La sesión fue convocada por el oficialismo junto a bloques aliados y debatirán el alivio fiscal para monotributistas y autónomos, además de un beneficio de adquisición de taxis; la creación de tres Parques Nacionales; asignaciones a industrias culturales y capacitación en la cuestión Malvinas.
Una semana después de la media sanción que logró la oposición por Boleta Única de Papel, el recinto de la Cámara de Diputados vuelve a abrir sus puertas este miércoles. Originalmente la reunión había sido convocada para las 11 para avanzar con el tratamiento de una serie de proyectos, entre los que se destaca el impulsado por el titular del Cuerpo, Sergio Massa, sobre alivio fiscal para monotributistas y autónomos. Una iniciativa que ajusta los montos máximos de facturación, para el primer caso, y de beneficios en las deducciones, en el segundo caso.
La reunión prevista para las 11 fue postergada para las 12 y se llevará adelante una semana después de aquella convocada por la oposición para tratar la implementación de la Boleta Unica de Papel para votar, y teniendo en cuenta que en esa oportunidad se acordó postergar homenajes y cuestiones de privilegio para esta semana, se descuenta que ese tema llevará un buen tiempo este miércoles.
El proyecto de “alivio fiscal” propone, para el caso de monotributistas, adelantar al 1ro. de julio el ajuste para los montos máximos de facturación, ya que se adelanta la aplicación del índice del 29,12%. De esta manera, no incluirá aumento en las cuotas mensuales a pagar, sino que sólo se busca una actualización de los topes máximos de facturación para que los monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor, o quedar afuera del Régimen Simplificado si su facturación creció en términos nominales por efecto de la alta inflación.
Según los autores, se estima que estos cambios impactarán positivamente en la situación económica de 4.498.419 monotributistas de todo el país, lo que representa el 39% de AMBA y el 61% de las provincias del interior. Respecto a los autónomos que están alcanzados por el impuesto a las Ganancias, alrededor de 140 mil contribuyentes, la solución se centra en incrementar las deducciones a fin de que el mínimo no imponible quede más equitativo o cercano al que aplica a los empleados en relación de dependencia.
Así, la deducción especial para los autónomos representaría dos veces la ganancia no imponible, pasando la deducción de $505.129,66 a $757.694,52. De esta manera la “brecha” de la deducción especial entre el empleado y el autónomo se achicaría de $707.181,58 a $454.616,72. Asimismo, para nuevos profesionales se eleva de 1,5 a 2,5 veces la ganancia no imponible.
Este incremento de la deducción impacta principalmente en los 140 mil autónomos con ingresos de hasta $8 millones, que concentran el 95% de los autónomos con impuesto determinado en el impuesto a las Ganancias. Para esos independientes se estima un ingreso adicional de bolsillo promedio de $52 mil anuales producto del alivio fiscal.
Si bien el oficialismo se alzó con un dictamen de mayoría en la reunión de comisión, desde la oposición el diputado puntano Alejandro Cacace (Evolución Radical) había adelantado que, de no realizarse modificaciones en un artículo referido a los autónomos, presentarían un dictamen de minoría.
Otro de los proyectos a debatirse es el impulsado por la diputada oficialista Mara Brawer que crea un régimen transitorio de reintegros impositivos para la adquisición de las unidades que prestan el servicio de vehículos automotores de alquiler con taxímetro.
Se trata de un régimen “transitorio”, pues dura 6 años; tiene un cupo fiscal para la compra de aproximadamente 10 mil autos por año; tanto la persona física como jurídica tiene derecho a comprar un auto por año; tiene que tener licencia y no puede ser vendido en los tres años siguientes. Asimismo, la ley invita a las provincias a adherir a través de impuestos locales que tiene la compra de autos.
Esta ley prevé el reintegro impositivo para la compra de autos básicos, autos de fabricación en Argentina con el 20% de partes de fabricación nacional, y en una segunda etapa la implementación de esta ley al 30%.
El dictamen de mayoría establece extender las asignaciones específicas previstas para industrias e instituciones culturales establecidas en la ley 27.432, sobre impuestos y vigencia del gravamen a los premios de determinados juegos de sorteos y concursos deportivos, creado por la ley 20.630 y sus modificaciones, hasta el 31 de diciembre de 2072 inclusive. También propone darle a este beneficio un carácter federal. La oposición firmó un dictamen de minoría al considerar que el plazo era excesivo.
Estas asignaciones provienen de los gravámenes sobre los premios ganados en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares) y sobre concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas.
El proyecto de mayoría contempla también la continuación del impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos, videogramas grabados y la comercialización de publicidad tradicional y no tradicional, programas, señales, contenidos, abonos y todo otro concepto derivado de la explotación de estos servicios.
La extensión prevista hasta el 31/12/2072, tiene como fin el sostenimiento de sectores de la cultura nacional tales como el INaMu (Instituto Nacional de la Música), el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), el INT (Instituto Nacional del Teatro), la CoNaBiP (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares) y el FOMECA (Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual), entre otros.
Tres son los proyectos que tratan sobre la creación de nuevos Parques Nacionales. Se trata de los parques Islote Lobos, en Río Negro; Ansenuza, en la provincia de Córdoba; y la aceptación de la transferencia de jurisdicción por la provincia de Entre Ríos al Estado nacional del Parque Pre-Delta.
Una de las iniciativas establece la ampliación del Parque Nacional Pre-Delta, por el cual se acepta la cesión de terrenos por parte de la provincia de Entre Ríos al Estado Nacional con el objetivo de ampliar el Parque ubicado en el departamento de Diamante. Con esta ampliación, la superficie que será protegida pasará a tener 2.604 hectáreas.
El otro proyecto tiene que ver con la creación del Parque Nacional y Reserva Islote Lobos -con media sanción del Senado-, mediante el cual se acepta la cesión de terrenos efectuada por la provincia de Río Negro al Estado Nacional y se transfieren el total de los sectores fiscales (intermareal y marino). Asimismo, se acepta la cesión sobre un conjunto de parcelas de propiedad privada (sector terrestre).
El área natural se sitúa sobre el golfo San Matías, en la costa atlántica de Río Negro, en cercanías a la localidad de Sierra Grande. Posee 18.000 kilómetros cuadrados y es el segundo golfo más extenso de Argentina, caracterizado por una importante producción biológica, amplitud de mareas y buena renovación de las aguas.
Con la creación de este Parque se busca proteger a 19 especies de reptiles, 27 especies de mamíferos terrestres nativos, 61 especies de aves marinas y costeras, y 94 especies de aves terrestres.
El tercer proyecto tiene como objetivo crear el Parque Nacional Anseunuza y Bañados del Río Dulce, al aceptar la cesión de los terrenos que la provincia de Córdoba otorga en favor del Estado Nacional. Se trata de la jurisdicción ambiental y dominio sobre un sector de los Bañados de Río Dulce (475.477 hectáreas) para la creación de una Reserva Natural; y del sector de la Laguna de Mar Chiquita o Ansenuza (185.936 hectáreas) para la creación del Parque Nacional.
Este gran humedal presenta el 66% de todas las especies de aves migratorias y playeras registradas para Argentina, concentra casi el 36% de la avifauna del total del país (380 especies de aves registradas) y el 85% de las 447 especies de aves citadas para la provincia de Córdoba. Además, la región alberga las tres especies de flamencos existentes en Sudamérica.
Existen otras especies registradas, que comprenden alrededor de 32 mamíferos, 16 anfibios, 37 reptiles, 50 peces aproximadamente y un número de insectos que aún no han sido precisado.
El proyecto, que ya tiene media sanción del Senado, se establece la capacitación obligatoria, periódica y permanente en la cuestión Islas Malvinas para todas las personas que desempeñen la función pública. en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
La capacitación se llevará a cabo en el marco de lo dispuesto por la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional; y la formación de las máximas autoridades de los tres poderes de la Nación estará a cargo de la autoridad de aplicación. El contenido de la capacitación deberá incluir “las dimensiones de sensibilización” como “la transmisión de conocimientos”; y tener libre disponibilidad.
En la confección del material participará el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, las instituciones del sector académico y científico especializados en la materia y las de la sociedad civil y sus organizaciones.
Los lineamientos generales deberán contemplar, como mínimo, información referida a los argumentos históricos, geográficos, ambientales, jurídicos y políticos. También deberá poseer información relativa a la normativa nacional e internacional vigente. La autoridad de aplicación, en su página web, deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de la ley.
El otro proyecto propone colocar señalética alusiva a Malvinas en organismos públicos de todo el país, indicando la distancia desde ese punto hasta las islas.
Los empresarios visitaron la Comisión de Industria, donde analizaron las leyes que vienen en ese organismo.
El presidente de la Comisión de Industria de la Cámara baja, Marcelo Casaretto, mantuvo este martes una reunión con representantes de la Asociación de Fábricas de Automotores, encabezados por Martín Galdeano, presidente de ADEFA.
El diálogo giró en torno a la ley de Inversiones Automotrices y la de Movilidad Sustentable, que forman parte del temario que está en agenda de esa comisión y que forman parte de la agenda productiva en la que buscará avanzar el oficialismo.
Estuvieron junto a Marcelo Casaretto sus pares Carolina Yutrovic, vicepresidenta 2da de la Comisión de Industria, y Susana Landriscini y Eduardo Toniolli, vocales de la misma.
Ya despachado el proyecto de Compre Argentino, el de Inversiones Automotrices es el primero de la agenda futura de la Comisión de Industria.
Ambas iniciativas recibieron despacho en la Comisión de Salud. El primero deberá completar su trámite en Presupuesto; mientras que el segundo recibirá cambios antes de su tratamiento en el recinto.
La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados dio dictamen favorable este martes a un proyecto de ley vinculado a los cuidados paliativos, que tiene media sanción del Senado y ahora resta que sea tratado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Sobre la iniciativa, la presidenta de la comisión, Mónica Fein (PS), destacó que “viene con sanción unánime del Senado” y se trata de “un gran proyecto”. “Todos coincidimos que es un gran avance y espero que cuanto antes lo podamos aprobar”, dijo.
Por su parte, la diputada Mara Brawer (FdT) resaltó que “hace muchos años que venimos peleando en esta cámara para que este proyecto se haga realidad”. “El cuidado para aquellas personas que viven una enfermedad limitante o amenazante es un derecho, por lo tanto el Estado lo debe garantizar, y lo tiene que hacer teniendo en cuenta sus historias de vida, a sus familias y la red de cuidados que esa persona necesita”, sostuvo.
En tanto, la legisladora Sofía Brambilla (Pro), quien tenía un proyecto similar presentado, ponderó: “Que el Estado esté dando una respuesta en materia de formación y acompañamiento al personal de salud, a los profesionales, no solo para el paciente, sino también para las familias, es fundamental, y es un área que creo que hasta el momento no se había cubierto”.
Ante planteos de modificaciones planteados por el diputado Gustavo Bouhid (UCR), su par Rubén Manzi (CC-ARI) aclaró que “muchas provincias necesitarán adherir o generar su propia ley. No nos olvidemos que nuestro alcance está relativizado por lo federal del sistema de salud”.
Otro de los oradores fue el vicepresidente de la comisión, Daniel Gollan (FdT), quien analizó que “muchos de estos problemas de salud tendrían que tener respuesta desde los sistémico. Hay respuestas que deberían ser sistémicas, no necesitaríamos de leyes. Si está el problema de salud, el sistema debiera dar respuesta”.
En ese sentido, consideró que “es necesario rediscutir cuestiones de fondo” sobre “qué modelo de atención tenemos de la salud, qué modelo de gestión y qué modelo de financiamiento”.
El proyecto asegura el acceso de los pacientes a las prestaciones sobre cuidados paliativos en sus distintas modalidades en el ámbito público, privado y de la seguridad social, y el acompañamiento a sus familias.
La iniciativa, que fue aprobada en el Senado en octubre de 2020, define a los cuidados paliativos como “un modelo de atención que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades que amenazan o limitan la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana, evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos, sociales y espirituales”.
En ese marco, el proyecto tiene como objetivo “desarrollar una estrategia de atención interdisciplinaria centrada en la persona que atienda las necesidades físicas, psíquicas, sociales y espirituales de los pacientes”.
También se busca “promover el acceso a las terapias tanto farmacológicas como no farmacológicas disponibles y basadas en la evidencia científica para la atención paliativa”, e impulsar “la formación profesional de grado y posgrado, la educación continua y la investigación en cuidados paliativos”.
El texto con media sanción ordena a las obras sociales y entidades de medicina prepaga a cubrir los cuidados paliativos, aunque estos tratamientos ya están incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO).
Los principios establecidos son los del respeto por la vida y bienestar de las personas; la equidad en el acceso a las prestaciones; las intervenciones basadas en “la mejor evidencia científica disponible”; y el respeto de la dignidad y autonomía del paciente en las decisiones sobre los tratamientos y cuidados que ha de recibir a lo largo de su enfermedad.
Además, se crea un Observatorio Nacional de Evaluación de Cuidados Paliativos, de carácter interdisciplinario y multisectorial.
Resistencia antimicrobiana
Luego se pasó a tratar el proyecto para declarar de interés público nacional la prevención y el control de la resistencia antimicrobiana. Se trata de un texto similar al que había presentado el exdiputado -hoy senador- Pablo Yedlin, y que había tenido dictamen el año pasado, pero no llegó al recinto. En mayo pasado, Fein, Gollan y Manzi presentaron nuevamente la iniciativa.
Fein resaltó que “la Organización Mundial de la Salud viene planteando desde hace mucho la importancia de tener esta ley”, que busca dar “jerarquía de ley a lo que ya existe”, como el Plan Nacional de Acción para la Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana y la Comisión Nacional de Control de la Resistencia Antimicrobiana.
En su intervención, Gollan aseguró que “es una ley muy importante” porque la situación “es grave: nos vamos a quedar sin antibióticos”, advirtió. “En el conjunto nacional, unas 10 personas de cada 1.000 ya presentan casos de resistencia bacteriana; y en Buenos Aires, 40. ¿Por qué? Porque hay más médicos prescribiendo”, informó.
“Los médicos con esto (señalando una lapicera) somos muy peligrosos”, expresó y agregó que “hacemos cosas muy buenas pero también hacemos cosas que generan este tipo de problemas”. “Nos estamos quedando sin una herramienta extraordinaria como son los antibióticos. Se nos está acabando la línea de antibióticos para determinados tipos de bacterias, y además cada vez más caros, pero además no aparecen sustitutos”, alertó.
Sobre ese concepto, Manzi manifestó que la automedicación de la población es una “batalla educativa, más que punitiva” que hay que dar, y opinó que en Buenos Aires el número es mayor “no solamente porque haya más médicos prescribiendo, sino también hay más gente con acceso de automedicarse”.
Al cuestionar uno de los artículos del proyecto, Bouhid se refirió a “la prohibición de las muestras gratis”. “La muestra gratis seguramente viene a ayudar a los que no tienen la posibilidad de comprar medicamentos”, señaló y opinó: “Me parece que es un error y va en contra de la profesión médica”.
El tema abrió un profundo debate, durante el cual la diputada Victoria Morales Gorleri (Pro) apoyó ese planteo y pidió pensar “una nueva redacción para este artículo”. “Ante poblaciones de vulnerabilidad socio-económica es una herramienta fundamental muchas veces esa muestra”, dijo.
A su turno, el diputado Luis Di Giacomo (JSRN) apuntó que “no estamos contemplando lo que significa en comunidades y pequeños lugares la muestra gratis”. El legislador explicó que el hecho de que “esté mal administrada es una cuestión que hay que combatir por otro lado” pero “no podemos prohibir la muestra médica”.
En nombre del oficialismo, la diputada Paola Vessvessian (FdT) propuso “hacer una mesa de trabajo así cuando llegamos al recinto está más trabajado y realmente refleja la realidad desde todas las visiones. Podemos consultar también al Ministerio de Salud y hacer una ronda para una nueva redacción” del artículo en cuestión. Así, se pasó a la firma, y la diputada Dina Rezinovsky (Pro) aclaró que su bancada acompañaba el dictamen de mayoría, pero con disidencias sobre ese punto.
El proyecto jerarquiza el “Plan Nacional de Acción para la Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana y las Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud”, y de la “Comisión Nacional de Control de la Resistencia Antimicrobiana (Conacra)”.
También regula cuestiones vinculadas a las cuestiones de expendio, como que “todas las especialidades medicinales cuyo ingrediente farmacéutico activo (IFA) tenga actividad antimicrobiana sistémica debe ser la de ‘venta bajo receta archivada’”.
El proyecto prohíbe “toda forma de anuncio al público de todas las especialidades medicinales cuyo ingrediente farmacéutico activo (IFA) tenga actividad antimicrobiana sistémica” y “las presentaciones destinadas a la promoción sin valor comercial; muestras gratis, muestras para profesionales o cualquier otra denominación abarcativa, de los medicamentos que incluyan IFA que tenga actividad antimicrobiana sistémica”, lo que generó la discusión este martes y será modificado de cara al recinto.
Asimismo, establece que “deberá regularse y promoverse el uso racional y prudente de los antimicrobianos en salud animal y producción agroalimentaria a través de sus organismos competentes” y que “se eliminará gradualmente el uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento en animales para consumo humano”.
Entre otros puntos, se propone instituir el 21 de junio de cada año como Día Nacional del Uso Responsable de Antibióticos y el 9 de noviembre como Día Nacional de la Prevención de IACS, con el objetivo de promover la prevención, vigilancia y control de IACS y la educación a la población en la importancia de esta problemática.
Además, en el encuentro de este martes se completaron las autoridades de la comisión, con la designación de las diputadas oficialistas María Luisa Montoto y Rossana Chahla como secretarias; y se despacharon proyectos de resolución y declaración.
La Comisión de Salud, presidida por la socialista Mónica Fein, se reunirá este martes a las 13.30 en el Anexo de la Cámara baja.
La Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados, presidida por la socialista Mónica Fein (interbloque Federal), realizará este martes a las 13.30 una reunión en la Sala 2 del Anexo de la Cámara baja.
El temario del encuentro incluye un proyecto por el cual se asegura el acceso de los pacientes a las prestaciones sobre cuidados paliativos en sus distintas modalidades en el ámbito público, privado y de la seguridad social, y el acompañamiento a sus familias.
La iniciativa, que fue aprobada en el Senado en octubre de 2020, define a los cuidados paliativos como “un modelo de atención que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades que amenazan o limitan la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana, evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos, sociales y espirituales”.
En ese marco, el proyecto tiene como objetivo “desarrollar una estrategia de atención interdisciplinaria centrada en la persona que atienda las necesidades físicas, psíquicas, sociales y espirituales de los pacientes”.
También se busca “promover el acceso a las terapias tanto farmacológicas como no farmacológicas disponibles y basadas en la evidencia científica para la atención paliativa”, e impulsar “la formación profesional de grado y posgrado, la educación continua y la investigación en cuidados paliativos”.
El texto con media sanción ordena a las obras sociales y entidades de medicina prepaga a cubrir los cuidados paliativos, aunque estos tratamientos ya están incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO).
Los principios establecidos son los del respeto por la vida y bienestar de las personas; la equidad en el acceso a las prestaciones; las intervenciones basadas en “la mejor evidencia científica disponible”; y el respeto de la dignidad y autonomía del paciente en las decisiones sobre los tratamientos y cuidados que ha de recibir a lo largo de su enfermedad.
Además, se crea un Observatorio Nacional de Evaluación de Cuidados Paliativos, de carácter interdisciplinario y multisectorial.
Por otra parte, se pondrá en discusión un proyecto para declarar de interés público nacional la prevención y el control de la resistencia antimicrobiana. Un texto presentado por el exdiputado -hoy senador- Pablo Yedlin había tenido dictamen el año pasado, pero no llegó al recinto. En tanto, en mayo pasado, Mónica Fein también presentó una iniciativa en este sentido.
Según la propuesta impulsada por la presidenta de la comisión, se busca la creación de un “Plan Nacional de Acción para la Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana y las Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud”, y de una “Comisión Nacional de Control de la Resistencia Antimicrobiana (Conacra)”.
También regula cuestiones vinculadas a las cuestiones de expendio, como que “todas las especialidades medicinales cuyo ingrediente farmacéutico activo (IFA) tenga actividad antimicrobiana sistémica debe ser la de ‘venta bajo receta archivada'”.
El proyecto prohíbe “toda forma de anuncio al público de todas las especialidades medicinales cuyo ingrediente farmacéutico activo (IFA) tenga actividad antimicrobiana sistémica” y “las presentaciones destinadas a la promoción sin valor comercial; muestras gratis, muestras para profesionales o cualquier otra denominación abarcativa, de los medicamentos que incluyan IFA que tenga actividad antimicrobiana sistémica”.
Asimismo, establece que “deberá regularse y promoverse el uso racional y prudente de los antimicrobianos en salud animal y producción agroalimentaria a través de sus organismos competentes” y que “se eliminará gradualmente el uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento en animales para consumo humano”.
Entre otros puntos, se propone instituir el 21 de junio de cada año como Día Nacional del Uso Responsable de Antibióticos y el 9 de noviembre como Día Nacional de la Prevención de IACS, con el objetivo de promover la prevención, vigilancia y control de IACS y la educación a la población en la importancia de esta problemática.
Además, se debatirá desde las 11 en el recinto de la Cámara baja los proyectos de beneficio de adquisición de taxis; la creación de tres Parques Nacionales; asignaciones a industrias culturales y capacitación en la cuestión Malvinas. No está en el temario Compre Argentino.
A tan solo una semana de la media sanción que logró la oposición por Boleta Única de Papel, el recinto de la Cámara de Diputados volverá a ser el protagonista, ya que el oficialismo convocó, junto a bloques aliados, a sesión especial para el próximo miércoles 15 de junio a las 11 para darle tratamiento a varios proyectos, entre ellos, el que fue impulsado por el titular del Cuerpo, Sergio Massa, sobre alivio fiscal para monotributistas y autónomos. La novedad es que no está incluido en el temario el proyecto del Ejecutivo sobre Compre argentino.
La convocatoria fue realizada por el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez; la vicepresidenta del bloque FdT, Cecilia Moreau; la secretaria Parlamentaria del bloque FdT, Paula Penacca; los diputados oficialistas Carlos Heller, Eduardo Valdés, Leonardo Grosso, Mónica Litza, Marcos Cleri, Gabriela Estévez, Blanca Osuna, Mara Brawer y Pablo Carro; el presidente del interbloque Provincias Unidas, el rionegrino Luis Di Giacomo; y el diputado del bloque Frente de la Concordia Misionero Diego Sartori.
Alivio Fiscal para monotributistas y autónomos
Desde las 11 se debatirá la iniciativa que obtuvo dictamen este martes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre alivio fiscal para trabajadores monotributistas y autónomos, a partir del ajuste de los montos máximos de facturación, para el primer caso, y de beneficios en las deducciones, en el segundo caso.
El proyecto propone, para el caso de monotributistas, adelantar al 1ro. de julio el ajuste para los montos máximos de facturación, ya que se adelanta la aplicación del índice del 29,12%. De esta manera, no incluirá aumento en las cuotas mensuales a pagar, sino que sólo se busca una actualización de los topes máximos de facturación para que los monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor, o quedar afuera del Régimen Simplificado si su facturación creció en términos nominales por efecto de la alta inflación.
Según los autores, se estima que estos cambios impactarán positivamente en la situación económica de 4.498.419 monotributistas de todo el país, lo que representa el 39% de AMBA y el 61% de las provincias del interior. Respecto a los autónomos que están alcanzados por el impuesto a las Ganancias, alrededor de 140 mil contribuyentes, la solución se centra en incrementar las deducciones a fin de que el mínimo no imponible quede más equitativo o cercano al que aplica a los empleados en relación de dependencia.
Así, la deducción especial para los autónomos representaría dos veces la ganancia no imponible, pasando la deducción de $505.129,66 a $757.694,52. De esta manera la “brecha” de la deducción especial entre el empleado y el autónomo se achicaría de $707.181,58 a $454.616,72. Asimismo, para nuevos profesionales se eleva de 1,5 a 2,5 veces la ganancia no imponible.
Este incremento de la deducción impacta principalmente en los 140 mil autónomos con ingresos de hasta $8 millones, que concentran el 95% de los autónomos con impuesto determinado en el impuesto a las Ganancias. Para esos independientes se estima un ingreso adicional de bolsillo promedio de $52 mil anuales producto del alivio fiscal.
Si bien el oficialismo se alzó con un dictamen de mayoría en la reunión de comisión, desde la oposición el diputado puntano Alejandro Cacace (Evolución Radical) había adelantado que, de no realizarse modificaciones en un artículo referido a los autónomos, presentarían un dictamen de minoría.
REINTEGRO PARA LA ADQUISICIÓN DE TAXIS
Otro de los proyectos a debatirse es el impulsado por la diputada oficialista Mara Brawer que crea un régimen transitorio de reintegros impositivos para la adquisición de las unidades que prestan el servicio de vehículos automotores de alquiler con taxímetro.
Se trata de un régimen “transitorio”, pues dura 6 años; tiene un cupo fiscal para la compra de aproximadamente 10 mil autos por año; tanto la persona física como jurídica tiene derecho a comprar un auto por año; tiene que tener licencia y no puede ser vendido en los tres años siguientes. Asimismo, la ley invita a las provincias a adherir a través de impuestos locales que tiene la compra de autos.
Esta ley prevé el reintegro impositivo para la compra de autos básicos, autos de fabricación en Argentina con el 20% de partes de fabricación nacional, y en una segunda etapa la implementación de esta ley al 30%.
EXTENSIÓN DE ASIGNACIONES A INDUSTRIAS CULTURALES Y BIBLIOTECAS POPULARES
El dictamen de mayoría establece extender las asignaciones específicas previstas para industrias e instituciones culturales establecidas en la ley 27.432, sobre impuestos y vigencia del gravamen a los premios de determinados juegos de sorteos y concursos deportivos, creado por la ley 20.630 y sus modificaciones, hasta el 31 de diciembre de 2072 inclusive. También propone darle a este beneficio un carácter federal. La oposición firmó un dictamen de minoría al considerar que el plazo era excesivo.
Estas asignaciones provienen de los gravámenes sobre los premios ganados en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares) y sobre concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas.
El proyecto de mayoría contempla también la continuación del impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos, videogramas grabados y la comercialización de publicidad tradicional y no tradicional, programas, señales, contenidos, abonos y todo otro concepto derivado de la explotación de estos servicios.
La extensión prevista hasta el 31/12/2072, tiene como fin el sostenimiento de sectores de la cultura nacional tales como el INaMu (Instituto Nacional de la Música), el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), el INT (Instituto Nacional del Teatro), la CoNaBiP (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares) y el FOMECA (Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual), entre otros.
CREACIÓN DE PARQUES NACIONALES
Tres son los proyectos que tratan sobre la creación de nuevos Parques Nacionales. Se trata de los parques Islote Lobos, en Río Negro; Ansenuza, en la provincia de Córdoba; y la aceptación de la transferencia de jurisdicción por la provincia de Entre Ríos al Estado nacional del Parque Pre-Delta.
Una de las iniciativas establece la ampliación del Parque Nacional Pre-Delta, por el cual se acepta la cesión de terrenos por parte de la provincia de Entre Ríos al Estado Nacional con el objetivo de ampliar el Parque ubicado en el departamento de Diamante. Con esta ampliación, la superficie que será protegida pasará a tener 2.604 hectáreas.
El otro proyecto tiene que ver con la creación del Parque Nacional y Reserva Islote Lobos -con media sanción del Senado-, mediante el cual se acepta la cesión de terrenos efectuada por la provincia de Río Negro al Estado Nacional y se transfieren el total de los sectores fiscales (intermareal y marino). Asimismo, se acepta la cesión sobre un conjunto de parcelas de propiedad privada (sector terrestre).
El área natural se sitúa sobre el golfo San Matías, en la costa atlántica de Río Negro, en cercanías a la localidad de Sierra Grande. Posee 18.000 kilómetros cuadrados y es el segundo golfo más extenso de Argentina, caracterizado por una importante producción biológica, amplitud de mareas y buena renovación de las aguas.
Con la creación de este Parque se busca proteger a 19 especies de reptiles, 27 especies de mamíferos terrestres nativos, 61 especies de aves marinas y costeras, y 94 especies de aves terrestres.
El tercer proyecto tiene como objetivo crear el Parque Nacional Anseunuza y Bañados del Río Dulce, al aceptar la cesión de los terrenos que la provincia de Córdoba otorga en favor del Estado Nacional. Se trata de la jurisdicción ambiental y dominio sobre un sector de los Bañados de Río Dulce (475.477 hectáreas) para la creación de una Reserva Natural; y del sector de la Laguna de Mar Chiquita o Ansenuza (185.936 hectáreas) para la creación del Parque Nacional.
Este gran humedal presenta el 66% de todas las especies de aves migratorias y playeras registradas para Argentina, concentra casi el 36% de la avifauna del total del país (380 especies de aves registradas) y el 85% de las 447 especies de aves citadas para la provincia de Córdoba. Además, la región alberga las tres especies de flamencos existentes en Sudamérica.
Existen otras especies registradas, que comprenden alrededor de 32 mamíferos, 16 anfibios, 37 reptiles, 50 peces aproximadamente y un número de insectos que aún no han sido precisado.
CAPACITACIÓN Y SEÑALÉTICA SOBRE LA CUESTIÓN MALVINAS
El proyecto, que ya tiene media sanción del Senado, se establece la capacitación obligatoria, periódica y permanente en la cuestión Islas Malvinas para todas las personas que desempeñen la función pública. en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
La capacitación se llevará a cabo en el marco de lo dispuesto por la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional; y la formación de las máximas autoridades de los tres poderes de la Nación estará a cargo de la autoridad de aplicación. El contenido de la capacitación deberá incluir “las dimensiones de sensibilización” como “la transmisión de conocimientos”; y tener libre disponibilidad.
En la confección del material participará el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, las instituciones del sector académico y científico especializados en la materia y las de la sociedad civil y sus organizaciones.
Los lineamientos generales deberán contemplar, como mínimo, información referida a los argumentos históricos, geográficos, ambientales, jurídicos y políticos. También deberá poseer información relativa a la normativa nacional e internacional vigente. La autoridad de aplicación, en su página web, deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de la ley.
El otro proyecto propone colocar señalética alusiva a Malvinas en organismos públicos de todo el país, indicando la distancia desde ese punto hasta las islas.
2904-D-2022A continuación, parlamentario.com detalla los cambios que recibió el texto. Algunos se dieron en base a sugerencias del exdirector nacional Electoral Alejandro Tullio, aseguraron desde la oposición.
–Se realizará un solo sorteo público para definir los lugares de las agrupaciones políticas en la boleta, y se repetirá ese orden en las PASO y las elecciones generales. “El orden de cada agrupación política en la boleta será el mismo que el definido para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias”. Primeramente se estimaba que en las generales el orden iba a ser de acuerdo al resultado de las PASO.
-Se eliminó que “se incluirá la indicación del número de mesa” en el diseño de la boleta.
-Se pasa de 40 a 60 días corridos de la realización del acto eleccionario el plazo para que las agrupaciones políticas presenten ante la Justicia Electoral Nacional: la sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o distintivo y la denominación y el número que las identifica durante el proceso electoral. También deben presentar las fotografías de las personas que se postulan para los diferentes cargos, para ser colocadas en la boleta única.
-La Junta Electoral Nacional de cada distrito convocará a los apoderados de las agrupaciones políticas a una audiencia pública que tendrá lugar al menos con 40 días de anticipación a la fecha de los comicios, a fin de exhibir el diseño de la boleta única con la oferta electoral. En la redacción original hablaba de 35.
-Se pasa a un plazo de 48 horas -en lugar de 72- para que en caso de rechazo del símbolo o figura partidaria, la denominación o la fotografía correspondiente, los interesados puedan realizar los cambios o las modificaciones propuestas. “Vencido este plazo, en la boleta única se incluirá sólo la denominación de la agrupación política incumplidora, dejando en blanco los casilleros correspondientes a las materias impugnadas”, agrega.
–La boleta única deberá ser impresa con una antelación no menos a 30 días previos -estimaba 15- a la fecha del acto electoral.
–Se prohíbe que los electores puedan “tomar fotografías de la boleta única durante los comicios”, e impone una “multa de hasta 200 módulos electorales a toda persona que violare” esa prohibición.
-En el escrutinio, “los fiscales o apoderados acreditados podrán observar sin tomar contacto físico con la boleta el contenido de la boleta única leída, con el objeto de recurrir el voto”.
-Se eliminó que en el caso de que la cantidad de votos nulos sea de siete o más, la Junta Nacional Electoral procederá a realizar íntegramente el escrutinio de la mesa correspondiente.
-La junta electoral partidaria deberá remitir con una antelación no inferior a 45 días -en vez de 30- de la fecha de la realización de las elecciones primarias a los juzgados con competencia electoral de distrito que corresponda, la nómina completa de listas ya oficializadas, con su sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o distintivo, denominación y número de identificación, y la fotografía de los precandidatos.
–Los electores del exterior podrán ejercer su derecho al sufragio optando libremente por el voto presencial en sedes consulares, o mediante el voto por correo postal.
-Hubo además cambios en la redacción de algunos artículos, como por ejemplo en vez que diga “cargos a cubrir” se pase a “cargos a elegir”; o el término “no videntes” por “personas ciegas”, entre otros.
Además, el titular de la bancada oficialista apuntó contra la principal coalición opositora: “Lo único que les interesa es que haya una demostración de una mayoría mínima circunstancial”, y acusó que no hubo “debate, diálogo ni consenso”.
Tras un debate que se extendió por 9 horas en la Cámara de Diputados por el proyecto de boleta única de papel, el titular del bloque oficialista, Germán Martínez, fue el encargado de cerrar la ronda de oradores. En su discurso, desmintió a la diputada Graciela Camaño tras escenificar cómo es el sistema vigente de boleta sábana: “Se utilizó una herramienta y un elemento absolutamente falso”. Ademásm disparó contra JxC y los acusó de que no hubo “diálogo, consenso ni debate”.
Antes de abocarse a su ponencia, Martínez apuntó contra el vicepresidente primero, Omar De Marchi, que estuvo a cargo de la sesión ante la ausencia del titular del Cuerpo, Sergio Massa. “Se les fue de las manos la sesión”, le dijo y le echó en cara que “hizo todo lo contrario a lo que habíamos arreglado con el bloque de JxC en los cierres. Parece que todo vale”.
Al referirse a lo que trascendió durante el debate, el santafesino se refirió a la muestra de la boleta sábana que desenrolló Camaño previamente, respecto lo cual expresó: “Que se utilice una herramienta falsa par la argumentación política, me preocupa. Podemos acercar o no el tamaño del diseño de la boleta dentro de términos normales de hecho, varios compañeros hicieron simulación de la aplicación de la boleta en su provincia, pero como aplaudieron y armaron todo un acting alrededor de la supuesta boleta de Moreno”, y chicaneó: “Esa boleta nunca existió eso es una composición de trabajo práctico como las que hace mi hijo. Me parece que no todo vale”.
“Acá se utilizó una herramienta y un elemento absolutamente falso, aplaudido por todos”, reiteró Martínez y apuntó contra la principal bancada opositora: “Daría la sensación que toda esa contención que tuvieron durante toda la sesión para que no se les salga de cause porque los números son muy definitivos, al final les brota en algún lugar lo que son”.
En tanto, preguntó: “¿Por qué estamos acá?”, y disparó: “Quedó claro en la segunda intervención de esta reunión ‘lo más importante es que logramos conformar una nueva mayoría’. No les interesa la boleta única, como no les interesaba Bienes Personales, lo único que les interesa sin importar el tema es que haya una demostración de una mayoría mínima circunstancial con el único objetivo de instalar un titular que permita, como hicieron durante toda la tarde, en off de récord con los periodistas de la sale, diciendo que acá estaba el germen y el inicio de una nueva mayoría”
Por último, acusó que “no hubo debates en las comisiones, hubo una secuencia de exposiciones y en el momento que teníamos que debatir nosotros, pasaron a la firma el dictamen, podíamos haber debatido mejor. No hubo ni consenso ni diálogo”.
Con 132 a favor, 104 en contra y 4 abstenciones, se aprobó el proyecto que propone cambiar el instrumento de votación a nivel nacional. Pasa al Senado, donde podría naufragar.
Al cabo de una sesión de 9 horas, la oposición en la Cámara de Diputados se anotó un triunfo con la aprobación del proyecto para implementar la boleta única de papel, a nivel nacional, en las próximas elecciones. El resultado fue de 132 votos a favor, 104 en contra y 4 abstenciones.
Luego de haber debatido el tema en comisiones durante todo el mes de mayo -según el emplazamiento que habían votado por mayoría- en la noche de este miércoles la oposición logró el número necesario de 129 para dar media sanción a la iniciativa, dado que se trataba de una reforma electoral.
Incluso superaron esa cifra con 3 votos más. Pues fueron positivos 115 votos de Juntos por el Cambio; 8 del interbloque Federal; 2 de Juntos Somos Río Negro; 2 de Avanza Libertad; 2 de La Libertad Avanza; 2 del bloque SER; y el monobloquista Rolando Figueroa (MPN).
Todos los votos en contra fueron del Frente de Todos, que tuvo además 14 ausentes. Tampoco estuvieron los dos legisladores del Frente de la Concordia Misionero, que en este tema se diferenciaban de sus pares de interbloque, los miembros de Juntos Somos Río Negro.
En una sesión en la que estuvo ausente el presidente del cuerpo, Sergio Massa, por encontrarse en la Cumbre de las Américas junto al presidente Alberto Fernández, fue el mendocino del Pro Omar De Marchi, vicepresidente primero, quien condujo la mayor parte de la reunión.
Al cabo de la votación, los diputados se abocaron a la votación en particular, un trámite sumamente engorroso por las múltiples modificaciones introducidas al texto.
El debate transcurrió sin interrupciones, y pasó por algunos momentos picantes, sobre todo en intervenciones de oficialistas, que rechazaron de plano el proyecto. Hacia el final los ánimos se calentaron con los discursos de cierre.
Los diputados del Frente de Todos, que cuestionaron el modo en que se dio este debate, reivindicaron el actual sistema de boleta partidaria, reiteraron que no hubo denuncias significativas en las últimas elecciones que se desarrollaron y criticaron las bondades que le atribuyen a la boleta única sus defensores.
Por su parte, los impulsores de la iniciativa aseguraron que este cambio garantiza la oferta electoral y el derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes. También que evitaría el robo de boletas, y que reduce los costos, al tiempo que es mejor para el ambiente por el ahorro de papel.
Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, el primer orador fue el radical Miguel Nanni (Salta) quien enumeró los beneficios de la iniciativa en cuanto a costos y transparencia electoral. También, cuestionó al FdT porque “mientras nosotros buscamos darle más seguridad y equidad al sistema, andan dando vueltas proyectos para ampliar la Corte”.
“Esta reforma está pensada para el ciudadano, porque hay un derecho fundamental que el Estado no le está garantizando que es el derecho a elegir y consecuentemente a ser elegido”, expresó entre sus argumentos y señaló que el Estado en las elecciones pasadas “pagó mil millones de boletas de las cuales solamente la ciudadanía utilizó 47 millones. Es decir que el 95% de las boletas se desperdiciaron”.
En su intervención, el diputado Florencio Randazzo (Identidad Bonaerense) expresó que, si bien el sistema partidario “es fiable”, la Boleta Única “aporta un cambio y una modernización”. Además, bregó por “recuperar el prestigio y la credibilidad política”.
Además, sostuvo que “tenemos una gran oportunidad que es mejorar el sistema de votación que implica cambiar el instrumento con el que votamos que es la Boleta”.
Contrariamente y de forma filosa empezó su discurso el pampeano Hernán Pérez Araujo (FdT) que defendió el rechazo de su bloque y llamó a “ocuparnos de temas que verdaderamente aquejan a la sociedad argentina”. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que estuvo a cargo de las reuniones previas, aseguró que “no hay evidencia empírica” sobre muchas de las bondades que se le asignan a ese instrumento, y defendió el sistema actual porque “es fiable”.
A su turno, el puntano Alejandro Cacace (Evolución Radical) celebró estar dando el debate “tan esperado” y se sorprendió con el oficialismo que “no se cansa de decir que es intempestivo el debate”, y recordó que “lo dijo el diputado Tonelli en la reunión de comisión, el primer proyecto de Boleta Única fue presentando acá en el 2007, hace 15 años se está discutiendo. Ahora hay 21 proyectos para discutir esta vez”.
“¿Qué objeta el oficialismo? primero temas de forma, otra vez con la historia del emplazamiento. Cada vez que el oficialismo quiere tratar algo, nos convoca a comisión el día antes y caen con el dictamen listo y para firmar. Nosotros cuando pedimos tratar algo en comisión se niegan a hacerlo incluso bajo los mecanismos reglamentarios y, la única alternativa, es que el emplazamiento lo haga la cámara que, valle recordar, es una decisión mayoritaria”, denunció y comparó Cacace.
Y remarcó: “Nosotros no caímos con el dictamen listo un día, sino que se estableció un cronograma de trabajo que incluyó escuchar a expertos, a organizaciones de la sociedad civil, académicos, a distintos interesados de la Boleta Única y del proceso electoral en general para ver de qué manera actuar”.
“Cuando dice el oficialismo que quisieron aportar, pero no pudieron, es mentira. Desde el comienzo del debate nunca quisieron aportar nada. No hubo un solo aporte, nada, todo fue la misma objeción de forma. No ha habido voluntad de tratarlo”, disparó el puntano.
Además, el radical cuestionó el dictamen de minoría del oficialismo el cual argumenta que “no hay evidencia que el sistema de Boleta Única genere transparencia”, a lo que retrucó: “Se vio en las reuniones informativas de que todos los partidos políticos han denunciado robos de boletas en elecciones. Es algo que afecta a todos”.
El jefe del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, le retrucó al diputado pampeano y le recordó que desde la oposición ya se le había planteado el año pasado al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, las intenciones de dar la discusión por la boleta única de papel, en ocasión de la negociación por la postergación de las elecciones.
También, por el interbloque Federal, se expresó el presidente del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, que sintetizó sobre algunas cuestiones de la Boleta Única y contó que “hace 11 años que usamos nosotros esta boleta. Vayan y pregúntenles a los cordobeses si quieren volver al sistema anterior”, sugirió Gutiérrez
“Esta cuestión de haber planteado de que esta discusión no tiene nada que ver con los problemas serios de los argentinos, digo que queremos discutir temas productivos, queremos discutir hasta cuándo vamos a generar impuestos a la ineficacia, queremos discutir ¿a dónde están los recursos del impuesto a la riqueza destinados a los gasoductos? Todo lo que quieran discutir. La Boleta Única marca esos límites que la Argentina ya no aguanta”, cerró.
En el mismo sentido, el titular del bloque Provincias Unidas, el rionegrino Luis Di Giacomo, criticó: “Hoy se intentó desacreditar esta sesión diciendo que esta resolución iba a tener una diferencio de uno o dos votos más de lo que se requiere”.
“Esta Cámara y la de al lado están empatadas y, por lo tanto, en este periodo lo que va a suceder mientras las dos grandes coaliciones, en vez de discutir y fundamentar los temas que quieren proponen, se dedican a obstruir sistemáticamente lo que la otra parte quiere proponer, no vamos a tener más posibilidades de o no hacer nada y quedar paralizados u obtener resultados que siempre van a tener uno o dos votos para un lado o para el otro”, apuntó el rionegrino.
En esa línea, indicó que “quienes tenemos la representación federal y la manifestamos con esta experiencia de entender que el parlamentarismo es el lugar de la negociación, en el cual hay que obtener consensos necesarios, pero veces eso no se da. Prefiero eso y no la escribanía, habrá cosas que se ganen y que se pierdan, pero cosas que se debatan profundamente”.
“Se intentó decir que esto es algo traído de los pelos, del apuro, exprés”, cuestionó y subrayó: “Nosotros no lo inventamos desde nuestro partido, ni siquiera es parte de la oposición que no puede arrogarse ser la dueña de esta modificación. Para esta modificación vienen trabajando organizaciones de la sociedad civil desde hace muchos años y viene expresando sus opiniones y nos hicimos eco de todo ese trabajo, porque nuestra representación también tiene que ser la de esas organizaciones de la sociedad”.
A su vez, sostuvo que “aparece la necesidad de ir mejorando el sistema electoral”, y apuntó contra el oficialismo porque “descalifican el proyecto diciendo que es una pequeña mejoría, que en realidad lo que tendríamos que hacer es una reforma completa, si nos ponemos a pensar en una reforma completa no haremos absolutamente nada”.
“Todo paso es útil para una mejoría en la representación democrática que necesita de un perfeccionamiento. La Boleta Única representa un beneficio económica y ambientalmente. Esto nos ayuda a avanzar en sistemas en lo que hace a la cuestión electoral, es un paso”, finalizó Di Giacomo y bregó por “no quedar paralizados y escuchar los reclamos que la sociedad nos hace”.
Por el contrario, la diputada nacional Myriam Bregman (FIT -CABA) destrozó la iniciativa y lo calificó como “un sistema feudo” y cuestionó que “no estamos discutiendo la democratización del sistema electoral”.
“Digan lo que digan no estamos discutiendo la democratización del sistema electoral”, afirmó la legisladora de izquierda y sumó: “Lo que estamos discutiendo y viendo en esta sesión es una bandera política que eligió la oposición de derecha para unificarse. Se modificaron muy pocas cosas de las que se debatieron en comisiones, pero siguen teniendo las mismas inconsistencias”.
En el mismo sentido se pronunció su compañera Romina Del Plá -que había votado a favor del emplazamiento de las comisiones diferenciándose de sus compañeros de bancada- fundamentó por qué no acompañará el proyecto, que consideró “no cambia la naturaleza del régimen electoral existente y vigente”. La bonaerense recordó que su fuerza política “a los punteros y grandes aparatos los sufrimos todo el tiempo. Sufrimos sistemáticamente el robo de nuestras boletas”.
Sin embargo, en esta iniciativa “el tema del financiamiento sigue intocado”. “Somos partidarios de un financiamiento estatal único y la prohibición del financiamiento privado”, enfatizó, al tiempo que cuestionó los “pisos proscriptivos” actuales y que, en el proyecto, se deje en manos “de los jueces federales electorales de cada jurisdicción un montón de resolución en cuanto a las boletas”. “No se va a votar acá cómo va a ser” la papeleta, aseguró y criticó que se “amplía el grado de discrecionalidad” y “se induce al voto por lista completa”.
En su ponencia, el liberal José Luis Espert señaló que el actual sistema electoral “funciona con dificultades, pero que funciona” desde el retorno de la democracia porque “no se ha tenido denuncias por fraudes electorales o resultados sospechosos y menos en elecciones nacionales”
En una segunda aclaración, aclaró que “estamos cambiando solo la manera de votar para cargos ejecutivos y legislativos nacionales. Los cargos provinciales y municipales van a seguir rigiéndose con la manera en la que vienen votando”.
Sin embargo, el legislador de Avanza Libertad precisó que “por más que algo funcione, no significa que no tenga problemas serios como tiene el caso argentino con su boleta partidaria”, y sumó: “Todos los países del mundo, a excepción de unos pocos, que tiene sistemas perfectos continúan en la búsqueda de la mejora de sus sistemas electorales y ser más cristalinos y estar más cerca del votante y, la Boleta Única de Papel, sería en ese sentido”.
Voz esperada por la bancada opositora, ya que no dio quórum, el diputado del Movimiento Popular Neuquino Rolando Figueroa dejó asentado su apoyo a la iniciativa porque “nos va a empujar a un sistema mejor que el vigente”, pero objetó un punto del dictamen, referido a la posibilidad que se contempla para que en la BUP haya un casillero en blanco para que se pueda votar por lista completa. “Estamos a favor de este paso que estamos dando, pero creemos que en la modificación nos estamos quedando a medio camino”, afirmó.
A su turno, la diputada de Evolución Radical Carla Carrizo reconoció que “este no es el mejor proyecto de boleta única”, sino que “este es el proyecto de boleta única posible construido a partir de la unión de 18 bloques, todos diferentes. Esto nos deja una enseñanza en la Argentina”.
Por la provincia de Santa Fe, se expresó la legisladora del bloque Socialista Mónica Fein quien reiteró los beneficios del proyecto porque brinda “transparencia garantizando que todos los candidatos están a la hora de votar; en términos del Estado que asume la responsabilidad de ser garante de esa oferta electoral; en la situación de igualar las condiciones para todos los espacios políticos más allá de su estructura y su tamaño; sobre la importancia de la autonomía del votante de garantizar que hay una única forma y una única boleta en la que va a encontrar a sus candidatos y la mayor agilidad y eficiencia de los comicios”.
Además, remarcó la importancia de traer al debate que “estamos votando un proyecto que mejore la democracia. Que modifique un sistema de votación legítimo, pero que es perfectible”.
“Los ciudadanos quieren tener confianza en las instituciones políticas, de la democracia. Estamos, no con todas las modificaciones que la sociedad nos plantea, pero si con una herramienta válida que va a mejorar la respuesta al sistema electoral vigente”, concretó Fein y pidió “profundizar los vínculos para llevar a cabo más debates”.
De la vereda de enfrente, el legislador Leopoldo Moreau arrancó su intervención con la lectura de una cita del politólogo Andrés Malamud: “En la Argentina se vota simultáneamente en múltiples categorías; presidentes, diputados y, en varios distritos, autoridades provinciales y municipales. En otros países, en cambio, los cargos nacionales, regionales y municipales se votan en distintas fechas y a nivel nacional se elige una categoría. La Boleta Única en Argentina sería una ensalada y generaría más confusión que simplicidad. Una reforma electoral nunca debe ponerse contra la oposición ni contra el gobierno, sino hay acuerdo no debe hacer reforma”.
En tanto, adhirió a las palabras del politólogo porque “efectivamente estamos cometiendo el error de creer que una mayoría tan ajustada, que hasta han tenido que cambiar el horario para garantizar el número, no puede imponer una reforma electoral y menos cuando genera condiciones que deberíamos examinar con mayor tranquilidad”, y explicó que “la Boleta Única no solamente carece de consensos, sino que en la práctica va a llevar a un calendario electoral mucho más extendido que el que tenemos ahora, porque favorece el desdoblamiento de elecciones y vamos a generar un problema aún mayor, vamos a estirar más los plazos electorales”.
“Es un tema para debatirlo en profundidad en el marco de mayores consensos. No creo que haya intenciones de extender el proceso electoral y vamos a vivir en un clima de mayor inestabilidad. Hay otro factor que es los gobiernos divididos que, a raíz de estas circunstancias, que terminan siendo un tatetí, no encuentran las mayorías necesarias para la gobernabilidad”, cerró Moreau y apuntó que “las únicas dos veces que se juntó la oposición fue para dejarnos sin presupuesto y para imponernos este proyecto”.
Por otro lado, el exministro del Interior durante la gestión Cambiemos, el entrerriano Rogelio Frigerio consideró que “la modificación del instrumento de votación es una deuda que tiene la política con la democracia hace mucho tiempo. Es una discusión ya superada en la mayoría de los países y en la casi totalidad de la región”.
En otro momento de su intervención le contestó al diputado preopinante: “No es verdad que este consenso fue planteado en dos oportunidades, fue por afuera de nuestro espacio político se dio en este reciento junto con muchos diputados del oficialismo la Argentina evitó caer en default con el FMI. Hay más ejemplos de acuerdos que son importantes resaltar”.
Al igual que sus compañeros, recordó que varias provincias como Córdoba, Salta, Santa Fe “han modificado el viejo sistema de voto con la boleta única”. También recordó que es una discusión que “viene desde hace muchos años” porque “desde el 2017 la Cámara Nacional Electoral viene recomendando la aplicación de la Boleta Única y la modificación del instrumento de votación.
“En el 2016 se trató en el recinto un proyecto de modificación del sistema de votación que fue aprobado en Diputados por 135 votos y lamentablemente nunca se trató en el Senado, quedó encajonado. En 2019 modificamos el proyecto de Boleta electrónica, pero tampoco pudimos convertirlo en ley. Es una discusión de hace años y es momento de saldarla”, cerró Frigerio.
Con una chicana y en respuesta al diputado que lo precedió en la palabra, Diego Santilli (Pro) ironizó: “No sabía que en 164 años el problema era ‘Ah, pero Macri’ que está en la ley que estamos discutiendo hoy”. Acto seguido y al igual que sus compañeros de bancada, remarcó que “estamos debatiendo una mejora el sistema electoral. Estamos tratando de poner arriba de la mesa cómo darle más transparencia, más institucionalidad, más accesibilidad a la democracia”.
“Es un sistema que nos permite transparentar, agilizar, darle más derechos y más representación a los ciudadanos. No se trata de un partido político y otro porque hay muchos de los que dicen que ganó tal o cual, pero en sus provincias también hay Boleta Única de Papel que fue votado por algunos diputados oficialistas”, recordó Santilli y reconoció que “tenemos muchísimos problemas en el país, como la inflación, como el endeudamiento que viene de muchos gobiernos no del que gobernó los últimos cuatro años. Tenemos problemas que debatir sobre inseguridad, sobre la reforma en el Código penal y procesal”. “Si avanzamos con la Boleta única terminaos con las avivadas, terminamos con el voto cadena”, concluyó.
Con los tapones de punta y en un tono elevado expresó todo su discurso el chaqueño Aldo Leiva (FdT) al señalar que “cuando hablan de que este tema le interesa a la gente, miremos los palcos. ¿Cuántos tenemos? dos personas, ¿Cuánta gente hay en la calle? hay dos agentes de policía en la puerta. Cuando los temas le interesan a la gente, esta en la calle, acá en el recinto porque pide y pelea por lo que le interesa”.
Y apuntó: “Este tema le interesa nada más al ‘Frente Juntos por el Odio y el Resentimiento’, es el titulo justo que les cabe a estos hombres y mujeres que nos quieren dar cátedra de democracia. No les interesa en absoluto la transparencia, la participación de la gente, si le hubiese interesado hubiesen empezado por sus propias fuerzas políticas cuando tuvieron elecciones internas”.
“Nos quieren venir a hablar de democracia, de transparencia, de que les preocupa la gente. No muchachos, están equivocados. A la gente les interesa otra cosa, les interesa saber cómo van a llegar a fin de mes, cómo va a hacer para tener trabajo y nosotros estamos trabajando para que eso ocurra. A la gente le interesa que nunca más vuelvan a gobernar ustedes el país por el desastre que dejaron”, disparó eufórico Leiva y concluyó: “Quédense tranquilos que, con boleta de papel, voto electrónico, levantando la mano, de alguna forma u otra el peronismo va a seguir siendo la fuerza mayoritaria que representan los intereses de los argentinos”.
Del otro lado de la vereda y en un tono pacífico el neurocientífico radical Facundo Manes manifestó su deseo de “renovar las viejas prácticas que favorecen a los mismos de siempre”. Asimismo, señaló que “si estamos mal en Argentina es por un montón de cosas”, y enumeró: “Entre ellas porque nos acostumbramos a votar con un sistema acomodado que se transformó en la peor expresión de la política clientelar; un sistema que permita el robo de boletas en el cuarto oscuro; el armado de esquemas fraudulentos; que no es equitativo porque inclina la cancha a favor de los partidos políticos que mayor poder económico tienen; un sistema con impacto ambiental negativo con millones de papeles impresos que se desechan”.
“Estamos discutiendo que todas las expresiones políticas que quieran competir tengan las mismas oportunidades de hacerlo y todos los ciudadanos tengan una manera sencilla de hacerlo”, explicó Manes y destacó que “es un sistema viable, la evidencia está a la vista. Corrige problemas del sistema actual porque impide maniobras de robo de boletas y otros mecanismos que van en contra de la transparencia electoral; permite la presencia de todos los partidos; corrige el expendio y el impacto ambiental; de gastar millones de pesos en un país con tanta hambre”, por lo que “significa un gran avance en el sistema electoral y democrático, una forma eficiente y segura para los votantes”.
Se sumó a los discursos de rechazo, la secretaria Parlamentaria del bloque oficialista, Paula Penacca, quien calificó la sesión como un “haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago” porque “la oposición nos acusa de que no queremos transparentar las elecciones, de no querer fortalecer la democracia. Hay que hacer un poquito de historia”.
Por consiguiente, recordó que “desde el 2013 en la Ciudad de Buenos Aires existe la Boleta única, en ese momento de papel. Sistema electoral que hubo que revisar en el 2018 con una nueva ley porque hubo un escándalo en el 2015 cuando el oficialismo de la Ciudad decidió utilizar la boleta única electrónica. Ese escándalo terminó en una denuncia de fraude del hoy senador y en ese momento candidato a jefe de Gobierno, Martín Lousteau, que causalmente integra uno de sus espacios políticos”.
“Esa denuncia de fraude de Lousteau hacia Larreta de que le robó la elección, fue el antecedente que hizo que en el 2018 se volviera a discutir cuáles eran las reglas del juego. Vienen a jactarse de defender la democracia, pero ¿qué va a quedar para nosotros y la ciudadanía si se hacen fraude entre ustedes? Deberían pensar un poco mas lo que van a decir y mirar lo que hicieron”, sumó al relato la camporista.
Y siguió: “En el 2015 impusieron el sistema electrónico y para justificar el por qué querían pasar de la boleta de papel a la electrónica, usaron argumentos que hoy desmienten continuamente. Decían ustedes que ninguno de los problemas que tenía el sistema partidario se resolvía con la boleta única de papel. La que hoy parece que nos salvan de todos los males, ustedes decían que no resolvía los problemas”.
Fuerte fue el mensaje que les tiró el titular del bloque Pro, Cristian Ritondo, al oficialismo: “De los 19 años gobernaron 15 años, el 80% y se encargaron de hacer mierda la Argentina”. Sobre el proyecto detalló que “es más transparente, más económica, es ecológica, es mejor para la gente y eso no lo pueden discutir, es mejor”.
Y concluyó: “Lo único que no van a logar es meter ruido en nuestra coalición, vamos a manteneros unidos y, con esta boleta o con otra, vamos a darle la despedida al kirchnerismo el año que viene”.
En el cierre del debate, el presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, sostuvo que “hay dos cosas que la sociedad tiene que saber que se dijeron y una es, como les gusta decir a los politólogos que ningún instrumento electoral es neutro, y la otra que se acaba de decir que nos estamos autorregulando. Esto tiene implicancias con los miedos que pueda tener el Frente de Todos, que puede tener JxC o cualquier partido político al votar leyes de este tipo”.
“Quiero hablar de esos miedos. Uno es el miedo a el famoso ‘arrastre’ que tiene la boleta, es cierto que la ley lo va a disminuir que a veces se los adjudican los presidentes, los intendentes populares, la contracara es que se beneficia el ciudadano que va a poder cortar boleta de manera más fácil. Esas cosas que pasan en los cuartos oscuros son fraudes que violan los derechos políticos de los ciudadanos”, señaló.
Respecto al proyecto, resaltó que “esto es para poner una base para el año que viene cuando tengamos que decidir los destinos de este país, que esta básicamente frustrado, que esta como si tuviera una sentencia de fracaso definitivo. La base para la salida de este país es una mejor elección democrática”.
Por su parte, el titular del bloque Evolución Radical, el cordobés Rodrigo de Loredo, manifestó al comienzo de su ponencia que “se ha hablado mucho de los efectos prácticos, instrumentales, técnicos, presupuestarios, ambientales, el efecto de la autonomía ciudadana que aporta el sistema de Boleta Única”.
“El poder es un sustantivo. Es una estrategia. Es un ejercicio y en este país podemos identificar dos modelos o tendencias de ejercicio de poder electoral y democrático”, explicó y comparó: “Un modelo aplicado de diversas maneras con similitudes por un conjunto de provincias argentinas que, básicamente tiene estas características, sigue usando el sistema de boleta de papel; están de acuerdo con la sumatoria; comparten los arrastres, no tiene límites al financiamiento de las campañas. Hay otro modelo ejecutado por otras provincias que prefieren aplicar PASO, limitando el financiamiento de las campañas, proponen ficha limpia y escogen esta tecnología de poder que es la boleta única de papel”.
En ese sentido, siguió comparando: “Existen dos Argentinas. Una se expresa por un conjunto de provincias que, siendo ricas, las han hecho pobres y ostentan un porcentaje de su población activa que son un 80% de empleados públicos. Existe otro país que tiene una impronta productiva, que a sus recursos le aplicaron innovación y desarrollo”, y finalizó enfático: “Tenemos que generar un efecto de poder que se extienda por todo el territorio de la Nación”.
Ante la ausencia del presidente del bloque UCR, Mario Negri, por Covid positivo, expuso la vicepresidenta del espacio, Karina Banfi (Buenos Aires) que recordó que las modificaciones en el sistema de sufragio tienen una “histórica” lucha en el radicalismo por la “transparencia en las elecciones” porque el voto directo, secreto y obligatorio “está en nuestro ADN”. Asimismo, lanzó: “La primera presidencia radical es el resultado de la inclusión de sectores de la sociedad que, a través de las instituciones electores, garantizaron ese ejercicio ciudadano”.
“Lamento mucho que por una orden de arriba se les impida poder expresarse. Lamento que el verticalismo los lleve a guardar esas convicciones que tienen y que les importe más la lealtad antes que los verdaderos problemas. Tendría que darles vergüenza ser representantes de un presidente que, en vez de ocuparse de los problemas de la gente, prefiere estar defendiendo lo que le pide la vicepresidenta”, disparó Banfi.
Tanto Alberto Fernández como la vicepresidenta Cristina Kirchner se han manifestado en contra de cambiar el instrumento de votación. Y sería precisamente en el Senado donde el proyecto podría naufragar, a pesar de la posición a favor que tenían algunos senadores oficialistas sobre el tema.
Hay quienes piensan que, incluso, que ni siquiera se convocará a debatirlo en comisiones. En la Cámara alta, sin ningún voto del oficialismo, y el acompañamiento de dos aliadas del FdT, llegaría a los 35 y se requiere una mayoría de 37.
De acuerdo con el proyecto aprobado, la boleta única de papel se utilizará para la elección de los cargos nacionales de presidente, vicepresidente, senadores, diputados y parlamentarios del Mercosur.
Inspirada en el modelo cordobés, contendrá toda la oferta electoral en la misma paleta, dividida en espacios, franjas o filas horizontales para cada agrupación política que participe.
Para el caso de presidente y vice, aparecerá nombre, apellido y foto de ambos candidatos.
Para el caso de senadores nacionales contendrá nombre y apellido de los candidatos y foto color de las personas titulares.
Para el caso de diputados nacionales figurarán como mínimo los nombres y apellidos de los 5 primeros candidatos de la lista, a excepción de los distritos que elijan un número inferior. En todos los casos se incluirá la foto color de las primeras dos candidatas o candidatos titulares.
En las provincias que se elijan más de 5 diputados -son Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe-, las listas completas con sus respectivos suplentes deberán ser publicadas en afiches o carteles de exhibición obligatoria de manera clara y visible en cada cabina de votación.
Otro punto importante es que, en caso de simultaneidad con elecciones provinciales, “se oficializará una boleta única para cargos nacionales y una boleta única para cargos provinciales y, de corresponder, municipales”. “En ningún caso podrán incorporarse categorías provinciales o municipales a la boleta única en la que se eligen categorías de cargos nacionales y la elección de cada jurisdicción se llevará a cabo en urnas separadas”, aclara.
Pero además se contempla la posibilidad de “concurrencia”, lo que quiere decir que ambas elecciones se pueden convocar en la misma fecha, pero se votaría con sistemas separados, es decir, con boleta única para cargos nacionales y con boleta partidaria para gobernador y cargos provinciales.
En su argumentación a favor de la BUP, el diputado de Córdoba Federal dijo que no se puede minimizar la construcción de una nueva mayoría.
El presidente del bloque Córdoba Federal de Diputados, Carlos Gutiérrez, fundamentó en el recinto la iniciativa para dar media sanción al proyecto de ley para implementar la Boleta Única de Papel (BUP) en Diputados.
Frente a las críticas del Frente de Todos para desacreditar la iniciativa argumentando que “a la gente le preocupan temas más urgentes”, Gutiérrez destacó: “A esto de decir que esta discusión es vana y que nada tiene que ver con los problemas serios que la Argentina está enfrentando, digo simplemente que desde el Interbloque Federal estamos dispuesto a discutir los temas productivos: ¿Hasta cuándo vamos a crear impuestos para la ineficacia? Que nos expliquen a dónde están los recursos planteados en el artículo séptimo del Impuesto a la Riqueza que supuestamente eran para la gasificación”.
“También queremos discutir sobre por qué hoy Córdoba y Santa Fe tienen la posibilidad de tener un millón de tonelada de aceite para convertir en biodiesel, y por qué por una simple resolución de la Secretaría (de Energía) se podría echar mano a eso para solucionar la crisis y no se hace”, agregó.
En el mismo sentido, el diputado indicó “¿Por qué no ponemos en discusión un programa universal para crear empleo como el Plan Primer Paso que mi compañera Natalia de la Sota presentó en esta Cámara? También podemos discutir cómo Córdoba hizo tres mil kilómetros de gasoductos troncales, en dos años y medio con una inversión de casi mil millones de dólares, con un costo de tonelada de caño que empezó en dos mil quinientos dólares y terminó en mil seiscientos. No fue fácil, pero cuando hay que tener lo que hay que tener, y cuando se tienen en claro los objetivos, las cosas se logran. Y así sucesivamente podemos seguir discutiendo todo lo que quieran discutir”.
Finalmente, Gutiérrez se refirió al consenso que llevó la iniciativa de la BUP al recinto: “Es posible que esta sea una mayoría circunstancial en el Congreso. También es posible que algunos no estén viendo algunas señales que anuncian un fin de ciclo; como hay otros que no están viendo que no basta pararse en la última estación del bondi creyendo que desde ahí vuelven al poder sin que medie la discusión sobre qué vamos a hacer de aquí en más con todos los temas a los que me referí y otros que están en discusión”. Y agregó: “Que sea la Boleta Única, y este acuerdo, dificultoso, como todo acuerdo, lo que marca los límites de lo que Argentina no admite más. Vaya la BUP como prenda para esa construcción que algunos minimizarán, nosotros no: hay que construir esta nueva mayoría”.
Además, Gutiérrez destacó la experiencia cordobesa con la BUP desde hace 11 años y cuya implementación fue fruto de una discusión profunda: “Pregúntenle a un cordobés si quiere volver al viejo sistema. No hay que tenerle miedo a cualquier mejora en la calidad institucional”.
La legisladora de izquierda acusó que “no estamos discutiendo la democratización del sistema electoral, lo que estamos discutiendo es una bandera política que eligió la oposición”. En ese sentido, enumeró las “falencias” del dictamen.
En la ronda de oradores, durante el debate por el proyecto de Boleta Única de Papel en la Cámara baja, la diputada nacional Myriam Bregman (FIT -CABA) destrozó la iniciativa y lo calificó como “un sistema feudo” y cuestionó que “no estamos discutiendo la democratización del sistema electoral”.
Al comienzo de su discurso, Bregman criticó: “Estamos debatiendo Boleta Única, un tema que solo le interesa a la dirigencia política mientras el dueño de ‘ladrónima’ se nos ríe en la cara del pueblo contando que remarca los precios”.
“Me gustaría hacer un desafío que es salir a la calle, y preguntar afuera qué tema les parece más importante. ¿La inflación, los salarios, las jubilaciones o La urgencia de la Boleta Única Papel?”, sugirió y disparó: “También el Gobierno le responde por las redes, se indigna por Twitter, pero le abre y le cierra la Conferencia de la EA, mientras se ríen en la cara del pueblo porque los ricos no piden permiso, nos atropellan”.
Y continuó con sus críticas: “También veía la reunión de la casta más grande del mundo, de los más privilegiados de la Argentina, pero no escuche a los llamados libertarios decir nada de esa casta. Silencio, ahí no hay casta que cuestionan”.
“Digan lo que digan no estamos discutiendo la democratización del sistema electoral”, afirmó la legisladora de izquierda y sumó: “Lo que estamos discutiendo y viendo en esta sesión es una bandera política que eligió la oposición de derecha para unificarse. Democratización del sistema electoral no porque, como quedó claro, no se pude aislar un elemento de un sistema complejo y pretender a través de la modificación impactar sobre el conjunto”.
En ese marco, recordó que ya han demostrado las “inconsistencias que tiene el dictamen” y consideró que “este precario acuerdo en que consiste la bandera política que han consensuado, les ha impedido hacer cambios más profundos. Se modificaron muy pocas cosas de las que se debatieron en comisiones, pero siguen teniendo las mismas inconsistencias”.
Y procedió a enumerar: “Se van a ver los primeros cinco candidatos, es decir que el 61% de la población del país no va a ver la lista completa de sus candidatos cuando vaya a votar porque los que quedan afuera son aquellas provincias que tienen más de cinco diputados por elecciones y obviamente en el sistema de Boleta Única se pueden poner solo una foto”.
“También refutamos que sea menos costosos porque promueve el desdoblamiento de las elecciones. Vamos a un sistema mucho más costoso que el vigente”, señaló Bregman e ironizó: “Hay cosas que me asombran cuando se ven horrorizados por los costos de las elecciones, el presidente de la UCR lleva 80 colectoras, ¿saben los papelitos que significa eso? ¿no los horroriza? es llamativo cómo pude ser que eso no lo vean”.
Y siguió: “Aunque no haya desdoblamiento van a haber dos urnas, costosísimo. Siguen hablando del sistema cordobés cuando nunca hubo PASO, no sirve el ejemplo. En la provincia de Buenos Aires en las PASO hubo 27 listas, queremos saber ¿cómo van a resolver eso? en Rosario saben ¿cómo revolvieron eso? entregaron lupas para mirar las listas, cuando la lectura de boletas tarda 5 minutos”.
“Es un sistema de feudo más boleta única de papel. Eso es lo que propone y es bastante hipócrita decirlo acá y no comprometerse en barrer con todas las trampas de las provincias, lo padeció mi compañero Alejandro Vilca que había una boleta de él contra 80 de (Gerardo) Morales, ni hablar del fraude del PJ tucumano”, argumentó la diputada de izquierda.
Por último, destacó el tema del financiamiento porque “tampoco se quiso discutir el tema de las campañas electorales, ¿no deberíamos discutir como se financian? nosotros proponemos que sea 100% por el Estado. Nos parece terrible que los porteños estén pagando la ‘transformación no para’ de Larreta; nos parece terrible que el Gobierno Nacional con la crisis que tiene el país gaste horas y horas en la publicidad de un gasoducto que no empezó, pero ya hay un montón de dinero gastado con fondos públicos”.
Rolando Figueroa consideró que el cambio en el instrumento de votación “nos va a empujar a un sistema mejor que el vigente”, pero advirtió sobre la realidad de los partidos provinciales.
En la previa de la sesión de este miércoles había duda sobre la postura del diputado del Movimiento Popular Neuquino Rolando Figueroa sobre el proyecto de boleta única de papel. Si bien votó a favor del emplazamiento de comisiones, no dio quórum este miércoles y bajó al recinto recién una vez después que se consiguió el número.
Por eso había expectativa por su discurso, durante el que dejó sentado su apoyo a la iniciativa, pero objetó un punto del dictamen, referido a la posibilidad que se contempla para que en la BUP haya un casillero en blanco para que se pueda votar por lista completa.
“Vemos como la política se ha alejado de la gente, esa ha sido la gran grieta que se ha trazado últimamente”, analizó y, en esa línea, agregó que “la gente no está confiando en los partidos políticos y también muchas veces existen dudas sobre los sistemas electorales”.
Por eso, la BUP “da la posibilidad de que exista oferta política para todas las personas que quieren ser candidatos, que no cuentan con aparatos”. “Este debate nos va a empujar hacia un sistema mejor que el vigente”, consideró el legislador, aunque alertó que “se queda a mitad de camino en varios temas”.
“Siempre nos hemos opuesto a las listas sábanas, tanto en lo horizontal como en lo vertical”, subrayó y comentó que en las elecciones presidenciales los partidos provinciales, con el paso del tiempo, “han ido descendiendo en el Congreso” a la hora de obtener bancas.
Y eso, “no ha sido porque no gocen de popularidad en sus provincias”, explicó Figueroa, representante del oficialismo neuquino, sino porque “cada vez que se elige presidente con legisladores, siempre y permanentemente los partidos provinciales terminan perdiendo representantes porque van con la boleta corta”.
En ese sentido, el diputado observó que este proyecto “es un paso”, pero lamentó que “se sigue impulsando la lista sábana con la posibilidad de voto de la lista completa”.
“Estamos a favor de este paso que estamos dando, pero creemos que en la modificación nos estamos quedando a medio camino”, reiteró y pidió revisar ese punto, o que en todo caso lo haga el Senado.
“Menos mal que no nos quedamos a esperar que viniera a dialogar con nosotros el tema, porque se iba a pasar el año”, expresó el jefe del interbloque Federal.
Durante la sesión de este miércoles, el jefe del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, recordó que desde la oposición ya se le había planteado el año pasado al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, las intenciones de dar la discusión por la boleta única de papel, en ocasión de la negociación por la postergación de las elecciones.
Al recordar a Roberto Lavagna, quien fue candidato presidencial en 2007, y en esa ocasión realizó “una presentación ante la Cámara Nacional Electoral junto a otras seis fuerzas políticas más por el robo de boletas en muchos puntos de la Argentina”, el legislador negó la postura del oficialismo -planteada por Hernán Pérez Araujo– de que se los trajo al debate “de las narices”.
Así, recordó que a “Wado” de Pedro le habían planteado “verbalmente y por escrito la necesidad de discutir la boleta única de papel, y nos dijo que no se podía porque no había tiempo y era un año electoral. Bueno, estamos a mitad de un año no electoral, y no teníamos ni noticias de que fuesen a cumplir con la palabra de tratar un tema que debe ser discutido en un año no electoral”.
“Menos mal que nos definimos rápidamente” por el emplazamiento, resaltó el bonaerense y cuestionó que “nos mandó a decir (a través de la secretaria de Asuntos Políticos, Patricia García Blanco) que estábamos tratando problemas inexistentes y que proponíamos soluciones mágicas”. “Menos mal que no nos quedamos a esperar que viniera a dialogar con nosotros el tema, porque se iba a pasar el año”, insistió.
Rodríguez manifestó que “llama la atención que el presidente y la vicepresidenta de la Nación se hayan abocado explícitamente de dar la señal de que este no es un tema importante, y se han expedido clara y contundentemente en contra”.
“Y si algo faltaba, el jefe de Gabinete no ha descartado vetar esta ley si eventualmente se aprobara”, se quejó.
En el cierre, preguntó: “¿Qué extraña variante posmoderna de la filosofía política ha atrapado a las fuerzas políticas populares para negarse a un avance democrático, de esta naturaleza, a favor de los ciudadanos?”.
El diputado del FdT defendió el rechazo de su bloque y llamó a “ocuparnos de temas que verdaderamente aquejan a la sociedad argentina”. Aseguró que “no hay evidencia empírica” sobre muchas de las bondades que se le asignan a ese instrumento.
En un discurso que tuvo varias ironías en algunos tramos, el diputado oficialista Hernán Pérez Araujo defendió el rechazo de su bloque al proyecto de boleta única de papel y advirtió que “esta reforma viene saliendo con fórceps, no es natural, no hay un consenso como el que se viene manifestando”.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que estuvo a cargo de las reuniones previas, empezó su intervención filoso con la oposición, al señalar que el proyecto probablemente se va a aprobar con una “mayoría circunstancial”, pero “yo no sé si da esto de arrogarse una calidad de nueva mayoría; me parece un tanto pretensioso”, dijo.
El pampeano mostró su disconformidad por “llevarnos de las narices” a discutir el cambio del sistema electoral, y apuntó que debido a los tiempos que disponía el emplazamiento, “nos privamos de escuchar, tal como habían afirmado, que iban a venir miembros de la Justicia electoral. Tampoco vinieron los apoderados de los partidos políticos”.
“Si esta va a ser la metodología, seguramente van a venir todos los partos con fórceps, pero alguno se le va a quedar atrancado, como ya les pasó”, lanzó y agregó: “Los invito a manejar agendas de consenso y de ocuparnos de temas que verdaderamente aquejan a la sociedad argentina”.
Sobre la iniciativa, Pérez Araujo consideró que “estamos modificando un sistema que es fiable”, y que incluso los expositores que asistieron dijeron que “la inmensa mayoría de la ciudadanía argentina confiaba en el sistema” actual.
El legislador resaltó que “no hay evidencia empírica” sobre el robo de boletas y el voto en cadena. Además, enfatizó que “en las últimas ocho elecciones nacionales, cinco las ganó la oposición, con este sistema”. “Con el peronismo robándose todas las boletas y comprando todos los votos, igual ganaron las elecciones”, ironizó.
Luego indicó que en las elecciones legislativas del año pasado hubo 37 mil fiscales y “no hubo una sola denuncia de robo de boletas y de voto en cadena. Con fiscales del peronismo, los que van a robar boletas, y fiscales de la oposición, que son los que van con hidalguía a defender los votos”.
“Yo no creo que haya un problema de transparencia en el sistema electoral”, sostuvo el oficialista, que después cuestionó que con este cambio “hay cuatro jurisdicciones, el 60% de la población argentina, que no van a tener toda la oferta electoral en la boleta”.
También afirmó que, sobre la boleta única, “no hay ninguna evidencia empírica del costo y de que es amigable con el ambiente”. Al tiempo que “incentiva la fragmentación”.
“Hay una imperiosa necesidad de resolver un problema que no existe”, se quejó e insistió: “No entendemos el apuro, esto de llevarnos de las narices… cuando se habla de consenso y de tender puentes”.
Para el diputado, la oposición tendrá “una victoria pírrica”, con “130, 131 votos, una reforma electoral de estas características me parece por lo menos apresurado”.
Y sumó que, en su opinión, con este instrumento se “agrava la lista sábana” y es “una especie de boleta múltiple choice con la no le estamos solucionando la vida a nadie”.
El diputado miembro del interbloque Federal enumeró los beneficios de la Boleta Única de Papel y recordó los cambios que se “introdujeron” en el sistema electoral hasta el día de la fecha. Además, bregó por “recuperar el prestigio y la credibilidad política”.
Durante el debate en el recinto de la Cámara baja sobre el proyecto de Boleta Única de Papel, el diputado nacional y miembro del interbloque Federal Florencia Randazzo (Identidad Bonaerense) expresó que, si bien el sistema partidario “es fiable”, la Boleta Única “aporta un cambio y una modernización”. Además, bregó por “recuperar el prestigio y la credibilidad política”.
En su intervención, Randazzo sostuvo: “Tenemos una gran oportunidad que es mejorar el sistema de votación que implica cambiar el instrumento con el que votamos que es la Boleta”.
“Estoy convencido que los cambios en los sistemas electorales deben ser permanentes porque deben acompañar los cambios culturales, sociales y tecnológicos”, consideró y fundamentó que “la Argentina hace un siglo que vota con el mismo instrumento. Hay solamente 16 países que votan de la misma forma que nosotros”.
Sin embargo, remarcó: “La primera reflexión que debemos hacernos es que el sistema electoral es fiable, es sino cambiar el instrumento con el cual votamos”.
En tanto, recordó que en el 2003 “vinimos a pedir una modificación del sistema electoral para votar de forma electrónica, en ese momento el Parlamento no acompañó ese cambio. Vinimos a discutir la Ley de las PASO y este Parlamento nos acompañó en una reforma muy importante, porque ponía en manos del conjunto del ciudadano las candidaturas. En esa misma Ley permitimos que la publicidad audiovisual sea gratuita, porque queríamos darles igualdad de oportunidades al ciudadano para que conozca las propuestas, de aquellos que tenían recursos y de los que no, entendiendo que el 95% de los gastos era de publicidad audiovisual”.
“Introdujimos modificaciones importantes de modernización del Padrón, el Registro Nacional de las personas la conectamos con la Cámara Nacional Electoral, por eso tenemos un Padrón actualizado, moderno. Introdujimos un cambio sustancial que es dejar de sellar el documento al salir del cuarto oscuro; al Padrón le incorporamos foto para validar la identidad del ciudadano. Hemos hecho cambios muy importantes”, enumeró el exministro de Transporte.
En ese sentido, manifestó que “cuando hay decisión política, cuando estamos convencidos que la mejor forma de honrar la política es gestionar, los cambios se pueden llevar adelante. Estoy convencido que la Boleta Única aporta un cambio al sistema electoral, a la modernización del sistema”, y reiteró: “Si bien el sistema es fiable, no hay ninguna duda, no es menos cierto que hay robo de boletas, que hay fiscales pagos, que las estructuras que tiene el gobierno tiene ventajas por sobre los que no lo tiene”, y remarcó: “La Boleta Única bien a suplir estos problemas”.
“Las provincias que ya tienen este sistema nos marcan un camino, sumando al ahorro que implica en la impresión de boletas. Son muchísimas las ventajas que aporta este instrumento. Lo más importante es que hemos logrado una nueva mayoría, plural, diversa, respetuosa, en una argentina de la grieta que nos impide encontrar soluciones a los problemas de los argentinos, esto es una prueba de eso”, destacó Randazzo.
Y cerró: “Tenemos que trabajar por un país normal no del conflicto, tenemos que recuperar el prestigio y la credibilidad de la política que por años se perdió por desaciertos”.
Además, el diputado resaltó que “esta reforma está pensada para el ciudadano, porque hay un derecho fundamental que el Estado no le está garantizando que es el derecho a elegir”, e informó que en las elecciones pasadas el 95% de las boletas impresas se “desperdiciaron”.
Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, sin cuestiones de privilegio ni homenajes, el debate por el proyecto de Boleta Única de papel comenzó directamente. El primer orador fue el radical Miguel Nanni (Salta) quien enumeró los beneficios de la iniciativa en cuanto a costos y transparencia electoral. También, cuestionó al FdT: “Mientras nosotros buscamos darle más seguridad y equidad al sistema, andan dando vueltas proyectos para ampliar la Corte”.
El salteño respaldó el proyecto que “tiene por objeto cambiar el instrumento de votación que tiene nuestro sistema electoral. Estamos hablando de la boleta única de papel para la emisión del sufragio”.
“Esta iniciativa en la Cámara no es nueva ni es improvisada”, recordó el radical y siguió: “Desde el 2007, diputados de este interbloque presentaron distintas iniciativas. Se sumaron distintos espacios que, salvo el Frente para la Victoria, presentaron proyectos que quieren ir al sistema de Boleta Única de papel”.
En suma, remarcó que “esta discusión que estamos dando, el mundo ya la tiene saldada. El 90% de los países democráticos tiene este sistema. Además, no hay actor de la sociedad civil que no haya solicitado desde aquel entonces hasta hoy el cambio para ir a Boleta Única de Papel”.
“El primer actor de esta secuencia es esta Cámara que tiene la representación popular de la opinión pública y, es a través de muchos proyectos, que esta Cámara cuenta con más de 20 iniciativas al respecto”, sumó Nanni y continuó: “Después de eso, fueron las fundaciones y ONG que también insistieron en iniciativas que nos lleven a la Boleta Única de papel”.
En tanto, expresó: “Si hacia falta un actor en esta saga de ir a Boleta Única de papel era la justicia que, en una acordad la Cámara Nacional Electoral, decía enfáticamente que el sistema de Boleta partidaria no le garantiza al ciudadano, que va hasta el cuarto oscuro por una oferta, no garantiza que esa oferta se encuentre en el cuarto oscuro”.
“La Cámara Nacional Electoral nos dijo que el camino que aconsejaba era la Boleta Única de papel. No hay en la arena democrática actor político que no haya querido instaurar este sistema”, señaló el radical. En ese contexto, recordó que en el año 2016 sancionaron con 152 votos afirmativos media sanción a la Boleta Única, pero “hubo un solo bloque que se resistió, lamentablemente se frustró en el Senado”.
A su vez, argumentó: “Con las necesidades que tenemos hoy en día pone el énfasis que este es un problema de la política, que es un problema de la tan bastardeada de la política. Esta reforma esta pensada y encabeza para el ciudadano, porque hay un derecho fundamental que el Estado no le esta garantizando que es el derecho a elegir y consecuentemente a ser elegido. Ese derecho básico, si no le podemos garantizar a un solo ciudadano, tenemos la obligación de dárselo”.
“La Boleta Única va a garantizar siempre que la persona que queremos votar esta siempre en el cuarto oscuro. También arroja picardías de la política que han ido degradando el sistema. Picardía que se transformaron y mutaron en trampas hasta llegar a degradar el sistema”, fundamentó Nanni.
En ese sentido, enumeró que “hay una cuestión fundamental en el proyecto que es el costo. En un país donde hoy no sobran los recursos, el actual sistema obliga a que el Estado imprima un padrón por cada lista que se presente en las PASO y por cada lista que se presente en elecciones generales dos patrones y medio. No es una cuestión menor”.
“El Estado en las elecciones pasadas pagó 1 mil millones de boletas de las cuales solamente la ciudadanía utilizó 47 millones. Es decir que el 95% de las boletas se desperdiciaron, terminaron en la basura. El 95% de los impuestos que los ciudadanos destinaron a financiar las boletas terminaron en la basura, miren sino tenemos motivo para modificarlo”, sumó a sus fundamentos el legislador opositor.
Y subrayó que “la inversión en el sistema partidario hoy es altísima, eso quizás explique también por qué la mayoría del mundo ya abandonó este sistema”, y comparó que “el sistema que nosotros estamos proponiendo, comprende una boleta por elector y para prever contingencias solo se imprimen en un 5% de excedente. La diferencia es brutal entre uno y otro”.
“Mucho se cuestionó la antigüedad del sistema, la transparencia. Este sistema en Australia está vigente desde 1858. En nuestra región este sistema es utilizado por Chile, por Paraguay que mutaron del sistema electrónica a única. El único país que no lo utiliza es Uruguay porque ellos verifican lo que acá no, que es que el sistema no esta degradado en las trampas que acá existen, en otros países no”, describió Nanni.
En tanto, describió que “este sistema está presente en Santa fe, en salta, en el formato de boleta única electrónica, lo adopto Córdoba, Mendoza”, y que “las consultoras más prestigiosas dicen que el 80% de la gente que utiliza el sistema le resulta amigable y confiable y que no quieren volver al anterior. Lo mismo pasa con los países del mundo”.
“No había una sola fuerza política que por sí sola podía imponer una mayoría para imponer esta ley. Con el objeto, desde distintas pertenencias partidarias, pero con el objeto de cambiar el sistema, con dar un paso delante de la calidad democrática, desde las distintas fuerzas políticas surgió un enorme consenso fruto de esta ley, de este quórum”, resaltó el diputado de la UCR.
Y cerró con una chicana al Frente de Todos: “Mientras nosotros buscamos darle más seguridad al sistema con una reforma, más equidad y economizar fondos, andan dando vueltas proyectos de ampliar la Corte a 25 miembros con los costos que eso implica y la degradación institución que acarrea”.
El presidente del bloque de diputado nacionales de la UCR se perderá la sesión de este miércoles ya que fue diagnosticado con Covid 19.
El diputado Mario Negri expresó su pesar por no poder participar de la sesión de este miércoles en la cual la oposición buscará dar media sanción al proyecto de ley que establece la Boleta Única de Papel, debido a encontrarse aislado por Covid.
“He sido uno de los primeros impulsores de este tema, siempre defendí la mayor transparencia en los procesos electorales para fortalecer la democracia. Por eso lamento muchísimo no poder votar la media sanción de este importante proyecto que llega al recinto gracias a un trabajo mancomunado de prácticamente la totalidad de la oposición”, expresó el presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR
El diputado cordobés, que permanece en su domicilio desde el lunes, ya que fue diagnosticado con Covid 19, explicó que se realizó dos test que arrojaron resultados positivos y que ambos fueron realizados por el Departamento Laboratorio Central de la Provincia de Córdoba, la máxima referencia de la provincia en este tipo de testeos.
“Los diputados que tenemos diagnóstico positivo de Covid no podemos viajar en avión y mucho menos ingresar al recinto de sesiones”, aclaró Negri, que además manifestó necesario que “la ciudadanía esté al tanto de que desde el 1° de octubre de 2021 no hay sesiones virtuales en la Cámara de Diputados. Esto fue establecido en la resolución de la Presidencia número 0734/21 con el consenso de todas las fuerzas políticas”.
“Por estas razones no podré votar esta ley tan importante para mejorar nuestra democracia. La Boleta Única de Papel es un gran avance por varios motivos”, continuó Negri, y señaló: “El primero es porque el elector tiene asegurado que podrá votar a quien desee y no se encontrará con la desagradable sorpresa de que la boleta de su candidato no está en el cuarto oscuro. Ya no habrá robo de boletas porque habrá una sola papeleta por cada elector en poder de la autoridad de mesa, en la que estará la oferta de candidatos de todos los partidos”.
En este sentido, indicó que, además, “no habrá posibilidades de hacer trampa, no habrá más voto en cadena ni ningún artilugio de los partidos que tienen más aparato”, y añadió, por último, que “se gana también en igualdad porque los partidos chicos y los grandes tienen la misma herramienta y las mismas condiciones”.
La oposición consiguió justo los 129 legisladores para comenzar con el debate del proyecto que busca modificar el instrumento de votación a nivel nacional.
Con el número justo de 129 legisladores, la oposición en la Cámara de Diputados logró abrir este miércoles la sesión especial para debatir el proyecto de boleta única de papel. El quórum se alcanzó a las 14.16 con el riojano Felipe Álvarez (bloque SER) en ser el último en sentarse en su banca.
A las 14.15 en el sector de Juntos por el Cambio había cuatro bancas vacías, pero en realidad dos ausentes, pues una era la de Omar De Marchi, que presidía la sesión desde el estrado, y la otra la de Mario Negri, un ausente con aviso debido al Covid positivo.
De los últimos en llegar fueron el macrista Gerardo Milman, marcando el tablero 127; y luego el radical Facundo Manes, que fue el 128. Finalmente, con Álvarez se alcanzó el 129.
Así, dieron quórum a la sesión 115 diputados de Juntos por el Cambio, 8 del interbloque Federal, 2 de Juntos Somos Río Negro, 3 liberales y el mencionado Álvarez.
Los libertarios -de los bloques La Libertad Avanza y Avanza Libertad- fueron tres porque, retrasada, cuando ya sonaban las estrofas del Himno Nacional, llegó la compañera de Javier Milei, la porteña Victoria Villarruel.
La sesión arrancó a las 14.17, con la presencia de 129 legisladores. Está presidida por el mendocino Omar De Marchi, ante la ausencia de Sergio Massa, que viajó con la comitiva presidencial.
La mayoría de los bloques opositores de la Cámara de Diputados lograron el número de 129 para abrir la sesión especial convocada este miércoles, con el objetivo de debatir el proyecto de boleta única de papel, que deberá ser aprobado con esa misma cantidad de legisladores, ya que se trata de una modificación de las normas electorales.
Tras obtener quórum, la sesión quedó abierta a las 14.17, bajo la conducción del vicepresidente primero de la Cámara baja, el mendocino Omar De Marchi (Pro), ante la ausencia del presidente del cuerpo, Sergio Massa, quien viajó a la Cumbre de las Américas junto al presidente Alberto Fernández.
En un principio, la reunión estaba citada para las 10, pero se postergó este martes por la noche producto de las complicaciones que el clima húmedo y de neblinas generó en los vuelos, retrasando el traslado de algunos legisladores.
Con esta sesión, la oposición se apresta a darle el primer golpe al oficialismo en la Cámara de Diputados, desde que se estrenó esta composición en diciembre del año pasado. Si bien la mayoría de los bloques habían logrado también un revés para el Frente de Todos con el emplazamiento sobre el tratamiento de Bienes Personales, luego el oficialismo pudo aprobar -por un voto de diferencia- su proyecto.
Tal cual lo estimaron, cuando por 132 votos a favor lograron aprobar el emplazamiento de comisiones el 5 de mayo pasado, la discusión de las iniciativas se dio con todos los tiempos marcados por la oposición: hubo plenarios el 11, 17 y 24 de mayo, y el día 31 se emitió el dictamen consensuado.
En la previa de la sesión, nada más y nada menos que el jefe de la UCR, Mario Negri, resultó positivo de Covid, con lo cual no estará presente. De esta manera, ese número de 132 del emplazamiento baja a 131.
En el caso de la diputada de la izquierda Romina Del Plá, que llamativamente había acompañado el emplazamiento diferenciándose de sus compañeros de interbloque, anticipó que no esta vez no votará positivamente, sino que se abstendrá. Sin embargo, ese voto no se pierde, dado que desde Juntos por el Cambio explicaron que la vez pasada les faltó un voto, el de Claudio Poggi, que esta vez si estará. Continuamos en 131.
A lo sumo, el número se podría reducir a 130 en caso que el monobloquista del Movimiento Popular Neuquino Rolando Figueroa no acompañe, pues no había confirmado su postura, pese a haber votado por el sí en el emplazamiento. Con todo, la oposición está por un voto arriba del número necesario para la aprobación.
El oficialismo rechaza de plano cambiar el instrumento de votación, sobre todo de cara a las elecciones presidenciales de 2023, para las que falta un poco más de un año. Ese fue uno de los argumentos que los funcionarios esgrimieron en el debate en comisión, entre otras críticas, como el tamaño que tendría la boleta.
Tanto Alberto Fernández como la vicepresidenta Cristina Kirchner se han manifestado en contra de la boleta única de papel. Y sería precisamente en el Senado donde el proyecto podría naufragar, incluso a pesar de la posición a favor que tenían algunos senadores oficialistas respecto a actualizar el sistema de votación.
De acuerdo al proyecto que se tratará, la boleta única de papel se utilizará para la elección de los cargos nacionales de presidente, vicepresidente, senadores, diputados y parlamentarios del Mercosur. Bajo el modelo cordobés, contendrá toda la oferta electoral en la misma paleta, dividida en espacios, franjas o filas horizontales para cada agrupación política que participe.
Para el caso de presidente y vice, aparecerá nombre, apellido y foto de ambos candidatos.
Para el caso de senadores nacionales: nombre y apellido de los candidatos y foto color de las personas titulares.
Para el caso de diputados nacionales figurarán como mínimo los nombres y apellidos de los 5 primeros candidatos de la lista, a excepción de los distritos que elijan un número inferior. En todos los casos se incluirá la foto color de las primeras dos candidatas o candidatos titulares.
En las provincias que se elijan más de 5 diputados -son Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe-, las listas completas con sus respectivos suplentes deberán ser publicadas en afiches o carteles de exhibición obligatoria de manera clara y visible en cada cabina de votación.
Otro punto importante es que, en caso de simultaneidad con elecciones provinciales, “se oficializará una boleta única para cargos nacionales y una boleta única para cargos provinciales y, de corresponder, municipales”. “En ningún caso podrán incorporarse categorías provinciales o municipales a la boleta única en la que se eligen categorías de cargos nacionales y la elección de cada jurisdicción se llevará a cabo en urnas separadas”, aclara.
Pero además se contempla la posibilidad de “concurrencia”, lo que quiere decir que ambas elecciones se pueden convocar en la misma fecha, pero se votaría con sistemas separados, es decir, con boleta única para cargos nacionales y con boleta partidaria para gobernador y cargos provinciales.
El proyecto consensuado por la oposición que apoya el cambio del sistema de votación establece las características de la BUE: qué datos debe incluir y cómo debe ser la resolución para las distintas alternativas que puedan presentarse.
Incluirá todas las categorías para la que se realiza la elección, claramente distinguidas.
Estará dividida en espacios, franjas o filas horizontales para cada agrupación política que participe.
Ahí figurará el nombre del partido político o alianza. En las elecciones presidenciales, cuando en la misma franja se incluyan legisladores nacionales, se utilizará el nombre de la agrupación de orden nacional.
En el caso de las PASO, figurará la denominación de la lista interna.
Para el caso de presidente y vice, aparecerá nombre, apellido y foto de ambos candidatos.
Para el caso de senadores nacionales: nombre y apellido de los candidatos y foto color de las personas titulares.
Para el caso de diputados nacionales figurarán como mínimo los nombres y apellidos de los 5 primeros candidatos de la lista a excepción de los distritos que elijan un número inferior. En todos los casos se incluirá la foto color de las primeras dos candidatas o candidatos titulares.
En el caso de parlamentarios del Mercosur por distrito nacional, figurarán los 5 primeros candidatos de la lista y foto color de las dos primeras personas titulares.
Para el caso de candidatos a parlamentario del Mercosur por distrito provincial, nombre y apellido y foto del candidato titular.
Habrá junto a cada tramo de cargo electivo un casillero en blanco con el fin de votar cada categoría.
Si el partido político o alianza no participa de alguna de las categorías de cargos a elegir, se incluirá en el espacio correspondiente la inscripción: “No presenta candidato”.
Se contempla un casillero en blanco para que se pueda votar por lista completa próximo a la identificación de la agrupación política.
Las listas completas de candidatas y candidatos con sus respectivos suplentes deben ser publicadas en afiches o carteles de exhibición obligatoria de manera clara y visible en cada cabina de votación.
Para facilitar el voto de los no videntes, se elaborarán plantillas de la Boleta Unica en material transparente y alfabeto Braille, que llevarán una ranura en los lugares destinados a los casilleros para ejercer la opción electoral.
Se incluirá fecha de la elección; distrito; circuito; número de mesa; instrucciones para la emisión del voto en el dorso; dos casilleros para que el presidente de mesa y los fiscales puedan firmar al momento de entregar la BUE al elector.
Serán en papel no transparente, con indicación gráfica de sus pliegues a fin de facilitar su introducción en la urna.
Estarán adheridas a un talón donde se indique serie y numeración correlativa.
Las letras impresas deben tener características idénticas en cuanto a su tamaño y forma.
El orden de cada partido o frente electoral en la boleta quedará definido de acuerdo con el resultado de la elección primaria, correspondiendo el primer lugar a la agrupación más votada en la categoría de diputados nacionales y los ulteriores lugares de acuerdo con la cantidad de votos obtenidos por cada una de ellas en la misma categoría.
En caso de que alguna de las agrupaciones no hubiese presentado candidatos en la categoría diputados nacionales, la determinación se efectuará en base a la categoría senadores y, en defecto de esta, la de presidente y vice.
En las PASO y las elecciones generales se agruparán dentro de una misma franja de la Boleta Unica las agrupaciones que tengan idéntica denominación.
Solo en el caso en que no participen agrupaciones de igual denominación en todas las categorías de cargos nacionales a elegir, las listas que compiten por una agrupación de distrito podrán adherir a la lista de una única agrupación política de orden nacional de diferente denominación, apareciendo en una misma franja de la boleta única.
Las listas que compiten por una agrupación política de orden nacional solo podrán adherir a las listas de una única agrupación política de distrito de diferente denominación cuando no compita una de una misma denominación, apareciendo en una misma franja de la BUE.
Para las elecciones generales solo se admitirán en una misma franja las agrupaciones que hubieran adherido sus boletas en las PASO. En ningún caso se permitirá que a través de un acuerdo de adhesión, una misma lista de candidatos para las elecciones generales se encuentre en más de una franja o columna.
La Boleta Unica es impresa con una antelación no menor a los 15 días previos a la fecha de la elección, en una cantidad igual al número de electores correspondientes al padrón electoral, más un 5% adicional para reposición en caso de contingencias.
En cada mesa electoral se dispone de igual número de boletas únicas que de personas habilitadas para votar, cifra a la que se le adiciona el porcentaje adicional del 5%.
Se considerará nulo un voto si es emitido mediante una BUE no oficializada
Si contiene dos o más marcas para la misma categoría de distintas agrupaciones políticas para la misma categoría. La nulidad se limitará a la categoría en que se hubiese producido la repetición de opciones.
También la BUE en la que se hubiese roto algunas de las partes, solo si esto impide establecer cuál ha sido la opción electoral escogida. La nulidad se limitará a la categoría en la que no fuera posible identificar el voto por la rotura.
Se anulará la BUE en la que aparezcan inscripciones, imágenes o leyendas de cualquier tipo distintas de la marca de la opción electoral.
Cuando juntamente con la Boleta Única plegada se hayan incluido objetos extraños a ella.
La votación del proyecto de Boleta Unica de Papel podría representar la primera aprobación de una ley impulsada por las bancadas opositoras, con esta composición de la Cámara baja. Qué tan ajustados están los números.
Día clave este miércoles 8 de junio en la Cámara de Diputados. Porque la oposición va a una sesión con todas las posibilidades de lograr un triunfo contundente sobre el oficialismo, pero no puede ocultar los fantasmas que le recuerdan la anterior ocasión en la que tenía todo para vencer al Frente de Todos y por ausencias propias no lo consiguió.
Fue el caso del tratamiento de la Ley de Bienes Personales, cuando a la oposición encabezada por Juntos por el Cambio le faltaron nada menos que tres diputados -dos de viaje y una con Covid- y terminó perdiendo la votación por 127 a 126.
En caso de lograr la media sanción este miércoles, sería la primera victoria contundente que tendría la oposición sobre el oficialismo durante la gestión Fernández. Porque ya consiguió vencer en otras votaciones, como aquella en la que obligó al oficialismo a debatir Bienes Personales, mas luego perdió la votación de la ley. Y también ganó la votación para el emplazamiento que derivó en el tratamiento de la BUP que tendrá lugar este mismo miércoles.
Se le puede sumar también el rechazo al Presupuesto 2022, pero por más que el oficialismo diga lo contrario, no fue algo que buscara esa vez la oposición, y en realidad es algo de lo que prefiere no regodearse.
Con esos antecedentes, y sobre todo el de Bienes Personales, toda la expectativa de la oposición está puesta ahora en lograr la presencia de su staff completo, sin ninguna ausencia. Por más que la votación del emplazamiento mostró una superioridad holgada (132 votos), la realidad es que los números ahora están muy ajustados.
Las luces de alarma las encendió la ausencia de nada menos que el presidente del bloque radical de la Cámara baja, Mario Negri, quien el lunes anunció que tiene Covid, el cual le fue diagnosticado durante los exámenes previos que se hacen los diputados en la previa de cada sesión.
Ahora bien, nada garantiza que los que votaron el emplazamiento vayan ahora a acompañar. Es el caso de Romina del Plá, la única representante de la izquierda que cuando se impulsó el tratamiento de este tema en la sesión del 5 de mayo votó a favor. Ya el viernes pasado, entrevistada en Diputados TV, la diputada del Partido Obrero se había mostrado esquiva a adelantar cuál sería su postura esta vez, dejando abierta la posibilidad de no votar a favor. Este martes por la noche, en diálogo con el programa Segunda vuelta, de FM Milenium, adelantó que no votaría a favor porque el dictamen “no nos convence”, y argumentó que el mismo “no especifica con rigor una cantidad de cosas y deja demasiadas cosas libradas a la decisión del juez electoral”. Además, sostuvo que la BUP “fomenta el voto a la boleta completa”. Y como además a su juicio “no altera nada de los problemas que hay”, con el sistema vigente… se va a abstener.
¿Y el quórum? No dará quórum, confirmó, por todo lo que dijo, razón por la cual le parece que la sesión deberá resolverse “en los términos de los que han decidido avanzar en este camino”.
Así las cosas, el número de voluntades eventualmente favorables a la BUP se reduce a 130, ateniéndonos a aquellos 132 votos que obtuvo el “emplazamiento”. Pero en realidad, esa vez le faltaba un miembro a Juntos por el Cambio: Claudio Poggi. Si el puntano esta vez se sienta en su banca, la aprobación podría alcanzarse por 131 votos. Dos más que los que necesita la oposición para el quórum y la aprobación, ya que al tratarse de una ley electoral hace falta una mayoría calificada: 129.
Atento a esta situación fue que la oposición resolvió pedir este martes un cambio en la hora de inicio, pasando de las 10 de la mañana a las 14, un horario más atinado, contemplando la posibilidad de atrasos en los vuelos.
Más allá de los propios, en Juntos por el Cambio ponían especial interés en saber lo que harían los aliados de la votación del 5 de mayo: el interbloque Federal (8); los de Juntos Somos Río Negro (2); los diputados libertarios (4); el riojano Felipe Alvarez y el neuquino Rolando Figueroa. Precisamente en este último, del monobloque MPN, estaban puestos los ojos, ya que si bien votó el emplazamiento, no tenían información respecto de lo que haría este miércoles.
Como sea, por más que el diputado del MPN les fallara, seguiría sobrándole número a la oposición para la aprobación.
Una duda que también circuló en los corrillos fue la referida a quien presidirá la mayor parte de la sesión, si es que hay quórum para arrancar: el mendocino Omar De Marchi, en ausencia de Sergio Massa, de viaje a Estados Unidos para participar de la Cumbre de las Américas. ¿Puede votar a pesar de presidir la sesión?, era la duda, a sabidas cuentas de que el presidente de la Cámara da quórum pero no vota. En este caso sí, aclaró a parlamentario.com el propio De Marchi. “Porque los temas en los que la Constitución exige una mayoría especial, como es este caso, vota el pleno, votan todos. Distinto es el Senado, donde la vicepresidenta no es senadora, está elegida por el Ejecutivo, entonces no constituye quórum, y salvo empate, no vota. Pero en este caso, sí vota el presidente de la Cámara de Diputados”, especificó el diputado del Pro.
Todas las dudas se develarán antes de las 14.30, pues en el transcurso de la hora prevista para sesionar y el máximo que puede esperarse para reunir el quórum, se sabrá si hay o no sesión. Si arranca, nada indica que no vaya a tener la oposición el número suficiente para aprobar la ley.
La iniciativa impulsada por Sergio Massa se trató en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y la semana próxima se debatirá en sesión.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados pasó a la firma el proyecto de ley impulsado por Sergio Massa sobre alivio fiscal para trabajadores monotributistas y autónomos, a partir del ajuste de los montos máximos de facturación, para el primer caso, y de beneficios en las deducciones, en el segundo caso.
El oficialismo se alzó con el dictamen de mayoría, pero desde la oposición el diputado Alejandro Cacace (Evolución Radical) anticipó que de no negociarse cambios en un artículo referido a los autónomos, presentarían un dictamen de minoría.
El presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, lo invitó a acompañar el mayoritario con disidencias, pero Cacace señaló: “Si acordamos (las modificaciones) votaremos todos el dictamen mayoritario”.
Primeramente, estaba previsto que el proyecto se vote esta misma semana en el recinto, pero el viaje de Massa junto al presidente Alberto Fernández a la Cumbre de las Américas movió los planes. Así, la sesión se hará el próximo martes al mediodía, con este tema como uno de los principales.
En el arranque de la reunión, la diputada oficialista Mónica Litza -quien firmó el proyecto junto a Massa, Leandro Santoro (FdT) e incluso los opositores Alejandro “Topo” Rodríguez (Interbloque Federal) y Margarita Stolbizer (EF-JxC), mencionó que la suba del “piso” del impuesto a las Ganancias para trabajadores en relación de dependencia fue buena, pero “había quedado un universo muy importante fuera de esa mejora”, como son “4 millones y medio de monotributistas y un universo más pequeño, pero no menos importante, de autónomos”.
La massista explicó que, en el caso del monotributo, “las escalas de las categorías tienen que ver con los ingresos brutos y podrían, por efecto de la inflación, tener un valor nominal más alto”. Con la intención de evitar que se provoque un salto al cambio de categorías es que “necesitamos una ley de este Congreso para generar un equilibrio que les permita no tener que cambiar de categoría o tributar de una manera injusta”.
“Estamos protegiendo la integridad de los salarios”, aseguró y dijo que también se apunta a “un incentivo para los emprendedores, para que puedan invertir, para que se pueda gastar dentro de nuestro mercado interno”. Asimismo, se le solicita al Poder Ejecutivo que la actualización no sea anual, sino semestral.
En relación a los autónomos, se busca “duplicar la deducción especial que hoy tienen” y “un guiño especial para los nuevos profesionales, que se incrementa de 1,5 a 2,5 el monto de la ganancia mínima no imponible”.
“Argentina está mostrando señales muy fuertes de crecimiento, pero creemos que tenemos que fortalecer la integridad de los salarios y la redistribución de la riqueza. Creemos que estas medidas son urgentes e importantes”, expresó Litza y abogó por que “pueda ser ley antes de julio de este año”.
A su turno, Cacace se explayó sobre el planteo relacionado a los autónomos. El puntano consideró que el proyecto “no logra la igualdad de trato” entre los trabajadores, porque “si uno toma un trabajador en relación de dependencia, un trabajador que es monotributista y un trabajador autónomo y tienen ellos el mismo ingreso”, como por ejemplo, 280 mil pesos -que es la cifra a partir de la cual, para abajo, no se paga Ganancias-, un monotributista pagaría al año 150 mil pesos en impuestos y “el autónomo más de 750 mil de pesos de impuestos en un año”.
“No es equitativo el tratamiento”, reiteró el legislador, y aseveró que “tiene que la ley disponer que alguien, a igual capacidad contributiva, a igual ingreso, independientemente de lo que sea, pague lo mismo”. “Lograr esa equidad en autónomos se hace con modificación muy sencilla”, señaló y apuntó que se trata de llevar la deducción especial a 3,8% y no a 2%, como prevé el texto.
En coincidencia, el radical Víctor Hugo Romero sostuvo: “Siempre tuvimos una mirada en encontrar en el tema de autónomos un equilibrio. Falta todavía para dar equidad porque quienes tienen un sueldo bruto menos de 280 mil pesos no pagan Ganancia; y autónomos, partiendo de la base que esta comisión va a aprobar el incremento a 3,8%, el mínimo tampoco llega a los 280 mil. Entendíamos que la equiparación total era llevar a 3,8% la deducción especial, igualando la cuarta categoría, y hacer una deducción especial por la diferencia que falta”.
“Es buena la actitud del presidente de la Cámara de rever la situación de equidad de autónomos respecto a los de relación de dependencia, pero creemos que es insuficiente. Para igualar el tema de la deducción especial la propuesta actualmente es uno y ahora se quiere llevarlo a dos veces, la nuestra es querer una equidad para los de cuarta categoría es 3,8 veces el mínimo. Pero también para hacer una equidad general e integral hay que contemplar una deducción especial extra a que los autónomos a partir del 280 mil paguen como hacen los de cuarta categoría, siempre pensando en los autónomos que han tenido ingresos superiores a las escalas achatadas del monotributo que es un pequeño emprendedor”, explicó Romero y ratificó la propuesta de “llevarlo a 3,8%”. Sobre las escalas del monotributo, pidió “trabajar en un sistema más profundo en el régimen, porque tiene que convertirse en una herramienta de inclusión, social y financiero para quienes están en el trabajo informal”.
Más tarde, el oficialista Itaí Hagman lanzó: “Si estamos discutiendo un proyecto que establece un alivio fiscal para una gran cantidad de contribuyentes, en vez de embarrar la cancha, que luego se contradicen cuando discutimos déficit fiscal, pongamos un manto de racionalidad”.
“Hay una brecha entre los trabajadores en relación de dependencia y autónomos que con este proyecto tratamos de achicar. Los autónomos también tienen derechos que los trabajadores en relación de dependencia no tienen: pueden hacer deducciones, gastos de representación, vestimentas y también que pueden optar por una carga fiscal baja en algunos casos. No podemos comparar peras con manzanas. Si bien son todos trabajadores, vamos a tratar de achicar esa brecha, no creo que lleguemos a un 100%”, retrucó Litza.
El proyecto propone, para el caso de monotributistas, adelantar al 1ro. de julio el ajuste para los montos máximos de facturación, ya que se adelanta la aplicación del índice del 29,12%. De esta manera, no incluirá aumento en las cuotas mensuales a pagar, sino que sólo se busca una actualización de los topes máximos de facturación para que los monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor, o quedar afuera del Régimen Simplificado si su facturación creció en términos nominales por efecto de la alta inflación.
Según los autores, se estima que estos cambios impactarán positivamente en la situación económica de 4.498.419 monotributistas de todo el país, lo que representa el 39% de AMBA y el 61% de las provincias del interior.
Respecto a los autónomos que están alcanzados por el impuesto a las Ganancias, alrededor de 140 mil contribuyentes, la solución se centra en incrementar las deducciones a fin de que el mínimo no imponible quede más equitativo o cercano al que aplica a los empleados en relación de dependencia.
Así, la deducción especial para los autónomos representaría dos veces la ganancia no imponible, pasando la deducción de $505.129,66 a $757.694,52. De esta manera la “brecha” de la deducción especial entre el empleado y el autónomo se achicaría de $707.181,58 a $454.616,72. Asimismo, para nuevos profesionales se eleva de 1,5 a 2,5 veces la ganancia no imponible.
Este incremento de la deducción impacta principalmente en los 140 mil autónomos con ingresos de hasta $8 millones, que concentran el 95% de los autónomos con impuesto determinado en el impuesto a las Ganancias. Para esos independientes se estima un ingreso adicional de bolsillo promedio de $52 mil anuales producto del alivio fiscal.
Hacia el final del encuentro, Heller informó que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en diciembre pasado -que se puso a la vista en el temario- sobre “Creación del Puente de Inclusión Fiscal al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes” se tratará en otra reunión con la invitación a funcionarios.
Durante la reunión también pasó a la firma el proyecto por el cual se aprueba el “Nuevo Acuerdo para promover la inversión y el desarrollo de la Provincia de Tierra del Fuego-Fideicomiso para el desarrollo Austral”, suscripto el 26 de noviembre de 2021 entre el Estado Nacional y la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que fue defendido por las diputadas de ese distrito Carolina Yutrovic y Rosana Bertone, del Frente de Todos.
Dictamen-MAYORIIA-sin-modific-2634-D-2022-letra-grandeFueron dictaminados en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, que era la que restaba. Se trata de Islote Lobos, en Río Negro, y Ansenuza, en Córdoba.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados completó este martes el trámite parlamentario de proyectos vinculados a la creación de Parques Nacionales, que ya contaban con el aval de Legislación General y Recursos Naturales, con lo cual quedaron listos para ser tratados en el recinto.
Uno de ellos tiene que ver con la creación del Parque Nacional y Reserva Islote Lobos -con media sanción del Senado-, mediante el cual se acepta la cesión de terrenos efectuada por la provincia de Río Negro al Estado Nacional y se transfieren el total de los sectores fiscales (intermareal y marino). Asimismo, se acepta la cesión sobre un conjunto de parcelas de propiedad privada (sector terrestre).
El área natural se sitúa sobre el golfo San Matías, en la costa atlántica de Río Negro, en cercanías a la localidad de Sierra Grande. Posee 18.000 kilómetros cuadrados y es el segundo golfo más extenso de Argentina, caracterizado por una importante producción biológica, amplitud de mareas y buena renovación de las aguas.
Con la creación de este Parque se busca proteger a 19 especies de reptiles, 27 especies de mamíferos terrestres nativos, 61 especies de aves marinas y costeras, y 94 especies de aves terrestres.
Por otra parte, tuvo dictamen el proyecto que busca crear el Parque Nacional Anseunuza y Bañados del Río Dulce, al aceptar la cesión de los terrenos que la provincia de Córdoba otorga en favor del Estado Nacional. Se trata de la jurisdicción ambiental y dominio sobre un sector de los Bañados de Río Dulce (475.477 hectáreas) para la creación de una Reserva Natural; y del sector de la Laguna de Mar Chiquita o Ansenuza (185.936 hectáreas) para la creación del Parque Nacional.
Este gran humedal presenta el 66% de todas las especies de aves migratorias y playeras registradas para Argentina, concentra casi el 36% de la avifauna del total del país (380 especies de aves registradas) y el 85% de las 447 especies de aves citadas para la provincia de Córdoba. Además, la región alberga las tres especies de flamencos existentes en Sudamérica.
Existen otras especies registradas, que comprenden alrededor de 32 mamíferos, 16 anfibios, 37 reptiles, 50 peces aproximadamente y un número de insectos que aún no han sido precisado.
Finalmente, se despachó favorablemente también un proyecto para la ampliación del Parque Nacional Pre-Delta, por el cual se acepta la cesión de terrenos por parte de la provincia de Entre Ríos con el objetivo de ampliar el Parque ubicado en el departamento de Diamante. Con esta ampliación, la superficie que será protegida pasará a tener 2.604 hectáreas.
En una reunión informativa, la Comisión de Transporte comenzó a analizar la crisis que atraviesa el sector en el interior del país. Los legisladores coincidieron en que el sistema se encuentra en “emergencia” y se necesita un debate profundo.
La Comisión de Transporte de la Cámara baja, presidida por el radical jujeño Jorge “Colo” Rizzotti, puso en marcha este martes el tratamiento a la problemática de la distribución equitativa del subsidio al transporte público de pasajeros en el interior del país junto con representantes de la Cámara de Transporte de Pasajeros Urbanos y el sindicato de trabajadores de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
La vicepresidenta primero, la oficialista María Jimena López, solicitó firmar un proyecto de declaración de emergencia del transporte en el interior, pero el presidente de la comisión adelantó que convocarán para el próximo martes una reunión con representantes del Ministerio de Transporte y del Comité de Transporte Federal para debatir dicha iniciativa y confeccionar un proyecto alternativo de redistribución, en un plenario con la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Cabe mencionar que el 87% de los subsidios se concentra en el AMBA, y solo el resto para el interior.
“Esta reunión informativa a efectos de avanzar en el análisis y poder unificar, en la importancia que tiene el tema, y de ser posible avanzar sobre un dictamen al respecto”, señaló Rizzotti al inicio de la reunión.
Sin ser parte de la comisión, Casaretto explicó su proyecto que esta presentado desde el 2021 que “representa al pueblo de la Nación argentina, yo a la provincia de Entre Ríos. Hay 6 ciudades que reciben subsidios al transporte en mi provincia. Lo que venimos a tratar en este Congreso y creo que es el posicionamiento de todos los que representan provincias es asegurar el financiamiento del transporte urbano de pasajeros en todo el interior de la Argentina”.
En ese sentido informó que “en este momento hay paro de transporte porque llegan parte de los fondos, no todos los fondos necesarios”, y, en una comparación, apuntó contra la Capital: “Esto en capital no sucede nunca, apenas una queja, los fondos aparecen y el transporte urbano funciona con financiamiento nacional”.
“Hay una gran diferencia con el transporte del interior en cuanto al reparto de los fondos”, señaló el entrerriano y recordó que en el 2019 en Entre Ríos “hubo un paro de 3 días y los medios no lo registran, importa poco, a nadie le importa, a los grandes mass media no les interesa, solo se enfocan en lo que pasa acá (CABA)”.
Y siguió: “Esta es la preocupación de sostener un subsidio de boleto de $18 en capital cuando en promedio en ascenso en el interior está en torno a los $58. Esa es la realidad de toda la República Argentina. Todo el país subsidiando al transporte público de la Capital Federal y es lo que no podemos permitir. De alguna manera tenemos que generar mayor financiamiento para el transporte de pasajeros”.
“Con el gobierno anterior se achicaron los fondos a una mínima expresión”, disparó Casaretto y volvió a comparar: “Con nuestro Gobierno introdujimos mejoras en el Fondeo aportando lo que el gobierno anterior había dejado de aportar porque había impuesto en el Pacto Fiscal que se hicieran cargo las provincias y municipios de aportar al trasporte en el interior”.
Además, recordó: “Terminamos poniendo 46 mil millones de pesos en subsidios al transporte en el presupuesto 2022”, y lamentó que “por primera vez en la historia un Congreso rechace un presupuesto de un Gobierno. Nunca pasó. En una irresponsabilidad total y, además, dentro de ese presupuesto, no se votó el aumento de fondos que habíamos previsto en el subsidio del transporte”.
“Respecto a su iniciativa, comentó que “busca asegurar un financiamiento para el transporte urbano de pasajeros, tratar de desconcentrar esta Argentina concentrada y tratar de que lleguen más fondos a todas las provincias. A veces algunos en los debates son fondos que van a las empresas, no es así, son fondos que van a los usuarios porque cuando uno aporta al financiamiento lleva a que el boleto no aumente más. Asegurar un país más federal y que los pasajeros tenga similares condiciones a efecto de tener un transporte de calidad y a un costo de boleto accesible y que no sea tres veces al que se paga en capital”.
Al hacer uso de la palabra el titular del interbloque Federal Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense) le dio la razón a su predecesor porque “tenemos que enfocarnos en lo urgente”, pero señaló que “hay que trabajar en profundidad en los proyectos, pero tenemos en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba y Santa Fe un reclamo de adoptar medidas que permitan actualizar los fondos para el sistema”.
“Ese fondo que planteó Casaretto hoy no tendría que tener menos de 76 mil millones para hablar de lo que tenemos que hablar en función de lo que ha sido la falta de previsión con la que han alcanzado los costos y precios”, indicó y cuestionó que “pese a no tener un presupuesto aprobado, no se han tomado las decisiones que el Ejecutivo tenía que tomar. El jefe de Gabinete tiene los instrumentos que la Constitución y las leyes le otorgan para tomar las decisiones que corresponda, aprobar las decisiones administrativas en materia de arreglo presupuestario para tenerlo ya actualizado, salvo que el Ministerio de Economía no quiera”.
“También existe la necesidad de plantear con urgencia la emergencia un proyecto que imponga la necesidad de actualizar ese fondo a no menos de 76 mil millones”, cerró.
A su turno, el diputado radical Víctor Romero (Córdoba) coincidió con sus pares porque “tenemos la necesidad de ir definiendo un mecanismo de distribución de los recursos del Estado en un sistema de transporte que tiene que subsidiarse. Sobe todo porque el transporte es utilizado por los actores trabajadores y más humildes y existe una capacidad de pago como es el precio del boleto, esta es la realidad. Estamos insertos en una situación en la Argentina que tenemos que tener una mirada fiscal y con eso la situación del transporte del interior, luego del acuerdo de paritaria, está en una situación crítica porque el sistema de transporte en AMBA urbano y suburbano, depende del Gobierno nacional y su déficit es financiado por el gobierno y no hay discusión sobre eso”.
“Diferente es en las provincias antes existía un criterio de distribución a través de la autoridad de aplicación que era el Ministerio de Trabajo y se distribuía los subsidios a una sola repartición nacional a todas las provincias y luego, a través del Consenso Fiscal, se llegó a establecer un monto que la Nación pone una parte y las provincias otra”, comparó.
Hay que encontrar un mecanismo para que el sistema de subsidio de transporte sea un sistema de distribución federal con un criterio equitativo, normativo y fuera de discusión política”, sostuvo Romero.
En tanto, cuestionó: “El sistema de subsidios en el interior depende de las jurisdicciones provinciales y se financia con los subsistidos nacionales y el aporte de provincias, pero huno una decisión de la nación de no acompañar esa diferencia salarial al interior del país”, y sugirió: “Hay que encontrar un mecanismo para que el sistema de subsidio de transporte sea un sistema de distribución federal con un criterio equitativo, normativo y fuera de discusión política y eso es ideal con una ley. Los proyectos presentados requieren un trabajo profundo porque esas asimetrías que existen entre el AMBA y el interior del país reducirla con una mirada fiscal, pero contemplar la situación actual”. “Hay una situación de emergencia en el transporte del interior. Hay que incrementar el Fondo de subsidio al transporte del interior y atender esta situación”, advirtió Romero al cierre de su intervención.
En el mismo sentido, el santafesino Enrique Estévez (interbloque Federal) sostuvo que “es importante encontrar una solución de fondo a este problema”, y remarcó que “hay que tomar conciencia porque los gobernadores tienen que hacer aportes. Es una inequidad inexplicable porque todos los argentinos hacen aportes económicos para generar esos aportes. Estos parches que gobierno tras gobierno dan cada vez duran menos. Que sea una solución de fondo y no algo coyuntural”.
“Todos coincidimos en la crisis que está atravesando el transporte del interior y tenemos que encontrar una solución”, expresó el correntino oficialista Jorge Romero y sostuvo que hay que actuar con rapidez y con los “medios eficientes” para dar una solución de coyuntura y a largo plazo. “Hay que distribuir los subsidios para que un 85% no se concentre en el AMBA y un 15% solo para el interior del país, sino que sea algo más equitativo. Hay que volver al sistema anterior de Consenso Fiscal que funcionaba muy bien”. “El ejecutivo tiene que participar y dar su opinión, darnos los fundamentos de cómo viene haciendo la distribución y porque todavía no ese actualizó”, cerró.
Por el oficialismo, el diputado Eduardo Toniolli (Santa Fe) remarcó que “si estamos discutiendo la posibilidad de federalizar los recursos y tener un reparto más equitativo es porque estamos transitando una gestión que decidió revivir los subsidios al interior del país”. “Es imprescindible llevar adelante este proceso de discusión de un nuevo sistema con el Ministerio de Transporte porque hay algo del orden de la emergencia que resolver. Hay que tener un diálogo permanente con el Ejecutivo porque está avanzando en medidas que tiene que ver con la distribución equitativa”, ponderó y lanzó: “Hay un solo distrito de toda la argentina que tiene líneas internas de las cuales se están haciendo cargo todos los argentinos y es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
En el uso de la palabra y como autor de un proyecto, el rionegrino Agustín Domingo (Juntos Somos Rio Negro) coincidió en que existe una “urgencia” en el transporte del interior que se ve claramente en el precio el boleto por lo que “hay que hacer un ajuste presupuestario”. En tanto, remarcó que el Ejecutivo “puede hacer ese ajuste para llevar el auxilio al transporte”, pero subrayó que “hay que rediscutir el fondo de la cuestión el sistema que es inequitativo, tiene una mirada muy centralista y produce los desequilibrios que todos podemos ver. Los síntomas es que el boleto acá en el AMBA cueste un cuarto de lo que cuesta en el interior, es algo que tenemos que solucionar y la causa es el sistema actual de distribución del subsidio y nuestro proyecto ataca esas causas”.
“La autoridad de aplicación tiene que ser las provincias un Consejo Federal empoderado con facultades para disponer la distribución de subsidios y la utilización de los medios de pagos, ¿por qué todos tenemos que usar SUBE que es un mecanismo que se dispuso acá desde Buenos Aires?”, consideró Domingo y finalizó: “Hay que poner el foco en los usuarios”.
El proyecto, que ya tiene media sanción del Senado, recibió despacho en un plenario de comisiones. También tuvo aval una iniciativa sobre señalética alusiva en organismos públicos.
Durante un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados recibió dictamen favorable el proyecto de ley -con media sanción del Senado- que propone la formación obligatoria sobre la cuestión Malvinas para funcionarios públicos.
Además, tuvo también despacho una iniciativa que propone colocar señalética alusiva a Malvinas en organismos públicos de todo el país, indicando la distancia desde ese punto hasta las islas.
Miembro informante del oficialismo, la diputada Rosana Bertone celebró estar tratando ambos proyectos en la previa del 10 de junio, Día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas. “Creo que con respecto a Malvinas necesitamos una verdadera política de Estado que tenga sistematicidad, compromiso, responsabilidad y, sobre todo, permanencia en el tiempo y durabilidad”, sostuvo la exgobernadora de Tierra del Fuego.
Para la oficialista, el proyecto de formación en la función pública en esta cuestión es una “muestra cabal” del “interés” de tener una política en este sentido, y consideró que “debemos trabajar de manera transversal” y “sostener el reclamo de manera imprescriptible”. “Necesitamos sensibilización sobre la causa. Necesitamos políticas que trasciendan a los gobiernos”, agregó.
Por su parte, el santafesino Marcos Cleri se refirió a su proyecto para instalar señalética alusiva a Malvinas en organismos públicos, Parques Nacionales y embajadas del mundo, de modo de “poder potenciar la causa Malvinas para lograr, a través de los medios pacíficos, la soberanía plena” en las islas. Destacó que la iniciativa tuvo “más de 60 firmas de diputados y diputadas de manera transversal” y “tiene antecedentes en legislación de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Río Negro”.
El legislador del Frente de Todos aclaró que la versión original tuvo cambios, en consenso con bloques de la oposición, y explicó que se trata de que la señalética esté ubicada en “lugares visibles”, que indiquen la distancia que existe desde ese lugar al Puerto Argentino, contenga los colores celeste y blanco y la frase “Las Malvinas son argentinas”. Además, en su colocación participarán veteranos de guerra.
Desde el Pro, el diputado Alberto Asseff aseguró que en Juntos por el Cambio “esta cuestión, que no solamente está en la cláusula transitoria de la Constitución y, por lo tanto, es una manda para todos los argentinos, sino que es una convicción profunda que tenemos, sostenemos y planteamos permanentemente e inalterablemente acerca de la soberanía”.
“Es transversal a todos, ultrapasa cualquier sector político, cualquier generación”, sostuvo el bonaerense y añadió que la cuestión Malvinas “definitivamente tiene que ser una política de Estado, no es cuestión de vaivenes, de idas y vueltas, de zigzagueos”.
Durante el plenario, entre otros, tomó la palabra la fueguina Mabel Caparrós, quien opinó que el proyecto sobre señalética “significa trabajar en el proceso de malvinización que necesitamos” y “aquellos que sienten tan lejos el tema Malvinas se apropien de este reclamo”. Al recordar que han pasado 40 años de la guerra, la oficialista resaltó la necesidad de “llevar a las nuevas generaciones (el tema), que a veces desconocen lo que pasó”.
La oposición reclamó tratar una serie de proyectos
Al ser la primera reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del año -tras su constitución-, la oposición reclamó tratar una serie de proyectos, algunos sobre temas en los que tienen marcadas diferencias con el oficialismo. Arrancó con los pedidos la vicepresidenta de la comisión, la cordobesa macrista Soher El Sukaria, quien recordó que hay proyectos de declaración vinculados a “la violación de derechos humanos en Venezuela, Nicaragua, Honduras”.
También urge “una manifestación de esta casa sobre la guerra en Ucrania”, señaló y mencionó la intención de discutir “proyectos sobre libertad religiosa y personería de culto” y sobre “el voto de los argentinos residentes en el exterior”.
Por su parte, la diputada de Evolución Radical Dolores Martínez solicitó discutir sobre pesca ilegal, mientras que su par de la UCR Karina Banfi llamó a tratar la ratificación de un convenio internacional sobre protección de datos personales.
Sobre el proyecto de formación sobre la causa Malvinas para funcionarios públicos
La iniciativa establece la capacitación obligatoria, periódica y permanente en la Cuestión de las Islas Malvinas para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
La capacitación se llevará a cabo en el marco de lo dispuesto por la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional; y la formación de las máximas autoridades de los tres poderes de la Nación estará a cargo de la autoridad de aplicación.
El contenido de la capacitación deberá incluir “las dimensiones de sensibilización” como “la transmisión de conocimientos”; y tener libre disponibilidad.
En la confección del material participará el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, las instituciones del sector académico y científico especializados en la materia y las de la sociedad civil y sus organizaciones.
Los lineamientos generales deberán contemplar, como mínimo, información referida a los argumentos históricos, geográficos, ambientales, jurídicos y políticos. También deberá poseer información relativa a la normativa nacional e internacional vigente.
La autoridad de aplicación, en su página web, deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de la ley.
Cómo se repartieron las 46 en un cuerpo tan parejo como quedó tras las últimas elecciones. Cuánto se respetó la cuestión de género.
Nunca como esta vez se demoró tanto en la conformación de las comisiones de la Cámara de Diputados. Cierto es que no resulta para nada habitual que ese cuerpo esté tan equilibrado, y a eso hay que atribuir entonces la tardanza en constituirlas. A eso y, por supuesto, a la crisis que vive el oficialismo y que tuvo su punto culminante cuando el 31 de enero del presente año el titular del bloque Frente de Todos anunció su renuncia al cargo.
La primera consecuencia en el Parlamento fue que nada de lo enviado por el Poder Ejecutivo para extraordinarias fuera tratado en ninguna de las dos cámaras.
Solo dos comisiones se habían conformado el año pasado y fue por imperio de las circunstancias: para tratar el Presupuesto 2022 (que al final se rechazó) se constituyó la Comisión de Presupuesto y Hacienda; y más tarde, sobre el final del año, se conformó la Comisión de Hacienda para debatir Bienes Personales.
Ya en el presente año fue constituida la Comisión de Legislación General para tratar la reforma de la controvertida Ley de Alquileres, y a partir de entonces fueron armándose las siguientes comisiones, hasta llegar al último día del mes de mayo en que las 46 comisiones quedaron finalmente constituidas.
Previsiblemente, las principales presidencias quedaron en manos del oficialismo, que solo cedió dos de las importantes que hasta el año pasado manejaba: Agricultura y Ganadería y Legislación Penal. Juntos por el Cambio trató sin éxito también de arrebatarle Educación (entre otras), pero el Frente de Todos la retuvo.
Cabe remarcar que se respetó el acuerdo de utilizar el sistema D’Hont para repartir los lugares en las comisiones, y así es que las mismas quedaron muy equilibradas. Pruebas al tanto, el oficialismo y la principal oposición están empatados en número en 32 comisiones. El Frente de Todos tiene ventaja en 10 y Juntos por el Cambio en solo 4. En todos los casos, la diferencia es de apenas un miembro.
El Frente de Todos tiene 22 presidencias; el mismo número que Juntos por el Cambio. Las restantes dos son encabezadas por el Partido Socialista y Juntos Somos Río Negro.
De las 22 presidencias que tiene JxC, 12 son del Pro; 7 del bloque UCR; 2 de Evolución Radical y la restante de la Coalición Cívica.
A diferencia de lo acordado en la anterior conformación de las comisiones (en 2020, plena pandemia), esta vez no se aplicó la igualdad de género en las presidencias de las comisiones de la Cámara. De las 46 comisiones, 30 están presididas por varones y 16 por mujeres. Esto es, el 65% de las presidencias corresponden a hombres, y solo el 35% quedaron en manos femeninas.
Todos los diputados integran comisiones, salvo el caso de los libertarios Javier Milei y Victoria Villarruel, de La Libertad Avanza, quienes son los únicos dos diputados que no integran ninguna de las comisiones.
FdT: 17 miembros
JxC: 17 miembros
Ident. Bon.: 1 miembro
Presidente: Hernán Pérez Araujo (FdT-La Pampa)
Vicepresidente 1°: Miguel Nanni (UCR-Salta)
Vicepresidente 2°: María Graciela Parola (FdT-Formosa)
Secretaria: Silvia Lospennato (Pro-Buenos Aires)
Secretaria: Pamela Calletti (FdT-Salta)
FdT: 16 miembros
JxC: 14 miembros
Ident. Bon.: 1 miembro
Presidente: Cecilia Moreau (FdT-Buenos Aires)
Vicepresidente 1°: Carla Carrizo (Evolución Radical-CABA)
Vicepresidente 2°: Lucas Godoy (FdT-Salta)
Secretario: Federico Fagioli (FdT-Buenos Aires)
Secretario: Bernardo José Herrera (FdT-Santiago del Estero)
Secretaria: Victoria Morales Gorleri (Pro-CABA
FdT: 21 miembros
JxC: 20 miembros
JSRN: 1 miembro
Cba. Fed: 1 miembro
Presidente: Eduardo Félix Valdés (FdT-CABA)
Vicepresidente 1°: Soher El Sukaria (Pro-Córdoba)
Vicepresidente 2°: Rosana Bertone (FdT-Tierra del Fuego)
Secretario: Julio Cobos (UCR-Mendoza)
Secretario: Maximiliano Ferraro (CC-CABA)
Secretaria: Leila Chaher (FdT-Jujuy)
FdT: 24 miembros
JxC: 23 miembros
Cba. Fed: 1 miembro
Fte. Ren. Concordia: 1 miembro
Presidente: Carlos Heller (FdT-CABA)
Vicepresidente 1°: Luciano Laspina (Pro-Santa Fe)
Vicepresidente 2°: Sergio Palazzo (FdT-Buenos Aires)
Secretario: Víctor Hugo Romero (UCR-Córdoba)
Secretario: Marcelo Casaretto (FdT-Entre Ríos)
Secretaria: Paula Olliveto Lago (CC-CABA)
FdT: 16 miembros
JxC: 16 miembros
PO: 1 miembro
Av. Lib.: 1 miembro
Presidente: Blanca Osuna (FdT-Entre Ríos)
Vicepresidente 1°: Alejandro Finocchiaro (Pro-Buenos Aires)
Vicepresidente 2°: Daniel Arroyo (FdT-Buenos Aires)
Secretaria: Lidia Ascárate (UCR-Tucumán)
Secretaria: Nancy Sand (FdT-Corrientes)
Secretaria: Adriana Ruarte (Pro-Córdoba)
FdT: 15 miembros
JxC: 15 miembros
Cba. Fed.: 1 miembro
Presidente: Facundo Manes (UCR-Buenos Aires)
Vicepresidente 1°: Mara Brawer (FdT-CABA)
Vicepresidente 2°: Danya Tavela (Evolución Radical-Buenos Aires)
Secretario: Tomás Ledesma (FdT-Entre Ríos)
Secretaria: Sabrina Ajmechet (Pro-CABA)
Secretaria: Brenda Vargas Mayi (FdT-Buenos Aires
FdT: 15 miembros
JxC: 15 miembros
Cba. Fed.: 1 miembro
Presidente: Hernán Lombardi (Pro-Buenos Aires)
Vicepresidente 1°: Gisela Marziotta (FdT-CABA)
Vicepresidente 2°: Adriana Ruarte (Pro-Córdoba)
Secretaria: Victoria Morales Gorleri (Pro-CABA)
Secretaria: María Lucila Masin (FdT-Chaco)
Secretaria: Ximena García (UCR-Santa Fe)
Secretaria: Graciela Navarro (FdT-Santiago del Estero)
FdT: 15 miembros
JxC: 15 miembros
Id.Bon.: 1 miembro
Presidente: Rodolfo Tailhade (FdT-Buenos Aires)
Vicepresidente 1°: Pablo Tonelli (Pro-CABA)
Vicepresidente 2°: Ricardo Daniel Daives (FdT-Santiago del Estero)
Secretario: Fernando Carbajal (UCR-Formosa)
Secretario: Emiliano Yacobitti (Evolución Radical-CABA)
Secretario: Ana Fabiola Aubone (FdT-San Juan)
FdT: 14 miembros
JxC: 14 miembros
Cba. Fed.: 1 miembro
PTS-FIT: 1 miembro
Av. Lib.: 1 miembro
Presidente: Marisa Uceda (FdT-Mendoza)
Vicepresidente 1°: Alejandro Cacace (Evolución Radical-San Luis)
Vicepresidente 2°: Natalia de la Sota (Córdoba Federal-Córdoba)
Secretario: Ricardo Herrera (FdT-La Rioja)
Secretario: Juan Martín (UCR-Santa Fe)
Secretario: Nicolás Del Caño (PTS-FIT-Unidad-Buenos Aires)
FdT: 16 miembros
JxC: 16 miembros
Av.Lib.: 1 miembro
PS: 1 miembro
JSRN: 1 miembro
Presidente: Mónica Fein (PS-Santa Fe)
Vicepresidente 1°: Daniel Gollán (FdT-Buenos Aires)
Vicepresidente 2°: Rubén Manzi (CC-Catamarca)
Secretaria: Dina Rezinovsky (Pro-CABA)
Secretaria: Paola Vessvessian (FdT-Santa Cruz)
Secretario: Gustavo Bouhid (UCR-Jujuy)
FdT: 14 miembros
JxC: 14 miembros
PS: 1 miembro
PO: 1 miembro
Presidente: Roxana Reyes (UCR-Santa Cruz)
Vicepresidente 1°:
Vicepresidente 2°: Martín Maquieyra (Pro-La Pampa)
Secretaria: María Sotolano (Pro-Buenos Aires)
Secretario: Liliana Yambrún (FdT-Buenos Aires)
Secretaria: Magalí Mastaler (FdT-Santa Fe)
FdT: 16 miembros
JxC: 14 miembros
Presidente: Graciela Ocaña (Pro-Buenos Aires)
Vicepresidente 1°: Nilda Carrizo (Frente de Todos-Tucumán)
Vicepresidente 2°: Gabriela Besana (Pro-Buenos Aires)
Secretaria: María Luisa Montoto (Frente de Todos-Santiago del Estero)
Secretaria: Varinia Lis Marín (Frente de Todos-La Pampa)
Secretaria: Lidia Ascárate (UCR-Tucumán)
FdT: 15 miembros
JxC: 14 miembros
Av.Lib.: 1 miembro
Fte. de la Conc. Mis.: 1
Presidente: María Luján Rey (Pro-Buenos Aires)
Vicepresidente 1°: Mónica Litza (FdT-Buenos Aires)
Vicepresidente 2°: Manuel Aguirre (UCR-Corrientes)
Secretario: Bernardo Herrera (FdT-Santiago del Estero)
Secretaria: Mariana Stilman (CC-Buenos Aires)
FdT: 15 miembros
JxC: 15 miembros
PS: 1 miembro
Presidente: Vanesa Siley (FdT-Buenos Aires)
Vicepresidente 1°: Fabio Quetglas (UCR-Buenos Aires)
Vicepresidente 2°: Claudia Ormachea (FdT-Buenos Aires)
Secretaria: Mónica Frade (CC-Buenos Aires)
Secretario: Enrique Estévez (PS-Santa Fe)
FdT: 15 miembros
JxC: 15 miembros
Fte. de la Conc. Mis.: 1 miembro
Presidente: Alberto Asseff (Pro-Buenos Aires)
Vicepresidente 1°: Agustina Propato (FdT-Buenos Aires)
Vicepresidente 2°: Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos-CABA)
Secretario: Aldo Leiva (FdT-Chaco)
Secretario: Federico Frigerio (Pro-Tierra del Fuego)
Secretario: Eduardo Toniolli (FdT-Santa Fe)
FdT: 15 miembros
JxC: 15 miembros
Cba. Fed.: 1 miembro
Presidente: Daniel Brue (FdT-Santiago del Estero)
Vicepresidente 1°: Alfredo Schiavoni (Pro-Misiones)
Vicepresidente 2°: Lisandro Bormioli (FdT-Buenos Aires)
Secretaria: María Luisa Chomiak (FdT-Chaco)
Secretario: Alvaro González (Pro-CABA)
Secretario: Gerardo Cipolini (UCR-Chaco)
Secretaria: Natalia Zabala Chacur (FdT-San Luis)
FdT: 17 miembros
JxC: 17 miembros
Cba. Fed.: 1 miembro
Presidente: Ricardo Buryaile (UCR-Formosa)
Vicepresidente 1°: Carlos Ybrhain Ponce (FdT-San Luis)
Vicepresidente 2°: Pablo Torello (Pro-Buenos Aires)
Secretaria: Nelly Ramona Daldovo (FdT-Formosa)
Secretaria: Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical-Córdoba)
Secretario: Carlos Mario Gutiérrez (Córdoba Federal-Córdoba)
FdT: 15 miembros
JxC: 15 miembros
Id. Bon.: 1 miembro
Presidente: Alicia Aparicio (FdT-Buenos Aires)
Vicepresidente 1°: Lisandro Nieri (UCR-Mendoza)
FdT: 15 miembros
JxC: 15 miembros
Id. Bon.: 1 miembro
Presidente: Marcelo Casaretto (FdT-Entre Ríos)
Vicepresidente 1°: José Carlos Núñez (Pro-Santa Fe)
Vicepresidente 2°: Carolina Yutrovic (FdT-Tierra del Fuego)
Secretaria: Soher El Sukaria (Pro-Córdoba)
Secretaria: Victoria Tolosa Paz (FdT-Buenos Aires)
Secretario: Ignacio García Aresca (Córdoba Federal-Córdoba)
FdT: 15 miembros
JxC: 15 miembros
Id. Bon.: 1 miembro
Presidente: Gabriela Lena (UCR-Entre Ríos)
Vicepresidente 1°: Silvana Ginocchio (FdT-Catamarca)
Vicepresidente 2°: Germana Figeroa Casas (Pro-Santa Fe)
Secretario: Gabriel Chumpitaz (Pro-Santa Fe)
FdT: 16 miembros
JxC: 16 miembros
Cba. Fed.: 1 miembro
MPN: 1 miembro
Presidente: Santiago Igon (FdT-Chubut)
Vicepresidente 1°: Francisco Sánchez (Pro-Neuquén)
Vicepresidente 2°: Guillermo Carnaghi (FdT-Neuquén)
Secretaria: Jimena Latorre (UCR-Mendoza)
Secretaria: Ana Clara Romero (Pro-Chubut)
Secretario: Adolfo Bermejo (FdT-Mendoza)
FdT: 15 miembros
JxC: 15 miembros
PTS-FIT: 1 miembro
Presidente: Pablo Carro (FdT-Córdoba)
Vicepresidente 1°: Karina Banfi (UCR-Buenos Aires)
Vicepresidente 2°: Florencia Lampreabe (FdT-Buenos Aires)
Secretaria: Florencia Klipauka Lewtak (Pro-Misiones)
Secretaria: Liliana Paponet (FdT-Mendoza)
Secretario: Emiliano Yacobitti (Evolución Radical-CABA)
FdT: 15 miembros
JxC: 15 miembros
Id. Bon.: 1 miembro
Presidente: Jorge Rizzotti (UCR-Jujuy)
Vicepresidente 1°: María Jimena López (FdT-Buenos Aires)
Vicepresidente 2°: María Luján Rey (Pro-Buenos Aires)
Secretario: Jorge Antonio Romero(Frente de Todos-Corrientes)
Secretario: Daniel Julio Ferreyra (Frente de Todos-Jujuy)
Secretario: Aníbal Tortoriello (Pro-Río Negro)
FdT: 15 miembros
JxC: 15 miembros
PS: 1 miembro
Presidente: Ramiro Fernández Patri (FdT-Formosa)
Vicepresidente 1°: Sofía Brambilla (Pro-Corrientes)
Vicepresidente 2°: Héctor “Cacho” Bárbaro (FdT-Misiones)
Secretario: Roberto Antonio Sánchez (UCR-Tucumán)
Secretario: Fabián Borda (FdT-Corrientes)
Secretaria: Leila Chaher (FdT-Jujuy)
FdT: 15 miembros
JxC: 15 miembros
PS: 1 miembro
Presidente: Ingrid Jetter (Pro-Corrientes)
Vicepresidente 1°: Julio Pereyra (FdT-Buenos Aires)
Vicepresidente 2°: Marcos Gustavo Carasso (UCR-Córdoba)
Secretaria: María de las Mercedes Joury (Pro-Buenos Aires)
Secretaria: Nancy Sand (FdT-Corrientes)
Secretario: Tomás Ledesma (FdT-Entre Ríos)
FdT: 15 miembros
JxC: 15 miembros
JSRN: 1 miembro
Presidente: Mariana Zuvic (CC-CABA)
Vicepresidente 1°: Marcela Fabiana Passo (FdT-Buenos Aires)
Vicepresidente 2°: Héctor Stefani (Pro-Tierra del Fuego)
Secretario: Pedro Galimberti (UCR-Entre Ríos)
FdT: 14 miembros
JxC: 15 miembros
Cba. Fed.: 1 miembro
PO-FIT: 1 miembro
Presidente: Gustavo Hein (Pro-Entre Ríos)
Vicepresidente 1°: Federico Fagioli (FdT-Buenos Aires)
Vicepresidente 2°: Marcela Campagnolli (CC-Buenos Aires)
Secretario: Lucio Yapor (FdT-Buenos Aires)
Secretaria: Marcela Coli (UCR-La Pampa)
Secretario: Daniel Julio Ferreyra (FdT-Jujuy)
FdT: 16 miembros
JxC: 14 miembros
Id. Bon.: 1 miembro
Presidente: Paula Penacca (FdT-CABA)
Vicepresidente 1°: Alvaro Martínez (Pro-Mendoza)
Vicepresidente 2°: María Carolina Moisés (FdT-Jujuy)
Secretaria: Dolores Martínez (Evolución Radical-CABA)
Secretaria: Paola Vessvessian (FdT-Santa Cruz)
Secretario: Emilio Monzó (Encuentro Federal-Buenos Aires)
FdT: 16 miembros
JxC: 14 miembros
Id. Bon.: 1 miembro
Presidente: Ana Carolina Gaillard (FdT-Entre Ríos)
Vicepresidente 1°: Juan Manuel López (CC-Buenos Aires)
Vicepresidente 2°: Victoria Tolosa Paz (FdT-Buenos Aires)
Secretario: Mario Negri (UCR-Córdoba)
Secretario: Omar De Marchi (Pro-Mendoza)
Secretario: Alvaro González (Pro-CABA)
FdT: 15 miembros
JxC: 15 miembros
Id. Bon.: 1 miembro
Presidente: Leonardo Grosso (FdT-Buenos Aires)
Vicepresidente 1°: Martín Berhongaray (Evolución Radical-La Pampa)
Vicepresidente 2°: María Cristina Britez (FdT-Misiones)
Secretaria: Camila Crescimbeni (Pro-Buenos Aires)
Secretaria: Natalia Zaracho (FdT-Buenos Aires)
Secretaria: Ximena García (UCR-Santa Fe)
FdT: 15 miembros
JxC: 15 miembros
JSRN: 1 miembro
Presidente: Gustavo Santos (Pro-Córdoba)
Vicepresidente 1°: Gabriela Pedrali (FdT-La Rioja)
Vicepresidente 2°: Martín Arjol (UCR-Misiones)
Secretario: Guillermo Carnaghi (FdT-Neuquén)
Secretaria: Estela Hernández (FdT-Chubut)
FdT: 14 miembros
JxC: 14 miembros
Id. Bon.: 1 miembro
Fte. de la Conc. Mis.: 1 miembro
Presidente: Pablo Cervi (Evolución Radical-Neuquén)
Vicepresidente 1°: Susana Landriscini (FdT-Río Negro)
Vicepresidente 2°: Diego Sartori (Frente de la Concordia-Misiones)
Secretario: Leandro Santoro (FdT-CABA)
Secretario: Jorge Vara (UCR-Corrientes)
Secretario: Agustín Fernández (FdT-Tucumán)
FdT: 15 miembros
JxC: 15 miembros
Presidente: Walberto Allende (FdT-San Juan)
Vicepresidente 1°: Susana Laciar (Producción y Trabajo-San Juan)
Vicepresidente 2°: Jorge Guillermo Verón (FdT-Santa Cruz)
Secretaria: Karina Bachey (Pro-San Luis)
Secretario: Dante López Rodríguez (FdT-Catamarca)
Secretario: Francisco Monti (UCR-Catamarca)
FdT: 15 miembros
JxC: 14 miembros
JSRN: 1 miembro
Presidente: Federico Angelini (Pro-Santa Fe)
Vicepresidente 1°: Rogelio Iparraguirre (FdT-Buenos Aires)
Vicepresidente 2°: Gustavo Bouhid (UCR-Jujuy)
Secretaria: Agustina Propato (FdT-Buenos Aires)
Secretario: Gerardo Milman (Pro-Buenos Aires)
FdT: 15 miembros
JxC: 14 miembros
JSRN: 1 miembro
Presidente: Martín Tetaz (Evolución Radical-CABA)
Vicepresidente 1°: Dante López Rodríguez (FdT-Catamarca)
Vicepresidente 2°: Matías Taccetta (FdT-Catamarca)
Secretaria: Constanza Alonso (FdT-Buenos Aires)
Secretaria: Germana Figueroa Casas (Pro-Santa Fe)
Secretario: Aldo Adolfo Leiva (FdT-Chaco)
FdT: 15 miembros
JxC: 15 miembros
Id. Bon.: 1 miembro
Presidente: Camila Crescimbeni (Pro-Buenos Aires)
Vicepresidente 1°: Lía Verónica Caliva (FdT-Salta)
Vicepresidente 2°: Pamela Verasay (UCR-Mendoza)
Secretaria: Varinia Lis Marín (FdT-La Pampa)
Secretaria: Marcela Antola (Evolución Radical-Entre Ríos)
FdT: 15 miembros
JxC: 15 miembros
Id. Bon.: 1 miembro
Presidente: Héctor Baldassi (Pro-Córdoba)
Vicepresidente 1°: Mario Leito (FdT-Tucumán)
Vicepresidente 2°: Roberto Sánchez (UCR-Tucumán)
Secretaria: Tanya Bertoldi (FdT-Neuquén)
Secretaria: Natalia Souto (FdT-Buenos Aires)
Secretaria: Gabriela Besana (Pro-Buenos Aires)
FdT: 15 miembros
JxC: 15 miembros
PTS-FIT: 1 miembro
Presidente: Hugo Yasky (FdT-Buenos Aires)
Vicepresidente 1°: Sebastián Salvador (UCR-Buenos Aires)
Vicepresidente 2°: María Rosa Martínez (FdT-Buenos Aires)
Secretaria: Anahí Costa (FdT-Catamarca)
Secretario: Alejandro Vilca (PTS/FIT/Unidad-Jujuy)
FdT: 14 miembros
JxC: 15 miembros
PS: 1 miembro
PTS-FIT: 1 miembro
Presidente: Jorge Vara (UCR-Corrientes)
Vicepresidente 1°: Juan Carlos Alderete (FdT-Buenos Aires)
Vicepresidente 2°: Marilú Quiroz (Pro-Chaco)
Secretario: Eduardo Toniolli (FdT-Salta)
Secretario: Alvaro Martínez (Pro-Mendoza)
Secretaria: Natalia Zaracho (FdT-Buenos Aires)
FdT: 14 miembros
JxC: 14 miembros
Cba. Fed.: 1 miembro
Fte. de la Concord. Mis.: 1 miembro
Presidente: Fernando Iglesias (Pro-CABA)
Vicepresidente 1°: Eber Pérez Plaza (FdT-Mendoza)
Vicepresidente 2°: Roberto Mirabella (FdT-Santa Fe)
Secretario: Humberto Orrego (Producción y Trabajo-San Juan)
Secretario: Rubén Manzi (CC-Catamarca)
Secretario: Jorge Antonio Romero (FdT-Corrientes)
FdT: 15 miembros
JxC: 15 miembros
Id. Bon.: 1 miembro
Presidente: Sergio Casas (FdT-La Rioja)
Vicepresidente 1°: Juan Carlos Polini (UCR-Chaco)
Vicepresidente 2°: Eduardo Fernández (FdT-Córdoba)
Secretario: Emiliano Estrada (FdT-Salta)
Secretaria: Virginia Cornejo (Pro-Salta)
FdT: 14 miembros
JxC: 14 miembros
PTS-FIT: 1 miembro
PS: 1 miembro
Presidente: Víctor Hugo Romero (UCR-Córdoba)
Vicepresidente 1°: Liliana Yambrún (FdT-Buenos Aires)
Vicepresidente 2°: Héctor Stefani (Pro-Tierra del Fuego)
Secretaria: Constanza Alonso (FdT-Buenos Aires)
Secretario: Domingo Amaya (Encuentro Federal-Tucumán)
FdT: 15 miembros
JxC: 15 miembros
Id. Bon.: 1 miembro
Presidente: Ramiro Gutiérrez (FdT-Buenos Aires)
Vicepresidente 1°: Juan Martín (UCR-Santa Fe)
Vicepresidente 2°: Juan Manuel Pedrini (FdT-Chaco)
Secretario: Rogelio Iparraguirre (FdT-Buenos Aires)
Secretario: Gabriel Chumpitaz (Pro-Santa Fe)
Secretario: Gerardo Milman (Pro-Buenos Aires)
FdT: 16 miembros
JxC: 15 miembros
Presidente: Waldo Wolff (Pro-Buenos Aires)
Vicepresidente 1°: Liliana Paponet (FdT-Mendoza)
Vicepresidente 2°: Soledad Carrizo (UCR-Córdoba)
Secretaria: Nilda Moyano (FdT-Santiago del Estero)
Secretario: Miguel Bazze (UCR-Buenos Aires)
Secretaria: Sabrina Ajmechet (Pro-CABA)
FdT: 14 miembros
JxC: 15 miembros
Cba.Fed.: 1 miembro
JSRN: 1 miembro
Presidente: Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro-Río Negro)
Vicepresidente 1°: Leonor Martínez Villada (CC-Córdoba)
Vicepresidente 2°: Graciela Caselles (FdT-San Juan)
Secretaria: Lucila Masin (FdT-Chaco)
Secretaria: Dina Rezinovsky (Pro-CABA)
Secretaria: Estela Neder (FdT-Santiago del Estero)
FdT: 14 miembros
JxC: 15 miembros
PS: 1 miembro
PTS-FIT: 1 miembro
Presidente: Mónica Macha (FdT-Buenos Aires)
Vicepresidente 1°: Silvia Lospennato (Pro-Buenos Aires)
Vicepresidente 2°: Gabriela Estévez (FdT-Córdoba)
Secretario: Maximiliano Ferraro (CC-CABA)
Secretaria: Jimena López (FdT-Buenos Aires)
Secretaria: Gabriela Lena (UCR-Entre Ríos)
La reunión pedida por la oposición se realizará más tarde de lo previsto originalmente. Ya había sido oficializada el lunes para las 10 de la mañana.
De acuerdo con el emplazamiento establecido oportunamente en el recinto por parte de la oposición, que con 132 votos obligó al oficialismo a avanzar con el proyecto de reforma de la manera de votar, este miércoles ha sido convocada la Cámara de Diputados para tratar el tema.
Originalmente había sido solicitada esta sesión para las 10 de la mañana, y así lo corroboró el secretario Parlamentario de la Cámara, Eduardo Cergnul, al difundir el decreto correspondiente el lunes; pero este martes se conoció una modificación del horario de inicio de la sesión. A diferencia del poco habitual horario de las 10 de la mañana, la sesión arrancará a las 14, el horario tradicional de las sesiones en ambas cámaras.
La razón de la modificación tiene que ver con cuestiones climáticas: la niebla que se ha instalado en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano motivó esta inquietud atendida por los legisladores, pues ya este martes se registraron postergaciones en los vuelos por razones de seguridad.
La sesión se realizará a instancias de los diputados de la oposición que solicitaron esta sesión especial para tratar la modificación de la Ley 19.945 de Código Nacional Electoral, para la implementación de la Boleta Unica Papel para emisión del sufragio.
No se ha confirmado aún si habrá sesión también el jueves, para una serie de proyectos que le interesan especialmente al oficialismo, pero que contarían con la anuencia de la oposición para debatirlos. La misma todavía no ha sido confirmada y dependerá de si el presidente de la Cámara, Sergio Massa, acepta la invitación del presidente para acompañarlo a la Cumbre de las Américas en Los Angeles.
A instancias de la oposición, se debatirá ese día la implementación de la Boleta Unica en Papel para las elecciones nacionales.
Solicitada por diputados de la oposición la semana pasada, la Cámara de Diputados de la Nación convocó este lunes a través de su secretario Parlamentario, Eduardo Cergnul, a sesionar este miércoles 6 de junio a partir de las 10.
Será a instancias de los diputados de la oposición que solicitaron esta sesión especial para tratar la modificación de la Ley 19.945 de Código Nacional Electoral, para la implementación de la Boleta Unica Papel para emisión del sufragio.
La Cámara baja sesionaría también el jueves para una serie de proyectos que le interesan especialmente al oficialismo, pero que contarían con la anuencia de la oposición para debatirlos. Así y todo esa sesión todavía no ha sido confirmada y dependerá de si el presidente de la Cámara, Sergio Massa, acepta la invitación del presidente para acompañarlo a la Cumbre de las Américas en Los Angeles.
Citación-a-Sesión-Especial-8-de-junio-a-las-10.00-horasLa presentación se llevó a cabo en el Salón Blanco del Congreso. La iniciativa “implica un reconocimiento a las tareas de cuidado que históricamente realizan los movimientos sociales”, explicó la diputada Natalia Souto.
Diputados presentaron este lunes en el Salón Blanco del Congreso el proyecto de ley que regula la protección del trabajo de los cuidados comunitarios. La presentación estuvo a cargo de la diputada nacional Natalia Souto (FdT – Buenos Aires), junto a la secretaria Adjunta de la UTEP, Norma Morales, y otro conjunto de diputados nacionales y referentes de la UTEP.
La ley tiene como objetivo “reconocer el valor social que tiene el trabajo de cuidado comunitario como sostén de la vida del conjunto de la sociedad constituyéndose como apoyo fundamental de los sectores socioeconómicamente vulnerados de la sociedad”. “El trabajo de cuidado comunitario contribuye a achicar la brecha de acceso a los servicios de cuidados y fortalecer una perspectiva de vida más justa e igualitaria”, plantea.
Souto sostuvo que “este proyecto implica un reconocimiento a las tareas de cuidado que históricamente realizan los movimientos sociales en los barrios populares, principalmente las mujeres. Poder traer al Congreso estos proyectos que buscan garantizar derechos es justicia social”.
Los diputados del Pro realizaron la presentación judicial luego del escándalo que envolvió la salida de Matías Kulfas del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Los diputados nacionales Graciela Ocaña y Waldo Wolff (Pro) realizaron este lunes una denuncia penal para que se investiguen las presuntas irregularidades en el proceso licitatorio del gasoducto Néstor Kirchner.
En la presentación, los legisladores denunciaron puntualmente a Agustín Gerez, presidente de IEASA y a los funcionarios que intervinieron en la confección de la licitación, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tipificados en los artículos 248 y 265 del Código Penal.
La denuncia se da en el marco del pedido de renuncia que el presidente Alberto Fernández le hizo al ahora exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. En esa línea, solicitaron a la Justicia que se investiguen las declaraciones públicas y la información “off the record” que salió desde el entorno de Kulfas apuntando contra funcionarios de la Secretaría de Energía, vinculados a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
“Todas estas expresiones realizadas impúdicamente frente a toda la sociedad argentina indicarían que las especificaciones técnicas contenidas en el pliego licitatorio para la adquisición de tubos para el transporte del gas estarían direccionadas a efectos de favorecer a una empresa en particular, Tenaris Siat SA parte del grupo empresario TECHINT”, señalaron los diputados.
En ese sentido, remarcaron que en la licitación “se habrían violado los principios de razonabilidad, transparencia en los procedimientos y la igualdad de tratamientos para interesados y oferentes y la promoción de concurrencia de interesados y competencia de oferentes”.
En su Twitter, Ocaña afirmó que “las declaraciones del ahora ex Ministro Kulfas, refieren a un acto de corrupción en el proceso licitatorio del gasoducto Néstor Kirchner, junto al Diputado @WolffWaldo presentamos una denuncia penal para que la Justicia investigue y castigue a los responsables. No vamos a permitir que la obra pública siga siendo refugio de corruptos y ladrones”.
Mientras que Wolff resaltó que “la confesión de @KulfasM, quien era ministro de @alferdez y @CFKArgentina, indica que en la licitación del gasoducto NK hubo un proceso fraudulento. Por ese motivo hicimos la denuncia junto con @gracielaocana. Los flashes de la renuncia no deben tapar estos hechos gravísimos”.
Además de la denuncia de los diputados, este lunes también se presentó una denuncia desde la Fundación Apolo, más precisamente firmada por Yamil Santoro, José Magioncalda y José Luis Patiño, con el patrocinio de Francisco Oneto. En ese escrito se solicita que se investigue si existieron delitos, por entender que se trata de una presunta “administración fraudulenta agravada”.
A instancias de la oposición, se debatiría este miércoles Boleta Unica de Papel, en tanto que al día siguiente se abordarían una serie de proyectos consensuados, entre los cuales se destaca el alivio fiscal para monotributistas y autónomos.
La Cámara de Diputados se prepara para una semana más intensa que lo que vienen siendo las pasadas. A la serie de reuniones de comisión previstas para este martes se sumarían dos sesiones para miércoles y jueves próximo.
Alentados por el número logrado en la votación que le permitió a la oposición impulsar el “emplazamiento” a la Cámara baja para tratar de manera perentoria la reforma del sistema de votación, y luego por haber conseguido el dictamen de mayoría el martes pasado, Juntos por el Cambio y los demás bloques que apoyan la Boleta Unica de Papel (BUP) estaban en condiciones de llamar a sesionar esta misma semana, pero originalmente se había especulado con aguardar una semana más. Iba a ser una señal hacia el oficialismo para permitir que esta semana se realizara una sesión sobre temas consensuados y dejar para la siguiente el debate sobre la BUP. Sin embargo decidieron no demorar y apurar el tratamiento para este mismo miércoles a partir de las 10 de la mañana, hora a la que un elevado número de 35 diputados de varias bancadas opositoras convocaron a sesionar para cambiar el sistema de votación.
Es intención de la oposición que ese sea el único tema de debate de esa jornada y por lo tanto les corresponderá a ellos conseguir el quórum, que descuenta tendrán, habida cuenta del número que vienen consiguiendo ante cada instancia de tratamiento que ha tenido el tema en las últimas semanas. Recién después de que habiliten el tratamiento se espera que se siente el oficialismo en sus bancas para apoyar su dictamen de rechazo, invocando fundamentalmente la inconveniencia del debate de semejante tema en tan breve tiempo y con la intención de utilizarlo ya el próximo año.
“¿Para qué demorar la sesión? Para demorarlo ya está el Senado, que tratará de congelar el proyecto lo más que pueda”, expresó una fuente de Juntos por el Cambio consultada por parlamentario.com sobre la prisa en el tratamiento del tema esta misma semana.
Lo cierto es que la sesión sobre temas consensuados igual tendría realización esta misma semana. En el caso del oficialismo, también hay prisa para una pronta sesión, habida cuenta de que se proponen llevar al recinto el proyecto de ley de Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes y Autónomos que impulsa el jefe de la Cámara baja junto a otros legisladores del oficialismo y la oposición. Para su rápida aplicación, el proyecto debe pasar por ambas cámaras lo más pronto posible, por eso es que el oficialismo se propone convocar a sesionar este jueves, aunque todavía no ha convocado oficialmente.
El proyecto que contempla mejoras a 4,5 millones de monotributistas y 140 mil trabajadores autónomos tendrá dictamen este mismo martes en una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda convocada para las 15.30, en la que también se abordarán otros proyectos como la cesión de la jurisdicción y dominio de la provincia de Río Negro al Estado Nacional, para la creación del Parque Nacional Islote Lobos; el Parque Nacional Pre-Delta ubicado en el departamento de Diamante, Provincia de Entre Ríos y la creación del Parque y Reserva Nacional Ansenuza, que también quedarán habilitados para ser incluidos entonces en el temario de este jueves.
De las negociaciones que se realicen en el transcurso de la presente semana dependerá si se incluyen otros temas en el pedido de sesión de este jueves, como por ejemplo el proyecto de ley de Compre Argentino que impulsa el oficialismo pero que cuestiona Juntos por el Cambio. Se verá.
Será este martes en el marco de una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El proyecto impulsado por el presidente de la Cámara de Diputados y acompañado por legisladores oficialistas y de la oposición, plantea alivio para 4,5 millones de monotributistas y más de 140 mil trabajadores autónomos.
Este martes la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, comenzará el tratamiento del proyecto de ley de Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes y Autónomos que impulsa el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, junto a legisladores oficialistas y opositores. La reunión ha sido convocada para las 15.30.
La iniciativa, que es acompañada por los diputados oficialistas Leandro Santoro y Mónica Litza, Margarita Stolbizer (JxC) y Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense), alcanza con mejoras a 4,5 millones de monotributistas y 140 mil trabajadores autónomos de todo el país.
“Buscamos generar un alivio en el bolsillo de los pequeños contribuyentes con una medida simple, efectiva y práctica: subir los topes máximos de facturación desde julio sin modificar la cuota que pagan los monotributistas”, destacó Massa, que espera tratar el proyecto el próximo jueves en el recinto.
La propuesta para monotributistas permite adelantar al 1 de julio el ajuste para los montos máximos de facturación, ya que se adelanta la aplicación del índice del 29,12%. De esta manera, no incluirá aumento en las cuotas mensuales a pagar, sino que sólo se busca una actualización de los topes máximos de facturación para que los monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor, o quedar afuera del Régimen Simplificado, si su facturación creció en términos nominales por efecto de la alta inflación.
Estos cambios, impactarán positivamente en la situación económica de 4.498.419 monotributistas de todo el país, lo que representa el 39 % de AMBA y el 61% de las provincias del interior.
Respecto a los Autónomos que están alcanzados por el Impuestos a las Ganancias, alrededor de 140 mil contribuyentes, la solución que evalúa el proyecto se centra en incrementar las deducciones a fin de que el mínimo no imponible quede más equitativo o cercano al que aplican los empleados en relación de dependencia.
Así, la deducción especial para los autónomos representaría dos veces la ganancia no imponible, pasando la deducción de $505.129,66 a $757.694,52. De esta manera la “brecha” de la deducción especial entre el empleado y el autónomo se achicaría de $707.181,58 a $454.616,72. Asimismo, para nuevos profesionales se eleva de 1,5 a 2,5 veces la ganancia no imponible.
Este incremento de la deducción impacta principalmente en los 140 mil autónomos con ingresos de hasta $ 8 millones, que concentran el 95% de los autónomos con impuesto determinado en el impuesto a las ganancias. Para esos independientes, se estima un ingreso adicional de bolsillo promedio de $ 52 mil anuales producto del alivio fiscal.
Presentaron este jueves un pedido oficial al presidente de la Cámara para sesionar el miércoles 8 de junio, ocho días después de haberse emitido los dictámenes sobre el tema.
Legisladores de todos los sectores de la oposición que apoyan el cambio de sistema para votar presentaron este jueves un pedido al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para sesionar el miércoles de la próxima semana para tratar la Boleta Unica de Papel.
El pedido es para comenzar la sesión a partir de las 10 y lleva las firmas de 35 diputados nacionales correspondientes a todos los sectores que apoyan la BUP.
El dictamen de mayoría que se debatirá en primer lugar en esa sesión corresponde a la oposición, que consiguió reunir una firma más que el dictamen de rechazo del oficialismo (58 a 57).
Corresponderá en primer lugar por parte de la oposición que apoya el cambio de sistema de votación alcanzar quórum, pero se descuenta que ese no será un problema, a partir de los números alcanzados no solo en el emplazamiento votado inicialmente en el recinto de la Cámara (se alcanzó el apoyo de 132 voluntades), sino también a la hora del dictamen de mayoría que consiguió.
El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, se trató en un plenario de comisiones de Industria y de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Un plenario de comisiones de Industria y de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados inició este miércoles el debate del proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, que propone una prórroga de la Ley de Biotecnología, a la vez que incorpora la nanotecnología a ese régimen de promoción y beneficios fiscales que está próximo a vencer.
En el final del encuentro, el presidente de Industria, Marcelo Casaretto (FdT), anticipó que la semana que viene se llevaría a cabo una nueva reunión y, en caso de ser necesario, se convocarán a más expositores, al tiempo que se pasará al debate del articulado, en base a sugerencias de modificaciones al texto original que ya se acercaron desde la oposición.
En el marco de la reunión informativa, en primer lugar, tomó la palabra el secretario de Industria, Ariel Schale, quien aseguró que el objetivo del Gobierno es “seguir fortaleciendo el entramado productivo nacional, en este caso en uno de los sectores más dinamizantes, donde se despliegan las mejores capacidades de los argentinos, como es el sector de la biotecnología”.
El funcionario explicó que la iniciativa apunta a extender la ley vigente -que vence en julio de este año- hasta 2037, de modo de que el esquema de incentivos y promoción se mantenga para “poder marcar un horizonte a largo plazo para que nuestras empresas puedan planificar con tranquilidad y estabilidad del marco normativo”. Asimismo, se prevé “incorporar a otro eslabón central como la nanotecnología, actividades muy coexistentes”.
Schale recordó que la ley fue “diseñada durante el gobierno de Néstor Kirchner”, sin embargo, algunos de sus beneficios se reglamentaron en 2018, durante el gobierno anterior. Por eso, analizó que en este debate “estamos en un proceso de construcción de política de Estado”.
A continuación, la subsecretaria de Economía del Conocimiento, María Apólito, resaltó que “la biotecnología es un sector muy relevante en Argentina, que está dentro de los veinte países con más empresas dedicadas a la biotecnología, donde se apuesta fuertemente, sobre todo, al tema agro, salud humana y animal”. “Hay muchos proyectos en marcha que tienen que ver con la remediación del medioambiente”, agregó.
En cuanto a la nanotecnología, la funcionaria detalló que hay “80 empresas, de las cuales 20 o más de 20 han surgido en los últimos tres años”. En ese sentido, defendió la inclusión de la nanotecnología “no solo porque están incrementándose las empresas del sector, sino porque hay muchos proyectos hoy que combinan ambas actividades”.
En estos últimos tres años, Apólito precisó que se otorgaron “590 millones de pesos de beneficios fiscales”. “Las empresas que utilizan los beneficios recuperan aproximadamente un 43% de la inversión”, afirmó y explicó que estos “son sectores que requieren no solo de recursos humanos calificados, sino de grandes inversiones y plazos largos para recuperar esas inversiones”, por lo cual “un régimen de esta naturaleza es fundamental para seguir desarrollando esta actividad”.
A su turno, el presidente de la Agencia I+D+I, Fernando Peirano, manifestó que “es imprescindible prorrogar este régimen porque hay un ciclo de inversiones en marcha. Necesitamos no solo ayuda económica, sino brindar certidumbre”.
“Tenemos el desafío de combinar la inversión con la innovación. Tenemos que pensar en un ciclo de políticas públicas que esté en sintonía con el ciclo de decisiones en el ámbito de la ciencia, tecnología e inversión empresarial”, consideró, y apuntó que eso “excede a una gestión” sino que debe pensarse a largo plazo, “a más de una década”.
Y añadió: “Apoyemos un instrumento que tiene como rasgo los proyectos intensivos de bienes de capital y démosle a esa inversión, importante y distintiva para nuestro país en investigación y ciencia básica, la oportunidad de transformarse e ir de las ideas a los proyectos, de los proyectos a nuevos productos, y porque no a nuevos empleos y exportaciones”.
Gabriela Ciccia, representante de la Cámara Argentina de Biotecnología, dijo que “la pandemia si tuvo algo bueno es que a los que hacemos ciencia, tecnología, innovación y biotecnología nos hizo visibles”.
“Argentina es líder en biotecnología, también puede pasar que lo seamos con la nanotecnología. ¿Por qué es líder? Porque tenemos recursos humanos altamente calificados, tanto del sector científico público como del privado; tiene infraestructura productiva; tiene autoridades regulatorias; y tiene un marco regulatorio”, destacó.
Ciccia aseguró que “estamos muy de acuerdo con la prórroga, sabemos que esto vence en junio, y deseamos que el Congreso pueda prorrogarlo”. Sobre algunos puntos del proyecto, pidió que en la ley figuren “los bonos de crédito fiscal” que hoy están en un decreto reglamentario, y que éstos “sean transferibles, aunque sea por una única vez”.
También expusieron Diego La Torre, CEO de Tecnovax; Pablo Turek, director de Crudda;
Sergio Drucaroff, coordinador Ejecutivo de la Cámara Argentina de Biotecnología; Alejandro Vilca, director científico Incubadora de la Universidad Nacional de Rosario; Javier Viqueira, presidente de Adox; Diego Comerci, director científico de Chemtest Argentina; y Marco Serventich, de Richmond SA.
La iniciativa propone extender el Régimen de Promoción establecido en la Ley 26.270 de “Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna”, cuya vigencia de 15 años vencería a mediados de este año, así como también se incluyen ampliaciones y modernizaciones al texto normativo vigente.
El proyecto prevé que el régimen tenga vigencia hasta el 31 de diciembre de 2037 y se busca que el alcance de la ley incluya al sector de la nanotecnología.
Se propone una actualización en los conceptos de las definiciones de biotecnología y nanotecnología, considerando las circunstancias actuales de estos sectores productivos, así como también se dispone la creación de un nuevo registro de proyectos.
Según la última Encuesta Nacional de Empresas de Biotecnología 2015, Argentina cuenta con más de 200 empresas biotecnológicas, que generan ventas superiores 2.100 millones de dólares al año. De este monto, el 20% se destina al mercado externo, originando una importante cantidad de divisas para el país.
Fue en el marco de la jornada “Esclerosis múltiple: escenario actual en la Argentina”, donde pacientes y expertos en la materia dialogaron acerca de los tratamientos que se aplican en nuestro país.
Con la intención de reflexionar acerca del abordaje que se le da a esta enfermedad, la Oficina Científica de Asesoramiento Legislativo (OCAL) realizó una jornada de debate sobre “Esclerosis Múltiple (EM): escenario actual en Argentina”, en la que participaron pacientes y expertos en la enfermedad para dialogar sobre su tratamiento y abordaje en nuestro país.
El evento se llevó a cabo en el Salón Delia Parodi, donde el director de la OCAL, Claudio Oscar Fernández Outon, se mostró “orgulloso por la presencia de los pacientes y las asociaciones que representan al pueblo” y expresó que “la información recopilada en la jornada llegará a los 257 diputados, de modo que con ese informe puedan trabajar en una legislación más justa”.
Mientras que el representante de la Sociedad Neurológica Argentina, Andrés Barboza, inició la ronda de expositores e indicó que evidencian un incremento de su prevalencia en la última década, por lo que infiere que, actualmente, 22 mil personas viven con Esclerosis Múltiple en nuestro país, de las cuales uno de cada tres está desempleada a causa de la enfermedad.
En tanto el doctor Orlando Garcea, del Hospital Ramos Mejía, focalizó en las posibles soluciones al problema del diagnóstico insuficiente o tardío de la ME, producto de un desconocimiento general de los síntomas por parte del paciente, y de la falta de profesionales y de equipamiento especializados en la detección y tratamiento de la patología.
Sobre esa misma línea la representante del Hospital Británico y EMA (Esclerosis Múltiple Argentina), Adriana Carrá, aportó su reflexión respecto de la vital importancia de una escucha anticipada del paciente con EM, “de quien se sabe que, sin tratamiento, denota dificultad de caminar media cuadra a los ocho años de la enfermedad, precisa asistencia para movilizarse a los veinte, y depende de una silla de ruedas alcanzados los 30 de iniciada la misma”.
A su turno, el referente de la Fundación Fleni, Jorge Correale, afirmó que en la actualidad los fármacos, las terapias de rehabilitación y los hábitos de vida saludable se orientan en reducir los síntomas y en frenar la progresión de la Esclerosis Múltiple, pero que los avances en los tratamientos modificatorios animan a proyectar que “el final del camino es evitar la enfermedad”.
Finalmente, en nombre del Instituto de Neurociencias Restaurativas (INERE), Fernando Cáceres, bregó por un manejo integral de la Esclerosis Múltiple, “en el cual no se hable de síntomas sino de problemas cognitivos, emocionales y físicos”, orientado a reducir el deterioro intelectual y la fatiga, “los dilemas principales del paciente en su desarrollo laboral, social y familiar”.
En representación del Comité Científico de la OCAL, participaron de la jornada el Sergio Pampin y las Daniela Gutiérrez y María Soledad Santini. La iniciativa aportó, además, representatividad de pacientes con EM, mediante la presencia de Florencia Bettina Chichi, Analia Navarre, Román Rienzi y María Cristina Abbiati.
Completaron la convocatoria del encuentro sociedades médico-científicas y entidades hospitalarias, a partir de la presencia de la Johana Bauer del EMA; de la presidenta de ALCEM, Susana Giachello; del docente del Instituto Universitario de Neuro-Inmunología (UBA), Andrés Villa; del jefe de servicio del CEMBA, Edgardo Cristiano; de la coordinadora de la INERE, Laura Saladino; de la integrante del CEMBA, Liliana Patrucco; Del profesional de los Hospitales Posadas y Fernández, Daniel Muñoz; del profesional del Hospital Alemán, Dr. Alejandro Schneider; del referente de la Fundación Favaloro e INECO, Vladimiro Sinay; del integrante del CDU del Hospital Ramos Mejía, Néstor Katz, y de la referente del Hospital Italiano e Instituto Leloir, Berenice Silva.
Cabe recordar que la esclerosis múltiple es una enfermedad inmunomediada, desmielinizante y neurodegenerativa del sistema nervioso central que afecta al encéfalo y la médula espinal. Causante de recaídas que atrofian la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo – capaces de generar una discapacidad residual -, la EM es una enfermedad que por el momento no dispone de cura. No obstante, detectándola en estadios iniciales, y con tratamientos adecuados se pueden mejorar los síntomas y la calidad de vida de las personas que la transitan.
La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y comienza a ser tratada este miércoles con la presencia de invitados.
Aprobado en la Cámara alta por 37 votos a favor y 31 en contra el pasado 12 de mayo, comenzarán a discutir esta semana en Diputados el proyecto para crear un fondo para pagarle al FMI con dólares fugados.
En efecto, es la Comisión de Legislación General, que preside Cecilia Moreau, la que ha sido convocada para este miércoles para comenzar a discutir el proyecto impulsado en la Cámara alta por el neuquino Oscar Parrilli.
El debate sobre el proyecto el cual se crea el Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional arrancará con la presencia de especialistas que han sido invitados a exponer. Según el listado al que accedió parlamentario.com, visitarán la Comisión de Legislación General a partir de las 13.30 Eduardo Barcesat, Noemí Brenta, Pablo Manzanelli, Horacio Rovelli, Mercedes Dalessandro y Andrés Edelstein.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda -la otra que participará de este debate- no ha sido convocada para este miércoles, pero los diputados de la misma que lo deseen pueden asistir. Adelantaron también que ya convocarán a otra reunión informativa con Legislación General.
La oposición reunió un total de 58 firmas para hacerse con el dictamen de mayoría de Boleta Única de Papel, mientras que el oficialismo juntó, con el acompañamiento del misionero Sartori, 57 firmas para alzarse con un dictamen de rechazo.
Tras dos jornadas de debate con invitados a exponer, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados cerró este martes el tratamiento al proyecto de Boleta Única de Papel impulsado por la oposición que logró reunir los números suficientes para alzarse con el dictamen de mayoría, mientras que el oficialismo firmó el despacho de rechazo.
En el plenario de las comisiones que presiden los oficialistas Hernán Pérez Araujo, Rodolfo Tailhade y Carlos Heller, que se llevó a cabo en el Anexo “C”, Juntos por el Cambio reunió un total de 58 firmas, mientras que el Frente de Todos sumó 57 firmas con acompañamiento del misionero Diego Sartori (Frente de la Concordia Misionero).
La secretaria Parlamentaria del interbloque de JxC, Silvia Lospennato, abrió la ronda de oradores al destacar la labor llevada a cabo con los expositores porque “de ahí salió un acuerdo mayoritario de introducir cambios en el sistema electoral”, y sumó: “Llegamos a este plenario luego de que la sociedad argentina nos reclamara como dirigentes políticos construir un gran consenso con quienes no pensamos lo mismo en algunos temas, pero si somos capaces de encontrar objetivos en común”.
“El objetivo común que hay detrás de este gran acuerdo político, que se manifestó con este emplazamiento a comisiones y concluirá con un dictamen común de muchísimos bloques, es la mejora de nuestro sistema democrático y creemos que la boleta única apunta a eso”, resaltó la diputada del Pro.
A continuación, dio detalles del “consenso” al que se arribó que “representa a la mayoría de la Cámara de Diputados” que puede “seguir engrosándose”.
“Nuestro dictamen tiene como objetivo principal introducir la Boleta Única de Papel como instrumento para la emisión del sufragio”, subrayó Lospennato y explicó que se optó por dicho sistema y no por otros porque “tenía mayores niveles de acuerdo”, y que se eligió por un tipo de “modelo denominado cordobés” porque “hace constar en una única papeleta todas las categorías que están en juego en una elección nacional”. Es decir que cada cuatro años incluirá las categorías de presidentes y vice, y diputados y senadores en las provincias.
En ese sentido, explayó: “Este modelo de boleta que adoptamos incluye en la elección general la elección del voto por lista completa que esté representada por la agrupación política que haga la propuesta electoral y los electores podrán hacer una marca en el casillero de lista completa votando en una sola vez todas las categorías”.
Sobre la cantidad de nombres que se visualizarán, detalló: “Hemos optado por la cantidad de cinco nombres en la elección general y esto va a permitir que 20 de las provincias tengan su oferta electoral completa en cada elección de medio término, mientras que las otras 4 provincias tendrán un afiche complementario donde los electores podrán tener acceso a la nómina completa”.
“La Boleta Única no va a incluir un casillero de voto en blanco”, aclaró la legisladora de JxC debido a que el voto el blanco es entendido como “la no emisión el voto en una o en todas las categorías”. “Sobre la convivencia a nivel nacional con distintos sistemas electorales de provincias es la que existen en la ley de simultaneidad, si una provincia desea realizar su elección el mismo día que la nacional pueda optar por el sistema de simultaneidad”, agregó.
Respecto a la cantidad de votos nulos explicó que “hemos puesto un porcentaje para que la urna con una determinada cantidad de votos nulos deberá ser recontada en el escrutinio total”. Además, sobre el diseño sostuvo: “Hemos incluido algunas pautas aprendiendo ellos expositores que nos pidieron no hace una ley extremadamente reglamentaria ero dar pautas claras del ordenamiento y hemos respetado la reglamentación vigente en relación a las adhesiones de boleta entre las distintas categorías de la misma agrupación política estableciendo cómo estas decisiones son representadas a través de franjas que comparten un mismo color de agrupación política para darle una mejor visibilidad y ser amigable con los electores y poder encontrar rápidamente la oferta electoral”.
“También incluimos algunos principios sobre el cuidado del ambiente. Hemos previsto facultar a la Cámara Nacional Electoral para que implemente tecnología en alguna de las otras instancias del proceso electoral que no son el instrumento de votación, pero que permiten modernizar y agilizar el proceso como la identificación biométrica de elecciones”, informó Lospennato.
Por otro lado, sobre la cantidad de fotos en cada categoría la diputada del Pro explicó que sea “de las dos primeras personas para compatibilizar este objetivo que ha tenido la Ley de Paridad” porque va a impedir que “se ponga la foto de otro candidato que no encabeza la lista”.
Tras desmenuzar en detalle el dictamen de mayoría, la secretaria Parlamentaria de JxC resaltó que “esta ley es un ejemplo que nos pide la ciudadanía porque es posible ponerse de acuerdo con los que piensan distinto, porque hay un objetivo en común que es mejorar el sistema electoral que, si bien funciona, a lo largo de los años fue incorporando vicios que la boleta única va a corregir, porque esos vicios degradan la elección”.
“La Boleta Única no es la solución definitiva a todos los problemas que detectamos, porque las soluciones mágicas en la democracia no existen, este instrumento no hace desaparecer el clientelismo político, que es tal vez el vicio más grande que tiene el sistema, porque transforma a los votantes en rehenes, pero disminuye el peso de aparatos partidarios. La Boleta Única no va a resolver la inflación, ni las jubilaciones miserias, ni recuperar las violentas muertes por inseguridad, ni va a recuperar los días de escuela que se perdieron, ni va a conmover al narcotráfico que se adueñó de gran parte del país, pero va a asegurar a cada ciudadano que puede elegir con mayor libertad a quien crea que le puede resolver esos problemas”, cerró Lospennato.
A su turno, el presidente del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, apuntó: “Desde que comenzamos el trabajo sucedieron cosas llamativas. El primer hecho significativo es que por primera vez el presidente y la vicepresidenta coincidieron públicamente en impugnar con todas las letras la boleta única de papel, es un hecho significativo hace mucho tiempo que no coinciden públicamente en un tema”.
“El segundo momento fue de la descalificación alevosa. El ministro del Interior, Wado De Pedro, nos mandó a decir a través de su representación que estábamos trabajando en soluciones mágicas a problemas inexistentes. La tercera etapa se dio en forma de amenaza, la amenaza del veto incluye todo el día todos los días los mensajes que nos llegan por diferentes caminos”, denunció el diputado de Identidad Bonaerense y dejó en claro que seguirán trabajando en este tema.
También respaldó la iniciativa el titular del bloque Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien expresó: “Estamos legislando sobre el modo en que los argentinos van a votar. Queremos hacer la mejor ley posible, que rija por muchos años. Ninguna ley, ningún instrumento es neutro, pero nosotros queremos encontrar el mejor para una responsabilidad tan grande. Lamentablemente el Poder Ejecutivo nos envió una representante que esgrimió un solo argumento ‘que la legitimidad de las autoridades si votamos esta ley podía estar en cuestionamiento’ y dijo que no se habían judicializado los resultados anteriores ni controvertidos. Es verdad, pero que se han denunciado irregularidad y fraudes sistemáticos es una realidad que no hace falta que las relatemos”.
“En 2007 fuimos víctimas de un robo sistemático de boletas. Lo denunciamos en su oportunidad y la Cámara Nacional comenzó a sugerir este sistema de votación”, recordó López y bregó para que “el debate debe ser en el mejor tono posible. No se si el oficialismo se va a oponer abiertamente a esta ley, desearía que no, porque tengo la esperanza de darle mejor representación a la ciudadanía”.
De forma breve, de la vereda de enfrente el presidente del bloque del FdT, Germán Martínez, le contestó al diputado preopinante: “Cuando en diciembre del 2012 impulsamos la Ley del Voto Joven hubo 123 ausencias ¿no confiaban en los jóvenes para ampliar el sufragio?”, y acusó: “Nosotros venimos a este debate que es una simulación porque ni siquiera pudimos discutir entre nosotros las posiciones políticas, no pudimos hacer un análisis de los que se dijo en reuniones anteriores respecto a los distintos invitados y encima se dicen cosas que van en contra de lo que los bloques opositores manifestaron en otras instancias. Me parece que si queremos encontrar una forma de llevar adelante el debate, no es justamente dando consejos a nuestro bloque”.
En el mismo sentido, de manera acotada la diputada oficialista Mónica Litza apuntó: “Esta premura en aprobar y en hacer este dictamen espero que lo tengan para que nos acompañen en el proyecto que genera alivio para el bolsillo de los trabajadores monotributistas y autónomos que están realmente en el centro de preocupación de la gente y no este debate que, si bien hay que darlo, esta en las antípodas de las prioridades que tiene el pueblo argentino”.
Por el contrario, el legislador Pablo Tonelli (Pro – CABA) recordó que “hace 15 años presenté el proyecto de Boleta Única” por lo que celebró el debate que “representa un avance”. “Hay una adopción para la aplicación de la Boleta que nadie mencionó y es la elección que garantiza a los ciudadanos el artículo 37 de la Constitución Nacional dice que el ‘Estado garantiza los derechos políticos de los ciudadanos’”, indicó.
“Es el artículo más sagrado, es el alto grado de soberanía de un ciudadano. El sistema de Boleta Única garantiza a todos y cada uno de los electores que van a poder votar por su candidato de preferencia, eso es decisivo. Estamos garantizando a cada elector que cuando entre al cuarto oscuro va a ejercer ese acto de soberanía con toda libertad y va a poder votar por quien quiera votar”, respaldó Tonelli y lamentó que “el oficialismo se haya encerrado en una actitud contraria, negativa, saber que existen estos problemas y estamos obligados a solucionarlos, en lugar de acompañar las mejoras se encerró en una negativa que implica un método obsoleto, obtuso y defender la posibilidad de que haya electores que no pueden votar”.
En el uso de la palabra, la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) remarcó que “no se construye nada sacando los trapitos al sol diciendo qué hizo cada uno, porque no hace falta porque se sabe. Estamos viviendo tiempos de crisis de representación que no son nuevos, la crisis de representación del sistema democrático ya lleva en el mundo una discusión extensa en el tiempo que está vinculada a una serie de cuestiones como es el avance de la tecnología, de la comunicación que nos ofrece un ciudadano que es actor político”.
La realidad es que estamos divorciados de la sociedad, que camina como ciudadano político sola. Tenemos en crisis el sistema de representación”, advirtió Camaño.
“A veces nos decimos muchas pavadas, pero porque no nos damos la oportunidad de ahondar más en lo que pasa. Tenemos un ciudadano que es actor político. Esta horizontalización de la información ha cambiado le sistema, más allá de que nos queremos aferrar a lo conocido. La realidad es que estamos divorciados de la sociedad, que camina como ciudadano político sola, haciendo sus elecciones a veces influidas por la comunicación institucionalizada, a veces influida por las fake news que se construyen en redes, pero cambia solo porque nosotros no tenemos la capacidad de darnos cuenta que tenemos en crisis el sistema de representación y esto después con el tiempo se va advirtiendo en apariciones que resultan increíbles”, explayó la diputada miembro del interbloque Federal.
Y continuó: “La crisis de representación en nuestro país tiene que ver con un pueblo que hace 15 años no alcanza a divisar una salida provisoria, en cambio ¿Qué ve? ve esa discusión insustancial de ‘vos hiciste esto, vos lo otro’, ve que somos egocéntricos, que estamos en una suerte de cápsula que estamos viendo cuáles son nuestras mejores virtudes para derramarlas en algún problema y perdimos le diálogo político algo que tuvo la suerte de verlo en este ámbito de representación”.
“El diálogo no es opción, es una obligación porque es a partir del diálogo que estamos obligados como representantes del pueblo que podemos construir la salida para el país. Necesitamos el diálogo político. Sabemos que teníamos que buscar una forma de expresión popular que rescatara al ciudadano actor político como el sujeto activo del proceso electoral”, subrayó la legisladora.
El diálogo no es opción, es una obligación porque es a partir del diálogo que estamos obligados como representantes del pueblo que podemos construir la salida para el país”, expresó Camaño.
En ese marco, cerró Camaño: “¿Por qué tenemos que facilitarles las elecciones a los votantes? porque tenemos miedo de que no vayan a votar. Queremos la centralidad del ciudadano para que adentro del cuarto se sienta soberano y marcar los destinos de la patria”.
Con fuertes críticas, la diputada de izquierda Myriam Bregman recordó el pedido de emplazamiento del proyecto de aumento de emergencia a salarios y jubilaciones de su par Nicolás Del Caño que “nadie voto” y cuestionó: “Estamos ahora debatiendo un tema que solo le interesa a la dirigencia política en vez de debatir tarifazos”.
“Nosotros siempre hemos cuestionado el sistema electoral vigente porque ¿Quién puede decir que no faltan boletas en las elecciones? ¿Quién pude decir que tenes que tener fiscales todo el día porque sino tu boleta desapareció? Venimos a discutir sin haber leído el dictamen porque no lo pasaron. ¿Cómo van a compatibilizar esto con las PASO? Tiene que profundizar ese punto, ¿Qué pasa si hay 50 listas? no está aclarado. El desdoblamiento perjudica a partidos chicos como los nuestros”, enumeró la legisladora del PTS/FIT Unidad y señaló: “Hay profundas inconsistencias y debía debatirse de forma más integral”.
En el mismo sentido, su par Romina del Plá (PO/FIT-Unidad) disparó: “Desde la oposición que insiste en este tema hay una enorme hipocresía porque no pueden justificar porqué donde gobiernan no aplican este sistema. Y el oficialismo trajo una funcionaria del interior que sus afirmaciones eran absurdas y no los ayudó en nada. Todo está al servicio del dominio de los grandes aparatos y punteros que integran las dos principales coaliciones”.
Por Salta, el diputado oficialista Lucas Godoy adelantó que “no se puede aprobar una reforma de manera apurada y sin debate”, y cuestionó que “no se analizaron de forma profunda los cambios”.
En ese marco, contó que en su provincia rige el sistema de boleta electrónica, pero “no fue de un día para el otro, no se pasó así nomás, los procesos de capacitación fueron profundos se trabajó constantemente. La crisis de representación no se soluciona cambiando el sistema, no es más sencilla la Boleta Única de papel”.
“No hay crisis de legitimidad con la boleta partidaria de los representantes porque todos los partidos políticos oficialismo y oposición han ganado y perdido elecciones”, señaló Godoy y sumó: “Este debate se está haciendo a las patadas, puedo estar de acuerdo con la implementación de la Boleta Única a nivel nacional, pero así no. Su implementación dice ‘al otro día’ se promueve el desdoblamiento de las elecciones. No se puede avanzar pensando en que este es el mejor sistema y vamos a hacer una revolución democrática cambiando el sistema de elección, se subestima al votante”.
A su turno, la legisladora correntina Ingrid Jetter (Pro) manifestó que “la ciudadanía esta demandando modernizar todos los sistemas”, aunque reconoció que todavía falta, pero “es un gran avance”. En tanto, destacó que no es una iniciativa que surgió hace dos semanas, sino que hay iniciativas que se vienen presentando hace años para “modernizar el anticuado sistema electoral. Hay que devolver potestad al ciudadano, de eso se trata la Boleta Única”.
Además, enumeró: “Se utiliza este método en distintas provincias de otros signos políticos, no es una cuestión partidaria es asegurarle al elector mas transparencia y derechos; un efecto importante es el ahorro miles de millones en la impresión de boletas que siempre significó un costo muy importante; contribuimos al medio ambiente; solo 16 países en el mundo no tienen este sistema de Boleta Única”.
En el mismo sentido se expresó la legisladora cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro) para quien con “la implementación de este sistema se termina el voto cadena, el voto cantado y también la desaparición de boletas”. Y al mismo tiempo agregó que “se termina la impresión de millones de boletas, que generan un alto costo y un importante daño al medioambiente”.
Finalmente, Rodríguez Machado mencionó otro aspecto muy importante que establece este proyecto. “Le devolvemos la posibilidad del voto por correo a los argentinos que se encuentran en el exterior. Ellos volverán a elegir a los responsables de gobernar en su país, un derecho que se les quitó con la llegada del kirchnerismo al Gobierno”, concluyó.
Cerró la ronda de disertadores el diputado oficialista Eduardo Valdés quien expresó: “Me siento en deuda con los valores que creíamos que la democracia iba a resolver respecto de los problemas que se acarreó con la dictadura”.
“En el tema del derecho electoral no siento que sea la falencia que tiene la democracia argentina con su ciudadanía. En la argentina con este sistema de boleta siempre hubo alternancias partidarias y han ganado todos”, explicó y criticó: “Siento que la oposición decidió mostrar que tienen más diputados que el oficialismo y, así como aquel día votaron que no tuviéramos presupuesto, han decidido que al agenda en la política la tienen ellos y existe este tema de discutir Boleta Única”, y cerró: “La democracia debe servir para curar y sanar, en este tema no me siento en deuda”.
El proyecto consensuado por la oposición que apoya el cambio del sistema de votación establece las características de la BUE: qué datos debe incluir y cómo debe ser la resolución para las distintas alternativas que puedan presentarse.
Incluirá todas las categorías para la que se realiza la elección, claramente distinguidas.
Estará dividida en espacios, franjas o filas horizontales para cada agrupación política que participe.
Ahí figurará el nombre del partido político o alianza. En las elecciones presidenciales, cuando en la misma franja se incluyan legisladores nacionales, se utilizará el nombre de la agrupación de orden nacional.
En el caso de las PASO, figurará la denominación de la lista interna.
Para el caso de presidente y vice, aparecerá nombre, apellido y foto de ambos candidatos.
Para el caso de senadores nacionales: nombre y apellido de los candidatos y foto color de las personas titulares.
Para el caso de diputados nacionales figurarán como mínimo los nombres y apellidos de los 5 primeros candidatos de la lista a excepción de los distritos que elijan un número inferior. En todos los casos se incluirá la foto color de las primeras dos candidatas o candidatos titulares.
En el caso de parlamentarios del Mercosur por distrito nacional, figurarán los 5 primeros candidatos de la lista y foto color de las dos primeras personas titulares.
Para el caso de candidatos a parlamentario del Mercosur por distrito provincial, nombre y apellido y foto del candidato titular.
Habrá junto a cada tramo de cargo electivo un casillero en blanco con el fin de votar cada categoría.
Si el partido político o alianza no participa de alguna de las categorías de cargos a elegir, se incluirá en el espacio correspondiente la inscripción: “No presenta candidato”.
Se contempla un casillero en blanco para que se pueda votar por lista completa próximo a la identificación de la agrupación política.
Las listas completas de candidatas y candidatos con sus respectivos suplentes deben ser publicadas en afiches o carteles de exhibición obligatoria de manera clara y visible en cada cabina de votación.
Para facilitar el voto de los no videntes, se elaborarán plantillas de la Boleta Unica en material transparente y alfabeto Braille, que llevarán una ranura en los lugares destinados a los casilleros para ejercer la opción electoral.
Se incluirá fecha de la elección; distrito; circuito; número de mesa; instrucciones para la emisión del voto en el dorso; dos casilleros para que el presidente de mesa y los fiscales puedan firmar al momento de entregar la BUE al elector.
Serán en papel no transparente, con indicación gráfica de sus pliegues a fin de facilitar su introducción en la urna.
Estarán adheridas a un talón donde se indique serie y numeración correlativa.
Las letras impresas deben tener características idénticas en cuanto a su tamaño y forma.
El orden de cada partido o frente electoral en la boleta quedará definido de acuerdo con el resultado de la elección primaria, correspondiendo el primer lugar a la agrupación más votada en la categoría de diputados nacionales y los ulteriores lugares de acuerdo con la cantidad de votos obtenidos por cada una de ellas en la misma categoría.
En caso de que alguna de las agrupaciones no hubiese presentado candidatos en la categoría diputados nacionales, la determinación se efectuará en base a la categoría senadores y, en defecto de esta, la de presidente y vice.
En las PASO y las elecciones generales se agruparán dentro de una misma franja de la Boleta Unica las agrupaciones que tengan idéntica denominación.
Solo en el caso en que no participen agrupaciones de igual denominación en todas las categorías de cargos nacionales a elegir, las listas que compiten por una agrupación de distrito podrán adherir a la lista de una única agrupación política de orden nacional de diferente denominación, apareciendo en una misma franja de la boleta única.
Las listas que compiten por una agrupación política de orden nacional solo podrán adherir a las listas de una única agrupación política de distrito de diferente denominación cuando no compita una de una misma denominación, apareciendo en una misma franja de la BUE.
Para las elecciones generales solo se admitirán en una misma franja las agrupaciones que hubieran adherido sus boletas en las PASO. En ningún caso se permitirá que a través de un acuerdo de adhesión, una misma lista de candidatos para las elecciones generales se encuentre en más de una franja o columna.
La Boleta Unica es impresa con una antelación no menor a los 15 días previos a la fecha de la elección, en una cantidad igual al número de electores correspondientes al padrón electoral, más un 5% adicional para reposición en caso de contingencias.
En cada mesa electoral se dispone de igual número de boletas únicas que de personas habilitadas para votar, cifra a la que se le adiciona el porcentaje adicional del 5%.
Se considerará nulo un voto si es emitido mediante una BUE no oficializada
Si contiene dos o más marcas para la misma categoría de distintas agrupaciones políticas para la misma categoría. La nulidad se limitará a la categoría en que se hubiese producido la repetición de opciones.
También la BUE en la que se hubiese roto algunas de las partes, solo si esto impide establecer cuál ha sido la opción electoral escogida. La nulidad se limitará a la categoría en la que no fuera posible identificar el voto por la rotura.
Se anulará la BUE en la que aparezcan inscripciones, imágenes o leyendas de cualquier tipo distintas de la marca de la opción electoral.
Cuando juntamente con la Boleta Unica plegada se hayan incluido objetos extraños a ella.
Dictamen-unificado-BUPEste martes se terminó de completar el cuadro de labor legislativo en la Cámara baja tras la conformación de las comisiones de Legislación Penal; Transportes; Minería; Energía y Combustibles; y Defensa Nacional.
La jornada de este martes en Diputados se abrió con la conformación de la Comisión de Legislación Penal que, como acordaron oficialismo y oposición, pasó a manos de Juntos por el Cambio su conducción. Como presidenta resultó electa la bonaerense María Luján Rey (Pro), quien agradeció a su bloque “por darme esta responsabilidad que asumo con el mismo compromiso que vengo trabajando desde hace mucho”.
La legisladora aspira a que “podamos avanzar en los proyectos que hoy están esperando y en todos los que se puedan seguir presentando para mejorar la calidad de vida de nuestros argentinos”, así como “trabajar mucho y bien, y que podamos encontrar los consensos necesarios”.
En la vicepresidencia primera fue designada la bonaerense Mónica Litza (FdT), quien recordó que durante su mandato anterior también integró esa comisión, e incluso con Rey “trabajamos mucho en la Ley de Víctimas, hicimos un trabajo muy importante en aquella oportunidad”, ya que la ahora presidenta de la comisión era una de las máximas referentes de los familiares de las víctimas de la Tragedia de Once.
“Estoy segura que vamos a trabajar en sintonía con lo que necesita la ciudadanía y para lo que fuimos electos, para mejorar la calidad de vida de los argentinos y argentinas”, agregó la massista.
El resto de las autoridades se completó con el correntino Manuel Aguirre (UCR) como vicepresidente segundo; y el santiagueño Bernardo Herrera (FdT) y la bonaerense Mariana Stilman (CC-ARI) como secretarios. La tercera secretaría, para el bloque Pro, quedó en reserva.
La siguiente comisión conformada este martes fue la de Transportes, que quedó en manos de un miembro de Juntos por el Cambio, el radical jujeño Jorge “Colo” Rizzotti, quien sostuvo que esta es una comisión que va a tener mucho trabajo y expresó su voluntad “en favor de los argentinos y el federalismo”. Destacó en ese sentido lo difícil que es el sistema de transporte en un país tan vasto como la Argentina. Adelantó además que este miércoles al mediodía ya arrancarán con la tarea con una reunión con la Cámara de Transporte de Pasajeros Urbanos y el sindicato de trabajadores de la UTA, para hablar del tema subsidios al transporte y la crisis que atraviesa el transporte automotor del interior.
La vicepresidencia 1° fue para la diputada del Frente de Todos María Jimena López, que al hacerse cargo de su puesto expresó su deseo porque esa sea “una comisión activa, de debate, de propuestas, y poder trabajar de manera conjunta”. Vicepresidenta 2° fue elegida María Luján Rey, quien al ser propuesta fue destacada por su papel en el reclamo de justicia por la tragedia de Once, en tanto que como primer secretario fue designado otro miembro del Pro, el rionegrino de Aníbal Tortoriello. Segundo secretario fue elegido Jorge Antonio Romero (Frente de Todos-Corrientes). La tercera secretaría quedó para el diputado Daniel Julio Ferreyra (Frente de Todos-Jujuy).
Luego fue el turno de la Comisión de Minería que quedó en manos del oficialista por San Juan Walberto Allende, mientras que su coterránea Susana Laciar (JxC)quedó en la vicepresidencia primero y el santacruceño Jorge Guillermo Verón (FdT) fue elegido al cargo de vicepresidente segundo. Como secretarios fueron designados Karina Bachey (Pro – San Luis), Dante López Rodríguez (FdT -Catamarca) y el radical Francisco Monti (Catamarca).
Una hora más tarde se conformó la Comisión de Energía y Combustibles que quedó a cargo el oficialista chubutense Santiago Igon, mientras que los neuquinos Francisco Sánchez (Pro) y Guillermo Carnaghi (FdT) fueron elegidos vicepresidentes primero y segundo respectivamente. En tanto, como secretarios fueron nombrados Jimena Latorre (UCR – Mendoza), Ana Clara Romero (Pro – Chubut) y Adolfo Bermejo (FdT – Mendoza).
Completó la nómina la Comisión de Defensa Nacional que presidirá el diputado del Pro Alberto Asseff, cuya vicepresidencia primera quedó a cargo de la oficialista Agustina Propato, mientras que Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) fue elegido para vicepresidente segundo.
Por el lado de las secretarías, fueron nombrados el oficialista Aldo Leiva (Chaco), el fueguino Federico Frigerio (Pro) y el santafesino Eduardo Toniolli (FdT).
Asseff se mostró emocionado al dar por inaugurada la comisión y dijo que “es un orgullo para mí cumplir poder cumplir con uno de los más grandes mandatos que dicta el Preámbulo de nuestra Constitución nacional, que es el de fortalecer la defensa común; tarea que es el principal interés de la Comisión que presido”.
Solo cinco expositores tendrá este martes la tercera reunión para avanzar con el proyecto para modificar la ley aprobada en 1997.
Prevista para las 12 de este martes, la reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara baja donde se debate sobre el proyecto proveniente del Senado para modificar la ley del Consejo de la Magistratura, contará con cinco invitados.
Según pudo saberse, estarán Alejandro Segarra, de la Asociación por los Derechos Civiles; Sebastián Pilo, co-director de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia; el jurista Ricardo Gil Lavedra, excamarista del Juicio a las Juntas y flamante titular del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; Lorena González Tocci, miembro fundadora de la Asociación Civil de Estudios Constituicionales; y Sebastián Guidi, relator en la Corte Europea de Derechos Humanos.
El proyecto aprobado en la Cámara alta establece una composición del Consejo de la Magistratura integrada por 4 jueces, 6 legisladores, 4 abogados, un representante del Poder Ejecutivo y 2 representantes de los ámbitos académicos y/o científicos.
También se estableció que el Consejo “sesionará al menos una vez por trimestre en el ámbito de las distintas cámaras federales del interior del país, a efectos de interiorizarse y abordar las problemáticas y necesidades de todas las jurisdicciones del país”.
Asimismo se creará la Comisión de Asuntos Federales, que deberá estar integrada por 16 senadores, 4 de cada región. En ese sentido, se crean las regiones de AMBA, Norte, Centro y Sur.
A partir de las 14 se reunirá el plenario de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto. Unificaron proyectos y resolvieron diferencias.
A continuación de la reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia que escuchará más expositores sobre la reforma de la Ley 24.937 del Consejo de la Magistratura, se reunirán este martes los diputados de esas dos comisiones, más los de Presupuesto y Hacienda, con el fin de debatir sobre boleta única de papel.
Oficialmente la reunión está convocada para las 14 y la cita tiene como finalidad sacar el dictamen, conforme se dispuso en el recinto oportunamente al establecer el cronograma de tratamiento de este proyecto.
Mientras el oficialismo irá por un dictamen de rechazo, la oposición tiene el número suficiente para imponer el dictamen de mayoría y con ese fin realizaron este lunes reuniones para unificar un proyecto definitivo. Primero hubo una reunión conjunta de representantes de toda la oposición que apoya la boleta única en papel y luego otra de Juntos por el Cambio.
Según pudo saber parlamentario.com, se acordaron cuestiones generales relacionadas con el diseño que figurarán en el dictamen respecto de cómo sería la boleta única de papel (BUP). Aparecerán de cada lista 5 nombres de candidatos, al tiempo que respecto de las fotos, habrá 2: hombre/mujer; mujer/hombre. Esta cuestión había despertado reparos de sectores feministas, habida cuenta de que advertían que las cabezas de listas suelen ser varones, lo cual implicaba que si había solo una foto de cada nómina, las mujeres quedarían marginadas.
Otro tema: las listas no tendrán un casillero en blanco. Esto es, si el votante deja vacía alguna categoría, se tomará esa decisión como un voto en blanco para ese rubro; si no marca nada en toda la boleta única, el voto completo será tomado como en blanco. Había quienes sugerían que hubiera un casillero para establecer específicamente el voto en blanco, pero eso podía generar confusiones y motivar la anulación de todo el voto.
El orden de ubicación de las listas será sorteado para las elecciones primarias. Luego, para las elecciones generales se seguirá el orden marcado por el resultado de las PASO.
Por otra parte, para el caso cuando en las provincias haya simultaneidad de la elección local con la nacional, las provincias tendrán las mismas opciones que hoy: simultaneidad o concurrencia. Esto es, si son simultáneas, tienen que ser en BUP separadas entre las categorías provinciales y las nacionales. No puede usarse la misma BUP.
Un legislador opositor consultado por parlamentario.com consideró “razonable” lo expresado durante las audiencias realizadas en las jornadas anteriores por el exdirector nacional Electoral Alejandro Tullio, quien en su exposición sugirió a los legisladores no atar la legislación a detalles específicos, porque el diseño en definitiva depende de la cantidad de participantes y lo que establezca la Justicia Electoral. El detalle final debería quedar, según sugirió Tullio, sujeto a lo que establezca la Justicia Electoral.
“No nos van a frenar con la amenaza del veto”, advirtió otro legislador opositor respecto de la amenaza que circuló los últimos días respecto de la decisión que podría adoptar eventualmente el presidente de la Nación, en caso de que se apruebe la norma.
Por lo pronto, fuentes de la oposición aseguraron a parlamentario.com que cuentan con garantías para tener el dictamen de mayoría, según el siguiente detalle:
Frente de Todos: 17 firmas (en contra)
Juntos por el Cambio: 17 firmas (a favor)
Identidad Bonaerense: 1 firma (a favor)
Frente de Todos: 15 firmas (en contra)
Juntos por el Cambio: 15 firmas (a favor)
Identidad Bonaerense: 1 firma (a favor)
Frente de Todos: 24 firmas (en contra)
Juntos por el Cambio: 23 firmas (a favor)
Frente de la Concordia: 1 firma (en contra)
Córdoba Federal: 1 firma (a favor)
57 firmas a favor del rechazo
58 firmas a favor de la boleta única
La iniciativa es acompañada por Leandro Santoro y Mónica Litza, pero lleva también las firmas de opositores que garantizan su rápida aprobación en el recinto.
Tal cual lo había anticipado el viernes pasado Sergio Massa en la conferencia de prensa que brindó en la explanada de la Casa de Gobierno, ingresó este lunes a la Cámara de Diputados el proyecto que beneficia a monotributistas y autónomos, quienes habían quedado fuera de los alcances de las medidas anunciadas ese día en referencia al impuesto a las Ganancias.
En efecto, se conoció este lunes la iniciativa que busca aliviar la situación de esos dos sectores, con el fin de que sus ingresos no pierdan contra la inflación. Se trata de una iniciativa elaborada por el presidente de la Cámara aja, Leandro Santoro y Mónica Litza, que adelanta a julio parte de la actualización anual del monotributo.
La iniciativa unifica el alivio para los autónomos y los monotributistas, y es acompañado también por los diputados Margarita Stolbizer, de Juntos por el Cambio, y Alejandro “Topo” Rodríguez, con lo que en términos prácticos significa para el oficialismo poder contar con los votos para aprobarlo en el recinto.
En el caso del monotributo, el artículo 52 de la ley correspondiente establece que los montos máximos de facturación, los montos de alquileres devengados y los importes del impuesto integrado a ingresar, correspondientes a cada categoría, se actualizarán anualmente en enero en la proporción de las dos últimas variaciones del índice de movilidad de las prestaciones previsionales.
La norma impulsada ahora permitirá adelantar al 1 de julio el ajuste para los montos máximos de facturación con la misma idea central que la propuesta de ganancias: se adelanta la aplicación del índice.
¿Qué índice se aplicará? 29,12%, que es el coeficiente acumulado a junio de 2022. Esto coincide con el esquema de recategorización que aplica AFIP, que lo hace cada 6 meses, en enero y julio.
El alivio fiscal para monotributistas consiste en que la cuota queda igual (así se evita el problema del año pasado de cobrar retroactivamente) y solo se sube el límite de facturación de cada categoría. De esta manera el monotributista no “sala” de categoría por el solo efecto de que la inflación fue superior a la prevista en el Presupuesto.
Según establecen los impulsores del proyecto, el mismo impacta positivamente en 4.498.419 monotributistas y el costo fiscal es cero; solo se actualizan las escalas por las variaciones macroeconómicas.
Además, es fácil de comunicar y de implementar en los sistemas de AFIP.
Asimismo sostienen que no resulta recomendable avanzar en una modificación más profunda del régimen en este año, porque sería la segunda propuesta de monotributo (el famoso esquema “puente” y el “cobro retroactivo”) desde el 2020 a la fecha.
En el caso de los autónomos, la cantidad de aportantes al Régimen de Seguridad Social, a diciembre de 2021, asciende a 486 mil. La cantidad de autónomos con impuesto a las Ganancias determinado es de 140 mil, según proyección del año 2022.
La diferencia entre los autónomos aportantes y los que determinan impuestos se debe a diversos motivos, algunos declaran mayores gastos que ingresos y otros aportan al régimen de autónomo, pero tienen ingresos gravados en ganancias en otras categorías. Por ejemplo los directores de sociedades anónimas que no tienen ingresos de honorarios pero si como empleado en relación de dependencia de la empresa (los autónomos que revisten como director de sociedad anónima o socio gerente son el 30% del total).
Se propone incrementar la deducción especial para los autónomos en dos veces la ganancia no imponible, pasando la deducción de $505.129,66 a $757.694,52.
De esta manera, la brecha de la deducción especial entre el empleado y el autónomo se reduce. Además, se compensa al autónomo con el beneficio que se le da al trabajador en relación de dependencia con la suba del “piso” de Ganancias.
Este incremento de la deducción impacta principalmente en los autónomos con ingresos de hasta $ 8 millones (2 veces el tope de monotributo), que concentran el 95% de los autónomos con impuesto determinado en el impuesto a las ganancias. Para esos independientes, se estima un “ingreso adicional de bolsillo” promedio de $ 52 mil anuales (dependiendo del rango de dos ingresos y de la tasa efectiva del impuesto), implicando una transferencia total de recursos que se vuelca de manera directa al consumo de $ 7.310 millones anuales.
El esfuerzo fiscal es neutro respecto a la proyección de recaudación del impuesto a las ganancias en el presupuesto 2022 y la recaudación efectiva producto de las variaciones macroeconómicas (principalmente inflación 33%).
Los empleados en relación de dependencia que pagan el impuesto a las ganancias por superar el “piso” (hoy en $280 mil mensuales) tienen una ventaja respecto de los autónomos.
Los trabajadores en relación de dependencia pueden computar la deducción especial incrementada (es decir, 4,8 veces el monto estipulado para la deducción de “ganancia no imponible”). Los autónomos independientes lo deben hacer sin ningún tipo de incremento, excepto para el caso de los “nuevos emprendedores” respecto de los cuales la deducción se incrementa en 1,5 veces. Esto genera una diferencia de deducción para el rubro “deducción especial” de $ 707 mil al año.
El planteo histórico de los autónomos –fundamentalmente contadores y abogados que ejercen la profesión- es que esa inequidad produce que dos personas que estén relativamente haciendo la misma tarea, uno en relación de dependencia y uno independiente, tengan una carga tributaria distinta.
Ese argumento es relativo por dos motivos:
• Muchos profesionales pueden optar por el monotributo si facturan hasta $ 3,3 millones al año ($4,2 con la nueva propuesta de monotributo), con una carga fiscal más baja que si optan por el régimen de autónomos.
• Los autónomos, fundamentalmente profesionales, pueden efectuar otras deducciones que los empleados en relación de dependencia no pueden: por ejemplo, vestimenta.
Esto lleva a que la tasa efectiva del impuesto calculada sobre los ingresos sea, en muchos casos, inferior para el autónomo que para el empleado en relación de dependencia que tiene un margen acotado de deducciones. Para el caso de autónomos con ingresos anuales de $ 5 a $ 6 millones, la tasa efectiva promedio es de solo el 18,8%:
Sin embargo, para otros casos existe un reclamo razonable por parte de los profesionales que ejercen la actividad de manera independiente respecto a la inequidad en el monto de la “deducción especial”.
En tal sentido se propone: incrementar la deducción especial para los autónomos en 2 veces la ganancia no imponible, pasando la deducción de $505.129,66 a $757.694,52. De esta manera la “brecha” de la deducción especial entre el empleado y el autónomo se achica de $707.181,58 a $454.616,72. Además, para nuevos profesionales se eleva de 1,5 veces a 2,5
veces la ganancia no imponible.
Este incremento de la deducción impacta principalmente en los 140 mil autónomos con ingresos de hasta $ 8 millones (2 veces el tope de monotributo), que concentran el 95% de los autónomos con impuesto determinado en el impuesto a las ganancias.
Para esos independientes, se estima un “ingreso adicional de bolsillo” promedio de $ 52 mil anuales (dependiendo del rango de ingresos y de la tasa efectiva del impuesto) producto del alivio fiscal.
Considerando la proyección de recaudación del impuesto a las ganancias para el año 2022 y contemplando la recaudación efectiva producto de la modificación de las variables macro (principalmente inflación estimada en 33%) el proyecto no representa costo fiscal efectivo respecto de lo proyectado.
Sin embargo, el proyecto implica una transferencia de recursos a favor de estos contribuyentes de $ 7.310 millones al año.
Un plenario de las comisiones de Industria y Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados se abocará al tratamiento para modificar la Ley 26.270. Será este miércoles a las 11.
Luego de emitir dictamen del proyecto de Compre argentino y con el fin de continuar con la actividad legislativa, la comisión de Industria, que preside el entrerriano oficialista Marcelo Casaretto, se reunirá con la de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a cargo del radical Facundo Manes, para debatir la modificación y la prórroga de la Ley 26.270 de “Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna” que fue sancionada el 4 de julio de 2007.
El plenario se reunirá desde las 11 en la Sala 1 para abocarse al análisis de la iniciativa del Poder Ejecutivo que establece la sustitución de su denominación por la de “Ley de Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna y la Nanotecnología”, y la prórroga de vigencia hasta el 31 de diciembre del 2037.
Han sido invitados a participar la subsecretaria de Economía del Conocimiento, María Apólito; el presidente de la Agencia I+D+I, Fernando Peirano; el CEO de Tecnovax, Diego La Torre; el director de Crudda, Pablo Turek; la presidenta de la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB), Graciela Ciccia; y el coordinador ejecutivo CAB, Sergio Drucaroff.
También asistirán este miércoles el director científico Incubadora UNR, Alejandro Vila; el presidente de Adox, Javier Viqueira; el director científico de Chemtest Argentina, Diego Comerci; el CEO de SF 500, Francisco Buchara; el director de Bioceres SA, Claudio Dunan; por Terragene SA, Carla Bragos; Marco Serventich, de Richmond SA; y el gerente general de Zelltek SA, Juan Ceriani.
“La pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 dejó en evidencia la importancia del sector público para fortalecer las capacidades industriales en los campos de la innovación, la investigación y el desarrollo bio y nanotecnológico, así como la producción de bienes de capital, insumos y productos de uso crítico para el país y para el sector de la salud en particular”, fundamentan en el proyecto.
Además, destaca el “surgimiento del sector de la nanotecnología, cuyo campo comprende toda aplicación tecnológica del conjunto de técnicas y ciencias en las cuales se estudian, manipulan y obtienen de manera controlada materiales, sustancias y dispositivos de dimensiones nanométricas”, que es un área de “ desarrollo horizontal y multipropósito puede generar avances y nuevas tecnologías para sectores productivos, como el de la salud, el textil, la microelectrónica, el industrial, el químico y el agroindustrial, entre otros”.
En ese contexto, la iniciativa precisa que en el año 2007 se sancionó la mencionada Ley N° 26.270 de “Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna”, con una duración de QUINCE (15) años desde su promulgación.
“Por ello, resulta necesario no solamente extender la vigencia del citado régimen, sino también adaptar sus disposiciones normativas a las características y problemáticas actuales del sector para promover el desarrollo tecnológico, así como también el flujo de conocimiento y capacidades y el desarrollo comercial de los proyectos beneficiados y alcanzados por la Ley”, argumentan.
En consecuencia, y sobre la base de lo expuesto, es que se proponen diversas modificaciones a la Ley N° 26.270, respecto lo cual detallan:
Con las reuniones previstas para este martes se completará el mapa de los cuerpos especializados, encargados del análisis de los distintos proyectos previo a su tratamiento en el recinto.
Con la constitución prevista para este martes de cinco nuevas comisiones en la Cámara de Diputados quedará completa la conformación de todos los cuerpos especializados, encargados del estudio y análisis de los distintos proyectos por parte de los legisladores, antes de su tratamiento en el recinto.
Las últimas comisiones que tendrán su primera reunión para designar autoridades serán: Legislación Penal; Transportes; Minería; Energía y Combustibles; y Defensa Nacional.
En una situación inédita para un comienzo del año parlamentario, la constitución de las comisiones se vio demorada por la falta de acuerdos políticos. Sin embargo, destrabadas las negociaciones, a principios del mes de mayo se fueron conformando con el paso de las semanas y en una seguidilla de encuentros.
En paralelo, algunas de ellas activaron distintos debates, como Ley de Alquileres, o los proyectos de boleta única de papel o de reforma del Consejo de la Magistratura.
Las comisiones de asesoramiento permanente se dedican a estudiar todos los proyectos de ley ingresados a través de la Cámara de Diputados o los que son girados desde el Senado. Cada comisión es especialista en un tema específico como salud, educación, economía y trabajo. Por lo general, todos los proyectos de ley presentados son derivados a una o varias comisiones para que los especialistas puedan analizarlos y elaborar un dictamen. En la Diputados hay 46 comisiones permanentes.
Actualmente ya se encuentran conformadas Asuntos Municipales; Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia; Libertad de Expresión; Peticiones, Poderes y Reglamento; Juicio Político; Personas Mayores; Discapacidad; Pequeñas y Medianas Empresas; Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales; Seguridad Interior; Turismo; Educación; Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; y Deportes.
Anteriormente se constituyeron también Asuntos Constitucionales; Legislación General; Presupuesto y Hacienda; Cultura; Justicia; Previsión y Seguridad Social; Acción Social y Salud Pública; Familias, Niñez y Juventudes; Legislación del Trabajo; Obras Públicas; Agricultura y Ganadería; Finanzas; Comercio; Economías y Desarrollo Regional; Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios; Economía; Relaciones Exteriores y Culto; e Industria.
Durante este mes se pusieron en marcha, asimismo, Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico; Población y Desarrollo Humano; Derechos Humanos y Garantías; Mercosur; Mujeres y Diversidad; Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones No Gubernamentales; Vivienda y Ordenamiento Urbano; Comunicaciones e informática; y Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.
Mientras en la Cámara baja, a comienzos del nuevo período ordinario, se encontraba trabada la constitución de comisiones, por el contrario, el Senado avanzaba a pasos más rápidos. Sin embargo, ese ritmo se frenó y actualmente en la Cámara alta faltan conformar 11 de las 27 comisiones permanentes.
A saber, son: Ciencia y Tecnología; Coparticipación Federal de Impuestos; Deporte; Derechos y Garantías; Economía Nacional e Inversión; Industria y Comercio; Población y Desarrollo Humano; Salud; Seguridad Interior y Narcotráfico; Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión; y Turismo.
El plenario de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto tratará de emitirlo este martes, en una reunión que se celebrará al cabo de aquella en la que seguirá debatiéndose sobre el Consejo de la Magistratura. Cuál sería el dictamen de mayoría.
Se invertirá esta semana el orden de las reuniones de comisiones en las que se analizan los proyectos de boleta única en papel y el Consejo de la Magistratura. En lugar de arrancar con un plenario de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda, se reunirán este martes solo las dos primeras a partir de las 12 para seguir escuchando a expositores hablando a favor y en contra del proyecto de ley ya aprobado en el Senado para modificar la Ley 24.937 del Consejo de la Magistratura.
La reunión siguiente está prevista para realizarse a partir de las 14, sumando a los integrantes de Presupuesto y Hacienda. Seguramente será más tarde, pues como viene sucediendo las reuniones informativas se extienden más de lo previsto, pero cuando eso suceda se buscará avanzar con la reforma del Código Electoral Nacional para introducir el uso de la boleta única de sufragio.
El dato saliente de esta reunión es que según el emplazamiento aprobado por 132 votos en la última sesión de la Cámara de Diputados se debería emitir dictamen este martes 31 de mayo con el fin de llevar el tema al recinto en fecha a determinar.
El oficialismo ya dejó claro que avanzará con un dictamen de rechazo, tal cual surge de las expresiones escuchadas en el último tiempo y resumidas en su exposición del martes pasado por la secretaria de Asuntos Políticos, Patricia García Blanco, quien estableció el rechazo del Gobierno al cambio en el instrumento de votación. “Una reforma política no puede hacerse a las apuradas y menos para imponer una agenda”, enfatizó ese día la funcionaria, quien argumentó que “desde 1983 a la fecha las elecciones nacionales se desarrollan con total normalidad, hay una alta participación electoral, hay alternancia en el gobierno y los resultados nunca fueron judicializados”.
La oposición, por su parte, prepara un dictamen unificando las posiciones a favor, con el fin de que la mayoría ya expresada en ocasión del emplazamiento no se divida en el recinto. Así las cosas, figuras de Juntos por el Cambio y del resto de la oposición vienen negociando la letra chica del dictamen que tratarán de suscribir este martes.
Si el dictamen opositor se unifica, sería el de mayoría, según el siguiente detalle:
Frente de Todos: 17 firmas (en contra)
Juntos por el Cambio: 17 firmas (a favor)
Identidad Bonaerense: 1 firma (a favor)
Frente de Todos: 15 firmas (en contra)
Juntos por el Cambio: 15 firmas (a favor)
Identidad Bonaerense: 1 firma (a favor)
Frente de Todos: 24 firmas (en contra)
Juntos por el Cambio: 23 firmas (a favor)
Frente de la Concordia: 1 firma (en contra)
Córdoba Federal: 1 firma (a favor)
57 firmas a favor del rechazo
58 firmas a favor de la boleta única
La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y comenzará este miércoles su andar en la Cámara de Diputados.
Aprobado en la Cámara alta por 37 votos a favor y 31 en contra el pasado 12 de mayo, comenzarán a discutir esta semana en Diputados el proyecto para crear un fondo para pagarle al FMI con dólares fugados.
En efecto, es la Comisión de Legislación General, que preside Cecilia Moreau, la que ha sido convocada para este miércoles para comenzar a discutir el proyecto impulsado en la Cámara alta por el neuquino Oscar Parrilli.
El debate sobre el proyecto el cual se crea el Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional arrancará con la presencia de especialistas que han sido invitados a exponer, según se anticipa en el anuncio de la convocatoria, donde no figura la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es la otra comisión que -como sucedió en el Senado- debe abocarse a analizar el tema. Según pudo averiguar parlamentario.com, diputados de esa comisión podrán concurrir igual a esta reunión y desde Presupuesto y Hacienda adelantaron que convocarán también a otra reunión informativa con Legislación General.
Será este martes a partir de las 11. En paralelo, se llevarán a cabo dos plenarios que retomarán los respectivos debates de la reforma al Consejo de la Magistratura, que contará con invitados a exponer, y Boleta única.
Se viene el tercer martes consecutivo intenso en la Cámara de Diputados, en el cual se completará el cuadro de conformación de comisiones, detalle indispensable para que pueda llevarse adelante el trabajo legislativo. En paralelo, se realizarán dos plenarios que retomarán los respectivos debates de la reforma al Consejo de la Magistratura, que contará con invitados a exponer, y el otro se abocará a Boleta única.
Solo cinco comisiones restan constituirse para que el esquema quede completo en la Cámara baja. Por eso a las 11 se reunirá la Comisión de Legislación Penal en la Sala 1 (227) que presidirá alguien de Juntos por el Cambio.
A las 13 será el turno de la Comisión de Transportes cuyo encuentro tendrá lugar en la Sala 2 (223) que será presidida por un radical, el jujeño Jorge “Colo” Rizzotti, según pudo saber parlamentario.com.
A las 15 la Comisión de Minería se reunirá en la Sala 3 (244) y designará a sus autoridades, la cual también quedará presidida por alguien del Frente de Todos.
Desde las 16 la Comisión de Energía y Combustibles se congregará en la Sala 1 (227) para elegir autoridades, cuya presidencia estará en manos de un legislador del oficialismo. Cerrará la jornada y completará el esquema la Comisión de Defensa Nacional que mantendrá un encuentro desde las 17 en la Sala 2 (223), de la cual restan confirmar los nombres de los miembros. Hasta diciembre pasado la encabezaba el radical Carlos Fernández.
Por otro lado, a las 12 un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, que presiden los oficialistas Hernán Pérez Araujo y Rodolfo Tailhade, llevarán a cabo una tercera reunión informativa con invitados a exponer sobre la reforma al Consejo de la Magistratura, sobre todo por el proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado.
A las 14, se sumará al plenario la de Presupuesto y Hacienda, a cargo del oficialista Carlos Heller, para continuar con el debate de la implementación de la Boleta única, esta vez será entre los legisladores de cara al dictamen.
La diputada de La Libertad Avanza aseguró: “Mientras no sesionemos me reuniré con todos los argentinos que pueda”.
La diputada nacional Victoria Villarruel, compañera de bloque de Javier Milei, justificó el uso que realizó de los pasajes aéreos que son otorgados a los legisladores cada mes, pero que en general utilizan al máximo quienes representan al interior del país y no los porteños.
La polémica surgió en las redes cuando uno de los abogados de la Coalición Cívica, Diego Falcón, publicó en Twitter la cantidad de vuelos que realizó la legisladora de La Libertad Avanza, para criticar la contradicción que eso representa con el discurso “anticasta” del espacio libertario. Además de recordar lo que la abogada sostenía antes de ser diputada sobre el sistema de pasajes.
A través de esa misma red social, la diputada defendió el uso que realizó de los tickets pagados por el Estado para visitar distintos puntos del país en febrero y marzo de este año, según consta en los datos públicos a los que se pueden acceder mediante la página oficial de la Cámara de Diputados.
“Soy Diputada Nacional y de La Quiaca a Ushuaia voy a ir a todos los rincones del país donde haya argentinos sin ser escuchados”, arrancó la porteña, que argumentó: “Mientras no sesionemos me reuniré con todos los argentinos que pueda. Porque en donde no sean escuchados, acá tienen una diputada con la que cuentan”.
Y enumeró que voló en febrero a Córdoba, en marzo a Salta, en abril a Mendoza y en mayo a Neuquén. En los registros del primer trimestre 2022, también aparecen los destinos de Rosario (Santa Fe) y Corrientes.
“No sé qué hacen los otros diputados pero es nuestra función relevar las necesidades de la ciudadanía, recorrer las provincias, escuchar a la gente y trabajar para favorecer el federalismo y la representación democrática”, agregó la compañera de bloque de Milei.
De acuerdo al sistema de pasajes, en la Cámara baja se otorgan 10 tramos aéreos por mes a cada legislador, es decir, cinco vuelos de ida y cinco de vuelta.
En la Cámara de Diputados se nominaron las autoridades de Asuntos Municipales; Defensa del Consumidor; Libertad de Expresión; Peticiones, Poderes y Reglamento, y Juicio Político.
Con gran demora pero por fin, van completándose las comisiones de la Cámara de Diputados. Y este martes fue el turno de otras cinco comisiones que designaron a sus autoridades.
En primer lugar fue el turno de Asuntos Municipales, donde eligieron a la diputada del Pro Ingrid Jetter presidenta, en tanto que el oficialista Julio Pereyra resultó vicepresidente 1°. El vicepresidente segundo será otro exintendente (Pereyra lo fue durante años en Florencio Varela), el radical cordobés Marcos Carasso (ex jefe comunal de General Cabrera).
Secretarios serán Mercedes Joury (Pro), Nancy Sand (FdT) y Tomás Ledesma (FdT) como secretarios. Quedó fijado los días miércoles a las 10 como horario de reuniones.
“Personalmente, en Riachuelo, el municipio en el que fui tres veces intendente, la actividad era de 24 horas, de domingo a domingo. Desde esta comisión tenemos la obligación de escuchar, de atender a los casi 1300 municipios que tenemos en el país, nuestro deber es hacer un trabajo superador desde lo legislativo. Bienvenidas todas las iniciativas. Un gusto enorme compartir con todos mis pares que conforman esta comisión, con Nancy Sand este grupo de autoridades porque ha sido excelente intendente en Bella Vista, Corrientes. Como dijo Julio Pereyra, los que levantamos las banderas del municipalismo no importa el partido político del que provenimos, sino que importa realmente que amamos la gestión local y espero que todos compartan ese sentir, nuestro objetivo siempre será mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos”, sostuvo Jetter tras asumir en el cargo.
Luego, fue el turno para la elección de autoridades de la comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, donde tal cual adelantó parlamentario.com eligieron al radical Víctor Hugo Romero presidente. Vicepresidente 1° y 2° fueron elegidos Liliana Yambrún (FdT) y Héctor Stefani (Pro), respectivamente, en tanto que serán secretarios Constanza Alonso (FdT), Domingo Amaya (Encuentro Federal) y Myriam Bregman (PTS – Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad).
Suspendida la semana pasada por la ausencia de quien reelegirían como presidente, se reunió este martes la Comisión de Libertad de Expresión, que confirmó al frente al diputado del Pro Waldo Wolff, en tanto que la oficialista Liliana Paponet es vicepresidenta 1° y la radical Soledad Carrizo vice 2°. Falta una vicepresidencia tercera que deberán designar, pero como secretarios quedaron Nilda Moyano (FdT), Miguel Bazze (UCR) y Sabrina Ajmechet (Pro), cuya aceptación también quedó pendiente por estar ausente.
En Peticiones, Poderes y Reglamento fue designada al frente Paula Penacca (Frente de Todos), y los vices serán Alvaro González (Pro) y Carolina Moisés (FdT). Las secretarías estarán en manos de Dolores Martínez (Evolución Radical), Paola Vessvessian (FdT) y Emilio Monzó (Encuentro Federal).
Finalmente se constituyó la Comisión de Juicio Político, donde designaron presidenta a la entrerriana Carolina Gaillard (FdT). Como vicepresidente 1° fue designado Juan Manuel López (Coalición Cívica) y vice 2° Victoria Tolosa Paz (FdT). Los secretarios de serán Mario Negri (UCR), Álvaro González (Pro) y Omar de Marchi (Pro).
Más de una veintena de invitados pasaron por el plenario de las comisiones de Diputados que analizan el tema. La semana que viene será el debate propiamente dicho de los legisladores.
Más de una veintena de invitados pasaron este martes por el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que analizan los proyectos de boleta única de papel. De acuerdo al cronograma votado en el emplazamiento impulsado por la oposición, la próxima semana se dará el debate propiamente dicho entre los legisladores de cara al dictamen.
El rechazo del Poder Ejecutivo
La jornada, que duró más de cuatro horas, arrancó picante con la participación de la secretaria de Asuntos Políticos, Patricia García Blanco, quien dejó sentado el rechazo del Gobierno al cambio en el instrumento de votación. “Una reforma política no puede hacerse a las apuradas y menos para imponer una agenda”, enfatizó la funcionaria, quien argumentó que “desde 1983 a la fecha las elecciones nacionales se desarrollan con total normalidad, hay una alta participación electoral, hay alternancia en el gobierno y los resultados nunca fueron judicializados”.
“El sistema de boletas partidarias ha funcionado de manera eficaz durante todos estos años. Es un sistema imparcial, que se basa en la fiscalización cruzada; ha legitimado a todos los ganadores en todos los niveles y ha dado una pacífica alternancia entre las fuerzas políticas”, continuó y enumeró las desventajas que considera de la boleta única.
Además, en alusión a su posible implementación en 2023, advirtió que “la elección presidencial es el momento menos propicio para introducir un cambio al sistema, porque una reforma de esta magnitud crea incertidumbre al momento de elegir la primera magistratura”.
Cerró las exposiciones el actual director nacional Electoral, Marcos Schiavi, quien expresó que tenía “más dudas que certezas” respecto de lo escuchado, por cuanto encontraba contradicciones entre las propias exposicioines.
A su juicio, “estamos en una discusión apresurada, exprés. Me parece que necesitamos más tiempo para hablar, pensar, diagnosticar sobre algo que es el corazón del sistema electoral, que es cómo se vincula el ciudadano con el voto”. Así las cosas, estimó que discutir este tema en menos de un mes le parecía “complejo”. Recordó que el sistema vigente es centenario, por lo que insistió: “Resolverlo parlamentariamente en un mes, me parece complejo”.
“La discusión tiene que ser más informada”, resumió, enfatizando que “no es una reforma más, estamos hablando de una discusión central para el sistema, porque impacta en el sistema de partidos, la logística, la elección”.
“Me parece que perdimos la oportunidad de ver qué boleta única estamos hablando”, insistió Schiavi, preocupado por “la cuestión de la previsibilidad. Nos genera ruido, porque ya empezamos el proceso administrativo de la elección del año que viene. Para nosotros es importante pensar cómo es el equilibrio entre los tiempos parlamentarios necesarios para que la discusión sea madura y tiempos administrativos de implementación”.
Asimismo consideró que en la discusión faltaron algunos actores importantes, destacando que existen 700 partidos y este martes estuvieron solo 2 o 3 apoderados. “Es una reforma que impacta directo sobre ellos”, destacó, por lo que estimó que “una presencia de apoderados hubiese sido importante”. Aclaró que también hubieran tenido que estar “otros sectores importantes fundamentales, como son el Poder Judicial” y las provincias.
Además, sostuvo que “no es una discusión que genere una demanda social, no creo que esté en la agenda de la gente”, y advirtió que hubiera sido necesario llegar a consensos, pero “estamos discutiendo con consensos fracturados”.
La opinión de exlegisladores
Autor de uno de los tantos proyectos presentados sobre boleta única, el radical Gustavo Menna, diputado nacional hasta diciembre pasado, consideró que a la discusión “hay que abordarla desde una perspectiva de derechos; acá lo que está en juego es un derecho humano central que es el derecho de elegir y ser elegido, pero sobre todo el de elegir”.
El chubutense reconoció que sobre el faltante de boletas no hay estadísticas, y se ha dicho que “no afecta el resultado electoral”, pero observó que “hay elecciones donde una cantidad pequeña de votos puede dirimir un escaño”. En ese sentido, recordó que en 2011 en su provincia “estuvimos tres meses sin saber quién era el gobernador” y “hubo mesas en las que hubo que votar de nuevo”.
Sobre el diseño de la boleta única, más precisamente cuando se pone el foco en que no estarán presentes todos los candidatos, como puede pasar para la categoría de diputados nacionales, Menna señaló que “en el 84% de los 24 distritos electorales esto no es un problema” ya que se eligen poca cantidad de legisladores, “y en los otros cuatro restantes es un problema hasta por ahí no más, porque son muy pocos los que van a quedar fuera de la boleta y, como contrapartida, van a estar en los afiches de difusión en cada centro de votación”, completó.
Desde Córdoba, el exdiputado Paulo Cassinerio defendió que en su provincia el cambio en el sistema electoral “nos ha dado calidad institucional, la posibilidad de contar con el sistema electoral más utilizado en el mundo, y que además la opinión de los expertos sobre sus ventajas es contundente”.
El actual ministro de Vinculación Comunitaria, Protocolo y Comunicación de Córdoba opinó que el cambio “permitiría ahorrar varios miles de millones de pesos” al Estado nacional, además de que “otorga transparencia, la posibilidad de generar una mejor fiscalización, que tiene que ver con los tiempos, pero también con la igualdad de oportunidades que deben tener los partidos más chicos, que a veces no tienen la posibilidad de poner fiscales”.
También desde la provincia mediterránea, Antonio Hernández, exdiputado nacional y exconvencional constituyente, recordó que en la elección a gobernador de 2007 “para el nivel de gobernador había 9 candidaturas, pero 32 boletas electorales por el tema de las colectoras”.
“¿Quién puede decir que el sistema de boletas múltiple, que posibilita decenas de boletas, realmente posibilita un ejercicio serio de la oferta electoral y de la posibilidad de que el pueblo pueda elegir?”, se preguntó el dirigente, que formó parte de la comisión consultiva de la reforma electoral en Córdoba.
Al enumerar los beneficios de la boleta única, habló de una “disminución del gasto electoral”, al tiempo que “la justicia electoral se convierte en garante de que la sociedad pueda elegir entre todos los candidatos, aunque algún partido no tenga fiscales en esa mesa”. “No hay posibilidad de listas colectoras y se pone fin a la distribución previa de boletas”, sumó.
La voz de la izquierda
En representación del Partido de los Trabajadores Socialistas, Christian Castillo cuestionó que en las elecciones provinciales “no hay financiamiento” para los partidos más chicos, al tiempo que los sistemas de colectoras, acoples o ley de lemas son “claramente fraudulentos”. También mencionó que el reparto en espacios de publicidad y los porcentajes de los pisos para pasar a las elecciones generales son otros temas que deberían “debatirse primero”.
Yendo a la boleta única, el dirigente reconoció que “tiene una ventaja en cuanto a que esté la boleta” en el cuarto oscuro, pero argumentó que será “complicado identificar a la lista” porque la cuestión de la “visibilidad” no está “para nada resuelta en los modelos que se presentan”. “La fiscalización se hace más compleja”, añadió y alertó que “podés tener la boleta y que después no te puedan votar”.
Por su parte, desde el Partido Obrero, Gabriel Solano criticó que “no estamos discutiendo una verdadera democratización del sistema electoral. Los recursos económicos que se derivan del uso del Estado y la relación con las distintas empresas privadas condiciona de manera directa el proceso electoral y eso acá no se está discutiendo”, denunció.
Si bien aclaró que “no defendemos el régimen actual”, el legislador porteño dijo que con la boleta única “se le sustrae al electorado un derecho a saber a quién está votando” ya que “al no presentar a todos los candidatos” se trata de “una manipulación al electorado”. Además, opinó que “la identificación de los partidos o los frentes tiene que estar nítida, no puede llevarse el sistema electoral a un sistema de personas”.
Más opiniones a favor y en contra
Extitular de la Dirección Nacional Electoral hasta marzo pasado, una de las últimas oradoras en hablar fue Diana Quiodo, quien afirmó que el proceso electoral de 2021 “fue muy bueno” y “en ningún momento las fuerzas políticas han planteado como un problema la falta de boletas”.
Apoyada en filminas, la politóloga basó su exposición en torno a los costos, una de las aristas que atraviesa el debate, ya que los impulsores de la boleta única sostienen que se ahorraría dinero. Al explicar cómo se calcula el aporte del Estado por boleta, de acuerdo a las leyes vigentes, la actual secretaria de la embajada argentina en Chile precisó que en las PASO del año pasado se gastaron $827 mil millones, con una liquidación complementaria de $290 mil millones; y en las elecciones generales $929 mil millones.
Esos cálculos se realizaron en base a lo que implicó la impresión de dos boletas y media por elector, a partir de la reforma de 2019. Pero Quiodo enfatizó que se podría haber tenido incluso un ahorro del 33% si se imprimiera una boleta y media por elector registrado, como era antes de esa reforma.
Al exponer los gastos en la provincia de Santa Fe, donde hay boleta única, la exdirectora nacional Electoral detalló que en las elecciones locales hubo un costo por elector de $169,30, mientras que en las elecciones nacionales el costo por elector fue de $119,70, e incluso hubiera bajado a $59,85 si se volviera al 1,5 elector para la impresión.
Otro exdirector nacional Electoral que se presentó fue Alejandro Tullio, quien en su caso enfatizó que “este es el momento de hacer una reforma”. “Esta reforma es oportuna, estamos en un año no electoral. En la primera mitad del año electoral hay tiempo para las adaptaciones, para darle espacio a los operadores del sistema”, consideró y citó en ese sentido a “la Justicia Electoral, la Dirección Nacional Electoral, todos los que tienen que participar en el diseño y la implementación de este tipo de cambio”.
“Estamos en tiempo de hacer esto y para explicarle a la ciudadanía cómo se vota. Porque, con mucho respeto, disiento de los que dicen que la boleta es un instrumento de los partidos políticos: la boleta es un instrumento de los ciudadanos para manifestar su opinión”, aseveró.
Entre los más de veinte expositores que se presentaron este martes, Eduardo López, apoderado del PJ bonaerense, se manifestó en contra del cambio: “Nosotros adherimos a la boleta partidaria porque ha sido el elemento que ha permitido el desarrollo de un sistema democrático, prácticamente desde la Ley Sáenz Peña, y ha dado muy buenos resultados”.
“No es que los que estemos a favor de la boleta partidaria seamos fraudulentos o mantengamos el status quo“, aclaró y defendió el sistema actual diciendo que “podrá ser anticuado pero ha sido muy efectivo y garantiza el resultado de la voluntad popular”. “Es confiable, transparente y gana el que mayor ascendencia tiene en la ciudadanía”, insistió.
A su turno, Víctor Ibáñez Rosaz, ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de Mendoza, donde se aprobó en la Legislatura la boleta única en marzo pasado, se mostró a favor de “la ventaja respecto a la equidad de la competencia electoral para todas las fuerzas políticas; la disminución del gasto electoral; la eliminación de prácticas distorsivas electorales; y la mayor libertad del elector”.
El funcionario admitió que este cambio “no soluciona todos los problemas” en cuanto a lo electoral, pero “es un debate sobre una herramienta electoral, que nos lleva necesariamente al debate sobre el sistema electoral y el régimen electoral”. “Los cambios institucionales sí mejoran las prácticas cotidianas y sí resultan positivos para los ciudadanos”, agregó.
La secretaria de Asuntos Políticos abrió la reunión informativa de este martes, donde afirmó que “una reforma política no puede hacerse a las apuradas y menos para imponer una agenda”.
En el arranque de la segunda reunión informativa en la Cámara de Diputados en torno a los proyectos que proponen la implementación de la boleta única de papel, la secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Patricia García Blanco, dejó sentado el rechazo del Gobierno al cambio en el instrumento de votación.
“Una reforma política no puede hacerse a las apuradas y menos para imponer una agenda”, enfatizó la funcionaria, quien argumentó que “desde 1983 a la fecha las elecciones nacionales se desarrollan con total normalidad, hay una alta participación electoral, hay alternancia en el gobierno y los resultados nunca fueron judicializados”.
Ante las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda, la representante del Poder Ejecutivo defendió: “El sistema de boletas partidarias ha funcionado de manera eficaz durante todos estos años. Es un sistema imparcial, que se basa en la fiscalización cruzada; ha legitimado a todos los ganadores en todos los niveles y ha dado una pacífica alternancia entre las fuerzas políticas”.
“No solo es un instrumento de votación, sino que además sirve para la planificación, el reconocimiento y la publicidad de las agrupaciones políticas”, agregó García Blanco, que se preguntó “¿cuál es el fundamento para cambiar el instrumento de votación? ¿Descartar la ausencia de boletas en los cuartos oscuros?”. “Nadie pudo cuantificar cuál es la magnitud del problema”, apuntó sobre el “robo” de boletas.
La secretaria de Asuntos Políticos expresó que le “preocupa” cuando “escucho hablar de irregularidades, porque se pone en cuestión la legitimidad de todos los representantes electos”. “La posición de que denuncio cuando pierdo y convalido cuando gano no resiste análisis”, opinó y remarcó que “todas las fuerzas políticas en este país han ganado elecciones siendo oposición y han perdido elecciones siendo gobierno”.
Sobre el argumento de que la boleta única de papel implica un ahorro de dinero para el Estado, la funcionaria consideró que el cambio “no garantiza reducción de costos y tampoco hay un diagnóstico sobre la logística que es requerida”.
“No termina con las listas sábanas. La boleta única genera que el votante desconozca la oferta electoral completa al momento de elegir. Otorga mayor exposición a las cabezas de listas, desvaloriza a la agrupación política y personaliza a los candidatos”, enumeró sobre las desventajas del instrumento.
Para García Blanco, las boletas partidarias garantizan “información accesible y completa para el electorado”. “Hoy en día el electorado cuenta con un conocimiento pleno del proceso de votación”, sumó y, por el contrario, dijo que la boleta única “vulnera el derecho de los electores a conocer acabadamente la oferta electoral”.
Entre otros puntos, comparó que las boletas partidarias permiten “una fiscalización y un escrutinio de votos en forma rápida”, mientras que “la fiscalización y el conteo en la boleta única lo complejiza y genera confusión al momento del conteo de votos”.
En su exposición, la representante del Ejecutivo advirtió que “la elección presidencial es el momento menos propicio para introducir un cambio al sistema, porque una reforma de esta magnitud crea incertidumbre al momento de elegir la primera magistratura”. “Es el escenario más complejo que puede haber, y ni hablar en caso de simultaneidad”, ahondó.
“Me preocupa que se fuerce este tipo de reformas de manera exprés”, manifestó y recordó que “la última vez que se apuró una reforma electoral” fue en el año 2019, cuando se modificó la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos “sin análisis previo” y, como consecuencia, “hoy el sistema electoral de publicidad está judicializado y puede traer un reclamo hacia el Estado exorbitante”.
Por eso, aseguró que las reformas electorales “deben ser meditadas” y no por “la imposición de soluciones mágicas por sobre problemas inexistentes”.
“Si estamos de acuerdo que no hay un problema de integridad ni de funcionamiento de las elecciones nacionales, si está claro que se trata de un cambio que puede traer efectos no deseados en la legitimidad de origen de las autoridades y la gobernabilidad, entonces ¿piensan honestamente que encarar una reforma de esta magnitud con la urgencia que se ha impuesto al debate tiene sentido? Ante riesgo enorme de perjudicar un sistema electoral que funciona, y en el momento en que se va a elegir quién va a presidir la Nación (en referencia a las elecciones de 2023). Desde mi experiencia y mi responsabilidad institucional creo que sería imprudente”, concluyó.
Si bien el formato de la reunión era solo para escuchar a los expositores, la presencia de la funcionaria abrió paso a preguntas y encaró en primer lugar la diputada del Pro Silvia Lospennato, quien le apuntó que “hay muchas denuncias en todas las elecciones en relación a distintas instancias del proceso electoral”.
Asimismo, cruzó a la funcionaria con que “el kirchnerismo introdujo nada más y nada menos que las PASO en la elección de 2011” y fue el Frente para la Victoria quien también apoyó “otra gran reforma al sistema electoral que se implementó en la elección de 2019” como fue la paridad de género.
“No conozco ningún caso de alguien que haya judicializado quién ganó y quién perdió; no sobre denuncias que hayan podido pasar en el proceso, que es una cosa diferente. Lo que dije es que no se judicializó el resultado”, le respondió García Blanco, lo que generó murmullo desde el sector de la oposición y el radical Miguel Bazze gritó: “La funcionaria está asegurando algo que no es correcto”.
Entonces, la secretaria de Asuntos Políticos reiteró que “ninguna de las judicializaciones que se llevaron adelante han modificado el resultado electoral, a eso me refiero”. Y explicó que “la reforma de las PASO se hizo en el 2009 y se implementó en el 2011”, mientras que la Ley de Paridad se aprobó en 2017 y se implementó en 2019, es decir que las leyes se trataron “dos años antes”. Además, en este caso implica “un cambio en el instrumento de votación donde los más afectados son los electores, que somos todos”.
Ya con el clima caldeado, el jefe de la UCR, Mario Negri, tomó la palabra aunque no hizo preguntas. “Al debate hay que bajarle la temperatura y razonar, a ver si estamos nosotros inventando una locura o no. La boleta única existe desde el año ’58 en Australia y solo 16 países en el mundo no la tienen”, defendió.
Luego hubo consultas, entre otros, por parte de los diputados Alejandro “Topo” Rodríguez -jefe del interbloque Federal- y Carla Carrizo en las que mencionaron que en distintas acordadas, la Cámara Nacional Electoral recomendó el cambio en el instrumento de votación. García Blanco se limitó a decir: “La Cámara Nacional Electoral no pertenece al Poder Ejecutivo Nacional, es el Poder Judicial, y es una opinión de la CNE”.
Un plenario de comisiones de Diputados continuará con el debate de los distintos proyectos, entre ellos el que cuenta con media sanción y busca reformar la composición del órgano judicial.
Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados, que presiden los oficialistas Hernán Pérez Araujo y Rodolfo Tailhade, respectivamente, retomarán este martes las audiencias en torno al tema del Consejo de la Magistratura.
El encuentro se realizará desde las 14, posteriormente a la reunión informativa por boleta única, en el segundo piso del Anexo “C” de la Cámara baja y contará con la participación de invitados, en su mayoría abogados.
Por el bloque del Frente de Todos fueron convocados Fernando Ávila, asesor del Gobierno de Catamarca y presidente de la Asociación Pensamiento Penal; Marcia Lozada Figueroa, presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Catamarca; César Antonio Grau, abogado e integrante del Ministerio Público Fiscal; Francisco Marull, abogado penalista; y Marcos Aldazabal, abogado y profesor UBA.
En tanto, según supo parlamentario.com, desde el interbloque Juntos por el Cambio propusieron a Pablo Hunger, politólogo y consultor en administración judicial; Alfredo Vítolo, abogado constitucionalista; Pedro Caminos, abogado y miembro de la Asociación Civil de Estudios Constitucionales; Natalia Volosin, master y doctora en Derecho Universidad de Yale; y Gustavo Arballo, abogado con especialidad en Derecho Público.
También, a instancias de la oposición, estarán Andrea Castagnola, politóloga, docente e investigadora del Centre on Law & Social Transformation; Martín Hevia, abogado con doctorado en Derecho de la Universidad de Toronto; Leandro Halperín, abogado y exlegislador porteño de Evolución; Martín Casares, abogado y magíster en Derecho Penal; y Miguel Berri, decano de la Facultad de Derecho de la UNLP.
Por pedido del diputado Enrique Estévez, del interbloque Federal, asistirá María Elena Barbagelata, dirigente socialista, presidenta de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires y titular de la Comisión de Derechos de la Mujer de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.
Entre los distintos proyectos que hay presentados, el oficialismo impulsa la aprobación de la iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado y busca ampliar el Consejo de la Magistratura de 13 a 17 miembros. Ese texto tiene el rechazo absoluto de Juntos por el Cambio por no incluir a un representante de la Corte Suprema.
Ese proyecto fue votado por la Cámara alta al filo del vencimiento del plazo que el máximo tribunal le dio al Congreso en diciembre de 2021 para dictar una nueva ley, tras declarar inconstitucional la de 2006.
En abril pasado, la Corte restituyó la composición del órgano judicial de acuerdo a la ley de 1997 y su presidente, Horacio Rosatti, asumió también la conducción del Consejo.
Tras varias idas y venidas, con presentaciones judiciales mediante, el Consejo se completó la semana pasada con la jura de los dos legisladores que fueron designados: el senador kirchnerista Martín Doñate y la diputada radical Roxana Reyes.
El oficialismo aseguró que está abierto a introducir modificaciones en el proyecto, con el objetivo de sumar apoyos, sobre todo de los bloques federales, donde por ejemplo hay una propuesta de Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) para garantizar la presencia de la Corte en el Consejo, pero no presidiéndolo.
Igualmente, el Frente de Todos requiere de 129 votos para la aprobación de la iniciativa que, de tener cambios volvería al Senado, y allí es donde Juntos por el Cambio advierte que sin un apoyo mayoritario en la Cámara baja, el oficialismo en la cámara de origen podría insistir con la redacción original.
Las iniciativas se debatirán en una reunión de la Comisión de Legislación General de Diputados que se realizará este martes a las 16.30.
La Comisión de Legislación General de la Cámara baja, presidida por la oficialista Cecilia Moreau, se reunirá este martes a partir de las 16.30 en la Sala 3 del Anexo de Diputados.
El temario del encuentro incluye el proyecto impulsado por la diputada de Identidad Bonaerense Graciela Camaño, y que cuenta con el respaldo del Frente de Todos, que propone la creación del área marina protegida “Agujero Azul”.
Se trata de una superficie de 164 mil kilómetros cuadrados, lindero a la Zona Económica Exclusiva -pero por fuera de ella-, donde yacen los restos del submarino ARA San Juan y su heroica tripulación.
El año pasado el proyecto se debatió en las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto; Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios; y Defensa Nacional, pero nunca obtuvo dictamen.
También se intentó, sin éxito, que fuera tratado sobre tablas en la sesión del 26 de octubre de 2021 en la Cámara baja.
Tras volver a ser presentado en marzo de este año, desde la Presidencia de la Cámara baja se le cambió el giro y fue enviado solamente a la Comisión de Legislación General para su análisis.
Por otra parte, se tratará el proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado y busca la creación del Parque Nacional y Reserva Natural Islote Lobos. Este área natural se sitúa sobre el golfo San Matías, en la costa atlántica de Río Negro, en cercanías a la localidad de Sierra Grande. Posee 18.000 kilómetros cuadrados y es el segundo golfo más extenso de Argentina, caracterizado por una importante producción biológica, amplitud de mareas y buena renovación de las aguas.
Con el resguardo de esta zona se busca proteger a 19 especies de reptiles, 27 especies de mamíferos terrestres nativos, 61 especies de aves marinas y costeras, y 94 especies de aves terrestres.
Otro de los proyectos será el que propone la creación de una Reserva Natural sobre un sector de los Bañados de Río Dulce (475.477 hectáreas) y de un Parque Nacional sobre el sector de la Laguna de Mar Chiquita o Ansenuza (185.936 hectáreas), en la provincia de Córdoba.
Este gran humedal presenta el 66% de todas las especies de aves migratorias y playeras registradas para Argentina, concentra casi el 36% de la avifauna del total del país (380 especies de aves registradas) y el 85% de las 447 especies de aves citadas para la provincia de Córdoba. Además, la región alberga las tres especies de flamencos existentes en Sudamérica.
Existen otras especies registradas, que comprenden alrededor de 32 mamíferos, 16 anfibios, 37 reptiles, 50 peces aproximadamente y un número de insectos que aún no han sido precisado.
Finalmente, el temario incluye una iniciativa mediante la que el Estado Nacional acepta una cesión de terrenos por parte de la provincia de Entre Ríos con el objetivo de ampliar el Parque Nacional Pre-Delta, ubicado en el departamento de Diamante.
Tras dos postergaciones consecutivas, esta vez el Frente de Todos tratará de dejar listo el proyecto para llegar al recinto.
No podrá decirse esta vez que el oficialismo no hizo lo posible por buscar consensos con una ley. Es lo que sucede en el plenario de las comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda, donde se debate el proyecto de ley del Ejecutivo denominado “Compre Argentino y desarrollo para proveedores”.
Tras varias reuniones y ante las resistencias percibidas por el oficialismo para aprobar el dictamen, accedieron quienes impulsan el proyecto a establecer modificaciones. La más drástica fue la anunciada el martes pasado, cuando se accedió a sacar al PAMI del texto original.
Este martes ha sido convocada una nueva reunión, para las 14, en la Sala 1 (227) del Anexo de Diputados, y desde el oficialismo se proponen ahora sí sacar el dictamen. El problema está en la necesidad de garantizar después su aprobación en el recinto, sin cambios.
Molesto por los reparos expuestos fundamentalmente desde el interbloque JxC, el presidente del bloque Frente de Todos, Germán Martínez, había acusado a la principal oposición de ubicarse en una “zona de confort” desde la que rechazaba la aprobación. Le contestó entonces el radical cordobés Víctor Hugo Romero, y el santafesino aceptó la semana pasada que su colega tenía razón, pero advirtió que “a veces siento que estamos buscando un atajo para rechazar la ley y vamos cambiando el motivo por el cual quizá queremos rechazarla”.
Lo cierto es que Juntos por el Cambio está más cerca del rechazo que de la aceptación, según han reconocido desde esa bancada. En principio, rechazaban la necesidad de una nueva ley, habida cuenta de que la anterior se redactó durante la gestión Cambiemos y no está claro que no haya cumplido sus objetivos. Gerardo Martínez reivindicó que lo que ellos habían hecho era una ley nueva, pues la vigente tiene 30 artículos, de los cuales 3 son de forma. Del resto, 10 artículos no se tocan, 14 se modifican y hay 17 nuevos. “eso no es desconocer la ley anterior”, aclaró Germán Martínez, que defendió en cambio que lo que han propuesto es una nueva ley.
Así las cosas, el oficialismo tratará de garantizarse el dictamen, mas si en la previa no logra asegurar los consensos necesarios con JxC, buscará en los bloques del medio los votos que garanticen su aprobación para cuando llegue al recinto. De lo contrario, está claro que no se arriesgará a bajar al mismo sin contar con esa seguridad.
La iniciativa impulsada desde el oficialismo eleva la preferencia de empresas nacionales en licitaciones públicas según el siguiente detalle:
El proyecto crea un fondo fiduciario público, como así también un Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores.
Entre las modificaciones aceptadas se propone sumar un 3% para empresas “sustentables” y otro 3% para las provincias que tienen “asimetrías regionales”.
A partir de las 11 de este martes se desarrollará una sucesión de reuniones en las que se conformarán 5 más, pero ya trascendieron los nombres de los integrantes de todas las que faltan, menos una.
Con retraso, mas con un sprint intenso las últimas tres semanas quedará casi completa esta semana la lista de comisiones de la Cámara baja, detalle indispensable para que pueda llevarse adelante el trabajo legislativo.
En rigor, para este martes han sido anunciadas cinco reuniones constitutivas, pero ya se conocen los integrantes de casi todas las que quedan, por lo que se descuenta que en el transcurso de los próximos días finalmente se complete definitivamente el cuadro.
La primera reunión será a las 11 de la mañana, y corresponderá a la Comisión de Asuntos Municipales, cuya presidencia seguirá en manos de Juntos por el Cambio, pues hasta el 10 de diciembre ese lugar era ocupado por la diputada del Pro Natalia Villa. Alguien de ese espacio continuaría al frente de la misma.
Al mediodía será el turno de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, que antes encabezaba el cordobés Diego Mestre y ahora seguirá en manos de un radical de esa provincia, según pudo saber parlamentario.com: Víctor Hugo Romero.
A las 13 será el turno de la Comisión de Libertad de Expresión, cuya constitución se retrasó una semana por la ausencia de quien seguirá encabezándola, el diputado del Pro Waldo Wolff, que estuvo la semana anterior junto a su compañero de bancada Gerardo Milman en Ucrania.
De ahí saltamos a las 16, cuando quedará conformada la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que encabezará un oficialista que continuará en las funciones que hasta el 10 de diciembre cumplía la entrerriana Mayda Cresto.
Finalmente, a las 17 será el turno de Juicio Político, una comisión clave que maneja siempre el oficialismo y que hasta diciembre pasado presidía la camporista Josefina González.
No están todavía en el cronograma, pero ya se conocen los nombres de quienes integrarán las comisiones restantes, a saber: Legislación Penal, que presidirá alguien de Juntos por el Cambio; Energía y Combustibles (oficialismo); Transportes (oficialismo); Minería (oficialismo). Solo restan confirmar los nombres de los miembros de Defensa Nacional, que hasta diciembre pasado encabezaba el radical Carlos Fernández.
2022896-1El presidente de la Cámara de Diputados recibió, junto al Observatorio de Víctimas de Delitos y a ministros de Transporte, a organizaciones de familiares y víctimas de siniestros viales.
Se realizó en la Cámara de Diputados una jornada en la que diversas organizaciones relacionadas con las víctimas de accidentes de tránsito se expresaron sobre los proyectos de alcohol cero al volante.
El presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, junto a la directora del Observatorio de Víctimas de Delitos, con sede en la Cámara de Diputados, Sandra Rossi; al ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera; y al ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, recibió a organizaciones de familiares y víctimas de siniestros viales, en un encuentro en el Salón Delia Parodi del Congreso de la Nación, en el marco de la Semana Mundial de Acción por la Seguridad Vial.
Junto a ellos, participaron la referente de Madres del Dolor, Viviam Perrone; Silvia González, representante de la organización Estrellas Amarillas, y víctimas y familiares de víctimas de distintos puntos del país, en una mesa compartida con el objetivo de trabajar en medidas legislativas para reducir los siniestros viales en la que Massa escuchó a los presentes, que fueron invitados para que pudieran expresarse sobre los proyectos de Alcohol Cero al Volante; la Ley Tahiel y el proyecto para limitar la velocidad máxima en los barrios a 30 km/h.
En ese contexto, el presidente del cuerpo se refirió a la importancia del rol del Observatorio de Víctimas de Delitos de la Cámara baja: “Es importante que tengamos la capacidad de aprovechar el instrumento que representa el Observatorio para poner blanco sobre negro a nuestra sociedad, a esos jueces que tardan 5,6, 7 años en impartir justicia, que buscan los vericuetos y los escondites de los Códigos para tratar de beneficiar a los asesinos que, en lugar de usar un revólver, usan un vehículo”.
En esa línea, expresó que es necesario mostrarle a la sociedad argentina “aquellos que no cumplen con su tarea y revictimizan a la víctima y a su familia cuando, en nombre de derechos y garantías inexistentes, terminan beneficiando a los que asesinan al volante”.
“Desde el Congreso y desde el Observatorio hay que visibilizar a aquellos que, en su rol de impartir justicia, ignoran el dolor y la desigualdad que existe y creen que las víctimas son solo un número”, sostuvo Massa. Y acotó: “Hay jueces que benefician a los asesinos al volante y hay que señalarlos”.
Por su parte, la integrante del Observatorio de Víctimas y referente de Madres del Dolor, Viviam Perrone, expresó: “Nos vamos conformes. Planteamos nuestras necesidades y nos escucharon. El presidente Sergio Massa nos aseguró que a partir del lunes se avanzará en las comisiones pendientes y seguiremos avanzando en los proyectos.”
En tanto, el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, indicó: “Cuando Sergio nos invitó a participar de esta jornada, nos pidió que escucháramos, que nos pongamos en su lugar, que entendamos su dolor, que compartamos esa lucha. Y que desde nuestros lugares transitorios, que también nos confirieron ustedes como ciudadanos, compartamos ese dolor, esa angustia, esa impotencia, y ayudarlos y ayudarnos a cambiar las injusticias que causan muchas veces nuestras leyes”.
Mientras que el ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Jorge D’ Onofrio, consideró: “Hoy dimos un gran paso al escuchar a los familiares de las víctimas. Ellos son nuestro faro y pusimos fechas y plazos al tratamiento de todas estas legislaciones para visibilizar aún más esta lucha. Es un gran avance y tenemos que seguir por este camino”
Entre las medidas presentadas por las organizaciones se destacan el proyecto de Alcohol Cero al Volante, que establece la tolerancia cero de alcohol en sangre para la conducción de vehículos, con penalidades por infringir la norma, y la iniciativa para reducir a 30km/h la velocidad máxima en calles de ciudades del país.
Con invitados a exponer, distintos plenarios se abocarán a analizar los proyectos de Boleta única, Compre argentino y la reforma al Consejo de la Magistratura. Además, se constituirán las nueve comisiones que faltan para completar el cuadro.
Con otra semana corta, esta vez por el feriado del 25 de mayo, toda la actividad legislativa de la Cámara de Diputados recaerá -otra vez- en el día martes, ya que desde las 10 un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; Justicia y Presupuesto y Hacienda retomará el debate de boleta única de papel. A las 14 las comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda analizarán el proyecto del Ejecutivo de Compre Argentino, mientras que en paralelo en una reunión conjunta de Asuntos Constitucionales y Justicia se analizará la reforma al Consejo de la Magistratura. Las reuniones contarán con invitados a exponer. También se conformarán nueve comisiones, con lo que se completará el cuadro de la Cámara baja.
Abrirá la jornada de labor parlamentaria a las 10 el plenario de las comisiones Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda, que presiden los diputados Hernán Pérez Araujo (FdT-La Pampa), Rodolfo Tailhade (FdT-Buenos Aires) y Carlos Heller (FdT-CABA) respectivamente, que se reunirán en el Anexo “C” para abocarse a los proyectos presentados sobre boleta única de papel. Tal como sucedió la reunión anterior, fueron invitaros expositores relacionados a la temática.
Desde las 14, ya sin la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el plenario retomará el debate del proyecto que tiene media sanción del Senado que reforma la composición del Consejo de la Magistratura. Será con la presencia nuevamente de invitados.
En forma paralela, un plenario de las comisiones de Industria -a cargo del entrerriano oficialista Marcelo Casaretto– y de Presupuesto y Hacienda, volverán a analizar el proyecto de Compre Argentino, con la decisión anunciada de emitir dictamen.
También, se llevará a cabo en el mismo horario una reunión informativa de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, que preside Mariana Zuvic (CC-ARI). Será con invitados y se desarrollará en la Sala 5.
Por otro lado, a las 16.30 la Comisión de Legislación General, en manos de la oficialista Cecilia Moreau, le darán tratamiento a los proyectos de ley que ceden jurisdicciones para crear el Parque Nacional Islote Lobos, la Creación del Parque y Reserva Nacional Ansenuza y el proyecto que propone crear el Área Marina Protegida Bentonica Agujero Azul.
Por otro lado, se constituirán las nueve comisiones restantes y se completará el cuadro de la Cámara baja. Las comisiones que se conformarán son las de Asuntos Municipales; Legislación Penal; Defensa Nacional; Energía y Combustibles; Transportes; Peticiones, Poderes y Reglamento; Juicio Político; Minería y la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia.
2022896-1Fue en el marco del programa de fortalecimiento de los lazos de cooperación con el país insular. Participaron legisladores de las comisiones de Industria, Salud y Relaciones Exteriores.
Una comitiva de la Cámara de Representantes del Pueblo de Indonesia fue recibida por legisladores de distintos partidos políticos de la Cámara de Diputados con el objetivo de fortalecer la relación bilateral y promover los lazos de cooperación parlamentaria sur-sur.
Indonesia es uno de los países musulmanes más grandes del mundo (más del 80% de su población practica esta religión). En este sentido, si bien el consumo de alcohol está limitado y es bajo por cantidad de habitantes, en los últimos años se registra un notable aumento debido a la creciente proporción de la clase media que lo demanda y la gran afluencia de turismo internacional que recibe.
Frente a esta situación, diputados pertenecientes a las comisiones de Industria, Salud y Relaciones Exteriores realizaron un intercambio con los representantes de la delegación extranjera sobre legislación vinculada al comercio, distribución, consumo y prevención de enfermedades asociadas al alcohol. El objetivo de los parlamentarios asiáticos fue recabar información para la redacción posterior de un proyecto de ley integral en materia de distribución de bebidas alcohólicas, que tenga en cuenta también cuestiones relacionadas a la concientización pública de los riesgos que conlleva el consumo de alcohol. Al respecto, los parlamentarios indonesios resaltaron la elección de la Argentina para realizar este intercambio dado que es considerado un socio clave y de referencia para la cooperación sur-sur.
Asimismo, ambas delegaciones repasaron distintos mecanismos para promover un mayor flujo y diversificación de comercio e inversiones bilaterales. Es que, si bien Indonesia es uno de los principales socios comercial de nuestro país, la canasta de exportaciones se encuentra muy concentrada en muy pocos productos.
Fueron parte del encuentro los diputados Marcelo Casaretto, Eduardo Valdés, Lisandro Bormioli, Eber Pérez Plaza y Jimena Latorre, el Director General de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara baja, Ariel Sotelo, y la embajadora de la República de Indonesia, Niniek Kun Naryatie Siswojo.
La relación bilateral entre Argentina e Indonesia se ha ido revitalizando en los últimos años a partir de visitas de alto nivel de ambos países. Indonesia es un país de gran importancia para la Argentina debido a su posicionamiento como una economía destacada en la región de Asia-Pacífico. A su vez, se trata de una nación estratégica en términos de inserción internacional ya que comparte desafíos similares en foros como el G20, el cual preside en la actualidad.
Oficialismo y oposición se repartieron las comisiones, la restante quedó en manos de Juntos Somos Rio Negro. Con esa cantidad, ya serán 39 las conformadas, por lo que solo restará que se conformen siete comisiones para el cuadro completo en la Cámara baja.
En una semana corta por el feriado del Censo 2022, toda la actividad legislativa recayó sobre este martes, ya que se debatieron los proyectos Compre argentino, boleta única y Consejo de la Magistratura, pero además se constituyeron otras siete comisiones. Con esa cantidad, ya serán 39 las conformadas, por lo que solo restará que se conformen siete comisiones para el cuadro completo en la Cámara baja.
La primera en constituirse este martes fue la de Relaciones Exteriores y Culto, cuya conducción continúa en manos del oficialista Eduardo Valdés. Tendrá 43 miembros, 21 del Frente de Todos; 20 de Juntos por el Cambio; uno de Juntos Somos Río Negro y el restante de Córdoba Federal.
“Es un enorme orgullo que mi bloque me postule para este lugar. Espero poder llegar al último día con la misma calidad humana de relaciones políticas y personales, que particularmente me interesa mucho conservar. Es un desafío, como es un desafío vivir en este mundo. ¿Quién imaginaba que la bandera norteamericana iba a flamear en Caracas? Particularmente me pone muy contento todo lo que evite violencia y se pueda consensuar”, señaló Valdés.
Como vicepresidente primera fue elegida Soher El Sukaria (Pro), mientras que en la vicepresidencia segunda fue designada Roxana Bertone (FdT). En tanto, las secretarías fueron para Julio Cobos (UCR), Maximiliano Ferraro (CC-ARI) y Leila Chaer (FdT).
Una hora después se constituyó la Comisión de las Personas Mayores, siendo elegido en el cargo de presidente Graciela Ocaña (Pro). En tanto, la vicepresidencia primera quedó para Mabel Carrizo (FdT) y la segunda para Gabriela Besana (Pro). Como secretarios fueron elegidos María Luisa Montoto (FdT), Varinia Marín (FdT) y Lidia Ascárate (UCR). El oficialismo tendrá 16 miembros y JxC 14.
A las 13 se reunió la Comisión de Discapacidad, que encabezará el diputado de Juntos Somos Río Negro Luis Di Giacomo. En las vicepresidencias quedaron Leonor Martínez Villada (CC-ARI) y Graciela Caselles (FdT). Los restantes roles quedaron en manos de María Lucila Masin (FdT), Dina Rezinovsky (Pro) y Estela Mary Neder (FdT).
Una hora más tarde, se conformó la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, que sigue presidiendo el riojano Sergio Casas (Frente de Todos). Juan Carlos Polini (UCR) fue designado como vicepresidente primero y Eduardo Gabriel Fernández (FdT) en la vicepresidencia segunda.
En tanto, como secretarios fueron elegidos Emiliano Estrada (FdT) y Virginia Cornejo (Pro). Con 31 miembros, habrá paridad entre el oficialismo y Juntos por el Cambio, correspondiendo el restante a Identidad Bonaerense.
También fue el turno de la Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales, donde tal cual anticipó parlamentario.com fue designado Martín Tetaz (Evolución Radical), acompañado en las vicepresidencias por Dante López Rodríguez (FdT) y Matías Taccetta (Pro).
Los diputados Germana Figueroa Casas (Pro) y Aldo Leiva (FdT) fueron elegidos como secretarios. El Frente de Todos tendrá 15 miembros; Juntos por el Cambio 14 y Juntos Somos Río Negro el diputado restante.
La Comisión de Seguridad Interior pasó a manos de la oficialista Mónica Litza -hasta diciembre la presidía Paula Penacca-, mientras que el diputado santafesino Juan Martín (UCR) quedó en el rol de vicepresidente primero y la vicepresidencia segunda fue para el chaqueño Juan Manuel Pedrini (FdT).
Como secretarios fueron elegidos Rogelio Iparraguirre (FdT), Gabriel Chumpitaz y Gerardo Milman (Pro). De los 31 integrantes, 15 son del FdT y otros tantos de JxC. El restante corresponderá a Identidad Bonaerense.
El último turno fue para la Comisión de Turismo, que encabezará el cordobés del Pro Gustavo Santos. El FdT postuló a la riojana Gabriela Pedrali para el cargo de vicepresidente primero, mientras que la vicepresidencia segunda quedó para el radical Martín Arjol (Misiones).
En el cargo de secretarios fueron postulados Guillermo Carnaghi (FdT), Estela Hernández (FdT) mientras que la restante secretaria, que le corresponde al interbloque Federal, quedó vacante.
Tendrá 31 miembros y paridad entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, con 15 miembros cada uno. El restante será de Juntos Somos Río Negro.
También se iba a constituir Libertad de Expresión, pero se postergó la reunión por la ausencia de quien seguiría conduciéndola, el diputado del Pro Waldo Wolff. Allí el FdT tendrá 16 miembros y JxC 15.
Fue la primera reunión con invitados a exponer sobre el tema donde la mayoría destacó la cuestión de paridad de género. La próxima semana continuarán el debate con más expositores.
Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara baja, debatió el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura con cuatro invitados a exponer de los cuales, tres de ellos respaldaron la propuesta y destacaron los ejes de paridad de género y federalización, mientras que el otro expositor criticó la iniciativa. La próxima semana continuarán el debate con más expositores.
Este martes los miembros de las comisiones presididas por Hernán Pérez Araujo y Rodolfo Tailhade escucharon a Darío Kusinsky, rector de la Universidad Nacional de José C. Paz; a la presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, Marcela Ruiz; a Milagros Noli, directora de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Corte de Mendoza; y al abogado Miguel Piedecasas, quienes opinaron sobre la norma que tuvo media sanción del Senado el pasado 7 de abril.
Abrió la ronda de expositores Darío Kusinsky, rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, quien ponderó el proyecto porque “tiene un gran avance en materia de género, destacable, que reconoce el rol de las mujeres en la construcción de las instituciones. Habla de igualdad, estoy convencido que la presencia de mujeres en el Consejo va a permear, con perspectiva de género, todas las decisiones que se tomen. Por eso es tan importante que la ley se sancione para tener una sociedad y una justicia más justa”.
“También vería de modo positivo si la cantidad de mujeres por estamento aumentara, para que tengan mayor participación que los varones”, sumó Kusinsky porque el mundo del derecho es “bastante machista”.
Respecto a la conformación que contempla el proyecto, consideró que “mantiene los niveles y mejora la participación de los distintos estamentos”. Asimismo, agregó: “Quita dos representantes del Legislativo tanto en su composición y comisiones de esquema de mayoría requeridas para la toma de decisiones”. Por otro lado, celebró que sea “el propio Consejo quien elija a sus autoridades y no que venga determinado por la ley”.
“No resulta admisible contemplar la integración de la Corte Suprema o al menos, si lo integran, que no necesariamente venga determinado por el proyecto de ley que ocupen sus miembros la presidencia del Consejo de la Magistratura, que tendría que ser elegido en el ceno del propio órgano. La decisión de incluir a la Corte como miembro era una decisión privativa del constituyente del 94 que no lo incluyó en el texto del 114”, expresó el rector y cerró remarcando que “es importante que sea el Consejo quien elija a su presidente y traería el formato que hay en las universidades donde los órganos de cogobiernos están integrados por representantes de cada claustro o estamentos que se eligen en el seno de un debate”.
A su turno, la presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, Marcela Ruiz, subrayó que el proyecto “es tan importante para los argentinos”. En primer lugar, explicó que dentro de la federación representan a las 23 provincias argentinas y a CABA, cuyo objetivo es “la defensa de la independencia del Poder Judicial y esa independencia comienza con los mecanismos de selección de los magistrados porque cuando se habla de la justicia, en lo bueno y en lo malo no se incluye”.
A su vez, hizo referencia a tres ejes que se “resaltan y son positivos dentro del proyecto”, y enumeró: “La paridad de género, la federalización y la regionalización”. Respecto al punto sobre género, opinó: “Si bien ha habido avances en materia de género todavía hay estereotipos que están muy arraigados culturalmente. Las mujeres tenemos barreras invisibles para acceder a lugares de tomas de decisiones y acceden a diferentes cargos. Siempre planteo que cuando miramos la pirámide judicial que en los estratos más bajos o de mero jerarquía hay muchas más mujeres que varones, pero al llegar al vértice un 29% de mujeres acceden a los cargos de ministros. Si analizamos quiénes presiden, solamente un 8% presiden los Tribunales Superiores. Se trata de una desigualdad estructural”.
En ese sentido se preguntó: “¿Cómo combatimos esa desigualdad? a través de políticas diferenciadas que tengan en cuenta a esos sectores que han sido postergados dentro de l cual se encuentran las mujeres. Tenemos que hacer acciones positivas del Estado”.
“todos queremos una democracia paritaria, pero para eso es importante necesario e imprescindible tener igualdad de género porque si no nunca se van a ver las instituciones con clave de género y eso necesitamos porque las mujeres aportan miradas y voces importantes para el fortalecimiento de sistemas judiciales y legitimidad que tiene la justicia en la sociedad”, explayó Ruiz.
Respecto a la composición aseguró que “cumple con las mantas constitucionales”, y también ponderó “el lenguaje” con el que está redactado el proyecto. Otro de los puntos que resaltó fue el de la federalización y apeló al artículo 1 de la Constitución Nacional y criticó que “se pregona mucho el federalismo, pero cuesta. Todos soñamos y proyectamos en clave unitaria”, por lo que destacó el proyecto: “Esto es muy acertado que se hayan incluido en el artículo 8 que el Consejo va a sesionar cada 3 meses en algún asiento de Cámara Federal del territorio argentino con el objetivo de analizar las necesidades o problemáticas que aquejan a ese lugar”.
“La sociedad exige una justicia cercana y eso comienza con el Consejo e la Magistratura que elige a los magistrados”, apuntó y cerró con su opinión respecto a la regionalización y sugirió que “la representación de los abogados debe responder a cada una de esas regiones”.
Durante su intervención, Milagros Noli, directora de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Corte de Mendoza, subrayó la importancia de “resolver en el ámbito del Congreso la determinación y la configuración y funcionamiento de un órgano de categoría constitucional como es el Consejo”. Por consiguiente, resaltó cinco condiciones: “Porque no es sino una ley del Congreso de la Nación la que asegura la pluralidad de voces que legitima el mandato de origen que ustedes tienen”.
“Una ley del Congreso de la Nación otorga mejor seguridad jurídica que una decisión adoptada por el organismo que tiene el mayor déficit de legitimación democrático de nuestra organización del Estado que se autorregula. En tercer lugar, porque es una ley a través de Congreso mediante lo cual se puede hacer efectivo el ideal de republicanismo que nos impera en la nación que tiene que ver con el control ciudadano de las órbitas de ejercicio de poder”, describió.
En cuarto lugar, explicó que “es a través de la emisión de una ley de este Congreso que va a dar cumplimiento efectivamente a la sanción de la Corte porque la Corte reconoce que es en la órbita de este Congreso donde tiene que emerger la disposición normativa, la ley, que regule el funcionamiento”.
Y por último manifestó que “intuitivamente nos parece costoso que hoy nos esté regulando una ley que ha sido derogada hace 16 años y ha sido dictada en el contexto de hace 25 años”, y señaló: “Es operativo la necesidad de una reglamentación emanada de este Congreso”.
Además, Noli ponderó el eje de perspectiva de género que es una “medida de acción positiva”, pero cuestionó que “no establece un piso porque habla de ‘al menos’”; la federal ya que “la composición de la sociedad de cada provincia no es igual una a la otra”; la interdisciplinaria porque “supone una mejor ampliación en cuanto al reconocimiento de derechos y ampliación de miradas”; y la de derechos humanos.
“No estoy de acuerdo en que estemos discutiendo una reforma del régimen legal vigente”, apuntó Piedecasas.
Por su parte, el jurista Miguel Piedecasas aseguró que el ámbito del Consejo de la Magistratura es “plural y democrático”, y señaló que en el mundo hay modelos del órgano de “todo tipo y clase” por lo que el debate “debe estar acotado al artículo 114 de la Constitución Nacional”.
“No estoy de acuerdo en que estemos discutiendo una reforma del régimen legal vigente“, apuntó el abogado y explicó críticamente que “es una oportunidad histórica, institucional de suma importancia para conformar una nueva ley en su integridad sobre el Consejo y no seguir debatiendo sobre parches que atienden más a la coyuntura que a la definición institucional que necesitamos que proyecte un marco jurídico para el tiempo de lo que viene, superando la coyuntura política, sectorial, mezquina que lleva a apreciaciones y a modelos que no se corresponden con la definición constituyente”.
En ese marco, precisó que “no tiene unanimidad ni siquiera al interior de los bloques como lo demuestran los distintos proyectos que presentaron”, en ese punto hizo hincapié respecto a la Corte Suprema: “Es absolutamente cierto que en la convención constituyente se discutió si era conveniente o no que la Corte integrara el Consejo, pero también es cierto que no hubo ninguna definición concluyente y si se afirmó que el Consejo era un órgano que perseguía el auto gobierno del Poder Judicial en un momento donde la sociedad tenían una visión crítica del Poder Judicial”.
En tanto opinó que “no queda ninguna duda que la Corte debe integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación porque la Constitución ha colocado a este órgano dentro del Poder Judicial y porque esta ley, que viene aprobado del Senado, es una modificación, pero no modifica el artículo primero que el Consejo es un órgano permanente del Poder Judicial, de manera tal que la Corte debe integrarlo”. “Hay que despolitizar el Consejo de la Magistratura porque es un órgano virtuoso”, apuntó.
Durante un plenario de tres comisiones de la Cámara de Diputados pasaron una veintena de expositores para opinar sobre el cambio del instrumento de votación a nivel nacional.
Tal como se acordó la semana pasada, este martes arrancaron en la Cámara de Diputados las reuniones informativas, con la participación de invitados, para debatir sobre la implementación de la boleta única de papel a nivel nacional, aunque el formato permite las exposiciones sin intercambio de preguntas con los legisladores.
El encuentro de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda se dio en el marco del cronograma que la misma oposición impulsó, al lograr emplazar a las comisiones a partir de una votación que se realizó en el recinto el pasado 5 de mayo, y contó con los votos a favor de Juntos por el Cambio, bloques federales y los libertarios.
La primera expositora que habló en la jornada -de tres horas- fue Julia Pomares, jefa de asesores del Gobierno de la Ciudad, quien consideró que la boleta única “les asegura a los votantes que al momento de votar pueden tener todas las opciones” y así “el mismo derecho a votar esté en un cuarto oscuro en Balvanera, Trelew o González Catán”.
Asimismo, “garantiza que todos los partidos y alianzas estén en igualdad de condiciones” y se respete “el derecho a elegir y ser elegido”. “El sistema actual de boletas partidarias no lo garantiza y eso es lo que viene a garantizar la boleta única”, ratificó su posición.
Pomares advirtió que el cambio “hay que hacerlo bien” y “diseñar bien el instrumento”, pero resaltó que “más de 180 países pudieron hacer esta transición”. En referencia al modelo de la provincia de Córdoba, señaló que “permite que una persona pueda votar de manera más fácil para un mismo partido por todos los cargos”. “Tenemos una oportunidad inmensa de subirle la vara a la democracia”, agregó.
Luego fue el turno del exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey, quien observó que “en Occidente estamos atravesando una muy fuerte crisis en nuestro sistema representativo”. En ese marco, “esta reforma o cualquier reforma que se plantee debe entender de qué manera nosotros logramos amigar este sistema representativo, que está francamente en crisis, para que el ciudadano pueda realmente sentirse representado por nosotros”. Aunque reconoció que una eventual ley de boleta única de papel “no es la única solución al problema”, sí subrayó que se trata de “un avance”.
Exsecretario de Asuntos Políticos durante la gestión de Cambiemos, y quien fue uno de los impulsores del proyecto de reforma electoral en esos años, Adrián Pérez defendió el cambio del instrumento de votación, aunque admitió que “hay que encontrarle una vuelta” en el caso de simultaneidad de elecciones nacionales con provinciales, dado que los distritos tienen sus propios sistemas.
“Ahí lo que yo creo es que hay que dividir la lista por orden. Dividir una boleta única para los cargos nacionales y una boleta única para los cargos provinciales, desde mi punto de vista, es la mejor opción”, sostuvo. Además, en el final de su exposición, enfatizó que “el instrumento de votación nuestro es arcaico, viejo, no va más en el mundo y tenemos que cambiarlo”.
A su turno, Alejandra Pericola, del Observatorio Electoral UBA, resaltó que la boleta única ya se utiliza para que voten quienes están privados de la libertad y los argentinos que residen en el exterior. “Desde el año 2007 la Cámara Nacional Electoral ha reiterado en varias oportunidades la necesidad de abrir el debate”, recordó, y añadió que “en algunos fallos y varias acordadas” se ha referido a “la multiplicidad de candidatas y candidatos que se proponen para cada elección” y “la inconmensurable cantidad de boletas que se oficializan”.
Para la expositora, el sistema actual trae “inconvenientes y problemas no solo durante la campaña electoral”, sino también en “la tarea de las autoridades de mesas” y “la fiscalización de los partidos políticos”.
Pericola defendió que la boleta única de papel “elimina el robo de boletas; disminuye el gasto electoral; se reduce el consumo de papel; fortalece la transparencia de los procesos electorales; esperamos que pueda eliminar algunas prácticas clientelares”, al tiempo que se puede implementar la plantilla en braille y agiliza las tareas de escrutinio.
También a favor de los proyectos, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, recordó que “en Argentina ha habido famosos haciendo política desde mucho antes” de que se implemente la boleta única. Para refutar a quienes argumentan que este sistema permite la “farandulización” de la política, el jefe comunal señaló que “el fenómeno de la crisis de la representación política no tiene nada que ver con el medio de emisión del voto. Es otra discusión que tenemos que dar quienes hacemos política en relación a cómo logramos asegurarnos la representación popular”.
Desde el CIPPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), Carolina Tchintian expresó que la boleta única “lo que hace es permitir al votante traducir su preferencia en un voto de manera fácil y fiel”, mientras que “asegura que la experiencia de votar sea uniforme, consistente a través de los distritos entre votantes” y “equipara y nivela la cancha entre partidos políticos”.
De acuerdo a encuestas realizadas por la organización que representa, en la provincia de Santa Fe, donde ya se utiliza este sistema, “9 de cada 10 votantes lo calificó como un instrumento bueno o muy bueno” y “6 de cada 10 dijeron que es más fácil que la boleta partidaria”. “Solamente el 5,5% de todos los votantes encuestados consideraron que es más fácil la partidaria”, agregó.
De los 20 expositores que se presentaron este martes, también hubo quienes hablaron en contra del cambio del sistema electoral. Uno de ellos fue el politólogo Andy Tow, quien consideró que la boleta partidaria permite “construir de coaliciones multinivel” y “unir y sumar fuerzas de diversos niveles de gobierno mediante una oferta unificada”.
“Las ofertas electorales multinivel fortalecen los partidos políticos”, señaló y opinó que “las trampas son más difíciles cuando en las elecciones hay cargos diversos y enlazados en juego; y cuando hay presencia de autoridades federales y provinciales”.
Para Tow, el cambio en el instrumento de votación alentará que “las provincias y la Ciudad de Buenos Aires hagan sus elecciones separadas de las nacionales”, lo que “consolida la tendencia de desdoblar” que tiene “como consecuencia un calendario extenso que fastidia y confunde al electorado”.
Por su parte, Dolores Gandulfo, de la COPPPAL (Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe), negó que la boleta única “no requiera la fiscalización”. “Los partidos políticos aún con boleta única requieren de una fiscalización constante durante el proceso electoral y especialmente en el recuento”, apuntó.
Entre varios puntos, manifestó que este instrumento “presenta riesgos en la gobernabilidad” y exige de un “proceso de capacitación electoral” amplio. “No contamos con evidencia que muestre las virtudes de este instrumento para poner en riesgo un sistema legitimado por todos los actores y el pueblo argentino”, completó.
Facundo Cruz, de la UBA y UTDT, dijo que “las reformas políticas se suelen implementar cuando algo está saliendo mal o cuando se quiere mejorar algo. Actualmente no hay evidencia sistemática de que algo esté saliendo mal respecto al instrumento de votación”. Y consideró que, de acuerdo a las iniciativas presentadas, “algunas cosas puede que comiencen a salir mal cuando se pongan en marcha”.
“Los actores, la ciudadanía y la justicia tienen confianza en el sistema”, continuó y aseveró que “se tiene que discutir una reforma política-partidaria más integral” si se quiere cambiar el sistema, porque “vamos a estar tal vez cambiando una sola parte de un auto y vamos a estar generando problemas en el motor”.
Finalmente, Tomás Aguirre, de la Agencia de Comunicación Monteagudo, defendió que “tenemos un sistema electoral confiable en Argentina”, donde ha habido “elecciones libres, limpias, transparentes y sobre todo legítimas” y “hay mucha evidencia al respecto”.
“En los últimos 15 años hicimos ocho elecciones de las cuales nada menos que cinco, con este sistema electoral, con este instrumento de votación, la ganó una fuerza opositora al oficialismo de ese momento, lo cual debería darnos una idea de que el sistema de votación funciona, es transparente y es competitivo”, argumentó.
También sugirió que, si se quisiera cambiar el sistema se puede “usar la elección del año que viene para plantear un estudio serio, sistemático, hecho por el Estado, que nos diga dónde está en problema y en qué distritos”.
Ante el plenario de comisiones, Ariel Schale hizo hincapié en los sistemas de incentivo que una nueva norma debe establecer.
En el inicio de las exposiciones por el debate de la nueva ley de Compre Argentino, el secretario de Industria de la Nación, Ariel Schale, resaltó el valor de la nueva norma recordando que la vigente “fue concebida, diseñada, en un entorno global que ya no existe. La ley vigente fue concebida en pleno proceso de expansión del proceso de globalización, en el reinado de las cadenas globales de agregación de valor, todos procesos que tanto el avance de la revolución de la industria del 4.0, y las consecuencias del proceso pandémico han instaurado un proceso nuevo, que se conoce como nearshoring, y esto es la importancia estratégica de contar dentro de los territorios nacionales con cadenas de valor, plataformas productivas que den autonomía”.
El funcionario aclaró que ya no se considera un proceso coyuntural, sino estructural, “que define el ritmo de acumulación de este siglo”. Schale aseguró que “la pandemia ha acelerado los procesos de impacto de la industria 4.0. “Ya no hay tiempo para diseñar un producto; mandar un prototipo para fabricar en el sudeste de Asia; aprobar ese prototipo; encargar la producción y esperar el flete marítimo: se fue la demanda”, ejemplificó.
Por el contrario, continuó, “hoy la autonomía y la soberanía en los procesos de desarrollo industrial radica en la dotación de plataformas productivas cerca de los canales de comercialización”.
Destacó en tal sentido que el entorno pandémico ha puesto de manifiesto la disyuntiva de tener o no tener industria para poder aprovisionarse de los servicios que se requieren.
“El entorno global ha cambiado y requiere de una ley más fortalecida en los sistemas de incentivo que irradia, y aquí seguimos también el proceso dinámico que ocurre en los países desarrollados”, y citó los casos de Israel, Japón, Alemania, Estados Unidos, entre otros, y los propios países de nuestra región, fundamentalmente Brasil, “que fortalecen los procesos de ‘compre nacional’”. Procesos que permitan autonomía, dijo, y precisó que la propia Unión Europea denomina como “autonomía sustentable”. Una forma de denominar a lo que a su juicio es “un proceso de sustitución de importaciones”.
“Este proyecto de ley viene a aportar musculatura, densidad, a ese proceso de construcción de la sociedad en su conjunto”, agregó el funcionario, que destacó que “la ley de Compre siempre va acompañando los procesos de maduración de política industrial, y por cierto en estos tres años se ha desplegado una política industrial de mayor densidad a la existente en la anterior, que requiere de una ley que fortalezca los objetivos de desarrollo industrial de la Argentina”.
Schale resaltó la ausencia de herramientas de financiamiento que les permitan fundamentalmente a nuestras PyMEs acceder, siquiera evaluar, la posibilidad de un esquema de venta en Compre Estatal por no poder hacer frente a las exigencias financieras de ese proceso”. Comentó en ese sentido las dificultades que debe encarar un productor PyME para enfretnar un desarío de producción a escala”.
Al respecto dijo que esta ley viene a otorgar un instrumento financiero a las PyMEs para recrear instancias mucho más competitivas por el sistema de incentivos de atracción de concurrentes a las posibilidades del Compre Estatal.
Otro elemento fundamental que destacó fue “la figura del Compre Estatal de Innovación”. Y señaló “un Estado incentivando compras en sectores que tenemos que desarrollar”.
Así las cosas resumió en las situaciones de instancias de articulación, promoción, democratización de información; la instalación de instrumentos financieros, y la figura del Compre Estatal de Innovación, como “ingredientes que transforman el instrumento legal vigente en uno más potente”.
A continuación, el secretario de Industria recordó que otra parte del debate de este proyecto estuvo centrado en los márgenes de preferencia. Aclaró sobre ese punto que “en una licitación donde compiten dos bienes nacionales, gana el precio más bajo, que quede absolutamente claro”.
Agregó que la elevación del margen propuesta desde el Ejecutivo estuvo fundamentada en principio por ejemplo por “el recurrente requerimiento del sector productivo nacional. “Segundo, porque los niveles de preferencia de la ley de Compre en los principales socios comerciales tiene magnitudes superiores incluso a lo que estamos proponiendo”, agregó.
Puso como ejemplo casos de Estados Unidos y en ese sentido destacó que en términos comparativos lo nuestro resulta moderado. “Brasil establece márgenes de preferencia del 20%”, ejemplificó, para citar también los de Israel, Turquía, India y México.
Esta es una ley de Compre Argentino; no de desarrollo PyME, ni que esté discriminando origen de capital: las multinacionales que producen en Argentina también gozan de preferencia, aclaró, para concluir resaltando que lo que se busca aprobar es “un instrumento muy valioso en términos de polítia industrial para seguir promocionando la instalación de inversiones productivas dentro del territorio nacional”.
Con cinco minutos cada uno para exponer -que previsiblemente respetaron muy poco-, expusieron a continuación los demás invitados, comenzando en nombre del movimiento obrero por el líder de la UOM Abel Furlán, quien expresó el apoyo cegetista al proyecto de ley.
“Venimos a apoyar el proyecto porque contiene la demanda que supimos plantear en la discusión del año 2017. Esa modificación de la ley tiene consistencia en función del consenso logrado a partir de las discusiones”, puntualizó, aclarando que “no es un planteo solo del Poder Ejecutivo, sino también una demanda que supimos tener nosotros al ser convocados en las mesas sectoriales. Este proyecto plantea oportunidades para el desarrollo, para la generación de nuevos empleos. Y en ese sentido, venimos con una postura de exigir el tratamiento y aprobación de este proyecto, porque entendemos que va a ser un bien preciado para todos los argentinos”, expresó el exdiputado nacional, que concluyó expresando su deseo de contar con “una herramienta que pueda construir oportunidades para el desarrollo y la empleabilidad. Más allá de las diferencias en algún articulado, que sean las cuestiones técnicas las que permitan un debate importante, y no las cuestiones políticas”.
En representación del sindicato del Calzado, Fidel Jerez resaltó que “esto es nada más y nada menos que generar empleo y trabajo argentino. Represento una industria que ha sido muy castigada en los últimos tiempos, con las importaciones, con la apertura. Creo que es una buena oportunidad de crear mano de obra argentino y trabajo argentino”.
A su vez, Gustavo Gándara, director EJecutivo Fundación UOCRA, sumó su apoyo a la ley, por cuanto “el Compre Argentino implica trabajo argentino”, y agregó que “quienes escriban la reglamentación tiene que garantizar que aquel compre argentino sea trabajo argentino. Porque no puede ser cualquier trabajo, nosotros queremos un trabajo decente, que claramente tengan los pisos de protección social, y el complementada todos los estatus laborales”.
“Nos parece sumamente importante el tema de la inversión tecnológica. Esta inversión tiene que estar regulada con un proceso de transición tecnológica en la que los trabajadores aprendan estas tecnologías y las puedan hacer valer”, agregó.
A su turno, en nombre del Sindicato Argentino Obreros Navales, Juan Antonio Speroni habló de la necesidad de contemplar las alteraciones que tuvo el mundo a partir de la pandemia y el conflicto bélico. “Hay una oportunidad de tratar de generar las condiciones del entramada industrial para poder producir a través de las compras del Estado una herramienta que confluya con los indicadores productivos que se ven en el país que son muy buenos”. Y concluyó señalando que “Argentina tiene que transitar este sendero para defenderse en un mundo globalizado, en un mundo de disputa del mercado, tiene que ver con el compre nacional y las posibilidades de optimizar los recursos nacionales”.
Por la Unión Industrial Argentina, Pablo Dragún consideró “fundamental tener a las compras públicas como política de Estado sostenida en el tiempo. Porque redunda en mayores beneficios para el entramada productivo, las inversiones y la generación de empleo de calidad”, y consideró “muy positivo el capítulo integrado de compras para la innovación. Así como la inclusión de la perspectiva de género, y la participación institucionalizada de los actores pertinentes en la mesa de compra argentino”.
A su vez, José Taomborenea, presidente de la Cámara de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas, señaló que “la industria y producción son los únicos generadores reales de riqueza y que pagan los impuestos”.
“Nuestro reclamo es que se unan, entiendan lo que significan y saquen algo que sea provechoso y además de largo plazo. Ya no se discute más en los países si industria sí o industria no. Todos los países industrializados tienen este tipo de regulaciones que protegen cada una de sus industrias. Y nosotros lo padecemos cuando queremos exportar”, dijo, para concluir con un pedido: “Dialoguen entre ustedes, pónganse de acuerdo y hagan que esto realmente funcione. Para nosotros esta ley es la madre de las leyes. No podemos fallar”.
A su turno, Tomás Canosa, director de ADIMRA, destacó la importancia de la herramienta de las compras públicas. “La evidencia internacional, los países desarrollados y en vías de desarrollo utilizan esta herramienta para potenciar la producción, exportaciones, generación de tecnología”, destacó, agregando que “la ley avanza en la dirección correcta en dos puntos. Uno las dificultades que presentan las empresas que son proveedores del estado tanto con los problemas de información como financiamiento. Entendemos que la creación del Fondo Fiduciario es un paso en la dirección correcta”.
“Y después que se avance en la previsibilidad, la posibilidad que las empresas conozcan los proyectos. Las adquisiciones que se van a realizar en el sector público para prepararse en el momento en el que se lancen las licitaciones. Creemos que la creación del observatorio va en esa dirección y va ayudar tanto la producción como la generación de empleo de calidad que el país tanto necesita”, puntualizó.
Por la Cámara Empresaria del Medio Ambiente, Marcela García Canosa comentó que “se mantiene al Estado como uno de los principales impulsores de la demanda de la economía. Y que sus compras financiadas por la recaudación de los impuestos deben propender al desarrollo de los diferentes actores económicos del país”.
“El Estado tiene responsabilidad al momento de utilizar su presupuesto, incorporando conceptos de compras públicas sustentables. El Estado con su poder de compra puede oficiar de orientador de mercado para bienes que aun el sector privado no género o servir de puente financiando nuevas tecnologías”, concluyó.
A continuación, por la Cámara de Industriales Fundidores, Pablo Gáspari expresó su adhesión al proyecto, pero señaló que no entienden “cómo el Estado puede dudar entre comprar un producto local o no. Cuando nosotros pagamos los sueldos, y toda esa masa de dinero queda dentro de la Nación”.
Respecto al proyecto, consideró que “tiene varios conceptos que mejoran la situación actual. Consideramos que podría ser perfectible, pero tiene más aspectos positivos que lo que tenemos”.
Y finalmente, reclamó que los legisladores “dialoguen, pónganse de acuerdo, piensen en la cantidad de divisas que esto puede generarle de ahorro al país y en la cantidad de puestos de trabajo que esto puede generar.
Daniel Rosato, en representación de Industriales Pymes Argentinos, señaló que “todos coincidimos en la importancia de este proyecto de Compre Argentino. Hay que destacar su importancia y hacer memoria de lo que representa. Significa mayor cantidad de trabajo, mejores salarios, mayor productividad, un futuro mejor para todos. Significa cultura del trabajo, la continuidad de un proyecto industrial que venimos llevando adelante hace dos o tres años y ha llevado a la creación de mil nuevas PyMEs industriales”
En este sentido, consideró que “la política industrial que se llevó adelante en los últimos años está dando resultado, hay que potenciarla. Lo que no dio resultado fue una política de una apertura que tuvimos del 2015 al 2019 que destruyeron 7 mil industrias en la Argentina. Yo creo que este proyecto no tiene que llevar una bandera política, tiene que llevar la bandera de Argentina por delante, y que todos tomemos conciencia lo que significa darle la oportunidad al sector productivo para decirle que va a haber más integración e inclusión”.
Por CAEHFA, la Cámara de Equipamiento Hospitalario, Gustavo Pettinari señaló la necesidad de que el sector sea considerado como estratégico: “El sector, en estos últimos dos años, mientras otros países del mundo han tenido que piratear equipamiento médico, Argentina prácticamente no tuvo la necesidad de importar. Porque el sector estaba ahí para cubrir las necesidades de toda la demanda argentina y poder salir adelante airosos de esta pandemia. Por eso consideramos que el nuestro es un sector estratégico. Creemos que debería estar taxativamente enunciado en el cuerpo de la ley como sector estratégico, para poder entrar dentro de lo que se denomina reserva de mercado”.
A su turno, Laura Codda por la Cámara Argentina de Seguridad, señaló que el proyecto es “fundamental”, ya que el sector participa en muchas licitaciones: “Para nosotros es muy importante este tema, como lo es que en las licitaciones se incluya la certificación por normas locales. Esperamos que haya una aprobación efectiva, lo cual para nuestras empresas es determinante”.
Laura Barabas, de la Cámara de Industria del Calzado, expresó que su sector está “totalmente de acuerdo y apoyamos el proyecto de ley de Compre Argentino. Y ahora comienza el trabajo, porque nosotros tenemos que lograr que cuando se reglamente y trabajando en conjunto lograr que realmente sea efectiva y las PyMEs puedan acceder, tienen que haber condiciones y acceso para el financiamiento”.
Por la Cámara industriales de Bienes de Capital, Rubén Fabrizio señaló que el proyecto “mejora los márgenes de preferencia. Siempre lo hemos requerido para aproximarse a lo que hacen nuestros socios comerciales, los piases desarrollados del mundo. Entendemos que el mecanismo de financiamiento dentro de la propia ley es de suma utilidad y es un reclamo histórico. Finalmente, la instancia de mesa de trabajo conjunto entre los compradores y oferentes también ha sido un reclamo histórico. Es de suma utilidad para el diseño y la mejora de la gestión de compras integral.
Finalmente, Laura Fabra por CAPGEN expresó que defienden y apoyan la implementación de este proyecto: “Consideramos que vamos a generar más puestos de trabajo y es lo que va sacar este país adelante. Y estamos muy de acuerdo a que se dé lugar y se siga manteniendo como política de Estado la paridad de género”.
Esa era una de las principales objeciones que tenía el proyecto del Poder Ejecutivo. En Diputados se desarrolla una jornada informativa y el martes que viene se firmará el dictamen.
Con el deseo de eliminar todo tipo de objeciones que impidan la sanción de una nueva ley de Compre Argentino, el oficialismo resolvió excluir del texto al PAMI para abastecer con capitales nacionales la industria farmacéutica y de equipamiento médico.
Así lo anunció este martes el titular de la Comisión de Industria, Marcelo Casaretto, en el inicio del plenario que se desarrolla con Presupuesto y Hacienda para escuchar a funcionarios nacionales, representantes del movimiento obrero organizado, de cámaras y entidades empresarias interesadas en el Compre Argentino.
Al comenzar la reunión, pasadas las 13.30, el diputado entrerriano recordó que “tomamos el texto que había venido del Ejecutivo y a propuesta de colegas le hicimos algunas modificaciones; el jueves también escuchamos comentarios de los distintos bloques y hacemos nuevos cambios sobre el texto del Ejecutivo y en relación a lo que ya sería un dictamen final”.
Ahí fue que anunció la decisión del bloque Frente de Todos de “excluir de la ley al PAMI”, que de tal manera “no tendría modificaciones frente a la regulación actual”. Así las cosas, anticipó que la de este martes sería una reunión informativa y al término de las exposiciones habría un nuevo cuarto intermedio “con la idea de emitir el dictamen el martes que viene”.
Encargado de dar comienzo a las exposiciones fue el secretario de Industria de la Nación, Ariel Schale, quien destacó que “tanto el avance de la revolución de la industria del 4.0, y las consecuencias del proceso pandémico han instaurado un proceso nuevo, que se conoce como nearshoring, y esto es la importancia estratégica de contar dentro de los territorios nacionales con cadenas de valor, plataformas productivas que den autonomía”.
“El entorno global ha cambiado y requiere de una ley más fortalecida en los sistemas de incentivo que irradia, y aquí seguimos también el proceso dinámico que ocurre en los países desarrollados”, y citó los casos de Israel, Japón, Alemania, Estados Unidos, entre otros, y los propios países de nuestra región, fundamentalmente Brasil, “que fortalecen los procesos de ‘compre nacional’”. Procesos que permitan autonomía, dijo, y precisó que la propia Unión Europea denomina como “autonomía sustentable”. Una forma de denominar a lo que a su juicio es “un proceso de sustitución de importaciones”.
“Este proyecto de ley viene a aportar musculatura, densidad, a ese proceso de construcción de la sociedad en su conjunto”, agregó el funcionario, que destacó que “la ley de Compre siempre va acompañando los procesos de maduración de política industrial, y por cierto en estos tres años se ha desplegado una política industrial de mayor densidad a la existente en la anterior, que requiere de una ley que fortalezca los objetivos de desarrollo industrial de la Argentina”.
El funcionario resumió en las situaciones de instancias de articulación, promoción, democratización de información; la instalación de instrumentos financieros, y la figura del Compre Estatal de Innovación, como “ingredientes que transforman el instrumento legal vigente en uno más potente”.
A continuación expuso Fernando Peirano, presidente de la Agencia de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, quien destacó que la nueva norma “no solo mejora lo que tenemos, sino que lo transforma; habla de una evolución de los sistemas de promoción, y en lo que se refiere a ciencia y tecnología, se habla de pasar de trabajar solo con la oferta a incorporar la perspectiva de la demanda”.
“Esta ley tiene en sus fundamentos esta perspectiva moderna de cómo impulsamos distintas agendas, cómo creamos nuevos productos y servicios -manifestó-. Tenemos la convicción de que sin tecnología, la ciencia no tiene impactos”. Y puso como ejemplo el caso de las vacunas: “Los países que concentran ese conocimiento son los que les dan oportunidades a sus ciudadanos”.
Para Peirano, “Argentina tiene que decidir avanzar y este proyecto es una decisión concreta en ese rubro”. Al respecto resaltó que la OCDE ha revelado que de 34 países estudiados, 23 tienen legislaciones que incluyen las compras públicas de innovación. “En América Latina pusimos el foco en dos países vecinos, Brasil y Uruguay, que tienen leyes en ese sentido. Esto permite que el Estado se convierta en un usuario que impulsa la finalización de productos y procesos que nacen en un laboratorio científico, de una universidad. Con esto podemos tener una figura que nos pone a la par de nuestros socios comerciales. La competitividad también se construye con las leyes. Argentina está demorada en esta agenda”.
Peirano propuso definir qué es una compra pública de innovación, por eso es importante crear este programa, enfatizó, recordando luego que “tenemos un privilegio, la plataforma de I+D más amplia de todos los países de América Latina. Tenemos que hacer de ese potencial algo concreto en beneficio del país”.
Tras la exposición de los demás invitados, sobre el final de la reunión, los diputados pudieron hacer planteos, y desde la oposición Graciela Ocaña destacó que en el transcurso de la pandemia quedó expuesto el nivel de los desarrollos tecnológicos locales y en ese sentido consideró “ilógico” que el Ministerio de Salud no hubiese comprado esos desarrollos y sí por ejemplo lo hubiera hecho con “tests más caros a la firma internacional Abbott”. Además, alertó sobre los “pliegos dirigidos, que dejan fuera muchas PyMEs”, cosa que no se resuelve con una ley, admitió, sino con publicar los pliegos.
A su turno, el licenciado Peirano le contestó aclarando que “tenemos una evaluación muy positiva de lo que ha sido nuestro sistema de ciencia en la pandemia”, y resaltó el trabajo articulado que existió entre las partes, poniendo como ejemplo “la decisión conjunta del 11 de noviembre de 2021 en la que se creó una mesa interministerial entre los ministerios de Ciencia, de Dessarrollo Productivo y de Salud, para alinear los incentivos en el desarrollo de las vacunas argentinas. Hay pruebas de un buen diálogo entre Ciencia y Salud”.
El mendocino Lisandro Nieri recordó que ya existe una ley de Compre Argentino y que a su juicio debió haberse trabajado en mejorar puntos de la misma. Luego advirtió la preocupación de JxC sobre el artículo 22°, que relaja las condenas respecto de los incumplimientos de las compras del Estado, e hizo observaciones sobre los fondos fiduciarios, donde a su juicio no está claro con qué criterio se va a decidir quién va a ser beneficiado y quién no.
A su vez, el diputado del Pro José Carlos Núñez aclaró que desde la principal oposición quieren ponerse de acuerdo, pero sin embargo “hay muchas dudas y el Poder Ejecutivo nos debe respuestas”. Por eso anticipó que se las enviarían a los funcionarios, “porque es muy difícil aprobar leyes sin tener la información correspondiente”.
Puntualmente quieren saber desde la oposición cuál fue el resultado que arrojó la ley actual, cuántos planes sociales se transformarán en empleo formal y por qué no se trabaja sobre la factura de crédito, como así también “por qué este salto tan grande en defensa de las grandes industrias nacionales y tan pequeño en relación con las PyMEs. Casi el 100% para las grandes y solo el 33% para las pequeñas”, comentó.
A su turno, el radical Ricardo Buryaile preguntó sobre la creación de nuevos organismos burocráticos que se crearán y puso el ejemplo del Observatorio que plantea la nueva ley.
Cerró el debate el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, quien tras agradecer la presencia de los funcionarios nacionales, cuestionó que hubiera diputados que planteaban que los invitados estaban equivocados. “Imagínense que estemos sacando una ley absolutamente lesiva para los empresarios y trabajadores; ¿qué diría la oposición?: ‘¿Por qué no traen a los afectados?’. Nosotros invitamos a los trabajadores y empresarios que se van a favorecer con esta legislación, y nos dicen que están equivocados…”.
A continuación recordó la frase que consideró “desafortunada”, planteada la semana anterior, cuando acusó a la oposición de estar en una “zona de confort”, cosa que fue retrucada -“acertadamente”, reconoció Martínez- por el diputado radical cordobés Víctor Hugo Romero. “Creo que tenía razón el diputado que me contestó. Pero a veces siento que estamos buscando un atajo para rechazar la ley, y vamos cambiando el motivo por el cual quizá queremos rechazarla”.
Germán Martínez recordó que incluso desde la oposición “se le puso a la ley el apellido de un empresario vinculado a la industria farmacéutica. Ahora cambiamos; ahora los últimos dos días vienen con la idea de que estamos comprando más caro”.
A continuación salió al cruce del insistente planteo opositor respecto de que no era necesario hacer una nueva ley. “La actual ley tiene 30 artículos; 3 son de forma; 10 con esta propuesta no se tocan; 14 se modifican y hay 17 nuevos artículos. Es absolutamente razonable que estemos pensando en nua nueva ley, y eso no es desconocer la ley anterior”.
De lo contrario, advirtió que hubieran tenido que hacer algo donde todo el tiempo se incluyera la palabra “agrégase”, lo cual redundaría en “un desorden en técnica legislativa”. “¿Por qué no se modificó la ley vigente e incentivamos un nuevo texto? Porque estamos modificando muchos artículos y en función de eso nos parece que desde el punto de vista de técnica parlamentaria es lo más atinente”, resumió.
Así las cosas, el presidente del bloque oficialista recordó que están tratando de sacar esta ley “haciendo un intento de seducción a la oposición para que salga de este rechazo absoluto que sería negativo incluso para ustedes en términos políticos”, aunque dejó abierta la posibilidad de que “puede pasar que la decisión esté tomada” por parte de la oposición.
“Estamos tratando que esta nueva ley caiga en la polarización política, pero ustedes verán que no es fácil”, observó el legislador santafesino.
Sobre el final se refirió al hecho de que hubieran sacado de la ley al PAMI y lo justificó en que “sentimos que el debate alrededor del PAMI nos iba a impedir la cuestión de fondo y en algún lugar podía ser el motivo por el que nos rechacen el proyecto, y nosotros queremos una ley”.
Luego defendió la implementación de los fideicomiso, que planteó como “una herramienta importante para el financiamiento de las PyMEs”, e insistió en que “sin dudas esta ley mejora la ley anterior, favorece la producción nacional y el trabajo”, y con relación al aumento de porcentajes de preferencia, señaló: “Es llamativo que se ponga énfasis desde la oposición, pero claramente los sectores del trabajo y empresarios plantearon la necesidad de otras herramientas que favorezcan”.
Por último, respecto de la figura del Observatorio, respondió que “lejos de generar más estructura, más burocracia, lo que plantea es que pueda haber sistematicidad en los espacios donde se dialogan estas cosas”.
Así lo sostuvo el intendente de Rosario para refutar a quienes argumentan que la boleta única de papel permite la “farandulización” de la política.
Durante la primera reunión informativa de un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para analizar los proyectos vinculados a la boleta única de papel, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, recordó que “en Argentina ha habido famosos haciendo política desde mucho antes” de que se implemente la boleta única.
Para refutar a quienes argumentan que este sistema permite la “farandulización” de la política, el jefe comunal señaló que “el fenómeno de la crisis de la representación política no tiene nada que ver con el medio de emisión del voto. Es otra discusión que tenemos que dar quienes hacemos política en relación a cómo logramos asegurarnos la representación popular”.
“Que eso justifique tener una emisión del voto que no es transparente, que permite un negocio, que desentiende al Estado de la oferta electoral y, por sobre todo, que avala casi como un chiste que el que no puede conservar la boleta, no la conserva, como si eso en vez de perjudicar al elector perjudicara al que no puede poner la boleta en el cuarto oscuro, no tiene a mi entender justificación”, sostuvo.
Javkin observó que en la actualidad “el Estado argentino se desentiende de que la oferta electoral que el elector tenga esté presente” y eso “depende estrictamente de la capacidad que tenga el partido de sostener la boleta durante ocho horas adentro de un cuarto oscuro”. “Debe haber una ley que garantice que sea el Estado el que otorgue la garantía de elegir y ser elegido”, resaltó.
En esa línea, el intendente de Rosario consideró que “el Estado no puede asegurar un negocio sobre la privatización de este derecho; negocio de infinitas agrupaciones que crean partidos y no imprimen la cantidad de votos, porque no les interesa el resultado electoral sino lo que el Estado paga por el voto”. “Argentina paga miles de millones a entidades que son ficticias”, denunció.
Sobre la boleta única, que se aplica en Santa Fe, aseguró que en la población “ronda el 92%” su valoración, “por eso nunca se modificó”.
Al mencionar que el calendario electoral argentino “es una locura”, Javkin opinó que tener un “sistema electoral de emisión del voto más sencillo” permitiría “hacer las elecciones el mismo día, votando por categoría, eligiendo boletas únicas separadas”.
“El sistema de voto por categoría permite mayor oferta y mayor renovación, y baja el índice de repitencia electoral”, añadió.
El exsecretario de Asuntos Políticos opinó cómo se tendría que aplicar la boleta federal cuando también se elijan cargos provinciales. Aseguró que el cambio en el instrumento de votación “es un viaje de ida”.
El exsecretario de Asuntos Políticos durante el gobierno de Cambiemos, Adrián Pérez, defendió este martes la implementación de la boleta única de papel a nivel federal, aunque admitió que “hay que encontrarle una vuelta” en el caso de simultaneidad de elecciones nacionales con provinciales, dado que los distritos tienen sus propios sistemas.
El exdiputado resaltó que este es “un debate que arrastra muchísimos años en Argentina” y estamos “trabados en un debate que el mundo saldó”. Además, mencionó que en 2008 ocho bloques de la Cámara de Diputados habían presentado el primer proyecto sobre boleta única, tras una acordada de 2007de la Cámara Nacional Electoral.
En su exposición ante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto recordó la reforma electoral de 2016, de la que fue uno de sus mayores impulsores, que consistía en la boleta única electrónica. “Hay que avanzar con lo que tenga más consenso y hoy lo tiene la boleta única de papel”, dijo.
Sobre el trabajo en torno a esa iniciativa, indicó que “habíamos podido medir qué es lo que opinaba el electorado del instrumento de votación” en provincias donde ya se había aplicado un cambio y “el 80% de la gente nos decía ‘queremos este instrumento’”. Así, en Salta, Córdoba o Santa Fe “el nivel de adhesión era altísimo”, afirmó.
También remarcó que “no hay un solo país” que mantenga el sistema de boleta partidaria. “En la región, excepto Uruguay, todos tienen boleta única. El capricho está puesto en Argentina”, continuó y enfatizó que “a ningún país que fue hacia boleta única se le ocurrió volver a un sistema de boleta partidaria. Es un viaje de ida”.
Además de que “garantiza al elector que pueda ejercer su derecho”, el exfuncionario argumentó sobre la cuestión del gasto. “En 2021 el Estado pagó 1.185 millones de boletas, de las cuales se utilizaron a lo sumo 47 millones. El gasto para este sistema de boleta partidaria, que no existe en el mundo, es un gasto altísimo y que se puede evitar”, sostuvo y agregó que tendría “un impacto en términos ambientales”.
Durante su participación, el dirigente aclaró que “lo que nosotros podemos regular es la boleta federal, porque cada provincia regula su propio sistema”, pero en el caso de que las elecciones nacionales y provinciales sean en el mismo día, “ahí es donde nosotros tenemos que ver el tema a resolver”, apuntó.
Pérez explicó que hay dos posibilidades, una en la que la provincia no adhiere a la simultaneidad, sino que solamente fija la misma fecha, en lo que significa un “sistema de concurrencia” donde “compartís autoridades de mesas, padrón, pero no compartís boleta”.
Pero el tema sería “cuando hay simultaneidad de elección” y “el orden federal te chupa la boleta”. “Ahí puede aparecer la situación donde tengas una oferta electoral que implique cargos nacionales y provinciales todos juntos. Y en ese punto hay que encontrarle una vuelta, porque uniendo toda la oferta en una sola boleta es una cuestión bastante difícil”, reconoció.
Entonces, opinó: “Ahí lo que yo creo es que hay que dividir la lista por orden. Dividir una boleta única para los cargos nacionales y una boleta única para los cargos provinciales, desde mi punto de vista, es la mejor opción”.
Al enumerar cambios positivos que hubo en el sistema electoral a nivel financiamiento, paridad, voto joven y mejora en transmisión de resultados, el exlegislador completó diciendo que “el instrumento de votación nuestro es arcaico, viejo, no va más en el mundo y tenemos que cambiarlo”.
El exgobernador de Salta participó este martes del plenario de comisiones en Diputados, donde se iniciaron las rondas de consultas.
El exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, asistió este martes a la Cámara de Diputados como uno de los invitados para defender los proyectos vinculados a la boleta única de papel y sostuvo que el cambio en el sistema electoral “es algo sustantivo, no es una cuestión adjetiva” ya que “en Occidente estamos atravesando una muy fuerte crisis en nuestro sistema representativo”.
“Nuestro Estado democrático se está reconfigurando a una democracia mucho más participativa que representativa”, observó y, en ese sentido, llamó a pensar “cuáles son los mecanismos para hacer que esta transición sea lo más ordenada posible”.
El dirigente peronista aseguró que “una abrumadora mayoría de los argentinos concibe que cuando votó a un presidente, en definitiva, en la tira terminó votando a un concejal” que “tal vez lo quería votar” pero “no percibe ese libre ejercicio de su libertad democrática de haberlo elegido”.
“Esta reforma o cualquier reforma que se plantee debe entender de qué manera nosotros logramos amigar este sistema representativo, que está francamente en crisis, para que el ciudadano pueda realmente sentirse representado por nosotros”, continuó.
Urtubey recordó que en su provincia, donde rige la boleta única electrónica, “iniciamos un proceso gradual desde 2009” y “hemos logrado una transformación y la mayor renovación desde la recuperación de la democracia hasta acá en todo el sistema político provincial”.
Para el salteño, una eventual ley de boleta única de papel “no es la única solución al problema”, pero sí “un avance”.
“Pensemos en cómo trabajamos sobre legitimidad de origen en un sistema representativo que está seriamente herido, no solo por los malos resultados de gestión, ya crónicos que tenemos en Argentina, sino también por esa percepción de ausencia de voluntad plena de aquel que va a votar y termina votando cualquier otra cosa”, finalizó.
Relaciones Exteriores es la más importante, que continuará en manos del oficialismo.
Semana corta la que viene por el feriado del Censo 2022, toda la actividad legislativa estará concentrada en este martes, en el que habrá mucha actividad en las comisiones. Se debatirán temas muy importantes como Compre Argentino, boleta única y Consejo de la Magistratura, pero además se constituirán otras siete comisiones.
Con esa cantidad, ya serán 39 las conformadas, por lo que solo restará que se conformen siete comisiones para el cuadro completo en la Cámara baja.
La primera en constituirse este martes será la de Relaciones Exteriores y Culto, que se reunirá en la Sala 1 (227) del edificio Anexo de Diputados a las 11 de la mañana. Se espera que la conducción siga en manos del oficialista Eduardo Valdés. Tendrá 43 miembros, 21 del Frente de Todos; 20 de Juntos por el Cambio; uno de Juntos Somos Río Negro y el restante de Córdoba Federal.
Una hora después se constituirá en la Sala 2 (223) la Comisión de las Personas Mayores, que será para un representante del Pro. El oficialismo tendrá 16 miembros y JxC 14.
A las 13 se reúne la Comisión de Discapacidad, en la Sala 3 (244), que encabezará uno de los diputados de Juntos Somos Río Negro. Lo cual revela un cambio en el organigrama que había trascendido originalmente, pues se había establecido que el único de los interbloques “del medio” que presidiría una comisión sería el Federal, en detrimento justamente de Juntos Somos Río Negro, que hasta diciembre pasado encabezaba Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico.
Una hora más tarde, a las 14, se reunirá en la Sala 2 (223) la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, que presidirá alguien del Frente de Todos, que seguiría presidiendo el riojano Sergio Casas (Frente de Todos). Con 31 miembros, habrá paridad entre el oficialismo y Juntos por el Cambio, correspondiendo el restante a Identidad Bonaerense.
A las 15 será el turno de la Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales. Se reunirá en la Sala 3 (244) de la Cámara baja y la presidirá, según pudo saber parlamentario.com, un miembro de Evolución, Martín Tetaz. El Frente de Todos tendrá 15 miembros; Juntos por el Cambio 14 y Juntos Somos Río Negro el diputado restante.
La Comisión de Seguridad Interior se reunirá en la Sala 2 (233) a las 16. Seguiría siendo presidida por la oficialista Paula Penacca. De los 31 integrantes, 15 son del FdT y otros tantos de JxC. El restante corresponderá a Identidad Bonaerense.
El último turno es el de las 18, para la Comisión de Turismo, que encabezará alguien del Pro. Será en la Sala 2 (233). Tendrá 31 miembros y paridad entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, con 15 miembros cada uno. El restante será de Juntos Somos Río Negro.
También se iba a constituir Libertad de Expresión, pero se postergó la reunión por la ausencia de quien seguiría conduciéndola, el diputado del Pro Waldo Wolff. Allí el FdT tendrá 16 miembros y JxC 15.
En el mismo día distintos plenarios se abocarán a analizar, con invitados a exponer, los proyectos de Boleta única, Compre Argentino y la reforma al Consejo de la Magistratura. Además, se constituirán siete comisiones.
La Cámara de Diputados tendrá una agitada agenda este martes, casi sin respiro, que se pondrá en marcha desde las 10 con la reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y de Presupuesto y Hacienda que se abocará al debate del proyecto de Boleta única. A las 13 las comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda analizarán el proyecto del Ejecutivo de Compre Argentino. Más tarde, será el turno de la reunión conjunta de Asuntos Constitucionales y Justicia para tratar la reforma al Consejo de la Magistratura. Todas las reuniones contarán con invitados a exponer.
Abrirá la jornada de labor parlamentaria el plenario de las comisiones Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda, que presiden los diputados Hernán Pérez Araujo (FdT-La Pampa), Rodolfo Tailhade (FdT-Buenos Aires) y Carlos Heller (FdT-CABA) respectivamente, que se reunirán en el Anexo “C” para abocarse a los proyectos presentados sobre boleta única de papel. Para esta ocasión han sido citados 23 expositores relacionados al tema. Juan Manuel Urtubey, Adrián Pérez -exdiputado y exsecretario de Asuntos Políticos durante el gobierno de Cambiemos e impulsor de la reforma electoral que quedó trunca- y Pablo Javkin, entre los primeros oradores sobre boleta única.
A las 13 tendrá una destacada importancia el plenario de comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda que retomarán el cuarto intermedio para debatir el proyecto del Ejecutivo de Compre Argentino, en la cual el oficialismo estima emitir dictamen. Según confirmó este lunes por la noche a parlamentario.com Marcelo Casaretto, recibirán a representantes del movimiento obrero, las cámaras representativas de los sectores de la industria nacional y funcionarios. Estos son: Abel Furlán (UOM), Fidel Jerez (Calzado) y Gustavo Gándara (UOCRA), por la CGT; Pedro Dragún y Francisco Abramovich (UIA); y representantes de ADIMRA y CIPIBIC (metalmecánicos); CADIEEL (electrónica); Cooperala (laboratorios); CAEHFA (equipos médicos); CARAE (aeronáutica); CINA y ABIN (naval); CIC (calzado); CIFRA (fundidores); CAPGEN (laboratorios); CEMA (medio ambiente); CAS y CAIDyD (seguridad); y el secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale.
Una hora más tarde, en el Anexo “C” un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia retomarán el debate, con invitados a exponer, del proyecto que tiene media sanción del Senado que reforma la composición del Consejo de la Magistratura.
Asimismo, se constituirán siete comisiones más en la Cámara baja Relaciones Exteriores y Culto; la Comisión de las Personas Mayores; la Comisión de Discapacidad; la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas; la Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales; la Comisión de Seguridad Interior y la Comisión de Turismo. También estaba en agenda la conformación de la comisión de Libertad de Expresión, pero se suspendió por el viaje a Ucrania de Waldo Wolff quien iba a ser reconfirmado como presidente de la comisión.
Con esa cantidad, ya serán 38 las conformadas, por lo que solo restará que se conformen ocho comisiones para el cuadro completo en la Cámara baja.
Será la primera reunión informativa del plenario de comisiones de diputados que comenzarán a analizar el proyecto proveniente del Senado.
De manera paralela al tratamiento del proyecto de boleta única de papel, que se discutirá este martes a partir de las 10, este martes a partir de las 14 se realizará un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia para hablar del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura.
A partir de este martes los miembros de las comisiones presididas por Hernán Pérez Araujo y Rodolfo Tailhade escucharán expositores propuestos por oficialismo y oposición para opinar sobre la norma que tuvo media sanción del Senado el pasado 7 de abril.
El proyecto aprobado en la Cámara alta establece una composición del Consejo de la Magistratura integrada por 4 jueces, 6 legisladores, 4 abogados, un representante del Poder Ejecutivo y 2 representantes de los ámbitos académicos y/o científicos.
A propuesta del senador Alberto Weretilneck, se estableció que el Consejo “sesionará al menos una vez por trimestre en el ámbito de las distintas cámaras federales del interior del país, a efectos de interiorizarse y abordar las problemáticas y necesidades de todas las jurisdicciones del país”.
También se creará la Comisión de Asuntos Federales, que deberá estar integrada por 16 senadores, 4 de cada región. En ese sentido, se crean las regiones de AMBA, Norte, Centro y Sur.
La intención del Frente de Todos es dar la discusión por el Consejo de la Magistratura los mismos días en que también se debatirán, más temprano, los proyectos de boleta única, por impulso de la oposición. Por eso, desde Juntos por el Cambio, el diputado Juan Manuel López pidió que “no se acote el tratamiento de boleta única, que no se le ponga un plazo”.
Para las 10 de la mañana ha sido convocado un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda.
Será la primera reunión convocada para este martes en el que han sido convocadas en la Cámara de Diputados una o dos reuniones por hora. Hablamos del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda, que presiden los diputados Hernán Pérez Araujo (FdT-La Pampa), Rodolfo Tailhade (FdT-Buenos Aires) y Carlos Heller (FdT-CABA), respectivamente. Analizarán los proyectos presentados sobre boleta única de papel.
Para esta ocasión han sido citados invitados que expondrán sobre el tema. Todavía no fue difundido el listado de los mismos, cuya presentación tuvo como fecha límite este viernes al mediodía.
Recordemos que en la primera reunión de este plenario realizada el jueves pasado se armó una gran polémica para establecer si se permitía que la reunión se realizara de manera mixta, cosa que fue resistida por el oficialismo, basándose en el reglamento de la Cámara, lo cual que fue rebatido desde la oposición, que finalmente decidió aceptar las condiciones impuestas y todos los asistentes deberán estar de manera presencial.
Una veintena de proyectos sobre el tema han sido puestos a consideración, siendo sus autores representantes del oficialismo y la oposición. Puntualmente son proyectos de María Graciela Ocaña, Graciela Caselles, Pablo Tonelli, Silvia Lospennato, Alejandro “Topo” Rodríguez, Jorge Enríquez, Dina Rezinovsky, Claudio Poggi, Enrique Estévez, Soledad Carrizo, Emilio Monzó, Rogelio Frigerio, Francisco Sánchez, Florencio Randazzo, Graciela Camaño, Alberto Asseff, Martín Maquieyra, Carolina Piparo y Dolores Martínez, entre otros.
La más importante es la de Relaciones Exteriores, que seguirá en manos del oficialismo. Solo tres de las que se constituyen son del Frente de Todos.
Semana corta la que viene por el feriado del Censo 2022, toda la actividad legislativa estará concentrada en este martes, en el que habrá mucha actividad en las comisiones. Se debatirán temas muy importantes como Compre Argentino, boleta única y Consejo de la Magistratura, pero además se constituirán ocho comisiones más.
Con esa cantidad, ya serán 39 las conformadas, por lo que solo restará que se conformen siete comisiones para el cuadro completo en la Cámara baja.
La primera en constituirse este martes será la de Relaciones Exteriores y Culto, que se reunirá en la Sala 1 (227) del edificio Anexo de Diputados a las 11 de la mañana. Se espera que la conducción siga en manos del oficialista Eduardo Valdés. Tendrá 43 miembros, 21 del Frente de Todos; 20 de Juntos por el Cambio; uno de Juntos Somos Río Negro y el restante de Córdoba Federal.
Una hora después se constituirá en la Sala 2 (223) la Comisión de las Personas Mayores, que será para un representante del Pro. El oficialismo tendrá 16 miembros y JxC 14.
A las 13 se reúne la Comisión de Discapacidad, en la Sala 3 (244), que encabezará uno de los diputados de Juntos Somos Río Negro. Lo cual revela un cambio en el organigrama que había trascendido originalmente, pues se había establecido que el único de los interbloques “del medio” que presidiría una comisión sería el Federal, en detrimento justamente de Juntos Somos Río Negro, que hasta diciembre pasado encabezaba Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico.
Una hora más tarde, a las 14, se reunirá en la Sala 2 (223) la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, que presidirá alguien del Frente de Todos, que seguiría presidiendo el riojano Sergio Casas (Frente de Todos). Con 31 miembros, habrá paridad entre el oficialismo y Juntos por el Cambio, correspondiendo el restante a Identidad Bonaerense.
A las 15 será el turno de la Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales. Se reunirá en la Sala 3 (244) de la Cámara baja y la presidirá, según pudo saber parlamentario.com, un miembro de Evolución, Martín Tetaz. El Frente de Todos tendrá 15 miembros; Juntos por el Cambio 14 y Juntos Somos Río Negro el diputado restante.
La Comisión de Seguridad Interior se reunirá en la Sala 2 (233) a las 16. Seguiría siendo presidida por la oficialista Paula Penacca. De los 31 integrantes, 15 son del FdT y otros tantos de JxC. El restante corresponderá a Identidad Bonaerense.
A las 17 será el turno de Libertad de Expresión, que se reunirá en la Sala 3 (244), y continuaría conduciéndola el diputado del Pro Waldo Wolff. El FdT tendrá 16 miembros y JxC 15.
El último turno es el de las 18, para la Comisión de Turismo, que encabezará alguien del Pro. Será en la Sala 2 (233). Tendrá 31 miembros y paridad entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, con 15 miembros cada uno. El restante será de Juntos Somos Río Negro.
2022855Luego del cuarto intermedio, el oficialismo buscará emitir dictamen ese mismo día y llevar el despacho al recinto lo antes posible. Por otro lado, se llevará a cabo la constitución de otras seis nuevas comisiones.
Un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller, y de Industria, en manos del entrerriano Marcelo Casaretto, de la Cámara de Diputados retomará este martes a partir de las 13 el debate por el proyecto de ley referido a Compre Argentino, enviado por el Poder Ejecutivo y motorizado puntualmente por el Ministerio de Desarrollo Productivo.
Esta será la tercera reunión que se realiza en la cual – tras el cuarto intermedio que pidió el titular del bloque FdT, Germán Martínez, en el encuentro del pasado jueves- el oficialismo buscará emitir dictamen ese mismo día y llevarlo al recinto lo antes posible. El debate se llevará a cabo en la Sala 1.
Cabe recordar que el primer encuentro contó con la participación de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo quienes explicaron la iniciativa y la respaldaron. En la segunda reunión, los diputados se abocaron a analizar el tema, donde la oposición objetó desde los cambios en los márgenes de preferencia, la inclusión del PAMI y la creación de un fideicomiso.
El proyecto contempla la posibilidad de elegir como proveedora a una empresa nacional que se excede en los precios ofertados por multinacionales. Con su implementación, el Gobierno estima que podría ahorrar 500 millones de dólares por dejar de contratar proveedores extranjeros.
El proyecto eleva las preferencias de las MiPymes nacionales de un 15% a un 20%. Y las demás pasan del 8% al 15%.
Las empresas extranjeras podrán ser beneficiadas con hasta un 12% de preferencia si están integradas por capitales nacionales. También habrá un 3% de beneficio para las empresas con composición mayoritaria de mujeres, ya sea en capital social, puestos jerárquicos y plantel general.
Se estima que el 65% de los proveedores del Estado son empresas privadas nacionales y 97% son MiPyMES.
Un tema importante que contempla esta iniciativa es que amplía el alcance al PAMI, para abastecer con capitales nacionales la industria farmacéutica y de equipamiento médico.
Desarrolla el programa de compras públicas para que el Estado financie investigaciones sobre el desarrollo de productos que necesitan.
La ley instaura el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores para desarrollar sectores estratégicos, como así también crea el Fondo Fiduciario Público para el Compre argentino, para financiar en mejores condiciones el acceso a las compras públicas.
COMISIONES QUE SE CONFORMARÁN
A partir de las 11 se llevará a cabo la conformación de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Una hora más tarde será el turno de la Comisión de las Personas Mayores. A las 13 la Comisión de Discapacidad -la cual iba a ser constituida la semana pasada, pero se canceló- se reunirá para designar a sus respectivas autoridades.
La Comisión de Seguridad Interior se constituirá desde las 16. Cabe recordar que en la última sesión del Cuerpo el diputado santafesino radical Juan Martín pidió una cuestión de privilegio y reclamó por la misma porque “los proyectos para tratar la ola de inseguridad que atraviesa mi provincia se encuentran paralizados”.
También, a las 17 se elegirán autoridades y se establecerá una agenda de trabajo de la Comisión de Libertad de Expresión. Cerrará la jornada la reunión constitutiva de la Comisión de Turismo. De esta manera, serían 36 las comisiones conformadas y restarían ponerse en marcha 10.
2022855Con marcadas diferencias planteadas por la oposición, el Frente de Todos en la Cámara de Diputados debió postergar nuevamente la firma del dictamen.
El Frente de Todos en la Cámara de Diputados postergó por segunda vez la firma del dictamen sobre el proyecto de ley referido a Compre Argentino, enviado por el Poder Ejecutivo y motorizado puntualmente por el Ministerio de Desarrollo Productivo.
La iniciativa se debatió este jueves en un plenario de las comisiones de Industria y Presupuesto y Hacienda, pero las marcadas diferencias con la oposición, que objetó desde los cambios en los márgenes de preferencia, la inclusión del PAMI y la creación de un fideicomiso, hicieron que el oficialismo ceda a retrasar la firma del despacho.
En el arranque, el titular de Industria, Marcelo Casaretto, anunció que, tras sugerencias que fueron pedidas durante la exposición de los funcionarios, se incorporaría al proyecto una preferencia adicional del 3% para empresas que cumplan con pautas de desarrollo sustentable y también a las que estén en “provincias que tienen asimetrías regionales”.
Asimismo, el entrerriano anticipó la inclusión de una definición sobre los bienes estratégicos, como “aquellos que se traten de productos innovadores o que tengan potencial para promover empleo de calidad, mejoras en la balanza comercial o generar impactos significativos sobre una determinada cadena de valor”.
En primer lugar, el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, observó que en la reunión pasada “no había impugnaciones globales, rechazos generales” por parte de la oposición, sino “una cantidad de dudas, de preguntas, que no modificaban en general una mirada positiva sobre esto”.
Pero al apuntar que habría un dictamen de rechazo, por parte de Juntos por el Cambio, el santafesino señaló que “nos podemos llegar a quedar sin una valiosa herramienta, cada vez más necesaria en las economías en desarrollo”. Además, cuestionó que la presentación de dictámenes de minoría responda a “una zona de confort legislativa, donde no nos terminamos de meter en el fondo de las cuestiones”.
Martínez también criticó que se trate de “encapsular esta iniciativa a un único aspecto”, como es el de Compre Argentino, lo que opinó “le baja calidad al debate”, y enfatizó que el proyecto abarca “el desarrollo de proveedores”.
Desde Juntos por el Cambio, el diputado Víctor Hugo Romero recogió el guante: “No lo planteamos del punto de vista de una posición de confort”. El radical explicó que hay “un Estado que viene pasando hace mucho tiempo por una situación difícil, donde ha incrementado el déficit fiscal, que ha generado una situación crítica en la economía argentina” más un “fuerte costo fiscal a todas las PyMEs y el entramado productivo”.
Al mencionar también el aumento de emisión monetaria y la “gran inflación”, el cordobés resaltó que “no hay un plan que genere previsibilidad y certezas”, por eso “nos preocupa sacar leyes que influyen en el gasto. Si se incrementa el gasto lo terminan pagando los argentinos”.
Romero expresó además que los funcionarios que asistieron a defender la ley “no nos despejaron las dudas” ni explicaron “el motivo de una modificación de la ley de manera clara”.
En su intervención, el secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sumó que “se perjudica a las PyMEs y se beneficia a las grandes” porque la brecha de diferencia pasará de ser del 7% al 5%. “Necesitamos tiempo y no un tiempo limitado, sino un análisis profundo para tratar el tema. Acá no hay confort, acá hay responsabilidad”, concluyó.
Tras la palabra de Romero y antes de continuar con la lista de oradores, Casaretto aclaró que “cuando se habla de aumentar ese margen de preferencia al 15% y 20% se habla de la competencia entre las empresas que proveen bienes de origen nacional frente a los que proveen bienes de origen extranjero”.
Con los cambios “se favorece a todas las empresas nacionales frente a la competencia de bienes traídos del extranjero”, insistió el oficialista y subrayó que las PyMEs “no es que ahora quedan desprotegidas, quedan más protegidas”. Y en cuanto al aumento de preferencia para las grandes empresas, el entrerriano dijo que “es frente a las extranjeras pero no frente a las PyMEs nacionales”.
“Sí cambia la protección relativa entre las pequeñas y medianas empresas con las grandes empresas”, le devolvió el legislador de Evolución Radical Alejandro Cacace.
Después fue el turno de Carlos Heller, quien consideró que hay “un error de concepto” porque “el tema de las preferencias está referido a la competencia externa”. “Cuando se aumenta más a las grandes, se trata que esas grandes nacionales puedan competir con las grandes extranjeras”, sostuvo y apuntó que “hay rubros en los que las PyMEs no pueden competir”.
“Yo a lo que le tengo miedo es a la silla de (José Alfredo) Martínez de Hoz, y creo que en lo que no tenemos que caer es en una falsa cuestión de que ‘si es más barata la importada, no me importa, que venga la importada’. A nosotros nos importa que se desarrolle la industria nacional”, enfatizó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
A su turno, la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto manifestó que “no es verdad que hay unos que quieren el compre argentino y otros que no lo queremos. No generemos una antinomia”. “En temas tan centrales nos deberíamos dar la oportunidad de, por lo menos en la parte medular de la ley, tener acuerdos”, consideró y explicó que “tiene que salir una ley buena que se pueda sostener en el tiempo” porque “no es bueno para la inversión que estemos cambiando leyes cada dos por tres”.
En cuanto a la incorporación del PAMI, uno de los puntos más criticados por la oposición, la porteña indicó que “por su capacidad de compra es un regulador del mercado de medicamentos” y al advertir por la concentración de los laboratorios, solicitó que “no hagamos una ley que termine beneficiando a los mismos de siempre, a los laboratorios de siempre” porque “terminan perjudicando a los jubilados y condicionando a todos los gobiernos”.
Avanzado el debate, la macrista Silvia Lospennato se quejó de que “el Congreso no puede seguir funcionando en torno a intuiciones y lindas consignas. El Congreso necesita datos. Cuando uno cambia una ley que es tan reciente tiene que tener los motivos claros”.
“Ustedes que todo el tiempo están diciendo que las grandes empresas han sido las beneficiarias, que en la pandemia se han llenado de dinero, que el problema de la inflación es la concentración oligopólica de las grandes empresas alimentarias, ¿y le van a seguir pagando un sobreprecio? ¿Por qué? Explíquenlo”, disparó.
Y, tras rechazar la creación de un fideicomiso que no es “transparente”, la opositora afirmó que la ley actual, sancionada en 2018, “funciona y funciona bien, y si no funciona traigan los datos”.
Luego que Casaretto le recordara a Lospennato que el régimen de Compre Argentino no nació en 2018, sino que antes regía la Ley 25.551, tomó la palabra la oficialista Victoria Tolosa Paz, que defendió: “Busca beneficiar no solamente la cadena de valor de los proveedores locales, el empleo y la producción, sino también por supuesto nuestra balanza comercial y la utilización de las divisas, siempre pensando en que las divisas sean parte del entramado industrial del país”.
“Yo no sé qué piensa la diputada preopinante, pero pareciera que cuando la fuerza opositora gobierna y crea fideicomisos y los firman cinco días antes de irse del Gobierno, son fideicomisos que no tienen ningún manto de duda o de falta de transparencia”, le devolvió la diputada a Lospennato, encendiendo el clima de la reunión.
Hacia el cierre, el vicepresidente de la Comisión de Industria, José Núñez, celebró que no se fuera a firmar dictamen, como era la idea original del Frente de Todos, y “poder discutir una ley que sea mejor y, lo más importante, que tenga un consenso general para poder ser una política de Estado a largo plazo”.
Además, el macrista pidió que no haya despacho el próximo martes: “No hay apuro. Podemos tomarnos unos días y hacerlo seriamente, si de verdad queremos sacar una ley que beneficie a los argentinos”.
“¿Vieron qué feo es ser emplazados?”, chicaneó Martínez en el final de la reunión, en alusión a la metodología que la oposición tuvo para imponer el debate de boleta única. Y agregó que “por lo menos nosotros intentamos darle celeridad a algunos temas en el ámbito de las comisiones sin apelar a ninguna de esas cosas”.
Tras defender los puntos del proyecto, el jefe de la bancada oficialista pidió pasar a un cuarto intermedio para que en lo posible sea el próximo martes, ya que “queremos dictaminar y llevar este tema al recinto lo antes posible”.
El despacho de mayoría impulsado por el oficialismo incluye un capítulo sobre incentivos fiscales para los cuales no tenía competencia Legislación General. Lo confirmó Carlos Heller este jueves.
Durante un plenario de las comisiones de Industria y Presupuesto y Hacienda, que debatió sobre el proyecto de Compre Argentino, el diputado Alejandro Cacace aprovechó para reclamar que el dictamen de mayoría impulsado por el oficialismo para modificar la Ley de Alquileres -firmado el día anterior- debe pasar por la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Luego que en la Comisión de Legislación General se plantearan tres despachos -uno del Frente de Todos, otro de Juntos por el Cambio y el restante del interbloque Federal-, el puntano explicó que el texto del oficialismo se refiere en uno de sus capítulos a “incentivos a la oferta de bienes inmuebles con destino habitacional”.
En ese sentido, en sus artículos 11, 12 y 13 “modifica leyes tributarias sobre lo que no tiene competencia” Legislación General, apuntó el legislador de Evolución Radical, y planteó que “deben ser dictaminados por la Comisión de Presupuesto”.
“Se dictaminó sobre un tema que no era competencia de la Comisión de Legislación General”, insistió y solicitó que “esto se subsane y que los diputados de la Comisión de Presupuesto podamos tener la oportunidad de discutir sobre este proyecto”.
Tomó entonces la palabra Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto, quien le recordó a Cacace que, como le había explicado en privado, tras emitirse ese dictamen le envió una nota al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, para que gire el proyecto a Presupuesto.
Y luego que alguien le soplara que el giro ya estaba confirmado, Heller confirmó: “Convocaremos a la Comisión de Presupuesto. Mi idea es convocar a un plenario”.
Cabe destacar que en la reunión de Legislación General todos los sectores se manifestaron a favor de otorgar incentivos fiscales para garantizar la oferta de propiedades, pero solo los incluyeron en sus dictámenes el Frente de Todos y Graciela Camaño, del interbloque Federal.
Acceda aquí a los proyectos que defenderán en el recinto el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y el interbloque Federal.
Tres dictámenes fueron suscriptos finalmente este miércoles en la Cámara de Diputados para modificar la Ley de Alquileres vigente.
El suscripto por los miembros del Frente de Todos mantiene el plazo de tres años en los contratos, como así también el índice para la actualización de los alquileres (fórmula que combina IPC y RIPTE).
Asimismo otorga facilidades para las garantías de los inquilinos
Dictamen-alquileres.docxA su vez, el dictamen de minoría de Juntos por el Cambio planea volver al plazo de 2 años en los contratos; en cuanto a las actualizaciones, propone que sean cada 6 meses, “pudiendo utilizar índices oficiales elaborados o publicados por organismos nacionales, provinciales o municipales, o los que las partes acuerden”.
Alquileres-Dictamen-JxC-finalEl tercer dictamen, también de minoría, es el que corresponde al interbloque Federal, y plantea volver al plazo de 2 años en los contratos.
Elimina la cláusula referida a que el locador deba aceptar cualquiera de las garantías presentadas por el locatario, mientras que las actualizaciones se negociarán “libremente” entre las partes. Los aumentos deberán ser escalonados. Los incrementos tendrán un tope para que no superen la inflación.
Habilita la posibilidad del inquilino para realizar pagos anticipados, como así también permite la ampliación de los contratos temporarios.
Dictamen-alquileres-minoria-Diputada-Graciela-CamanoFueron cinco las comisiones que se constituyeron este miércoles. De esta manera ya suman 30 las creadas, aún restan que se conformen 16.
La agitada agenda de la Cámara de Diputados continuó este miércoles. En medio de las reuniones por Boleta única, Consejo de la Magistratura y Ley de Alquileres, en paralelo se llevó a cabo la conformación de otras nuevas cinco comisiones.
La jornada comenzó con la reunión constitutiva de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico que quedó en manos de Federico Angelini (Pro), siendo designados a los cargos de vicepresidencia primera el oficialista Rogelio Iparraguirre y, en la vicepresidencia segunda, Gustavo Bouhid.
Como secretarios fueron elegidos Agustina Propato (FdT), Gerardo Milman (Pro), mientras que el oficialismo dejó vacante el restante puesto.
También fue el turno de la Comisión de Comercio donde fue reelecta la radical Gabriela Lena como presidenta. Como vicepresidenta primera también fue reelegida la catamarqueña Silvana Michael Ginocchio y como vicepresidenta segunda a Germana Figueroa Casas.
El FdT se reservó la designación de dos secretarias, mientras que por la oposición fue nombrado el santafesino Gabriel Chumpitaz (Pro).
Una hora después, se constituyó la Comisión de Economía y Desarrollo Regional que será presidida por el oficialista formoseño Ramiro Fernández Patri. Lo acompañarán como vicepresidentes la correntina Sofía Brambilla (Pro) y el misionero Héctor “Cacho” Bárbaro (FdT).
El radical Roberto Sánchez (Tucumán) y los oficialistas Fabián Borda (Corrientes) y Leila Chaher (Jujuy) fueron seleccionados para el cargo de secretarios.
Por el lado de la Comisión Mercosur quedó presidida por Fernando Iglesias (Frente Pro), siendo el vicepresidente primero el mendocino Éber Pérez Plaza (FdT) y en la vicepresidencia segunda fue elegido el oficialista Roberto Mirabella (Santa Fe).
Como secretarios quedaron el sanjuanino Marcelo Orrego (Pro), el catamarqueño Rubén Manzi (CC-ARI) y al correntino Jorge Romero (Fdt).
Cerró la jornada la Comisión de Intereses Marítimos, Pesqueros, Fluviales y Portuarios siendo elegida la diputada Mariana Zuvic (CC-ARI) al frente de la misma. En la vicepresidencia primera fue nombrada diputada del FdT Marcela Paso, y en la vicepresidencia segunda fue propuesta Héctor “Tito” Stefani (Pro).
En el puesto de secretarios fue elegido el entrerriano Pedro Galimberti (UCR), en tanto el oficialismo se reservó la designación de las restantes dos secretarías.
El dictamen de mayoría corresponde al FdT, que reivindicó la norma actual, mientras que JxC busca reducir la extensión de los contratos y cambiar la forma de actualización. El restante despacho pertenece al interbloque Federal. Se definirá en el recinto, pero aún no hay fecha.
Cumplido el plazo de 30 días hábiles que habían puesto oficialismo y oposición para dictaminar reformas a la Ley de Alquileres, la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, presidida por la oficialista Cecilia Moreau, realizó su última reunión este miércoles -que se extendió por más de tres horas-, respecto al debate en torno a la actual norma, pero al no arribar a un acuerdo entre oficialismo y oposición, irán al recinto -aún sin fecha programada- con tres dictámenes diferentes.
Luego de las tres reuniones informativas realizadas de manera mixta -en las que participaron 132 expositores-, en las que se escucharon las posturas de inquilinos, corredores inmobiliarios, ONGs y especialistas en la materia, entre otros, la intención entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio era arribar a un dictamen consensuado, pero no sucedió debido a que difirieron en dos puntos: los plazos de los contratos y la fórmula de actualización.
Por un lado, el oficialismo apunta a respetar el “espíritu de la ley” original para “proteger a los inquilinos”. De esta manera, propone mantener el plazo de 3 años en los contratos, el índice para la actualización de los alquileres (fórmula que combina IPC y RIPTE) y facilidades para las garantías de los inquilinos, tres puntos centrales que fueron defendidos por los representantes de inquilinos.
En la vereda de enfrente, el dictamen de Juntos por el Cambio establece que los plazos de los contratos y la fórmula de actualización son los dos puntos que son cuestionados. Por el contrario, la oposición propone volver al plazo de 2 años en los contratos, actualizaciones anuales y semestrales -según acuerden las partes-, sin índice fijo de actualización, sino que se usará el índice “que le resulte conveniente a las partes” propone que sean cada 6 meses “pudiendo utilizar índices oficiales elaborados o publicados por organismos nacionales, provinciales o municipales, o los que las partes acuerden”.
El dictamen del interbloque Federal plantea volver al plazo de 2 años en los contratos; eliminar que el locador debe aceptar cualquiera de las garantías presentadas por el locatario; que las actualizaciones se negociarán “libremente” entre las partes. Los aumentos deberán ser escalonados. Los incrementos tendrán un tope para que no superen la inflación; la posibilidad del inquilino de realizar pagos anticipados y la ampliación de los contratos temporarios.
Los dictámenes de FdT y el del interbloque Federal presentan un capítulo sobre incentivos fiscales, no así en el de JxC.
Desde el Anexo “A” a las 15.30 se inició la reunión que, antes de abocarse al tema, el bloque de Juntos por el Cambio designó a Victoria Morales Gorleri (Pro) en el cargo de secretaría que habían dejado vacante.
Sin ser miembro de la Comisión, pero al ser autor de uno de los proyectos, el diputado del Pro Álvaro González destacó el trabajo que se llevó a cabo porque “hemos llegado a dos dictámenes que condensan la opinión de la mayoría de los diputados”.
Al referirse al proyecto, señaló que “tiene cinco artículos, dos son consideraciones que hizo entendiendo en función del requerimiento que le hicieron actores del mercado inmobiliario. Tanto el plazo como los índices son temas centrales que, la mayoría de los que expusieron, han hecho mención a eso sin querer desmerecer otra cuestión”. En tanto, bregó por “llegar a una solución de un problema que atraviesa a muchísimos argentinos. Hay casi 2 millones que están con esta problemática y hay mucha expectativa y están esperando cómo sale la ley”.
En uso de la palabra, el rionegrino Agustín Domingo remarcó que “todos estamos de acuerdo en que estamos debatiendo la problemática habitacional que ataña al país. Nosotros desde el bloque presentamos un proyecto y queremos dejar de manifiesto que el rol del Estado es muy importante, pero no es la forma de abordarlo modificando la ley”.
En ese sentido, siguió apuntando contra el Ejecutivo que debe “atacar la problemática macroeconómica para garantizar el acceso a créditos hipotecarios y solucionar el problema de fondo. Esta es nuestra postura”.
Respecto a la Ley de Alquileres señaló que generó “inconvenientes en todos aquellos que prevén soluciones habitaciones, contribuyen a las ofertas de alquileres. Terminó estigmatizando la actividad en vez de incentivarla, le puso más trabas, más requisitos impositivos”. Por ese motivo, adelantó que unificarían el proyecto en el dictamen de la diputada Graciela Camaño que “incluyen medidas que tienden a corregir lo que creemos que son verdaderas trabas y desincentivo. También una serie de medidas para incentivar fiscalmente la actividad, pero de ninguna manera una mayor intervención del Estado”.
A su vez, detalló que proponen “volver al plazo de dos años”, sobre el artículo de garantías precisó que es “muy voluntarista, pero en la práctica no tiene efecto”. Y continuó: “Que el ajuste en el precio las partes negocien libremente incrementos escalonados, pero con un tope que no superen el índice de evolución de precios. Darle la posibilidad de hacer pagos anticipados por parte del inquilino. Ampliar el objeto de los contratos temporarios para darle mayor atractivo al alquiler”. Además, precisó modificaciones en la redacción: “La definición de los arreglos urgentes”, y propusieron que se defina “urgente como aquello que por su gravedad impidan u obstaculicen el goce sobre el inmueble”.
Por último, aclaró que sobre el índice de incentivos fiscales irá en dos dictámenes porque “en nuestro proyecto propinamos para los monotributistas porque se plantea una inequidad, y fomentar la formalización en los contratos e incorporamos la desgravación en bienes personales para inmuebles por debajo de los 30 millones”.
En su intervención, Pablo Tonelli (Pro) remarcó que el tema de los alquileres es un “tema difícil y delicado en todo el mundo, porque es difícil encontrar un adecuado y término medio que contemple de forma adecuada y razonable los derechos de inquilinos y de los locadores o propietarios”, y explicó: “En la medida en que se exagere proteger los derechos de unos o de otros, en la medida en que se pierda ese equilibrio, el resultado es malo porque empiezan a escasear las viviendas o se encarecen o la oferta termina siendo alta y el rendimiento desaparece”.
A continuación, opinó que en el 2019 “no me pareció que el proyecto, que concluyó con la sanción, fuese equilibrado por eso no lo acompañé y la práctica demostró que hubo exceso, particularmente en prohibiciones”, en lo que respaldó lo dicho anteriormente por Domingo respecto a los plazos de la locación y al procedimiento de actualización de alquileres, por lo que coincidió en que los “tres años y con actualizaciones anuales y un solo índice prestablecido resultaron una decisión no acertada porque hizo que se retrajera la oferta de vivienda en alquileres”.
“Proponemos volver a esa materia en lo que era el plazo mínimo de dos años y la posibilidad de que las actualizaciones sean anuales y semestrales, no con un índice fijo sino con cualquier índice que a las partes les resulten adecuados respectos sus realidades”, explicó Tonelli y sostuvo que el problema más grande que afecta el alquiler es el referido al “rendimiento económico que tiene la inversión. El rendimiento se redujo muchísimo, a tal punto que muchos decidieron no poner sus viviendas en alquiler”. “El plazo de dos años fue el original y ha sido el plazo que tradicionalmente ha sido el plazo mínimo de locaciones urbanas y también dar mas libertad a las partes para que acuerden entre ellas el modo de actualización del alquiler”, remarcó Tonelli.
En tanto reconoció que personalmente “hubiera derogado el artículo 16 de denunciar ante la AFIP los contratos de alquiler, me parece una cláusula fascista. ¿Qué tiene que hacer la AFIP en los desalojos?”, y consideró que “con estas modificaciones el mercado debe mejorar, pero con esto no alcanza”.
En su intervención, la legisladora de la Coalición Cívica Mariana Stilman remarcó que “la ley nació con buenas intenciones”, pero “puso ciertos límites y parámetros cuya receta fue malísima”. En ese sentido, reconoció que “se había dado una única respuesta para un montón de situaciones disímiles, para diferentes pueblos, se aniquiló la autonomía de la voluntad con una fórmula que no funcionó. Era necesario obtener una respuesta”.
Sobre el proyecto de JxC, señaló que “habiéndose planteado todos los sectores que la principal discusión estaba en el plazo que generaba incertidumbre, era necesario volver a un esquema en que el plazo atento a las circunstancias del país les diera más seguridad a ambas partes”. En tanto, advirtió que esto es una “corrección de un error legislativo”, pero “no va a resolver todos los problemas, y planteó la necesidad de realizar incentivos en la oferta.
Su par Marcela Campagnoli hizo alusión a un proyecto de alquileres que presentó que “viene a cerrar un vacío legal que quedó cuando entró en vigencia e Código Civil en 2015 y se derogó la Ley 21342 en su artículo 47 comprendía los convenios de desocupación que respetan la voluntad de las partes y acuerdan plazos diferentes de lo que se pactó originalmente, una fecha para finalizar el contrato de alquiler. Este vacío legal muchos jueces no lo tienen en cuenta, es importante volver a los convenios de desocupación porque da certidumbre al propietario. Es un proyecto que pude beneficiar a las partes y al mercado inmobiliario”.
Al comienzo de su exposición, la oficialista Gisela Marzziota lamentó la ausencia de autoridades del Estado para escuchar sus posturas. Acto seguido, cuestionó la Ley de Alquileres que se sancionó en el 2020 por “el mal que ha hecho al mercado inmobiliario y cómo a partir de la ley se quitaron propiedades”.
En esa línea, subrayó que “acceder a una vivienda es un derecho humano que tenemos garantizado por la Constitución Nacional, provinciales y Pactos a nivel Internacional, por lo que tenemos que hablar del rol del Estado para este cumplimiento y no dejarlo librado a la famosa mano invisible desde 1976 con la Dictadura Militar que desregulo el mercado inmobiliario”.
Sin embargo, reivindicó: “Esa ley, que ustedes dicen que le hizo tanto mal al mercado inmobiliario y que por eso faltan propiedades, por empezar es falso porque la ley es muy buena, pero esta ley no se cumple”, y pidió disculpas a los inquilinos por ser parte del oficialismo que debe hacer cumplir la ley que “no se esta cumpliendo”.
A su vez, destacó que “tiene artículos que son extraordinariamente muy buenos para los inquilinos y quienes tienen necesidades de acceder a la vivienda, pero que tampoco fueron reglamentados”, y reiteró sus disculpas porque “es el Estado nacional que debe hacerse cargo de reglamentar la ley”.
La ley es muy buena, pero esta ley no se cumple”, reconoció Marzziota.
“Esa ley es muy buena, y no se cumple. Lo que no se cumple es todo lo que ustedes quieren ahora que sea parte de lo que sería la nueva ley porque los contratos son absolutamente ilegales, de dos años con suerte, con precios dolarizados. Ese es el escenario”, apuntó Marzziota y sumó: “Propiedades hay, el tema es el abuso que hace el mercado inmobiliario y el propietario respecto a una necesidad”.
Sobre su proyecto, destacó que es “recuperar una política que se llevó a cabo adelante desde 1943 cuando se creó la Cámara Nacional de Alquileres que existió hasta 1976. Fue la dictadura que desregularizó y dolarizó el mercado. Hay que recuperar y volver a ese punto que se perdió. Recrear esa Cámara donde todas las partes están representadas, debería controlar los contratos con una duración de tres años porque es un tiempo lógico. Establecería este equilibrio, congelar los alquileres hasta que se ponga en función la Cámara y sea ella quien establezca los precios, salir de la dolarización de los alquileres por lo que proponemos multas a quienes incumplen la ley; pagar el deposito hasta en seis cuotas”.
A su turno, Alberto Asseff (Pro) apuntó contra el discurso de quien lo precedió porque “es pura ideología. Lamentablemente con esa ideología logamos que nuestro rico país se haya venido abajo que cada vez es más arcaico y la queremos traer de nuevo como si fuese modernidad”.
“Acá hay que entender que la complejidad de la cuestión radica en dos factores: el primero es la crisis habitacional y de viviendas urbanas que tiene una larga data un déficit de viviendas de 3 millones. El segundo tema es la tradicional proverbial y lastimosa situación de la macroeconomía con una inflación que vuelve a ser peligrosamente alta y tiene una idea del dibujo del serrucho, pero tiene tendencia a desequilibrar el sistema económico argentino y el mercado inmobiliario que no pude ser ajeno y que nadie puede refutar”, explayó.
Y siguió: “Tenemos un problema de déficit de oferta en materia de viviendas urbanas. Eso ocurrió por la gran incertidumbre de propietarios, baja de ingresos de quienes trabajan, congelamiento es lo más nefasto que se puede decir porque va a generar más crisis en el mercado. Hay que amparar a las dos partes, si hay autonomía de voluntad ellos se van a entender”.
En su exposición, el sanjuanino y autor de dos proyectos José Luis Gioja contradijo a su par propinante porque “cualquier proyecto que tiene que ver con la vivienda tiene que mejorar el acceso y las condiciones de los inquilinos. Es mentira eso de la regla del mercado, el que esta arriba se va a imponer al de abajo. Por eso el Estado tiene que estar presente para proteger al que menos tiene”.
“Solucionar los problemas de las viviendas es una de las mejoras banderas de justicia social. Hay que solucionar problemas de vivienda, es grave el problema”, resaltó el diputado del FdT y aclaró que “se están construyendo viviendas en el país. El año pasado hemos crecido más del 10% en el PBI”, y criticó: “Esta ley se sancionó cuando el oficialismo era Juntos por el Cambio en el 2019 en esta Cámara y quien la defendió fue Lipovesky porque defendía a los inquilinos que son a quienes tenemos que defender. Hay que defender a los que menos tienen, hay que darles derechos. Esta Ley fue injustamente castigada que, por distintos motivos, la criticaron”. A continuación, reivindicó: “Esta ley sirve, pero no se ha aplicado, reglamentémosla y va a andar bien”.
En el mismo sentido se pronunció su par Federico Fagioli quien destacó que la actual ley es “la mejor que existe en Latinoamérica y solo regula dos cosas los años de los contratos y las actualizaciones de los alquileres”. En tanto, apuntó a la oposición por “defender al mercado” al decir que “la ley es mala”, y señaló que lo que hay que modificar es “aumentar la cantidad de artículos que defienda al inquilino porque están en desigualdad con el mercado”.
La secretaria de la Comisión, Karina Banfi, recordó que “la Ley 27.551 de 2019 tuvo un objetivo bien intencionado, pero sin embargo al momento de su implementación no alcanzó su objetivo, principalmente porque quedó fuera de la realidad. Con la ley que sancionamos en 2019 vinimos a reparar algunos sistemas de abuso, y por eso en el marco de las distintas audiencias informativas que tuvimos pudimos llegar a un punto en común, que es que no hay que derogar la ley, porque tiene cosas positivas. Entonces coincidimos en que lo mejor era trabajar sobre los artículos que producen una sensibilidad particular y sobre los cuales hay una demanda social que nos pide que lo resolvamos. Y eso venimos a resolver”.
“Algunos hablan de poner topes y límites al mercado. Ese mercado que algunos dicen combatir puede ser un propietario jubilado que ahorró toda su vida, que es de clase media, que se compró un departamento y lo pone en alquiler. Debemos aprender entonces qué tipo de mercado queremos y dejar de confundir el mercado de la construcción para la vivienda con el mercado de alquileres, que en Argentina tiene un diseño que poco se parece a la realidad que algunos pretenden enfrentar”, agregó.
En este sentido, señaló que “el mercado de alquileres en Argentina es absolutamente fragmentado, cuentapropista, que nada tiene que ver con los grandes mercados oligopólicos como sucede en otros países. Entonces lo que debemos buscar es incentivar el mercado de alquileres, porque no existe. Lo que existe es mucha gente que tiene una propiedad y que la pone en alquiler, y que tiene los mismos derechos que puede tener cualquier otro sector que es parte de una contratación”.
Banfi se refirió también al rol del Estado en el mercado de los alquileres: “Nadie puede oponerse a la garantía constitucional del derecho a la vivienda, pero eso lo debe hacer el Estado con una política macroeconómica que efectivamente baje la inflación, que hoy es exorbitante, porque el salario no vale nada, no existe el crédito hipotecario, todos los programas que están desarrollados para la vivienda excluyen a los de clase media”.
Por el lado de los libertarios, tomó la palabra Carolina Píparo (Avanza Libertad) quien sostuvo que la postura era derogar la ley porque “el Estado se metió donde nadie lo llamó”. “Apoyaremos en el recinto los artículos que son los más problemáticos para los inquilinos, que es el plazo y e ajuste porque hizo que haya menos oferta, en provincia en peor la oferta”.
“Siento enorme vergüenza”, lanzó y apuntó contra la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal: “Pensé que en nuestra primera sesión abuso a estar derogando la ley, había sido promesa de campaña de muchos, me encuentro en un debate donde hay un bloque que ha presentado el proyecto, reconoce el error y que ha fallado, otro bloque que defiende la ley del otro y hablando de que se ‘instaló que es una mala ley’ si solo fue eso no estaríamos debatiendo el tema”.
Y continuó: “Es una mala ley, lo muestra el inquilino”, y los invitó a sus pares a que “salgan a escuchar a la gente”, y adelantó el acompañamiento en dos puntos del dictamen de JxC que permita replantear los plazos. Sin embargo, avizoró que “sería una vergüenza no llegar al recinto con un acuerdo que solucione el problema de millones de argentinos. El Estado se metió donde nadie lo llamó. Vayamos a sesionar para resolver el problema”.
Por Santa Fe, habló el diputado oficialista Eduardo Toniolli que señaló: “Hay una crisis habitacional y en el mercado de alquileres”, por lo que “se impuso la idea de que es culpa de la Ley”. Por consiguiente, resaltó que la ley entró en vigencia en plena pandemia, en un proceso inflacionario, pero en algunos de sus aspectos “porque no están siendo aplicados” y es una ley que “no llegó a cumplir el período de un contrato en una Argentina donde la renta de inmuebles es en dólares”.
Al igual que Píparo, el santafesino también recordó que “hicieron campaña con la derogación de la ley”, que “tiene aspectos positivos, algunos negativos y algunos que no se cumplen”. También, remarcó la necesidad de incentivos fiscales.
Se realizarán dos o tres reuniones informativas, según señalaron desde el oficialismo. La oposición pidió que no se acote la discusión por boleta única ante la superposición de temas.
En una breve reunión, que comenzó luego del plenario por boleta única, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados acordaron citar a especialistas para dar el debate sobre la reforma del Consejo de la Magistratura.
El presidente de Asuntos Constitucionales, el oficialista Hernán Pérez Araujo, señaló que se pondrán en consideración los distintos proyectos presentados y la media sanción del Senado -aprobada el pasado 7 de abril-. “La idea es fijar un cronograma de trabajo y tener la posibilidad de escuchar a expertos en la materia”, dijo el pampeano.
Por su parte, el titular de Justicia, Rodolfo Tailahde, reveló que la intención es realizar “dos o tres reuniones informativas” y que “los bloques nos hagan llegar sus propuestas” para los invitados.
La intención del Frente de Todos es dar la discusión por el Consejo de la Magistratura los mismos días en que también se debatirán, más temprano, los proyectos de boleta única, por impulso de la oposición. Por eso, desde Juntos por el Cambio, el diputado Juan Manuel López pidió que “no se acote el tratamiento de boleta única, que no se le ponga un plazo”.
Y aclaró que una vez agotado ese primer plenario -que también incluye a la Comisión de Presupuesto- desde la oposición están dispuestos a “quedarnos con todo el tiempo del mundo y hasta que sea necesario”. “No es nuestra falta que no se haya debatido antes”, lanzó el jefe de la Coalición Cívica.
En una mínima lista de oradores, la diputada Graciela Camaño enfatizó que esta “es una de las leyes más importantes que vamos a votar este año”. “Poder ordenar el Consejo es absolutamente necesario”, sostuvo la consejera.
En esa línea, aseguró que “las carencias presupuestarias, edilicias y tecnológicas que existen en el Poder Judicial” ameritan que “abordemos el tema”.
Ubicada en el medio de ambas bancadas mayoritarias, tanto en esas comisiones como en el Consejo de la Magistratura, la bonaerense aclaró: “Defino mi voto de acuerdo a mi leal saber y entender”.
Y, tras opinar que los constituyentes de 1994 cometieron “un error” al dejar el artículo 114 de la Constitución Nacional a “los vaivenes de la política”, Camaño abogó por que se tenga “la inteligencia de hacer una ley que interprete el 114”.
En tanto, el diputado Fernando Carbajal alertó que “si no tenemos la capacidad de discutir y consensuar una ley, para el mes de noviembre vamos a estar viviendo nuevamente un proceso de elección de los miembros, siguiendo la lógica del viejo Consejo corporativo, que a mí sigue sin gustarme, como no me gustaba en el ‘97”.
Al recordar que la media sanción del Senado no contó con el consenso de la principal oposición, el legislador de la UCR expresó: “Tenemos el enorme desafío de ver si logramos un consenso que supere los dos tercios”.
También convocó a “buscar un Consejo que satisfaga a todos” porque “en estos años ha funcionado muy mal”. “No nos quedemos en la discusión solamente de la conformación y de las representaciones estamentarias”, sugirió, sino “demos una discusión real sobre cómo establecemos mecanismos que aseguren la eficacia en el Consejo”.
En el final, Pérez Araujo pidió que “nadie vea nada raro, que nadie se asuste” sobre el tratamiento de ambos temas. “Vamos a tratar los dos temas en los dos plenarios”, garantizó y sumó que “estamos con predisposición para escuchar a todas las voces”.
El proyecto para ampliar el Consejo de la Magistratura de 13 a 17 miembros fue votado en el Senado en el filo del vencimiento del fallo de la Corte Suprema. Sin chances de tratar en cuatro días la iniciativa, y tampoco sin los votos necesarios, la Cámara de Diputados nunca arrancó el tratamiento del tema hasta este miércoles.
Por su parte, la Corte restituyó la composición del órgano judicial de acuerdo a la ley de 1997 -ya que declaró la inconstitucionalidad de la reforma de 2006- y el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, asumió la conducción del Consejo. Hasta ahora está conformado por 18 miembros, pues los representantes por el Poder Legislativo todavía no asumieron.
El plenario de comisiones que dio inicio a la discusión del tema dedicó un largo tramo a discutir la posibilidad de que las reuniones con invitados puedan realizarse de manera mixta. El oficialismo rechazó la moción.
Arrancó finalmente en la Cámara de Diputados el debate sobre la aplicación de la boleta única de papel. Fue en el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda, que arrancó pasadas las 10.30, e inicialmente se acordó fijar un cronograma de trabajo sobre el tema.
“Entendemos que lo que debe primar es la búsqueda de consensos, para eso vamos a priorizar la búsqueda de diálogo y escuchar a todas las voces”, puntualizó de entrada el titular de Asuntos Constitucionales, Hernán Pérez Araujo, quien aclaró que intentará “respetar el cronograma”, por cuanto consideró “casi un corset el emplazamiento”. Y en ese sentido estimó que “en caso de ser necesario podemos hacerlo un poco más flexible. El tema amerita que las reuniones sean un poco más extensas”, y advirtió que hay dos feriados nacionales en el medio, lo cual podría llegar a complicar el cumplimento de los tiempos.
“Por eso es que apuesto a la flexibilidad de todos y todas para ver si este cronograma no se convierte en un corset y podemos ir moldeándolo de acuerdo con las necesidades que el tema requiera”, apuntó el legislador pampeano, que sugirió a continuación que según lo conversado con los otros presidentes de comisiones se vaya acercando hasta el viernes al mediodía la lista de posibles expositores, para ver cuántos podrían incluirse el martes próximo y así sucesivamente en los encuentros venideros.
A continuación, el presidente del bloque radical Mario Negri señaló que “por una cuestión de organización y teniendo en cuenta los dos feriados y la decisión que tomó el pleno de dictaminar el 31 de mayo, podríamos hacer las informativas de manera mixta, como hemos hecho en otras oportunidades. La que viene y la siguiente”.
La diputada Graciela Camaño advirtió que luego de haber sido emplazados por el cuerpo, si se quería alterar los tiempos de tratamiento deberían consultar al cuerpo. “Porque estamos mandatados expresamente por el cuerpo; no podemos bajo ningún punto de vista tomarnos el atrevimiento de modificar nada de lo que el cuerpo ha decidido por mayoría. Quizá podamos acordar los términos del trabajo que vayamos a llevar adelante”, señaló.
Recordó que para tratar el tema alquileres “nos pareció oportuno aprovechar los insumos tecnológicos que produjimos para la pandemia. Me parece que tenemos que tener una disciplina: si lo usamos para una comisión, deberíamos usarlo para todas las comisiones. Generamos federalismo con la ley de alquileres; tuvimos las voces que jamás hubiéramos tenido de manera presencial”.
“No pongamos esa herramienta en la oportunidad según la ley, debemos dejarnos acompañar por la tecnología”, agregó, insistiendo en que “las informativas híbridas deben ser parte del juego de la política. No le tengamos miedo a eso… Se lo dije a la oposición cuando tratamos alquileres, y ahora se lo digo al oficialismo”.
“Lejos estaba de la intención de extendernos más allá del 31 de mayo para tener un dictamen”, aclaró el diputado Pérez Araujo, señalando que “deberíamos tener una decisión del pleno de la Cámara respecto de si hacemos uso de la virtualidad o la presencialidad, sino queda librado a la voluntad de quienes convocamos a las comisiones”.
A su turno, la diputada Carla Carrizo señaló que en Legislación General, para el tema alquileres, lograron integrar “las voces del interior y fue realmente muy participativo. Tiene que ser bimodal en las informativas me parece que es la modalidad que hace un tema nacional”.
Desde el oficialismo, Leopoldo Moreau aclaró que “lo único que no es híbrido es el reglamento de la Cámara”. Y tras recordar cómo funcionó el cuerpo durante la pandemia, enfatizó que “esa circunstancia ha desaparecido, entonces debemos recuperar el funcionamiento apegado al reglamento de la Cámara”.
En réplica a Carla Carrizo, señaló: “No sé cómo han hecho otras comisiones, pero me parece que en este plenario, y sobre todo porque tenemos un emplazamiento muy detallado debemos acatar el reglamento y el emplazamiento”. Conclusión: reclamó funcionar presencialmente, “como debe ser”.
Justamente Carla Carrizo le salió al cruce, advirtiendo que el artículo 114 bis del reglamento habilita entre otras cosas a utilizar el videochat con la necesidad de conocer la opinión de la ciudadanía. “El reglamento dice lo que estamos proponiendo hacer”, remarcó.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales retrucó diciendo que ese punto del reglamento habla de “audiencias públicas. Esto no es una audiencia pública, es una reunión plenaria de tres comisiones. El carácter no está determinado y serán las presidencias las que lo determinen”.
A su turno, Silvia Lospennato aclaró que “el reglamento dice audiencias públicas y debates virtuales. Esta herramienta se utilizó en infinidad de casos, si la mayoría está de acuerdo”. Y remarcó que “en ningún caso contradice el emplazamiento, que lo único que establece es la obligatoriedad de convocar con un temario”.
Pérez Araujo insistió en que él no tenía facultades para poner esa propuesta a consideración: “En las comisiones no se vota”, tras lo cual tomó la palabra el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez que apoyó la postura del diputado Moreau en cuanto a que no se podía funcionar de manera virtual. “Si hubieran querido decidirlo en ese momento no me cabe la menor duda que lo hubieran hecho. Lo que pasa es que no previeron algunas situaciones que llevan a plantear lo que están planteando”.
“Fue tan riguroso el planteo que hasta una diputada de mi bloque, Cecilia Moreau, preguntó cómo teníamos que venir vestidos –recordó-. Y ahora de repente se quiere cambiar la modalidad”.
Cosa que rechazó, por cuanto “intentar modificarlo para que se generen situaciones no contempladas es una doble falta de diálogo político. Estamos acá por una acción absolutamente unilateral, a mi criterio arbitraria de la oposición; estamos aceptando una decisión con la cual no acordamos. No había ninguna acción de retardo como dice el reglamento. Si uno impone criterios después no puede modificarlos en nombre del reglamento”.
La radical Dolores Martínez celebró que el Frente de Todos se apegara esta vez tanto al reglamento y les pidió entonces conformar la Comisión de Peticiones Poderes y Reglamento, que a su juicio debió haber sido la primera en ser convocada y que en ese caso se aboque a tratar esa cuestión.
Mario Negri pidió terminar entonces el tema, que consideró “una discusión ociosa. “Aunque creamos que tenemos razón, vamos a avanzar y las reuniones serán presenciales”, dijo, pero reclamó que la Cámara garantice que todos los legisladores puedan estar presentes.
“Creo que estamos mezclando cosas, indudablemente sería un desatino que no tuviéramos en cuenta los desarrollos tecnológicos y pudiéramos utilizarlos, pero debemos acordarlo en el pleno, habilitando en qué condiciones, cuándo y cómo”, aclaró Heller.
Tras casi una hora de discusión sobre la presencialidad o no en las reuniones venideras, la diputada Silvia Lospennato arrancó con el debate de fondo. Hizo hincapié entonces en los 40 años que vamos a cumplir de democracia y en el más de un siglo que lleva el mecanismo del sufragio universal. “Un sistema que ha abandonado más del 95% de las democracias del mundo”, remarcó, afirmando que “las democracias han evolucionado hacia una forma de votación que es mucho más sencilla, transparente pero principalmente es más democrática, porque asegura que la oferta electoral está en el cuarto oscuro. Esa garantía hoy no la tienen los ciudadanos”.
Además, sostuvo que con el sistema vigente hoy cada fuerza necesita 102 mil fiscales para una elección para que puedan reponer durante la jornada electoral las boletas. “Porque el robo de boletas, la adulteración, es una realidad que los partidos políticos, sobre todo las fuerzas más chicas denuncian en cada elección”.
Aclaró además que dependerá de los legisladores cuántos nombres aparecerán en las boletas, destacando que por lo que se ha conversado figurarían cinco candidatos en cada una, por lo que “solo cuatro provincias quedarán afuera”. Advirtió además que solo estarán reglamentando la elección de tres categorías: presidente y vice, senadores y diputados nacionales.
Asimismo sostuvo que no ha encontrado “ningún argumento que diga que este es un peor sistema”.
En contra de la metodología que se impuso por la oposición, el oficialista Sergio Casas consideró que en “el espíritu del legislador” el emplazamiento de comisiones “estaba referido para una situación de emergencia”, y si hoy se convocara a elecciones “tenemos, bien o mal, un sistema electoral”.
El exgobernador riojano insistió que “el cuerpo no puede emplazar a un plenario para que establezca una fecha determinada para emitir un dictamen, que no me parece que fuera una emergencia”. Y lanzó que presentar un proyecto sobre boleta única “no nos convierte en los paladines de la democracia”.
En contra de la reforma del sistema electoral en estas condiciones, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman recordó que desde su espacio siempre ha habido denuncias en los comicios, pero esta modificación “de forma aislada” es “impracticable y muy costosa”.
Además, observó que habrá incompatibilidad con provincias que tienen ley de lemas, con las PASO y también alertó sobre la fiscalización. “Se está votando un desdoblamiento del sistema electoral, con lo cual es más costoso y beneficia a los oficialismos”, ratificó. Asimismo, se preguntó cómo sería la boleta única en la provincia de Buenos Aires, donde el año pasado en las primarias compitieron 28 listas; y expresó que este instrumento tiende a la “farandulización de la política”.
Otros de los oradores antes del cierre de la primera reunión, el jefe de la UCR, Mario Negri, resaltó que en el mundo solo 16 países en el mundo no cambiaron todavía su sistema electoral y en América Latina “Argentina y Uruguay son los únicos dos países que conservan este sistema”.
“Hay que saltar a mejorar el sistema, a darle transparencia, a la autofiscalización”, abogó el cordobés, que admitió diferencias con el sistema que se utiliza en su provincia, pero subrayó que “lo que se está discutiendo acá es aferrarse al status quo”. Y llamó entonces a “no aferrarnos a la trampa”.
El legislador de Juntos por el Cambio opinó que “inexorablemente esto va a suceder, sea hoy, mañana” porque “inevitablemente la gente va a empujar”.
Por su parte, la diputada del interbloque Federal Graciela Camaño manifestó que “de lo que estamos hablando cuando hablamos de esto no es de nuestras vicisitudes electorales, o de que nuestro partido pudo haber resultado favorecido” sino “del derecho que tienen los ciudadanos de elegir a sus representantes”.
Se trata de “darle un giro a nuestro sistema electoral que permita al ciudadano tener la ventaja de tener en el cuarto oscuro en una boleta toda la oferta electoral”, señaló y continuó: “No estamos haciendo ninguna cosa extraña, no estamos dinamitando los partidos políticos”. “No es una locura que surge de un emplazamiento, esto lo tiene dicho la Cámara Nacional Electoral desde 2007”, sumó la bonaerense.
Además, este miércoles un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto debatirá “Boleta única” y luego, sin la de Presupuesto, se abocarán a la reforma del Consejo de la Magistratura. La Comisión de Legislación General tratará Ley de Alquileres.
Tras la intensa jornada del martes, la Cámara de Diputados continúa su agitada agenda este miércoles, ya que se conformarán otras cinco comisiones. De esta manera, ya sumarán 30 las comisiones creadas con la nueva composición del Cuerpo, restando aún la constitución de otras 16.
Además, está confirmado en el cronograma que se realizará un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto a partir de las 10 para tratar el proyecto de la oposición de Boleta única. Desde las 12 se debatirá el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, que viene con media sanción del Senado, en una reunión conjunta entre Asuntos Constitucionales y Justicia. Por otro lado, la Comisión de Legislación General se abocará desde las 14 al debate por la Ley de Alquileres.
A partir de las 13 se realizará la reunión constitutiva de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico que, según pudo saber este medio, quedaría en manos de un miembro del Frente Pro.
A partir de las 15, la Comisión de Comercio elegirá a sus autoridades, siendo la radical Gabriela Lena designada como presidenta. Una hora después, será el turno de la Comisión de Economía y Desarrollo Regional.
Cerrarán la jornada del miércoles, las reuniones de la Comisión Mercosur a las 17, que quedará presidida por Fernando Iglesias (Frente Pro), y a las 18 se conformará la Comisión de Intereses Marítimos, Pesqueros, Fluviales y Portuarios siendo elegida la diputada Mariana Zuvic (CC-ARI) al frente de la misma.
Este martes, la Cámara de Diputados llevó a cabo la conformación de cinco comisiones: Vivienda y Ordenamiento Urbano; Legislación del Trabajo; Asuntos Constitucionales; Justicia y Asuntos Cooperativos.
En esta oportunidad se conformaron la Comisión de Vivienda; la Comisión de Legislación del Trabajo; la de Asuntos Constitucionales; la Comisión de Justicia y la Comisión de Asuntos Cooperativos. Dos quedaron en manos de JxC y tres en las del FdT.
En la jornada de este martes en la Cámara de Diputados se llevó a cabo la constitución de cinco comisiones. El cronograma continuará este miércoles con la conformación de otras cinco comisiones más y, de esta manera, pasarán a ser 30 las comisiones creadas con la nueva composición del Cuerpo, restando aún la constitución de otras 16.
La agenda arrancó con la conformación de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano, donde resultó electo presidente el entrerriano Gustavo Hein, del bloque Frente Pro. Tras agradecer su designación, el diputado convocó a “trabajar en conjunto” porque “tenemos una gran responsabilidad”. “Intentaremos desde el sentido común y el trabajo en equipo acercar soluciones al Ejecutivo. Sabemos que la deficiencia en viviendas es enorme, lo vemos a diario”, expresó.
Como vicepresidente asumió el oficialista Federico Fagioli, quien también llamó a “trabajar para construir todos los consensos”. “Sabemos que en Argentina hay un gran déficit habitacional, de acceso a la vivienda, que tenemos que trabajar para construir las políticas públicas para poder resolverlo y las inversiones necesarias. Me ha tocado en carne propia vivir esa falta de políticas”, manifestó el bonaerense.
En tanto, la diputada Marcela Campagnoli (CC-ARI) fue designada como vicepresidenta segunda; y como secretarios se nombraron a Lucio Yapor (FdT), Marcela Coli (UCR) y Julio Ferreyra (FdT).
Una de las comisiones que seguirá en manos del Frente de Todos es la de Legislación del Trabajo, donde fue reelegida como presidenta la diputada Vanesa Siley, quien al tomar la palabra agradeció a su bloque “por la confianza nuevamente depositada”. “Hemos trabajado durante los dos años de la pandemia casi como si no hubiera existido pandemia”, destacó y recordó que “todos los dictámenes que sacamos de esta comisión los hicimos por un consenso absoluto, casi por unanimidad”.
En tanto, el resto de las autoridades se completa con Fabio Quetglas (UCR), como vicepresidente primero; Claudia Ormachea (FdT), como vicepresidenta segunda; Mónica Frade (CC-ARI) y Enrique Estévez (PS), como secretarios. El oficialismo dejó en reserva una de las secretarías.
También se llevó a cabo la conformación de dos comisiones clave, Asuntos Constitucionales y Justicia, ambas quedaron en manos del oficialismo y fueron ratificados sus presidentes. Por la primera fue reelecto el pampeano Hernán Pérez Araujo y por la segunda el camporista bonaerense Rodolfo Tailhade.
Cerró la intensa jornada del martes la reunión de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG cuya presidencia quedó en manos del radical correntino Jorge Vara quien expresó que es “un honor y un compromiso asumir al cargo de la Comisión”.
En el cargo de vicepresidente primero fue elegido el oficialista Juan Carlos Alderete quien agradeció a ambos bloques por “darme esta responsabilidad en el momento que pasa en el país. En un mundo que se caracteriza por la desigualdad enorme donde el rol de las cooperativas es muy importante. Nos queda mucho por trabajar y coordinar”.
La chaqueña Marilú Quiroz (Pro) fue elegida como vicepresidenta segunda y resaltó que “es momento de trabajar juntos que es lo que pide la gente. Unir los lazos y ocuparnos de temas tan fuertes e importantes”. En tanto, destacó la labor que hacen los organismos no gubernamentales que son “importantes” porque “hacen las cosas que el Estado no hace. Es importante trabajar, aunar criterios y esfuerzos”.
Como secretarios fueron elegidos el oficialista Eduardo Toniolli (Santa Fe), el mendocino Álvaro Martínez (Pro) y Natalia Zaracho (FdT).
Por otro lado, la reunión que estaba programada para las 16 para constituir la Comisión de Discapacidad fue suspendida.
