Este año avanzó fuertemente la propuesta para crear tres nuevas universidades: la del Delta, la de Pilar y la de Saladillo. Sin embargo, y pese a haber figurado las dos primeras en el frustrado temario de extraordinarias, las tres parecen haber quedado al menos por ahora en el camino.

Y queda claro a partir de la reunión convocada para este martes de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, con el fin de avanzar con el tratamiento de la creación de cinco nuevas universidades.

Será a partir de las 15, y en el temario figura en primer lugar la creación de la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado. Dicha alta casa de estudios es impulsada por la exdiputada Daniela Vilar, hoy ministra de Ambiente en la provincia de Buenos Aires, y la misma tendrá sede central en el distrito de Cañuelas.

En segundo proyecto exhibe una curiosidad. Se trata de la creación de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo y es impulsada por un grupo de diputados nacionales kirchneristas encabezados por Hugo Yasky. El proyecto fue presentado en 2021, pero hace dos semanas obtuvo dictamen en la Comisión de Presupuesto del Senado un proyecto que va en el mismo sentido y fue impulsado por el senador nacional Oscar Parrilli.

La tercera universidad es impulsada por diputados del oficialismo y tiene como primer firmante a Victoria Tolosa Paz, y es para crear la Universidad Nacional de Ezeiza.

También se tratarán en el plenario de este martes dos proyectos que confluyen en la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero, en la provincia de Córdoba. Uno es de la oposición y está firmado entre otros por la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning y otro por su coterránea camporista Gabriela Estévez.

Por último, se tratará la creación de la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, con sede central en la universidad de Paraná, y es impulsada por la presidenta de la Comisión de Educación, Blanca Osuna.

Con el período de sesiones ordinarias extendido por el Poder Ejecutivo, lo que le da chance al Congreso de avanzar con sus temas en libertad, en la Cámara de Diputados ya se trazó una agenda tentativa de cierre de año, con dos sesiones para el último mes de este 2022. 

En realidad, serán tres, pero dos de ellas se realizarán en el mismo día: el próximo jueves 1ro. de diciembre a las 11 se hará la preparatoria, que consiste en la elección de las autoridades del cuerpo. A continuación, la idea es comenzar con otra en la que se podría abordar un temario con “tres o cuatro” proyectos. 

Así reza la oficialización de la convocatoria que se dio a conocer este viernes a través de la nota firmada por el secretario parlamentario Eduardo Cergnul: “En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 1º y 45 del Reglamento de la H. Cámara de Diputados de la Nación, se ha fijado para el día 1° de diciembre de
2022 a las 11:00 horas, con el objeto de celebrar la Sesión Preparatoria para proceder a la elección de autoridades de la H. Cámara para el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2022 y el 9 de diciembre de 2023″.

En la primera semana de diciembre, atravesada por un feriado XXL, no se estima actividad dentro del recinto y, así, se pasaría directamente al miércoles 14 o jueves 15 para una nueva sesión especial. Hasta ahora no están previstas más fechas. 

En la Cámara baja ya se encuentran listos para el recinto un proyecto del Poder Ejecutivo sobre creación de comités mixtos de seguridad e higiene en el ámbito laboral; distintas iniciativas vinculadas a la educación -algunas con respaldo de todos los bloques y otras con dictámenes distintos-; y la tan esperada ley de humedales, que aparece como uno de los temas más trabados dadas las diferencias entre las propuestas del oficialismo y la oposición, que igualmente algunos se mostraban esperanzados en saldar. 

En tanto, hay proyectos como un régimen previsional especial para brigadistas de incendios forestales y otro sobre trazabilidad de la pesca que esperan su dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda para quedar en condiciones de ser tratados en el pleno. 

También se encuentra la iniciativa sobre reciclado de neumáticos fuera de uso, que además de Presupuesto requiere el aval en Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano (ya tuvo el visto bueno en Industria). Y, más recientemente, la ley para regular el régimen profesional de la obstetricia que, con consenso, pasó por Acción Social y Salud Pública y resta ser debatida en Legislación General. 

Además, en comisiones están en marcha debates sobre un proyecto para actualizar la normativa relacionada al lavado de activos, con el objetivo de que el país se adecue a los estándares internacionales; y, por otro lado, la ley de envases, que el oficialismo vuelve a impulsar con algunos cambios -respecto del año pasado- pero manteniendo uno de sus puntos más controversiales: la creación de una tasa del 3% para aquellas empresas que no tengan un plan de gestión de envases. Otro tema retrasado es también el proyecto del plan de pago de deuda previsional, con media sanción de la Cámara alta.

Más atrás quedaron cuestiones en las que este año el Frente de Todos no pudo avanzar por falta de votos: la modificación del Régimen de Compre Argentino y la creación de un Fondo Especial para pagarle la deuda al FMI con “dólares fugados”, que fue diseñada por el kirchnerismo en el Senado y pasó a la Cámara baja en mayo pasado. 

Aún sin dictamen de comisión se anota en esta lista la ley de agrobioindustria, fuertemente reclamada por el ministro de Economía, Sergio Massa, y uno de los puntos que desde Casa Rosada señalaron como prioridad para esta extensión de sesiones ordinarias. Otro que mencionaron fue el proyecto de renta inesperada, nunca debatido siquiera en reuniones informativas desde el día en que ingresó con la firma de Martín Guzmán, allá por junio. 

Al cabo de una sesión que terminó sobrepasando las 10 horas, la Cámara de Diputados trató la modificación de la Ley 27.399 de establecimiento de feriados y fines de semana largos.

No hubo oradores y el diputado sanjuanino José Luis Gioja, impulsor de la modificación que establece que el 17 de agosto deje de ser feriado móvil, destacó antes de la votación la presencia del presidente del Instituto Sanmartiniano, Eduardo García Caffi. La votación terminó con 205 votos afirmativos, dos negativos y una abstención.

La iniciativa fija como feriados inamovibles el 1º de enero: Año Nuevo; lunes y martes de carnaval; 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia; Viernes Santo; 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas; 1º de Mayo: Día del Trabajo; 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo; 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano; 9 de julio: Día de la Independencia; 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín; 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María y el 25 de diciembre: Navidad.

Mientras que los feriados trasladables serán el 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes; 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural y el 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional. Los días no laborables será solo el Jueves Santo.

Tras una larga espera y en un debate cargado de emoción y aplausos, la Cámara de Diputados aprobó este jueves un proyecto que tiene por objetivo establecer procedimientos médico-asistenciales para la atención de las mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, que es aquella que se produce entre la semana 22 hasta 7 días después del nacimiento. La votación resultó con 216 votos afirmativos y solo 1 en contra, del diputado Francisco Sánchez (Pro – Neuquén).

El proyecto, bautizado “Ley Johanna”, por el caso de Johanna Piferrer impulsora de la iniciativa y quien fue víctima de violencia obstétrica, indica que todas las obras sociales, las entidades de medicina prepaga, como así también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliadas/os, independientemente de la figura jurídica que posean, tendrán a su cargo con carácter obligatorio instrumentar las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley.

Se busca dotar las/os profesionales de la salud, que intervienen al momento del parto, de procedimientos de actuación estandarizados que faciliten la atención sanitaria de aquellas mujeres, personas gestantes y familias que sufren una muerte perinatal.

También, posibilitar un ambiente de contención y cuidado, con el acompañamiento de especialistas; y facilitar opciones terapéuticas, gestiones a realizar, documentación a cumplimentar y consultas sucesivas.

El texto, girado ahora a la Cámara alta, establece que las mujeres y personas gestantes tendrán derecho a recibir información suficiente y adecuada; un trato respetuoso, individual y personalizado; tomar contacto con el cuerpo sin vida, teniendo la opción de hacerlo acompañadas por un psicólogo; tomar conocimiento fehaciente de las causas que originaron el deceso; recibir información sobre lactancia, métodos de inhibición y/o donación de ésta; entre otros.

La palabra de las diputadas

En su carácter de presidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, abrió el debate la socialista Mónica Fein (Santa fe) al destacar que “esta ley de la sociedad civil propone establecer una serie de acciones concretas de parte del sistema de salud para acompañar a las familias cuando atraviesan una de las experiencias más traumáticas que es la muerte de un hijo o una hija cuando se está esperando su nacimiento o pocos días después”.

Fein remarcó que se la conoce como ‘Ley Johanna’ por “la acción de una mujer que perdió a su hijo, Ciro, exigió y exige que este Congreso incorpore un trato mucho más humanizado ante la muerte perinatal”.

A su vez, informó que la Organización Mundial de la Salud define a la muerte perinatal como “una tragedia silenciosa porque es así, silenciosa en general. Es la respuesta que muchas veces reciben las familias, las mujeres, las personas gestantes, en lugar de estar acompañadas y contenidas”.

“Si bien la muerte supone un proceso personal e intransferible que implica elaborar un duelo, no es lo mismo hacerlo en un espacio de contención, de acompañamiento, que hacerlo sin las respuestas, sin poner en palabras lo que significa esa pérdida”, precisó la santafesina y agregó: “Se considera que estas muertes perinatales son uno de los trastornos más comunes del estrés post traumático en mujeres y personas gestantes”.

Además, Fein alertó que “las cifras no son bajas, son considerables 6,3 millones de muertes perinatales por año se registran en el mundo y la mayoría en los países más pobres”, y en el plano local informó que “nuestro país ha tenido cifras del 4% de los embarazos registrados como muertes perinatales”, y destacó que “positivamente las hemos ido bajando entre otros temas por haber mejorado la asistencia, la detención precoz de algunas patologías y de actuar en consonancia”.

“No existe hoy un protocolo, un mecanismo que esté incorporado en los lugares para acompañar estas muertes. Podemos considerar que la Ley de Parto Humanizado 25.929 sancionada en 2004 brindó un marco normativo a todo lo que es el acompañamiento de las personas gestantes, del trabajo de parto, post parto y que eso ha sido un gran avance en términos de los derechos de las personas y de las gestantes”, expresó, pero indicó que “no dice nada sobre el nacimiento sin vida, acá encontramos silencio”.

Fein describió que este dictamen plantea “hacer visible lo invisible, lo doloroso, tratando de aportar una serie de acciones que asuman los profesionales de la salud, y que el Estado lleve a cabo prácticas humanizadas para acompañar y permitir la despedida de un hijo tan deseado en un espacio que las personas estén solas. Confiere un derecho fundamental a la mujeres y personas gestantes que es tomar contacto con el cuerpo de su bebe sin vida, designar un acompañante todo el tiempo, solicitar la opción de estudios que den alguna respuesta de esta situación dolorosa y traumática”.

“Esta ley además de plantear actividades de sensibilización, difusión, programas de formación, capacitación, está planteándonos humanizar el sistema de salud. Encontrar que además de la tecnología y de los mecanismos y de las estructuras, es necesario fortalecer los vínculos, ponerse en el lugar del otro cuando hay situaciones de alta vulnerabilidad. Esta ley plantea fortalecer la humanización de los sistemas y acompañar en los momentos más dolorosos”, resumió la santafesina.

En su disertación, la bonaerense Mónica Macha (FdT) contó que dicho proyecto es de la diputada MC Magdalena Sierra y cuando perdió estado legislativo, lo tomó la diputada Cristina Álvarez Rodríguez -quienes estaban presentes en el recinto- al tiempo que señaló que “es un proyecto que tiene que ver con las demandas que venimos construyendo desde el feminismo porque no son problemas nuevos, pero si son problemas y situaciones que estamos encarando en este tiempo producto de lograr poner en la agenda política temas que durante mucho tiempo fueron considerados periféricos”.

“Nosotras sabemos lo que es atravesar situaciones de violencia obstétrica que es una problemática multidimensional y que lo podemos encontrar en los distintos momentos que significa, sobre todo la atención, del parto y post parto y en muchas instancias ginecológicas. Es una situación que necesita de esa visibilidad y de contar con acciones que nos permitan cambiar esa situación”, planteó Macha.

En suma, remarcó la importancia del acompañamiento por parte del Estado desde “la empatía, el conocimiento y predisposiciones a las necesidades de esa persona. De otro modo seguiremos teniendo casos de violencia. Un tipo de violencia que vincula el género, la salud y la institucionalidad. La Ley Johanna es sensible y humana”.

En un emotivo discurso y con su bebé en brazos, la diputada del Pro Camila Crescimbeni detalló su triste experiencia que sirvió para exponer la situación que viven tantas mamás en esas circunstancias, ya que recientemente perdió a uno de sus mellizos.

“Nunca me imaginé que iba a estar hablando en este proyecto en particular, pero lo que quería transmitir, más allá de la experiencia que me tocó, es visibilizar en mí, como le habrá pasado a Johanna (Piferrer) también y otras personas que están en el recinto, pero es muy importante el acompañamiento durante este tiempo, porque uno está en shock total… Porque espera la vida, no la muerte, y no sabe sus derechos, eso es la realidad”, relató.

Sin embargo, la emoción en el recinto perduró unos minutos más, cuando le tocó hacer uso de la palabra a la salteña Verónica Caliva (FdT) quien acompañó a Camila por su “fortaleza porque trabajando acá en esta Cámara para cumplir con su trabajo, terminó con complicaciones y terminó con la pérdida de la vida de su hijo y a todas nos impactó, nos dolió y creo que eso es fundamental reconocer la fortaleza de la diputada y hacerle llegar públicamente las condolencias”.

Por otro lado, manifestó que “cuando vimos este proyecto decidimos acompañarlo porque a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar estos temas nos impactan en el centro de la vida”, y relató que a los 7 años le tocó acompañar a su mamá a “vestir” el cuerpo de su hermanita y lo describió como “un momento de profundo dolor y silencio y nunca pude sacarlo de mi mente. Verla a ella vistiendo a la beba, estando las dos solas”.

A su turno, la radical Gabriela Lena (Entre Ríos) manifestó: “Estamos tratando de contemplar en el proyecto aquel dolor que se produce de las muertes perinatales a partir de la semana 22 del embarazo”.

“En Argentina hay un promedio de 5 mil casos de muerte perinatales al año, pero sabemos que hay muchos más porque no se conocen y sigue siendo un tema que no se habla. Es una muerte rodeada de silencio, estigma y de culpa”, detalló.

Lena remarcó que el proyecto contribuye a brindar la atención necesaria y el resguardo físico y emocional para todas las personas afectadas porque “dota de herramientas necesarias al personal de salud”.

La santacruceña Paola Vessvessian (FdT) expresó: “Estamos convirtiendo una necesidad en un derecho, que surge de la escucha de compañeras nuestras en el dolor de una madre, Johanna. Ahí comienza una historia de dolor, de trauma cuando vienen y te dicen ‘mamita, lo siento mucho’ como si eso fuera todo. No se logra sanar con una medicina, te lo cura el acompañamiento”.

“También buscamos mayor equidad, que no quede todo concentrado en las mayores ciudades, que el Estado sea un ente regulador. Las realidades son todas distintas, hay que ser cuidadoso con eso, al igual que la accesibilidad de las personas gestantes. Tenemos que pensar en la desigualdad del país y que logremos que nos permita la accesibilidad con cuidado. Esta ley crea derechos a la información, a la atención adecuada”, sostuvo.

Con familiares de víctimas de accidentes viales presentes en el recinto, la Cámara de Diputados avanzó este jueves con un proyecto de ley históricamente reclamado por distintas organizaciones de la sociedad civil: la tolerancia de alcohol cero al volante. La votación resultó con 193 votos afirmativos, 19 negativos y 4 abstenciones.

Entre los votos negativos hubo de todas las bancadas, por el Pro fueron los diputados Federico Angelini, Felipe Chumpitaz, Omar De Marchi, Germana Figueroa Casas, Álvaro Martínez, José Carlos Núñez. En tanto por la UCR votaron en contra Ricardo Buryaile, Julio Cobos, Ximena García, Jimena Latorre, Lisandro Nieri, Pamela Verasay.

Por el oficialismo también hubo votos en contra de José Luis Gioja y Eber Pérez Plaza. También votaron negativamente los liberales José Luis Espert, Javier Milei, Victoria Villarruel y Ricardo López Murphy, y la tucumana Paula Omodeo (CREO).

En tanto los diputados Sabrina Ajmechet (Pro), Marcela Campagnoli (CC-ARI), Juan Manuel López (CC-ARI) y Marisa Uceda (FdT) se abstuvieron.

La iniciativa, que fue girada al Senado para su sanción definitiva, establece la modificación a la Ley 24.449 sobre alcoholemia cero para la conducción de vehículos. Puntualmente el texto busca modificar el artículo 48 de la Ley de Tránsito, la que hoy contempla, para quienes conduzcan cualquier tipo de vehículo, una tolerancia de hasta 500 miligramos (0,5) de alcohol por litro de sangre.

El proyecto aprobado establece la prohibición de conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 0 miligramos por litro de sangre en todo el territorio nacional. Actualmente, hay 10 provincias argentinas que tienen una legislación en este sentido.

El texto se consensuó entre numerosas propuestas presentadas por diputados de distintos bloques. No obstante, sólo tres legisladores -Jimena Latorre (UCR), Germana Figueroa Casas (Pro) y Maximiliano Ferraro (CC-ARI)- firmaron un dictamen de minoría que sugiere mantener el 0,5 g/l de alcohol en sangre, pero con un endurecimiento de las penas y sanciones de aquellos infractores que no cumplan con la normativa, basado en el modelo de Mendoza, provincia vitivinícola donde hay reparos a avanzar con la prohibición total.

Dictamen de mayoría y de minoría

Como titular de la Comisión de Transportes, el jujeño Jorge Rizzotti (UCR) explicó se está tratando una modificación a la ley de Tránsito (24.449), en su artículo 48 y remarcó que “este dictamen de Comisión es producto de un trabajo de acuerdo y compromiso de los representantes de todas las bancadas. Esto ha sobrepasado el trabajo improductivo que se da por la famosa ‘grieta’”.

“Esta ley es producto, fundamentalmente, del esfuerzo que hicieron quienes están en los balcones, la movilización y compromiso de muchas ONGs que hoy nos acompañan y que fueron quienes pusieron en el conocimiento de todos los diputados el objetivo de esta ley”, destacó Rizzotti y aclaró que “lejos está de ser una ley contra el consumo de alcohol. No tiene que ver con la prohibición no de beber, sino de no conducir cuando se ha consumido alcohol”.

Además, planteó que “el alcohol cero al volante es un paso de múltiples dimensiones, tanto para las personas como para la ciudadanía y también para el Estado”. En ese sentido, contó que “en el mundo hubo varios modelos sobre el consumo de sustancias psicoactivas entre las que se encuentra el alcohol. Usos cultuales, con penalización en algunos casos, con regulación, etc”.

“En la actualidad en los estados democráticos priman los abordajes terapéuticos y de control del uso de sustancias en usuarios y usuarias, que tienen perspectiva de derechos, coinciden con la premisa de la protección a la vida, en que el consumo de sustancia no es compatible con conducir vehículos”, señaló el radical.

También recordó que la Organización Panamericana de la Salud expresó que el uso nocivo del alcohol desafía el desarrollo social y económico de muchos países e informó que “el consumo de alcohol en América es de aproximadamente un 40% mayor que en el promedio mundial. En general se consume alcohol en un patrón que es peligroso para la salud. Este tipo de consumo se asocia con diversos daños a la salud y daño social”.

“El paso que hoy damos en la modificación de esta ley es un paso fuerte de extremo, un paso en un camino largo. Esta legislación intenta un cambio cultural, pretende luchar contra la violencia vial y configurar una práctica de conciencia y responsabilidad ciudadana. En términos andinos, ‘el buen vivir: el tránsito de la vida con respeto por uno mismo, los otros y la madre tierra’”, expresó el jujeño.

En suma, contó que familiares y organizaciones expusieron sus “trágicas” historias de muerte “evitables” como resultado del manejo de conductores ebrios. “Hay demasiadas familias que han perdido a sus seres queridos por automovilistas que conducen en estado de ebriedad”, lamentó.

“Los hechos viales son la principal causa de muerte en jóvenes en Argentina. Estudios realizados por al Agencia Nacional de Seguridad Vial y SEDRONAR en el 2018 concluyen que quienes manejan, después de haber bebido, son en su mayoría hombres menores de 35 años. El consumo de alcohol previo a manejar se concentraba principalmente en jóvenes”, informó.

Y agregó: “La muerte por siniestros viales es la primera causa de decesos en menores de 35 años y la tercera sobre el total de la población. Se lleva la vida de 20 personas por día. En 2018 fueron 7000 víctimas fatales. En más del 50% de las muertes por siniestros viales el alcohol está presente”.

En ese contexto, informó que en los últimos años en labor legislativa “se ha visto nutrida de la presentación de diversos proyectos que apuntan a combatir tal afectación sobre la vida de las personas y la salud social. Proyectos de diputados de todas las bancadas, en un debate que se viene demorando año tras año y que hoy tenemos la posibilidad de ponerle un punto final”.

“Una sola gota de alcohol produce disminución de reflejos, acelera la frecuencia cardíaca y respiratoria. Solo beber una gota de alcohol es incompatible con el hecho de conducir en forma segura”, resaltó el radical y explicó que la Ley actual establece que se puede conducir con hasta 0,5% de alcoholemia en sangre.

“La muerte por siniestros viales es la primera causa de decesos en menores de 35 años y la tercera sobre el total de la población. Se lleva la vida de 20 personas por día. En 2018 fueron 7000 víctimas fatales. En más del 50% de las muertes por siniestros viales el alcohol está presente”.

En ese sentido, comparó que en algunas provincias la exigencia del alcohol 0 “ya es una realidad”, como en las provincias de Jujuy, Córdoba, Salta, Tucumán, Río Negro, Entre Ríos y Santa Cruz. Y ciudades como Mar del Plata, Neuquén, Posadas y Santa Fe.

“En Jujuy, desde la entrada en vigencia en 2018 de la ley de tolerancia cero de alcohol y estupefacientes para conductores, se redujo en un 62% la cantidad de fallecidos en siniestros con conductores alcoholizados, y aumentó casi un 60% la cantidad de controles de alcoholemia en la provincia”, comentó.

Y cerró: “La sanción de una ley de prohibición absoluta de consumo de alcohol en conductores debe venir de la mano de una política estatal de fomento de la educación vial, la profundización de los controles y fiscalización de conductores, y la distribución de la aparatología necesaria para el control. Factores imprescindibles para consolidar un cambio cultural e inculcar buenas prácticas de manejo”.

“La medida de alcohol cero es la que podemos adoptar ante una problemática que ya no puede atacarse con normas intermedias, ya que han fracasado”, remarcó Rizzotti.

La vicepresidenta de la Comisión de Transportes, la bonaerense Jimena López (FdT), sostuvo que hace más de 10 años que se viene peleando la ley y agradeció a los miembros de las organizaciones y familiares de víctimas por las exposiciones y por contar sus historias, al tiempo que consideró que “es un día de reparación para aquellos padres que han perdido un hijo”.

Con 194 votos afirmativos aprobamos el proyecto de Ley de Alcohol Cero al Volante. ✅

Una iniciativa impulsada por los familiares de víctimas, que convirtieron el dolor en lucha para que el alcohol no sea más causa de siniestros viales en nuestro país. pic.twitter.com/ySOeCGKOxk

— Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) November 25, 2022

La oficialista procedió a leer un documento del Concejo Federal de Seguridad Vial: “Nosotros y nosotras, representantes de las provincias de la República Argentina, reunidas en el marco del Concejo Federal de la Seguridad Vial en la Ciudad de Posadas, Misiones, y en la ocasión de la 18 Asamblea del Concejo Federal de Seguridad Vial, proyecto nacido, sostenido y defendido por más de 10 años del seno del Concejo de Seguridad Vial en forma conjunta con las asociaciones civiles, reconocemos el impulso dado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial al proyecto de ley de alcohol 0 que se trata en el Congreso Nacional y que obedece al impulso que desde hace años viene aportando nuestro Concejo. Reconocemos el papel de las diferentes organizaciones del tercer sector, especialmente a aquellas ONG’s de familiares y víctimas de siniestro viales en acompañar las diferentes reuniones de comisiones”.

Luego de la lectura, López agradeció “enormemente” el trabajo realizado por las organizaciones y advirtió que “la primera enfermedad social que tenemos en la Argentina es el consumo de alcohol. El alcohol es la droga legal más vendida em el país”, y planteó ponerlo en otros plexos normativos: “Hay que impulsar la prohibición total de la venta de alcohol en menores de 18 años, el consumo, el tratamiento, la concientización de las campañas, particularmente creo que la educación es la gran herramienta para la transformación que tenemos como sociedad”.

“Cuando hablamos de alcohol cero que ha sido un proyecto de consenso, pero no libre de conflictos, tenemos que tener en claro que manejar con alcohol en sangre ya es un problema en sí, que en muchas ocasiones tendrá la entidad suficiente para generar problemas aún más graves. El alcohol al volante mata”, advirtió la bonaerense.

Además, resaltó que “esta modificación lo que viene a poner a la especulación del consumo, de si una copa, media copa. Nosotros consideramos que tenemos que tener una tolerancia cero al consumo de alcohol para quien vaya a subirse al vehículo por la responsabilidad que tiene que tener por las personas que traslada y la responsabilidad que hay que tener con el tercero que está por fuera de ese mundo interno que representa un vehículo”.

“Es un problema y hay una realidad porque cuando hablamos de las cuestiones especulativas del consumo de alcohol nadie puede decir a ciencia cierta el impacto que puede tener una o media copa, si es hombre o mujer, al peso, al consumo de drogas legales. Ese consumo especulativo afecta las facultades para manejar”, opinó López.

Respecto a las diferencias sobre el porcentaje en sangre del dictamen, explicó que “se trata de una droga legal y las drogas legales necesitan estar legisladas. Para cualquier manejo de maquinarias la tolerancia es 0”, y preguntó: “¿Por qué para manejar un auto podríamos tomar un mínimo de alcohol? ¿Cuál sería el fundamento positivo que habilitara manejar, aunque sea con un consumo mínimo? que tenemos alteradas las facultades de reflejos y podemos matar a alguien”.

“¿Cuál sería el fundamento de tener una conducta especulativa y no tratar de educar a quienes manejamos?”, volvió a preguntar y lanzó: “Es una cuestión que hay que plantearse antes de dar cuestiones de opinión. Es objetiva la biología en nosotros y no actúa de toda manera igual. Lo mismo cuando dicen que los alcoholímetros podrían detectar alcohol orgánico, eso es una burrada no hay posibilidad. Antes de generar cuestiones que lleven a la confusión, tenemos que trabajar en la educación. Es necesario que la licencia de conducir se equipare a la de un profesional. Hace 25 años que en nuestro país el carnet profesional defiende la alcoholemia cero”.

En tanto, subrayó que la siniestralidad tiene un costo económico y preguntó: “¿Tienen idea la cantidad de gente con discapacidad por siniestralidad vial? ¿El costo en el impacto en nuestro sistema que genera no tener educación vial?”. Además, exigió que los municipios deben controlar en la nocturnidad y poner multas más altas y cerró: “La justicia es discrecional cuando alguien mata arriba de un auto porque las herramientas están, el problema es que la justicia es selectiva y lo vimos en algunas situaciones donde quien mató alcoholizado tenía los recursos y ahora está libre”.

De la vereda de enfrente, la diputada mendocina Jimena Latorre (UCR) respaldó su dictamen de minoría al señalar que “abordar un tema tan serio y sensible sin la responsabilidad del caso nos hace caer en la demagogia, en la mezquindad de utilizar demandas sociales legítimas para levantar slogans, pero no para cumplir con nuestro trabajo que es legislar sancionando leyes que sean herramientas de transformación de esas realidades, y que sean soluciones a esas demandas sociales”.

“En este debate partimos de un acuerdo, la obligación del Estado reducir la siniestralidad vial”, afirmó Latorre y luego explicó: “El desacuerdo lo tenemos en cómo, y vuelvo entonces a la dicotomía que se presenta en realidad o relato, política efectiva o demagogia”.

En suma, declaró: “Si no somos capaces de pasar los proyectos que convertimos en ley por el tamiz de la eficiencia y eficacia; si no somos capaces de analizar la relación de medio a fin de cada una de las políticas que diseñamos; si no somos capaces de hacer una evaluación de resultados posibles, deseados y cumplibles en cada uno de los métodos que proponemos, entonces no somos capaces de legislar dando soluciones a los argentinos y tenemos que aceptar que estamos acá cambiando para que nada cambie”.

“Es demagogia cambiar la tolerancia del alcohol en sangre permitida para conducir, sin cambiar las sanciones para el que infrinja tal tolerancia. Es prohibir sin posibilidad de castigar”, disparó la mendocina e indicó: “La modificación de un sólo artículo de la Ley 24.449 es lo único para lo que alcanzó la madurez del acuerdo. El acuerdo sobre un título, un slogan, y no sobre una política eficiente, no para una solución a la siniestralidad vial. Realmente es lamentable, porque coincidiendo en la necesidad de abordar la problemática y darle una solución elijen el camino facilista y el de la mentira”.

En esa línea, planteó que “hubo al menos diez proyectos en la comisión, entre ellos el que presenté con mis colegas mendocinos de JxC y es dictamen de minoría”, y explicó: “Propuse algo probado, de resultados comprobables con datos oficiales. Propuse lo que en mi provincia demostró que mejora los resultados, que se encamina en el sendero de reducir progresiva y sostenidamente esas víctimas que queremos evitar”.

“Es demagogia cambiar la tolerancia del alcohol en sangre permitida para conducir, sin cambiar las sanciones para el que infrinja tal tolerancia. Es prohibir sin posibilidad de castigar”.

“Hoy Mendoza está entre las provincias con menor siniestralidad vial del país, otras con Tolerancia 0, como Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Jujuy, Salta, por ejemplo, tiene mayores índices de accidentología y de víctimas fatales”, ejemplificó.

A su vez, afirmó: “Esos resultados son producto de políticas integrales y de gestiones eficientes” y detalló: “En Mendoza en 2018 modificamos la Ley de Tránsito y la política fue de endurecimiento de las sanciones, pero consecuentemente también la gestión se esforzó en que esas sanciones fueran efectivas y para ello se reforzó la educación, la concientización, pero también y sobre todo el control y la sanción. Se dotó al personal policial de los recursos para hacer efectivos esos controles y se crearon los Juzgados de Tránsito necesarios para hacer efectivas esas sanciones”.

“Cambiar para que nada cambie significa que la alcoholemia 0,2, 0,5 o 1,5 en la práctica será sancionada igual. Que las reincidencias van a seguir siendo irrisorias y va a seguir dando igual cuantas veces se infringe esa ‘Tolerancia 0’. Que un Juez va a seguir teniendo la facultad de cambiar la pena de arresto por trabajo comunitario. Que las multas no van a dolerle al bolsillo de los infractores. Y que quien trasgreda esa tolerancia 0 no va a quedar inhabilitado para conducir y por ende podrá seguir poniendo en riesgo a los demás”, apuntó.

En tanto, defendió su iniciativa: “Los que queremos que algo cambie, propusimos cambiar todo esto: agravar las reincidencias; aplicar la inhabilitación como accesoria en todos los casos; agravar las sanciones, elevando los mínimos y los máximos y hacerlas concurrentes; terminar con la posibilidad de que la interpretación de un juez cambie una sanción ejemplificadora y disuasiva por una suspensión o trabajo comunitario; eliminar los atenuantes”.

“Pretendo nada más y nada menos que la aplicación de recetas que funcionan en provincias como Mendoza y en otros países del mundo”, solicitó la diputada y aclaró: “Mi postura no está relacionada con provenir de una provincia vitivinícola, son discusiones que van por carriles separados, las economías regionales están vapuleadas por muchas otras medidas de este gobierno”.

Para finalizar imploró “que prime la vocación de transformación y con responsabilidad cambiemos lo que no funciona, creemos un régimen disuasivo del riesgo, del daño y demos herramientas para castigar efectivamente al infractor”.

“Probablemente no sirva hoy para las fotos, pero sirva para que haya cada vez menos fotos de accidentes fatales. No les sirva para el slogan, pero nos sirva para tener la tranquilidad que hicimos nuestro trabajo, legislar para una sociedad mejor”, remató Latorre.

La palabra de los diputados

En la ronda individual, la bonaerense Marcela Passo (FdT) consideró que es un proyecto “en búsqueda de un cambio cultural que debemos atravesar para lograr un nivel de conciencia social para decir que no es que se está prohibiendo el consumo de alcohol, sino que quien consume no cometa el error e irresponsabilidad de conducir un vehículo porque pone en riesgo su vida y la de los demás”.

Además, ponderó la labor de las organizaciones que convirtieron “su dolor en lucha”, lo que consideró como “ejemplificadora” porque vienen “años luchando para evitar que lo que a ellos les ocurrió, no le pase a nadie más. Pusieron como faro en común salvar vidas, generar conciencia y educar con sus acciones”.

En respuesta a la diputada preopinante, aclaró que “no estamos votando slogan, es una herramienta importante que nos va a ayudar a traccionar el cambio cultural. No va en contra de nadie, sino para que tomemos conciencia. Entre 14 y 20 personas fallecen en el día por siniestros viales y 1 de cada 4 está relacionado con el consumo de alcohol. Está más que demostrado que reduce la motricidad, la visión, la capacidad de actuar y de pensar y la atención”.

Passo pidió ver lo que ocurre en otros países y ejemplificó con Brasil, Paraguay y Uruguay: “Hasta un 35% de reducción de las fatalidades por siniestros viales. En cada país y en algunas de nuestras provincias, los conductores viales modificaron sus conductas, pero no hubo impacto negativo sobre la producción de alcohol ni el consumo”.

En el mismo sentido, la diputada del Pro María Luján Rey reiteró que los siniestros viales son la “principal” causa de muerte de jóvenes en el país y la “incidencia del alcohol es amplia y determinante”.

La diputada, apeló a los datos del Ministerio de Transporte de la Nación y comentó que “casi el 24% de los conductores que participaron en un siniestro vial tenían alcohol en sangre. Y el 83% de ellos entre 0,01 y 0,5%”, y destacó que el cambio que se propone “está en sintonía con las recomendaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

“Las estadísticas demuestran que la prohibición de alcohol para conducir conlleva una importante disminución en los siniestros y consecuencias y no trajo ningún prejuicio negativo en la industria del vino, ni en la gastronomía, ni en el turismo ni en las economías regionales”, precisó y resaltó que el proyecto tiene como propósito “cuidar la vida”.

A su turno, el oficialista Daniel Arroyo opinó que “la actual década en la Argentina es la década del cuidado. Gran parte de las leyes que se discuten en el mundo y que discutimos acá en el Congreso es sobre cómo cuidar. Cómo cuidar a los niños y a los adolescentes, cómo cuidar del conflicto y del consumo de droga, y de cómo cuidar la vida. Y me parece a mí que esta ley apunta a cuidar la vida, y ese es el principal valor”.

“Claramente es una ley que apunta al cuidado de la vida de los demás, de la propia, partiendo de la base de que el consumo de alcohol, aunque sea en mínima proporción, limita las capacidades de quienes manejan un auto”, describió y agregó que “además de representar la lucha, representa un avance claro en torno al cuidado, al acompañamiento, y el respeto de la vida de los demás.

Y expresó: “Entiendo a los que creen que sea demasiado, alcohol cero, lo comprendo, pero está claro que el Estado nacional tiene que dar un mensaje claro: si uno toma no debe manejar”. “Aquel que asume la responsabilidad de conducir, tiene que conducir de manera segura y no tiene que tomar alcohol si va a conducir”, sostuvo.

“Es muy evidente que gran parte de los siniestros que ocurren suceden por factores que van más allá de hechos fortuitos, más allá de dinámicas que tienen que ver con otras condiciones viales y que tiene mucho que ver con el consumo de alcohol”, señaló Arroyo, pero planteó: “No focalizaría solo en los jóvenes, tengo claro que las estadísticas sobre el consumo de alcohol y los siniestros viales en los jóvenes son altas, pero no me quedaría solo con este tema. Es una responsabilidad colectiva general, que hace a los jóvenes, y a los que no son jóvenes, y es una obligación de nuestro Congreso Nacional de aquellos que dictamos leyes decir que tenemos la posibilidad acá de salvar muchas vidas si apuntas que efectivamente quien consume alcohol no maneje un auto”.

Además de describir las consecuencias que produce el alcohol, consideró que “necesitamos campañas comunicacionales, aunque yo no pondría todo el acento solo en los medios de comunicación, sino también en las escuelas”. “En esencia lo que creo claramente es que estamos dando un mensaje muy claro, el Congreso nacional parte de la base de que hay que salvar vidas, y una forma de hacer esto es decir con claridad que si uno toma alcohol no debe conducir”, cerró.

El exministro de Transportes de la Nación, Florencio Randazzo (Identidad Bonaerense) manifestó: “Cuando hablamos de seguridad vial estamos hablando ni más ni menos que de la vida o de la muerte. La principal causa de muerte de los menores de 25 años no natural son los siniestros viales, valga si tiene importancia o no debatir este tipo de cuestiones”.

“Esto es lo que acerca la política a la demanda que tiene el hombre común, cosa que muchas veces está absolutamente alejada”, criticó y recordó que cuando asumió en el Ministerio del Interior había una dirección de Seguridad Vial que “ni siquiera dependía de Transporte. Y por decisión política creíamos que era un tema muy importante para darle una mayor relevancia. Y así creamos una institución que es la Agencia Nacional de Seguridad Vial”.

Por otro lado, reiteró que “es fundamental entender que la política necesita gestión, la gestión es la que mejora la vida de la gente, no hay ninguna otra forma. Si hay algo que ha divorciado a la política de la sociedad es la falta de gestión. Y qué es la gestión, resolverle, hacerle más fácil la vida a la sociedad”.

“Y en ese sentido, creamos por ejemplo la Licencia Única Nacional de Conducir, había más de 2.000 licencias en la Argentina. Y empezamos a garantizar un proceso de trazabilidad, con nueva tecnología”, destacó y sumó: “Creamos el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito, donde centralizamos todas las infracciones en todo el país. Se creo el Observatorio Vial de Seguridad Vial para ver qué tipo de infracciones, qué tipo de siniestros y tomar medidas correctivas”.

“Trabajamos en las cinco causas que producen el 90% de los siniestros viales en la Argentina, empezamos con un Plan Nacional de Radarización. Y en la concientización del uso de casco”, enumeró e insistió: “Todo esto fue por decisión política de nuestra gestión. Y por supuesto quisimos avanzar en el tema de control de alcoholemia y empezó a haber una percepción del riesgo. Los resultados fueron buenísimos. Si uno mira las estadísticas en el 2008 había 11,7% cada 100 mil habitantes fallecidos, en el 2013 10,08%”.

Por último, expresó: “La ley de Alcohol Cero es una ley muy sencilla, hace 10 años que presentamos esta ley y pudieron más los lobbies que este Parlamento, y hay un solo interés a defender, uno solo ante toda duda, que es el interés de la vida. Celebro la media sanción de esta ley para que finalmente redunde en mejor seguridad vial para todos los argentinos”.

En su disertación, el oficialista Eduardo Toniolli cuestionó a quienes están en contra del dictamen: “Hemos escuchado argumentos denostando esta iniciativa, otros relativizando los posibles efectos benéficos de la aplicación de esta norma. Algunos de estos argumentos señalan que en caso de aplicarse esta norma podría darse una caída importante de la venta de alcohol y por consiguiente una afectación a la industria vitivinícola, que puede generar un cierre masivo de locales gastronómicos”.

“Estos argumentos no se condicen con lo que termina pasando en las jurisdicciones, distritos o países donde se viene aplicando esta norma, por una simple razón, porque esta norma no es una ley seca, es una ley que promueve la disociación entre la ingesta de alcohol y la conducción de vehículos. Algo que ya existe en nuestro país hace 25 años para los conductores profesionales, porque no exigirle lo mismo a quienes transportan a seres queridos, familiares y afectos”, sostuvo Toniolli.

“Otro argumento, ya del orden de lo técnico, es que la aplicación de esta norma va a generar una catarata masiva de falsos positivos, con la consiguiente judicialización. Primero que esto no se condice tampoco con lo que esté pasando en ninguno de los distritos donde se está aplicando, y segundo dejemos los tecnicismos para las reglamentaciones, para quienes tienen que hacer operativas estas normas.”, aclaró y finalizó: “Todos estos argumentos quedan pequeñísimos frente a lo que estamos haciendo acá, que es estar haciendo historia. Estamos haciendo historia. Por eso para nosotros no es ni 0,1 ni 0,2 es alcohol cero porque queremos eliminar la especulación. El que bebe no puede manejar, y el que maneja no tiene que beber. Es alcohol cero”.

Por el contrario, el liberal José Luis Espert lanzó: “Dado que estamos hablando de coartar libertades, por ejemplo, de consumir 0,5 a 0, me parece que hay que hablar de números. En este caso estamos hablando de una ley que va a bajar el máximo de alcohol en sangre de 0,5 a 0 solamente para conductores particulares y en rutas nacionales o de jurisdicción federal, porque en el caso de conductores profesionales ya está en cero”.

“Y en realidad son las provincias las que ya fijan y deben seguir fijando los límites al consumo de alcohol, asique estamos hablando de una ley muy acotada”, consideró y sumó: “El informe ejecutivo sobre alcoholemia federal del Ministerio de Transporte, muy poca información, en los cuales surge que no hay una diferencia significativa en la cantidad de conductores con alcohol cero entre las provincias con leyes de alcohol cero, y la cantidad de conductores con alcohol cero en provincias donde no hay leyes de alcohol cero”.

En tanto, criticó: “En el informe no hay ninguno dato ni siquiera tentativo en la relación entre los porcentajes de personas con alcohol cero o no en sangre y la siniestralidad”. También remarcó que “en el anuario estadístico de seguridad vial se muestra que obviamente que conducir muy alcoholizado conlleva al aumento en el riesgo de accidente, pero no está para nada demostrado que bajar de 0,5 a 0 en sangre tenga alguna efectividad sobre la siniestralidad, que es lo que nos preocupa realmente. Sí se muestra en este Anuario Estadístico que la alcoholemia y los estupefacientes están en el lugar número 9 de 12 en el tipo de infracciones registradas en el 2019”.

“Australia, que es uno de los países más seguros en cuestiones de seguridad vial, no tiene alcoholemia cero. Según señala un informe de Luchemos por la Vida, el foco de varias de estas iniciativas fue mejorar el comportamiento de los conductores a través de medidas como la perdida inmediata de licencia por exceso de velocidad, conducir algo alcoholizado, controles viales aleatorios y de consumo de droga”, ejemplificó Espert.

A su vez, consideró que “legislar sobre el alcohol cero por supuesto es barato y gratis. No pasa por esto la solución a los problemas de los accidentes de tránsito, si no por mucha más educación vial, muchas más autovías en lugar de rutas comunes, y de esta manera el Estado, la actividad política, realmente estaría comprometida con la solución de los problemas de los ciudadanos que nosotros representamos”-

“Por lo tanto, no me parece que esté demostrado con las estadísticas a mano que bajar el consumo de alcohol de 0,5 a 0 vaya a reducir drásticamente la siniestralidad”, concluyó.

En el mismo sentido,  se manifestó el mendocino del frente de Todos Eber Pérez Plaza quien expresó: “Yo si tengo algunas diferencias por marcar. Yo no creo en las prohibiciones, si en las regulaciones, en la generación de conciencia, la educación y trabajar por una necesidad de cuidar la vida. Nada va a curar el dolor de una mamá que perdió al ser más querido. Tenemos que trabajar en base a esto, pero no tiene que ver con la prohibición, sino con regulación, con endurecer penas, con trabajar de distintas formas”.

“Comparto y respeto el espíritu esencial de la ley, pero tengo que pensar como productor, como gente que represento al sector agropecuario, como cada una de las bodegas que sigue desarrollando una actividad en la provincia que es vitivinícola. Tenemos que seguir trabajando por equilibrios y por una realidad que cambie y tratar de tener menos hechos de accidentes viales”, coincidió, pero cuestionó: “Por eso tenemos que seguir trabajando de manera conjunta. No es poner palos en la rueda, simplemente es una forma distinta y es una postura y en que los resultados sean mejores”

“No buscando prohibiciones, sino regulaciones. Hay otras alternativas. Tengo otra mirada y ojalá nunca más lamentemos la pérdida de seres queridos, pero no creo que esta sea la forma”, insistió.

En el uso de la palabra, el economista Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) opinó que “hay una discusión de cuál es la legislación más apta para lidiar con los problemas de siniestralidad vial que obedecen a distintas razones”, y describió: “Tienen que ver con la educación vial, con las regulaciones, que tienen que ver con las penas”. En este último punto, cuestionó que el dictamen de mayoría “muestra que no se pudo avanzar en un tema complejo como éste porque el artículo no contempla todos esos aspectos, incluso de infraestructura que es un tema central”.

Para el porteño la “clave” está en el control de los episodios de alcoholemia y consideró que “es un problema de gestión, de educación vial”, y reiteró: “No fuimos donde están las penalidades y la clave está ahí, en la gestión y en la educación vial. Esta legislación no usa la evidencia de forma correcta, es unilateral, no recoge correctamente la experiencia internacional y nacional, no pone el énfasis donde debería estar como infraestructura, regulación de transporte de carga”.

“Es insuficiente, inadecuada y tiene ese sabor buenista. El tema lo vamos a resolver si enfrentamos lo que es penas, educación vial, regulaciones sobre transporte de carga, de infraestructura. Para todo eso hay que llegar a consensos y hacer una ley de más de un artículo que es puramente declarativa”, criticó López Murphy y adelantó el voto negativo al dictamen de mayoría, pero si al de minoría en caso de que prospere.

En su alocución, el titular del interbloque Provincias Unidas, el rionegrino Luis Di Giacomo, subrayó que “en la Argentina la siniestralidad vial es la principal causa de muerte en personas menores de 35 años. También es cierto que de acuerdo a estudios que se han encarado en los últimos 25 años, estudios internacionales, se correlaciona siempre el consumo de drogas legales e ilegales, entre las cuales la predominante es el alcohol, en accidentes. Accidentes de tránsito, laborales y doméstico. Por lo tanto, ahondar en detalles respecto de esta situación que está avalada científicamente no vale la pena”.

“Hoy hemos escuchado algunos colegas que opinaron desde su formación económica, economistas que se auto adjudican ser gurúes, que son consultados por los distintos medios, y que cuando les tocó estar frente al Estado no pudieron demostrar que esas supuestas teorías tenían resultado, porque los últimos 70 años así nos lo vienen demostrando”, lanzó con críticas a López Murphy y también cuestionó el discurso de Espert: “Y escuchamos a un diputado preopinante el cual no encontraba estudios que digan que entre alcohol 0,5 y alcohol 0 había diferencia estadísticamente significativa. Es cierto, no las hay en determinados tipos de accidentes, sí las hay en accidentes por ejemplo con motos”.

El santafesino Roberto Mirabella expresó: “Estoy convencido que tenemos que realizar todas las acciones necesarias y posibles para prevenir los accidentes de tránsito, y hoy con este proyecto que estamos tratando, estamos dando un paso adelante en generar conciencia en que no se tolere el consumo de alcohol mientras se conduce un vehículo”.

“Leyendo los datos estadísticos, si tomamos los últimos 20 años es probable que tengamos cerca de 150 mil personas fallecidas por accidentes de tránsito. Más o menos las muertes que produjo la bomba atómica de Hiroshima. Es conmovedor hablar de estas cosas“.

“Es un compromiso importante el que se toma el Congreso de la Nación, y ojalá podamos debatir y discutir el homicidio vial, para poder incorporarlo en el Código Penal. No porque creamos que tenemos que ser más punitivitas si no porque no está así establecido en el Código Penal. Esto es muy simple, si vas a conducir no tenés que tomar, y si tomas no tenés que conducir”, manifestó.

Contrariamente a su par de bancada y coterráneo, Adolfo Bermejo respaldó la iniciativa y explicó: “Vengo como diputado de una provincia vitivinícola que es la actividad que más riqueza genera en la provincia. Vengo con mucha convicción a apoyar este proyecto porque hace 10 años atrás en el Senado presentaba un proyecto de estas características”.

El oficialista, lamentó “haber escuchado algún legislador y legisladora que utilizaron la palabra demagogia. Era innecesario ese calificativo, porque podemos estar de acuerdo o en contra de la ley, es normal, pero semejante calificativo me parece que no hacía falta”

“No es una ley seca como se dijo, no es una ley de vino cero, es una ley de tolerancia cero de alcohol al manejar, en todo caso sería una ley de cerveza cero, vodka cero, gin cero, fernet cero, no solamente de vino. Simplemente se trata de no tomar alcohol si manejas para reducir accidentes y riesgos. Es un gran salto en la defensa de la vida”.

 El titular del bloque Pro, Cristian Ritondo, celebró estar debatiendo el tema porque “hace más de 10 años familiares de víctimas entran y salen del Congreso pidiendo por esta ley. Más de mil argentinos mueren por año producto de conductores alcoholizados. La mayoría se da en la provincia de Buenos Aires”.

“1 de cada 4 accidentes en el país está asociado a esta problemática y eso que hace tiempo, muchos de nosotros, venimos comprometidos para trabajar para que esta ley salga. Esto solo no alcanza, falta concientizar, falta entender que tenemos que avanzar como sociedad, falta que discutamos que en realidad no se afecta a ninguna industria”, planteó Ritondo.

Y opinó: “Si afectar a una industria para defender una vida, igual tendríamos que votarlo. No se trata de anteponer ninguna posibilidad de la industria delante de la vida de la gente, es entender que volante más alcohol es muerte, es perder un ser querido porque todos sabemos que tomar y ponernos al volante es convertir el auto en un arma porque se pierde la visibilidad. Y que los que manejen alcoholizaos y drogados y maten vayan presos, hay que modificar el Código Penal”.

En último lugar, cerró el debate el titular de la Comisión de Seguridad Interior, Ramiro Gutiérrez, resaltó que “es una política empática, pero también es una política responsable basada en evidencia con una finalidad clara que es mejorar la seguridad vial en el país”, y ponderó: “Es un proceso que pueden identificarse cantidades de acciones de organizaciones que anhelan un cambio social y político”.

Uno de los proyectos que mayor expectativa despertaba este jueves respecto de la sesión prevista en la Cámara de Diputados era sin duda el de Lengua de Señas. Y eso ya se palpaba en la previa, con decenas de personas en la vereda de la avenida Rivadavia esperando bajo el sol para ingresar al Palacio Legislativo. Todos convocados por las organizaciones de personas sordas y/o mudas, para asistir al tan esperado debate.

El tema fue ubicado en primer lugar entre los previstos para debatir este jueves, aunque previamente se realizaron los homenajes, cuestiones de privilegio y apartamentos de reglamento. Pero el final no podía ser mejor: aprobación unánime.

Al cabo de la votación, tras abandonar los palcos, se congregaron en el Salón de Pasos Perdidos, para celebrar junto a diputados nacionales, entre ellos la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau.

Durante el debate, la titular del Cuerpo les había recomendado desplegar sus banderas en los palcos, como así también inmediatamente después de la aprobación anunció que conforme lo acordado con la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, remitirían este mismo jueves la media sanción a la otra Cámara, lo que permite albergar optimismo sobre una rápida sanción allí.

El diputado nacional Juan Manuel Pedrini (FdT – Chaco) presentó una cuestión de privilegio contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación por su accionar en torno al Consejo de la Magistratura y sostuvo que “el accionar de la Corte es propio de autócratas y protofascistas que no reconocen los límites de la ley”.

Además, cuestionó al órgano judicial por “obstaculizar el desempeño de las funciones del Congreso de la Nación, ni dejar cumplir con las potestades y obligaciones”. En esa línea, afirmó: “Hay una permanente interferencia de la Corte Suprema para con el accionar del Poder Legislativo”.

“El caso más reciente es el del Consejo de la Magistratura”, indicó Pedrini.  A su vez, expresó: “En el 2013 con la Ley 26.885 se reglamentó un principio republicano -el de elección popular- y la declararon inconstitucional. En 2021 volvieron a fallar en contra de la ley después de 16 años de vigencia”.

En tal sentido, el diputado chaqueño agregó que “esto no es nuevo”, y cuestionó: “Los autócratas querían quedarse con la presidencia del Consejo de la Magistratura con fallos inconstitucionales”. Del mismo modo, apuntó contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema al expresar que “ejercen un tutelaje vergonzoso e inaceptable contra el Congreso”.

En el cierre, Pedrini le pidió al Congreso “intimar a los representantes de la Corte”, y concluyó arengando: “Debemos luchar por democratizar el Poder Judicial. Basta de autócratas con actitudes fascistas que no reconocen a la ley ni a sus representantes”.

La sesión en la Cámara de Diputados se caldeó este jueves luego de la intervención del liberal José Luis Espert, quien utilizó el homenaje de Hebe de Bonafini para descalificar a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, recientemente fallecida. 

Durante una cuestión de privilegio, el diputado oficialista Leopoldo Moreau expresó: “Como yo creo profundamente en la convivencia democrática, voy a hacer un esfuerzo por contener lo que creo debe ser una justificada indignación”. 

“Es muy importante que recobremos en este ámbito el respeto por el reglamento”, sugirió, para sostener luego que “hay diversas formas de cobardía” y “una de ellas es, como se dice vulgarmente, venir con el cuchillo debajo del poncho, y tratar de aprovechar una circunstancia como significa un homenaje para transformarlo en una descalificación, en un insulto de quien es homenajeada”. “Esa cobardía se extiende a quienes, por no dar la cara en defensa de una política de represión que íntimamente y políticamente han compartido, descalifican a las personas, en este caso Hebe de Bonafini, que ha sido símbolo a la resistencia de esa política represiva”, continuó. 

Desafiando a esos sectores, el radical K consideró que “sería mejor que se saquen la careta y digan que han estado de acuerdo con la práctica del secuestro, la tortura y la desaparición de personas”. Y comparó que el discurso de Espert “repetía el modelo de descalificación de los comunicados de las Juntas Militares”. 

“Hay que ser valiente y asumir de cara a la sociedad y decirlo con todas las letras que se está de acuerdo con las fuerzas de esa política represiva y no venir aquí a desnaturalizar esa situación, agarrándose con las víctimas”, insistió.

Al recordar que minutos antes varias diputadas hicieron un homenaje por el Día de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el legislador dijo: “Les pregunto como mujeres, como madres, a cada una de ustedes independientemente de la bancada que pertenezcan, ¿cómo hubieran reaccionado si les hubiera llevado, arrancado, a dos hijos de su casa?”. 

“No podemos tolerar que un cobarde venga aquí a ofender a una madre que perdió dos hijos”, enfatizó y recordó que Hebe “no era una intelectual, era una mujer del pueblo y reaccionó como una mujer del pueblo”. 

Por eso, rechazó las “risitas desde las bancas” durante la intervención de Espert, y advirtió que “la violencia que hoy se ejerció aquí puede reinstalar la violencia política en Argentina y hay que evitarlo a toda costa porque estamos caminando en el filo de una navaja”. “La irresponsabilidad de muchos está sumando a esa posibilidad”, observó. 

Así, Moreau llamó a rescatar “el espíritu de lo que fue un hecho inédito en el mundo” a través de “memoria, verdad y justicia, que pudimos construir esta arquitectura democrática e institucional”. 

“¿Saben lo que significaba ir a presenciar el juicio a las Juntas y tener a pocos metros a quienes habían sido responsables de destruir a sus familias, hacer desaparecer a sus hijos y nietos y no reaccionar?”, reivindicó a las abuelas y madres de Plaza de Mayo, y destacó que en ellas “no hubo un hecho de venganza, de revancha…y ahora resulta que hay algunos cobardes que nos quieren retrotraer al revanchismo a través del discurso de la negación y la descalificación”. 

En ese sentido, concluyó: “Justo cuando en estos días nuestros jóvenes van espontáneamente a los cines a ver esta película ‘Argentina: 1985’, que tiene virtudes y defectos; omisiones que quizás son serias desde el punto de vista político, pero tiene una gran virtud: está destruyendo el negacionismo. Y destruir el negacionismo significa establecer en Argentina la confianza en la memoria, la verdad y la justicia. No cualquiera puede pisotearla, hay que ser muy hombre para hacerlo y dar la cara”. 

Previsiblemente, el mayor espacio de la etapa de la sesión de este jueves dedicada a los homenajes fue para Hebe de Bonafini, la líder de Madres de Plaza de Mayo fallecida el domingo pasado. Y previsiblemente también, el tema no evitó un fuerte contrapunto en un recinto que se crispó cuando el diputado José Luis Espert la emprendió fuertemente contra quien muchos de sus pares acababan de homenajear.

La primera en hacerlo fue la oficialista Mónica Macha, quien resaltó que “si hay algo que nos representa tiene que ver con el concepto y práctica de la lucha”. Y apuntó que “si algo sabía Hebe es que la lucha no es un momento, sino una elección de vida. Y esto lo llevó durante toda su vida”.

Recordó la diputada del Frente de Todos cómo se fue tiñendo de drama la vida de la familia Bonafini, a partir de la desaparición de sus hijos. Primero Jorge Omar, después Raúl Alfredo, y un año después su nuera María, esposa de Jorge. “¿Qué hizo Hebe? -se preguntó-. Luchó por ella y por los hijos de todos sus compañeros”.

Mónica Macha manifestó que “somos orgullosas hijas de las Madres de Plaza de Mayo. Aprendimos de ellas a organizarnos; aprendimos de ellas que si nos trataban de locas estábamos en el camino correcto… Para muchos, Hebe es una imagen imponente, más que una imagen, es una presencia”.

Y resaltó de ella que “marchó en la Plaza en los 70 contra la dictadura; en los 80 contra las leyes de la impunidad; en los 90 contra el menemismo; en 2001 contra la violencia neoliberal, siempre poniendo el cuerpo y la voz. Y Hebe nunca se calló”.

Sobre el final de su evocación, la diputada Macha recordó haber estado en 2004 en la Plaza, esperándola para emprender una nueva Marcha de la Resistencia, y ella luego planteó “la decisión política de que esa fuera la última Marcha de la Resistencia para las Madres, porque estábamos en el contexto de la presidencia de Néstor Kirchner, y ella entendía que a partir de la llegada de Néstor y de la posibilidad de contar con toda la política de derechos humanos como una política de Estado, eso que había implicado el comienzo de las Marchas de la Resistencia había llegado a su fin”.

Así las cosas, resaltó que Hebe de Bonafini adhirió entonces a “un proceso político que nunca abandonó y por el que siempre militó”.

Luego habló desde la izquierda Myriam Bregman. “Estamos despidiendo a una mujer valiente como pocas, que se paró frente a la maquinaria genocida mientras otros le daban intendentes a la dictadura; mientras las burocracias sindicales se hacían colaboracionistas; mientras la jerarquía eclesiástica apoyaba el genocidio; mientras las grandes empresas radicadas en nuestro país armaban centros clandestinos de detención en sus propios predios; mientras los medios de comunicación se integraban a ese régimen genocida”.

“Esta mujer, junto a otras madres, algunas de las cuales desaparecieron, se puso al frente de esta pelea y su ejemplo alentó una resistencia por abajo que terminó emergiendo y que incluso puso en jaque a la dictadura antes que la guerra de Malvinas”, agregó Bregman, quien remarcó luego que “Hebe, como tantas madres, nació con la desaparición de sus hijos. Sus discursos erizaban la piel. A la salida de la dictadura enfrentó la teoría de los dos demonios, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que se votaron aquí”.

Myriam Bregman concluyó señalando que “a Hebe, quje nos enseñó que no hay olvido ni perdón, que nos enseñó que no hay que dar ni un paso atrás, la despedimos hoy”.

Desde el interbloque Provincias Unidas, el rionegrino Luis Di Giacomo la consideró “un símbolo que junto a las Madres, Abuelas, en los momentos más negros de la Argentina, supo transformarse en una representante que superó nuestras fronteras y puso ante el mundo una realidad que muchos acá en su propia patria desconocían y otros querían desconocer”.

Reconoció también que a Hebe de Bonafini se le pueden cuestionar “muchas cosas, pero no podemos hacer que eso nos nuble que un grupo de Madres y de Abuelas, con ella a la cabeza, eran las únicas que fueron, incluso muchas a costa de sus propias vidas, las que iban a enfrentar ese poder”.

A continuación, María Rosa Martínez (Frente de Todos) pidió un minuto de silencio en honor a Hebe de Bonafini y luego apuntó que “abarcar a Hebe es abarcar una dimensión histórica entre el presente, el pasado y el futuro”.

También la recordó Alejandro “Topo” Rodríguez, para quien ella “entró en la historia argentina en contra de su propia voluntad. Fue la historia la que puso a ella, a Azucena Villaflor y a un puñado de mujeres en la calle primero, en la Plaza después, construyendo lo que en ese momento era una utopía, y por lo tanto, por definición, nunca sería realidad confrontar y develar el poder de la dictadura cívico militar. Un poder monolítico, totalitario, oscurantista. El tiempo, la perseverancia, la lucha primero por sus hijos y después por los hijos y las hijas de todos, le dio ese lugar en la historia a la que había llegado, arrancada por el Proceso de su propia casa, de su propio hogar”.

Luego fue el turno de Romina del Plá, quien reflexionó sobre la vida y trayectoria de Hebe de Bonafini. “Fue en la década del 70 un emblema de la lucha contra la dictadura genocida, en un momento que muchos dudaban de apoyar ese reclamo. Muy pocas organizaciones se atrevían a ir a las rondas y movilizaciones, como sí lo hizo por ejemplo mi partido, que no tuvimos ninguna duda aun bajo la dictadura en acompañar estos reclamos”, expresó la diputada del PO.

“Esto es importante –djo-, porque otros se dedicaban a hacer negocios o aportarle una enorme cantidad de intendentes para darle una estructura a la dictadura. Este recinto está lleno de negacionistas, que niegan la represión, los 30 mil, los asesinatos de la Triple A, y por eso también es importante tener en claro que ha sido clave la movilización popular y el acompañamiento que hemos realizado todas y todos aquellos que desde un primer momento no dudamos que así debía ser”.

Del Plá fue la primera en poner reparos a la figura de Hebe de Bonafini, por su acercamiento al kirchnerismo: “Cuando llegó el kirchnerismo algo cambió –reconoció-. Perdió su independencia política y ese sometimiento a los gobiernos la llevó a hacer cosas que plantearon una enorme crítica a su accionar. El abrazo con (el general César) Milani, el aval a lo que dijeron funcionarios como Aníbal Fernández y otros en la segunda desaparición de Julio López”, y concluyó arengando: “Viva la lucha de las Madres, familiares, Abuelas, 30 mil detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre”.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, Hugo Yasky, homenajeó a continuación a “esta enorme luchadora, mujer, la compañera Hebe de Bonafini. Quiero hacerlo como diputado, pero también como parte del movimiento sindical, y también como parte del movimiento sindical identificado con el movimiento popular nacional con el peronismo”.

“Decenas de miles ven en ella a quien empezó a escribir la condena al genocidio y la dictadura cívico militar en las calles”, agregó. Hizo referencia luego a la película 1985, recordando que “hubo un proceso a las Juntas, una condena, es verdad, un proceso de llevar adelante ese juicio que plantó en la Argentina una política de Estado, la del Nunca Más, pero la lucha empezó en la calle, y en la calle la mujer que impulsó ese enorme acto de valentía y coraje político, de enfrentar a  una dictadura sin nada más que el dolor, la decencia y el coraje, eso hay que reconocerle eternamente a esta mujer”.

En referencia a su acercamiento al kirchnerismo, Yasky sostuvo que Bonafini “entendió su tiempo político, los cambios que desde las resistencias en la Argentina y América Latina empezaban a dar forma a un nuevo tiempo político, y entendió que el pedido de perdón que hizo Néstor Kirchner en nombre del Estado abría ese nuevo tiempo político. Hebe nunca tuvo una determinación guiada, ni por el oportunismo, ni por la necesidad de acercarse al poder”.

“La decisión de Hebe de abrazar el tiempo político que se inaugura en la Argentina cuando en 2005 se le dice no al ALCA, el abrazo con Chávez, Fidel Castro, Lula, Correa, Cristina, marcan la sensibilidad política de una mujer que más allá de lo que fue la lucha valiente, heroica, ejemplar, supo también tener la capacidad de ser parte del proceso de transformación popular”.

La contracara de Bonafini

Fue, como dijimos, el diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert el que encendió los ánimos, cuando en el espacio de homenajes la emprendió contra Hebe de Bonafini. Aclaró de entrada que “la muerte de ningún ser humano puede festejarse; además hay seres queridos que lloran su muerte” y expresó sus condolencias a los familiares de Hebe de Bonafini por su partida.

Pero a continuación enumeró los exabruptos que caracterizaron los últimos años de la titular de Madres de Plaza de Mayo, pero también las causas judiciales en las que quedó involucrada.

Y cerró así: “Murió Néstor, murió Hebe… Se está cerrando uno de los tantos períodos de la Argentina marcados por el robo, la mentira y la pobreza”.

Le salieron al cruce desde la bancada oficialista, cuyo jefe, Germán Martínez, le advirtió que había trasgredido el reglamento y enfatizó: “No puede utilizar un homenaje para hablar en contra de la persona a la que se le está realizando un homenaje”, subrayó y enfatizó que “esto no pasó nunca en la historia parlamentaria. Lo que hizo no solamente traiciona los acuerdos de Labor Parlamentaria sino que además va en contra de toda tradición aquí en la Cámara de Diputados”.

Más tarde, a la hora de las cuestiones de privilegio, Leopoldo Moreau, Hugo Yasky y Aldo Leiva la emprendieron también contra Espert. “Ofensa incalificable”, calificó Yasky la actitud del diputado liberal, mientras que Leiva lo llamó “cobarde, rata y malnacido”. También lo hizo Marisa Uceda, quien habló de “violencia política” que da espacio también a episodios como el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner.

Durante los homenajes en la sesión especial de la Cámara de Diputados, el diputado Alberto Asseff (Pro) recordó este jueves en el recinto a los caídos en la Batalla de la Vuelta de Obligado, tras el 177º aniversario que se cumplió el pasado 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional.

En ese sentido, el titular de la Comisión de Defensa manifestó: “Quiero rendir homenaje a la soberanía e integridad territorial tanto continental americana, antártica, aérea, terrestre y espaciosa de nuestra plataforma marítima”. Además, afirmó que “educación, trabajo, salud, justicia, seguridad y cultura” también son parte de la soberanía.

“Triunfos y derrotas son dos relatividades. La guerra se perdió, pero se logró una victoria estratégica”, recordó el legislador opositor y resaltó: “Quiero homenajear a los valientes que lucharon por nuestra soberanía contra las dos potencias más grandes de ese momento (Francia e Inglaterra)”.

En el final del homenaje, Asseff cuestionó que “no hayan tratados de Libre Comercio” para aprovechar las rutas marítimas del Río Paraná que “se logró defender” en la batalla. “Es una pena que no se honre la vida de esos valientes, desaprovechando los recursos, colocando impuestos para todo, perjudicando a nuestros intereses”, cerró.

A las 11.51 dio inicio este jueves la sesión de la Cámara de Diputados en la que se proponen aprobar un temario que contempla once cuestiones que no revisten mayores cuestionamientos entre oficialismo y oposición.

Con el homenaje a la titular de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini –fallecida el domingo pasado- como uno de los temas centrales del inicio de esta sesión, los diputados desarrollan una sesión con palcos poblados de personas particularmente interesadas la aprobación de muchos de los proyectos que se irán debatiendo a lo largo de la jornada.

Comenzando por el reconocimiento de la “Lengua de Señas” como idioma natural y originario que conforma un legado histórico inmaterial como parte de la identidad lingüística y la herencia cultural de las personas sordas en todo el territorio de la Nación Argentina. Un proyecto que garantiza su participación e inclusión plena, como así también de las personas que, por cualquier motivo, elijan comunicarse en dicha lengua.

Tal vez el proyecto que genere mayor atención sea el que establece la modificación a la Ley 24.449 de tránsito sobre alcoholemia cero para la conducción de vehículos. Puntualmente el texto busca modificar el artículo 48 de la Ley de Tránsito, la que actualmente contempla, para quienes conduzcan cualquier tipo de vehículo, una tolerancia de hasta 500 miligramos (0,5) de alcohol por litro de sangre.

En ese sentido, la iniciativa establece la prohibición de conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 0 miligramos por litro de sangre en todo el territorio nacional. Sobre este tema, hubo dos dictámenes. El de minoría corresponde a la radical Jimena Latorre representante de Mendoza -región vitivinícola-, y sugiere mantener el 0,5 g/l de alcohol en sangre, pero con un endurecimiento de las penas y sanciones de aquellos infractores que no cumplan con la normativa.

En materia de salud hay dos proyectos, uno tiene por objeto establecer procedimientos médico-asistenciales para la atención de las mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, que es aquella que se produce entre la semana 22 hasta 7 días después del nacimiento. La iniciativa, que había tenido dictamen de comisiones el año pasado, pero no llegó a tratarse en el recinto, se denomina “Ley Johanna”, en alusión al caso de Johanna Piferrer.

De acuerdo con el proyecto, todas las obras sociales, las entidades de medicina prepaga, como así también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados, independientemente de la figura jurídica que posean, tendrán a su cargo con carácter obligatorio instrumentar las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley.

Se busca dotar a los profesionales de la salud, que intervienen al momento del parto, de procedimientos de actuación estandarizados que faciliten la atención sanitaria de aquellas mujeres, personas gestantes y familias que sufren una muerte perinatal.

Asimismo, las mujeres y personas gestantes tendrán derecho a recibir información suficiente y adecuada; un trato respetuoso, individual y personalizado; tomar contacto con el cuerpo sin vida, teniendo la opción de hacerlo acompañadas por un psicólogo; tomar conocimiento fehaciente de las causas que originaron el deceso; recibir información sobre lactancia, métodos de inhibición y/o donación de ésta; entre otros.

El otro texto es un proyecto que busca ampliar y jerarquizar el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación. La iniciativa tiene por objeto que “las personas con cardiopatías congénitas tienen derecho a todas las instancias de detección y tratamiento correspondientes en cada etapa vital. Asimismo, todas las mujeres embarazadas y/o personas gestantes tienen derecho a un control prenatal que incluya la detección precoz de cardiopatías congénitas, garantizando, si correspondiera, el traslado intrauterino”.

En materia de medio ambiente, se encuentra en el temario el proyecto que modifica la actualización del valor de las sanciones por infracción que se establecen en la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.

Específicamente el texto propone sustituir el artículo 49 que quedará redactado así: “Toda infracción a las disposiciones de esta ley, su reglamentación y normas complementarias que en su consecuencia se dicten será reprimida por la Autoridad de Aplicación con las siguientes sanciones, que podrán ser acumulativas”.

Entre las sanciones enumera apercibimiento; multa de 900 Unidades Fijas (UF) hasta 900.000 Unidades Fijas (UF); suspensión de la inscripción en el Registro de 180 días hasta 3 años; Cancelación de la inscripción en el registro, y aclara que estas sanciones se aplicarán con prescindencia de la responsabilidad civil o penal que pudiere imputarse al infractor o a la infractora. La suspensión o cancelación de la inscripción en el Registro implicará el cese de las actividades y la clausura del establecimiento o local.

También se encuentra el proyecto para modificar la Ley 27.399 sobre establecimiento de feriados y fines de semana largos, para fijar días feriados nacionales y días no laborales en todo el territorio.

La iniciativa fija como feriados inamovibles el 1º de enero: Año Nuevo; lunes y martes de carnaval; 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia; Viernes Santo; 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas; 1º de Mayo: Día del Trabajo; 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo; 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano; 9 de julio: Día de la Independencia; 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín; 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María y el 25 de diciembre: Navidad.

Mientras que los feriados trasladables serán el 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes; 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural y el 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional. Los días no laborables será solo el Jueves Santo.

Además, se debatirá la transferencia del inmueble del Estado Nacional en la localidad de Río Turbio, departamento de Güer Aike, provincia de Santa Cruz. Transferencia a título gratuito a la Municipalidad de Río Turbio, provincia de Santa Cruz.

El dominio del terreno ubicado en la calle Santiago de Liniers 395, de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, denominado “Delegación Paraná Medio”. Transferencia a título gratuito a favor de la Municipalidad de Paraná, provincia de Entre Ríos.

El inmueble propiedad del Superior Gobierno de la Nación del departamento de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Transferencia a título gratuito a la Municipalidad de Larroque, provincia de Entre Ríos.

También el dominio de una fracción de terreno que ocupa el Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, ex-Centro Clandestino de Detención “La Perla” en el departamento de Santa María, provincia de Córdoba. Transferencia a título gratuito a la provincia de Córdoba. Por último, el inmueble propiedad del Estado nacional, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transferencia a título gratuito a la Universidad Nacional del Comahue.

Metido de lleno en la parte final del año, la Cámara baja realiza este jueves su última sesión de noviembre. De ese dato no hay duda: el miércoles próximo es 30 de noviembre y ese día a las 16 juega la Argentina en Qatar su último partido de la etapa clasificatoria, así que ni pensar que pueda haber actividad entonces en el Congreso. Al día siguiente bien podría realizarse una sesión, aprovechando que -según parece- se realizaría la sesión preparatoria. Como sea, ya estaremos en diciembre.

Los once temas previstos para este jueves son todos consensuados, lo que hace presumir una sesión sin mayores contratiempos. Sin duda previamente al inicio del temario, a la hora de los homenajes, un tiempo especial será acaparado por el que le corresponderá a Hebe de Bonafini, fallecida el domingo pasado.

El primer proyecto del temario es el que propone el reconocimiento de la “Lengua de Señas” como idioma natural y originario que conforma un legado histórico inmaterial como parte de la identidad lingüística y la herencia cultural de las personas sordas en todo el territorio de la Nación Argentina, y que garantiza su participación e inclusión plena, como así también de las personas que, por cualquier motivo, elijan comunicarse en dicha lengua.

Otro de los proyectos establece la modificación a la Ley 24.449 de tránsito sobre alcoholemia cero para la conducción de vehículos. Puntualmente el texto busca modificar el artículo 48 de la Ley de Tránsito, la que actualmente contempla, para quienes conduzcan cualquier tipo de vehículo, una tolerancia de hasta 500 miligramos (0,5) de alcohol por litro de sangre.

En ese sentido, la iniciativa establece la prohibición de conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 0 miligramos por litro de sangre en todo el territorio nacional. Sobre este tema, hubo dos dictámenes. El de minoría corresponde a la radical Jimena Latorre representante de Mendoza -región vitivinícola-, y sugiere mantener el 0,5 g/l de alcohol en sangre, pero con un endurecimiento de las penas y sanciones de aquellos infractores que no cumplan con la normativa.

En materia de salud hay dos proyectos, uno tiene por objeto establecer procedimientos médico-asistenciales para la atención de las mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, que es aquella que se produce entre la semana 22 hasta 7 días después del nacimiento. La iniciativa, que había tenido dictamen de comisiones el año pasado, pero no llegó a tratarse en el recinto, se denomina “Ley Johanna”, en alusión al caso de Johanna Piferrer.

De acuerdo con el proyecto, todas las obras sociales, las entidades de medicina prepaga, como así también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados, independientemente de la figura jurídica que posean, tendrán a su cargo con carácter obligatorio instrumentar las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley.

Se busca dotar a los profesionales de la salud, que intervienen al momento del parto, de procedimientos de actuación estandarizados que faciliten la atención sanitaria de aquellas mujeres, personas gestantes y familias que sufren una muerte perinatal.

Asimismo, las mujeres y personas gestantes tendrán derecho a recibir información suficiente y adecuada; un trato respetuoso, individual y personalizado; tomar contacto con el cuerpo sin vida, teniendo la opción de hacerlo acompañadas por un psicólogo; tomar conocimiento fehaciente de las causas que originaron el deceso; recibir información sobre lactancia, métodos de inhibición y/o donación de ésta; entre otros.

El otro texto es un proyecto que busca ampliar y jerarquizar el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación. La iniciativa tiene por objeto que “las personas con cardiopatías congénitas tienen derecho a todas las instancias de detección y tratamiento correspondientes en cada etapa vital. Asimismo, todas las mujeres embarazadas y/o personas gestantes tienen derecho a un control prenatal que incluya la detección precoz de cardiopatías congénitas, garantizando, si correspondiera, el traslado intrauterino”.

En materia de medio ambiente, se encuentra en el temario el proyecto que modifica la actualización del valor de las sanciones por infracción que se establecen en la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.

Específicamente el texto propone sustituir el artículo 49 que quedará redactado así: “Toda infracción a las disposiciones de esta ley, su reglamentación y normas complementarias que en su consecuencia se dicten será reprimida por la Autoridad de Aplicación con las siguientes sanciones, que podrán ser acumulativas”.

Entre las sanciones enumera apercibimiento; multa de 900 Unidades Fijas (UF) hasta 900.000 Unidades Fijas (UF); suspensión de la inscripción en el Registro de 180 días hasta 3 años; Cancelación de la inscripción en el registro, y aclara que estas sanciones se aplicarán con prescindencia de la responsabilidad civil o penal que pudiere imputarse al infractor o a la infractora. La suspensión o cancelación de la inscripción en el Registro implicará el cese de las actividades y la clausura del establecimiento o local.

También se encuentra el proyecto para modificar la Ley 27.399 sobre establecimiento de feriados y fines de semana largos, para fijar días feriados nacionales y días no laborales en todo el territorio.

La iniciativa fija como feriados inamovibles el 1º de enero: Año Nuevo; lunes y martes de carnaval; 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia; Viernes Santo; 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas; 1º de Mayo: Día del Trabajo; 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo; 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano; 9 de julio: Día de la Independencia; 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín; 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María y el 25 de diciembre: Navidad.

Mientras que los feriados trasladables serán el 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes; 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural y el 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional. Los días no laborables será solo el Jueves Santo.

Además, se debatirá la transferencia del inmueble del Estado Nacional en la localidad de Río Turbio, departamento de Güer Aike, provincia de Santa Cruz. Transferencia a título gratuito a la Municipalidad de Río Turbio, provincia de Santa Cruz.

El dominio del terreno ubicado en la calle Santiago de Liniers 395, de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, denominado “Delegación Paraná Medio”. Transferencia a título gratuito a favor de la Municipalidad de Paraná, provincia de Entre Ríos.

El inmueble propiedad del Superior Gobierno de la Nación del departamento de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Transferencia a título gratuito a la Municipalidad de Larroque, provincia de Entre Ríos.

También el dominio de una fracción de terreno que ocupa el Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, ex-Centro Clandestino de Detención “La Perla” en el departamento de Santa María, provincia de Córdoba. Transferencia a título gratuito a la provincia de Córdoba. Por último, el inmueble propiedad del Estado nacional, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transferencia a título gratuito a la Universidad Nacional del Comahue.

Representantes de distintas fuerzas políticas participaron de la reunión constitutiva del Grupo Parlamentario de Amistad (GAP) con Portugal. El encuentro tuvo lugar en el Salón Blanco del Congreso, y allí la diputada nacional del Frente de Todos Claudia Ormachea fue elegida por sus pares como presidente del GPA.

El diputado Juan Martín, de Juntos por el Cambio, fue formalizado como vicepresidente. Tras su designación, la nueva presidenta hizo saber sus colegas la voluntad de que el grupo se consolide como una herramienta plural para afianzar aún más la cooperación y los vínculos bilaterales entre Argentina y Portugal.

Una vez definidas las autoridades, los y las integrantes del GPA recibieron al Embajador de la República Portuguesa en Argentina, José Ludovice, con quien analizaron los últimos hitos de la agenda binacional, así como también las perspectivas de trabajo para los próximos años. Sobre este punto destacaron que, tal como sucede a nivel de los poderes ejecutivos, la diplomacia parlamentaria entre ambos países tiene una larga historia y tradición. Al respecto, cabe destacar que Portugal fue el primer país en reconocer la independencia argentina.

La unión de ambos pueblos producto de la inmigración, así como las confluencias en espacios multilaterales vinculados en especial al cuidado del medio ambiente y la protección del océano, fueron otros de los puntos resaltados durante la reunión de trabajo. Portugal fue sede este año de la Cumbre de los Océanos de ONU, mientras que el Congreso argentino viene trabajando hace años en leyes importantes de protección del entorno y la biodiversidad marina.

Integran el GPA con la República Portuguesa los diputados y diputadas nacionales Mónica Fein, Lucas Godoy, Carlos Heller, Susana Landriscini, Gabriela Pedrali, Hernán Pérez Araujo, Liliana Yambrún, Sabrina Ajmechet, María de las Mercedes Joury, Jimena Latorre, María Luján Rey y Gustavo Santos. Participó también de la reunión constitutiva el director General de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara de Diputados, Ariel Sotelo.

Justo a punto de que se enfrenten en Qatar ambos países por el Mundial de Fútbol, en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados se constituyó este miércoles el Grupo Parlamentario de Amistad (GPA) con los Estados Unidos Mexicanos.

Una vez iniciada la reunión, a propuesta de sus compañeros de bloque, el diputado nacional Carlos Selva (Frente de Todos-Buenos Aires), resultó electo presidente del Grupo. A su vez, la diputada mendocina Jimena Latorre (Juntos por el Cambio) fue designada como vicepresidenta; en tanto que el diputado Agustín Domingo, de Juntos Somos Río Negro, asumió el cargo de secretario.

El diputado Selva agradeció la confianza de sus colegas por la designación, a la vez que destacó la importancia de la Diplomacia Parlamentaria y de los grupos de amistad como herramienta para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Además, manifestó su interés en avanzar en la conformación de una hoja de ruta para guiar las actividades del GPA del año próximo.

Una vez firmada el acta constitutiva, los y las integrantes del GPA recibieron al ministro Gabriel Terrés, jefe de Cancillería de la Embajada de México, y a la licenciada Camila Aviña, consejera Política. Tanto los diputados presentes como los funcionarios resaltaron la fluidez del diálogo político estratégico entre ambos países, el mecanismo vigente de diálogo interparlamentario, las coincidencias en foros multilaterales y regionales como CELAC, así como también la cooperación e intercambio cultural constante. El avance en la profundización de los acuerdos económicos, también fue parte de los temas conversados.

Argentina y México mantienen desde 2008 una Asociación Estratégica (AAE) con sus capítulos político, económico y de cooperación educativa, cultural, científico y tecnológica. En mayo de este año tuvo lugar la 5ta reunión del Consejo de Asociación del Acuerdo de Asociación Estratégica, principal mecanismo de diálogo institucional. Durante la cita, ambos gobiernos se comprometieron a facilitar y ampliar el comercio de alimentos frente al contexto mundial, aprovechando el potencial que ofrece el Acuerdo de Complementación Económica 6 (ACE 6) para incrementar el comercio bilateral, al tiempo que celebraron la extensión en marzo del 2022 del acuerdo para promover el comercio automotriz.

Además de las autoridades designadas, integran el GPA con México los diputados nacionales Hilda Aguirre, Alicia Aparicio, Lisandro Bormioli, Ricardo Buryaile, Nilda carrizo, José Carro, Virginia Cornejo, Mónica Frade, Ana Gaillard, Daniel Gollan, Itaí Hagman, María de las Mercedes Joury,  Florencia Lampreabe, Mario Leito, Juan Martín, Alvaro Martínez, María Rosa Martínez, José Nuñez, Paula Penacca, Florencio Randazzo, María Luján Rey, Víctor Romero, Adriana Ruarte, Carlos Selva, María Victoria Tejeda y Eduardo Valdés. Asimismo, participó de la reunión el director General de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara de Diputados, Ariel Sotelo.

Solo falta la confirmación oficial, pero trascendió ya que el próximo jueves 1° de diciembre se realice la tradicional sesión preparatoria, en la que los diputados elegirán a sus autoridades.

Ese día, a partir del  mediodía, se abrirían las puertas del recinto para confirmar al frente del Cuerpo a Cecilia Moreau, quien sucedió a Sergio Massa en una sesión realizada el pasado 2 de agosto.

Se procederá a continuación a la designación de las siguientes autoridades, que actualmente ostentan Omar De Marchi (Pro-Mendoza) como vicepresidente primero; José Luis Gioja, vicepresidente segundo; y Julio Cobos, vice tercero.

Los otros cargos que deberán votarse son los correspondientes al secretario general, que actualmente es Juan Manuel Cheppi; la Secretaría Parlamentaria, hoy ocupada por Eduardo Cergnul; la Administrativa, actualmente en manos de Rodrigo Rodríguez, y sus respectivas prosecretarías.

Cabe recordar que en la sesión del 2 de agosto Juntos por el Cambio, el bloque Córdoba Federal y la izquierda se abstuvieron, en tanto que Identidad Bonaerense, el Partido Socialista y el interbloque Provincias Unidas acompañaron al oficialismo en la votación. Ese día no estuvieron presentes los dos diputados de Avanza Libertad.

La abstención de Juntos por el Cambio fue explicada por el jefe del bloque radical, Mario Negri, quien explicó que esa postura tenía que ver con que faltaban cuatro meses para que concluyera el mandato del presidente saliente, Sergio Massa. Adelantó entonces que verían si en diciembre renovaban o hacían cambios en la cúpula. Se espera que suceda lo primero y que esta vez el voto sea positivo.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados dejó listo este miércoles el dictamen del proyecto que amplía el Programa de Protección Integral de personas con Cardiopatía Congénita, que está incluido en el temario de la sesión prevista para este jueves. 

El presidente de la comisión, Carlos Heller (FdT), explicó que la iniciativa “tiene por objeto garantizar que todas las personas con cardiopatías congénitas tengan el derecho a todas las instancias de detección y tratamiento correspondiente” y que “todas las personas embarazadas y/o personas gestantes tengan derecho a un control prenatal que incluye la detección precoz”.

A partir de esta jerarquización del programa que se inició en 2008, se deberá incorporar en el Programa Médico Obligatorio, como estudio de rutina obligatorio, entre la semana 18 y 24 una ecografía de calidad que incluya la evolución cardíaca fetal, apuntó el legislador. 

Por su parte, la diputada Pamela Calletti (FdT) precisó que “uno de cada diez nacidos presentan este tipo” de enfermedad que, “con una detección a tiempo, incluida en el PMO, y con una ecografía, se pueden evitar muertes de bebés antes de nacer”. En ese sentido, dijo que se pueden prevenir “los dos tercios” de los casos. “La gran mayoría de estos niños tienen que ser operados en el primer año de vida”, agregó. 

A su turno, el diputado Marcos Cleri (FdT) destacó que el proyecto es “una construcción de las asociaciones de familiares de pacientes que han sufrido cardiopatías congénitas”, y señaló particularmente un punto de la iniciativa, que prevé la conformación de un consejo consultivo, donde “además de lo que es el Ministerio de Salud” estarán “las mismas asociaciones y familiares” de modo de dar “continuidad a las acciones de la sociedad civil”. 

Las diputadas Germana Figueroa Casas y Laura Rodríguez Machado (Pro) pidieron mejorar la redacción en ese artículo, ya que habla de “asociaciones de usuarios”, más allá de aclarar que coincidían “con el fondo”. “Lo corregimos en el recinto”, garantizó Heller, con visto bueno de Cleri.  

Luego, el diputado José Luis Gioja defendió su proyecto para declarar Monumento Histórico Nacional al Solar Sarmiento ubicado en la ciudad de Asunción, República del Paraguay. La iniciativa ya cuenta con dictamen de las comisiones de Cultura y de Relaciones Exteriores y Culto. 

El sanjuanino recordó que ese fue “el lugar donde falleció Domingo Faustino Sarmiento”, quien en sus últimos días “aguantó lo que puedo y el 11 de septiembre de 1888, de madrugada, fallece Sarmiento en el Solar humilde”. Gioja mencionó que cuando se cumplieron 50 años de la muerte de Sarmiento, Paraguay le donó el Solar a la Argentina. También apuntó que un proyecto similar había tenido media sanción del Senado pero perdió estado parlamentario en Diputados. 

Además, la comisión avanzó con un proyecto -con media sanción- para declarar Poblado Histórico nacional a la Comisión de Fomento Jaramillo, Fitz Roy, provincia de Santa Cruz; y otro para aprobar un Convenio Multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los Tratados Fiscales para prevenir la erosión de las Bases Imponibles y el traslado de beneficiarios, que tuvo un cruce de chicanas entre los diputados Marcelo Casaretto (FdT) y Martín Tetaz (Evolución Radical). 

La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados dio dictamen favorable este miércoles a un proyecto de ley que busca regular el régimen profesional de la obstetricia, de modo de reconocer la labor que llevan adelante. El texto fue consensuado entre iniciativas de Mónica Macha (FdT) y Silvia Lospennato (Pro).

La ley es reclamada por el sector desde hace varios años, e incluso tuvo media sanción de la Cámara baja en abril de 2019, pero perdió estado parlamentario en el Senado. 

Durante el debate, Macha destacó que se trata de “una profesión mayoritariamente llevada adelante por compañeras”. “Hablamos de un proyecto y una discusión que no es nueva”, apuntó la oficialista, al considerar que éstas son “las discusiones que socialmente necesitamos dar”. La presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad explicó que se busca que “todas las acciones que realicen consten en este régimen, estén expresadas” y aseguró que se trata de hacer “justicia en relación a las condiciones de trabajo, y en lo que es específico de su formación y para lo que están autorizadas por su formación académica para llevar adelante”. 

Por su parte, Lospennato resaltó que las licenciadas en obstetricia “vienen peleando hace muchísimos años” por esta ley. “Las mujeres cuidamos, educamos y curamos”, enumeró para decir luego que eso no se hace solo dentro de la casa, sino que “nos insertamos en el mercado laboral para cumplir estos mismos roles. Y no tiene que resultarnos llamativo que sean estas profesiones las menos valorizadas económicamente. Esto es algo que si queremos una sociedad igualitaria tenemos que corregir”. 

Al explicar el proyecto, la legisladora detalló que tiene “un contenido técnico, que hemos discutido mucho en asesores y con los colegios profesionales” y un “componente de legislación laboral”. “Nada de lo que vamos a escribir en esta ley no es que no lo están ya realizando”, aclaró y subrayó las diferencias que hay en el país respecto de sus derechos, porque “en 14 provincias hay legislación” y no así en el resto. 

“Esta ley viene a resolver el problema que genera en el sistema de salud tener pocas licenciadas en Obstetricia”, continuó y remarcó: “Hay muchos lugares del país donde no hay un médico disponible pero sí obstetras que están capacitadas”. 

La macrista enfatizó que “estamos dando un paso que es necesario por la salud sexual y reproductiva de nuestras mujeres, para reducir la morbimortalidad de nuestros niños recién nacidos y para reducir el embarazo no intencional en la adolescencia”. “Principalmente va a ser un reconocimiento a ellas, que desde siempre han estado ahí para ayudar que la sociedad se multiplique, crezca y progrese, pero que lamentablemente están muy rezagadas de la tarea profesional y laboral que realizan, y merecen, como hicimos con los enfermeros, que saldemos esta deuda”, concluyó.

En la reunión, la diputada Carolina Gaillard (FdT) agradeció que se apure el debate porque “no podíamos dejar que termine el año y esto no llegue al recinto”. “Es un tema muy importante, desde 2008 hay proyectos en el Congreso, y la ley actual que habla de los profesionales de la salud y de las obstetras como colaboradores” data de 1967, cuando todavía no había Ley de Parto Respetado, ni se habían alcanzado “los derechos que hoy tenemos las mujeres”. 

Al tomar la palabra, la legisladora Mara Brawer (FdT) hizo hincapié en las diferencias dentro del país debido a aquellas provincias que cuentan con ley y las que no: “Depende dónde vivís, depende la atención que tenés”. “Si consideramos los conocimientos profesionales que tienen, ese reconocimiento tiene que ser un reconocimiento en todos los lugares donde ejercen su profesión”, manifestó y valoró esta “profesión tan noble, que acompaña, que lucha y que tantos escollos tuvo que pasar a lo largo de estos años”. 

El diputado Julio Ferreyra (FdT) manifestó que comparte “plenamente el reconocimiento que se quiere hacer”, pero advirtió por un artículo que facultaba a obstetras “a emitir certificado, constancia de nacimiento”, además de que “el artículo 17 habla de los partos domiciliarios”. “En la reglamentación actual, la registración no permite inscribir los nacimientos en domicilios”, remarcó y opinó que “es un punto muy delicado”. 

“Tiene razón, es una buena aclaración”, reconoció Lospennato, que aclaró que la letra hablaba de “constancia” y “no es el certificado de la ley de registración”. Sin embargo, admitió que “probablemente sea mejor sacarlo”. 

En la discusión, la diputada Carla Carrizo (Evolución Radical) ponderó que se trata de “un colectivo de 8.000 profesionales en todo el país” y es una carrera que “se dicta en 11 universidades nacionales”. Pero propuso modificar el dictamen cuando habla de que pueden “ejercer su actividad” y “prestar asistencia en domicilio del paciente”, al pedir que se tengan en cuenta los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Al repasar algunos puntos que requieren todavía de acuerdo, Lospennato dijo sobre el cambio solicitado por Carrizo: “Nosotros creemos que nuestro país todavía no tiene las condiciones para garantizar algunos tipos de prácticas y en ese sentido queremos preservar la salud de las mujeres y niños”. “Es algo que también nos pidió el Senado”, añadió. 

En el tramo final, Macha explicó: “Estamos planteando el ámbito del domicilio como un ámbito más. Tiene que ver con los derechos laborales de las obstetras; así como planteamos un espacio laboral un hospital, una clínica, también está el ámbito del domicilio de la paciente. Muchas veces van al domicilio para el control del embarazo. No está en discusión el parto domiciliario, ese es un argumento que toman algunos sectores para enfrentarse con el proyecto”. 

Convenio de la OIT sobre enfermería 

En la reunión también se pasó a la firma, con amplio respaldo, un proyecto por el cual se aprueba el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo número 149 sobre el personal de Enfermería, adoptado por la 63° reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada el 21 de junio de 1977. La iniciativa ya tenía dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. 

Al presentar ese punto del temario, la presidenta de la comisión, Mónica Fein (PS), explicó que el convenio “habla de condiciones básicas de trabajo que hoy la mayoría de los enfermeros y enfermeras tienen”, pero igualmente “es un gran avance que nuestro país adhiera”. Además, recordó que presentó un proyecto en este sentido en 2008 y consideró: “Vamos a hacer justicia aprobándolo en el recinto”. 

A su turno, el diputado Hugo Yasky (FdT) resaltó que “en la experiencia que vivimos traumática de la pandemia pudimos visibilizar la importancia, la trascendencia que tiene todo el personal” de salud que “casi siempre tiene que enfrentar situaciones de remuneraciones que no se corresponden con la importancia de su tarea”. Para el oficialista, “es un acto de justicia” aprobar este Convenio, al tiempo que dijo que “hay que seguir avanzado” en legislación para este sector. “Hay que valorizar el trabajo del personal de enfermería, visibilizarlos, porque muchas veces son como la ‘Cenicienta’ dentro del sistema”, agregó. 

Por su parte, el vicepresidente del bloque, Daniel Gollan (FdT), señaló que las enfermeras y los enfermeros “están pasando por tiempos inéditos; se ha visibilizado el problema que vienen reclamando hace tantos años de ser reconocidos como corresponde, como profesionales que lo son”. “Necesitamos el doble de los enfermeros y enfermeras que tenemos hoy en el país”, subrayó y opinó que adherir a este Convenio no hace solo a “reconocerles los derechos”, sino también “estimular a que más hombres y mujeres quieran seguir esta noble profesión”.  

El canciller Santiago Cafiero, quien hasta ahora nunca se había presentado ante la Cámara de Diputados desde que asumió ese rol, mantuvo este martes un encuentro privado con los legisladores de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que preside el oficialista Eduardo Valdés.

El encuentro, que se adjudicó a un pedido del liberal Ricardo López Murphy (RU-JxC), no figuró en la agenda parlamentaria y no tuvo acceso a la prensa. Se desarrolló en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja y participaron un grupo de diputados, entre los que faltaban varios de los integrantes de la comisión. 

Por el oficialismo, además de Valdés, estuvieron Rosana Bertone, Marcelo Casaretto, Mara Brawer, Silva Ginocchio, Carlos Heller y Germán Martínez -el jefe del FdT-. En tanto, desde JxC se los vio a Soher El Sukaria, Julio Cobos, Marcela Campagnoli, Alberto Asseff, Karina Banfi, Hernán Lombardi, Margarita Stolbizer, Dolores Martínez y Ricardo Buryaile. 

Algunos de los legisladores revelaron en sus redes sociales la existencia de esa reunión. El primero en hacerlo fue Fernando Iglesias (Pro), quien escribió en Twitter: “En la Cámara de @DiputadosAR, participando de la reunión informativa del ministro @SantiagoCafiero sobre la política exterior argentina. Relaciones con Rusia, acuerdo UE-Mercosur, violaciones a los Derechos Humanos… Confusión e imprecisión. Me voy con más dudas de las que tenía”. 

Más tarde también subió un posteo el mendocino Julio Cobos (UCR), que dijo que entre los temas se trataron “los lineamientos de política exterior del gobierno, integración regional, acuerdo Mercosur-UE, política de derechos humanos y energía atómica”. 

Recién este miércoles, un oficialista dio detalles también de la reunión a puertas cerradas. “Recibimos a Santiago Cafiero en la Comisión de Relaciones Exteriores, junto a Eduardo Valdés y otros colegas. Durante casi 3 horas el Canciller informó y respondió preguntas de Diputados de todos los bloques”, destacó el entrerriano. Y sumó: “Argentina  preside la CELAC y la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El reclamo de la soberanía sobre Malvinas, MERCOSUR, acuerdo con Unión Europea, BID, entre otros temas”. 

Además de las críticas de opositores por la relación de Argentina con Venezuela y la cuestión de los derechos humanos, también hubo cuestionamientos hacia el embajador ante la OEA, Carlos Raimundi, por sus posiciones sobre Nicaragua y Cuba. 

Según trascendió por parte de legisladores que estuvieron presentes, la relación con China y con los otros países que también son del BRICS fue otro de los temas que estuvo sobre la mesa. 

Cafiero estuvo acompañado por Cecilia Todesca, secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, quien recientemente declinó su candidatura para presidir el BID, por un acuerdo del Gobierno con Brasil. 

La última vez que Cafiero visitó el Congreso fue el pasado 3 de mayo, cuando asistió a una reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Esa vez sí fue pública. 

La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, presidida por la oficialista Vanesa Siley, retomará este miércoles el debate sobre el proyecto de ley que propone la creación de comités mixtos de seguridad, salud, medio ambiente y prevención de riesgos en el trabajo.

El tema fue analizado por última vez en agosto pasado, en ocasión de la tercera reunión informativa con invitados. Pero la iniciativa cuenta con larga data, pues fue presentada el año pasado por los exministros Claudio Moroni (Trabajo) y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidad).

El proyecto, que sigue lineamientos de la OIT, prevé la creación de Comités Mixtos, con facultades paritarias, para elaborar planes de formación en materia preventiva e implementar medidas para evitar los accidentes y afirmar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable.

La creación de ese comité será obligatoria en dichos lugares de trabajo, cuando allí se desempeñen 100 o más trabajadores, el cual estará formado, como mínimo, por 2 representantes de los trabajadores, y por el empleador en igual número.

En las empresas en las que se desempeñen más de 500 trabajadores y/o trabajadoras se duplicará el número de integrantes.

En aquellos lugares en los que se desempeñen más de 10 trabajadores y menos de 100, “el delegado o la delegada del personal tendrá facultades para participar en todas las iniciativas de prevención, efectuar planteos concernientes a ésta y para actuar en todos los temas referidos a la seguridad y la salud en el trabajo”, establece.

En un principio, el temario de la comisión incluía ese único proyecto, pero luego se sumó otra iniciativa, la que busca crear un régimen previsional diferencial para los brigadistas de incendios forestales, que días atrás fue despachada de la Comisión de Previsión y Seguridad Social. También le falta la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

La iniciativa, con media sanción del Senado, involucra a los trabajadores que se desempeñen o se hayan desempeñado como combatientes de incendios forestales o rurales en organismos nacionales o provinciales, cuyas cajas estén adheridas a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). De acuerdo con el personal activo en la actualidad, el universo potencial al que aspira la cobertura previsional es de 876 trabajadores: 496 brigadistas que dependen de Nación, entre personal del Servicio Nacional del Manejo del Fuego y de Parques Nacionales, y 380 brigadistas provinciales.

Tendrán derecho al beneficio del régimen diferencial los brigadistas varones a partir de los 57 años y las brigadistas mujeres a partir de los 50 años. Para acceder a la jubilación los beneficiarios tendrán que acreditar 25 años de servicios en unidades operativas de lucha contra incendios forestales o rurales de los cuales, al menos 15 años, tendrán que ser como combatientes en tareas de supresión en el terreno.

Además, el proyecto establece que el haber mensual de las jubilaciones será equivalente al 82% móvil de la remuneración mensual del cargo que tuviera asignado al momento del cese.

Cabe destacar que los servicios prestados con anterioridad al momento de la sanción de la ley serán válidos siempre que hayan sido brindados para el Estado nacional o provincial y retribuidos por estos. La autoridad de aplicación, que deberá llevar un registro de los trabajadores alcanzados, será la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Un plenario de las comisiones de Legislación General y Finanzas de la Cámara de Diputados tratará este miércoles un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que propone modificaciones a las normas vigentes sobre lavado de activos, a fin de adecuarse a los estándares internacionales. La reunión será a partir de las 15 en el segundo piso del Anexo “C”.

Se trata de una iniciativa que reforma la legislación vigente “sobre prevención y represión del Lavado de Activos (LA), de la Financiación del Terrorismo (FT) y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP)”.

“Es una verdad incontrastable que los ilícitos mencionados son complejos y afectan la integridad del sistema económico-financiero, tanto nacional como internacional y evolucionan constantemente, no solo en sus formas de comisión, sino también por los medios utilizados a tal fin y los actores que en ellos participan”, indicó el Gobierno en los fundamentos.

En los considerandos, se mencionó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se encarga de elaborar Recomendaciones para los países y de evaluar el cumplimiento técnico de dichos estándares internacionales, y que la última revisión sustancial en nuestro país fue aprobada en febrero de 2012, cuando en esa ocasión “se integraron las 9 Recomendaciones Especiales para enfrentar el financiamiento del terrorismo a las cuarenta 40 Recomendaciones del GAFI, y se introdujeron nuevas medidas para combatir el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y se requirió a los países que identifiquen, evalúen y entiendan los riesgos que enfrentan en la materia, posibilitando la aplicación de un enfoque basado en riesgo”.

“Nuestro país ha contraído compromisos internacionales que debe cumplir, tanto por las convenciones que ha ratificado como por su calidad de miembro de organizaciones internacionales. Si bien las citadas Recomendaciones no son vinculantes, se exige a los países miembros que respondan en función de esos estándares internacionales, adecuando su derecho interno a su marco y mejorando en forma continua su sistema preventivo y represivo”, se señaló.

En virtud de los avances, el Poder Ejecutivo fundamentó que “el carácter complejo de estos ilícitos, el auge en las comunicaciones y las nuevas formas de operar financieramente transforman en imperiosa una reforma que permita actualizar el Código Penal y le otorgue a la UIF (Unidad de Información Financiera) herramientas adecuadas al contexto actual, para prevenir e impedir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, de conformidad con los estándares internacionales vigentes”.

Entre las modificaciones, la iniciativa también busca “reafirmar y fortalecer la independencia operativa y autonomía de la UIF, disponiendo su autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera”.

“La reforma que se propone tiene por finalidad saldar las ambigüedades, falencias y omisiones que presenta la legislación actual, a través de la propuesta de mecanismos claros de distribución y administración de los bienes objeto de decomisos; la definición de responsabilidades y competencias claras para los organismos públicos involucrados en su custodia, administración y gestión y la transformación del recupero de activos de origen ilícito, en una fuente de financiación de las actividades del Estado en pos del interés público”, se detalla.

Y, a su vez, se explica que se prevé incorporar un nuevo capítulo referido a las organizaciones sin fines de lucro que, “si bien dejarán de ser sujetos obligados, deberán ser objeto de un análisis de riesgos de abuso para la financiación del terrorismo y, en consecuencia, se deberán establecer medidas adecuadas y proporcionales a los riesgos identificados, de conformidad con la Recomendación 8 del GAFI”.

Por último, en consonancia con la última modificación de la Recomendación 24 del GAFI, aprobada en marzo pasado, que reforzó los estándares internacionales relativos a beneficiarios finales de las personas jurídicas, con el fin de garantizar una mayor transparencia respecto de la verdadera titularidad y control de las personas jurídicas y de mitigar los riesgos de su utilización indebida, se prevé la creación de un registro centralizado que contenga información adecuada, precisa y actualizada de los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas, cuya autoridad de aplicación será la AFIP, garantizando a las autoridades competentes el pleno acceso a dicho registro, agrega.

La Comisión de Acción Social y Salud Pública que encabeza la diputada socialista Mónica Fein debatirá este miércoles a partir de las 13.30 un proyecto para regular el ejercicio profesional de la obstetricia.

Se trata de una iniciativa que ya tuvo en su momento su recorrido por la Cámara baja, donde llegó a ser aprobado por amplia mayoría -168 votos a favor, solo uno en contra y tres abstenciones- en 2019, pero que luego no pudo avanzar en el Senado.

La iniciativa busca jerarquizar el trabajo de las parteras y ampliar sus incumbencias para que puedan, entre otras cosas, prescribir y colocar métodos anticonceptivos de larga duración en la atención primaria de salud.

A través de esta iniciativa se busca establecer un marco general del ejercicio de la Licenciatura en Obstetricia, basada en los “principios de integridad, ética, bioética, idoneidad, equidad, colaboración y solidaridad, aplicados a la asistencia, acompañamiento y cuidado de las personas usuarias del servicio de salud que atraviesen cualquier evento obstétrico”.

Hay en estudio dos proyectos, uno de la oficialista Mónica Macha y otro de la diputada del Pro Silvia Lospennato, por lo que se busca consensuar un texto que pueda ser llevado al recinto.

Qué dicen las propuestas

Los proyectos de ambas diputadas tienen como fin regular el ejercicio de las y los profesionales de la obstetricia como actividad autónoma libre. Considera ejercicio profesional de la obstetricia a las actividades que realizan los profesionales de esa especialidad en la atención de las personas con capacidad de gestar en todas las etapas de su vida sexual y reproductiva, de acuerdo con lo que establecen las incumbencias profesionales específicas de su título universitario y a las recomendaciones desprendidas del Ministerio de Salud de la Nación y acuerdos internacionales.

“La presente iniciativa es del mismo tenor a la que fue puesta a consideración de este Congreso en el año 2018, si bien la misma fue tratada en Comisiones y contó con la media sanción de esta Cámara, lamentablemente su tratamiento ha perdido vigencia en el Honorable Senado. Asistidos por el convencimiento de la necesidad de la regulación propuesta, así como de la vigencia de sus postulados, seguidamente reiteramos los fundamentos expresados en su oportunidad”, plantea la diputada Macha en su propuesta.

Lospennato recuerda por su parte que esa propuesta ha tenido 6 intentos de tratamiento fallidos en los últimos 14 años, fue recién el año 2019 que se logró obtener la aprobación en esta Cámara de Diputados pero nunca fue puesto en tratamiento en las comisiones correspondientes del Senado Nacional.

Ambas legisladoras destacan que esta propuesta es el resultado del trabajo realizado en los plenarios de comisiones de Acción Social y Salud Pública y Legislación General durante el año 2018 y los consensos alcanzados que permitieron su aprobación aquel 24 de abril de 2019. La diputada del Pro incorporó “algunas modificaciones sugeridas por reconocidas especialistas -integrantes de UNFPA-, que brindaron su expertise para alcanzar el mejor proyecto posible con la expectativa que en el corto plazo podamos a través del trabajo transversal convertirlo en ley”.

”Hoy el espíritu de este proyecto sigue destacando la esencia preventiva de esta profesión, y su rol fundamental en el cumplimiento y defensa de los derechos humanos involucrados en sus tareas asistenciales. Las/los profesionales obstétricas/os reciben educación y entrenamiento para brindar atención sanitaria desde la promoción, prevención (diagnóstico y tratamiento), protección, recuperación y rehabilitación dentro del campo asistencial; con posibilidades de abarcar el campo administrativo, la docencia y el campo de investigación”, plantea la diputada Macha.

El debate en 2019

El proyecto consensuado entre todos los bloques que ampliaba el campo de acción de las parteras, además de jerarquizar una profesión hoy reconocida a nivel universitario fue aprobado en la Cámara baja, como dijimos, con 168 votos a favor, uno en contra -de Lucila Lehmann (CC-ARI)- y hubo tres abstenciones: Juan Brugge (Córdoba Federal), Vanesa Massetani (Frente Renovador) y Gisela Scaglia (Pro).

En esa oportunidad, la entonces presidenta de la Comisión de Salud, Carmen Polledo, explicó que “las universidades en las que se estudia esta carrera ya incorporaron nuevas atribuciones”, y destacó que “la participación de los licenciados en obstetricia ayuda a reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud materna, y además su acompañamiento es vital para morigerar los índices de intervenciones y medicalización”.

Eduardo Amadeo (Pro), autor de uno de los proyectos que fueron unificados, sostuvo que “la ampliación de las incumbencias a las obstetras implica un enorme avance en el cuidado de los derechos básicos de las mujeres respecto de su vida reproductiva”.

“Venimos a reconocer una realidad: la obstetricia es hoy una carrera universitaria, que se dicta a nivel de grado en 12 universidades y en cuatro más a nivel de tecnicatura”, precisó el legislador.

Cerró ese debate Silvia Lospennato, quien destacó que se trata de una ley “feminista”, ya que la obstetricia “es una profesión mayoritariamente femenina”, y recordó que ese era “el sexto intento de que este proyecto tenga una sanción definitiva”.

Como se ve, si bien alcanzó la media sanción, no pudo concluir su recorrido legislativo.

El proyecto aprobado busca “contribuir a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas y de la comunidad, desde un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género”.

El ejercicio profesional de la Licenciatura en Obstetricia comprende “las funciones de asistencia pre, durante y post eventos obstétricos con un enfoque bio-psico-social; y las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud en todos los niveles de atención de la persona gestante y su núcleo familiar”.

La iniciativa habilita a estas profesionales a “prescribir métodos anticonceptivos, así como realizar intervenciones relacionadas con ellos, incluyendo la colocación y extracción de métodos anticonceptivos de larga duración”.

También les permite “brindar consejería y asistencia pre, durante y post eventos obstétricos”; “realizar detección y asistencia precoz de embarazo”, y “prescribir y administrar fármacos, según vademécum obstétrico”, entre otras incumbencias.

No es habitual que la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara baja se reúna. Con toda lógica estuvo muy activa en 2020, cuando la pandemia obligó a buscar formas para mantener la actividad cuando la presencialidad se hacía imposible. Hubo reglamentaciones para la ocasión y se trabajó en base a protocolos que siempre tuvieron fechas de vencimiento.

La pandemia dejó lecciones y, sobre todo, herramientas que podrían servir para eficientizar la tarea legislativa. Pero el tiempo irá acomodando los tantos, aclaran legisladores que siguen priorizando la presencialidad por sobre el uso de la tecnología. Y como tampoco desechan esa última alternativa, sugieren que el tiempo y la negociación irán acomodando las cosas.

Como sea, hay reclamos continuos que volvieron a ponerse en consideración, fundamentalmente en cuanto a la necesidad de evitar esas sesiones maratónicas que se han transformado en una constante: la Cámara de Diputados sesiona de manera intermitente y la justificación de este hecho habrá que buscarla en la paridad extrema que existe entre el oficialismo y la principal oposición. Y al sesionar poco, las sesiones se extienden.

Es un reclamo permanente entonces el de buscarle una solución a una constante que quedó expuesta una vez más con la sesión del Presupuesto, que arrancó a las 13.45 y se extendió hasta las 9.12 del día siguiente. ¿Cuán frescas pueden estar las mentes de los diputados cuando una sesión se extiende casi 20 horas? Lo planteaba una diputada opositora muy puntillosa en materia de números, de esas que intervienen permanentemente en las comisiones y sesiones para hablar de los opinar sobre cuestiones inherentes a los recursos: “No me sentía para nada lúcida durante el debate en particular, cuando tirábamos cifras y había que votar sobre modificaciones que se hacían sobre la marcha”.

Sin contemplar que ese debate en particular se extendió más de cuatro horas, con votaciones sucesivas y permanentes, que obligaban a los legisladores a estar sentados en sus bancas todo ese tiempo, sin siquiera poder ir al baño. Hubo por lo menos uno que no aguantó y quedó expuesto en la votación.

Las sesiones maratónicas son una constante. No es de ahora, pero vale como ejemplo lo que ha sido la gestión encabezada por Alberto Fernández. Durante estos casi tres años hubo en la Cámara de Diputados 33 sesiones, de las cuales solo 8 terminaron antes de medianoche y 25 concluyeron al día siguiente.

El debate en comisión

El tema fue eje del debate que se dio en una reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento que preside la oficialista Paula Penacca, donde comenzaron a analizar iniciativas para modificar horarios, extensión y fechas de las sesiones.

En ese marco, se analizaron proyectos de tres legisladores de Juntos por el Cambio: Silvia Lospennato (Pro), Dolores Martínez (Evolución Radical) y Emilio Monzó (Encuentro Federal).

El proyecto de Lospennato prevé modificar el artículo 173 del reglamento de la Cámara, estableciendo que “la sesión podrá ser convocada entre las 11 y las 14 horas, salvo que fuera convocada en horario distinto por mayoría de los 2/3 de los miembros del cuerpo”.

¿Qué dice el artículo 173? Horarios para convocar a sesiones: La Cámara no podrá acordar sesiones ni podrán ser solicitadas para que se celebren entre las 0 y las 9 horas, salvo que fueran convocadas por mayoría de los 2/3 de los miembros del cuerpo.

Según el proyecto, el artículo 174 del reglamento de la Cámara baja quedaría redactado de la siguiente manera: “La sesión tendrá una duración máxima de 9 horas y su desarrollo no podrá exceder el horario de las 20 horas. En el supuesto de haber quedado pendiente de tratamiento parte del orden del día, la sesión pasará a cuarto intermedio y se reanudará al día siguiente a las 11 horas, sin necesidad de conformar nuevo quórum reglamentario.

En la actualidad, el artículo 174 establece sobre la duración de la sesión que la misma “no tendrá duración determinada y será levantada por resolución de la Cámara, previa moción de orden al efecto o a indicación del presidente cuando hubiere terminado el orden del día o la hora fuese avanzada”.

En cuanto al cuarto intermedio y límite de tiempo, el artículo 174 actual precisa que “cuando la Cámara hubiere pasado a cuarto intermedio y no reanudare la sesión en el mismo día, ésta quedará levantada de hecho, salvo el caso de que se hubiese resuelto, por votación, pasar a cuarto intermedio hasta un día determinado. Sin perjuicio de ello, la Comisión de Labor Parlamentaria puede proponer límite de tiempo a la duración de las sesiones”.

Pasemos ahora al proyecto que Dolores Martínez presentó luego de la sesión del martes 26 de octubre de 2021, que terminó a las 9 de la mañana del día siguiente, luego de haberse especulado con que sería aún más larga: de 30 horas. Fue aquella sesión en la que se trató el tema del etiquetado frontal.

La iniciativa de la diputada de Evolución Radical cambia el artículo 173, estableciendo que “la Cámara no podrá acordar sesiones ni podrán ser solicitadas para que se celebren entre las 0 y las 9 horas”.

También modifica el artículo 30 del reglamento, estableciendo que las sesiones de tablas “serán las que se celebren los días y horas establecidos, y especiales las que se celebren fuera de ellos. En todos los casos las sesiones tendrán como límite horario las 0 horas”.

El proyecto de Dolores Martínez modifica el artículo 174 del reglamento estableciendo que más allá del límite horario fijado en el artículo 30 del reglamento, la sesión podrá ser prorrogada a pedido del presidente del Cuerpo o de un bloque mediante la aprobación de los 2/3 de los miembros presentes, estando la Cámara reunida con quórum legal.

Asimismo será levantada por resolución de la Cámara previa moción de orden al efecto o a indicación del presidente cuando hubiere terminado el orden del día o se cumpliera la hora prevista.

Si cumplida la hora hubiese temas pendientes de tratamiento, se pasará a un cuarto intermedio en día y horario determinado.

Cuando la Cámara hubiere pasado a cuarto intermedio, sin determinar día y horario, y no se reanudare la sesión en el mismo día, ésta quedará levantada de hecho.

La extensión de los discursos

El proyecto de Emilio Monzó y sus compañeros de Encuentro Federal establece límites para el uso de la palabra en las sesiones. Asimismo, modifica el artículo 30, estableciendo un límite horario de las 22 horas.

Por otra parte, reduce el tiempo de las cuestiones de privilegio de 5 a 3 minutos.

Ese último punto figura en el artículo 150 del reglamento, referido al uso de la palabra. En la actualidad se indica que “cada diputado, en la discusión en general podrá hacer uso de la palabra solo una vez, a menos que tenga que rectificar aseveraciones equivocadas que se hayan hecho sobre sus palabras, en cuyo caso dispondrá de 5 minutos”.

Monzó baja ese tiempo a 3 minutos. Asimismo establece que cada uno de los miembros informantes de los despachos de mayoría y minoría y el autor del proyecto podrán hacer uso de la palabra durante 20 minutos. Esto es, no modifica ahí la norma vigente, pero sí se ocupa de los discursos posteriores.

“El diputado que asuma la representación de un sector político de la Cámara podrá hacer uso de la palabra conforme el número de diputados que represente, por el tiempo que se establece a continuación”, indica el artículo actual y el proyecto de Monzó redue a continuación los tiempos.

¿Qué establece el reglamento?

– Si el bloque posee entre 1 a 3 diputados, podrá utilizar hasta 12 minutos.

Plantea Monzó: Si el bloque posee entre 1 a 3 diputados/as, podrá utilizar hasta 5 minutos.

– Si el bloque posee entre 4 a 10 diputados, podrá utilizar hasta 15 minutos.

Según Monzó: Si el bloque posee entre 4 a 10 diputados/as, podrá utilizar hasta 10 minutos.

– Si el bloque posee más de 10 diputados, podrá utilizar hasta 20 minutos.

Establece Monzó: Si el bloque posee entre 10 a 20 diputados/as, podrá utilizar hasta 15 minutos.

El proyecto de Monzó plantea que si el bloque posee más de 20 diputados/as, podrá utilizar hasta 20 minutos, algo que el reglamento no establece. Plantea en cambio que “los demás diputados deberán limitar sus exposiciones a 7 minutos. En ese caso, Monzó reduce esas exposiciones a 5 minutos.

Con relación a la extensión de las sesiones, el proyecto del expresidente de la Cámara de Diputados modifica el artículo 174, estableciendo que “la sesión comenzará en los días asignados a las 10 horas y finalizará a las 22 horas. Cuando la Cámara hubiere pasado a cuarto intermedio y no reanudara la sesión en el mismo día, pasará al día siguiente inmediato, queda estipulado que se retomará a las 10 horas.

Un reglamento que no se cumple

En rigor de verdad, todo lo que se reclama para acotar las sesiones ya existe de alguna manera en el reglamento vigente. Lo expresa la diputada Dolores Martínez en los fundamentos de su propuesta: “Podemos afirmar que del análisis de las normas vigentes en el reglamento, advertimos que las mismas nos brindan hoy las herramientas para ordenar las sesiones en su conjunto y limitar el horario, evitando reuniones maratónicas que contradicen todo principio de racionalidad y transparencia; pero claramente dichas disposiciones no se cumplen”.

He ahí el problema.

El comentario guarda relación con lo prescripto en el artículo 173 del reglamento de la Cámara, que en su redacción, un tanto ambigua, sienta las bases horarias para la solicitud o convocatoria en acuerdo de las sesiones de cámara. Y si en alguna oportunidad resulta necesario continuar luego del límite previsto, a través de una nueva disposición que se incorpora al artículo 174, se autoriza a mocionar en tal sentido debiendo aprobarse tal determinación con la mayoría de dos tercios de los miembros presentes.

En rigor, el artículo 173 vigente establece que “la Cámara no podrá acordar sesiones ni podrán ser solicitadas para que se celebren entre las cero y las 9 horas, salvo que fueran convocadas por mayoría de los dos tercios de los miembros del cuerpo”.

“En general, observamos que el problema no subyace en el ‘Reglamento’, sino en la omisión de su cumplimiento. Así como reiteradamente manifestamos la necesidad de frenar el abuso de las sesiones especiales, las cuales al fijar un temario determinado anulan las reuniones de labor parlamentaria y prelabor”.

El exceso de sesiones especiales

La realización casi exclusiva de sesiones especiales, acotadas estrictamente a un temario prefijado por quien las convoca guarda estrictamente relación con la paridad numérica entre las bancadas: a mayor paridad, más necesidad de los oficialismos de manejarse con sesiones especiales.

Veamos el siguiente cuadro que contempla los últimos 11 períodos legislativos:

Período 140° – 2022 – 11 sesiones especiales y cero de tablas.

Período 139° – 2021 – 7 sesiones especiales y cero de tablas.

Período 138° – 2020/2021 – 15 especiales, cero de tablas.

Período 137° – 2019/2020 – 10 sesiones especiales y 1 de tablas.

Período 136°- 2018/2019 – 8 sesiones especiales y 2 de tablas.

Período 135°- 2017/2018 – 13 sesiones especiales y cero de tablas.

Período 134° – 2016/2017 – 16 sesiones especiales y 4 de tablas.

Período 133° – 2015/2016 – 7 especiales y 2 de tablas.

Período 132° – 2014/2015 – 12 especiales y 3 de tablas.

Período 131° – 2013/2014 – 6 especiales y 4 de tablas.

Período 130° – 2012/2013 – 12 sesiones especiales y 7 de tablas.

En efecto, la modalidad de “sesiones especiales” es la “nueva normalidad” de la Cámara de Diputados: en 11 años legislativos del total de 140 sesiones celebradas, 117 fueron “especiales” y solo 23 “de tablas”.

Solos en la madrugada

Pero volvamos a las sesiones maratónicas, que son “la nueva normalidad”. Tal cual indicamos, de las 33 sesiones realizadas durante la actual gestión, solo 8 terminaron antes de medianoche y 25 concluyeron al día siguiente.

Así fue bien desde el principio: la primera sesión de la gestión Alberto Fernández fue el 19 de diciembre de 2019 y empezó a las 15.05 y terminó a las 10.19 del día siguiente.

En 2020 solo dos terminaron en el mismo día:

29/12/2020:      23.29 hs.

21/05/2020:      20.21 hs.

En 2021, solo una vez sucedió eso:

21/12/2021:       17.38 hs.

En 2022, hubo hasta ahora 5 sesiones que terminaron en horario razonable:

05/05/2022:               22.14 hs.

08/06/2022:               23.32 hs.

02/08/2022:               16.41 hs.

03/09/2022:               14.34 hs.

12/10/2022:                22.37 hs.

De las 25 sesiones restantes…

3 terminaron entre las 0 y la 1 hs.

3 terminaron entre las 1 y las 2 hs.

2 terminó entre las 2 y las 3 hs.

5 terminaron entre las 3 y las 4 hs.

3 terminaron entre las 4 y las 5 hs.

1 terminó entre las 5 y las 6 hs.

Ninguna terminó entre las 6 y las 8 hs.

6 terminaron entre las 8 y las 9 hs.

1 terminó entre las 9 y las 10 hs.

1 terminó después de las 10 hs.: la del 16 de diciembre 2021 a las 10.21, en la que se sancionó el aborto.

PERIODO 140° (01/03/2022 – 28/02/2023)

Reunión 12°
Sesión Ordinaria Especial – (09/11/2022)	0.20 del día siguiente
Reunión 11°
Sesión Ordinaria Especial – (25/10/2022)	9.12 del día siguiente
Reunión 10°
Sesión Ordinaria Especial – (12/10/2022)	22.37 horas
Reunión 9°
Sesión Ordinaria Especial – (15/09/2022)	3.24 del día siguiente
Reunión 7°
Sesión Ordinaria Especial – (03/09/2022)	14.34 horas
Reunión 6°
Sesión Ordinaria Especial – (02/08/2022)	16.41 horas
Reunión 5°
Sesión Ordinaria  Especial – (05/07/2022)	3.11 del día siguiente
Reunión 4°
Sesión Ordinaria Especial – (15/06/2022)	3.39 del día siguiente
Reunión 3°
Sesión Ordinaria Especial – (08/06/2022)	23.32 horas
Reunión 2°
Sesión Ordinaria Especial – (05/05/2022)	22.14 horas
Reunión 1°
Sesión Ordinaria Especial – (10/03/2022)	3.45 del día siguiente

PERIODO 139° (01/03/2021 – 28/02/2022)

Reunión 12°
De prorroga Especial – (21/12/2021)	17.38 horas
Reunión 11°
De prorroga Especial – (16/12/2021)	10.21 del día siguiente
Reunión 9°
Ordinaria Especial – (26/10/2021)	8.56 del día siguiente
Reunión 6°
Ordinaria Especial (Remota) – (01/07/2021)	4.28 del día siguiente
Reunión 5°
Ordinaria Especial (Remota) – (10/06/2021)	4.08 del día siguiente
Reunión 4°
Ordinaria Especial (Remota) – (19/05/2021)	4.06 del día siguiente
Reunión 3°
Ordinarias Especial (Remota) – (27/03/2021)	8.46 del día siguiente

PERIODO 138° (01/03/2020 – 28/02/2021)

Reunión 19°
Extraordinarias Especial (Remota) – (11/02/2021)	1.09 del día siguiente
Reunión 18°
De Prorroga Especial (Remota) – (29/12/2020)	23.29 horas
Reunión 17°
De Prorroga Especial (Remota) – (10/12/2020)	8.48 del día siguiente
Reunión 15°
Ordinarias Especial (Remota) – (30/11/2020)	8.18 del día siguiente
Reunión 14°
Ordinarias Especial (Remota) – (17/11/2020)	8.21 del día siguiente
Reunión 13°
Ordinarias Especial (Remota) – (11/11/2020)	1.48 del día siguiente
Reunión 11°
Ordinarias Especial (Remota) – (28/10/2020)	8.34 del día siguiente
Reunión 10°
Ordinarias Especial (Remota) – (07/10/2020)	2.35 del día siguiente
Reunión 9°
Ordinarias Especial (Remota) – (24/09/2020)	3.43 del día siguiente
Reunión 8°
Ordinarias Especial (Remota) – (01/09/2020)	5.06 del día siguiente
Reunión 7°
Ordinarias Especial (Remota) – (04/08/2020)	2.35 del día siguiente
Reunión 6°
Ordinarias Especial (Remota) – (31/07/2020)	0.41 del día siguiente
Reunión 4°
Ordinarias Especial (Remota) – (25/06/2020)	1.59 del día siguiente
Reunión 2°
Ordinarias Especial (Remota) – (21/05/2020)	20.21 horas
Reunión 1°
Ordinarias Especial (Remota) – (13/05/2020)	0.42 del día siguiente

Tal como se venía barajando en los últimos días, en la tarde de este viernes se conoció la convocatoria a sesión especial en la Cámara de Diputados para el próximo jueves 24 de noviembre a las 11 con un temario consensuado que consta de once iniciativas para poner a consideración del pleno.

El pedido de sesión fue elevado a la titular del Cuerpo, Cecilia Moreau, firmado por el presidente del bloque, Germán Martínez, y sus compañeros de bancada Paula Penacca, Marcelo Casaretto, María Caselles, Ana Carolina Gaillard, Lucas Godoy, Daniel Gollán, Leonardo Grosso, Carlos Heller, Susana Landriscini, Tomás Ledesma, Jimena López, María Masín, Blanca Osuna y Eduardo Valdés, con el fin de tratar un grupo de proyectos, muchos de los cuales fueron dictaminados en los últimos días.

Según consta en la citación suscripta por el secretario Parlamentario Eduardo Cergnul, la convocatoria es para el día jueves 24 de noviembre de 2022 a las 11:00 horas, “con el objeto de celebrar la sesión especial solicitada por el diputado Germán Martínez y otras diputadas y diputados, a fin de considerar los siguientes expedientes”.

El primer proyecto del temario es el que propone el reconocimiento de la “Lengua de Señas” como idioma natural y originario que conforma un legado histórico inmaterial como parte de la identidad lingüística y la herencia cultural de las personas sordas en todo el territorio de la Nación Argentina, y que garantiza su participación e inclusión plena, como así también de las personas que, por cualquier motivo, elijan comunicarse en dicha lengua.

Otro de los proyectos establece la modificación a la Ley 24.449 de tránsito sobre alcoholemia cero para la conducción de vehículos. Puntualmente el texto busca modificar el artículo 48 de la Ley de Tránsito, la que actualmente contempla, para quienes conduzcan cualquier tipo de vehículo, una tolerancia de hasta 500 miligramos (0,5) de alcohol por litro de sangre.

En ese sentido, la iniciativa establece la prohibición de conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 0 miligramos por litro de sangre en todo el territorio nacional. Sobre este tema, hubo dos dictámenes. El de minoría corresponde a la radical Jimena Latorre representante de Mendoza -región vitivinícola-, y sugiere mantener el 0,5 g/l de alcohol en sangre, pero con un endurecimiento de las penas y sanciones de aquellos infractores que no cumplan con la normativa.

En materia de salud hay dos proyectos, uno tiene por objeto establecer procedimientos médico-asistenciales para la atención de las mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, que es aquella que se produce entre la semana 22 hasta 7 días después del nacimiento. La iniciativa, que había tenido dictamen de comisiones el año pasado, pero no llegó a tratarse en el recinto, se denomina “Ley Johanna”, en alusión al caso de Johanna Piferrer.

De acuerdo con el proyecto, todas las obras sociales, las entidades de medicina prepaga, como así también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados, independientemente de la figura jurídica que posean, tendrán a su cargo con carácter obligatorio instrumentar las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley.

Se busca dotar a los profesionales de la salud, que intervienen al momento del parto, de procedimientos de actuación estandarizados que faciliten la atención sanitaria de aquellas mujeres, personas gestantes y familias que sufren una muerte perinatal.

Asimismo, las mujeres y personas gestantes tendrán derecho a recibir información suficiente y adecuada; un trato respetuoso, individual y personalizado; tomar contacto con el cuerpo sin vida, teniendo la opción de hacerlo acompañadas por un psicólogo; tomar conocimiento fehaciente de las causas que originaron el deceso; recibir información sobre lactancia, métodos de inhibición y/o donación de ésta; entre otros.

El otro texto es un proyecto que busca ampliar y jerarquizar el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación. La iniciativa tiene por objeto que “las personas con cardiopatías congénitas tienen derecho a todas las instancias de detección y tratamiento correspondientes en cada etapa vital. Asimismo, todas las mujeres embarazadas y/o personas gestantes tienen derecho a un control prenatal que incluya la detección precoz de cardiopatías congénitas, garantizando, si correspondiera, el traslado intrauterino”.

En materia de medio ambiente, se encuentra en el temario el proyecto que modifica la actualización del valor de las sanciones por infracción que se establecen en la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.

Específicamente el texto propone sustituir el artículo 49 que quedará redactado así: “Toda infracción a las disposiciones de esta ley, su reglamentación y normas complementarias que en su consecuencia se dicten será reprimida por la Autoridad de Aplicación con las siguientes sanciones, que podrán ser acumulativas”.

Entre las sanciones enumera apercibimiento; multa de 900 Unidades Fijas (UF) hasta 900.000 Unidades Fijas (UF); suspensión de la inscripción en el Registro de 180 días hasta 3 años; Cancelación de la inscripción en el registro, y aclara que estas sanciones se aplicarán con prescindencia de la responsabilidad civil o penal que pudiere imputarse al infractor o a la infractora. La suspensión o cancelación de la inscripción en el Registro implicará el cese de las actividades y la clausura del establecimiento o local.

También se encuentra el proyecto para modificar la Ley 27.399 sobre establecimiento de feriados y fines de semana largos, para fijar días feriados nacionales y días no laborales en todo el territorio.

La iniciativa fija como feriados inamovibles el 1º de enero: Año Nuevo; lunes y martes de carnaval; 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia; Viernes Santo; 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas; 1º de Mayo: Día del Trabajo; 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo; 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano; 9 de julio: Día de la Independencia; 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín; 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María y el 25 de diciembre: Navidad.

Mientras que los feriados trasladables serán el 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes; 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural y el 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional. Los días no laborables será solo el Jueves Santo.

Además, se debatirá la transferencia del inmueble del Estado Nacional en la localidad de Río Turbio, departamento de Güer Aike, provincia de Santa Cruz. Transferencia a título gratuito a la Municipalidad de Río Turbio, provincia de Santa Cruz.

El dominio del terreno ubicado en la calle Santiago de Liniers 395, de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, denominado “Delegación Paraná Medio”. Transferencia a título gratuito a favor de la Municipalidad de Paraná, provincia de Entre Ríos.

El inmueble propiedad del Superior Gobierno de la Nación del departamento de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Transferencia a título gratuito a la Municipalidad de Larroque, provincia de Entre Ríos.

También el dominio de una fracción de terreno que ocupa el Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, ex-Centro Clandestino de Detención “La Perla” en el departamento de Santa María, provincia de Córdoba. Transferencia a título gratuito a la provincia de Córdoba. Por último, el inmueble propiedad del Estado nacional, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transferencia a título gratuito a la Universidad Nacional del Comahue.

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La Comisión de Finanzas, que encabeza la diputada del Frente de Todos Alicia Aparicio, continuó este miércoles con el debate del tratamiento de los proyectos para darle solución a los tomadores de créditos hipotecarios UVA.

Al respecto, la diputada Aparicio explicó que “tenemos una gran cantidad de proyectos -incluido uno de ella-, la idea es abordar el inicio de esta temática con la idea de que facilite a dar soluciones y llegar a acuerdos políticos”. Recordó las tres reuniones informativas que “han sido muy fructíferas y hemos podido visibilizar la problemática, con 31 oradores en tres jornadas”.  

La legisladora explicó que se trata de un universo de 105 mil tomadores de créditos y fueron tomados, en su mayoría, por la banca pública en un 70%, 47% corresponde al Banco Nación, 13% al Banco Provincia, 9% al Banco ciudad y una porción menor otorgada por las entidades privadas. “Es necesario buscar una solución que permita darle tranquilidad a las familias tomadoras y al mismo tiempo no afectar el patrimonio de las entidades públicas”, agregó Aparicio.  

El diputado radical Julio Cobos recordó que en abril de este año presentó un proyecto para renegociar los contratos; celebró la convocatoria porque “no sólo es para encontrar solución a los hipotecados sino para ver si recuperamos el crédito en Argentina, hoy no hay y la necesidad es muy grande”. “Es un problema que ha sido detectado por los tres poderes, Cuando se rompió la proporción salario-cuota originó una inequidad contractual”, dijo.  

“La solución debe contemplar un esfuerzo compartido, entre estado, banco y beneficiarios. Y tiene que perseguir a los futuros créditos y a la situación para atrás, que alivie la situación de los tomadores, que no desfinancie al estado y que no perjudique el ahorro ni el sistema financiero, que reactive el sistema de créditos hipotecarios, sostenido en el tiempo. Establecer que sea para vivienda única, que sea actualizable que no se pague más allá del coeficiente de variación salarial, que se cubra el descalce a través de un fondo compensador”, puntualizó Cobos.  

Por su parte, la diputada Myriam Bregman PTS – Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad, calificó a la problemática como “una estafa estatal organizada por una ley del Estado y votada por mayoría de los legisladores. La mayor parte de los créditos fueron otorgados por la banca estatal, lo único que nos conmueve es la situación de las familias. Hay que dar una solución urgente”. “Comenzaron los remates, eso es lo más grave. Tenemos que poner una fecha para que esto se trate de manera urgente”, alertó.

Desde Evolución Radical, Martín Tetaz expresó que “Argentina es uno de los países que menos crédito hipotecario tiene. Tiene un problema grave y no tiene crédito”. “Tiene un problema serio que es la inflación y esto impide un crédito a largo plazo. En ese contexto aparecen los créditos UVA. Como primera medida tenemos que defender el sistema y corregir para la baja de la inflación”, enfatizó.

Luego de defender esta clase de créditos, el diputado agregó que “el problema se denomina de ilusión monetaria, es la caída de los salarios y la solución es terminar con la inflación y desarrollar un mercado de capitales”.  

En tanto, el legislador Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense) destacó el trabajo de la comisión y el compromiso con la búsqueda de una solución. “Desde los estafados hasta los funcionarios y exfuncionarios ha dado un piso de análisis que obliga a ir tomando decisiones de políticas públicas”, aseguró. “Existe un problema y tiene relevancia pública, por  lo tanto, exige la intervención pública con decisiones prudentes, inteligentes, virtuosas, y marcar un sendero de mejores prácticas a futuro”.  

Rodríguez propuso un mecanismo trabajado con seriedad para encontrar la forma de financiar algún tipo de compensación a los damnificados y evaluar “con el ministerio de economía, con el gobierno y los actores que correspondan analizar los 527 mil millones de pesos -que durante el 2023- tendrá de excedentes sumados las empresas públicas y los fondos fiduciarios. Un nicho de recursos que podemos evaluar”, subrayó.

La Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, presidida por la porteña Mariana Zuvic (CC ARI), se reunió este miércoles para dar dictamen favorable al proyecto de ley, unificado entre los impulsados por el oficialista Carlos Selva y la radical Ximena García, para la creación de un Sistema Argentino de Trazabilidad de los Productos de la Pesca y la Acuicultura (SUTRAP).

La presidenta anunció el dictamen a favor por mayoría de la iniciativa, aunque los diputados radicales, Jorge Vara por Corrientes y Pedro Galimberti por Entre Ríos, remarcaron su firma “en disidencia” porque ambos consideraron que “la redacción de los artículos se aboca a pescadores de mar y dejan afuera a la pesca artesanal de ríos y arroyos que practican en sus provincias”.

La vicepresidenta Marcela Passo (FdT) celebró “la participación del sector, como de todos los bloques y de los miembros del Poder Ejecutivo”. En esa línea dijo que “es un proyecto consensuado que pone en valor el trabajo hecho anteriormente”. “Esta ley viene a trabajar sobre una base de un trabajo bien hecho”, añadió.

El impulsor de uno de los proyectos unificados, Carlos Selva (FdT) explicó que “el recurso acuícola debe ser explotado por los grandes beneficios en proteínas”. Así también, expuso: “Hoy coincidimos en que llegamos a un punto de consenso en el que buscamos ordenar a través de este sistema, darle una ley “marco”. El punto de partida en asesores ha sido superado. Estamos convencidos que esta ley viene a ordenar”.

Sin embargo, el diputado nacional Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro) cuestionó que “esta ley marco avanza sobre actividades que en algunos casos son jurisdicción exclusiva de las provincias como la acuicultura o la pesca continental”, y agregó: “Otra sugerencia es que se excluya de la distribución los productos que vienen de otro país, que eso remita a la Ley de Régimen de Pesca”.

En disidencia con los proyectos, el correntino Jorge Vara aclaró que la iniciativa “no distingue la diferencia entre mar y rio” ni “la diferencia entra la pesca deportiva y la pesca comercial”. De todos modos, Vara remarcó: “Este proyecto fue concebido desde la concepción del mar. Hay muchísimos ríos en la Argentina. Voy a firmar en disidencia y en el recinto lo voy a remarcar”.

En esa misma línea, el diputado entrerriano Pedro Galimberti sostuvo que “la pesca tiene posibilidades enromes hacia adelante”, pero advirtió: “Acompaño, pero con disidencias. Me preocupa que no se arme algo en base a los extensos ríos, arroyos y lagos de la Argentina”.

“Más del 90 por ciento de la producción pesquera en ríos es exportado. Hay que contemplar un tema en la redacción de la ley”, señaló el radical. Por otro lado, agregó que “muchos pescadores van a terminar sujetos a una ley que tiene como referencia al mar. Habría que buscar la manera cambiando algunas palabras”.

La otra autora de uno de los proyectos, la diputada radical Ximena García (Santa Fe) aclaró que “el tema de las infracciones fue un pedido de las cámaras empresariales para llegar al consenso con todas las partes”. Además, subrayó que para la pesca continental “habrá un proyecto específico sobre el tema fluvial”.

En el final, la diputada entrerriana Blanca Osuna (FdT) le respondió a los radicales Vara y Galimberti y expuso: “Estaría bueno avanzar sobre la pesca de rio. El proyecto despeja los conceptos que define en materia de regulación de estos actores y sería la manera de poner una línea es este marco”.

Sin embargo, Osuna aclaró que “el proyecto colabora con los intereses de los pescadores artesanos”, pero remarcó que “son los gobernadores los que estaban en deuda con los pescadores y la regulación de la pesca”. Para concluir la reunión, afirmó: “Esta ley viene a dar un sistema dinámico con las fuentes substantivas que son los recursos fluviales”.

Sin más exposiciones, la presidenta de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, Mariana Zuvic, anunció la unificación de los dos proyectos y su posterior aprobación por mayoría.

Presidida por la entrerriana Blanca Osuna (Frente de Todos), la Comisión de Educación avanzó con el dictamen del proyecto de ley de Inclusión Digital Educativa, que crea la Agencia Federal de Conectar Igualdad, un organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Educación.

La presidenta de la comisión explicó que los proyectos contienen el plan federal de conectividad del sistema educativo, garantizan el acceso y la navegación gratuita por servicios de internet, a través de dispositivos móviles, de manera libre, a todos los estudiantes y docentes del sistema educativo nacional.

“Al revisar los antecedentes en esta Cámara hay más de 25 proyectos, con muchos aspectos comunes y con el objetivo de poder instalar como política de estado la inclusión digital”, señaló Blanca Osuna, que agregó: “Es altamente significativo que en los últimos 10, 15 años se ha ido sosteniendo como una preocupación, una acción y una política el acceso o la inversión en materia para la inclusión digital, para alumnos y alumnas del sistema educativo argentino”.

La diputada Victoria Morales Gorleri (Pro-CABA) adelantó la presentación de un dictamen de minoría. “Es un tema que venimos trabajando, buscando acuerdos. Todos estamos de acuerdo en el diagnóstico, todos somos conscientes durante la pandemia de la gran dificultad y esto evidenció la importancia y que la conectividad es un derecho”, comentó. A la vez, objetó la creación de este instituto: “Creo que es posible, además de necesario que esté en el Ministerio de Educación, ya que tiene sobradas herramientas para poder llevar adelante un plan nacional, federal de conectividad”, aseguró.

Por otra parte, la comisión dictaminó el proyecto de ley de creación del programa de respaldo a estudiantes de Argentina (Progresar), con el fin de promover oportunidades de permanencia, egreso, reinserción educativa en todos los niveles y en la formación técnico profesional de jóvenes entre 16 a 30 años de edad inclusive residentes en Argentina; en el marco de lo establecido por la ley N° 26206 de educación nacional; la ley N° 26.058 de formación técnico profesional; y la ley N° 24.521 de educación superior.

 El diputado Daniel Arroyo (FdT) se refirió al mismo: “Es un tema central, si hay un problema es en los jóvenes no terminan sus estudios, en este proyecto cuando nos referimos a las becas Progresar, estamos hablando de apoyo económico para terminar la escuela secundaria, para iniciar o avanzar en carreras terciarias y capacitarse en oficios, es una política educativa y social”.

En la misma línea, la diputada de Evolución Radical Danya Tavela celebró que la iniciativa contempla la “pluralidad de ideas”. “Es un proyecto que representa la expresión de una política de Estado que hace a las cuestiones centrales cuando se quiere apostar en serio a la educación. La ampliación de la franja etaria es importante porque reconoce una realidad: la sobreedad producto de que los estudiantes no sean full time porque los estudiantes trabajan y estudian”.

 Al mismo tiempo, la comisión aprobó los dictámenes de los proyectos por los cuales se aprueban acuerdo de Cooperación en áreas de Cultura y Educación entre la República Argentina y República de Serbia, suscripto el 26 de noviembre de 2014 en la ciudad autónoma de Buenos Aires; acuerdo sobre reconocimiento de títulos de grado de educación superior en el Mercosur, celebrado en la ciudad de Montevideo – República oriental del Uruguay – el 17 de diciembre de 2018; y el que declara cuna del Magisterio Argentino a la Escuela Normal José María Torres de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, primera escuela normal nacional de formación docente en la de argentina.

La comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, presidida por Paula Penacca (FdT), comenzará a debatir este miércoles distintos proyectos presentados que proponen poner fin a las sesiones maratónicas, de modo de evitar que los debates se extiendan a la madrugada. 

La reunión fue citada para las 12 en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, luego de recurrentes reclamos que se dieron en Labor Parlamentaria. Incluso, según pudo saber parlamentario.com, en la previa de la última sesión -el pasado 9 de noviembre- se dio una discusión acalorada entre los jefes de bloques por la cuestión de pasar a un cuarto intermedio cerca de la medianoche. Finalmente no ocurrió, aunque la sesión terminó antes. 

También, en la antesala del debate del Presupuesto 2023, el diputado Julio Cobos (UCR) había sugerido que se desdoble en dos días, pero eso no sucedió: comenzó el martes 25 de octubre y finalizó el miércoles 26, tras 20 horas, con una votación en particular bastante engorrosa que insumió 4 horas.

La discusión ya cuenta de larga data, sin embargo nunca se avanzó hasta ahora. Actualmente, hay proyectos impulsados, en su mayoría, por legisladores de Juntos por el Cambio como Emilio Monzó, expresidente de la Cámara baja; de Margarita Stolbizer y Dolores Martínez, entre otros, que además de los tiempos se refieren a otras cuestiones para agilizar las sesiones.

Entre sus principales aspectos, la iniciativa presentada por Monzó plantea que las sesiones comiencen a las 10 horas y finalicen a las 22, y propone que “cuando la cámara hubiere pasado a cuarto intermedio y no reanudara la sesión en el mismo día, pasará al día siguiente inmediato, queda estipulado que se retomará a las 10 horas”.

En tanto, Martínez propone modificar el Reglamento Interno para limitar el uso de la palabra en el plenario, a las cuestiones que le competen a las iniciativas que figuran en el diario de sesiones, al sostener que “capitalizar el tiempo en el recinto se revela como un paso fundamental hacia la efectividad legislativa”.

Sobre el final de la reunión de la Comisión de Seguridad Interior que se celebró el jueves pasado para dar dictamen al proyecto de Alcohol Cero, el jefe del interbloque Federal de la Cámara baja, Alejandro “Topo” Rodríguez, pidió que ese tema sea tratado en la próxima sesión de la Cámara baja. Pero no solo eso: que eso sucediera esta misma semana. La propuesta recibió el respaldo del correntino Manuel Aguirre, en nombre de Juntos por el Cambio.

Mucho se había especulado con las sesiones que restarían en la Cámara de Diputados para este período ordinario. Se habló de que la del miércoles 9 de noviembre podía ser la última; se especuló con que incluyera un cuarto intermedio y se desdoblara así en dos sesiones, y hasta se aventuró la posibilidad de que todas las semanas hasta fin de mes hubiera sesiones.

La decisión del presidente de prorrogar el período ordinario para todo el mes de diciembre descomprimió la presión que podía darse sobre un final de ordinarias a lo largo de noviembre, no obstante lo cual se especulaba con que esta misma semana volviera a reunirse el pleno de la Cámara baja. Esa posibilidad creció más al conocerse que los diputados recibieron la comunicación de que estuvieran atentos a estar en Buenos Aires este miércoles ante la posibilidad de sesión.

Sin embargo fuentes parlamentarias del oficialismo relativizaron esa posibilidad y casi que la dieron por descartada. Esta semana, ni miércoles, ni jueves. Sobre todo el miércoles 16, fecha plagada de comisiones: ya hay también anunciadas nada menos que seis reuniones de comisión para ese día. Este miércoles tan poblado de trabajo en comisión arrancará a las 10, con Asuntos Cooperativos; seguirá media hora después, con Intereses Marítimos para dictaminar el proyecto que crea el Sistema Argentino de Trazabilidad de la Pesca, y a las 11 se reunirá la Comisión de Cultura.

Tranquilamente esas tres reuniones podrían mantenerse en caso de que haya una sesión especial el miércoles. Pero para después han sido convocadas también la de Peticiones, Poderes y Reglamento al mediodía; Justicia a las 14 y Finanzas a las 15, nada menos que para tratar el tema de los créditos hipotecarios UVA.

¿Y el jueves? Difícil en términos políticos. Teniendo en cuenta el acto previsto para esa tarde en La Plata, por el Día de la Militancia, con la presencia estelar de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Nada de poner en riesgo el quórum ese día.

Este martes a las 18.30, en el Salón Auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación, realizarán un homenaje a Jorge Marziali y también anunciarán la edición de su “Obra Completa”, por parte de la Academia Nacional de Folklore.

El evento es organizado por la Academia Nacional de Folklore y los legisladores nacionales por Mendoza (FdT) Adolfo Bermejo, Anabel Fernández Sagasti, Marisa Uceda, Liliana Paponet y Eber Pérez Plaza.

El libro se distribuirá gratuitamente en escuelas y bibliotecas de Mendoza, en las provincias cuyanas y otras partes del país. También se subirá a la página web de la Academia para ponerlo a disposición de todos los interesados.

Durante el evento, está prevista por parte de los organizadores la interpretación de sus canciones en las voces de los músicos que mejor lo conocieron. Entre otros, actuarán en homenaje a Jorge Marziali, su hijo Simón, Jorge Viñas, Juan Falú, Mónica Abraham, Casiana Torres, Juan Muñiz, Martín Castro y el grupo vocal La Fortunata.

El de este martes será el primer homenaje que el Congreso de la Nación, a través de la Cámara de Diputados le realizará a este ícono de la cultura mendocina y del país.

Himnos que todavía hoy se cantan en peñas y guitarreadas de amigos

Desde su Mendoza natal, Jorge Marziali hacía escuchar -abrazado a la guitarra- un puñado de coplas y cantares que hablaban de lo que pasaba en la vida de ese entonces.

Sus canciones se convirtieron en una suerte de himnos, que todavía hoy se cantan en peñas y guitarreadas de amigos.

Ex periodista y artista emblemático de la música popular argentina, Jorge se había afincado en la localidad cordobesa de Traslasierra junto a su compañera Marita Londra y había sido el creador de temas como “Cebollita y huevo”, “Los obreros de Morón”, “Ese Manuel que yo canto”, “Coplas para la libertad”, “Elijo criollos” y otros temas que forman parte del cancionero argentino.

Era hijo de inmigrantes italianos. Nacido en Guaymallén, Mendoza un 19 de febrero de 1947,  y adoptado por Buenos Aires durante la dictadura militar, este gran autor mendocino falleció en Cuba el 9 de Julio de 2017.

Sus canciones fueron replicadas por numerosos intérpretes argentinos y latinoamericanos.

Sobre el final de la reunión de la Comisión de Seguridad Interior que se celebró el jueves pasado para dar dictamen al proyecto de Alcohol Cero, el jefe del interbloque Federal de la Cámara baja, Alejandro “Topo” Rodríguez, pidió que ese tema sea tratado en la próxima sesión de la Cámara baja. Pero no solo eso: que eso suceda esta misma semana. La propuesta recibió el respaldo del correntino Manuel Aguirre, en nombre de Juntos por el Cambio.

Mucho se había especulado con las sesiones que restarían en la Cámara de Diputados para este período ordinario. Se habló de que la del miércoles 9 de noviembre podía ser la última; se especuló con que incluyera un cuarto intermedio y se desdoblara así en dos sesiones, y hasta se advirtió sobre la posibilidad de que todas las semanas hasta fin de mes hubiera sesiones.

La decisión del presidente de prorrogar el período ordinario para todo el mes de diciembre descomprimió la presión que podía darse sobre un final de ordinarias a lo largo de noviembre, no obstante lo cual se especula con que esta misma semana vuelva a reunirse el pleno de la Cámara baja.

Según pudo saber parlamentario.com, los diputados recibieron la comunicación de que estén atentos a estar en Buenos Aires este miércoles ante la posibilidad de que vaya a sesionarse. No habría que descartar tampoco que la eventual sesión se desarrolle al día siguiente, o sea el jueves.

Tal posibilidad cobró fuerza al irse poblando la semana de comisiones agendadas. El martes hay cinco previstas: Deportes, la Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano para las 14; y una hora después las reuniones de Defensa y de Educación.

Pero para el miércoles, ya hay también anunciadas nada menos que seis reuniones de comisión más. Este miércoles tan poblado de trabajo en comisión arrancará a las 10, con Asuntos Cooperativos; seguirá media hora después, con Intereses Marítimos para dictaminar el proyecto que crea el Sistema Argentino de Trazabilidad de la Pesca, y a las 11 se reunirá la Comisión de Cultura.

Tranquilamente esas tres reuniones podrían mantenerse en caso de que haya una sesión especial el miércoles. Pero para después han sido convocadas también la de Peticiones, Poderes y Reglamento al mediodía; Justicia a las 14 y Finanzas a las 15, nada menos que para tratar el tema de los créditos hipotecarios UVA.

Todo lo cual hace pensar que, o bien no habrá sesión esta semana; que se hará el jueves, o bien que en definitiva se decida confirmarla para el miércoles, lo cual cuesta imaginar por la manera como se ha decidido ir poblando de actividades el miércoles.

En caso de sesionar el miércoles Diputados, coincidiría la reunión con la de la Cámara de Senadores, que se apresta a convertir en ley ese día el Presupuesto Nacional 2023.

Con media sanción del Senado, alcanzada el 30 de junio de este año por 38 votos a favor, 18 abstenciones y 6 negativos, el proyecto de ley referido a la moratoria previsional impulsado desde el oficialismo no ha podido avanzar siquiera hasta el dictamen en la Cámara baja.

La última reunión en la que se abordó este tema en el marco de un plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda, data del 10 de agosto pasado. En esa oportunidad, distintos especialistas expusieron en torno al proyecto de ley. Obviamente no se avanzó con un dictamen y la presidenta del plenario, la mendocina Marisa Uceda, señaló en esa oportunidad a Diputados TV que “se van a dar todas las reuniones informativas que sean necesarias en la búsqueda de la construcción de los consensos que hagan faltan para garantizar que la ley efectivamente salga del recinto”.

La idea sería ahora reflotar el proyecto para completar su paso legislativo hasta el recinto, y para tal fin se reunieron este viernes la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau; la secretaria Parlamentaria Paula Penacca y la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta.

Sobre el tema tuiteó Cecilia Moreau, quien precisó: “Para que casi 800 mil argentinas y argentinos con edad de jubilarse puedan hacerlo, nos reunimos con Paula Penacca y Fernanda Raverta “para trabajar en el Plan de Pago de Deuda Previsional que trataremos próximamente en el Congreso”.

“En Argentina solo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres tienen la cantidad de aportes para jubilarse. Por eso, una nueva ley es fundamental para poder seguir garantizando la cobertura previsional”, agregó la titular de la Cámara baja.

El proyecto establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Por otra parte, la iniciativa contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.

Estos trabajadores podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, anteniendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.

Ante la realidad de que los tiempos “no daban” para que se sancionara la ley antes del vencimiento de la moratoria vigente, el pasado 20 de julio el Poder Ejecutivo oficializó por decreto la prórroga del régimen actual hasta el 31 de diciembre de este año o hasta cuando entre en vigencia uno nuevo, que sería el que plantea este proyecto.

La Cámara de Diputados conformó el grupo parlamentario de amistad con el Estado de Israel, que quedó presidida por la oficialista Gabriela Pedrali, mientras que María Sotolano (Pro) fue elegida en el cargo de vicepresidenta.

Al ser elegida como presidenta del GPA, Pedrali agradeció “tanto a sus compañeros y compañeras de bloque la propuesta como a los colegas del resto de los interbloques”. Una vez formalizado, las nuevas autoridades destacaron la importancia del GPA como herramienta para profundizar el vínculo bilateral y dar seguimiento a la agenda de trabajo entre Argentina e Israel.

A continuación, recibieron al Embajador del Estado de Israel en Argentina, Eyal Sela, con quien repasaron los principales ejes de la relación bilateral y establecieron una hoja de ruta de trabajo para el año 2023.

Sobre este punto, tanto el Embajador como los diputados nacionales resaltaron “el excelente estado de las relaciones”, así como también “las numerosas” iniciativas de cooperación implementadas en los últimos meses. Ambos países comparten valores y lazos históricos que encuentran sustento en la importante comunidad judía en nuestro país y su aporte al desarrollo económico, productivo y cultural.

Integran también el GPA con Israel los diputados Alicia Aparicio, Rossana Chahla, Marcos Cleri, Ramiro Fernández Patri, Ramiro Gutiérrez, Ricardo Herrera, Rogelio Iparraguirre, Gisela Marziotta, María Luisa Montoto, Nilda Moyano, Alejandra del Huerto Obeid, Juan Manuel Pedrini, Leandro Santoro, Sabrina Ajmechet, Miguel Ángel Bazze, Ana Carla Carrizo, Maximiliano Ferraro, Alejandro Finocchiaro, Luciano Laspina, Silvia Lospennato, Juan Martín, Gerardo Milman, Fabio Quetglas, Dina Rezinovsky, Jorge Vara, Luis Di Giacomo y Alejandro Rodríguez. Participó también de la reunión constitutiva el director general de Diplomacia Parlamentaria de la HCND, Ariel Sotelo.

Diputados de distintos bloques políticos participaron de la reunión constitutiva del grupo parlamentario de amistad (GPA) con los Estados Unidos, la cual tuvo lugar en el Salón Blanco del Congreso.

El diputado nacional del Frente de Todos, Ramiro Gutiérrez, quien fue designado por sus pares como presidente del GPA, agradeció la confianza de sus colegas e hizo foco en la voluntad de trabajar con los diputados y diputadas de todos los bloques para impulsar la agenda bilateral con los Estados Unidos. Asimismo, la diputada Silvia Lospennato de Juntos por el Cambio fue elegida como vicepresidenta del grupo, en tanto que la diputada del interbloque Federal, Graciela Camaño, asumió el cargo de secretaria.

A continuación, los miembros del grupo recibieron al Consejero Político de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, Rob Allison, con quien repasaron los principales puntos de la relación bilateral y establecieron una hoja de ruta de trabajo para el año 2023.

Sobre este punto, tanto el responsable de las relaciones políticas de la Embajada como los integrantes del GPA resaltaron el dinamismo de la agenda de trabajo bilateral, al tiempo que repasaron los resultados de los últimos intercambios de alto nivel que tuvieron lugar en los últimos años.

Al respecto, hicieron énfasis en que el grupo debe constituirse como una herramienta para afianzar aún más la cooperación económica, comercial, parlamentaria y política. Argentina y Estados Unidos no solo comparten valores vinculados a la defensa de la democracia, derechos humanos o cuidado del medio ambiente, sino que tienen una enorme oportunidad en el contexto actual signado por el conflicto bélico en Europa para ampliar negocios conjuntos en sectores clave como agroalimentos, energía, servicios basados en el conocimiento y minerales críticos.

Integran también el GPA con Estados Unidos los diputados nacionales Karina Banfi, Soledad Carrizo, Marcelo Casaretto, Rossana Chahla, Julio Cobos, Pedro Dantas, Rodrigo De Loredo, Luis Di Giacomo, Emiliano Estrada, Rogelio Frigerio, Carlos Gutiérrez, Estela Hernández, Luciano Laspina, Tomas Ledesma, Mario Leito, Juan Manuel López, Gerardo Milman, Roberto Mirabella, Mario Negri, Sergio Palazzo, Julio Pereyra, Eber Pérez Plaza, Cristian Ritondo, Nancy Sand, María Eugenia Vidal y Waldo Wolff. Participó también de la reunión constitutiva el director general de Diplomacia Parlamentaria de la HCND, Ariel Sotelo.

Casi un mes después de haberse conseguido el dictamen en la Comisión de Transporte, la Comisión de Seguridad Interior que preside el diputado oficialista Ramiro Gutiérrez celebró este jueves una reunión en la que participaron, además de legisladores, funcionarios y familiares de víctimas de siniestros viales, en la que se avanzó con la firma de los dictámenes correspondientes que permitirán que pueda ser tratado en el recinto cuando las autoridades parlamentarias así lo dispongan.

Recordemos que en Transporte se suscribió el 12 de octubre pasado un dictamen sobre la modificación de la Ley 24.449, que propone que la cantidad permitida de 500 miligramos (0,5) de alcohol por litro de sangre en conductores pase a ser “cero” en todo el territorio nacional. Pero no hubo allí un solo dictamen, sino dos. El de minoría, propuesto por la diputada nacional Jimena Latorre (UCR), representante de Mendoza -región vitivinícola-, sugiere mantener el 0,5 g/l de alcohol en sangre, pero con un endurecimiento de las penas y sanciones de aquellos infractores que no cumplan con la normativa.

El primero en exponer en el seno de la comisión fue el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Carignano, quien habló de “un problema que nos lastima año a año, muertes en las rutas y calles por conductores que manejan después de tomar alcohol”.

Fervoroso militante del “alcohol cero”, el funcionario destacó los resultados obtenidos en los países limítrofes que ya aplican esa norma que permite “disociar el alcohol de la conducción” y que han permitido un descenso de la siniestrabilidad grave asociada al consumo de alcohol.

Reivindicó la política y el rol legislativo “en momentos en que a algunos se les ocurre cuestionarlos, con esta reunión ustedes están demostrando cercanía con las víctimas. Es espectacular realmente que podamos entre todos por  un momento dejar de lado lo que nos divide y encontrar lo que nos une. Y este tema lo hace”.

A continuación, el diputado correntino Manuel Aguirre (UCR) dio cifras puntuales: el 15,2% de los mayores de 18 años que manejó un vehículo al menos una vez en los últimos 30 días lo hizo habiendo bebido alcohol; el 25,1% de los conductores siniestrados declararon haber consumido alcohol previo al accidente. Y por último, las personas siniestradas que tomaron, generaron lesiones de mayor gravedad que los que no lo hicieron, detalló el diputado radical.

Aguirre es autor de un proyecto similar al suscripto en el dictamen y allí marcó -contó- aquellas provincias que tienen tolerancia cero con el alcohol: Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Tucumán; como así también ciudades, entre ellas Mar del Plata, Moreno, Bragado, Posadas, Tigre, Ezeiza, Neuquén, Rosario, Santa Fe. En todos esos lugares, “la disminución de la siniestralidad es notable”, remarcó el diputado correntino.

El presidente del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, participó de la reunión en reemplazo de Florencio Randazzo, cuyo trabajo valoró, como así también el de otra miembro de su bancada, la cordobesa Natalia de la Sota, impulsora de otra iniciativa. “Creemos que esta modificación que permite prohibir la conducción de cualquier vehículo es una deuda de este Congreso con la sociedad, con las familias que han sufrido y sufren una pérdida irreparable. Una deuda con el presente, con quienes hoy conducen, trabajan en toda la Argentina; y es también una deuda con las generaciones futuras para que se consolide una cultura de la prudencia y el apego a la vida”.

La diputada de Evolución Radical Carla Carrizo valoró que ese fuera un “proyecto interpartidario”, con el cual “todos nos sentimos un poco representados”. Destacó el papel desempeñado por las asociaciones de víctimas de accidentes viales y consideró que “haber llegado hasta acá es un enorme logro de ellos, porque no se silenciaron y llegaron hasta aquí”.

Luego apuntó que “es necesaria esta ley y es insuficiente. Hay que generar cambios en los comportamientos. Los controles en Europa son el triple, el cuádruple, que acá, es un cuidado colectivo”, y señaló que no debe ser necesariamente “penalizando” como se va a lograr conciencia en la materia, sino avanzando en la concientización de la sociedad, pero aclaró que “necesitamos controles”.

A su turno, el jujeño Carlos Ferreyra detalló una modificación que él sugería realizar en una ley que “trata de proteger la vida, pero va a ser fundamental el organismo de control que se ocupe de esto. Sin controles, va a ser una muy bonita ley que no va a tener efecto”.

El legislador oficialista contó que en Jujuy tienen “alcoholemia cero”; admitió que en principio su espíritu era “recaudatorio”, pero que con el transcurso del tiempo “han bajado los accidentes. Nos interesa la vida, va a ser imprescindible que el organismo de control se ocupe de esto. Eso va a proteger la vida”.

Fue luego el turno de Mónica Frade (Coalición Cívica), quien se manifestó “absolutamente de acuerdo con la propuesta de alcohol cero”, pero aclaró que es “absolutamente insuficiente, porque no vamos a abordar solo con esto la resolución de un tema gravísimo que tiene muchos componentes. Me he cansado de pedir que hagan control a la salida de los boliches y no lo he logrado. Tomemos en serio el problema del alcohol y no hagamos los controles en cualquier lado”.

Frade aclaró que es autora de un proyecto que limita la publicidad del alcohol, y enfatizó que “la mirada tiene que ser integral, y “en ese plano voy a incorporar un elemento que no tiene que ver con esto que dije, sino con otra cosa: cómo se manejan los alcoholímetros y qué control tenemos. Que los alcoholímetros sean seguros: cada seis meses deben ser sometidos a control”, sostuvo, estimando que “ninguno es controlado”. “Se descalibran, deberían ser sometidos a ese control cada mes, en un país donde las balas de la policía están vencidas, donde los controles básicos están fallando”.

Frade llamó a “reducir falsos positivos o falsos negativos. Exigir a la autoridad de control el certificado de la aptitud del aparato que están usando, o que se hagan tres pruebas consecutivas, para dar garantía a todos los que conducen”.

El diputado oficialista Rogelio Iparraguirre aclaro que “todos somos conscientes de que no estamos resolviendo ni dándole garantías a nuestros ciudadanos de que no van a producirse más siniestros, ni accidentes, son cosas evitables”. Pero resaltó también “la persistencia de las asociaciones de madres y padres, creo que son los que en definitiva hicieron posible que hoy estemos acá”.

“Yo estoy convencido de que no estaríamos dictaminando este proyecto si no estuviera precedido por años de lucha y de organización de los familiares”, cerró el legislador.

El jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, arrancó hablando de su experiencia de 4 años como ministro de Seguridad, la cual “nos ha hecho notar que la mayoría de los accidentes están vinculados al consumo de alcohol. Habló también de las picadas y recordó que cuando junto a los diputados María Luján Rey y Waldo Wolff hicieron campaña en 2019 comprometiéndose a defender esa causa.

Salió al cruce de paso de su par Mónica Frade respecto de la seguridad de los alcoholímetros, aclarando que los mismos “están calibrados permanentemente”. Y valoró el dictamen que estaban suscribiendo como “un gran paso adelante que responde a lo que han dicho las organizaciones y a modificar la realidad que vive la Argentina con el consumo irresponsable de los conductores”.

Recibió una devolución del presidente de la comisión, Ramiro Gutiérrez, quien destacó que cuando Ritondo fue ministro, un funcionario policial que había sido descubierto conduciendo un vehículo en esas circunstancias “no duró 5 minutos después de haberlo hecho”.

Transformar el dolor en lucha

El oficialista Leandro Santoro expresó su “respeto y cariño a los familiares de víctimas de siniestros viales, porque lograron transformar ese dolor en lucha”. Advirtió que en este tema hay tres instancias que deben articularse: el marco normativo, los controles y la cultura de nuestra sociedad. “Porque todos sabemos que por más que haya leyes y controles, va a ser muy difícil que estas cosas dejen de ocurrir”, aclaró.

“Somos férreos defensores de la libertad, porque quisimos expandir la libertad a otras áreas; pero la libertad se tiene que constituir además a partir de otra premisa, que es la responsabilidad social. No estoy en contra de que alguien tome alcohol, sino de que maneje habiendo tomado alcohol. Si no puede autolimitarse, está siendo irresponsable con su propia vida y contra los terceros”.

A su turno, el chaqueño Juan Manuel Pedrini contó que en Chaco sancionaron en agosto pasado una ley de alcohol cero. “Somos la provincia 11 que tiene esa norma. Es importante que Nación la sancione, pero es importante que las provincias, y más los municipios, se adhieran”.

Y a las organizaciones de familiares de víctimas, cuya labor de “toma de conciencia y sensibilización” consideró “increíble”, les dijo que habían logrado sensibilizar a los políticos. “Ahora hay que sensibilizar a la población; deben hablar en los clubes, en las ONG y en eso tal vez los escuchen más a ustedes que a nosotros”, advirtió.

Luego fue el turno de la diputada Agustina Propato, que felicitó a las organizaciones presentes en la sala “por el valor y la lucha de haber llegado hasta acá”. Luego destacó y puso en valor el aporte hecho por el diputado Ritondo, en referencia a la aclaración que había hecho sobre los alcoholímetros. “Me parece muy sensato en estas circunstancias que seamos muy serios a la hora de discutir políticas públicas. Como legisladores debemos confiar en la administración pública. Y por supuesto, propender a generar las garantías”, señaló.

“Digo esto por la diputada Mónica Frade, que una especie de duda que se siembra sobre esta ley. Porque también sucedió una cosa similar en relación a la renovación del plan de entrega voluntaria de armas. Necesitamos ser muy sensatos en estas discusiones”, remarcó la diputada.

Le contestó Frade aclarando que no había atacado al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien está casado precisamente con la diputada Propato. “Cuando hice esa alusión no me referí al esposo de la diputada, sino que hay un margen que los fabricantes aluden que tienen los aparatos: no es un tema que lo digo yo, lo inventé, y esto es en beneficio de los familiares de todos los que estamos acá, porque dije que todos somos potenciales víctimas. Y lo que he propuesto es para garantizar el sistema”, cerró.

El diputado Eduardo Toniolli advirtió que “el alcohol está presente en uno de cada cuatro siniestros viales; afecta nuestros sentidos y capacidades, con una graduación de entre 0,1 y 0,5% es tres veces más alto el riesgo de sufrir un siniestro vial. Son números que surgen de las estadísticas, estudios científicos, o experiencias que atravesamos las últimas décadas”.

A su juicio, el dictado de una norma que disocie la ingesta de alcohol de la conducción del vehículo “debería bajar la siniestralidad vial y la cantidad de muertes”.

Acabamos de dar dictamen a la Ley de Alcohol Cero en la última comisión que le quedaba, y ya está en condiciones de ser votada en el recinto de @DiputadosAR.

Esta es una cuestión de salud pública: en la Argentina la principal causa de muerte de jóvenes son los siniestros viales. pic.twitter.com/fm3ra1v3Nt

— Eduardo Toniolli (@eduardotoniolli) November 10, 2022

Luego apuntó que “en todos los municipios donde se ha aplicado este tipo de  normas ha bajado la siniestralidad vial. Ese solo argumento, para nosotros nos exime de cualquier duda a la hora de legislar en la materia y nos llama a abrazar y defender esta norma, que es una forma de defender la vida”.

Sobre el final, intervino la diputada María Luján Rey, que aclaró que no es parte de esa comisión, pero había participado de la reunión para “expresar la profunda alegría que me da que esta comisión haya tratado este proyecto con la celeridad que se trató”. Agradeció a los familiares y les dijo por experiencia propia que sabía que “no es este el final de su camino, sino una ley por la que vienen luchando hace mucho tiempo y espero que logremos que antes de fin de año se debata en el recinto”.

“Hay mucho más para hacer, con esto no solucionamos, pero sí damos un mensaje claro”, señaló, advirtiendo que “ha bajado el número de víctimas, pero no ha bajado el consumo de alcohol”, les dijo al sector vitivinícola, y agregó: “Quédense tranquilos, esta ley es a favor de la vida”.

Controles y campañas de difusión

El diputado Carlos Selva sostuvo que “en el fondo de la cuestión estamos avanzando en un cambio cultural que proteja vidas, y en ese sentido no hay discusión”.  Aclaró luego que los diputados cambiarían la norma, pero después “empieza la instrumentación; ahí es donde nosotros tenemos que lograr que los controles resulten más exigentes”. Y si bien valoró la ley que establece la obligatoriedad de circular con luces diurnas en las autopistas y rutas, advirtió que “hoy vemos que hay muchísimos controles sobre las luces diurnas y no sobre alcoholemia”.

Tras aclarar que no era una crítica al titular de la Agencia de Seguridad Vial, reclamó “crear también un compromiso donde se tome dimensión y se le dé volumen y musculatura” a una campaña sobre el alcohol al volante. E insistió: “En algunas autopistas te sancionan por eso, pero jamás te paran por control de alcoholemia, paran porque es más fácil”.

Por último, el diputado Fabián Borda contó que había sido secretario de Gobierno de Santo Tomé, provincia de Corrientes, y como tal tenía la experiencia de lo mucho que les costaba hacer los controles, hasta que llegó la brigada de Seguridad Vial. “Eso ayudó muchísimo a la ciudadanía, por eso las herramientas que tenemos que darle a Seguridad Vial son más presupuesto, más personal, horas extras. Deben estar en lugares claves, y la constancia hace que sea respetado. El Estado tiene que poner una pata importantísima en la parte publicitaria”.

¿En la próxima sesión?

Volvió a intervenir “Topo” Rodríguez para señalar que a propósito de la prórroga del período de sesiones ordinarias, suponía que la Cámara de Diputados le daría aprobación al tema antes de fin de año. “Pero tengo la impresión de que debemos ponerle una meta mucho más urgente (a la sesión) para darle tiempo al Senado”.

Por eso, anticipó que propondrían que el tema pueda ser tratado en la próxima sesión, tal vez la semana que viene.

En el mismo sentido se pronunció en nombre de Juntos por el Cambio el diputado Manuel Aguirre.

Ramiro Gutiérrez agradeció por su parte a todos los presidentes de bloques que apoyaron el rápido tratamiento que pudieron tener en esa comisión, y antes de darle la palabra a las madres de víctimas, contó una frase que repetía un juez que lo formó: “Las desgracias se lloran, los delitos se castigan”.

La voz de los familiares

Viviam Perrone, representante de Madres del Dolor, agradeció a continuación la rapidez con la que los diputados trataron ese proyecto. “Gracias por haber dado quórum… Pido disculpas por si nos pusimos muy pesados” llamando a los diputados para que participaran de la reunión.

Agradeció también a Pablo Carignano, y advirtió que “necesitamos que la ley salga lo antes posible. Puede salir sobre tablas en el Senado, porque todos los días se pierden entre 15 y 20 vidas, ¿por qué seguir esperando?”. Y aclaró que “hay muchos otros proyectos que necesitamos modificar. Empecemos con el próximo proyecto”.

Antes de cerrar la reunión, otra madre, que lucía en su pecho el cartel con el nombre de su hijo Paolo Mellano, contó que “hace 19 años que mi hijo murió, y estar desde el 2005 promoviendo el alcohol cero y que recién ahora pueda salir en Diputados, la verdad, un aplauso muy grande a ustedes, a toda la gestión que está en Diputados, pero ahora a seguir… Solamente ustedes tienen las herramientas que nosotros necesitamos. Por favor, los necesitamos. Por la vida de todos”.

Un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano; Agricultura y Ganadería; y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados buscará este jueves emitir el dictamen de la ley de humedales, sobre la cual habrá dos textos distintos impulsados por el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

Mientras organizaciones ambientalistas -entre ellas la Multisectorial de Humedales- se congregarán en las afueras del Congreso, el encuentro entre los legisladores arrancará a las 13 en el segundo piso del Anexo “C” de la Cámara baja.

La firma del dictamen se vio demorada luego que la semana pasada la Comisión de Agricultura y Ganadería, presidida por el radical Ricardo Buryaile, desconociera la convocatoria alegando cuestiones reglamentarias, y solo asistieran tres diputadas de JxC.

A raíz de las recurrentes quemas en el Delta del Paraná el tema de la protección de los humedales volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública y, el 15 de septiembre pasado, el pleno aprobó en sesión emplazar a las comisiones para avanzar con el debate de los diferentes proyectos.

De las 10 iniciativas que estaban sobre la mesa, este jueves llegarán dos textos para ser dictaminados y hay un final abierto sobre cuál logrará la mayor cantidad de firmas.

Por un lado, el proyecto que encabeza Leonardo Grosso, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, cuenta con el respaldo de las organizaciones ambientalistas y es similar al que obtuvo dictamen el año pasado -solo en esa comisión- pero finalmente no avanzó. Hay quienes dudan que el oficialismo se imponga con las firmas, dado que hay diputados que responden a gobernadores de provincias que no están de acuerdo con la ley, como aquellas que tienen actividad minera. Sí se plegaría a la propuesta de Grosso el socialista Enrique Estévez, que reemplazá a Graciela Camaño en la comisión cabecera.

En tanto, producto de un consenso entre los proyectos de Maximiliano Ferraro y Ximena García; Jorge Vara; y Gabriela Lena, Juntos por el Cambio pondrá sobre la mesa un texto unificado. Contarían con el apoyo de los cordobeses Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca, ambos dentro del interbloque Federal como Estévez.

Ya sobre el final de una sesión que venía desarrollándose sin incidentes y con votaciones masivamente afirmativas, se produjo un quiebre a la hora de debatir los proyectos de ley vinculados con el deporte: aquel que promueve la igualdad y paridad entre mujeres y varones; y otro que busca que en las asociaciones deportivas se creen protocolos ante situaciones de violencia de género o discriminación. Este último fue el que el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, había pedido retirar del temario por considerar que había que “seguir trabajándolo”.

El primero de ellos, votado por 146 votos positivos, 10 negativos y 2 abstenciones, fue impulsado por la diputada Magalí Mastaler (FdT) y tiene como fin la creación de un sistema integral de igualdad y paridad de género en el deporte, garantizando la igualdad, participación, inclusión, acceso y representación de las mujeres y diversidades en todos los ámbitos y a todos los niveles de la comunidad deportiva.

Precisamente Mastaler pidió disculpas a quienes aguardaban desde los palcos el tratamiento de ese proyecto y habían presenciado ese contrapunto. “La verdad que se esperaba llegar de otro modo a este momento”, señaló la diputada del Frente de Todos santafesino. Recordó que habían llegado al recinto con dictámenes de mayoría de las dos comisiones por las que había pasado ese proyecto.

“Creía que era un consenso político que iba a tener coherencia en el momento en que este proyecto llegara al recinto. Veo que eso no sucede, tendré que aprender más de ahora en adelante, pero de todos modos me parece que es válido dar la discusión y nos sintamos libres de poder dar nuestro voto como lo sintamos”, comentó la diputada.

Cerró su discurso señalando que entre los cambios que impulsa el proyecto figura “algo muy importante que creo que genera un poco de ruido y creo que por eso hay gente que no está sentada, que es proponer un sistema de paridad progresiva en las integraciones de las comisiones directivas de las entidades que componen el sistema institucional del deporte argentino”.

A continuación, la diputada chubutense Estela Hernández adjudicó lo sucedido a “tratar de impedir de alguna manera que las mujeres podamos tener paridad de género en todas las áreas, y sobre todo que podamos estar en lugares de decisión y de poder. Eso molesta: siempre molestó que mujeres y diversidades puedan estar en lugares donde se toman las decisiones”.

A su turno, la diputada Ana Carla Carrizo lamentó que no hubiesen tenido “esa inteligencia legislativa” para acordar y votar ese proyecto por unanimidad. “Las mujeres que estamos en política estamos aquí para darle la equidad a las mujeres de la Argentina; no es que la equidad y la paridad es para las que ocupamos una banca en la Cámara de Diputados”, planteó la diputada de Evolución Radical.

Aclaró que ella iba a pedir unos cambios en el proyecto. “Específicamente este proyecto está hecho para las comisiones deportivas de primer grado: el club de barrio para todas las disciplinas deportivas, pero no están las federaciones, las asociaciones nacionales… no está AFA. Y la verdad que nosotros necesitamos más mujeres donde más intensidad se vive el poder. Ese proyecto no tiene eso, qué pena… Y habíamos acordado una modificación, se ve que alguien llegó, que esta modificación se iba a hacer, y eso rompió esa unanimidad inicial. No sé por qué ocurrió así, pero no está bien. Es un punto de partida, pero nos quedamos en el nivel más básico de la participación. Necesitamos llegar donde se maneja realmente el poder”.

Concluyó anunciando que acompañaría en particular, pero iba a solicitar esos cambios. Ojalá se puedan dar”.

A la hora de votar, el jefe del bloque radical, Mario Negri, adelantó que daban libertad de acción a sus diputados para votar como desearan, pero advirtió que no era bueno lo que había sucedido. “Estamos terminando mal esta sesión, y quiero decirles que hoy no concluye el año parlamentario; no es bueno lo que se ha hecho, no festeje nadie, porque nadie estaba impidiendo nada. Pero adviertan que no hay que tener mirada corta, porque después hay necesidades parlamentarias que son de mucha más importancia más que lo que estaba discutiéndose para esperar unos días. Y hay que seguir funcionando”, concluyó.

Le respondió el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, que aclaró que siempre mostraban “la mejor predisposición posible”, por eso habían logrado aprobar los proyectos aprobados. Rechazó el argumento de “mirada corta”, y pidió “entender las agendas, los tiempos, los pulsos de cada bloque, y así como nosotros a veces no coincidimos con muchas posturas que se han tomado y la hemos respetado aunque no coincidamos, nosotros también pedimos eso. Ni más ni menos que eso: que la posibilidad de seguir funcionando se entienda y tratemos de aprobar los proyectos que podamos aprobar”.

Antes de votar, la diputada Mastaler anunció los cambios que acababa de aceptar, pedidos por la diputada Carrizo: incluyendo a las asociaciones deportivas “de segundo grado, de representación  nacional y superiores del sistema institucional del deporte y la actividad física”, en lo referente a la elección de autoridades.

Qué dice el proyecto

La iniciativa indica que “todas las personas tienen derecho a la práctica de la actividad física y el deporte, de forma libre y voluntaria, conforme a su identidad y expresión de género”.

Además, apunta que “es obligación del Estado elaborar y ejecutar políticas públicas deportivas de manera que el acceso de la ciudadanía se realice en igualdad de condiciones y de oportunidades”.

Entre las modificaciones a la Ley 20.655 -Ley de Deporte-, incorpora que el Estado promoverá al deporte bajo el objetivo de “prevenir situaciones de discriminación o violencia de cualquier clase, en especial en razón del sexo, características sexuales, género, identidad de género, expresión de género, orientación sexual y/o la situación de discapacidad”.

También deberá promover las acciones necesarias para garantizar la plena autonomía e inclusión social de las personas con discapacidad en el ámbito del deporte, atendiendo particularmente a las necesidades específicas de las mujeres, niñas y las diversidades con discapacidad.

Tendrá que impulsar la implementación de deportes con modalidad de habilidades mixtas en clubes e instituciones deportivas, generando acciones de promoción del deporte inclusivo, entre las que se incluirán incentivos económicos y talleres de capacitación y formación de personal.

Se crea el “Programa de Igualdad en el Deporte” y se establece una articulación entre el Ministerio de Turismo y Deportes y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

Se establece un sistema de representación y paridad de género progresivo en las listas que se presenten para la elección de los/las integrantes de los cargos en Consejos Directivos en las asociaciones civiles deportivas de primer grado.

Durante el primer año de la norma, las listas deberán tener candidatas en un 20%; a los tres años de sancionada la ley, en un 30%; y a los cinco años deberá observarse la paridad entre mujeres y varones.

Asimismo, prevé la promoción de la igualdad y paridad respecto de salarios, becas y premios, así como las condiciones laborales en las entidades deportivas

Protocolo ante situaciones de violencia de género

En tanto, el segundo proyecto, aprobado por 150 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones, fue propuesto por el presidente de la Comisión de Deportes, Héctor Baldassi (Pro). Y como el resto de su bloque, no pudo estar presente a la hora de la votación.

La iniciativa dispone la creación de un protocolo institucional ante situaciones de violencia de género y/o discriminación en asociaciones civiles deportivas.

Así, se incorpora como artículo 21 ter de la Ley 20.655 que “las asociaciones civiles deportivas de primer grado, de segundo grado, de representación nacional, superiores, así como los clubes de barrio y pueblo previstos en la ley 27.098 deberán dictar un protocolo institucional para prevenir e intervenir ante situaciones de violencia de género y/o discriminación”.

Y estipula que “a los efectos de acceder a todo tipo de subsidio o beneficio de cualquier naturaleza otorgado por el Estado nacional, las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las asociaciones civiles deportivas deberán acreditar la existencia del protocolo institucional para prevenir e intervenir ante situaciones de violencia de género y/o discriminación, aprobado por la comisión directiva”.

La Cámara baja convirtió en ley con 207 votos afirmativos y 1 negativo en la medianoche de este miércoles el otorgamiento de jerarquía constitucional en los términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, a la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la Organización de los Estados Americanos durante la XLV Asamblea General de la OEA, el 15 de junio de 2015 y aprobada por la ley 27.360.

Al respecto, la diputada del Frente de Todos Mónica Litza indicó que trata sobre un segmento de la población muy importante: “Tal vez sobre el que no le estamos poniendo el foco como se merece, que son los adultos mayores. En este caso venimos a darle jerarquía constitucional a la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que es importante”, y pidió que “no nos acordemos solamente de los adultos mayores cuando hablamos de movilidad jubilatoria y de número fríos y pensemos en una protección integral de sus derechos económicos, sociales, políticos, civiles, culturales”.

Además, señaló que en la Argentina hay más de 9 millones y medio de adultos mayores “que tienen un potencial enorme y que tienen mucho que dar todavía en la construcción de la Argentina. Y esa Constitución del ’94 faculta a este Congreso a brindar jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos”.

“Estamos cerrando el círculo virtuoso de los niños, niñas y adolescentes, de los hijos y de las hijas de las mujeres, y ahora de las personas mayores”, remarcó.

Seguidamente, tomó la palabra la diputada por el Pro Graciela Ocaña, que consideró que este convenio es importante porque “es quizás el único instrumento jurídico internacional vinculante que brinda un marco de protección de derechos humanos a los adultos mayores. Y por eso es muy importante darle este rango constitucional”.

En este sentido, sostuvo que el tema de los adultos mayores es central en nuestras sociedades, “porque las mayores expectativas de vida, el desarrollo, los avances tecnológicos y científicos nos han permitido vivir más. Por eso tenemos que generar, a través de mecanismos y de políticas públicas, también un estado de bienestar para esta población”.

De todas formas, también se refirió a la situación actual que atraviesa este rango de población, y manfiestó que “causa mucho dolor ver que los adultos mayores en la Argentina cobren jubilaciones que son realmente vergonzosas: 44 mil pesos. Y esto es responsabilidad de este Congreso. Da mucho dolor también escuchar que la titular del ANSES justifica estos valores, argumentando que la canasta básica de un jubilado son 30 mil pesos. Todos los que estamos aquí saben que eso no es así”.

Seguidamente, tomó la palabra la diputada por el Frente de Izquierda Myriam Bregman quien adelantó su el voto favorable a la parte que incorpora derechos al régimen legal argentino, pero no apoyaron el preámbulo ni las demás consideraciones del proyecto.

“Claro que estamos a favor de que se contemplen derechos y garantías para los adultos mayores de nuestro país, pero se da un sinsabor cuando vemos la realidad, vemos lo que cobran los jubilados de nuestro país, la situación es muy distinta, los hechos son muy distinto”, manifestó.

En este sentido, recordó que denunciaron en este recinto la situación de los jubilados: “Nos hemos opuesto a las últimas reformas, donde se van cambiando gobierno tras gobierno las fórmulas de calcular las jubilaciones para que siempre pierdan los jubilados, y vimos en el Presupuesto 2023 como se recortan 600 mil millones en seguridad social”.

“Los jubilados de nuestro país han sido la variable de ajuste, y hace unos días han recibido una provocación del expresidentes Macri, que nació con una jubilación de privilegio bajo el brazo, que mientras se ponía un poco de protector solar para continuar en la reposera seguramente, criticó las jubilaciones anticipadas de algunos trabajadores de nuestro país por las cuales habían luchado muchísimo”, agregó.

Finalmente, se refirió a la gestión del Gobierno y las “promesas de campaña incumplidas” de Alberto Fernández: “Somos conscientes que el Frente de Todos incumplió su promesa electoral, que claramente el presidente Alberto Fernández en la campaña del 2019 dijo que ‘entre los bancos y los jubilados iba a elegir a los jubilados’ y que claramente eligieron los bancos. El negocio de las LELIQs goza de buena salud y no así las jubilaciones y pensiones que reciben las y los adultos mayores en nuestro país”.

Además, obtuvo media sanción con 206 afirmativos, 0 negativos y 4 abstenciones (correspondientes a los diputados del Frente de Izquierda) un proyecto que aprueba el protocolo modificatorio del Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, suscripto en la ciudad de Estrasburgo –República Francesa– el 10 de octubre de 2018, que consta de cuarenta (40) artículos y un (1) apéndice.

En el uso de la palabra, el oficialista Pablo Carro explicó: “El convenio al que vamos a adherir tiene que ver con la protección de datos personales, esto es una propuesta que se viene tratando desde la UE y hay países que adhieren”, y sumó: “¿Qué es lo que busca proteger? Los datos personales en el tratamiento automatizado de estos datos. En la actualidad es vital que nosotros podemos proteger los datos personales, y que no puedan ser utilizados con un fin diferente para el cual prestamos nuestros datos”.

“Hoy participamos en muchas aplicaciones donde estamos poniendo permanentemente nuestros datos personales, y no hay una legislación que busque proteger esto. El convenio 108 es el único instrumento legal internacional para la protección de datos personales. Para que ninguna empresa pueda usar nuestros datos para hacer negocios, pero tampoco para que puedan utilizar nuestros datos para actividades políticas ilegales, como hemos conocido en este país y otros en el mundo”, detalló Carro,

A su vez, remarcó la importancia de “respetar la privacidad de las personas, proteger este derecho es la clave para poder hacer negocios en el mundo. Para que haya inversiones no podemos permitir que esto ocurra sin esta protección de los datos personales”. “Y esto tiene que ver con una calificación que hace la Comunidad Europea que hace sobre diferentes países que adhieren a este convenio, esto califica a nuestro país como uno adecuado para la protección de datos personales”, precisó.

En suma, aclaró que “el titular de los datos es el sujeto de derecho y no la empresa a la que le brindamos los datos. La definición más precisa de lo que se consideran hoy datos sensibles, que no puedan circular sin autorización. Y sobre todo para que puedan ser utilizados los datos personales tiene que tener consentimiento por parte del propietario de estos datos, que son las personas. El consentimiento tiene que ser previo, libre, específico, informado e inequívoco. A partir de este convenio 108+ ya no alcanza con simplemente poner una tilde que diga que uno acepta las condiciones que ponen las empresas. Van a estar obligadas a demostrar efectivamente que protegen nuestros datos personales”.

“Este convenio establece además mayor transparencia para la creación de perfiles, y lo que buscamos evitar es el sesgo de los algoritmos para hacer negocios con nuestros datos personales y que estos sesgos tecnológicos no afecten nuestros derechos humanos. Y al mismo tiempo la obligación de informar al titular de derecho si hay alguna fuga de esos datos. Porque hoy lo que ocurre es que hay fuga de esos datos y nosotros nos enteramos en los diarios”, cerró.

La vicepresidenta del bloque UCR, Karina Banfi, adhirió a las palabras del diputado preopinante, “entendiendo el valor que tiene este convenio, que es el único instrumento jurídico internacional vinculante. Este significa que tenemos en materia de protección de datos personales la posibilidad de proteger la privacidad de los posibles abusos en el tratamiento de los datos, estableciendo reglas de juego claras y comunes para todos los países que adhirieron a este estándar”.

Además, señaló que “es un tratado que nace como un instrumento de cooperación entre los Estados miembros de la UE pero que luego abren a cualquier otro Estado no miembro, y así se convierte en el único estándar vinculante en materia de privacidad. ¿Qué significa esto? Da mayor seguridad jurídica y facilita el flujo de datos personales en todo el mundo de manera protegida”.

“Argentina ha sido un país pionero en materia de protección de datos personales, tanto es así que logramos en la reforma de 1994 de incorporarlo como garantía Constitucional, pero luego de 20 años tenemos una ley que ha quedado obsoleta”, agregó la diputada.

Asimismo, indicó que iniciativas en este sentido ayudan al comercio: “La confianza es un recurso clave para la economía digital, y la regulación sobre la protección de datos personales puede ser un medio para generar confianza. Este convenio 108+ es un sello de confianza en la economía digital, y en la transferencia de información, que nosotros hoy, donde tenemos un nuevo paradigma de privacidad, a partir de cómo transmitimos, consentimos y otorgamos datos para obtener beneficios en Internet, empezar a tomar consciencia”.

“Nosotros tenemos una deuda en este Congreso, tenemos que reformar la Ley de Datos Personales, se ha trabajado desde 2018, junto con la sociedad civil, la posibilidad de reformar esta ley que tiene de 20 años. Ingresó en el Senado, perdió estado parlamentario, y hoy una vocación de volver a trabajar esta reforma, pero nos vamos a tener que poner a estudiar. Porque la complejidad que tiene el sistema de datos digitales nos va a obligar a tener que agarrar los libros y entender de qué se trata esto para no hacer leyes que después no se pueden implementar”, concluyó la diputada radical.

También se aprobó 204 votos afirmativos, 6 votos negativos la adhesión al Fondo Multilateral de Inversiones III (FOMIN III), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Convenio Constitutivo y el Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones III (FOMIN III).

Por otra parte, la Cámara baja estaba dispuesta a dar media sanción al proyecto para otorgar jerarquía constitucional a la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer también conocida como “Convención de Belem Do Para”, pero su tratamiento no se llevó a cabo, debido a que no contaban con los dos tercios que se requiere para su aprobación, ya que previamente el bloque Pro se retiró del recinto.

El proyecto en cuestión consta de un solo artículo que reza: “Otórguese jerarquía constitucional, en los términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ‘Convención de Belém do Pará’ aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y suscripta por el Estado nacional el 9 de junio de 1994, que fuera aprobada por la ley 24.632”.

Por 208 votos a favor, la Cámara baja convirtió en ley la cesión de inmuebles dispuesta por la provincia de Tucumán al Estado nacional, para integrar el Parque Nacional Aconquija. 

Se trata de un proyecto proveniente del Senado, presentado por la senadora del Pro Gladys González, junto a los senadores Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social), Sandra Mendoza (Frente Nacional y Popular) y el senador Pablo Yedlin (Frente Nacional y Popular).

El Parque Nacional Aconquija fue creado por el Congreso en 2018 y lo que ahora se hace es establecer una ampliación de toda la zona sur del parque y de la reserva nacional. Se trata de un corredor biológico de su área sur, lo cual requiere anexar nuevos inmuebles. 

Este parque cobija más de 900 especies de fauna y flora nativa.

Al respecto, el diputado por el Frente de Todos Agustín Fernández destacó el significado de que la provincia de menor extensión en la república ceda tanto terreno para la preservación del medio ambiente: “Lo que vamos a ceder tiene mucha importancia y relevancia para los tucumanos. Porque nosotros tenemos que hacer un buen uso de cada hectárea que tenemos en nuestra provincia. Y tenemos que tener un delicado equilibrio entre lo que es la tierra apta para nuestro cultivo y lo que hacer al sustento del medio ambiente para poder seguir avanzando en este mundo cada vez más caótico, y que le da cada vez menos importancia al cambio climático”.

Por su parte, el legislador radical Roberto Sánchez indicó que la ampliación del parque nacional contribuirá en la protección de dos importantes ecorregiones: “Una es la región de las yungas en la provincia de Tucumán, y por el otro lado los altos Andes”.

Además, consideró necesario que la Nación y la provincia “puedan coordinar para que se puedan hacer circuitos turísticos para que tengan la posibilidad todos los argentinos y extranjeros de poder visitar nuestras bellezas en la provincia de Tucumán, y que podamos traer recursos del exterior que tanto hacen falta hoy”.

Entre aplausos y lágrimas, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad (228 votos afirmativos) en la sesión de este miércoles el proyecto por la cual se crea el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa fue impulsada a raíz del asesinato de Lucio Dupuy, el niño de cinco años de La Pampa que murió por golpes cuyas acusadas por el crimen son su madre y la pareja de la misma. El proyecto, denominado originalmente como “Ley Lucio”, no se llamará así pues los legisladores acordaron que la iniciativa no llevará el nombre del niño.

Tras la media sanción, todo el recinto se puso de pie para aplaudir a los familiares de la víctima que se encontraban presente en el mismo. La presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, bajó del estrado para darles un fuerte abrazo.

Los oradores

Autor del proyecto inspirado en el caso de Lucio, el pampeano Martín Maquieyra (Pro) arrancó su discurso: “Abigail era una beba de Santa Cruz que murió luego de varios días de estar internada. Estaba institucionalizada, había un seguimiento por parte de funcionarios que sabían de su situación, nada de esto sirvió y nadie vio nada. Salomón era un niño de apenas dos años cuando su padrastro lo mató. Hubo varias alertas, hubo llamados de los vecinos, incluso ingresó varias veces a la guardia, pero nadie hizo nada. Tahiel era un niño de Entre Ríos, fue varias veces con golpes al centro de integración comunitaria en Gualeguaychú. Los vecinos también escucharon y denunciaron, pero nadie hizo nada en el Estado para evitar este asesinato. La madre de Sebastián y Valentina, de Mar del Plata, denunció seis veces a su expareja por acosos y maltratos. La Justicia archivó la causa las seis veces y las víctimas fueron sus hijos. Una vez más nadie hizo nada”.

“Lucio Abel Dupuy asistía a un jardín en Santa Rosa, entró cinco veces a una guardia durante tres meses. Era un niño dentro del sistema institucionalizado, el Estado lo tendría que haber tenido en cuenta. En esas cinco veces que entró con traumatismos nunca se dio una alerta, nunca se hizo una denuncia. El gobierno y la Justicia nuevamente no hicieron nada”, reclamó.

Luego de contar que ocurrido el caso se reunió con los familiares de Lucio, el legislador reveló: “Me encontré con una familia con una actitud que quiero resaltar, la de querer hacer algo; de transformar el horror que habían vivido en acción”. Fue así que presentó el proyecto, que, durante este año, gracias a las consultas con especialistas y funcionarios, se alcanzó un texto de consenso con otros que había presentados.

“No es un proyecto de un legislador o un partido, sino es el proyecto de una familia que quiere que esto no vuelva a pasar”, remarcó Maquieyra y sostuvo que se trata de una ley que busca ayudar “a que ningún chico tenga que sufrir y sus derechos no sean vulnerados”. Asimismo, explicó que se trata de que todos los funcionarios que trabajan en niñez, docentes, médicos, entre otros, no solo estén capacitados en los derechos y la legislación vigente, “sino también en las alarmas y alertas tempranas”. “La importancia de la obligatoriedad implica que nadie pueda no ver lo que está pasando”, agregó.

Finalmente, hablándole al abuelo de Lucio, presente en el recinto, el diputado dijo que no solo se estaba “cumpliendo con la palabra”, sino “sobre todo, llevando un poco de alivio a una familia que ha pasado por tanto dolor”.

A su turno, la santacruceña Paola Vessvessian (FdT) hizo extensiva el agradecimiento a la familia del niño y la presencia del secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia que “ha ayudado mucho en la conformación de la ley”.

“Esta ley se trata a pocos días a que se cumplan los 33 años de la Convención de los Derechos de los Niños. Un tratado que es el de mayor vigencia a nivel mundial y es también a 17 años de la Ley 26.061 que fue producto de una fuerte lucha y desafío de nuestro expresidente Néstor Kirchner, es una ley que estuvo 10 años parada en el Congreso que cambió significativamente el paradigma de los derechos de los niños”, contó.

Además, remarcó que “necesitamos que sea una sociedad más justa, más equitativa y de mejor redistribución”. Retomando la Ley 26.061 sostuvo que “cambió un andamiaje, cambió una realidad y una transformación institucional clave en la mirada de las infancias que dio institucionalización y jerarquía a un organismo rector en políticas públicas de infancia. A su vez, nos permite constituir un Concejo Federal de Niñez donde se discuten los protocolos, las acciones y las políticas que se llevan a cabo en el tema de infancias”.

“Es importante esto porque parecía que tenemos un vacío legal, y tenemos distintas leyes porque un proyecto de ley de capacitación si no tiene un Estado que sea rector y no tiene una buena plataforma de política pública, no basta con una capacitación porque el cuidado y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, implica un trabajo mancomunado de los estados provinciales, organizaciones sociales, organismos de protección de derechos, etc.”, remarcó la oficialista.

Y cerró: “Tenemos que mejorar, fortalecer la familia y generar procesos que nos permitan la restitución de los derechos porque no queremos más vulneración de los derechos. Esta ley, no solamente va a trabajar la vulneración de derechos, sino también, la política de infancia en general a lo largo y ancho del país. Va a fortalecer los sistemas de protección de derechos y necesitamos que la justicia de familia llegue más rápida y sea más eficaz”.

A su turno, su coterránea Roxana Reyes (UCR) advirtió que “estamos viviendo un momento de emergencia en cuanto a los derechos de la niñez. Es una emergencia económica con los niveles de pobreza infantil, indigencia y es una emergencia social”.

“Esta va a ser una ley que no tiene nombre en particular, porque son muchísimos los casos y variados los niños vulnerados, violados, maltratados, ultrajados. Los más vulnerables. ¿Imagínense lo que significa para un niño o una niña decir ‘me están tocando’, ‘me están abusando’, ‘me están golpeando’? y todos los tipos de maltratos que puede sufrir un niño. La violencia física, emocional, económica”, agregó Reyes.

Y siguió: “Acá se mencionó el caso Lucio, y realmente fue inspirador. Fue un antes y un después. Nosotros recibimos al abuelo que nos pidió que nos ocupáramos y nos preocupáramos del tema”. Al igual que el miembro informante, la radical se refirió al caso Abigail que “era una beba de 7 meses, solo 7 meses cuando falleció en Rio Gallegos en 2014. Los médicos del hospital regional fueron alertados por el progenitor de un supuesto accidente hogareño. La beba se había caído y estaba sin signos vitales. Fue trasladada de urgencia y en el camino se trató de reanimarla. Al día siguiente el nosocomio determina que había sido brutalmente golpeada”.

“No había sido un accidente. Se ordeno la detención de los progenitores y un allanamiento en la dirección de Niñez y Adolescencia donde secuestraron el expediente de Abigail que estaba guardado en un cajón”, continuó el relato y explicó: “Digo esto porque estamos tratando la capacitación en materia de derechos de niñez. Nosotros necesitamos gente capacitada abordando este tipo de temas. Abigail estaba judicializada. Imagínense que la beba, que estaba siendo abordada por una situación de violencia, no pudimos salvarle la vida, lo que puede llegar a pasar con los niños que no llegan al sistema de protección”.

“Necesitamos imperiosamente, no solamente tener esta perspectiva, sino que desde los organismos estén trabajando en que haya presupuesto para esto a una capacitación obligatoria no podemos tener un niño que no esté abordado en todas las problemáticas que lo atraviesan”, insistió Reyes y enumeró: “Estas capacitaciones tienen que ser en el sistema del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Los jueces tienen que tener esa mirada transversal de niñez rapidez, celeridad, vocación, trabajo, conciencia, capacitación de que los más vulnerables no pueden ir a ejercer sus derechos por si solos, necesitan que nosotros seamos su voz”.

En el uso de la palabra, la diputada Myriam Bregman (PTS/FIT-U) señaló que “el Estado es responsable”, y remarcó que “ya hay leyes que defienden los derechos de las infancias y los casos que se relatan conmueven”, al tiempo que preguntó: “¿Por qué esas leyes siguen ahí y la realidad sigue siendo tan diferente? ¿con una capacitación eso se va a modificar?”.

“El Estado es responsable y tiene que adoptar un tratamiento integral preventivo cuando hay señales, signos que requieren atención. Esta discusión se da en el marco de un país que tiene la mitad de los niños menores de 14 años en la pobreza, con cifras alarmantes”, advirtió y pidió que “se trate en serio la situación de las infancias en el país”.

Por La Pampa, la radical Marcela Coli expresó: “Vamos a dar un paso importante y sumamente necesario. Aprobar los proyectos que nacieron desde el dolor, desde la pérdida, en este caso de Abigail y de Lucio bajo un contexto de violencia”.

“En ambos casos se hicieron llamadas, alarmas, pero no lo vimos, no lo escuchamos. El Estado falló. El sistema falló. Fallamos todos. El Estado le corresponde promocionar, prevenir y garantizar los derechos humanos”, cuestionó Coli y agregó: “Es fundamental, velar cuando ocurren estos contextos de violencia a quien denuncia, cuidarlos para poder llegar a tiempo donde la violencia avanza”.

Y cerró: “Soy de La Pampa, igual que Lucio y hasta hoy seguimos estremecidos. Nos duele mucho. Como Lucio seguramente en al país hay casos iguales o peores. Ya nada nos devolverá la vida de cualquier niño que se fue en contexto de violencia, pero con esta ley podremos salvar vidas, pero sobre todo vamos a poder prevenir situaciones y acompañar y sostener”.

A su turno, el liberal José Luis Espert (Avanza Libertad) remarcó que “la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 19 obliga a los Estados partes a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido, trato negligente o malos tratos, explotación o el abuso sexual”.

“Esta nueva ley viene a reforzar esa deuda con los chicos que sufren violencia, abusos. Cuando lo vemos a Lucio, y está bien ponerle cara a esta ley, con esa sonrisa que esconde atrás una vida de maltrato, cuando uno se entera de las denuncias de los familiares y decenas de signos que fueron pasados por alto por tantas instituciones y personas que podían haber salvado su vida”, denunció Espert y detalló: “Cuando uno piensa que 5 de cada 10 niños sufren pobreza y víctimas de castigo físico, y el 73% son víctimas de cualquier otra práctica violencia infantil, se acuerda de Lucio”.

Además, informó que en cuanto al abuso sexual infantil según Naciones Unidas “a de cada 5 mujeres, y 1 de cada 3 varones, han sufrido abusos sexuales en la infancia”, y añadió: “Seguimos sumando leyes que no se cumplen. Que no haya más Lucios ni niños que sufran violencia ni abusos”.

Luego, Gabriela Lena dijo que “las diferentes formas de violencia contra niños y niñas representan un problema grave, frecuente y multidimensional. Y el sistema actual es errático y descoordinado, y no garantiza el pleno de derecho de nuestros niños, niñas y adolescentes a vivir una vida libre de violencia”.

“Sabemos que solo con un cambio de ley no vamos a erradicar la violencia o el abuso de niños y niñas – continuó Lena-, pero debemos empezar a capacitar a todos los actores involucrados en su defensa, otorgarles un marco legal, proteger la identidad del denunciante y garantizar que sus derechos se cumplan, algo en lo que el Estado no puede seguir mirando para el costado cuando hay cualquier tipo de violencia”.

Puntos principales de la norma

La iniciativa crea el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas Niños y Adolescentes estará destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional, que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los derechos de los Niñas Niños y Adolescentes

Podrán también ser destinatarios del citado Plan, agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, Deportivas, Recreativas y Culturales, en el marco de convenios de cooperación y colaboración con la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.

Algunos de los principios fundamentales de la ley son velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional y por las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; generar las condiciones para una convivencia social fundada en vínculos de afecto y confianza que se definen como “buen trato”, fundamental para el desarrollo de proyectos de vida por parte de las nuevas generaciones; promover los espacios y metodologías necesarias al efecto de garantizar el derecho a ser oídos de las Niñas Niños y Adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales, conforme el principio de la autonomía progresiva, receptado tanto en la Ley 26.061 como en el Código Civil y Comercial de la Nación.

En este marco se deberá propiciar el derecho a la Participación de Niñas, Niños y Adolescentes, en los distintos ámbitos sociales y comunitarios, poniendo énfasis en la posibilidad de incidir en el diseño de políticas públicas que afectan sus intereses y derechos.

La autoridad de aplicación de la ley será la secretaria nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la cual, entre otras cosas, deberá elaborar los contenidos del Plan Federal de Capacitación en articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF).

También propone campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales, estableciendo una difusión de carácter semestral de las iniciativas para informar sobre los derechos de los niños y cómo evitar las situaciones abusivas.

Por amplia mayoría, con 225 votos a favor, 1 en contra -del liberal José Luis Espert-y 0 abstenciones, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que establece la creación en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (ReNDAM).

En la votación en particular, el diputado Lucas Godoy (FdT) procedió a leer una modificación del artículo 2 del proyecto que quedó redactado de la siguiente manera: “El RENDAM tiene por objeto la conformación de una base de datos unificada y dinámica, con soporte digital de acceso público y gratuito, de los/las deudores/as alimentarios/as morosos/as de todo el territorio nacional inscriptos/as en los registros jurisdiccionales y/o a solicitud de autoridad judicial competente”.

Respecto al artículo 4 explicó que se modificó el primer párrafo y quedó redactado: “El juez, jueza o Tribunal debe comunicarle la inscripción al RENDAM dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles de dispuesta con la siguiente información”.

Sobre el artículo 5 se agregó, luego del punto final, una frase: “La misma comunicación debe realizar el RENDAM a los registros locales respecto de las novedades que reciba”.

En el artículo 6, inciso C, quedó redactado: “Expedir en forma gratuita y digital el certificado de inscripción en sus registros dentro del plazo máximo de 48 horas”, en el inciso E se reemplazó el “entre” por un “con” y quedó redactado: “Suscribir convenios con los registros de las diferentes jurisdicciones a los fines de facilitar el entrecruzamiento de información”.

Otro de los artículos que sufrió modificaciones fue el 8 que quedó redactado: “Impedimentos. Las instituciones y organismos de carácter público/privado, nacionales/provinciales o municipales deben consultar en el RENDAM y no dar curso a los siguientes trámites o solicitudes todas aquellas personas que se encuentran allí inscriptas”.

Respecto al artículo 8 inciso I quedó redactado de la siguiente manera: “Inscripción de los contratos constitutivos y modificatorios, liquidación y la eventual cancelación del contrato social de sociedades, asociaciones, fundaciones y cualquiera de los tipos societarios habilitados, en estos casos se debe certificar la situación de las personas humanas integrantes de los órganos de administración”.

El artículo 8 inciso M quedó: “Inscripción o contratación como proveedores o contratistas del Estado. En caso de tratarse de personas jurídicas se debe certificar la situación de las personas humanas integrantes del órgano de administración”, y se agregó como inciso 2 del artículo 8: “Solicitud de credencial de legítimo usuario, autorización para tenencia y/o portación de materiales controlados por la Ley 20.429 así como cualquier otra solicitud que tramite ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados”.

Sobre el artículo 8, el párrafo final se modificó y quedó: “A petición del interesado/a el/la juez/a o tribunal que ordenó la inscripción en el ReNDAM, con pronto despacho, puede autorizar la realización en forma provisoria de los trámites previstos en el presente artículo si de esa manera se posibilita el acceso a una fuente de ingresos o actividad que permita el cumplimiento de la obligación alimentaria o mediando razón suficiente”. La votación sobre el artículo 8 resultó con 161 votos afirmativos, 66 negativos y ninguna abstención.

La diputada Mariana Stilman (CC-ARI) propuso una modificación sobre el artículo 10, el cual fue aceptado por el miembro informante, y quedó redactado: “Contratistas, proveedores, acreedores. El Estado nacional, previo al pago que corresponda efectuar a sus contratistas, proveedores o acreedores/as, debe constatar que estos/as no se encuentran incluidos/as en el ReNDAM. En caso de verificarse la inscripción, debe suspenderse el pago hasta tanto el/la inscrito/a acredite la baja en el ReNDAM o la autorización a la que se refiere el último párrafo del artículo 8º de la presente ley”.

El texto se elaboró por consenso en base a proyectos que presentaron Cecilia Moreau –presidenta del cuerpo-, Julio Cobos (UCR), Roxana Reyes (UCR), Paula Oliveto (CC-ARI), Carla Carrizo (Evolución Radical), Jimena López (FdT) y el exdiputado Marcelo Koening.

EL DEBATE

El encargado de abrir el debate fue el salteño Lucas Godoy (FdT) consideró que el tema “es una deuda que tiene el Congreso que la fueron subsanando las distintas jurisdicciones provinciales, donde se fueron creando este tipo de registros, ya hoy en las 24 jurisdicciones del país”. En ese sentido, remarcó que está vinculada a “una obligación fundamental a los derechos humanos”.

A su vez, apeló a la Convención del Niño para profundizar el análisis del proyecto, precisamente retomó el artículo 3 que establece que “los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”.

Además, remarcó que “es un tema importante” en el que trabajaron “muchos diputados que vienen presentando proyectos constantemente”, al tiempo que ponderó que “se ha trabajado profundamente en las comisiones y se ha logrado un acuerdo generalizado. No hay duda de la creación de este registro, la visión universal es bastante aceptada tanto acá adentro como con la sociedad en su conjunto”.

“El derecho alimentario es un derecho fundamental. Un derecho humano que está protegido, regulado, amparado por la Constitución e incluso leyes como el Código Civil y Comercial estipula distintas instancias como la regulación de alimentos que comprenden la satisfacción de las necesidades de los hijos, regula las obligaciones parentales”, señaló Godoy, pero lamentó que “sigue habiendo deudores” y que la “enorme mayoría son varones, los padres” por lo que insistió en “buscar mecanismos para compeler al cumplimiento de esa obligación, para exhortar de distintas maneras”.

En ese sentido, resumió: “Este es el sentido del registro, unificar los datos de registros provinciales y estipular algunas medidas restrictivas que generen impedimentos que logren el fin que estamos buscando”, al tiempo que informó: “De las distintas estadísticas de estudios indica que el 70% de las madres en la Argentina conviven con el padre o responsable de los alimentos de los hijos, el 30% no y de esas solo 1 de cada 4 cuenta con los ingresos de las cuotas alimentarias. Estamos hablando de un universo muy amplio de lo que está previsto en los registros”.

“Este es un gran paso legislativo. Crea un registro para conformar una base de datos unificados y dinámica que tenga un soporte digital donde van a ser inscriptos quienes incumplan con ese derecho. Es un verdadero delito penal incumplir con las obligaciones alimentarias”, cerró Godoy.

A su turno, la diputada radical Carla Carrizo explicó que “estaba tan invisibilizado el tema de la cuota alimentaria, de las judicializaciones, de la responsabilidad parental por alimentos que las mujeres que son el 48% de los hogares monoparentales cobraban en cheque. Tenían que ir al Juzgado a cobrar el cheque para poder cobrar la cuota alimentaria”.

“En el mundo de la digitalización, las mujeres que dependían de la cuota alimentaria tenían que exponerse, siendo jefas de hogar, a contagiarse de Covid en pandemia, cuando no había vacunas, porque tenían que ir al banco a cobrar el cheque”, sumó a su relato y agregó que desde 2015 en Argentina “ya no hay más patria potestad”, sino “responsabilidad parental” porque “los niños, los hijos no se poseen, se respetan. Por eso se habla de responsabilidad parental y un punto clave es la alimentación”.

En esa línea, Carrizo aclaró que esta ley “no” es contra nadie “no es solo buscar deudores, sino exigir y hace más difícil que se viole el derecho a la alimentación en la Argentina”. Por último, celebró y agradeció a la Presidenta del Cuerpo el proyecto e informó que solo 4 de las 24 provincias tienen los datos de forma pública: Jujuy, Buenos Aires, Salta y Mendoza y cerró: “Los registros están, pero no hay una voz nacional que los ponga en escena”.

En su disertación, la santacruceña Roxana Reyes (UCR) resaltó que “tratar deudores alimentarios reivindica la política” porque “llega a ese sector de la infancia vulnerada que está esperando respuestas”, y siguió: “Reivindica la política porque dice que nos estamos ocupando realmente de miles de niños y adolescentes que están sufriendo y sintiendo que no reciben su cuota alimentaria”.

“A la vez que estamos protegiendo a la niñez, estamos dando un mensaje contra la violencia de género, la violencia económica, la violencia moral, a la que se expone en la mayoría de los casos las mujeres, que deambulan cotidianamente por los juzgados. Víctimas de la burocracia, de juicios que demoran muchos años para conseguir que se declaren sus derechos. Una cuota alimentaria y llegamos a una sentencia, pero luego para que se cumpla tiene que hacer una serie de averiguaciones dónde trabaja, si tiene cuenta bancaria, y mientras tanto tiene que cumplir todos los días con la cuota alimentaria de sus hijos”, explayó Reyes.

Y preguntó: “¿Cuántas mujeres hoy sin voz, se sienten reflejadas por esto que pudimos discutir en este recinto?”, al tiempo que destacó la decisión política de la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, de tratar el tema.

Al cierre de su discurso, la radical le habló y les pidió a los jueces de la Nación y de las jurisdicciones que “que respeten la Convención de los Derechos del Niño, que abandonen el trato burocrático de la cuota de alimentos”, porque “le estamos dando todos los diputados de todos los bloques del Congreso, una herramienta inigualable para que puedan combatir este delito, porque no pagar la cuota alimentaria es un delito”. También solicitó al Senado que “con inmediatez le den sanción al proyecto porque cada día hay un niño que está aumentando las desigualdades de no tener alimentación y todas las necesidades básicas”.

“No les tiemble el pulso con el incumplimiento de una cuota alimentaria, ingresen al Registro Nacional a los deudores alimentarios. No le tengamos miedo a la existencia de estos impedimentos, porque el mayor daño que podemos hacer es impedir el acceso a la alimentación. Estamos dando una respuesta histórica a una necesidad de años que atraviesa a miles de niños”, finalizó Reyes.

En el uso de la palabra, el bonaerense Daniel Arroyo (FdT) quien remarcó que “el derecho más evidente, claro que tiene un niño es a la buena alimentación. No hay grieta ni nadie que está en contra de eso”, y manifestó que “estamos dando un paso adelante al crear el Registro Nacional de deudores. Está claro que hay registros provinciales, pero es muy importante la centralización en un registro nacional”.

Al igual que los diputados preopinantes, Arroyo explicó que se crea un Registro digital de datos unificados para que “padres que no les pasan la cuota a las madres para sus hijos, tengan la obligación de hacerlo. Este registro viene a operativizar, a hacer que esto suceda de verdad. Se inscribe automáticamente quien no cumple, quien no ha ido pagando en tiempo y forma la cuota alimentaria para sus hijos”.

Respecto a los impedimentos, Arroyo destacó que son “muy lógicos y razonables” tales como no renovar la licencia de conducir, no comprar un inmueble, no obtener una tarjeta de crédito y/o débito, asistir a eventos deportivos, entre otras. “Los impedimentos le dan la chance de que cumpla. Que haga lo que tiene que hacer que es acompañar a la buena alimentación de sus hijos”, sumó y ponderó: “Esto es un avance, el registro nacional tiene que ser un ordenador”.

La cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro) recalcó que es un registro online y explicó que “los registros de deudores se nutren de la información que jueces de familias jurisdiccionales informan a este registro provincial quiénes están en calidad de deudores alimentarios y en sus sentencias incluyen la inclusión en el registro de deudores”.

En segundo lugar, precisó que “es importante que sepamos que todos tengamos la garantía que la persona que es incluida en ese registro ha pasado por un proceso de pedido y sanción de alimentos, lo es por orden judicial que se va a nutrir el registro nacional o por información de registros provinciales”.

Por otro lado, también aclaró que el encargado de impartir la sanción al deudor es un juez civil que entiende en la causa de familia en las jurisdicciones provinciales. “Nosotros consideramos que las sanciones que tenga un deudor alimentario tienen que ser dispuestas por autoridad judicial competente u otras sanciones que se promueven porque el organismo que brinda un determinado servicio, se autolimita y establece que ese servicio no va a ser dado a quien es deudor alimentario. No podemos en una ley general avanzar sobre la jurisdicción del juez de la causa que define cuáles son las sanciones”, planteó respecto al artículo 8 que, adelantó, el bloque votará negativamente porque “es inconstitucional porque avanza sobre las jurisdicciones provinciales porque los jueces civiles deben poner las sanciones”.

De la vereda de enfrente, el bonaerense Carlos Selva (FdT) afirmó que este proyecto “viene a saldar una vieja demanda en un contexto en el que la Nación no podía estar al margen”, y consideró que “va a tener la necesidad imperiosa del acatamiento taxativo de la justicia respecto a informar al RENDAM sobre aquellas personas que estén en incumplimiento de la cuota alimentaria. Hay que poner mucha vehemencia, trabajo de concientización y acercamiento con la justicia para saber de la importancia de esto”.

Para Selva, “el deudor alimentario comete un hecho de violencia. Mayoritariamente son hombres los que no cumplen, es un hecho de violencia sobre la familia”, y ponderó las restricciones porque “son una serie de medidas de carácter punitivo para ordenar esto”.

La diputada Paula Oliveto (Coalición Cívica) expresó: “El Congreso Nacional está diciendo que no va a mirar desapercibido cuando un padre o una madre que incumple con el deber tan básico de alimentar, escolarizar o vestir a un niño, a un adolescente, que requiere de ellos para vivir, para crecer, para desarrollarse porque eso es muy importante. Hoy el Congreso está diciendo que en la Argentina cuando hay un padre o una madre que incumple con obligación va a tener sanciones y va a tener consecuencias”.

“Establecemos un orden social justo, esa es la base del derecho, que quien incumple algo tan elemental, las paga y para eso tienen que tener sanciones”, reclamó Oliveto y sumó: “Quizás este registro no conmueva la moral de aquellas que cometen semejante delito, pero les pone una piedra en el camino”, al tiempo que destacó que sea un registro nacional porque “salda la actitud de quienes no quieren pagar que buscan todas las vueltas para no hacerlo”.

A su turno, el liberal José Luis Espert (Avanza Libertad), preguntó: “¿Qué es un deudor alimentario?”, y definió: “Un deudor alimentario que de manera deliberada no provee del sustento de sus hijos. Es un ser directamente execrable. Traer una vida al mundo y no hacerse cargo de él es impropio de alguien que se considera ser humano”.

“Para un deudor alimentario le deben caber los peores calificativos porque no hacerse cargo de la vida que uno trajo a este mundo de forma voluntaria”, opinó y agregó: “Nosotros en esta Casa no estamos para impartir justicia, sino para legislar. Temo decirles que nuevamente estamos a punto de sancionar una ley que colisiona con otras y en este caso es inconstitucional”, y explicó que la Constitución en su artículo 71 inciso 12 establece que “los Códigos de Fondo son atribución del Congreso Federal” y el artículo 121 establece que “queda para las provincias los códigos procesales”, por lo que remarcó que la “naturaleza de este proyecto es procesal. No corresponde a este Congreso Nacional legislar en materia procesal porque violamos la Ley de Leyes”.

El encargado de cerrar el debate fue el radical Julio Cobos quien manifestó: “Es un tema importante que la sociedad está demandando para contribuir a eliminar todo tipo de inequidad que se suele dar luego de que una pareja se separa”. A su vez, remarcó que es la segunda vez que le toca debatir el tema porque el Senado lo debatió en julio de 2019, pero destacó que en Diputados el debate se hizo con “mucha participación y paciencia por lo que el proyecto fue enriquecido”.

“El cumplimiento de la cuota, que generalmente se afecta a las mujeres porque, según los datos en la Ciudad de Buenos Aires hoy hay 8.373 deudores morosos de los que 8.273 son hombres y 100 mujeres”, informó Cobos y remarcó la importancia de tener un registro nacional, pese a tener registros provinciales, porque “el deudor trata de evadir y encontrar todas las vueltas para no pagar”, y cerró: “Queremos darle herramientas a la justicia”.

Puntos centrales del proyecto

De acuerdo a la iniciativa aprobada, el ReNDAM tendrá por objeto “la conformación de una base de datos unificada y dinámica, con soporte digital de acceso público y gratuito, de los/las deudores/as alimentarios/as morosos/as de todo el territorio nacional inscriptos/as en los registros jurisdiccionales y/o a solicitud de autoridad judicial competente”.

La inscripción en el ReNDAM se dará cuando la persona obligada al pago de cuotas alimentarias, provisorias o definitivas, mediante resolución judicial o convenio homologado judicialmente, incumpliera con el pago en tiempo y forma. Mientras que, para la baja, una vez acreditado el pago de lo adeudado el/la juez/a o tribunal correspondiente deberá ordenar la baja de la inscripción dentro de los cinco días hábiles posteriores.

Asimismo, los registros de las distintas jurisdicciones deberán “notificar al ReNDAM toda alta, baja o modificación en el plazo establecido en el instrumento de adhesión, el cual no puede superar los cinco días hábiles de ocurrido el hecho que lo cause”.

El proyecto plantea una serie de impedimentos para quienes estén inscriptos en este registro, de manera que distintas instituciones u organismos no les otorguen “la apertura de cuentas bancarias y otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito o débito; inscripciones o anotaciones en los registros de la propiedad inmueble nacional o de las jurisdicciones locales; otorgamiento o adjudicación, a título oneroso, de viviendas sociales o cesión de los derechos emanados de las mismas; expedición o renovación de pasaporte; solicitud de licencia para conducir o su renovación; habilitación para la apertura de comercio o industria; e inscripción a matrícula de colegios profesionales o entidad similar necesaria para el ejercicio de actividad bajo matrícula pública”, entre otros.

Sin embargo, aclara que “a petición del interesado/a el/la juez/a o tribunal que ordenó la inscripción en el ReNDAM, con pronto despacho, puede autorizar la realización en forma provisoria de los trámites previstos en el presente artículo si de esa manera se posibilita el acceso a una fuente de ingresos o actividad que permita el cumplimiento de la obligación alimentaria o mediando razón suficiente”.

También, en el texto que consta de 20 artículos, se prevé que las personas inscriptas en el ReNDAM no podrán ingresar, en carácter de espectadores/as, a eventos y torneos deportivos masivos, ni a casinos o casas de juego.

El artículo 15 establece que la autoridad de aplicación debe articular con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia; la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia; el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; y otros organismos competentes, la realización de campañas de sensibilización y concientización sobre la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes vinculados al cumplimiento de la obligación alimentaria; la existencia del ReNDAM; información relativa a centros de atención, asesorías de familia y centros de acceso a la justicia que asesoren o patrocinen en materia de cumplimiento de las obligaciones alimentarias; y la violencia económica que se ejerce hacia las mujeres producto del incumplimiento de las obligaciones alimentarias.

En un contexto de reclamo de los trabajadores de la salud por sus condiciones laborales, la Cámara de Diputados dio media sanción y giró al Senado un proyecto de ley que establece exenciones en el impuesto a las Ganancias para profesionales y auxiliares que excedan cuatro guardias mensuales en servicios de emergencias.

La iniciativa, aprobada por unanimidad con 223 votos a favor, apunta a evitar que médicos y auxiliares se vean impedidos a cubrir más guardias por el hecho de “saltar” a otra categoría del impuesto, al ver incrementadas sus remuneraciones; al tiempo de facilitar que quienes dirigen o administran sistemas de salud puedan cubrir las licencias y mantener completos los planteles.

El texto, impulsado por el diputado Daniel Gollan (FdT), modifica el artículo 27 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, de modo de establecer la exención en “las remuneraciones percibidas en concepto de guardias, ya sean activas o pasivas, por los profesionales, técnicos, auxiliares y personal operativo de los sistemas de salud, cuando la prestación del servicio se realice en centros de salud públicos o privados ubicados en zonas sanitarias desfavorables así declaradas por la autoridad sanitaria nacional, a propuestas de las autoridades sanitarias provinciales”.

Asimismo, “las remuneraciones percibidas en concepto de guardias, ya sean activas o pasivas, por los profesionales, técnicos, auxiliares y personal de salud, siendo la prestación realizada en centros públicos o privados de todo el territorio nacional, que excedan el número de cuatro guardias mensuales de 24 horas, realizadas por el trabajador o la trabajadora”.

“El beneficio de este apartado debe indicarse, en el recibo de haberes correspondiente al sujeto que tenga a su cargo el pago de la remuneración y/o la liquidación del haber, identificándolo con la leyenda ‘Exención segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Impuesto a las Ganancias para las trabajadoras y trabajadores de la salud'”, establece el proyecto.

🏥 • En @DiputadosAR dimos media sanción a la eliminación del impuesto a las Ganancias para el personal de salud sobre las guardias obligatorias.

Para fortalecer nuestro sistema sanitario, primero debemos mejorar las condiciones de los trabajadores de la salud. 👩🏻‍⚕️ pic.twitter.com/LTQEIp5DP0

— Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) November 9, 2022

Un llamado a debatir los problemas estructurales

El autor del proyecto, Daniel Gollan, abrió el debate agradeciendo “la rapidez con que se trató el tema” ya que “estamos ante una situación crítica que puede llevar al colapso en muchos centros de salud en la atención de las guardias. Ya está ocurriendo algo, pero en las próximas vacaciones puede ser una situación crítica”. 

El exministro de Seguridad bonaerense admitió que “la situación del sistema sanitario pasa por momentos muy difíciles” a partir de “cuestiones estructurales que aspiramos que en los próximos tiempos podamos tratar en conjunto temas en los que hay coincidencia” y así “resolver situaciones acuciantes”. 

Sobre “el fenómeno de que los trabajadores no quieran hacer reemplazos de guardia”, el oficialista consideró que “es lógico que así sea porque hacerlas a veces les representa trabajar y que ese excedente se lo lleve el impuesto a las Ganancias”. 

“Es una cuestión coyuntural que hay que resolver, pero también tenemos que trabajar en los problemas de fondo”, insistió el diputado, quien alertó que “no están entrando interesados en cubrir ciertas especialidades críticas, no solamente terapia intensiva, neonatología, sino guardias de pediatrías. No hay pediatras para cubrir guardias”. 

El radical Víctor Hugo Romero destacó a este “sector que ha tenido un compromiso importante en la pandemia” y tiene muchas dificultades, pero observó que la discusión “va mucho más allá de un tratamiento sectorial” porque “más de un millón de contribuyentes aportan al impuesto a las Ganancias”, pese a que “se alivió la carga con la suba del piso mínimo a 330 mil pesos”. 

“En los últimos cinco años la ganancia no imponible se actualizó en 386% y la inflación fue 852%”, explicó, para señalar que cada tanto se aprueban regímenes especiales pero “no atacamos el problema que es actualizar correctamente los mínimos no imponibles y las escalas”. 

A su turno, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman hizo alusión a los reclamos de trabajadores de las últimas semanas y destacó “la enorme marea blanca que ha salido a las calles en la Ciudad de Buenos Aires y en distintas ciudades del país y que es un ejemplo de cómo se defiende la salud pública”. Para la porteña, “se está viendo algo significativo” y “visibilizando que cuando ellos reclaman por salarios lo que están diciendo es que lo que quieren también es una buena calidad para quienes se atienden en el sistema público”. 

Al confirmar su acompañamiento a la iniciativa, la legisladora advirtió que el proyecto “tiene un alto grado de perversidad” porque “ante la falta de personal que hay en los hospitales, ante la falta de residentes y concurrentes, quitar el impuesto a las Ganancias a la quinta guardia” provoca que “el personal que ya está pueda sobreexplotarse un poco más”. 

“Es un parche que lo que hace es sobrecargar a los trabajadores que ya están”, reiteró y reveló que “en el Hospital de Niños de La Plata, de 24 cargos de residencia pediátrica que había para cubrir solo se cubrieron 4, porque no alcanza para vivir lo que les están pagando”; además “los  residentes de la provincia de Buenos Aires llegan a trabajar 96 horas semanales y cobran 140 mil pesos”, denunció. 

Por su parte, el diputado de la CC-ARI Rubén Manzi sostuvo: “Sé que esto es un parche en el sistema tributario y en el sistema de salud. Esto de fondo no soluciona nada. Pero es un pequeño alivio para los médicos que tienen que completar sus ingresos haciendo guardias. Y es un gran alivio para las instituciones que no consiguen médicos que hagan guardias porque nadie quiere hacer la famosa quinta guardia”. 

“Se trata de un nuevo parche a un impuesto a las Ganancias que ya viene muy emparchado por años, por no decir décadas. Es un alivio pequeñísimo para nuestros médicos que realizan guardias. Algún día en esta cámara se debería dar una profunda discusión sobre el impuesto a las Ganancias en Argentina”, dijo en el recinto el diputado de Avanza Libertad José Luis Espert. 

Avanzado el debate, la diputada del Pro Silvia Lospennato señaló que una vez más se está ante la situación de “eximir a un grupo de personas de un impuesto que van a seguir pagando el resto de las personas que no sean alcanzados por estos beneficios”, aunque aclaró que “esta vez todos nos sentimos en deuda con los beneficiarios que son el personal de salud”. 

Al convocar a una “reflexión colectiva”, la legisladora de Juntos por el Cambio subrayó que con esta medida “no tenemos ninguna certeza de que esto efectivamente los beneficie” y “si va a compensar en algo el deterioro de los salarios del personal de la salud producto de la inflación. No soy optimista de que consigan una gran compensación”. 

“La economía argentina es una superposición enorme de beneficios sectoriales, exenciones impositivas, regímenes promocionales, regímenes jubilatorios especiales, blanqueos y moratorias que se anulan unos a otros y al final perdemos todos”, enfatizó. 

Luego se preguntó: “¿Vamos a ir en serio contra los regímenes jubilatorios especiales, o una semana lo usamos para atacar a los jueces y la semana siguiente celebramos que en las provincias los empleados públicos se jubilen a los 55 años? ¿Vamos en serio contra los privilegios sin poner sobre la mesa la doble pensión que cobra la vicepresidenta?”. 

Finalmente, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, admitió que “es un parche para resolver un problema puntual, ¿y qué tiene de malo? Tenemos un problema puntual que le estamos dando solución en un marco de una cuestión mucho más profunda que efectivamente tenemos que discutir”. 

Para el oficialista, el debate pasa por “qué tipo de país queremos vivir, qué tipo de servicios queremos que ese país le pueda prestar a sus ciudadanos y ciudadanas y con qué recursos se financia eso”. Entonces, cuestionó que desde la oposición “lo que en realidad quieren es un Estado mínimo. Nos están anunciando todos los días lo que harían si hipotéticamente volvieran al gobierno: destruirían el sistema previsional para bajar el costo; desregularían el trabajo para que desaparezca el costo de las indemnizaciones. Y entonces tendría salud y educación el que se la pueda pagar”. 

“Nosotros no creemos en ese tipo de Estado”, afirmó y sostuvo que “es justo que discutamos la elevación del mínimo no imponible respecto del salario de los trabajadores”, pero también rediscutir si el impuesto a las Ganancias no debería ser un “impuesto a los altos ingresos” con “progresividad adecuada” para que “los que más ganan sean los que más pagan”. 

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En uno de los primeros homenajes de la sesión especial en el recinto de la Cámara de Diputados, el diputado radical Miguel Bazze recordó al expresidente Raúl Alfonsín, por haberse cumplido el trigésimo noveno aniversario del triunfo en las elecciones presidenciales de 1983, el pasado 30 de octubre. “Fue un logro de la política, la democracia fue el resultado”, enfatizó.

Al respecto, Bazze señaló: “Hace 39 años ocurría un hecho trascendente que ponía en marcha la recuperación de la democracia”, y que, por esto, “se lograba consolidar el sistema democrático definitivo”, tras la última dictadura militar.

“Sabíamos que no iba a ser fácil. Hubo amenazas, movimientos de desestabilización e intentos de Golpe de Estado”, recordó el diputado Bazze. De todos modos, remarcó que “el proceso democrático tuvo actitud y convicción gracias a ese ‘gigante’ de la política” al recordar al expresidente Raúl Alfonsín quien fue jefe de Estado de 1983 a 1989.

En este sentido, el diputado bonaerense recordó “una actitud virtuosa de Alfonsín” al retomar el diálogo con Chile, las reuniones con Brasil para crear el Mercosur y la relación normalizada con las Fuerzas Armadas. A su vez, afirmó: “Semejante empresa no podía ser empresa de un solo Gobierno, por eso inició el diálogo con todos los partidos, fundamentalmente del peronismo que acompañaron y se pusieron a la altura de las circunstancias”.

En el cierre del homenaje, remarcó que la construcción del periodo democrático fue el logro del “accionar político de los dirigentes de la década del 80”, y reivindicó a todos los dirigentes que apoyaron a Alfonsín en aquellos años.  

“Hay desafíos y temas pendientes. Tenemos deudas con la sociedad”, subrayó Bazze, quien expresó: “Mientras seamos capaces de consolidar el compromiso que asumimos seguramente lo vamos a resolver entre todos”.

Por último, consideró: “Recuperando principios y reconociendo que nuestros enemigos son los problemas y no los rivales políticos, saldremos adelante”, y concluyó parafraseando a Raúl Alfonsín: “Hemos ganado, pero no hemos derrotado a nadie”.

El último de los homenajes realizados durante la sesión de este  miércoles en la Cámara baja fue el que la diputada oficialista bonaerense Brenda Vargas Matyi realizó a la memoria de Néstor Kirchner, de cuya muerte se cumplieron hace pocos días 12 años.

La diputada resaltó la figura del santacruceño como “un dirigente que ha puesto sus esfuerzos y su vida completa para transformar la vida de los argentinos y las argentinas”.

Comentó que como joven diputada había pedido especialmente ser quien rindiera ese homenaje, porque “como jóvenes Néstor nos abrió las puertas a muchos de nosotros e hizo que muchos estemos hoy acá”. Y agregó: “El nos invitó a soñar; fue quien nos incluyo´en un proyecto político”.

Recordó de Néstor Kirchner que “él nos proponía una Argentina con un cambio posible”. Luego señaló que “en Néstor me gustaría también reconocer a otros dirigentes” y como habitante de La Matanza resaltó la figura del desaparecido Alberto Balestrini. “Grandes dirigentes políticos que han sabido acompañar a Néstor y acompañaron a ese flaco que venía del Sur y que ni su apellido sabían escribir bien. Y lograron hacer de sus distritos lugares mejores”, precisó.

Vargas Matyii destacó que “con ganas de hacer frente a la situación que recibió en 2003 como hacen nuestros dirigentes políticos. Siendo consecuentes con sus ideas y proyectos. Bregaba por la unidad y luchaba contra las corporaciones”.

Afirmó además que con él “en la Argentina logramos tener justicia social”. Y sobre el final aseguró que Néstor Kirchner tenía claro que necesitábamos de un proyecto nacional con viabilidad. Creer en proyectos colectivos. Tenemos que recordar a un hombre que además de cumplir su función pública, ha cumplido. Y ha sido una punta de lanza para nosotros, para seguir militando todos los días con convicción”.

En la que será una de las últimas sesiones de este período ordinario en la Cámara baja, los diputados sesionan desde las 12.45 para debatir once iniciativas consensuadas, entre las que figuran proyectos largamente reclamados, como la capacitación obligatoria de funcionarios públicos en prevención de la detección de violencia contra los niños, y el Registro Único de Deudores Alimentarios Morosos de la Nación.

Entre las iniciativas a debatir se destaca también la eximición del pago de Ganancias para trabajadores de la salud cuando excedan las 4 guardias mensuales en servicios de emergencias, con el fin de evitar que médicos y auxiliares se vean impedidos de cubrir más guardias por el hecho de saltar a otra categoría del impuesto al ver incrementadas sus remuneraciones.

En cuanto al Registro Único de Deudores Alimentarios Morosos de la Nación, se trata de una iniciativa elaborada en base a proyectos presentados por legisladores del oficialismo y la oposición, que permitirá elaborar una base de datos unificada y dinámica de los/las deudores/as alimentarios/as morosos/as de todo el territorio nacional inscriptos/as en los registros jurisdiccionales.

La inscripción en el ReNDAM se dará cuando la persona obligada al pago de cuotas alimentarias, provisorias o definitivas, mediante resolución judicial o convenio homologado judicialmente, incumpliera con el pago en tiempo y forma.

Se abordará un proyecto consensuado que flexibiliza la renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD), uno de los trámites definidos como de los más engorrosos, sobre todo para quienes lo necesitan de manera permanente. Dicha actualización deberá implementar la flexibilización de los requisitos para su otorgamiento, establece el proyecto.

Como dijimos, uno de los platos fuertes de la jornada es la denominada ley Lucio, una capacitación obligatoria de funcionarios públicos en prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes.

Este proyecto conjuga tres proyectos, suscriptos por Martín Maquieyra (Pro), Roxana Reyes (UCR) y Paola Vessvessian (FdT). Está inspirado entre otros casos por la desgraciada muerte del pequeño Lucio Dupuy, de apenas 5 años, y plantea herramientas para prevenir la violencia y abusos, que en ocasiones sufren las criaturas.

Se tratará también un proyecto que cede jurisdicción de diversos inmuebles por parte de la provincia de Tucumán al Estado nacional para ampliar el Parque Nacional Aconquija.

Otro de los proyectos es el que modifica el Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, suscripto en Estrasburgo el 10 de octubre de 2018, como así también se debatirá la adhesión al Fondo Multilateral de Inversiones III, del BID y del Convenio Constitutivo y el Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones III.

Los diputados debatirán también darle jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Lo mismo se hará con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”.

Asimismo, se tratarán dos iniciativas relacionadas con el deporte. Una que establece un Sistema Integral de Igualdad y Paridad de Género en el Deporte, y otra que crea un protocolo institucional ante situaciones de violencia de género y/o discriminación en asociaciones civiles deportivas.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el diputado oficialista Carlos Heller realizó este martes una dinámica reunión en la que avanzó con el dictamen de numerosos proyectos que quedaron listos para llegar al recinto.

Entre ellos el de capacitación obligatoria de funcionarios públicos en prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Esa iniciativa, conocida popularmente como la ley Lucio, recibió el dictamen correspondiente para que este miércoles pueda ser tratada en el recinto.

Este proyecto conjuga tres proyectos, suscriptos por Martín Maquieyra (Pro), Roxana Reyes (UCR) y Paola Vessvessian (FdT), quienes hicieron uso de la palabra durante esta reunión. El primero recordó que la iniciativa fue inspirada entre otros casos por la desgraciada muerte del pequeño Lucio Dupuy, de apenas 5 años. “Venimos trabajando hace tiempo en la comisión de Familias y logramos unificar con proyectos como la ley Abigail, de Roxana Reyes y la diputada Paola Vessvessian, y terminamos creando un plan federal para la capacitación de la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes”, señaló el diputado pampeano. Agregó que la iniciativa “plantea tres herramientas para prevenir la violencia, abusos, aberraciones por las que pasaron Lucio y tantos niños en nuestro país”.

Comentó que se trata de “la capacitación para todo el personal que está trabajando el tema de la niñez, no porque no estén capacitados, sino porque están para educar, sanar, no para prevenir y saber cuáles son las alertas tempranas que nos pueden indicar que un niño está siendo víctima de un abuso. Por eso es que la capacitación es tan importante”. Asimismo contó que el proyecto establece la realización de campañas de concientización y en redes para que “todos los ciudadanos estemos al tanto de saber cuáles son las alertas tempranas, e instar a que las provincias mantener la protección del denunciante. Pasó en este caso y muchos otros, los docentes nos dicen que hay miedo a denunciar, a que luego un padre o madre tenga una represalia porque un docente denunció. Por eso se pide a las provincias que adhieran al protocolo para mantener en reserva las identidades”.

A continuación, la santacruceña Roxana Reyes valoró el trabajo realizado en la Comisión de Familias, que ella preside, donde se alcanzó el consenso y los acuerdos para llegar a un dictamen común. Recordó también que “Abigail fue una nena de 7 meses, que sufrió 5 días por su vida y que soportaba maltratos, abusos… Estaba en el sistema de Protección de Niñez, estaba judicializada. Había adultos responsables que estaban avisados”, pese a lo cual tuvo un desenlace fatal. Por eso consideró la diputada que eso fue producto de la falta de perspectiva de los derechos que hay que proteger.

“Esto nos convence de que tenemos que capacitar a quienes reciben alertas, para que no haya más Lucios o Abigail”, resumió, celebrando la unanimidad conseguida y agradeció al presidente de la Comisión de Presupuesto haber puesto el tema en el temario.

Por último, Paola Vessvessian reconoció que al principio no se alcanzaban a poner de acuerdo. Había divergencias que lograron sortearse, pero finalmente lograron armar una norma y puntualizó que “no solo vamos a capacitar, también esto viene a fortalecer el trabajo que ya está haciendo el Ejecutivo”.

A continuación, pasó a la firma el  proyecto de ley que viene del Senado por el cual se aprueba la adhesión de la República Argentina al Fondo Multilateral de Inversiones III (Fomin III) del Banco Interamericano de Desarrollo, tras lo cual se avanzó con la transferencia a título gratuito de una serie de inmuebles de parte del Estado nacional a distintas provincias argentinas.

Entre esas transferencias, la diputada Blanca Osuna (FdT-Entre Ríos) defendió su proyecto por el cual se transfiere a la Municipalidad de Paraná el puerto de esa ciudad. La legisladora explicó que el puerto dejó de ser comercial hace muchos años, función que siguen desarrollando otros, como los ubicados en Diamante, Concepción de Uruguay e Ibicuy. El puerto de Paraná quedó limitado al tema turístico y aclaró que ese traspaso no sería para desarrollar un negocio inmobiliario. “Es importante que quede claro que estamos hablando de un espacio para el acceso público, disfrute, contacto al río e interacción y desarrollo para que los propios trabajadores de la zona puedan continuar desarrollando su labor.

Otro de los inmuebles transferidos, es uno a la municipalidad de Concordia, para destinarlo a la construcción de la terminal de ómnibus de la municipalidad de esa ciudad, según detalló el diputado Marcelo Casaretto.

Otra cesión es la que el Estado nacional realizará a la provincia del Chaco para la creación del Parque Nacional y Reserva Nacional Laguna. Al respecto, la diputada radical Lidia Ascárate felicitó la creación de un nuevo parque nacional, pero advirtió sobre los giros, pues faltaba que pasara por Recursos Naturales, no obstante lo cual aclaró que era solo una observación pues no objetaban que pasara a la firma. Ante ello, Carlos Heller admitió que tenía razón, pero dedujo que se había buscado aprovechar la reunión, tratándose de que eran todos “proyectos de consenso”.

Por otra parte, suscribieron un proyecto impulsado en su momento por el senador Edgardo Kueider, para transferir un inmueble del Estado a la Municipalidad de Larroque. Casaretto explicó que se trata de un terreno baldío que había sido destinado a un edificio del Correo que terminó construyéndose en otra parte, y ahora servirá para edificar un anexo de la municipalidad.

Entre los predios transferidos por parte del Estado, simbólicamente el más importante fue seguramente aquel donde funcionó el campo de concentración La Perla y ahora edificarán un espacio para la memoria y la promoción de los derechos humanos. Se trata de un proyecto de los cordobeses Carlos Mario Gutiérrez y la actual senadora Alejandra Vigo. El primero expresó su beneplácito porque estuviera dándose ese traspaso a la jurisdicción provincial, y recordó que esa medida había sido impulsada originalmente un 24 de marzo de 2007 por el entonces presidente Néstor Kirchner. Desde entonces, dijo, “hemos sorteado numerosas situaciones, planteos racionales de adecuación, y me parece que es una gran noticia para seguir cultivando esa memoria que es patrimonio de todos.

Luego el diputado oficialista Eduardo Fernández dijo que “para los cordobeses, los que hemos defendido la democracia, este predio fue el que vio desaparecer a cientos y cientos de cordobeses en la tortura y asesinados (…) Que hoy la provincia sea cultora de ese espacio es una reivindicación”.

Desde el Pro, Laura Rodríguez Machado, adelantó el acompañamiento de Juntos por el Cambio a ese despacho.

También se avanzó por unanimidad con la firma del proyecto que crea el Programa Nacional Unico de Informatización y Digitalización de historias clínicas de la República Argentina, como así también un proyecto que crea un programa de prevención de discapacidades en el recién nacido, incorporando la detección de cardiopatías congénitas sintomáticas detectables por oximetría de pulso.

También se avanzó con el proyecto impulsado por la exdiputada María Cristina Alvarez Rodríguez, que establece procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal. La diputada Vessvessian valoró que se llegara a dictaminar y destacó “el fuerte trabajo que hicieron Cristina Alvarez Rodríguez y Pablo Yedlin. Esperemos que sea ley; el año pasado se trató, pero no se pudo llevar al recinto, y es un pedido que nos hacen las madres”.

Los diputados firmaron también un proyecto sobre reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios, por el cual se capacitará de manera obligatoria a la comunidad educativa para “prevenir muertes evitables”.

Ya sobre el final de la reunión se trató un proyecto que crea un régimen de Patrimonio Cultural Inmaterial, y fue defendido por uno de los autores de la iniciativa, el titular de la Comisión de Cultura Hernán Lombardi, quien puntualizó que se trata de una iniciativa que “tiene en cuenta algo que era necesario normalizar, que es el patrimonio cultural inmaterial”.

“Habitualmente uno habla del patrimonio tangible, pero también está el intangible”, arrancó Lombardi, que citó como tales estos ejemplos: el tango, el chamamé y el filete porteño, que integran la lista representativa de la Unesco. “Pero hay un montón de proyectos que ingresan y no hay una ley que los regule. Es un patrimonio extraordinariamente frágil, porque estamos hablando de costumbres, músicas, gastronomía, y a su vez hay muchas iniciativas que no tienen bien definidas las capacidades técnicas”, explicó.

“Llegamos a un acuerdo en Cultura y firmamos un dictamen que nos parece muy importante a los efectos de preservar el patrimonio inmaterial”, agregó Lombardi, que aclaró que habían acordado “restricciones presupuestarias” según la cual la norma que impulsaban no incluiría la incorporación de personal, ni nuevas partidas presupuestarias para llevarla adelante, cuestión de no aumentar la carga fiscal sobre el Estado.

Le falta ahora a ese proyecto un giro a Legislación General.

Por otra parte se avanzó con el régimen para la detección, atención temprana y cobertura integral de la pubertad precoz.

La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados dio dictamen favorable este martes a un proyecto de ley que busca ampliar y jerarquizar el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación.

La iniciativa tiene por objeto que “las personas con cardiopatías congénitas tienen derecho a todas las instancias de detección y tratamiento correspondientes en cada etapa vital. Asimismo, todas las mujeres embarazadas y/o personas gestantes tienen derecho a un control prenatal que incluya la detección precoz de cardiopatías congénitas, garantizando, si correspondiera, el traslado intrauterino”. 

Durante el encuentro, la diputada María Luisa Montoto (FdT) señaló que se trata de “algo que produce infinidad de muertes súbitas y que se puede prever”. Al mencionar la organización “Latidos Diferentes” de su provincia, Santiago del Estero, la oficialista aseguró que “concientizar sobre la prevención es la forma más importante, más económica y más segura”. 

Impulsor del proyecto junto a su par Paula Penacca (FdT), el diputado Daniel Gollan (FdT) explicó que “la idea es transformar en ley un programa que ya existe hace mucho tiempo”, más precisamente desde 2008, lo cual “nos daría más seguridad para que en forma estable los objetivos del programa se cumplan siempre”. 

“Hay un colectivo de madres que han batallado y han peleado mucho por que este proyecto se concrete”, resaltó y detalló que “hay potenciales 7.000 chicos de los cuales 5.000 pueden tener una solución a través de un diagnóstico y una cirugía temprana”. “Es una causa de morbilidad temprana que se puede resolver en la mayoría de los casos”, añadió. 

La presidenta de la comisión, la diputada Mónica Fein (PS), señaló que “este programa hizo que el Estado estuviera a la delantera del sector privado de obra social” porque “fueron los primeros que regionalizaron las maternidades y crearon centros descentralizados”. “Vamos a convertir en ley un programa que realmente es muy exitoso y debe profundizarse”, expresó. 

A su turno, la diputada Graciela Ocaña (Pro) recordó que en su gestión como ministra de Salud durante la primera presidencia de Cristina Kirchner, “creamos el inicio de este programa” que “tiene que ver con resolver este problema que es tan importante”. “Esta red federal que se pudo empezar a trazar ha salvado y mejorado la calidad de vida”, destacó. 

Presentes en la reunión hablaron dos mamás del colectivo que reclama por la ley, quienes le pidieron a los legisladores “hacer historia”. Además, Lucrecia Mata, cardióloga pediatra, indicó que este es “un plan que funciona muy bien, que está muy bien coordinado”, pero “necesitamos la fuerza de esta ley para que, independientemente de los gobiernos que vayan pasando, haya una seguridad en los pacientes de seguir aumentando la complejidad de las cirugías cardíacas y que no tengan que trasladarse a Buenos Aires”. “En el interior del país lo que hace falta es continuar con el financiamiento”, advirtió. 

La reunión se dio por concluida intempestivamente luego que Fein comunicara que el Anexo de la Cámara baja debía ser evacuado por una amenaza. Minutos después se confirmó que lo que parecía un paquete sospechoso, era la mochila olvidada por alguien. 

De esta manera, se pasaron a la firma sin debate un conjunto de proyectos consensuados, entre ellos uno con media sanción que modifica los artículos 23 y 45 de la Ley 22.990, de sangre, informando a los donantes sobre su voluntad de incorporarse al Registro Nacional de Donantes de células progenitoras hematopoyéticas. 

El paquete incluía iniciativas para instaurar distintos días: Día Nacional del Síndrome Treacher Collins (23 de mayo); Día Nacional por el Derecho a la Salud en conmemoración del nacimiento del Dr. Ramón Carrillo (7 de marzo); Día Nacional por el derecho al medicamento como bien social, como Día Nacional del Médico Endocrinólogo en todo el territorio de la República Argentina (16 de abril); Día Nacional de la Diabetes (14 de noviembre); y al mes de mayo de cada año como el mes del Síndrome de Williams.

Durante una reunión de la que participó el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados avanzó con el dictamen de un proyecto para crear un régimen previsional diferencial para los brigadistas de incendios forestales, que ya cuenta con media sanción del Senado. 

El encuentro se abrió con la palabra de Cabandié, quien abogó por que “en los próximos días se pueda discutir tanto en la Comisión de Presupuesto como en la de (Legislación del) Trabajo y de esa manera tener el dictamen definitivo para que pase al recinto”. 

“La tarea de los brigadistas es fundamental, es sumamente necesaria. Los focos los apagan los brigadistas, los medios aéreos son un completo importantísimo. Hoy tenemos la mayor cantidad de medios aéreos disponibles en toda la historia del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que cumplió 26 años hace pocos días”, destacó.

En referencia a la distribución de recursos hacia las provincias, el ministro defendió: “Cuando nosotros llegamos el Servicio estaba desarticulado y aumentamos el presupuesto en 70 veces; además de duplicar la cantidad de brigadistas dependientes del Ministerio. Entre el Ministerio y los Parques Nacionales tenemos 516 brigadistas distribuidos en todo el país”.  Sobre los brigadistas, señaló que más de 400 estaban con “precariedad laboral”. 

El titular de la cartera de Ambiente consideró que este régimen es “sumamente justo” al explicar que “las vías respiratorias de cualquier de nosotros no son iguales a las de los brigadistas; ni hablar del riesgo de la acción del combate, el cansancio físico y los traumas”. “Los gobiernos pasan pero los brigadistas quedan”, sostuvo y agregó que “sin la tarea de ellos tendríamos situaciones mucho más graves”. 

Respecto de los numerosos incendios que afectan al país, el funcionario criticó a los sectores productivos y la Justicia, además de resaltar la crisis climática. “La situación va a ser catastrófica, realmente la sociedad está yendo a un suicidio”, alertó, al tiempo que consideró que “no podemos seguir produciendo como se producía en el siglo XX”. 

En alusión a las quemas intencionales, apuntó que “hay una tarea que le compete a la Justicia y es la Justicia la que muchas veces mira para otro lado”. 

Finalmente, sumó que “sin hombres y mujeres cuidando esos ecosistemas no va a haber producción, utilidades, trabajo, ganancias, ni vida vivible”. 

Desde Juntos por el Cambio, la diputada Virginia Cornejo (Pro) aprovechó para consultarle al ministro sobre el financiamiento para el combate del fuego. “Mi provincia hace más de tres meses que está bajo el fuego y no hemos visto la acción del Ministerio”, cuestionó y preguntó: “¿Cuáles son los planes del Ministerio en cuanto a la prevención, detección y evitar que estas cosas sucedan?”. 

En esa línea, la salteña observó que “levantar el dedo acusador, de que el culpable es el otro, no nos lleva a buscar soluciones ni a prevenir”. Y advirtió que tampoco se va a “solucionar el problema” con “personas con bidones de tres litros de agua, con personas que no están capacitadas, con personas con buena voluntad que no tienen elementos de trabajo” en los incendios. “Si sancionamos leyes especiales y no hemos prevenido que estas cosas sucedan, no sé cuánto sentido tiene”, aseveró.  

“Si usted no está enterada no significa que no estén. Tenemos 130 brigadistas en Salta y hay cuatro medios aéreos. Estamos desde el momento de inicio de esos focos, que fue a mediados de agosto, en permanente comunicación con la provincia”, le contestó Cabandié. 

El ministro recordó que en el Presupuesto 2021 se incorporó una alícuota especial para financiar el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y “eso nos ha permitido incrementar 70 veces el presupuesto”, reiteró. Además, precisó que se estableció un criterio por el cual se distribuyen “50 millones de pesos por provincia a requerimiento y compras vinculadas al combate de incendios forestales, no para combustibles”. 

Y, criticando a la gestión anterior, el funcionario afirmó que cuando el Servicio de Manejo del Fuego estuvo bajo la órbita de Seguridad, “fue infructuosa la gestión en términos de equipamiento, integralidad o lo que estamos tratando hoy” sobre las condiciones laborales de los brigadistas. 

También lo cruzó al ministro el diputado Juan Martín (UCR), quien le pidió por una “autocrítica” porque “muchas cosas fallaron” en hacer “mejor y más eficiente el régimen de manejo del fuego”. Pidió entonces pensar “desde la base de cómo todos mejoramos y no solamente echamos culpas”. 

Cabandié le contestó: “Consideramos que la tarea que venimos llevando a cabo es perfectible. Es muy buena, porque así lo dicen los brigadistas y también lo manifiestan las provincias”. 

Durante las intervenciones, el diputado Nicolás Del Caño (FIT) solicitó avanzar sobre “las causas profundas de por qué se está incendiando el país” que “tienen que ver con un modelo extractivista, no solamente con los insuficientes recursos”; modelo que “avalan ambas coaliciones”, denunció y opinó que por eso “vienen bloqueando la ley de humedales”. “Usted también tiene responsabilidad en esto ministro”, le reclamó. 

A su turno, la diputada Carla Carrizo (Evolución Radical), quien asumió como vicepresidenta de la comisión en reemplazo de Alejandro Cacace, señaló que se está hablando de unos “pocos” brigadistas que serán beneficiados, “pero la verdad deberíamos hablar de que sean más, porque Argentina lidera la tasa en incendios”. 

Además, la radical cuestionó que se haya dado un “segmentado” debate, al no convocarse a un plenario con las otras dos comisiones competentes, y sin “la información correcta” para discutir acerca de “agregar un régimen previsional más a los 39 que ya hay”. “No está claro si está la decisión política de que esto sea ley”, expresó. 

Recogió el guante la presidenta de la comisión, Marisa Uceda (FdT), quien reveló: “Era muy complejo juntar las tres comisiones esta semana, era más fácil que Presupuesto y Legislación del Trabajo dictaminen la semana que viene. Si no hubiera voluntad del oficialismo el ministro no hubiera participado de esta comisión”. 

En la reunión, la diputada Florencia Lampreabe (FdT) defendió que el proyecto es “para generar más derechos y mejores condiciones a los trabajadores brigadistas en un contexto de crisis climática, donde los incendios son cada vez más”. “No es una tarea que aborda cualquiera, el heroísmo de decidir optar por este tipo de trabajo supone alguna característica especial”, dijo la camporista y enfatizó que se trata de “condiciones mucho más especiales de las que tienen los jueces, que ahí no hay tanto problema de cuestionar la equidad del sistema tributario”. 

En tanto, la diputada Graciela Ocaña (Pro) manifestó que “hay que discutir en serio el régimen previsional porque hoy tenemos jubilaciones de 44 mil pesos que con bono llegan a 50 mil pesos, pero que están muy lejos de la canasta básica para la tercera edad. Y eso es responsabilidad de todos”. “Más allá de regímenes o parches para un sector, que por supuesto tiene toda la justicia de reclamo y de poder acceder, lo cierto es que seguimos sin resolver el problema de fondo”, añadió. 

La palabra de brigadistas

Hacia el final del encuentro, cuando el ministro ya no estaba presente, les fue otorgada la palabra a los trabajadores. Orlando Báez, brigadista de Río Negro, alertó que “falta equipamiento, falta mayor cantidad de personal” y “los recursos están siendo invertidos en otro lugares y no en las brigadas”. 

Sobre el régimen previsional, aseguró que no lo piden “por un capricho, lo pedimos por una necesidad. Hay muchos trabajadores que hoy necesitan ir a sus hogares porque han dedicado su vida entera al combate de incendios forestales y la asistencia de los vecinos”. 

Nuevamente sobre los recursos, resaltó que “hay asistencia sí, pero me parece que está siendo mal canalizada porque los trabajadores no la están recibiendo”. 

Alberto Seufferheld, director del Servicio de Manejo del Fuego, señaló que este “es un trabajo que por ahí ahora comenzó a verse más en las redes, pero es un trabajo de muchos años” y “está considerado como uno de los trabajos más riesgosos que existen, porque hemos perdido compañeros y tenemos lesiones graves”. 

El proyecto

La iniciativa involucra a los trabajadores que se desempeñen o se hayan desempeñado como combatientes de incendios forestales o rurales en organismos nacionales o provinciales, cuyas cajas estén adheridas a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). De acuerdo con el personal activo en la actualidad, el universo potencial al que aspira la cobertura previsional es de 876 trabajadores: 496 brigadistas que dependen de Nación, entre personal del Servicio Nacional del Manejo del Fuego y de Parques Nacionales, y 380 brigadistas provinciales.

Tendrán derecho al beneficio del régimen diferencial los brigadistas varones a partir de los 57 años y las brigadistas mujeres a partir de los 50 años. Para acceder a la jubilación los beneficiarios tendrán que acreditar 25 años de servicios en unidades operativas de lucha contra incendios forestales o rurales de los cuales, al menos 15 años, tendrán que ser como combatientes en tareas de supresión en el terreno.

Además, el proyecto establece que el haber mensual de las jubilaciones será equivalente al 82% móvil de la remuneración mensual del cargo que tuviera asignado al momento del cese.

Cabe destacar que los servicios prestados con anterioridad al momento de la sanción de la ley serán válidos siempre que hayan sido brindados para el Estado nacional o provincial y retribuidos por estos. La autoridad de aplicación, que deberá llevar un registro de los trabajadores alcanzados, será la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

En la recta final del plazo para la firma de dictámenes dentro del período ordinario de sesiones, la Comisión de Seguridad Interior avanzará con la discusión del proyecto de ley de alcohol cero.

La reunión fue citada para este jueves a las 12. La comisión que comanda Ramiro Gutiérrez (FdT) es la segunda a la que tenía giro la iniciativa, que el pasado 12 de octubre se despachó en la Comisión de Transportes, luego de varias jornadas informativas y algunos encuentros postergados.

El texto busca modificar el artículo 48 de la Ley de Tránsito (24.449), la que actualmente contempla, para quienes conduzcan cualquier tipo de vehículo, una tolerancia de hasta 500 miligramos (0,5) de alcohol por litro de sangre.

El proyecto establece la prohibición de conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 0 miligramos por litro de sangre.

En la Comisión de Transportes se firmó además un dictamen de minoría, encabezado por la radical Jimena Latorre, el cual propone un endurecimiento de las penas siguiendo el modelo mendocino.

En el temario previsto para este miércoles en la sesión de la Cámara de Diputados está incluido el proyecto de ley de capacitación obligatoria de funcionarios públicos en prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes (Ley Lucio). Pero como le falta todavía tener dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la misma ha convocado a reunirse este martes a las 14 para tratar ese tema, entre otros.

Entre esos otros proyectos figura el referido a procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, el de reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios (Ley 26.835), que establece una capacitación obligatoria de la comunidad educativa, y el régimen para la detección, atención temprana y cobertura integral de la pubertad precoz, entre otros temas.

La ley nacida de un caso atroz

El proyecto para capacitar sobre la detección de violencia en niños tuvo dictamen en la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes el pasado 13 de octubre. Ese día se avanzó con el dictamen de una norma fue impulsada a raíz del asesinato de Lucio Dupuy, un niño de 5 años asesinado en La Pampa por su madre y la compañera de la misma.

El proyecto, denominado originalmente como “Ley Lucio”, no se llamará así pues los legisladores acordaron que la iniciativa no llevará el nombre del niño.

La información que venía manejándose se confirmó promediando la tarde de este viernes: la Cámara de Diputados tendrá una sesión especial esta semana. Más precisamente el miércoles, a partir del mediodía, para tratar una serie de proyectos consensuados con la oposición, que van desde el Registro Unico de Deudores Alimentarios, a la Convención de Belém do Pará.

La sesión fue solicitada por el presidente del bloque oficialista de la Cámara baja, Germán Martínez, y un grupo de diputados, para tratar un grupo de proyectos, muchos de los cuales fueron dictaminados en los últimos días y algunos incluso se prevé dictaminar en vísperas de la sesión. Es el caso del proyecto de ley que crea el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, comúnmente conocido como “Ley Lucio” -aunque se acordó que no llevará nombre-, y que tendrá dictamen de la comisión que le falta, Presupuesto y Hacienda, este martes.

Son once los proyectos que se tratarán este miércoles a partir de las 12, y en el temario figura el Certificado Unico de Discapacidad (CUD), como así también la modificación del Impuesto a las Ganancias destinado a profesionales, técnicos, auxiliares y personal operativo de los sistemas de salud. Se trata de una exención para las remuneraciones percibidas en concepto de guardias obligatorias.

El temario incluye la cesión de inmuebles efectuada por la provincia de Tucumán al Estado nacional, para integrar el Parque Nacional Aconquija; el Protocolo Modificatorio del Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, suscripto en la ciudad de Estrasburgo, Francia, el 10 de octubre de 2018. Aprobación de la adhesión al Fondo

Otro acuerdo que se espera sea avalado por los diputados es la adhesión al Fondo Multilateral de Inversiones III (FOMIN III), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Convenio Constitutivo y el Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones III (FOMIN III).

También se votará otorgarle jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores; como así también a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”.

Por último, se tratarán dos proyectos relacionados con el deporte: el que crea el Sistema Integral de Igualdad y Paridad de Género en el Deporte y una modificación sobre creación de un protocolo institucional ante situaciones de violencia de género y/o discriminación en asociaciones civiles deportivas.

En el marco del Día internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar establecido por la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), la Cámara de Diputados, que preside Cecilia Moreau, organizó un encuentro denominado “Desafíos actuales para la prevención del Buylling”.

El evento fue organizado por el Observatorio de Familias y Juventudes de la Nación y las instituciones más relevantes que luchan contra esta problemática tales como Equipo Antibullying Argentino, Vínculos sin Bullying, el Observatorio de la Convivencia Escolar, Hablemos de Bullying, Si nos reímos nos reímos todos y Comunidad Antibullying.

Sobre esta cuestión, el abogado Federico Cermelo, que dirige el Observatorio de Familias y Juventudes de la Nación, explicó que “buscamos sensibilizar desde la temprana edad en las escuelas para construir una ciudadanía con menos violencia y más tolerancia. El Buylling no es una acción de los chicos solamente, ya que los grandes deben intervenir para terminar con estos tratos violentos. Es por eso, que tratamos de concientizar a los legisladores para que aborden la problemática integralmente como a la comunidad educativa y a las familias en general, para no banalizar una violencia que tiene consecuencias graves para nuestras infancias y juventudes”.

Cabe destacar que el Observatorio de Familias y Juventudes desde hace tiempo había logrado reunir en el ámbito público estatal a las principales organizaciones del país que se especializan en Bullying y, como consecuencia de ello, avanzaron en un proceso de trabajo conjunto con la consolidación de una alianza que se anunciará a través de un documento fundacional para aunar fuerzas y experiencias referidas al abordaje de dicha problemática.

El evento, que se desarrolló en el Salón Delia Parodi, contó con la presencia de las legisladores Micaela Morán, Victoria Gorleri, Clara Vega, Victoria Huala y Marcela Passo; Gloria Zingoni, directora nacional de Escuelas Públicas de Gestión Privada del Ministerio de Educación; Martín Cagnola, director nacional de Relaciones con la Comunidad y Participación Ciudadana del Ministerio del Interior; Paula Trippichio, del Ministerio del Interior; María Elisa Padrones y Camila Dmitruk, de la Dirección de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud; Cristina Luciana Gómez, coordinadora de Políticas Educativas del INADI; Rodrigo Holmberg del Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE); Carla Pitiot, directora del BICE, secretaría de Industria y Desarrollo Productivo; Ezequiel Pérez, titular del Programa Argentina Futura de de Jefatura de Gabinete; Cecilia Clemencot asesora legal de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y Lucila Álvarez Blanco, enlace parlamentario ANDIS – Congreso.

Además, participaron la Comisión Papa Francisco Asociación Personal Legislativo (APL); Asociación Conciencia; Argentinos por la Educación; diferentes ONGs adherentes y un panel de expertos en esta problemática. A su vez, fueron invitados autoridades legislativas y personalidades educativas.

Fue transmitido en vivo por el Canal de YouTube de la Cámara de Diputados y estuvo destinado principalmente a las familias y a la comunidad educativa.

Con fuertes críticas a Juntos por el Cambio y, más precisamente, al presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, Ricardo Buryaile, diputados a favor del proyecto de la ley de humedales reclamaron no dilatar más el tema. Además, en el final de la reunión, Leonardo Grosso, titular de Recursos Naturales, informó que se convocará el próximo jueves 10 de noviembre a las 13 para emitir dictamen. 

Pese a que la Comisión de Agricultura y Ganadería desconoció, alegando cuestiones reglamentarias, el llamado a un plenario para este jueves, las comisiones de Recursos Naturales y Presupuesto y Hacienda llevaron adelante un encuentro en el que recibieron a invitados: estuvieron la ministra de Ambiente de Buenos Aires, Daniela Vilar, e intendentes de Santa Fe y Córdoba. Sin embargo, faltaron a la cita representantes de los gobiernos de Catamarca y La Rioja.

Tras escuchar a los expositores se pasó a una discusión entre los legisladores que giró en torno a la actitud que tuvo JxC al considerar que no se podía retomar un cuarto intermedio porque la reunión que había quedado suspendida el pasado 29 de septiembre, cuando los jefes de bloques pidieron postergar el debate para escuchar a gobernadores, había quedado caduca. 

En nombre de JxC, la radical Soledad Carrizo explicó “los argumentos reglamentarios que claramente no compartimos” para la reanudación del plenario, porque “entendemos que no todas las comisiones están citadas”. “Se pretende dar continuidad a una reunión de las tres comisiones que se inició hace 42 días” y ya “se cayó y se terminó”, consideró. Además, cuestionó el “agravante” de publicar en la página web que la reunión de este jueves era un plenario de las tres comisiones. 

“Desde nuestro bloque hay una voluntad de ordenar esta discusión para que tenga un curso cumplimentando el reglamento”, dijo la cordobesa, que recordó que desde su interbloque apoyaron el emplazamiento e incluso, de los 10 proyectos sobre protección de humedales, tres son de autoría de miembros de JxC. 

La opositora reclamó que desconocían “el tema de las citaciones a los gobernadores”, cuando “es importante tener la manifestación de los gobiernos provinciales”. “Sería muy importante transparentar y conocer cómo se ha procedido”, pidió. 

Inmediatamente después tomó la palabra el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, quien afirmó que iba a “transparentar todo” y comenzó recordando la nota que firmaron la mayoría de los presidentes de bloques para que se postergara la reunión del pasado 29 de septiembre, entendiendo que “ese día se nos iba a complicar tener un trámite que nos lleve a una resultante positiva”. “Asumimos una decisión no fácil”, admitió, y reveló que Leonardo Grosso “imagínense que no estaba de acuerdo con la decisión que yo tomé y lo discutimos intensamente”. Pero se tomó el compromiso de “retomar la continuidad del cuarto intermedio como corresponde”. 

En ese sentido, el santafesino explicó: “Si tomamos esa decisión, vulnerando las facultades que tienen las presidencias de las comisiones, como dijo la diputada Camaño (durante una cuestión de privilegio en sesión), después no le podemos negar a la presidencia cabecera que retome el cuarto intermedio. Por lo tanto, para mí esta reunión es absolutamente válida”. 

Al contar que “desde la semana pasada” está en diálogo con Ricardo Buryaile, Martínez dijo que el radical tenía “preocupación de si hoy íbamos a dictaminar, y yo siempre le dejé claro que hoy no íbamos a dictaminar”, algo que también le transmitió a los jefes de bloques de JxC, aseguró. “No le tengo miedo a los acuerdos políticos, a las negociaciones políticas, y lo hago en voz alta”, enfatizó.

Enfurecida con los miembros de JxC y Buryaile, la diputada Graciela Camaño apuntó que “es inaceptable la excusa del artículo 174” que se tomó por parte del interbloque para objetar el plenario, porque ese artículo se refiere al cuarto intermedio de las sesiones. “Este es el artículo que el presidente apropiador de la Comisión de Agricultura toma para decirnos que nosotros estamos incumpliendo”, lanzó. 

La legisladora de Identidad Bonaerense se quejó de que Buryaile “no es el dueño de la comisión; este es un cuerpo colegiado” y consideró que el radical “no solamente faltó el respeto, por no estar acá, sino también a todos los integrantes de la comisión a los cuales arbitrariamente no citó a esta reunión”. “La comisión debería verificar si está en condiciones de seguir presidiendo la comisión, porque se ha comportado como un patrón de estancia, olvidándose de que es elegido por el resto de los miembros de la comisión. Ejerce la presidencia para ordenar la comisión, no para hacer lo que se le cante”, exclamó. 

Luego dijo lamentar que “los colegas de JxC hayan abandonado la agenda ambiental” y analizó: “No le encuentro otra explicación de la que sea que ‘la unidad va por arriba de todo’; si hay un tema que los divide no lo tratan. Ahora, esto es una institución, esto tiene que seguir funcionando. Bajo ningún punto de vista podemos estar atados a una estrategia electoral de una facción política, porque es eso lo que está ocurriendo”. 

“Muchas posiciones que se toman se referencian en ‘vamos a hacer la contra porque es lo único que nos une’. La verdad dan lástima muchachos”, disparó, y defendió que “esta reunión, a pesar de la maniobra del presidente de la Comisión de Agricultura, está absolutamente legitimada por nuestro reglamento”. 

En el final, Camaño rogó tomar “en cuenta de que tenemos que terminar antes del 20 de noviembre para que no dejemos pasar un año más”, en alusión al último día en el que se puede dictaminar dentro del período ordinario de sesiones. 

Antes de seguir con la ronda de oradores, Grosso habló y pidió “ser sinceros entre nosotros y nosotras y dejar la guerra epistolar para tratar de dilatar una vez más la ley de humedales en el Congreso”. El oficialista recordó que el tema se debatió gracias a un emplazamiento, porque justamente en ocasiones anteriores “pasaba esto que vuelve a pasar ahora” sobre la dificultad para los plenarios. E incluso, el dictamen que sacó solamente la Comisión de Recursos Naturales el año pasado se firmó “el 20 de noviembre porque las presiones que había para que no lo hagamos eran enormes”. 

El diputado mencionó que el 22 de septiembre pasado, pese a la idea de emitir dictamen, se postergó porque Buryaile “era el único presidente de comisión que pedía más tiempo y accedimos a una semana más”. Pero en esos días, “los gobernadores del Norte Grande, desde Washington, comandados por Gerardo Morales, hicieron un comunicado, y a los pocos días se jactaban de haber suspendido la reunión”. 

Luego de confesar que “por supuesto” estuvo “en contra” de la decisión de los jefes de bloques de suspender la reunión del 29 de septiembre, Grosso detalló que a los gobernadores tanto opositores como oficialistas se los citó “en tres oportunidades vía nota”, los días 6 de octubre, 13 de octubre y 27 de octubre. 

“Hemos trabajado para alcanzar acuerdos incansablemente, y muchos diputados que son grandes detractores de esta ley de humedales lo saben”, señaló, para revelar luego que el día de la sesión por el Presupuesto le comunicó a Carlos Heller y Buryaile que se iba a convocar nuevamente al plenario, atento de que había invitados que querían participar. “No hay problema, yo no voy a ser obstáculo, convocá”, relató Grosso que le dijo el presidente de la Comisión de Agricultura. Sin embargo, “el domingo empieza el boicot epistolar”. 

El legislador aseveró que “están ganando tiempo para llegar al 20 de noviembre, no solo los diputados de JxC, sino también algunos gobiernos provinciales que no quieren que esta ley salga”. Pero remarcó: “Tenemos que avanzar en este debate y dejar de dilatar la ley de humedales”. 

En contra de ambos espacios mayoritarios, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman cuestionó el “espectáculo bochornoso”. “No se aguanta una ausencia más, una maniobra más”, dijo y se preguntó: “¿Cuántos negocios más quieren proteger? Porque a este ritmo, si se aprueba alguna vez una ley de humedales, no va a quedar planeta”. 

“Teníamos todo para avanzar” pero “se pusieron de acuerdo los dos bloques mayoritarios, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, dejando por fuera a los otros bloques, y decidieron dilatar la cuestión. Y ahora desde el Frente de Todos patalean y dicen ‘ay Juntos por el Cambio nos hace trampa’. ¿Y qué creían? ¿Para qué les pidieron tiempo? ¿Tan inocentes son?”, reprochó la bonaerense. 

Una de las pocas diputadas presentes por JxC, junto Carrizo y Danya Tavela, fue la porteña Dolores Martínez, quien a pesar de ser una especialista del reglamento, admitió: “Desde mi punto de vista el problema no es netamente reglamentario. El problema es político y como tal lo resuelve la política”. “Lo que está faltando hoy es la voz de los gobernadores, que han pedido venir a expresarse”, sostuvo y solicitó “intentar salir de esta situación” porque “tenemos muy poco tiempo”. 

Hacia el final del encuentro, el socialista Enrique Estévez, quien fue el protagonista del pedido de emplazamiento de las comisiones, manifestó: “Todo este proceso me termina dando bastante vergüenza. Me preocupa mucho por los humedales, pero sobre todo por todas las discusiones que por delante vamos a tener sobre el cuidado del ambiente”. 

“Hoy Juntos por el Cambio mostró la hilacha”, expresó y consideró que Buryaile “debería estar al menos acá dando la cara, dando su opinión”; pero recordó que “hace un mes atrás la hilacha la mostraron todos juntos”. Por eso, el santafesino interpretó que “no tiene que ver con que hay buenos y malos” sino que hay “un problema político de tener doble discurso, gritar relatos y buscar culpables”. 

Al cabo de la reunión de las comisiones de Legislación General; de Familias, Niñez y Juventudes, y de Justicia de la Cámara baja que debatió este miércoles la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios, el salteño Lucas Godoy, que encabezó el plenario, pidió a los diputados de su comisión no retirarse. La idea era que inmediatamente después de que se reordenaran pudieran iniciar la reunión de la Comisión de Legislación General.

Y así fue, pero la reunión se extendió no más de 5 minutos. Alcanzó para que se leyera el listado de proyectos que tenían a consideración y que pasarían a la firma, pues no había discursos ni objeciones.

De esta manera, pasaron a la firma las siguientes iniciativas: proyecto de ley por el cual se instituye el 31 de enero de cada año como Día de la Cantora nacional, en homenaje a Mercedes Sosa y su debut en el Festival de Folklore de Cosquín; transferencia gratuita a la Universidad nacional del Comahue, el inmueble propiedad del Estado nacional, ubicado en la calle Lavalle 571/3/5 – Planta Baja, pisos 1° y 2°, Unidad Funcional N° 3, Comuna 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También avanzaron proyectos para instituir el 16 de abril de cada año como Día nacional del Médico Endocrinólogo, en todo el territorio de la República Argentina; el 23 de septiembre de cada año como Día nacional de la Lengua de Señas, incorporación dentro de contenidos curriculares en el Nivel Inicial de Educación; el 13 de noviembre como Día del Navegante de Rally; el 16 de abril de cada año como Día nacional por el Derecho al Medicamento como bien social; y el 19 de agosto como Día de las Luchas de las personas en situación de calle.

Además, un proyecto para declarar a la ciudad de Amstrong, provincia de Santa Fe, como Capital nacional del Atletismo; y otro a la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, como Ciudad Cuna de la Organización Nacional.

Un plenario de las comisiones de Legislación General; Familias, Niñez y Juventudes; y Justicia de la Cámara de Diputados avanzó con la firma de un dictamen consensuado que propone la creación en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (ReNDAM). 

Dicho registro tendrá por objeto “la conformación de una base de datos unificada y dinámica de los/las deudores/as alimentarios/as morosos/as de todo el territorio nacional inscriptos/as en los registros jurisdiccionales”. 

A su vez, los registros de las distintas jurisdicciones deberán “notificar al ReNDAM toda alta, baja o modificación en el plazo establecido en el instrumento de adhesión, el cual no puede superar los cinco días hábiles de ocurrido el hecho que lo cause”. 

El proyecto plantea una serie de impedimentos para quienes estén inscriptos en este registro, de manera que distintas instituciones u organismos no les otorguen “la apertura de cuentas bancarias y otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito o débito; inscripciones o anotaciones en los registros de la propiedad inmueble nacional o de las jurisdicciones locales; otorgamiento o adjudicación, a título oneroso, de viviendas sociales o cesión de los derechos emanados de las mismas; expedición o renovación de pasaporte; y solicitud de licencia para conducir o su renovación”, entre otros. 

También, en la iniciativa que consta de 20 artículos, se prevé que las personas inscriptas en el ReNDAM no podrán ingresar, en carácter de espectadores/as, a eventos y torneos deportivos masivos, ni a casinos o casas de juego. 

El texto se elaboró en base a proyectos que presentaron Cecilia Moreau -presidenta de la Cámara-, Julio Cobos, Roxana Reyes, Paula Oliveto, Carla Carrizo, Jimena López y el exdiputado Marcelo Koening. 

Durante el debate, la diputada Carolina Yutrovic (FdT) sostuvo que este tema “es una deuda que tenemos con las infancias y las adolescencias de nuestro país”, que debe analizarse sobre “un concepto profundo de convertirnos en una mejor sociedad, en una sociedad del cuidado”. “Tenemos un alto índice de deudores alimentarios que aún con sentencias, con acuerdos homologados, incumplen el pago de la cuota alimentaria y le niegan a hijos e hijas el desarrollo integral”, continuó. 

La fueguina señaló que este incumplimiento es “una de las formas de violencia económica contra las mujeres”, mientras que resaltó que con este registro “los jueces van a tener un marco para poder hacer efectivas sus medidas judiciales”, al tiempo que se busca “generar una conciencia amplia en todo el país” sobre “la efectividad” que tuvieron los registros provinciales. 

En su intervención, la legisladora detalló que “según estudios en la provincia de Buenos Aires dicen que el 66% de las madres no recibe ningún aporte económico por parte de los progenitores”. En tanto, “un informe de CIPPEC señala que el 78% de las mujeres de entre 35 y 45 años convive al menos con un hijo; el 97% de esos chicos conviven con sus madres; y 3 de cada 10 mujeres que no conviven con el padre de sus hijos son las más afectadas”, indicó. 

Yutrovic añadió que “esto no le pasa solo a las personas de menores ingresos, donde la gravedad es mayor”, sino que “es un problema que atraviesa a todas las clases sociales”. 

Por su parte, el diputado Julio Cobos (UCR) enfatizó que “más que un flagelo es un delito incumplir con la cuota alimentaria, porque estamos afectando generalmente a la mujer, hay algunas excepciones donde es el hombre”, pero sobre todo “se afectan los derechos del niño”.

El radical celebró que “se logró enriquecer el proyecto”. “Sé que todavía quedan algunas dudas, bienvenidas todas las sugerencias”, dijo, pero insistió: “Los asesores llevan hace más de dos meses la discusión para la integración de los proyectos”. Por eso, pidió a sus pares “que acompañen aunque sea con alguna disidencia” y “en el trayecto a la sesión logremos acordar definitivamente el proyecto”. 

Uno de los que señaló diferencias con algunos puntos de la redacción fue el diputado Pablo Tonelli (Pro), quien consideró que este registro “debería ser algo parecido a una base de datos o a un buzón al que llegue la información de las provincias” y “no crear un organismo nuevo, sino algo muy mínimo que funcione online” para que “las altas, las bajas y las modificaciones las decidan los jueces en las provincias”. 

“La obligación de consultar si determinada persona figura o no en el Registro de Deudores Alimentarios es del organismo, el ente o la entidad a la que esa persona se dirige a hacer un trámite. Tiene que estar bien claro que no le podemos imponer a todos los habitantes la obligación de tramitar  un certificado de no deudor”, reclamó, al tiempo que observó que no se prevén sanciones para los organismos o entidades que no consultan al registro antes de otorgar las distintas solicitudes.  

A su turno, la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) opinó que “lo que estamos haciendo es correcto”. “De lo que estamos hablando es de cómo hacemos en un país con una economía tan informal para hacer que el deudor cumpla la sentencia”, expresó y defendió que se trata de “una ley interesante, relajada, que no tiene ninguna cuestión que uno pueda tildar de inconstitucional”. “El proyecto no dice que nadie tenga que ir a buscar un certificado a ningún lado”, aclaró. 

La diputada Paula Oliveto (CC-ARI) rescató que “todos los autores cedieron para poder construir un consenso”. “Si tenemos que seguir hablando para seguir modificando cosas” de modo que la Cámara de Diputados establezca que “no va a tolerar en su legislación que una persona cometa el delito y el horror de dejar a un niño sin su alimento, seguiremos trabajando para llegar al recinto con el mayor consenso posible”, subrayó. Y agregó: “La señal tiene que ser de manera contundente y clara de que nos estamos ocupando de esto en un momento en el que más del 50% de niños y adolescentes tienen necesidades”. 

Otra legisladora que objetó aspectos del texto fue Paula Omodeo (CREO), quien señaló que “algunos incisos podrían ser problemáticos a la hora de generar una fuente de trabajo al deudor para que después pueda cumplir”, como por ejemplo el que plantea impedimentos para “la habilitación para la apertura de comercio o industria”. 

“Un padre o una madre debe porque no tiene trabajo, quiere abrir un pequeño almacén o algún comercio para poder pagar esa deuda alimentaria y no puede obtener la habilitación”, argumentó la tucumana, que sumó: “Hay que pensar muy bien que podemos tener muy buenas intenciones pero después podemos generar verdaderos problemas”. 

En la recta final de la reunión, la diputada Carla Carrizo (Evolución Radical) anticipó que buscará cambiar cosas de la redacción que tiene “un sesgo adulto-céntrico” y “recién en el artículo 15” nombra a los niños. “La primera concientización es nombrarlo, no solo sufren las mujeres, sufren los niños”, sostuvo. 

La porteña afirmó que con este registro nacional “no estamos innovando en nada, en todas las democracias del mundo tienen mecanismos” de este tipo, es decir que “llegamos tarde, no es que llegamos rápido”. También pidió no tener “ningún temor, porque no hay ningún derecho vulnerado”. Acá lo que queremos hacer costoso es violar el derecho a la alimentación de un niño, es muy distinto que prohibir”. 

“No hay ninguna tensión constitucional”, aseguró y explicó que el proyecto no pasó por la Comisión de Presupuesto “porque no pedimos dinero, no creamos ninguna burocracia”. “El Ministerio de Justicia tendrá que reasignar partidas y crear esta función, no es un organismo”, aclaró. 

Presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, Roxana Reyes (UCR), manifestó que “sin dudas el interés superior protegido es el de niños, niñas y adolescentes y es lo que nosotros estamos buscando”. “Cualquier decisión garantista del deudor alimentario debe ser suprimida de este proyecto. Creo que nosotros no debemos proteger al que debe”, sentenció la santacruceña. 

La Cámara de Diputados entregó la Mención de Honor “Juan Bautista Alberdi”, al periodista José Ignacio López, impulsada por el diputado nacional, Mario Negri (UCR). En el evento también estuvo presente la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau, quien, junto a la familia del homenajeado, realizó la entrega de la placa de reconocimiento.

En ese sentido, la presidenta de la Cámara expresó: “Nacho fue la voz de la democracia en un momento donde teníamos la capacidad de escucharnos, la oportunidad de debatir política sin caer en los personalismos y de dejar de lado las diferencias para poner por encima de todo la bandera celeste y blanca”.

Por su parte, José Ignacio López expresó: “Hay un tiempo para cada cosa. Este es un tiempo de decir gracias. Le doy gracias a Dios por la vida y por el tiempo y el lugar donde nací”. Luego, añadió: “Gracias Cecilia por haberme regalado que mi familia me entregue este reconocimiento, sin ellos no hubiera vivido como viví”.

En tanto, el diputado Mario Negri destacó la labor de José Ignacio López y manifestó: “Cuando propuse a Nacho para la Mención de Honor lo hice con la convicción de que su trayectoria era merecedora de esta distinción. Lo hice, además, pensando en el particular momento que vivimos camino a los 40 años de la democracia a los que se dirige nuestro país”.

Asimismo, agregó que “Nacho, que mostró su coraje durante épocas difíciles de la dictadura, demostró lealtad con el presidente Alfonsín y con la democracia, con su profesión y con sus convicciones. Te damos hoy las gracias por tu trayectoria, por tu ejemplo, por ser guía para las demás generaciones”.

“Hago extensivo este reconocimiento a todos los periodistas independientes que han asumido con valentía ese oficio, al que Gabriel García Márquez concibió afirmando sobre valores éticos. Todos recordamos en particular la definición cuando decía que la ética no es una condición ocasional, sino que debe acompañar siempre al periodismo como el zumbido del moscardón”, agregó Negri.

José Ignacio López es un reconocido periodista; fue vocero presidencial con rango de secretario de Estado de Raúl Alfonsín durante todo su mandato (1983- 1989). Nació en Buenos Aires en 1936. Es egresado del Instituto Grafotécnico. Entre 1961 y 1975 se desempeñó en el diario La Nación, donde llegó a ser prosecretario de Redacción.

Fue secretario de redacción y columnista de temas económicos, políticos y religiosos de La Opinión, funciones que también tuvo en las agencias Noticias Argentinas (NA), y Diarios y Noticias (DyN).

Colaborador permanente del diario Clarín entre 1977 y 1983, redactó la columna religiosa en ese matutino y el comentario político del semanario El Economista. Conductor y comentarista radial y televisivo, fue gerente de noticias en Radio América y en Radio del Plata; jefe de redacción del vespertino Extra, integrante del equipo periodístico que creó Cablevisión Noticias, y, de regreso en La Nación, columnista religioso y editor de la Red de Diarios del Interior.

También estuvieron presentes los diputados nacionales de la UCR Karina Banfi, Soledad Carrizo, Julio Cobos, Lidia Ascarate, Miguel Bazze, Ricardo Buryaile, Sebastián Salvador y Víctor Hugo Romero; los diputados (MC) Ricardo Gil Laavedra y Daniel Salvador; autoridades eclesiásticas; senadores nacionales; ex funcionarios del gabinete de Ricardo Alfonsín; diversas personalidades del periodismo argentino, entre ellos Carlos Campolongo, Julio Bazán, Mónica Gutiérrez, Fernando Bravo; el exdecretario Parlamentario de la HCDN Eugenio Inchausti; autoridades de la Cámara; familiares y amigos; entre otros.

La “Mención de Honor Diputado Juan Bautista Alberdi”, constituye el máximo galardón que otorga la Cámara de Diputados de la Nación a aquellas personas físicas y/o jurídicas que se destaquen por sus acciones culturales, científicas, políticas, humanísticas, o por aportes que, en general, realcen los valores democráticos y republicanos.

La Comisión de Discapacidad de Diputados, a cargo del diputado Luis Di Giacomo (JSRN), se reunirá este jueves a las 10 en la Sala 2 del Anexo de la Cámara baja para tratar un conjunto de proyectos, entre ellos el que busca reconocer como Idioma Viso Gestual en todo el territorio nacional a la Lengua de Señas Argentina (LSA).

Además, el temario incluye una iniciativa para adoptar el símbolo internacional de Accesibilidad Universal, diseñado por Naciones Unidas en 2015.

Actualmente, el símbolo utilizado en los lugares accesibles para personas con discapacidad es el contemplado en la norma IRAM 3722, fue aprobado en 1991 y simula una persona en silla de ruedas.

La nueva imagen consiste en una figura humana con los brazos abiertos, simbolizando la inclusión para las personas sin distinción de sus capacidades.

Otro proyecto a tratar será el que busca crear el “Programa Argentina Inclusiva”, para la formación permanente de los empleados y funcionarios públicos en el trato adecuado a personas con discapacidad.

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, presidida por la oficialista Blanca Osuna, se reunirá este martes a las 15 para debatir sobre un conjunto de proyectos relacionados a la inclusión digital, las becas progresar y la evaluación integral.

Una de las iniciativas del temario, presentada por Lucila Masin (FdT), tiene como finalidad “garantizar la efectiva inclusión digital educativa de todos los/as estudiantes, alumnos/as y los/as docentes de las instituciones educativas de gestión estatal, social y cooperativa de los niveles inicial, primario, secundario, de los Institutos Universitarios e Institutos de Educación Superior, de todas las modalidades y asegurar el derecho al acceso a la educación no presencial en los términos previstos del artículo 109 de la Ley N° 26.206 de Educación Nacional”.

Además, prevé la creación en el ámbito del Ministerio de Educación de una Estrategia Nacional de Inclusión Digital Educativa (ENIDE); y un Fondo Nacional para la Inclusión Digital Educativa “que será financiado con un monto anual que no podrá ser inferior 0,35% del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público Nacional, que se computarán en forma adicional a los recursos que el Ministerio de Educación tiene asignados a otros programas de inversión en escuelas”.

En el mismo sentido, hay un proyecto del diputado Tomás Ledesma (FdT), que habla de “justicia digital educativa”; y de la legisladora Victoria Morales Gorleri (Pro), sobre un Plan Federal de Conectividad.

Entre los temas se incluyen distintos proyectos que buscan jerarquizar como ley las becas Progresar; y otros vinculados a la evaluación educativa integral, presentados a través de diferentes iniciativas por Maximiliano Ferraro (CC-ARI), Sabrina Ajmechet (Pro) y Mara Brawer (FdT).

También se tratará un proyecto de Osuna que propone la creación de una “Agencia Federal de Conectar Igualdad” como “organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Educación, con autarquía económica financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y privado”.

Además de proyectos de resolución y declaración se avanzará con un proyecto de ley para declarar “cuna del magisterio argentino” a la Escuela Normal José María Torres de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, primera Escuela Normal Nacional de formación docente en la República Argentina, que ya cuenta con media sanción del Senado.

Este martes 1 noviembre, a partir de las 17.30, se llevará a cabo el acto de entrega de la Mención de Honor Diputado Nacional Dr. Juan Bautista Alberdi a José Ignacio López. El evento se llevará a cabo en el Salón de Pasos Perdidos del Palacio Legislativo ubicado en Av. Rivadavia 1864 de la Ciudad de Buenos Aires.

El reconocimiento surge como iniciativa del diputado nacional Mario Negri (UCR-Córdoba) y será entregado conjuntamente con la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau.

José Ignacio López es un destacado periodista, quien fue vocero presidencial con rango de secretario de Estado de Raúl Alfonsín durante todo su mandato (1983- 1989).

Nació en Buenos Aires en 1936. Es egresado del Instituto Grafotécnico. Entre 1961 y 1975 se desempeñó en el diario La Nación, donde llegó a ser prosecretario de Redacción.

Más tarde, fue secretario de redacción y columnista de temas económicos, políticos y religiosos de La Opinión, funciones que también tuvo en las agencias Noticias Argentinas (NA) y Diarios y Noticias (DyN).

Colaborador permanente del diario Clarín entre 1977 y 1983, redactó la columna religiosa en ese matutino y el comentario político del semanario El Economista. Conductor y comentarista radial y televisivo, fue gerente de noticias en Radio América y en Radio del Plata; jefe de redacción del vespertino Extra, integrante del equipo periodístico que creó Cablevisión Noticias y, de regreso en La Nación, columnista religioso y editor de la Red de Diarios del Interior.

Durante los años difíciles de la crisis del 2001, López formó parte del Diálogo Argentino, convirtiéndose en parte de un intento de puente entre la sociedad y la clase política.

La “Mención de Honor Diputado Juan Bautista Alberdi”, constituye el máximo galardón que otorga la Cámara de Diputados de la Nación a aquellas personas físicas y/o jurídicas que se destaquen por sus acciones culturales, científicas, políticas, humanísticas, o por aportes que realcen los valores democráticos y republicanos.

Impulsada por el diputado nacional Eduardo Toniolli y por un amplio espacio de asociaciones del sector de la educación, se presentó en la Cámara baja un proyecto de ley de Experiencias Educativas de Gestión Social, Cooperativa y Comunitaria. 

La iniciativa busca el reconocimiento de un formato de gestión educativa que, a pesar de alcanzar a los distintos niveles del sistema, y contar con un amplio desarrollo territorial, no tiene un marco normativo que la regule. 

”La ley de Educación Nacional establece que el sistema educativo está integrado por la gestión estatal, la privada, y la cooperativa y social, pero para estas últimas no detalla el tipo de experiencias ni de sujetos que contempla”, explicó Toniolli y sostuvo: “Lo que apuntamos es a definir, caracterizar y regular estas experiencias, y reconocer la colaboración que prestan muchas organizaciones de la sociedad civil a la hora de garantizar el acceso al derecho a la educación de muchos compatriotas”. 

“Ahí donde el Estado no llegó -o alguna vez estuvo y se retiró-, y a los privados no les interesó prestar un servicio, nuestra comunidad fue ensayando distintas respuestas para resolver sus necesidades educativas. Esta iniciativa se propone reconocer esas experiencias, colaborar con su financiamiento, y -en última instancia- promover un trabajo de mayor articulación con los distintos niveles del Estado”, señaló el diputado santafesino, y agregó: “Hoy cada provincia regula a su manera las escuelas e institutos de gestión social, e incluso en muchos casos ni siquiera los contempla. Es lo que queremos modificar: buscamos establecer criterios básicos comunes para que estas experiencias se integren al sistema educativo nacional”. 

Para Natalia Peluso, directora de Experiencias de Educación Cooperativa y Comunitaria del Ministerio de Educación de la Nación, el proyecto “es el resultado de muchos años de trabajo de un enorme colectivo de federaciones, asociaciones, cooperativas y organizaciones que hacen escuela y educan con muchísimo compromiso en toda la Argentina”. 

En ese sentido, Juan Giménez, presidente de la Federación de Cooperativas de Enseñanza de Buenos Aires, consideró que la iniciativa “recupera mucho de lo caminado por los diferentes colectivos y logra sintetizar y dar cuenta delo común que identifica a estas experiencias territoriales, con una fuerza democratizadora en las relaciones que en ella se construyen y con un proyecto político, pedagógico y social que parte de pensarse dentro de una economía social, solidaria y popular”. 

A su turno, Mariana Gadea, presidenta del Colectivo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, afirmó que “la gestión comunitaria se presenta como una realidad que se consolida, no sólo porque en distintos momentos de la historia han dado respuesta a la ausencia o falta de presencia del Estado, sino también porque al ser construida en comunidad, el sentido de pertenencia y la identidad social y comunitaria es un modelo educativo que vino para quedarse”, y brindó algunos números elocuentes: “Sólo en la provincia de Buenos Aires, podemos dar cuenta de más de 600 instituciones educativas de gestión social y comunitaria en el nivel inicial, que garantizan la inserción de salas de 4 y 5 del sistema educativo de más de 60 mil niños y niñas”. 

El texto presentado en el Congreso crea la figura de Experiencias Educativas de Gestión Social, Cooperativa y Comunitaria (EEGSCyC), y abarca todo establecimiento educativo que sea gestionado por asociaciones civiles, cooperativas, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, organizaciones campesinas, pueblos originarios, y organizaciones barriales y comunitarias, y que funcione en forma pública y abierta. Generalmente este tipo de experiencias cumplen una función social, y actúan en asociatividad y complementariedad con el Estado, participando de las políticas y programas educativos orientados a garantizar la igualdad de derechos y el acceso a los mismos.  

Además de organizaciones del sector y funcionarios de distintos niveles del Estado, acompañaron la presentación las diputadas Blanca Osuna (presidenta de la Comisión de Educación de la cámara baja) y Natalia Zaracho, y los diputados Guillermo Carnaghi y Eduardo Fernández, todos co-impulsores de la iniciativa, que ya cuenta con una veintena de firmas de legisladores nacionales. 

No es lo mismo lograr la aprobación de un Presupuesto “con lo justo”, que conseguir una amplia mayoría. Esta era la premisa a obtener por quien hasta hace casi tres meses estaba precisamente al frente de la Cámara de Diputados.

Conocedor entonces de esta consigna, Sergio Massa se propuso al promover el tratamiento de la ley de leyes obtener un fuerte respaldo que se tradujera en una amplia aprobación en ambas cámaras. Sobre todo en la que mejor conoce y mayor vidriera proporciona, dadas las circunstancias.

El resultado de 180 votos positivos registrado a las 5.12 de la madrugada del miércoles justificaba la amplia sonrisa que el ministro de Economía -presente en el recinto- exhibió una vez aprobado en general el Presupuesto 2023. Que más tarde cayeran, producto de la votación en particular, algunos artículos, es un dato accesorio y en definitiva menor.

Sobre todo si se tiene en cuenta que el proyecto de presupuesto tenía como antecedente inmediato el rechazo registrado el año pasado. No fue la primera vez que un Gobierno se quedó sin presupuesto, pero sí la primera en que la oposición se lo rechazó.

Así las cosas, la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, acordó en septiembre pasado con los jefes de todos los bloques un cronograma para el tratamiento que permitió un debate que no había tenido ningún presupuesto de la actual gestión.

Lo cierto es que fundamentalmente el apoyo de los radicales en sus dos vertientes le permitió al oficialismo exhibir un resultado inédito en al menos dos décadas: el primer presupuesto elaborado por Sergio Massa contó con un respaldo récord para los últimos 20 años.

En efecto, según un análisis realizado por parlamentario.com, el número mayor alcanzado para la media sanción de un presupuesto en la Cámara baja era hasta ahora, desde 2003 a la fecha, la del Presupuesto 2017, aprobado el 3 de noviembre de 2016 durante la gestión Cambiemos, que consiguió 177 votos a favor, 58 en contra y 4 abstenciones.

El número alcanzado poco después de las 5 de la mañana de este miércoles 26 de octubre de 2022 de 180 votos afirmativos, 22 negativos y 48 abstenciones, superó ese registro.

El anterior presupuesto aprobado durante la gestión de Alberto Fernández fue el de 2021, que tuvo media sanción el 17 de diciembre de 2021 con 139 votos afirmativos, 15 negativos y 90 abstenciones.

Ese había sido hasta ahora el único proyecto que le habían aprobado a la actual gestión, pues no hubo Presupuesto 2020.

Pasando a la gestión Cambiemos, el Presupuesto 2019 fue aprobado el 25 de octubre de 2018 con 138 afirmativos, 103 negativos y 8 abstenciones; mientras que el Presupuesto 2018 tuvo media sanción en Diputados el 22 de diciembre de 2017, por 165 afirmativos, 64 negativos y una abstención.

El primer presupuesto aprobado durante la gestión de Mauricio Macri fue el de 2017, que salió el 3 de noviembre de 2016 y, como dijimos, era hasta ahora el que más votos a favor había tenido: 177, afirmativos, 58 negativos y 4 abstenciones.

El anterior fue el Presupuesto 2016, que en realidad aprobó la gestión de Axel Kicillof durante el último año de Cristina Kirchner, y salió el 8 de octubre de 2015 con 137 afirmativos, 80 negativos, 1 abstención.

El Presupuesto 2015 fue aprobado el 9 de octubre de 2014, con 133 votos a favor y 112 en contra; en tanto que el de 2014 tuvo media sanción el 26 de septiembre de 2013, con 134 votos afirmativos y 113 negativos.

El Presupuesto 2013 salió el 11 de octubre del año anterior, con 142 votos a favor y 87 en contra; mientras que el de 2012 se votó el 14 de diciembre de 2011 y resultó aprobado con 141 votos afirmativos y 103 netativos.

En 2011 no hubo presupuesto, mientras que el de 2010 consiguió media sanción el 15 de octubre de 2009, con 136 votos a favor y 88 en contra.

Siguiendo con nuestro racconto, el Presupuesto 2009 se alcanzó el 16 de octubre de 2008, con 149 votos a favor y 87 votos en contra; mientras que el Presupuesto 2008 salió el 22 de noviembre de 2007, con 123 votos a favor y 62 en contra.

El Presupuesto 2007 se alcanzó el 23 de noviembre del año anterior y tuvo 143 votos a favor, 77 en contra y 6 abstenciones; mientras que el de 2006 se votó el 16 de diciembre de 2005, consiguiendo 162 votos a favor, 53 en contra y 3 abstenciones.

Tiempos de Néstor Kirchner, el presupuesto 2005 se votó el 4 de noviembre de 2004, y tuvo 146 votos a favor y 118 en contra, en tanto que el de 2004, votado el 13 de noviembre de 2003, consiguió 90 votos a favor y 74 en contra.

Cerramos este racconto con el Presupuesto 2003, que consiguió 107 votos a favor y 61 en contra.

Ranking de votos

1°) Presupuesto 2023: 180 afirmativos, 22 negativos, 48 abstenciones.

2°) Presupuesto 2017: 177, afirmativos, 58 negativos, 4 abstenciones.

3°) Presupuesto 2018: 165 afirmativos, 64 negativos, 1 abstención.

4°) Presupuesto 2006: 162 afirmativos, 53 negativos, 3 abstenciones

5°) Presupuesto 2009: 149 afirmativos, 87 negativos.

6°) Presupuesto 2005: 146 afirmativos, 118 negativos.

7°) Presupuesto 2007: 143 afirmativos, 77 negativos, 6 abstenciones.

8°) Presupuesto 2013: 142 afirmativos, 87 negativos.     

9°) Presupuesto 2012: 141 afirmativos, 103 negativos.

10°) Presupuesto 2021: 139 afirmativos, 15 negativos, 90 abstenciones.

11°) Presupuesto 2019: 138 afirmativos, 103 negativos, 8 abstenciones.

12°) Presupuesto 2016: 137 afirmativos, 80 negativos, 1 abstención.

13°) Presupuesto 2010: 136 afirmativos, 88 negativos.

14°) Presupuesto 2014: 134 afirmativos a 113 negativos.

15°) Presupuesto 2015: 133 afirmativos, 112, 0 abstenciones.

16°) Presupuesto 2008: 123 afirmativos, 62 negativos.

17°) Presupuesto 2022: 121 afirmativos, 132 negativos, 1 abstención.

18°) Presupuesto 2003: 107 afirmativos, 61 negativos.

19°) Presupuesto 2004: 90 afirmativos, 74 negativos.

El oficialismo consiguió este miércoles por la mañana dar media sanción al proyecto de Presupuesto 2023, en una votación en general que resultó con 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones. 

Al Frente de Todos lo acompañaron sus habituales aliados del interbloque Provincias Unidas (4). Además, votaron positivamente el interbloque Federal (8); el bloque SER (2); y el neuquino Rolando Figueroa.

Desde el interbloque Juntos por el Cambio, apoyaron la iniciativa para garantizar su aprobación los 33 diputados del bloque UCR; los 12 legisladores de Evolución Radical; los 4 de Encuentro Federal; y el monobloquista salteño Carlos Zapata, de Ahora Patria. 

Además hubo un diputado del Pro que se diferenció del resto de su bancada y votó a favor: el rionegrino Aníbal Tortoriello. 

Las 49 abstenciones vinieron desde JxC y fueron las del bloque Pro; los sanjuaninos de Producción y Trabajo Marcelo Orrego y Susana Laciar; y Claudio Poggi, de Avanzar San Luis. 

Por su parte, desde el principal interbloque opositor, votaron en contra los diputados de la Coalición Cívica; el porteño Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos); la tucumana Paula Omodeo (CREO); y la macrista Graciela Ocaña. 

También rechazaron el Presupuesto los cuatro diputados liberales, Javier Milei, Victoria Villarruel (La Libertad Avanza); José Luis Espert y Carolina Píparo (Avanza Libertad); y los cuatro legisladores del Frente de Izquierda: Myriam Bregman, Nicolás Del Caño, Alejandro Vilca y Romina Del Plá. 

Entre los ausentes estuvieron Alberto Asseff y Gustavos Santos, por el Pro; y Paola Vessvessian, Verónica Lía Caliva y Juan Carlos Alderete, por el Frente de Todos. Este último, líder de la Corriente Clasista y Combativa -sector que integra también Caliva- había manifestado en la previa la disconformidad que tenía con el proyecto. 

Los fondos destinados a la educación fueron motivo de discusión tanto antes de la sesión como durante el debate maratónico por el Presupuesto 2023, que comenzó este martes y concluyó este miércoles minutos después de las 9 de la mañana. 

Fue precisamente en la última hora que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, planteó: “A pedido de nuestro bloque y en consonancia con lo que el diputado (Hugo) Yasky manifestó en el debate en general, pedimos incorporar un nuevo artículo para que se faculte al jefe de Gabinete a realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes a efectos de alcanzar en materia educativa un monto no inferior al equivalente al 1,33% del PBI”. “Es una garantía que le estamos dando al conjunto de la sociedad de que los gastos en educación no van  a ser menor a ese nivel”, sostuvo. 

“¿Cuánto significaría eso en millones y millones de pesos? ¿Esa resignación de dónde la va a sacar?”, consultó el jefe del Pro, Cristian Ritondo, a lo que el presidente de la bancada oficialista, Germán Martínez, respondió que “esto no es una cuestión de imaginación; cuando uno establece un porcentaje respecto al producto depende el monto de la partida del valor del producto”. Y puso como ejemplo lo que se hizo con ciencia y tecnología, por ejemplo. 

Pero la propuesta comenzó a generar revuelo dentro del recinto. En ese sentido, la diputada del Pro Silvia Lospennato observó: “No entendemos la propuesta porque es absolutamente irregular”. Mientras que, indignada, la legisladora de la Coalición Cívica Mónica Frade pedía que se trate en comisión.  

Luego tomó la palabra Yasky, quien con gráfico en mano, mostró la evolución del gasto educativo en los últimos años y señaló que “en el año 2022 se invirtió 1,28%”. Entonces, reveló que hubo “una reunión de CTERA con el ministro de Economía (Sergio Massa) y el de Educación (Jaime Perczyk)” en la cual “se acordó introducir en el Presupuesto el compromiso de llegar, mínimo, al 1,33%” para “poder cumplir con las obligaciones mínimas”. Y solicitó que se haga una votación nominal del nuevo artículo “para que quede claro, después de todo lo que se dijo, quiénes son los que quieren que el gasto educativo crezca y quiénes son los que no quieren”. 

Desde el Frente de Izquierda, la diputada Romina Del Plá cuestionó que se busque “resolver cuestiones importantes en el último segundo”, lo que “fuerza y confunde algunas cuestiones”. “Por supuesto que estamos a favor de que se aumente el presupuesto educativo, aunque sea insuficiente en relación al monto que debería tener”, dijo, pero advirtió que “el problema” tenía que ver con que “se tiene que aclarar de dónde no se va a sacar el dinero”. “Si se saca de los servicios de deuda, no tenemos ningún inconveniente, lo votamos con las dos manos”, enfatizó, pero rechazó que se vayan a reasignar partidas a partir de afectar recursos “de ANSeS, de seguridad social, de vivienda o de salud”.

A su turno, la presidenta de la Comisión de Educación, la oficialista Blanca Osuna, recordó la Ley de Financiamiento Educativo (26.075) que se aprobó en 2006. “Era y es una ley convenio; hay una proporción que es la que nosotros estamos definiendo que compromete a la Nación, y hay otra que compromete a las provincias, que forma parte de los presupuestos provinciales”, explicó y agregó que “la meta (en la norma) era el 6% de inversión consolidada”. 

En esa ocasión, “estamos ratificando un piso de inversión en proporción al PBI, donde está faltando, obviamente, lo que van a invertir las provincias. Esa tarea se hace en el Consejo Federal de Educación”, apuntó la entrerriana, que opinó que “la Argentina necesita hoy una nueva Ley de Financiamiento Educativo” ya que desde 2010 en adelante siempre “hubo un artículo donde se definía un porcentaje en relación al PBI” para esta partida. Y se mostró a favor de votar el nuevo artículo “porque es lo que nos asegura que la educación tenga la inversión que se merece”. 

El clima comenzó a exasperarse y la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, pidió una reunión de jefes de bloques para “ordenar” la lista de oradores. Como no tuvo éxito amagó con poner a votación la propuesta, pero los ánimos se caldearon más e incluso los diputados del bloque Pro se pararon de sus bancas. 

En medio de gritos cruzados, pudo hablar el radical Miguel Bazze, que arrancó: “Por supuesto que estamos de acuerdo, desde nuestro interbloque venimos reclamando que la inversión presupuestada es poca. Obviamente estamos totalmente de acuerdo en que es muy conveniente garantizarle un piso en el Presupuesto a la educación”. Pero alertó que “cuando se incluyen artículos de esta naturaleza a esta hora faltan precisiones” como planteó Del Plá, sobre “de dónde se sacan estos recursos”. 

Vicepresidente de la Comisión de Educación, el macrista Alejandro Finocchiaro, expresó: “Estamos a favor, los educadores siempre queremos más plata para educar”. No obstante, opinó que “esto se parece mucho, a esta hora de la mañana, a tratar de evitar que los medios salgan a decir que este es un presupuesto a la baja, eso es lo que se está buscando”. 

Después que Heller volviera a explicar la propuesta, el diputado del Pro Álvaro Gónzalez pidió cerrar la discusión. “Llevamos 21 o 22 horas en este recinto. La gente en el día de ayer se fue a trabajar, volvió y nos vio sentados acá. Se levantó esta mañana y nos sigue viendo acá. Y con este espectáculo que estamos dando me parece que no le hacemos ningún bien a esta institución”, remarcó, para recordarle luego a sus pares que “hay un manual legislativo ‘el oficialismo viene y se lleva la ley, la oposición viene y hace los discursos’. Ya está. Terminemos, demos por cerrado el debate, votemos por sí o por no y continuemos”. Y, así las cosas, se votó de a mano alzada, resultando positivo, pero no quedando registro nominal. 

En el tramo final de una extensa sesión en la Cámara de Diputados, durante la votación en particular del Presupuesto 2023, se cayeron los artículos 100 y 101 del proyecto, que buscaban establecer que jueces, fiscales y empleados del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias, independientemente de la fecha de su nombramiento. 

Sin los apoyos necesarios, el Frente de Todos vio naufragar su intención, la cual mantuvo durante toda la jornada, incluso cuando circularon versiones desde la oposición de que podía existir un “compromiso” para votar una ley aparte. Pero no fue así. 

Así las cosas, cerca de las 7 de la mañana de este miércoles, el artículo 100, que incorporaba a todos los funcionarios y trabajadores del Poder Judicial a la tributación de Ganancias, resultó rechazado con 116 votos a favor, 134 en contra y 0 abstenciones. En tanto, el artículo 101, que incluía a los jubilados de este sector, también fracasó con 121 votos afirmativos, 129 negativos y 0 abstenciones. 

Antes de pasar a la votación, la diputada del FIT Romina Del Plá pidió que se diferencien a los jueces de los empleados, pero esa propuesta no fue considerada por el oficialismo. Tampoco la del liberal José Luis Espert, quien planteó que se incorporen “tres líneas” al artículo para que se establezca una “compensación” a los jueces por la detracción en Ganancias y de esa manera “evitar la litigiosidad”. 

Enfática en la defensa del artículo 110 de la Constitución Nacional, el cual reza que la remuneración de los magistrados “no podrá ser disminuida en manera alguna”, la diputada Graciela Camaño dijo que “la Constitución no tiene ninguna contradicción”, sino que garantiza que “los jueces no sean bajo ningún punto de vista condicionados” y “no tengan dependencia ni del Poder Ejecutivo ni Legislativo”. “La solución es la ley que nos rige”, aseguró sobre la norma sancionada en 2016, y cuestionó que “el oficialismo introdujo un tema de conflicto absolutamente innecesario en el Presupuesto”. 

Desde el oficialismo, el diputado Leopoldo Moreau recordó que en 1996 se votó la ley que buscaba incluir a los funcionarios judiciales a Ganancias, pero la Corte Suprema de esa época dictó la Acordada N°20 por la cual “el Poder Judicial se autoimpuso que estaba excluido” y “en aquel momento la Corte violentó la Constitución”. 

Sobre la ley que rige desde 2017, se preguntó: “¿Esa ley está violentando la independencia del Poder Judicial? ¿O sea que hay jueces que tienen violentada su independencia y otros que no? Es un argumento absolutamente contradictorio”. 

“Es vergonzoso que se esté discutiendo si la independencia u honestidad de los jueces se puede tasar. No es tasable”, exclamó el legislador y consideró que avanzar en esta medida “es justo, hace a la equidad tributaria y no podemos ser débiles ante los fuertes”. 

Finalmente, antes de pasar a la votación, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, ponderó el discurso que había tenido su par Rodolfo Tailhade, en el que expuso las opiniones acerca de este tema por parte de dos jueces de la Corte: Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Además, rechazó la postura de la oposición sobre que se necesitaba una mayoría especial para aprobar los artículos. “No hay ninguna creación de ningún impuesto y de ninguna alícuota”, señaló. 

Por otra parte, el oficialismo retiró del proyecto el artículo 95 que establecía una prórroga en las facultades del Poder Ejecutivo para modificar las alícuotas de retenciones hasta el 31 de diciembre de 2023. En ese caso se vislumbraba una votación más pareja, algo que incluso mencionó el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, cuando pidió que algunos legisladores que se habían parado tras la votación general volvieran al recinto porque “podemos ganar”. Sin embargo, finalmente no hubo votación. 

Antes que Heller anunciara el retiro del artículo, el presidente de la bancada oficialista, Germán Martínez, mencionó el artículo 755 del Código Aduanero y argumentó que “la propia jurisprudencia  de la Corte es la que sugiere que la singularidad de la materia aduanera”, por la cual “autoriza al Poder Ejecutivo a disponer gravámenes o a desgravar según la conveniencia”.

En contra de ese argumento, el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, el radical Ricardo Buryaile, habló de un “error de concepto” ya que “el artículo 755 el Código Aduanero es muy claro cuando habla de que los derechos de exportación e importación son tributos” y, por ende, por el artículo 75 de la Constitución son atribución del Poder Legislativo. 

Durante la extensa votación en particular, se aprobaron por 126 votos afirmativos, 118 negativos y 2 abstenciones los artículos 71 y 72 que habilitan un blanqueo a las importaciones de insumos y bienes de capital para la industria y compra de inmuebles usados. 

Por otra parte, el artículo 89, referido a la deuda de las provincias con CAMMESA, resultó avalado con 129 votos a favor, 64 en contra y 56 abstenciones. La redacción del artículo se modificó en su tercer párrafo y quedó de la siguiente manera: “Dado el carácter de servicio público tanto de la distribución como del transporte de la energía eléctrica, el Estado Nacional y las jurisdicciones deberán publicar en un período no mayor a 90 días cuadros tarifarios que permitan a los distribuidores cumplir con las obligaciones resultantes del párrafo anterior”. 

“Asimismo se establece un plazo no mayor a 90 días para realizar las revisiones tarifarias correspondientes a las empresas distribuidoras eléctricas del Área Metropolitana de Buenos Aires. Para el caso de las distribuidoras, administraciones o empresas provinciales distribuidoras de energía eléctrica, cualquiera sea su organización jurídica, que al 30 de septiembre de 2022 no tenga deuda con CAMMESA y/o con el mercado eléctrico mayorista, la Secretaría de Energía establecerá mecanismos especiales de reconocimiento de créditos en los términos que establezca la reglamentación”, agrega. 

También quedó aprobado el artículo 97, impulsado por legisladores fueguinos del oficialismo y la oposición, que aumenta los impuestos internos a los productos electrónicos: se eleva del 6,5% al 10% en el caso de los nacionales; y del 17% al 19% en el caso de importados. Fue por 124 votos afirmativos, 111 negativos y 7 abstenciones. 

Por un voto se aprobó el artículo que crea una “tasa de seguridad de aviación”, con el ajustado resultado de 123 votos a favor y  122 en contra. Tras ese hecho, Juan Manuel López escrachó la ausencia de Javier Milei, el líder de La Libertad Avanza, al recordar que “por un voto” se perdió y se creó esa nueva tasa. 

Otro artículo polémico, que se aprobó con 129 votos afirmativos y 120 negativos, fue el que beneficia al gremio de Camioneros en relación al pago del impuesto a las Ganancias. Se trata del artículo 104 que prevé incluir “como sexto párrafo del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, con vigencia a partir del año fiscal 2022″, un apartado en el que se sostiene que para trabajadores de “actividades de transporte terrestre de larga distancia (…) la deducción allí prevista no podrá exceder el importe que resulte de incrementar en cuatro (4) veces el monto de la citada ganancia no imponible”.

A las 5.12 de este miércoles, y con la presencia en el recinto del extitular de la Cámara de Diputados y actual ministro de Economía, Sergio Massa, el oficialismo consiguió aprobar en la votación en general el proyecto de ley de Presupuesto 2023, con 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones. Tras las votación en particular, durante la que se retiraron y agregaron distintos artículos, y que demandó cuatro horas, se dio por cerrada la sesión con la media sanción de la iniciativa que ahora deberá ser tratada en el Senado.

En la votación particular, el oficialismo decidió retirar el artículo 95 del dictamen del Presupuesto, que prorrogaba hasta diciembre de 2023 la facultad del Poder Ejecutivo para modificar las alícuotas de los derechos de exportación. Claramente así lo decidió a partir de la certeza de que fracasarían en la votación.

No lo hizo y sí perdió la votación el Frente de Todos en el artículo referido al pago de Ganancias por parte de funcionarios y empleados del Poder judicial. Hubo 134 votos en contra de ese artículo -incluso cinco por parte del propio oficialismo- y 116 a favor.

El debate de la “ley de leyes” comenzó cerca de las 14 de este martes, luego que el Frente de Todos alcanzara el quórum con la presencia de aliados y un puñado de diputados de la UCR y Evolución Radical.

Tal como se preveía, votaron a favor, en general, el interbloque Provincias Unidas, el interbloque Federal y el radicalismo con sus dos expresiones. En la previa, antes de la inclusión de ciertas modificaciones, se pensaba que el interbloque Juntos por el Cambio iba a acompañar en su mayoría y el resultado iba a ser más holgado, pero no resultó así: el Pro se abstuvo y la Coalición Cívica se opuso.

La incorporación de un artículo para que los jueces y funcionarios del Poder Judicial, sea cual sea la fecha en que hayan ingresado, generó la mayor polémica en la recta final, y la advertencia de inconstitucionalidad por parte de los representantes del sector, a la que varios diputados de la oposición se acoplaron.

No solo por esa cuestión, sino por estar en las antípodas de la política económica del Gobierno, tampoco acompañaron el Presupuesto -con distintos argumentos- las dos bancadas de liberales y los legisladores del Frente de Izquierda.

En sus proyecciones macroeconómicas, el primer Presupuesto diseñado por Sergio Massa -quien estuvo en la Cámara baja durante la sesión- prevé un crecimiento del PBI del 2%, con una inflación del 60% y un dólar a 269 pesos en diciembre del año próximo.

Además, el déficit primario proyectado es de 1,9% del PBI, contra el 2,5% previsto para el presente año, en línea con el compromiso tomado con el FMI.

Entre sus principales puntos, durante el debate se incorporó una “cláusula gatillo” por inflación, solicitada por la oposición; se incrementó en 85 mil millones de pesos como “piso” la partida para los subsidios al transporte del interior; y se aumentaron en más de 300 mil millones de pesos distintas partidas para políticas sociales.

Las voces durante el largo debate

Como miembro informante del oficialismo, abrió la discusión el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, quien advirtió que “no se puede volver a dejar al país, no al Gobierno, sin Presupuesto”, en referencia a lo sucedido el año pasado, cuando por primera vez en la historia se rechazó un Presupuesto. Además, negó que se trate de un plan de gastos y recursos que contenga “ajuste” y, por el contrario, lo calificó como “realista” y de “cumplimiento posible”.

También desde el Frente de Todos, el diputado Itai Hagman, defendió los cambios que se dieron al proyecto de modo de que “el ahorro fiscal no recaiga en ninguna política pública que garantiza en la Argentina derechos fundamentales”, y cargó contra la oposición al decir que el programa de “de ajuste drástico de la inversión pública ya se probó en la Argentina y nunca funcionó”.

Artífice de la inclusión del artículo referido a la eliminación de la exención de Ganancias para jueces, el entrerriano Marcelo Casaretto aclaró: “No tocamos las remuneraciones, sí (establecemos) un esquema de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley”. “La idea es avanzar con la redacción tal como la tiene el dictamen, porque llevaría a una situación de equidad tributaria”, agregó.

Luego fue el turno del macrista Luciano Laspina, quien criticó las “prioridades” que se plantean en el proyecto, y habló de una “derrota ideológica para el oficialismo” porque “es el primer presupuesto del kirchnerismo” que contiene recortes. Sin embargo, enfatizó: “No estamos de acuerdo con la naturaleza del ajuste del gasto”.

Desde la UCR, el cordobés Víctor Hugo Romero alertó que la reducción del déficit fiscal que plantea el Presupuesto está basada en dos pilares: un ajuste en la prestación de los servicios sociales, y una disminución en los subsidios energéticos. “Y acá hay una gran diferencia. Hay que trabajar en la eficiencia del gasto, pero fijarse muy bien cuando hacemos la racionalidad del gasto”, dijo en el mismo sentido que su par Laspina y advirtió que “lo único que crece son las transferencias a las empresas del Estado”. 

Sobre las proyecciones macro, el secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda observó respecto del tipo de cambio que el mismo se toma como “variable de ajuste para contener la inflación”, lo cual “genera problemas en la balanza comercial, y básicamente impacta en las reservas”.

El presidente del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, anticipó el acompañamiento, pero no sin críticas a algunos puntos del Presupuesto. Sobre ello, se preguntó: “¿Por qué el Poder Ejecutivo insiste para que se le deleguen facultades para fijar retenciones?”. Además, remarcó que este es un Presupuesto que “no escapa al flagelo del ajuste por tener una economía inflacionaria”.

A su turno, el diputado de Juntos Somos Río Negro Luis Di Giacomo justificó su respaldo al Presupuesto aclarando: “No comulgamos con la idea de impedir que el Ejecutivo tenga la posibilidad de llevar adelante el plan de gobierno. En todo caso deberá hacerse de los resultados”, tras lo cual expresó pros y contras del proyecto presentado por el Ejecutivo. Desde ese mismo interbloque, el misionero Diego Sartori coincidió con su colega y destacó la posibilidad de que en su provincia vaya a existir una zona franca, y al respecto adelantó que en el tratamiento en particular pediría la inclusión de un agregado. 

Muy puntilloso con los datos, el liberal José Luis Espert alertó que los subsidios “este año van a llegar a casi 15 mil millones de dólares, acumulando desde 2003 la friolera de 165 mil millones de dólares”. Al respecto advirtió que “los grandes beneficiarios de esto no son los argentinos, sino parte del empresariado prebendario, muchos de ellos nombrados en ‘los cuadernos de la corrupción’, beneficiados con quitas que alcanzan a 140 mil millones de pesos, largos planes de pagos por las deudas que contrajeron y no pagaron a tiempo”.

A continuación, Javier Milei alertó que “cuando uno mira los números, el oficialismo dice que no hay ajuste”, pero se preguntó: “¿Cómo es que mejora el resultado primario y financiero?”, y respondió con un tono de voz elevado: “Lo que está diciendo, lo que está gritando es que son casta porque básicamente, mientras se espera una inflación el 60%, el gasto público está aumentando 70% y eso ocurre a pesar del ajustazo sobre el sector privado en lo que tiene que ver con los subsidios a los sectores que se vinculan con el sector energético de la luz y del gas”.

Desde la otra vereda, pero también en contra, Romina del Plá alertó que “una de las cosas que crece enormemente en este presupuesto son los servicios de deuda externa”, y sumó: “Resulta que el ajustazo que estamos sufriendo las y los trabajadores, que están sufriendo los jubilados todo en nombre de resolver el tema del endeudamiento. Esa renegociación de la deuda privada y de los bonos. Sin embargo, no resuelve el tema de la deuda y nos van a llevar a un nuevo default, más tarde o más temprano, y lo dicen ustedes mismos”.

Integrante del Consejo de la Magistratura, Graciela Camaño circunscribió su discurso al tema del artículo referido al pago de Ganancias por parte de los integrantes del Poder Judicial, señalando que “no vamos a vulnerar ningún artículo de la Constitución Nacional o prestarnos a la picardía de algún bloque o diputado”, y concluyó: “El tema está resuelto nosotros. Nos vamos a seguir basando en el artículo 100 de la Constitución”, con relación a que no aceptará la modificación para que todos los jueces paguen el impuesto a las ganancias. 

Por el Frente de Izquierda, la diputada Myriam Bregman consideró que “la foto de este presupuesto es clara, lo único que crece en forma considerable es el pago de intereses de la deuda. Lo único que se mantiene a rajatabla, son los beneficios que le dan a esos sectores del poder económico. Todo lo demás baja”.

En su intervención, la diputada de Evolución Radical Danya Tavela consideró que “este Presupuesto evidencia que no hay un plan económico que lo sustente”, pero “en un año electoral (como será el 2023), que de por sí genera muchísima incertidumbre en cada uno de nosotros, reducir la incertidumbre y la discrecionalidad a la que se somete la gestión en todos sus niveles cuando hay un Presupuesto reconducido para nosotros es algo importante”, de modo de “evitar las prebendas y el disciplinamiento político”.

Además, valoró que “a diferencia del año anterior fue mucho más amplia y participativa la discusión del Presupuesto” y enumeró algunas de las incorporaciones que lograron desde su espacio, como “la deducción especial en Ganancias por gastos educativos” de modo de llevar un “alivio a los trabajadores” y “cambiar el concepto de la educación de gasto a inversión”.

Decididamente en contra del proyecto, Ricardo López Murphy argumentó que el mismo “tiene un marco macroeconómico altamente inadecuado y una estrategia inviable”.

“Se hacen proyecciones sobre el sector externo muy fantasiosas con una falta de realismo que impide un debate inteligente en los dilemas que enfrentamos”, dijo al referirse que el proyecto plantea una inflación del 60 por ciento y un dólar a 269 pesos.

En su discurso, la diputada Paula Oliveto afirmó que “este Presupuesto tiene suba de impuestos”. Además, sobre el artículo referido a las facultades del Ejecutivo sobre retenciones, lanzó: “Nos piden que nosotros confiemos en la voluntad de Massa para subir o no subir derechos de exportación. La verdad, presidente, la Coalición Cívica no cree en Massa y no le daríamos jamás un cheque en blanco a Massa para que haga con el campo lo que quiera”. 

Una de las voces esperadas era la de la diputada oficialista Vanesa Siley respecto a los artículos que proponen que el Poder Judicial pague Ganancias, ya que es secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales y, al respecto, aclaró: “Yo no voy a defender a los jueces, nunca los he defendido, yo defiendo trabajadores y trabajadoras desde hace muchísimo tiempo. Cuando hablamos del universo imponible Poder Judicial tenemos que distinguir que ahí adentro hay trabajadores”.

A su vez, remarcó: “No hay que considerar nunca más que el salario es ganancia y que los jueces se arreglen solitos, pero nosotros no podemos fallarle a los nuestros, no podemos tocarles el bolsillo a los trabajadores”.

Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) cuestionó el proyecto afirmando que “este es un presupuesto que esconde una falta de austeridad con los gastos discrecionales y superfluos. Que además ajusta áreas estratégicas para el desarrollo de nuestro país, en una simulación de cumplimiento de la meta del déficit pautada con el FMI”.

Desde el Pro, la cordobesa Laura Rodríguez Machado rechazó el proyecto afirmando que “parece serio, por fuera, pero es el Caballo de Troya del kirchnerismo”, y agregó que los números del presupuesto “están dibujados”, pero sostuvo que es una constante del oficialismo “querer gobernar con superpoderes para poder beneficiar a sus amigos y perjudicar a quienes piensan distinto”.

Palabra autorizada en la materia, el diputado Pablo Tonelli considero que “el tema de ganancias y jueces está resuelto desde el 2016”, al mencionar a la ley que reglamenta que aquellos jueces y magistrados que hayan sido designados a partir del primero de enero de 2017 debían pagar el impuesto a las ganancias. “Eso ocurrió porque hay 180 de 780 magistrados en actividad que pagan el impuesto en la actualidad”, subrayó.

En esa línea, agregó que “hay una valla que es el artículo 110 de la Constitución que impide reducir remuneraciones a jueces”, y explicó que hablaba de “la llamada intangibilidad de las remuneraciones”.

La diputada nacional Jimena Latorre mencionó la gravedad del artículo 89 que hace referencia a la refinanciación de la deuda de las distribuidoras eléctricas con CAMMESA y que asciende a 455 mil millones de pesos y señaló: “La propuesta de este presupuesto es que esa deuda (que en un 50% corresponden a Edenor y Edesur) sea solidariamente asumida por los Estados provinciales”. Agregó: “¿Y qué ha hecho la S.A. para cobrar sus acreencias? Nada, pero se me ocurre que podría pedir la ejecución del contrato, solicitar medidas cautelares para garantizar sus acreencias, antes de plantear extender ilegalmente la deuda a los Estados provinciales”.

El mendocino Julio Cobos propuso incorporar una modificación para aumentar la deducción de ganancias de los créditos hipotecarios. “El artículo 85 de la ley de Impuesto a las Ganancias dice en el tercer párrafo que se puede devengar los intereses bancario e hipotecario hasta la suma de 20.000 pesos. Esto data del 2001, es decir 20.000 dólares, si lo actualizamos hoy son 3 millones de pesos. Si lo analizamos por la inflación, que ha sido el 10.000% desde entonces, serían 2 millones de pesos. Lo que podemos fijar al menos como pauta razonable, que sea una cifra equivalente al mínimo no imponible que está en 330.000 pesos y guarda relación con un crédito mínimo que hoy paga una cuota de 60.000 y le serviría por lo menos para morigerar los efectos del crédito e incentivar el crédito. Le pido al presidente de la Comisión de Presupuesto que evalúe esta posibilidad de incorporar la modificación para actualizar ese importe”.

Para la diputada Silvia Lospennato, “este presupuesto es un buen ejemplo del corporativismo argentino, o de cómo los grupos de poder se apropian de los recursos del Estado para su uso y goce. Este es un Presupuesto corporativo que garantice negocios para unos pocos, que carga el ajuste en la clase media y que premia a los amigos del poder”.

También sostuvo que es “un presupuesto que les da la espalda a los niños y a los ancianos. Desinvierte en educación y no compensa a los jubilados que desde que se aplica la ley de este Gobierno, no paran de perder frente a la inflación. En este presupuesto se pretende que se delegue al Poder Ejecutivo la facultad para crear nuevas zonas aduaneras especiales. Sin decir cuántas, o dónde, sin decir para beneficiar a qué empresas”.

Respecto a los derechos de exportación, incluidos en el artículo 95, el diputado Ricardo Buryaile sostuvo que “los derechos de exportación son un pésimo impuesto, y de un tiempo a esta parte se han estigmatizado. Entonces ya no se toma como una herramienta tributaria, de desacople de precios, sino que es la estigmatización: si no querés retenciones tenés tal o cual calificativo”

“Lo que pasa con las retenciones es que perdemos tecnología, hay fuga de capital privado. Veamos lo que pasea en los países de alrededor: Brasil en los últimos 10 años ha crecido el 100% en la cosecha de soja, mientras que Argentina cayó el 30% y tenemos capacidad ociosa en la industria aceitera, la más importante del mundo”, agregó el exministro de Agroindustria.

Respecto al debate sobre Ganancias, el oficialista Rodolfo Tailhade se refirió a los artículos 100 y 101 del dictamen, sobre la obligación de magistrados, funcionarios y trabajadores del Poder Judicial de pagar el impuesto a las Ganancias, y consideró que “las declaraciones juradas de los jueces de la Corte son una vergüenza, un bochorno”, y dio detalles específicos de algunas de ellas.

Ramiro Gutiérrez se refirió por su parte al artículo que crea una tasa extra en los pasajes aéreos, tanto de cabotaje como internacionales, para financiar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Destacó que el objetivo de esa tasa es “el mantenimiento, la conservación y la actualización del equipamiento, no solo para la optimización de las infraestructuras, sino también para los métodos operativos con los que trabaja la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y con una limitante: no pueden ser aplicados para la contratación de personal que realice tareas que le incumben o desarrolla la institución”.

Por su parte, el diputado del Pro Fernando Iglesias arrancó irónico: “Voy a sorprenderlos a todos, voy a defender al peronismo. Voy a hacerles un reconocimiento. Es falso eso que dicen que el peronismo nunca ajustó. Es más, los mayores ajustadores de la historia argentina fueron, y son ustedes. Dígalo conmigo, el diputado guevarista banquero, ajuste. En 1975 y en 2002 los dos ajustes más grandes”.

“Las locuras de la década saqueada kirchnerista la estamos pagando hoy, con un ajuste. Así que bienvenidos al ajuste compañeros. Es el plan de Massa, el plan PTM. Poco, tarde y mal. Y el único objetivo es pasarle la bomba de tiempo al próximo Gobierno, como le pasaron a De la Rua y explotó, y como le pasaron a Macri, que no reeligió, pero terminó el mandato, para disgusto del club del helicóptero”, planteó Iglesias.

El fueguino Héctor Stefani se refirió al intento de eliminación de la Ley 19.640, el régimen fiscal fueguino: “Lamentablemente la Argentina es un país que sufre de macrocefalia, tiene en cuatro provincias aglutinada mucha población, y la única ley que hizo que se distribuya un poco más equitativamente ese desarrollo humano, es la Ley 19.640, una de las pocas políticas públicas que tiene la Argentina que hace cinco décadas que se aplica, que reduciendo impuestos generó que empresarios vayan a vivir a Tierra del Fuego, y eso con la seguridad jurídica, generó trabajo que con tanta falta le hace a la República Argentina”.

“Hemos escuchado todo tipo de adjetivos sobre el proyecto, yo le agregaría ‘invotable’. Pero no invotable en el sentido como de que, como suele ocurrir, quienes no somos oficialismo vemos las políticas de quienes sí lo son como políticas que no acompañaríamos. Eso es de sentido común, pero yo diría que este es un proyecto invotable incluso para el propio oficialismo. Que reconocen cada vez que uno tiene la posibilidad de hablar francamente, de que la situación del país es inviable. Y este es un presupuesto que lo que hace es tirar la pelota para adelante”, sostuvo el diputado del Pro Francisco Sánchez.

La misionera oficialista María Cristina Britez se refirió al artículo 126 que faculta al Ministerio de Economía Áreas Aduaneras Especiales. “Nosotros los misioneros vemos con mucho optimismo y mucha esperanza este artículo 126. Ojalá esta vez estas buenas intenciones vayan atados a hechos concretos y positivos y no como la última vez”, enfatizó, remarcando que en su provincia “se está generando mucha expectativa en relación a este artículo, y si después nosotros no cumplimos con nuestra promesa, eso genera frustración, confusión en la ciudadanía. Y eso es grave, serio y peligroso. Se degrada el poder de la palabra. Se pone en tela de juicio la legitimidad del accionar de los políticos. Que en definitiva es la única herramienta que tenemos para transformar para bien la realidad de los argentinos”.

En su intervención sobre el final del debate del Presupuesto, el diputado oficialista Eduardo Valdés recordó que en 1996 Juan Carlos Maqueda votó a favor de que los jueces tributen Ganancias, y se preguntó si el Senado hubiese votado a Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti si hubieran dicho en la audiencia pública que los magistrados no debían pagar el impuesto.

“Este Presupuesto que ustedes nos traen acá es la más clara expresión del rendimiento ante la realidad, por eso les decimos: háganse cargo de la Argentina pobre y profundamente desigual que nos dejan”, había expresado el jefe del bloque Evolución Radical, Rodrigo De Loredo, en un discurso muy picante.

En el cierre del debate, el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, diferenció claramente el tratamiento de la ley de leyes con la registrada el año anterior -rechazada además por la oposición- y destacó la orientación del Presupuesto actual “con todos los condimentos que me permiten reivindicar la sensatez, responsabilidad, a la hora de plantear los objetivos de la política económica”.

Y concluyó su discurso en tono electoral: “Con aciertos y errores, vamos a tratar que este presupuesto sea la hoja de ruta que permita reconstruir la esperanza en el pueblo argentino y que el 10 de diciembre otro compañero de este espacio político siga gobernando los destinos de la patria”.

Respecto al debate por el proyecto de Presupuesto 2023, el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade se refirió a los artículos 100 y 101 del dictamen, sobre la obligación de magistrados, funcionarios y trabajadores del Poder Judicial de pagar el impuesto a las Ganancias, y consideró que “las declaraciones juradas de los jueces de la Corte son una vergüenza, un bochorno”, y dio detalles específicos de algunas de ellas. 

“La ley que obliga a todos los funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público a pagar el impuesto a la Ganancia no es la única ley que incumplen los magistrados: entre otras incumplen con la 26.871 que es la del Ingreso Democrático al Poder Judicial y al Ministerio Público, incumplen la 26.856 que es la Ley de Publicidad del Poder Judicial, incumplen la 26.857 que era una reforma de la Ley de Ética Pública”, indicó el legislador, que se manifestó en contra de las acordades de los ministros de la Corte “a través de las cuales vulneran de manera explícita las leyes que salen del Parlamento argentino, como por ejemplo con la Ley de Declaraciones Juradas”, a las que calificó como “una vergüenza, un bochorno”. 

Respecto a la posibilidad de que los funcionarios del Poder Judicial efectivamente paguen Ganancias, señaló que la Corte, a través de sus cuatro ministros, “ya se ha manifestado públicamente a favor: Rosenkrantz y Rosatti lo han hecho en las audiencias públicas en el Senado, Lorenzetti en distintas declaraciones periodistas, y el ministro Maqueda cuando era diputado nacional votó en 2016 la 24.631, que justamente derogaba las extensiones”.

Y a los opositores de esta reforma, a los que “se preocupan por los pobres jueces y fiscales que por ahí caen en la indigencia”, Tailhade les pidió que “se queden tranquilos” ya que “me tomé el trabajo de pedir declaraciones juradas de jueces y fiscales, y la verdad que no viven muy mal. Y tampoco van a vivir mal si les sacamos el impuesto a las Ganancias”. 

En este sentido es que dio detalles de las declaraciones juradas de algunos de los magistrados: “Por ejemplo, Borinsky, el juez del padel, declaró tres departamentos en Colegiales, dos construidos entre 2016 y 2019; no paga Ganancias. Pablo Bertuzzi en 2015 declaró un Toyota Corolla valuado en 230 mil pesos y deudas por 350 mil pesos, en 2017, una semana después de impulsar el juicio contra Amado Boudou, se compró una casa de 476 metros cuadrados en Temperley y a fin de ese año, el otrora indigente, declaró 70 mil dólares en Estados Unidos y otras dos cajas de ahorro con 91.500 dólares”. 

Y prosiguió: “Eduardo Casal tenía en 40 años de profesión 100 mil dólares, en 3 años de procurador interino, esos 136 mil dólares los llevó a 439 mil cash. Su esposa Ana María de Rosa es prosecretaria administrativa en la Unidad Fiscal de Medidas Alternativas al Proceso Penal, ¿saben cuándo se creó esto? En 2018 la creó Casal y la puso a la mujer como prosecretaria. Ninguno de los dos pagan Ganancias”. 

Además, mencionó a Mario Villar, “el fiscal de Casación que va a ser la próxima estrellita del lawfare ahora en noviembre cuando tenga que discutir en Casación Hotesur y Los Sauces. Pasó de 180 mil dólares a 385 mil en tres años. También abrió una cuenta en el exterior y ahorró 1 millón y medio de pesos en esos tres años. La esposa es la secretaria del fiscal Luciani. Tampoco pagan Ganancias”. 

Finalmente, se refirió al fiscal Raúl Pleé, “con nueve propiedades, y un departamento que compró el 23 de agosto de 2018 cash 240 mil dólares, no paga Ganancias”; y a “Ricardo Sáenz en 2016 tenía 13 dólares en el banco, tres años después 214 mil 500 dólares en efectivo, tampoco paga Ganancias”. 

“Así que la verdad me parece bastante bochornoso que los jueces estén dando vuelta acá intentando evitar que cumplan con la ley como todos los argentinos cumplimos”, concluyó. 

En el debate por el proyecto de Presupuesto 2023, la diputada de Juntos por el Cambio Silvia Lospennato habló de un presupuesto “ejemplo del corporativismo argentino”, y advirtió el “silencio cómplice” de los que “ya no lloran la pobreza por televisión”.

“En esta ley se fijan las prioridades de un gobierno, y detrás de las prioridades de uno encuentra los valores en que se sustentan esas prioridades”, comenzó su alocución la legisladora y señaló que se puede ver en el articulado “parte del fracaso de nuestro país”.

En este sentido, enumeró: “En primer lugar este presupuesto es un buen ejemplo del corporativismo argentino, o de cómo los grupos de poder se apropian de los recursos del Estado para su uso y goce. Este es un Presupuesto corporativo que garantice negocios para unos pocos, que carga el ajuste en la clase media y que premia a los amigos del poder”.

También sostuvo que es “un presupuesto que les da la espalda a los niños y a los ancianos. Desinvierte en educación y no compensa a los jubilados que desde que se aplica la ley de este Gobierno, no paran de perder frente a la inflación. En este presupuesto se pretende que se delegue al Poder Ejecutivo la facultad para crear nuevas zonas aduaneras especiales. Sin decir cuántas, o dónde, sin decir para beneficiar a qué empresas”.

Además, consideró que es un proyecto que “vuelve a subir impuestos a los artículos electrónicos, para seguir beneficiando una industria súper protegida en contra de todos los consumidores. Un presupuesto que sube el aporte de todos los monotributistas, para el beneficio de obras sociales que, primero no los quieren recibir y cuando los reciben les prestan un servicio de muy baja calidad”.

“Este Presupuesto vuelve a premiar a los evasores, una vez más con un nuevo blanqueo, con una tasa de ingreso bajísima, y sin ningún beneficio para los contribuyentes cumplidores”, agregó..

Retomando la idea del corporativismo, Lospennato indicó que “como si no alcanzara con todas las extensiones impositivas que nos mandaron en la separata, vuelven a crear otro beneficio diferencial escandaloso para los camioneros. Para ese gremio que ha hecho de la extorsión bloqueando las plantas industriales una práctica habitual”.

“Y todo esto pasa en este hermoso clima de paz social. Por eso le digo a los argentino que disfruten del silencio cómplice de los que ya no lloran la pobreza por televisión, del silencio cómplice de los que ya no hacen paro aunque tengamos el salario real más bajo de los últimos 20 años, del silencio cómplice de los que no tiran piedras, aunque los jubilados hayan perdido el 13% contra la inflación. De la complicidad de los gremios docentes oficialistas y de las agrupaciones estudiantiles kirchneristas que hoy no marcharon ni tomaron escuelas frente al brutal recorte del presupuesto educativo”, manifestó la legisladora con dureza.

Y concluyó: “Disfruten del silencio cómplice porque cuando ganemos en el 2023 van a volver los paros, las piedras el periodismo, los artistas militantes que se escandalizaran por todo lo que pasa en la Argentina. Pero tengan una certeza, el relato ya no va a tener el mismo efecto porque el relato se les cayó a pedazos”.

El diputado nacional Víctor Hugo Romero (UCR – Córdoba) lanzó una serie de críticas al Presupuesto 2023, aunque adelantó su acompañamiento. “Ante la crisis y la decisión del Gobierno de no cambiar el rumbo como oposición es necesario que Argentina tenga un presupuesto para el 2023 para dar una señal de responsabilidad ante la gran incertidumbre que tenemos”, manifestó.

El legislador cordobés sostuvo que este presupuesto “es más realista del que se presentó en el 2022 y este Congreso no lo aprobó”, pero advirtió que “lo planteado en aquel momento era acertado”, con relación a la composición del proyecto para el año 2023.

“La inflación que se preveía era del 33 por ciento y actualmente es más del 100. Se preveía una reducción del gasto del subsidio económico del 0,9 por ciento, pero la realidad nos mostraba diferencias entre los funcionarios del Poder Ejecutivo que era imposible hacer esa deducción, una reducción del gasto público y un tipo de cambio que ya cuando lo tratamos en el presupuesto estaba desactualizado”, expuso.

Además, afirmó que el proyecto actual “no define un programa de gobierno porque no deja de lado la política de parches y no genera señales fuertes para construir confianza ni cambiar el rumbo que tenemos en la Argentina”. A su vez, consideró: “La realidad de estos tres años de gestión la podemos observar en los resultados que cada argentino vive en la realidad”.

En esa línea, explicó que el presupuesto plantea una disminución del déficit basados en un ajuste en la prestación de los servicios sociales y una disminución en los subsidios energéticos. “Hay que trabajar en la eficiencia del gasto, pero también hay que fijarse bien cuando hacemos la racionalidad del gasto. Lo único que crece son las transferencias a las empresas del Estado que sabemos la falta de eficiencia que tienen”, indicó.

Con relación a las proyecciones macroeconómicas que establece el presupuesto, remarcó que “es del 2 por ciento en crecimiento, pero cuando vemos el análisis de esas proyecciones sólo crece por sobre el promedio el sector agrícola”. A su vez, consideró que el crecimiento está basado en una exportación de la producción primaria.

En el cierre de su alocución, Romero reiteró su postura sobre el presupuesto: “No presenta un programa económico porque cada vez hay más pobreza. Tenemos más endeudamiento y el camino no es el correcto. Hay que trabajar por un camino distinto: una consolidación de las finanzas públicas trabajando en la eficiencia de las de la recaudación, pero no aumentando impuestos si no combatiendo la evasión y trabajando en la eficiencia del gasto y para eso necesitamos un presupuesto que incluya un plan de gobierno y no es el que estamos tratando”.

La diputada nacional Laura Rodríguez Machado (Pro – Córdoba) manifestó su rechazo este martes al Presupuesto 2023 en la sesión especial de la Cámara de Diputados. “Parece serio, por fuera, pero es el Caballo de Troya del kirchnerismo”, señaló.

Asimismo, la legisladora dijo que los números del presupuesto “están dibujados”, pero sostuvo que es una constante del oficialismo “querer gobernar con superpoderes para poder beneficiar a sus amigos y perjudicar a quienes piensan distinto”.

Del mismo modo, denunció que “las empresas agropecuarias del Estado están exentas de pagar impuestos que sus pares privados se encuentran obligadas a abonar”, y expuso: “Le van a confiscar una parte de la coparticipación a las provincias para pagar deudas de Cammesa, van a crear nuevas tasas, van a generar más zonas aduaneras mientras le van a reducir impuestos a sus amigos del Sindicato de Camioneros”.

En el cierre de su alocución, anunció que “estas sorpresas que nos hemos encontrado dentro del Presupuesto hacen que no lo acompañemos”, y advirtió que “en 2023 el oficialismo también se va a llevar una sorpresa, cuando haya que contar los votos que se encuentren dentro de las urnas”.

El diputado nacional Pablo Tonelli (Pro) reafirmó este martes durante el debate del Presupuesto 2023 su rechazo al proyecto y apuntó: “Es difícil encontrar un mamarracho más grande que este y, encima es una ofensa a la idea de República”.

Y no se refería solamente al tema de la eliminación de la exención del pago de Ganancias en el Poder Judicial, cosa que había adelantado ya el viernes pasado. En el inicio de su exposición, Tonelli dijo que el proyecto “está lleno de normas inconstitucionales, ilegales e inconvenientes”, e hizo referencia a dos en particular: la aplicación del impuesto a las ganancias a todos los jueces (artículo 100 del proyecto del Presupuesto 2023) y la modificación a la Ley de Administración de Recursos Públicos (artículo 18).

“El proyecto llegó en tiempo y forma, y era razonablemente aceptable, armónico y consensuado. El ministro de Economía Sergio Massa vino al recinto, lo presentó y respondió todas las preguntas a los diputados, pero resulta que al terminar el debate todo eso se diluyó”, relató Tonelli, quien además, afirmó: “Se agregaron una multiplicidad de artículos que nunca se trataron y lo convirtieron (al proyecto de presupuesto) en un bodrio”.

El legislador opositor afirmó que “el tema de ganancias y jueces está resuelto desde el 2016” al mencionar a la ley que reglamenta que aquellos jueces y magistrados que hayan sido designados a partir del primero de enero de 2017 debían pagar el impuesto a las ganancias. “Eso ocurrió porque hay 180 de 780 magistrados en actividad que pagan el impuesto en la actualidad”, subrayó.

En esa línea, agregó que “hay una valla que es el artículo 110 de la Constitución que impide reducir remuneraciones a jueces”, y explicó que hablaba de “la llamada intangibilidad de las remuneraciones”. Del mismo modo, Tonelli sostuvo que la norma está pensada “en beneficio de los litigantes para que ningún gobierno pudiera manipular las remuneraciones de los jueces y, así, disponer de la voluntad de los jueces”.

Respecto a la ley sancionada en 2016, el legislador afirmó que “el efecto surgirá en unos años cuando ya, todos los jueces, magistrados y funcionarios del Poder Judicial estén pagando el impuesto a las ganancias en el marco de la ley”.

El segundo aspecto que Tonelli mencionó es el artículo 18 del proyecto del presupuesto que propone dejar sin efecto dos artículos de la Ley 25.152 (Administración de Recursos Públicos) que propone que “el Poder Ejecutivo no gaste por encima del Presupuesto”. Tonelli consideró que “es una forma de no cumplirlo o en el peor de los casos, gastar por encima de lo aprobado”.

“El proyecto está totalmente desnaturalizado con estas cuestiones agregadas entre ‘gallos y medianoches’. No sólo no vamos a apoyar este presupuesto, sino que también vamos a votar explícitamente en contra de estos dos aspectos anticonstitucionales e ilegales”, sentenció Tonelli.

Palabra esperada era la de la diputada nacional y secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales, Vanesa Siley (FdT), en la sesión de este martes en el debate del Presupuesto 2023 en la Cámara baja, respecto a su postura sobre los artículos incorporados por su propio bloque que proponen que el Poder Judicial pague el impuesto a las Ganancias ante lo que afirmó: “No podemos tocarles el bolsillo a los trabajadores”.

Al inicio de su intervención, Siley aclaró que hablaría de los artículos 100,101 y 102 del Presupuesto que refiere al pago del impuesto a las ganancias al Poder Judicial: “¿Desde qué lugar? ¿Desde dónde hablar? Cuando una se encuentra en una posición incómoda porque no comparte la dirección de esta definición, lo mejor es hablar desde la sinceridad”.

“En ese sentido, impuesto a las Ganancias ¿no? y ahí decimos desde hace muchísimos años los trabajadores y trabajadoras en la Argentina que el salario no es ganancia. Que la ganancia y, así fue pensado este tributo que originalmente tenía otro nombre, la ganancia es aquella diferencia, aquella rentabilidad, aquellos frutos de la explotación ajena que permite generar la famosa riqueza en base a la cual se distribuyen el ingreso en la Argentina”, explicó.

En esa línea, recordó que “los orígenes de este tributo con Prebisch allá por 1932, no por casualidad mismo hombre que años después, del Golpe del 55’, traería al Fondo Monetario Internacional al país”, y le tiró un palito a la Justicia: “No es por casualidad, por eso creo que algunas juezas y jueces deberían apuntar bien las sentencias hacia donde las direccionan”.

“Se ha dicho mucho sobre este impuesto que fue Perón el que lo puso a los salarios, al trabajo personal, la famosa cuarta categoría. También aquí una diferencia, una claridad que hay que arrojar: cuando Juan Domingo Perón en su tercera presidencia allá por el año 73’ amplía a los altos ingresos este tributo que, en un principio y sin desnaturalización es un tributo progresivo, pero que se ha deformado con el tiempo, cuando lo plantea es porque había un dibujo que lo hacían los gerentes de las empresas y se ponían la rentabilidad como salario y evadían un impuesto a la riqueza”, repasó la diputada.

Y siguió: “Esto hacía que en aquella época tribute un 2% de los asalariados en el país. Las sucesivas crisis económicas de Argentina a raíz de la implantación del Neoliberalismo, y luego lamentablemente de aquellos que dijeron que nadie iba a pagar ganancias, pero terminaron haciendo que el doble pague ganancias, este tributo a los altos ingresos o a la riqueza, se ha desvirtuado a su cuarta categoría”.

En ese sentido, lamentó que “se ha desvirtuado, se ha desnaturalizado y hoy estamos meta a poner todo el tiempo consecutivamente parches”. Asimismo, aclaró: “Yo no voy a defender a los jueces, nunca los he defendido, yo defiendo trabajadores y trabajadoras desde hace muchísimo tiempo. Cuando hablamos del universo imponible Poder Judicial tenemos que distinguir que ahí adentro hay trabajadores y que esa masa total representa el 96% del Poder Judicial Federal, que no negocia salarios porque no tiene paritarias y porque no tiene convenio colectivo es el Poder Judicial de la Nación, no así los provinciales”.

“En el Poder Judicial Federal 765 jueces hay nada más, más de 30 mil son trabajadores y trabajadoras que tienen sindicato y que hay alguien que lucha por sus derechos y condiciones laborales”, contó Siley.

Por otro lado, recordó que en el 2016 el bloque del Frente para la Victoria “planteó esta reforma del presupuesto lo hizo acompañado de algunas cosas que, cuando volvió del Senado fue recortado ese presupuesto y ahí fue que el bloque se ausentó de la votación porque volvió recortado, porque un plan económico es completo no son golpes esporádicos donde pretendemos medidas como estas que terminamos lamentablemente dañando el salario de trabajadores tal vez con buenas intenciones”.

“En el 2016 lo que se proponía era que, además, de que tribute el Poder Judicial a partir del 2017, se aumentaran las deducciones y se actualizaran las escalas. También se proponía que se recentaran las retenciones a la minería que había sacado Macri o gravar la renta financiera, todo eso se sacó en el Senado y por eso no acompañamos en ese momento”, enumeró la sindicalista.

Al cierre de su alocución, sostuvo que sus compañeros de bancada “referencia al problema de la inflación, de la distribución del ingreso, ese 40 para el trabajo y 60 para el capital, en este momento donde realmente nunca ha sucedido en la Argentina que un trabajador registrado sea pobre, con organizaciones sindicales como la mía que se junto cuatro veces este año para arreglar paritarias para combatir la inflación”.

“¿Vamos a generar que asalariados les pasen a asalariados? Eso no es redistribución de la riqueza. Redistribución de la riqueza es cuando le sacamos al capital como lo proponía Axel Kicillof en el 2016 y le transferimos al trabajo para equilibrar el reparto”, reclamó Siley y cerró: “No hay que considerar nunca más que el salario es ganancia y que los jueces se arreglen solitos, pero nosotros no podemos fallarle a los nuestros, no podemos tocarles el bolsillo a los trabajadores”.

La diputada nacional Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) se refirió este martes al tema controversial del Presupuesto 2023 sobre el artículo que exige que los jueces paguen el impuesto a las Ganancias y sostuvo que “es una movida del oficialismo para fastidiar y atropellar al Poder Judicial”.

En esa línea, la legisladora consideró que la propuesta es “anticonstitucional” y que “ya existe una norma” que establece el pago de ganancias por parte de los jueces. “En 2017 acompañamos el dictamen por minoría de Axel Kicillof, que planteó que los jueces que ingresaran en tiempo posterior a la aprobación de la norma paguen ganancias”, enfatizó.

A su vez, Camaño consideró que el tratamiento del tema “fue inadecuado” y afirmó que “está por fuera de las reglas de la Constitución Nacional”. En tal sentido, llevó a la exposición una frase de la Reforma Constitucional de 1953: “Los jueces no pagaron ganancias durante años porque siempre se buscó que estén lejos de aquellos que tienen el poder de la bolsa”.

Por otro lado, advirtió que “el Gobierno generó una huelga en un sector que estaba siendo prolijo en su discusión salarial”. Asimismo, subrayó que el avance de la cuestión “sería un antecedente nefasto”.  

“No vamos a vulnerar ningún artículo de la Constitución Nacional o prestarnos a la picardía de algún bloque o diputado”, exclamó Camaño, quien concluyó: “El tema está resuelto nosotros. Nos vamos a seguir basando en el artículo 100 de la Constitución”, con relación a que no aceptará la modificación para que todos los jueces paguen el impuesto a las ganancias.  

La diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto confirmó el voto en contra de su bancada al Presupuesto 2023, al cual calificó como “una ficción”. 

Para la legisladora, los votantes de la oposición esperan que “se controle y denuncie cuando algo está mal” y “que nos opongamos a un Presupuesto que nada tiene que ver con la realidad y que no convalidemos una ficción que nos dice, cuando hoy tenemos 100% de inflación, que el año que viene va a bajar 40%”. 

“El ajuste está, está a los jubilados que tienen un sueldo jubilación de indigencia. Está en los trabajadores que no llegan al 15 de cada mes. El ajuste está por inflación”, advirtió y consideró entonces que aprobar “este Presupuesto mentiroso” sería “ser parte del problema y no de la salida que la Argentina necesita”. 

En su discurso, la porteña afirmó que “este Presupuesto tiene suba de impuestos”. Además, sobre el artículo referido a las facultades del Ejecutivo sobre retenciones, lanzó: “Nos piden que nosotros confiemos en la voluntad de (Sergio) Massa para subir o no subir derechos de exportación. La verdad, presidente, la Coalición Cívica no cree en Massa y no le daríamos jamás un cheque en blanco a Massa para que haga con el campo lo que quiera”. 

La opositora cuestionó además que el proyecto “no tiene políticas públicas para los pobres y los indigentes”, y contiene “ajuste en materia de redistribución”. Asimismo, se quejó de que “sostiene regímenes beneficiando a los empresarios de siempre”. “El patrimonialismo va de la mano de la corrupción, y avalarlo sería también defraudar nuestro contrato electoral”, sumó. 

“Le dan beneficios a los camioneros que no le dan a ningún otro sector”, fustigó y completó diciendo que “el equipo económico está totalmente errado” porque en este proyecto “el crédito no existe, la timba financiera te da intereses usurarios y cada vez los trabajadores están mucho más perjudicados”. 

En la sesión de este martes en el recinto de la Cámara baja donde se debate la ley de leyes, la diputada nacional Romina Del Pla (PO/FIT) reiteró el rechazo al proyecto del Gobierno porque “es un ajustazo” y “una estafa monumental a la población”. También apuntó contra el Fondo Monetario Internacional y contra la oposición.

Al inicio de su alocución, Del Pla disparó: “Vamos al grano de este presupuesto dibujado en Washington por Georgieva y compañía”, al tiempo que recordó el discurso del diputado del FdT Máximo Kirchner en Plaza de Mayo el Día de la Lealtad Peronista en donde dijo que “el tema de la deuda no está resuelto”, a lo que la diputada de izquierda ironizó: “Chocolate por la noticia”.

“Una de las cosas que crece enormemente en este presupuesto son los servicios de deuda externa”, advirtió y sumó: “Resulta que el ajustazo que estamos sufriendo las y los trabajadores, que están sufriendo los jubilados todo en nombre de resolver el tema del endeudamiento. Esa renegociación de la deuda privada y de los bonos. Sin embargo, no resuelve el tema de la deuda y nos van a llevar a un nuevo default, más tarde o más temprano, y lo dicen ustedes mismos”.

En esa línea, apuntó: “Entonces importa porque el ajustazo es para sostener un negociado antinacional y antipopular de la deuda y aun así ni siquiera lo resuelve”, y alertó: “O sea que vamos a una situación aún peor”. “Esto lo que explica es esta orientación que hacen tanto JxC como otros bloques de la supuesta oposición vayan a votar a favor del presupuesto o se vayan a abstener, pero que hayan hablado a favor del Presupuesto”, criticó.

“Está claro que siempre aparecen artículos de último momento que distraen parte de la atención, pero la orientación estratégica la comparten plenamente y hay un reconocimiento común del ajuste en este presupuesto”, cuestionó Del Plá.

A su vez, lanzó: “Hay una verdadera política de Estado que es contra las masas laboriosas, contra jubilados, donde se achica el gasto en los sectores de asistencia social, de educación, y por más que insistan en declaraciones de que no es un presupuesto de ajuste, este es un presupuesto de ajuste”.

“Lo es porque, entre otras cosas, comenten una estafa que es fenomenal porque proyectan la inflación con cuentas propias y los gastos los hacen subvaluando. Siempre les va a dar una situación de mayor recaudación de lo que tienen presupuestada, pero mientras tanto el mecanismo de la inflación que han usado todos los gobiernos y ministros”, planteó la diputada.

En esa línea, apuntó contra el ministro de Economía, Sergio Massa, porque “viene a aplicar el ajuste de (Martín) Guzmán, pero recontra recargado”, y preguntó: “¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo es proyectar para abajo la inflación y entonces, a pesar de la cláusula gatillo que metieron para que el FMI siga controlando a qué se destina cada una de las partidas que es el único objetivo de esa cláusula gatillo, siguen teniendo las partidas a su gusto porque la inflación sigue licuando los salarios y las jubilaciones que es el objetivo central”.

“No se esfuerzan en resolver el déficit financiero y tampoco se esfuerzan nada en tratar de mejorar algo la situación de los que peores están. Si hay algo indignante en el tratamiento de este presupuesto, es haber escuchado a la directora de la ANSeS contestar en la Comisión de Presupuesto que un jubilado puede cubrir su canasta básica con un poquito menos que 30 mil pesos. Les debería dar vergüenza a los que se dicen nacionales y populares”, enfatizó.

Con un tono elevado y a los gritos, Del Plá señaló: “Tenemos un presupuesto que es una estafa monumental para la población, es un presupuesto antiobrero. Es un cheque en blanco, ficción completa. Esto no se puede acompañar”.

“El lema de este Gobierno de ‘primero los de abajo’ va a quedar en el marco de las estafas al pueblo en el mismo nivel que la pobreza cero de Macri y el salariazo de Menem”, advirtió y cerró: “En educación ajustes de todo tipo y color. Hay que eliminar el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría que ningún trabajador pague. Con el artículo 100 vamos a reclamar que se separe a los jueces y fiscales de los empleados si no se está votando enchufarles los impuestos a los empleados”.

Avanza en la Cámara de Diputados la sesión en la que se debate el Presupuesto 2023, que se estima culminará este miércoles por la mañana. Si bien el Frente de Todos es optimista de su aprobación en general, la pelea por algunos artículos durante la votación en particular será ajustada y con final abierto, aunque con pronósticos más adversos para el oficialismo. 

A cuatro horas de comenzada la sesión, fuentes del Frente de Todos confirmaron a la prensa acreditada que el dictamen irá a la votación tal cual está, ante versiones que indicaban que se podía llegar a retirar el artículo 100, que establece la eliminación de la exención del impuesto a las Ganancias para jueces y funcionarios del Poder Judicial, independientemente de la fecha de su nombramiento. 

En ese caso, el Frente de Todos no conseguiría imponer una mayoría, ya que el rechazo proviene no solo del interbloque Juntos por el Cambio y el interbloque Federal, sino también de los bloques liberales y hasta del Frente de Izquierda -con el argumento de que afecta a los trabajadores-. Además, la oficialista Vanesa Siley, secretaria general de SITRAJU, tampoco acompañará. 

Desde la oposición tenían la intención de plantear un “compromiso” para que se vote una ley por separado en este caso, en un plazo de 30 días, pero el oficialismo, consciente de que puede perder, insistirá con su votación para dejar así expuestos a quiénes acompañan y quiénes no.

“Los artículos que están objetados, están objetados por cuestiones políticas”, aclaraban desde la bancada oficialista, donde podrían perder no solo ese artículo, sino también estar muy ajustados en el artículo 95, que prorroga las facultades del Poder Ejecutivo para subir las alícuotas de retenciones. 

Mientras transcurría la tarde, y el ministro de Economía, Sergio Massa, se encontraba reunido con Cecilia Moreau en la Presidencia, un diputado de la oposición aseguraba enfáticamente por los pasillos que “hay dos artículos que no van a estar en el Presupuesto: el 95 y el 100”. 

El debate por el Presupuesto 2023 se inició a las 13.44 -un poco más tarde de lo previsto para garantizar la presencia de diputados que venían con los vuelos demorados-, en base a un dictamen suscripto el jueves con las firmas de los representantes del oficialismo, el aliado habitual Diego Sartori (Frente de la Concordia Misionera) y, con disidencias, el cordobés Ignacio García Aresca. El mismo tuvo modificaciones a lo largo de los días siguientes, hasta difundirse el definitivo pasado el mediodía del lunes.

Como dijimos, en principio estaría garantizada la aprobación en general del proyecto, según se descuenta del clima imperante a lo largo del debate.

Está dicho que uno de los temas que más polémica generó en este debate es la inclusión de un artículo anunciado el jueves pasado a través de una iniciativa del oficialista Marcelo Casaretto, para que los jueces paguen Ganancias. “Hoy algunos jueces pagan, pero solamente por una parte de sus remuneraciones”, expresó el entrerriano ese día.

La modificación consta en el artículo 100, que señala “en el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, independientemente de la fecha de su nombramiento, y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones, excepto que por su naturaleza, corresponda su deducción, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley”.

El proyecto estableció además una “cláusula gatillo” sugerida desde la oposición por el tema de la inflación calculada para el año entrante, del 60%. Se estableció en el artículo 138 que “si al 31 de agosto de 2023 la tasa de inflación acumulada superara en un 10% la meta anual establecida en la presente ley, o si los ingresos del Sector Público Nacional superaran en un 10% los previstos para el período acumulado, el Poder Ejecutivo nacional enviará una Ley Complementaria al Congreso para determinar un nuevo cálculo de recursos y créditos de la Administración Pública Nacional (APN) y el plan de gastos para el cuarto trimestre”.

“El proyecto deberá enviarse durante el mes de septiembre de 2023 y tratarse en un lapso de 30 días, no pudiendo el Poder Ejecutivo nacional ampliar el presupuesto por Decreto de Necesidad y Urgencia en ese lapso”, puntualiza el texto aceptado por el oficialismo.

En cambio algo que no fue aceptado, pero que la oposición insistirá hasta último momento en modificar -y en última instancia buscará “voltear” en la votación en particular- es el tema de las retenciones, más puntualmente la posibilidad del Ejecutivo de modificarlas hacia arriba.

El presidente del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, adelantó este martes el apoyo al proyecto del Presupuesto 2023 en la sesión especial de la Cámara de Diputados, y aclaró que el Gobierno se quedó el año pasado sin presupuesto por responsabilidad propia.

Reconoció del mismo que “se trató en tiempo y forma, de manera responsable”, y señaló que acompañarán, en general, lo establecido en el proyecto de ley del Presupuesto 2023”, pero planteó dos observaciones: una para saber “porqué el Poder Ejecutivo insiste para que se le deleguen facultades para fijar retenciones”, y la segunda es que cree que “hay una cuestión institucional con algún motivo extrapresupuestario para distraer los esfuerzos con lo que trabajaron en el presupuesto nacional”.

Respecto a las cuestiones del Presupuesto que generan diferencias, sostuvo que “hay partidas que se escriben con la izquierda, pero se ejecutan con la derecha”, con relación a que lo consideró como “un presupuesto que no escapa al flagelo del ajuste por tener una economía inflacionaria”.

Por otro lado, se mostró positivo porque afirmó que “sesionar para aprobar un presupuesto a mediados de octubre es inédito, a diferencia de años anteriores que se atrasó por diferentes cuestiones”, explicó “Topo” Rodríguez, quien además remarcó que “buscarán insistir en que la Argentina debe invertir y generar empleo”.

Además, responsabilizó al Poder Ejecutivo por “no haber tenido presupuesto durante el 2022”, y remarcó que, en diciembre del 2019, el Gobierno decidió “no tener rumbo, ni impronta presupuestaria, al reutilizar el proyecto que había dejado la gestión saliente”.

El bloque Pro de la Cámara de Diputados anticipó temprano su decisión de no acompañar y abstenerse en la votación del Presupuesto 2023.

Mediante un comunicado, la bancada que conduce Cristian Ritondo argumentó: “Esta posición se fundamenta en que si bien el Gobierno ha aceptado incorporar algunas cláusulas que hemos solicitado desde Juntos por el Cambio también se ha negado a revisar varios artículos a los que nos opondremos en la votación en particular”.

En ese sentido, recordaron que “el Gobierno nacional aceptó incorporar un congelamiento de la planta de personal para evitar que el fin de un mandato presidencial se convierta en la oportunidad para aumentar la planta del Estado y de las empresas públicas. También aceptó la incorporación de una cláusula gatillo para evitar el uso discrecional de los fondos extra presupuestarios que podrían generarse si la inflación anual supera la pauta del 60% prevista en este Presupuesto 2023”.

“Sin embargo, estamos absolutamente en contra de algunos artículos y es por ello que en la votación en particular nos opondremos a delegar en el Poder Ejecutivo el aumento de las retenciones, la creación de zonas aduaneras especiales, y en general de la delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo”, adelantaron.

Los macristas también señalaron que no permitirán que “el Presupuesto sea usado como una herramienta de disciplinamiento del Poder Judicial. Defendemos la legalidad y por eso nos oponemos a que este debate se dé en la ley de presupuesto. Lo hacemos con la autoridad moral de haber sancionado, durante el gobierno del presidente Macri, una ley para que los jueces comiencen a tributar Ganancias. Y consideramos que, si persisten otras inequidades tributarias que afectan a otros miembros del Poder Judicial no amparados por la intangibilidad del artículo 110 de la Constitución Nacional, las mismas deben ser debatidas y corregidas en una ley especial”.

“También nos opondremos a los acuerdos corporativos que benefician a unos trabajadores sobre otros y cuyo costo deberán asumir todos los argentinos. No vamos a ser socios del Gobierno para beneficiar indebidamente al gremio de camioneros”, remarcaron.

Finalmente, los diputados del Pro expresaron: “Sosteniendo nuestro compromiso electoral votaremos en contra de todos los artículos que proponen subir impuestos y tasas”.

El diputado nacional Luciano Laspina, la voz autorizada en temas económicos del interbloque Juntos por el Cambio, criticó este martes el proyecto de Presupuesto 2023 en cuanto a las “prioridades” sobre las cuales se recorta el gasto público. 

“No estamos de acuerdo con la naturaleza del ajuste del gasto”, planteó el macrista, que igualmente en el comienzo de su discurso valoró “las formas” en las que se dio un “debate civilizado respecto a lo que necesita Argentina en materia fiscal” durante el tratamiento en comisiones.

Para el santafesino, “estamos en un final de ciclo. Recibimos el primer presupuesto del kirchnerismo en 20 años en el cual se ejecuta un recorte del gasto público” lo cual es “una derrota ideológica para el oficialismo”, opinó. 

Pero al mismo tiempo, se trata del “principio de una nueva forma de discutir el tratamiento de las cuentas públicas en Argentina, sin medias verdades, eslogan, o teorías indefendibles”. 

“Es un Presupuesto que corrige el gasto en 1,2 del PBI; en el artículo 6 se congela la planta del personal del Estado”, señaló y celebró “ese retorno un poco tardío a la responsabilidad fiscal”. 

Por más que “cumple con la meta del acuerdo con el FMI”, el legislador observó que “el ajuste recae fundamentalmente en tarifas” y hay “muy poco de ajuste en términos de gasto del Estado, de la burocracia, de la austeridad republicana que requiere un momento de crisis como la que tenemos hoy en Argentina”. 

“Se recorta a la educación, las universidades y las provincias”, resaltó y cuestionó que “no hay ninguna medida de reforma estructural del Estado” y “no se habla del déficit inmoral de las empresas públicas”. En esa línea, explicó que se destinan “27 mil millones de pesos para el programa Previaje al mismo tiempo que recortamos el Programa Alimentar; le transferimos a Aerolíneas Argentinas 90 mil millones de pesos al mismo tiempo que recortamos partidas en educación”. Por eso, rechazó que se sigan “manteniendo los privilegios y la sin razón de muchas partidas”. 

Sobre esos argumentos, Laspina consideró que “este Presupuesto se queda a mitad de camino porque no prioriza el gasto, gasta en cosas que no debe”, cuando “a la Argentina ya no le alcanza con el equilibrio fiscal, le hace falta superávit fiscal”.

En otro tramo, alertó que “la deuda del Banco Central pasó en tres años de 20 mil millones de dólares a 60 mil millones de dólares” y “los intereses del Banco Central generan una expansión de dinero a una velocidad de más del 200% anual, quiere decir que tenemos que agradecer tener una inflación del 100%”. 

“Por más que asusten a la gente con el miedo al cambio, yo les digo que no lo van a lograr porque la gente tiene pánico del status quo, de la inflación que no para de subir, de la pobreza, de la falta de empleo, de la inseguridad”, lanzó e insistió que “ordenar las cuentas públicas es condición necesaria pero no suficiente para salir de este desastre”.

En su alocución también cuestionó el beneficio sobre impuesto a las Ganancias para el gremio Camioneros, el cual representa “84.175 millones de pesos”, que es “el doble del bono para la indigencia” que se está otorgando por el Gobierno.

“Es un sin sentido”, enfatizó y acusó al sindicato liderado por Hugo Moyano de haber fustigado “a Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Mauricio Macri y ahora Alberto Fernández. Se aprovecha de la debilidad de los gobiernos para sacar provecho para su propio sector y consolidar su poder corporativo”. “Este Congreso no puede ser rehén de las corporaciones, mucho menos las que tiene comportamientos extorsivos y mafiosos”, añadió.

Tras su discurso, el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, salió a contestarle y pedirle cuidar el tono. “Nosotros no somos rehenes de nadie. Si lo planteamos en esos términos, esto vale para un trabajador camionero y también cuando se legisla sobre el impuesto a las Ganancias de los jueces”, señaló.

En su intervención en el debate por el Presupuesto 2023, el diputado del Frente de Todos Itai Hagman destacó el camino propuesto por el proyecto presentado desde el Ejecutivo, de perseguir el objetivo de que “el ahorro fiscal no recaiga en ninguna política pública que garantiza en la Argentina derechos fundamentales”, y consideró que el programa de “de ajuste drástico de la inversion publica” de la oposición “ya se probó en la Argentina y nunca funcionó”.

El diputado subrayó en primer lugar que el presupuesto se discute, efectivamente, “en un contexto de restricciones, tanto macroeconómicas por desequilibrios básicos, como también por restricciones que emanan del acuerdo que la Argentina firmó, y que la mayoría de este cuerpo acompañó con el FMI, que nos pone determinadas metas fiscales, monetarias, y demás a cumplir”.

Y señaló que, si bien estas restricciones existen, la manera de cumplir esas metas no las define el FMI, las define el Congreso: “Y por eso nos tomamos muy en serio el trabajo de analizar cada una de las partidas que envió el PEN, de realizar modificaciones en áreas muy sensibles, con un norte, con un objetivo. Que es que el ahorro fiscal no recaiga e ninguna política publica que garantiza en la Argentina derechos fundamentales. Ese fue el horizonte de trabajo de la Comisión”.

En este sentido, se refirió a “los datos falsos” que circularon en los últimos días en el debate público, y mostró graficos en los que señalaba una comparación entre las inversiones proyectadas en los presupuestos 2015, 2019 y 2023: “En la Argentina de cada 100 pesos que se destinaban a salud publica en el Presupuesto 2015, en el 2019 se destinaban 83, y en el 23 vamos a destinar 92. En Educación en el 2019, de esos 100, se proyectaban 66 y en el 2023 vamos a destinar 82. En Obra Publica en el 2019 se destinaron 49 y en el 2023 vamos a destinar 63”, enumeró.

Para el legislador, estos gráficos “en forma de V corta” que tienen los indicadores de inversión publica en la Argentina “son el mejor gráfico de lo que ha pasado en los últimos años”, y que el único indicador donde vemos una V corta invertida “es en gasto de pago de intereses de deuda, donde de cada 100 pesos que se destinaban en 2015, en el 2019 se destinaron 237 y en el 2023 se van a destinar 116”.

“Creo que estos datos nos tienen que hacer tomar conciencia de lo que ha pasado en la Argentina en los últimos, y que efectivamente no hemos logrado todavía revertir toda la caída que sufrimos, pero estamos en una dirección”, agregó.

Asimismo, se refirió al articulado en el proyecto respecto a incluir al Poder Judicial en el pago del Impuesto a las Ganancias, y señaló: “Cuando uno habla de equilibrar las cuentas publicas, hay muchas maneras para hacerlo, una discusión es en qué vamos a ahorrar más plata, y en este presupuesto se ahorra fundamentalmente en subsidios energéticos; la otra discusión es cómo hacemos para mejorar la progresividad de la recaudación. En este sentido, que tengamos la posibilidad de incorporar que los magistrados y los funcionarios del Poder Judicial paguen impuestos a las ganancias es una manera de equilibrar las cuentas mirando el lado de los ingresos. Es una manera de resolver parte del problema fiscal que tenemos, pero también algo que es una ofensa simbólica para la mayoría de los argentinos, que vive como una gran desigualdad injustificable que existan privilegios como los que todavía existen en la Argentina de que haya un sector minoritario que no le caben las generales de la ley, que es pagar los impuestos que paga cualquier ciudadano”.

Por otra parte, hizo una referencia sobre la discusión de política económica que trasciende el presupuesto: “Tenemos un debate en la sociedad argentina muy explicito sobre modelos de país, modelos económicos. Creo que tenemos un debate que, a diferencia de años anteriores, es un debate mas sincero. Hoy muchos dirigentes de la oposición dicen con menos vergüenza que país se imaginan”, señaló Hagman, en referencia a la presentación del nuevo libro del expresidentes Mauricio Macri de este lunes.

Por esto, sostuvo que “ya nadie nos va a acusar de hacer una campaña del miedo si yo digo que el programa que se ofrece a la Argentina es de privatización y desguace de empresas publicas, de ajuste drástico de la inversion publica, de achicamiento del Estado, de apertura económica indiscriminada, de terminar con cualquier tipo de protección a la industria nacional, de hacer una reforma que elimine derechos laborales, de hacer una reforma previsional que impide que un montón de adultos mayores que trabajaron toda su vida pero no lo hicieron dentro del sector formal puedan jubilarse, de hacer una reforma fiscal que retrotraiga y le quite presión tributaria a los sectores de mayor poder adquisitivo, de reprimir la protesta social; todo eso esta escrito y publicado. No es una campaña del miedo, eso sincera un debate”.

Y que, en todo caso, “lo llamativo es que se presente es programa como una novedad, como si eso nunca se hubiera aplicado en nuestro país. Es el programa que llevó a la peor crisis economica y politica probablemnte de nuestra historia que fue la crisis del 2001”.

“Justamente frente a ese fracaso sistemático de ese programa en la Argentina, también se conformó nuestro espacio político, tratando de reparar, de tomar un camino de producción y empleo, de retomar y poner como objetivo la distribución del ingreso, de recuperar parcialmente capacidad estatales que habían sido podadas, de aun de manera insuficiente reducir significativamente la pobreza y la indigencia en nuestro país. Por supuesto que si hoy tenemos ese debate también tiene que ver con falencias propias”, agregó.

Respecto a estas falencias, el diputado admitió que a pesar de que “la Argentina se viene recuperando de manera sostenida en términos de actividad, y de empleo, y de que hay una recuperación muy significativa en términos de ganancias de las empresas, y que sin embargo eso no ha ido acompañado de una manera similar en los salarios y en los ingresos. Y ahí está nuestra deuda pendiente. Yo creo que este presupuesto tiene que ser el punto de partida para una política económica que se proponga revertir como primer objetivo en el corto plazo esa situación. Por eso quiero decir que es muy importante que no nos dejemos llevar por los cantos de sirena, que nos quieren convencer que si hacemos los deberes que un sector del poder económico quiere, vamos a conseguir esos resultados. Nunca paso eso en la Argentina”.

Por esto, para el legislador, lo primero que tenemos que hacer es “clausurar la posibilidad” de intentar estabilizar la economía argentina por vía de la devaluación: “Hoy una devaluación en la Argentina no haría otra cosa que hundir la economía, que empobrecer mas a la población y bajar los ingresos. No podemos hacer propio ningún discurso que apele intereses que son ajenos a los del pueblo argentino. No es cierto que las demandas salaria van a provocar inflación, no es cierto que no tenemos que hacer política social para que el Estado le llegue con transferencias directas a los sectores excluidos en la Argentina, necesitamos más de esas políticas, no menos”, concluyó.