismo como -sobre todo- la oposición coquetearon con la posibilidad de convocar a sesionar, finalmente la próxima semana la Cámara de Diputados será convocada en fecha a confirmar -miércoles o jueves- a los efectos de tratar una serie de proyectos de interés y que no concitan mayores controversias.

Así lo adelantaron a este medio fuentes del oficialismo, que anticiparon que tratarán de dar media sanción al proyecto de Compre Argentino que el 24 de mayo pasado y después de varias reuniones de las comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda emitieron dos dictámenes para esta iniciativa impulsada desde el Poder Ejecutivo que eleva la preferencia de empresa nacionales en licitaciones públicas.

Otro proyecto que llegará al recinto es el referido a la industria automotriz, para lo cual el oficialismo convocó a reunirse en un plenario este jueves para emitir el dictamen correspondiente.

Mientras con el tema de Compre Argentino hay controversias entre el oficialismo y la oposición, que suscribieron dictámenes distintos, el Frente de Todos confía en aprobar la norma, aunque Juntos por el Cambio se plantó en la vereda opuesta, evitando toda posibilidad de que la iniciativa salga por unanimidad. Por el contrario, con Industria Automotriz todo indica que se pondrán de acuerdo oficialismo y oposición -al menos la mayoría de la oposición- para una aprobación contundente en la sesión de la próxima semana.

Por su parte, desde el oficialismo tampoco habrá convocatoria a sesionar esta semana, pese a que se había barajado la posibilidad de adelantarse un día a la oposición y llamar a debatir el miércoles 29 la reforma de la Ley de Alquileres y el proyecto -con media sanción- que crea un Fondo Nacional, compuesto por la recuperación de dólares “fugados”, para pagarle al FMI. En ninguno de los dos casos el Frente de Todos cuenta con los votos. En tanto, de los proyectos con dictamen, tampoco pudo todavía avanzar en el recinto con la nueva ley de Compre Argentino.

No estará incluido en el temario de la próxima semana el proyecto del fondo para pagarle al Fondo Monetario Internacional, que ya tiene dictamen, pero deberá esperar un tiempo a que los poroteos correspondientes permitan albergar esperanzas para el oficialismo y evitar así toparse con una derrota.

Sí se podrían incluir varias iniciativas que salieron con acuerdo desde las comisiones, como el proyecto de emergencia en el transporte del interior -que lleva a un monto de 59.500 millones de pesos los recursos del Fondo Compensatorio-; la nueva ley de biotecnología y nanotecnología; una ley sobre cuidados paliativos y otra sobre resistencia antimicrobiana.

Por el contrario, no hay perspectivas de que vayan a llamar a la brevedad a una sesión para debatir la reforma de la Ley de Alquileres. Ahí el oficialismo no tiene los votos para aprobar el dictamen de mayoría, pero la oposición, que se había ilusionado con la posibilidad de infringirle al oficialismo una nueva derrota, deberá seguir negociando pues todos los apoyos que presumía encontraría ahora no están.

El presidente de la Comisión de Industria de la Cámara baja, Marcelo Casaretto, convocó a un plenario de la misma y de Presupuesto y Hacienda para continuar con el debate del proyecto de ley de Industria Automotriz. El objetivo es emitir dictamen este jueves, a los efectos de llevarlo al recinto la próxima semana en la sesión que pedirá el oficialismo para el miércoles 6 o jueves 7.

El diputado entrerriano señaló que “escuchamos a 7 funcionarios y a 35 invitados de automotrices, autopartistas y sindicatos”, por lo que se espera que este jueves le den los últimos retoques al proyecto y se proceda a emitir dictamen.

Según pudo saber parlamentario.com, Juntos por el Cambio estaría dispuesto a apoyar esa iniciativa en el recinto, aunque en el Pro persistirían algunos reparos.

Las comisiones de Industria y de Presupuesto realizaron este martes su primera y única reunión hasta ahora para analizar el proyecto de promoción de inversiones en la industria automotriz, y la subsecretaria de Industria, Julieta Loustau, fue la figura principal entre los invitados ese día, precisando entonces que el sector representa “el 10% de la producción industrial, empleando más de 65 mil puestos de trabajo, y siendo el principal exportador de manufactura de origen industrial”.

La iniciativa apunta a promover las inversiones en todos los eslabones de la cadena de valor automotriz, es decir, terminales y autopartistas de los diferentes anillos, sistemistas y empresas que agregan valor a partir de procesos industriales.

Entre los beneficios fiscales plantea: devolución anticipada del IVA; amortización acelerada de los bienes de capital y de las obras de infraestructura; y que los derechos de exportación van a ser de 0% hasta el 31 de diciembre de 2031.

Además, el proyecto declara a la Industria Automotriz-Autopartista como Industria Estratégica en la República Argentina.

Se crea el “Programa de Fomento a Nuevas Inversiones de la Industria Automotriz-Autopartista”, que comprenderá las inversiones en bienes de capital nuevos y obras de infraestructura realizadas por empresas industriales radicadas en Argentina.

Los beneficiarios podrán ser aquellas empresas que cuenten con proyectos de inversión aprobados por la autoridad de aplicación, mientras que no podrán acogerse al programa quienes estén declarados en quiebra, se encuentren en otro régimen de promoción o tengan morosidad.

Los bienes producidos en el marco de los proyectos de inversión deberán alcanzar un Contenido Mínimo Nacional (CMN), que se define en escalas progresivas de acuerdo a los vehículos o autopartes.

También, se crea un Instituto de la Movilidad, con un directorio integrado por ocho miembros ad honorem designados por las cámaras empresarias y los sindicatos.

En el marco de un plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Educación, que presiden la socialista Mónica Fein y la oficialista Blanca Osuna, respectivamente, dieron dictamen favorable al proyecto de promoción de la formación y del desarrollo de la enfermería.

Al respecto, Fein sintetizó: “Estamos proponiendo elevar a ley el recurso humano de la enfermería, una ley que promueva y jerarquice su formación terciaria, de grado y universitaria, y que incremente el número de 35 enfermeras y enfermeros cada 10.000 personas en la Argentina”.

A su turno, Osuna ponderó “el incremento de las Becas Progresar para los futuros profesionales de la enfermería a partir de la Ley de Aporte Extraordinario, generando un incremento que triplica la cantidad de becas en un año y medio”. La diputada celebró que el proyecto “promueva una perspectiva de género”, y que el Consejo Federal de Educación “haya dado lugar a un sistema nacional de evaluación y certificación de la educación técnica y profesional, resolviendo los problemas ligados a la heterogeneidad y la diversidad de los planes de estudios para la enfermería en todo el territorio nacional”.

A su turno, el diputado Daniel Gollan (FdT-Buenos Aires) expresó que “tenemos la mitad de enfermeros que tendríamos que tener”. Conocedor del tema, comentó que Gran Bretaña tiene un médico cada 20, “el doble de lo que debemos tener nosotros” y precisó que ese país “gasta tres veces menos que Estados Unidos, pero tiene un mejor sistema se salud y parte de ello es el equipo de cabecera que tiene”.

Desde la oposición, que firmó un dictamen de minoría, Alejandro Finocchiaro celebró el tratamiento de ese tema y habló de la necesidad de tener incentivos para contar con más enfermeros en la Argentina. “Necesitamos 3 enfermeros por cada médico y tenemos una cifra infinitamente menor”, comentó. Al justificar el dictamen de minoría discrepó respecto de la autoridad de aplicación, que a su juicio no debe ser el Ministerio de Educación, y cuestionó también que se cree “una burocracia que no debería crearse”. Planteó también discrepancias respecto de las becas, que deberían ser superiores.

Para el catamarqueño Rubén Manzi (Coalición Cívica), se trata de “un tema central” y lo comparó con lo que fue la campaña de vacunación contra el Covid, por su “impacto masivo”, en tanto que Graciela Ocaña (Pro) valoró también el tratamiento de este tema, pero reclamó tener un presupuesto especial para esta ley, cosa que el dictamen del oficialismo no tiene. Se quejó en ese sentido porque el plenario no incluyó a la Comisión de Presupuesto, y por el contrario, cuando pase por la misma probablemente hagan modificaciones con las que no van a coincidir.

Llamó a crear un fondo fiduciario dedicado a las becas y formación de los enfermeros y advirtió su temor porque dentro de 5 o 6 años el sistema adolezca de falta de enfermeros profesionales.

Hizo hincapié también en la cuestión de las becas y sostuvo que los estudiantes de enfermería tienen un compromiso especial durante sus años de estudio, por las prácticas que deben realizar y sugirió que el valor de las becas sea del 60% del salario mínimo vital y móvil, lo cual sería “un gran incentivo que es lo que el sistema de salud necesita”.

La diputada Danya Tavela (Evolución Radical) justificó el despacho por minoría en tanto se basa “en tres aspectos centrales; aumentar y consolidar el valor de las becas, porque quienes estudian enfermería deben tener una dedicación completa; garantizar estándares mínimos de calidad, para una educación necesaria y pertinente en cada uno de los territorios, y establecer al Ministerio de Educación como su autoridad de aplicación”.

La siguiente instancia para el proyecto de promoción de la formación y del desarrollo de la enfermería, implica el giro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Según el texto original presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, la ley proveerá de “recursos a instituciones formadoras de enfermería y se establecerá un sistema de becas a estudiantes de instituciones públicas y privadas de todo el país”. Asimismo, procura “avanzar en el diseño y aprobación de una currícula que contenga lineamientos comunes”. También, a través de la iniciativa se propone otorgar carácter de ley al Programa Nacional de Formación de Enfermería en la órbita del Ministerio de Educación de la Nación.

La Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, presidida por la correntina Ingrid Jetter (Pro), se reunió este miércoles para definir una agenda de trabajo y algunos legisladores presentaron a sus pares proyectos de su autoría que buscan sean tratados.

Uno de ellos fue el cordobés Víctor Hugo Romero (UCR), quien expuso que en los municipios se da “una situación que es injusta y es difícil de resolver por la situación económica que viene atravesando el país con un déficit fiscal importante”, como es “la posición de los municipios frente al IVA”.

En ese sentido, el radical explicó que los municipios pagan ese impuesto “cuando adquieren bienes y servicios”. Su iniciativa propone que se restituya una parte de ese IVA y que con esos recursos se cree “un fondo que sea destinado exclusivamente para obras, que sean de infraestructura y eso genera, en primer lugar, una autonomía financiera del municipio”.

Ese recupero fiscal tendría así un “criterio de asignación específica”, que ayudaría a “potenciar la posibilidad de la obra pública y el desarrollo local”. También aclaró que la devolución deberá ser “en función de la cantidad de habitantes”.

Por otro lado, el bonaerense Carlos Selva (FdT) expuso sobre su proyecto para la institucionalización de las ferias artesanales, una propuesta que había presentado ya en 2018, cuando todavía no existía la organización de los trabajadores feriantes. “Hoy hay un sindicato de feriantes en formación”, informó.
Y agregó que la iniciativa “no es detrimento de nadie”, sino “es ponderar una actividad que está dando muy buenos resultados”.

También presentó su proyecto la bonaerense Victoria Borrego (CC-ARI), quien explicó que propone establecer “requisitos al Estado Nacional en la oportunidad de entregar ayuda financiera a los municipios”.

La legisladora dijo que con su iniciativa “no se violenta la autonomía municipal”, sino que se exige al Estado Nacional que acredite que esa ayuda va “a un municipio que tiene normativa que garantice el acceso a la información pública; que tiene normativa de declaraciones juradas y código de ética; que tiene la publicación de su situación económica y financiera; y que tiene la publicación de actos de carácter general”.

Jetter aseguró que convocarán a especialistas para dar el debate de los distintos proyectos y, entre otros, también se mencionó una iniciativa a ser considerada, presentada por la entrerriana Gabriela Lena (UCR), para que los vehículos que están en la Justicia puedan ser asignados a los municipios.

Con la voz de tomadores de créditos UVA, quienes reclamaron por una ley que dé solución a la engorrosa situación que atraviesan, un plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados realizó una segunda reunión informativa sobre el tema.

La ronda de expositores se abrió con Sebastián Saúl Ignacio, representante de hipotecados UVA Necochea, invitado por la oficialista Jimena López, quien relató que tomó el crédito mediante el Banco Provincia en marzo de 2017 por 1.500.000 pesos, a 15 años, para poder comprar su casa. Empezó “pagando una cuota de 11 mil pesos” que “hoy, en la cuota 73, deberíamos pagar 85 mil pesos, algo imposible de hacer”, precisó.

Además, “al día de hoy debemos más de 9.500.000 millones de pesos, los cuales se conforman de más créditos otorgados por el banco en pandemia sin haberlos solicitado”, contó.

“Nosotros no tomamos un crédito para realizar un negocio inmobiliario”, remarcó y aclaró: “No queremos dejar de pagar, queremos que nos ayuden y que encuentren una herramienta que nos permita poder cumplir de una manera sustentable en el tiempo nuestra obligación”.

A su turno, Ernesto Páez, representante de hipotecados UVA de Mendoza, invitado por el radical Julio Cobos, lamentó que “desde hace 21 años seguimos con la misma historia” en torno a la problemática de los créditos hipotecarios y “hoy estamos otra vez con la gente con la espada de Damocles en la cabeza”.
“La vivienda es un derecho humano, basta de la usura que instrumentan todos los bancos”, enfatizó y añadió: “Seguimos atados a la ley del sistema financiero, porque nunca se tocó el sistema financiero”.

El expositor advirtió que aunque “haya una solución de suspensión de remate, los intereses y la inflación siguen adelante”. Por eso, reclamó que “haya una solución definitiva y de fondo” porque “siempre compensaron a los bancos y no a los deudores”, y en esta situación actual “los tomadores UVA nunca podrán honrar sus deudas”.

Invitada a propuesta del socialista Enrique Estévez, Daniela Funez, representante de tomadores prendarios y personales UVA, señaló que “somos casi 450 mil deudores con esta modalidad; somos los grandes olvidados y discriminados cuando se habla de créditos UVA”.

“La tasa de interés en nuestra modalidad es del 25%”, informó, y ejemplificó que por diferir una cuota en abril de 2020, que “era de 30 mil pesos por un vehículo para trabajar; si hoy queremos abonarla es de casi 100 mil pesos”. Además, “nos sumaron 33 cuotas más al final del crédito original”, con lo que “somos deudores de por vida, esclavos de los bancos hasta el final de nuestros días”.

Funez apuntó que “a muchos deudores ya le remataron el vehículo” pero “como no cubrieron sus deudas siguen debiendo a los bancos”. “Los bancos fueron los grandes ganadores con este sistema y más aún en plena pandemia”, denunció y pidió “recalcular la deuda desde el principio, bajar la tasa de interés y ser incluidos en cualquier dictamen”.

Entre la docena de oradores que se presentaron, el exdiputado mendocino José Luis Ramón consideró que el tema se trata de “un tremendo problema” ante el cual “las familias de la Argentina están buscando la paz social” y “en eso tiene que intervenir el Estado”.

En defensa de una iniciativa de su autoría, explicó que tenía “como objetivo el principio equitativo del esfuerzo compartido”. “Tenemos que establecer, por el Banco Central, que el índice sea de variación salarial y/o el que le fuere más conveniente al usuario desde el inicio del crédito en adelante”, sostuvo.

Bajo esa línea, el legislador provincial explicó que “alguien que sacó un 1.000.000 de pesos en el 2018, hoy debe 8.000.000 de pesos con el sistema UVA”, mientras que con esa propuesta “sería un deudor de 2.700.000 de pesos”.

Ramón recordó que el expresidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, “derogó la ley de los créditos UVI y creó este espanto de los créditos UVA”.

Para el mendocino, también es necesario que “las entidades financieras resignen esto de seguir cobrando el UVA y que al final del crédito el Estado de la Nación le reconozca la pérdida a los bancos, pero a los 30 años, cuando ya termina”.

“Este no es un tema de hipotecados UVA, este es un problema de usuarios y consumidores”, subrayó y agregó que “es una obligación constitucional” la protección de los usuarios.

Por su parte, la abogada Mariela González, invitada a propuesta del oficialista Eduardo Fernández, expresó que “es muy difícil para una familia de clase media acceder a un crédito hipotecario y hay un problema habitacional en Argentina que viene de antaño”.

“Nos encontramos frente a una deuda de valor pensada y proyectada por el Estado argentino con el fin de paliar los efectos negativos de la devaluación de nuestra moneda, por eso hay unidades de valor, las UVI o las UVA. Sin embargo, en este intento de promover el acceso a la vivienda de la clase media y lograr que las entidades financieras otorgaran créditos en condiciones que les permitieran garantizar una rentabilidad en el largo plazo, el Estado ha generado un sobreendeudamiento a los tomadores hipotecarios que los ha colocado en riesgo inminente de perder sus hogares”, relató.

En ese sentido, González sumó que “actualmente se ha colocado en cabeza de estos tomadores las consecuencias negativas del proceso hiperinflacionario que atraviesa nuestro país, y como contrapartida de lo expuesto los bancos y entidades financieras están obteniendo un rédito que supera cualquier proyección normal”.

Convocada a instancias de la oficialista Gabriela Pedrali, la doctora Malvina Vilte, de hipotecados UVA La Rioja, remarcó: “La Justicia ya se expresó, ahora le falta al poder político expresarse. Yo les pido, les imploro, que tomen en cuenta este problema y que lo resuelvan. No queremos no pagar nuestra casa. La queremos pagar, pero con una cuota accesible, coherente, con un porcentaje acorde a nuestros ingresos”.

La expositora recordó que cuando recurrió a pedir el préstamo, el Banco Nación le pedía como requisitos “que sea una persona económicamente solvente, que tenga un buen registro en el Veraz”, sin embargo “el Banco Nación devolvió de mi persona un estropajo financiero, hoy estoy con la dignidad por el piso”.

En el cierre de la ronda, la abogada Gabriela Spatari, invitada por propuesta del jefe del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, aseveró que “esto es responsabilidad del Estado Nacional” que durante la gestión del expresidente Mauricio Macri “puso en práctica esta falsa política de acceso a la vivienda aprovechándose de la necesidad que había en nuestro país de ella”.

“Eso es usura y la usura en nuestro país es un delito”, manifestó, al insistir que el gobierno anterior “a través del Banco Central generó el andamiaje para que miles de familias ingresáramos en esta trampa”. Mientras que la gestión actual, tomó “medidas unilaterales de la pandemia” como “congelamientos, diferimientos, convergencias, una trama compleja que ni los bancos entendieron”.

Spatari cuestionó que “los bancos mal informaron, desinformaron, maltrataron, engañaron a los deudores y hoy son los grandes ausentes”. “Nosotros no accedimos a una vivienda, la casa es del banco, no es nuestra, de lo único que somos dueños es de una deuda gigante, impagable e ilegal”, completó.

Luego de las exposiciones, el radical Julio Cobos comparó que hoy día, el Banco Provincia “da un crédito de 12 millones de pesos con tasa al 41%”, con una cuota inicial de “410.915 de pesos” y solicita más de un millón de pesos para el ingreso. “Es imposible tomarlo”, indicó, para decir luego que “por un crédito UVA el Banco Francés ofrece hoy 12 millones de pesos a 20 años, a una tasa del 5% y la cuota inicial es de 80 mil pesos” y el ingreso más de 200 mil pesos.

El legislador, autor de un proyecto para la renegociación de los créditos UVA, opinó que “más allá de la solución que tenemos que brindar desde el Congreso” lo que hay que hacer es “recuperar el crédito a largo plazo o corto plazo para capital de trabajo”.

“El problema que tenemos es cómo resolvemos a los actuales beneficiarios de crédito”, reconoció y apuntó que “la evolución del salario hasta diciembre de 2018 superó a la inflación”, pero “a partir de ahí cae el salario con respecto al valor de la UVA”.

Cobos vio con buenos ojos que “hay mucha coincidencia entre los diputados, hasta el propio Poder Ejecutivo, de encontrar una solución”, pero se habían fijado un acuerdo para llegar a un dictamen en 30 días y “ya llevamos casi 60 días y todavía no podemos ni siquiera discutir un dictamen”.

Por eso, reclamó que “la semana que viene se invite a los bancos y al Poder Ejecutivo” y luego avanzar en una iniciativa consensuada, donde “seguramente vamos a tener muchas coincidencias”.

Al cruce le salió el diputado Itaí Hagman, quien enfatizó que el crédito UVA “es accesible pero es impagable”, y la discusión debe darse en “cómo hacemos accesible el crédito que es inaccesible”, ya que el UVA “es una trampa de la cual es después muy difícil de salir”. “La solución no es continuar presentando como mejor créditos que son accesibles pero después impagables”, insistió el legislador del Frente de Todos.

Finalmente, la presidenta de la Comisión de Finanzas, la oficialista Alicia Aparicio, afirmó que este “es un tema al que debemos llegar a un acuerdo y ojalá podamos hacerlo, por el bien de las familias argentinas”. “Venimos solucionando muchísimos problemas que han tenido su origen en el anterior gobierno”, añadió.

Se completó la Comisión de Finanzas

En la previa del plenario, la Comisión de Finanzas completó la designación de sus autoridades y fueron nombrados Itaí Hagman (Frente de Todos) como vicepresidente segundo; Martín Tetaz como secretario primero (Evolución Radical); Emiliano Estrada (Frente de Todos) como secretario segundo; y Matías Taccetta (Pro) como secretario tercero.

Las grandes expectativas que abre para el país la actividad minera, sobre todo en un contexto como el actual de falta de divisas, fueron expuestas este miércoles durante una reunión organizada por la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados que encabeza el sanjuanino Walberto Allende (Frente de Todos), de la que tomaron parte la secretaria nacional del sector y representantes del Consejo Federal de Minería (COFEMIN).

La secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila, arrancó explicando que “la minería es uno de los sectores centrales para nuestro país, puede solucionar muchos de los problemas que tenemos”, y valoró que en los últimos años el sector ha registrado un apoyo nacional importante que se está viendo en el impacto de las inversiones que está recibiendo el país.

La funcionaria se mostró abierta a dialogar un poco respecto de “algunos mitos que rodean la actividad” y dispuesta a que todos los legisladores pudieran “sacarse todas las dudas” que plantea esta cuestión.

Al hacer referencia a todos los sectores en los que la secretaría se apoya, destacó el papel del Consejo Federal Minero, representado en esta reunió por Martín Ruarte, quiencontó que ese es el órgano consultivo de la Secretaría de Minería de la Nación y está integrado las 23 provincias del país.

También está el Servicio Geológico Minero, que genera toda la información necesaria para el manejo del suelo. “Ellos hacen la difusión de los mapas geológicos, la planificación territorial. Es un organismo muy importante que está a disposición de la secretaría”, comentó Fernanda Avila, que a continuación destacó como otro actor muy relevante a la Mesa de Litio, conformada por los tres gobernadores de las provincias que tienen litio, Salta, Catamarca y Jujuy. “Está funcionando muy bien, con políticas públicas muy concretas”, planteó.

También está funcionando la Mesa de Minería Abierta a la Comunidad (MEMAC), un espacio de diálogo de la comunidad con la minería, algo que la funcionaria consideró “fundamental para poder lograr un desarrollo minero en nuestro país”. Asimismo valoró las funciones del Sistema de Información Abierta a la Comunidad (SIACAM), que transparenta toda la información del sector.

Avila pasó a continuación a detallar los proyectos que buscan promover. Citó la ley de cierre de minas y la actualización del canon minero. Respecto de la primera, comentó que “hay muchísima normativa a nivel nacional, de vanguardia”, y tratarán de “hacer un proyecto que sirva a todas las provincias y teniendo en cuenta las particularidades y experiencias”.

En cuanto al canon, anticipó que se trata de un proyecto que van a enviar al Congreso para actualizar los montos congelados en el tiempo. “Hay que pensar un mecanismo a través del cual la actualización se vaya haciendo de manera automática”, puntualizó.

Citó también la ley de electromovilidad, que impulsa el Ministerio de Desarrollo Productivo y que considera “fundamental para mostrarle al mundo en donde se posiciona la Argentina en cuanto a la energía renovable y la transición energética”.

La secretaria de Minería citó además a la ley de humedales, una cuestión en la que estimó que la minería debe participar en la conversación “porque abarca transversalmente a muchas industrias”.

Cifras que impactan

La secretaria de Minería dio a continuación datos capaces de mostrar la importancia de la minería en términos comparativos. “Argentina tiene tremendo potencial por desarrollar”, enfatizó, para citar luego términos comparativos referidos a las exportaciones mineras en Chile y Perú. El primero, en 2021 exportó 56.000 millones de dólares; Perú 39.000 en el mismo período. Argentina solo 3.200 millones de dólares.

Esto es, 17 y 12 veces menos que nuestros países vecinos, respectivamente. Países con los que compartimos la cordillera de los Andes.

Fernanda Avila comentó que Chile está posicionado como el primer productor de cobre; Perú es el segundo. Nosotros estamos atrás en el desarrollo minero no solo mundial, sino regional, advirtió la funcionaria, aunque al mirar la parte del vaso llena señaló que “es también una ventaja que tenemos que aprovechar”.

“La transición energética necesita del litio y el cobre. Es una oportunidad que no tenemos que desaprovechar”, remarcó la legisladora.

Hoy la Argentina tiene 113 proyectos en carpeta, de los cuales hay 18 en construcción (12 de oro, 3 de plata, 2 de litio y uno de carbón), mientras que hay 95 proyectos entre construcción y exploración avanzada.

En cuanto al litio, la funcionaria señaló que la Argentina integra el triángulo de litio, junto con Argentina, Bolivia y Chile. Contamos con el 65% de los recursos de litio mundial, y somos segundos, con 98 millones de toneladas de carbonato de litio.

En materia de reservas, la Argentina se posiciona en tercer lugar, después de Australia y Chile. Bolivia es el primero en recursos, pero cuando vamos al tema de las reservas -apuntó Fernanda Avila-, Bolivia ya no figura, porque no es considerada económicamente viable. Sucede que la actividad está nacionalizada y por eso las privadas no la cuentan como viable, apuntó la funcionaria.

En términos de producción, estamos cuartos, detrás de Australia, Chile y China, con 37.500 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente en términos de producción. “Pero estamos produciendo desde los años 90 en Catamarca”, explicó Avila, apuntando que solo dos son las empresas que están produciendo, aunque hoy tenemos 7 en construcción en tres provincias. “Si tenemos en cuenta los anuncios que hicieron las empresas y las fechas en que entrarían en producción, vamos a multiplicar por 6 nuestra capacidad productiva en los próximos años”, enfatizó.

Eso equivale a 200 mil toneladas o más de carbonato de litio equivalente, destacó.

Optimista, Fernanda Avila consideró “increíble” el nivel de inversiones que está teniendo nuestro país en materia de litio. “En este contexto tan favorable, empujado por la demanda mundial”, precisó, puntualizando que el litio es utilizado en turbinas eólicas, paneles sociales, vehículos eléctricos. “Eso hace que los gobernadores, con gran tino, crearon la Región de Litio, que permite el desarrollo regional”, detalló.

“En la Mesa de Litio, es muy interesante que los gobernadores hayan visto la posibilidad de trabajar en forma conjunta para generar las condiciones necesarias para la industria”, comentó.

A continuación pasó al cobre, que “también tiene un rol fundamental para la transición energética. Es central y mueve muchísimo la economía. Tenemos muchísimo cobre, pero no producciones, desde 2018, cuando se rebajó La Alumbrera”. Apuntó en ese sentido que “hoy no estamos produciendo, pero hay muy importantes proyectos en carpeta. El Gobierno de San Juan firmó la construcción del proyecto Josemaría, que es muy importante y nos vuelve a colocar al país como productor de cobre”.

“Si pudiéramos poner en posición cinco de los proyectos más importantes: Josemaría, Pachón, Filo del Sol, Taca-Taca y Mara, el Capex (gasto en capital) es de 16 mil millones de dólares para esos proyectos. Las exportaciones aproximadas, el estimativo, dan 7 mil millones de dólares de exportaciones solo de esos proyectos”.

Citó el caso del proyecto Josemaria, cuyo Capex fue de 4.100 millones de dólares y el empleo que genera es de 4.300 personas, 1.650 en la etapa de construcción. “Tiene un impacto muy significativo para las provincias un proyecto de cobre”, valorizó.

Las exportaciones estimadas de Josemaria están rondando los 1.250 millones de dólares, señaló, remarcando que esos emprendimientos “pueden cambiar la matriz productiva del país y diversificarla ampliamente”.

Al pasar al oro, Fernanda Avila señaló que 12 de los 18  proyectos que están hoy en etapa productiva en el país son de oro, donde hay grandes reservas, pero advirtió que “es importante que los proyectos puedan seguir extendiendo su vida útil”.

En materia de plata, hay reservas muy importantes en el país. “Muchos proyectos que se encuentran en curso en diferentes provincias”, comentó, para pasar luego a las exportaciones. “Hasta 2004, los únicos proyectos operativos eran Bajo La Alumbrera, Fénix y Cerro Vanguardia. Después de ese año hubo un incremento de los metales y en 2005 contamos con Veladero en San Juan, a gran escala. Ahí se incrementan las exportaciones, pasamos de 1.500 a 2.800 millones de dólares, aproximadamente, y después tuvimos otras explotaciones que generaron el aumento de las exportaciones en Argentina”, enumeró Avila.

Luego apuntó que “llegamos a un pico de exportaciones entre 2011 y 2012, con 4.800 millones de dólares. Después comienzan a bajar los commodities, hay un estancamiento y comienzan a agotarse la vida útil de los proyectos. Cuando se agota Bajo La Almbrera, hay una baja significativa; sin embargo creemos que estos números van a mejorar mucho”, y destacó que en este caso la pandemia no hizo bajar significativamente las exportaciones mineras.

 “Si vemos estos números, sabemos que Argentina exporta por 3.200 millones de dólares, un 4% de las exportaciones totales del país. Pero en las provincias representan el 71% de las exportaciones de Catamarca; 68% de Jujuy; 75% de San Juan; 71% de Santa Cruz, y 18% de Salta, que hoy tiene solo un proyecto, que inició la producción el año pasado”, detalló la secretaria de Minería.

Resaltó de esa manera “el impacto positivo que tiene la minería en las provincias donde es la actividad central y donde no hay otra actividad para desarrollar centralmente. Además, la minería es el segundo empleo mejor pago después de los hidrocarburos. Empleo de calidad”.

Para dar especificaciones referidas al empleo, habló el subsecretario de Minería, Enzo Araz, quien señaló que el empleo minero está, en términos históricos, en su punto más alto. Tuvimos el mejor febrero desde 2007, con 34.551 trabajadores del sector. “El empleo privado (en minería) lleva 14 meses de crecimiento”, destacó.

Asimismo valoró los altos niveles de formalidad que presenta el sector, con los salarios promedio más altos del país. “Hoy hay poblaciones que dependen del desarrollo minero”, resaltó, detallando que Santa Cruz es la principal provincia en ese sentido, con 27% del empleo directo total; San Juan 14%; Buenos Aires 12%; Jujuy 7,5%; Salta 7,4%; Córdoba 6%, y Catamarca 5%”.

“Por cada empleo directo que se crea, se generan entre 3 y 5 indirectos por eso son tan importantes los proveedores mineros”, cerró.

Para hablar sobre cuánto deja la minería en la Argentina se expresó la subsecretaria de Desarrollo Minero, Pamela Morales. Contó que según una encuesta realizada entre 9 empresas metalíferas, de cada 100 dólares vendidos por las grandes mineras, alrededor de 40 fueron para proveedores locales; 15 a salarios y 12 a impuestos. Entre esos componentes, el 67 son de facturación; el 33% restante corresponde a 20% de salida de divisas por importación de insumos y maquinarias, y luego 13% ganancia de la empresa, con ingreso disponible no remitido al exterior. De tal manera, dejan alrededor de un 80% de su facturación en la Argentina.

“La minería presenta superávit en todos los años -destacó Fernanda Avila-. Desde enero de 2003 a 2021, dejó 53.813 millones de dólares netos”.

Asimismo destacó que los ingresos del sector minero sirven para financiar déficit en las cuentas de otros sectores, y cerró: “La minería es sistemáticamente superavitaria en la generación de divisas para la Argentina. Vale recalcarlo en el contexto económico del país”.

La secretaria de Energía destacó luego que en los últimos dos años, la Argentina tuvo anuncios de inversiones por 10 mil millones, y remarcó que “estamos ante una condición no solo internacional, regional y local, que impulsa nuestro desarrollo”.

“Estamos en condiciones de multiplicar por 4 nuestras proyecciones; para 2035 estaríamos en 13 mil millones de dólares de exportaciones”.

La de Defensa Nacional fue la última comisión de la Cámara de Diputados en constituirse, y su titular, Alberto Asseff, convocó a reunirse este martes para analizar un amplio menú de temas. Entre ellos, concitaba especial atención el proyecto del diputado salteño Carlos Zapata para crear el servicio militar obligatorio comunitario para ciudadanos que no trabajan o estudian.

El encuentro contó con la presencia del presidente del Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), Darío Díaz Pérez, quien expuso al principio de la reunión un informe sobre esa institución. También participó de la reunión el anterior presidente de esa comisión, el diputado nacional (MC) Carlos Fernández, para defender uno de los proyectos para reformar el Régimen del personal militar, derogación de la Ley 19.101, que estaba puesto a consideración.

Ese y otros temas previstos para la jornada pasaron a asesores para su profundización, y entre ellos el proyecto del servicio militar. Tomada esa decisión, pidió la palabra el diputado Julio Cobos (UCR-Mendoza), quien se refirió a ese tema y a otro referido a los liceos, que él como exliceísta suele defender. Puntualmente sobre el proyecto del diputado Carlos Zapata contó su experiencia propia sobre una iniciativa al menos parecida.

Recordó que cuando gobernó su provincia, recurrió a las Fuerzas Armadas por dos temas: uno, porque cuando compraron cuatro aviones para utilizarlos en la lucha antigranizo los pilotos fueron capacitados en la Cuarta Brigada Aérea de esa provincia, con muy buenos resultados. Recordó el exvicepresidente que el comandante de esa unidad le comentaba de manera risueña esta paradoja: “Estamos preparados para esquivar las nubes, no para enfrentarlas”.

La otra cuestión por la que debió relacionarse con los militares de su provincia fue cuando decidieron implementar el Servicio Cívico Voluntario. “Había una gran deserción entre el 8vo y 9no año, y no teníamos lugar para generar un programa de inserción de esos chicos. Por eso recurrimos a la estructura ociosa que tienen en nuestro país las fuerzas armadas. Ellos tienen estructura y también la Universidad de Mendoza había hecho un convenio con ellos para utilizar sus instalaciones”, recordó Cobos.

En este caso firmaron un convenio con el entonces presidente Néstor Kirchner y el ministro de Defensa José Pampuro, por el cual 4.300 chicos cumplieron con ese programa desde enero hasta diciembre para concluir el último año de secundaria. “Los docentes los ponía la provincia, los instructores de los talleres sí eran del Ejército”, comentó el diputado, que agregó que los jóvenes eran instruidos en talabartería y mecánica automotor, entre otras actividades.

“De ahí en más buscamos a las universidades para que vinieran a asesorar a estos chicos en cuestiones como educación sexual; eran chicos en situación de vulnerabilidad”, precisó Cobos, concluyendo que fue “una buena experiencia”, al punto tal que más adelante, siendo senador, Pampuro presentó un proyecto orientado para las escuelas primaria y secundaria, que “se frenó”. Por eso pidió mirar esta iniciativa “con los ojos de que tenemos una estructura ociosa; no tengamos pruritos en este sentido con las fuerzas armadas. Ha pasado mucho tiempo, si es para reinsertar a nuestros chicos, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea pueden brindar esa posibilidad”.

Cobos concluyó poniéndose a disposición de los asesores para enviar a los que participaron en esa experiencia a brindar detalles.

A continuación, el presidente del bloque oficialista Germán Martínez, miembro de la comisión de la que fue vicepresidente, aclaró que ellos debían “mirar los temas con los ojos de la defensa nacional”, no necesariamente con los de la educación.

A su vez, la vicepresidenta Agustina Propato celebró la decisión adoptada con ese y otros proyectos: “Nos dimos la posibilidad de llevarlo nuevamente a asesores. Es un buen criterio, darles un plazo razonable para poder dar los debates necesarios. Debatamos acá si es el camino pero que nadie se sienta incomodado de expresar sus posiciones”.

A dos años de su partida, el exdiputado y gobernador santafesino Hermes Binner fue recordado por exmandatarios de distintos países, gobernadores, legisladores y referentes de la ciencia, la salud, el pensamiento y la cultura.

El acto para homenajear al médico, exlegislador nacional y gobernador santafesino se realizó en el Salón Pasos Perdidos de la Cámara baja, por pedido del diputado nacional socialista Enrique Estévez.

Al inicio del evento, se transmitió un video para repasar la trayectoria de quien inició su militancia política a los 17 años, fue intendente de Rosario por dos períodos, y se convirtió en el primer gobernador socialista de la provincia de Santa Fe.

Luego de la ovación para el dirigente nacido en Rafaela el 5 de junio de 1943, la diputada del Partido Socialista Mónica Fein lo recordó así: “Gracias Hermes. Nos enseñaste que la realidad se puede transformar. Que hay que creer en una realidad mejor y construirla todos los días. Nos enseñaste a confiar en nuestro pueblo para lograrlo. Y que no hay territorios sin proyecto, porque hay que trabajar para construir esperanza”.

A su turno, el diputado por el Frente de Todos José Luis Gioja extendió a la familia de Binner un saludo de parte del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. “Hermes mostró que la política es la actividad que puede solucionar los problemas de nuestro pueblo”, agregó Gioja, e hizo un llamado a tributarle con “el compromiso de construir la mejor democracia, la mejor institucionalidad, y trabajar todos los días para que, definitivamente, la Argentina se pueda poner de pie”.

Luego, el periodista Reinaldo Sietecase moderó una serie de testimonios ligados política o personalmente con el homenajeado. “Hermes era un político full time”, fue la definición del comunicador rosarino, sobre “un militante que buscaba una sociedad menos injusta y menos desigual”.

También brindaron palabras de homenaje José Luis Rodríguez Zapatero, Felipe González y Ricardo Lagos -exmandatarios de España y de Chile, respectivamente-, quienes destacaron los valores del socialismo democrático, del humanismo y del progreso presentes en el dirigente santafesino, así como su visión humanista en pos del avance social de los sectores desposeídos.

En este sentido, también se expresaron la diputada por Encuentro Federal Margarita Stolbizer, y su par de Juntos por el Cambio Facundo Manes. La legisladora caracterizó a Binner como “un revolucionario sin estridencias, sin alardes, porque lo caracterizaba tanto la humildad como la austeridad, pasando desapercibido aun cuando estuviera gestando las transformaciones extraordinarias que hizo”.

Por su parte, Manes afirmó que, “además de un humanista, Hermes fue un líder, porque en Rosario se pueden ver los proyectos en materia de salud, educación, ciencia y tecnología que fueron más allá de su administración”.

La última en rendir tributo a Hermes Binner fue Carolina, una de sus hijas. “Para él la política era cosa seria, donde se proyectaba y no se improvisaba”, ilustró la mayor de los cinco hijos del dirigente. Y aseveró que el mejor modo de homenajearlo es a través “de la política que planifica para otras generaciones, sin importar quien corta la cinta, sino que la sociedad lo tenga”.

El cierre del homenaje significó el panel titulado “Nuevos desafíos del sistema de salud”, promovido por la Organización Mundial de la Salud: una disertación de especialistas de múltiples disciplinas que trabajan, local, nacional y globalmente para prevenir, detectar y responder eficazmente a los desafíos de salud que surgen de la relación entre humanos, animales y medio ambiente.

Participaron del acto el diputado por Identidad Bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez; el exministro de Economía Roberto Lavagna; el intendente de Rosario y diputado nacional por el Partido Socialista (MC), Pablo Javkin; la docente universitaria y vicegobernadora de Santa Fe durante los mandatos de Hermes Binner, Griselda Tesio; el cantautor e intérprete nacional Mario González “Jairo”; la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, Claudia Levine; el escritor, ensayista, docente de las universidades de Buenos Aires, Tres de Febrero y San Martín, Alejandro Katz; el exobispo de Rafaela y segundo obispo de la diócesis de San Isidro, monseñor Jorge Casaretto, y la periodista, escritora y ensayista Beatriz Sarlo.

En paralelo, fueron parte del panel de cierre la ex ministra de Salud de la provincia de Santa Fe Andrea Uboldi; el presidente de IPEGSA y de la Federación Latinoamericana de Hospitales, Rubén Torres; el consultor internacional en seguridad alimentaria, Marcos Monteverde, y el líder de investigaciones científicas en agrotecnología, Esteban Hopp.

Con la participación de funcionarios, sindicalistas y empresarios comenzó a tratarse este martes en la Cámara de Diputados el proyecto de ley, impulsado desde el Poder Ejecutivo, sobre promoción de inversiones en la industria automotriz.

La ronda de expositores se abrió con la palabra de Julieta Loustau, subsecretaria de Industria, quien señaló que este sector representa “el 10% de la producción industrial, empleando más de 65 mil puestos de trabajo, y siendo el principal exportador de manufactura de origen industrial”.

“En el país tenemos más de 11 terminales automotrices y más de 19 modelos producidos en el país”, precisó la funcionaria del Ministerio de Desarrollo Productivo, que explicó que “el proyecto viene a potenciar los resultados ya obtenidos en el marco de la Ley 27.263” de Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino. Además, la iniciativa busca “acompañar un proceso de modernización que está atravesando el sector”.

Loustau detalló luego los aspectos principales, que se dividen en dos capítulos: la creación de un régimen de incentivos para el fomento de nuevas inversiones y la creación del Instituto de la Movilidad “con la idea de coordinar entre las diferentes cámaras, sindicatos, entidades tecnológicas y el Estado Nacional este proceso de transición que está atravesando el sector”.

Desde la cartera económica, María Sol Pasqualini, subsecretaria de Tributación Internacional, defendió que “este proyecto de ley tiene una mirada estratégica para el sector”. “Lo fundamental es incentivar las exportaciones y que se radiquen nuevos modelos y plantas en el país”, sostuvo.

Luego apuntó que los beneficios que se contemplan son “muy similares a los que buscamos implementar en la ley agroindustrial”. Así, enumeró que se trata de “la devolución anticipada de IVA” que “se iría a devolver cuando las inversiones empiecen a dar fruto y las empresas a hacer ventas o exportaciones”. “Lo que se devuelve no tiene un costo fiscal, sí financiero, que lo va a absorber el Estado”, agregó.

También establece la amortización acelerada del impuesto a las Ganancias, que consiste en “un beneficio financiero” y “los derechos de exportación van a ser 0”. “Los beneficios se pueden dar de forma recurrente”, aclaró.

Desde el sector sindical, Mario Manrique, secretario adjunto de SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor), recordó que la iniciativa comenzó a conversarse en diciembre de 2019, con la intención de “poder construir en conjunto una idea a largo plazo para una industria que es estratégica para el desarrollo de nuestra Nación, porque es una empresa multiplicadora de empleo. Así como la construcción, es una industria que desparrama hacia las PyMEs y hacia las autopartes”.

“Para poder construir el futuro debemos sentar las bases del presente”, observó y afirmó que, en ese sentido, “esta ley apunta a darle a nuestra industria esa base fundamental para que las empresas que hoy existen en el país tengan la previsibilidad a la hora de hacer inversiones”.

En tanto, Abel Furlán, secretario general de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica), consideró que la iniciativa “suma beneficios muy importantes para la industria y fundamentalmente para este sector”. Puntualmente, el exlegislador destacó “la conformación del Instituto de la Movilidad” para “poder estar cumpliendo un rol importante no solo en las transformaciones”, sino también “en la formación profesional, en la capacitación de los recursos humanos”.

Desde ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina), Isabel Martínez ponderó el consenso de todos los sectores involucrados en la elaboración de cuatro proyectos de ley. “No estamos pidiendo nada que en el mundo no exista, como que no se pague para exportar”, señaló y, sobre los beneficios, indicó que “la devolución del IVA a las automotrices es algo que naturalmente debería ocurrir”.

“Hay algunas terminales automotrices que ya han hecho inversiones pensando en la posibilidad de contar con estos beneficios”, reveló.

Una de las voces del sector empresario fue la de Martín Galdeano, presidente de Ford y ADEFA (Asociación de Fabricantes de Automotores), quien resaltó que “Argentina está en un grupo de 25 o 30 países que producen automóviles en una escala superior a las 500 mil unidades. Estamos en el puesto 28. Y ocupamos el sexto lugar en producción global de pick-ups”.

“Es una industria exportadora de productos de alto valor agregado”, aseguró, por eso valoró “la importancia de esta ley y la competitividad para exportar”. “El sector lo integran 13 terminales, más de 600 autopartistas, más de 800 concesionarios y cuando combinamos empleo directo más el empleo indirecto, estimamos que generamos algo así como 500 mil puestos de trabajo”, enumeró y agregó que es “el segundo sector industrial en inversión extranjera directa”.

Antes de pasar a la ronda de preguntas, el presidente de la Comisión de Industria, Marcelo Casaretto (FdT), comparó que en 2019 “la producción nacional de vehículos fue de 314 mil vehículos y las exportaciones de 224 mil vehículos”.

En 2020, producto del impacto de la pandemia, “la producción cayó un 55% y las exportaciones un 50%”; mientras que “la recuperación de 2021 lo llevó por encima del valor anterior: la producción de 2021 llegó a 434 mil unidades, un aumento del 69% y en lo que hace a exportaciones pasaron de 137 a 259 mil unidades, un aumento del 88%”.

“En lo que va de este año hay una producción acumulada a mayo de 195 mil unidades, un 27% por encima de lo que fue el mismo período del año pasado, y en cuanto a exportaciones 108 mil unidades, también un 27% más que los mismos meses del año pasado”, completó.

En la ronda de preguntas, Martín Tetaz (Evolución Radical) comentó que en la convocatoria de invitados falta la voz de los consumidores para saber “el criterio que priorizan”. Por consiguiente, preguntó por qué la ley no es de carácter general para todas las inversiones y por qué no se eliminan todos los impuestos de las empresas que exportan.

 “Este Congreso se ha convertido en un botín que vienen a buscar los distintos sectores con sus distintos lobbies. No tiene que haber impuesto a las exportaciones, es una contradicción”, expresó

Por otro lado, cuestionó la creación del Instituto de Movilidad: “¿Es necesaria? ¿Para qué está el Ministerio de Producción entonces? Si vamos a crear una estructura aparte, burocrática, ¿para qué tiene que pasar por el Congreso y piden una ley para una mesa de diálogo, si es una función del Ministerio de Producción?”.

A su turno, el santafesino Luciano Laspina (Pro) planteó si “no habría que mejorar, derogar o reformar la Ley de Autopartes del 2016” porque “da beneficios planos e incentivos a las grandes multinacionales”, y consultó también sobre el componente impositivo total en los autos.

De la vereda de enfrente la subsecretaria de industria, Julieta Lousteau, explicó que “no es una ley como para cualquier sector en virtud de las inversiones que estamos considerando y de los diferentes datos que se comentaron del sector automotor en Argentina y la vinculación que tiene en materia de valor agregado, en la generación de empleo de calidad”.

Sobre las iniciativas de inversión aclaró que “son grandes proyectos de inversiones que requieren en virtud del tratamiento diferencial al ser proyectos que acumulan una gran cantidad de IVA”, y cerró: “Este proyecto no es incompatible con la Ley 27.263 sino que se busca articular un proyecto que en definitiva ha generado un círculo virtuoso en relación a las exportaciones del sector, al contenido nacional, un sector que tiene un valor agregado más del 60% cuyas inversiones tienen un contenido nacional del 40% ha generado una gran seri de importaciones, y este proyecto viene a acompañar ese proceso”.

Por otro lado, el presidente de Ford, Martín Galdeano, contestó sobre la consulta del diputado Laspina respecto a la Ley de Autopartes sostuvo que “era algo que históricamente a la industria automotriz se le reclamaba que nos costaba llegar a contenidos razonables de componentes argentinos. Tenemos 5 proyectos que están en un piso del 30% y otros superan el 40%. La ley claramente esta funcionando y ha viabilizado esa localización de autopartes”. Sobre la carga impositiva, señaló que “tenemos cómo mirar la de la producción y la comercialización, si miramos la carga completa estimamos que tenemos un 11,6% en la producción, cuando Brasil tiene la mitad y México la tiene sobre la comercialización. Cuando exportamos es sin impuestos, buscamos acá no exportar impuestos”

El proyecto

La iniciativa apunta a promover las inversiones en todos los eslabones de la cadena de valor automotriz, es decir, terminales y autopartistas de los diferentes anillos, sistemistas y empresas que agregan valor a partir de procesos industriales.

Entre los beneficios fiscales plantea: devolución anticipada del IVA; amortización acelerada de los bienes de capital y de las obras de infraestructura; y que los derechos de exportación van a ser de 0% hasta el 31 de diciembre de 2031.

Además, el proyecto declara a la Industria Automotriz-Autopartista como Industria Estratégica en la República Argentina.

Se crea el “Programa de Fomento a Nuevas Inversiones de la Industria Automotriz-Autopartista”, que comprenderá las inversiones en bienes de capital nuevos y obras de infraestructura realizadas por empresas industriales radicadas en Argentina.

Los beneficiarios podrán ser aquellas empresas que cuenten con proyectos de inversión aprobados por la autoridad de aplicación, mientras que no podrán acogerse al programa quienes estén declarados en quiebra, se encuentren en otro régimen de promoción o tengan morosidad.

Los bienes producidos en el marco de los proyectos de inversión deberán alcanzar un Contenido Mínimo Nacional (CMN), que se define en escalas progresivas de acuerdo a los vehículos o autopartes.

También, se crea un Instituto de la Movilidad, con un directorio integrado por ocho miembros ad honorem designados por las cámaras empresarias y los sindicatos.

Aunque habían alcanzado el dictamen de minoría en las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, reinaba el optimismo en la oposición respecto de construir nuevamente una mayoría en el recinto de la Cámara de Diputados -como pasó con boleta única de papel- para poder aprobar el jueves de esta semana la reforma de la Ley de Alquileres. Sin embargo, pocas horas después del plenario, la chance se vio diluida.

Luego del acuerdo alcanzado, en el sector de Juntos por el Cambio, parte del interbloque Federal y el interbloque Provincias Unidas cayeron en la cuenta de que los números estaban complicados para llamar a un debate el último día del mes. Esto se daba no solo por la baja de algunos legisladores que no iban a poder estar presentes, sino sobre todo por diferencias que surgieron después sobre la letra del proyecto.

La posibilidad de que los alquileres se puedan actualizar, por acuerdo de las partes, de forma trimestral fue el punto que detonó la mayor polémica, e incluso salió a reconocerlo el rionegrino Agustín Domingo, quien fue autor de una de las iniciativas que se tomaron para la unificación de las propuestas, y aseguró que buscarán que se contemplen de manera semestral. Pero este es uno de los aspectos donde, según pudo saber este medio, se resiste a ceder el bloque Pro.

Además de ese artículo, tampoco están conformes en cómo quedó la redacción los socialistas Mónica Fein y Enrique Estévez, quienes forman parte del interbloque Federal, pero no participan de las comisiones que trataron el tema. “Está complejo”, señalaron desde el entorno de los santafesinos a parlamentario.com, aunque aclararon que tampoco los satisface la propuesta del oficialismo.

A todo ello se suma que el respaldo de los sectores libertarios -quienes pedían directamente por la derogación de la ley- tampoco está confirmado. En el caso del líder de Avanza Libertad, José Luis Espert, por ejemplo, fuentes cercanas al legislador indicaron a parlamentario.com que “por ahora decidió no adelantar su voto, lo definirá el mismo día de la votación”.

Por su parte, desde el oficialismo tampoco habrá convocatoria a sesionar esta semana, pese a que se había barajado la posibilidad de adelantarse un día a la oposición y llamar a debatir el miércoles 29 la reforma de la Ley de Alquileres y el proyecto -con media sanción- que crea un Fondo Nacional, compuesto por la recuperación de dólares “fugados”, para pagarle al FMI. En ninguno de los dos casos el Frente de Todos cuenta con los votos. En tanto, de los proyectos con dictamen, tampoco pudo todavía avanzar en el recinto con la nueva ley de Compre Argentino.

Por el contrario, para llevar a una sesión de “consenso” antes del (informal) receso invernal, hay en carpeta varias iniciativas que salieron con acuerdo desde las comisiones, como el proyecto de emergencia en el transporte del interior -que lleva a un monto de 59.500 millones de pesos los recursos del Fondo Compensatorio-; la nueva ley de biotecnología y nanotecnología; una ley sobre cuidados paliativos y otra sobre resistencia antimicrobiana.

Las dos propuestas sobre alquileres

El dictamen de mayoría del Frente de Todos revindica la actual Ley 27.551, al mantener el plazo de tres años en los contratos, como así también el índice para la actualización de los alquileres en base a una fórmula que combina IPC y RIPTE. Asimismo, otorga más facilidades para los inquilinos en la presentación de garantías.

En el capítulo de incentivos fiscales, propone una reforma en el régimen de monotributo para beneficiar a monotributistas que tengan más de tres unidades de explotación; incorpora al régimen de la Ley de Incentivo a la Construcción los inmuebles que durante 12 años estén destinados al alquiler y “siempre que dichos contratos de locación se encuentren registrados”; y exime del impuesto a los Bienes Personales a aquellas propiedades cuyo valor resulte igual o inferior a 30 millones de pesos, el mínimo no imponible para esa categoría.

Por su parte, el dictamen de minoría de la oposición vuelve a dos años el plazo mínimo legal de los contratos. En cuanto al precio del alquiler, indica que deberá “fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes, por intervalos de entre 3 y 12 meses”.

Asimismo, agrega que para los ajustes, las partes “deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS)” elaborados por el INDEC, “o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.

En relación a los beneficios fiscales, similares a los del oficialismo, la iniciativa contempla una reforma del régimen de monotributo para que quienes tengan tres unidades de explotación, “en el caso de la actividad de locación de inmuebles, mediante contratos debidamente registrados” se considere como “una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de propiedades afectadas a la misma”.

También exime de Bienes Personales a los inmuebles destinados a alquiler y contempla una modificación al impuesto a los débitos y créditos bancarios -más conocido como impuesto al cheque- para que estén exentas aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes “utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados”.

Movilización de inquilinos

En contra de la reforma de la ley, las distintas organizaciones que nuclean a inquilinos convocaron a una marcha frente al Congreso para el próximo miércoles, a las 18, bajo la consigna “Valijazo”.

“No estamos dispuestos a soportar más injusticia ni abuso. Durante mucho tiempo el mercado inmobiliario nos obligó a aceptar cualquier tipo de condición. La Ley de Alquileres es un freno y por eso intentan terminar con ella”, enfatizó Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados.

Y agregó: “Convocamos a defendernos del mercado inmobiliario y el intento de votar el dictamen de JxC, el interbloque Federal y Provincias Unidas que plantea volver a contratos de 2 años, aumentos trimestrales o semestrales sin ningún índice ni límite, y la posibilidad de que los propietarios o inmobiliarias nos exijan pagos por adelantado de alquileres”.

Más de diez meses después de que el Ejecutivo enviara el proyecto al Parlamento, comienza su debate en la Cámara de Diputados. Será en el marco de un plenario de las comisiones de Industria, que encabeza el entrerriano Marcelo Casaretto, y de Presupuesto y Hacienda, del porteño Carlos Heller.

La convocatoria es para este martes a las 13 y han sido convocados a exponer funcionarios del Poder Ejecutivo, cámaras y empresarios del sector, como así también dirigentes sindicales.

La ley se denomina Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz, Autopartista y su Cadena de Valor y el proyecto fue presentado el 18 de agosto de 2021, pero nunca alcanzó a iniciarse su tratamiento.

Tiene por objeto promover las inversiones en todos los eslabones de la cadena de valor automotriz, es decir, terminales y autopartistas de los diferentes anillos, sistemistas y empresas que agregan valor a partir de procesos industriales (forja, fundición, mecanizado, pintura, estampado, entre otros).

En los considerandos de la iniciativa, se destaca que “la cadena de valor automotriz es central para la estructura y la dinámica productiva del país”, ya que se trata de una actividad “con gran peso relativo en la producción -10% del PBI industrial-, en las exportaciones -primer exportador de manufacturas de origen industrial (MOI)- y en el empleo del país -6% del empleo industrial registrado-”.

✅ AGENDA DE LA SEMANA. En #Diputados tratamos el Martes a las 13 la #LeyAutomotriz, para movilizar inversiones en el sector. Expositores: las empresas y los sindicatos del sector. Plenario de Industria y Presupuesto.
@Diputados_Todos @Adefa_Prensa @SindicatoSMATA pic.twitter.com/up1IwvXmf4

— Marcelo Casaretto (@mpcasaretto) June 27, 2022

Uno de los objetivos del Gobierno nacional es potenciar el crecimiento de la cadena de valor de manera sustentable, incentivando las inversiones en plataformas de producción eficientes, exclusivas a nivel regional y con escala internacional, que permita tener una alta inserción exportadora y altos niveles de integración nacional de autopartes”, sostienen los fundamentos.

Por tal motivo, los proyectos de inversión alcanzados por los beneficios de este proyecto de ley serán aquellos que incluyan plataformas exclusivas regionalmente (para autos y utilitarios) y niveles mínimos de contenido nacional.

Asimismo, el proyecto apunta, por un lado, a facilitar desde lo fiscal a la formación de capital en el sector, bajo instrumentos orientados a mejorar la performance financiera de los proyectos de inversión, como la amortización acelerada y el tratamiento previsto a los saldos generados por créditos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y, por otro, potenciar las exportaciones.

“En ese sentido, la devolución anticipada del IVA, permitiendo ser utilizado para el pago de otros impuestos nacionales, viene a reducir ese costo y a hacer viables más inversiones. Asimismo, el beneficio no implica un costo fiscal neto para el Estado Nacional, dado que lo que se devuelve de IVA en un momento implica un mayor pago de IVA en el futuro, aunque sí el Estado Nacional absorbe el costo financiero que se ahorra la empresa”, argumenta la iniciativa.

En cuanto a permitir la amortización acelerada de los bienes de capital y de las obras de infraestructura, se señaló que “también mejora el resultado financiero de la inversión, debido a que les reduce el monto a pagar por el Impuesto a las Ganancias en los primeros años, desde la puesta en marcha del proyecto”.

Por otra parte, se establece que los derechos de exportación van a ser de 0% hasta el 31 de diciembre de 2031.

El proyecto declara a la Industria Automotriz-Autopartista como Industria Estratégica en la República Argentina.

Se crea el “Programa de Fomento a Nuevas Inversiones de la Industria Automotriz-Autopartista”, que comprenderá las inversiones en bienes de capital nuevos y obras de infraestructura realizadas por empresas industriales radicadas en Argentina.

Los beneficiarios podrán ser aquellas empresas que cuenten con proyectos de inversión aprobados por la autoridad de aplicación, mientras que no podrán acogerse al programa quienes estén declarados en quiebra, se encuentren en otro régimen de promoción o tengan morosidad.

Los proyectos de inversión deberán necesariamente involucrar la producción de: nuevas autopartes o autopartes ya producidas al momento de la inscripción al régimen, que involucren una mejora sustantiva en la capacidad de producción.

Los bienes producidos en el marco de los proyectos de inversión aprobados deberán alcanzar un Contenido Mínimo Nacional (CMN), que se define en escalas progresivas de acuerdo a los vehículos o autopartes.

Además, se establecen cuáles serán las faltas leves y graves, al tiempo de una serie de sanciones a quienes no cumplan con la ley, tales como “la suspensión en el goce del beneficio por el período que dure el incumplimiento; la revocación total o parcial del beneficio usufructuado con su correspondiente restitución al fisco de los créditos fiscales oportunamente acreditados o devueltos o, en su caso, del impuesto a las Ganancias ingresado en defecto; ingreso de los derechos de exportación no abonados, con más los respectivos intereses resarcitorios; multas, cuyos montos no podrán exceder del 50% de los beneficios usufructuados; e inhabilitación para volver a gozar de los beneficios del régimen por el mismo u otro proyecto.

En otro artículo del proyecto, se dispone la creación del Instituto de la Movilidad “como ente de derecho público no estatal que tendrá por objeto fomentar la consolidación de un ecosistema productivo sustentable a través de la coordinación entre los diferentes eslabones de la cadena de valor, el Estado Nacional, el colectivo de los trabajadores y las trabajadoras y las instituciones de apoyo científico y tecnológico”.

La iniciativa determina que el gobierno y la administración del Instituto de la Movilidad estarán a cargo de un directorio integrado por 8 vocales, que se desempeñarán con carácter “ad honorem”. De ellos, dos serán designados por la autoridad de aplicación; uno por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial; tres por las asociaciones empresarias representativas del sector automotriz (AFAC y ADIMRA) dos por los sindicatos SMATA y UOM. Asimismo, cada entidad deberá designar a su respectivo o respectiva suplente.

Lunes 27 de junio

14.00 hs Jornada “Reflexiones sobre la protección del derecho a la salud”. Organiza el senador nacional Mario Fiad.

16.00 hs Conmemoración del Día Internacional de las Pymes. Organiza la senadora nacional Nora del Valle Giménez.

Martes 28 de junio

13:00 hs Reunión conjunta de las comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda de  la Cámara baja, para tratar el proyecto de Industria Automotriz.

13.30 hs Reunión constitutiva de la Comisión de Turismo del Senado.

14.00 hs Reunión constitutiva de la Comisión de Derechos y Garantías del Senado.

14.30 hs Reunión constitutiva de la Comisión de Economía Nacional e Inversión del Senado.

16.00 hs Reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado. Recibirán a una delegación de senadores franceses.

18.00 hs Jornada “Experiencias de vida independiente de personas con discapacidad intelectual – Insumos para el debate del proyecto de ley de creación de Sistema Integral para la Vida Autónoma”. Organiza la senadora nacional María Inés Pilatti Vergara.

18:00 hs Comisión de Defensa Nacional de la Cámara baja. Con invitados del Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

18.00 hs Reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado.

Miércoles 29 de junio

09.30 hs Reunión de la Comisión de Minería de Diputados. Fue invitada la secretaria de Minería de la Nación, Dra. Fernanda Ávila, representantes del Consejo Federal de Minería (COFEMIN), a fin de informar la situación de la Minería en la República Argentina, perspectiva de crecimiento del sector.

11.00 hs Reunión plenaria de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja.

13.00 hs Reunión de la Comisión de Asuntos Municipales de Diputados.

14.00 hs Presentación del documental “Archivos VIH/Sida: historias y voces de una pandemia”. Organiza el senador nacional Pablo Yedlin.

14.00 hs Reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado.

15.30 hs Reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de Diputados.

16.00 hs Reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación y Cultura – Reunión de la Comisión de Educación y Cultura del Senado.

A casi un mes de la primera reunión informativa, un plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados retomará el debate por los créditos hipotecarios UVA este miércoles a las 11 desde el Anexo “C”.

La reunión conjunta de las comisiones que presiden los oficialistas Alicia Aparicio y Carlos Heller será la segunda con carácter informativo ya que fueron invitados especialistas y representantes de los tomadores de créditos.

La presidenta de la Comisión de Finanzas había adelantado en el plenario del 1 de junio que se acordó llevar adelante dos reuniones informativas, con la presencia de especialistas y representantes de los tomadores de créditos, y una reunión de debate.

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, recibió este viernes en el Salón de Honor del Congreso a su par del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Sergio Díaz-Granados.

Durante el encuentro, Massa y el presidente ejecutivo de la CAF analizaron la cartera de crédito de la institución en la Argentina, así como el desempeño de los nuevos créditos en marcha destinados a educación, estructuras binacionales y agua y saneamiento.

Asimismo, abordaron el impacto regional de la CAF en Latinoamérica respecto a otros organismos multilaterales.

La CAF promueve un modelo de desarrollo sostenible mediante créditos, recursos no reembolsables y apoyo en la estructuración técnica y financiera de proyectos de los sectores público y privado de América Latina.

Este jueves Se llevó a cabo una reunión de la Comisión de análisis y seguimiento de normas tributarias y previsionales, presidida Martín Tetaz (Evolución Radical), con el fin de organizar la agenda de trabajo donde, entre otras cuestiones, el presidente señaló que resta definir fecha para que Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP, concurra a brindar un informe del estado actual del cumplimiento de las normas tributarias. En el mismo sentido, se propuso convocar a los titulares del Banco Central, Miguel Ángel Pesce; de la ANSES, Fernanda Raverta; y de la UIF, Juan Carlos Romero.

“Me informan que estaría ‘ok’ que se está definiendo la fecha en la cual coordinamos la agenda para hacer la reunión, pero en principio vendría la directora de la AFIP”, adelantó Tetaz.

En suma, informó que solicitaron el giro a la comisión del proyecto de la creación del fondo para el pago del FMI “entendemos que correspondía porque es el corazón de la comisión es justamente el cumplimiento de las cuestiones tributarias y el eje del proyecto es sobre los fondos de la evasión entonces parecía razonable que venga, veremos que define la presidencia de la Cámara”.

Retomando el discurso de la vicepresidenta de la Nación en el acto de la CTA, Tetaz expresó: “Nos vino bien porque nos puso en valor el problema de la evasión como algo central de la Argentina como la cuestión inflacionaria y otros temas, por lo cual empodera a la comisión en cierto sentido”, y sugirió: “Nos da la excusa perfecta para solicitarle a la presidencia de la Cámara algún presupuesto mínimo para armar un equipo de investigación que pueda producir un informe propio sobre el estado de normas tributarias”.

“Vamos a convocar gente de organizaciones no gubernamentales que nos proporcionará información al igual que AFIP. La comisión podría proporcionar sus propias investigaciones. La comisión podría sumar dos investigadores de la oposición y dos del oficialismo y armar un equipo de cuatro investigadores que se tomen un año para armar un informe del estado actualizado de cumplimento de normas tributarias”, opinó el radical que incluya un plazo, por ejemplo, de un año para su presentación. También, dejó planteada la idea de armar un seminario para la segunda mitad del año.

El primero en hacer uso de la palabra fue el radical Víctor Hugo Romero (Córdoba) quien acompañó las propuestas del presidente de la comisión porque son “interesantes” y sugirió “consensuar una agenda de temas para trabajar de forma eficiente y sea una reunión para que nos de la información que queremos. Sería bueno trabajar en esa agenda y establecer lazos de confianza” para la visita con la titular del AFIP.

Respecto a las jornadas de trabajo para realizar informes sobre evasión sostuvo que es “importante” y propuso establecer un “criterio para que no sea muy amplio, en exposiciones que no sean muy largas para saber qué piensan nos sectores académicos y de investigación y a partir de ahí trabajar en esa agenda”. En tanto sugirió escuchar al Consejo de Ciencia Económica es “una de las instituciones que hay que escuchar y hay que tenerla en cuenta porque representa a los profesionales relacionados al tema de la económica y conocen la realidad y dificultades del tema”.

“Todos sabemos que la evasión es un delito, tenemos que generar herramientas para hacer una AFIP más inteligente y que los evasores no sean premiados con blanqueos en el exterior o acá”, apuntó Romero.

A su turno la diputada y secretaria de la comisión Germana Figueroa Casas (Pro – Santa Fe) expresó su preocupación porque “empiezan a vencer las declaraciones juradas anuales de ganancias. Los aplicativos que son las herramientas que tienen los contadores para presentarlas, se pusieron a disposición hace menos de 60 días por eso el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA hizo una presentación judicial pidiendo que se cumpla ese plazo y se hagan las presentaciones al 12 de julio, pero la AFIP en vez de corroborar dijo que se va a aplicar solo para contadores de CABA”.

“Esto obligaría a que 23 Consejos hicieran esta presentación judicial. Si hablamos de combatir la evasión, tenemos que empezar a valorar el trabajo de los contadores que hacen esa relación y esto no suma para nada”, expresó la santafesina y manifestó: “En vez de AFIP comprender, va por más y genera distorsión. Eso no suma. Una tarea nuestra es escuchar al profesional, al que está ahí en la trinchera que hace el servicio al Estado de traducir el valor que e genera a los impuestos”. Y cerró diciendo que “el primer paso es ver al contador como un colaborador estatal, contribuye de una manera encomiable”.

En su intervención, la diputada radical Pamela Verasay sugirió citar a los titulares del Banco Central, de ANSeS tras los dichos de la vicepresidenta del propio gobierno. “Me parece excelente el grupo de investigación”, celebró la mendocina y se sumó a sus dichos la tucumana Lidia Ascárate.

En el uso de la palara, el jujeño oficialista Julio Ferreyra denunció que en el país “se ha ido haciendo una norma de la instalación de ferias que evaden todo tipo de impuesto y no son pequeños montos, son importantes. Para poder sanear esa falta de pagos de aportes que son imprescindibles tiene que haber una decisión conjunta de exigir el pago de los tributos, las ferias tienen que pagar impuestos y no lo hacen. Se han convertido en patotas que cuando vas a cobrar te terminan patoteando. Hay que terminar con eso”, y contó que “en Jujuy las ferias son propiciados por los propios intendentes”.

“Tenemos que buscar la forma para mejorar la recaudación sin generar nuevos tributos porque eso no va más. El país está totalmente desordenado y a mí me preocupa que no se vislumbra una salida sin acuerdo general para sanear eso que está mal. Los intendentes propician esa evasión porque para ellos es negocio”, sostuvo.

En el mismo sentido, con respecto al pedido de presupuesto para armar un equipo de investigación, Ramiro Fernández Patri (FdT) sugirió utilizar la Oficina de Presupuesto del Congreso, que tiene el Parlamento a tal fin, para “utilizar los recursos que ya tiene la Cámara y no generar nuevos”.

Con la participación de representantes y embajadores de la Unión Europea, la Comisión de Mercosur de la Cámara de Diputados mantuvo un intercambio este jueves, durante el que se debatió sobre los desafíos que tienen por delante ambas regiones, y además el escenario favorable que se abre para las relaciones económicas en el contexto de la guerra Rusia-Ucrania.

En el arranque, el presidente de la comisión, el diputado Fernando Iglesias (Pro), destacó que “el tema de Mercosur es una de las pocas políticas de Estado que ha tenido nuestro país, y queremos reforzarla, impulsarla”. “Este probablemente sea el más importante”, dijo sobre el acuerdo, aunque también opinó que se debería avanzar en la cuestión de “una moneda única Brasil-Argentina ya sea a nivel Mercosur, sudamericano o bilateral” para “darle vigor a un Mercosur que está estancado y en retroceso, golpeado por las indecisiones políticas y los vientos de la historia”.

Sobre el acuerdo, el macrista recordó que tuvo “un largo proceso” ya que “se inició el 28 de junio de 1999 y se concluyó la fase de negociación el 18 de junio de 2020”.

“La criminal guerra de (Vladimir) Putin, la invasión de Ucrania, ha creado una situación internacional y global completamente diferente a la preexistente, han cambiado las reglas de juego, y desde el punto de vista de este acuerdo y de los intereses conjuntos de la Unión Europea y el Mercosur, hay un escenario extraordinariamente favorable”, observó.

En esa línea, Iglesias afirmó que “hay una coincidencia que nunca se había presentado tan fuerte en la historia de oportunidad política y económica” entre ambas regiones.

A su turno, Amador Sánchez Rico, embajador de la Unión Europea, señaló que “es muy oportuno este debate por el momento geopolítico que estamos atravesando, un momento geopolítico en el que nos ha metido el presidente Putin, con su guerra totalmente injusta o injustificada, y que, parece mentira, con esta tragedia se abren nuevas oportunidades”.

“Este acuerdo es geoestratégico para las dos regiones y lo es ahora aún más por esta situación en la que nos encontramos. Nos necesitamos mutuamente”, insistió.

Sánchez Rico recordó que en el convenio “teníamos ya objetivos muy claros en materia de transición verde, de transición energética, y ahora se han acelerado esas necesidades”, así como la de “diversificar nuestras fuentes de energía”, porque en Europa “tenemos que cortar el cordón umbilical que nos ha unido a Rusia por muchos años; y aquí es donde la Argentina y el Mercosur pueden jugar un rol clave”.

Por su parte, Javier Niño Pérez, director de Gestión para las Américas en el Servicio Europeo de Acción Exterior, ponderó que el Mercosur y la Unión Europea tienen “una cercanía que no tiene paralelo en el mundo”. Y resaltó la posición de Argentina ante la ONU sobre la guerra: “Que se haya pronunciado de manera tan valiente y firme es algo que nos satisface”.

Al afirmar que se debe “caminar hacia los grandes desafíos del siglo XXI”, mencionó la “revolución medioambiental” en la que “Latinoamérica, el Caribe y la Unión Europea tienen muchos puntos en común”. “Este continente tiene el 60% de la biodiversidad mundial, sería muy difícil caminar ese camino sin Latinoamérica y el Caribe”, expresó.

Niño Pérez también habló del “desafío digital, donde tenemos una agenda común que insiste en que esa revolución digital se haga poniendo al ser humano en el centro de nuestro enfoque, que se respeten las libertades públicas y los derechos de las minorías”.

Y “el tercer desafío que queremos afrontar es el tipo de sociedad que queremos mantener y proteger, una sociedad que se basa en el respeto a la democracia, los derechos humanos y la división de poderes”, agregó.

Si bien reconoció que las integraciones han costado en ambas regiones, el director de Gestión para las Américas consideró que “la integración regional en este mundo que vivimos es la única solución para poder afrontar esos desafíos y proteger el modelo de sociedad que tenemos”.

Luego aseguró que “con Argentina queremos tener una verdadera alianza estratégica”. “En los próximos meses queremos renegociar el acuerdo bilateral que tenemos con Argentina”, que es del siglo pasado, indicó y abogó por “un acuerdo mucho más ambicioso que nos permita abordar todos los temas de interés común, desde la macroeconomía, donde podríamos discutir la iniciativa de renegociación de la deuda; biotecnología, donde podríamos discutir las exportaciones agrícolas; y derechos humanos”, entre otros aspectos.

Tras una consulta de la diputada Margarita Stolbizer sobre transición energética, Cristina Lobillo Borrero, directora de Política Energética para la Unión Europea, remarcó que “tanto Argentina y todos los países del Mercosur como la Unión Europea estamos comprometidos en un proceso de descarbonización de nuestras economías; estamos obligados todos por el Acuerdo de París, y nadie ha puesto en duda esta situación, ni siquiera la urgencia o emergencia que tiene la Unión Europea ahora para sustituir combustibles fósiles como son gas, petróleo y carbón de Rusia en el plazo muy inmediato”.

“En las últimas semanas nuestros líderes políticos han decidido avanzar aún más en la transición energética”, reveló y manifestó que esto se ocurre con el objetivo de “ser lo antes posible” independientes “del gas y los combustibles fósiles rusos”. En ese marco, “la Unión Europea debe incrementar esta cooperación con Argentina”, dijo Lobillo Borrero, que habló de las apuestas que hay en litio e hidrógeno verde.

En el tramo final del encuentro, la parlamentaria del Mercosur Lilia Puig preguntó “cómo está el trámite en el Parlamento Europeo respecto del acuerdo”, a lo que Niño Pérez respondió que “el debate en estos momentos es un debate no de procedimiento, sino político. El debate en el Parlamento Europeo plantea muchos desafíos, es una institución donde está representado un grupo de fuerzas políticas muy diverso y con diversos intereses”. “El no firmar el acuerdo está perjudicando al medioambiente”, advirtió.

Tras el debate sobre la reforma de la Ley de Alquileres, un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados avanzó con el despacho del proyecto para la creación de un “Fondo Nacional” para pagarle al FMI a partir de la recuperación de “dólares fugados”, que fue aprobado en mayo pasado en el Senado.

Con el acompañamiento del misionero Diego Sartori, el Frente de Todos se alzó con el dictamen de mayoría -que reproduce la media sanción- con 41 firmas, mientras que Juntos por el Cambio suscribió un dictamen de rechazo, con 36 firmas. Por su parte, la diputada Graciela Camaño del interbloque Federal presentará este jueves por la mañana su propio despacho.

Según el proyecto, impulsado por el kirchnerismo, este Fondo se constituirá por lo recaudado a partir de “un pago que se aplicará sobre los bienes situados y/o radicados en el exterior que se localicen o detecten desde la entrada en vigencia de la ley y no hayan sido declarados ante la AFIP”.

Los alcanzados por esta norma deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares. En el caso de declarar los bienes pasados los 6 meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%.

La iniciativa introduce la figura del “colaborador”, que será “cualquier individuo, sea persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, que actuando en forma personal o conjuntamente, proporcione información relacionada con una violación de las leyes impositivas y de lavado de activos”.

El monto a partir del cual se considerará como acreditada la información del colaborador no deberá ser inferior a U$S 500.000 en concepto de activos no declarados. Asimismo, prevé una recompensa del 30% del monto total efectivamente recaudado e ingresado a las arcas estatales.

Por más de media hora, defendió el proyecto el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, quien explicó que la iniciativa “pone en el centro la cuestión histórica de la fuga de dólares, la evasión impositiva y cuáles pueden ser las formas posibles de afrontar el pago de la deuda con el Fondo”.

“El objetivo es obtener los fondos para hacer frente a la deuda heredada sin que eso afecte las posibilidades que el país tiene de utilizar sus recursos para mejorar la calidad de vida de la población”, resaltó y precisó que debería verse como una “doble expresión, porque en la negociación de la deuda heredada se obtuvo un amplio plazo que hace que hasta el 2026 esta deuda no genere erogaciones, por lo cual tendremos bastante tiempo, una vez sancionada la ley, para que los mecanismos allí dispuestos vayan generando resultado que permitan acumular recursos para que cuando lleguen los vencimientos podamos hacerlo sin afectar la políticas de crecimiento, de desarrollo”.

A su vez, el oficialista remarcó que “lo interesante del proyecto es que lo hace a partir de gravar a aquellas personas residentes que no cumplieron con las leyes impositivas del país, que evadieron el pago de impuestos que les correspondía efectuar al haber obtenido importantes ganancias en nuestro territorio y que las mandaron al exterior”.

“La oposición podría muy bien acompañar este proyecto sin entrar en contradicción con su postulado de no crear nuevos impuestos ni aumentar alícuotas, porque no se habla de eso, sino de que cumplan con las obligaciones contraídas y con la plata que ganaron bajo leyes vigentes, porque la que se llevaron afuera primero la ganaron acá”, enfatizó el porteño.

Y agregó: “Se la llevaron sin declarar y entran en todas las variantes de contrabando, fuga, todos los ilícitos que queramos imaginar y que permitieron que esos fondos estén en otros destinos habiendo eludido cumplir con las leyes vigentes en la Argentina”.

Tras leer el informe del Banco Central sobre la fuga de capitales durante la gestión anterior, el diputado insistió que se trata de “cobrarle a quienes fugaron dólares, no crearle ningún nuevo cargo, para quienes se han beneficiado con políticas de endeudamiento contribuyan a cancelar los montos adeudados con el FMI sin que lo pague el pueblo”.

Desde la oposición, el diputado de Evolución Radical Martín Tetaz consideró que el proyecto debía ser girado a la Comisión de Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias -que él preside-, porque “es una cuestión de incumplimiento de normas tributarias”.

“Si entendemos que el dinero es fungible nos vamos a ahorrar un montón de discusiones. No tiene mucho sentido el destino de los fondos”, opinó y se preguntó: “¿Por qué no recuperamos el dinero de todos los evasores como los locales? ¿A esos no los vamos a buscar o su dinero no sería útil? ¿Por qué solo a los fugadores que se la llevaron a una cuenta off-shore y no a los que la tienen en cajas de seguridad?”.

En esa línea, el economista lanzó que “no se entiende por qué hay fugadores buenos y malos”, y reiteró que “no tiene sentido que queramos usar la plata depositada en una cuenta afuera y no queramos usar la plata de una caja de seguridad local”.

Cargando contra la gestión anterior, el oficialista Sergio Palazzo aseguró que el préstamo tomado por Mauricio Macri con el FMI “fue una gran estafa en la Argentina”. Por eso, expresó su apoyo “firmemente” al proyecto, ya que “pone en clave de justicia el interrogante más grande sobre quiénes tienen que pagar la deuda; y para nosotros la tienen que pagar los evasores”.

“(La deuda) no se la tenemos que hacer pagar a los trabajadores y a los sectores productivos, sino a los evasores. Y mucho menos me quedó con el discurso de que los argentinos nos tenemos que enamorar de Christine Lagarde porque nos prestó la plata, en todo caso los argentinos nos enamoramos de Yrigoyen, Belgrano, Moreno, Alfonsín, Illia, Perón, Evita, Kirchner y Cristina”, agregó.

En contra del proyecto, desde el interbloque Federal, la legisladora Graciela Camaño señaló que “por supuesto que no se puede estar en desacuerdo en perseguir a los evasores”. “El Estado debe poner todos los esfuerzos en esa persecución y que esa persecución sea eficaz, algo que evidentemente no está ocurriendo desde hace muchos años”, resaltó, al tiempo que explicó: “No advierto que con este proyecto de ley vaya a ocurrir. Se le está pidiendo a un texto una función que no la va a poder cumplir”.

“Estamos frente a un impuesto”, afirmó y aclaró que “en tanto norma impositiva, debió haber ingresado por la Cámara de Diputados”. Al subrayar que la iniciativa “es absolutamente inconstitucional” y también “vulnera el Pacto de San José de Costa Rica”, la bonaerense dijo: “Estamos dejando abierta una ventana para una objeción que pueda hacer la Justicia”.

La exposición del ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, ante el plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Penales se extendió por más de cuatro horas y terminó entre gritos de la oposición ante un funcionario que sobre el final dijo haber tenido que responder “a todas las pavadas que hablaron toda la mañana”.
Fue porque a la hora de las preguntas los diputados no se circunscribieron estrictamente al tema convocante, la reforma del Consejo de la Magistratura. Por eso se quejó sobre el final Soria de que algunos hubieran entendido que “esta era una reunión informativa” y le preguntaran “sobre el avión (venezolano) o Irán”.

En rigor, pasadas las 14.30 el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Pérez Araujo, planteó que la reunión se estaba extendiendo demasiado y el ministro debía retirarse a las 15, lo que motivó la reacción del diputado Waldo Wolff, que sostuvo que así como los diputados estaban dispuestos a permanecer el tiempo que fuera necesario, el funcionario debía hacer lo mismo. Soria terminó permaneciendo casi una hora más.

Uno de esos temas sobre los que le preguntaron fue el conflicto de la Ciudad de Buenos Aires con la Nación por el tema del alojamiento de los presos. De esa cuestión respondió el viceministro Juan Martín Mena, que atribuyó la situación a que la gestión anterior no construyó cárceles. “El problema que hay es que el Servicio Penitenciario Federal tiene un cupo máximo”, planteó, y la emprendió contra el Gobierno de Mauricio Macri al señalar que “durante 4 años llevaron adelante una política criminal que no se correspondió con la política penitenciaria. Por eso mismo, el ministro (Germán) Garavano se retira declarando la emergencia penitenciaria después de gobernar 4 años. En 2019, diciendo ‘no supe qué hacer en estos 4 años de gestión’”.

Luego insistió Mena: “No construyeron un metro cuadrado de cárcel para las leyes que reformaron. La capacidad del Servicio Penitenciario Federal es la misma que había en 2015, con una inflación penitenciaria. Se incorporaron más presos al Servicio Penitenciario, no solo Federal, sino de todo el país. En 2015 había 60 mil personas privadas de la libertad, y en 2019 nos encontramos con 110 mil personas privadas de la libertad en todo el país”.

“La política criminal que se llevó adelante no se acompañó de una política penitenciaria acorde”, remarcó.

Previamente el mismo Mena había señalado respecto al tema puntual de la Ciudad de Buenos Aires que durante la gestión anterior se le habían otorgado 60 millones de dólares y donado un predio nacional para construir una cárcel en Marcos Paz y el Gobierno de Cambiemos suspendió la obra. “El problema de los presos en comisarías es porque no hicieron lo que tenían que hacer durante los años que fueron Gobierno”, sentenció.

Muy activa durante toda la reunión -al punto tal de que el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Pérez Araujo le reprochara que sus gritos le habían dejado irritado el oído izquierdo-, Silvia Lospennato intervino sobre el final. Lo hizo para rechazar el argumento de que el fallo de inconstitucionalidad de la Ley del Consejo de la Magistratura dictado por la Corte Suprema hubiese salido por la ventana. “No puedo dejar de señalar que si algo salió por la ventana no fue el fallo de la Corte, sino un consejero, y no tengo duda que más tarde o más temprano tendrá que volver a salir por donde entró, quien no entró por imperio de la ley sino por una avivada”, enfatizó en referencia a la maniobra con la que el oficialismo en el Senado logró sentar en el Consejo de la Magistratura al senador Martín Doñate.

Luego de varias imputaciones, Lospennato recordó la presencia del ministro en un acto por el atentado a la AMIA, al que concurrió en representación del Poder Ejecutivo, y le refrescó la memoria citando el discurso de la embajadora israelí, que sostuvo esa vez que todos saben qué pasó con el atentado: “El nombre es Hezbollah y el apellido Irán”, parafraseó, para concluir imputándole que al Gobierno le debería dar “vergüenza” no haber sido ellos quienes detectaron la presencia de los tripulantes sospechosos del avión venezolano.

Por parte del oficialismo cerró la diputada Agustina Propato, quien le agradeció a los funcionarios su presencia y les pidió “disculpas por lo excesivo” que habían sido los diputados de la oposición, cuyas “pretensiones” dijo no comprender, pues habían hablado de un sinnúmero de temas que no venían a cuento del motivo de convocatoria. Y para cerrar le dijo al diputado Wolff, en referencia a su reclamo porque el ministro se quedara todo el tiempo que hiciera falta, que “no podemos secuestrar al ministro y al secretario”.

Le respondió el diputado del Pro: “El otro día nos trataron de nazis y di una clase de nazismo; si interpretó que quería secuestrar al ministro, quiero dejar en actas que no suscribo eso. Que se quede tranquila, porque usted es tan literal…”. Y luego Wolff se permitió una chicana, teniendo en cuenta que la diputada Propato es la esposa del ministro de Seguridad bonaerense: “Dice que está desde las 11, ¿sabe que hay gente que se levanta mucho más temprano para ir a trabajar y no puede porque no hay gasoil? Antes de que baje (Sergio) Berni en helicóptero con un perro…”.

Para cerrar la reunión, tomó la palabra el ministro Soria, en lo que fue el pasaje más caliente de su exposición. En principio se quejó porque le terminaran hablando del avión, de Irán, y planteó que no había sido convocado a una interpelación.

“Antes te interesaba el terrorismo, ahora no te interesa”, le gritó Lospennato, a lo que el ministro replicó: “No tengo ningún problema en contestarles lo que quieran, de lo que vine a informar”.

“La verdad es que yo vine a hablar de un proyecto de ley que es muy parecido al que presentaron desde el Gobierno anterior, casi idéntico”, dijo, acusando a la oposición de “manejar la hipocresía, en esto de llenar el vacío con argumentos que no tienen nada que ver”.

“Vine a hablar del Consejo de la Magistratrua, y me salen con el avión, el otro me habla de Hezbollah, de Irán… Todos sabemos que el problema es que la justicia argentina nunca encontró a los culpables”, sintetizó.

Como ya lo había hecho más temprano, volvió a citar a Elisa Carrió, que en su momento rechazó que la Corte integrara el Consejo de la Magistratura. “Pero hay otra perlita: la diputada (Patricia) Bullrich, creo que es de ustedes…”, dijo, precisando que el 13 de marzo de 1997 había ido por el mismo caminó que Carrió. “Patricia, cuándo no… Yo se que les cuesta horrores explicar estos cambios. ¿Por qué en 2017 decían una cosa y ahora otra, sé que es injustificable?… Déjenme decir que decía alguien que hoy dice lo contrario, o como Mario Negri, que firmaba el dictamen de Carrió, y ahora lo veo por los canales y se rasga las vestiduras”, criticó.

Entre gritos de la oposición, mostró recortes de noticias para señalar que “el único que copó la justicia con magistrados y magistradas es Mauricio Macri, y si uno ve en ese cuadro de designaciones, nuestro Gobierno viene en un promedio mucho más que aceptable… Obviamente no creo que ningún presidente en la historia vaya a alcanzar a Mauricio Macri”.

Volvió a quejarse porque en lugar de preguntarle sobre el Consejo de la Magistratura lo habían interrogado sobre un sinnúmero de otros temas. Y continuó: “Sé que a algunos no les gusta, pero es la realidad, que me enseñaron que es la única verdad”, dijo, y siguió enumerando noticias de tiempos de Cambiemos: “La Nación, ‘El Gobierno suspendió la aplicación del nuevo Código Procesal Penal y traspasó las escuchas a la Corte Suprema’. Retrasaron la instrumentación del cambio al sistema acusatorio; dejaron sin los recursos financieros, pero también sin los recursos de jueces y fiscales… 15 de diciembre de 2015: ‘Con un decreto Macri nombró dos jueces de la Corte’; otro, ‘Cuáles son los 10 jueces que Macri trasladó sin aval del Senado’; ‘Presionada por el Gobierno renunció la procuradora Gils Cabó’; ‘Revelan cómo operó Pepín Rodríguez Simón para lograr la renuncia de Gils Carbó’; ‘El macrismo suspendió a Freiller tras una maniobra en el Consejo de la Magistratura’”.

Ahí fue que entre gritos de la oposición, disparó: “Estoy respondiendo a todas las pavadas que hablaron toda la mañana…”, y siguió: “’Carrió acusó a Macri de tener una mesa judicial’… No yo, Carrió, una genia… todavía no la citan”.

“No lo digo yo, lo dicen sus medios”, insistió y le tiró a Lospennato: “Está muy brotada”.

“La verdad que sumergieron a la justicia argentina en este desprestigio, este manoseo en el que durante 4 años hicieron que hoy los argentinos tengan un descrédito de más del 85% -continuó Soria-. Y esto no lo hizo Alberto, ni Critina, ni el Rodo (Tailhade), ni Hernán (Pérez Araujo), ni yo… Lo hicieron ustedes, háganse cargo. Como se tienen que hacer cargo de los proyectos que presentaban”.

Por Melisa Jofré

Tras un largo camino, que comenzó a principios de abril con un acuerdo parlamentario para debatir una reforma en 30 días hábiles -plazo que claramente no se cumplió-, un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados avanzó con los dictámenes sobre la reforma de la Ley de Alquileres (N°27.551).

Con 40 firmas, el Frente de Todos se alzó con el despacho de mayoría, mientras que el de Juntos por el Cambio y los bloques federales alcanzó 39. Sin embargo, el escenario de cara al recinto aparece adverso para el oficialismo, dado que la oposición lo superaría en número para imponer su texto. Podrían pedir incluso sesión para debatir el tema en los primeros días de julio.

Igualmente, resta definir la postura que tendrán, por ejemplo, los cuatro diputados libertarios, quienes pujaban directamente por la derogación de la ley. Teniendo en cuenta los acompañamientos en comisión, el dictamen de minoría contaría con 116 legisladores de Juntos por el Cambio, 8 del interbloque Federal y 4 del interbloque Provincias Unidas.

Luego de varias jornadas informativas, por las que pasaron más de cien expositores de todos los sectores, y habiéndose sumado a la discusión la Comisión de Presupuesto, no hubo luz verde para un consenso. Aunque sí ambos proyectos avanzan en beneficios impositivos para promover la oferta de propiedades.

El dictamen del Frente de Todos revindica la ley actual, al mantener el plazo de tres años en los contratos, como así también el índice para la actualización de los alquileres en base a una fórmula que combina IPC y RIPTE. Asimismo, otorga más facilidades para los inquilinos en la presentación de garantías.

En el capítulo de incentivos fiscales, propone una reforma en el régimen de monotributo para beneficiar a monotributistas que tengan más de tres unidades de explotación; incorpora al régimen de la Ley de Incentivo a la Construcción los inmuebles que durante 12 años estén destinados al alquiler y “siempre que dichos contratos de locación se encuentren registrados”; y exime del impuesto a los Bienes Personales a aquellas propiedades cuyo valor resulte igual o inferior a 30 millones de pesos, el mínimo no imponible para esa categoría.

Por su parte, el dictamen de minoría vuelve a dos años el plazo mínimo legal de los contratos. En cuanto al precio del alquiler, deberá “fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes, por intervalos de entre 3 y 12 meses”.

Asimismo, agrega que para los ajustes, las partes “deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS)” elaborados por el INDEC, “o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.

En relación a los beneficios fiscales, similares a los del oficialismo, la iniciativa contempla una reforma del régimen de monotributo para que quienes tengan tres unidades de explotación, “en el caso de la actividad de locación de inmuebles, mediante contratos debidamente registrados” se considere como “una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de propiedades afectadas a la misma”.

También exime de Bienes Personales a los inmuebles destinados a alquiler y contempla una modificación al impuesto a los débitos y créditos bancarios -más conocido como impuesto al cheque- para que estén exentas aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes “utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados”.

Durante el plenario, el diputado Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro) reveló: “Desde la última reunión hemos continuado trabajando con los interbloques con los que teníamos una mirada parecida respecto de cuáles eran los cambios que había que hacerse en la Ley de Alquileres y de los incentivos fiscales. Viendo los dictámenes que habíamos sacado de Legislación General, nos pusimos de acuerdo en unificar un solo proyecto”.

Al explicar los aspectos de esa iniciativa, el legislador argumentó que se modifica de tres a dos años el plazo de los contratos, porque ese cambio que se dio con la ley sancionada en 2020 “generó un impactó negativo en la oferta”. Además, ahora buscan que haya “una mayor libertad entre las partes” para la actualización del precio de los alquileres.

A continuación, el diputado de Evolución Radical Alejandro Cacace destacó el “diálogo fructífero entre distintos bloques”. “La intervención del Estado en la regulación de los alquileres no debe darse a través de los precios, sino de los incentivos para garantizar la oferta”, argumentó ya sobre el proyecto.

Y señaló que la ley sancionada en 2020 “ha generado consecuencias no deseadas”. Si bien se aprobó con “un pretendido objetivo de ayudar a los inquilinos”, el puntano analizó que su implementación falló en un contexto de “economía de alta incertidumbre y con alta inflación también”. En esa línea, explicó que es lógico que los propietarios “busquen cubrirse de ese riesgo con la única variable que sí controlan, que es la del precio inicial”, por eso el aumento de los alquileres.

Desde el oficialismo, el salteño Lucas Godoy lamentó que los legisladores de la oposición “hayan soslayado completamente la voz de unos de los actores fundamentales de la relación, que son los inquilinos”, de quienes “no he escuchado a ninguno de ellos que hay que retornar a un plazo mínimo de dos años, a una actualización semestral o que no tenga ningún tipo de regulación”. También resaltó que “es incomprobable” que los precios “hayan aumentado producto de esta ley”.

En tanto, su par Susana Landriscini cargó: “No respetan nada de lo que han pedido y solicitado fuertemente los inquilinos, las mujeres cabeza de familia, los sectores vulnerables, los representantes del interior, los jóvenes”. “La palabra ‘libremente’ en los pactos entre oferentes y demandantes surge de la doctrina liberal económica, que cree que uno y uno de las partes son iguales, cuando no lo son”, fustigó y agregó que la iniciativa de la oposición se trata de “una legislación que solo beneficia a propietarios e inmobiliarias”.

En la misma línea, el sanjuanino José Luis Gioja consideró que “está claro quién va a ganar, está claro quién va a imponer. Esto es como poner a un zorro con una gallina”. “El sector más perjudicado son los inquilinos. Como legisladores lo que tenemos que hacer mínimamente es defender los derechos de los inquilinos. ¡Acá hasta escuchamos llorar a una mujer!”, enfatizó. Y, más tarde, completó: “¡Vamos a hacer que rija la ley del gallinero, el de arriba caga al de abajo! Y así no debería ser”.

Desde el interbloque Federal, la diputada Graciela Camaño observó que “los salarios de los trabajadores están en paritaria permanentemente” porque “el gravísimo problema que tenemos es el problema de la inflación”. Entonces, cuestionó hacer discursos como si se creyera que “sí se escucha, cuando en realidad no se está viendo cuál es el problema que tiene nuestro país”.

“El problema que tenemos es que no hay oferta para alquilar”, sostuvo, al tiempo que admitió que “desde una ley no vamos a resolver el terrible problema habitacional que tenemos” porque, entre otras cosas, “este país no tiene crédito hipotecario hace muchísimos años”. “Este problema es mucho más importante, más profundo”, dijo.

Avanzada la discusión, el diputado del Pro Luciano Laspina cuestionó que “este Gobierno está acostumbrado a echarle la culpa a los anteriores, a echarse la culpa entre ellos, a patear los problemas para adelante y nunca resolverlos. Este es un ejemplo más, de negar la realidad, como niegan la inflación”.

“Hay un problema estructural en lo macroeconómico que esta ley no va a solucionar”, apuntó el macrista, que expresó que hay “una caída muy grande del salario medido en dólares o en metro cuadrado en el mercado inmobiliario”. Para el santafesino, con este proyecto “vamos a solucionar los problemas micro que se generaron con la ley votada (en Diputados) en 2019”, ante “un colapso de la oferta de propiedades”. “Venimos a intentar revertirlo, generando incentivos a que haya más oferta. Si hay más oferta, el precio baja”, sumó.

En el tramo final, el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, recordó el trayecto que tuvo la ley -que se votó por amplia mayoría en Diputados en noviembre de 2019- y rechazó que “le hemos cargado casi toda la responsabilidad de los problemas que existen” a esa norma, que “entró en vigencia aproximadamente hace un año y dos meses”.

“Razón, convicción y también corazón hacen falta cada vez que aprobamos las leyes”, manifestó y planteó a continuación: “No venimos con una superioridad moral, pero tampoco queremos dejar instalada la idea de que acá hay algunos que tienen superioridad intelectual respecto a los proyectos que se tratan de impulsar”.

Luego leyó noticias sobre aumento de alquileres en otros puntos del mundo, como en New York o Barcelona. “Esta situación (internacional) que se está dando la tenemos que tener en cuenta. Inclusive aquellas economías más estables y que les dan mayor certidumbre a los mercados están teniendo problemas en los alquileres”, señaló. Finalmente, en su discurso, coincidió que “el camino va por los incentivos”, pero alertó que “no por reducir derechos de los inquilinos”.

En una extensa exposición, a la que le siguieron varias preguntas de legisladores, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, se presentó este miércoles ante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados para defender el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, con media sanción del Senado.

Tal como se esperaba, el funcionario abundó en críticas a la Corte Suprema, al denunciar una “intervención política” en el Consejo, al cual “se metió por la ventana” a través de un fallo en el que “atentaron contra la división de poderes”. “Es absolutamente necesario que avancemos en sancionar una ley y ponerle fin a este entuerto”, señaló.

Al recordar su exposición el 22 de marzo pasado en el Senado, mencionó que en ese momento “faltaban apenas tres semanas para que operara el plazo, plazo impuesto lamentablemente y perentoriamente por la Corte Suprema” que vencía el 15 de abril y “había fijado 120 días para la sanción de una nueva ley”.

Soria subrayó que ese fallo del 16 de diciembre de 2021 representó “una profunda gravedad institucional que revestía que el Congreso de la Nación se viese obligado a legislar bajo presión”.

“Lamentablemente hoy esta Cámara de Diputados ya no está obligada a legislar bajo presión; la Corte hoy lo que ha generado este que esta Cámara ya esté directamente trabajando en la sanción de una ley durante la flagrante intervención de la Corte en el Consejo”, sostuvo.

Además, el titular de la cartera de Justicia consideró que la sentencia “más que un fallo jurídico es un fallo político, instrumentado con la apariencia de un fallo judicial”. Y que “al devolverle la vigencia a una ley derogada por el Congreso, sentó un gravísimo precedente que atenta directamente contra la división de poderes”.

Asimismo, esa decisión “socava y atenta también contra las facultades constitucionales” del Poder Legislativo, y esto “no lo dice solamente un ministro, el presidente o la vicepresidenta”, sino que “lo dice uno de los cuatro jueces de la Corte Suprema”.

Así, en alusión al voto en disidencia de Ricardo Lorenzetti, citó textual lo dicho por el juez: “Una ley derogada no puede ser restituida en su vigencia y es lo que se enseña en los primeros cursos de la Facultad de Derecho”. Y, sobre la decisión de sus colegas, Lorenzetti señaló que “contradice los principios básicos del derecho que no pueden ser ignorados por ninguno de sus magistrados”.

En su presentación en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, el ministro opinó que en este contexto “sancionar una ley que reestablezca el normal funcionamiento de un órgano constitucional es fundamental”.

“Todos sabíamos que ese fallo no iba a poder ser cumplido. Era prácticamente incumplible esos 120 días. Y no nos equivocamos, fíjense la fecha en la que estamos y todavía no tenemos ley”, continuó.

Tras definir al fallo de la Corte como “de facto”, el rionegrino expresó que “el Congreso no puede avalar este fallo de la Corte, porque estaría sentando, sin lugar a dudas, un precedente contrario a la Constitución, pero también así mismo”.

“Seguramente a algún diputado o diputada no le agrade que yo diga que un fallo de la Corte no es una sentencia judicial, sino más bien un fallo político”, reconoció, pero argumentó: “Si no coinciden con la gravedad no tienen por qué creerme a mí, pero basta con ver los hechos”.

Entonces, repasó que la demanda del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires contra la Ley 26.080, sancionada en 2006, se inició ese mismo año y llegó a la Corte en agosto de 2017. “Precisamente por eso, el Gobierno anterior, en diciembre de 2017, presenta en el Congreso un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura muy, pero muy parecido al que hoy estamos analizando”, apuntó.

Y agregó que, en abril de 2018, la Corte le pidió al procurador interino, Eduardo Casal, que dictamine en la causa del Consejo. Sin embargo, el 16 de ese mes, “en una extraña reunión”, la Corte recibió al exjefe de Gabinete, Marcos Peña, y al exministro de Justicia, Germán Garavano. Y, tras ese encuentro, “de golpe y porrazo desaparece el expediente, se le pierde el rastro. No sabemos en qué cajón de esta Corte, ese expediente durmió el justo sueño”.

Más adelante en el tiempo, apoyado en noticias periodísticas que mostró en pantalla, Soria señaló que el 3 de diciembre de 2021, cuando el oficialismo se aprestaba a cubrir las vacantes de Leopoldo Buglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal, “el Consejo de la Magistratura se aprestaba a cumplir con la Constitución, para reemplazar a esos dos camaristas, que entre tantos otros habían sido trasladados a dedo, y de golpe, por arte de magia, unos días más tarde la Corte vuelve a desempolvar, vuelve a encontrar en un mágico cajón, la causa del Consejo. ¿Qué extraño no?”.

El ministro cuestionó que la Corte tuvo el expediente por 1.710 días, pero al Congreso “le exigen una ley en 120 días”. Tras ello, mencionó que luego que se restituyera la ley de 1997, el 15 de abril pasado, “pasaron 50 días sin que el Consejo se reuniera”. “Esta parálisis no es gratuita, no es inocua”, sumó.

“La interferencia que hizo la Corte en su fallo creo que no puede dejar de conmover a los diputados y diputadas de todos los bloques”, insistió y llamó a debatir por “un Consejo que sea más democrático, funcione más equilibradamente y sea menos corporativo”. “O si por el contrario algunos quieren volver a concentrar todo el poder en pocas personas”, lanzó.

Sobre la iniciativa con media sanción, el funcionario afirmó que “es un proyecto que está totalmente abierto para discutirlo”. “Es inobjetable desde el punto de vista institucional y constitucional e incorpora varias modificaciones que venían de muchos años atrás”, ponderó.

Mientras que diferenció que el modelo de 1997 restituido “es un modelo inconstitucional, ineficiente, pero también totalmente antidemocrático a estos tiempos actuales”. “Se aprobó, fracasó y por eso fue superado con la ley de 2006”, enfatizó y enrostró a la oposición que “esto no es algo que lo digamos nosotros, lo dijeron ustedes mismos en el 2017”.

Así, al repasar los fundamentos del proyecto presentado por la gestión de Cambiemos, indicó que ese texto “tampoco hablaba de que la presidencia del Consejo de la Magistratura la iba a ejercer de facto el presidente de la Corte”. “Sostenían que el mejor equilibrio constitucional se logra sin la Corte Suprema”, recordó y disparó: “Por eso llama la atención que cuatro años más tarde quieran borrar con el codo lo que escribieron con la mano”.

El exdiputado, que estuvo acompañado a su lado por el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, añadió que en ese momento el Frente para la Victoria no lo acompañó porque “el proyecto planteaba la modificación de las mayorías para el quórum. Eso en aquel momento nos parecía grave”.

Al cerrar su exposición, Soria remarcó que “esta Cámara tiene la enorme responsabilidad de legislar sobre una ley que viene a completar lo que el constituyente de 1994 pudo establecer a medias”.

Miércoles 22 de junio

9:30 hs. Comisión de Discapacidad de la Cámara baja.

9.30 hs. Programa “El Senado va a la escuela”. Organiza la senadora Nora del Valle Giménez en la Escuela N° 5046 “Colegio Juan Calchaquí”, de Salta.

09:30 hs. Reunión de la Comisión de Industria y Comercio del Senado.

10:00 hs. Presentación del proyecto de ley de reconocimiento de la lengua de señas argentina. Organiza la senadora nacional Gabriela Valenzuela, en el  Salón Arturo Illia del Senado.

11:00 hs. Reunión “Políticas fiscales diferenciales para el norte argentino”. Organiza el senador nacional Pablo Yedlin en el Salón de las Provincias.

11:00 hs. Reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, para analizar la reforma del Consejo de la Magistratura.

13:00 hs. Reunión Conjunta de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de Diputados.

16:00 hs. Reunión de la Comisión de Transportes de la Cámara baja.

17:00 hs. Reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja, con la presencia del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez.

17:00 hs. Reunión plenaria de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda del Senado.

Jueves 23 de junio del 2022

11:00 hs. Reunión de la Comisión del Mercosur de Diputados.

11:30 hs. Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsión, de la Cámara baja.

Viernes 24 de junio

16:30 hs. Charla: Las banderas que volvieron de Malvinas. El operativo Cóndor. En el Salón de las Provincias.

19:30 hs. Concierto de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. En el Salón de Pasos Perdidos.

A tres semanas de la última reunión informativa realizada para analizar el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura proveniente del Senado, se reanuda este análisis en Diputados, con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, y el secretario de Justicia Juan Martín Mena.

Será este miércoles 22 de junio a partir de las 11, cuando en la Sala 1 (227) del Anexo de Diputados vuelva a reunirse el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara baja, que durante las reuniones anteriores escuchó a numerosos especialistas convocados para hablar a favor y en contra de la iniciativa que ya cuenta con sanción del Senado.

Esta sería la última reunión informativa, por lo que a posteriori será el momento del debate entre los legisladores, a la espera de llevar la iniciativa al recinto.

A diferencia de Diputados, en el Senado Martín Soria concurrió para abrir el debate de la reforma del Consejo de la Magistratura. Fue el 22 de marzo pasado y en esa oportunidad el ministro realizó una contextualización del tratamiento de la iniciativa y lanzó duras críticas hacia la Corte Suprema de Justicia. “El Congreso está obligada a legislar bajo presión”, comenzó Soria y lamentó el fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pasado 16 de diciembre de 2021 al cual calificó como una “extorsión sin precedentes en la historia democrática del país”.

En ese sentido, apuntó: “Lamentablemente este fallo de la Corte pone en jaque la división de poderes. El fallo de la Corte no es un fallo, no es una sentencia jurídica, es un verdadero acto político, pero lo peor es que es un acto político extorsivo”, y aclaró: “Porque la Corte, como todos saben, estableció un plazo prácticamente incumplible de 120 días a partir del 16 de diciembre y faltan tan solo menos de cuatro semanas para que se paralice un órgano”.

“De esta manera la Corte nos amenaza, nos extorsiona con un hecho sin precedentes en la historia argentina que es la parálisis de toda la administración de todo el Poder Judicial”, apuntó el funcionario y explicó: “Según el fallo que declara la inconstitucionalidad de una Ley que tiene 16 años de antigüedad, bajo la cual se designaron el 70% de los funcionarios

Qué dice el proyecto

El proyecto aprobado en la Cámara alta establece una composición del Consejo de la Magistratura integrada por 4 jueces, 6 legisladores, 4 abogados, un representante del Poder Ejecutivo y 2 representantes de los ámbitos académicos y/o científicos.

A propuesta del senador Alberto Weretilneck, se estableció que el Consejo “sesionará al menos una vez por trimestre en el ámbito de las distintas cámaras federales del interior del país, a efectos de interiorizarse y abordar las problemáticas y necesidades de todas las jurisdicciones del país”.

También se creará la Comisión de Asuntos Federales, que deberá estar integrada por 16 senadores, 4 de cada región. En ese sentido, se crean las regiones de AMBA, Norte, Centro y Sur.

Un plenario de las comisiones de Industria; de Presupuesto y Hacienda; y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara baja se reunieron y emitieron dictamen -por unanimidad- del proyecto de ley que sustituye la denominación de la Ley 26.270 por la de Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna y la Nanotecnología y se prorroga su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2034.

Sin invitados en esta ocasión, este martes en el “Anexo C” diputados dejaron listo el despacho para ser debatido en el recinto de la norma que propone una prórroga de la Ley de Biotecnología, a la vez que incorpora la nanotecnología a ese régimen de promoción y beneficios fiscales que está próximo a vencer.

El tratamiento del proyecto comenzó el pasado 1 de junio con una reunión informativa a la que asistieron funcionarios del Poder Ejecutivo, el secretario de industria, la subsecretaria de economía del conocimiento, sin la presencia de la Comisión de Presupuesto.

EL DEBATE

En su carácter de presidente de la Comisión de Industria, el entrerriano Marcelo Casaretto (FdT), adelantó la redacción final de un dictamen de consenso. Además, informó que según una encuesta realizada por la empresa de biotecnología del 2015 “existen en el país 20 empresas de biotecnología con metas superiores a los 2 millones de dólares. El 20% se destina al mercado externo, también existen 80 empresas de nanotecnología de las cuales alrededor de 20 surgieron en los últimos tres años. Algunas empresas utilizan tecnologías transversales utilizando la biotecnología y la nanotecnología”.

“Estamos en relación a la ley que se sancionó en el 2007 que en su momento se sancionó con una vigencia de 15 años. Este plazo esta próximo a vencer. Básicamente los beneficios que daba esa ley iban por aceleración acelerada, amortización acelerada en los impuestos a las ganancias por los bienes de capital, devolución anticipada del impuesto al valor agregado y conversión en bonos créditos fiscal del 50% del monto de las contribuciones de seguridad social”, detalló el diputado del FdT.

En ese marco, precisó que “la reglamentación de esa ley se dilató en el tiempo y finalmente en el 2018, por un decreto, se aprobó la reglamentación de la ley y se designó la autoridad de aplicación. En vigencia de esa ley y ese decreto reglamentario, se hicieron tres convocatorias anuales y se aprobaron proyectos con un beneficio fiscal del orden de los 15.090 millones de pesos. Las empresas, mediante este beneficio, han recuperado hasta el 43% del monto invertido en los proyectos mencionados. De los 3 beneficios de la ley, inicialmente se reglamentaron dos de ellos y el último se hizo en el 2020. Es el Poder Ejecutivo que hace convocatorias públicas por proyectos y no por empresas. En el 2019 se aprobaron 5 proyectos, en 2020 se aprobaron 9, 2021 se aprobaron 15 proyectos. Se financiaron 14 empresas en total”.

✅ Firmamos dictamen de Ley de Biotecnología y Nanotecnología. Como Presidente de Comisión de Industria conduje el Plenario donde firmamos por UNANIMIDAD las 3 comisiones de Industria, Ciencia y Técnica, y Presupuesto y Hacienda. Para tratarse en el Recinto en la próxima sesión pic.twitter.com/2aL1RQewJx

— Marcelo Casaretto (@mpcasaretto) June 21, 2022

Además, Casaretto explicó que el proyecto del Ejecutivo propone una prórroga de 15 años y la incorporación de la nanotecnología y remarcó que “se hizo un intenso trabajo entre los diputados y asesores con funcionarios del Ejecutivo y se analizaron 10 propuestas de modificaciones de distintos artículos a propuesta de los distintos diputados”.

En esa línea contó: “Se resolvieron muchas de las inquietudes y eso está contemplado dentro de la redacción final, algunas de las cuales fueron tomadas hasta hace pocos minutos como por ejemplo que en el Consejo asesor estuvieran representados las universidades y las provincias argentinas y se acordó ponerlo explícitamente que tenga una representación de las universidades nacionales designado por el Consejo Interuniversitario Nacional y 3 en relación a las provincias y CABA elegido por el Consejo Federal”.

A su turno el presidente de la Comisión de Ciencia, Facundo Manes, agradeció y felicitó a todos por el trabajo y remarcó que la ley “habla de dos cosas: del rol de la ciencia como motor de desarrollo de la argentina y, segundo, sobre consensos hemos logrado esto que es muy necesario para los tiempos que vivimos y las divisiones que tenemos”.

En suma, destacó la importancia de la ciencia como motor porque “debe afianzarse más para el proyecto de un país cuyo camino es el desarrollo, porque se habla de progreso, equidad y crecimiento económico sostenible en el tiempo porque solo así se puede progresar, generar movilidad ascendente, empleo, mejorar salarios”, y advirtió que “un país como Argentina no puede mejorar el bienestar de su población con mano de obra barata, con bajos niveles de investigación o capacidad de marca”.

“La ciencia y tecnología no han tenido el protagonismo que necesitan en el país y hay que convertirlas en políticas públicas como motor del país”, subrayó Manes.

En uso de la palabra, la diputada Danya Tavela (Evolución Radical) también ponderó el trabajo logrado porque “es muy importante lograr el consenso concreto para mejorar en post del bienestar del país. Es un sector fundamental para la económica del conocimiento, es un generador de oportunidades para el desarrollo de la ciencia, de instituciones científicas y de la economía”.

De la vereda de enfrente y en el mismo sentido, la diputada Mara Brawer (CABA) expresó: “Es una ley que fue muy trabajada y hemos arribado a consensos que no estarían en la lógica de ganador o perdedor, sino que claramente es un trabajo profundo entendiendo la importancia del sistema científico tecnológico en lo que es el desarrollo y la investigación en bio y nano tecnología”.

LOS PUNTOS PRINCIPALES DEL PROYECTO:

“La pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 dejó en evidencia la importancia del sector público para fortalecer las capacidades industriales en los campos de la innovación, la investigación y el desarrollo bio y nanotecnológico, así como la producción de bienes de capital, insumos y productos de uso crítico para el país y para el sector de la salud en particular”, fundamentan en el proyecto.

Además, destaca el “surgimiento del sector de la nanotecnología, cuyo campo comprende toda aplicación tecnológica del conjunto de técnicas y ciencias en las cuales se estudian, manipulan y obtienen de manera controlada materiales, sustancias y dispositivos de dimensiones nanométricas”, que es un área de “ desarrollo horizontal y multipropósito puede generar avances y nuevas tecnologías para sectores productivos, como el de la salud, el textil, la microelectrónica, el industrial, el químico y el agroindustrial, entre otros”.

En ese contexto, la iniciativa precisa que en el año 2007 se sancionó la mencionada Ley N° 26.270 de “Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna”, con una duración de QUINCE (15) años desde su promulgación.

“Por ello, resulta necesario no solamente extender la vigencia del citado régimen, sino también adaptar sus disposiciones normativas a las características y problemáticas actuales del sector para promover el desarrollo tecnológico, así como también el flujo de conocimiento y capacidades y el desarrollo comercial de los proyectos beneficiados y alcanzados por la Ley”, se argumenta.

En ese contexto, Casaretto enumeró los cambios que se le hizo al proyecto del Ejecutivo con el cual se arribó a un amplio consenso entre ambas partes.

La iniciativa del Ejecutivo, atento a que los incentivos para fortalecer al sector de la Biotecnología Moderna finalizarán el corriente año 2022, proponía una extensión de su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2037. Sin embargo, se acordó prorrogar por 12 años la ley, vencería el 31 de diciembre del 2034.

Se considera oportuno extender el alcance de las disposiciones de la mencionada Ley N° 26.270 al sector de la nanotecnología.

Por otro lado, se impulsa actualizar los conceptos de las definiciones de biotecnología y nanotecnología, considerando las circunstancias actuales de estos sectores productivos, así como también se dispone la creación de un nuevo registro de proyectos y se elimina el inciso d) de los artículos 6° y 7°, dado que el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta se encuentra derogado por el artículo 76 de la Ley N° 27.260.

“Se excluyen el financiamiento de proyectos que tengan por objetivo principal productos o procesos convencionales o de tecnologías conocidas. Se crea el registro nacional para la promoción de la nano tecnología, se modificaron los beneficios fiscales haciéndolos compatibles con la vigente ley de economía del conocimiento que en algún caso son más amplios”, explicó el entrerriano.

A su vez, entre las modificaciones propuestas, se establece una comunicación entre la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA y la Autoridad de Aplicación, a efectos de verificar y controlar el estado de aplicación y uso de los beneficios fiscales, y se propone la creación de una Comisión Consultiva para la Promoción de la Biotecnología y la Nanotecnología.

Del mismo modo, se propicia la derogación del “Fondo de Estímulo a Nuevos Emprendimientos en Biotecnología Moderna”, creado por el artículo 15 de la referida Ley, atento a que su puesta en funcionamiento generaría una superposición de funciones en la misma Autoridad de Aplicación, dado que el “Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (FONPEC)”, creado por el artículo 18 de la Ley N° 27.506 y su modificatoria, tiene por objeto fortalecer, entre otras actividades, la biotecnología y la nanotecnología y atiende objetivos similares.

Finalmente, se propone también la derogación de la obligación de solicitar una patente ante el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, en función de la lógica de explotación de las rentas de la propiedad intelectual, que en la dinámica empresarial actual pueden tomar otras formas jurídicas distintas a la del patentamiento, en particular la del secreto industrial.

“La autoridad de aplicación queda en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Se crea la comisión consultiva para la promoción de la bio y nano tecnología como cuerpo asesor de la autoridad de aplicación con una integración plural del sistema y la incorporación expresa de las universidades y provincias”, cerró el presidente de la Comisión de Industria.

Por Melisa Jofré

Luego de más de un mes de parálisis sobre el tema, las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda de Diputados retomarán el debate de reforma de la Ley de Alquileres. Será este miércoles, desde las 13, en el segundo piso del Anexo “C” de la Cámara baja.

A principios de mayo pasado, se habían firmado tres dictámenes en la Comisión de Legislación General, de los cuales dos establecían beneficios impositivos -con el objetivo de promover la oferta de inmuebles-, cuestión que derivó en que las iniciativas fueran giradas a Presupuesto.

El dictamen de mayoría, del Frente de Todos, revindica la ley actual, al mantener el plazo de tres años en los contratos, como así también el índice para la actualización de los alquileres en base a una fórmula que combina IPC y RIPTE. Asimismo, otorga más facilidades para las garantías de los inquilinos.

En el capítulo de incentivos fiscales, el oficialismo propone una reforma en el régimen de monotributo para beneficiar a monotributistas que tengan más de tres unidades de explotación; incorporar al régimen de la Ley de Incentivo a la Construcción a los inmuebles que durante 12 años estén destinados al alquiler y “siempre que dichos contratos de locación se encuentren registrados”; y eximir del impuesto a los Bienes Personales a aquellas propiedades que cuyo valor resulte igual o inferior a 30 millones de pesos, el mínimo no imponible para esa categoría.

En tanto, Juntos por el Cambio y el interbloque Federal -cuya propuesta tiene detrás como autor al diputado de Juntos Somos Río Negro Agustín Domingo– trabajan desde hace días en arrimar posiciones para arribar a un dictamen consensuado. Es que, en lo que hace a las modificaciones a la Ley de Alquileres, los despachos de ambos espacios eran muy similares.

De esta manera, se estima que la iniciativa proponga regresar al plazo de dos años para la duración de los contratos, y que los aumentos sean semestrales y acordados “libremente” por las partes.

También, en base al texto del interbloque Federal, se contemplarán beneficios impositivos para promover la oferta de propiedades, en aspectos similares a lo que propone el Frente de Todos en cuanto a monotributo y Bienes Personales.

En lo que hace a la cantidad de firmas para los dictámenes, el Frente de Todos cuenta con mayoría en ambas comisiones, llegando a 40 entre ambas, pero sí toda la oposición se une también alcanza ese mismo número.

Si bien se estima que Juntos por el Cambio y el interbloque Federal se unirán bajo el mismo texto, habrá que ver qué postura toma el diputado Diego Sartori, del Frente de la Concordia Misionero, dentro del interbloque Provincias Unidas, quien, por ejemplo, en el caso de boleta única de papel se diferenció de sus pares de Juntos Somos Río Negro.

De acuerdo pudo saber parlamentario.com, Sartori se encuentra “analizando” su postura, que definirá este miércoles antes de la reunión de comisiones, cuando participe de un encuentro con su interbloque.

En caso que el misionero se acople a las otras bancadas de la oposición, ambos dictámenes -con asistencia perfecta- quedarían en la misma cantidad de firmas. Pero, en ese caso, según el artículo 112 del reglamento: “Si hubiera dos dictámenes con igual número de firmas, el dictamen de la mayoría será el que lleva la firma del presidente de la comisión o de quien presida el pleno de las comisiones”. En ese caso, se trata de la vicejefa del bloque oficialista, Cecilia Moreau, que conduce Legislación General.

Creación de un “Fondo Nacional” para pagarle al FMI

En la reunión también se tratará el proyecto que crea el “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional”, que tiene media sanción del Senado. Pese que estaba en agenda recibir una segunda tanda de especialistas, fuentes del oficialismo confirmaron a parlamentario.com que no habrá expositores durante el plenario.

La iniciativa prevé que este Fondo se conforme por lo recaudado a partir de “un pago que se aplicará sobre los bienes situados y/o radicados en el exterior que se localicen o detecten desde la entrada en vigencia de la ley y no hayan sido declarados ante la AFIP”.

Los alcanzados por esta norma deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares. En el caso de declarar los bienes pasados los 6 meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%.

Martes 21 de junio

9.30 hs. Programa “El Senado va a la escuela”

16:00 hs. Reunión conjunta de las comisiones de Industria; de Presupuesto y Hacienda y de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados.

17:30 hs. Reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja.

Miércoles 22 de junio

9:30 hs. Comisión de Discapacidad de la Cámara baja.

9.30 hs. Programa “El Senado va a la escuela”. Organiza la senadora Nora del Valle Giménez en la Escuela N° 5046 “Colegio Juan Calchaquí”, de Salta.

09:30 hs. Reunión de la Comisión de Industria y Comercio del Senado.

10:00 hs. Presentación del proyecto de ley de reconocimiento de la lengua de señas argentina. Organiza la senadora nacional Gabriela Valenzuela, en el  Salón Arturo Illia del Senado.

11:00 hs. Reunión “Políticas fiscales diferenciales para el norte argentino”. Organiza el senador nacional Pablo Yedlin en el Salón de las Provincias.

11:00 hs. Reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, para analizar la reforma del Consejo de la Magistratura.

13:00 hs. Reunión Conjunta de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de Diputados.

17:00 hs. Reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja, con la presencia del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez.

Jueves 23 de junio del 2022

11:00 hs. Reunión de la Comisión del Mercosur de Diputados.

11:30 hs. Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsión, de la Cámara baja.

Viernes 24 de junio

16:30 hs. Charla: Las banderas que volvieron de Malvinas. El operativo Cóndor. En el Salón de las Provincias.

19:30 hs. Concierto de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. En el Salón de Pasos Perdidos.

El esperado debate del proyecto de reforma de la Ley de Alquileres se retoma este miércoles, con el fin de emitir los dictámenes pendientes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en torno a proyectos que fueron debatidos ya en Legislación General.

Pero más allá de esa cuestión que dejaría el tema listo para llevarlo al recinto, y con la posibilidad de que la oposición en su conjunto unifique los dos dictámenes emitidos en Legislación General, en cuyo caso impondrían el dictamen de mayoría, el plenario analizará otro tema.

Se trata del proyecto de ley por el cual se crea el Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Ese proyecto conocido como “el fondo para pagarle al Fondo” con “plata fugada” al exterior.

Por eso se recibirán expositores que continuarán así con las exposiciones que se iniciaron el pasado 1 de junio en una reunión de la que tomaron parte esa vez solo los integrantes de la Comisión de Legislación General que encabeza Cecilia Moreau. Ahora se suma Presupuesto y Hacienda.

El proyecto presentado en el Senado por el neuquino Oscar Parrilli contempla los siguientes puntos principales:

• El proyecto crea el “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional”, que tendrá por objetivo la cancelación total de la deuda -actual y/o futura- con ese organismo internacional.
• La vigencia de este Fondo será hasta que se produzca la cancelación total de la deuda con el FMI y sus recursos serán exclusivamente destinados a este fin.
• Será administrado y gestionado por el Ministerio de Economía de la Nación y el proceso de contralor, fiscalización y supervisión de su gestión será realizado por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa.
• Estarán obligados al pago las personas humanas, personas jurídicas o sucesiones indivisas, todas ellas residentes en el país a la fecha de entrada en vigencia de la ley, que posean tenencias de moneda nacional y/o extranjera; inmuebles; muebles; y demás bienes en el exterior, incluyendo inmateriales, créditos y todo tipo de derecho susceptible de valor económico, sin declarar.
• Los recursos del Fondo provendrán de lo recaudado por un pago que se aplicará sobre los bienes situados y/o radicados en el exterior que se localicen o detecten desde la entrada en vigencia de la ley y no hayan sido declarados ante la AFIP.
• Los alcanzados por esta norma deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares.
• Para el caso en que el sujeto declare y pague en forma espontánea y voluntaria, sin la intervención de la AFIP, dentro de los 6 meses posteriores a la entrada en vigencia de la ley se le aplicarán los beneficios, eximiciones y otras liberaciones dispuestos en los artículos 11°, 12° y 13° del blanqueo previsto en la Ley de Incentivo a la Construcción Federal (N°27.613).
• En el caso de declarar los bienes pasados los 6 meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%.
• Los beneficios previstos no eximen de las investigaciones por delitos preexistentes del lavado de activos, contrabando, terrorismo, narcotráfico, trata de persona u otros que puedan corresponder.
• La iniciativa contiene un capítulo referido a las “facultades” de la AFIP y la Unidad de Información Financiera, entre ellas la colaboración internacional a la que pueden recurrir para la detección de bienes sin declarar.
• El proyecto incluye un artículo que reza: “El Ministerio de Economía, antes de tomar nuevo endeudamiento en moneda extranjera, deberá solicitar opinión sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos y su viabilidad de repago” a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa.
• El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Banco Central, la UIF, la AFIP, la Comisión Nacional de Valores y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, “deberá una vez por año, comenzando dentro del año de entrada en vigencia de la ley, emitir un informe al Congreso de la Nación” que contenga, entre otros puntos, “todos los hallazgos y determinaciones hechas en la realización de la investigación requerida en la presente ley, detallando montos y actividades involucradas, y cualquier otro dato que se estime necesario”.
• Se incorpora la figura del colaborador: cualquier individuo, sea persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, que actuando en forma personal o conjuntamente, proporcione información relacionada con una violación de las leyes impositivas y de lavado de activos.
• El objetivo del colaborador será el de cooperar con la AFIP para la detección o localización de bienes ocultos o no declarados y/o maniobras de evasión fiscal.
• El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación deberá crear un programa que defina los protocolos que garanticen el secreto, la seguridad, anonimato de los colaboradores y los correspondientes mecanismos de pago de la recompensa.
• El monto a partir del cual se considera como acreditada la información del colaborador no debe ser inferior a U$S 500.000 en concepto de activos no declarados.
• El colaborador deberá estar a disposición para declarar ante toda instancia, ya sea administrativa o judicial.
• La recompensa será del 30% del monto total efectivamente recaudado e ingresado a las arcas estatales.
• Se impondrá prisión de 1 a 6 años al colaborador que aportare información falsa; y de 6 meses a 2 años al colaborador que, de cualquier forma, difundiere, divulgare o diere a conocer información relativa al proceso de colaboración.

A tres semanas de la última reunión informativa realizada para analizar el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura proveniente del Senado, se reanuda este análisis en Diputados, con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, y el secretario de Justicia Juan Martín Mena.

Será este miércoles 22 de junio a partir de las 11, cuando en la Sala 1 (227) del Anexo de Diputados vuelva a reunirse el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara baja, que durante las reuniones anteriores escuchó a numerosos especialistas convocados para hablar a favor y en contra de la iniciativa que ya cuenta con sanción del Senado.

Esta sería la última reunión informativa, por lo que a posteriori será el momento del debate entre los legisladores, a la espera de llevar la iniciativa al recinto.

A diferencia de Diputados, en el Senado Martín Soria concurrió para abrir el debate de la reforma del Consejo de la Magistratura. Fue el 22 de marzo pasado y en esa oportunidad el ministro realizó una contextualización del tratamiento de la iniciativa y lanzó duras críticas hacia la Corte Suprema de Justicia. “El Congreso está obligada a legislar bajo presión”, comenzó Soria y lamentó el fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pasado 16 de diciembre de 2021 al cual calificó como una “extorsión sin precedentes en la historia democrática del país”.

En ese sentido, apuntó: “Lamentablemente este fallo de la Corte pone en jaque la división de poderes. El fallo de la Corte no es un fallo, no es una sentencia jurídica, es un verdadero acto político, pero lo peor es que es un acto político extorsivo”, y aclaró: “Porque la Corte, como todos saben, estableció un plazo prácticamente incumplible de 120 días a partir del 16 de diciembre y faltan tan solo menos de cuatro semanas para que se paralice un órgano”.

“De esta manera la Corte nos amenaza, nos extorsiona con un hecho sin precedentes en la historia argentina que es la parálisis de toda la administración de todo el Poder Judicial”, apuntó el funcionario y explicó: “Según el fallo que declara la inconstitucionalidad de una Ley que tiene 16 años de antigüedad, bajo la cual se designaron el 70% de los funcionarios

Qué dice el proyecto

El proyecto aprobado en la Cámara alta establece una composición del Consejo de la Magistratura integrada por 4 jueces, 6 legisladores, 4 abogados, un representante del Poder Ejecutivo y 2 representantes de los ámbitos académicos y/o científicos.

A propuesta del senador Alberto Weretilneck, se estableció que el Consejo “sesionará al menos una vez por trimestre en el ámbito de las distintas cámaras federales del interior del país, a efectos de interiorizarse y abordar las problemáticas y necesidades de todas las jurisdicciones del país”.

También se creará la Comisión de Asuntos Federales, que deberá estar integrada por 16 senadores, 4 de cada región. En ese sentido, se crean las regiones de AMBA, Norte, Centro y Sur.

Una semana después de que la Comisión de Salud de la Cámara baja emitiera despacho sobre ese tema, el proyecto sobre cuidados paliativos será abordado este martes en Presupuesto y Hacienda. De firmarse el despacho en esa reunión, quedará listo para llegar al recinto para ser convertido en ley.

El proyecto asegura el acceso de los pacientes a las prestaciones sobre cuidados paliativos en sus distintas modalidades en el ámbito público, privado y de la seguridad social, y el acompañamiento a sus familias.

La iniciativa, que fue aprobada en el Senado en octubre de 2020, define a los cuidados paliativos como “un modelo de atención que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades que amenazan o limitan la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana, evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos, sociales y espirituales”.

El proyecto será debatido este martes a partir de las 17.30 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que conduce Carlos Heller. El martes pasado fue debatido en la Comisión de Salud, de manera conjunta con un proyecto para declarar de interés público nacional la prevención y el control de la resistencia antimicrobiana. Se trata de un texto similar al que había presentado el exdiputado -hoy senador- Pablo Yedlin, y que había tenido dictamen el año pasado, pero no llegó al recinto. Había sido incluido en el temario de extraordinarias, y no se trató. En mayo pasado, los diputados Mónica Fein (PS), Daniel Gollan (FdT) y Rubén Manzi (CC/ARI) presentaron nuevamente la iniciativa que obtuvo despacho el martes y quedó listo para llegar al recinto, aunque antes se le harán cambios.

En el caso de cuidados paliativos, restaba que la iniciativa pasara por Presupuesto y Hacienda y es entonces lo que sucederá este martes. El proyecto tiene como objetivo “desarrollar una estrategia de atención interdisciplinaria centrada en la persona que atienda las necesidades físicas, psíquicas, sociales y espirituales de los pacientes”.

También se busca “promover el acceso a las terapias tanto farmacológicas como no farmacológicas disponibles y basadas en la evidencia científica para la atención paliativa”, e impulsar “la formación profesional de grado y posgrado, la educación continua y la investigación en cuidados paliativos”.

El texto con media sanción ordena a las obras sociales y entidades de medicina prepaga a cubrir los cuidados paliativos, aunque estos tratamientos ya están incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO).

Los principios establecidos son los del respeto por la vida y bienestar de las personas; la equidad en el acceso a las prestaciones; las intervenciones basadas en “la mejor evidencia científica disponible”; y el respeto de la dignidad y autonomía del paciente en las decisiones sobre los tratamientos y cuidados que ha de recibir a lo largo de su enfermedad.

Además, se crea un Observatorio Nacional de Evaluación de Cuidados Paliativos, de carácter interdisciplinario y multisectorial.

Un día después de la sesión en la que la Cámara de Diputados logró aprobar una serie de proyectos promovidos desde el oficialismo, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, recibió en la Casa de Gobierno al jefe del bloque Frente de Todos de ese Cuerpo, Germán Martínez.

En el encuentro, según informó el santafesino en sus redes sociales, repasaron junto al mandatario la sesión del miércoles “en la que se aprobaron importantes proyectos con apoyos transversales”.

“Además, analizamos la agenda parlamentaria próxima para seguir fortaleciendo la producción, el trabajo y los ingresos de los argentinos”, precisó el sucesor de Máximo Kirchner al frente de la bancada oficialista, y al respecto hizo referencia puntual al proyecto de ley de renta inesperada.

Con el Presidente @alferdez repasamos la sesión de ayer en @DiputadosAR en la que se aprobaron importantes proyectos con apoyos transversales.

Además, analizamos la agenda parlamentaria próxima para seguir fortaleciendo la producción, el trabajo y los ingresos de los argentinos. pic.twitter.com/0fcGhLIJx5

— GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) June 16, 2022

Fue durante un diálogo que mantuvo con la prensa acreditada en la Casa Rosada, ante quienes anticipó el deseo de empezar a tratar el proyecto presentado el 6 de junio pasado en el Museo del Bicentenario y cuyo texto ingresó dos días después a la Cámara baja.

Germán Martínez comentó que habían estado hablando con el presidente sobre esa iniciativa que representa a su juicio “un debate importante” que “nos interpela a todos en un mundo con tanta complejidad”. Amén de los reparos que según ha trascendido el propio presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, le expresó al presidente respecto de la posibilidad de que esa iniciativa pueda ser aprobada en Diputados, Germán Martínez anticipó que pondrá en debate en los próximos días esa iniciativa.

“Si no es en esta semana, en la otra ya lo empiezo a poner en debate”, precisó, aclarando que la próxima es una semana corta en la que se les dificulta a los legisladores llegar a Buenos Aires. Como sea, Germán Martínez precisó que “lo que queremos es empezar a tratarlo en el menor tiempo posible”.

El proyecto de renta inesperada busca redistribuir las ganancias extraordinarias obtenidas por las empresas a partir del shock generado por la guerra entre Rusia y Ucrania. Según el ministro de Economía, el 1% de las empresas alcanzaron ganancias superiores a los $1.000 millones.

Consultado sobre los reparos expuestos ante la posibilidad de que el proyecto pueda avanzar en la Cámara baja, Martínez dijo tener “la obligación de pensar que es viable”, y en ese sentido se mostró dispuesto a “hablar con todos los bloques”.

Para el diputado santafesino, el proyecto enviado el pasado 8 de junio a la Cámara baja “es una herramienta muy válida” en un tiempo con “enormes procesos de desacoples en los precios relativos, básicamente en energía y alimentos”.

Respecto de la sesión del miércoles, que se extendió hasta pasadas las 3 de la madrugada del jueves, el presidente del bloque FdT destacó la aprobación del alivio fiscal, las asignaciones específicas a las industrias culturales y los temas vinculados a Malvinas y áreas protegidas. El presidente se interesó por los temas tratados y sobre la agenda parlamentaria que viene. Al respecto, Germán Martínez anticipó que el martes que viene sacarán dictamen de los proyectos de bio y nanotecnología que analizan las comisiones de Industria y de Ciencia, Tecnología e Innovación; al tiempo que avanzarán con el proyecto del fondo para pagarle al Fondo con plata fugada al exterior.

Contó que continuará también el debate sobre el Consejo de la Magistratura y convocarán al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca a debatir en comisión “a agenda abierta”.

Asimismo habló con los periodistas sobre el proyecto para ampliar la Corte Suprema de Justicia, cuestión que dijo “hace más de dos décadas que se discute en la Argentina”. Sobre ese punto recordó que fue tema de debate en tiempos de Carlos Menem, entre 1998 y 1999, también en tiempos de Fernando de la Rúa y sobre todo después, en 2002, con “la mayoría automática” que recordó “amenazaba con un fallo para volver a dolarizar la economía argentina”.

Dijo en ese sentido que son temas que “están presentes, en algún momento lo tenemos que discutir”. Destacó que tuvimos Corte Suprema de cinco miembros incompleta, con cuatro y con tres miembros; Corte de siete, y hasta un proyecto de democratización de la Justicia aprobado en 2013 que terminó con un fallo de inconstitucionalidad dictado por la propia Corte Suprema.

“Nosotros queremos una mejor Justicia y que sea más próxima al ciudadano. Desde esa perspectiva tenemos que poner todo en debate”, comentó.

La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este jueves la creación del Parque y Reserva Nacional Ansenuza, proyecto impulsado por los diputados del bloque Córdoba Federal Carlos Gutiérrez, Natalia de la Sota e Ignacio García Aresca. 

Los legisladores recibieron en el recinto el acompañamiento del vicegobernador Manuel Calvo, intendentes, jefes comunales y funcionarios provinciales encabezados por el secretario de Ambiente, Juan Carlos Scotto. 

A la hora de fundamentar la posición de Córdoba Federal, García Aresca subrayó: “Queremos que todo el país pueda aprovechar el potencial de este nuevo parque y reserva nacional, su potencial ambiental, social, cultural y económico vinculado directamente al Desarrollo Sustentable, con un modelo a largo plazo que encuentre el equilibrio entre la naturaleza y el progreso, como manda nuestra Constitución Nacional, generando nuevos puestos de trabajo. Porque el impacto económico de la creación de este nuevo parque es directo y de gran alcance”.

“Se trata de una superficie en la que entrarían 213 lagos San Roque, 12 Termas de Rio Hondo, seis Mar Muertos y 17 ciudades de Buenos Aires”, graficó.  

Por último, destacó “el trabajo del gobernador Juan Schiaretti, quien por 2017 inició este proyecto desde el Gobierno provincial conjuntamente con la Administración de Parques Nacionales, que hoy se transforma en una realidad. También tomarme el tiempo de recordar en este recinto a nuestro querido José Manuel de la Sota, citándolo cuando decía: Córdoba tiene mar, hoy ese mar es un mar de oportunidades para todos los argentinos”. 

En tanto, la diputada De la Sota consideró: “Lo que hoy sancionamos es la protección y la preservación de más de un millón de hectáreas en nuestra provincia de Córdoba, de esta área natural fundamental para la conservación de la biodiversidad. Es un gran paso desde una perspectiva global, porque estamos generando acciones concretas en el cuidado de nuestro planeta, de nuestra tierra, protegiendo nuestras maravillas naturales”.  

“También, es un paso esencial desde una mirada puntual, si nos enfocamos en esta región del noreste cordobés. Es una decisión que esperaban con gran expectativa quienes habitan toda esta zona, porque con la creación de este Parque y la Reserva Nacional Ansenuza estamos jerarquizando este territorio como destino turístico internacional, impulsando un potencial enorme para el desarrollo local y regional, en materia de turismo de naturaleza, servicios, inversiones y en la generación de oportunidades laborales y, al mismo tiempo, estamos protegiendo su riqueza natural y cultural para siempre”, expresó. 

“No puedo dejar de decir que deseo profundamente que podamos logar los mismos niveles de conciencia y de consenso para ocuparnos de los demás temas urgentes, absolutamente urgentes que tiene nuestra querida Argentina. Porque, en definitiva, es nuestra responsabilidad que nuestro paso por el mundo, y por este recinto, deje las cosas mejor de lo que las encontramos”, concluyó De la Sota. 

Tras la aprobación la iniciativa pasó al Senado. 

El ministro de Cultura, Tristán Bauer, se refirió a la media sanción del proyecto para prorrogar por 50 años las asignaciones específicas de ciertos impuestos destinadas al financiamiento de las industrias culturales y expresó que no le sorprendía la postura que tuvo Juntos por el Cambio al abstenerse.

El funcionario, que estuvo presente en la sesión en la cual el proyecto recibió 132 votos a favor, 5 en contra y 92 abstenciones, recordó que durante la gestión de Cambiemos “hubo un gran desfinanciamiento de la cultura”.

En esa línea, mencionó que la ley de reforma tributaria que establecía la vigencia de esos beneficios hasta el 31 de diciembre de este año se votó “durante el Gobierno de Mauricio Macri, cuando también se cerró el Ministerio de Cultura de Nación y se lo degradó a Secretaría”.

“Hubo un gran desfinanciamiento de la cultura en términos generales, así que esta abstención no me sorprende”, sostuvo Bauer en declaraciones a Radio Nacional.

Por el contrario, manifestó su “una enorme alegría” y “enorme agradecimiento a los 132 diputados y diputadas que apoyaron el proyecto”. “Es un día de celebración para nuestra cultura”, agregó.

Asimismo, lamentó que el tema no haya tenido demasiada difusión: “Es sorprendente que ayer no se hablara de este tema porque es un paso importante para las industrias culturales. Hay otras noticias de mayor o menor relevancia que consiguen difusión impresionante y celeridad asombrosa de acuerdo a los intereses en este sistema mediático, analógico y digital”.

Al cabo del debate sobre dos proyectos referidos a Malvinas, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, convocó al estrado al diputado nacional Aldo Leiva, para entregarle una distinción por parte del Cuerpo.

Tras ello, el legislador -excombatiente en las islas Malvinas- hizo uso de la palabra para cerrar el debate sobre los dos proyectos que a continuación serían aprobados por la Cámara. “Créanme que esta noche es mucho más difícil para mí”, confesó el diputado chaqueño.

“En principio, porque viene a mi memoria que el próximo domingo se van a cumplir 40 años desde que la gran mayoría de los solidados que estuvimos en Malvinas regresamos en el buque Canberra”, evocó, para aportar a continuación que “ese 19 de junio, al igual que este año, era el Día del Padre y mi mamá cumplía años. A mi papá hoy no lo tengo; a mi mamá, si Dios quiere el domingo vamos a compartir su cumpleaños y recordar ese regreso después de la guerra”.

Habitualmente de los más duros para con Juntos por el Cambio, el diputado oficialista chaqueño señaló a continuación que “es por todos conocida mi posición política, a veces dura con la oposición… Pero si hay un tema que jamás partidicé es la cuestión Malvinas. Porque cuando sentíamos las balas del enemigo, ahí no éramos de izquierda, de derecha, ni radicales, ni peronistas… Eramos jóvenes argentinos que fuimos a cumplir con el deber que nos habían asignado”.

“También siempre expreso que tengo una doble sensación: por un lado la Patria me llamó y fui a defenderla; y por otro el sentir haber sido usados por una dictadura genocida que pretendió perpetuarse en el poder a costa de la sangre de los argentinos”, reflexionó, aunque luego admitió que eso significó para los argentinos la vuelta de la democracia y poder estar esa noche en el recinto “defendiendo de diferentes maneras los intereses de la Patria”.

“Por eso quiero expresar que todo lo que se hizo estos años no es suficiente; queda mucho por hacer, no por nosotros, sino por las futuras generaciones. Y creo que el camino que estamos dando de generar una conciencia nacional malvinera hay que seguir acentuándolo, y tiene que ver con leyes como estas, que estamos sembrando el camino hacia las futuras generaciones”, apuntó.

Desde su banca de Diputados recordó que hace 40 años desde el sur argentino “lo único que quería era volver a mi casa para abrazar a mi padre, mi madre, mis hermanos… Jamás pensé que la vida me iba a poner en este lugar, justo a los 40 años; que la vida me iba a dar tamaña responsabilidad de ser la voz de mis camaradas, de ser el primer soldado raso que llega a este Congreso”.

“Y no me olvido nunca que el 10 de diciembre, cuando juré en este recinto lo hice por mis camaradas muertos”, agregó emocionado. Leiva sostuvo que “ese compromiso es el que hace que esta noche, después de muchas disidencias con muchos de mis pares, hoy puedo decir que estamos tratando una ley que tiene que ver con Malvinas; que Malvinas nos une y que tenemos que seguir trabajando en esa línea”, apuntó.

El diputado chaqueño afirmo que “hoy tenemos otras responsabilidades también”, y le agradeció al presidente de su bloque por haberle encomendado representar al Congreso en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. “Créanme que es una enorme responsabilidad… Quería ir, pero cuando se acercan los días, digo: la pucha, que es difícil”, confesó.

Agradeció a continuación por la ley que estaban votando, y por ese reconocimiento que acababan de entregarle y que no esperaba. Recordó cuando hace 40 años estaba metido en un pozo de zorro; cuando estaba en el Monte Dos Hermanas, y precisó: “Creo que la enorme mayoría de los que estábamos ahí, luchamos hasta lo que pudimos… Tuvimos miedo, dolor, y queríamos que en algún momento todo eso se terminara”.

“Después la vida a algunos nos dio posibilidades, pero si algo aprendí de la guerra es que tenemos que ser mensajeros de la paz”, agregó en otro pasaje de su discurso, en el que recordó que en 1983 fue electo concejal, que tenía 20 años y no pudo asumir por no tener 21. Una paradoja, pues con menos edad sí había podido ir a defender la Patria.

El legislador concluyó lo que definió como unas “deshilvanadas palabras” emocionando a todos. Comentó que para quienes estuvieron en el campo de batalla “cada tumba en Malvinas es un pedazo de suelo recuperado”, y todos rinden homenaje a “cada una de esas madres y padres que vieron partir a sus hijos y no pudieron siquiera llevarles una flor a su tumba, esos son los verdaderos héroes”.

Pasada la medianoche, la diputada nacional Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) encabezó la primera cuestión de privilegio planteada durante la jornada en la Cámara baja. Y fue contra una colega, Mariana Zuvic, con la que mantiene una disputa legislativa por el Area Bentónica Agujero Azul, proyecto que la legisladora peronista impulsa y su par de la Coalición Cívica, titular de la Comisión de Intereses Marítimos, rechaza.

“Esta es una historia bastante larga, que no empieza ni conmigo ni con ella”, planteó la legisladora, que consideró que Zuvic “fue harto ofensiva con mi persona. Yo puedo comprender que estemos en desacuerdo con los proyectos, pero las actitudes conspiranoides, con falsa información, no las voy a permitir”, advirtió.

Camaño recordó que ella presentó esa iniciativa en el año 2020, y para entonces la diputada Zuvic publicó una columna de opinión “con una serie de desaciertos”, dijo Camaño, con los que impugnaba el proyecto.

Usando, según Camaño, los mismos argumentos que utilizaba “un personaje menor, que se hacía pasar por exsecretario de Estado”, un exasesor del doctor Carlos Menem, supuestamente experto en pesca y en océanos. “Fueron los mismos argumentos que esgrimieron ante mí las cámaras de pesca cuando las atendí con motivo de este proyecto”, acotó la legisladora, que contó que contestó esa carta de manera mesurada, tratando de rebatir argumentos. Pero advirtió que hubo otra carta más ofensiva que publicó la santacruceña en La Nación, titulada “El Agujero Azul y los sospechosos de siempre”. “Ya habíamos cometido un delito por la presentación de un proyecto”, conjeturó.

Camaño dijo que Zuvic la acusa de “ser alguien que mercadea con el ambiente”. Y repuso: “Todos saben que este proyecto fue durante 2 años tratando en las tres comisiones que habían tomado la competencia primaria. Todos saben y si no lo saben los invito a que vean los videos de la sesión informativa a la que concurrieron todas las áreas de gobierno vinculada con este tema”.

“Todos en ese momento se enteraron por los funcionarios de los pormenores del tema. No solo habla la diputada del tratamiento expedito”, sino que también -dijo Camaño- vertió dudas en torno al accionar del presidente de la Cámara, Sergio Massa. “La señora deduce que hubo una contraprestación por parte de la presidencia de la Cámara en el tratamiento del proyecto por la Comisión de Legislación General” a cambio de favores en el Consejo de la Magistratura.

Graciela Camaño recordó que el proyecto se cayó después del tratamiento dado durante dos años, tras lo cual ella hizo uso del reglamento que le permite solicitar el cambio de giro.

“Donde esta señora ve una suerte de componenda entre usted y yo, deja de ver, porque la ceguera de su ignorancia le impide verlo. Si se hubiese tomado el trabajo de abrir nada más que la página de Cancillería, podría ver que el área candidata no solo figura como área candidata del Estado argentino, sino también por los funcionarios de Cancillería. Del mismo modo que en la página del Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales y Areas Marinas. Y el propio presidente de la Nación decidió incluir el tema entre los 18 que mandó a extraordinarias. ¿De qué componenda habla la señora diputada?”, se preguntó indignada.

Tras hacer muchas referencias críticas a las imputaciones de Zuvic, entre ellas una imputación de “traición a la patria”, Camaño aclaró que ella quiere que su cuestión de privilegio pueda ser dilucidada, razón por la cual “quiero además exhortar al presidente de Asuntos Constitucionales, emplazarlo para que este tema sea debidamente dilucidado en la comisión, donde aportaré todas las cuestiones científicas académicas que se corresponden con este tema”.

Y agregó: “Dice que nos estamos metiendo en la zona de conflicto de Malvinas… Para nosotros no hay zona de conflicto de Malvinas. Para nosotros la plataforma es territorio argentino”.

Y cerró señalando que Zuvic “forma parte de una fuerza política que tiene algunos inconvenientes con la Justicia por haber escuchado algunos informantes que pululan en los suburbios de la Argentina. Le aconsejo que cuando quiera rebatir un proyecto de mi autoría, estudie e investigue, porque yo para hacer un proyecto de ley de esta envergadura estudio e investigo. No voy a permitir que nadie en este recinto mancille mi honor”.

A continuación planteó una cuestión de privilegio el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, contra el presidente de la Cámara, precisamente por la cuestión de los giros de los proyectos. Y tras él lo hizo la vicepresidenta del bloque oficialista, Cecilia Moreau, quien apoyó el planteo de Camaño, haciendo suyo el reclamo porque el tema sea abordado en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Cuestionó a la diputada Mariana Zuvic por haber denunciado maniobras en la Cámara y que se dictaminan proyectos como moneda de cambio. “Es un ataque a la convivencia entre los actores de la democracia; alude a contraprestaciones que no existen, pero quien las plantea es porque es capaz de recibirlas”. Y cerró hablando de una doble vara, ante lo cual exhibió una foto de la legisladora junto al diputado del Parlasur “Pepín” Rodríguez Simón, prófugo de la Justicia en Uruguay. En la foto ambos tenían un cartel con la frase: “Chau privilegios”. Con ironía, Moreau reclamó que el exoperador judicial del Gobierno de Cambiemos “venga a declarar”.

La Cámara baja aprobó por 216 positivos, 3 negativos y 0 abstenciones un proyecto sobre reintegro impositivo para la adquisición de autos para el servicio de taxis.

En primer lugar, la impulsora del proyecto, la porteña Mara Brawer (FdT) destacó que la iniciativa “busca incentivar a un sector en crisis”. “Los beneficios impositivos son una herramienta que posee el Estado para promover el progreso y la inversión en sectores que vieron afectada su actividad por diferentes motivos”, señaló.

“Hoy en nuestro país hay más de 100 mil taxis habilitados, pero de los cuales están trabajando menos de 80 mil”, precisó la oficialista, que explicó luego los puntos centrales del dictamen.

Brawer resaltó que “la enorme criticidad del sector” se debe “por un lado, a la crisis económica de la pandemia del gobierno anterior; por otro, por la pandemia de la salud que vivimos en los últimos dos años; y también por el furor y la aparición de las aplicaciones en esta avergonzante competencia desleal”.

“El taxi es el único servicio de transporte público que no recibe ningún apoyo del Estado”, enfatizó la legisladora, que defendió que este proyecto “nos beneficia a todos, porque un taxi renovado es un taxi seguro”. “Los taxis son parte de la cultura popular de nuestro país”, ponderó y agradeció a “las asociaciones de taxistas de todo el país por su enorme lucha”.

A su turno, la bonaerense Vanesa Siley coincidió en que “la pandemia afectó muchísimo la actividad”, pero “otro factor fue la competencia desleal”, que comenzó antes de la pandemia. En ese sentido, detalló que el patentamiento, la compra de autos 0km., bajó un 8% en 2018 y descendió en un 45% en 2019, recién repuntando en 4% en 2021.

Para la oficialista, el costo fiscal de esta iniciativa “es cero, porque no se están comprando autos. Y el IVA que se reintegra nadie lo estaba pagando por el momento”.

“Uber aterrizó en el año 2016 de la mano de (Mauricio) Macri“, recordó, y cuestionó que estas plataformas -que ya son alrededor de cinco- “no pagan impuestos, evaden absolutamente, no cumplen ninguna norma argentina. Luego destruyen a la industria regulada de los taxis y de esa manera, cuando monopolizan el mercado, suben todos los precios, empieza la fiesta de la remarcación de precios”.

Al expresar su apoyo a la iniciativa, la correntina Ingrid Jetter observó que “es un proyecto incompleto, debería ser más amplio” porque “en el interior hay taxis, pero no tantos”. En esa línea, la macrista recordó que en la discusión en la comisión pidió que “se incluyan a los remises y a los transportes escolares, que fueron los más perjudicados en la pandemia”.

Al mostrar un cuadro sobre las habilitaciones de autos en la ciudad capital de Corrientes, la legisladora precisó que 11% fueron taxis, mientras que “un 64,7% son remises”. “Nos hubiera gustado a muchísimos legisladores del interior que los conductores de remises también tuvieran estos beneficios”, insistió.

En el cierre del debate, que fue breve, el diputado salteño Carlos Zapata consideró que con esta iniciativa el oficialismo está reconociendo “a la presión fiscal como un grave problema que entorpece la actividad económica”, al “quitar impuestos para que sea más accesible la renovación de las unidades”.

“Es una medida proactiva”, sostuvo el legislador del monobloque Ahora Patria, dentro de Juntos por el Cambio, y celebró que será un “beneficio para la industria automotriz” que tiene una “capacidad instalada del 56%”. No obstante, aclaró que “el alcance de la ley no va a llevar a que se posibilite una baja de tarifas para que este beneficio llegue también al ciudadano”.

Qué propone el proyecto

La iniciativa, que ahora deberá ser tratada en el Senado, crea un régimen transitorio de reintegros impositivos para la adquisición de las unidades que prestan el servicio de vehículos automotores de alquiler con taxímetro, con el objetivo de fomentar “la modernización de este servicio así como la industria automotriz nacional”.

Al beneficio podrán acogerse “las personas humanas y jurídicas que cuenten con la respectiva licencia y certificación que acredite la prestación del servicio”, así como “una antigüedad no menor a un año en la misma”.

El reintegro será de “un monto equivalente a la suma abonada en concepto del impuesto al valor agregado y el impuesto establecido en el capítulo IX, del título II, de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones, que recaigan sobre la unidad adquirida en condiciones de contado”.

Serán elegibles los vehículos que posean un contenido mínimo nacional de: 20% para las adquisiciones que se efectúen desde la entrada en vigencia de la ley hasta el 31 de diciembre de 2024; y de 30% para las adquisiciones que se efectúen desde el 1° de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2028.

El beneficio podrá ser utilizado para la adquisición de una unidad por persona humana y/o jurídica, una vez al año. Asimismo, los vehículos adquiridos deberán mantenerse afectados al servicio de taxímetro como mínimo tres años contados a partir de la fecha de adquisición. “Durante dicho período no podrán ser vendidos, donados, permutados, cedidos, ni transferidos a título gratuito u oneroso”, aclara el texto.
El proyecto aprobado fija un cupo fiscal hasta el 31 de diciembre de 2022 de $3.600.000.000 que, a partir del 1ro. de enero de 2023, se deberá fijar un cupo fiscal mediante la Ley de Presupuesto Nacional que se apruebe cada año.

Finalmente, se invita a las provincias y la Ciudad “que tuvieran previstas en sus legislaciones locales gravámenes para la adquisición de automotores 0 km., a adoptar disposiciones análogas a la que se establecen en la presente ley”.

Antes de pasar a la votación, se aceptó una incorporación propuesta por el radical Víctor Hugo Romero para que se establezca que “la reglamentación deberá prever criterios objetivos para la asignación de los beneficios y una distribución federal de los mismos”.

En un debate que arrancó con un pico de tensión entre el FdT y JxC, a tal punto que el propio jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, tuvo que pedir respeto, la Cámara de Diputados dio media sanción en la sesión de este miércoles al proyecto que propone prorrogar por 50 años las asignaciones específicas, de distintos tributos, destinadas al financiamiento de las industrias culturales con 132 votos a favor, 5 en contra y 92 abstenciones.

La iniciativa, que fue motorizada por el Frente de Todos, en la votación en particular -durante la que no se aceptaron modificaciones- terminó con 132 votos afirmativos, 29 negativos y 63 abstenciones.

Durante el debate en comisión, encabezados por Luciano Laspina, legisladores del Pro y la UCR habían firmado un dictamen de minoría para que la prórroga sea por dos años, al tiempo que establecían una serie de criterios sobre la distribución de los fondos otorgados a las distintas instituciones y organismos. A la hora de la votación, el interbloque -a excepción de dos de sus miembros que votaron en contra- optaron por la abstención.

El oficialismo contó con el acompañamiento del interbloque Federal, el interbloque Provincias Unidas, la izquierda, el bloque SER y el Movimiento Popular Neuquino.

Los votos en contra fueron de José Luis Espert, Carolina Píparo (Avanza Libertad); Victoria Villarruel (La Libertad Avanza); Fernando Iglesias y Francisco Sánchez (Pro).

La discusión se extendió por cinco horas, con varios momentos picantes, cargados de reproches y acusaciones entre los oficialistas y los integrantes de Juntos por el Cambio.

En los palcos del recinto estuvieron presentes representantes de los distintos sectores involucrados, entre ellos los actores Carolina Papaleo, Luisa Kuliok, Juan Palomino, Mirta Busnelli y Thelma Fardin, entre otros. También asistió a dar su apoyo el ministro de Cultura, Tristán Bauer.

La palabra de los diputados

Inició la ronda de oradores el cordobés oficialista Pablo Carro quien explicó que la iniciativa que busca “reparar un daño que aún no se cometió y todavía estamos a tiempo de corregir”, y lamentó: “Me arrepiento de haber hecho un proyecto que dice 50 años, me hubiera gustado poner más un 99 para que sea más parecido a un infinito porque eso es lo que queremos para nuestra cultura, que dure para toda la vida”. Además, lanzó duras críticas hacia la oposición que presentó un dictamen de minoría al considerar que el plazo era excesivo.

Recogió el guante de la vereda de enfrente y con los tapones de punta, el diputado del Pro Hernán Lombardi contradijo a su compañero preopinante porque “no tiene ninguna lógica promover por 50 años”, y apuntó: “Es algo del kirchnerismo esconder detrás de la cultura pesadas burocracias”.

En suma, Lombardi reprochó que la iniciativa no pasó por la Comisión de Cultura y si lo hizo por la de Presupuesto, por lo que consideró que “Que estos proyectos, que tienen que ver estrictamente con la cultura, haya tenido giro a la Comisión de Presupuesto implica una visión economicista de la cultura”.

A su turno, la oficialista Carolina Moisés destacó la importancia del proyecto para el sector, defendió lo realizado por el Estado durante la pandemia, y apuntó contra la oposición: “Cuando fue la hora de tener la lapicera lo único que hicieron fue cambiarla por la tijera y recortar”.

“Fueron los protagonistas de la degradación de la cultura argentina, con políticas culturales que literalmente eliminaron, desfinanciaron todos los programas nacionales y discriminaron a los artistas en función de la supuesta calidad cultural”, disparó contra la oposición.

Por la provincia de Entre Ríos, la radical Gabriela Lena aclaró que “no es una decisión tributaria ni fiscal, sino de cómo la Argentina reconduce sus sendas hacia el progreso, de cómo hacemos una Argentina del crecimiento y de igualdad”, e invitó a reflexionar sobre “la crisis de las bibliotecas populares y el rol que cumplen, la crisis del país, de la desocupación y la pobreza”.

“Cerrar las bibliotecas solo va a alejar aún más a los chicos de la educación, en muchos lugares se han reciclado en maneras de dar de comer. Recortar fondos es como arrancar la página de un libro. También desfinanciamos el cine, el teatro, la música, la escritura. ¿Quién puede descreer que el cine nacional no consolida la cultura argentina? es una industria que da puestos de trabajo a miles de argentinos”, argumentó.

Pero se preguntó críticamente: “¿De qué proyecto estamos hablando? No hablamos de un proyecto cultural, no hablamos de cómo van a ser aplicados esos recursos para fomentar algunas actividades culturales, cómo agregar mayor porcentaje a bibliotecas populares. No estamos hablando de esto, sino de prorrogar por 50 años una asignación especifica que vence este año. Estamos hablando de prorrogar un impuesto que no venció, no es la solución de fondo al problema”, y cerró Lena: “Estamos en un país con imprevisibilidad económica y no sabemos qué va a pasar en dos meses. No se puede usar la cultura como pantalla de despilfarro”.

Por el bloque de Evolución Radical, la diputada Danya Tavela sostuvo que la cultura “es parte esencial de nuestro ser, de la educación, del desarrollo de la sociedad”, y lamentó que la discusión se de en un marco de “trampa” de “encerrona” de la “barra silbando sin querer escuchar”.  “La cultura no es propiedad de un partido político, ni de un sindicato, es propiedad de los ciudadanos. También me gustaría un presupuesto de 100 años para bibliotecas populares cuyos fondos nunca llegan porque se pierden vaya a saber en qué lugar burocrático”, disparó.

En su alocución el diputado santafesino Enrique Estévez (Partido Socialista) adelantó el acompañamiento de la iniciativa porque “es un respiro para las industrias culturales”, ya que consideró que la cultura es “necesaria para construir un país y una sociedad diferente”. En tanto, destacó la importancia de las bibliotecas populares en el interior del país porque “son el único espacio en donde pueden concurrir la comunidad en general, son espacios de encuentros, identidades de esas comunidades, son ámbitos de participación y solidaridad. Tenemos que sostener eso”.

En el mismo sentido se pronunció el presidente del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, quine ratificó el acompañamiento por parte de su espacio, pero remarcó que “los años no tienen ningún sentido porque el día que dejemos de pensar en que la cultura no es pasible del conjunto del esfuerzo de la sociedad estaremos secos en el país”, y remarcó que “las asignaciones no son ni buenos ni malos, sino que todo depende de cómo se usa, dónde se deposita y es lo que algunos no quieren reconocer”.

“Nuestra cultura dista mucho de refugiarse a una cuestión simplemente ideológica, hay muchas sociedades que quedan impresas en esos conceptos. Nosotros no creemos en eso, cromos en que los recursos se pueden gestionar bien. La cultura es trabajo, aunque muchos se hayan olvidado de eso”, cerró Gutiérrez.

También se sumó el presidente del interbloque Provincias Unidas, el rionegrino Luis Di Giacomo, que señaló: “Este es un tema muy particular porque cuando hablamos de cultura hablamos de identidad y de libertad y eso a los sectores conservadores no les gusta”, y contradijo a JxC: “Estamos hablando de fondos específicos y no sobre nuevos impuestos. Son fondos que son los únicos que garantiza que un cambio de gobierno lo que se destina a las bibliotecas populares mañana pase a la fundación vaya a saber con qué nombre”.

Durante el debate, la entrerriana Carolina Gaillard (Frente de Todos) remarcó que “la oposición tiene reparos en prorrogar estas asignaciones a la cultura por 50 años, pero no se sonrojaron cuando decidieron endeudar a nuestro país por 100 años mientras eran gobierno. Es una vergüenza que hoy vengan a discutir el financiamiento de las industrias culturales”.

En su intervención, el formoseño radical Fernando Carbajal lanzó: “Este proyecto va a ser aprobador porque más allá de los discursos grandilocuentes, la pretensión de endilgarnos posturas políticas a la oposición, acá quedó muy claro que la postura del bloque es el acompañamiento. La pretensión del oficialismo de convertir esto en una batalla épica contra un enemigo que no existe es una jugarreta política”.

“La UCR quiere esta ley porque tiene un compromiso de lucha por la educación y la cultura de hace 150 años, no pasamos por ninguna etapa neoliberal. Ustedes mismos están poniendo en riesgo la votación de esta ley solo por poner quién es el más guapo. Esto es un tema discutible el del plazo. Si nuestro plazo de 8 años les parece poco, busquemos consensos para que los amigos de la cultura se vayan contentos. Superemos la grieta y sancionemos la ley”, expresó el formoseño lo que despertó un gran aplauso desde los palcos.

Contrariamente, el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, apuntó: “Duele, lastima, enoja, que un sector del oficialismo esté empecinado en creerse el dueño de la defensa de la cultura. Acá vienen a generar una situación de blanco y negro al recinto y no se los puedo permitir porque esa es la grieta que ciertos diputados quieren seguir generando en el país y llevándonos a la imposibilidad de la conversación pública”.

“Qué bueno hubiese sido llegar al recinto con un acuerdo de esta prórroga, de lo que son las asignaciones especificas vinculadas a la cultura. Había una prevención del oficialismo de querer plantear esa dicotomía, esas divisiones. A todos, con matices dentro del interbloque de JxC nos interesa la cultura, pero no hay posibilidad de encontrar un acuerdo para que la ley sea acompañada por unanimidad porque es parte del relato que quieren instalar de que JxC está en contra de la cultura, de lo que es la construcción de ciudadanía”, disparó Ferraro.

En ese sentido, remarcó: “No es razonable una prórroga de 50 años, no les mientan a distintas industrias porque no tiene nada que ver con biblioteca popales, teatros ni el INCAA, sino con organismos que tiene otro tipo de financiamiento es crear una realidad que no es. El oficialismo esta poniendo la cultura en la grieta por capricho”.

A su turno, desde el bloque Evolución Radical el economista Martín Tetaz expresó: “Queremos que haya más actividad cultural y no menos”, y reconoció que es “fan de las dinastías culturales porque son la calve del desarrollo económico en la nueva forma de riquezas del mundo”.

“Las industrias culturales deben recibir un tratamiento que favorezca su expansión, su crecimiento. Soy un gran defensor, pero no esta en discusión la asignación especifica de una serie de impuestos, ambos proyectos contemplan la extensión de los beneficios a ambos sectores, no esta en discusión eso. No me gusta que la extensión sea de 50 años porque no corresponde a la práctica habitual en materia tributaria y legislativa, es poco ortodoxa”, explicó.

Y cerró: “Estoy dispuesto a acompañar el dictamen de mayoría si es que acepta incluir la derogación de los impuestos a las entradas de las producciones nacionales. De lo contrario me voy a abstener”.

En su intervención durante el debate, calentó aún más el mismo el diputado del Pro Fernando Iglesias, que en principio no pensaba hablar y terminó anotándose para afirmar entre otras cosas que cuando el oficialismo tuvo que mandar el proyecto a comisión, “no lo mandaron a Cultura. Lo mandaron a Presupuesto. Todo el tiempo hablando contra el capitalismo y todo el tiempo atrás de la platita, esa es la verdad de la milanesa”, agregó, disparando luego que “la cooptación de los artistas mediante el dinero estatal no es de derecha, ni es de izquierda; es una actitud totalitaria que emplearon Mussolini, Hitler, Stalin y el General…”.

Los puntos centrales del proyecto

El proyecto propone que la vigencia de las asignaciones específicas previstas en tres incisos del artículo 4 de la Ley 27.432 -reforma tributaria de 2017- se extiendan hasta el año 2072.

Se trata del gravamen de emergencia a los premios de determinados juegos de sorteo y concursos deportivos; el impuesto a las entradas de cine e impuesto sobre los videogramas grabados; y el impuesto a los servicios de comunicación audiovisual, previsto en la Ley de Medios.

A través de estos tributos se destinan fondos en beneficio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional del Teatro, las Bibliotecas Populares, las producciones del Sistema Nacional de Medios Públicos, el ENACOM, el Fondo FOMECA, y la Defensoría del Público.

Venía caldeado por momentos el debate en torno a las asignaciones para las actividades culturales, pero subió el tono mucho más el diputado del Pro Fernando Iglesias.

Al intervenir, aclaró que no pensaba hablar, pero acaba de anotarse por el cariz que había tomado el debate. “Esperaba una cosa razonable, por un plazo razonable, sin plata para la burocracia, con plata para los artistas, pero no para la burocracia y sin agencia de espionaje como el NODIO, metidos adentro de la milanesa. No quisieron, quisieron meterlo en la grieta… Vamos a la grieta”, desafió.

A continuación saludó la presencia del ministro de Cultura de la Nación, Tristan Bauer, al que definió como “un partisano”. Al director de la película Tierra arrasada, sobre la gestión macrista al frente de la Nación, le dijo: “Bauer, la tierra arrasada que recibieron en 2019… ¡Devuélvannos la tierra arrasada! La tierra arrasada que recibieron en 2019 tenía 60 mil millones de dólares menos de deuda; tenía 10% menos de pobreza; tenía superávit comercial; equilibrio fiscal y superávit energético. Devuélvannos la tierra arrasada, Bauer…”.

Y continuó: “Quieren sacar la cultura de la grieta, saquémosla. Saquémosla del INCAA, toda la guita del INCAA va para las películas que les gustan a ustedes y para una sola parte de la sociedad argentina, que es menos de la mitad. Y no me corran con Campanella y Brandoni, que son amigos míos y sé lo que opinan… No quiero hablar por otros, llámenlos  por teléfono y pregúntenles si están de acuerdo con cómo se asigna la guita del INCAA, y pregúntenles por Télam y la Televisión Pública”.

A continuación contó que es periodista, diplomado en Periodismo, habla cinco idiomas y preguntó qué pasaría si se presentara mañana en la TV Pública o Télam para pedir empleo. “¿Me tomarían? No, porque toman solo a los amigos para hacer política y  partidismo. Esa es la verdad”, se respondió. Y agregó, desafiante y entre gritos desde el recinto y los palcos: “Todos ustedes, los que agarran los subsidios del INCAA, los puestos de trabajo en Télam y la Televisión Pública, sabiendo que hay persecución política, que hay listas negras virtuales, son cómplices de la persecución y discriminación política, así que no me vengan a correr con cerrar la grieta”.

A continuación, Fernando Iglesias recordó que “la Comisión de Cultura estuvo parada tres meses sin trabajar; ese es el interés que les despierta la cultura… ¿Se activan saben cuándo? Cuando está la platita de por medio, entonces se activan y llenan las tribunas”.

“Y cuando tuvieron que mandar este proyecto, no lo mandaron a Cultura. Lo mandaron a Presupuesto. Todo el tiempo hablando contra el capitalismo y todo el tiempo atrás de la platita, esa es la verdad de la milanesa”, agregó, disparando luego que “la cooptación de los artistas mediante el dinero estatal no es de derecha, ni es de izquierda; es una actitud totalitaria que emplearon Mussolini, Hitler, Stalin y el General…”.

“Por eso voy a cerrar, ya que les gusta tanto el rock nacional, con una canción de Charly: Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo tan solo les digo que es un bajón”.

En su intervención en el debate sobre el proyecto de extensión de las asignaciones específicas previstas para industrias e instituciones culturales en la sesión de este miércoles, la diputada del Frente de Todos Carolina Moisés destacó la importancia del proyecto para el sector, defendió lo realizado por el Estado durante la pandemia, y apuntó contra la oposición: “Cuando fue la hora de tener la lapicera lo único que hicieron fue cambiarla por la tijera y recortar”, sostuvo. 

“La verdad es que algunos diputados en vez de estar preocupados por los giros que tuvo este expediente a una u otra comisión debería sentarse a explicar, porque fueron los protagonistas de la degradación de la cultura argentina, con políticas culturales que literalmente eliminaron, desfinanciaron todos los programas nacionales y discriminaron a los artistas en función de la supuesta calidad cultural”, abrió su alocución Moises, en referencia al discurso del miembro informante del dictamen por la minoría, y exsecretario de Medios y Comunicación Pública durante el gobierno de Mauricio Macri, Hernán Lombardi; y continuó: “En vez de estar preocupados acá por lo que va a pasar con las bibliotecas, no se preocuparon cuando les tocó gobernar”. 

En este sentido, sostuvo que “la verdad que hay un discurso muy hipócrita desde los que agarran algunos micrófonos, pero cuando fue la hora de tener la lapicera lo único que hicieron fue cambiarla por la tijera y recortar y recortar todo lo que significaba la construcción de identidad en este país”. 

El proyecto del oficialismo establece extender las asignaciones específicas previstas para industrias e instituciones culturales establecidas en la ley 27.432, sobre impuestos y vigencia del gravamen a los premios de determinados juegos de sorteos y concursos deportivos hasta el 31 de diciembre de 2072 inclusive. También propone darle a este beneficio un carácter federal. La oposición firmó un dictamen de minoría al considerar que el plazo era excesivo. 

Por esto mismo, la diputada por Jujuy continuó con sus críticas contra la oposición: “Acá un diputado preopinante decía que acá lo importante es ‘el cuándo y el cómo’, pues no. Acá lo importante es el cuánto: cuánto se invierte en cine, en teatro, en museos, en salas populares, en cada artista en formación en nuestros centros culturales. Acá la clave es el cuánto. Por eso queremos que el cuánto sea por 50 años, y que de esa manera se garanticen los recursos y se tengan previsibilidad y estabilidad en las inversiones culturales”. 

Por otro lado, Moisés rescató lo realizado por el Estado durante la pandemia por la industria cultural: “Los discursos y las posiciones políticas deben sostenerse en hechos. Y hechos que son datos. Honramos un proyecto nacional y popular que ni siquiera en pandemia perdió el foco de lo que le correspondía hacer. Fueron desde el inicio del 2020 a noviembre del 2021 miles de millones de pesos para impulsar y reactivar el sector”, expresó. 

Finalmente, ponderó el rol de los artistas y trabajadores audiovisuales en la sociedad: “Estuvimos obligados dos años a vivir en un apagón. Ese apagón que la pandemia nos puso a prueba. Puso a prueba nosotros valores, nuestras calidades humanas, nuestra solidaridad, nuestro sentido de pertenencia, pero sobre todo nuestra humanidad. Algunos creyeron que íbamos a ser mejores, yo todavía lo dudo. Yo creo que ustedes -por los trabajadores del sector- son la luz, ustedes son el faro. Siempre fueron la luz en medio de la oscuridad de la historia argentina, en el apagón militar en el apagón de cada dictadora, en el apagón neoliberal y en el apagón de la pandemia. Ustedes son la luz, y ustedes son los responsables de que nuestra sociedad se transforme y florezca”. 

El diputado nacional Hernán Lombardi (Pro) cuestionó en la sesión de la Cámara de Diputados de este miércoles que el proyecto que propone la extensión de asignaciones a industrias culturales y bibliotecas populares por 50 años no pasó por la Comisión de Cultura y aclaró que “no estamos de acuerdo en el plazo y en que nos quieran vender gato por liebre, es algo del kirchnerismo esconder detrás de la cultura pesadas burocracias”.

Al inicio de su ponencia, Lombardi celebró que se haya puesto en “funcionamiento” la Comisión de Cultura y relató que en la reunión se votaron 59 proyectos, aunque lamentó que se conformó “tarde” como otras tantas. Contrariamente consideró de “irrelevante” y “no positivo” el proyecto porque “son asignaciones específicas vinculadas al mundo de la cultura”. Y ratificó: “Sin embargo, no fue girado a la comisión de cultura y eso es un severo error”.

“Que estos proyectos, que tienen que ver estrictamente con la cultura, haya tenido giro a la Comisión de Presupuesto implica una visión economicista de la cultura que es exactamente lo contrario a lo que acaba de decir el diputado preopinante”, cuestionó y sumó: “No hay ninguna explicación de por qué no lo giraron a la Comisión de Cultura. ¿Cómo no lo van a girar si el 100% de lo que acabo de escuchar tiene que ver con eso?”.

A su vez lamentó que “son escondrijos y recovecos del sistema parlamentario que tenemos que evitar”, y retiró su queja: “Este proyecto que es trascendente no fue girado a la Comisión de Cultura y eso es un severo error de procedimiento. Tenemos que reivindicar el funcionamiento del Parlamento y es porque si no es evidente que empiezan a haber manipulaciones”.

Que estos proyectos, que tienen que ver estrictamente con la cultura, haya tenido giro a la Comisión de Presupuesto implica una visión economicista de la cultura”

“Somos defensores de la promoción de la cultura. Es una tradición del Estado hacerlo porque hace a la construcción de la ciudadanía y libertad, coincido con lo que dijo el diputado preopinante, pero sumaria que hace a la construcción de diferentes identidades porque la cultura fortalece cada identidad para tener una identidad nacional”, explayó el diputado del Pro.

Y definió: “La cultura construye la ciudadanía y la construcción de respeto a la Constitución, que vivimos ene el Gobierno de la ley, es amplia es inabarcable, es la constitución central para la construcción de la Nación. La cultura y la educación son las dos herramientas estratégicas que tenemos a mano”.

“Coincidimos en la defensa de la cultura, del arte, de las bibliotecas populares, del cine, del teatro, el problema es cómo y cuándo y cómo administramos los recursos públicos. Tenemos que introducir una sana defensa de la cultura tiene que ver con la administración de los recursos públicos”, sostuvo Lombardi.

En tanto, cuestionó: “No tiene ninguna lógica promover por 50 años. ¿imaginamos qué puede pasar en 50 años en un mundo tan cambiante?”, y contradijo al oficialista Pablo Carro: “Acá nada está en riesgo, sabemos que las asignaciones específicas deben ser prorrogadas, estamos de acuerdo en la prórroga de bibliotecas populares, en el teatro, pero que no nos vendan gato por liebre, en lo que no estamos de acuerdo en el plazo y en que nos quieran vender gato por liebre, es algo del kirchnerismo esconder detrás de la cultura pesadas burocracias”.

“Preferimos que la plata llegue al cine, teatro y no se quede enredado en la burocracia, cuanta menos burocracia tengamos es mejor y no va a quedar enredado”, cerró.

Tras aprobarse Alivio Fiscal, comenzó el debate en el recinto de la Cámara de Diputados el proyecto sobre extensión de asignaciones a industrias culturales y bibliotecas populares por 50 años. Fue el diputado oficialista Pablo Carro quien respaldó la iniciativa de su autoría porque busca “reparar un daño que aún no se cometió y todavía estamos a tiempo de corregir”. Además, lanzó duras críticas a la oposición que presentó un dictamen de minoría al considerar que el plazo era excesivo.

En el uso de la palabra, el diputado cordobés lo chicaneó entre risas al presidente del Cuerpo, Sergio Massa, para que lo “ayude” a que su proyecto no vuelva a comisión como le pasó otras dos veces anteriores y procedió a explicar la iniciativa que busca “reparar un daño que aún no se cometió y todavía estamos a tiempo de corregir”.

“Esta situación a la que llegamos hoy es bastante conocida”, sostuvo y relató: “En el 2017 se hizo una reforma fiscal, dentro de esa reforma se estableció con un criterio fiscalista que aquellos impuestos que tienen una asignación específica tienen que tener una fecha de caducidad y esa fecha que se determinó es el 31 de diciembre de este año”.

En ese sentido, explicó que “estamos discutiendo cómo hacemos para financiar nuestra cultura, cómo promovemos, fomentamos el cine, el teatro, la música, las bibliotecas populares, los medios comunitarios, la defensoría del público, el ENACOM, el conjunto de instituciones que forman el entramado de nuestra cultura”.

A su vez, aclaró el motivo por el cual el proyecto propone prorrogar estas asignaciones por 50 años: “He escuchado a muchos decir que 50 años es mucho y es cierto, depende para qué, en que contexto estemos ubicando estos 50 años”, por el contrario, manifestó que “la pregunta que debiéramos hacernos no es cuántos años hay que financiar a la cultura, sino discutir si pensamos si en algún momento tiene que dejar de haber financiamiento para la cultura. Es decir, este financiamiento ¿es permanente o transitorio? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Tiene que ser permanente”.

“Me arrepiento de haber hecho un proyecto que dice 50 años, me hubiera gustado poner más un 99 para que sea más parecido a un infinito porque eso es lo que queremos para nuestra cultura, que dure para toda la vida”, precisó Carro.

Respecto a los argumentos indicó que se busca “dar un mensaje de futuro, queremos bancar la cultura por siempre. No existe país en el mundo que no financie su cultura porque entienden que es algo imprescindible”.

“Cuando pienso en cultura, también hablo de comunicación, de educación porque es la cultura en el sentido más amplio posible en que podemos pensarla”, describió.

Acto seguido apuntó contra la oposición y criticó los argumentos que dan desde dicha bancada: “El primer argumento lo llamo ‘Finlandia’ porque sostienen que no puede ser que un país que tiene tanta desocupación y pobreza le destine fondos a la cultura”, y preguntó: “¿La cultura llega después de que dejamos de ser pobres? ¿Los pobres no tienen derecho a la cultura, no les corresponden? Es un argumento sin sentido porque sabemos bien que cualquier país que quiera crecer tiene que invertir en educación, en ciencia y tecnología y en cultura eso es tan sencillo”.

“Otro argumento es una mezcla de carácter federal y carácter tributario porque sostienen que ‘tiene que tener efectivamente una fecha de caducidad’. ¿Será porque el proyecto tuvo giro a Presupuesto y ahí miran las cosas de esa manera? Porque no puedo entender que para estas leyes que se proponen financiar la cultura nos vayamos a una discusión técnica muy fina en sentido tributarista para buscarle un fin a la asignación”, cuestionó el diputado oficialista y siguió: “Cualquiera que participe de estos institutos saben que tienen consejos federase con representantes de todas las provincias y cada vez que discuten las políticas todas las provincias valen igual”.

En último lugar, criticó: “Lanzaron un argumento burocrático porque resulta que no está mal poner para la cultura, el problema es que se lo queda la burocracia y no le llega quien debe. También es un argumento absurdo porque si pensamos a la cultura como industria, cada peso que se invierte es dinero que se multiplica, pensemos en los puestos de trabajos que son alrededor de 700.000. No pasa por ahí el problema de la burocracia, el problema es el discurso conservador que nos está tapando, neoliberalm, antisistema que cree que solo lo que el mercado acepte es rentable”.

“Fue Sarmiento el que creó las bibliotecas populares. Defendemos una cultura pública, abierta, popular, democrática, federal, educativa, ambiental, la cultura es el terreno donde se despliegan nuestros sueños, abre horizontes, en la cultura están las herramientas que necesitamos transforma la realidad compleja y difícil del país y el mundo entero”, señaló Carro y cerró: “Es un derecho constitucional para todos los habitantes del país. Tiene rango internacional, está en los Pactos. Con la guita de la cultura no le vamos a pagar al FMI”.

Por Melisa Jofré

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley sobre alivio fiscal para trabajadores monotributistas y autónomos por unanimidad, con 237 votos positivos, 0 negativos y 0 abstenciones. El texto, impulsado por Sergio Massa, y que contó con el acompañamiento de opositores en su presentación, deberá ser ahora tratado en el Senado para su aprobación definitiva.

El interbloque Juntos por el Cambio había llegado a la sesión con un dictamen de minoría, pero producto de negociaciones que se terminaron de cerrar mientras se debatía la iniciativa, se realizaron modificaciones al despacho de mayoría suscripto por el oficialismo para lograr un mayor apoyo. Previamente, el Frente de Todos consultó sobre los cambios al Ministerio de Economía.

Después que la diputada oficialista Mónica Litza leyera las modificaciones al texto, antes de pasar a la votación, el jefe de la UCR, Mario Negri, adelantó el acompañamiento de su interbloque, porque aunque los cambios “no satisfacen cabalmente lo que nosotros creíamos debía ser” hay que “dar una respuesta positiva” a los trabajadores.

Pasadas las 14.30, cuando arrancó la discusión, participaron de una reunión Massa, Litza, Leandro Santoro, Carlos Heller (FdT); Luciano Laspina, Silvia Lospennato (Pro); Margarita Stolbizer (Encuentro Federal); Alejandro Cacace (Evolución Radical) y Alejandro “Topo” Rodríguez (Interbloque Federal) en la que se analizaron las propuestas de cambios.

A partir de la nueva redacción, los montos máximos de facturación para las categorías A, B, C y D se actualizarán en un 60% y el resto -de la E a la K- en 29,12%, como establecía el proyecto originalmente, en función del coeficiente acumulado a junio de este año, y que combina los dos aumentos que hubo en las jubilaciones en el primer semestre.

De acuerdo al texto, los montos máximos para cada categoría serán: $748.382,07, para la A;  $1.112.459,83, para la B; $1.557.443,75, para la C; $1.934.273,04, para la D; $2.277.684,56, para la E;  $2.847.105,70, para la F; $3.416.526,83, para la G; $4.229.985,60, para la H;  $4.734.330,03, para la I; $5.425.770,00, para la J; y $6.019.594,89, para la K.

Además, las categorías A y B estarán exentas del componente impositivo, que representa $288 y $555, respectivamente. Este beneficio aplicará a los monotributistas “puros”, es decir, a aquellos que no tiene otros ingresos, ya sea por jubilaciones, relación de dependencia, rentas financieras o alquiler de inmuebles, por ejemplo.

Con esta exención -que no afecta fondos de obras sociales ni seguridad social, se explicó- se verán beneficiados unos 2,1 millones de monotributistas, el 47% del total. Este punto, que fue propuesto por Santoro, va en línea con lo que proponía el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo en diciembre pasado sobre “Creación del Puente de Inclusión Fiscal al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes”.

La medida busca que los contribuyentes no tengan que saltar hacia una escala mayor, y se estima que serán beneficiados unos 4.498.419 monotributistas de todo el país, lo que representa el 39% en el AMBA y el 61% en el resto de las provincias.

Respecto a los autónomos que están alcanzados por el impuesto a las Ganancias, se estableció una suba de las deducciones a fin de que el mínimo no imponible quede más equitativo o cercano al que aplica a los empleados en relación de dependencia, beneficiados en la última actualización del “piso” de este tributo.

El incremento en la deducción especial, que impactará en 140 mil autónomos, estaba previsto en 2 veces y pasó a 2,5, aunque en este punto Juntos por el Cambio la quería llevar a 3,8. Asimismo, para nuevos profesionales en vez de elevarse en 2,5 veces la ganancia no imponible, se determinó en 3.

El debate

La apertura del debate estuvo a cargo de la diputada Mónica Litza, quien destacó que el proyecto “trae un alivio para un universo muy grande de 5 millones, que son quienes trabajan y tributan como pequeños contribuyentes”. “Tratamos de cuidar los ingresos de los trabajadores y de mantener la integridad de monotributistas y autónomos”, aseguró la oficialista, firmante de la iniciativa. Y apuntó que se “busca corregir ese desacople que hubo por la inflación, que es un fenómeno que afecta a los montos de facturación”.

Luego, el diputado de Evolución Radical Alejandro Cacace señaló que coincidían con el oficialismo en que los trabajadores monotributistas y autónomos son iguales a los que están en relación de dependencia y, por lo tanto, “deben recibir un trato similar en torno a los impuestos que pagan”, pero “esos mismos principios en la práctica no se cumplen”.

Yendo a la letra del proyecto, que finalmente en las negociaciones se modificó, el puntano advirtió que cómo estaba redactado el dictamen de mayoría, los montos máximos de facturación para las tres categorías más bajas del monotributo iban a quedar “por debajo de la línea de pobreza”. “Debe ser mayor el tope de facturación de las categorías más bajas”, reclamó cuando comenzaba el debate, algo sobre lo que finalmente hubo acuerdo.

También señaló que se consideraba “insuficiente” el cambio en la deducción especial de Ganancias para los autónomos, de llevarla a 2, cuando para los trabajadores en relación de dependencia está en 3,8 veces. “A igual capacidad contributiva tienen que pagar igual impuestos”, planteó.

Desde el Pro, el santafesino Luciano Laspina consideró que la iniciativa “no es un alivio impositivo, sino una mayor indexación del régimen”. “Teníamos una indexación anual, y ahora lo estamos adelantando semestralmente, con lo cual hay una decisión política clara por parte del oficialismo, partiendo de la base de que, dado que no pueden bajar la inflación, y que más bien se está acelerando, a pesar de que el último dato mostró una leve baja, y según las proyecciones de Luis D’Elía nos va a llevar a deflación en 10 meses”, expresó.

Con un discurso en el que reivindicó la política tributaria del Gobierno, el oficialista Itaí Hagman observó que “siempre que discutimos un proyecto que alivia la carga tributaria del contribuyente aparece la discusión de que en realidad la presión tributaria es demasiado alta y hay que bajar más impuestos”. En esa línea, recordó que “todas las políticas que generaron un sistema tributario que ha tendido a la regresividad han sido llevados adelante por gobiernos con orientación política liberal”. “Este proyecto va en el sentido de lo que nosotros queremos, que es una estructura tributaria más progresiva”, dijo el porteño.

Durante el debate, que se extendió por un poco más de tres horas, también habló Leandro Santoro, quien tras repasar los puntos del proyecto, defendió: “Estamos tratando de aumentar y mejorar la capacidad de consumo del pueblo, con políticas de ingresos concretos que van en esa dirección. Políticas de ingresos que tratan de trabajar en una situación compleja que atraviesa la Argentina”. “Es un paliativo en un contexto donde Argentina tiene que atravesar una restricción importante, una guerra que aumentó mucho los precios de alimentos y energía, las consecuencias de la pandemia con todo lo que significó. Esa inflación que nos preocupa y erosiona el poder adquisitivo de salarios”, continuó.

Además, el legislador abogó por la aplicación de “políticas de ingresos acompañadas de un modelo de protección social, participación del Estado en redistribución de excesos”, tareas que “este Gobierno popular lleva adelante, para dejar atrás ese modelo de especulación financiera y fuga de capitales que permitió que la Argentina en cuatro años se duplique la tasa de inflación y desempleo”.

Por su parte, la diputada Margarita Stolbizer, que acompañó con su firma la iniciativa, explicó que “desde el anuncio del alivio para trabajadores en relación de dependencia fue el sentido común lo que disparó el debate dentro de todos los bloques sobre la necesidad de recomponer la situación para hacerla más equitativa en el caso de monotributistas y autónomos”.

“En ese sentido firmé el proyecto propuesto por el presidente de esta Cámara”, admitió la jefa de Encuentro Federal, dentro del interbloque Juntos por el Cambio, que opinó: “Actualizar escalas o deducciones no es otorgar ningún beneficio, apenas aspiramos a minimizar el daño. Se busca no agregar mayores distorsiones a las que ya existen. Ni los monotributistas ni autónomos generan la inflación, demasiado daño tienen en sus vidas como consecuencia de la inflación”.

En esa línea, reclamó que “bajar la inflación requiere acuerdos, condiciones, estabilidad y equilibrio”. “Acá radica otro problema, uno es la inflación y otro el Gobierno que no tiene ni la estabilidad, ni los mecanismos necesarios para lograr los acuerdos y bajar la inflación”, cuestionó Stolbizer.

También acompañante de la iniciativa, el jefe del Interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, valoró la respuesta que el Congreso está dando a un sector “muy importante de la Argentina, permitiendo mejorar la capacidad de compra del ingreso de casi 5 millones de personas”.

“Lamentablemente la inflación no empezó ayer”, señaló el bonaerense, subrayando “el triste recuerdo de quienes plantearon con soberbia que en una semana lo arreglaban de taquito, y nos ha llevado a años y años de inflación”. “En cinco meses la inflación anual acumulada es superior al 29% y en términos interanuales es el registro más alto de los últimos 30 años. Claramente no han dado respuesta eficaz al flagelo de la inflación”, manifestó sobre las medidas del actual Gobierno.

Desde el Frente de Izquierda, el diputado Nicolás Del Caño adelantó el acompañamiento al proyecto, pero resaltó que “no se trata de un alivio, no es una solución, es simplemente una corrección producto de la altísima inflación que, de manera anualizada, estamos arriba del 60%”. Si no se aprobara una actualización, “muchos monotributistas pasarían, producto de la inflación, a categorías mayores por lo cual deberían tributar más cuando en realidad no tuvieron un ingreso real superior, sino que se ha dado producto del aumento de la inflación”, explicó. Por eso, el legislador avaló que “se viene a tratar de corregir esto, pero no da una respuesta, una solución”.

Y, sobre ese punto, consideró que lo que se tiene que establecer es que “la actualización sea de manera automática en función del índice inflacionario” para evitar “que vengan algunos a querer sacarse una foto, a ponerle un título en algún diario diciendo ‘un alivio, una mejora para los trabajadores’”.

De la vereda de enfrente, el presidente de Avanza Libertad, José Luis Espert, remarcó “la presión impositiva que sufren monotributistas, autónomos, emprendedores” que “hoy son esquilmados en Argentina”. Y, con ironía, felicitó al bloque oficialista por la iniciativa que es “absolutamente irrelevante del número”, pero “al menos planta una bandera: no podemos seguir haciendo oídos sordos y estar ciegos frente al reclamo de monotributistas y autónomos por el desigual trato que se le da frente a la situación impositiva”.

En esa línea, precisó que “un trabajador en relación de dependencia que cobra $280 mil de bruto, paga $70 mil al año por impuestos; el mismo trabajador, con el mismo ingreso, si es monotributista paga 7 veces más, una alícuota del 35%. Es confiscatorio e inaceptable”.

Germana Figueroa Casas, diputada del Pro por Santa Fe, expresó que “por más que sea solo un parche, un reconocimiento a la inflación, va a impactar positivamente en más de 4 millones de personas. Pero debemos pensar por qué esto podría ser mejor”. Sobre el régimen tributario en el país, sostuvo que “hay que pensar en el eslabón más débil, que es el autónomo. Él es el que arriesga, invierte, toma empleados. Es un monotributista que creció. Ahora, el sistema actual estimula el enanismo fiscal. Si un monotributista quiere facturar 500 pesos más de lo que le permite la categoría más alta, se pasa a autónomos y debe terminar pagando más del doble en impuestos. Entonces, se estimula el quedarse en el monotributo y fomenta que todos nos queramos achicar, que se rechacen trabajos, que no se tomen empleados”.

En el cierre del debate, el oficialista Daniel Arroyo afirmó que el proyecto se trata de “una mejora, un alivio para el bolsillo, en un país donde para mucha gente el precio de los alimentos y llegar a fin de mes son los problemas más críticos”. Y reconoció que “no es un cambio estructural, pero sí un avance claro”, por eso opinó que es “injusto plantearlo como un parche”.

“Es un proyecto de alivio en un contexto complejo”, sostuvo y justificó que “está claro que la Argentina tiene inflación hace largo tiempo, que el problema de la inflación es estructural, pero también está claro que venimos de una pandemia y estamos en una guerra”. En su discurso, el legislador subrayó que “el debate que viene será estabilizar precios”, y llamó a “avanzar en políticas que tengan que ver con un plan antiinflacionario”.

En su discurso durante la sesión de este miércoles, el diputado oficialista Itaí Hagman cargó contra la oposición al referirse a la política tributaria, durante el debate del proyecto de alivio fiscal para trabajadores monotributistas y autónomos.

Para el porteño, “nos debemos un debate con seriedad sobre la estructura tributaria en Argentina”, pero observó que “siempre que discutimos un proyecto que alivia la carga tributaria del contribuyente aparece la discusión de que en realidad la presión tributaria es demasiado alta y hay que bajar más impuestos”.

Al tiempo que cuando se debate sobre jubilaciones, obras públicas o inversión en educación, el argumento de la oposición es que “esas partidas son insuficientes”. Pero quienes “piden sistemáticamente bajar más los impuestos y aumentar los gastos” son los que “se la pasan diciendo que la madre de todos los problemas de Argentina es el déficit fiscal”, resaltó.

En ese sentido, el legislador señaló que “es evidente que no se puede achicar la recaudación del Estado, aumentar los gastos y al mismo tiempo bajar el déficit fiscal”.

Al rescatar la política tributaria del Gobierno, Hagman aseguró que ésta tiene “una orientación muy clara, de ir dotando de mayor progresividad un sistema tributario que todavía carga demasiado sobre el consumo y la producción, y no lo suficiente sobre los ingresos, las ganancias y los patrimonios”. Y esto justamente va en “un sentido diametralmente opuesto al sistema tributario” durante la gestión de Cambiemos.

Más adelante, el diputado sostuvo que “esa idea sobre la que supuestamente los liberales quieren bajar impuestos y los nacionales y populares queremos subirlos es un mito que está muy instalado en la sociedad, y no se corresponde con la historia argentina”.

Así, dijo que hace unos días la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, dijo que “había que derogar el impuesto al cheque. Yo creo que sería interesante discutirlo”. Sin embargo, recordó que ese tributo se creó en el 2001, cuando “esa misma persona era ministra del gobierno que lo creó”.

“¿Saben cuándo se llevó el IVA al 21%? ¿Qué ministro de Economía? Uno de los principales asesores del bloque de la oposición”, continuó y lanzó: “En Argentina los principales defensores de (Domingo) Cavallo están en el bloque de ustedes, no están en el bloque nuestro. La continuidad de las políticas que se implementaron en los ’90 está en el bloque de ustedes”.

Tras mencionar también que Ingresos Brutos se estableció bajo la dictadura militar, el dirigente de Frente Patria Grande expresó que “todas las políticas que generaron un sistema tributario que ha tendido a la regresividad han sido llevados adelante por gobiernos con orientación política liberal”.

“Este proyecto va en el sentido de lo que nosotros queremos, que es una estructura tributaria más progresiva”, que provocará “una Argentina con mejor distribución de los ingresos, una Argentina más igualitaria, una Argentina con justicia social, que es la bandera que levantamos siempre”, cerró.

Durante la sesión de este miércoles para debatir el proyecto del oficialismo de alivio fiscal para monotributistas y autónomos, la diputada del Frente de Todos Gabriela Estévez pidió un apartamiento de reglamento para aprobar un proyecto de resolución de beneplácito por las acciones llevadas adelante en todo el país el 3 de junio de 2020 bajo la consigna ‘Ni Una Menos’. 

“Esta fecha se instaló en la agenda feminista en el 2015, y cada año reúne a millones de personas que reclaman por el fin de la violencia contra las mujeres y las personas de las disidencias sexuales, así como por el pleno goce de los derechos humanos”, expresó la legisladora del Frente de Todos al respecto. 

La resolución fue aprobada por amplia mayoría. 

Tras dos horas de cuestiones de apartamiento, la diputada nacional Mónica Litza (FdT) abrió la ronda del debate del proyecto del titular del Cuerpo, Sergio Massa, sobre alivio fiscal para monotributistas y autónomos, respecto del cual señaló que “tratamos de cuidar los ingresos de los trabajadores y de mantener la integridad de monotributistas y autónomos”, por lo que la iniciativa “busca corregir ese desacople que hubo entre la inflación, que es un fenómeno que afecta a los montos de facturación. Proponemos adelantar al 1 de julio el 2022 la actualización de los montos de las categorías”.

La legisladora oficialista defendió el proyecto de alivio fiscal al que calificó de “importante” porque “trae un alivio para un universo muy grande de 5 millones que son quienes trabajan y tributan como pequeños contribuyentes”.

“Cuando ocurrió la modificación de la actualización del piso del impuesto a las ganancias, que trajo alivio también a muchos trabajadores, dijimos que tanto los autónomos, monotributistas y trabajadores en relación de dependencia eran trabajadores, aunque estuvieran en distintas categorías y el alivio tenía que llegar para todos”, recordó y agregó: “En aquel momento con el impuesto a las ganancias se había producido una distorsión, respecto a que se habían adelantado las paritarias, y produjo un aumento en el valor nominal de los salarios y estábamos cerca de los aguinaldos, lo que iba a producir que esos ingresos fueran alcanzados por el tributo que queríamos evitar con ganancias por lo tanto hubo que hacer un equilibrio donde la realidad había producido un desequilibrio”.

En suma, manifestó que “había que hacer otro equilibrio con el tema de los trabajadores monotributistas y autónomos”, y destacó la participación de la asociación de monotributistas quienes colaboraron con el estructurado del proyecto. En ese sentido remarcó que “todos los días tienen que ponerse al pie de sus obligaciones, levantar las persianas de sus negocios, no cobran aguinaldo, no tuvieron beneficios durándote la pandemia el esfuerzo fue muy grande y el Estado debe acompañar”.

“Los salarios no son ganancias y los ingresos de los monotributistas tampoco. Defendemos la integridad de los ingresos, de los salarios. Desde las herramientas que nos da el Congreso tratamos de cuidar los ingresos de los trabajadores, de cuidar el bolsillo de los argentinos y de mantener la integridad de monotributistas y autónomos”, sostuvo Litza.

Respecto al proyecto señaló que busca “corregir ese desacople que hubo entre la inflación, que es un fenómeno que afecta a los montos de facturación, por lo que proponemos adelantar al 1 de julio el 2022 la actualización de los montos de las categorías de monotributos”.

“La ley 29.977 prevé que esa actualización se hace por el índice de movilidad jubilatoria se haga anualmente, pero se contradice con la reglamentación de AFIP de que la recategorización del monotributo sea semestral, entonces si no hiciéramos esta corrección se corre el riesgo de que al primero de julio muchos monotributistas tengan el riesgo de saltar de categoría o, incluso, algunos salir del régimen simplificado”, advirtió la diputada del FdT.

En esa línea, solicitó “la actualización de los montos al 1ro de julio y no esperar a enero utilizando el mismo índice que indica la reglamentación de la ley vigente”.

“Es importante destacar que esta actualización de los montos de categorías no implica un aumento de cuotas, van a pagar lo mismo. El universo es muy importante y está en la gente porque preguntan por este tema. Es una alegría poder traer este alivio para tantos trabajadores”, resaltó.

Continuando con la explicación del proyecto, describió que “en su título primero modifica la ley de monotributo y en el segundo modifica la ley de impuesto a las ganancias para el tema de autónomos, buscamos un alivio y mejora para trabajadores autónomos”.

“Hay un plazo que tiene que ver con AFIP y tiene que ser rápido la sanción antes de julio. Pedimos darle una autorización al Ejecutivo para que hacer todos los años la ley pueda hacer la actualización semestralmente y no anualmente y hacer la corrección de desacople a través de una ley”, explayó Litza.

Y cerró: “Lo que ingresa al bolsillo de un trabajador va al consumo, a fortalecer el mercado interno del país, va a estimular y alentar a emprendedores a que puedan seguir invirtiendo y va, sin duda, a poner en movimiento el círculo virtuoso del consumo, del fortalecimiento del mercado. Éstas son las herramientas legislativas que tenemos, que seguimos trabajando para cuidar el ingreso y recuperar los niveles que tienen que tener los trabajadores, ese es el objetivo que perseguimos”.

Tal como se preveía, antes de arrancar con el temario de la sesión de este miércoles, el caso del avión venezolano-iraní retenido en Ezeiza fue un tema que la oposición puso sobre la mesa en la Cámara de Diputados.

Más precisamente lo hicieron al plantear cuatro apartamientos del reglamento para tratar proyectos de citación a funcionarios, pero ninguno logró aprobarse, pues se requerían los dos tercios de los votos, y el oficialismo se opuso al denunciar un “intento de show absolutamente mediático”. La votación en conjunto resultó con 104 votos positivos, 114 negativos y 0 abstenciones.

Al fundamentar si iniciativa para que se interpele al canciller Santiago Cafiero por el caso, el jefe de la UCR, Mario Negri, sostuvo: “Estamos viviendo un momento no solo de zozobra, incertidumbre, sino de enorme preocupación”. “Se trata nada más y nada menos de lo que aún hoy, a esta hora, no tenemos una respuesta que esclarezca cuáles han sido los motivos, el vínculo, quiénes son los que lo componen y por qué están acá presentes una tripulación de 19 miembros, en un avión de origen iraní matriculado en Venezuela, de una empresa que corresponde al Estado de Venezuela, y con alguno de sus integrantes sospechado de ser parte de un grupo terrorista”, enfatizó.

El cordobés consideró que este hecho “no es una marca, no es una referencia del país, tiene que ver con la laceración del terrorismo ocurrido en Argentina” y con una “definición estratégica de la política de alianza que el Gobierno tiene”. “La prueba ácida de su política de alianza está demostrada en la vinculación con países que poco tienen que ver con la democracia y menos con los derechos humanos”, continuó.

El opositor aseguró que “es necesario que el canciller aparezca, que no se esconda” y “que venga y nos diga de qué manera la Argentina tiene seguridad o estamos en pelotas”. “Necesitamos que el canciller nos manifieste si ha citado a la embajadora de Venezuela; si ha tenido diálogo con cancilleres de países de la región o del mundo”, siguió.

Negri expresó que este “es un hecho grave” y, tras recordar los atentados de la embajada de Israel y la AMIA, la valija de Antonini Wilson y el Pacto de Irán, lanzó: “¿Esto es una joda o nos toman el pelo? La Argentina no puede vivir más con miedo y el Gobierno debe protegerla y cambiar su alianza”.

Luego fue el turno del macrista Gerardo Milman, quien argumentó su proyecto para que además de Cafiero asistan el jefe de Gabinete y los ministros del Interior, Seguridad, Transporte y Defensa. El legislador afirmó que “Argentina fue notificada por diversas agencias internacionales el día 6 (de junio) sobre la presencia de este avión”.

“Esta compañía esta objetada por el departamento de Estado de los Estados Unidos y el departamento de Comercio del mismo país, y otros con los que Argentina tiene tratados internacionales”, señaló, al tiempo que mencionó que estas empresas “colaboran con el terrorismo internacional”.

El opositor reclamó que “Argentina debe ubicarse en defensa de los derechos humanos y las libertades, como es su historia, no del lado de los países que abandonan los derechos humanos”, pero cuestionó que “Argentina insiste en ubicarse en los lugares que no corresponde”.

Al recordar la denuncia que presentó sobre el caso del avión junto a su par Ricardo López Murphy, Milman observó: “El Gobierno argentino no había hecho la denuncia a pesar de todas las alarmas provenientes de los países vecinos y de agencias internacionales. Hay una negligencia enorme”.

“Los delegados de la AFI en Paraguay fueron notificados y el canciller Santiago Cafiero fue notificado por el mismo embajador Domingo Peppo”, agregó.

A su turno, el presidente de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, argumentó los proyectos de su bloque para que se inste a Cafiero a “citar con carácter de urgente a la representante del régimen venezolano en la República Argentina, Stella Lugo Betancourt” y también para expresar el “repudio por los dichos del presidente Alberto Fernández referidos a la búsqueda de recuperar el vínculo diplomático pleno con el gobierno de Venezuela”.

“Es grave lo que pasó, la seguridad argentina está en juego hace muchos años”, alertó el porteño, que criticó: “Estamos en el medio de una guerra, tenemos un presidente que desfila por el mundo, que se propone puerta de entrada de Rusia, y lo que es seguro es que somos puerta de entrada de Irán, con cobertura venezolana, y eso es peligroso para nuestra seguridad”.

En su discurso, López apuntó que “están retirando las querellas de algunas personas estos días (en alusión a Cristina Kirchner) porque tienen miedo de condena. Seguramente va a haber condenas, seguramente también va a haber indultos. Y ustedes guardan relación con un par de naciones marginales porque lo único que buscan es la ayuda para ver si algún momento pueden zafar de algunas cosas. Ojalá la Argentina se libre pronto de esa realidad”.

En un clima caldeado, con gritos cruzados, el jefe del oficialismo, Germán Martínez, argumentó el rechazo de su bancada. Primero, empezó diciendo que “hay determinados temas que, por la delicadeza que tienen, uno los tiene que tratar como corresponde y en los ámbitos que corresponde”.

“Estamos convencidos de lo que han hecho las distintas agencias del Estado respecto a este tema” y “de que estamos en un intento de la oposición de un show absolutamente mediático, con el objetivo de desgastar una vez más a nuestro Gobierno”, resaltó.

Además, cuestionó a los legisladores opositores porque “se dicen cosas que después a las horas quedan totalmente desmentidas” y se fundamentan “según fuentes periodísticas”.

El santafesino defendió la actuación de la PSA, la Dirección General de Aduana junto a la PFA, la Dirección de Migraciones y la ANAC. También, subrayó que “ninguna de las personas (de la tripulación) están en sistema de alerta”.

Martínez criticó que desde Juntos por el Cambio, sobre el aviso de Paraguay a Argentina, “omiten decir que el avión ya estaba en Argentina” cuando el país vecino informó. “Como también omiten decir lo que pasó en Paraguay a mitad de mayo, lo echaron ayer. Allí sí está clarita la situación. Y qué vuelo se estaba haciendo, para qué empresa se estaba haciendo y uno de los titulares de esa empresa amigo de qué dirigente político en Argentina es”, disparó, lo que provocó los gritos desde el otro lado del recinto, incluso con el presidente del cuerpo, Sergio Massa, pidiéndole al diputado macrista Fernando Iglesias: “No me obligue a aplicar el reglamento. Cállese la boca diputado Iglesias, respeto es también escuchar”.

Al inicio de la sesión de este miércoles, convocada por el oficialismo con el fin de aprobar el proyecto sobre alivio fiscal para monotributistas y autónomos, diputados del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio homenajearon a YPF, con motivo del reciente cumplimiento de los 100 años desde su creación. 

Al respecto, la diputada del FdT Graciela Landrisini tomó la palabra, y señaló que viene a “representar la voluntad de muchos argentinos que reivindican a la empresa más grande nacional en el territorio argentino que es YPF. Acaba de cumplir 100 años, que son 100 años de exploración, de producción, de industrialización, refinación y también investigación y desarrollo”. 

En este sentido, la legisladora rionegrina indicó que “YPF ha sido una empresa que ha sufrido los ciclos de alza y baja de la economía y la política argentina. A si como fue una empresa base para la industria nacional, sufrió la desregulación económica, energética, y el desguace en distintos momentos de la economía y la política argentina”, y citó los ejemplos de “la maldita década del proceso de reorganización nacional, y también las políticas neoliberales de la década del 90’”, y apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri, al señalar también “el reciente ejemplo de 2016 al 2019: porque en cada uno de estos períodos se privatizó, se desintegró, y se persiguió a los dirigentes gremiales”. 

En tanto, celebró la “renacionalización lograda para el 51% de las acciones en 2012, en tiempos del gobierno de nuestra conductora Cristina Fernández de Kirchner, que nos trajo nuevamente en la iniciativa de la soberanía energética, de la recuperación de reservas, de puestos de trajo y del desarrollo de hidrocarburos de recursos no convencionales”. 

“Hoy YPF es presente y es futuro. Hoy YPF es CyTEC. Es luz, es litio y está ligada al transporte en la Argentina. Esto es nuestra empresa de bandera más grande del país haciendo presente y haciendo futuro, en la transición energética y también enfrentando un nuevo escenario internacional que nos posiciona con Vaca Muerta en la segunda reserva mundial de gas y la cuarta de petróleo”, concluyó la diputada Landrisini. 

Por su parte, el diputado de Evolución Radical Pablo Cervi destacó que YPF, desde su fundación, “generó las condiciones para la explotación, el transporte y la industrialización de los hidrocarburos para la provisión de energía en nuestro país. Eran épocas en las que se planificaba, se generaban ciudades a la par del desarrollo de las actividades, algo que hoy es difícil de ver, hoy nos cuesta planificar más allá del mandato de un gobierno, y creo que son las cosas que tenemos que recuperar de alguna manera”. 

El legislador neuquino señaló además la importancia estratégica de la empresa en el desarrollo de YPF: “YPF cumplió un rol esencial que tiene el Estado para mí, que es apalancar el desarrollo experimental de los proyectos, para que después puedan ser llevados adelante por privados. Pero creo que el Estado tiene un rol importante en el desarrollo experimental de distintas actividades”. 

“El mundo está mirando hoy a Vaca Muerta, creo que existe un gran desafío para desarrollarse, y en ese sentido creo que es importante que la política energética que tenga nuestro trascienda los gobiernos. No puede ser que hoy estemos discutiendo nuevamente si se hace o no un gasoducto, que ya tendría que haber quedado hecho, habiendo sido licitado en 2019”, finalizó el legislador. 

Convocada por el oficialismo y bloques aliados originalmente para las 11 de la mañana, la sesión especial de este miércoles se postergó para el mediodía, y terminó iniciándose a las 12:20, con el fin de aprobar el proyecto impulsado por el titular del Cuerpo, Sergio Massa, sobre alivio fiscal para monotributistas y autónomos.

La reunión se lleva adelante una semana después de aquella convocada por la oposición para tratar la implementación de la Boleta Unica de Papel para votar, y teniendo en cuenta que en esa oportunidad se acordó postergar homenajes y cuestiones de privilegio para esta semana, se descuenta que ese tema llevará un buen tiempo este miércoles.

En el caso de la iniciativa de alivio fiscal, la misma ajusta los montos máximos de facturación, para el primer caso, y de beneficios en las deducciones, en el segundo caso.

El proyecto propone, para el caso de monotributistas, adelantar al 1ro. de julio el ajuste para los montos máximos de facturación, ya que se adelanta la aplicación del índice del 29,12%. De esta manera, no incluirá aumento en las cuotas mensuales a pagar, sino que sólo se busca una actualización de los topes máximos de facturación para que los monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor, o quedar afuera del Régimen Simplificado si su facturación creció en términos nominales por efecto de la alta inflación.

Según los autores, se estima que estos cambios impactarán positivamente en la situación económica de 4.498.419 monotributistas de todo el país, lo que representa el 39% de AMBA y el 61% de las provincias del interior. Respecto a los autónomos que están alcanzados por el impuesto a las Ganancias, alrededor de 140 mil contribuyentes, la solución se centra en incrementar las deducciones a fin de que el mínimo no imponible quede más equitativo o cercano al que aplica a los empleados en relación de dependencia.

Así, la deducción especial para los autónomos representaría dos veces la ganancia no imponible, pasando la deducción de $505.129,66 a $757.694,52. De esta manera la “brecha” de la deducción especial entre el empleado y el autónomo se achicaría de $707.181,58 a $454.616,72. Asimismo, para nuevos profesionales se eleva de 1,5 a 2,5 veces la ganancia no imponible.

Este incremento de la deducción impacta principalmente en los 140 mil autónomos con ingresos de hasta $8 millones, que concentran el 95% de los autónomos con impuesto determinado en el impuesto a las Ganancias. Para esos independientes se estima un ingreso adicional de bolsillo promedio de $52 mil anuales producto del alivio fiscal.

Si bien el oficialismo se alzó con un dictamen de mayoría en la reunión de comisión, desde la oposición el diputado puntano Alejandro Cacace (Evolución Radical) había adelantado que, de no realizarse modificaciones en un artículo referido a los autónomos, presentarían un dictamen de minoría.

Reintegro para la adquisición de taxis

Otro de los proyectos a debatirse es el impulsado por la diputada oficialista Mara Brawer que crea un régimen transitorio de reintegros impositivos para la adquisición de las unidades que prestan el servicio de vehículos automotores de alquiler con taxímetro.

Se trata de un régimen “transitorio”, pues dura 6 años; tiene un cupo fiscal para la compra de aproximadamente 10 mil autos por año; tanto la persona física como jurídica tiene derecho a comprar un auto por año; tiene que tener licencia y no puede ser vendido en los tres años siguientes. Asimismo, la ley invita a las provincias a adherir a través de impuestos locales que tiene la compra de autos.

Esta ley prevé el reintegro impositivo para la compra de autos básicos, autos de fabricación en Argentina con el 20% de partes de fabricación nacional, y en una segunda etapa la implementación de esta ley al 30%.

Extensión de asignaciones a industrias culturales y bibliotecas populares

El dictamen de mayoría establece extender las asignaciones específicas previstas para industrias e instituciones culturales establecidas en la ley 27.432, sobre impuestos y vigencia del gravamen a los premios de determinados juegos de sorteos y concursos deportivos, creado por la ley 20.630 y sus modificaciones, hasta el 31 de diciembre de 2072 inclusive. También propone darle a este beneficio un carácter federal. La oposición firmó un dictamen de minoría al considerar que el plazo era excesivo.

Estas asignaciones provienen de los gravámenes sobre los premios ganados en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares) y sobre concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas.

El proyecto de mayoría contempla también la continuación del impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos, videogramas grabados y la comercialización de publicidad tradicional y no tradicional, programas, señales, contenidos, abonos y todo otro concepto derivado de la explotación de estos servicios.

La extensión prevista hasta el 31/12/2072, tiene como fin el sostenimiento de sectores de la cultura nacional tales como el INaMu (Instituto Nacional de la Música), el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), el INT (Instituto Nacional del Teatro), la CoNaBiP (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares) y el FOMECA (Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual), entre otros.

Creación de parques nacionales

Tres son los proyectos que tratan sobre la creación de nuevos Parques Nacionales. Se trata de los parques Islote Lobos, en Río Negro; Ansenuza, en la provincia de Córdoba; y la aceptación de la transferencia de jurisdicción por la provincia de Entre Ríos al Estado nacional del Parque Pre-Delta.

Una de las iniciativas establece la ampliación del Parque Nacional Pre-Delta, por el cual se acepta la cesión de terrenos por parte de la provincia de Entre Ríos al Estado Nacional con el objetivo de ampliar el Parque ubicado en el departamento de Diamante. Con esta ampliación, la superficie que será protegida pasará a tener 2.604 hectáreas.

El otro proyecto tiene que ver con la creación del Parque Nacional y Reserva Islote Lobos -con media sanción del Senado-, mediante el cual se acepta la cesión de terrenos efectuada por la provincia de Río Negro al Estado Nacional y se transfieren el total de los sectores fiscales (intermareal y marino). Asimismo, se acepta la cesión sobre un conjunto de parcelas de propiedad privada (sector terrestre).

El área natural se sitúa sobre el golfo San Matías, en la costa atlántica de Río Negro, en cercanías a la localidad de Sierra Grande. Posee 18.000 kilómetros cuadrados y es el segundo golfo más extenso de Argentina, caracterizado por una importante producción biológica, amplitud de mareas y buena renovación de las aguas.

Con la creación de este Parque se busca proteger a 19 especies de reptiles, 27 especies de mamíferos terrestres nativos, 61 especies de aves marinas y costeras, y 94 especies de aves terrestres.

El tercer proyecto tiene como objetivo crear el Parque Nacional Anseunuza y Bañados del Río Dulce, al aceptar la cesión de los terrenos que la provincia de Córdoba otorga en favor del Estado Nacional. Se trata de la jurisdicción ambiental y dominio sobre un sector de los Bañados de Río Dulce (475.477 hectáreas) para la creación de una Reserva Natural; y del sector de la Laguna de Mar Chiquita o Ansenuza (185.936 hectáreas) para la creación del Parque Nacional.

Este gran humedal presenta el 66% de todas las especies de aves migratorias y playeras registradas para Argentina, concentra casi el 36% de la avifauna del total del país (380 especies de aves registradas) y el 85% de las 447 especies de aves citadas para la provincia de Córdoba. Además, la región alberga las tres especies de flamencos existentes en Sudamérica.

Existen otras especies registradas, que comprenden alrededor de 32 mamíferos, 16 anfibios, 37 reptiles, 50 peces aproximadamente y un número de insectos que aún no han sido precisado.

Capacitación y señalética sobre la cuestión Malvinas

El proyecto, que ya tiene media sanción del Senado, se establece la capacitación obligatoria, periódica y permanente en la cuestión Islas Malvinas para todas las personas que desempeñen la función pública. en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

La capacitación se llevará a cabo en el marco de lo dispuesto por la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional; y la formación de las máximas autoridades de los tres poderes de la Nación estará a cargo de la autoridad de aplicación. El contenido de la capacitación deberá incluir “las dimensiones de sensibilización” como “la transmisión de conocimientos”; y tener libre disponibilidad.

En la confección del material participará el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, las instituciones del sector académico y científico especializados en la materia y las de la sociedad civil y sus organizaciones.

Los lineamientos generales deberán contemplar, como mínimo, información referida a los argumentos históricos, geográficos, ambientales, jurídicos y políticos. También deberá poseer información relativa a la normativa nacional e internacional vigente. La autoridad de aplicación, en su página web, deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de la ley.

El otro proyecto propone colocar señalética alusiva a Malvinas en organismos públicos de todo el país, indicando la distancia desde ese punto hasta las islas.