Diputados recibieron a funcionarios de embajadas en el marco de fortalecer las relaciones internacionales

Fue un encuentro que se realizó en el Salón Delia Parodi en el marco del curso de posgrados en Asuntos Argentinos de la UBA.

En el marco del curso de posgrado en Asuntos Argentinos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se llevó a cabo en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja un encuentro entre diputados y diplomáticos acreditaos en nuestro país, con el fin de dialogar sobre diplomacia parlamentaria y promover mecanismos para generar resultados concretos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.

Al comenzar el encuentro, el director General de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara de Diputados, Ariel Sotelo, destacó el rol de los Congresos como vehículo para dar respuesta a la nueva realidad global caracterizada una mayor interdependencia, velocidad de cambios y conexión. Asimismo, hizo referencia al notable crecimiento de la diplomacia parlamentaria en los últimos años, hecho que se pone en evidencia en la gran cantidad de actividades, visitas y misiones oficiales que se registran en la última década. En este marco, los presentes resaltaron que la incorporación de nuevas tecnologías representa un factor clave para el desarrollo de la diplomacia a partir de dotar a los Parlamentos de nuevas herramientas y plataformas de vinculación.

A continuación, legisladores de distintos bloques compartieron con los funcionarios el trabajo internacional que llevaron a cabo durante los últimos años en el segmento de la actividad denominada “Diplomacia Parlamentaria en la Práctica”. Durante este fructífero espacio Eduardo Valdés (FdT), Rosana Bertone (FdT), Alberto Asseff (Pro-JxC), Graciela Camaño (IB-IF), Margarita Stolbizer (EF-JxC) y Silvana Ginocchio (FdT) expusieron sobre la participación del Congreso argentino en foros multilaterales como la Unión Interparlamentaria, Parlamericas, P20 y Parlatino, entre otros; también las acciones emprendidas para combatir el cambio climático defendiendo los intereses de los países en desarrollo, el rol de los Grupos Parlamentarios de Amistad como herramienta para avanzar y consolidar agendas de trabajo bilaterales, y la defensa de la Causa Malvinas como una política de Estado transversal a toda la sociedad argentina.

De este modo, a partir de la práctica se buscó consensuar con los representantes diplomáticos distintos mecanismos que permitan profundizar aún más a futuro el trabajo de vinculación de la HCDN con el mundo. “Buscamos desde todas las fuerzas políticas un Congreso argentino abierto al mundo, que se nutra de experiencias de otros países y comparta con orgullo sus logros”, aseguraron los diputados.

A la jornada de trabajo asistieron diplomáticos de las embajadas de China, Estados Unidos, España, Francia, India, Japón, Países Bajos, Perú, Polonia, Qatar, Reino Unido y Uruguay. Al finalizar el encuentro los asistentes participaron de una visita guiada por las instalaciones del Palacio Legislativo.

El curso de posgrado en Asuntos Argentinos de la UBA tiene como uno de sus objetivos principales dotar de herramientas concretas al personal de las embajadas y organismos internacionales para un mejor conocimiento sobre temas centrales de la Argentina. Además, busca facilitar la creación de una red entre alumnos y funcionarios, periodistas, líderes y formadores de opinión que puedan contribuir con el buen desempeño de sus funciones.

D’Alessandro también evitó responder si conoce a Robles y afirmó que los chats filtrados fueron “una operación de inteligencia”

Ante la Comisión de Juicio Político, el exministro de Justicia y Seguridad porteño aseguró que las conversaciones con el vocero de Rosatti son falsas y la Justicia dictaminó que se trató de “un delito”. Fuerte protesta de JxC por la lectura de los diálogos.

Muy esperada era la visita de Marcelo D’Alessandro a la Comisión de Juicio Político de Diputados, en el marco del proceso que se lleva adelante contra los jueces de la Corte Suprema por mal desempeño y, más particularmente, por la causal del fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en su controversia con el Gobierno nacional por la coparticipación. 

Interrogado constantemente desde el oficialismo por su relación con Silvio Robles, director de la vocalía del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, el exministro de Justicia y Seguridad porteño afirmó este martes que los chats que se filtraron de su teléfono contienen conversaciones falsas y “la Justicia ya ha dictaminado que son un delito”. 

Al declarar ante la comisión, el exfuncionario de Horacio Rodríguez Larreta aseveró que “lo que se vio no es una filtración, lo que se vio es una operación de inteligencia”, en relación a los supuestos diálogos que habrían tenido con Robles sobre causas que tramitaban en la Corte respecto de coparticipación y Consejo de la Magistratura. 

Al igual que lo hizo Robles cuando asistió el pasado 1ro. de agosto, D’Alessandro evitó responder si lo conoce o no, amparándose en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Aunque en el final le mostraron una foto del funcionario judicial para que diga si lo identificaba y contestó: “Sí, es Silvio Robles”.

Al ser interrogado por la diputada oficialista Vanesa Siley, el exministro porteño recordó que cuando le robaron la línea de su celular personal realizó la denuncia, y actualmente hay una en la Justicia  Federal y otra en la Justicia de la Ciudad. A continuación, cuando le preguntaron si conoce a Robles, arrancó: “Hay causas que están abiertas, que se están investigando. Hay gente que ya ha sido detenida y ha confesado que han hecho operaciones de inteligencia por objetivos que les fueron encomendados, por los cuales recibieron dinero”. 

Continuó diciendo que “hay dictámenes de la Justicia” en relación a lo sucedido no sólo con él, sino también con “jueces, fiscales y políticos” que determinaron “que al tomar posesión del teléfono lo que se podía hacer era crear, modificar, alterar o editar diferentes conversaciones. Lo que se vio no es una filtración, lo que se vio es una operación de inteligencia. Hay gente detenida que ha confesado el hecho”. 

“Para no afectar mi derecho a defensa, en base a estas causas abiertas, me voy a amparar en el artículo 18”, contestó, a lo que la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, le recordó que “el falso testimonio no es solo mentir, sino omitir decir la verdad”. “Presidenta, usted está presionando al testigo y eso no es correcto”, se quejó el diputado del Pro Pablo Tonelli, y Gaillard replicó: “Vamos a tratar de evitar, como en la reunión donde compareció el testigo Robles, cuando no contestó ninguna pregunta y en algunos casos excediéndose en el uso del artículo 18”. 

D’Alessandro dijo entonces que en las causas era “denunciante y querellante”, a lo que Siley explicó que “no está imputado por algún hecho bajo el cual se ampara por el artículo 18”. “Lo entiendo, sé cuál es el alcance de mis derechos y garantías, y no estoy mintiendo ni omitiendo verdad. La Justicia ya ha dictaminado que (los chats filtrados) son un delito”, insistió el testigo y expresó que “hay situaciones que pueden vulnerar mi derecho a defensa”. 

Siley también lo consultó por una nota del diario Página/12 titulada “Un cumpleaños judicial”, en la que se relata que a la fiesta de Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad, él habría llegado junto a Robles, el 15 de agosto de 2022, cuando todavía era ministro en funciones. “Más allá de interpretar que son hechos privados y no hacen al trabajo de esta comisión, me amparo en el artículo 18”, reiteró el exfuncionario porteño. 

En otro tramo, negó que en algún momento se le haya asignado un “rol político” en las causas de coparticipación y Consejo de la Magistratura. “Bajo ningún punto de vista, el rol estaba más abocado a la seguridad”, señaló y negó haber tenido relación, sobre todo, con la del Consejo. En cuanto a la de coparticipación, contó: “Me preguntaban en función de generar criterios técnicos para tratar de cuantificar el traspaso” de la Policía Federal.

Al reiterar Siley las consultas sobre las supuestas conversaciones, D’Alessandro le pidió que “no base las preguntas en algo que la Justicia ya determinó que es un delito”. “El contenido de esa información pública puede ser de interés para esta comisión, de hecho lo es.  Acá se está investigando el tráfico de influencias”, enfatizó la diputada oficialista ante las quejas de los legisladores de Juntos por el Cambio. 

Al leer un dictamen judicial, el exministro volvió a decir que la Justicia “ya se expidió, ya peritó y ya encontró a los culpables materiales confesos, por eso invalida absolutamente, no porque yo quisiera o usted quisiera, sino porque la Justicia así ya lo determinó, las supuestas conversaciones que dieron origen a una serie de denuncias”. “Yo jamás tuve una denuncia penal en todas mis funciones”, remarcó y sostuvo que espera que se llegue a “los autores intelectuales”. 

Pese a las críticas de la oposición, la presidenta ordenó que se leyera el contenido de los supuestos chats. Tras la lectura del secretario de la comisión, Tonelli apuntó que “la Justicia determinó que esa conversación es absolutamente falsa, y que no se trata de una filtración, sino de un hackeo, de una edición, de una creación de ese supuesto diálogo. Que la comisión después de que la Justicia determinó que esa conversación es falsa e inexistente, haga gala de eso, lo único que hace es que la comisión concurra en una ilegalidad manifiesta”. 

Foto: HCDN

De la vereda de enfrente, el diputado Leopoldo Moreau reconoció que un hackeo es un hecho de “naturaleza ilegal”, pero replicó que “no es menos cierto que eso no establece por sí mismo la falsedad del diálogo” y “no está definitivamente comprobado que el contenido de ese hackeo no sea verdadero o falso, porque hay otros testimonios de periodistas que dicen que fueron parte de esas conversaciones, periodistas de Página/12 y La Nación”. Además, aclaró que D’Alessandro sí está investigado en una de las causas, por lo cual estaba en el derecho de ampararse en el artículo 18 de la Constitución si así entendía. 

Más tarde, el exministro fue consultado sobre por qué renunció a su cargo y contestó que fue “por motivos personales”. “Yo no tengo que valerme de ningún cargo ni fuero para defenderme de acusaciones”, manifestó y respondió “bajo ningún punto de vista” cuando Siley le preguntó si había recibido presiones para hacerlo. 

El interrogatorio concluyó luego de que el presidente de la bancada oficialista, Germán Martínez, pidiera autorización para mostrarle unas fotos al testigo. Se las alcanzó a Gaillard, quien mostró que se trataba de Silvio Robles en la oportunidad que se presentó ante la comisión. 

“Es para que diga si lo conoce”, acotó Martínez, y ante la respuesta afirmativa de D’Alessandro, exclamó que “¡Entonces lo conoce!”, desatando la reacción risueña de la bancada opositora. Entre las voces que se alzaron, el jefe de la CC-ARI, Juan Manuel López, comparó con “el Mago sin dientes”. “¿Lo conoce? ¡Pero nunca lo saludé!”, ironizó.

El exministro porteño aclaró que volvía a mantener la respuesta que había dado, respecto de que mantenía la reserva. Al cierre, Siley pidió votar un pedido a la Justicia Federal para que informara sobre todas las causas en las que estaría involucrado D’Alessandro, como denunciante o imputado. Se votó afirmativamente con la mayoría que cuenta el oficialismo.

En ese mismo sentido, antes de que D’Alessandro ingresara a la sala, el Frente de Todos volvió a requerir información a la Corte Suprema sobre existencia de causas judiciales en las cuales esté involucrado Robles, por haberse ampararse en el artículo 18 de la Constitución Nacional constantemente en su declaración, y, en caso de ser así, si le han abierto sumario.

El diputado Rodolfo Tailhade reclamó que “se reitere a la Corte el requerimiento que hicimos en su momento porque no está respondido. Hay una suerte de burla a la comisión en la respuesta, porque responden cosas que no le preguntamos, y las que le preguntamos no son respondidas. Corresponde que insistamos”. 

Según la hipótesis que manejan los legisladores oficialistas, el fallo que benefició a la Ciudad en su conflicto con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables fue diseñado a partir de la connivencia entre funcionarios porteños y del Palacio de Tribunales.

El fallo de la coparticipación fue el disparador del juicio político impulsado por el presidente Alberto Fernández, apoyado por un grupo de gobernadores y presentado a través de un proyecto por el diputado Eduardo Valdés. No obstante, cuando comenzó el proceso, en febrero de este año, el Frente de Todos en la comisión le aprobó la admisibilidad de un total de 14 pedidos.

Se reanudó el trabajo de Juicio Político, con expectativa por el testimonio de D’Alessandro

La comisión se reúne desde las 13.16, en el primer encuentro posterior a las elecciones PASO. La causal investigada es el fallo de la Corte por la coparticipación de la Ciudad.

En el primer encuentro posterior a las elecciones PASO, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados reanudó su trabajo este martes. En la reunión, que se realiza desde las 13.16, se espera con expectativa el testimonio de Marcelo D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad porteño.

En el marco de la investigación de la causal por mal desempeño contra los jueces de la Corte por el fallo de coparticipación en favor de la Ciudad de Buenos Aires, también fueron citados Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad; y Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia del máximo tribunal, quien avisó que no asistirá en esta ocasión.

Esta es la tercera vez que se lo llama a D’Alessandro, luego que el oficialismo aprobara con su mayoría citarlo bajo apercibimiento y darle la intervención a un juez competente para que el exfuncionario del Gobierno porteño comparezca ante los diputados, algo que evitó hacer antes de las elecciones.

D’Alessandro había sido convocado el pasado 1ro. de agosto, día en el que concurrió Silvio Robles, el director de la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema.

Según la hipótesis que manejan los legisladores oficialistas, el fallo que benefició a la Ciudad en su conflicto con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables fue diseñado a partir de connivencia entre funcionarios porteños y del Palacio de Tribunales. Esto, más precisamente, por los chats que se filtraron del celular de D’Alessandro con conversaciones entre él y Robles sobre la cuestión. Cuando concurrió a la comisión, el vocero de Rosatti se negó a responder si conocía a D’Alessandro.

El fallo de la coparticipación fue el disparador del juicio político impulsado por el presidente Alberto Fernández, apoyado por un grupo de gobernadores y presentado a través de un proyecto por el diputado Eduardo Valdés. No obstante, cuando comenzó el proceso, en febrero de este año, el Frente de Todos en la comisión le aprobó la admisibilidad de un total de 14 pedidos.

Se realizó en Diputados un seminario sobre creación de universidades públicas

El encuentro denominado “inclusión, democratización y cercanía” estuvo encabezado por la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau.

Encabezado por la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, se realizó en el Salón Delia Parodi el seminario sobre creación de universidades públicas denominado “Inclusión, democratización y cercanía”, en el marco de los 40 años de democracia.

El objetivo del encuentro consistió en analizar las políticas públicas que se han implementado para la ampliación y consolidación de derechos. Asimismo, se buscó indagar en el debate parlamentario y las leyes que han posibilitado estas políticas que apuntan al desarrollo social y económico.

Como parte del seminario disertaron Moreau; la diputada nacional Alicia Aparicio; el rector de la Universidad Nacional de Moreno, Hugo Andrade; y la licenciada Laura Gómez, egresada de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.

Durante su alocución, Moreau destacó que “hoy la realidad nos plantea enormes desafíos de cara al futuro, sobre todo a quienes creemos en lo público como motor de desarrollo y de justicia social”.

“Estamos a pocos meses de cumplir el 40° aniversario de la democracia. Ese aniversario se da en un contexto muy complicado, con narrativas profundamente regresivas que tienen un objetivo claro: desandar el camino transitado en estas cuatro décadas para restituir un orden donde no todos tenemos lugar y donde las herramientas que permiten este camino de inclusión también quedarían negadas”, advirtió.

En defensa de la educación pública, la titular de la Cámara baja dijo que “una de las grandes herramientas es la educación superior materializada en las universidades públicas, laica y de calidad”.

“Desde el ’83 a esta parte, con las luces y con las sombras que hemos tenido en cada uno de los procesos, se duplicaron las instituciones, se cuadruplicó la matrícula de alumnos y alumnas y se amplificó la oferta de carreras”, destacó.

Moreau manifestó también que, en los últimos 10 años, crecieron un 67% los ingresantes a las universidades nacionales. “Esto no solo habla de la creación de oportunidades, sino también de ascenso social, que es prioritario a la hora de concebir una sociedad con mayores niveles de igualdad”, expresó.

“Estoy convencida de que todo aquel que pasa por la universidad pública no solo sale con un título, sino también con la capacidad de generar pensamiento crítico”, añadió.

Del mismo modo, se comprometió a trabajar para darle la media sanción a aquellas universidades públicas que todavía no se han logrado. “Hay una frase que anoté leyendo algo, que dice ‘cuando todo sea privado, vamos a ser privados de todo’. Me parece que tenemos que tener mucho cuidado con lo que se viene y que este Congreso, más allá de quien gobierne, tiene que ser un Congreso que siga creando oportunidades”, concluyó.

A su turno, la diputada Aparicio, autora del proyecto de creación de la Universidad del Delta, invitó a “darle valor agregado a las universidades públicas y gratuitas, porque es la mejor forma de defender el futuro de nuestra Patria”.

En tanto, Andrade avaló que “uno de los desafíos de la democratización del conocimiento es la creación de nuevas universidades, para que cada vez más chicos y chicas puedan alcanzar un nivel superior de estudios”.

Por su parte, Gómez relató su experiencia como estudiante de una universidad nacional y abogó por la creación de más altas casas de estudios en Argentina.

Además participaron del encuentro los diputados Eber Pérez Plaza, Daniel Arroyo, Mónica Litza y Carolina Moisés; Ana Lozano, prosecretaria Parlamentaria; la legisladora MC Carla Pitiot; Gisela Manero, directora General de Género e Igualdad de la HCDN; Federico Cermelo, director del Observatorio de Juventud; y Gabriel Villegas, jefe de Gabiente de Presidencia.

Tratarán un proyecto para establecer la capacitación obligatoria en Lengua de Señas

La iniciativa forma parte del temario de la Comisión de Discapacidad de Diputados, que se reunirá este jueves a las 10.

Tras la sanción definitiva, en abril pasado por parte del Senado, de la ley que reconoce a la Lengua de Señas como idioma viso-gestual en todo el territorio nacional, la Comisión de Discapacidad de Diputados tratará un nuevo proyecto sobre el tema.

El temario de la reunión prevista para este jueves a las 10, en la Sala 2 del Anexo de la Cámara baja, prevé el tratamiento de una iniciativa presentada por la diputada Gisela Marziotta (FdT), que busca establecer la capacitación obligatoria en LSA para los funcionarios y agentes de los tres poderes del Estado nacional.

Por otra parte, se debatirá un proyecto que propone crear un programa de reconocimiento a las empresas que incluyen prácticas de equidad laboral para personas con discapacidad, que podrán contar con el “Sello Nacional de Equidad Laboral (SENELDIS)”.

También se debatirá sobre un régimen de capacitación de personal para tratar con personas con Trastorno del Espectro Autista; y la creación de un sistema integral de prioridad y contención para personas con TEA -y síndromes relacionados- en los medios de transporte terrestre, ferroviario, aéreo y fluvial.

Además, la comisión presidida por Luis Di Giacomo (JSRN) tratará modificaciones a la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (26.061), a la de Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de personas con discapacidad (24.901); a la de Turismo accesible para personas con capacidades restringidas (25.643); y proyectos de resolución y declaración.

Alquileres: hubo una grieta en la oposición por una palabra

Para dos diputados que votaron en contra, la media sanción en definitiva no establece ningún índice de actualización.

Convertido en centro de atención de la política argentina, llamó la atención en la sesión del miércoles pasado sobre alquileres el voto de Javier Milei y sus compañeras de interbloque, negativo igual que el oficialismo y la izquierda. Pero no fue el único dato saliente: también votaron en contra dos integrantes del interbloque Federal: su presidente, Alejandro “Topo” Rodríguez, y la cordobesa Natalia de la Sota.

En este caso, según pudo saber parlamentario.com, fue por disidencias respecto del texto del dictamen de minoría finalmente aprobado. Por un lado, los diputados del interbloque Federal cuestionaban la periodicidad para los reajustes: rechazaban que el mínimo de tiempo fuera 4 meses y pedían 6. Pero había otro tema más determinante.

Recordemos las modificaciones que se hicieron en pleno recinto. Una fue en este párrafo: “En los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único  y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerdes las partes y por intervalos no inferiores a 4 meses”. Ahí se eliminó la parte donde se establecía una periodicidad de “entre tres (por intervalos de 3 y 12 meses”.

El otro párrafo modificado dice: “A los fines dispuestos en el párrafo anterior, para los ajustes, las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.

Para los diputados del interbloque Federal, en lugar de decir “pudiendo aplicar”, tenía que decir “debiendo aplicar”. Porque de lo contrario, quedando como el texto quedó, el texto no establece taxativamente ningún índice de actualización. Ni una combinación de índices, ni nada que se le parezca.

Según pudo saber parlamentario.com, los diputados reclamaron cambiar la palabra y no se lo aceptaron. Por eso votaron en contra.

Fuentes legislativas aclararon que deliberadamente se dejó la palabra “pudiendo”, de modo tal de dejar al libre albedrío cómo será el mecanismo de actualización.

Diputados: el oficialismo pone nuevamente sobre la mesa el debate de universidades nacionales

Un plenario de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda tratará tres proyectos que perdieron estado parlamentario. Será este martes a las 17.

Hace un año, el oficialismo avanzó en la Cámara de Diputados con el debate de un paquete de proyectos de ley que proponen la creación de universidades nacionales en distintos puntos del país. Pero, hasta ahora, esas iniciativas no han podido aprobarse en el recinto.

El año pasado, cuando fueron incluidas en temario, la sesión del 1ro. de diciembre se cayó en medio de un escándalo, cuando justamente se había iniciado el debate sobre este punto. En tanto, el 21 de ese mes, la otra sesión citada para tratar -entre otros dictámenes- este tema, no reunió quórum.

Ahora, habiendo perdido estado parlamentario tres proyectos de ese conjunto, el Frente de Todos convocó a un plenario de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda para volver a sacar despacho. La reunión será este martes a las 17.

El primero de los proyectos que figura en el temario es impulsado por el diputado Hugo Yasky (FdT) y propone la creación de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, que tendrá su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El segundo fue presentado por el diputado Emiliano Yacobitti (Evolución Radical) y propone la creación de la Universidad Nacional de Saladillo en la provincia de Buenos Aires; en tanto, el tercero es de María Rosa Martínez (FdT), que propicia la creación de la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, con sede central en el distrito de Cañuelas, provincia de Buenos Aires.

Del paquete tratado el año pasado, ya cuentan con dictamen la creación de la Universidad Nacional del Delta, Universidad Nacional de Pilar, Universidad Nacional de Ezeiza, Universidad Nacional de Río Tercero y Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz.

Castagneto y Michel defendieron el proyecto de ley de blanqueo en Diputados

Fue durante una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El oficialismo estaba dispuesto a sacar dictamen, pero finalmente se anunció que será en una segunda reunión. Escasa presencia de la oposición.

Funcionarios del Poder Ejecutivo defendieron este jueves en la Cámara de Diputados el proyecto de ley enviado por el Gobierno sobre blanqueo de capitales, en el marco del acuerdo de intercambio de información financiera firmado con Estados Unidos el año pasado. 

La reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda arrancó solamente con la presencia de legisladores oficialistas. Luego se sumaron solo cuatro miembros de Juntos por el Cambio. Más temprano, los opositores habían participado de un encuentro con Patricia Bullrich

Durante las exposiciones del titular de la AFIP, Carlos Castagneto, y el director de Aduanas, Guillermo Michel, se hizo circular el proyecto para su dictamen, pero cuando la oposición llegó se cuestionó ese accionar y, explicación mediante, el presidente de la comisión, Carlos Heller, anunció que la semana próxima se convocará a una nueva reunión para sacar despacho. 

La palabra de los funcionarios

Al exponer sobre la iniciativa, Castagneto señaló que “la herramienta que presentamos, de carácter voluntario y excepcional, habilita por 360 días la declaración de tenencia de moneda nacional e internacional, que esté en el país o en el exterior, además de activos financieros, bienes muebles e inmuebles”. 

El responsable del ente recaudador consideró que esta es una norma que “el momento institucional y político requiere”, y mencionó que “quienes declaren podrán acceder a una alícuota impositiva especial que va modificándose a medida que vayan ingresando a través del tiempo”, mientras que a quienes no lo hagan “se les van a aplicar las normas vigentes” de sanción. 

Además, resaltó que lo obtenido por el blanqueo será “destinado a la realización de viviendas y obras públicas en todo el país, como así también para fortalecer el Tesoro Nacional”. “Las grandes maniobras de evasión fiscal atentan contra la gobernabilidad y democracia”, subrayó y observó que “la democracia que está cumpliendo con 40 años se enfrenta con intentos desestabilizadores y de recetas que nos llevaron a un pasado muy oscuro de nuestra historia”. 

Carlos Castagneto (Foto:HCDN)

“Desde todos los sectores del Estado debemos dar la discusión de lo que hay que hacer: trabajar para una Argentina mejor, defendiendo los derechos de los sectores mayoritarios de nuestro país, de los trabajadores”, dijo en tono electoral Castagneto, quien es candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. 

En su alocución, el funcionario detalló que, a través de la OCDE, “Argentina mantiene intercambio de información con más de 108 países, que aportan a la AFIP la base de datos de argentinos que mantienen cuentas en esas jurisdicciones”. De esos informes se desprende que “un 45% de los casos resultan con desvíos significativos o inconsistencias”. “Argentina es tomada como ejemplo por el resto de los países de la OCDE en el uso del cruce de las cuentas y las bases de datos”, indicó. También informó que solo en julio de este año se han detectado “222 casos con desvíos e inconsistencias que alcanzan la suma de 116 mil millones de pesos”. 

A su turno, Michel ponderó que “la política de transparencia fiscal internacional ha atravesado a todos los gobiernos y es algo que debemos seguir sosteniendo entre todo”. “Es una política de Estado y la AFIP lo tomó como una cuestión de suma importancia a partir del año 2008, con la crisis de Lehman Brothers, que cambió el mundo financiero”, insistió. 

Sobre el acuerdo que se firmó el año pasado con Estados Unidos, remarcó que “es una política que se inició en 2016, (Alfonso) Prat-Gay era ministro de Economía”. Pero lo que se busca ahora es “hacer el intercambio a nivel masivo” para que “se pueda obtener por grupos de contribuyentes”. “De muchos argentinos que comparten una cuenta bancaria como apoderados o una sociedad como accionistas, esa información ya se está obteniendo”, precisó. 

El director general de Aduanas anticipó que a partir de septiembre se va a “obtener de manera masiva el paquete de datos de cuentas en el exterior” y, en ese marco, defendió: “Esta ley no la necesita esta administración, este Gobierno, sino como política de Estado la necesita la Argentina”. 

“Lo que presentó el Poder Ejecutivo no es algo nuevo ni novedoso”, sostuvo y recordó que hubo leyes de blanqueo en 1987, 1992, 2008, 2013 y la más reciente en 2016, bajo la gestión de Cambiemos. Sobre este último, apuntó que fue “la ley que más se discutió y que mejor esquema de recaudación tuvo, gracias a que Argentina comenzó a contar a partir del año de 2011 con todos los acuerdos de información que entraron en vigencia de manera plena y efectiva, y en el año 2015 es que se pudo obtener esta información”. 

Michel agregó que en 2021, en la ley de incentivo a la construcción, también se contempló en un capítulo un blanqueo “de similar naturaleza”. 

Guillermo Michel (Foto:HCDN)

Además, el funcionario expresó que “después de la pandemia se han impulsado en muchos países estos regímenes de exteriorización”. “No es un régimen novedoso, pero esto tiene una particularidad y una razón de ser. El acuerdo con Estados Unidos va a cambiar la matriz tributaria de nuestro país, va a generar una expansión de la base imponible para Bienes Personales y Ganancias muy importante, estimamos en no menos de 90 mil millones de dólares para el año que viene, que va a ser de cuentas de argentinos que están en el exterior”, resumió. 

Al momento de las preguntas, la diputada del Pro Germana Figueroa Casas dijo que le “llamó la atención que no esté incluida la posibilidad de una moratoria” como en otros casos, y cuestionó que “cuando se habla de beneficios para los cumplidores se delegan (en el Poder Ejecutivo) los beneficios, y eso es una potestad nuestra”. “No me parece que el Ejecutivo pueda decidir perdonar deuda o bajar en materia tributaria. Pero además creo que nuevamente un blanqueo, dando beneficios a los que están fuera de la ley, va a perjudicar a los que pagan”, enfatizó.

Castagneto le respondió que en los blanqueos “siempre se permitió al Poder Ejecutivo reglamentarlo” y así se vio en el gobierno de Mauricio Macri, cuando “tomó más atribuciones de las que correspondían, porque en ninguna parte se permitía a familiares”, algo que se judicializó luego. 

“Nosotros respetamos mucho a los cumplidores. Se ha firmado otro plan de pago de 84 cuotas para deudas impositivas y en el tema de seguridad social, un plan de 48 cuotas”, sumó el titular de la AFIP. 

En tanto, Michel contestó: “Entiendo su punto y es atendible, pero entendemos que cumple con el artículo 76 de la Constitución”. 

Discusión sobre la firma del dictamen 

Luego de las exposiciones de los funcionarios, el jefe de la CC-ARI, Juan Manuel López, aclaró que se había convocado a una “reunión informativa” y, ante el anuncio de Heller de que ya “25 diputados” habían firmado el dictamen, el opositor se quejó: “No es una manera correcta y adecuada de trabajar”. 

“Un dictamen es una previa y siempre hay posibilidades de seguir discutiendo, y hasta el tratamiento en el recinto, lo hemos hecho infinidad de veces que se han incorporado cambios o modificaciones. No implica que no se pueda seguir trabajando”, argumentó Heller, a lo que López contestó que esperaban al menos otra reunión. 

Luego el presidente de la comisión admitió un “error administrativo” en la convocatoria y le dijo a los legisladores de Juntos por el Cambio que como “no hay una inminencia de tratamiento” podían presentar un dictamen de minoría hasta el miércoles que viene. 

Sin embargo, más tarde, ante un nuevo intercambio, Heller anunció que la semana próxima se citará nuevamente para dictaminar. “Pese a tener el número y el dictamen, esta Presidencia va a volver a convocar a una nueva reunión, porque este es un tema de enorme importancia y por lo tanto no queremos que haya ningún resquicio para que nadie pueda decir que alguna cosa no se cumplió”, cerró. 

Puntos principales del proyecto

El proyecto, enviado el pasado 5 de junio, titulado “exteriorización del ahorro argentino”, permite la declaración de tenencia de moneda nacional y/o extranjera en el país y/o en el exterior, activos financieros (incluye criptomonedas), bienes inmuebles, bienes muebles y demás bienes, incluyendo créditos.

La alícuota que se aplicará cuando exista repatriación será -sobre el monto exteriorizado- de un 5%, desde la entrada en vigencia de la ley y hasta transcurrido el plazo de 120 días corridos; de un 10%, hasta 240 días después; y de un 20% para los declarados entre los 240 y 360 días desde que se haya puesto en marcha.

“Si el o la declarante de los fondos efectuara la repatriación de activos financieros del exterior, se los someterá a igual alícuota a la que se encuentran alcanzados los bienes del país, en tanto si no verificara dicha repatriación quedarán alcanzados por una alícuota diferencial incrementada”, aclara el proyecto. De esta manera, en caso que los bienes no se repatrien, las alícuotas irán del 7,5% al 22,5%.

La iniciativa crea un “Régimen simplificado de declaración”, con una alícuota especial del 1,5% aplicable a personas humanas que exterioricen tenencia de moneda nacional y/o extranjera y el monto no supere el 35% de los ingresos anuales promedio de los últimos 3 períodos fiscales y con un tope de hasta USD50 mil.

Para acceder al régimen simplificado, la declaración voluntaria de la tenencia requerirá la confección de una declaración jurada meramente informativa que dé cuenta del monto exteriorizado. De esto quedarán excluidos aquellos contribuyentes que fueron alcanzados por el Aporte Extraordinario.

Quienes ingresen al blanqueo quedarán liberados de los siguientes impuestos que hubieran omitido declarar: impuesto a las Ganancias, impuestos internos y al Valor Agregado, impuesto sobre los Bienes Personales y de la contribución especial de cooperativas.

En cuanto a las exclusiones, no podrán blanquear aquellos que desde el 1ro. de enero de 2010 se hayan desempeñado en la función pública, como tampoco cónyuges, convivientes, padres e hijos de ex y actuales funcionarios.

Negri, por la reforma a la Ley de Alquileres: “No es una panacea, pero resuelve temas importantes en una economía difícil”

El jefe del bloque radical en Diputados explicó los puntos principales del dictamen de minoría y destacó que “la naturaleza de la mala ley anterior ha desaparecido”.

Luego de la media sanción del proyecto de reforma de la Ley de Alquileres que se dio en la sesión de este miércoles y que fue convocada por JxC previo a las PASO, el jefe del bloque UCR, Mario Negri, celebró la aprobación y reconoció que el dictamen de minoría “no es una panacea, pero resuelve temas importantes en una economía difícil”.

En declaraciones a los medios, Negri expresó: “Fue muy trabajoso, recuerden que el 5 de julio en la sesión donde pedimos apartamento para la derogación no nos lo dieron y anuncié entonces esta sesión para después de las PASO. Parecía algo inalcanzable, hicimos un gran esfuerzo entre muchos sectores de la oposición y conseguimos el quórum”.

En esa línea, repasó lo acontecido en el recinto de Diputados: “Primero pedimos 4 proyectos de derogación, que no pasaron porque se necesitaban 2/3 de la ley y el oficialismo no lo habilitó. Inmediatamente hubo que tratar el dictamen de mayoría del oficialismo, que era muy malo, y logramos que ese dictamen se cayera. Y luego que se pusiera en consideración un dictamen de minoría, que no es una panacea, pero que resuelve dos temas muy importantes en medio de una economía muy difícil”.

“Primero eliminamos lo de los 3 años y volvimos al viejo esquema de los 2 años. En segundo lugar, dimos de baja la indexación anual y agregamos un menú de índices que en libertad pueden elegir entre las partes para indexar y pusimos un piso mínimo de intervalo de 4 meses, para que entre las partes puedan ir acordando lo que significa el precio del alquiler”, explicó entre los puntos centrales.

Para Negri “está muy resentido el mercado, no hay propiedades que se ofrecen”, y lamentó “todo el tiempo que perdió, porque este es un tema que debe resolverse de forma urgente. Trabajamos toda la semana pasada con mucha expectativa”.

“No se puede hablar en términos de triunfo o derrota, hemos dado una respuesta, trabajosa en medio del rechazo sistemático del oficialismo, y logramos el objetivo buscado, que es que la naturaleza de la mala ley anterior ha desaparecido prácticamente”, sostuvo y cerró: “Muchos queríamos la derogación total, pero al menos logramos derogar temas que eran muy urticantes y contradictorios tanto para propietarios como inquilinos”.

Sesión especial para debatir modificaciones a la Ley de Alquileres

La Cámara baja debatió cambios a la Ley 27.551, a pedido de la oposición, que logró imponer el dictamen de minoría.

La oposición logró en Diputados dar media sanción a la reforma de la Ley de Alquileres, con los votos en contra de Milei y el oficialismo

Con 125 votos a favor, 112 en contra y 3 abstenciones, se aprobó el proyecto que establece que los ajustes sean por intervalos no inferiores a 4 meses y que el mecanismo de actualización pueda combinarse entre tres índices, a acordar por las partes. Además, vuelve a dos años el plazo de los contratos.

En la primera sesión tras las elecciones PASO, la oposición unida en la Cámara de Diputados, excepto la izquierda y los tres libertarios Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo, logró conseguir la media sanción de una reforma a la Ley de Alquileres, tras una votación que resultó con 125 votos a favor, 112 en contra y 3 abstenciones. El proyecto pasa ahora al Senado, que no se reúne para tratar iniciativas desde hace cuatro meses. 

En primer lugar, este miércoles fracasaron una docena de proyectos que proponían la derogación total de la actual 27.551 al no reunir los dos tercios necesarios, ya que no contaban con dictamen. La idea era fuertemente avalada por buena parte de Juntos por el Cambio y los libertarios. Pero desde el principio se sabía que no habría chance. 

Luego comenzó el debate, que tuvo una corta lista de oradores, sobre los dictámenes que se firmaron el año pasado, y que nunca habían llegado al recinto hasta hoy. 

En la primera votación, JxC, los libertarios y los bloques provinciales consiguieron su segundo objetivo -el primero fue el quórum- de rechazar el dictamen de mayoría del Frente de Todos. El oficialismo tuvo varios ausentes, pero igualmente no hubiera llegado con el número para imponerse, ni siquiera con el Frente de Izquierda a favor. El resultado fue por 109 votos afirmativos y 131 negativos.

A continuación, se sometió a votación el dictamen de minoría, el cual tuvo modificaciones que fueron producto de varias negociaciones previas. Plantados en su postura de derogación, los legisladores de La Libertad Avanza terminaron votando en contra del dictamen de minoría, al igual que el oficialismo y la izquierda. También hubo dos votos negativos por parte del jefe del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, y la cordobesa Natalia de la Sota.

A favor lo hicieron los legisladores de Juntos por el Cambio, el interbloque Provincias Unidas y el bloque SER. Por parte del interbloque Federal, positivamente también votaron los bonaerenses Graciela Camaño y Florencio Randazzo, y los cordobeses Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca, mientras que los santafesinos socialistas Mónica Fein y Enrique Estévez se abstuvieron. La tercera abstención fue del camporista salteño Emiliano Estrada.

Los dos cambios centrales al texto original -que salió de comisiones el 22 de junio de 2022- se refieren al período de tiempo para los ajustes y al mecanismo que podrán utilizar las partes para la actualización del precio. 

De esta manera, la iniciativa aprobada establece que “en los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a 4 meses”. 

En tanto, “para los ajustes, las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”. 

Además, el proyecto vuelve a dos años el plazo mínimo legal de los contratos e incorpora una serie de incentivos para promover la oferta de viviendas en el mercado.

En relación a los beneficios fiscales, se contempla una reforma del régimen de monotributo para que quienes tengan tres unidades de explotación, “en el caso de la actividad de locación de inmuebles, mediante contratos debidamente registrados” se considere como “una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de propiedades afectadas a la misma”.

También exime de Bienes Personales a los inmuebles destinados a alquiler y contempla una modificación al impuesto a los débitos y créditos bancarios -más conocido como impuesto al cheque- para que estén exentas aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes “utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados”.

El debate

Al defender el dictamen de mayoría, que reivindicaba la ley actual, al mantener el plazo de tres años en los contratos, como así también el índice para la actualización de los alquileres en base a una fórmula que combina IPC y RIPTE -como rige-, el jefe del oficialismo, Germán Martínez, abrió el debate. 

“Hay que tener en claro cuál es el sujeto social que nosotros queremos venir a defender. Es cierto que esto es un problema que afecta a propietarios e inquilinos. Pero no los afecta de la misma manera, y nosotros tenemos la obligación de resguardar al más débil en una relación que no es simétrica”, sostuvo. 

El santafesino cargó contra la oposición: “Lo que imperó desde el principio del tratamiento hasta acá por parte de los sectores opositores fueron posiciones netamente políticas, y hoy, después de un resultado electoral, vuelven a tironearse por una determinada bandera, la de la derogación, y no les preocupa en lo más mínimo la situación que están viviendo los argentinos de a pie”.

A continuación, al exponer sobre el dictamen de minoría, Graciela Camaño arrancó: “Venimos a este recinto sin tanta petulancia, y a la hora de evaluar el tiempo de duración de la ley, que supuestamente es planteado como un mérito, quiero informar que en ese mismo período en la Argentina hubo un 476% de inflación”.

“Modestamente lo único que nos proponemos con el dictamen de la minoría es intentar mejorar la oferta”, sostuvo la diputada de Identidad Bonaerense.

A su turno, el rionegrino Agustín Domingo dijo que “lo que debemos lograr es que exista un amplio mercado de viviendas”, y advirtió que hasta ahora “nos hemos dedicado a asfixiar con regulaciones ese mercado. Penalizamos construir, alquilar o vender inmuebles y el saldo está a la vista. Hemos asesinado al regulador común. Hicimos hasta lo imposible para destruir la oferta de viviendas de los pequeños propietarios”.

“Entendemos que estos cambios son posibles y están orientados a empoderar a nuestra sociedad civil. Son quienes pueden darle vigor al mejor regulador que puede tener este mercado: la libre competencia”, defendió el legislador de Juntos Somos Río Negro.

Por su parte, el diputado de Evolución Radical Alejandro Cacace planteó sus críticas a la actual Ley de Alquileres y aseguró que la modificación propuesta “viene a mejorar el plazo y el precio”. “La ley de alquileres no funciona porque la situación del mercado está destruida”, observó y ejemplificó: “Entremos a cualquier sitio en internet y la gran mayoría de los avisos están en dólares porque eso asegura un valor constante para la renta del propietario, casi no hay avisos en pesos”. 

“La propuesta del FdT es ratificar esta ley”, cuestionó y diferenció que “queremos derogar los dos problemas de esta ley, que son plazo y precio. Proponemos volver al plazo de dos años y acordar actualización de precios con incentivos fiscales en el monotributo y ventajas impositivas al impuesto y crédito bancario”.

En su carácter de titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialista Carlos Heller expresó: “Estamos frente a un tema complejo porque este Parlamento sancionó una ley hace un tiempo y los resultados no son los que estaban en el espíritu de los legisladores al momento de sancionarla”.

“Hay un problema real. Lo que no me cierra y no puedo entender es que a este problema real se lo quiera resolver dejando que sea la fuerza del mercado la que determine o traiga la solución”, criticó y remarcó que “las leyes se hacen para proteger la situación del más débil, el más fuerte no necesita leyes y, en este caso, ese más fuerte es el mercado. Las leyes están hechas para generar protecciones, derechos a aquellos que están más débiles”.

Heller respaldó los 3 años para los contratos porque “el tiempo y la estabilidad es un valor que hace a la idea de adecuado, acortar los tiempos es poner en riesgo ese derecho. No es un tema neutro”. “El tema de adecuado incluye la asequibilidad que la pone el precio y si el precio no es accesible, no se accede a la vivienda y ese es el problema”, resumió.

“Tenemos una ley que todo el mundo dice que no se cumple, que todos dicen que la mayoría de los contratos se formulan por fuera de la ley, por ejemplo porque el 90% de los contratos no están registrados. Deberíamos estar pensando en cómo hacemos para que esos contratos estén registrados dentro de los términos que establece la ley”, subrayó el porteño.

De la vereda de enfrente, el macrista Pablo Tonelli afirmó que “es difícil, en Argentina y en cualquier parte del mundo, regular las locaciones urbanas” ya que “se requiere equilibrio y precisión”, pero advirtió que “si se pierde el equilibrio en favor del locatario o el inquilino termina siendo perjudicial”.

Respecto a la Ley de Alquileres, manifestó: “Esta ley no produjo los resultados esperados porque buscaba proteger a los inquilinos y provocó un efecto no deseado, la retracción de la oferta”. Sobre ello, mencionó que “al momento de aprobarse la ley había 8.000 ofertas de alquiler en CABA, y ahora han bajado por debajo de los 1.000”.

“Esto habla de un fracaso de la ley y de un efecto no deseado que lógicamente produce encarecimiento en el precio y endurecimiento en las condiciones”, señaló el legislador del Pro y enfatizó que “debe haber precios razonables y debe haber renta para los propietarios”. “Creemos que, con estas tres modificaciones, normalizaremos el mercado”, cerró.

Sobre el final del debate, la radical Karina Banfi pidió revisar “lo que hemos hecho con una aprobación (casi) por unanimidad (lograda) en este Congreso. Hay una falta de memoria… Votamos en 2019 esta ley y en 2020 el mundo sufrió una pandemia, y durante la gestión de esta pandemia entró en vigencia la ley actual”.

Así las cosas, “una de las medidas que tomó el Gobierno el 30 de marzo de 2020 fue dictar un DNU que congeló los alquileres y suspendió los desalojos hasta septiembre de ese año. Se hizo una prórroga hasta marzo de 2021, y ya habían aumentado un 60% los alquileres. Ya había una distorsión de esa oferta y demanda por esa intromisión que había hecho el Gobierno nacional”, apuntó.

Desde La Libertad Avanza habló Carolina Píparo. “No vamos a apoyar ningún maquillaje porque la ciudadanía pide la derogación”, sentó la postura la libertaria y cuestionó que “montaron un show -con la modificación- porque desde JxC sabían que no estaban dadas las condiciones para derogar la ley”. “Es un show para la gente que vengamos a mentir acá”, se quejó y fustigó que “esta ley no funcionó porque el Estado se metió donde nadie lo llamó”. 

Finalmente la diputada y candidata presidencial del FIT, Myriam Bregman, aseveró: “A una situación crítica que viven miles de familias en el país, ahora se le suma este nuevo ataque y mazazo al bolsillo que se está discutiendo acá. Y pueden hacer los discursos que quieran, pero esta sesión es para atacar a las familias trabajadoras; si se aprueba el dictamen de minoría es dolarizar completamente los alquileres, volver la situación aún peor. Se puso en pie esta sesión porque se abrazó el bloque de Milei con JxC y con el de (Juan) Schiaretti”.

Al apuntar contra el actual ministro de Economía y candidato presidencial oficialista, Sergio Massa, la porteña lanzó: “Lo escuché decir que la Ley de Alquileres fracasó, pero lo que fracasó es su Gobierno ministro. Fracasó porque hay una inflación desatada, porque las familias no llegan a fin de mes.

“La incertidumbre de las familias es total, la situación es terrible. Le acortan los plazos, le suman que el alquiler se dolarice y que se actualice cada 3 o 6 meses a valores de una inflación desatada. Atacan a la ley no en los puntos débiles, como por ejemplo que no regula el valor inicial de los alquileres, sino que cuestionan los puntos progresivos que tiene porque las grandes inmobiliarias hicieron su juego”, lamentó.

Banfi: “Algunos compañeros creen que están combatiendo el capital”

Lo dijo en referencia a los dueños de propiedades para alquilar que, aclaró, “no tienen 30 propiedades compradas con la 1050”.

Sobre el final del debate sobre la Ley de Alquileres, la radical Karina Banfi pidió revisar “lo que hemos hecho con una aprobación (casi) por unanimidad (lograda) en este Congreso. Hay una falta de memoria… Votamos en 2019 esta ley en 2020; el mundo sufrió una pandemia y durante la gestión de esta pandemia entró en vigencia la ley actual”.

Así las cosas, “una de las medidas que tomó el Gobierno el 30 de marzo de 2020 fue dictar un DNU que congeló los alquileres y suspendió los desalojos hasta septiembre de ese año. Se hizo una prórroga hasta marzo de 2021, y ha habían aumentado un 60% los alquileres. Ya  había una distorsión de esa oferta y demanda por esa intromisión que había hecho el Gobierno nacional”.

Luego Banfi cargó contra quienes definió como “autopercibidos sindicalistas de los inquilinos”, aclarando que los inquilinos lo que quieren es “tener un techo propio, no asociarnos a esas asociaciones”. “Decían estos sindicalistas de los inquilinos que era grave la situación, y había 300 mil familias que ya tenían 5 meses de deuda. Algunos advertimos ya entonces que esta ley era un obstáculo para la poca resolución que tenía el tema”.

Al cuestionar la ley, dijo la ley vigente establece un ajuste cada doce meses, y en ese sentido explicó cómo funciona la realidad del mercado: “El propietario sabe que durante un año, con una inflación que supera los dos dígitos y una ley que lo obliga a ajustar cada 12 meses va a perder el lucro. Entonces lo carga en el inicio del contrato. La gente nos dice que no puede alquilar, porque está muy alto el precio de los alquileres”.

Sostuvo en ese sentido que “era necesario sacar este corset, por eso presentamos proyectos para derogar. Por eso llegamos acá, llegamos buscando la derogación con nuevos proyectos, luego no tenemos los números. No tenemos la maduración política todavía para comrender cómo funciona el mercado”.

“Algunos compañeros creen que están combatiendo el capital y en realidad no existe ese mercado. Acá hay un jubilado, un autónomo que se pudo comprar una casa quizá en los 90 y hoy quiere hacer una diferencia para no tener que pedirles a los hijos para que le paguen los remedios. ¿Ese es el mercado que quieren combatir?”, lanzó Karina Banfi.

Y continuó, con una referencia explícita hacia la familia Kirchner: “Esa es la realidad que tiene hoy el mercado inmobiliario; no tienen 30 propiedades compradas con la 1050… Y por eso nunca como hoy tenemos que escuchar a los inquilinos y a los propietarios y entender que lo que nos están diciendo es que no hay oferta, son muy caros los alquileres y esta ley no sirve”.

“Vamos a aflojar el corset que le hemos puesto hace 4 años, vamos a derogar los períodos de actualización”, aseguró, para lanzar después contra el Gobierno nacional: “No hay ni una sola política habitacional… Ni en campaña se les ocurre resolver el problema”.

Karina Banfi concluyó su discurso afirmando su convicción de que con la nueva composición de la Cámara volverían a trabajar el tema para “flexibilizar” y derogar lo que fuese necesario.

Píparo: “No vamos a apoyar ningún maquillaje porque la ciudadanía quiere la derogación”

En el estreno del bloque Buenos Aires Libre, la candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires consideró que la modificación de la Ley de Alquileres “es un show montado para la gente”.

La diputada nacional Carolina Píparo, que estrenaba su bloque Buenos Aires Libre en sintonía con La Libertad Avanza, expresó en el recinto de la Cámara de Diputados mientras se debatía sobre la modificación de la Ley de Alquileres que “no vamos a apoyar ningún maquillaje porque la ciudadanía pide la derogación”.

La candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, por el espacio libertario de Javier Milei, intervino en el debate poco antes de la votación y afirmó que “no podemos mezclar todos los problemas”. “Esta es una ley de JxC a la que se apega el kirchnerismo como si fuera propia”, aseveró.

Decidida a cuestionar a las mayorías de la Cámara baja, Píparo consideró que “montaron un show –con la modificación- porque desde JxC sabían que no estaban dadas las condiciones para derogar la ley”. “Es un show para la gente que vengamos a mentir acá”, señaló.

Del mismo modo, expresó: “Esta ley no funcionó porque el Estado se metió donde nadie lo llamó”. En esa línea, agregó: “Los escuché a muchos diputados en comisiones decir que a esta ley le falta tiempo y control del Estado y no, no nos tenemos que meter en este mercado”.

Finalmente, la diputada libertaria Carolina Píparo remarcó que desde su espacio “nosotros no vamos a apoyar ningún maquillaje” porque “la ciudadanía ha sido muy clara quiere que deroguemos esta ley”, cerró.

Diputados aprobó la autorización para que la Justicia revise el celular de Milman

Desde JxC afirmaron que el oficialismo no cumplió con lo pactado en la reunión de Labor Parlamentaria respecto de votar el tema al final y no al principio.

El primer pedido de apartamiento de reglamento de la sesión de este miércoles fue presentado por el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, para aprobar la autorización de la Cámara de Diputados para que la Justicia secuestre el o los teléfonos móviles del diputado nacional Gerardo Milman que había tenido dictamen en horas de la mañana en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El pedido judicial se da en el marco de la investigación sobre el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Estamos a ocho días del primero de septiembre y hay una manda judicial que llegó a este Congreso para poder avanzar”, explicó el jefe de bancada del FdT, y amplió: “la pista Milman surgió de la investigación del atentado contra CFK a partir de una persona que escuchó a las asesoras del diputado decir ‘cuando la metan voy a estar en la costa’”.

Del mismo modo, agregó: “Efectivamente Milman viajó a la costa y posteriormente en este recinto habló de “falso ataque” contra la vicepresidenta”. “A pesar de eso la jueza se negó a secuestrar el teléfono de Milman y las asesoras vuelven al juzgado y declaran que el celular fue borrado”.

Sin embargo, Martínez remarcó que “en mayo una de las asesoras de Milman, Ivana Bohdziewicz, declaró por tercera vez”. “Luego la otra asesora, Carolina Gómez Mónaco, la citó para ir a una oficina de Patricia Bullrich con peritos informáticos para borrar contenidos de todos los teléfonos (asesoras y diputados)”, aseveró.

Para terminar el pedido de apartamiento, Martínez afirmó que “el caso es gravísimo”, y lanzó: “Bienvenido el accionar de la Justicia y el dictamen de consenso de esta mañana en la Constitución de Asuntos Constitucionales”.

Luego, el diputado nacional Pablo Tonelli (Pro – CABA) reafirmó que la oposición votaría a favor del tema “como fue planteado” en la reunión de comisión, pero advirtió que “es oportuno decir que Milman ya había entregado voluntariamente su teléfono a la Justicia”.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, llevó adelante la votación y confirmó el resultado afirmativo con el voto de los dos tercios de los presentes para habilitar el tratamiento sobre tablas.

La diputada nacional Myriam Bregman (PTS –CABA) cuestionó: “Vamos a acompañar, pero no me parece un funcionamiento muy democrático que solo los dos bloques mayoritarios opinen del tema”.

A continuación estalló el clima calmo que había hasta el momento. Fue cuando llegó el turno del presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Mario Negri, quien cuestionó fuertemente que el tema fuera tratado al inicio y no al final como habían acordado en la reunión de Labor Parlamentaria.

“Quiero aclarar que nosotros no nos vamos a prestar a nada para que se caiga la sesión porque estamos decididos a que se lleve a cabo, pero esto no fue lo que habíamos acordado. Pactamos que se trataría al final”, aseveró.

En defensa del radical, la diputada nacional Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) expresó que “aquellos que nos llaman ‘la casta’ nos dieron un gran aleccionamiento en la última elección porque perdimos los códigos de la política y el funcionamiento”. En esa línea, añadió: “En este recinto se expresa constantemente porque estamos buscando viendo como nos sacamos ventaja, como nos primereamos”. “La moción de Negri fue para que se votara cuando hubiera tiempo”, indicó Camaño.

No obstante, la diputada de Identidad Bonaerense afirmó que “algunos de los que estamos acá vinimos con un objetivo claro que es darle una respuesta a la problemática de alquileres que hemos creado nosotros”, y cerró: “En nombre de la cordura, y si queremos que nos dejen de decir “casta”, dejemos este tema, como es uso y costumbre en este recinto, para cuando concluyamos el debate para el cual fuimos convocados”.

Sobre el final, la presidenta del cuerpo admitió que lo habían hecho así para evitar que la oposición fuera a retirarse antes del final, abortando la posibilidad de aprobar la medida.

Cómo se alcanzó el quórum para la sesión por la Ley de Alquileres

Juntos por el Cambio, los bloques federales y los libertarios lograron dejar abierta la reunión. El oficialismo y la izquierda bajaron luego.

La oposición en la Cámara de Diputados cumplió con su objetivo de reunir el quórum y poner en marcha la sesión para tratar una reforma a la Ley de Alquileres. La derogación total, al no contar ningún proyecto con dictamen, no puede avanzar.

A los 129 presentes, número que se alcanzó a las 12.27, se llegó con 115 miembros de Juntos por el Cambio -debía asumir un reemplazo luego y tenía un ausente, el radical Gerardo Cipolini, en Italia donde vive su hija, por estar ella enferma-; Felipe Álvarez y Claudio Vidal, gobernador electo de Santa Cruz, ambos del bloque SER; Agustín Domingo y Luis Di Giacomo, de Juntos Somos Río Negro; Carlos Gutiérrez, Natalia de la Sota e Ignacio García Aresca, de Córdoba Federal; y Alejandro “Topo” Rodríguez, jefe del interbloque Federal.

Un minuto antes del quórum, ingresaron rápidamente los libertarios Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo, y detrás de ellos el macrista Luciano Laspina. Con 127 en el tablero -en ese momento también ya estaba sentada la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, que aporta al quórum-, los últimos dos en sentarse fueron los socialistas Mónica Fein y Enrique Estévez.

Una vez abierta la reunión comenzaron a bajar los diputados del oficialismo y los del Frente de Izquierda. También después aparecieron Florencio Randazzo y Graciela Camaño, de Identidad Bonaerense.

Según aclararon fuentes parlamentarias, Camaño “ingresó tarde pero es la miembro informante del dictamen de minoría y estaba detrás de las cortinas terminando de redactar los dos cambios que ella leerá cuando se trate el mismo”.

Julio Ferreyra fue homenajeado en el recinto

En el inicio de la sesión especial, la titular de la Cámara baja anunció al nuevo diputado que reemplazará al jujeño fallecido el 5 de agosto.

En la sesión especial de este miércoles 23 de agosto en el recinto de la Cámara de Diputados, los legisladores presentes le rindieron un homenaje al diputado nacional Julio Ferreyra (FdT – Jujuy) quien falleció el 5 de agosto a los 81 años de edad. En 2021, había presidido la sesión preparatoria por ser el diputado de mayor edad.

Ante la presencia de sus hijas, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, dio por iniciada la sesión con la rendición del homenaje a Ferreyra.

El presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, fue el primero en referirse al diputado jujeño y expresó: “No solo falleció un diputado nacional, sino que además falleció alguien a quien nosotros fuimos aprendiendo a valorar a lo largo de los meses desde que volvimos a la presencialidad”.

Además, sostuvo que “él siempre se hacía un tiempo para decir lo que pensaba ante las diferencias”. “Le gustaba recordar su paso por la coordinación de los registros civiles en la provincia de Jujuy porque empatizó con las necesidades de sus vecinos”, agregó.

Para cerrar, el jefe de bancada oficialista finalizó: “Ferreyra nunca dudó de su clara identificación con el peronismo, por eso lo despedimos y recibimos a un nuevo compañero”. Tras ello, la titular de la Cámara baja le dio la bienvenida al nuevo diputado nacional Carlos Cantero quien reemplazará a Julio Ferreyra.

Juraron dos nuevos diputados nacionales

En el inicio de la sesión especial de este miércoles, juraron los reemplazantes del fallecido Daniel Ferreyra y el renunciante Gustavo Santos.

En la sesión de este miércoles se produjeron las juras de dos nuevos diputados nacionales, un oficialista y un miembro de Juntos por el Cambio. Es para reemplazar a los diputados Daniel Ferreyra y Gustavo Santos.

En primer lugar lo hizo el jujeño Carlos Daniel Cantero, quien completará hasta fin de año el mandato del oficialista Ferreyra, quien falleció el pasado 6 de agosto, a la edad de 81 años.

En el caso de Gustavo Santos, el legislador del Pro figuró tercero en la lista que en 2021 fue encabezada por Rodrigo de Loredo en la provincia de Córdoba. Santos, que fue ministro de Turismo durante la gestión de Cambiemos, lleva varios meses viviendo en España, adonde se trasladó por ocupar un cargo en una organización de turismo internacional. Su mandato hasta 2025 ser á completado por Oscar Agost Carreño, quien es presidente del Pro de esa provincia.

Sesiona Diputados para debatir modificaciones a la Ley de Alquileres

La oposición consiguió reunir el quórum para arrancar una discusión en la que se tratarán proyectos, conforme lo solicitado en la última sesión de la Cámara por presidentes de 13 bancadas de la oposición.

Pasadas las 12.27 comenzó este miércoles la sesión especial convocada por la oposición para tratar una reforma de la controvertida Ley de Alquileres. La reunión había sido pedida por la oposición durante la última sesión celebrada el 5 de julio pasado.

Casi media hora tardó la oposición en alcanzar el quórum. Los primeros en sentarse fueron los diputados de Juntos por el Cambio. También llegaron los dos del bloque SER y los dos rionegrinos. Del interbloque Federal bajaron primero su presidente, Alejandro “Topo” Rodríguez, y los cordobeses Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca. 12.26 llegaron los libertarios encabezados por Javier Milei. Detrás del candidato ganador de las PASO entró Luciano Laspina y llegaron también los socialistas, con quienes se alcanzó el quórum.

Recién después, junto a los diputados del Frente de Todos, llegaron Florencio Randazzo y Graciela Camaño.

Según lo acordado en Labor Parlamentaria, en el inicio jurarán dos nuevos diputados y luego habrá tres apartamientos del oficialismo (uno por el celular de Gerardo Milman y el del proyecto de alquileres temporarios presentado por Paula Pennaca) y tres homenajes del oficialismo.

Habrá también tres cuestiones de privilegio y un apartamiento de la izquierda (emergencia alimentaria). El bloque Juntos somos Río Negro también impulsará un apartamiento.

En caso de ser aprobado algún apartamiento el tema va al final de la sesión. Las cuestiones de privilegio y los homenajes serán intercalados a lo largo de la sesión.

Primero se votarán los 12 expedientes sin despacho todos juntos de manera nominal. Después se discuten los proyectos con dictamen.

Según se adelantó en la previa de esta reunión, la intención de parte de la oposición era avanzar con la derogación de la ley, cosa que necesitaría de 2/3 del Cuerpo para habilitar el tratamiento de los temas relacionados que no cuentan con dictamen.

Tras ese trámite, se avanzaría con los dos dictámenes suscriptos hace más de un año, el 22 de junio de 2022.

Al respecto, vale comentar que el dictamen de mayoría es el del Frente de Todos, que revindica buena parte de la ley actual, al mantener el plazo de tres años en los contratos, como así también el índice para la actualización de los alquileres en base a una fórmula que combina IPC y RIPTE. Asimismo, otorga más facilidades para los inquilinos en la presentación de garantías.

En el capítulo de incentivos fiscales, propone una reforma en el régimen de monotributo para beneficiar a monotributistas que tengan más de tres unidades de explotación; incorpora al régimen de la Ley de Incentivo a la Construcción los inmuebles que durante 12 años estén destinados al alquiler y “siempre que dichos contratos de locación se encuentren registrados”.

Asimismo exime del impuesto a los Bienes Personales a aquellas propiedades cuyo valor resulte igual o inferior a 30 millones de pesos, el mínimo no imponible para esa categoría.

El dictamen de minoría vuelve a dos años el plazo mínimo legal de los contratos. En cuanto al precio del alquiler, deberá “fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes, por intervalos de entre 3 y 12 meses”.

En relación a los beneficios fiscales, similares a los del oficialismo, la iniciativa contempla una reforma del régimen de monotributo.

Con el quórum garantizado y final abierto, Diputados debatirá hoy la Ley de Alquileres

La oposición confía en reunir el quórum para comenzar la sesión. Primero irán por la derogación, aunque a sabiendas de que no podrán avanzar con eso, y luego con la aprobación de su propio dictamen.

Llegó la fecha que Juntos por el Cambio había pedido allá por el 5 de julio -cuando la última sesión de la Cámara de Diputados-: tratar la modificación de la Ley de Alquileres. Un tema que viene siendo meneado desde 2021, cuando todavía la pandemia era una noticia corriente y los problemas de la ley aprobada en 2020 eran una realidad concreta. Más allá de que la inflación por esos días no era tan explosiva como en la actualidad.

Este miércoles 23 fue el día pedido por Juntos por el Cambio y otros bloques de la oposición, a sabiendas de que esta era la primer fecha libre por haber pasado ya las elecciones primarias. Claro que cuando encabezados por el radical Mario Negri los diputados de la principal oposición escogieron esa fecha esperaban tener detrás para este miércoles una elección victoriosa que los empoderara de tal manera que el oficialismo se aviniera a aceptar de alguna manera la nueva realidad.

Las PASO dijeron otra cosa, pero esa es otra cuestión.

La realidad es que este miércoles Juntos por el Cambio se propone asestarle una derrota al oficialismo y dar en lo posible una señal a la sociedad. No será fácil, pero en la previa arrancan con viento a favor, con la convicción de que tendrán quórum, con 130 o 131 diputados sentados en sus bancas.

Para las 10 se prevé una reunión de JxC con los otros bloques más chicos para acordar una estrategia común para llevar al recinto.

Una vez hayan reunido el quórum, bajará al recinto el bloque del Frente de Todos. Esa es la primera de las dos certezas que tiene la principal oposición: que el oficialismo se sentará en sus bancas una vez la oposición haya cumplido con su deber de reunir el número para arrancar y evitar así que la oposición consiga forzar el tratamiento sobre tablas de la derogación de la ley, que no cuenta con dictamen.

En rigor, insistir con la derogación era hasta este martes uno de los objetivos más concretos en el seno de JxC, pero la realidad es que necesitarían dos tercios, pues los proyectos que hay en ese sentido, de Hernán Lombardi, Karina Banfi y Carolina Piparo, no tienen dictamen.

El bloque conducido por el santafesino Germán Martínez emitió una declaración este martes por la noche aclarando su disposición a avanzar con la búsqueda de una respuesta al problema, trabajando para “ampliar la oferta de vivienda en alquiler”, proponiendo una serie de incentivos tributarios para los propietarios, entre otras cuestiones. Pero calificando de “show” lo que ha preparado la oposición para este miércoles.

Como sea, Juntos por el Cambio estará en condiciones de proceder con la segunda de las dos cosas que consideran seguras: el rechazo del dictamen de mayoría del FdT. Tienen número para conseguirlo.

A continuación avanzarán entonces con el dictamen de minoría promovido por la oposición, pero nadie se arriesga a estimar si estarán los números para hacer cambios, como la mayoría de JxC desearía. Todo esto será bajo la presión de inquilinos que poblarán las gradas, “invitados” por el oficialismo.

“Va a ser una jornada picante”, garantizó una fuente de la oposición.

En definitiva, habrá media sanción si el dictamen de minoría sale sin cambios. Las modificaciones que la oposición trataría de forzar no contarían con números para ser aprobadas.

El esquema de la sesión

Según pudo lo acordado en Labor Parlamentaria, en el inicio jurarán dos nuevos diputados y luego habrá tres apartamientos del oficialismo (uno por el celular de Gerardo Milman y el del proyecto de alquileres temporarios presentado por Paula Pennaca) y tres homenajes del oficialismo.

Habrá también tres cuestiones de privilegio y un apartamiento de la izquierda (emergencia alimentaria). El bloque Juntos somos Río Negro también impulsará un apartamiento.

En caso de ser aprobado algún apartamiento el tema va al final de la sesión. Las cuestiones de privilegio y los homenajes serán intercalados a lo largo de la sesión.

Primero se votarán los 12 expedientes sin despacho todos juntos de manera nominal. Después se discuten los proyectos con dictamen.

El quórum

Para el quórum, Juntos por el Cambio cuenta con 115 de sus 117 miembros. Les faltará al principio el reemplazante del diputado cordobés Gustavo Santos, quien jurará luego de que se haya obtenido quórum. El otro ausente del oficialismo será el diputado radical Gerardo Cipolini, quien se encuentra en Italia, donde vive su hija y está delicada de salud. Hace 20 días que el diputado chaqueño está en la península.

Se espera que estén los 8 integrantes del interbloque Federal; los dos rionegrinos; Felipe Alvarez y Claudio Vidal, flamante gobernador electo de Santa Cruz, cuya presencia estaba en duda, pero garantizó su presencia; más los 3 libertarios. Con esos ya hay 130 diputados. El diputado 131 podría ser el misionero Carlos Fernández. No estará su compañero de bancada Diego Sartori, quien se encuentra enfermo.

Licencias Parentales: sin acuerdo entre oficialismo y oposición, tres dictámenes llegarán al recinto

Fue en un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo, de Mujeres y Diversidad, y de Presupuesto y Hacienda de Diputados. Desde cada espacio defendieron sus dictámenes. También se brindaron detalles de la carga impositiva.

Luego de cuatro encuentros, un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo, de Mujeres y Diversidad, y de Presupuesto y Hacienda de Diputados se reunió este martes para emitir dictamen al proyecto que, en cuestión, fue enviado por el Poder Ejecutivo el pasado 2 de mayo de 2022 para la ampliación de licencias laborales de cuidado, pero al no haber acuerdo entre oficialismo y oposición, serán tres los despachos que llegarán al recinto para su tratamiento.

Al inicio del encuentro, llevado a cabo en el Anexo “C”, y con el quórum reglamentario de cada comisión, Vanesa Siley -titular de la Comisión de Legislación del Trabajo- pasó a enumerar cada proyecto que se puso a consideración y agradeció la presencia de Walter Correa, ministro de trabajo bonaerense, y de la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Ayelén Mazzina, y a representantes de la CGT.

Luego, Siley explicó que son tres los dictámenes a firmar: el de mayoría oficialista, otro de JxC y el restante del interbloque federal. “Sintetizamos 55 proyectos de ley que son de todos los bloques parlamentarios”, resaltó y explicó: “Esto que estamos regulando abarca un universo según las proyecciones del Ministerio de Trabajo de 32.926 personas un universo anualizado, beneficiaríamos a esta cantidad de trabajadores tanto del sector registrado como monotributistas y autónomos”.

La presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo recordó los antecedentes legislativos al respecto y detalló: “Se ha intentado regular, y esperemos que esta sea la última vez, cuatro veces en la Cámara de Diputados en el año 2006,2008,2013 y 2014. También se le dio media sanción en el 2006 y en el Senado de la Nación se ha dictaminado tres veces también esta temática de ampliación de licencias”.

A continuación, hizo uso de la palabra la titular de la Comisión de Mujeres, Mónica Macha, aclaró que JxC presentó un dictamen propio y que han pedido tener hasta mañana miércoles para poder ingresarlo.

Luego fue el turno de la diputada nacional y secretaria parlamentaria de JxC, Silvia Lospennato, quien procedió a leer un documento explicando los motivos del texto propio del espacio. “Uno de los signos propios del deterioro de la economía argentina, pero sobre todo de las condiciones de vida de los argentinos es la creciente precarización de nuestro mercado laboral”, arrancó.

“Cada vez son menos los trabajadores que acceden a un empleo estable bien remunerado, con beneficios laborales como la indemnización por despido, la cobertura médica, la ART y las licencias. Casi la mitad de los trabajadores argentinos se encuentran ocupados en puestos de baja productividad, ingresos y con escasa o nula protección social”, alertó Lospennato.

Así, remarcó que en el último semestre el salario real “cayó al nivel más bajo de los últimos 12 años. El 30% de los trabajadores en general y el 30% de los formales son pobres. Son millones de argentinos que, a pesar de trabajar todo el día, no alcanzan a cubrir los gastos y necesidades básicas de sus familias. Solo el 31% de las personas ocupadas tienen empleos formales en el sector privado, mientras que más de 8 millones de trabajadores son informales. Esta es la realidad que no podemos desconocer y de la que debemos ocuparnos prioritariamente”.

“Pese a los esfuerzos del interbloque de JxC para que la Comisión de Trabajo inicie un debate a esta altura imprescindible sobre la modernización laboral del país, el oficialismo se ha negado sistemáticamente a poner nuestros proyectos en tratamiento”, acusó Lospennato y apuntó: “Pretenden avanzar con una modificación al sistema de licencias que, entendemos, agravará la situación deficitaria del sistema de seguridad social. Otra vez promoviendo leyes sin la correspondiente asignación presupuestaria y desoyendo las advertencias del sector privado respecto de las modificaciones que se pretenden incluir en el artículo 158 de la Ley de Contrato de Trabajo”.

Así, adelantó: “Entendemos que no podemos acompañar semejante irresponsabilidad ni en el plenario de comisiones ni mucho menos frente a un eventual tratamiento en el recinto”. Al respecto, Lospennato planteó la necesidad de seguir dando un debate y un análisis presupuestario “que garantice las condiciones de sustentabilidad de la propuesta, vamos a presentar un dictamen alternativo cuya característica principal tiene que ver con la gradualidad en la implementación de las propuestas que aquí están en debate”.

“Es tiempo de debatir profundamente cómo recuperamos la recomposición salarial de millones de argentinos condenados a la pobreza y a la informalidad”, cerró la diputada del Pro.

Por el interbloque Federal tomó la palabra el diputado santafecino Enrique Estévez resaltó el poder debatir “más de 50 proyectos vinculados a licencias. Estamos debatiendo nuevos paradigmas que se están dando en la sociedad que tienen que ver con la posibilidad de ser una sociedad más igualitaria. Este es un debate que se viene dando en torno a la corresponsabilidad a las tareas de cuidado y el desafío de debatir y encontrar un horizonte para los cambios vertiginosos de la economía”, y anticipó que también presentarán un dictamen de minoría.

Por el dictamen de mayoría, habló la diputada Marisa Uceda (Mendoza) remarcó que hubo proyectos de todo el arco político y señaló: “Antes de este momento parecía que había un acuerdo entre todas las fuerzas de la necesidad de avanzar y visibilizar algo que es un secreto a todas voces, la desigualdad que existe en el mundo laboral entre la permanencia y la calidad de empleo”.

“En clave electoralista algunos han olvidado sus propios proyectos que presentaron y los debates que han dado a lo largo del trabajo”, apuntó y subrayó que es “urgente” mejorar la calidad y el acceso del empleo de las mujeres “no puede ser una discusión en clave electoralista. La defensa de los derechos y de las mujeres no puede tener un clima de época, tiene que ser una construcción colectiva, consciente y con compromiso que se sostenga en el tiempo”.

Sobre el proyecto, resaltó que “viene a intentar garantizar esa igualdad de oportunidades porque va a terminar con esas brechas y segregación que sufren mujeres y diversidades a la hora de acceder a los empleos”, y detalló: “La brecha de ingresos ronda en un 30% menos para mujeres, la tasa de actividad 18,4% en puntos porcentuales menos las mujeres, ni hablar de la informalidad donde las mujeres tenemos un 40% de empleo no registrado”. Uceda no dejó pasar el momento para remarcar la ausencia de la oposición: “Hoy no se sientan acá a dar el debate necesario para que esas mujeres accedan a empleos mejores y con registración”.

La diputada mendocina planteó que el proyecto viene a “corregir inequidades” que tiene la Ley de Contrato de Trabajo, precisamente en el Régimen de Licencias especiales. Así, explicó que “se contemplan licencias de 12 días corridos por matrimonio o unión convivencial; 10 días corridos por fallecimiento de cónyuge, conviviente, hijo o hija; y 3 días corridos por fallecimiento de padre, madre, padre afín o madre afín, hermano o hermana, nieta o nieto”.

También, contó que se contemplan 2 días corridos por examen, con un máximo de 10 días anuales calendario para tal fin. Para el cuidado o atención de un miembro del grupo familiar, y persona a cargo, con discapacidad, habrá 3 días corridos, con un máximo de 15 anuales.

Entre las licencias propuestas, Uceda informó que se prevén 15 días hábiles por año calendario, prorrogable por una única vez por otro período igual, ante una situación de violencia de género y/o de violencia laboral.

Además, remarcó que plantea que “queda prohibido el trabajo de la persona gestante durante los 45 días anteriores al parto y hasta 81 días posteriores al mismo. Acreditando autorización médica, la persona gestante podrá solicitar la reducción del período previo, en cuyo caso se extenderá proporcionalmente el período posterior, de modo tal de completar los 126 días”.

Para casos de nacimientos múltiples, la licencia se extenderá por 30 días por cada hijo a partir del segundo.

En caso de nacimientos múltiples, la licencia se extenderá por 30 días por cada hijo a partir del segundo; en caso de interrupción del embarazo luego del sexto mes de gestación o fallecimiento del hijo después del parto, la persona gestante tendrá derecho a gozar de la totalidad de la licencia establecida.

El anteproyecto crea una asignación parental para monotributistas y autónomos, tanto gestantes como no gestantes y adoptantes, cuyo importe mensual será equivalente al salario mínimo, vital y móvil neto.

Los restantes dictámenes

El dictamen de Juntos por el Cambio mantendría los 90 días para personas gestantes y adoptantes. Para personas no gestantes se elevaría escalonadamente (a lo largo de 6 años) de 15 días hasta 45.

En caso de interrupción del embarazo luego del sexto mes de gestación o fallecimiento del bebé, la persona gestante tendrá una licencia laboral de 30 días para recuperarse. No se suman licencias especiales y en su lugar se otorgan 30 días sin goce de sueldo por temas a elegir, definidos como “razones particulares no planificadas”.

El proyecto de Mónica Fein estipula un término medio, con licencias para personas gestantes de 110 días (entre 15 y 45 días antes del parto y el resto después del nacimiento) y de 15 días para progenitores no gestantes.

En caso de padres adoptantes, plantea una licencia de 65 días para uno de los dos, y para la pareja o persona con la que comparte la responsabilidad parental, 15 días.

El costo impositivo

El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, procedió a brindar detalles de la carga impositiva del proyecto que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso al analizar el preliminar del texto, afirmó que los cambios en el borrador aumentan el costo en 49 mil millones de pesos pasando del 0,045% del PBI esperado para 2023 al 0,074%, y expresó: “Compartimos todos esos objetivos, para los que hablan de desequilibrio fiscal. Esto aumenta derechos, pero medido en términos de PBI tiene un pequeño impacto. La discusión verdadera es si aumentamos o no derechos, no el costo fiscal, se trata de más o menos derechos”.

“Acá hay dos cuestiones, una de derechos que ha sido ampliamente explicada y otra que se esgrime permanente del impacto fiscal”, sostuvo Heller y se remitió al informe de la OPC

Según la OPC, lo que generaría costo adicional para la Administración Pública Nacional es la inclusión de monotributistas y autónomos como beneficiarios potenciales de las asignaciones parentales cuyo importe mensual será equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil neto vigente en cada período; la posibilidad de percibir las asignaciones parentales para personas gestantes y no gestantes en simultáneo por parte de ambos progenitores; y el financiamiento de las contribuciones patronales en concepto de obra social a través de los recursos del régimen de Asignaciones Familiares.

Alquileres: van al recinto con final incierto

Se realizará este miércoles una sesión especial convocada por la oposición para debatir los proyectos presentados para modificar la controvertida ley, pero prevalece en JxC la postura por la derogación.

Pasaron varias semanas desde que el 5 de julio, cuando la última sesión de la Cámara de Diputados, la oposición suscribió en pleno recinto una convocatoria a sesionar este 23 de agosto para debatir una modificación de la Ley de Alquileres. Fue luego de que fracasara el intento original, que era el debatir un proyecto para derogar directamente la controvertida norma.

Llegada la fecha prevista, no hubo acuerdo en el seno de la oposición y luego de que circularan versiones referidas a una intención de avanzar este miércoles con el dictamen de minoría, volvió a prevalecer la postura de ir por la derogación lisa y llana de la Ley 27.551.

Venían negociando los diferentes bloques de la oposición en el marco de reuniones por zoom para encontrar un acuerdo ya no para dar quórum, sino sobre qué hacer una vez logrado el mismo. Recordemos que el oficialismo anticipó que al tratarse de un pedido de la  oposición, ellos tendrán que encargarse de reunir la mayoría necesaria para abrir la sesión. Luego los miembros del Frente de Todos se sentarán en sus bancas para dar el debate.

Si bien días pasados se había acordado en el seno de la oposición que redactarían cambios al texto del dictamen de minoría, de modo de conformar a todos los sectores y poder avanzar en una media sanción que reforme la Ley de Alquileres, el correr de los días parece que enfrió los acuerdos que venían lográndose y volvieron a prevalecer en el seno de la principal oposición las posturas más duras. Esto es: ir directamente por la derogación de la ley.

La realidad es que en el zoom realizado el viernes pasado no participaron miembros de los interbloques Federal y de Provincias Unidas, que no comparten la postura de la derogación.

Este martes habrá una reunión de Juntos por el Cambio para resolver la postura unificada que llevarán al recinto.

Así las cosas, es de esperar que la oposición pueda reunir el quórum, más allá de que pueda no estar completa su dotación este miércoles. Puntualmente Juntos por el Cambio cuenta con 117 diputados; el interbloque Federal 8 y el interbloque Provincias Unidas, 4. Total: 129. Aunque también podría contarse a los dos legisladores del bloque SER y el neuquino Rolando Figueroa, además de los tres libertarios, Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo. Milei fue uno de los presidentes de bloque que firmó el pedido de citación.

De no mediar cambios en la postura que estaría prevaleciendo en JxC, arrancarán por la derogación. El problema es que ninguno de los tres proyectos que hay al respecto, ni el de Hernán Lombardi, ni el de Karina Banfi, ni el de Carolina Piparo, tienen dictamen, por lo que en ese caso necesitarían los dos tercios, que obviamente el oficialismo al menos podrá evitar.

A continuación, podrá pasarse a debatir el proyecto de mayoría, que reivindica bastante de la ley vigente, al mantener el plazo de tres años en los contratos, como así también el índice para la actualización de los alquileres en base a una fórmula que combina IPC y RIPTE. Asimismo, otorga más facilidades para los inquilinos en la presentación de garantías.

La oposición tiene el número para rechazar ese dictamen, pero legisladores del propio Juntos por el Cambio reconocen que cuando a continuación vayan por el dictamen de minoría pueden estar abriendo una caja de pandora. En ese caso buscarán introducir en el recinto la derogación de los dos artículos conflictivos: el referido a los tres años de contrato, y el de la indexación anual y con indicadores tipo RIPTE e IPC.

Ahí sucede que no está el número para aprobar su rechazo y podrían quedar empantanados, con un resultado neutro: sin vencedores ni vencidos. O con todos, o casi todos, derrotados. Sobre todo los ciudadanos que vienen reclamando desde hace meses una modificación de la ley vigente.

Comenzó en Diputados el debate para ratificar el Convenio Marco de Control del Tabaco

Fue en el marco de una reunión de la Comisión de Acción Social y Salud Pública en la que disertó el representante de la OMS, Sebastián Laspiur, quien informó que “Argentina está segundo en la región de las Américas con mayor prevalencia del consumo de tabaco en un 24%”.

En un martes cargado de actividad legislativa, tuvo lugar una reunión informativa de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados, presidida por la santafecina Mónica Fein, en la que comenzaron a debatir el “Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del Tabaco – CMCT / OMS -, adoptado en la ciudad de Ginebra – Confederación Suiza – el 21 de mayo de 2003”. También pasaron a la firma el dictamen del proyecto sobre el Régimen Nacional para el Ejercicio Profesional de la instrumentación quirúrgica.

Al encuentro, que se llevó a cabo en el Anexo “A”, fue invitado a exponer el doctor   Sebastián Laspiur, consultor de Factores de Riesgo y Enfermedades No Transmisibles en representación de la Organización Panamericana de la Salud/Organización mundial de la Salud (OPS/PMS) en Argentina.

Al respecto, Fein adelantó que no se emitiría dictamen el día de la fecha porque lo tratarán en una reunión conjunta con la Comisión de Relaciones Exteriores sobre el Convenio Marco de la OMS por el Control del Tabaco. “Argentina firma en el 2003 este convenio y no fue ratificado por este Congreso tanto el Ministerio de Salud como otros actores han planteado la necesidad de ratificarlo”, planteó Fein.

A continuación, Laspiur se mostró esperanzado porque “ha entrado, después de muchos años, el Convenio Marco del Control del Tabaco a esta cámara y lo vemos con mucho entusiasmo y optimismo”.

Al respecto, explicó que el Convenio Marco es el primer tratado internacional de salud pública de carácter vinculante y que fue suscripto por la mayoría de las nacionales del mundo. “Este convenio cambió la historia en cuanto a la salud pública y al tabaco”, resaltó y agregó que ya tiene una vigencia de más de 20 años y “ha cambiado la historia en el mundo”.

Respecto del objetivo del Convenio, el especialista precisó que “es proteger a las generaciones presentes y futuras de los daños que ocasiona el consumo de tabaco y la exposición del humo de tabaco ajeno. También contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco”.

“Además de ser el primer tratado de salud pública internacional vinculante, fue realizado bajo el auspicio y asesoramiento técnico de la OMS, de las cuales la OPS es la oficina regional para la OMS y es una respuesta mundial a la epidemia global de tabaco. No fue una epidemia de un solo país, sino que es algo global desde sus inicios”, indicó.

A su vez, contó que el Convenio plantea un abordaje integral porque “no se dedica solo a un tema, sino que aborda de forma integral la problemática para luchar contra ella y contiene medidas basadas en la evidencia que han demostrado ser efectivas que se fueron construyendo con muchos estudios hasta que se plasmó en este tratado internacional”.

“Más del 90% de la población mundial está cubierto por el Convenio Marco para el control del tabaco y se ha tenido una lucha muy eficaz a partir del desarrollo y la implementación del Convenio. Muy pocos países como Argentina o Estados Unidos no están insertos”, precisó y destacó que Argentina tiene una ley que “aplica muchas recomendaciones del Convenio, pero no se suscribió al marco”.

Laspiur recordó que Argentina en el 2003 fue uno de los primeros países en firmar el Tratado Internacional, pero al ser un paquete normativo requiere la ratificación del Congreso algo que “nunca fue posible, entró hace pocos meses y estamos expectantes”.

En esa línea, enumeró las consecuencias del tabaco a nivel global tales como que es un factor de riesgo común a las principales ENT, en el mundo hay 1.300 millones de consumidores de tabaco (de 15 años o más), 24 millones de adolescentes (de 13 a 15 años), el tabaco mata a 8 millones de personas cada año en el mundo, mata a 1 millo de personas cada año en la Región de las Américas, el costo económico del tabaquismo en las Américas es de US$626.000 millones cada año.

Según los datos que aportó, en Argentina cada año se mueren 57 mil personas a causa del tabaco, 24% de la población adulta fuma y se estima que se destinan alrededor del 12% del gasto total sanitario a contrarrestar el consumo del tabaco. Además, uno de cada 5 jóvenes de 13 a 15 años consume tabaco y alertó: “Argentina está segundo en la región de las Américas de los países con mayor prevalencia 24% del consumo de tabaco”.

“Eso no es solo un tratado de salud, sino que es global de todo que involucra a los gobiernos en su conjunto porque, además de los gastos médicos está la falta de productividad, el dinero que se podía destinar a atender otras enfermedades, es decir, los gastos indirectos que genera en el sistema y en la productividad de los países el consumo del tabaco”, manifestó el doctor.

Así, precisó que el Convenio Marco es un Tratado Internacional que consta de 38 artículos en los cuales hay disposiciones generales, medidas para reducir la demanda de tabaco, para reducir la oferta, aspectos legales y capítulos de cooperación internacional y reporte de información entre países.

Entre las obligaciones generales, establece que “cada país genere una unidad de control y que cree un Comité Multisectorial porque involucra economía, salud, comercio exterior, la implementación de este tratado genera y requiere una respuesta multisectorial coordinada”. En tanto, ponderó que “al ser vinculante cuando uno ratifica el Convenio Marco el Gobierno entero forma parte del mismo y tiene que rendir cuentas al órgano que coordina a nivel global dentro de naciones unidas”.

Para Laspiur, un Convenio Marco es importante porque “hay muchas competencias que escapan a los Ministerios de Salud como el tema de impuestos, lucha contra el contrabando, licencias de importación y exportación, educación en las escuelas, relaciones internacionales y temas judiciales”.  

Además, indicó que el artículo 5.3 de las Obligaciones Generales que tiene que tener cada país establece la necesidad de luchar contra la industria del tabaco y evitar interferencias de ésta que “manufactura, publicita y empaca, no contra los productores. La industria intervino en todos los países en los procesos legislativos, exageran el beneficio económico que tienen los países sobre esta industria, manipula la opinión pública, utiliza grupos de fachada de opinión, desacredita la evidencia científica, intimida a los países con litigios como Uruguay para que retrocedan con sus políticas”.

Sobre el artículo 6 explicó que plantea un aumento de los impuestos para reducir el consumo en jóvenes y en poblaciones menores de bajos ingresos. También destacó la protección del ambiente al 100% libre de humo, las advertencias sanitarias al frente de los envases que se requiere que esté en el 100% del envase y que tenga un etiquetado neutro donde la marca no esté expresada, sino en una fuente establecida y pequeña.

El artículo 13 del Convenio prohíbe de forma absoluta la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco o cualquier característica y el artículo 14 establece un tratamiento para aquellos que son dependientes a la nicotina.

Entre las medidas para la reducción de la demanda, se encuentran el comercio ilícito que “no solo es transfronterizo, sino también interno. También aumenta la accesibilidad de la población al tabaco y daña la salud las economías al evadir impuestos”.

Laspiur también comentó que el Convenio brinda un apoyo a las actividades económicamente viables regionales. Los productores de tabaco que tienen que ver con apoyo internacional a las alternativas y a la reconversión y a las condiciones de trabajo de los pequeños productores”.

“Desde el 2000 el mundo fumaba desde un 50% ahora un 35%, cada época es un componente duro de mover, pero está funcionando, hay una reducción notable. Esto es un promedio global. Hay países que hicieron las cosas mejor que otros que tuvieron drásticas reducciones con grandes beneficios en salud”, informó.

Respecto de Argentina, entre el 200º y el 2019 el consumo de tabaco disminuyó, pero volvió a crecer a partir del 2020. “A partir del 2011 cuando se aprobó la Ley Argentina de Control de Tabaco empezó a reducirse el consumo, pero después de 2016 se amesetó la reducción y en pandemia comenzó a aumentar el consumo. La ley es eficaz, pero se necesita fortalecer las políticas regulatorias para seguir reduciendo y dar una lucha efectiva contra el control del Tabaco”, alertó.

Sobre la normativa del país, cuestionó que “se permite la publicidad en sitios de venta y la exhibición del producto y publicidad directa. Son debilidades que, ratificando el Convenio, se tienen que acomodar porque fortalece la protección al consumidor”.

La Ley 26.687 de regulación de publicidad, promoción y consumo de productos elaborados con tabaco fue aprobada en 2011 promueve espacios 100% libres de humo, regula el etiquetado de cigarrillos, pero no incluye todos los productos de tabaco.

Promediando su disertación, Laspiur enumeró los motivos por los cuales el país necesita ratificar el Convenio: “Por jerarquía constitucional del tratado, para establecer políticas efectivas. Para cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos que establecen la obligación de garantizar el nivel más alto de salud posible. Para alcanzar las metas de la Agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible. Para garantizar la transparencia de la relación con la industria. Para combatir eficazmente el contrabando de productos de tabaco, para obtener la asistencia y apoyo necesario para avanzar en la diversificación de cultivos de tabaco, para poder consensuar con los países vecinos políticas de restricción de publicidad y para participar en las decisiones de políticas globales para enfrentar el tabaquismo”.

El Gobierno envió al Congreso el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud para su ratificación el 16 de mayo de este año. El acuerdo cuenta con la adhesión de 182 países y tiene como objetivo lograr una respuesta eficaz a la globalización de la epidemia del tabaquismo, a la vez que reafirma el derecho de todas las personas a lograr el máximo nivel de salud posible.

La Cámara de Diputados capacitará a sus trabajadores legislativos en RCP

La presidenta de la cámara, Cecilia Moreau, firmó un convenio con la Fundación Cardiológica Argentina y la Federación Argentina de Cardiología, por el que se implementará en el ámbito legislativo un Plan de Desfibrilación, a través de un programa de cardio protección integral.

La Cámara de Diputados de la Nación firmó un acuerdo con la Fundación Cardiológica Argentina (FCA) y la Federación Argentina de Cardiología (FAC) con el objetivo de capacitar al personal legislativo en reanimación cardiopulmonar (RCP), a través de simulacros de emergencia.

El encuentro fue encabezado por la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, junto a los titulares de la FCA, la FAC y los secretarios generales de los gremios de la Asociación del Personal Legislativo (APL); de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE).

Al respecto, la presidenta de la cámara señaló que “es un orgullo firmar este convenio con dos organismos destacados en la materia porque es una necesidad para la comunidad legislativa y la sociedad toda capacitarse en prevención y RCP para contar con una respuesta rápida”.

Asimismo, de la reunión participaron el impulsor del convenio, el director Médico de la Cámara de Diputados, Dr. Marcelo Halac; el secretario general, Franco Mollo y el secretario Administrativo, Rodrigo Rodríguez.

En tanto, Halac expresó que “no hay acto más solidario que el RCP para que la salud de los trabajadores esté en menos riesgo”, mientras que la presidenta de FCA, Ana Salvati, dijo que “mucha gente que aprendió a hacer reanimación hoy puede decir que salvó una vida, saber RCP nos hace mejores personas”.

De esta manera, se implementará en el ámbito legislativo un Plan de Desfibrilación, a través de un programa de cardio protección integral, con la utilización de equipos Desfibriladores Externos Automáticos (DEA), para alcanzar la desfibrilación ante una inminente muerte súbita dentro de toda el área en un tiempo no mayor a 3 minutos.

Este acuerdo con las dos entidades rectoras a nivel nacional de los consensos en Cardiología permitirá contar con personal capacitado en reanimación cardiopulmonar (RCP), una herramienta clave para salvaguardar la salud y seguridad dentro del espacio laboral.

Con Michel y Castagneto, arranca finalmente la discusión del blanqueo de capitales

Se trata del proyecto de exteriorización del ahorro argentino, que viene siendo reclamado por el ministro de Economía. La reunión de Presupuesto y Hacienda será informativa.

El proyecto de ley sobre exteriorización del ahorro argentino finalmente comienza a ser tratado en Diputados. Será en el marco de una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, convocada para este jueves a las 12 en el Anexo C de la Cámara baja.

Fueron invitados Claudia Fabiana Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos; Carlos Castagneto, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos y Guillermo Michel, director general de Aduana de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Se trata de un blanqueo de capitales que viene de la mano del acuerdo con Estados Unidos para revelar información sobre depósitos argentinos en ese país.

El proyecto siempre figuró en la grilla de las expectativas del ministro de Economía, Sergio Massa. Lo admitió él mismo, cuando dijo a fines del año pasado que esperaba su tratamiento en extraordinarias. En rigor, él hubiera querido/necesitado que saliera en diciembre, pues el texto en cuestión incluía fechas de vencimientos como si se tratara de una ley ya vigente a partir del 1° de enero. Sus primeros vencimientos operaban a fines de marzo pasado.

Pasaron extraordinarias y el proyecto no fue presentado sino hasta el 5 de junio de 2023.

El 8 de agosto, durante una entrevista, Sergio Massa responsabilizó a la oposición por frenar la norma que compensaría en términos de recaudación, según dijo, lo que se perdió con la sequía. “En la Argentina hace 8 meses que duerme en el Congreso una ley que compensaría en términos de recaudación todo lo que perdimos de la sequía, que es la ley de blanqueo, con suministro de información de quienes tienen cuentas en Estados Unidos, por parte del Gobierno de Estados Unidos”, aseguró.

Massa añadió esa vez que “tenemos el acuerdo firmado, pero vaya a saber uno por qué razón la oposición no quiere votar esa ley que es la que nos daría en detalle con nombre y apellido quiénes tienen cuentas en Estados Unidos. Eso no solamente es malo porque hace sentir un tonto al que paga impuestos todos los días, sino que además es malo porque le quita al Estado argentino casi 5.000 millones de dólares por año”.

El proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre blanqueo de capitales está dirigido a personas físicas, sucesiones indivisas y empresas. Quienes se acojan al régimen tendrán alícuotas de pago de un impuesto especial de entre 5% y 20%, y será mayor en caso de que los bienes declarados no se repatrien.

La iniciativa, titulada “Exteriorización del ahorro argentino” se enmarca en el acuerdo entre el ministro de Economía, Sergio Massa, el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, y el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, sobre intercambio de información financiera.

En el texto final se eliminó el capítulo referido a la figura del colaborador.

De acuerdo con el proyecto, que ya recibió numerosas críticas por parte de la oposición, se permite exteriorizar tenencia de moneda nacional y/o extranjera en el país y/o en el exterior, activos financieros (incluye criptomonedas), bienes inmuebles, bienes muebles y demás bienes en el país y/o en el exterior, incluyendo créditos.

Leyes sobre salud, Parques Nacionales y violencia contra las mujeres: proyectos rechazados por Milei y Villarruel en el Congreso 

Una conjunto de iniciativas con amplísimo consenso podrían haber sido aprobadas por unanimidad, pero los legisladores de La Libertad Avanza se opusieron sin dar sus argumentos dentro del recinto.

Por Melisa Jofré

Una ley para jerarquizar el programa de atención a cardiopatías congénitas, la iniciativa contra violencia digital a las mujeres o la declaración del 18 de julio como Día de Duelo Nacional por el atentado a la AMIA son algunos de los proyectos en los que más han resonado los únicos votos en contra que recibieron dentro del recinto de la Cámara de Diputados. 

Tablero en pantalla, las dos caras que aparecieron marcadas en rojo en ese momento, y en otras ocasiones, fueron las de Javier Milei y Victoria Villarruel, ambos diputados de La Libertad Avanza y dupla presidencial que se impuso en las elecciones PASO. 

Proyectos enviados por el Poder Ejecutivo o aquellos vinculados a regímenes de promoción con beneficios impositivos han recibido la negativa hasta “lógica” -si se quiere, debido a los argumentos que defienden- por parte de los libertarios, pero también ocurrió con iniciativas de tenor social o vinculadas a cuestiones sanitarias, que prevén erogaciones por parte del Estado, un término que ya casi parece significar mala palabra para Milei y sus seguidores. 

Ambos asumieron en diciembre de 2021. El 16 de ese mes, durante el debate del Presupuesto 2022, que resultaría rechazado por casi la totalidad de la oposición, Milei habló por primera vez en el recinto. Cinco días después lo hizo de nuevo en el debate sobre la modificación del impuesto a los Bienes Personales y evocó un relato de la Biblia y el pueblo judío para comparar que los egipcios impusieron impuestos y esclavizaron a los israelitas. “Hoy esa situación también la vemos”, expresó. En marzo de 2022 también rechazó el proyecto para refinanciar la deuda con el FMI. Nada extraño, pues en temas económicos la novedad hubiese sido que votara a favor. 

Milei, durante su primer discurso como diputado

Ahora bien, uno de los primeros proyectos significativos en los que se opusieron Milei y Villarruel, en el que igualmente hubo otros votos en contra, fue en la nueva Ley de VIH, que salió con 241 votos afirmativos y 8 negativos. Durante esa jornada, en mayo de 2022, el entonces diputado Julio Ferreyra -recientemente fallecido- planteó una cuestión de privilegio contra Milei, ausente en ese momento. 

“No se debe hablar de los ausentes, pero en este momento no está. El diputado Milei, desde la presentación de su candidatura hasta que fue electo, permanentemente ha estado agraviando a 257 diputados, tratándonos de casta, de hacer campaña con dinero del Estado, todos calificativos absolutamente improcedentes. En mi caso en particular quiero aclararle -es una pena que no esté para escucharme, pero se va enterar- que he trabajado en el Estado 62 años, de los cuales 40 años he sido funcionario. Nunca me fui de una repartición dejando alguna deuda pendiente o alguna cuestión censurable. En todos los casos dejé superávit y obras que se pueden ver y tocar. Trabajé sin limitación de horario, de la mañana a la noche. Por lo tanto, no tengo por qué admitir los calificativos del diputado Milei, quien considero que está obligado a pedir disculpas ante esta Cámara y ante los medios de difusión a través de los cuales nos ha agraviado a todos. No tiene ningún derecho a estar agraviando permanentemente a los diputados de esta Cámara”, lo criticó el jujeño. 

Al mes siguiente, durante una sesión de junio 2022, Milei no estuvo, pero su compañera de bloque sí. Villarruel formó parte de los 5 votos en contra que recibió la prórroga por 50 años del financiamiento a las industrias culturales; dentro de los 3 negativos a un proyecto de reintegración impositiva para la adquisición de taxis; y fue la única que se opuso a la creación de dos parques nacionales. Cuestionada por esto último, la hoy candidata a vicepresidenta utilizó en aquel momento sus redes sociales para aclarar su posición, pues en las leyes que no han salido por unanimidad por la negativa de ambos no han dado sus argumentos en los respectivos debates. 

“Estoy a favor de proteger nuestros recursos, flora y fauna, pero NO lo estoy para crear zonas donde el Estado NO ejerce la soberanía, NO protege ni avala a los guardaparques y fortalece cajas”, dijo la legisladora y agregó: “En el Parque Nacional Los Alerces en Chubut hubo incendios y a nadie le interesa un cuerno. En el Parque Nacional Nahuel Huapi, en Villa Mascardi, los mapuches destruyeron la Escuela Nacional de Guardaparques y a nadie le preocupa”.

Posteriormente, en julio de 2022, al igual que lo hizo el Frente de Izquierda, aunque con distintos fundamentos, los liberales estamparon su voto negativo a la Ley de Promoción a la Industria Automotriz y a la nueva Ley de Biotecnología y Nanotecnología. En la madrugada, Milei ya no estaba, pero Villarruel sí y votó en contra de la creación del Área Marina Protegida Agujero Azul

Los diputados de La Libertad Avanza estuvieron dentro de los 22 votos en contra que recibió el Presupuesto 2023 en octubre de 2022, pero a la hora de la votación en particular abandonaron el recinto. Ese trámite demandó nada más y nada menos que cuatro horas, en una reñida compulsa entre oficialismo y oposición por varios artículos. Desde la Coalición Cívica no dejaron pasar la ausencia de Milei cuando perdieron por un voto en la creación de la “tasa de seguridad de aviación” impulsada desde el Frente de Todos. 

“Son las 8 de la mañana y estamos desde de las 2 de la tarde de ayer. Hace una hora y media solicité información sobre si habían vuelto los diputados de la oposición no pertenecientes al interbloque Juntos por el Cambio, que habían estado presentes en la votación en general del proyecto de ley de presupuesto. Solicito si me pueden informar por Secretaría si el bloque que preside el diputado Milei volvió porque no llego a verlo. Es muy frustrante porque perdimos la votación de una tasa por un voto. Eso significa la creación de un tributo, es decir, de un impuesto”, reprochó Juan Manuel López y luego en las redes escracharon al líder de LLA por su ausencia llamando al nuevo impuesto “tasa Milei”. 

En noviembre de 2022, Milei y Villarruel votaron en contra -junto a otros ocho legisladores- de la creación de un Sistema Integral de Igualdad y Paridad de Género en el Deporte. Pero también lo hicieron, esta vez ellos dos junto a José Luis Espert, en la creación de un protocolo de violencia de género y discriminación en el deporte. 

Dentro de algunos de los proyectos a los que se han opuesto figura para esa época la Ley de Alcohol Cero -que salió de Diputados por 193 votos afirmativos, 19 negativos y 4 abstenciones-; y la Ley para jerarquizar el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, que no fue unánime por sus votos en contra -obtuvo 209 afirmativos-

El tablero de votación en la Ley de Cardiopatías Congénitas

En febrero de este año estuvieron dentro del centenar de legisladores que votaron en contra de la moratoria previsional, pero en esa misma sesión fueron los únicos dos que rechazaron la Ley de Digitalización de Historias Clínicas. 

En marzo pasado, ambos diputados de LLA se opusieron al proyecto de “Mono-tech” enviado por el Gobierno, junto a otros nueve legisladores; y fueron junto a Carolina Píparo -su aliada- los tres votos negativos a la creación de un nuevo Parque Nacional. 

No siendo ellos únicamente, los libertarios votaron en contra de la ley sobre créditos UVA y la refinanciación de las deudas de las provincias con ENOHSA. Pero sus decisiones más resonantes en la sesión del 5 de julio pasado fueron: votar en contra de la ley de violencia digital contra las mujeres, que salió por 191 afirmativos, 2 negativos y 1 abstención; votar en contra -junto a Píparo- de la ley de regulación del ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico, que se aprobó por 197 afirmativos y 3 negativos; y hacerlo también en contra de un paquete de proyectos acordados en Labor Parlamentaria que se incluyeron en el temario como la eliminación del trámite de fe de vida para jubilados y la declaración del 18 de julio como Día de Duelo Nacional por el atentado a la AMIA

Ante la ola de críticas, días después Milei hizo un pedido insólito: le solicitó a la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, cambiar su voto por afirmativo en ambos casos, algo que una vez aprobado no se puede hacer. 

Por otra parte, algunas de las leyes que han votado a favor, en conjunto con el oficialismo y el resto de la oposición, fueron la Ley Lucio, la ley de Fortalecimiento de la Justicia Federal de Santa Fe y la exención del impuesto a las Ganancias en concepto de guardias para el personal de salud. 

Sumada como aliada, Carolina Píparo ha votado en sintonía con ambos en el último tiempo

Diputados debatirán sobre el Convenio Marco de la OMS para el control del Tabaco

Será en le marco de una reunión de la Comisión de Acción Social y Salud Pública que contará con la disertación del especialista en factores de riesgo y enfermedades no transmisibles, Sebastián Laspiur. También analizarán dos proyectos sobre instrumentación quirúrgica.

La Comisión de Acción Social y Salud Pública, a cargo de la diputada Mónica Fein, se reunirá el próximo martes 22 de agosto a las 14 a fin de debatir sobre el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco.

El encuentro, que se llevará a cabo en la Sala 3 del 2° piso del Anexo “A”, contará con la presencia y disertación del doctor Sebastián Laspiur, consultor de factores de riesgo y enfermedades no transmisibles en representación de la Organización Panamericana de la Salud/Organización mundial de la Salud en Argentina quien dará su opinión especializada sobre el “Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del Tabaco – CMCT / OMS -, adoptado en la ciudad de Ginebra – Confederación Suiza – el 21 de mayo de 2003”.

Además, los diputados debatirán sobre dos proyectos -uno del oficialismo y otro de la oposición. que tienen por objeto la regulación y el control del ejercicio profesional de la instrumentación quirúrgica en todas sus modalidades, ámbitos y niveles del sistema de salud.

Agenda pos-PASO: el oficialismo activa el debate del proyecto de Máximo K. sobre Aerolíneas Argentinas

La iniciativa que busca proteger a la aerolínea de bandera de una eventual privatización será tratada este martes, desde las 14, en la Comisión de Legislación General.

Luego de las elecciones PASO, se reactiva la actividad de comisiones en la Cámara de Diputados y el oficialismo pone en marcha el debate de un proyecto de ley presentado por Máximo Kirchner para proteger a Aerolíneas Argentinas de una eventual privatización.

La iniciativa será el principal tema de una reunión de la Comisión de Legislación General, presidida por el salteño Lucas Godoy (FdT), que se realizará este martes a las 14 en la Sala 2 del Anexo de la Cámara baja.
Allí el oficialismo cuenta con mayoría, por lo que se espera que el trámite sea expeditivo. Además, fue la única comisión a la que el texto recibió giro.

El proyecto solo posee tres artículos, dos de ellos de forma. La principal modificación es la que propone la incorporación de un párrafo al artículo 1ro. de la Ley 26.466, por la cual se expropiaron Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008.

La iniciativa del líder de La Cámpora establece que “se prohíbe la transferencia de las acciones declaradas de utilidad pública y sujetas a expropiación, conforme al presente artículo, sin la autorización del Honorable Congreso de la Nación que para su aprobación requerirá obtener el voto de las dos terceras partes del total de los miembros de cada Cámara“. Es decir que, ante una eventual idea de re-privatización, ésta deberá ser aprobada por mayoría absoluta tanto en Diputados como en el Senado.

La redacción se basa en una similar que tiene el artículo 10 de la Ley 26.741, de expropiación de YPF en 2012.

En los argumentos del proyecto se señaló que “si bien la Ley 26.466 declara la utilidad pública de las acciones de Aerolíneas Argentinas S.A., no previó un mecanismo que limite la transferencia de aquellas acciones, por lo que es necesario establecer el alcance de dicha utilidad y plasmar una de las voluntades de la ley -o el espíritu o finalidad-”.

Además, Kirchner recordó que el “proceso de reestatización de Aerolíneas fue un camino largo, que implicó la decisión política de Cristina Fernández de Kirchner de volver a poner de pie a una compañía que habían dejado quebrada, vaciada y sin aviones”.

Cuando se presentó el proyecto, en julio pasado, el diputado -que busca renovar su banca en estas elecciones- apuntó que “en el contexto actual, donde los candidatos de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza hablan de privatizar empresas públicas, entre ellas Aerolíneas Argentinas, resulta prioritario garantizar su protección”.

El resto del temario

Por otra parte, la comisión tratará un proyecto de la diputada Victoria Morales Gorleri sobre un régimen de protección patrimonial de las prestaciones dirigidas a la promoción, protección y/o restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes y a las asociaciones sin fines de lucro que tengan por finalidad el desarrollo de tales actividades.

También una iniciativa que propone instituir el 30 de marzo de cada año como Día Nacional del Turismo Rural y un conjunto de transferencias de inmuebles desde el Estado nacional a las provincias.

Presupuesto: diputados piden ley complementaria, tal cual lo pautado

Se basan en la cláusula incluida en la Ley de Presupuesto que obliga al Gobierno a mandar una corrección si la recaudación o la inflación superan la meta prevista en un 10% al 31 de agosto.

Más de 40 diputados nacionales de Juntos por el Cambio reclamaron al ministro de Economía, Sergio Massa, el envío de un proyecto de ley complementaria del Presupuesto 2023.

“No queremos que la subestimación de la inflación en el presupuesto abra la puerta para que el Ejecutivo disponga discrecionalmente de los recursos a través de los decretos de necesidad y urgencia. Sólo el Congreso nacional puede disponer de la asignación de los recursos presupuestarios”, sostienen los legisladores de la oposición.

Recordaron allí que el ministro Massa presentó una pauta de inflación del 60% que ya ha sido superada. Previendo eso, el interbloque Juntos por el Cambio propuso una cláusula gatillo para que -frente a una inflación acumulada que en agosto superara en un 10% la meta anual establecida en el presupuesto- el Poder Ejecutivo envíe una ley complementaria para un nuevo cálculo de recursos y créditos.

Así fue incorporado en el artículo 131 de la ley 27701 de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2023, destacaron los legisladores de JxC.

“Estamos exigiendo que se cumpla con lo que dispuso la ley y, ante el estado de incertidumbre económica, dejar la menor cantidad de cabos sueltos para que continúe el dislate que viene protagonizando este gobierno”, anunciaron los legisladores.

Convocaron a un plenario para dictaminar sobre licencias parentales

La cita es para el martes 22 de agosto y participarán Legislación del Trabajo, Mujeres y Diversidad y Presupuesto y Hacienda. Se espera que haya más de un dictamen.

Las comisiones de Legislación del Trabajo, de Mujeres y Diversidad y de Presupuesto y Hacienda se reunirán el próximo martes 22 de agosto, a las 17, para continuar el debate sobre el proyecto para la ampliación de licencias laborales de cuidado.

Esta será la cuarta reunión para analizar un total de 55 proyectos puestos a consideración, y está previsto firmar dictamen para dejar listo el texto para su consideración en el recinto.

La reunión será en la Sala sita en el 2do piso del Edificio Anexo C, y la convocatoria esta vez a los integrantes de la Comisión de Presupuesto que preside Carlos Heller se justifica en la decisión de hacer circular el texto del dictamen para proceder a la firma del mismo.

Hubo previamente tres reuniones informativas. La primera fue el 16 de mayo, cuando expusieron los autores de los 47 proyectos que originalmente comenzaron a discutirse. El segundo encuentro se realizó el 4 de julio, para escuchar a representantes de sectores como las centrales sindicales, representantes de la Unión Industrial Argentina y la Red Nacional de Cooperativas de Cuidados nucleadas en la Conarcoop. La última reunión fue el pasado 2 de agosto, cuando asistieron referentes gremiales y expertas. Al cabo de ese plenario se anunció que se enfocarían en perfilar el o los dictámenes que emitirían y con ese objetivo se realizará esta reunión.

El proyecto en cuestión fue enviado por el Poder Ejecutivo el pasado 2 de mayo de 2022 y, luego de dos reuniones, las comisiones habían arribado a un dictamen de un texto consensuado. Pero la Oficina de Presupuesto del Congreso analizó el preliminar del texto y afirmó que los cambios en el borrador aumentan el costo en 49 mil millones de pesos pasando del 0,045% del PBI esperado para 2023 al 0,074%.

Según la OPC, lo que generaría costo adicional para la Administración Pública Nacional es la inclusión de monotributistas y autónomos como beneficiarios potenciales de las asignaciones parentales cuyo importe mensual será equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil neto vigente en cada período; la posibilidad de percibir las asignaciones parentales para personas gestantes y no gestantes en simultáneo por parte de ambos progenitores; y el financiamiento de las contribuciones patronales en concepto de obra social a través de los recursos del régimen de Asignaciones Familiares.

Datos del dictamen

Según pudo saber parlamentario.com, habrá dos o tres dictámenes. Uno de mayoría, respaldado por el oficialismo; Juntos por el Cambio tendrá el suyo, y es probable que la izquierda también suscriba el propio.

De acuerdo con el borrador del dictamen impulsado por el oficialismo, se contemplan licencias de 12 días corridos por matrimonio o unión convivencial; 10 días corridos por fallecimiento de cónyuge, conviviente, hijo o hija; y 3 días corridos por fallecimiento de padre, madre, padre afín o madre afín, hermano o hermana, nieta o nieto.

También se contemplan 2 días corridos por examen, con un máximo de 10 días anuales calendario para tal fin.

Para el cuidado o atención de un miembro del grupo familiar, y persona a cargo, con discapacidad, habrá 3 días corridos, con un máximo de 15 anuales.

Entre las licencias propuestas, se prevén 15 días hábiles por año calendario, prorrogable  por una única vez por otro período igual, ante una situación de violencia de género y/o de violencia laboral.

Según el borrador que se pondrá a consideración, queda prohibido el trabajo de la persona gestante durante los 45 días anteriores al parto y hasta 81 días posteriores al mismo. Acreditando autorización médica, la persona gestante podrá solicitar la reducción del período previo, en cuyo caso se extenderá proporcionalmente el período  posterior, de modo tal de completar los 126 días.

Para casos de nacimientos múltiples, la licencia se extenderá por 30 días por cada hijo a partir del segundo.

En caso de nacimientos múltiples, la licencia se extenderá por 30 días por cada hijo a partir del segundo; en caso de interrupción del embarazo luego del sexto mes de gestación o fallecimiento del hijo después del parto, la persona gestante tendrá derecho a gozar de la totalidad de la licencia establecida.

El anteproyecto crea una asignación parental para monotributistas y autónomos, tanto gestantes como no gestantes y adoptantes, cuyo importe mensual será equivalente al salario mínimo, vital y móvil neto.

Ley de Alquileres: la oposición afinará cambios en su dictamen y cae la idea de insistir con la derogación

Los jefes de JxC y los bloques federales acordaron “volver a redactar” algunos puntos. Primero deberán reunir quórum y también rechazar el dictamen de mayoría del oficialismo. La sesión quedó formalmente convocada para el próximo miércoles a las 12.

Por Melisa Jofré

En un nuevo encuentro que mantuvieron por Zoom este jueves, los jefes de Juntos por el Cambio y bloques federales ratificaron la decisión de sostener la sesión convocada para el próximo miércoles en la Cámara de Diputados y acordaron redactar cambios al texto del dictamen de minoría, de modo de conformar a todos los sectores y poder avanzar en una media sanción que reforme la Ley de Alquileres (27.551).

Para los promotores del debate, al quórum, que se reúne a partir de los 129 presentes, “se debería llegar fácil”. Aunque para ello tendrán que tener a todos sus legisladores sentados en el recinto. Pero consideran que el número no estaría tan ajustado si además concurren los tres libertarios, al recordar que Javier Milei acompañó el pedido de sesión con su firma.

Tal como adelantó parlamentario.com, el segundo objetivo, una vez puesta en marcha la reunión, sería el de “rechazar el dictamen K”, es decir, el dictamen de mayoría que el Frente de Todos suscribió y reinvidica la ley actual, sumando beneficios fiscales para incentivar la oferta -en eso ambas propuestas son similares-.

A sabiendas de que los proyectos que directamente proponen la derogación no cuentan con dictamen y, por lo tanto, necesitan de los dos tercios para ser tratados, la oposición desistió en la idea de someterlos a votación, como ocurrió el pasado 5 de julio cuando Hernán Lombardi lo planteó sobre tablas. El Pro, algunos diputados de la UCR y los liberales pujaban por esta idea e incluso en la solicitud se había definido tratar “los proyectos y dictámenes” referidos a la cuestión.

Así las cosas, los representantes de JxC, interbloque Federal e interbloque Provincias Unidas decidieron que se harán cambios en el texto del dictamen de minoría, que salió con despacho de comisiones en junio del año pasado, de manera de “conformar a todos, incluso a los que quieren la derogación”.

En las modificaciones plantearían que los contratos de alquileres vuelvan al plazo de dos años y que el ajuste sea acordado entre las partes, sin dar precisiones de lapsos, haciendo referencia al Código Civil y Comercial. “No está cerrada la redacción, se trabajará incluso en el recinto. El justo equilibrio permitirá que salga esta media sanción”, indicaron fuentes parlamentarias.

Uno de los aspectos que más “ruido” había provocado en el texto, y que hizo caer los consensos en la oposición para avanzar en el recinto, fue el artículo 6, donde quedó fijado que “se podrán realizar ajustes con la periodicidad que acuerden las partes, por intervalos de entre 3 y doce 12 meses”. Ahora sería una de las primeras cosas a modificar.

Por su parte, desde el oficialismo le habrían pedido a los jefes de la oposición que la sesión se postergue para septiembre, pero éstos se negaron. Desde el Frente de Todos mantienen su postura de defensa al dictamen de mayoría y aseguran que “los que pidieron la sesión son los responsables de reunir el quórum”.

Para el arranque tampoco estarán los diputados del Frente de Izquierda, quienes consideran que “es regresivo” modificar la ley.

Actualmente, con la reciente incorporación formal de José Luis Espert, Juntos por el Cambio suma 117 miembros, el interbloque Federal 8 y el interbloque Provincias Unidas 4. El total, siempre y cuando haya unanimidad y asistencia perfecta, da los 129.

Pero por fuera también están los dos legisladores del bloque SER y el neuquino Rolando Figueroa, además de Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo, en quienes ponen atención especial los impulsores de la sesión.

Poco después que terminó el encuentro virtual de los opositores, se conoció la convocatoria formal a la sesión del próximo miércoles 23 a las 12, con la firma del secretario parlamentario, Eduardo Cergnul.

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Espert efectivizó oficialmente su pase al interbloque JxC

A partir de ello, Juntos por el Cambio tendrá 117 diputados, quedando así, a uno de los 118 del Frente de Todos.

A través de una nota enviada a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, el diputado nacional José Luis Espert informó este miércoles la incorporación del bloque de Avanza Libertad a Juntos por el Cambio.

Durante la campaña electoral, el economista liberal había concretado su acercamiento a Juntos por el Cambio y eso se concretó finalmente con su precandidatura a senador nacional por la provincia de Buenos Aires en el espacio de Horacio Rodríguez Larreta para las PASO del domingo pasado.

A partir de esta incorporación, JxC tendrá hasta el 10 de diciembre 117 diputados, uno menos que el Frente de Todos.

Al respecto, el diputado nacional José Luis Espert expresó: “Estoy fuertemente convencido de que la mejor opción para salir de esta tremenda crisis es en equipo, con un liderazgo fuerte, con convicciones compartidas y con instituciones sólidas. Basta de egoísmos. Basta de mesianismos. Basta de medias verdades. De los grandes problemas se sale con inteligencia y con coraje”.

Además, agregó que “vamos a lograr que el liberalismo, integrado a un gran espacio político nacional, supere esta crisis y transforme el país con instituciones, con leyes, con orden, con solidez, asegurando la gobernabilidad con la confianza necesaria para el logro de las profundas reformas que necesitamos encarar. Tenemos el mejor equipo para reconstruir la Argentina. Hagámoslo de una buena vez”.

Inicialmente, Avanza Libertad estaba compuesta por Espert y la candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Carolina Píparo, que decidió romper el bloque, justamente, cuando el diputado empezó el acercamiento con Juntos por el Cambio. Aunque, la verdad sea dicha, ya venía acercándose al espacio de Javier Milei y Victoria Villarruel, La Libertad Avanza, quienes al igual que la candidata a gobernadora, se encontraban ideológicamente “cercanos” a Espert cuando ambos bloques obtuvieron sus bancas en Diputados en las elecciones legislativas del 2021.

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Ley de Alquileres: Juntos por el Cambio y los bloques provinciales sostienen la sesión del miércoles 23

Tras las PASO, los jefes de bloques mantuvieron conversaciones y buscan reunir los 129 que habilitarían el quórum. Sin embargo, todavía no saben si tendrán los votos para aprobar el dictamen de minoría. Pero sí quieren dejar expuesto una vez más al oficialismo.

Mientras de a poco baja la espuma de las elecciones PASO, marcadas por la sorpresa del primer lugar que alcanzó Javier Milei, este miércoles los jefes de Juntos por el Cambio y de algunos bloques provinciales mantuvieron conversaciones sobre la convocatoria a sesionar el próximo miércoles 23 en la Cámara de Diputados por la Ley de Alquileres.

En el encuentro, realizado por Zoom, se definió que sostendrán la convocatoria realizada el pasado 5 de julio y volverán a contactarse para evaluar si consiguen o no el número para dar por abierta la reunión, es decir, si pueden alcanzar el quórum con 129 presentes.

Con los mayores esfuerzos, logrando que todos sus integrantes estén sentados en el recinto, Juntos por el Cambio suma 117, el interbloque Federal 8 y el interbloque Provincias Unidas, 4. Total: 129.

Pero por fuera también están los dos legisladores del bloque SER y el neuquino Rolando Figueroa, además de los tres liberales Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo. Milei fue uno de los presidentes de bloque que firmó el pedido de citación.

Se estima que al igual que el Frente de Todos, el Frente de Izquierda no dé quórum.

Fuentes legislativas de la oposición consultadas por parlamentario.com reconocieron que “todavía falta” asegurar que tendrán el número para el quórum, pero “la idea es no sólo tener 129 sino que esos 129 rechacen el dictamen de mayoría que es del kirchnerismo. Este es el gran primer objetivo”.

No obstante, por ahora, la oposición tampoco tiene garantizado poder aprobar su dictamen de minoría, ya que persisten las dudas de algunos respecto del artículo 6 de ese texto, donde quedó fijado que “se podrán realizar ajustes con la periodicidad que acuerden las partes, por intervalos de entre 3 y doce 12 meses”.

Ese fue uno de los puntos que, hace ya más de un año atrás, hizo caer con fuerza la posibilidad de avanzar en el recinto porque, tras la discusión en comisiones, hubo diputados de bloques federales que no quedaron conformes con esa redacción. Para un grupo de legisladores ese plazo de tres meses es muy poco, pero los que pujan fuerte para que se mantenga ese tiempo como piso son los representantes del Pro.

En caso de que los bloques no lleguen a un acuerdo para poder aprobar el dictamen de minoría, y si es que primero logran rechazar el del Frente de Todos, buscarán que -otra vez- se pongan en consideración los proyectos que directamente proponen derogar la Ley 27.551. Una idea que fue sumando adeptos.

Eso fue lo que sucedió el 5 de julio, antes de que se decidiera presentar un pedido de sesión. En esa oportunidad fue solicitado por el macrista Hernán Lombardi y resultó rechazado, porque, al tratarse de una iniciativa sin dictamen, requiere de los dos tercios.

En la solicitud de sesión se aclaró que sería con el objeto de tratar “los proyectos y dictámenes con estado parlamentario referidos a la Ley de Alquileres”.

Desde Juntos por el Cambio revelaron a parlamentario.com que la idea de dejar expuesto una vez más al Frente de Todos, votando en contra de la derogación, es lo que “más seduce” a algunos referentes, entre ellos a Patricia Bullrich, quien se consagró en la interna del Pro. No es extraño, pues el “ala dura” de los amarillos está por la derogación hace tiempo.

Los dos dictámenes

El dictamen del Frente de Todos (mayoría) revindica la ley actual, al mantener el plazo de tres años en los contratos, como así también el índice para la actualización de los alquileres en base a una fórmula que combina IPC y RIPTE. Asimismo, otorga más facilidades para los inquilinos en la presentación de garantías.

En el capítulo de incentivos fiscales, propone una reforma en el régimen de monotributo para beneficiar a monotributistas que tengan más de tres unidades de explotación; incorpora al régimen de la Ley de Incentivo a la Construcción los inmuebles que durante 12 años estén destinados al alquiler y “siempre que dichos contratos de locación se encuentren registrados”; y exime del impuesto a los Bienes Personales a aquellas propiedades cuyo valor resulte igual o inferior a 30 millones de pesos, el mínimo no imponible para esa categoría.

Por su parte, el dictamen de minoría vuelve a dos años el plazo mínimo legal de los contratos. En cuanto al precio del alquiler, deberá “fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes, por intervalos de entre 3 y 12 meses”.

Asimismo, agrega que para los ajustes, las partes “deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS)” elaborados por el INDEC, “o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.

En relación a los beneficios fiscales, similares a los del oficialismo, la iniciativa contempla una reforma del régimen de monotributo para que quienes tengan tres unidades de explotación, “en el caso de la actividad de locación de inmuebles, mediante contratos debidamente registrados” se considere como “una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de propiedades afectadas a la misma”.

También exime de Bienes Personales a los inmuebles destinados a alquiler y contempla una modificación al impuesto a los débitos y créditos bancarios -más conocido como impuesto al cheque- para que estén exentas aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes “utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados”.

La nueva Cámara baja podría estar muy fragmentada, con minorías más reducidas

El resultado de las PASO hace presagiar un cuerpo donde todos los bloques estarán lejos del quórum propio. Todo deberá consensuarse si se quiere hacer andar el Parlamento. Cómo quedaría cada bancada.

Si en las elecciones generales de octubre se repitieran los resultados registrados en las PASO, ninguna fuerza tendría mayoría en la próxima Cámara de Diputados. Juntos por el Cambio pasaría a ser la primera minoría, pero más lejos que en la actualidad del número clave de 129.

Durante toda la campaña se insistió en la necesidad/posibilidad de llegar a un bloque en el que la actual principal oposición superara largamente el número que le permitiría tener quórum propio, de modo tal de “hacer las reformas que hay que hacer”. Desde este espacio siempre dijimos que eso era harto difícil, y el resultado de las PASO dejó tal cosa aún más lejana.

Juntos por el Cambio tiene en la actualidad 116 miembros y expone 55. Si lo del domingo 13 de agosto anticipa lo que vendrá, estaría sumando 44 bancas, con lo que llegaría a 105 diputados propios. A 24 del quórum.

Peor, obviamente, le va al actual oficialismo. Con 118 comprobó el Frente de Todos que le resulta harto difícil sesionar, y se sabía que lo que viene sería aun más difícil, pues expone mucho, a raíz de que en 2019 ganó por amplio margen. 68 son los diputados que arriesga y apenas conseguiría 41, con lo que su bancada se reduciría a menos de un centenar: 91 diputados.

El crecimiento exponencial sería el de La Libertad Avanza, que actualmente tiene 2 miembros, que son precisamente los integrantes de la fórmula presidencial del espacio: Javier Milei y Victoria Villarruel. Si se repitieran los resultados de las PASO, ganarían 39 bancas -cuatro más que las que el propio Milei pronosticó exultante en su discurso victorioso del domingo 13-, con lo que llegarían a 41. Muchísimo, pues los consiguen en una sola elección, pero muy lejos de la gobernabilidad para el caso de que eventualmente llegaran a la presidencia.

42, si sumáramos a Carolina Piparo, candidata a gobernadora bonaerense de ese espacio, que se acercó a Milei desde que se alejó de José Luis Espert, mas como nunca se integró al libertario formalmente, la mantenemos de momento al margen.

Los bloques del medio -o no tanto, pues ahí tenemos a la izquierda y a Espert, por ejemplo, al que también podría sumárselo a JxC- tiene 21 diputados y arriesga 7, pero conseguiría 6, con lo que pasaría a tener una veintena de diputados.

Lo que exponen, provincia por provincia

BUENOS AIRES     

De replicarse los resultados de las PASO en las generales de octubre, el reparto de bancas en Diputados por la provincia de Buenos Aires quedaría en 14 para Unión por la Patria, que perdería 5, ya que pone en juego 19; y en 12 para Juntos por el Cambio, que bajaría 2, ya que expone 14. La Libertad Avanza podría obtener 9 escaños.

Bloque               Expone          Ganaría
Unión por la Patria:  1914
Juntos por el Cambio:          1412
Identidad Bonaerense:          2
La Libertad Avanza                        09
Total:                 3535

CABA

En la Ciudad de Buenos Aires, Juntos por el Cambio mantiene su supremacía, mas si bien logró en estas PASO una amplia victoria -siempre y cuando sumemos los porcentajes de ambas listas competidoras-, perdería uno de los ocho escaños que arriesga. Unión por la Patria arriesga 4 bancas y retendría 3. La Libertad Avanza, que ya en la elección de 2021 había conseguido dos lugares, ahora tendría otros dos más.

Bloque               ExponeGanaría
Unión por la Patria:                                            3
Juntos por el Cambio:                                   7
La Libertad Avanza:                                    2  
Total:                                          1212

CATAMARCA   

La amplia victoria del oficialismo local le permitiría quedarse con las dos bancas en disputa. Acá, el fenómeno libertario no apareció en esta elección.

BloqueExponeGanaría
Unión por la Patria:                                              12
Juntos por el Cambio:          1
Total:                                           2

CHACO              

Eufórico, Jorge Capitanich celebró este domingo como una victoria propia y pensando en su reelección, el resultado de las PASO. Con todo, no hizo diferencia; de hecho, perdería una banca a manos de La Libertad Avanza.

Bloque               Expone          Ganaría
Unión por la Patria:21
Juntos por el Cambio:11
La Libertad Avanza1
Total:33

CHUBUT

A partir de los resultados de las PASO, La Libertad Avanza también le arrebataría un diputado al actual oficialismo en el caso de Chubut. Las tres bancas que se renuevan, que hoy están en manos del Frente de Todos (2) y Juntos por el Cambio (1), quedarían repartidas entre LLA, JxC y UP.

Bloque               Expone          Ganaría
Unión por la Patria:   21
Juntos por el Cambio:11
La Libertad Avanza:                        1  
Total:                                           33

CÓRDOBA

En Córdoba influyeron dos factores para reducir la cosecha habitualmente amplia de JxC. La presencia de Juan Schiaretti como candidato nacional, y la irrupción de los libertarios. Así, de los 6 diputados que arriesga Juntos por el Cambio se quedarían con la mitad. La Libertad Avanza se quedaría con otros 3, lo mismo que Córdoba Federal, que sumaría entonces dos diputados más. A expensas de Unión por la Patria, que arriesga dos lugares y no retendría a ninguno.

BloqueExponeGanaría
Unión por la Patria:     2
Juntos por el Cambio: 63
Córdoba Federal: 13
La Libertad Avanza:     3
Total:   99

CORRIENTES  

En este distrito gobernado por un radical, ganaría Juntos por el Cambio y retendría a sus dos diputados. El que perdería uno es UP, a manos de LLA.

BloqueExpone Ganaría
Unión por la Patria:    21
Juntos por el Cambio:22
La Libertad Avanza:1
Total:44

ENTRE RÍOS   

En esta elección la sumatoria de las fórmulas presidenciales de JxC le ganó por 3 puntos a las de UP, pero a nivel diputados, la presencia del gobernador Gustavo Bordet al frente de la lista hizo que aventajaran a JxC. Así, si se repitiera el 22 de octubre el resultado de este domingo, UP retendrá a los dos diputados que arriesga; JxC perdería uno y la Libertad Avanza estaría festejando.

Bloque                          ExponeGanaría
Unión por la Patria:22
Juntos por el Cambio:21
La Libertad Avanza1
Total:44

FORMOSA

En Formosa UP mantuvo la normalidad de ganar la elección, pero JxC esta vez se vio superado en el escrutinio para diputados. A manos de LLA, claro.

BloqueTendríaGanaría
Unión por la Patria:22
Juntos por el Cambio:1
La Libertad Avanza:1
Total:33

JUJUY

En Jujuy, al oficialista JxC le apareció Milei, que lo venció en la elección  se quedaría con dos escaños. JxC retendría el que arriesga y Unión por la Patria cedería los dos que expone.

Bloque               ExponeTendría
Unión por la Patria:   2
Juntos por el Cambio:11
La Libertad Avanza:2
Total: 33

LA PAMPA        

En La Pampa harían tablas UP y JxC.

Bloque               Expone          Ganaría
Unión por la Patria:   11
Juntos por el Cambio:11
Total:22

LA RIOJA          

En La Rioja venía cebado el oficialismo, pero en esta elección hubo tal paridad a nivel legislativo, que UP, JxC y LLA se quedarían con las tres diputaciones que se juegan en octubre.

Bloque               ExponeGanaría
Unión por la Patria:  21
Juntos por el Cambio:   1
SER:1
La Libertad Avanza:1
Total:33

MENDOZA        

En Mendoza sorprendió Juntos por el Cambio cediendo dos de sus tres escaños. Unión por la Patria también perdería un lugar, y todos se los llevaría el partido de Javier Milei.

BloqueExponeGanaría
Unión por la Patria:  21
Juntos por el Cambio31
La Libertad Avanza3
Total:55

MISIONES

El acuerdo entre Unión por la Patria y el Frente Renovador de la Concordia sirvió para que este partido mantuviera sus dos lugares en el Senado, pero no alcanzó para que retuvieran las dos bancas que exponía. El gobernante Frente Renovador de la Concordia sumaría dos diputados (ganaría uno) y Juntos por el Cambio se alzaría con dos.

Bloque               ExponeGanaría
Unión por la Patria:2
Juntos por el Cambio12
Fte. Renov. Concordia12
44

NEUQUÉN        

En esta provincia patagónica el perdidoso sería UP, a expensa de La Libertad Avanza.

Bloque               ExponeGanancia
Unión por la Patria:  1
Juntos por el Cambio11
La Libertad Avanza:1
Total:22

RÍO NEGRO     

Con la victoria de La Libertad Avanza en Río Negro, el oficialismo local se quedaría sin una banca que mantiene en la actualidad, y el Frente de Todos perdería una. Quedarían repartidas las tres que se renuevan en una para LLA, otra para UP y la restante para Juntos por el Cambio.

Bloque               Expone Ganancia
Unión por la Patria:21
Juntos Somos Río Negro:1
Juntos por el Cambio:1
La Libertad Avanza:1
Total:33

SALTA

En Salta La Libertad Avanza se quedaría con la mitad de las cuatro bancas que se exponen. Las dos restantes serían para UP y JxC.

BloqueExponeGanancia
Unión por la Patria:21
Juntos por el Cambio:21
La Libertad Avanza:2
Total:44

SAN JUAN        

En la provincia que el peronismo acaba de perder a manos de JxC, llegó el efecto Milei, y se quedan con una banca. Igual, el peronismo ganaría y retendría los dos lugares que expone.

BloqueExponeGanancia
Unión por la Patria:22
Juntos por el Cambio:          1
La Libertad Avanza:                  1
Total:             33

SAN LUIS          

San Luis es otro de los distritos donde LLA hizo pie, conjuntamente con JxC. Entre ambos, se repartieron los lugares en la Cámara.

Bloque               ExponeGanancia
Unión por la Patria:   1
Juntos por el Cambio:    11
La Libertad Avanza:       1
Total:                    22

SANTA CRUZ   

En esta provincia donde se elegía gobernador este fin de semana, Unión por la Patria y Juntos por el Cambio repartirían los dos lugares en disputa.

BloqueExponeGanaría
Unión por la Patria:   21
Juntos por el Cambio:      1
Total:     22

SANTA FE         

En Santa Fe Juntos por el Cambio retendría 4 de los 5 escaños en juego; UP solo mantendría dos diputados, perdiendo otros tanto, y La Libertad Avanza se quedaría con las 4 bancas que quedan.

BloqueExponeGanaría
Unión por la Patria: 42
Juntos por el Cambio:   54
Socialista:      1
La Libertad Avanza:    4
Total:    1010

SANTIAGO DEL ESTERO  

Acostumbrados a quedarse con todo, esta vez las huestes del gobernador Zamora no pudieron retener las cuatro bancas que exponía. Lo hizo con 3 y la restante fue para La Libertad Avanza.

BloqueExponeGanaría
Unión por la Patria:     43
La Libertad Avanza:                                             1
Total:                44

TIERRA DEL FUEGO     

El cimbronazo de Javier Milei llegó hasta “el fin del mundo” y, en Tierra del Fuego, su buen performance le permitiría obtener una banca, que perdería el actual Frente de Todos. Los tres escaños que deben definirse en octubre quedarían repartidos entre LLA, UP y JxC.

Bloque               ExponeGanaría
Unión por la Patria:    21
Juntos por el Cambio:       11
La Libertad Avanza           1
Total:      33

TUCUMÁN        

En Tucumán, hay cinco bancas en juego y UP retendría dos, perdiendo una. Lo mismo JxC, que expone dos y se le iría una y en ambos casos el lugar sería ocupado por La Libertad Avanza.

BloqueExponeGanaría
Unión por la Patria:    32
Juntos por el Cambio:      21
La Libertad Avanza:       2
Total:        55

En la Ciudad, JxC lograría retener 7 de las 8 bancas que arriesga en Diputados

En segundo lugar, se ubicó Unión por la Patria con el 22,86% de los votos, sin embargo, no le alcanzaría para mantener los cuatro escaños que pone en juego el próximo 22 de octubre.

Como viene ocurriendo en las últimas elecciones, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires volvió a imponerse con una amplia diferencia Juntos por el Cambio (JxC). Sin embargo, si en estas elecciones se repitiera el resultado de las PASO, el oficialismo distrital perdería una de sus bancas. Es que arriesga muchas, ocho en total, y accedería a siete bancas en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.

En la Cámara baja el distrito capitalino pone en juego un total de 12 escaños, de los cuales cuatro corresponden al Frente de Todos (FdT), tres del Pro, dos de la Coalición Cívica, dos de la Unión Cívica Radical y una del Frente de Izquierda de los Trabajadores – Unidad. Se trata de las bancas de Mara Brawer, Itai Hagman, Paula Penacca, Eduardo Valdés (FdT), Maximiliano Ferraro, Mariana Zuvic (CC ARI), Dolores Martínez, Emiliano Yacobitti (UCR), Victoria Morales Gorleri, Dina Rezinovsky, Pablo Tonelli (Pro) y Myriam Bregman (FIT).

En este contexto, JxC logró imponerse como la fuerza más votada en el distrito capitalino, con el 47,74% de los votos, lo que le permitiría retener los siete escaños que arriesgaría en los comicios del próximo 22 de octubre. En segundo lugar, se ubicó la alianza Unión por la Patria (UP) con el 22,86%, lo que solo le permitiría quedarse con tres de las cuatro que están en disputa.

Mientras que La Libertad Avanza (LLA), la fuerza dirigida por Javier Milei y que dio la verdadera sorpresa de la jornada en todo el país, quedó en tercera posición con el 17,84% de los votos y obtendría dos sillas en el recinto. En tanto el FIT, que obtuvo el 4,96%, perdería la única que está arriesgando.

En Tucumán, UxP perdería una banca en Diputados pese a imponerse con una ajustada diferencia

La lista encabezada por Pablo Yeldín (UxP) obtuvo el 32,43% de los votos, pero no logaría retener los tres escaños que pone en juego en estos comicios. En segundo lugar, se ubicó Fuerza Republicana con el 27%.

Con la mirada puesta sobre lo que serán los comicios del próximo 22 de octubre, parlamentario.com le acerca este informe en el que, en caso de que las fuerzas repitan la performance que llevaron a cabo en estas Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), le detalla de que manera se repartirían cada una de las bancas que están en disputa en la Cámara de Diputados por la provincia de Tucumán.

Es que esa provincia norteña pone en juego cinco bancas, de las cuales tres corresponden al Frente de Todos (FdT) y dos de Juntos por el Cambio (JxC). Las mismas corresponden a Nilda Carrizo, Carlos Cisneros y Mario Leito por el FdT y Domingo Amaya y Lidia Ascárate por JxC.

En este contexto, Unión por la Patria (UxP) logró imponerse con una ajustada diferencia: obtuvo el 32,43% de los votos; seguido por Fuerza Republicana que se ubicó en la segunda posición con el 27,67%; Juntos por el Cambio que, uniendo los votos que recibieron las dos nóminas que compitieron en las PASO, alcanzó el 23,07%. Mucho más lejos quedó el Movimiento Libres del Sur con el 2,05%; el Frente de Izquierda de los Trabajadores – Unidad con el 1,88% y Política Obrera con el 0,51%.

Pero pese a estos resultados, y suponiendo que en octubre repitiese la performance electoral de estas PASO, el oficialismo local solo logaría retener dos de las tres bancas que puso en juego. En tanto Fuerza Republicana se quedaría con otras dos y JxC se alzaría con la restante.

Las precandidaturas que compiten en las PASO para llegar al Congreso

Este domingo se llevarán a cabo las elecciones PASO y parlamentario.com brinda un informe detallado con todas las precandidaturas, en las que el oficialismo exhibirá poca competencia interna, mientras que la principal oposición tendrá al menos dos listas en prácticamente todos los distritos.

Por Leandro Bravo

Este 13 de agosto, además, de elegir presidente, vicepresidente y varios gobernadores, se renovarán 130 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado. Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz deben renovar sus representantes en la Cámara alta.

A continuación, parlamentario.com informa, en detalle, la cantidad de bancas que renueva cada distrito y los precandidatos -en orden de lista-, para la Cámara de Diputados y el Senado, que quedarán definidos este domingo cuando se realicen las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

Juntos por el Cambio solo tiene lista única en Mendoza, Chaco, Corrientes, Catamarca y Chubut, en el resto hay listas que acompañan la boleta de Patricia Bullrich y la de Horacio Rodríguez Larreta; mientras que Unión por la Patria dirimirá sus listas de candidatos en las PASO en Chubut, San Juan, Corrientes, Santiago del Estero, Jujuy, Santa Cruz y Mendoza. Sin embargo, todas las internas del oficialismo irán con la candidatura de Sergio Massa.

Ocho provincias renuevan a sus senadores

BUENOS AIRES:

UP: Eduardo “Wado” De Pedro y Juliana Di Tullio.

JxC (Larreta): José Luis Espert y Cynthia Hotton.

JxC (Bullrich): Maximiliano Abad y María Eugenia Talerico.

LLA: Juan Nápoli y Gladys Humenuk.

FIT-U (PTS): Graciela Calderón y Javier Hermosilla.

FIT-U: Romina del Plá y Nahuel Orellana.

Hacemos por nuestro País: Rocío Giaccone y Martín Palma Bastidas.

FORMOSA:

UP: José Mayans y María Teresa González.

JxC (Larreta): Fernando Carbajal y Celeste Ruiz Díaz.

JxC (Bullrich): Luis Naidenoff y Agostina Villaggi.

LLA: Francisco Paoltroni y Nélida Sotelo.

JUJUY:

UP: Rubén Rivarola y Karina Paniagua (Celeste y Blanca).

UP: Carolina Moisés y Adrián Mendieta (Unidad Renovadora).

UP: Leila Chaher y Javier Hinojo (Unión x Jujuy).

JxC (Larreta): Mario Fiad y Silvia Giacoppo.

JxC (Bullrich): Narda Cordero y Juan Barreiro.

LLA: Ezequiel Atauche y Vilma Bedia.

FIT-U (PTS): Alejandro Vilca y Lamia Debbo.

FIT-U (PO): Sebastián Copello y Alejandra Zambrano.

Hacemos por nuestro País: Agustín Perassi y Susana Aguiar.

LA RIOJA:

UP: María Florencia López y Fernando Rejal.

JxC (Larreta): Guillermo Galván y Angélica Iris Oyola.

JxC (Bullrich): Julio Martínez e Inés Brizuela.

LLA:  Juan Carlos Pagotto y Claudia López.

FIT-U (PTS): Martín Ángel y Anahí González.

FIT-U (PO): Bernardino Poli y Karina Díaz.

MISIONES:

FR de la Concordia: Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.

JxC (Larreta): Ariel Pianesi y Pamela Encina.

JxC (Bullrich): Martín Goerling Lara y Carolina Gross.

LLA: Alejandro Jabornicky y Graciela De Moura.

FIT-U (PO): Virginia Villanueva y Ladislao De Lima.

Hacemos por nuestro País: Sabina Vetter y Fernando Kovalsyk.

SAN JUAN:

UP: Juan Carlos Gioja y Sandra Castro.

UP: Sergio Uñac y Celeste Giménez Navarro.

JxC (Larreta): Emilio Achem y Marcela Montaña.

JxC (Bullrich): Juan Bravo y Nydia María Velasco.

LLA: Bruno Olivera Lucero y Mariana Coria.

FIT-U (PTS): Franco Lategano y Melina Barbieri Cimino.

FIT-U (PO): Virginia Sutherland y Jesús Mauro Flores.

SAN LUIS:

UP: Fernando Salino y Cintia Ramírez.

JxC (Larreta): Gabriela González Riollo y Federico Trombotto.

JxC (Bullrich): Jorge Lucero y Sandra Barroso.

LLA: Bartolomé Abdala y Ivanna Arrascaeta.

FIT-U (PO): Iván Amado y Susana Amieva.

FIT-U (PTS): Johana Gómez y Nahuel Arias.

SANTA CRUZ:

UP: Alicia Kirchner y Pablo González.

Cambia Santa Cruz (Larreta): Eduardo Costa y Andrea Gallegos Mansilla.

Cambia Santa Cruz (Bullrich): Belén Tapia y Carlos Ziehlke.

FIT-U (PTS): Marcela del Carmen Chaile y Ernesto Valdiviezo.

FIT-U (PO): Miguel Del Plá y Yesica Aguilar.

La Cámara baja renueva 130 legisladores

BUENOS AIRES (35):

UP: Máximo Kirchner, Victoria Tolosa Paz, Mario Manrique, Cecilia Moreau, Santiago Cafiero, Luana Volnovich, Rodolfo Tailhade, Natalia Zaracho, Carlos Castagneto, Roxana Monzón, Matías Molle, Luciana Potenza, Ramiro Gutiérrez, Julia Strada, Juan Marino, Sabrina Selva, Juan Carlos Alderete, María Arraigada, Edgardo De Petri, Fernanda Miño, Santiago Aparicio, Eugenia Meana, Jorge Rivas, Natalia Souto, Pablo Ayala, Brenda Benavente, Nahuel Beibe, Marina Santoro, Julio Cesar Nieto, Aldana Rodríguez, Walter Abarca, Cecilia Soiza, Eduardo Johansen, Mariela Breard y Oscar Ferreyra.

JxC (Larreta): Miguel Ángel Pichetto, Silvia Lospennato, Pablo Juliano, Mónica Frade, Federico Suárez, Mariana Stilman, Emiliano Giri, Ivana Coronel, Marcelo García, Julieta Quintero, Evert Van Tooren, Graciela Devita, David Cohen, Myriam Pucheta, Hernán Arce, Florencia Busilachi, Diego Villamayor, Paula Uhalde , Marcelo Díaz, María Izarriaga, Bautista Pino, Florencia Barbieri, Benjamín Williams, Luciana Gallardo y Juan Manuel Bernasconi.

JxC (Bullrich): Cristian Ritondo, Karina Banfi, Nicolás Massot, Patricia Vázquez, Martín Yeza, Lorena Petrovic, Sebastián Salvador, Felicitas Beccar Varela, Alberto Asseff, Mercedes Joury, Pablo Torello, Sandra Paris, Ricardo Stoddart, Mónica Felices, Gonzalo Peluso, Florencia Pérez, Juan Carlos Suárez, María Zallio, Walter Di Giuseppe, Fernanda Del Rivelli, Alejandro Marino, Silvia Manzo, Julio César Ramírez, Antonela Ciparelli y Hyan Manuel Beluardo.

LLA: Alberto Benegas Lynch, Marcela Pagano, Guillermo Montenegro, María Lorena Macyszyn, Pablo Ansaloni, Juliana Santillán, Eduardo Falcone, Lilia Lemoine, Santiago Santurio, Lourdes Palavecino, Diego Spalugno, Johanna Longo, Ezequiel Gigante, Marcela Aguirre y Guillermo Macloughlin.

FIT-U (PTS): Christian Castillo, Mónica Schloutthauer, Juan Carlos Giordano, Luana Simioni, Jorge Medina, Agustina Rivero, Diego Martínez, Maríana Blanch Flower, Luis Sucher, y Andrea Rovarola.

FIT-U (PO): Néstor Pitrola, Andrea Lanzette, Fernando Sacarelo, Daiana Cabrera, Eduardo Mansilla, Norma Lezana, Guillermo García, Gabriela De La Rosa, Daniel Luna y Natalia Espasa.

Hacemos por Nuestro País: Hilda “Chiche” Duhalde, Alejandro “Topo” Rodríguez, Mónica Biasone, Germán Carbone, Andrea Almenta, Jorge Arias, Maite Crespo Bjerg, Jorge Álvarez, Graciela Inés Salto y Marcelo Marrocco.

CABA (12):

UP: Paula Penacca, Eduardo Valdés, Lorena Pokoik, Itai Hagman, Gilda Aurelio y Javier Andrade.

JxC (Larreta): Maximiliano Ferraro, Mariela Coletta, Álvaro González, Gabriela Fernández, Dante Camaño, Gisela Ortiz, Esteban Garrido, Agustina Verguizas, Alberto Crasso y Victoria Morales Gorleri.

JxC (Bullrich): Maximiliano Guerra, Daiana Molero, Damián Arabia, Silvana Giúdici, Esteban Wolf, Dina Rezinovsky, Oscar Moscariello, Carolina Estebarena, Hernán Iglesias y María Alejandra Ferreyra.

LLA: Diana Mondino, Oscar Zago, Sandra Pettovello, Julio Goldestein, Alida Ferreyra, Héctor Rubini, María Luz Gambetta y Santiago Oria.

FIT-U (PTS): Patricio Del Corro, Mercedes De Mendieta, Pablo Almeida, María Agustina Chaves y Martín Brat.

FIT-U (PO): “Jessi” Gentile, Jeremías Cantero, Juliana Cabrera, Pablo “Vasco” Sartore y Mónica Sulle.

Hacemos por Nuestro País: Diego Bossio, Verónica Tenaglia, Facundo Amor, Sandra Mansilla, Ezequiel Munno y María Cecilia Juan.

Partido Demócrata Cristiano: Carlos Traboulsi, Silvina Ripoli, Florencia Markarian, Gustavo Díaz Noblega, Viviana Abad Monetti, Ignacio Irigoyen y Andrea Haro.

CATAMARCA (2):

UP: Sebastián Nóblega y Fernanda Ávila.

JxC (Larreta): Enrique Cesarini y Agostina Maza.

JxC (Bullrich): Luís Lobo Vergara y Patricia Breppe.

LLA: Alberto Almada y María Daniela Cruz.

FIT-U: Ruth Chocobar y Daniel Robledo.

Hacemos por nuestro País: Marisa Nóblega y Gustavo Moya.

CHACO (3):

UP: Aldo Leiva, Julieta Campo y Osvaldo Pérez Cuevas.

UP: Jorge “Ángel” Fernández, Alicia Medina y Osvaldo “Chiki” Fernández.

JxC: Gerardo Cipolini, Carolina Meiriño y Carlos Fernández Favaron.

LLA: Carlos García, Silvia Villordo y Emanuel Vallejos.

FIT-U (PO): César Germán Báez, Yuliana Castillo y Luis Argañaras.

CHUBUT (3):

UP: Fabián Petrakosky, Silvina Cabrera y Juan Carlos Vaillarroel.

UP: Lorena Alcalá, Luis Catalán y Graciela Carrazza.

UP: José Alejandro Glinski, Rosario Nervi Ruberto y Juan Martín Ripa.

JxC (Larreta): Eduardo Conde, Carolina Martínez y Néstor González.

JxC (Bullrich): Jorge Ávila, María Fabiana Vázquez y Claudio Tortoriello.

LLA: César Treffinger, Laura Mirantes y Leandro Ruata.

FIT-U: Martín Ulacia, Erica Ainqueo y Juan Luis Aquino.

CÓRDOBA (12):

Hacemos por Nuestro País: Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Juan Brugge, Patricia Mojica, Julián López, Sonia Gadpen y Héctor “Pichi” Campana.

UP: Gabriela Estévez, Martín Fresneda, Leticia Medina, Martín Toselli, Verónica Calarco, Facundo Armella y Glenda Henze.

JxC (Larreta): Pedro Dellarossa, Verónica Gazzoni, Ricardo Dieminger, Silvia Paleo, Jorge Ingaramo, Mariam Monguzzi, Matías Mondino y Natalia Villega.

JxC (Bullrich): Luis Picat, Belén Avico, Gerardo Zuin, Josefina Sandoz y Julián Chasco, Daniela Noguera y Jorge Ryan.

JxC (boleta única): Juan Carlos Forneris, Miriam Madussi, Guido Salvatierra, Gladys Fucili, Ernesto Asinari, Marta Cipolatti y Gustavo Mamani.

LLA: María Celeste Ponce, Gabriel Bornoroni, María Ibáñez, Marcelo Ángeli y Lorena Lovos.

FIT-U (PTS): Liliana Olivero, Javier Musso, Noel Argañaraz, Federico Wagner, Marcela Martín y Gabriel Brizuela.

FIT-U (PO): Luciana Echeverría, Jorge Navarro, Soledad Díaz, Gastón Vacchiani, Virginia Caldera y Gabriel Almirón.

CORRIENTES (4):

UP: Nancy Sand, Cristian “Tano” Zulli, “Sari” Aparicio y Fabián Borda.

ECO + Vamos Corrientes: Alfredo Vallejos, Ingrid Jetter, Federico Tournier y Gabriela Gauna.

LLA: Lisandro Almirón, Andrea Codello, Ramón López Rivadeneira y Valeria Arias Faider.

Hacemos por nuestro País: María Hilda Almada, Pablo Candía, Claudia Sena y Carlos Chávez.

Hacemos por nuestro País: Elvira Miranda, Alejandro Sturla, Susana Oviedo y Martín Micelli.

ENTRE RIOS (4):

UP: Gustavo Bordet, Blanca Osuna, Guillermo Michel y Brenda Ulman Herffling.

JxC: Francisco Morchio, María Gracia Jarolavsky, Guillermo Marcone y Valentina Gotte.

LLA: Beltrán Benedit, Candelaria Bartolini, Miguel Robledo y Nora Goméz.

FIT-U (PO):  Nicolás Zuttión, Luna Badaracco Berduc, Fernando Arregui y Cielo Kramer.

FORMOSA (3):

UP: María Parola, Luis Basterra y Nelly Daldovo.

JxC (Larreta): Gabriela Neme, Sebastián Marinkovich y Cirila Brítez.

JxC (Bullrich): Ricardo Buryaile, Bianca Capeletti Puyó y Diego Centurión.

LLA: Gerardo González, Noemí Argañaras y Pablo Míguez.

JUJUY (3):

UP: Gabriel Nilson Ortega, Mariela Segovia y Luis Moreno.

UP: Guillermo Snopek, Amelia De Dios y Cristian Lettier.

UP: Alejandro Snopek, Mariela Ferreyra y Blas Gallardo.

JxC (Larreta): Jorge Rizotti, Claudia Machaca y Felix Pérez.

JxC (Bullrich): Rosario Agostini, Raúl Imposti y Maria Lizárraga.

LLA: Manuel Quintar, Claudia Neme Scheij y Pedro Segura Malinar.

Hacemos por nuestro País: Hugo Horvath, Claudia Sánchez y Pablo Quispe Guzmán.

FIT-U (PTS): Natalia Morales, Iván Blacutt y Andrea Gutiérrez.

FIT-U (PO): Betina Amelia Rivero, Luis Carrillo y Patricia Amante.

LA PAMPA (2):

UP: Ariel Rauschenberger y Gabriela Labourie.

JxC (Larreta): Francisco Torroba y Adriana García.

JxC (Bullrich): Martín Ardohain y Adriana Leher.

FIT-U (PTS): Claudia Lupardo y Juan Salvador Pumilla.

FIT-U (PO): Jonatan Gómez y Julia Baleani.

LA RIOJA (3):

UP: Sergio Casas, Hilda Aguirre de Soria e Ismael Bordagaray.

JxC (Larreta): Felipe Álvarez, Paulina Carmona y Julio Sahad.

JxC (Bullrich): Luciana De León, Cristian Moreno y Norma Anzalaz.

LLA: Martín Ménem, Carolina Moreno y Miguel Cárbel.

FIT-U (PTS): Carolina Goycochea, Marcelo Sánchez y Mirtha Solohaga.

FIT-U (PO): Majo González, Pedro Carrizo y María Marta Ozán.

Hacemos por nuestro País: Carlos Parisi, Silvia Cruz Mauch y Alberto Mola.

MENDOZA (5):

UP: Martín Aveiro, María Amalia Granata, Pablo Portuso, Patricia Galván y Martín Sevilla.

Cambia Mendoza: Lisandro Nieri, Patricia Giménez, Víctor Ibáñez, Hebe Vázquez Viera y Pablo Zapata.

LLA: María Mercedes Llano, Facundo Correa Llano, Lourdes Arrieta, Pablo Rubio y Myriam Villordo.

FIT-U (PTS): Laura Espeche, Esteban Rodríguez, Ana Maya, Mauricio López y Micaela Blanco Minoli.

FIT-U (PO): Martín Rodríguez, Marcia Marianetti, Gerardo Bustamante, Verónica Torres y Víctor Da Vila.

Hacemos por nuestro País: Raúl Mercau, María Andrea Ferreyra, Luis Agüero, Erika Gitto y Nicolás Pizzuto.

MISIONES (4):

FR de la Concordia: Daniel Vancsik, Yamila Ruíz, Alberto Arrúa y Adriana Bezus.

JxC (Larreta): Alfredo Schiavoni, Natalia Dorper, Fabián De Sá y Raquel Cardozo.

JxC (Bullrich): Emmanuel Bianchetti, Nancy Heck, Joaquín Barreto Bonetti y Beatriz Niederberger.

LLA: Jorge Ratier Berrondo, Micaela Gacek, Gabriel Nielsen y Rita Flores.

Hacemos por nuestro País: Abel Motte, Vanesa Brito, Juan Carlos Olivera y Sandra Kuzmicz.

FIT-U (PO): Aníbal “Tato” Zeretzki, Belén Rodríguez, Luis Bogado y Mariela Rodríguez Do Nacimiento.

NEUQUÉN (2):

UP: Pablo Todero y Vanesa Vivero.

JxC (Larreta): Leticia Esteves y Esteban Bosch.

JxC (Bullrich): Francisco Sánchez y “Monin” Aquín.

MPN: Sandro Badilla y Liliana Murisi.

MPN: Hugo Rauque y Soledad Sobarzo.

LLA: Nadia Márquez y Martín Pedemonte.

FIT-U (PTS): Angélica Lagunas y Esteban Martine.

FIT-U (PO): Patricia Jure y Nicolás Mc Namara.

RÍO NEGRO (3):

UP: Martín Soria, Susana Landriscini y Héctor Mango.

JxC (Larreta): Roberto Brusa, Adriana Fenouil y José Acosta.

JxC (Bullrich): Sergio Capozzi, Genoveva Molinari y Jorge Padín.

JSRN: Luis Di Giacomo, Julia Fernández y Mariano Lavin.

LLA: Lorena Villaverde, Miguel Muñoz y Natalia Chemor.

FIT-U (PTS): Alhué Gavuzzo, Fabián Torres y Paula Gramajo.

FIT-U (PO): Norma Dardik, Jeremías Salazar y Margarita Díaz.

SALTA (4):

UP: Ramón Villa, Lía Caliva, Pedro Guzmán y Elía Fernández

UP: María Morales Miy, Oscar “Vila” Díaz, Fernanda Ramos y Carlos Cervante.

UP: Pablo Outes, Yolanda Vega, Lucas Godoy y María Blanco.

JxC (Larreta): Inés Liendo, Alberto Castillo, Macarena Navarro y Andrés Arce.

JxC (Bullrich): Miguel Nanni, Eugenia De Vita, Juan Pablo Cuellar y Mónica Berruezo.

JxC (boleta única): Oscar “Pino” Rocha, Silvina De Paul, Renan Chaile y Lidia Calvimonte.

JxC (boleta única): Bernardo Solá, Josefina García, Humberto Vázquez y Norma Rosas.

FIT-U (PTS): Daniela Planes, Jesús Choque, Verónica Tejerina y Sebastián Sánchez.

FIT-U (PO): Andrea Villegas, Pablo López, Gabriela Serrano y Samuel Huerga.

Hacemos por nuestro País: Nicolás Zenteno Nuñez, Lorena Paola Flores, Héctor Nievas y Sandra Ardiles

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SAN JUAN (3):

UP: Facundo Perrone, Maira Zepeda y Daniel Molina.

UP: Jorge Chica, Melisa Naveda y Jorge Oribe.

JxC (Larreta): Nancy Picón, Enzo Cornejo y Rocío Vázquez.

JxC (Bullrich): María Eugenia Raverta, Alfredo Aciar y Alejandra Castro.

LLA: José Peluc, Victoria García y Dario Peña.

FIT-U (PTS): Gloria Cimino, Mauricio Núñez y María Eugenia García Putruele.

FIT-U (PO): Cristian Jurado, Daniela Varese Cantoni y Nicolás Méndez.

Hacemos por nuestro País: Jorge Pelayes Narvaez, Laura Llanos González y Gonzalo Carvajal Pérez.

SAN LUIS (2):

UP: Ernesto Ali y Silvia Rapisarda.

JxC (Larreta): Alejandro Cacace y Valeria Lange.

JxC (Bullrich): Carlos Almena y Andrea Echenique.

LLA: Carlos González D’Alessandro y Verónica Jordan.

FIT-U (PTS): Eleonora De Panis y Mario Jaime.

FIT-U (PO): Ramón Olguín y Ornelia Dezzutto.

SANTA CRUZ (2):

UP: Ana María Ianni y Mauricio Gómez Bull.

UP: Silvina Córdoba y Mauro Casarini.

Cambia Santa Cruz (Larreta): Leonardo Roquel y Yanina Gribaudo.

Cambia Santa Cruz (Bullrich): Omar Faruk Zeidán y Lucia Loyola Barros.

FIT-U (PTS): Adriana Astolfo y Víctor González.

FIT-U (PO): Nicolás Gutiérrez y Oriana Toloza Osores.

SANTA FE (10):

UP: Germán Martínez, María Florencia Carignano, Diego Giuliano y María de los Ángeles Sacnun, Julián Vignati y Natalia Martínez de Murabito.

JxC (Bullrich): José “Negro” Núñez, May Serra, Alejandro Bongiovanni, Leila Widder, Gonzalo Mansilla De Souza, María Silvia Migno, Ricardo Schilper y Viviana Downes.

JxC (Larreta): Juan Cruz Cándido, Verónica Razzini, Gerardo Colotti, Carolina Piedrabuena, Jorge Faurie, Sabrina Brachetta, Damián García y Victoria Civalero.

LLA: Romina Diez, Nicolás Mayoraz, Rocío Bonacci y Marcos Peyrano.

Hacemos por Nuestro País: Esteban Paulón, Rita Vanesa García, Nicolás Lungo, Yolanda Arce y Martín Nocioni.

FIT-U (PTS): Octavio Crivaro, Daniela Vergara, Juan José Gauna y Selena Grimalt.

FIT-U (PO): Carla Deiana, Facundo Fernández, Jimena Sosa y Germán Tonero.

SANTIAGO DEL ESTERO (4):

Frente Cívico por Santiago): Ricardo Daniel Daives, Estela Neder, José Gómez y Celia Campitelli de Dib.

Frente Renovador: Pablo Mirolo, Verónica Larcher, Francisco “Pancho” Cavalotti y Mariana Morales.

JxC (Larreta): Natalia Neme, Gabriel Santillán, Evelina Ayelén Rodrigo y Facundo Quiroga.

LLA: Bety Luján, Italo Cioccolani, Nelly Paz y Sergio Concora.

TIERRA DEL FUEGO (3):

UP: Andrea Freites, Jorge Araujo Hernández y Belén Molina.

JxC (Bullrich): Federico Frigerio, Cecilia Di Matteo y Lisandro Ruíz Cardona.

JxC (Larreta): Oscar Rubinos, Dolores “Loly” Moreno y Lisandro García.

FIT-U (PTS): María Meza, Marcelo Resquín y Joana Reta.

FIT-U (PO): Lucía Zulma Fernández, Saúl Cañete y Natasha Martínez.

Hacemos por nuestro País: Federico Bilota, Marisa Fontana y Adriám Stabile.

TUCUMÁN (5):

UP: Pablo Yedlin, Gladys Medina, Carlos Cisneros, Elia Fernández y Reneé Ramírez.

JxC (Bullrich): Mariano Campero, Nadima Pecci, Sebastián Salazar, Luisa Frías Silva y Ramiro Beti.

JxC (Larreta): German Alfaro, Valeria Ayala, Mariano Malmierca, Noemí Correa y Federico Norri.

FIT-U (PTS): Alejandra Arreguez, Cristian Luna, Sofía Vega, Víctor Santillán y Pía Mustaqui.

FIT-U (PO): Martín Correa, Gisela Carabajal, Claudio Burgos, Gabriela Gramajo y Ángel Paliza.

Elecciones 2023: estas son las fuerzas que compiten en Tucumán por una banca en Diputados

La provincia elegirá este domingo a los precandidatos que continuarán en carrera para ocupar las cinco bancas que están en juego en la Cámara baja, de las cuales tres corresponden al FdT y dos de JxC.

Al igual que el resto de los distritos del país, este domingo en Tucumán se llevarán a cabo las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en donde los tucumanos deberán elegir los cargos presidenciables, tendrán que elegir a los candidatos a diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur.

Es que en la Cámara de Diputados Nacionales la provincia pone en juego cinco bancas, de las cuales tres corresponden al Frente de Todos (FdT) y dos de Juntos por el Cambio (JxC). Las mismas corresponden a Nilda Carrizo, Carlos Cisneros y Mario Leito por el FdT y Domingo Amaya y Lidia Ascárate por JxC.

JUNTOS POR EL CAMBIO

El cambio de nuestras vidas

-Diputados nacionales: Germán Alfaro, Nilda Amaya, Mariano Malmierca, Sara Correa y Federico Romano Norri.

-Parlamentarios del Mercosur: Domingo Amaya.

La fuerza del cambio

-Diputados nacionales: Mariano Campero, Nadima del Valle Pecci, Jorge Salazar, Luisa Frias Silva y Ramiro Beti.

-Parlamentarios del Mercosur: Rafael López Guzmán.

UNIÓN POR LA PATRIA

-Diputados nacionales: Pablo Yeldin, Gladys Medina, Carlos Cisneros, Elia Fernández y Renee Ramírez.

-Parlamentarios del Mercosur: Mariano Fernández.

FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD

Unir y fortalecer la izquierda

-Diputados nacionales: Alejandra Arreguez, Cristian Luna, Sofia Vega, Víctor Santillán y Pía Mustaqui.

-Parlamentarios del Mercosur: Juan José Paz.

Unidad de luchadores y la izquierda

-Diputados nacionales: José Correa Tejerizo, Gisela Carabajal, Claudio Burgos, Beatriz Gramajo y Ángel Paliza.

-Parlamentarios del Mercosur: Clarisa Alberstein.

FUERZA REPUBLICANA

-Diputados nacionales:                Ricardo Bussi, Sandra del Valle Orquera, Mario Huesen, Blanca Palomino y Gonzalo Cisneros.

-Parlamentarios del Mercosur: Mario Aramayo.

MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR

-Diputados nacionales: Federico Masso, María Guerra, Gastón Gómez, Elisa Zarate y José Vera.

-Parlamentarios del Mercosur: Yanina del Valle Muñoz.

POLITICA OBRERA

-Diputados nacionales: Margarita Grassino, Daniel Blanco, Alejandra de Castillo, Ariel Osatinsky y Marcela López.

-Parlamentarios del Mercosur: José Kobak.

Cuánto expone cada bloque en estas elecciones en Diputados

Todos los nombres y números de las bancadas que determinarán la nueva conformación de la Cámara baja.

BUENOS AIRES            FdT: 19JxC: 14Identidad Bonaerense: 2   Total: 35

Frente de Todos: Alderete, Juan Carlos; Aparicio, Alicia; Arricau, Carolina Natalia; Bormioli, Lisandro; Fagioli, Federico; Grosso, Leonardo; Gutiérrez, Ramiro; Kirchner, Máximo Carlos; Lampreabe, Florencia; Marino, Juan; Martínez, María Rosa; Moreau, Cecilia; Ormachea, Claudia Beatriz; Selva, Carlos Américo; Souto, Natalia Marcela; Tailhade, Rodolfo; Yambrún, Liliana Patricia; Yapor, Lucio; y Zaracho, Natalia.

Juntos por el Cambio: Asseff, Alberto; Banfi, Karina; Bazze, Miguel Ángel; Crescimbeni, Camila; Espil, Santiago Eugenio; Frade, Mónica Edith; García De Luca, Sebastián; Joury, María de las Mercedes; Lospennato, Silvia Gabriela; Rey, María Luján; Ritondo, Cristian Adrián; Salvador, Sebastián Nicolás; Stilman, Mariana; y Torello, Pablo.

Identidad Bonaerense: Camaño, Graciela; y Rodríguez, Alejandro “Topo”.

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRESFdT: 4 JxC: 8 Total: 12

Frente de Todos: Brawer, Mara; Hagman, Itai; Penacca, Paula Andrea; y Valdés, Eduardo Félix.

Juntos por el Cambio: Ferraro, Maximiliano; González, Álvaro Gustavo; Martínez, Dolores; Morales Gorleri, Victoria; Rezinovsky, Dina; Tonelli, Pablo Gabriel; Yacobitti, Emiliano Benjamín; y Zuvic, Mariana.

CATAMARCAFdT: 1 JxC: 1  Total: 2

Frente de Todos: Costa, Anahí.

Juntos por el Cambio: Manzi, Rubén.

CHACO  FdT: 2 JxC: 1Total: 3

Frente de Todos: Leiva, Aldo Adolfo; y Masin, María Lucila.

Juntos por el Cambio: Cipolini, Gerardo.     

CHUBUT           FdT: 2   JxC: 1Total: 3

Frente de Todos: Hernández, Estela; e Igon, Santiago Nicolás

Juntos por el Cambio: Taccetta, Matías.

CÓRDOBA        FdT: 2 JxC: 6Córdoba Federal: 1  Total: 9

Frente de Todos: Estévez, Gabriela Beatriz; y Fernández, Eduardo.

Juntos por el Cambio: Carasso, Marcos Gustavo; El Sukaria, Soher; Martínez Villada, Leonor María; Negri, Mario Raúl; Romero, Víctor Hugo; y Ruarte, Adriana Noemí.                 

Córdoba Federal: Gutiérrez, Carlos Mario.        

CORRIENTES  FdT: 2 JxC: 2   Total: 4

FdT: Borda, Fabián Antonio; Romero, Jorge Antonio; y Sand, Nancy.

Juntos por el Cambio: Jetter, Ingrid; y Vara, Jorge.

ENTRE RÍOSFdT: 2 JxC: 2    Total: 4

Frente de Todos: Casaretto, Marcelo Pablo; y Osuna, Blanca Inés.

Juntos por el Cambio: Hein, Gustavo René; y Lena, Gabriela.

FORMOSA        FdT: 2  JxC: 1   Total: 3

Frente de Todos: Daldovo, Nelly Ramona; y Parola, María Graciela.

Juntos por el Cambio: Buryaile, Ricardo.

JUJUY                FdT: 2JxC: 1   Total: 3

Frente de Todos: Moisés, María Carolina; y un diputado pendiente de incorporación.

Juntos por el Cambio: Rizzotti, Jorge.

LA PAMPAFdT: 1JxC: 1Total: 2

Frente de Todos: Pérez Araujo, Hernán.

Juntos por el Cambio: Berhongaray, Martín Antonio.

LA RIOJAFdT: 2 SER: 1    Total: 3

Frente de Todos: Aguirre, Hilda Clelia; Y Casas, Sergio Guillermo.            

SER: Álvarez, Felipe.

MENDOZA        FdT: 2 JxC: 3    Total: 5

Frente de Todos: Pérez Plaza, Eber Albano; y Uceda, Marisa Lourdes.

Juntos por el Cambio: De Marchi, Omar; Latorre, Jimena; y Nieri, Lisandro.

MISIONES        FdT: 2JxC: 1 Frente Renovador de la Concordia: 1Total: 4

Frente de Todos: Bárbaro, Héctor “Cacho”; y Britez, María Cristina.

Juntos por el Cambio: Schiavoni, Alfredo Oscar.

Frente de la Concordia Misionero: Sartori, Diego Horacio.  

NEUQUÉN             FdT: 1  JxC: 1 Total: 2

Frente de Todos: Carnaghi, Guillermo Oscar.

Juntos por el Cambio: Sánchez, Francisco.

RÍO NEGRO    FdT: 2      JSRN: 1     Total: 3

Frente de Todos: Dantas, Pedro Cristian; y Landriscini, Susana Graciela.

Juntos Somos Río Negro: Di Giacomo, Luis.

SALTA                FdT: 2JxC: 2Total: 4

Frente de Todos: Caliva, Lía Verónica; y Godoy, Lucas Javier.

Juntos por el Cambio: Cornejo, Virginia; y Nanni, Miguel.

SAN JUANFdT: 2 JxC: 1   Total: 3

Frente de Todos: Caselles, Graciela María; y Gioja, José Luis        .

Juntos por el Cambio: Orrego, Humberto Marcelo.

SAN LUISFdT: 1  JxC: 1 Total: 2

Frente de Todos: Ponce, Carlos Ybrhain.

Juntos por el Cambio: Cacace, Alejandro.

SANTA CRUZFdT: 2   Total: 2

Frente de Todos: Verón, Jorge Guillermo; y Vessvessian, Paola.

SANTA FE FdT: 4JxC: 5 Soc: 1   Total: 10

Frente de Todos: Cleri, Marcos; Martínez, Germán Pedro; Massetani, Vanesa Laura; y Obeid, Alejandra del Huerto.

Juntos por el Cambio: Angelini, Federico; Castets, Laura Carolina; García, Ximena; Martín, Juan; Núñez, José Carlos.

Socialista: Estévez, Enrique.     

SANTIAGO DEL ESTEROFdT: 4  Total: 4

Frente de Todos: Brue, Daniel Agustín; Daives, Ricardo Daniel; Navarro, Graciela; y Neder, Estela Mary.

TIERRA DEL FUEGOFdT: 2 JxC: 1Total: 3

Frente de Todos: Bertone, Rosana Andrea; Caparros, Mabel Luisa; y Frigerio, Federico.

TUCUMÁN        FdT: 3 JxC: 2          Total: 5

FdT: Carrizo, Nilda; Cisneros, Carlos Aníbal; y Leito, Mario.

JxC: Amaya, Domingo Luis; y Ascárate, Lidia.

Quiénes son los legisladores que más proyectos llevan presentados

Un racconto detallado de la cantidad de proyectos presentados en el período ordinario en la primera mitad del año por diputados y senadores nacionales.

Como suele suceder en los años electorales, en el Congreso ha disminuido la actividad legislativa. Más aún este año, en el que por no reunir el oficialismo mayoría en ninguna de las dos cámaras, la labor legislativa ha menguado sustancialmente. Sobre todo en el Senado.

Lo que no disminuye es la presentación de proyectos.

Así lo demuestra un trabajo realizado por parlamentario.com en ambas cámaras, contemplando las iniciativas presentadas en lo que va del período ordinario hasta el 30 de junio pasado.

Según ese análisis, dos diputados opositores comparten el primer lugar en cuanto a proyectos de ley, con 32 proyectos cada uno; en tanto que en el Senado, lidera una senadora rionegrina con 38.

Cámara baja

Veamos los tres rubros de Diputados, donde llevan la delantera los diputados Alberto Asseff y Graciela Camaño, como dijimos con 32  proyectos presentados cada uno, en tanto que completa el podio la oficialista catamarqueña Silvana Ginocchio, con 27 proyectos.

En el caso del diputado que integra el bloque Pro, viene prestándole especial atención a las reformas del Código Penal de la Nación, siendo el último que presentó en esa materia uno del 13 de junio que modifica el artículo 92 bis sobre Protección y Seguridad del Personal Médico, de la Salud y Docentes. También tiene otra reforma del Código Penal, para modificar un artículo prohibiendo ejercer cualquier actividad laboral a personas condenadas con sentencia firme por delitos contra la  integridad sexual.

Diputado Alberto Asseff.

Asseff también ha presentado un proyecto de ley para excluir de la posibilidad de amnistía, indulto o conmutación de penas para casos de delitos cometidos contra la administración  pública, la seguridad de la Nación y la libertad nacional.

Veamos el caso de Graciela Camaño (Identidad Bonaerense), quien presentó todos sus proyectos de ley registrados en el primer cuatrimestre. Siendo el último para modificar la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental.

Camaño tiene también un proyecto que prohíbe la caza con perros; un nuevo régimen de publicidad oficial; y una gratificación anual complementaria para jubilados y pensionados (el haber jubilatorio número 14).

Diputada Graciela Camaño.

Como dijimos, tercera se ubica Silvana Ginocchio, autora de un proyecto para crear el Plan Nacional para la protección integral para infancias y adolescencias con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. También impulsa la capacitación obligatoria en protección de los derechos humanos de las personas mayores  para personas que integren los tres poderes del Estado.

En materia de proyectos de declaración, no han sido tantos hasta ahora este año. La oficialista Eugenia Alianiello lidera en la materia junto con Romina del Plá, ambas con 13 proyectos.

En cuanto a proyectos de resolución, lidera este rubro la diputada del Pro Victoria Morales Gorleri, con 43, cinco más que Gisela Marziotta (FdT).

El Senado

Decíamos que en materia de proyectos de ley -los más importantes- lideró en la primera mitad del año la rionegrina Silvina García Larraburu, con 38, seguida por la riojana Clara Vega, con 37. En tercer lugar quedó la neuquina Lucila Crexell, con 33 iniciativas.

García Larraburu, ha impulsado un proyecto para prohibir utilizar el síndrome de alienación parental y otros diagnósticos mentales o psiquiátricos no nomenclados. Es autora además de un proyecto para crear el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos; y otro que crea un programa de educación en el uso de redes sociales para niños y adolescentes.

Senadora Silvina García Larraburu.

Por su parte, la senadora Clara Vega, entre sus 37 proyectos impulsa uno de financiamiento para la adquisición de maquinaria agrícola. Asimismo ha presentado un proyecto para promover el pago seguro con tarjetas de crédito y/o débito y/o de los datos de las tarjetas mediante el pago seguro para evitar delitos informáticos o el phishing.

Senadora Clara Vega.

Quien quedó en tercer lugar es Lucila Crexell, quien es autora de un proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental contra la contaminación acústica; como así también uno para regular la transición de gobierno entre el presidente saliente y el entrante, garantizando que este último pueda recibir de su antecesor los datos e información necesarios sobre el estado general de la administración pública, como así también garantizar un traspaso ordenado de los atributos presidenciales.

Lucila Crexell (Neuquén)

En cuanto a proyectos de declaración, va en punta el oficialista chaqueño Antonio Rodas, con 117 proyectos, seguido por un comprovinciano radical, Víctor Zimmermann, con 99 proyectos, seguido de la fueguina María Eugenia Duré  y la chaqueña María Inés Pilatti Vergara, ambas con 60 proyectos.

Hay en el Senado proyectos de comunicación y en esa materia lidera el sanjuanino Roberto Basualdo, con 38, seguido por el salteño Sergio Leavy (23).

Por último, pocos son los proyectos de resolución que se presentan,

Figurando al frente Carolina Losada y Víctor Zimmermann, con 4.

CAMARA DE DIPUTADOS

Proyectos de ley

Alberto Asseff       32 proyectos
Graciela Camaño  32 proyectos
Silvana Ginocchio        27 proyectos
Soledad Carrizo    24 proyectos
Graciela María Caselles        21 proyectos
Silvia Lospennato 21 proyectos
Ana Carla Carrizo 20 proyectos
Paula Oliveto        20 proyectos
María Lucila Masin     19 proyectos
Marcela Campagnoli   18 proyectos
Gisela Marziotta   18 proyectos
Rossana Chahla    17 proyectos
Graciela Ocaña     17 proyectos
Dina Rezinovsky   17 proyectos
Carlos Raúl Zapata      16 proyectos
Gustavo Bouhid    15 proyectos
Mónica Macha      15 proyectos
Francisco Sánchez       15 proyectos
Karina Banfi          14 proyectos
Hernán Pérez Araujo  14 proyectos
Fuente: Indice de Calidad Legislativa

Proyectos de Declaración

Eugenia Alianiello13 proyectos
Romina del Plá13 proyectos
Mabel Caparrós12 proyectos
María Lucila Masín10 proyectos
Eduardo Toniolli8 proyectos
Fuente: Indice de Calidad Legislativa

Proyecto de Resolución

Victoria Morales Gorleri       43 proyectos
Gisela Marziotta   38 proyectos
Karina Bachey      25 proyectos
Diego Sartori        25 proyectos
Micaela Morán     23 proyectos
Silvana Ginocchio 21 proyectos
Silvia Lospennato 18 proyectos
Soledad Carrizo    16 proyectos
Susana Landriscini      16 proyectos
Alberto Asseff       15 proyectos
Graciela Ocaña     15 proyectos
Marcela Passo      15 proyectos
Ricardo López Murphy         14 proyectos
Carlos Ybrhain Ponce  14 proyectos
Carlos Raúl Zapata      13 proyectos
Graciela Camaño         12 proyectos
Enrique Estévez    12 proyectos
Florencia Klipauka Lewtak   12 proyectos
María Victoria Tejeda  12 proyectos
María Sotolano     11 proyectos
Estela Hernández 10 proyectos
Fernando Iglesias 10 proyectos
Hernán Pérez Araujo  10 proyectos
Margarita Stolbizer     10 proyectos
Fuente: Indice de Calidad Legislativa

CAMARA DE SENADORES

Proyectos de ley

Silvina García Larraburu  38 proyectos
Clara Vega      37 proyectos
Lucila Crexell            33 proyectos
Anabel Fernández Sagasti       29 proyectos
Antonio Rodas   27 proyectos
Roberto Basualdo 21 proyectos
Gladys González   19 proyectos
Daniel Bensusán   18 proyectos
Silvia Giacoppo     16 proyectos
Pablo Daniel Blanco    14 proyectos
Sergio Leavy         11 proyectos
Julio César Martínez   10 proyectos
Juan Carlos Romero    10 proyectos
Silvia Sapag          10 proyectos
Fuente: Indice de Calidad Legislativa

Proyectos de Declaración

Antonio Rodas117 proyectos
Víctor Zimmermann   99 proyectos
María Eugenia Duré    60 proyectos
María Inés Pilatti Vergara    60 proyectos
Nora del Valle Giménez        54 proyectos
Sergio Leavy         53 proyectos
Silvina García Larraburu      47 proyectos
Clara Vega            37 proyectos
Ana María Ianni   26 proyectos
Juan Carlos Romero    21 proyectos
Cristina López Valverde        19 proyectos
Daniel Bensusán   18 proyectos
Pablo Daniel Blanco    16 proyectos
Adolfo Rodríguez Saá  14 proyectos
Marcelo Lewandowski 13 proyectos
Beatriz Avila         12 proyectos
Sandra Mendoza   12 proyectos
Stella Maris Olalla       12 proyectos
Julio César Martínez   11 proyectos
Fuente: Indice de Calidad Legislativa

Proyecto de Comunicación

Roberto Basualdo 38 proyectos
Sergio Leavy         23 proyectos
Pablo Daniel Blanco    11 proyectos
Julio César Martínez   8 proyectos
Luis Alfredo Juez 6 proyectos
Ignacio Torres      6 proyectos
Fuente: Indice de Calidad Legislativa

Proyectos de Resolución

Carolina Losada    4 proyectos
Víctor Zimmermann   4 proyectos
Lucila Crexell       3 proyectos
Fuente: Indice de Calidad Legislativa

El oficialismo aprobó que un juez intervenga para que Marcelo D’Alessandro declare ante la Comisión de Juicio Político

Así lo votó el FdT luego de la segunda ausencia del exministro de Justicia y Seguridad porteño. Además, enviaron una nota a la Corte Suprema para que adopte medidas contra Silvio Robles, por mostrarse reticente en su testimonio.

Fracasó la intención del oficialismo de lograr nuevos testimonios en la Comisión de Juicio Político de Diputados a tan solo cinco días de las elecciones PASO, dado que no concurrió ninguno de los testigos que habían sido citados para este martes.

En el encuentro, que duró apenas 40 minutos, tampoco se hicieron presentes los legisladores de Juntos por el Cambio, que enviaron una carta a la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, en la que cuestionaron “prácticas irregulares” y calificaron de “maniobra burda” las “citaciones sobre la hora” a los testigos. 

Sin embargo, el Frente de Todos aprobó con su mayoría que un juez intervenga para que el exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, comparezca ante los diputados. 

En el comienzo de la reunión, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, comentó que D’Alessandro “ha informado nuevamente que por motivos personales no puede asistir”. Y, acto seguido, propuso a sus pares oficialistas que “adoptemos la tesitura que hemos adoptado con el resto de los testigos que no han venido, citándolo nuevamente bajo apercibimiento y dándole intervención al juez competente como lo hicimos con el doctor (Aldo) Tonón”.

D’Alessandro había sido convocado el pasado 1ro. de agosto, día en el que concurrió Silvio Robles, el director de la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema. Ambos eran esperados especialmente por los diputados oficialistas, quienes, en el marco de la investigación de la causal “coparticipación”, sostienen la hipótesis de que el fallo que benefició a la Ciudad en su conflicto con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables fue diseñado a partir de connivencia entre funcionarios porteños y del Palacio de Tribunales. Esto, más precisamente, por los chats filtrados del celular de D’Alessandro en el que habría conversaciones con Robles sobre la cuestión. 

Pero este martes tampoco se presentaron Juan Ignacio Mahiques, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil y Contravencional de la Ciudad; Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad; y Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema. Estos dos últimos fueron citados en una ampliación que se conoció recién este lunes, es decir, 24 horas antes de la reunión, motivo por el cual la oposición -en su nota dirigida a Moreau- criticó que “esta modalidad irregular adoptada por la presidencia de la Comisión de Juicio Político es inadmisible, y compromete el trabajo de los restantes miembros de la comisión, especialmente de aquellos que no integran el bloque del oficialismo”.

 

3155-D-2023

En tanto, sobre Mahiques, el diputado Rodolfo Tailahde pidió “no dejar sin efecto la citación”, pero llamar a la comisión a otro, al que es fiscal federal de la Ciudad. “La persona que festejó su cumpleaños (en el hotel Four Seasons), al que habrían llegado juntos Robles y D’Alessandro, no sería Ignacio sino Juan Bautista”, dijo.

Por otra parte, en relación a la presentación de Robles la semana pasada, Gaillard sometió a votación el envío de una nota a la Corte pidiéndole que “adopte alguna medida teniendo en cuenta la reticencia automática y permanente a cada una de las preguntas” por parte del vocero de Rosatti. 

En el escrito, puntualmente se le pide al máximo tribunal que “evalúe iniciar en uso de sus facultades de superintendencia acciones sumariales al señor Silvio Robles, atento su conducta como testigo reticente en virtud de la arbitraria invocación del artículo 18 de la Constitución Nacional, así como del artículo 8, inciso b, del reglamento para la Justicia”. 

Mientras que “en lo que respecta a las causas judiciales a las que ha invocado para prestar declaración testimonial para abstenerse de contestar las preguntas”, reclamaron que se “informe en el plazo de 10 días improrrogables” a la comisión, si la Corte “conoce la existencia de las mismas y, en tal caso, si sustanció sumario administrativo o adoptó en su caso acciones disciplinarias en relación al funcionario”. Tailhade pidió que la nota no solo sea girada a Rosatti, como presidente de la Corte, sino al resto de los jueces –Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti-.

Carolina Gaillard, presidenta de la comisión

Quien no dejó pasar la ausencia de la oposición fue el diputado Leopoldo Moreau, que resaltó que “el avance del juicio político no solamente ha ido demostrando y confirmando la existencia de gravísimas anomalías en el funcionamiento de la Corte, sino que nos ha ido llevando a correr el velo de una situación que es muy grave desde el punto de vista institucional. Estamos frente a la cabeza de un Poder Judicial que se ha manejado con intrigas, arbitrariedades, fallos contra derecho, fallos facciosos, dictados en particular a favor de una fuerza política”. 

Para el oficialista, el faltazo de Juntos por el Cambio fue porque “en la reunión anterior se tocó un nervio sensible” con “la convocatoria a Silvio Robles”. “Esta es la reacción”, lanzó, y se quejó que aunque Robles “ocultó la verdad” ha habido “un claro intento mediático de victimizar al testigo” cuando “en todo caso la que fue maltratada fue la comisión”. 

Pero también denunció que “la nueva mayoría de la Corte” está realizando “un despliegue muy amplio que está pretendiendo blindar a un sector del Poder Judicial”. “Está intimidando a algunos senadores de la Nación para que no presten quórum para pliegos que surgen de concursos”, advirtió sobre los acuerdos que se encuentran trabados en la Cámara alta y señaló que éstos nombramientos “perjudicarían en el Consejo de la Magistratura la correlación de fuerzas en favor de una lista de los magistrados. No es que impugnan la idoneidad”. 

“Hay una tarea de grupos económicos y medios hegemónicos de intimidación, los están intimidando a los senadores de la Nación”, agregó. 

Finalmente, el radical K consideró que “lo que está sucediendo hoy confirma que estamos en el buen camino, en el buen camino de garantizarles a todos los argentinos una Corte imparcial, transparente y que sea capaz de representar lo que debe representar”. 

Por último, se sometió a votación que la comisión remita a la justicia federal el informe preliminar sobre las irregularidades en la obra social del Poder Judicial de la Nación, de modo que conste como presentación en las tres causas judiciales que se tramitan sobre este tema. 

Pese al receso, ambas cámaras abrieron los recintos y tuvieron actividad en las comisiones en julio

Las más activas fueron las de la Cámara baja. En el Senado, la única sesión fue en minoría por no haber podido reunir el quórum el oficialismo. Allí trabajaron solo tres comisiones.

El mes de julio suele tener una actividad menguada, pues durante su transcurso se produce el receso de invierno. Si a esto se le suma el hecho de que este es un año electoral y de actividad menguada por múltiples razones, habrá que reconocer bastante fue la actividad que se registró en el Congreso en el sexto mes del año.

Fundamentalmente en Diputados, donde ocho comisiones se mantuvieron activas y hasta hubo una sesión. En el Senado, se mantuvo la constante de una actividad baja, pero al menos se intentó sesionar y hubo varias reuniones de comisión.

Habrá que reconocer no obstante que esa actividad relativa tuvo mucho que ver con el objetivo principal de estos días del oficialismo en esa Cámara: sacar los pliegos de 75 jueces, incluido -sobre todo- el de la jueza Ana María Figueroa. Por eso intentaron convocar a una sesión el miércoles 12, pero el oficialismo no pudo reunir quórum: estuvieron todos los del Frente de Todos, más los aliados Magdalena Solari Quintana y Clara Vega. También la puntana María Eugenia Catalfamo, pero no pudieron pasar el número de 34.

Además de los pliegos judiciales estaba previsto tratar la autorización de entrada y salida de tropas, y los proyectos de muerte perinatal y pubertad precoz, entre otros.

El día previo hubo un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, con la visita de Ricardo Casal, secretario de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía; Juan Carlos Otero, presidente de la Unidad de Información Financiera; y Martín Breinlinger, director de la Comisión Nacional de Valores, para iniciar el tratamiento del proyecto que modifica el Código Penal respecto de la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que cuenta con media sanción de Diputados desde el mes de abril.

Juan Carlos Otero, titular de la UIF, durante el inicio del tratamiento del proyecto sobre lavado de activos en el Senado.

También se conformó ese día la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, y analizaron diferentes iniciativas relacionadas a tarifas, subsidios y consumo eléctrico para zonas cálidas.

Por falta de quórum se suspendieron varias reuniones de comisión, como la de Asuntos Constitucionales, que no pudo constituirse. Tampoco pudo tratarse en la Comisión Banca de la Mujer el proyecto sobre violencia digital contra las mujeres.

La actividad en Diputados

Como dijimos, la Cámara baja tuvo su sesión. Fue el 6 de julio, y se trataron temas como créditos UVA; la modificación de la ley de violencia digital, el Régimen de Promoción de la Producción y/o Elaboración de Productos Orgánicos; un plan de refinanciación de deudas a cargo de provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos, respecto al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA); acompañamiento terapéutico y hasta la anulación de la fe de vida, entre otros temas.

En cuanto a las comisiones, la más activa esta vez fue la de Presupuesto y Hacienda, convocada en tres oportunidades a lo largo de la primera quincena del mes. Tuvo dos plenarios con la Comisión de Energía, para iniciar el debate del proyecto del Poder Ejecutivo que crea un Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL) en nuestro país. Fueron dos informativas de las que tomaron parte el presidente de YPF, Pablo González, y la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón.

Flavia Royon al exponer en Diputados sobre el Régimen de GNL.

La tercera reunión que mantuvo la comisión que preside Carlos Heller, fue para completar el tratamiento del proyecto sobre calidad y seguridad de la atención sanitaria, denominada “Ley Nicolás”. Emitieron dictamen y ese tema está listo para llegar al recinto.

Como la de Energía, también dos reuniones tuvo este mes de julio la Comisión de Legislación del Trabajo que preside Vanesa Siley. Las dos fueron el 4 de julio, fecha en la que realizó una reunión informativa en la que representantes de empresas privatizadas reclamaron por haber sido marginados de los Programas de Propiedad Participada.

Ese mismo día, a continuación, Legislación del Trabajo realizó la segunda reunión informativa sobre las licencias parentales, esta vez junto con la Comisión de Mujeres y Diversidad, la comisión que encabeza Mónica Macha. Recibieron ese día testimonios de representantes de las centrales sindicales, la UIA y la Red Nacional de Cooperativas de Cuidados.

El debate de la reforma del sistema de licencias.

También se reunió en julio la Comisión de Población y Desarrollo Humano, para tratar una serie de proyectos de resolución y declaración. Fue el 5 de julio, y ese día también hubo un plenario de las comisiones de Comercio y Defensa del Consumidor, que realizaron otra reunión informativa sobre la problemática de las tarjetas de crédito.

Por último, no podía faltar la Comisión de Juicio Político, que realizó dos reuniones en julio, sobre la causa “coparticipación”. Para el 6 de julio había sido citado el ministro de la Corte Juan Carlos Maqueda, quien no concurrió ni mandó un escrito para hacer su descargo sobre la causa Obra Social del Poder Judicial. Expusieron como testigos ese día Horacio Diez, subprocurador del Tesoro, y Joaquín Alperovich, funcionario de la Corte. Cinco días después volvió a reunirse la comisión para recibir el testimonio de Silvina Batakis, y representantes de las provincias.

Silvina Batakis expuso en la Comisión de Juicio Político.

Otra comisión que se reunió en julio fue la Bicameral del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para la presentación de la reglamentación de la Ley Lucio. Estuvieron justamente los abuelos de Lucio Dupuy, y también el titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Gabriel Lerner.

Comisiones que se reunieron a lo largo del año en Diputados

Juicio Político: 18 veces

Presupuesto: 9 veces

Comercio: 7 veces

Mujeres y Diversidad: 4 veces

Finanzas: 3 veces

Legislación General: 3 veces

Agricultura y Ganadería: 3 veces

Legislación del Trabajo: 3 veces

Industria: 2 veces

Legislación Penal: 2 veces

Ciencia y Tecnología: 2 veces

Economía y Desarrollo Regional: 2 veces

Defensa del Consumidor: 2 veces

Intereses Marítimos: 2 veces

Cultura: 2 veces

Comisión de Energía: 2 veces

Recursos Naturales: 1 vez

Previsión y Seguridad Social: 1 vez

Minería: 1 vez

Justicia: 1 vez

Deportes: 1 vez

Defensa: 1 vez

Transporte: 1 vez

Relaciones Exteriores: 1 vez

Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias y Previsionales: 1 vez

Discapacidad: 1 vez

Acción Social y Salud Pública: 1 vez

Libertad de Expresión: 1 vez

Comunicaciones e Informática: 1 vez

Defensa del Consumidor: 1 vez

Población y Desarrollo Humano: 1 vez

Comisiones que se reunieron a lo largo del año en el Senado

Presupuesto: 4 veces

Acuerdos: 2 veces

Salud: 2 veces

Deportes: 1 vez

Trabajo y Previsión Social: 1 vez

Población y Desarrollo Humano: 1 vez

Ambiente y Desarrollo Sustentable: 1 vez

Justicia y Asuntos Penales: 2 veces

Ciencia y Tecnología: 1 vez

Minería, Energía y Combustibles: 1 vez

Cecilia Moreau recordó su primer aniversario al frente de la Cámara

La titular de Diputados resaltó lo alcanzado en el lapso que lleva en el cargo.

“Hace un año, el 2 de agosto de 2022, me tocó asumir la enorme responsabilidad de presidir la Cámara de Diputados de la Nación”, recordó la presidenta del Cuerpo, Cecilia Moreau, al recordar los logros alcanzados en estos doce meses.

En ese sentido, la titular de Diputados dijo que “en este tiempo logramos aprobar iniciativas que representan avances importantes para mejorar la vida de los argentinos y las argentinas. Y eso fue posible gracias al trabajo conjunto de cientos de personas, entre legisladores y trabajadores de la Cámara”.

Y concluyó: “Vamos a seguir por este camino, trabajando para tender puentes y buscar los consensos que hagan falta porque estamos convencidos de que las mejores políticas, las más sólidas y efectivas son, justamente, las que mayor legitimidad social y política tienen”.

Reforma jujeña: buscan crear una comisión investigadora

La reunión de Peticiones, Poderes y Reglamento para crear una comisión investigadora sobre la reforma constitucional en Jujuy.

Arrancó en Diputados el debate sobre la actualización de la Ley de Protección de Datos Personales

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo fue defendido por la directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz Anchorena. Desde la oposición consideraron que la iniciativa debe aprobarse por la nueva composición parlamentaria.

Un plenario de las comisiones de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados arrancó este miércoles con el debate del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, el pasado 30 de junio, para actualizar la Ley de Protección de Datos Personales. 

En la reunión, que duró dos horas, expuso la directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz Anchorena, quien remarcó que “es importante actualizar la ley; pensemos en el celular que teníamos en el año 2000 y el celular que tenemos hoy. A más de 20 años el contexto nos marca la necesidad de adecuar y robustecer nuestra normativa”. 

En ese sentido, mencionó a Internet, las redes sociales y el Big Data que “han crecido de una manera exponencial”. “Los datos personales son recolectados, almacenados y procesados por diferentes actores, con diversas finalidades y en distintos lugares del mundo”, expresó la funcionaria y sumó que “tenemos un procesamiento masivo de datos y un avance de la inteligencia artificial”. 

“Hoy los datos son un activo, en muchos casos el insumo principal de muchos procesos productivos”, señaló y agregó que “los datos sensibles requieren una protección mayor”. 

Al referirse a la iniciativa, dijo que se busca “compatibilizar la innovación tecnológica, el desarrollo económico y la garantía de los derechos humanos”, además de que se cambia el paradigma del “derecho de proteger el dato” para pasar al “derecho de las personas a proteger sus datos personales y a la autodeterminación informativa”. 

Anchorena precisó que, en la región, Brasil y Ecuador tienen “las leyes más recientes y avanzadas”, mientras que en Chile hay una iniciativa con media sanción, y en Costa Rica y Paraguay hay proyectos en marcha.  “Uruguay tiene una ley de 2008 que la actualizan permanentemente. Perú, Colombia y México tienen leyes razonablemente actuales. Y Guatemala y Bolivia recién están empezando a discutir sus proyectos”, detalló. 

“Argentina fue el primer país en tener una Ley de Protección de Datos Personales en el año 2000 y es considerada pionera”, destacó la directora de la AAIP, y enfatizó que “este proyecto no nace de un repollo, sino de una trayectoria de Argentina (en la materia) y de una trayectoria que es muy respetada en la región”. 

Yendo a la iniciativa, la funcionaria explicó que “el proyecto brinda un marco para el desarrollo de instrumentos concretos que fortalezcan la capacidad regulatoria por parte del Estado” y está basado en “tres pilares” que son “el derecho humano a la protección de los datos personales y la autodeterminación informativa; la innovación tecnológica -basada en principios éticos- que promueva un desarrollo económico inclusivo; y la construcción de confianza a través de reglas de juego claras”. 

Además, está redactado en “un lenguaje técnicamente neutro, que permite pensar en una ley que no nos quede vieja a los dos años” y “está centrada en las personas”. “Concilia el derecho a la protección de los datos personales, a la libertad de expresión e información y al proceso de Memoria, Verdad y Justicia frente a crímenes de lesa humanidad”, enumeró en su exposición. 

Al repasar algunos puntos centrales, se refirió a la aplicación extraterritorial, que es “un eje clave que la ley vigente no lo contempla”. “Esto nos permite fiscalizar el tratamiento de datos de la ciudadanía argentina realizado por empresas transnacionales”, señaló y apuntó que “es la respuesta que han encontrado la mayoría de los Estados para abordar la globalización del tratamiento de los datos. Esto refuerza la soberanía nacional”. 

Sobre los principios nuevos que se incorporan, habló de neutralidad tecnológica, responsabilidad proactiva y demostrada y el de preeminencia, que establece que “ante dudas interpretativas en la aplicación de la ley, va a prevalecer la interpretación más favorable a la persona titular de los datos”. “Esto refuerza una mirada de garantizar derechos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad”, resaltó. 

También ponderó cuestiones relativas a las transferencias internacionales de datos; la incorporación del tratamiento de datos de niños, niñas y adolescentes; los nuevos derechos oposición, decisiones automatizadas y elaboración de perfiles, revisión humana, portabilidad y limitación; y las  obligaciones de los responsables y encargados del tratamiento de datos. “Cuando el responsable no tiene domicilio en Argentina, nosotros estamos proponiendo que tenga un representante”, indicó. 

En otro tramo, Anchorena se refirió a los cambios en las multas, que hoy van de 1.000 a 100.000 pesos. Se establecerán “unidades móviles que irán desde 5 hasta un millón, actualizables con el IPC, con un monto inicial de 10 mil pesos cada UM”; además de “un monto de 2% a 4% de facturación total anual global del ejercicio financiero anterior” para quienes violen la ley. 

La directora de la AAIP remarcó que este proyecto nació de un proceso que comenzó hace un año atrás, con 11 mesas de diálogo integradas por distintos actores y contó: “En agosto del año pasado se presentó el anteproyecto y luego se abrió el proceso de consulta pública” donde “se recibieron 173 aportes y consultas” de diferentes sectores públicos y privados. 

“El proyecto original tenía 76 artículos y 43 fueron mejorados y pulidos”, valoró y sostuvo que “este proyecto de ley es producto del debate de ideas sobre las necesidades y la realidad argentina, incorpora estándares internacionales, pero tiene una mirada situada y soberana”. “La protección de datos personales es transversal a todos los campos de la política pública y a todos los sectores productivos; es la base para desplegar otras políticas públicas”, subrayó y cerró: “Si queremos tener un proyecto de regulación de inteligencia artificial, tenemos que modernizar nuestra Ley de Protección de Datos Personales”. 

Cuestionamientos desde la oposición a la gestión de la AAIP

Al tomar la palabra para las consultas, la diputada Karina Banfi (UCR) arrancó recordándole a la funcionaria que ella, junto a su par Dolores Martínez y organizaciones civiles, impugnó su designación. “Creo que ha aprendido, creo que tiene que aprender más”, lanzó y consideró que la AAIP “es un organismo pilar que hemos podido sostener como una política de Estado, más allá de los gobiernos que van sucediendo”, por lo cual “debemos poner al frente de los organismos gente que cumpla los requisitos como lo dice y lo impone la propia ley”. 

“Estamos convencidos que es necesaria una actualización de esta ley y principalmente poder tener una ley adecuada a la dinámica que tiene la información y la circulación de datos en el mundo”, afirmó sobre el tema de protección de datos, pero pidió que “ haya un extensivo cronograma de audiencias públicas” con invitados para iniciar el debate, pero “concluirlo con la composición que viene”. 

Al resaltar que sobre el tema solo hay “tres proyectos” de legisladores, la radical opinó que si se avanzara rápido “vamos a estar votando algo que es muy importante para la ciudadanía sin entender qué es lo que se va a votar”. 

Por otra parte, Banfi cuestionó la pasividad de la AAIP a la hora de sancionar a los organismos del Estado que incumplen con la Ley de Acceso a la Información Pública, tema en el cual es especialista. “Veo una proliferación de empresas cuestionadas, sobre todo las de telefonía, por incumplir con la Ley de Protección de Datos Personales, pero no veo ninguna repartición del Estado multada, y hemos tenido casos, por ejemplo, el Renaper y el Senado de la Nación”, señaló. 

 “En la lista de incumplidores del acceso a la información pública hay un crecimiento de las dependencias públicas. El problema es que nos llevan a la Justicia. Yo pregunté por las actividades institucionales de una persona (Fabiola Yáñez) y me dijeron que eran datos personales. Me respondieron a medias. Tuve que ir a la Justicia. Cuando gané en primera instancia, la Secretaría General de la Presidencia apeló, con abogados del Estado. Eso es plata de los argentinos”, expresó. 

En tal sentido, la legisladora de Juntos por el Cambio cuestionó que “la Secretaría General de Presidencia ranquea como incumplidora, pero sin embargo se la premia con la Dirección Nacional Electoral, ¿cómo vamos a tener seguridad de que cumplirá con la protección de datos de los electores?”.

 Luego, yendo puntualmente al proyecto del Gobierno sobre protección de datos personales, Banfi explicó: “Nada es gratis, por eso las redes sociales nos piden nuestros datos personales para poder usarlas. No es lo mismo entregar datos a una empresa controlada por el Estado, que entregarlos a una empresa que es del Estado como Tik-Tok. Nos pasó esto con las vacunas. Ni China ni Rusia nos respondieron, en cambio AstraZeneca y Pfizer tuvieron que hacerlo. Hay que ver bien cuál es la protección de datos, hay que advertir cómo el Estado -sea China, o Rusia o nuestro país- viola la Ley de Protección de Datos”.

 “¿Saben por qué José Vitobello (secretario General de la Presidencia) aportó la información sobre la primera dama? Porque la Justicia le dijo que la multa tenía que pagarla de su bolsillo. Hoy hay un ¡viva la pepa! No se sanciona a las dependencias del Estado que violan la Ley de Acceso a la Información Pública”, insistió. 

A su turno, la diputada Dolores Martínez (Evolución Radical) aseguró que este “es un proyecto que esperábamos hace mucho tiempo tratar” porque “todos coincidimos en la necesidad de reformar la ley”. Sin embargo, pidió “contextualizar” la situación y, en tal sentido, cuestionó qué es lo que se está haciendo con “las filtraciones de datos” ya que “es exponencial como han aumentado los casos y yo creo que no tenemos respuestas por parte del Estado”. 

“¿Cómo cree que esta ley va a responder frente a la vulnerabilidad total en la cual se encuentra la administración pública?”, consultó a la funcionaria y apuntó que “no solamente es el cómo, sino con qué. Porque vamos a necesitar cientos de ingenieros electrónicos, a lo que hoy en Argentina no los podemos atraer ni tampoco retener”. 

Para la porteña, este “es un proyecto no sólo urgente, sino trascendente, una política de Estado” y como tal “amerita el trabajo basado en los consensos”. Pero observó que “es muy difícil tratar esta ley” con un recambio legislativo próximo y además con las “situaciones tensas que vivimos” en el Congreso, al remarcar las diferencias entre oficialismo y oposición. 

“No es mala predisposición, pero quiero que entienda que no es el mejor tema para tratar en este contexto”, aclaró, y solicitó que en caso de hacerlo “sea con la máxima responsabilidad”. 

En alusión a los datos de niñas, niños y adolescentes, la diputada Carla Carrizo (Evolución Radical) dijo que “la actual ley no los menciona” cuando hoy “son los que más los usan, los más vulnerables y los menos protegidos”. “No nos conforma un solo artículo”, señaló y anticipó que buscarán dar “un debate específico” sobre este punto, al considerar que “la autoridad de aplicación de todo lo que es la protección de privacidad de niñas, niños y adolescentes sea la Defensoría” y no la AAIP. 

En el cierre, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Pérez Araujo (FdT) informó: “Seguiremos en las próximas semanas con este tratamiento. Les solicitamos a las bancadas que nos hagan saber a quiénes proponen como expositores. No tenemos ningún apuro en el tratamiento. Sabedores de que se viene un recambio en la cámara, veremos si la oportunidad, el mérito y la conveniencia nos permiten que esto sea tratado este año o en ejercicios venideros”.

Comienza en Diputados el debate sobre protección de datos personales

Se trata de un proyecto del Poder Ejecutivo que tiene por objeto garantizar el ejercicio del derecho fundamental de las personas a la protección de sus datos personales y privacidad.

Presentado el último día del mes de junio con las firmas del presidente Alberto Fernández y su jefe de Gabinete Agustín Rossi, arranca este miércoles 2 de agosto el debate sobre el proyecto de modificación de la Ley de Protección de Datos Personales.

Será a partir de las 11, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, que tendrá lugar en el segundo piso del Anexo C de la Cámara baja. Para tal fin ha sido invitada la directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP)n organismo autárquico en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros con rango y jerarquía de secretaría, Beatriz Anchorena.

Precisamente en esa área se venía trabajando desde hace tiempo en el proyecto que finalmente envió el Ejecutivo al Congreso. El anteproyecto fue presentado el 30 de agosto del año pasado en el Centro Cultural Kirchner. Según se informó oportunamente, a lo largo de este proceso se recibieron 173 opiniones, aportes y comentarios presentados por 123 participantes correspondientes a la ciudadanía en general, organizaciones de la sociedad civil, universidades e investigadores, sector privado y sector público nacional e internacional.

Como resultado de este proceso de debate, se presentó el proyecto de ley de Protección de Datos Personales que busca garantizar el ejercicio del derecho fundamental de las personas humanas a la protección de sus datos personales y su privacidad, que entre otras cosas crea el Registro nacional para la protección de los datos personales, como así también un Consejo Federal para la Transparencia y Protección de Datos Personales.

De los 76 artículos que integraron la propuesta de anteproyecto de actualización normativa, 43 artículos fueron revisados y modificados a partir de los aportes y comentarios recibidos. Asimismo, se incorporaron cinco artículos que fueron propuestos en el marco de la consulta pública y el intercambio pormenorizado con diversos organismos públicos, por lo que el proyecto final cuenta con un total de 83 artículos.

En cuanto a sus disposiciones normativas, el proyecto de ley presentado define en su Capítulo 1 las Disposiciones Generales, donde se incluye el objeto de la ley (artículo 1º) y una serie de definiciones (artículo 2°) que amplían el universo conceptual de la vigente Ley N° 25.326 y su modificatoria. En los artículos 3° y 4° se establecen el ámbito de aplicación material y territorial, respectivamente. Aquí se incorpora el principio de extraterritorialidad que establece que la normativa se aplicará en distintos supuestos, aun cuando los responsables de tratamiento de datos no se encuentren en territorio nacional.

En el Capítulo 2 del proyecto se instituyen los principios que se deben respetar para el adecuado tratamiento de los datos personales. Se enumeran el principio de licitud, lealtad y transparencia y los principios de finalidad; de minimización de datos; el de exactitud; de preeminencia; de responsabilidad proactiva y demostrada y el de seguridad de los datos personales.

Asimismo, se determinan las bases legales para el tratamiento de datos, en el artículo 13, lo que implica un cambio de paradigma en relación con lo establecido por la ley vigente. En este punto, se presentan supuestos que legitiman y dan base al tratamiento de datos personales y se abandona la lógica de la ley vigente basada en la prohibición de tratamiento -en caso de no contar con el consentimiento del titular- y en el establecimiento de excepciones. Además, a lo largo de este apartado se determinan las características del consentimiento, el tratamiento de datos sensibles, el tratamiento de datos en el sector público y la protección especial de datos personales en el caso de niñas, niños y adolescentes.

El Capítulo 4 de la propuesta incluye los derechos de los titulares de los datos comprendiendo, entre otros, el derecho a saber si se están  tratando sus datos personales, figurando allí el derecho de acceso, el derecho de rectificación, el derecho de oposición y el derecho de supresión. El proyecto, además, incorpora el derecho a limitación y el derecho sobre las decisiones automatizadas y la elaboración de perfiles.

El Capítulo 5 prevé las obligaciones del responsable y encargado de tratamiento; allí se establecen las medidas para el cumplimiento de la responsabilidad proactiva y se incorporan la figura del Delegado de Protección de Datos (artículo 44), la evaluación de impacto relativa a la protección de datos (artículo 41) y los mecanismos de regulación vinculantes (artículo 48).

Asimismo, en el artículo 47 se crea el Registro Nacional para la Protección de los Datos Personales.

El Capítulo 6 regula en particular la protección de datos de información crediticia y hace referencia a las consideraciones que se deben tener en cuenta para desarrollar de manera adecuada el tratamiento, en particular con relación al plazo de conservación y el deber de comunicar, sin perjuicio de las restantes obligaciones impuestas por la ley.

En relación con las multas, el proyecto incorpora una unidad móvil sujeta a la variación del Índice de Precios al Consumidor y eleva los montos sustantivamente. En este sentido, es importante resaltar que la Ley Nº 25.326, sancionada en el año 2000, en su artículo 31 contiene multas de $1000 a $100.000, montos que no se han actualizado a pesar de que han transcurrido más de 20 años.

El Capítulo 9 del proyecto regula específicamente la acción judicial de habeas data. La mayor innovación consiste en la ampliación de la legitimación activa para acciones colectivas.

0012-PE-2023

El Senado y Diputados realizaron solamente cinco sesiones para aprobar proyectos en el primer semestre

El 2023 se encamina a ser uno de los años con menos reuniones en el recinto. El jefe de Gabinete se presentó en tres oportunidades. La Cámara alta fracasó en dos convocatorias. Con las elecciones presidenciales por delante se hace difícil pensar que vaya a superarse el nivel de actividad registrado hasta ahora.

recinto vacio camara de diputdos

Por Melisa Jofré

Bajísima actividad dentro del recinto registraron ambas cámaras del Congreso en lo que va de 2023. A lo largo de este primer semestre, sin dudas, los peores números se los llevó el Senado, donde se realizó una sola reunión para tratar proyectos, un número casi imposible de igualar en comparación con períodos anteriores. Por su parte, la Cámara de Diputados debatió y aprobó iniciativas en cuatro ocasiones. Es decir, en total hubo cinco sesiones en las que se votaron leyes o medias sanciones

En lo que respecta a la Cámara alta, presidida por Cristina Kirchner, el peor golpe para el oficialismo lo representó el hecho de haber perdido la mayoría -como interbloque- con la salida de cuatro miembros. Desde ese momento, se quedó sin la posibilidad de alcanzar el quórum solo con sus aliados fieles y manejar el temario. Por eso, la primera etapa del año estuvo atravesada por acusaciones cruzadas con la oposición y se le hizo bastante cuesta arriba al Frente de Todos imponer su agenda, tal como estaba acostumbrado. 

En el caso de Diputados, Juntos por el Cambio arrancó el año con la negativa de dar quórum mientras permaneciera el proceso de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, lo único que, desde que arrancó en enero, el oficialismo mantuvo en plena actividad. Sin embargo, las negociaciones resultaron un poco más fructíferas y se fueron encontrando temarios acordados que permitieron, al menos, concretar un par de reuniones más. Además, en el caso de la Cámara baja, las comisiones tuvieron un ritmo importante, al contrario del Senado, donde recién se pusieron en marcha -y con poca frecuencia- en mayo. 

Comparación con años presidenciales anteriores

Se sabe que en años de elecciones, mucho más presidenciales, la tarea parlamentaria merma. A esa situación se suma la paridad de fuerzas que se presenta en ambas cámaras, lo que hace muy complicado poner a funcionar el recinto sin consensos y acuerdos, algo costoso a medida que se incrementa la pelea electoral. En ese sentido es que se hace difícil pensar que vaya a superarse el nivel de actividad registrado hasta ahora en la segunda parte de 2023

Pero además de que los comicios nacionales marcarán el segundo semestre, los primeros meses del año estuvieron también atravesados por elecciones en varias provincias, pues la mayoría desdobló. Y tuvieron como protagonistas a numerosos legisladores. Otro motivo de lo engorroso que resultó hacer coincidir las fechas para que pudieran estar en sus bancas. 

Más allá de las razones que se podrían alegar, en comparación con el año pasado, a esta altura en 2022 ya se habían desarrollado 11 sesiones entre la Cámara de Diputados y el Senado, cinco en el primer caso y seis, en el segundo (contabilizando una sesión informativa). 

Pero vayamos a los últimos años con elecciones presidenciales, y siempre en referencia al primer semestre: entre extraordinarias, ordinarias, especiales e informativas, en 2019 el Senado registró 4 y Diputados 5; en 2015, el Senado marcó 4, misma cantidad que la Cámara baja; mientras que en 2011 los senadores sesionaron 7 veces y los diputados 4. 

Incluso en 2020, cuando irrumpió la pandemia y a partir de mayo de ese año el Congreso implementó por primera vez en su historia el trabajo telemático, la Cámara de Diputados realizó hasta junio -inclusive- 5 sesiones y el Senado 10. 

Un Senado con el oficialismo golpeado 

Con la flamante conformación del bloque Unidad Federal, se realizó el 23 de febrero la sesión preparatoria de todos los años en el Senado, que duró alrededor de 20 minutos y durante la cual se ratificaron a las autoridades del cuerpo. Pese a los 28 temas que el Poder Ejecutivo había trazado para las extraordinarias, la Cámara alta no trató ninguno durante el verano. 

Luego de varios idas y vueltas por distintos pedidos realizados en la previa, el 30 de marzo el Senado inició una sesión con la presencia de 70 senadores y un amplio temario a tratar. Pero, una hora después de iniciada, la reunión se cayó cuando la oposición comenzó a retirarse de sus bancas. Fue la primera demostración de fuerza que tuvieron Juntos por el Cambio y Unidad Federal ante el oficialismo. A propósito de las diferencias en los proyectos a tratar que habían solicitado desde cada espacio, el radical Alfredo Cornejo pidió que solo se debatieran un conjunto de pliegos y la Ley Lucio, postergando el resto del temario, donde estaba la Ley de Alcohol Cero, para 15 días después. Desde el Frente de Todos, el jefe del interbloque, José Mayans, respondió que ellos mantendrían su convocatoria y para cambiar el orden había que votarlo con los dos tercios. La discusión devino en un desmadre ante los ojos de invitados en los palcos y la sesión se frustró. 

La deliberación de JxC sobre si irse del recinto el 30 de marzo pasado

Finalmente, oficialismo y oposición alcanzaron un acuerdo para abrir el recinto el 13 de abril, en lo que fue la primera sesión para tratar temas en cinco meses -pues no se sesionaba desde el 16 de noviembre de 2022- y la que representaría la única para aprobar proyectos en lo que fue, como decimos, el primer semestre de este año. 

Ese día se aprobaron pliegos judiciales para Santa Fe y Córdoba -las únicas provincias que la oposición quiso incluir-; se sancionaron las leyes de Alcohol Cero, Fortalecimiento de la Justicia Federal de Santa Fe, Promoción y Desarrollo de la Enfermería, reconocimiento de la Lengua de Señas en todo el país, ampliación y jerarquización del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, modificación en la renovación del Certificado Único de Discapacidad y la Ley Lucio. Además, se devolvió con cambios a Diputados un proyecto sobre exención en Ganancias en concepto de guardias para personal de la salud y se dio media sanción a la iniciativa para eliminar el trámite de fe de vida para jubilados y pensionados. Este día también fue el retorno de la vicepresidenta Cristina Kirchner al recinto, donde no presidía una sesión desde el 1ro. de septiembre de 2022, cuando sufrió el intento de magnicidio en la puerta de su departamento en Recoleta. 

Si se contabiliza la visita del 11 de mayo del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, se puede decir que el Senado tuvo dos sesiones en los primeros seis meses del año. El santafesino dio su informe de gestión en la Cámara alta pocas horas después del fallo de la Corte Suprema que había suspendido las elecciones en Tucumán y San Juan. Previsiblemente se refirió a ello y, además, cargó contra el Poder Judicial. “A 40 años del funcionamiento de la democracia, de las peores instituciones que funcionan está la Justicia. Es un poder que no funciona”, expresó y sumó que se dio la “aparición del partido judicial” integrado por “una serie de fiscales y jueces que han cooptado gran parte del funcionamiento del Poder Judicial en Argentina y que actúan como partido, no imparten justicia”. 

Con el particular interés de aprobar 75 pliegos judiciales, entre ellos el de la camarista Ana María Figueroa, el oficialismo convocó a una sesión el 12 de julio. El temario incluía los proyectos con media sanción sobre pubertad precoz, muerte perinatal y entrada y salida de tropas militares. También un proyecto sobre fluoración de la sal para consumo humano y otro que propone la creación del Programa Nacional Libros para Aprender. 

La sesión sin quórum del Senado el 12 de julio

El Frente de Todos esperaba alcanzar el quórum con sus tres habituales aliados, más tres de sus excompañeros de Unidad Federal, pero le fallaron dos a último momento. Uno fue el entrerriano Edgardo Kueider, que mantuvo su negativa a bajar porque el día anterior no se había avanzado en comisiones con el dictamen sobre un tema por el cual viene insistiendo desde antes de abandonar el bloque: la reducción de tarifas eléctricas en todo el país. El otro fue el jujeño Guillermo Snopek, molesto porque no se había podido conformar la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde iba a buscar tratar el proyecto de intervención del Poder Judicial de su provincia, y por una disputa en la interna de Unión por la Patria -donde compite como precandidato- contra la lista de La Cámpora. 

Mientras senadores del oficialismo se expresaban en minoría dentro del recinto, fustigando a la oposición, los integrantes de Juntos por el Cambio daban declaraciones en los pasillos del Palacio. “Ha quedado claro que el Frente de Todos no tuvo quórum. Nosotros como interbloque de Juntos por el Cambio tenemos el objetivo de bloquear algunas designaciones de jueces, en particular de la jueza Figueroa, que hay una pretensión de Cristina Fernández de Kirchner de postergar su estadía en la Cámara (de Casación)”, admitió el jefe de la bancada, Alfredo Cornejo, y se jactó: “Hoy hemos logrado que no se obtenga quórum. Creemos haber tenido un éxito al lograr que no se tenga sesión”. 

El balance en Diputados 

Un día antes de la Asamblea Legislativa para recibir al presidente Alberto Fernández, la Cámara de Diputados realizó una sesión extraordinaria en la que se sancionó el Plan de Pago de Deuda Previsional. Para su aprobación, el oficialismo contó con el apoyo de aliados, bloques federales y la izquierda. También se votó la Ley de Digitalización de Historias Clínicas. 

Un mes después, el 28 de marzo, ya en período ordinario, la Cámara baja sesionó para dar media sanción al proyecto de fortalecimiento de la justicia federal santafesina y al de “Mono-Tech”, un régimen de monotributo especial para contribuyentes que ganan en dólares. Por otra parte, se votó una modificación de la Ley de Sangre Humana y la creación del Parque Nacional Laguna El Palmar, en Chaco. 

Al día siguiente, Agustín Rossi, experimentado conocer del ámbito parlamentario, hizo su debut como jefe de Gabinete. En un discurso muy político, el funcionario reprochó a la oposición no haber sido “más contundente” en el repudio al atentado contra Cristina Kirchner, se refirió a la situación de Rosario -por esas horas en la agenda mediática- y defendió el canje de bonos en dólares por títulos en pesos de los organismos públicos, mediante dos DNU.

El debut de Agustín Rossi en los informes de gestión

Bajo el objetivo de al menos realizar una sesión por mes, planteada desde las autoridades del bloque oficialista, el 19 de abril la Cámara de Diputados sesionó nuevamente. El tema central fue la reforma en la normativa de combate del lavado de activos, una tema que parecía iba a salir con amplio acompañamiento, pero finalmente no sucedió. Pese al rechazo de la mayoría de la oposición, el Frente de Todos con aliados le pudo dar media sanción. 

El temario incluyó, además, la Ley de Contención y Acompañamiento a personas que reciben un diagnóstico de trisonomía 21/síndrome de Down, para su hijo en gestación o recién nacido; la iniciativa sobre creación del programa de pubertad precoz; el proyecto para jerarquizar el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar); la autorización de entrada y salida de tropas militares; un acuerdo internacional y la declaración de monumento nacional de la especie águila harpía. Finalmente se dio sanción al proyecto sobre personal de la salud e impuesto a las Ganancias. 

Marcado por varias elecciones provinciales, mayo no fue un mes con sesiones. El recinto se volvió a abrir el 13 de junio para un nuevo informe de Rossi. De esta manera, hubo dos sesiones informativas que, sumadas a las cuatro donde se debatieron temas, dan un resultado de seis durante la primera parte del año. En esa ocasión, previo al cierre de listas, el jefe de Gabinete pronosticó un panorama alentador para el país en los próximos años y afirmó que ya en 2024 “las reservas van a ser mucho más favorables”. “Descreo de aquellos que dicen que si ganan las elecciones lo que tienen que hacer es una devaluación brusca para duplicar la inflación, duplicar la pobreza, duplicar la indigencia. No va a ser necesario, porque las condiciones estructurales de la economía argentina son claramente favorables para los años siguientes”, dijo. 

Una vez ya confirmadas todas las precandidaturas para las PASO, la Cámara baja volvió a sesionar el 5 de julio. Con Juntos por el Cambio dividido, se dio media sanción a un proyecto para aliviar la situación de los tomadores de créditos UVA. Por otra parte, se aprobó una iniciativa sobre refinanciación de la deuda de las provincias con ENOHSA, otra sobre un régimen de promoción de la producción orgánica, la incorporación de la violencia digital a la Ley 26.485 -inspirada en la “Ley Olimpia” de México-, y un proyecto de profesionalización de los acompañantes terapéuticos. 

El recinto de Diputados en la última sesión

Los diputados también trataron la derogación de una ley centenaria que prohibía el trabajo de mujeres en ciertas actividades, la aprobación de cargos de cónsules y vicecónsules, un acuerdo internacional sobre transporte aéreo, la declaración de Monumento Histórico Nacional al Parque de la Constitución Nacional, y dieron sanción definitiva a la eliminación del trámite de fe de vida. Este último tema ingresó junto a un paquete que se votó sin debate, e incluyó una declaración del 18 de julio como Día de Duelo Nacional, en homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA, entre otros. 

En la última sesión, la oposición logró poner al oficialismo contra las cuerdas en un tema que lleva más de un año sin resolución: la reforma de la Ley de Alquileres. Sabiendo que no contaban con los dos tercios, desde Juntos por el Cambio pidieron incorporar sobre tablas un proyecto de derogación de la Ley 27.551. Luego de resultar rechazado en votación, pidieron entonces convocar a una sesión para tratar “los proyectos y dictámenes con estado parlamentario”. Diez jefes de la oposición firmaron el pedido. La cita quedó programada para el 23 de agosto, después de las PASO.

Prioridades invertidas

Por Manuel Aguirre. El legislador radical correntino compara las actitudes expuestas en materia legislativa por ambas cámaras. Mientras una busca avanzar con alquileres, en la otra se intenta dar luz verde a una jueza.

La política es una actividad que debería estar al servicio del pueblo; sin embargo, en ocasiones parece que los intereses personales de los políticos están por encima de las necesidades colectivas. Y esto es precisamente lo que está sucediendo en estos momentos en el Senado de la Nación.

Mientras que la Cámara de Diputados se prepara para tratar el tema urgente de la ley de alquileres en una sesión programada para el próximo mes, en el Senado se busca otorgar un nuevo acuerdo a la Juez Ana María Figueroa en una clara maniobra para favorecer intereses personales. ¿Dónde quedan las necesidades del pueblo?

Es lamentable que, ante la posibilidad de un cambio en la composición del Senado después de las elecciones, la vicepresidente se apresure a otorgar un acuerdo a una juez que cree que la favorecerá. ¿Acaso la economía en crisis y la proximidad de las elecciones no deberían ser prioridades más importantes?

Es evidente que esta impostura de apariencia veraz queda al descubierto, y que solo se busca resolver casos personales alejándose de las necesidades colectivas. ¿Qué ha pasado con el liderazgo que se sacrificaba por el pueblo?

Los políticos deberían estar al servicio del pueblo, y no al revés. La verdad siempre es mejor que una mentira con apariencia agradable. Solo aceptando la verdad se puede realizar acciones positivas que mejoren la situación. El pueblo tiene que conocer cuáles son las prioridades de las personas que se postulan para representarlos.

El pueblo tiene ahora a la vista cuáles son las prioridades de las personas que se postulan para representarlos. A 40 años de la recuperación de la democracia como forma de gobierno, es lamentable constatar que la política sigue siendo una actividad en la que los intereses personales están por encima de las necesidades colectivas. Es hora de que los políticos recuerden que su deber es servir al pueblo y no a sí mismos.

“El modelo de la oposición piensa las privatizaciones con la excusa de que le permiten ahorrar plata al Estado”

Así lo manifestó la diputada camporista Paula Penacca, al reforzar el debate que el oficialismo puso sobre la mesa en la campaña.

Tras el último discurso de Cristina Kirchner, el oficialismo busca instalar el debate sobre la privatización de empresas del Estado, lo que se tradujo incluso en un proyecto de ley presentado por Máximo Kirchner.

“No hay manera de pensar que una empresa estratégica como Aerolíneas Argentinas vuelva a estar en manos privadas”, expresó este jueves la diputada camporista Paula Penacca.

En ese sentido, apuntó que “el modelo de la oposición es un modelo en el que piensan las privatizaciones con la excusa de que le permiten ahorrar plata al Estado. Pero después concesionan servicios a empresas que les roban al Estado y le roban a la gente, como hizo (Horacio Rodríguez) Lareta en CABA con el servicio de acarreo”.

“El proyecto de ley que presentó el diputado Máximo Kirchner es muy importante. Plantea un resguardo más para proteger a una empresa estratégica para nuestro país como es Aerolíneas Argentinas. Si la oposición quiere volver a privatizar la empresa, ahora tiene que pasar por el Congreso, y se requiere una mayoría agravada”, destacó en declaraciones a FM Nacional Folklórica.

Además, la secretaria parlamentaria de la bancada oficialista defendió que “hoy Aerolíneas Argentinas es una empresa pujante, que crece. Hoy Aerolíneas transporta, desde el momento en el que se estatizó, más del doble de los pasajeros que transportaba en ese momento. Reduce su déficit año a año, y hoy utiliza dinero del Tesoro presupuestado para el año pasado”.  

“Cualquier decisión política que incide tan fuertemente en un modelo país, es importante que se debata en el Congreso. Nosotros ya lo dijimos con la toma de la deuda externa que (Mauricio) Macri hizo entre gallos y medianoche”, agregó.

El Gobierno busca promover por ley el uso racional y eficiente de la energía

La iniciativa enviada a la Cámara baja pretende contribuir a la seguridad energética, a la competitividad de la economía nacional, a la descarbonización y a la transición energética.

El Poder Ejecutivo Nacional envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca declarar de interés nacional el uso racional y eficiente de la energía. El objetivo de la norma es contribuir a la seguridad energética, a la competitividad de la economía nacional, a la descarbonización y a la transición energética.

El proyecto, que lleva las firmas del presidente de la Nación, Alberto Fernández; el jefe de Gabinete y el ministro de Economía -en definitiva la fórmula presidencial: Sergio Massa y Agustín Rossi-, refiere a la optimización de la relación entre la cantidad de energía final demandada y de energía útil en su fin previsto, o medidas que permitan mejorar el rendimiento en la producción, el transporte, la distribución o la transformación de la energía, a través de la reducción de pérdidas de dicha energía.

Estas acciones se implementarán por medio de diversas medidas de gestión, cambios de hábitos de uso de la energía en la comunidad e inversiones en tecnologías más eficientes, sin afectar el confort y la calidad de vida de las y los habitantes. Las mejoras sistémicas generadas a partir de la eficiencia energética impactan directamente en la reducción de costos de la matriz energética, en los incrementos de productividad, en la seguridad energética y en la reducción de gases de efecto invernadero. Es por eso que, inevitablemente, el desarrollo de la eficiencia energética debe incorporarse como un elemento característico del desarrollo económico de un país.

El proyecto de ley nacional de Eficiencia Energética busca crear condiciones institucionales que favorezcan el desarrollo de las políticas de eficiencia energética en todo el país. La necesidad de contar con una ley nacional en esa materia radica en la relevancia que ha tomado para el futuro del sistema energético y la transición energética. “Se requiere un marco de  políticas que abarque la temática de manera integral y potencie con mayor fortaleza sus objetivos e instrumentos para superar una serie de barreras culturales, económicas, técnicas, regulatorias y de información”, plantea el proyecto, que resalta que la energía ahorrada reduce la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, los requerimientos de generación termoeléctrica y la dependencia de mercados internacionales caracterizados por su alta volatilidad. A través de la disminución de los precios locales de la energía se reducen los costos de producción de los bienes y servicios, aumentando la productividad en diversos sectores de la economía y la competitividad del país.

El proyecto de ley nacional de Eficiencia Energética busca crear condiciones institucionales que favorezcan el desarrollo de las políticas de eficiencia energética en todo el país.

 Asimismo, las acciones de eficiencia energética en los hogares aminoran los gastos energéticos de las familias, permitiendo además alcanzar los mismos niveles de confort con un menor consumo energético, incrementándose asimismo las posibilidades de desarrollo de los hogares en situaciones de vulnerabilidad. La potencialidad de implementar acciones de eficiencia energética en cualquier uso y tipo energético plantea la importancia estratégica de estas medidas y se transforma en una herramienta para abordar la asimetría vigente en términos distributivos.

Por otra parte, el uso racional de la energía permite disminuir la contaminación y reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

El proyecto de ley del Poder Ejecutivo tiene por objeto propiciar la utilización racional y eficiente de la energía para contribuir al mejor aprovechamiento de los recursos energéticos del país, al crecimiento económico sostenible, al suministro de energía asequible, a la innovación tecnológica, a la seguridad energética, a la resiliencia de la red eléctrica y otros sistemas de transporte de distribución de energía, a la mejora de la calidad del aire, a la reducción de los impactos climáticos y ambientales y a la equidad social, en todo el territorio nacional.

Cómo lograr la eficiencia energética

Entre los principales mecanismos para llevar adelante la eficiencia energética se destaca la creación de un Sistema Nacional de Etiquetado de Eficiencia Energética; un Sistema Nacional de Información de Eficiencia Energética; un Sistema Consultivo de Participación Multisectorial y un régimen especial de promoción de proyectos de inversión en eficiencia energética. Se destacan también los sistemas de gestión de la energía para que cada industria o empresa pueda tomar las mejores decisiones en la materia; la implementación de medidas de ahorro costo-efectivas en los usuarios y las usuarias de las distribuidoras de energía; la clasificación energética de las viviendas para su comercialización; el desarrollo de contenidos educativos y comunicacionales para lograr mejoras en los hábitos de consumo de la energía y la existencia de estándares de eficiencia en el equipamiento consumidor de energía o con incidencia en su uso.

El proyecto establece un esquema de fomento que permitirá cubrir falas de mercado y traccionar inversiones que sistémicamente poseen un repago virtuoso. Por cada dólar invertido con eficiencia por parte del Estado nacional -destaca la iniciativa-, retornan 4 al circuito de la economía nacional.

El Plan Nacional de Eficiencia Energética (PLANEE) tendrá un primer horizonte temporal al año 2030, debiendo a partir de allí ser evaluado y actualizado cada 4 años, o cuando las condiciones exógenas se aparten significativamente de los escenarios analizados.

En cuanto al Sistema Nacional de Etiquetado de Eficiencia Energética, prevé generar un esquema consolidado respecto a la confección, el diseño y la implementación de etiquetas de eficiencia energética.

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A 13 años de la aprobación del Matrimonio Igualitario

Al cumplirse un nuevo aniversario de que esa norma se convirtió en ley, la titular de la Cámara baja evocó ese hito histórico.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la presidenta de la Cámara de Diputados recordó este sábado la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario, al cumplirse un nuevo aniversario de la misma.

“Con más de 15 horas de debate, con una plaza llena frente al Congreso y con 33 votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones, el 15 de julio de 2010 se aprobó una ley histórica: el Matrimonio Igualitario”, resaltó Cecilia Moreau.

La presidenta de Diputados atribuyó a “la lucha de toda la comunidad LGBTIQ+”, que la Argentina se haya convertido en “el primer país de América Latina en legalizar esta ley, que significó el acceso a derechos como compartir una cobertura de salud conyugal, a la propiedad de los bienes compartidos y a recibir una pensión en caso de fallecimiento de uno de los miembros de la pareja”.

“Esta es una victoria del amor y la igualdad, y nos recuerda que unidos podemos construir un mundo más inclusivo y respetuoso”, concluyó Moreau.

Para Batakis, durante la gestión Macri “hubo exceso de recursos al Gobierno de la Ciudad”

Así lo expresó la titular del Banco Nación durante su presentación ante la Comisión de Juicio Político, en la que se habló de “ocultamiento” de Silvio Robles en una audiencia sobre la coparticipación.

Primera testigo de la jornada, la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, concurrió en función del rol que tuvo como secretaria de las Provincias del Ministerio del Interior, entre el 10 de diciembre de 2019 al 3 de julio de 2022. Recordó que entre las áreas que manejaba se encontraba la que hace a las relaciones fiscales entre el Gobierno nacional y las provincias.

Al responder preguntas del diputado Marcelo Casaretto (FdT), la funcionaria mencionó que “la Ley de Coparticipación es del año 88, y la Ciudad reconoce su autonomía en el año 94, cuando también la Constitución le da carácter constitucional al régimen de coparticipación”.

“En 2016, cuando se transfiere la policía, el Gobierno de la Ciudad no tenía la posibilidad de hacer la liquidación de todos los costos vinculados con esa transferencia. Entonces, durante todo 2016, las liquidaciones de los gastos que eran necesarios las hacía el Gobierno de la Nación. Es decir, por ejemplo, la liquidación de los sueldos de la policía, que representaban el 91% de las erogaciones. Están todos los documentos donde el Gobierno de la Ciudad le devolvía esos recursos al Gobierno nacional. Esa devolución, para compensar, ascienden aproximadamente en 8 mil millones de pesos”, explicó.

Sobre la modificación en el porcentaje de coparticipación de la Ciudad que se realizó durante el gobierno de Mauricio Macri, la economista apuntó que “cuando se hace la modificación del decreto original de 2003 (que establecía un 1,4%) no había ningún fundamento para llevar la coparticipación al primer número de 3,75%”.

“Cuando fuimos a buscar los antecedentes de esos tres decretos de la gestión de Macri no había ningún antecedente, y de hecho el primer decreto no explica los motivos por el cual se aumenta el porcentaje de 1,4% a 3,75%. Tiene que venir un segundo decreto que lo que hace es corregir una omisión de información”, señaló y subrayó que “no hay ningún informe técnico, no hay ningún fundamento que explique por qué se pasa del 1,4% al 3,75%”.

Batakis expresó que “el proceso de transferencia de recursos desde la Nación a la Ciudad es de larga data”. Cuando salió la Ley de Coparticipación en 1988, “en aquel entonces (la Ciudad) era una intendencia y tenía un presupuesto que se erogaba desde el presupuesto nacional”, dijo, y resaltó que “en el 2003 se estableció por decreto el 1,4%” de coparticipación, que era un número que “representaba la totalidad del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires”.

Al recordar el aumento dado en 2016, la funcionaria aseguró que “los gobernadores mostraron mucho enojo en ese momento porque pasar del 1,4% al 3,75% lo que hace es detraer recursos del Gobierno nacional, con los que efectivamente no va a contar para hacer erogaciones en el resto de las provincias”. Por eso, posteriormente se saca un “tercer decreto donde se reduce la coparticipación a 3,5%”, pero que “tampoco tiene un documento donde haya fundamentos técnicos y pruebas para eso”.

“Lo que hizo la gestión de Macri de poner en el índice de coparticipación una transferencia de recursos es generar una nueva desigualdad respecto de las provincias, porque las provincias reciben sus transferencias sin que se especifique para qué gasto son”, enfatizó y destacó que “el régimen de coparticipación federal no fue creado y no tiene como objetivo cubrir transferencias de una misión o función”.

“Esta transferencia claramente es infundada y hubo exceso de recursos al Gobierno de la Ciudad”, afirmó la exministra de Economía y agregó: “La transferencia del Gobierno nacional al Gobierno de la Ciudad excedía el presupuesto propio del Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad”.

En otro tramo, insistió que “cuando el Gobierno nacional ejecuta su presupuesto lo ejecuta en las provincias, y al disponer de menos recursos por una de las fuentes fundamentales que tiene el presupuesto de la Nación, claramente se ven afectadas el resto de las jurisdicciones”.

Sobre las audiencias que mantuvieron las partes por el conflicto judicial, la exsecretaria de las Provincias contó que “se hicieron distintas propuestas para tratar de llegar a un número y una metodología en común” pero “la Ciudad no aceptó ninguna de las propuestas”, argumentando que “no cubrían las expectativas que ellos tenían respecto del 3,5%”.

La presencia de Silvio Robles

Cuando le tocó intervenir al diputado Leopoldo Moreau, se dio una situación curiosa, pues la funcionaria terminó detallando sobre una pizarra cómo habían estado ubicados todos los participantes de la audiencia en el seno de la Corte Suprema en la que se analizó el tema de la coparticipación y de la que ella tomó parte.

Allí ubicó en el plano que dibujó a mano alzada, dónde estaba Silvio Robles, cuya presencia no consta en el acta correspondiente a esa reunión.

A continuación, el diputado Moreau explicó entonces el porqué de su pedido: “El hecho de que haya sido excluido del acta el señor Silvio Robles significa que el acta tiene una severa irregularidad, y la pregunta que hice, que puede haber motivado algún chiste, tiene que ver con el hecho de que en este tema en particular si ha habido una connivencia entre el Gobierno de la Ciudad y la vocalía del señor Rosatti, cuyo jefe de despacho es el señor Silvio Robles. Quien justamente se ufanaba de haber obtenido un despacho que debería ser llamado ‘el fallo Robles’”. Y concluyó diciendo que estaban buscando establecer si “efectivamente pudo haber habido tráfico de influencias o una sentencia negociada. Por eso pedimos precisiones”.

Moreau planteó que “estamos cuestionando este fallo cautelar porque tenemos la sospecha más que fundada de que ha sido negociado y traficado por este fantasma que no aparece en el acta y parece actuar como quinto cortesano”.

Desde la oposición rechazaron que esa presencia de Robles hubiera marcado una irregularidad, por cuanto no se trataba de una audiencia secreta. Moreau insistió en que sí era una irregularidad que no hubiera constado esa presencia, pero luego el diputado Pablo Tonelli insistió en que no veía nada irregular, sino habitual, tratándose de alguien que no participaba de ningún modo de la audiencia.

“¿Cuál es la falsedad ideológica?” de ese acto, planteó la diputada Mariana Stilman, al insistir en que no se trataba de una reunión secreta y tratándose de alguien como Robles que es funcionario judicial.

El tema fue y vino una y otra vez, pues Rodolfo Tailhade habló de un “ocultamiento” deliberado de parte de la Corte respecto de esa audiencia. Y se preguntó por qué se lo había “ocultado”, cosa que podría resolverse “cuando traigamos al doctor Alejandro Rodríguez, que es quien labra estas actas. “Me parece que él va a estar en condiciones de decir por instrucción de quién ocultó a Silvio Robles”, concluyó.

El pago a la Ciudad

Desde la oposición insistieron en preguntarle sobre el cumplimiento del fallo de la Corte en cuanto al  pago por parte del Banco Nación del porcentaje de coparticipación que según el Tribunal le corresponde. En esa instancia se dio una discusión, pues desde el oficialismo enfatizaron que “no se puede cumplir una medida que está recurrida”.

Finalmente Batakis contestó que la entidad que ella preside no fue notificada “porque la Corte entiende que es simplemente un agente financiero”.

La Comisión de Juicio Político recibe una segunda ronda de testigos por la causal “coparticipación”

La reunión se lleva a cabo desde las 13.12 en el Anexo de la Cámara de Diputados. Fueron convocados Silvina Batakis y representantes de provincias, en lugar de gobernadores.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados realiza este martes desde las 13.12 una segunda audiencia con testigos para abordar la causal “coparticipación”, en el proceso que se lleva adelante contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

El encuentro será el último que se realice antes del receso invernal, ya que las audiencias se retomarán el próximo 1ro. de agosto.

La lista original incluía a siete testigos, pero dos de ellos no asistirán en la fecha: Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, y Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema. El primero justificó su inasistencia y pidió reprogramación. A Astarloa se lo había convocado para “tener la postura de ambas partes”, dijo Carolina Gaillard, presidenta de la comisión.

Entre los citados, por el voto del Frente de Todos, se convocó a la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, exsecretaria de las Provincias.

Además, en representación de provincias que alzaron la voz cuando el máximo tribunal falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en la causa coparticipación, estarán Pedro Oscar Goyochea, asesor general de Gobierno de La Rioja; Marcos Denett, fiscal de Estado de Catamarca; Raúl Julio César Abate, fiscal de Estado de Santiago del Estero; y Fernando Pablo Tanarro, fiscal de Estado de Santa Cruz.

La semana pasada, el oficialismo impuso su mayoría para aprobar una extensa ampliación de prueba que, entre otras cosas, solicitó una “huella de voz” de Marcelo D’Alessandro, el exministro de Justicia y Seguridad porteño, de cuyo celular se filtraron conversaciones que habría mantenido con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

La hipótesis del Frente de Todos es que detrás del fallo por el cual la Corte le ordenó a Nación restituir el 2,95% de la coparticipación a CABA, existió una connivencia entre funcionarios del Gobierno porteño y el máximo tribunal.

Batakis y representantes de provincias fueron citados este martes a la Comisión de Juicio Político

La reunión se realizará desde las 13 en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja. Será el segundo encuentro para analizar la causal “coparticipación”.

comision juicio politico 15 junio 2023

Un total de siete testigos fueron citados para este martes, a las 13, a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde la semana pasada se comenzó a indagar sobre la causal “coparticipación” en el proceso que se lleva adelante contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

El encuentro será el último que se realice antes del receso invernal, ya que las audiencias se retomarán el próximo 1ro. de agosto, informó la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard.

La lista de testigos, de los cuales no se descarta que alguno pueda ser reprogramado, incluye a la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, exsecretaria de las Provincias. Precisamente, por ese cargo que tuvo dentro del Ministerio del Interior es que fue convocada.

Además, en representación de provincias que alzaron la voz cuando el máximo tribunal falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en la causa coparticipación, estarán: Pedro Oscar Goyochea, asesor general de Gobierno de La Rioja; Marcos Denett, fiscal de Estado de Catamarca; Raúl Julio César Abate, fiscal de Estado de Santiago del Estero; y Fernando Pablo Tanarro, fiscal de Estado de Santa Cruz.

El listado se completa con Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, y Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema.

Precisamente Astarloa adelantó que no puede concurrir este martes, según pudo saber parlamentario.com. El resto de los convocados están confirmados.

En el último encuentro, el oficialismo impuso su mayoría para aprobar una extensa ampliación de prueba que, entre otras cosas, solicitó una “huella de voz” de Marcelo D’Alessandro, el exministro de Justicia y Seguridad porteño, de cuyo celular se filtraron conversaciones que habría mantenido con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

La hipótesis del Frente de Todos es que detrás del fallo por el cual la Corte le ordenó a Nación restituir el 2,95% de la coparticipación a CABA, existió una connivencia entre funcionarios del Gobierno porteño y el máximo tribunal.

El polémico voto libertario contra el duelo por la AMIA

Las explicaciones brindadas por el bloque de Milei y lo que sucedió a medianoche en la sesión de Diputados.

Ya es una marca registrada que el diputado Javier Milei y su compañera de bancada, Victoria Villarruel, votan todo en contra. Se les suele sumar Carolina Piparo, precandidata a gobernadora bonaerense de La Libertad Avanza, pero con bloque propio en la Cámara. Y esos votos en contra no pueden ser cuestionados, por cuanto no son más que una muestra de lo consecuentes que son de sus ideas. Por ejemplo, en no votar nada que imponga gasto del Estado, así sean proyectos de salud apoyados por todos.

Pero esa postura férrea puede volvérseles en contra, como sucedió en la sesión de esta última semana, cuando Milei y Villarruel aparecieron votando contra un proyecto para declarar como Día de Duelo Nacional al 18 de julio de cada año, en homenaje a las víctimas del atentado terrorista perpetrado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina en el año 1994. Fueron los únicos dos votos en contra que tuvo un paquete de nueve temas sumados promediando la sesión. Fueron votados a favor por 171 diputados y 6 se abstuvieron. Hubo inicialmente un tercer voto en contra, el de Sergio Palazzo, que inmediatamente después consignó que había votado así por error.

Ante las críticas de por ejemplo la AMIA, los diputados libertarios justificaron su postura. Primero lo hizo la precandidata a vicepresidenta, que a través de un tuit publicó la convocatoria a sesionar y el acta elaborada en Labor Parlamentaria, donde esos proyectos no figuraban, y argumentó que “a la medianoche votaron un paquete de ocho proyectos que no estaban en la orden del día, por lo que no habiendo sido analizados decidimos con Javier Milei no votarlos a favor”.

Diría después la diputada que “no se dijeron ni los títulos de los proyectos que se votaron”. El propio Milei, el sábado en diálogo con el periodista Francisco Olivera, por CNN Radio, insistió con esa argumentación: “Cerca de medianoche y en un acuerdo entre el kirchnerismo y Juntos por el Cambio mandan un paquete de ocho leyes todas juntas y se votaban todas juntas. O votabas a favor, en contra o te abstenías”. Y agregó que “nos mandaron los números y no estaban los nombres de los proyectos, además no podés estar analizando un proyecto en cinco minutos. Discúlpenme, pero al kirchnerismo no le voto nada a libro cerrado. No voy a hacer esa irresponsabilidad”.

Es cierto que ese paquete de proyectos -nueve, no ocho- se pusieron a consideración al filo de la medianoche, pero la verdad es que sí figuraban los títulos de cada iniciativa y el link que llevaba a los expedientes, que en general no eran extensos pues se trataba de temas menores: cuatro “días de”; una declaración de interés (el único proyecto de declaración y se votó aparte, a mano alzada); la creación de la Red Federal de Bibliotecas Parlamentarias; un acuerdo para eliminar el cobro de roaming internacional en el Mercosur; modificaciones a la Ley de Tránsito y la eliminación del trámite de fe de vida para jubilados. Entre los “días de” figuraba el homenaje a víctimas del atentado a la AMIA. No había que leer demasiado para entender de qué se trataban.

Pero además, a la hora de anunciarlos, la secretaria parlamentaria del oficialismo, Paula Penacca, recordó que la sumatoria de esos proyectos había sido conversada en Labor Parlamentaria para reunir algunos pedidos de apartamiento de reglamento de los distintos bloque y votarlos de esa manera. A continuación, se leyeron los títulos y números de expedientes, tal cual consta en la versión taquigráfica, y en el caso puntual del atentado contra la AMIA se anunció que habían acordado modificaciones que se leyeron antes de la modificación.

“En el artículo 2° eliminamos la parte que dice ‘en los que se promoverá la realización de actividades alusivas’. Por lo tanto, queda redactado de la siguiente manera: ‘Dispóngase que el día 18 de julio de todos los años la bandera nacional permanecerá izada a media asta en los edificios y lugares públicos’”, leyó Penacca, para agregar luego que “el artículo 3° lo volvimos a redactar y queda de la siguiente manera: ‘El Ministerio de Educación, mediante el Consejo Federal de Educación, en coordinación con las autoridades educativas de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dispondrán los medios necesarios a fin de que los establecimientos de educación pública primarios y secundarios de gestión estatal y privada organicen y desarrollen actividades conmemorativas para dicha fecha’”.

De manera tal que ese proyecto en particular fue el único que se leyó casi en su totalidad antes de la votación. También intervino la diputada Graciela Ocaña, para celebrar la inclusión en ese temario de la eliminación del trámite de fe de vida. Antes de votar, la izquierda explicó cuáles votarían a favor, cuáles en contra y en cuáles se abstendrían.

En síntesis, lo que sucedió pareció ser más una muestra de impericia parlamentaria que la reacción ante un acuerdo entre gallos y medianoche.

Buscarán avanzar con un proyecto de capacitación obligatoria en LSA

Tras la sanción de la ley que la reconoció como idioma viso-gestual, la Comisión de Discapacidad de Diputados tratará un proyecto para capacitar a los funcionarios de los tres poderes.

Tras la sanción definitiva, en abril pasado por parte del Senado, de la ley que reconoce a la Lengua de Señas como idioma viso-gestual en todo el territorio nacional, la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados tratará un nuevo proyecto sobre el tema.

El temario de la reunión prevista para el miércoles 12 de julio, a las 15, prevé el tratamiento de una iniciativa presentada por la diputada Gisela Marziotta (FdT), que busca establecer la capacitación obligatoria en LSA para los funcionarios y agentes de los tres poderes del Estado nacional.

Por otra parte, se debatirá un proyecto que propone crear un programa de reconocimiento a las empresas que incluyen prácticas de equidad laboral para personas con discapacidad, que podrán contar con el “Sello Nacional de Equidad Laboral (SENELDIS)”.

Además, la comisión presidida por Luis Di Giacomo (JSRN) tratará modificaciones a la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (26.061), a la de Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de personas con discapacidad (24.901); y proyectos de resolución y declaración.

Flavia Royón asistirá a Diputados para exponer sobre el proyecto de promoción del GNL

La secretaria de Energía asistirá a un plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda el próximo martes a las 15.

Continuará la defensa del proyecto de promoción del GNL, enviado por el Gobierno nacional, por parte de funcionarios y el próximo martes será el turno de la secretaria de Energía, Flavia Royón. La reunión será a partir de las 15 en el segundo piso del Anexo “C” de la Cámara de Diputados.

Se trata del segundo plenario que harán las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los oficialistas Santiago Igon y Carlos Heller, respectivamente. Al primer encuentro asistió el presidente de YPF, Pablo González.

Mediante una serie de beneficios fiscales, el Ejecutivo propone en su iniciativa declarar de “interés público nacional y como objetivo prioritario” la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de gas natural licuado (GNL), el cual “se presenta como un combustible intermediario de la transición energética a nivel mundial”, expresa en los fundamentos del texto compuesto por 38 artículos.

Desde el Ministerio de Economía se resaltó que el proyecto “es una consecuencia positiva del crecimiento sostenido de la producción de gas natural en nuestro país y la ampliación del horizonte de recursos gasíferos, como resultado del desarrollo de nuevos proyectos en las distintas cuencas productivas y, principalmente, de los altos rendimientos provenientes de la producción no convencional en Vaca Muerta, cuyos recursos estimados alcanzan aproximadamente ochocientos trillones de pies cúbicos de gas”.

Ese volumen posiciona a Argentina “entre los países con mayores reservas a nivel mundial, con estimaciones de abastecimiento para más de trescientos años, lo que permitirá no solo satisfacer la demanda doméstica, sino que también generará saldos para ser exportados mediante la cadena de valor de la industria del GNL, entre otros, lo que provocará el consiguiente ingreso de divisas para el país”, remarca.

Los beneficiarios del régimen serán quienes presenten proyectos dentro de los primeros 3 años de su sanción. Se otorgará beneficios impositivos a proyectos que comprometan como mínimo una determinada inversión y una capacidad mínima de producción de toneladas de GNL por año.

De acuerdo a la iniciativa, se establece un “compromiso de estabilidad fiscal y regulatoria”; y propone garantizar un porcentaje de libre aplicación de las divisas obtenidas por las exportaciones de GNL durante 30 años.

Como contrapartida, demanda a los beneficiarios requisitos de integración de contenido nacional y contribución al desarrollo local que van escalando periódicamente.

La Comisión de Juicio Político arrancó con la ronda de testigos por la causal “coparticipación”

Fueron interrogados en declaración testimonial Horacio Diez, subprocurador del Tesoro, y Joaquín Alperovich, funcionario de la Corte. La semana próxima habrá reunión y luego se retomará el trabajo en agosto. El juez Maqueda no asistió ni envió un informe por escrito.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó su actividad con la participación de dos testigos, convocados en el marco de la causal “coparticipación”, que investiga sobre el fallo de la Corte Suprema en favor de la Ciudad de Buenos Aires. 

Por otra parte, para este jueves había sido citado el juez Juan Carlos Maqueda, pero no asistió ni envió un informe por escrito. 

Al cortesano se lo notificó de 14 cargos que se le formularon “provisionalmente”, por medio de una resolución votada por el oficialismo días atrás, a raíz de las conclusiones de los testimonios sobre las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. A Maqueda se le adjudica haber sido el “administrador” de la misma durante los años 2008 a 2021, período tomado incluso para una auditoría ordenada por la Corte. 

En el arranque de la reunión, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), informó que Maqueda “no ha asistido de forma presencial a la comisión a dar el descargo, ni tampoco lo ha hecho por escrito, habiéndose vencido los diez días hábiles que se le habían otorgado”. No obstante, “la no presentación de este informe no obsta a que continúe el procedimiento. Vamos a proceder a elaborar la acusación correspondiente”, afirmó. 

También, para continuar en paralelo con la investigación de las irregularidades en la obra social durante otros períodos de tiempo, el Frente de Todos votó formalmente la conformación de una subcomisión, que estará a cargo de la diputada Vanesa Siley (FdT) y será integrada por tres miembros del oficialismo y dos de la oposición. 

La comisión tiene previsto reunirse nuevamente el martes que viene (11 de julio), pero tras ello recién reanudará las audiencias el próximo 1ro. de agosto, luego del receso invernal, informó Gaillard y precisó que los testigos citados a la próxima reunión serán la exsecretaria de provincia la licenciada Silvina Batakis; el Procurador del Tesoro de la Ciudad, Gabriel Astarloa; nuevamente será citado al secretario de juicios originarios, Daniel Rodríguez y los fiscales de Estado de las provincias de Catamarca, de Santiago del Estado, La Rioja y Santa Cruz.

Antes de recibir a los testigos, se sometió a votación una ampliación de prueba solicitada por el diputado Rodolfo Tailhade (FdT). Entre los pedidos, se aprobó realizar una “huella de voz” del exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, de cuyo celular se filtraron conversaciones que habría mantenido con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti

También se incorporó como testigo a Rogelio Frigerio, diputado nacional hasta días atrás y exministro del Interior durante el gobierno de Cambiemos. Candidato a gobernador de Entre Ríos, se definió convocarlo tras las elecciones.

Los testigos

El primero en hablar fue el subprocurador del Tesoro de la Nación, Horacio Diez, quien deslegitimó el aumento de la coparticipación a CABA y cuestionó los decretos del Gobierno anterior que incrementaron las partidas para la Ciudad al sostener que tenía históricamente desde 2003 una coparticipación del 1,4% de la masa de recursos que se distribuyen.

“No van a encontrar ninguna referencia específica a que ese incremento del 1,4% al 3,75% tuviera una correspondencia con el costo de los servicios transferidos a la Ciudad”, planteó. Además, Diez contó que había examinado los expedientes administrativos en los que fueron dictados esos decretos y no encontró ningún análisis que permitiera determinar que ese mayor costo de la Ciudad fuera representativo del diferencial.

Luego fue el turno de Joaquín Alperovich, titular de la Unidad de Análisis Económico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien afirmó que “no se le dio intervención a la Unidad de Análisis que conduzco” para analizar el informe de la causa de Coparticipación.

También fue consultado por el traspaso de la dependencia de la Policía Federal de Nación a la Ciudad y aclaró que “la única intervención que tuvimos fue brindando información sobre el presupuesto de la policía federal en el marco del Ministerio de Seguridad”.

Osuna: “Legislamos para dar respuestas sobre viviendas, educación, salud y erradicación de la violencia”

La legisladora nacional destacó la aprobación de nueve leyes con perspectiva federal, en la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación.

La diputada nacional entrerriana Blanca Osuna (Frente de Todos) celebró lo realizado en la sesión de la Cámara baja de esta semana, destacando las características de las normas aprobadas.

“La sanción del Sistema Integral de Cobertura y Promoción de créditos hipotecarios brinda soluciones al desastre provocado durante el macrismo. Ilusionaron a argentinas y argentinos con el sueño de la vivienda y dejaron pesadillas en miles de familias, con un endeudamiento atroz, similar al que dejaron en el país”, sostuvo la diputada.

Agregó al respecto que “establecimos la regularización de las cuotas, atadas a la remuneración promedio (RIPTE), para que cuando el salario supera la inflación se abona el índice más bajo y para que los pagos no superen el 30% de los ingresos de los deudores. Además será retroactivo al 1° de enero, con suspensión de los desalojos y creación del Fondo Fiduciario de Compensación, para cubrir los descalces entre salarios y UVA/UVI”.

Osuna expresó además que “aprobamos la Ley de Regulación del Ejercicio Profesional del Acompañamiento Terapéutico, para la jerarquización y el reconocimiento nacional de las y los acompañantes terapéuticos, de su desarrollo laboral y de su formación. Son quienes tienen un rol indispensable en nuestra sociedad pasando desde una mirada biologicista a una perspectiva integral de las personas”.

De igual modo, resaltó la modificación sobre violencia digital, enmarcado en la Ley de Protección Integral a las Mujeres, ya que “en tiempos donde la tecnología y las redes sociales son una herramienta protagonista de nuestra vida, es indispensable accionar sobre la violencia digital, conformar políticas activas e implementar un servicio multisoporte, en el Consejo Nacional de la Mujer, para el acompañamiento y el asesoramiento”.

“Además, avanzamos en la creación del Régimen de promoción de la producción y/o elaboración de productos orgánicos, que propone para beneficiarios la conversión en créditos fiscales del 50% de las contribuciones patronales, la reducción del 50% de los impuestos a monotributistas, la creación de un Fondo de Promoción del Producto Orgánico, y la disposición de fondos para programas educativos en escuelas secundarias agrarias y rurales, y para capacitaciones e incentivos en nivel terciario o superior”, valoró la presidenta de la Comisión de Educación. Por último, remarcó la relevancia del Plan de Refinanciación de la deuda de provincias y municipios al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), “que alivia a 13 provincias y que venimos impulsando desde la Cámara desde 2004”, rememoró la cofirmante de uno de los proyectos.

“Con visión federal y con la responsabilidad del mandato del pueblo, vamos a seguir construyendo leyes que reivindiquen el rol del Estado, que fortalezcan la Democracia y que garanticen derechos, con una mirada de justicia social e igualdad. Mientras, Juntos por el Cambio actúa desde la impostura, con una puesta en escena de campaña, como vienen haciendo desde 2021, y que tiene como resultado darle la espalda a quienes los votaron, a las provincias que representan y al pueblo argentino”, finalizó Osuna.

Cecilia Moreau celebró la eliminación de la Fe de vida y la media sanción al proyecto que incorpora la figura de violencia digital

“El Estado debe acompañar y contar con herramientas que permitan proteger a las víctimas y prevenir este nuevo tipo de violencia”, indicó la titular de la Cámara baja respecto a la media sanción de un proyecto en las primeras horas del jueves en el recinto.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, celebró la incorporación de la problemática de la violencia digital a la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, que afecta a una de cada tres mujeres.

En esa idea, señaló que “es fundamental entender que lo virtual es real y que la difusión de material íntimo sin consentimiento puede acarrear consecuencias graves para la vida de la víctima y su entorno”.

“En 2009, cuando se sancionó la ley, las redes sociales no tenían la importancia que tienen hoy en nuestra vida cotidiana”, señaló, y agregó que por eso “el Estado debe acompañar y contar con herramientas que permitan proteger a las víctimas y prevenir este nuevo tipo de violencia”.

También se convirtió en ley el proyecto que elimina el trámite de la “fe de vida” para jubilados y pensionados que cobran sus haberes mensuales.

La titular de la Cámara baja resaltó que “con esta ley facilitamos la disposición de sus haberes previsionales a los adultos mayores, quienes ya no tendrán que gestionar este trámite que, muchas veces por cuestiones de movilidad reducida o de la gestión de apoderados, complicaba el proceso”.

Asimismo, indicó que “de esta manera seguimos avanzando mediante los consensos necesarios para evitar demoras y mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores”.

Causa coparticipación: el oficialismo aprobó tomar una huella de voz de Marcelo D’Alessandro y citar a Frigerio

Fue solicitada en la Comisión de Juicio Político por el diputado Rodolfo Tailhade, quien la consideró necesaria para probar la veracidad de las conversaciones filtradas entre el exministro porteño y Silvio Robles. Tras las elecciones, convocarán al exministro del Interior, actual precandidato a gobernador de Entre Ríos.

El oficialismo impuso una vez más su mayoría en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para aprobar una ampliación de prueba en el marco de la investigación por mal desempeño de los jueces de la Corte Suprema, a partir del fallo en favor de la Ciudad de Buenos Aires en el tema coparticipación. 

Entre varios testigos que propuso citar, y prueba documental para incorporar, el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade (FdT) solicitó que se realice una huella de voz de Marcelo D’Alessandro, el exministro de Justicia y Seguridad porteño, de cuyo celular se filtraron conversaciones que habría mantenido con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti

En los chats filtrados no sólo hay mensajes escritos, sino “distintos audios”, afirmó el legislador y resaltó: “Para nosotros los chats son una prueba más, un indicio más de nuestra hipótesis de investigación que es la connivencia entre la Corte y el Gobierno de la Ciudad en este caso”. Por eso, subrayó la importancia de probar “la verosimilitud de estas filtraciones”. 

“Como todavía no tenemos las manifestaciones testimoniales de Robles y D’Alessandro sobre si reconocen estos chats, por lo pronto solicito que hagamos una prueba independiente”, expresó y dijo que la voz de D’Alessandro se podía extraer de reportajes televisivos y que “la Policía Federal sea la que esté encargada de llevar adelante el peritaje” de cotejo. En ese sentido, agregó que “cuando venga D’Alessandro (a la comisión), usted presidenta ordene a la División de la Policía Científica que venga a tomar la voz de él cuando declara”.

En el pedido de ampliación de prueba que se circuló este jueves a los miembros de la comisión, Tailhade argumentó que “dado que estas ‘huellas de voz’ son una prueba pertinente y útil para acreditar maniobras delictivas compatibles con el tráfico de influencias como práctica habitual y organizada, es importante su pesquisa a los fines probatorios. Máxime, cuando los audios o chats de un teléfono pueden borrarse pero la voz no puede ser adulterada”.

Además, se votó que se cite como testigos a Sivina Batakis, exsecretaria de las Provincias; Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad; Pedro Oscar Goyochea, asesor general del Gobierno de La Rioja; Sergio Acevedo, Ricardo Eduardo Yamone y Guillermo Anderson, letrados apoderados del Ministerio de Economía, que intervinieran en las audiencias de conciliación de la causa; y al fiscal general porteño, Juan Ignacio Mahiques, del cual Tailhade recordó que “festejó su cumpleaños en agosto del año pasado y a la fiestita arribaron juntos Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles”. 

También se agregó al listado a los ministros de Economía de las provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Santa Cruz, Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja, La Pampa, Tierra del Fuego, Chubut, Tucumán y Catamarca, que se presentaron en el expediente.

Antes de votar, el diputado Álvaro González (Pro) cuestionó “esa tira interminable de ministros de Economía que, ¿qué van a venir a decir a la comisión? Lo único que hacemos es dilatar y mientras tanto el Gobierno nacional no cumple con el fallo judicial”. 

“Parece que la oposición quiere hacer lo mismo que la Corte, no escuchar a las provincias”, le devolvió Tailahde y, acto seguido, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), aclaró que “se apruebe la prueba no significa que tengamos que diligenciar toda esa prueba. Nosotros no estamos interesados en dilatar, sino en conocer la verdad”.

A su turno, el vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López (CC-ARI), chicaneó con la citación de los ministros de Economía al recordar que iban a venir los gobernadores, pero “han bajado la jerarquía, ahora los preservan”. Sobre la huella de voz, remarcó que “todos sabemos que la prueba de los chats es ilegal”. “Esa prueba no se puede utilizar y mucho menos se va a subsanar porque hagan una huella de voz”, insistió y mencionó que Tailhade pidió lo mismo en el Consejo de la Magistratura con los jueces que viajaron a Lago Escondido, pero “no va a tener suerte en ningún lado”. 

En tanto, el diputado Francisco Monti (UCR) fustigó a los gobernadores que han apoyado el juicio político como “verdaderos mentirosos e hipócritas” porque “en septiembre de 2020 cuando se crea este Fondo para la provincia de Buenos Aires por los despelotes que tenía (Axel) Kicillof en el conurbano por revueltas de la policía, ningún gobernador dijo absolutamente nada, ni impugnó nada”, y eso fue porque “eran recursos que le pertenecían a la Ciudad”. 

“Que vengan los fiscales de Estado acá a explicar que han hecho una presentación en la Corte para chuparle las medias al presidente y no para defender recursos de las provincias, yo creo que va a ser por lo menos un episodio interesante”, agregó. 

Antes de votar la ampliación, el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez (FdT), consideró que “es clave analizar lo que propone el diputado Tailhade, porque hay cosas que pasan en el mientras tanto y a mí me preocupan”. “Si nosotros estamos buscando la verdad de lo que pasó alrededor de una decisión de la Corte sobre recursos, todas las hipótesis y situaciones tienen que ser investigadas”, aseveró. 

Citarán a Rogelio Frigerio después de las elecciones

En la solicitud planteada por Tailhade, se incorporó como prueba documental “un vídeo donde el entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, reconoce que (Mauricio) Macri había transferido dinero de más a la Ciudad de Buenos Aires”, que salió durante una entrevista en el programa A dos voces (canal TN). 

Posteriormente, el diputado entrerriano Marcelo Casaretto (FdT) pidió entonces que se lo convoque como testigo. Muy molesto, López estalló: “No somos ni amigos ni defensores de Frigerio, pero citar a una persona que tuvo una actitud no muy común, que es renunciar a una banca para poder hacer una campaña electoral con libertad, con tiempo y con disposición, que además está compitiendo para el 13 de agosto en una provincia que es la misma de donde es el diputado. Quieren someter al señor Frigerio a esta comisión, al candidato a gobernador más competitivo de la provincia, para venir acá a acorralarlo, a hostigarlo y hacer campaña electoral. Me opongo desde todo punto de vista, jurídico, político, democrático, del que quieran”.

En defensa del pedido, Germán Martínez defendió que “estamos proponiendo agregarlo como testigo, me parece que es una prueba pertinente”. Pero inmediatamente, Gaillard propuso “que no sea citado antes de la elección”. Entre Ríos es una de las provincias que no desdobló y votará en PASO también el 13 de agosto, mismo día de las elecciones nacionales. 

En sintonía con lo dicho por la presidenta,  el legislador Leopoldo Moreau (FdT) dijo estar “parcialmente de acuerdo con lo que plantean los diputados de la oposición, creo que hay que evitar todo tipo de suspicacias”. “Esa citación hay que materializarla después de la elección”, asintió. 

La Comisión de Juicio Político se reúne para tratar la causal “coparticipación”

A la reunión que se lleva a cabo en el Anexo de la Cámara de Diputados asisten dos testigos. Este jueves se había citado al juez Maqueda, quien no vendrá.

Luego de tres semanas, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados reanudó su actividad este jueves, en una reunión que se realiza desde las 11.31 y en la que se comenzará con el tratamiento en particular de la causal “coparticipación”, en el proceso que se lleva adelante contra los miembros de la Corte Suprema. El encuentro comenzó pasada la media hora de la convocatoria con un tercio de los presentes.

Los testigos citados para la jornada son Horacio Diez, subprocurador del Tesoro de la Nación, y Joaquín Alperovich, titular de la Unidad de Análisis Económico del máximo tribunal.

Para este jueves había sido citado el juez Juan Carlos Maqueda, a quien mediante una resolución votada por el oficialismo se lo notificó de 14 cargos que se le formulan “provisionalmente”, a raíz de los testimonios sobre las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

De acuerdo al artículo 13 del reglamento de la comisión, Maqueda podía optar por venir o enviar un informe por escrito. Pero no solo no asistió, sino que tampoco envió un documento con un descargo, informó al comienzo de la reunión la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard.

La comisión tenía previsto recibir el pasado 27 de junio a gobernadores y al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; y el 4 de julio a Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro; pero ninguna de las convocatorias pudieron concretarse bajo ese cronograma.

El oficialismo cuestiona la forma en que se llegó al fallo por el cual el máximo tribunal, en diciembre del año pasado, le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires y ordenó a la Nación devolverle el 2,95% de la coparticipación a ese distrito.

Según denuncian los legisladores del Frente de Todos, en los chats filtrados entre Robles y D’Alessandro se demostraría que esa decisión de la Corte estuvo negociada entre funcionarios del Palacio de Tribunales y el Gobierno porteño.

Con dos testigos, la Comisión de Juicio Político reanuda su actividad

Se reunirá desde las 11 para comenzar con el tratamiento de la causal “coparticipación”. Se espera recibir un informe del juez Maqueda.

comision juicio politico 15 junio 2023

Pese al cronograma que se había trazado en la última reunión -el pasado 15 de junio-, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomará su trabajo este jueves, con la citación de dos testigos, para comenzar con el tratamiento de la causal “coparticipación” en el proceso que se lleva adelante contra los cuatro miembros de la Corte Suprema.

Para este jueves a las 11 también fue citado el juez Juan Carlos Maqueda, a quien mediante una resolución votada por el oficialismo se lo notificó de 14 cargos que se le formulan “provisionalmente”, a raíz de los testimonios sobre las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

Se estima que el magistrado no asistirá. De acuerdo al artículo 13 del reglamento de la comisión, Maqueda puede enviar un informe por escrito.

Lo cierto es que la comisión tenía previsto recibir el pasado 27 de junio a gobernadores y al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; y el 4 de julio a Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro; pero ninguna de las convocatorias pudieron concretarse hasta ahora.

En tanto, este jueves, asistirán Horacio Diez, subprocurador del Tesoro de la Nación, y Joaquín Alperovich, titular de la Unidad de Análisis Económico de la Corte Suprema.

En un primer momento también estaba programado que vinieran los fiscales de Estado de Catamarca y Santiago del Estero, pero finalmente no será este jueves.

El oficialismo cuestiona la forma en que se llegó al fallo por el cual el máximo tribunal, en diciembre del año pasado, le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires y ordenó a la Nación devolverle el 2,95% de la coparticipación a ese distrito.

Según denuncian los legisladores del Frente de Todos, en los chats filtrados entre Robles y D’Alessandro se demostraría que esa decisión de la Corte estuvo negociada entre funcionarios del Palacio de Tribunales y el Gobierno porteño.

Media sanción en Diputados al Plan de refinanciación de deudas de provincias con ENOHSA

El proyecto obtuvo 119 votos afirmativos. Desde la oposición propusieron dos modificaciones que el oficialismo aceptó.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto que propone el Plan de refinanciación de deudas de provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos respecto a Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).

El texto obtuvo 119 votos afirmativos, 11 negativos y 25 abstenciones correspondientes al Pro y la Coalición Cívica y algunos diputados radicales. Desde la oposición propusieron dos pequeñas modificaciones a los artículos, que en aras de mantener el consenso y lograr la aprobación fueron aceptados por el oficialismo.

Autor del proyecto, el diputado cordobés Eduardo Fernández recordó que esos créditos se otorgaron en tiempos de la convertibilidad, e hizo especial hincapié en ello en tiempos en que algunos vuelven a hablar de ese sistema, señaló, recordando que el problema que tuvieron los endeudados fue que no se contemplara la pesificación de sus deudas.

Recordó también el largo peregrinar que tuvo este tema en el Congreso, a través de numerosas iniciativas que buscaron encontrarle una solución al tema. “En el año 2004, 44 diputados presentaron iniciativas para resolver esta problemática”, ejemplificó, destacando que eran de 14 partidos políticos. Llegó a tener media sanción, pero no se convirtió en ley.

En 2014 ENOHSA comenzó a hacer intimaciones, sobre todo en la provincia de Córdoba, y en 2015, diputados nacionales lograron sacar un dictamen que establecía la necesidad de pesificar las deudas, pero la iniciativa “chocó con problemas administrativos”.

“Este problema no es de los municipios, sino de los ciudadanos, porque sobre ellos recae deuda y los municipios, entes y provincias que han servido de garantes tienen esta deuda en dólares y la imposibilidad de adquirir nuevos préstamos”, agregó el legislador oficialista.

Al 30 de junio, la deuda total que tienen las provincias es de 85.607.746 dólares, de los cuales más de 40 millones son intereses, detalló Fernández, quien destacó que “lo que vamos a hacer esta noche, si hay consenso, es condonar los intereses y recargos que han surgido a partir del atraso de los municipios en mora para posibilitar afrontar esta deuda con un plan de pago”.

Su comprovinciano Carlos Gutiérrez, de Córdoba Federal, destacó que “lo único novedoso de este proyecto que atiende una situación absolutamente inequitativa para los municipios de 13 provincias es que estas deudas, debido al contexto de la convertibilidad, fueron los únicos que quedaron sin pesificar”.

Recordó que los intendentes les pidieron a todos los diputados de Córdoba buscar una solución para una deuda “impagable”. “Nos pusimos de acuerdo, nos pusimos a trabajar, fuimos al ENOHSA, recibimos una propuesta que ha sido rediscutida y hoy llegamos a esta conclusión. Me parece que estamos ante un acto de reparación de algo que viene desde el año 1991”, apuntó.

Sobre el final, el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, valoró que a este tema, como al de los créditos UVA, productos orgánicos, acompañamiento terapéutico, se les había encontrado solución después de tanto tiempo, “aun con todas las dificultades, quizá parcialmente”.  

“Todas las votaciones están siendo con buenos niveles de acuerdo, que sea un aliciente también para poder después comunicarlo, porque después comunicamos a los medios las diferencias y no hacemos alusión a los temas en los que nos ponemos de acuerdo”, concluyó.

A la hora de proponer modificaciones, Alejandro “Topo” Rodríguez intervino para proponer “dos pequeñas modificaciones” en el artículo 4°, en aras de agregar precisiones. En el primer párrafo, donde se consignaba que “el plan de refinanciación contemplará plazos no inferiores a 10 años, ni superiores a 20 años, con un año de gracia”, se agrega “de capital e intereses”.

Y en el tercer párrafo del artículo 4°, que señala: “Dicho capital adeudado devengará una tasa equivalente al 25% de la tasa Badlar”, solicitó eliminar esa frase por la siguiente: “que fijará la autoridad de aplicación en la reglamentación de la presente ley y que no podrá ser superior al 20% de la tasa Badlar”.

Eduardo Fernández aceptó la modificación. “Queremos que salga, queremos llevarle a las provincias y a nuestros intendentes una solución, y en ese ánimo vamos a aceptar las modificaciones propuestas”, concedió.

Los puntos centrales del proyecto

El plan de refinanciación incluirá exclusivamente créditos otorgados en el marco de programas de financiamiento por organismos multilaterales de créditos BID a cargo de provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos y comprenderá las garantías por deudas asumidas en convenios complementarios celebrados con el ENOHSA, que no hayan sido cancelados al momento de la publicación de la ley en el Boletín Oficial.

Además, propone que se condonen las deudas en concepto de intereses compensatorios, moratorias y punitorios generadas por obligaciones contraídas. En tanto, detalla que el plan de refinanciación contemplará plazos no inferiores a diez (10) años ni superiores a veinte (20) años, con un (1) año de gracia.

También propone que el capital adeudado se calculará a la cotización dólar estadounidense tipo de cambio vendedor que fija el Banco de la Nación Argentina, correspondiente al día anterior al de la fecha de la suscripción de los instrumentos de refinanciación respectivos, que será efectivizado en cuotas mensuales y consecutivas. Dicho capital adeudado devengará una tasa que fijará la autoridad de aplicación en la reglamentación de la presente ley y que no podrá ser superior al 20% de la tasa Badlar (o la que la reemplace en el futuro) y se amortizará mensualmente según el método que elija la autoridad de aplicación de esta ley.

Las cuotas de amortización que surjan de la aplicación de las nuevas condiciones financieras que se implementen no podrán superar en los casos en que la deuda se encuentre en cabeza del municipio, o actúe en calidad de garante, el tope de erogación del 5 % de la coparticipación mensual que recibe en su caso, o el 4 % del total de los ingresos originados en recursos mensuales de jurisdicción municipal. En caso de superar ambos topes, el municipio erogará aquel que resulte menor. El saldo que haya superado los topes mencionados, será refinanciado en cuotas.

Se trata de deudas contraídas en los 90’, en dólares, de créditos BID que el Estado tomó y los pasó a las provincias y las provincias a las cooperativas. Esas deudas no fueron pesificadas y, tras la devaluación del 2002, las cifras originales se triplicaron. El monto total de la deuda vencida y a vencer al 31 de marzo de 2023 asciende a USD 85.756.662.58, correspondiendo a deuda vencida el 76,52%.

Es ley la eliminación del trámite de Fe de Vida para jubilados y pensionados

La norma fue aprobada dentro de un paquete votado sin oradores, que incluye fechas celebratorias y la eliminación de cargos de roaming internacional en el Mercosur.

Pasada la medianoche de la extensa sesión de este miércoles, a poco de cumplir doce horas desde el inicio de la misma, se anunció que por acuerdo entre los bloques se votaría de manera conjunta y sin oradores una serie de proyectos.

Y así se hizo: luego de aprobar el apartamiento de reglamento para tratar los temas, se votó de manera conjunta, aprobando todas las iniciativas por 171 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones.

¿Qué temas se aprobaron? El Acuerdo para la Eliminación del Cobro de Cargos de Roaming Internacional a los Usuarios Finales del Mercosur, celebrado el 17 de julio de 2019 en la capital de la provincia de Santa Fe.

También se aprobó la institución del 27 de agosto de cada año como Día Nacional de la Comunidad Empresarial; la creación de la Red Federal de Bibliotecas Parlamentarias de la República Argentina, con sede en el área parlamentaria de la Biblioteca del Congreso de la Nación; la declaración del 19 de agosto de cada año como Día de las Luchas de las Personas en Situación de Calle; y la institución del 22 de noviembre como Día Nacional del Kimchi en la Argentina.

Asimismo se aprobó declarar de interés de la Cámara el proyecto “Alta en el Cielo”, del artista Abel Pintos junto a la Orquesta Académica del Teatro Colón, y la declaración del 18 de julio de cada año como “día de duelo nacional”, en homenaje a las víctimas del atentado terrorista perpetrado contra la sede de la AMIA.

También se aprobó una reforma a la Ley 24.449, de Tránsito, promovida por los diputados Carlos Selva y Jorge Rizzotti, como así también la eliminación del trámite de fe de vida a jubilados y pensionados y titulares de pensiones no contributivas. Este proyecto se convirtió en ley, por cuanto tenía media sanción del Senado desde el 13 de abril, y dispone que los beneficiarios y beneficiarias de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y del Sistema de Pensiones no Contributivas quedan eximidos de la obligación de presentar la declaración de supervivencia o fe de vida y todo otro trámite con igual fin. Queda sin efecto toda demostración de subsistencia a cargo del beneficiario o beneficiaria como condición para el cobro de sus haberes y demás beneficios previsionales.

Con JxC dividido, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto sobre créditos UVA

La iniciativa cosechó 134 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones. Se crea un Fondo Fiduciario al que deberán aportar los bancos. También se modifica el índice para la actualización de la cuota, la cual no podrá superar el 30% de los ingresos de los deudores.

Con el interbloque Juntos por el Cambio dividido, en la madrugada de este jueves se dio media sanción por 134 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones al proyecto de ley que busca llevar un alivio a los deudores de créditos UVA, un universo de casi 100 mil personas.

Las fisuras en el principal interbloque opositor, que habían quedado expuestas en comisiones, cuando la UCR firmó, junto al Frente de Todos, el dictamen de mayoría, mientras que el diputado de Evolución Radical Martín Tetaz impulsó uno de minoría, que acompañaron con disidencias el Pro y la CC-ARI, se reflejaron en el tablero de votación.

Además del Frente de Todos, votaron a favor del proyecto los diputados del Frente de Izquierda y el interbloque Provincias Unidas. También los miembros de la UCR, aunque un pequeño puñado se abstuvo.
En Juntos por el Cambio, la división fue transversal no solo a nivel interbloque, sino en cada bloque, ya que, en el Pro, Evolución Radical y la CC-ARI hubo quienes votaron en contra y quienes lo hicieron por la abstención. Por La Libertad Avanza, Javier Milei y Victoria Villarruel; por Avanza Libertad, José Luis Espert; y por Buenos Aires Libre, Carolina Píparo, se opusieron.

De acuerdo al texto aprobado, consensuado entre distintas propuestas, se crea el “Sistema de Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios”, y se establece que la cuota a pagar por el deudor hipotecario se determinará por el coeficiente de variación salarial, tomando como referencia el RIPTE (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables). En los meses que el RIPTE se encuentre por arriba del IPC (inflación), pagarán siempre el índice más bajo.

A su vez, la iniciativa estipula que la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores, ni podrá extender la duración del crédito más del 25% del plazo originalmente pactado. Para los créditos ya otorgados, el cómputo será retroactivo al 1ro. de enero de 2023.

Entre otros puntos, se determina que quienes estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente. El mecanismo para esta posibilidad deberá ser determinado por el Banco Central.

Se prevé que en caso que el deudor se encuentre en cese laboral, el Fondo que se crea se hará cargo de hasta tres cuotas, mientras que las posteriores serán refinanciadas por acuerdo de partes.

Este Fondo, denominado “Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH)”, tendrá como objetivo cubrir descalces entre salario y UVA/UVI. El texto indica que “las entidades financieras deberán integrar el FFCPH con un aporte mensual que determinará el Banco Central con un límite máximo de 0,0025% del promedio de los saldos diarios de los depósitos en pesos y moneda extranjera”.

El FFCPH se integrará también con las primas que aporten los tomadores de nuevos créditos promovidos. No obstante, la participación en el FFCPH será voluntaria por parte de los tomadores de créditos.

El Fondo también se financiará del rendimiento de sus inversiones y aportes de organismos multilaterales -entre otros-, pero se aclara que no recibirá aporte corriente alguno por parte del Tesoro ni del Banco Central, ni tampoco de los deudores.

La diferencia entre la cuota calculada en base a salarios y la calculada en base a UVA/UVI será compensada a los bancos por el FFCPH. Si la cuota calculada por salarios resulta mayor a la calculada por UVA/UVI, prevalecerá la más baja.

Se establece la suspensión de desalojos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas y/o cautelares en trámite por el término de un año y se encomienda al Banco Central a promover líneas de crédito similares, entre otros puntos.

Las voces a favor y en contra

La titular de la Comisión de Finanzas, Alicia Aparicio (FdT – Buenos Aires) inició el debate como miembro informante y explicó varios puntos del dictamen de mayoría: “El FFCPH se constituirá con las primas que aporten los tomadores de nuevos créditos UVA promovidos recientemente”.

Así también, advirtió que “se financiará del rendimiento de sus inversiones y aportes de organismos multilaterales”. Asimismo, aclaró que ni el Tesoro Nacional, ni el Banco Central “promoverán líneas de crédito similares”.

Finalmente, aseguró que ningún beneficiario del crédito Uva que se encuentra en calidad de moroso “no será desalojado ni embargado”. “No habrá medidas cautelares ni judiciales en perjuicio de los deudores”.

Así, propuso tres modificaciones, una de ellas en el final del artículo 3 para agregar la frase “serán asumidos por orden causado”. En el artículo 7 se agrega en el primer párrafo “si de los saldos adeudados vigentes al momento de ejercer la opción implica que el importe de la cuota a abonar supera el 30% de los ingresos actuales considerando en/los deudores y computados en igual forma a lo previsto en el momento del otorgamiento de la financiación a opción del deudor se podrá extender la duración del plazo en no más del 25% de aquel originariamente pactado”. El artículo 24 en el primer párrafo debe decir “fondo fiduciario de compensación y promoción hipotecario”.

De la vereda de enfrente, el economista Martín Tetaz explicó las diferencias con dictamen de minoría que presentó: “No puede haber crédito UVA con una moneda inestable, pero es beneficioso con un contexto sin inflación”. “Nuestro planteo es no crear un problema donde no existe”, agregó.

En esa línea, clasificó los puntos que diferenciaron a su proyecto con el que mencionó la diputada preopinante: “No es cierto que el que sacó crédito UVA debe más que antes, al contrario, debe menos en dólares”, y añadió: “No es un problema del mecanismo UVA, es un problema de la alta inflación porque es un sistema justo que exige devolver exactamente lo mismo que prestó”.

“Hasta que no se recupere la brecha entre el salario real y el valor del metro cuadrado no habrá créditos hipotecarios”, indicó Tetaz. Así también, propuso que se incluya la posibilidad que la familia opte por atar su cuota a un índice de salarios.

Finalmente, explicó la posibilidad de crear un mecanismo para que la persona venda su casa con el crédito UVA. “El crédito más barato del mercado vale tres veces más que el más alto del UVA”, cerró.

El impulsor del debate sobre Créditos UVA, el radical Julio Cobos (Mendoza) expresó: “Buscamos recuperar el crédito hipotecario que no existe porque se rompió la equidad contractual entre el salario y el crédito tratando de ajustar”.

De esa manera, explicó que “a partir de septiembre del 2018, el salario perdió valor” y con esto “buscamos apuntalar al sistema hipotecario para reconstruirlo”. “Los tres poderes del Estado debieron intervenir en este tema que ya tiene 11 proyectos que se presentaron, y llevamos cuatro años debatiendo el tema”.

Además, sostuvo que “la morosidad no existe porque hubo cuotas congeladas”, y agregó que “el que saca un crédito UVA, lo último que deja de pagar es el crédito de la vivienda”.

“El problema lo generó el Estado con los altos índices inflacionarios, aunque la propiedad se revaloriza, pero la gente compra para vivir no para hacer negocios”, señaló.

Del mismo modo, afirmó que “para construir consensos hay que ceder”. Igualmente, definió que “si el país recupera los valores normales de inflación, esta ley va a resultar abstracta”. “Los créditos UVA representan el 2 por ciento de los préstamos y el 0,9 de los privados y es un problema insignificante para el sistema financiero”, cerró.

A su turno, el presidente del bloque de la CC-ARI, Juan Manuel López, contó que es tenedor de un crédito UVA y planteó: “Me parece que esa situación, por más de que esto no sea según las diferentes clasificaciones de los conflictos de interés, es un estándar que hay que cumplir de exponer los intereses que los legisladores tenemos a la hora de realizar nuestras votaciones”.

“La situación de los legisladores en materia de conflicto de interés es diferente a la de los funcionarios del Ejecutivo porque nosotros no somos reemplazables por un superior o trasladar la cuestión a otro ministerio. Las distintas previsiones que hay intentan que la posibilidad de que algún conflicto se presente se resuelva con la manifestación, al menos, del posible conflicto del legislador”, contó y planteó que es algo que los legisladores deben hacer “en cada oportunidad”.

Así, adelantó: “En ese sentido no estoy a favor del dictamen de mayoría. En mi caso en particular voy a votar en contra porque el dictamen y la propuesta de Tetaz me parecía más inteligente para mantener la herramienta del Crédito Hipotecario y para dar algunas soluciones al pequeño universo del 1% de los tenedores de créditos que no puede cumplir y al porcentaje indeterminado que les cuesta demasiado cumplir con esa obligación. El crédito hipotecario tiene una exención impositiva que tiene más de 20 años nominada en 20 mil pesos desde el 2000”.

“Hay algunas soluciones que podría haber implementado este Congreso y decidió no hacerlo por distintas razones. Yo en general las desconozco. En diciembre del 2019 el Congreso votó una Ley ómnibus con una infinidad de artículos en la que uno de ellos le encomendaba al Banco Central alguna solución utilizando la teoría de la imprevisión y, gasta ahora, el Banco Central ha demorado en dar solución. Seguimos trabados en promover soluciones. Tenemos que rechazar el dictamen de mayoría y reconocer que el problema de la inflación no lo ha solucionado nadie en cuatro años”, cerró López.

El economista Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) señaló que los contratos que, por esta ley se van a alterar, son contratos mercantiles y explicó que son “voluntarios, no coactivos”. “Que el Estado use su fuerza coactiva para modificar los contratos voluntarios, es una afectación de las reglas de juego severas en cualquier sociedad y más en un país que acumula 9 default y 5 confiscaciones de depósito”.

En segundo lugar, planteó: “Si el origen no es el sistema financiero, supongamos que hubiera deudores de vivienda única que fueron financiados por los promotores o por una escribanía, la desigualdad ante la ley es brutal. Acá lo único que es contemplado en casos iguales son los deudores del sistema financiero. No hay explicación de por qué tienen que ser tratados diferentes los deudores financieros o escribanía, más aún ¿por qué se endeudan en UVA y no en dólares o en ladrillos o en cualquier otro índice? ¿cuál es la razón? A mí me resulta incomprensible”.

“La suspensión de acciones judiciales, eso es muy grave hacerlo por ley porque significa que suspendemos los derechos de los actores por un acto príncipe y eso, naturalmente a largo plazo, afecta severamente, no a este mercado que prácticamente no existe, más aún para ser total transparente yo hubiese sugerido que nadie se endeudara porque en nuestro país no hay cultura para tener mercado de capitales, ni financieros, no hay cultura de deudas, entonces en la idea acá hay diputados que dicen que desconozcamos las deudas de todo tipo…por suerte esto tampoco es culpa del FMI, pero siempre está el mismo latiguillo”, planteó.

En cuarto lugar, manifestó: “El problema de la acción de la política pública es el problema de los casos aislados que tengan una verdadera dificultad y, en ese caso, lo que debería votar el Congreso es una ley para prever esos casos y, como el grueso de las deudas son de la banca pública casi el 80% son prestamos que el Estado no interviene, pero si el único que da estos préstamos son los bancos estatales. En ese caso bastaría una disposición del Poder Ejecutivo generando una alternativa de financiamiento”.

“Con esta ley se está poniendo un impuesto a los depósitos. Es un milagro que hoy alguien deposite en la Argentina, al que deposita hay que darle un beso en la mejilla porque confiscamos los depósitos cinco veces, hemos defaulteado la deuda cinco veces, y ahora la idea brillante que tenemos es ponerles un impuesto a los depósitos porque nadie va a creer que va a ser trasladado porque sería absurdo que alguien piense eso”, sumó.

En tanto, comparó: “Esta idea de los UVA se usa hace 60 años en Chile con las sociedades de fomento, en Uruguay, en ambos países a creado un mercado de crédito que es 20 veces que el mercado argentino; destruyendo esto estamos dolarizando. Es incomprensible de por qué en Chile y en Uruguay funciona y acá no”.

“El problema no es la inflación, no es verdad, sino que el nivel de vida en el país está bajando porque cada vez nos descapitalizamos más, nos empobrecemos más y fomentamos actividades que nos empobrecen, informalizando el mercado de trabajo, cada vez más pobres y menos productivos. Ese es el problema, no se arregla con una ley, se arregla cambiando las políticas e instituciones. Acá les gusta pulverizar el patrimonio de los bancos estatales con este tipo de medidas y hacer más regresivo el sistema impositivo”, remató.

Por su parte, el economista José Luis Espert (Avanza Libertad) sostuvo que con esta ley “será peor el remedio que la enfermedad”, minimizó el problema de los créditos UVA al comparar que “es utilizar un tanque de guerra para matar a un mosquito”.

En esa idea, el nuevo integrante del interbloque de JxC expresó: “El Congreso se está metiendo en un contrato entre privados que afectará la seguridad jurídica”. “Vamos a agregar más intromisión del Estado solo por 1400 casos, encima fue intervenido por varios Decretos de Necesidad y Urgencia”, cuestionó. 

“Nos vamos a poner a los bancos en contra y pedirán mayor tasa de interés a los próximos beneficiarios de créditos hipotecarios. Este proyecto es una caja de pandora”, señaló. “El verdadero problema es la tasa de inflación y no le estamos dando solución a los inquilinos al no derogar la ley de alquileres”, cerró.

Promediando el debate del tema, la secretaria parlamentaria del bloque oficialista, Paula Penacca, contextualizó el debate en el recinto que están dando para “intentar resolver un gran problema que nuestro proyecto político no generó, que nuestra gestión no generó”.

Y apuntó contra el gobierno de Cambiemos: “Es un problema que comenzó en 2016 cuando el macrismo en ese momento en le Gobierno, decidió crear ese tipo de crédito y, además, rompió una política crediticia, de acceso a la vivienda, que fue construida desde la concepción de la vivienda como un derecho que había existido desde el 2012 que fue el PROCREAR”.

En esa línea, respaldó el PROCREAR como una política de “acceso a la vivienda digna que se llevó adelante durante el gobierno de Cristina Kirchner significó poder inculcar ese derecho de tener vivienda digna. Lo que significó para le pueblo 197 mil créditos en solo 3 años, una inversión porque para nosotros esto no es un gasto que representó el 0,4 del PBI, la generación de 440 mil puestos de trabajo como un beneficio extra, y una capacidad de cobro casi total, solo el 0,05% de incobrabilidad”.

“Fue una política 100% virtuosa y no fue la única. No solo dejamos en el 2015 esta política virtuosa, sino también una sociedad con bajísimos niveles de endeudamiento y no solo las familias, sino la deuda estatal y empresarial”, ponderó y apuntó contra la oposición: “No nos sorprende que hayan llevado esta política porque en la Ciudad de Buenos Aires lo llevan hace 16 años”.

En el cierre, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, consideró que “cuando se aprobó la ley, si se hubiera aprobado con estas cosas que estamos proponiendo en esta modificación, no hubiéramos tenido ningún tipo de problema”. El porteño reveló que en 2016, cuando el expresidente del Banco Central Federico Sturzenegger le comentó el proyecto, él le dijo que “iba a terminar muy mal”, porque el crédito se ajustaba por un índice que no era el del ingreso de los tomadores del préstamo. “Era claro que la política que ellos venían a aplicar era la política de depreciación del salario”, cuestionó.

En su intervención, el oficialista aclaró que esta discusión “no se trata de negocios inmobiliarios, sino que un determinado sector de la sociedad, con un determinado nivel de ingresos, que puede llegar a la vivienda”, pero enfatizó que “esta no es la solución del problema de la vivienda en Argentina, ni por asomo” ya que “hacen falta políticas públicas de otra envergadura”.

Al mencionar el tema de la inflación, que se tocó durante todo el debate, el diputado comparó: “La inflación es a la economía lo que la fiebre a una persona. Las personas no se enferman de fiebre, tienen fiebre y hay que buscar la razón por la que la tienen”. “Se habla de la inflación como un fenómeno autónomo y hay que dar la discusión de por qué hay inflación”, sostuvo.

En ese sentido, mencionó como causas “la puja distributiva a favor de los grupos económicos” y que hasta el FMI “reconoció que los altos niveles de deuda generan inflación”. “Claro que hay que atacar la inflación, pero no hay que atacarla generando recesión, generando ajuste para hacerle pagar las consecuencias a la población. Hay que atacarla metiéndose con la puja distributiva, con las ganancias de los grandes grupos económicos y con los que fugan. El problema no es el déficit fiscal, sino los que fugan, los que no pagan, los que se la llevan”, remarcó.

Finalmente, ponderó que con el radical Julio Cobos “hemos consensuado este dictamen después de un arduo trabajo que muestra que se pueden llegar a acuerdos y todos hemos concedido”. “Esto no resuelve el problema, pero lo morigera; resuelve la situación para atrás de los deudores vigentes y crea una expectativa positiva hacia adelante para quien quiera tomar un crédito de acá en adelante”, finalizó.

Sesión especial para tratar 9 proyectos, entre ellos créditos UVA

La Cámara baja sesionó para abordar una serie de iniciativas consensuadas, entre las cuales figuraron también acompañamiento terapéutico y el Régimen de Promoción de la Producción de Productos Orgánicos, entre otros temas.

Figueroa Casas solicitó tratar sobre tablas la actualización trimestral del Monotributo

El proyecto no alcanzó los votos suficientes para ser tratado. La diputada santafesina afirmó que “la inflación está generando daño al Régimen Simplificado de Pequeños contribuyentes”.

La diputada nacional Germana Figueroa Casas (Pro – Santa Fe) solicitó que se trate el proyecto de su autoría que incorpora una cláusula gatillo para que cuando la inflación anual acumulada supere el 60 por ciento se actualicen automáticamente las escalas del Monotributo sin necesidad de intervención del Poder Ejecutivo.

“Este proyecto no puede esperar, ya que se refiere a un universo que a raíz de la alta inflación se están viendo afectados y en situación de desamparo: los pequeños contribuyentes”, manifestó Figueroa Casas en el recinto de la Cámara de Diputados.

Del mismo modo, sostuvo que “este año el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes cumple 25 años desde su sanción y aún tiene esta gran deuda pendiente que es poder adaptarse al daño que ocasiona la alta inflación”.

En tal sentido, expresó: “Esta ley busca dar respuesta a una gran población de trabajadores que vienen reclamando una respuesta del Estado. Necesitamos darles previsibilidad y seguridad jurídica a los contribuyentes incorporados al monotributo”. “No puede ser que les alcance para cada vez menos y tengan que pagar cada vez más”, concluyó la legisladora.

Finalmente, el pedido fue rechazado los diputados nacionales y el proyecto no fue tratado.

La oposición intentó sin éxito derogar la Ley de Alquileres, pero presionó al oficialismo para convocar a una sesión

Un proyecto, sin dictamen, propuesto por Hernán Lombardi resultó rechazado. Pero Juntos por el Cambio comprometió a los jefes de bloques a firmar una solicitud para que el tema se debata en el recinto el próximo 23 de agosto.

En una discusión caliente, la cuestión de la Ley de Alquileres, no prevista en el temario de este jueves, fue traída al recinto de la Cámara de Diputados por la oposición, que en un primer intento fracasó en que se trate un proyecto sobre tablas que propone su derogación, pero que, en segundo término, logró poner contra las cuerdas al oficialismo para que se solicite una sesión especial para debatir el tema el próximo 23 de agosto. 

Todo comenzó con un pedido de apartamiento del reglamento planteado por el diputado macrista Hernán Lombardi, que requería de las tres cuartas partes, y resultó rechazado con 102 afirmativos, 113 negativos y 9 abstenciones. 

Tras esa votación, el jefe del bloque radical, Mario Negri, tomó la palabra. “Esto no es demagogia, cinismo ni aprovechamiento electoral”, afirmó y pidió una moción para que, por simple mayoría, se vote convocar a una sesión especial para el próximo 23 de agosto, después de las PASO. Entonces, se abrió un debate reglamentario que lo tuvo como protagonista a él y al presidente del Frente de Todos, Germán Martínez

Cuando el acuerdo parecía no aparecer, la secretaria parlamentaria del bloque oficialista, Paula Penacca, explicó que ya que esa forma de convocar a una sesión no figuraba en el reglamento, “si la oposición quiere hacer una sesión especial con este tema que presente las diez firmas, que usted (a la presidenta) va a tener la obligación de convocar, pero que se pongan de acuerdo si van a querer tratar allí el proyecto del diputado Lombardi o si van a querer tratar el dictamen de mayoría y minoría”, en referencia a los textos que ya tienen despacho de comisión y nunca se llevaron al recinto. 

A continuación, la secretaria parlamentaria de Juntos por el Cambio, Silvia Lospennato, propuso “circular por las próximas dos horas un pedido de sesión especial” que “vamos a someter a la firma de todos los presidentes de bloques de esta Cámara. Entonces va a quedar claro qué bloques lo quieren tratar”. Y dio tiempo de que se firme esa solicitud hasta las 18, por lo cual se postergó la votación de la moción de Negri.

Posiciones encontradas

Al proponer el tratamiento de su proyecto de derogación de la Ley 27.551, Lombardi anticipó: “Vamos a hacer esto todas las veces que haga falta para reflexionar un poco dónde estamos parados. A tres años de la vigencia de la Ley de Alquileres, hay valores que subieron un 600%. Los inquilinos están absolutamente sufrientes, porque se retiró la oferta. No hay oferta”.

“Es una ley que no funcionó, nosotros decimos que también contó con la anuencia de nuestro bloque, pero es una catástrofe”, continuó y resaltó que “los inquilinos están angustiados y los propietarios están espantados”. “Por supuesto que el deterioro del salario real, al cual han llevado las erráticas políticas de este desgobierno, no tiene parangón por lo menos en la historia de la democracia argentina”, fustigó. 

El macrista habló de que en algunos barrios de la Ciudad, “el aumento intermensual es del 19%” en los alquileres. “Este Gobierno fracasó, no van a poder corregir grandes cosas en los meses que le quedan, lo que podríamos hacer es no agregar sufrimiento al sufrimiento y angustia a la angustia”, reclamó. 

Y desafió: “Consulten al presidente (Alberto Fernández), que no ejerce, a vuestra jefa política (Cristina Kirchner), al ministro (Sergio Massa), que además es candidato. Pero sería mejor quizás no consultar a ninguno de los jefes, escuchen a la gente que está sufriendo todos los días”. 

En contra de la propuesta, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman señaló que esa iniciativa “no ataca a la Ley de Alquileres por las deficiencias que tiene, sino lo que se pretende es dejarle las manos libres al mercado inmobiliario”. “La ley claramente tiene muchas críticas, pero acá se la trata de empeorar y no de mejorar para los inquilinos”, agregó.

En tanto, el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, acusó a Lombardi de estar “en modo electoral” y recordó que estaba “proponiendo un proyecto que no tiene dictamen de comisión”. “Cuando uno trata un tema de esta sensibilidad, si no es que está en modo electoral, lo tiene que hacer con la suficiente altura para plantear el debate con la profundidad que lo reclama; y, en segundo lugar, lo tiene que hacer escuchando absolutamente a todos como sí se hizo en el plenario de comisiones”, subrayó.

El santafesino admitió que eran “conscientes de las dificultades que tiene el dictamen por cómo quedó configurado, para que pueda imponerse en el recinto una mirada o la otra, al igual que somos conscientes de las necesidades”. “Pero lo que vamos a dejar en claro es que, en un momento de dificultad, lo que nosotros no vamos a dejar es que sean los inquilinos los que vayan a una negociación absolutamente asimétrica”, enfatizó y le dijo que el incremento del 19% se da en los contratos que están por fuera de la ley. Entonces, lanzó: “Usted está representando a ese sector y nosotros vamos a seguir representando a los inquilinos que tienen que ser protegidos”. 

Al anunciar la abstención del interbloque Federal, la diputada Graciela Camaño observó que “hay un cinismo tan grande en el debate de este tema. ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Hacerle creer a los inquilinos que los defendemos de un lado y del otro?”. “Nadie tiene la fórmula mágica para la resolución de los alquileres. Ahora, si enserio queremos debatir la Ley de Alquileres, seamos democráticos, traigamos la orden del día la recinto, se vota y el que gana, gana”, aseveró. 

Otra de las que tomó la palabra fue la legisladora de Buenos Aires Libre Carolina Píparo, quien criticó que “es un desastre esta ley sumado al desastre económico que está haciendo el oficialismo”, pero cargó contra Juntos por el Cambio por “venir ahora cuando se pasaron un año explicándome por qué no se podía derogar la ley. Hoy es oportunismo electoral”. “Por supuesto que voy a acompañar porque quiero derogar la ley y defiendo a los inquilinos”, completó. 

El jefe del interbloque Provincias Unidas, Luis Di Giacomo, cuestionó la “burda maniobra electoral, propia de estos tiempos, proviniendo de alguien de los sectores llamados extremos o duros”. Y, al recordar el consenso que había tenido la oposición en el dictamen de minoría, reprochó que luego desde ese sector de Juntos por el Cambio “propusieron una liberalización absoluta del tema, y quedó claro que fue imposible que podamos avanzar”. 

Durísimos cruces en el recinto por la cuestión jujeña

Hubo numerosas cuestiones de privilegio durante la sesión de Diputados por las discusiones en torno a la crisis desatada a partir de la reforma constitucional aprobada en Jujuy. Fuertes cargos contra Gerardo Morales y denuncias de intento de golpe institucional.

Previsiblemente el conflicto en Jujuy repercutió este miércoles en el recinto de la Cámara baja. Fue a la hora de las cuestiones de privilegio, y el primero en enarbolarlo fue el radical jujeño Jorge Rizzotti, quien la planteó contra el presidente de la Nación. “Por los hechos acaecidos en la provincia de Jujuy, con acciones ilegales e ilícitas ejecutadas por violentos que no fueron hechos aislados, sino planeados, orquestados y ejecutados por personas y organizaciones sociales y/o políticas que habiendo sido rechazadas en las urnas en procesos democráticos, tratan de quebrar el estado de derecho, con un uso extremo de violencia, con delitos y oscuros métodos extorsivos y sediciosos”.

Rizzotti sostuvo a continuación que durante la segunda quincena del mes de junio “nos vimos los jujeños con hechos que hacía mucho tiempo no veíamos. Más de 8 años que los jujeños habíamos aprendido a vivir en paz”, remarcó, asegurando que Jujuy “es la provincia en donde en 2015 le dijimos basta al modelo más duro, violento y corrupto del kirchnerismo, a través de Milagro Sala. Jujuy ha puesto presa a la corrupción y la violencia”.

Rizzotti alertó que lo que se vivió en su provincia es lo que Aníbal Fernández había anticipado al hablar de “calles regadas de sangre” si gana la oposición, como así también hizo referencia a dichos del diputado Eduardo Valdés. “No les tenemos miedo, vamos a ir por el cambio que los argentinos necesitan”, exclamó el jujeño en tono de campaña.

Y agregó: “So pretexto de un reclamo legítimo de los trabajadores de la educación, y la modificación de la Constitución, han salido a desestabilizar a un gobierno”. Luego aclaró qué es lo que establece la nueva Constitución provincial, y concluyó advirtiendo que “el pueblo le dijo que no a Milagro Sala. En la provincia de Jujuy van a tener que respetar el estado de derecho”, recordó que ganaron allí las elecciones recientes y enfatizó: “No queremos la violencia, ni los corruptos, y así va a pasar en Chaco, porque eso es Milagro Sala”, dijo, comparándola con Emerenciano Sena.

“No vamos a tolerar los jujeños que con plata del Estado nacional se financie la violencia en nuestra provincia. Vamos por el cambio en el país”, cerró.

A continuación, la jujeña Leila Chaher (FdT) salió a contestarle recordando que “hace más de un mes que en la provincia se viven marchas masivas en contra de la reforma constitucional”. Y para desacreditarla dio los tiempos que mereció ese debate: “Comenzó a sesionar el 22 de mayo y el 3 de junio recién apareció el texto de reforma. Es como si nosotros nos convocáramos en esta Cámara a debatir un proyecto que no existe. Eso hicieron los convencionales”.

“El 15 de junio se lo aprobó de manera exprés, en paralelo a las manifestaciones y reclamos genuinos salariales de la docencia jujeña”, agregó, apuntando además que por esos días se vivía lo que definió como “el tercer malón de la paz”, de pueblos originarios jujeños que caminaron desde la Puna 3 días para que los convencionales los escucharan.

Chaher sostuvo que el gobernador Gerardo Morales “adelantó la votación y entre gallos y medianoche se votó”. Habló entonces de “un rechazo masivo a una reforma inconsulta, de espaldas al pueblo”, y al que el gobernador “respondió con represión”. “Hay un pueblo que quiere ser escuchado”, dijo, y enarboló a continuación una foto donde se veía a un adolescente de 17 años que perdió un ojo “porque la policía de Gerardo Morales reprimía con órdenes de apuntar y disparar a los ojos de los manifestantes”.

La diputada jujeña aseguró que la Legislatura provincial se convirtió en un centro de detención y denunció la existencia de camionetas sin patente dando vueltas por la provincia, y alertó que “este es el modelo que Juntos por el Cambio quiere llevar a la Argentina. La violencia del Estado no puede volver a nuestro país”, dijo y advirtió que “una circunstancial victoria electoral no avala las atrocidades que están cometiendo”.

Concluyó pidiendo que “no dejemos que Juntos por el Cambio vuelva a gobernar nuestro país. El patrimonio de los violentos, nunca más”.

Más allá de las intervenciones de Myriam Bregman y Nicolás del Caño, su compañera Romina del Plá puso énfasis en celebrar “la rebelión popular que está ocurriendo allí, un pueblo que se ha rebelado contra la reforma constitucional de Morales, y una docencia que se ha rebelado contra los salarios de hambre”.

“La cuestión que importa son las relaciones sociales; lo que se quiere imponer es el saqueo de los recursos, el saqueo de las tierras de los originarios. La población se rebela, ¿a qué le tiene miedo Morales? A que se han unificado los trabajadores con las comunidades originarias. Morales no puede explicar el contenido de esa reforma reaccionaria, por eso se tiene que aprobar a las escondidas de la población”.

A continuación intervino la diputada Natalia Sarapura, que en su primera cuestión de privilegio desde que es diputada (hace menos de un mes) denunció que “a 40 años de democracia hemos vivido en Jujuy un intento de golpe de Estado, un golpe institucional”. Resaltó que hace ocho años habían logrado “sacar a Jujuy de la violencia que se vivía en la provincia; salir del piquete que se vivía todos los días; sacar a Jujuy de la provincia inviable, a la provincia de las oportunidades”.

“Por eso llama la atención que se diga que en Jujuy no se respeta el derecho a las mujeres”, dijo, detallando a continuación todas las cosas que se hicieron durante la gestión Morales en favor de ese género. Consideró “contradictorio” que “aquellos que en 30 años no hicieron nada, ahora se acuerden de los pueblos indígenas. Somos el gobierno de provincia que más políticas públicas tienen para con los pueblos indígenas. No avanzamos en el litio en ninguna comunidad que no haya dado su consentimiento. Respeten las causas; usan la lucha docente para desestabilizar, cuando son responsables del proceso inflacionario más alto de la historia”.

Agregó que “en Jujuy se castiga a los violentos. Díganme si no es violencia tomar edificios públicos, quemar la Legislatura… El proceso de Jujuy es de respeto a la institucionalidad. De dejar la patria del caos”.

Sarapura concluyó su encendido discurso asegurando que “no vamos a permitir que se nos acuse de que no somos demócratas. El gobernador es un demócrata y va a la Justicia; Jujuy abraza el proceso que hace. No se desalojó una comunidad en nuestro gobierno; no vamos  por el agua, somos el gobierno que estatizó la empresa del agua. Democracia sí, violencia no. Respeto a la ley. No nos acusen de no respetar los derechos; llegamos a mejorar el Estado, para democratizar derechos”.

La última en hablar sobre el tema jujeño fue la diputada del Frente de Todos Carolina Moisés, que presentó una cuestión de privilegio contra el gobernador Gerardo Morales “por amenaza personal”, contra ella y contra “todos los jujeños por expresar nuestras opiniones libremente en la provincia”.

Luego la emprendió contra la diputada Sarapura al señalar que lamentaba “que algunas diputadas estrenen su banca mitiendo, más si son originarias. No son 80 comunidades, sino 430 registradas por el INAI, de las cuales el 85% están en tierras fiscales y el nudo del problema en Jujuy son el agua y la tierra, que han sido declaradas de uso exclusivo de la provincia. La trampa es que las tierras que son de las comunidades que tienen personería jurídica, pasan a ser propiedad del Estado provincia. Y si alguien se queja, automáticamente el Poder Ejecutivo les saca la personería jurídica y dejan de tener derechos sobre esas tierras”.

“El gobernador ejecutó como gobernador, constituyente y presidente de la Convención Constituyente: tres cargos. Lo que tiene esta reforma es la concentración absoluta del poder en manos del Ejecutivo”, cuestionó, alertando contra la “persecución de cualquier ciudadano que se le ocurra expresarse y reclamar contra el Estado provincial”.

Moisés agradeció al presidente “porque escuchó a las comunidades originarias; al ministro de Seguridad porque se negó a reprimir a los jujeños; al ministro de Justicia porque ya presentó la acción de inconstitucionalidad de la reforma; a la ministra de Trabajo, porque fue la primera que denunció ante la OIT que esta reforma jamás podría haberse aprobado; y al secretario de Derechos Humanos porque estuvo cinco días en la provincia y no fue atendido por ningún funcionario provincial”.

Moisés concluyó calificando al gobernador Morales como “violento, extorsionador y mitómano, porque hoy está mostrando su verdadero rostro, para que Larreta lo ponga de vicepresidente. Los jueños no le tenemos miedo al gobernador… Los argentinos tendrían que tenerle miedo a Morales”.

Asumieron dos nuevos diputados

Un radical y un miembro de la CC completarán los mandatos de Rogelio Frigerio y Gabriel Mraida.

Tal cual había anunciado el 23 de junio pasado, el diputado Rogelio Frigerio presentó la renuncia a su banca y por ese motivo juró este miércoles en el inicio de la sesión quien cumplirá los dos años y medio que restan de su mandato: el radical Atilio Benedetti, quien ya ocupó una banca entre 2017 y 2021.

“Quiero contarles que decidí renunciar a mi banca como diputado nacional, cargo al que tuve el honor de acceder gracias al apoyo de cientos de miles de entrerrianos”, anunció Frigerio el viernes pasado a través de su Twitter. Recordemos que Frigerio está abocado a la campaña para gobernador en la provincia de Entre Ríos.

Pero no fue esta la única asunción de este miércoles, ya que también se produjo otra renuncia en el interbloque Juntos por el Cambio, la de Gabriel Mraida. Este diputado había asumido este mismo año, en la sesión del 28 de febrero pasado, en reemplazo de Waldo Wolff, cuyo mandato concluía este 10 de diciembre. Su renuncia se debe a que asumió como viceministro de Desarrollo Humano y Hábitat porteño.

Asumió en lugar de Mraida Santiago Espil, quien ocupaba el lugar 17° en la lista de Juntos que se presentó en la provincia de Buenos Aires en 2019. Espil es abogado y miembro de la Coalición Cívica-ARI.

Foto: HCDN

Sesiona la Cámara de Diputados para tratar créditos UVA

La quinta sesión del año en este cuerpo será muy extensa y se desarrolla con un temario de proyectos consensuados. Violencia de género digital es otro de los temas previstos.

Con un quórum alcanzado a las 12.30, la Cámara baja sesiona este miércoles para tratar nueve proyectos consensuados, entre los que se destaca la iniciativa que busca darle una solución a los tomadores de créditos hipotecarios.

Para el quórum se sumaron una decena de diputados de la UCR y la Coalición Cívica, entre ellos Julio Cobos, presente desde temprano, habida cuenta su interés manifiesto en la aprobación del proyecto sobre créditos UVA.

Según se anticipa, será muy extensa esta reunión, pues se espera que el tratamiento de los proyectos previstos demandará al menos doce horas. Pero además habrá 17 cuestiones de privilegio, 10 homenajes y 16 apartamientos de reglamento, lo que estirará la reunión al menos hasta las 3 de la mañana.

Entre los temas a tratar hay algunos muy esperados, como el primero que figura en la nómina presentada por el oficialismo a la hora de solicitar esta sesión especial: Violencia de género digital. El proyecto de Mónica Macha y Danya Tavela modifica la Ley 26.485, de Protección Integral a las Mujeres.

También conocido como “Ley Olimpia”, busca incorporar a nuestra ley una tipificación de la violencia digital como una forma de violencia por motivos de género, lo que permitirá incluirla en las políticas públicas.

“Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, en el plano analógico o virtual, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”, señala uno de los artículos que considera Violencia Digital o en Línea a “aquella que se ejerce mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y que implique la obtención, reproducción y difusión por cualquier medio de datos personales, material digital real o simulado, íntimo o de desnudez de las mujeres, sin su consentimiento, discursos de odio de género, patrones estereotipados sexistas, o que impliquen situaciones de acoso, amenaza, extorsión o control virtual, o acciones que atenten contra la integridad sexual o identidad digital de las mujeres a través de las TIC, así como cualquier otra que pueda surgir a futuro ejercida por este medio, que afecte los derechos protegidos de la presente ley”.

Créditos UVA

Como dijimos, la principal atención de esta sesión estará puesta en el proyecto denominado Sistema Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios. Este tema que atiende la situación de alrededor de 106.000 tenedores de créditos UVA cuenta con dos dictámenes.

El despacho de mayoría, fruto de un consenso alcanzado a lo largo de tres meses, fue acompañado por los legisladores del Frente de Todos y la UCR. Obtuvo en total 50 firmas a favor, de las cuales 10 fueron con disidencias parciales de los radicales. El interbloque Juntos por el Cambio exhibió sus diferencias a partir de un dictamen de minoría encabezado por el diputado de Evolución Radical Martín Tetaz, que a su vez fue suscripto por sus pares del Pro y la CC-ARI, pero también con disidencias parciales.

El proyecto establece que la cuota a pagar por el deudor hipotecario se determinará por el coeficiente de variación salarial, tomando como referencia el RIPTE (salario formal de la economía). En los meses que el RIPTE se encuentre por arriba del IPC (inflación), pagarán siempre el índice más bajo.

Estipula que la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores, ni podrá extender la duración del crédito más del 25% del plazo originalmente pactado.

También se tratará la creación del Régimen de Promoción de la Producción y/o Elaboración de Productos Orgánicos. El mismo tendrá una vigencia de 10 años, con beneficios impositivos y un certificado de crédito fiscal, entre otros puntos. El autor del proyecto es el formoseño Ramiro Fernández Patri, presidente de la Comisión de Economías y Desarrollo Regional, una de las que aprobó el dictamen que se abordará este miércoles.

La iniciativa busca contribuir a un empleo de inclusión, puede generar divisas; es una producción muy amigable con el medio ambiente y apunta a lograr una soberanía alimentaria con calidad. Un proyecto para el fomento de la producción orgánica tuvo media sanción en 2013 y perdió estado parlamentario en 2015.

Entre los beneficios previstos, se establece que a partir de la inscripción en el registro, los productores van a poder tener un bono fiscal por el 70% de los aportes patronales que hagan y ese bono les va a permitir cancelar deudas impositivas ante la AFIP -salvo Ganancias-, y reducción del 60% en el pago del impuesto a las Ganancias.

Las deudas con el ENOHSA

Otro de los proyectos que serán tratados este miércoles es el plan de refinanciación de deudas a cargo de provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos, respecto al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).

Durante la vigencia de la Ley de Convertibilidad, esas provincias y municipios tomaron deuda en moneda extranjera especialmente con el ENOHSA, que otorgó créditos para obras de infraestructura de provisión de agua potable y saneamiento.

El plan de refinanciación impulsado por el diputado Eduardo Fernández incluirá exclusivamente créditos otorgados en el marco de programas de financiamiento por organismos multilaterales de créditos a cargo de provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos y comprenderá las garantías por deudas asumidas en convenios complementarios celebrados con el ENOHSA. La mayoría de los créditos otorgados por ENOHSA durante el período de convertibilidad en el que un dólar equivalía a un peso argentino se pautaban a un plazo de 12 a 15 años, con aval provincial garantizado por los fondos de la coparticipación federal.

El monto total de la deuda vencida y a vencer al 31 de marzo de 2023 asciende a USD 85.756.662,58, correspondiendo a deuda vencida el 76,52%. La deuda total afecta a 13 provincias: Córdoba, Corrientes, Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro, Neuquén, Santiago del Estero, Chaco, Mendoza, Chubut, Misiones, Tucumán y Catamarca.

En la provincia de Córdoba, los municipios que hoy afrontan estas deudas son Río Tercero, Cosquín, Villa General Belgrano, Monte Maíz, San Basilio, Huinca Renancó, y se suma la Cooperativa de Agua Potable de Villa Nueva. Al mes de marzo 2023, el monto de la Deuda Total es de USD 55.475.0.14,65.

Otro de los proyectos a tratarse es la derogación de la Ley 11.317, relacionado con el trabajo de las mujeres y niños, y el y decreto 2.699 del 28 de mayo de 1925. Se trata de un proyecto impulsado por las diputadas Silvia Lospennato, Lorena Masín y Vanesa Siley, que deroga las normas relacionadas con prohibición de tareas peligrosas o insalubres para personas menores de 18 años.

Asimismo se incluye un artículo que prohíbe hacer discriminaciones entre los trabajadores por motivo de género, orientación sexual, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales, discapacidad o de edad.

También se tratará el proyecto de ley de Regulación del Ejercicio Profesional del Acompañamiento. El dictamen consensuado contempla proyectos de Daniel Gollán, Soledad Carrizo y Virginia Cornejo.

Se entiende por “Acompañante Terapéutico” al trabajador y profesional del campo de la salud con título habilitante, cuya función consiste principalmente en acompañar a la persona asistida a través de un abordaje biológico, psicológico y social integral en el marco de un equipo interdisciplinario y/o por indicación de un profesional tratante a cargo, para facilitar la rehabilitación del sujeto acompañado, prevenir eventuales recaídas, identificar situaciones de riesgo y promover su reinserción en el ámbito comunitario.

Asimismo se tratará la aprobación de cargos de cónsules y vicecónsules honorarios a ciudadanos argentinos propuestos por gobiernos extranjeros, como así también un acuerdo sobre Transporte Aéreo entre la República Argentina y la República Portuguesa, suscripto en la ciudad de Lisboa el 25 de junio de 2007, y la declaración de monumento histórico nacional del Parque de la Constitución Nacional.

En una comisión de Diputados se resaltó un proyecto para visibilizar un delito aberrante: el chineo

Fue en el marco de una reunión de la Comisión de Población y Desarrollo Humano que se reunió este miércoles en la que se trató además una serie de proyectos de resolución y declaración.

Luego de una suspensión que tuvo días pasados por no poder contar con el quórum necesario, se reunió este miércoles la Comisión de Población y Desarrollo Humano que preside la diputada del Pro Camila Crescimbeni, para tratar una serie de proyectos de resolución y declaración relacionados en general con considerar “de interés” una serie de fiestas y celebraciones regionales.

En ese marco se trató un tema puntual, abordado por dos proyectos de declaración presentados por la diputada del Frente de Todos Estela Hernández, relacionados con un delito aberrante que desde Diputados se buscará visibilizar: el chineo.

Ambos proyectos fueron dejados para el final, a fin de que la diputada chubutense pudiera fundamentarlos. Ambos están directamente relacionados entre sí. El primero era para declarar de interés de la Cámara el 3° Parlamento Plurinacional de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, realizado en el mes de mayo de 2022 en la localidad de Chicoana, provincia de Salta. El otro, para expresar repudio por los delitos de abuso sexual, secuestro y femicidio ejercidos contra niñas indígenas.

De ambos temas habló la diputada oficialista, que tras leer cuáles fueron las comunidades que pasaron por el Parlamento plurinacional, destacó que en ese marco se pidió declarar y tipificar como “delito de odio” el chineo. “Quizá mucha gente no sepa qué es lo que significa”, apuntó Hernández, declarando luego que se trata de “la persecución de niñas, adolescentes y mujeres, de hombres que las persiguen, las atacan sexualmente, provocando sexualmente embarazos no deseados, abortos clandestinos, muertes… Estos casos son invisibilizados, y nuestra obligación es al menos mostrar que esto existe, que pasa en nuestro país y que hay un montón de mujeres luchando porque estas cuestiones horribles, que no deberían ocurrir y ocurren, se empiecen a desterrar y se consideren lo que son: un delito”.

Tras abogar porque este evento realizado en la provincia de Salta se replique en otras comunidades, insistió, respecto del otro proyecto en la necesidad de “tipificar el chineo como un delito de odio, que no se conoce y sería bueno visibilizarlo, y me gustaría poder estar atendiendo en otra oportunidad a mujeres que podrían estar viniendo a transmitirnos, para decirnos qué es lo que les está pasando como comunidad a todos.

A continuación, la diputada salteña Lía Caliva se sumó a esa iniciativa y pidió “escuchar a las niñas que son víctimas de violaciones sistemáticas, del incesto, de situaciones que transitan porque son víctimas de secuestro, de torturas”, señaló, para cerrar haciendo votos de “poder abordar esa agenda tan dolorosa es una necesidad, para que reciban la protección que merecen y amparar los derechos supremos de las niñas y adolescentes”.

Los otros proyectos

Previamente se había pasado a la firma los proyectos de Soher El Sukaria, para declarar de interés de la Cámara la Fiesta de las Colectividades que se celebra anualmente en la ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdoba; el de Rogelio Iparraguirre para declarar de interés los actos y festejos que se realicen en conmemoración del bicentenario de la fundación de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires; como así también el de Estela Mary Neder sobre el 139° aniversario de la ciudad de Loreto, departamento homónimo, de la provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el 15 de julio de 2023.

También la declaración de interés de la “Smart City Expo Santiago del Estero 2023”; a realizarse del 14 al 16 de junio de 2023 en la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del Estero; el beneplácito promovido por Rubén Manzi por la celebración del día del Inmigrante Italiano en la argentina, que se conmemora el 3 de junio de cada año en nuestro país; la declaración de María Luisa Chomiak de interés del 130° aniversario de la localidad de Garín, partido de Escobar, que se conmemora el día 19 de junio; el beneplácito pedido por Tanya Bertoldi por el 110° aniversario de la ciudad de Zapala a celebrarse el 12 de julio de 2023; y la declaración de interés pedida por Gabriela Lena y otros diputados entrerrianos por el 170° aniversario de la fundación de la primera colonia agro-militar “Las Conchas” que dio origen a la localidad de Villa Urquiza, provincia de Entre Ríos.

Diputados vuelve a sesionar para tratar créditos UVA y violencia digital

Esos son dos de los proyectos de un temario que incluye iniciativas muy esperadas como la refinanciación de deudas con ENOHSA y acompañamiento terapéutico.

La Cámara de Diputados vuelve a abrir este miércoles las puertas del recinto para tratar proyectos, cosa que no sucedía desde el pasado 19 de abril. Será a partir de este mediodía, para tratar nueve proyectos consensuados, entre los que se destaca la iniciativa que busca darle una solución a los tomadores de créditos hipotecarios.

Será una sesión especial, cuya reunión de Labor Parlamentaria para organizarla está prevista para las 10.30. Según lo que se acuerde en la misma se verá de qué manera el contexto político se introduce en la primera parte de la sesión, en el marco de cuestiones de privilegio. Es que el tema Jujuy, que sonó muy fuerte por razones opuestas en oficialismo y oposición los últimos días, estará seguramente presente en esas presentaciones que puedan hacerse en el inicio.

Precisamente porque el clima político está un poco caldeado entre las partes es que a pesar de tratarse temas de consenso un sector de Juntos por el Cambio era propenso en la previa de esta sesión a no dar quórum. Se verá.

La cuestión es que más allá del clima electoral que no estará ajeno a este encuentro, hay temas muy esperados, como el primero que figura en la nómina presentada por el oficialismo a la hora de solicitar esta sesión especial: Violencia de género digital. El proyecto de Mónica Macha y Danya Tavela modifica la Ley 26.485, de Protección Integral a las Mujeres.

También conocido como “Ley Olimpia”, busca incorporar a nuestra ley una tipificación de la violencia digital como una forma de violencia por motivos de género, lo que permitirá incluirla en las políticas públicas.

“Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, en el plano analógico o virtual, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”, señala uno de los artículos que considera Violencia Digital o en Línea a “aquella que se ejerce mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y que implique la obtención, reproducción y difusión por cualquier medio de datos personales, material digital real o simulado, íntimo o de desnudez de las mujeres, sin su consentimiento, discursos de odio de género, patrones estereotipados sexistas, o que impliquen situaciones de acoso, amenaza, extorsión o control virtual, o acciones que atenten contra la integridad sexual o identidad digital de las mujeres a través de las TIC, así como cualquier otra que pueda surgir a futuro ejercida por este medio, que afecte los derechos protegidos de la presente ley”.

Créditos UVA

Como dijimos, la principal atención de esta sesión estará puesta en el proyecto denominado Sistema Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios. Este tema que atiende la situación de alrededor de 106.000 tenedores de créditos UVA cuenta con dos dictámenes.

El despacho de mayoría, fruto de un consenso alcanzado a lo largo de tres meses, fue acompañado por los legisladores del Frente de Todos y la UCR. Obtuvo en total 50 firmas a favor, de las cuales 10 fueron con disidencias parciales de los radicales. El interbloque Juntos por el Cambio exhibió sus diferencias a partir de un dictamen de minoría encabezado por el diputado de Evolución Radical Martín Tetaz, que a su vez fue suscripto por sus pares del Pro y la CC-ARI, pero también con disidencias parciales.

El proyecto establece que la cuota a pagar por el deudor hipotecario se determinará por el coeficiente de variación salarial, tomando como referencia el RIPTE (salario formal de la economía). En los meses que el RIPTE se encuentre por arriba del IPC (inflación), pagarán siempre el índice más bajo.

Estipula que la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores, ni podrá extender la duración del crédito más del 25% del plazo originalmente pactado.

También se tratará la creación del Régimen de Promoción de la Producción y/o Elaboración de Productos Orgánicos. El mismo tendrá una vigencia de 10 años, con beneficios impositivos y un certificado de crédito fiscal, entre otros puntos. El autor del proyecto es el formoseño Ramiro Fernández Patri, presidente de la Comisión de Economías y Desarrollo Regional, una de las que aprobó el dictamen que se abordará este miércoles.

La iniciativa busca contribuir a un empleo de inclusión, puede generar divisas; es una producción muy amigable con el medio ambiente y apunta a lograr una soberanía alimentaria con calidad. Un proyecto para el fomento de la producción orgánica tuvo media sanción en 2013 y perdió estado parlamentario en 2015.

Entre los beneficios previstos, se establece que a partir de la inscripción en el registro, los productores van a poder tener un bono fiscal por el 70% de los aportes patronales que hagan y ese bono les va a permitir cancelar deudas impositivas ante la AFIP -salvo Ganancias-, y reducción del 60% en el pago del impuesto a las Ganancias.

Las deudas con el ENOHSA

Otro de los proyectos que serán tratados este miércoles es el plan de refinanciación de deudas a cargo de provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos, respecto al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).

Durante la vigencia de la Ley de Convertibilidad, esas provincias y municipios tomaron deuda en moneda extranjera especialmente con el ENOHSA, que otorgó créditos para obras de infraestructura de provisión de agua potable y saneamiento.

El plan de refinanciación impulsado por el diputado Eduardo Fernández incluirá exclusivamente créditos otorgados en el marco de programas de financiamiento por organismos multilaterales de créditos a cargo de provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos y comprenderá las garantías por deudas asumidas en convenios complementarios celebrados con el ENOHSA. La mayoría de los créditos otorgados por ENOHSA durante el período de convertibilidad en el que un dólar equivalía a un peso argentino se pautaban a un plazo de 12 a 15 años, con aval provincial garantizado por los fondos de la coparticipación federal.

El monto total de la deuda vencida y a vencer al 31 de marzo de 2023 asciende a USD 85.756.662,58, correspondiendo a deuda vencida el 76,52%. La deuda total afecta a 13 provincias: Córdoba, Corrientes, Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro, Neuquén, Santiago del Estero, Chaco, Mendoza, Chubut, Misiones, Tucumán y Catamarca.

En la provincia de Córdoba, los municipios que hoy afrontan estas deudas son Río Tercero, Cosquín, Villa General Belgrano, Monte Maíz, San Basilio, Huinca Renancó, y se suma la Cooperativa de Agua Potable de Villa Nueva. Al mes de marzo 2023, el monto de la Deuda Total es de USD 55.475.0.14,65.

Otro de los proyectos a tratarse es la derogación de la Ley 11.317, relacionado con el trabajo de las mujeres y niños, y el y decreto 2.699 del 28 de mayo de 1925. Se trata de un proyecto impulsado por las diputadas Silvia Lospennato, Lorena Masín y Vanesa Siley, que deroga las normas relacionadas con prohibición de tareas peligrosas o insalubres para personas menores de 18 años.

Asimismo se incluye un artículo que prohíbe hacer discriminaciones entre los trabajadores por motivo de género, orientación sexual, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales, discapacidad o de edad.

También se tratará el proyecto de ley de Regulación del Ejercicio Profesional del Acompañamiento. El dictamen consensuado contempla proyectos de Daniel Gollán, Soledad Carrizo y Virginia Cornejo.

Se entiende por “Acompañante Terapéutico” al trabajador y profesional del campo de la salud con título habilitante, cuya función consiste principalmente en acompañar a la persona asistida a través de un abordaje biológico, psicológico y social integral en el marco de un equipo interdisciplinario y/o por indicación de un profesional tratante a cargo, para facilitar la rehabilitación del sujeto acompañado, prevenir eventuales recaídas, identificar situaciones de riesgo y promover su reinserción en el ámbito comunitario.

Asimismo se tratará la aprobación de cargos de cónsules y vicecónsules honorarios a ciudadanos argentinos propuestos por gobiernos extranjeros, como así también un acuerdo sobre Transporte Aéreo entre la República Argentina y la República Portuguesa, suscripto en la ciudad de Lisboa el 25 de junio de 2007, y la declaración de monumento histórico nacional del Parque de la Constitución Nacional.

Tratarán en comisión proyectos de indemnización para trabajadores afectados por las privatizaciones en los ’90

Será en una reunión de Legislación del Trabajo, donde se debatirán iniciativas respecto de exagentes de Gas del Estado y SEGBA.

Por impulso de diputados oficialistas, se tratarán este martes en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados dos proyectos que proponen una indemnización a trabajadores afectados por las privatizaciones en los años ’90. La reunión será a las 15 en la Sala 1 del Anexo, previo a un plenario que habrá para debatir sobre licencias laborales.

Una de las iniciativas, presentada por Hugo Yasky (FdT), busca reconocer “una indemnización económica a los exagentes de la Empresa Gas del Estado que no se hayan acogido al Programa de Propiedad Participada”.

“Toda vez que los Programas de Propiedad Participada de las sociedades anónimas continuadoras de Gas del Estado S.E. se articularon con los mismos vicios que se presentaron en el PPP de YPF -puestos al descubierto por la Corte Suprema-, y por las quejas que nos han hecho llegar y el número de causas judiciales que hemos podido relevar, el impacto en el caso de Gas del Estado S.E. fue significativamente menor que en YPF, sin perjuicio de lo cual no me cabe dudas que igualmente es responsabilidad del Estado Nacional, a través de este Congreso de la Nación, reparar el daño causado a aquellos trabajadores que, pese a tener derecho a quedar incluidos en el correspondiente Programa de Propiedad Participada de la sociedad continuadora a la que fueron transferidos, resultaron injustamente excluidos por haber cesado su relación de dependencia en el período que se extendió desde el día 17 de julio de 1992 y la efectiva suscripción del respectivo acuerdo general de transferencia”, sostuvo en los fundamentos el diputado.

El otro proyecto, impulsado por Juan Marino (FdT), propone establecer “una indemnización a favor de los y las exagentes de la exEmpresa de Servicios Eléctricos de Gran Buenos Aires (SEGBA S.A.) o sus derechohabientes que se desempeñaban en relación de dependencia al 31 de agosto de 1992”.

“Las gestiones de los Programas de Propiedad Participada fueron diversas. En la mayoría de los casos terminaron en conflictivos procesos judiciales, tendientes a lograr el cumplimiento de las obligaciones de participar, o para indemnizar los daños por los respectivos incumplimientos. En el marasmo de juicios, también abundaron diversas interpretaciones sobre plazos de prescripciones y causales de caducidad que, en definitiva, consumaron la violación al derecho a la propiedad participada de los exagentes de las empresas participadas y particularmente de los de SEGBA”, señaló Marino en su iniciativa.

A través de un comunicado, el colectivo de trabajadores damnificados recordó que a lo largo de estos años han impulsado “diferentes iniciativas legislativas” para “resarcir a los trabajadores que no cobraron lo que la ley indicaba”.

“Como tantas veces hemos movilizado al Congreso reclamando por el tratamiento de las leyes, en esta oportunidad celebramos y apoyamos este gran paso que retoma el debate y la discusión por las leyes de reparación”, agregaron. En tanto, este martes se congregarán en las puertas del Anexo de la Cámara baja.

Representantes de dos provincias y funcionarios asistirán a la Comisión de Juicio Político este jueves

Con dos reuniones que habían sido programadas y finalmente no sucedieron, arrancará el tratamiento de la causal “coparticipación”. Se espera recibir un informe del juez Maqueda.

comision juicio politico 15 junio 2023

Pese al cronograma que se había trazado en la última reunión -el pasado 15 de junio-, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomará su trabajo este jueves, con la citación de dos testigos, para comenzar con el tratamiento de la causal “coparticipación” en el proceso que se lleva adelante contra los cuatro miembros de la Corte Suprema.

Para este jueves a las 11 también fue citado el juez Juan Carlos Maqueda, a quien mediante una resolución votada por el oficialismo se lo notificó de 14 cargos que se le formulan “provisionalmente”, a raíz de los testimonios sobre las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

Se estima que el magistrado no asistirá. De acuerdo al artículo 13 del reglamento de la comisión, Maqueda puede enviar un informe por escrito.

Lo cierto es que la comisión tenía previsto recibir el pasado 27 de junio a gobernadores y al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; y el 4 de julio a Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro; pero ninguna de las convocatorias pudieron concretarse hasta ahora.

En tanto, este jueves, asistirán Horacio Diez, subprocurador del Tesoro de la Nación, y Joaquin D. Alperovich, titular de la Unidad de Análisis Económico de la CSJN. También lo harán en representación de las provincias Fernando Pablo Tanarro, fiscal de Estado de la provincia de Santa Cruz y Marcos Denett, fiscal de Estado de la provincia de Catamarca.

El oficialismo cuestiona la forma en que se llegó al fallo por el cual el máximo tribunal, en diciembre del año pasado, le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires y ordenó a la Nación devolverle el 2,95% de la coparticipación a ese distrito.

Según denuncian los legisladores del Frente de Todos, en los chats filtrados entre Robles y D’Alessandro se demostraría que esa decisión de la Corte estuvo negociada entre funcionarios del Palacio de Tribunales y el Gobierno porteño.

Junio: las comisiones de Diputados muy activas y un Senado parado

Solo hubo una sesión informativa en la Cámara baja, donde sí se emitieron numerosos dictámenes; pero en la Cámara alta apenas hubo una reunión constitutiva de una comisión.

El año electoral está afectando fuertemente la actividad en las dos cámaras, aunque ese no es el único factor que influye en la baja productividad del Congreso. Puntualmente en el Senado la actividad es prácticamente nula: sin sesiones y apenas una reunión formal de comisiones, muestran un cuadro preocupante que tiene que ver también con la recomposición que hubo en ese cuerpo a partir de la escisión que se dio en el interbloque oficialista y lo dejó como segunda minoría.

La falta de quórum impidió que a fin de mes se reuniera la Comisión de Industria y Comercio que buscaba ratificar a sus autoridades. Sí lo hizo en cambio la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado que se reunió el 28 de junio para ratificar a sus autoridades: Silvina García Larraburu y Víctor Zimmerman, presidenta y vice respectivamente.

Sí en cambio se realizaron en la Cámara alta actividades como la que tuvo lugar también el 28 de junio, cuando con motivo del Día de las PyMes, la Comisión de Pymes y Economías Regionales, la salteña Nora del Valle Giménez se reunió para debatir sobre los desafíos que enfrentan las mujeres cotidianamente para ser emprendedoras y para dirigir instituciones gremiales y empresariales con representación nacional.

El primer día del mes de junio se puso en marcha la Bicameral del Defensor del Niño, que ratificó a la senadora riojana Clara Vega como presidenta.

A lo largo de junio, en Diputados se reunieron once comisiones. La actividad en las comisiones arrancó el primer día del mes, con una reunión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios que preside Mariana Zuvic, para analizar con invitados un proyecto sobre Presupuestos Mínimos para la Gestión Ambiental de Residuos de Artes de Pesca. En ese marco comenzó a analizarse un proyecto de esa diputada de la Coalición Cívica que contempla un serio problema por cuanto las artes de pesca que están abandonadas, perdidas y descartadas generan enormes daños al ambiente, a la salud. En la economía se estiman que, aproximadamente, de 640 mil toneladas abandonadas o perdidas en los océanos, tal cual precisó Zuvic.

Ese mismo día se presentó en la Cámara baja el ministro Daniel Filmus, en una reunión informativa convocada por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados, comandada por el radical Facundo Manes, para seguir analizando el proyecto de ley de “Plan de Ciencia 2030”.

El 6 de junio se realizó la primera reunión de junio de la Comisión de Juicio Político que tuvo una actividad menguada este mes de junio, con solo dos reuniones. En la primera se realizó la última audiencia con testigos sobre las supuestas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial.

En la siguiente, realizada el 15 de junio, se aprobó una resolución para citar el próximo 6 de julio al juez de la Corte Juan Carlos Maqueda, a quien se le atribuyeron “provisionalmente” 14 cargos por el manejo de la obra social del Poder Judicial entre 2008 y 2021.

comision juicio politico 15 junio 2023

El 7 de junio la Comisión de Legislación General se reunión para dar dictamen al proyecto de “Ley Nicolás” sobre seguridad del paciente, como así también a la iniciativa sobre regularización del ejercicio de acompañantes terapéuticos, que quedaron listos para ser debatidos en el recinto.

Esa misma tarde la Comisión de Agricultura y Ganadería que preside Ricardo Buryaile recibió a representantes del sector ganadero para analizar el tema de los derechos de exportación y plantear un plan para bajar de manera inmediata 12 puntos a todos los productos, lo que significaría la eliminación de los derechos de exportación en todos los productos, menos en soja.

También se reunió la Comisión de Cultura, que preside Hernán Lombardi, a fin de dar inicio al debate de una iniciativa que es buscada desde el año 2012: la ley nacional de danza que prevé la creación del Instituto Nacional de la Danza. Fue también una reunión informativa sobre un tema que fue planteado como “una deuda que tiene el Congreso con la danza como parte identitaria de nuestra cultura nacional”.

El 13 de junio volvió a reunirse la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios para dar dictamen al proyecto de trazabilidad de la pesca. Se trata de un proyecto que unifica iniciativas de los diputados Carlos Selva y Ximena García  para la creación de un Sistema Unico Argentino de Trazabilidad de la Pesca (SUTRAP). El proyecto ya había tenido dictamen en una reunión celebrada el 16 de noviembre del año pasado, pero perdió estado parlamentario a fin de año, pero perdió estado parlamentario, por lo que en una breve reunión se le volvió a dar dictamen.

También se reunió la Comisión de Libertad de Expresión, a fin de designar a Sabrina Ajmechet como presidenta, en reemplazo de Waldo Wolff, quien dejó su banca para sumarse al Gabinete porteño.

En una reunión realizada el 14 de junio se reunió la Comisión de Comunicaciones e Informática para emitir el último dictamen que faltaba para el proyecto de ley que modifica la Ley 26.485, de Protección Integral a las Mujeres, contemplando la figura de violencia de género digital. Así, la iniciativa quedó lista para ser debatida en el recinto.

También el 14 de junio se realizó un esperado plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda, en el que se emitieron un dictamen de mayoría y otro de minoría para atender la situación de los endeudados con créditos UVA.

La actividad en el recinto

Como dijimos, hubo durante el mes una sola sesión y fue en la Cámara baja, para recibir el informe del jefe de Gabinete, Agustín Rossi. En esa reunión se aprovechó para que jurara la diputada radical Natalia Silvina Sarapura, quien completará hasta 2025 el mandato de Gustavo Bouhid, quien había renunciado para asumir como ministro de Salud de la provincia de Jujuy.

En su visita, Agustín Rossi rechazó que hiciera falta una “devaluación brusca”, trazó un panorama optimista para los tiempos por venir, en el que “las reservas van a ser favorables”, y realizó fuertes cuestionamientos a la gestión presidencial de Mauricio Macri y sobre todo la deuda contraída. En materia de seguridad, al hablar de Santa Fe les pidió a los socialistas recordar su responsabilidad en la materia.

Comisiones que se reunieron a lo largo del año en Diputados

Juicio Político: 16 veces

Comercio: 6 veces

Presupuesto: 6 veces

Mujeres y Diversidad: 3 veces

Finanzas: 3 veces

Legislación General: 3 veces

Agricultura y Ganadería: 3 veces

Industria: 2 veces

Legislación Penal: 2 veces

Ciencia y Tecnología: 2 veces

Economía y Desarrollo Regional: 2 veces

Defensa del Consumidor: 2 veces

Intereses Marítimos: 2 veces

Cultura: 2 veces

Recursos Naturales: 1 vez

Previsión y Seguridad Social: 1 vez

Minería: 1 vez

Justicia: 1 vez

Deportes: 1 vez

Defensa: 1 vez

Transporte: 1 vez

Relaciones Exteriores: 1 vez

Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias y Previsionales: 1 vez

Discapacidad: 1 vez

Acción Social y Salud Pública: 1 vez

Legislación del Trabajo: 1 vez

Libertad de Expresión: 1 vez

Comunicaciones e Informática: 1 vez

Comisiones que se reunieron a lo largo del año en el Senado

Presupuesto: 3 veces

Acuerdos: 2 veces

Salud: 2 veces

Deportes: 1 vez

Trabajo y Previsión Social: 1 vez

Población y Desarrollo Humano: 1 vez

Ambiente y Desarrollo Sustentable: 1 vez

Justicia y Asuntos Penales: 1 vez

Ciencia y Tecnología: 1 vez

El presidente de YPF expondrá en Diputados

Pablo González ha sido convocado para este martes ante un plenario de comisiones para exponer en torno al Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL).

Se reactiva la actividad en la Cámara baja esta semana. Prueba de ello es que no solo habrá sesión el miércoles, sino que también han sido convocadas varias comisiones, entre ellos un plenario de Energia y Combustibles y Presupuesto y Hacienda.

Es así que el presidente de la Comisión de Energía y Combustibles, Santiago Igón (FdT-Chubut) convocó a una reunión para este martes a partir de las 15, en la Sala de Reuniones del 2º piso del Anexo “C”, a fin de avanzar en el estudio sobre la temática del  Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL) en nuestro país.

Para tal fin ha sido invitado a exponer el presidente de YPF SA, Pablo González. Santacruceño y precandidato a senador nacional, González expondrá en torno a un proyecto que el Poder Ejecutivo remitió al Congreso el pasado 29 de mayo, con las firmas del presidente de la Nación, Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el ministro de Economía, Sergio Massa, que busca declarar de interés público nacional la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de GNL, con el objetivo de desarrollar la cadena de valor de la industria del GNL, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector.

A través del mismo, se propone la creación de un Régimen de Promoción de grandes proyectos que comprende el transporte del gas natural destinado a la producción de GNL, su licuefacción, almacenaje y transporte; y su comercialización y exportación. Serán beneficiarios quienes presenten proyectos dentro de los primeros 3 años de su sanción (prorrogables por otros tres por la autoridad de aplicación).

Además, otorgará beneficios fiscales a proyectos que comprometan como mínimo una determinada inversión y una capacidad mínima de producción de toneladas de GNL por año.

Se establece un “compromiso de estabilidad fiscal y regulatoria” y garantizará un porcentaje de libre aplicación de las divisas obtenidas por las exportaciones de GNL durante treinta años y estabilidad regulatoria cambiaria para el pago de deudas financieras.

También garantizará el transporte y suministro del gas natural para el proyecto e incluye la posibilidad de acceder a autorización de exportación en firme de GNL 365 por 30 años.

Como contrapartida, demanda requisitos de integración de contenido nacional y contribución al desarrollo local que van escalando periódicamente, como condición de mantenimiento de los beneficios. El objetivo es lograr que los proyectos, a medida del paso del tiempo, vayan incorporando bienes e insumos producidos localmente.

El oficialismo pidió una sesión para el miércoles con créditos UVA en el temario

Tal cual se especulaba, el Frente de Todos solicitó a la presidenta de la Cámara de Diputados una sesión especial para el 5 de julio al mediodía con un temario que incluye casi una decena de temas consensuados.

Todo indica que prosperaron las negociaciones impulsadas desde el oficialismo para realizar una sesión el próximo miércoles 5 de julio en la Cámara baja con un temario de temas que incluyen nada menos que una búsqueda de solución para los tenedores de créditos UVA.

El pedido de sesión fue presentado al cierre de este viernes a la titular de la Cámara, Cecilia Moreau, por los diputados oficialistas Germán Martínez, Paula Penacca, Hilda Aguirre, Pablo Carro, Eduardo Fernández, Ramiro Fernández Patri, Daniel Gollán, Lucas Godoy, Carlos Heller, Mónica Macha, Gisela Marziotta, Lucila Masin, Carlos Ponce, Vanesa Siley y Eduardo Valdés.

El temario para esta sesión incluye, como hemos dicho, la situación de los deudores de créditos UVA, comprendidos en el proyecto denominado “Sistema Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios”. Sobre esta iniciativa se firmaron dos dictámenes el pasado 14 de junio, que entre sus principales, establece que la cuota a pagar por el deudor hipotecario se determinará por el coeficiente de variación salarial, tomando como referencia el RIPTE (salario formal de la economía). En los meses que el RIPTE se encuentre por arriba del IPC (inflación), pagarán siempre el índice más bajo.

Los temas a tratar son los siguientes:

  • Modificación de la Ley 26.485, de Protección Integral a las Mujeres. Modificación sobre Violencia Digital.
  • Régimen de Promoción de la Producción y/o Elaboración de Productos Orgánicos.
  • Plan de refinanciación de deudas a cargo de provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos, respecto al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).
  • Ley 11.317 y decreto 2.699 del 28 de mayo de 1925. Derogación
  • Regulación del Ejercicio Profesional del Acompañamiento Terapéutico.
  • Cargos de cónsules y vicecónsules honorarios a ciudadanos/as argentinos/as propuestos por gobiernos extranjeros. Autorización para su desempeño.
  • Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre la República Argentina y la República Portuguesa, suscripto en la ciudad de Lisboa –República Portuguesa– el 25 de junio de 2007
  • Declaración de monumento histórico nacional del Parque de la Constitución Nacional.

Diputados podría sesionar la próxima semana para tratar Créditos UVA

Serían varios los temas a tratar en el recinto, entre ellos, se encuentran violencia digital de género, refinanciamiento de deuda con ENOHSA, producción orgánica y régimen previsional para brigadistas.

En días convulsionados tras el cierre de listas de cara a las elecciones, la Cámara de Diputados buscará retomar su actividad a pocos días de cumplirse tres meses de la última vez que las puertas del recinto se abrieron para debatir un paquete de proyectos, ya que en la tarde de este jueves trascendió la posibilidad de una sesión la próxima semana y, de concretarse, sería la tercera vez durante este período ordinario que la cámara se reúne -sin contar las sesiones informativas del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, el 29 de marzo y 13 de junio-.

Si bien no hay una confirmación oficial, fuentes cercanas a la oposición hicieron saber a parlamentario.com que el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, haría el pedido para sesionar el miércoles 5 de julio, pero afirmaron que “recién se está empezando a hablar”. La duda recae en cuál será la postura que tomará la oposición, ya que según informaron las fuentes “están analizando si dan quórum porque hay muchas diferencias en los dictámenes”, pero aseguraron que “lo más probable es que sí haya quórum”.

Son varios los proyectos que hace tiempo esperan ser tratados en el recinto y que son reclamados por la sociedad, entre ellos Créditos hipotecarios UVA del cual se firmaron dos dictámenes el pasado 14 de junio. El texto consensuado logró la mayoría y fue suscripto por oficialistas y radicales, que firmaron con disidencias. En tanto el de minoría fue presentado por Martín Tetaz, acompañado de sus pares del Pro y la CC, pero también firmaron con disidencias.

Entre los puntos centrales del dictamen de mayoría titulado “Sistema de Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios”, contiene seis capítulos y, entre sus puntos principales, establece que la cuota a pagar por el deudor hipotecario se determinará por el coeficiente de variación salarial, tomando como referencia el RIPTE (salario formal de la economía). En los meses que el RIPTE se encuentre por arriba del IPC (inflación), pagarán siempre el índice más bajo.

La iniciativa estipula que la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores, ni podrá extender la duración del crédito más del 25% del plazo originalmente pactado. Para los créditos ya otorgados, el cómputo será retroactivo al 1ro. de enero de 2023. Desde la UCR aseguraron a parlamentario.com que, de cara al recinto, seguirán insistiendo para modificar esa fecha.

Asimismo, quienes estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente. El mecanismo para esta posibilidad deberá ser determinado por el Banco Central. El proyecto agrega también portabilidad del crédito.

Se prevé que en caso que el deudor se encuentre en cese laboral, el Fondo que se crea se hará cargo de hasta tres cuotas, mientras que las posteriores serán refinanciadas por acuerdo de partes. Este Fondo, denominado “Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH)” tendrá como objetivo cubrir descalces entre salario y UVA/UVI.

El texto indica que “las entidades financieras deberán integrar el FFCPH con un aporte mensual que determinará el Banco Central con un límite máximo de 0,0025% del promedio de los saldos diarios de los depósitos en pesos y moneda extranjera”. El FFCPH se integrará también con las primas que aporten los tomadores de nuevos créditos promovidos. No obstante, la participación en el FFCPH será voluntaria por parte de los tomadores de créditos.

El Fondo también se financiará del rendimiento de sus inversiones y aportes de organismos multilaterales -entre otros-, pero se aclara que no recibirá aporte corriente alguno por parte del Tesoro ni del Banco Central, ni tampoco de los deudores. La diferencia entre la cuota calculada en base a salarios y la calculada en base a UVA/UVI será compensada a los bancos por el FFCPH. Si la cuota calculada por salarios resulta mayor a la calculada por UVA/UVI, prevalecerá la más baja.

A su vez, los beneficios plenos de compensación del Fondo regirán para aquellos deudores que se adhieran voluntariamente y hayan tomado créditos menores a 120 mil UVAs o su equivalente en UVIs. Si el crédito es de hasta 200 mil UVAs, regirá el beneficio de cobertura de hasta las 120 mil UVAs. Para créditos mayores a los 200 mil UVAs no existe posibilidad de tener en beneficio de compensación.

Se establece la suspensión de desalojos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas y/o cautelares en trámite por el término de un año y se encomienda al Banco Central a promover líneas de crédito similares, entre otros puntos.

Los restantes temas

El proyecto que busca modificar la Ley 26.485, de Protección Integral a las Mujeres, contemplando la figura de violencia de género digital, logró tener dictamen unificado de las iniciativas de las diputadas Mónica Macha (FdT) y Danya Tavela (Evolución Radical) que buscan proteger los derechos y bienes digitales de las mujeres, su desenvolvimiento y permanencia en el ciberespacio, así como también su dignidad digital, su identidad y su reputación, en los entornos virtuales, con motivo de la violencia machista. Asimismo, apuntan a establecer un marco de reconocimiento de la existencia de la violencia digital hacia las mujeres, como tipo; y de la violencia telemática, como modalidad.

Ambos proyectos proponen modificar varios artículos de la Ley 26.485. Uno de ellos es el artículo 4 para que quede redactado de la siguiente manera: “Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, en el plano analógico o virtual, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón”.

También plantea incorporar como inciso “G” del artículo 6 la violencia digital o en línea como aquella que “se ejerce mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y que implique la obtención, reproducción y difusión por cualquier medio de datos personales, material digital real o simulado, íntimo o de desnudez de las mujeres, sin su consentimiento, discursos de odio de género, patrones estereotipados sexistas, o que impliquen situaciones de acoso, amenaza, extorsión o control virtual, o acciones que atenten contra la integridad sexual o identidad digital de las mujeres a través de las TIC, así como cualquier otra que pueda surgir a futuro ejercida por este medio, que afecte los derechos protegidos de la presente ley”.

Además, establece el desarrollo e implementación de protocolos de detección y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres a través de las TIC; programas de alfabetización digital y planes de formación docente.

En carpeta, también se encuentra el dictamen sobre el Plan de refinanciación de deudas de provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos respecto a Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA). El texto tuvo 27 firmas, pero alguna de ellas en disidencia y desde JxC habían propuesto modificaciones a algunos artículos.

El plan de refinanciación incluirá exclusivamente créditos otorgados en el marco de programas de financiamiento por organismos multilaterales de créditos BID a cargo de provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos y comprenderá las garantías por deudas asumidas en convenios complementarios celebrados con el ENOHSA, que no hayan sido cancelados al momento de la publicación de la ley en el Boletín Oficial.

Se trata de deudas contraídas en los 90’, en dólares, de créditos BID que el Estado tomó y los pasó a las provincias y las provincias a las cooperativas. Esas deudas no fueron pesificadas y, tras la devaluación del 2002, las cifras originales se triplicaron. El monto total de la deuda vencida y a vencer al 31 de marzo de 2023 asciende a USD 85.756.662.58, correspondiendo a deuda vencida el 76,52%.

También llegaría al recinto el proyecto de promoción de la producción orgánica que prevé una serie de beneficios fiscales que esté representado por el 70% de todo lo que paguen de masa salariar aquellas empresas que se dediquen a la producción orgánica. La iniciativa también recibió cuestionamientos de JxC quienes propusieron sacar una ley única que ayude a todos los sectores económicos, previamente estudiados, por la carga impositiva.

Aletargado en el tiempo otro proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado desde el pasado 10 de agosto y espera su aprobación para ser ley, es el que propone un régimen previsional diferencial para brigadistas de incendios forestales o rurales y beneficia a unos 900 combatientes. Tuvo despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda el 29 de noviembre de 2022.

La iniciativa involucra a los trabajadores que se desempeñen o se hayan desempeñado como combatientes de incendios forestales o rurales en organismos nacionales o provinciales, cuyas cajas estén adheridas a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). De acuerdo con el personal activo en la actualidad, el universo potencial al que aspira la cobertura previsional es de 876 trabajadores: 496 brigadistas que dependen de Nación, entre personal del Servicio Nacional del Manejo del Fuego y de Parques Nacionales, y 380 brigadistas provinciales.

Tendrán derecho al beneficio del régimen diferencial los brigadistas varones a partir de los 57 años y las brigadistas mujeres a partir de los 50 años. Para acceder a la jubilación los beneficiarios tendrán que acreditar 25 años de servicios en unidades operativas de lucha contra incendios forestales o rurales de los cuales, al menos 15 años, tendrán que ser como combatientes en tareas de supresión en el terreno.

Además, el proyecto establece que el haber mensual de las jubilaciones será equivalente al 82 % móvil de la remuneración mensual del cargo que tuviera asignado al momento del cese.

Cabe destacar que los servicios prestados con anterioridad al momento de la sanción de la ley serán válidos siempre que hayan sido brindados para el Estado nacional o provincial y retribuidos por estos. La autoridad de aplicación, que deberá llevar un registro de los trabajadores alcanzados, será la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Otros proyectos que no están en vista de ser tratados

Ley Nicolás: El proyecto sobre seguridad del paciente tiene por finalidad “asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la protocolización y jerarquización de los procesos de atención, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables, y el cuidado del marco de trabajo del equipo de salud”.

De acuerdo a la iniciativa, todas las instituciones proveedoras de servicios de salud, públicas o privadas, deberán cumplir con esta ley. A su vez, estas entidades tendrán que “dotar a su organización de los medios que permitan: establecer protocolos de actuación del personal de salud, tendientes a la prevención de daños evitables; diseñar planes de auditoría de los sistemas de trabajo, de evaluación de las prestaciones individuales del servicio y monitoreo de indicadores de seguridad del y la paciente, para perfeccionar los sistemas y mejorar las prácticas”, entre otros puntos.

También se establece que “la autoridad de aplicación debe implementar un Registro Unificado de Eventos Centinela (RUDEC), con el objetivo de registrar todo evento centinela, así como los resultados de la investigación de los mismos”, entre otros puntos.

Regular el ejercicio profesional de los acompañantes terapéuticos: El proyecto define que “el ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico comprende a quienes con matrícula habilitante intervienen a través de un abordaje biopsicosocial integral, en el marco de un equipo interdisciplinario y/o por indicación de un profesional de la salud tratante a cargo, para facilitar la rehabilitación de la persona acompañada, prevenir eventuales recaídas, identificar situaciones de riesgo y promover su reinserción en el ámbito comunitario, promoviendo el ejercicio efectivo de sus derechos, bajo el paradigma de salud comunitaria y colectiva”.

Y agrega que “la actividad del acompañante terapéutico se desarrolla a través de la práctica de estrategias terapéuticas no farmacológicas de asistencia en ámbitos institucionales, domiciliarios, ambulatorios y sociales-comunitarios sin distinción de género ni edad”.

Trazabilidad de la pesca: La iniciativa había perdido estado parlamentario el año pasado. El texto establece “un sistema único de trazabilidad de los productos de la pesca y la acuicultura con destino al consumo interno o la exportación, con el fin de garantizar la legalidad de las capturas y producciones, el cumplimiento de las normas de inocuidad, calidad y sostenibilidad de estos productos a lo largo de todo su ciclo de vida y de asegurar el acceso a la información trazada”.

En el Sistema Único de Trazabilidad de la Pesca y la Acuicultura, se incluyen los productos de la pesca y la acuicultura con destino al consumo interno o la exportación, “con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas de inocuidad, calidad y de sostenibilidad de los recursos pesqueros”.

Sus objetivos son garantizar la legalidad, seguridad, inocuidad y sostenibilidad a lo largo de la cadena de captura o crianza, desembarco, producción, distribución y comercialización de los productos y subproductos de la pesca y acuicultura, mediante la identificación de los operadores y la trazabilidad de las operaciones que realizan.

También prevé asegurar la autenticidad de la información trazada, así como su disponibilidad en favor del Estado y de cada actor de la cadena productiva, desde el momento en que los productos y subproductos se dispongan en lotes, a más tardar, desde la primera venta.

Asimismo, se establece la necesidad de “resguardar el derecho de acceso a la información por parte de los consumidores en relación a la procedencia de los productos comercializados”. El sistema pretende “simplificar los procedimientos administrativos tendiendo a la desburocratización e impulsando la eficiencia, celeridad y transparencia de los sistemas y procesos”.

“Promover la eficiencia del sector público y privado mediante la generación de información útil, auténtica y automatizada”, es otro de los objetivos de la norma.

Negri, Camaño, Gioja y Tonelli, entre los legisladores históricos que dejarán el Congreso 

Referentes de sus respectivos bloques, el próximo 10 de diciembre culminan sus mandatos y no figuran en las listas que competirán en las elecciones de este año.

Referentes históricos de sus respectivos bloques, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, culminarán sus mandatos el próximo 10 de diciembre y dejarán el Congreso, según se desprende del último cierre de listas que los dejó afuera, aunque varios de ellos han asegurado que se trató de una decisión personal. 

Uno de los casos más salientes es el del cordobés Mario Negri, jefe del bloque de la UCR en la Cámara baja, quien cumplirá en diciembre 24 años como diputado nacional, cargo que desempeñó de 1993 a 2001, de 2003 a 2007 y de 2011 a la actualidad. 

El radical, que comandó la bancada de Juntos por el Cambio durante el gobierno de Cambiemos, decidió no presentarse este año en disconformidad con que no haya lista de unidad para legisladores nacionales, producto de la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Si bien ambos le ofrecieron ser parte de sus nóminas en el distrito, Negri no aceptó por no sentirse cómodo con la “balcanización” del interbloque. 

Otra referente histórica que se irá el 10 de diciembre será Graciela Camaño, actualmente diputada por el bloque Identidad Bonaerense, quien ocupa una banca en la Cámara baja de forma ininterrumpida desde hace 20 años, es decir, ha ejercido cinco mandatos desde 2003. Este año, tras la Asamblea Legislativa del 1ro. de marzo, ratificó: “Yo me voy a ir del Congreso, eso lo tengo decidido”. En total, fue legisladora por 28 años, ya que antes de 2003 tuvo dos mandatos de 1989 a 1993 y de 1997 a 2001.

Con tres mandatos completos y uno que ejerció por la mitad, otra de las bajas significativas de Juntos por el Cambio será el macrista Pablo Tonelli. Fue diputado de 2005 a 2007 y ocupa una banca desde 2011 hasta ahora. Ya en diciembre pasado, cuando decidió no renovar su lugar en el Consejo de la Magistratura, había resuelto que no sería candidato en las elecciones de este año. 

Por el lado del Frente de Todos, se retirará el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, José Luis Gioja, quien está anotado en la pelea por la gobernación en San Juan, cargo que ocupó de 2003 a 2015. El paso del dirigente peronista por el Congreso fue como diputado nacional de 1991 a 1995; senador nacional de 1995 a 2003 -siendo presidente provisional de la Cámara alta de diciembre de 2002 a mayo de 2003-; y nuevamente diputado nacional desde 2015 a la actualidad. 

Más legisladores destacados que no renuevan

En el oficialismo, entre los legisladores a quienes se les vencen sus mandatos y quedaron sin lugar en las listas aparecen el entrerriano Marcelo Casaretto, presidente de la Comisión de Industria y secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda; el pampeano Hernán Pérez Araujo, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales; el bonaerense massista Carlos Selva; la porteña Mara Brawer; y el bonaerense Federico Fagioli, uno de los tres diputados referenciados en Juan Grabois -sus otros dos compañeros sí están anotados por la renovación-. 

También la fueguina Rosana Bertone, quien se desempeñó como diputada nacional de 2001 a 2013, como senadora nacional de 2013 a 2015, y nuevamente en la Cámara baja desde 2019. 

Por el lado de Juntos por el Cambio tampoco irá por un nuevo mandato el radical Miguel Bazze, quien juró por primera vez como diputado nacional en 2011 y desde entonces no se movió de ese ámbito; el legislador del Pro Omar de Marchi, vicepresidente primero de la Cámara baja que peleará contra Alfredo Cornejo por la gobernación de Mendoza; María Luján Rey, parte del bloque macrista, y quien se encuentra atravesando una dura enfermedad; y Federico Angelini, presidente del partido Pro -en reemplazo de Patricia Bullrich-, que competirá en Santa Fe como precandidato a vicegobernador de Carolina Losada

La lista incluye al misionero Diego Sartori, integrante del interbloque Provincias Unidas, que ha actuado como aliado del oficialismo en la Cámara de Diputados; y al socialista Enrique Estévez, dentro del interbloque Federal, que competirá en las elecciones provinciales como precandidato a intendente de Rosario. 

Senado 

En lo que respecta al Senado, donde ocho provincias renuevan a sus representantes, hay varios anotados por la reelección o algunos en listas de diputados nacionales, pero entre los que no figuran en ninguna nómina está el puntano Adolfo Rodríguez Saá, que ocupa un lugar en la Cámara alta hace 18 años, desde 2005. Anteriormente había sido diputado de 2003 a 2005. 

Tampoco será candidata su comprovinciana María Eugenia Catalfamo, del riñón de Alberto Rodríguez Saá, una de las senadoras que abandonó el Frente de Todos en febrero de este año. 

La tanda se completa con los bonaerenses del Pro Gladys González y José Torello; la riojana aliada del oficialismo Clara Vega; los misioneros Maurice Closs, Magdalena Solari Quintana -ambos que habían ingresado en 2017 por el oficialismo provincial, aunque el primero forma parte hoy del FdT- y Humberto Schiavoni, del Pro; y la sanjuanina Cristina López Valverde del oficialismo.