Así lo advirtió el diputado oficialista al defender el proyecto en el arranque de la sesión. También negó que se trate de un Presupuesto “de ajuste” y mencionó los incrementos que prevé para áreas sensibles.
Miembro informante del oficialismo, el diputado Carlos Heller abrió este martes el debate por el proyecto de Presupuesto 2023 y advirtió, en virtud de lo ocurrido el año pasado, que “no se puede volver dejar al país, no al Gobierno, sin esa herramienta que es el Presupuesto”.
En esa línea, el porteño consideró que esta iniciativa, que recibió 30 modificaciones, es “realista” y “de cumplimiento posible”. “No es cierto que este sea un Presupuesto de ajuste”, enfatizó en tres oportunidades, al tiempo que resaltó que “está orientado en cinco pilares”: infraestructura, salud, educación, ciencia e innovación, e inclusión social activa con perspectiva de género.
Además, precisó que “se incorporaron 95.166 millones de pesos al Ministerio de Educación, esencialmente en lo que tiene que ver con las becas y el Fondo de Incentivo Docente” y unos 322.575 millones de pesos para distintas áreas sensibles, como políticas alimentarias, asignaciones familiares, becas, integración socio-urbana, entre otros sectores.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda valoró que el proyecto “es el producto de sostenidos debates, es una versión mejorada de la enviada por el Poder Ejecutivo”.
En el arranque de su discurso, Heller analizó la situación internacional y dijo que, en ese marco, el proyecto contiene “un conjunto de supuestos sobre la evolución de las variables volátiles de la economía y las finanzas”.
“Necesariamente hay que ponerlo en el contexto global de lo que está sucediendo en el mundo”, insistió, y agregó que “el Presupuesto es una herramienta de gestión, es un Estado que va a ejecutar sus políticas, es el plan de gobierno”.
Al enumerar distintos pronósticos de recesión que hay para los próximos años, el oficialista subrayó que “los organismos multilaterales siguen diciendo que Argentina va a crecer en 2022 un 4%”, que era la “proyección del Presupuesto que no se aprobó”, mientras que en 2023 crecerá un 2%, también la cifra que contiene la iniciativa, por encima de las proyecciones que hay para Brasil (1%), México (1,2%) y Chile (1%).
Pero además, el legislador se refirió a “la herencia”, para recordar que durante los años del gobierno de Cambiemos hubo una pérdida del PBI de 3,9% y “los salarios reales de los trabajadores cayeron 18,5%”. También, “hubo que enfrentar una renegociación de deuda por 100 mil millones con privados” y el “acuerdo con el Fondo, que fue el menos malo de los acuerdos posibles”, sostuvo y completó: “Nuestro Gobierno no tuvo otro camino que el de la renegociación”.
Luego, Heller aportó índices de recuperación de la economía tras la caída por la pandemia y remarcó: “Está claro que con crecer no alcanza y hace falta un Estado activo que además actúe en la regulación de la puja en favor de los que menos tienen y más necesitan”.
“Somos absolutamente conscientes de que es muy grande el vaso vacío, que son muchísimas las cosas que tenemos por delante y es necesario resolver, y que por eso hay que trabajar mucho para ir avanzando en esa dirección, y entendemos que el proyecto de Presupuesto va en esa dirección”, afirmó.
El diputado señaló que de acuerdo a este Presupuesto, “los salarios crecerán un 2% en términos reales en 2023”. Y, en cuanto a la cifra de inflación del 60%, la calificó como “una meta alcanzable”. “Frente a todos los desafíos que plantea el flagelo inflacionario, la búsqueda de un camino de descenso gradual, sin recurrir al shock antiinflacionario es lo aconsejable en un escenario como este”, argumentó y habló de un objetivo del 44% en 2024 y del 33% en 2025.
El oficialista expresó que “si bien se elabora en un contexto cargado de incertidumbres y amenazas recesivas, este proyecto propende a la estabilidad macroeconómica, a la recomposición del poder adquisitivo, los ingresos de la población, y al fortalecimiento del mercado interno”.
“Se pasará de un déficit primario de 2,5 en 2022 a 1,9 en 2023”, detalló y dijo que se hará con “reordenamiento de gastos, con reducciones a los subsidios a las empresas, especialmente a las de energía, y un aumento en el gasto de las partidas sociales”. En ese sentido, apuntó que “las prestaciones de la seguridad social crecerán 81,1%; los gastos en salud crecerán 85,9%; en educación y cultura 76,5%; y en ciencia y tecnología 128,6%”.
El número reglamentario se logró cuando bajaron al recinto algunos legisladores de Evolución Radical y la UCR. Máximo Kirchner no se sentó en su banca.
Con muy poco apoyo opositor a la hora del quórum, se abrió este martes a las 13.44 la sesión en la Cámara de Diputados para tratar el Presupuesto 2023.
Para habilitar el número reglamentario, el Frente de Todos contó con el apoyo de sus habituales aliados del interbloque Provincias Unidas: los rionegrinos Luis Di Giacomo y Agustín Domingo; y los misioneros Diego Sartori y Eduardo Fernández.
Además, dieron el presente desde un comienzo los dos miembros del bloque SER: el riojano Felipe Álvarez y el santacruceño Claudio Vidal.
Aun sin alcanzarle, el alivio para el oficialismo llegó a las 13.41 cuando comenzaron a asomar un puñado de radicales. Los primeros fueron de la bancada Evolución Radical, entre ellos, Emiliano Yacobitti, Danya Tavela, Carla Carrizo, Dolores Martínez, Gabriela Brouwer de Koning y María Victoria Tejeda. No dio quórum el titular de ese bloque, Rodrigo de Loredo, ni tampoco Martín Tetaz o Alejandro Cacace, quien apareció una vez iniciado el Himno.
Para las 13.43 llegarían los socialistas Mónica Fein y Enrique Estévez; y un minuto después los diputados de la UCR Jorge Rizzoti (Jujuy), Víctor Hugo Romero (Córdoba), Miguel Bazze (Buenos Aires) y Martín Arjol (Misiones).
Así, la gran parte del interbloque Juntos por el Cambio no aportó al quórum; como tampoco Identidad Bonaerense y Córdoba Federal, ambos del interbloque Federal.
Como se anticipaba, la izquierda y los liberales no bajaron al recinto para que se pueda abrir la reunión.
Al Frente de Todos le faltaron cuatro al momento del quórum, entre ellos Máximo Kirchner.
La sesión en la Cámara baja se inició a las 13.44, con perspectivas de que se extienda hasta entrada la mañana de este miércoles. El oficialismo es optimista respecto de lograr la aprobación.
A casi un mes de haberse iniciado el debate en comisión -con la presencia del ministro de Economía en Presupuesto y Hacienda el 28 de septiembre- se debate este martes en el recinto de la Cámara baja el proyecto de ley de leyes: el Presupuesto 2023.
Con el antecedente del rechazo del anterior proyecto, en diciembre del año pasado, las perspectivas para este debate son diametralmente opuestas, pues en esta oportunidad el debate en comisión no solo fue extenso, sino que también tuvo un tono en líneas generales cordial, en cuyo marco el Gobierno no solo permitió la presencia de una veintena de funcionarios, sino también habilitó numerosas modificaciones.
Se complicó sobre el final, eso sí, a partir de la introducción de algunos artículos que alteraron los ánimos en la oposición. Particularmente ese que establece el pago de Ganancias para todos los funcionarios y empleados del Poder Judicial.
La expectativa es grande, no solo porque pueda conseguirse la aprobación en general, que se descuenta -con votos propios, de aliados y algunos opositores que así lo adelantaron-, sino sobre todo por el debate en particular, que tendrá lugar en la mañana de este miércoles, por la intención adelantada de parte de la oposición de voltear algunos de los proyectos más controversiales.
El debate se inició a las 13.44 -un poco más tarde de lo previsto para garantizar la presencia de diputados que venían con los vuelos demorados-, en base a un dictamen suscripto el jueves con las firmas de los representantes del oficialismo, el aliado habitual Diego Sartori (Frente de la Concordia Misionera) y, con disidencias, el cordobés Ignacio García Aresca. El mismo tuvo modificaciones a lo largo de los días siguientes, hasta difundirse el definitivo pasado el mediodía del lunes.
Como dijimos, en principio estaría garantizada la aprobación en general del proyecto, según se descuenta del clima imperante a lo largo del debate.
Está dicho que uno de los temas que más polémica generó en este debate es la inclusión de un artículo anunciada el jueves pasado a través de una iniciativa del oficialista Marcelo Casaretto, para que los jueces paguen Ganancias. “Hoy algunos jueces pagan, pero solamente por una parte de sus remuneraciones”, expresó el entrerriano ese día.
La modificación consta en el artículo 100, que señala “en el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, independientemente de la fecha de su nombramiento, y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones, excepto que por su naturaleza, corresponda su deducción, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley”.
El proyecto estableció además una “cláusula gatillo” sugerida desde la oposición por el tema de la inflación calculada para el año entrante, del 60%. Se estableció en el artículo 138 que “si al 31 de agosto de 2023 la tasa de inflación acumulada superara en un 10% la meta anual establecida en la presente ley, o si los ingresos del Sector Público Nacional superaran en un 10% los previstos para el período acumulado, el Poder Ejecutivo nacional enviará una Ley Complementaria al Congreso para determinar un nuevo cálculo de recursos y créditos de la Administración Pública Nacional (APN) y el plan de gastos para el cuarto trimestre”.
“El proyecto deberá enviarse durante el mes de septiembre de 2023 y tratarse en un lapso de 30 días, no pudiendo el Poder Ejecutivo nacional ampliar el presupuesto por Decreto de Necesidad y Urgencia en ese lapso”, puntualiza el texto aceptado por el oficialismo.
En cambio algo que no fue aceptado, pero que la oposición insistirá hasta último momento en modificar -y en última instancia buscará “voltear” en la votación en particular- es el tema de las retenciones, más puntualmente la posibilidad del Ejecutivo de modificarlas hacia arriba.
No existe una postura unificada en el seno de los distintos sectores ajenos al oficialismo. La sumatoria de artículos considerados “controversiales” complicó una postura de consenso.
Lo que a priori el jueves pasado parecía sería una sesión sin mayores inconvenientes más allá de su extensión, se complicó en las últimas horas, de cara al debate del Presupuesto 2023. Y si bien persiste en el seno de la oposición la postura de que el Gobierno no debería quedarse por segundo año consecutivo sin Presupuesto, las posturas ya no son uniformes y en las últimas horas ganaron posiciones los que consideran que el oficialismo no debe tenerla fácil para esta sesión.
En principio, la reunión de Labor Parlamentaria arrancó al mediodía, una hora más tarde de lo previsto. Y en consecuencia, la sesión comenzará a las 13.30, una hora más tarde de la prevista originalmente. Esa reunión fue muy breve, apenas se extendió poco más de 15 minutos y durante la misma se acordó que se traten al inicio las cuestiones de privilegio pendientes de la sesión del 12 de octubre pasado.
La inclusión en el proyecto oficial de Presupuesto 2023 de una serie de artículos sobre el final generó la consecuente reacción de parte de una oposición muy sensible a ese tipo de situaciones. Sin dudas el elemento más controversial agregado sobre el final ha sido el artículo que refiere al pago de Ganancias de parte de los funcionarios y empleados del Poder Judicial, que es considerado por muchos en Juntos por el Cambio “parte de la pelea” que mantiene el oficialismo con la Justicia en general. El tema despertó reticencias en el seno de JxC, donde consideran que se trata de un artículo que también ha sido puesto para generar incomodidad en el seno de la principal oposición.
Lo cierto es que lo ha logrado, pues mientras en el Pro no están de acuerdo con votarlo, por considerar que se trata de un artículo “endeble” que no resistiría el primer amparo en contra que se presente, desde Evolución Radical (12 diputados) se mostraron a favor desde el primer momento.
El mismo tema ha generado críticas desde el interbloque Federal, que a priori parecía alineado con el Presupuesto pues el diputado cordobés Ignacio García Aresca había suscripto el dictamen con disidencias, y ahora, a raíz de ese artículo polémico, su apoyo aparece condicionado.
La realidad es que el oficialismo deberá esforzarse para conseguir el quórum, aunque desde la oposición trascendió que serán varios los que le pondrán el cuerpo para que la sesión pueda arrancar. El problema en todo caso lo tendrá el oficialismo a la hora de la votación en general. Ahí, el Pro ya ha adelantado a través de sus principales referentes la decisión de abstenerse. En el caso de los radicales, la postura sería aprobar en general el proyecto, lo mismo que Evolución, y buena parte de los bloques minoritarios de la principal oposición. No es el caso de Ricardo López Murphy, que ya adelantó su rechazo.
Con todo, no es el artículo sobre Ganancias de los jueces el único que genera controversias en el ámbito opositor. El beneficio que alcanza a 130.000 afiliados del gremio Camionero con una exención para Ganancias es otro de los cuestionamientos. También, por supuesto, el tema referido a las retenciones.
Entre las numerosas modificaciones que se realizaron al proyecto enviado por el Ejecutivo, se incorporó una cláusula por inflación, impuesto a las Ganancias para jueces y un artículo que beneficiará a un grupo de afiliados al gremio de Camioneros.
A pocas horas de que la Cámara de Diputados se abocara al debate del proyecto sobre el Presupuesto 2023 enviado por el Poder Ejecutivo y, pese a que el dictamen tuvo numerosas modificaciones en la última reunión de Comisión, el texto continuaba siendo objeto de análisis para eventuales modificaciones que garanticen su aprobación.
El proyecto de Presupuesto 2023 prevé un crecimiento del PBI del 2%, con una inflación del 60% y un dólar a 269 pesos en diciembre del año próximo. El déficit primario proyectado es de 1,9% del PBI, contra el 2,5% previsto para el presente año, en línea con el compromiso tomado con el FMI.
Entre las principales modificaciones, el Frente de Todos aceptó la “cláusula gatillo” por inflación propuesta desde Juntos por el Cambio. Otra muy controversial es la que impulsó el oficialista Marcelo Casaretto para que todo el Poder Judicial pague el impuesto a las Ganancias. También se incorporó un artículo que beneficia al gremio de Camioneros en relación al pago de Impuestos a las Ganancias.
Sobre los pedidos para la incorporación de obras, algunos ya tomados y otros que seguirán estudiándose, se introdujeron cambios en la redacción del artículo 11 en el que se faculta al jefe de Gabinete de Ministros a “incorporar la contratación de obras o adquisición de bienes y servicios en la medida en que ellas se financien con cargo a las facultades previstas”, y se lo autoriza a “efectuar las compensaciones necesarias a los objetivos presupuestarios aprobados por la ley, a efectos de atender la financiación de las obras”.
El artículo 13 también sufrió modificaciones, ya que establece la vigencia del artículo 7 de la Ley de Financiamiento Educativo “en concordancia con lo dispuesto en los artículos 9° y 11 de la Ley de Educación Nacional teniendo en mira los fines, objetivos y metas de la política educativa nacional y asegurando el reparto automático de los recursos a los ministerios de educación u organismos equivalentes de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios, para cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función, formal y no formal, de la educación”.
En cuanto al artículo 17, se establecerá un aumento de 1.000 millones de pesos para la Ley de Bosques (pasa de 8.000 millones a 9.000 millones); y de 500 millones para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos (pasa de 500 millones a 1.000 millones).
Sobre el Fondo de Compensación al Transporte Público del interior, se fija en el artículo 81 una suma de 85 mil millones de pesos -que había sido acordada por el ministro de Economía, Sergio Massa, con los gobernadores del norte grande- como “piso a partir del cual se revisará el funcionamiento del sistema para actualizar el importe, estimulando un sistema de monitoreo permanente para corregir asimetrías preferentemente en base a la asignación de recursos, conforme al método de financiamiento de la demanda de pasajeros”.
Además, se crea un Consejo Federal para la administración de los subsidios, “con el objeto de evaluar el uso y la aplicación de recursos, como así también la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) como medio de percepción de la tarifa para el acceso a la totalidad de los servicios del transporte público”.
Asimismo, el Ministerio de Transporte “será el encargado de reglamentar el funcionamiento del Consejo Federal para la administración, pudiendo incluso prorrogar por única vez y por un plazo máximo de cuatro meses la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE)”.
El artículo 83 también fue modificado, el cual trata sobre las partidas destinadas a la provincia de La Rioja, que será de “47 mil millones a favor de la provincia y de los municipios”, y explica que “el 100% serán transferidas en 12 cuotas mensuales y equivalentes”.
Uno de los puntos más polémicos, que había sido reclamado tanto por el oficialismo como por la oposición, era el vinculado a la deuda que las provincias tienen con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico). Por eso, se cambió la redacción del artículo 89, de modo de no poner en riesgo los fondos que por coparticipación les corresponden a las jurisdicciones. A partir de la modificación, se indica que “la Secretaría de Energía establecerá una unidad de medida de valor homogénea vinculada a transacciones por consumo que asegure el valor del crédito, e implementará un plan de regularización de deuda de hasta 96 cuotas mensuales”.
“Las jurisdicciones provinciales resultarán solidariamente responsables en el marco del presente régimen”, estipula y resalta que “vencido dicho plazo la Jefatura de Gabinete, a través del Ministerio de Economía, podrá retener de los fondos comprometidos en los convenios de transferencias presupuestarias suscriptos entre cada jurisdicción provincial y cualquier entidad del sector público” la suma que se adeude, pero con la aclaración de que “en ningún caso la retención podrá afectar la coparticipación federal de recursos fiscales”.
Otro de los cambios fue sobre el artículo 96 que crea un régimen de regularización tributaria para las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios, incluidos organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, para la condonación de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social vencidas hasta el 31 de octubre de 2022, cualquiera sea el estado en que se encuentren.
Por otra parte, se agregó al artículo 61 el Fideicomiso de fortalecimiento al Sistema Nacional de Aeropuertos, ya que solamente contemplaba al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos para la exención de derechos de importación, tasas por servicios portuarios, de impuestos internos y del IVA para las “importaciones para consumo de bienes de capital, material aeroportuario y de los repuestos relacionados destinados a proyectos de inversión para el fortalecimiento del sistema nacional de aeropuertos”. Los beneficios regirán hasta el 31 de diciembre de 2023, inclusive.
A su vez, se suprimió el artículo 129 que había sido pedido por el diputado oficialista Sergio Palazzo que derogaba una exención que encarecía el costo de la medicina prepaga.
Entre las nuevas incorporaciones, se incluyó un artículo que beneficiará a un grupo de afiliados al gremio de Camioneros, ya que modificará el esquema de deducciones del impuesto a las Ganancias para los trabajadores de ese sector y que aliviará la carga tributaria sobre sus salarios.
Se trata del artículo 104 que prevé incluir “como sexto párrafo del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, con vigencia a partir del año fiscal 2022″, un apartado en el que se sostiene que para trabajadores de “actividades de transporte terrestre de larga distancia (…) la deducción allí prevista no podrá exceder el importe que resulte de incrementar en cuatro (4) veces el monto de la citada ganancia no imponible”.
También se modificó el artículo 115 que deroga el artículo 13 de la Ley de Financiamiento Productivo que trata sobre “Facturas de Crédito Electrónicas MiPyMEs” que podrán ser negociadas mediante herramientas o sistemas informáticos que faciliten la realización de operaciones de factoraje, cesión, descuento y/o negociación de facturas.
A su vez, los artículos 71 incorpora que “podrá destinarse a la adquisición de un inmueble usado que sea afectado con destino exclusivo a casa-habitación del declarante de los fondos y su familia, o por un plazo no inferior a 10 años a la locación con destino exclusivo a casa-habitación del locatario y su familia”.
El artículo 72 también agrega la creación de un Régimen de Incentivo a la Inversión y Producción Argentina “mediante el cual las personas humanas, sucesiones indivisas y los sujetos establecidos en el artículo 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias podrán declarar de manera voluntaria ante la AFIP la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior”.
Por otro lado, el artículo 95 prorroga hasta el 31 de diciembre de 2023 las facultades del Poder Ejecutivo sobre retenciones.
Artículo 138: “Si al 31 de agosto de 2023 la tasa de inflación acumulada superara en un 10% la meta anual establecida en la presente ley, o si los ingresos del sector público nacional superaran en un 10% lo previsto para el período acumulado, el Poder Ejecutivo enviará una ley complementaria al Congreso para determinar un nuevo cálculo de recursos y créditos de la administración pública nacional y el plan de gastos para el cuarto trimestre”.
Además, indica que “el proyecto deberá enviarse durante el mes de septiembre de 2023 y tratarse en un lapso de 30 días, no pudiendo el Poder Ejecutivo ampliar el Presupuesto por Decreto de Necesidad y Urgencia en ese lapso”.
Otro cambio importante fue la eliminación de la exención en el impuesto a las Ganancias para jueces y empleados del Poder Judicial. Si bien rige que los nombrados desde 2017 sí paguen el tributo, se avanzó con una modificación para que estén alcanzados todos “independientemente de la fecha de su nombramiento”.
De esta manera, el nuevo inciso “a” del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, indica que constituyen ganancias de cuarta categoría “las provenientes del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los poderes Ejecutivos y Legislativos. En el caso de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de sus ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente de la fecha de su nombramiento, y por rodos los conceptos que integran sus remuneraciones”.
Asimismo, el nuevo inciso “c” del mismo artículo, reza: “De las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal, de los consejeros de las sociedades cooperativas y de las asignaciones mensuales y vitalicias reconocidas a presidentes, vicepresidentes de la Nación y jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Por otra parte, se anunciaron incrementos en políticas alimentarias, por $101.890 millones; prestaciones sociales y asignaciones familiares por $90.830 millones; becas de educación por $59.542; al Fondo Nacional de Incentivo Docente por $31.175 millones; al Fondo de Integración Socio-Urbana por $19.700 millones; a los comedores escolares por $12.969 millones; a la infraestructura y el equipamiento en educación por $4.149 millones; y a los programas que garantizan derechos de niños y niñas por $400 millones de pesos; resultando un total de 320.655 millones de pesos en aumentos para estas partidas.
También se aceptó que se puedan deducir de Ganancias hasta el 40% de los gastos educativos de una familia; y la creación de una tasa de seguridad de aviación.
Aunque la redacción no se definió por completo, el oficialismo sí se comprometió a incluir un artículo referido a las zonas francas, un reclamo que pidió fuertemente el misionero Diego Sartori -del oficialismo provincial-, tras lo cual terminó acompañando el dictamen.
Además, a pedido de los diputados de Tierra del Fuego, tanto del oficialismo como de la oposición, se contempló una suba de impuestos internos a los productos electrónicos: se eleva del 6,5% al 10% en el caso de los nacionales; y del 17% al 19% en el caso de importados.
En vísperas del debate de la ley de leyes que arrancará este martes a las 12.30 en el recinto, los diputados escucharán los planteos de la Asociación de Magistrados.
Sin lugar a dudas, uno de los temas más disruptivos del debate del Presupuesto 2023 de este martes es la propuesta hecha por el diputado nacional Marcelo Casaretto para que todos los integrantes del Poder Judicial -desde jueces a empleados- paguen el impuesto a las Ganancias.
El tema ha despertado gran inquietud en toda la Justicia nacional y así se ha palpado desde el viernes, con innumerables comentarios y declaraciones expresadas a favor y en contra de la propuesta.
En ese marco es que la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), entidad gremial de la justicia federal y nacional, pidió una audiencia a los diputados, que este mismo lunes los escucharán.
La reunión está prevista para las 17 en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja. Allí, las autoridades de la Comisión de Presupuesto y diputados del oficialismo y de la oposición se reunirán con representantes de la mencionada asociación, que llevará sus planteos ante los legisladores, en vísperas del análisis del tema en el recinto.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional también le pidieron audiencia a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que los recibirá este miércoles al mediodía. Seguramente habiéndose concretado ya la aprobación del Presupuesto 2023 en la Cámara baja. Habrá que ver si el polémico artículo vigente.
El proyecto con las decenas de modificaciones realizadas a la hora de la firma y posteriormente fue difundido este lunes.
En vísperas del debate en Diputados del proyecto de ley de Presupuesto 2023, se difundió el dictamen definitivo, que será pasible de eventuales modificaciones en la discusión en el recinto. Son 142 artículos en 49 folios.
OD-N°376-PRESUPUESTO-2023Romina Uhrig fue diputada nacional durante dos años. A quién reemplazó, cuánto habló en las sesiones y qué cantidad de proyectos impulsó.
Una impensada polémica se generó en el reality show Gran Hermano, que transmite Telefé, cuando un episodio imprevisto repercutió nada menos que en la Casa de Gobierno. Obviamente hablamos de las expresiones del participante llamado Walter Santiago, más conocido -ahora- popularmente por su apodo “Alfa”, que reveló a bocajarro haber sido “coimeado tres veces” por Alberto Fernández, generando la ya conocida reacción de la portavoz presidencial y, en particular, del presidente de la Nación.
Lo cierto es que los dichos de Alfa se dieron durante un pasaje de la transmisión que se sigue por un canal de streaming, Pluto TV, y ese toque político vino a cuento de que este personaje sexagenario estaba hablando con la exdiputada nacional kirchnerista Romina Maricel Uhrig, también participante de este tan comentado reality. “Hablando”, es un decir, porque en realidad cuando Alfa dijo lo que dijo, la diputada nacional (MC) no emitió palabra alguna, lo cual no deja de ser un dato llamativo.
Lo cierto es que el hecho de que la expareja del exintendente de Moreno Walter Festa no haya dicho nada en esas circunstancias no es algo que deba llamar demasiado la atención. Pasa que esta joven de 34 años no se destacó durante su paso por la Cámara de Diputados por su locuacidad. De hecho, no dio ningún discurso durante sus dos años de mandato, según consta en los informes anuales elaborados en la materia por el Indice de Calidad Legislativa de Parlamentario.
Ella asumió el 19 de diciembre de 2019 para completar el período de Fernando Espinoza, quien reasumió entonces al frente de la intendencia de La Matanza. Uhrig había figurado en el 15° lugar de la lista de Unidad Ciudadana que encabezó ese año María Fernanda Vallejos. Y precisamente al asumir fue cuando expresó el único “mensaje” de sus dos años en la banca. Fue al jurar, ocasión en la cual expresó 44 palabras: “Por Perón, por Evita, por Néstor, por Cristina, por los derechos de las mujeres, por las personas con discapacidad, por nuestros adultos mayores, por mis compañeros, por el pueblo argentino que la está pasando mal y por mi querido pueblo de Moreno, sí, juro”.
El año 2020 fue el primero completo de su gestión y durante el mismo figuran en su haber 36 palabras expresadas en el recinto, por lo que se ubicó en el puesto 254 entre 257, que corresponden no a discursos, sino a aclaraciones respecto de su voto, cosa que se hizo muy común durante las sesiones virtuales.
Lo mismo sucedió en el año 2021, en el que los taquígrafos le registraron apenas 24 palabras, correspondientes por ejemplo al sentido de su voto.
Durante su gestión, Romina Uhrig tampoco presentó ningún proyecto propio y tan solo acompañó 28 iniciativas ajenas.
Del trabajo en las comisiones, corresponde acotar que fue designada secretaria de la Comisión de las Personas Mayores, que encabezaba la diputada Graciela Ocaña.
Por último, tal vez el hecho más notorio de su paso por la Cámara de Diputados haya sido su postura en el debate sobre el aborto, pues fue una de los tres diputados oficialistas que se abstuvieron a la hora de votar, junto al misionero Héctor “Cacho” Bárbaro y el jujeño Julio Ferreyra. Recodemos que en esa sesión hubo apenas seis abstenciones, y a las citadas hay que sumar las de los diputados de Juntos por el Cambio José Luis Patiño (Pro), Alfredo Cornejo (UCR) y Mariana Zuvic (CC-ARI).
Para su perdurabilidad en la casa de Gran Hermano, es de esperar que Romina Uhrig tenga un destaque mayor que el que tuvo entre 2019 y 2021 como representante del pueblo bonaerense en el Congreso de la Nación.
Será en el marco de una sesión maratónica que se iniciará pasado el mediodía del martes y que es precedida por un debate en el que el oficialismo se mostró muy dispuesto a hacer modificaciones al proyecto original.
Con un debate del proyecto diametralmente opuesto al del año anterior, y la esperanza fundada en que con ese dato concreto el resultado sea igual de diferente, la Cámara de Diputados se propone discutir este martes el proyecto de Presupuesto 2023 a partir de las 12.30.
Así lo estableció la convocatoria conocida el jueves pasado, al cabo de la última reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la que se firmó el dictamen correspondiente, que contó con las firmas de los representantes del oficialismo, el aliado habitual Diego Sartori (Frente de la Concordia Misionera) y, con disidencias, el cordobés Ignacio García Aresca.
Juntos por el Cambio no acompañó el dictamen, lo cual no implica que no vayan a votar sus miembros -o algunos de ellos- a favor al menos en la votación en general. Eso sucederá en la madrugada, o ya entrada la mañana del miércoles, pues lo que a priori se ha establecido es que el debate se realice sin pasar a un cuarto intermedio a las 12 de la noche del primer día de discusión, tal cual la propuesta del diputado radical mendocino Julio Cobos. Si bien esta propuesta encuentra beneplácito en la mayoría de los legisladores -incluidos los del Frente de Todos-, está prevaleciendo la tradición y, sobre todo, la precaución en el seno del oficialismo respecto de evitar sorpresas a la hora de mantener el quórum.
Cualquier decisión en contrario al mantenimiento de la modalidad habitual debería resolverse en la reunión de Labor Parlamentaria, que será a partir de las 11 del martes.
Con todo, en principio estaría garantizada la aprobación en general del proyecto, según se descuenta del clima imperante a lo largo del debate de casi un mes que se abrió el 28 de septiembre con la presencia en el Congreso del ministro de Economía, Sergio Massa, y la posterior concurrencia de numerosos funcionarios, incluidos nueve ministros (prácticamente la mitad del gabinete nacional).
En ese marco en Juntos por el Cambio el único que ha adelantado su rechazo concreto es Ricardo López Murphy, quien ya exteriorizó su postura el jueves al hablar ante la Comisión de Presupuesto, por cuanto el proyecto no le parece “realista” y considera que tiene “cosas absurdas”. Luego se espera que haya posturas similares de parte por ejemplo del neuquino Francisco Sánchez -que suele diferenciarse en ese interbloque con posturas extremas-, pero por ejemplo en el radicalismo estaría primando un posicionamiento “favorable en general”. El mismo espíritu estaría prevaleciendo en el Pro, aunque en definitiva nadie ha adelantado en JxC posturas concretas, más allá de rechazos puntuales a determinados artículos del proyecto.
En el caso de la Coalición Cívica, existe un llamado previo de su líder Elisa Carrió respecto de no aprobar el proyecto impulsado por Sergio Massa, y la posición de esa bancada estaría hoy más cercana a una abstención. Como sea, tanto desde ese bloque como el de los socios mayoritarios de JxC las decisiones se adoptarán en reuniones que realizarán previamente a la sesión.
En definitiva, la postura de ese sector de no acompañar el dictamen tiene sentido y también era esperada por el oficialismo, más allá de la disposición a aceptar modificaciones: una vez concluida la reunión de comisión del jueves pasado y hasta el martes, continuaron y continuarán las negociaciones -incluso durante el fin de semana, obviamente- en busca de alcanzar modificaciones puntuales, espíritu que hubiera contrastado con un apoyo general al dictamen.
Entre las cosas que se estaban discutiendo, por ejemplo, figura la negociación de partidas que revirtieran la variación negativa en términos reales del 11,7% en políticas para niñez y adolescencia.
Entre los apoyos explícitos que sí logró el oficialismo se encuentra el citado de Diego Sartori, que más allá del acompañamiento que suele brindar ese espacio integrante del interbloque Provincias Unidas que completan los diputados rionegrinos, había adelantado en la previa del debate el deseo de contar con una zona franca en la provincia de Misiones. Algo que había sido acordado en el Presupuesto 2021 -el único que esta administración consiguió aprobar en estos años-, pero que el presidente terminó vetando. Ahora se le dio al Poder Ejecutivo a través del artículo 69 la facultad para establecer zonas francas sin citar ninguna en particular, de modo tal de liberar las manos del Gobierno sin herir susceptibilidades.
Un beneficio provincial que se mantiene es el del Régimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego, pero amén de ello que no estaba puesto en discusión a través del Presupuesto, se resolvió elevar el impuesto a los productos nacionales del 6,5% al 10% y a los productos electrónicos importados del 17 al 19%. Cosa que generó el rechazo anticipado de la Coalición Cívica, que en los días previos había impulsado un proyecto para derogar el régimen fueguino, motivando reacciones adversas en el seno del propio Juntos por el Cambio, incluido un enfático comunicado de la UCR nacional. Independientemente de ello y de que la propuesta de aumentar esos gravámenes haya sido impulsada por cuatro de los diputados fueguinos -incluidos los dos del Pro-, lo más probable es que el artículo sea rechazado en particular por el resto de los integrantes de JxC, en función de su postura respecto del aumento de impuestos.
Una cuestión disruptiva la constituye sin duda la inclusión de un artículo anunciada el jueves pasado a través de una iniciativa del oficialista Marcelo Casaretto, para que los jueces paguen Ganancias. “Hoy algunos jueces pagan, pero solamente por una parte de sus remuneraciones”, expresó el entrerriano ese día.
La modificación consta en el artículo 100, que señala “en el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, independientemente de la fecha de su nombramiento, y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones, excepto que por su naturaleza, corresponda su deducción, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley”.
La disposición es enmarcada por muchos en la pelea que mantiene el oficialismo con la Justicia en general y la Corte Suprema en particular, que es la que tendrá que terminar resolviendo a partir de los planteos que surgirán en la materia. También genera una situación incómoda en el seno de la principal oposición, donde muchas voces se han alzado apoyando esta medida, pero otras, como la de Pablo Tonelli (Pro), se han anticipado contrarias. Se verá la decisión que adopte a la hora de la votación en particular el espacio opositor, pero muchos insistían este fin de semana en la “endeblez” que supondría imponer una norma definitiva a través de un proyecto que tiene validez anual.
El proyecto estableció además una “cláusula gatillo” sugerida desde la oposición por el tema de la inflación calculada para el año entrante, del 60%. Se estableció en el artículo 138 que “si al 31 de agosto de 2023 la tasa de inflación acumulada superara en un 10% la meta anual establecida en la presente ley, o si los ingresos del Sector Público Nacional superaran en un 10% los previstos para el período acumulado, el Poder Ejecutivo nacional enviará una Ley Complementaria al Congreso para determinar un nuevo cálculo de recursos y créditos de la Administración Pública Nacional (APN) y el plan de gastos para el cuarto trimestre”.
“El proyecto deberá enviarse durante el mes de septiembre de 2023 y tratarse en un lapso de 30 días, no pudiendo el Poder Ejecutivo nacional ampliar el presupuesto por Decreto de Necesidad y Urgencia en ese lapso”, puntualiza el texto aceptado por el oficialismo.
En cambio algo que no fue aceptado, pero que la oposición insistirá hasta último momento en modificar -y en última instancia buscará “voltear” en la votación en particular- es el tema de las retenciones, más puntualmente la posibilidad del Ejecutivo de modificarlas hacia arriba.
Donde sí hubo una marcha atrás de parte del oficialismo es en el artículo impulsado por el diputado sindical Sergio Palazzo (FdT-Buenos Aires) por el cual se obligaba a tributar el 15% sobre el monto adicional que pagan los afiliados de empresas de medicina prepaga por los planes especiales de adhesión voluntaria. Empero, la oposición se mantiene en guardia pues se mantiene en el texto un artículo que permite a las prepagas y obras sociales a gravar esos mismos planes especiales o complementarios. Se trata del artículo 129, que sería eliminado en una separata, según aclararon fuentes oficialistas.
DICTAMEN-CON-MODIFICACIONES-38-JGM-22.doc-VERSION-FINAL-2-pdf.io_En su decimoctava edición, se abrieron las puertas del Palacio Legislativo para que los visitantes pudieran recorrer el recinto de ambas cámaras, conocer el salón de “Eva Perón” y presenciar exposiciones artísticas.
El Congreso de la Nación abrió sus puertas este sábado por la decimoctava Noche de los Museos, con actividades organizadas por el Senado de la Nación, la Cámara de Diputados, la Imprenta y la Biblioteca del Congreso.
El público podrá conocer las características de la historia de los recintos de ambas cámaras y de los salones, y las particularidades de este edificio que es un Monumento Histórico Nacional. En los últimos años ha sido restaurado por equipos de profesionales y especialistas que han trabajado minuciosamente en cada detalle.
Cada visitante podrá ingresar al “Salón de Pasos Perdidos”, en el que se encuentra una de las banderas del Operativo Cóndor que flameó en las Islas Malvinas durante la guerra. La majestuosa araña en el Salón Azul cuenta la historia argentina por medio de múltiples símbolos y alegorías. Los vitrales del Salón de las Provincias, donde habrá una muestra de sobre las primeras legisladoras argentinas, y del salón de Eva Perón, en el que además se encuentra un busto dorado de Eva, una vitrina que guarda su sudario y el recientemente inaugurado cuadro “Evita soberana”, de Eduardo Gonet.
Además, se realizarán tres visitas guiadas en Lengua de Señas Argentina: a las 19, a las 21 y a las 00, y en lo que respecta al Edificio Del Molino, se podrán recorrer los emblemáticos salones de fiesta y el espacio de la confitería, donde los visitantes podrán disfrutar de espectáculos de música en vivo y exposiciones de objetos históricos. También, desde la Comisión se invita a participar activamente de la recuperación histórica, acercando fotos u objetos que consideren que puedan formar parte del museo a instalarse en el Molino. El stand estará ubicado en la planta baja.
Así también habrá una exposición de la Imprenta del Congreso en el Salón Blanco y una exhibición de las distintas constituciones nacionales y otros documentos históricos, organizado por el Archivo y Registro de Leyes del Senado.
Por su parte, la Biblioteca presentará en el Espacio Cultural, ubicado en Alsina 1835, una visita guiada a la muestra “La Escribiente”, referida a la obra de María Teresa Andruetto. Finalmente, se expondrá serigrafía en vivo en el marco de la muestra, “La pasión según Leonardo Favio”, entre otras actividades.
Analizaron el “logro histórico” para Camioneros que se incluyó en el Presupuesto 2023.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, recibió al líder del gremio transportista para dialogar sobre la modificación al Impuesto a las Ganancias que beneficiará a más de 130 mil trabajadores.
El próximo martes 25, la Cámara baja buscará darle media sanción al Presupuesto 2023, al que recientemente -a partir de un acuerdo entre Camioneros y el Ministerio de Economía- se le incluyó una modificación sobre el Impuesto a las Ganancias que establece la exención de los adicionales al salario básico de los transportistas terrestres para el pago del tributo, en beneficio de más de 130 mil trabajadores.
De esta manera, Camioneros logró dar respuesta a un reclamo histórico, ya que era el único gremio de transporte hasta el momento que tributaba Ganancias sobre comidas, viáticos, premios y otros complementos del sueldo.
También participaron del encuentro Raúl Rigo, secretario de Hacienda; Nicolás Aliano, jefe de Gabinete de la Secretaría de Hacienda, y Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos; los diputados nacionales Paula Penacca y Hugo Yasky; y de Camioneros: Oscar Pérez, Sergio Sánchez, Carlos Zolezzi, José Luis García y Oscar Borda.
Luego de una serie de modificaciones introducidas a la iniciativa original enviada por el Poder Ejecutivo, este es el texto que se debatirá en el pleno del recinto de la Cámara de Diputados.
Este viernes se conoció el dictamen firmado en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Presupuesto 2023 al que se le introdujeron una batería de modificaciones y que se seguirá modificando hasta el martes 25, día en el que será debatido en el recinto de la Cámara baja en una sesión especial que está convocada para las 12.30.
DICTAMEN-CON-MODIFICACIONES-38-JGM-22.doc-VERSION-FINAL-2-pdf.io_Los legisladores dialogaron sobre la situación en la región, los acontecimientos globales y el impacto que trae a las economías nacionales. También acordaron profundizar vínculos para ampliar la cooperación en áreas como ciencia y salud.
Legisladores de distintas fuerzas políticas e integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Asuntos Municipales recibieron este jueves en la Cámara baja a una delegación de diputados dominicanos para profundizar las relaciones bilaterales.
Durante el encuentro, dialogaron sobre la situación en la región, así como de los últimos sucesos a nivel global y el impacto que ello trajo en las economías nacionales. Asimismo, aprovecharon la oportunidad para intercambiar miradas y experiencias sobre legislación vinculada al desarrollo local, tema central en la agenda de ambos países.
Por otra parte, sobre la base de la sintonía política y económica, las delegaciones se comprometieron a trabajar para seguir profundizando los vínculos institucionales entre Argentina y Rep. Dominicana con el fin de ampliar la cooperación en áreas como ciencia, salud y defensa.
La relación bilateral es de mucha cercanía y cobró un renovado impulso en los últimos años con visitas del más alto nivel, firma de acuerdos y la puesta en práctica de diversos mecanismos de coordinación económica, política y parlamentaria.
La Argentina ha mantenido tradicionalmente un saldo comercial favorable con la República Dominicana. Durante el año 2021 las exportaciones argentinas a este país registraron un valor de USD 314 millones, cifra que representó un incremento del 201% respecto de 2020.
Cabe destacar que República Dominicana no solo es importante para la exportación de productos agrícolas, sino también por su potencial como mercado para la venta de bienes industriales como autos y farmacéuticos. Los principales productos exportados por nuestro país son: aceite de soja, vehículos, naftas, trigo, medicamentos, malta y aceite de Girasol.
Del encuentro, participaron los diputados Eduardo Valdés, Ingrid Jetter, Julio Pereyra y Guillermo Carnaghi, junto al director general de Diplomacia Parlamentaria, Ariel Sotelo. Por su parte, el diputado Juan José Rojas, estuvo acompañado por los parlamentarios Leonardo Aguilera, Brenda Ogando, Ángel Estévez, Gregorio Domínguez y Eduviges Bautista.
La cita en el recinto de la Cámara baja está convocada para el próximo martes 25 a las 12.30. El oficialismo introdujo una batería de modificaciones al dictamen para poder aprobarlo por amplio consenso.
Las puertas del recinto de la Cámara de Diputados se abrirán por undécima vez en lo que va del año para debatir uno de los proyectos más importantes: el Presupuesto 2023, y que el oficialismo intentará hasta último minuto reunir la mayor cantidad de votos posible para asegurarse su aprobación y evitar repetir la historia del rechazo del presupuesto 2022.
Según consta en la citación suscripta por el secretario Parlamentario Eduardo Cergnul, la convocatoria es para este martes 25 de octubre a las 12.30, tal como se había previsto en los últimos días, “con el objeto de celebrar la Sesión Especial solicitada por el diputado Germán Martínez y otras diputadas y diputados, a fin de considerar el expediente 0038-JGM-2022 sobre Mensaje Nro. 0035/22 y proyecto de ley de fecha 15 de septiembre de 2022 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2023”.
Desde el Frente de Todos incorporaron una batería de modificaciones en lo que fue la última reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que se llevó a cabo este jueves y no se descarta que en el recinto se anuncien más cambios a la redacción, con el objetivo de aprobarlo por amplio consenso, ya que desde JxC no acompañaron con su firma el dictamen.
El camino del Presupuesto 2023 en Diputados
El Ministerio de Economía envió el proyecto en la noche del pasado 15 de septiembre mientras la Cámara sesionaba y, cinco días después, la titular del Cuerpo junto a los jefes de todos los bloques, delinearon el cronograma de lo que fue el debate de la iniciativa.
El encargado de defender y explicar los lineamientos centrales del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2023, fue el titular de la cartera de Economía, Sergio Massa, quien se hizo presente en Diputados el miércoles 28 de septiembre, junto el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, los secretarios Raúl Rigo (Hacienda) y Eduardo Setti (Finanzas).
Entre el 4 y el 5 de octubre expusieron los ministros José Ignacio de Mendiguren (Producción), Juan José Bahillo (Agricultura), Flavia Royón (Energía), Daniel Filmus (Ciencia y Tecnología), Jaime Perczyk (Educación), Alexis Guerrera (Transporte), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Juan Cabandié (Ambiente). También los ahora exministros Claudio Moroni (Trabajo) y Juan Zabaleta (Desarrollo Social).
Además, expusieron el titular de AFIP, Carlos Castagneto, Guillermo Michel (ADUANA), Fernanda Raverta (ANSeS), Miguel Ángel Pesce, presidente del Banco Central y el representante de la Oficina de Presupuesto del Congreso, Marcos Makón.
El proyecto de Presupuesto 2023 prevé un crecimiento del PBI del 2%, con una inflación del 60% y un dólar a 269 pesos en diciembre del año próximo. El déficit primario proyectado es de 1,9% del PBI, contra el 2,5% previsto para el presente año, en línea con el compromiso tomado con el FMI.
A priori, estimaban emitir dictamen el 24 de octubre para llevarlo al recinto el 26 de octubre, pero las fechas se adelantaron, ya que el dictamen salió este jueves 20 de octubre y lo debatirán el martes 25 en lo que se prevé será una sesión maratónica. Según confiaron fuentes legislativas a parlamentario.com, el Presupuesto 2023 “estará sancionado para antes del inicio del Mundial de Qatar”, previsto para fines de noviembre.
Pese a las numerosas modificaciones incorporadas, Juntos por el Cambio no acompañó con su firma. Se prevé que la sesión -maratónica- sea el martes que viene.
Luego de tres semanas intensas de debate, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados dio por concluida este jueves la discusión en torno al proyecto de Presupuesto 2023 con la firma del dictamen, que espera sea debatido en sesión el próximo martes.
Pese a las numerosas modificaciones que se incorporaron, solicitadas tanto por el oficialismo como por la oposición, los legisladores de Juntos por el Cambio no firmaron el dictamen. Por su parte, el diputado de Córdoba Federal Ignacio García Aresca suscribió con disidencias.
El Frente de Todos sí contó con el apoyo del misionero Diego Sartori, quien acompañó luego del compromiso de que se contemplará un artículo referido a zonas francas, algo que había sido vetado por el Ejecutivo en el Presupuesto 2021.
Durante la reunión, la diputada oficialista Susana Landriscini anticipó el eventual aumento que se iba a contemplar para las becas Progresar, a las que consideró fundamental para “no solo mejorar las oportunidades en las familias argentinas, sino también crear expectativas positivas respecto al futuro de los jóvenes”.
En tanto, otra oficialista, la formoseña Graciela Parola, había reclamado por “aumentos en las partidas destinadas a políticas alimentarias” y a la SENAF. Ambas solicitudes tuvieron éxito en el final de la reunión, con los incrementos anunciados por el presidente de la comisión, Carlos Heller.
También desde el Frente de Todos, el entrerriano Marcelo Casaretto planteó con énfasis su pedido para que los jueces paguen Ganancias, ya que “hoy algunos jueces pagan, pero solamente por una parte de sus remuneraciones”.
“En esta instancia, después de tantas décadas de discusión, con tantas necesidades que tiene la Argentina, tenemos que ver quiénes son los que tienen capacidad contributiva; y si hay quienes ganan un millón de pesos, un millón y medio de pesos, dos millones de pesos y no pagan el impuesto a las Ganancias tienen que empezar a pagar”, sostuvo.
Y exclamó: “Y que no me vengan con que esto no tiene que ir en el Presupuesto, sí tiene que ir en el Presupuesto como muchos otros temas que no son estrictamente de la administración tributaria. Y que no me vengan con la independencia del Poder Judicial, porque la Constitución habla de la remuneración del presidente, los ministros, los legisladores, y todos los demás que pagan, pero los jueces no pagan, porque ellos interpretan que no tienen que pagar. Eso, a esta altura del partido, es completamente inaceptable”.
Sobre el tema, el diputado radical Fernando Carbajal recordó que él pagó el impuesto a las Ganancias porque ingresó después de 2017 y lo hizo “con gusto”. “Creo que corresponde, coincido, así debe ser”, afirmó, pero expresó que “hubo tibiezas y complicidad por parte de los poderes ejecutivos” en estos años.
En esa línea, el opositor denunció: “Está la Acordada de la Corte Suprema, pero cada Superior Tribunal de Justicia de cada una de las provincias sacaron resoluciones administrativas y se autoconcedieron el beneficio. Y durante años la AFIP no dijo absolutamente nada y los poderes ejecutivos nacionales tampoco, en un acuerdo espurio que durante muchos años hubo con sectores de la Justicia”.
Desde Juntos por el Cambio, el macrista Luciano Laspina pidió como “condiciones para poder acompañar el dictamen y evitar discrecionalidad”, la denominada “cláusula gatillo” para que “cuando los recursos totales de la administración pública nacional alcancen los recursos previstos en el artículo 2 de la presente ley, el Poder Ejecutivo Nacional deberá remitir en un plazo máximo de 30 días una ley complementaria de ampliación del Presupuesto a fin de establecer una nueva estimación de recursos y autorización del gasto”.
“Nosotros como Congreso nos comprometemos a tratarlo en 30 días” para “no trabar la gestión del Gobierno” pero “en ese plazo el Ejecutivo no podrá usar los DNU” para ampliar gastos, explicó. Finalmente, la redacción de este artículo se acordó y se incorporó en el final.
El santafesino también reclamó por una garantía de que “las retenciones no van a subir” y planteó retrotraerlas a diciembre de 2019, pero esto no tuvo aceptación.
Como tercer pedido, Laspina reclamó por “el congelamiento de la planta de personal” porque “el empleo público ha subido mucho en estos dos años y pico”, y aunque se estableció por DNU que no habría más contrataciones, “una parte se ha incumplido, otra parte ignorado, y otra parte ha quedado incompleto”.
El legislador de JxC valoró que el proyecto tuvo “una discusión sana”, y “es un Presupuesto bien orientado, pero dada la inestabilidad macroeconómica, la transición electoral y la proyección de inflación que es dudosa creemos necesario estas cuestiones”, argumentó.
En referencia al planteo de Casaretto, el oficialista Itaí Hagman consideró que “en un contexto de restricciones fiscales como tenemos es importante que podamos discutir, por lo menos, algunas de estas exenciones que tienen que ver con privilegios que no corresponden”.
“Es un tema en el cual deberíamos estar casi todos de acuerdo”, manifestó y afirmó que “no tiene sentido que en Argentina haya un poder del Estado con el privilegio de no pagar impuestos; un privilegio que hoy le cuesta al Estado un 0,16% del PBI”.
En su intervención, el oficialista pidió financiamiento para el Fondo de Integración Socio-Urbana, contemplado en la Ley de ReNaBaP votada días atrás, una solicitud que finalmente tuvo viabilidad con un aumento de los recursos anunciados por Heller en el final.
En el cierre del debate, el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, destacó la “enorme predisposición desde el minuto uno para poder hacerse presente en la comisión” por parte del Poder Ejecutivo, con “32 horas reloj de trabajo con funcionarios” y un “debate muy sincero”.
El diputado aseguró que el dictamen “es mejor que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo” y “claramente superador”. “Es un dictamen que tiene las condiciones para ser firmado por todos, incluso con disidencias”, aclaró en el último intento de convencer a sus pares de JxC.
En una batería de modificaciones, que fueron anunciadas en el principio y el final de la reunión que se realizó este jueves, el oficialismo comunicó los nuevos artículos.
Por Melisa Jofré
En una reunión de alrededor de cuatro horas, durante la que se terminaron de “cocinar” varias modificaciones al proyecto de ley de Presupuesto 2023, pedidas tantos por oficialistas como opositores, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados dio por cerrado el debate de la iniciativa con un dictamen que se debatirá el martes que viene en sesión.
No se descarta que en el recinto se anuncien más cambios, aunque el “grueso” de los mismos fueron incorporados este jueves al principio y en el final del encuentro.
Entre las principales modificaciones, el Frente de Todos aceptó la “cláusula gatillo” por inflación propuesta desde Juntos por el Cambio. Otra muy importante fue la que impulsó el oficialista Marcelo Casaretto para terminar con los privilegios de los jueces: todos los empleados del Poder Judicial deberán pagar impuesto a las Ganancias.
En el arranque, el presidente de la comisión, Carlos Heller, se refirió a los muchos pedidos para la incorporación de obras, algunos ya tomados y otros que seguirán estudiándose.
En ese sentido, el oficialista precisó modificaciones en la redacción del artículo 11, de modo de facultar al jefe de Gabinete para que “en la medida que existan esos recursos se vayan asignando para la realización de las distintas obras que están contenidas en los pedidos que hemos recibido” y se lo autoriza a “efectuar las compensaciones necesarias a los objetivos presupuestarios aprobados por la ley, a efectos de atender la financiación de las obras”.
En cuanto al artículo 17, se establecerá un aumento de 1.000 millones de pesos para la Ley de Bosques (pasa de 8.000 millones a 9.000 millones); y de 500 millones para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos (pasa de 500 millones a 1.000 millones).
Sobre el Fondo de Compensación al Transporte Público del interior se fija una suma de 85 mil millones de pesos -que había sido acordada por el ministro de Economía, Sergio Massa, con los gobernadores del norte grande- como “piso a partir del cual se revisará el funcionamiento del sistema para actualizar el importe, estimulando un sistema de monitoreo permanente para corregir asimetrías preferentemente en base a la asignación de recursos, conforme al método de financiamiento de la demanda de pasajeros”.
Además, se crea un Consejo Federal para la administración de los subsidios, “con el objeto de evaluar el uso y la aplicación de recursos, como así también la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) como medio de percepción de la tarifa para el acceso a la totalidad de los servicios del transporte público”.
Asimismo, el Ministerio de Transporte “será el encargado de reglamentar el funcionamiento del Consejo Federal para la administración, pudiendo incluso prorrogar por única vez y por un plazo máximo de cuatro meses la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE)”.
Otra de las modificaciones corresponde a las partidas destinadas a la provincia de La Rioja, que pasará a “46 mil millones a favor de la provincia y de los municipios”. “El 100% serán transferidas en 12 cuotas mensuales y equivalentes”, detalló el presidente de la comisión. Más tarde, Heller informó que sumaban 1.000 millones más.
Uno de los puntos más polémicos, que había sido reclamado tanto por el oficialismo como por la oposición, era el vinculado a la deuda que las provincias tienen con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico). Por eso, se cambió la redacción del artículo 90, de modo de no poner en riesgo los fondos que por coparticipación les corresponden a las jurisdicciones.
A partir de la modificación, se indica que “la Secretaría de Energía establecerá una unidad de medida de valor homogénea vinculada a transacciones por consumo que asegure el valor del crédito, e implementará un plan de regularización de deuda de hasta 96 cuotas mensuales”.
“Las jurisdicciones provinciales resultarán solidariamente responsables en el marco del presente régimen”, estipula y resalta que “vencido dicho plazo la Jefatura de Gabinete, a través del Ministerio de Economía, podrá retener de los fondos comprometidos en los convenios de transferencias presupuestarias suscriptos entre cada jurisdicción provincial y cualquier entidad del sector público” la suma que se adeude, pero con la aclaración de que “en ningún caso la retención podrá afectar la coparticipación federal de recursos fiscales”.
Además, Heller reveló que se está en estudio -hasta el momento de la sesión- una propuesta para que se establezca “una derivación de un porcentaje de cada pago que cada usuario realice para que automáticamente CAMMESA cobre”.
“La idea es no ahogar a nadie pero CAMMESA tiene que cobrar. Estamos tratando de encontrar un mecanismo que, con tiempo, permita que la deuda no siga creciendo; y que se garantice el pago anterior con una unidad de medida que haga que el plazo no deteriore el valor de la acreencia”, explicó el porteño.
Otro de los cambios es la creación de un régimen de regularización tributaria para las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios, incluidos organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, para la condonación de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social vencidas hasta el 31 de octubre de 2022, cualquiera sea el estado en que se encuentren.
Entre el primer listado de modificaciones que anunció Heller se encuentra un cambio al artículo 13 sobre los gastos ligados a la finalidad y función “formal y no formal” de la educación; el agregado al artículo 61 del fideicomiso de fortalecimiento al Sistema Nacional de Aeropuertos; y la eliminación del artículo 88.
Cláusula por inflación e impuesto a las Ganancias para jueces
En el tramo final del encuentro, por casi media hora, Heller detalló una batería de modificaciones, entre las que se aceptó la “cláusula gatillo” por inflación que reclamaba la oposición. La misma quedó redactada: “Si al 31 de agosto de 2023 la tasa de inflación acumulada superara en un 10% la meta anual establecida en la presente ley, o si los ingresos del sector público nacional superaran en un 10% lo previsto para el período acumulado, el Poder Ejecutivo enviará una ley complementaria al Congreso para determinar un nuevo cálculo de recursos y créditos de la administración pública nacional y el plan de gastos para el cuarto trimestre”.
Además, indica que “el proyecto deberá enviarse durante el mes de septiembre de 2023 y tratarse en un lapso de 30 días, no pudiendo el Poder Ejecutivo ampliar el Presupuesto por Decreto de Necesidad y Urgencia en ese lapso”.
Otro cambio importante fue la eliminación de la exención en el impuesto a las Ganancias para jueces y empleados del Poder Judicial. Si bien rige que los nombrados desde 2017 sí paguen el tributo, se avanzó con una modificación para que estén alcanzados todos “independientemente de la fecha de su nombramiento”.
De esta manera, el nuevo inciso “a” del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, indica que constituyen ganancias de cuarta categoría “las provenientes del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los poderes Ejecutivos y Legislativos. En el caso de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de sus ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente de la fecha de su nombramiento, y por rodos los conceptos que integran sus remuneraciones“.
Asimismo, el nuevo inciso “c” del mismo artículo, reza: “De las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal, de los consejeros de las sociedades cooperativas y de las asignaciones mensuales y vitalicias reconocidas a presidentes, vicepresidentes de la Nación y jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Por otra parte, Heller anunció incrementos en políticas alimentarias, por $101.890 millones; prestaciones sociales y asignaciones familiares por $90.830 millones; becas de educación por $59.542; al Fondo Nacional de Incentivo Docente por $31.175 millones; al Fondo de Integración Socio-Urbana por $19.700 millones; a los comedores escolares por $12.969 millones; a la infraestructura y el equipamiento en educación por $4.149 millones; y a los programas que garantizan derechos de niños y niñas por $400 millones de pesos; resultando un total de 320.655 millones de pesos en aumentos para estas partidas.
También se aceptó una de las propuestas por la que venía reclamando el bloque de Evolución Radical, para que se puedan deducir de Ganancias hasta el 40% de los gastos educativos de una familia; y la creación de una tasa de seguridad de aviación, que solicitó durante la reunión la diputada camporista Paula Penacca.
Aunque la redacción no se definió por completo, el oficialismo sí se comprometió a incluir un artículo referido a las zonas francas, un reclamo que pidió fuertemente el misionero Diego Sartori -del oficialismo provincial-, tras lo cual terminó acompañando el dictamen.
Además, a pedido de los diputados de Tierra del Fuego, tanto del oficialismo como de la oposición, se contempló una suba de impuestos internos a los productos electrónicos: se eleva del 6,5% al 10% en el caso de los nacionales; y del 17% al 19% en el caso de importados.
Se incrementan las partidas para la Ley de Bosques Nativos, la provincia de La Rioja y el Fondo Compensador del Transporte. Cambio en el artículo sobre la deuda de las provincias con CAMMESA.
En el arranque de la reunión de este jueves, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Carlos Heller, anunció formalmente las primeras modificaciones introducidas al proyecto de Presupuesto 2023, mientras continúan las negociaciones para contemplar más cambios.
Antes de pasar al debate, para culminar con el dictamen, Heller se refirió a los muchos pedidos para la incorporación de obras, algunos ya tomados y otros que seguirán estudiándose.
En ese sentido, el oficialista precisó modificaciones en la redacción del artículo 11, de modo de facultar al jefe de Gabinete para que “en la medida que existan esos recursos se vayan asignando para la realización de las distintas obras que están contenidas en los pedidos que hemos recibido” y se lo autoriza a “efectuar las compensaciones necesarias a los objetivos presupuestarios aprobados por la ley, a efectos de atender la financiación de las obras”.
En cuanto al artículo 17, se establecerá un aumento de 1.000 millones de pesos para la Ley de Bosques (pasa de 8.000 millones a 9.000 millones); y de 500 millones para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos (pasa de 500 millones a 1.000 millones).
Sobre el Fondo de Compensación al Transporte Público del interior se fija una suma de 85 mil millones de pesos -que había sido acordada por el ministro de Economía, Sergio Massa, con los gobernadores del norte grande- como “piso a partir del cual se revisará el funcionamiento del sistema para actualizar el importe, estimulando un sistema de monitoreo permanente para corregir asimetrías preferentemente en base a la asignación de recursos, conforme al método de financiamiento de la demanda de pasajeros”.
Además, se crea un Consejo Federal para la administración de los subsidios, “con el objeto de evaluar el uso y la aplicación de recursos, como así también la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) como medio de percepción de la tarifa para el acceso a la totalidad de los servicios del transporte público”.
Asimismo, el Ministerio de Transporte “será el encargado de reglamentar el funcionamiento del Consejo Federal para la administración, pudiendo incluso prorrogar por única vez y por un plazo máximo de cuatro meses la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE)”.
Otra de las modificaciones corresponde a las partidas destinadas a la provincia de La Rioja, que pasará a “46 mil millones a favor de la provincia y de los municipios”. “El 100% serán transferidas en 12 cuotas mensuales y equivalentes”, detalló el presidente de la comisión.
Uno de los puntos más polémicos, que había sido reclamado tanto por el oficialismo como por la oposición, era el vinculado a la deuda que las provincias tienen con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico). Por eso, se cambió la redacción del artículo 90, de modo de no poner en riesgo los fondos que por coparticipación les corresponden a las jurisdicciones.
A partir de la modificación, se indica que “la Secretaría de Energía establecerá una unidad de medida de valor homogénea vinculada a transacciones por consumo que asegure el valor del crédito, e implementará un plan de regularización de deuda de hasta 96 cuotas mensuales”.
“Las jurisdicciones provinciales resultarán solidariamente responsables en el marco del presente régimen”, estipula y resalta que “vencido dicho plazo la Jefatura de Gabinete, a través del Ministerio de Economía, podrá retener de los fondos comprometidos en los convenios de transferencias presupuestarias suscriptos entre cada jurisdicción provincial y cualquier entidad del sector público” la suma que se adeude, pero con la aclaración de que “en ningún caso la retención podrá afectar la coparticipación federal de recursos fiscales”.
Además, Heller reveló que se está en estudio -hasta el momento de la sesión- una propuesta para que se establezca “una derivación de un porcentaje de cada pago que cada usuario realice para que automáticamente CAMMESA cobre”.
“La idea es no ahogar a nadie pero CAMMESA tiene que cobrar. Estamos tratando de encontrar un mecanismo que, con tiempo, permita que la deuda no siga creciendo; y que se garantice el pago anterior con una unidad de medida que haga que el plazo no deteriore el valor de la acreencia”, explicó el porteño.
Otro de los cambios es la creación de un régimen de regularización tributaria para las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios, incluidos organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, para la condonación de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social vencidas hasta el 31 de octubre de 2022, cualquiera sea el estado en que se encuentren.
Entre el primer listado de modificaciones que anunció Heller se encuentra un cambio al artículo 13 sobre los gastos ligados a la finalidad y función “formal y no formal” de la educación; el agregado al artículo 61 del fideicomiso de fortalecimiento al Sistema Nacional de Aeropuertos; y la eliminación del artículo 88.
NOTICIA EN DESARROLLO
De esta manera, Argentina inicia su camino en la Red Internacional de Oficinas Científico-Tecnológicas de los Parlamentos Europeos como miembro Nº 26, con el fin de participar en una agenda parlamentaria global.
En un hecho histórico, la Oficina Científica de Asesoramiento Legislativo (OCAL) de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, creada en 2020, ha sido designada miembro de la Red Internacional de Oficinas Científico-Tecnológicas de los Parlamentos Europeos (EPTA Network: European Parliamentary Technology Assessment).
El encuentro se celebró durante esta semana en el Parlamento Alemán (Bundestag), en el marco de la reunión anual del concejo de EPTA.
Durante las reuniones, los integrantes de esta Red internacional de oficinas científicas sesionaron en Berlín bajo la presidencia de Alemania, quien traspasó su mandato a Cataluña para continuar con la tarea de fortalecer el trabajo de asesoramiento que cada oficina brinda a su parlamento sobre temas de actualidad relacionados a nanotecnología, inteligencia artificial, cerebro, movilidad sustentable, futuros sistemas energéticos, entre otros.
Luego de la presentación, las oficinas miembros de la red evaluaron la postulación de membresía, y en una votación por unanimidad, se decidió el ingreso de la OCAL como miembro asociado estable a la prestigiosa red internacional.
Cabe mencionar que EPTA (European Parliamentary Technology Assessment), contaba con 25 miembros pertenecientes a importantes parlamentos del mundo, tales como Alemania, Austria, Corea, Estados Unidos, España, Finlandia, Francia, Japón, Holanda, Lituania, Noruega, Reino Unido, Rusia, Suecia, Suiza y el Parlamento Europeo. De este modo, Argentina inicia su camino en la red como el miembro Nº 26.
Se trata de uno de los objetivos que la OCAL se propuso al inicio de sus actividades, lo cual permitirá validar su funcionamiento a escala internacional, posicionando al Congreso de Argentina en el ámbito de los parlamentos más modernos del mundo bajo un sello de calidad y propiciando su participación en una agenda parlamentaria global.
En este nuevo contexto, durante el período 2022-2023, la OCAL comenzará a trabajar de manera conjunta con la oficina científica parlamentaria de Alemania en la agenda de transición energética, cuyo tópico inicial será hidrogeno verde.
De la reunión, participaron Claudio Fernández Outón, director de la OCAL y Claudia Tomadoni, miembro del comité científico de la OCAL, quienes de manera presencial presentaron la historia, los objetivos y las tareas desarrolladas desde la creación de la oficina.
Así lo confirmaron a parlamentario.com fuentes legislativas que aclararon que la sesión será el martes 25, “sin cuarto intermedio”. Qué pasará con los cambios propuestos por la oposición.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda se reunirá este jueves a partir de las 10 en el segundo piso del Anexo C de la Cámara de Diputados, con el objeto de emitir dictamen para dejar el proyecto listo para debatirlo en el recinto el próximo martes 25 de octubre.
Fuentes parlamentarias del oficialismo aclararon a parlamentario.com que el dictamen contará con las firmas de los integrantes del oficialismo, más la del misionero Diego Sartori, aliado habitual del Frente de Todos. A priori, no se espera tampoco que haya un dictamen de minoría por parte de la oposición.
Así las cosas, no habrá cambios en el texto que viene siendo analizado en esa comisión, pero eso no implica que el oficialismo no vaya a aceptar modificaciones. Por el contrario, las fuentes consultadas aclararon que las negociaciones continuarán los próximos días -incluido el fin de semana- y los cambios serán introducidos en el recinto, durante el debate.
El Frente de Todos tiene la convicción de que los números para aprobar la ley de leyes están y que no hay ninguna chance de que se repita el rechazo registrado el año pasado.
La sesión será, como dijimos el martes 25 de octubre, lo que marca un adelantamiento respecto del cronograma original, que preveía la sesión para el miércoles 26. Y no se le dio curso al pedido opositor -formulado por el mendocino Julio Cobos- de sesionar el martes 25 y el miércoles 26, con un cuarto intermedio a la medianoche del primer día, cuestión de evitar una sesión maratónica. Así las cosas, habrá que prepararse para una sesión de más de 20 horas.
El cálculo es estimativo y en base a la experiencia. Porque las características de esa sesión, cuyo horario de inicio no está definido aún, serán definidas el lunes en la reunión de Labor Parlamentaria. En efecto, ese encuentro que suele realizarse en la previa de las sesiones, será el día antes, en horario a determinar.
Tal cual lo solicitado por la oposición el martes, la Comisión de Presupuesto y Hacienda no se reunió este miércoles, optándose por analizar los textos y llevar todas las propuestas este jueves. Con todo, las modificaciones que el Gobierno aceptará se confirmarán el mismo martes, en el marco de la sesión.
Mientras la oposición tuvo este miércoles sus reuniones para analizar los cambios que pedirán introducir a la ley de leyes, el oficialismo también tuvo las suyas. Y nada menos que con el ministro de Economía, Sergio Massa, quien estuvo este miércoles en horas del mediodía en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados, donde se reunió con la titular del Cuerpo, Cecilia Moreau, el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, y autoridades de las comisiones de Presupuesto de ambas cámaras.
Así, según confiaron las fuentes consultadas, estuvieron también la secretaria Parlamentaria del bloque, Paula Penacca; la vicepresidenta del bloque Frente Nacional y Popular del Senado, Anabel Fernández Sagasti, y la presidenta del bloque Unidad Ciudadana, senadora Juliana Di Tullio. Esas presencias podrían ser tomadas como una demostración de unidad frente al tratamiento del Presupuesto 2023, en respuesta a las versiones circulantes respecto de que habría resistencias hacia el proyecto en el seno del propio oficialismo.
Por la tarde los diputados del bloque oficialista estuvieron reunidos con el jefe del bloque, la titular de la Cámara y el presidente de Presupuesto y Hacienda.
Respecto de los cambios reclamados por la oposición, una fuente consultada por parlamentario.com expresó que se aceptarán. “Posiblemente no todos, pero los más sustanciales se aceptarán”, estimó una persona allegada al bloque oficialista.
Con relación a los reclamos planteados por la cuestión del transporte, que cuentan incluso con la anuencia de diputados del Frente de Todos, recordaron que la semana pasada el ministro de Economía se reunió con gobernadores del Norte y hubo acuerdo para elevar la partida para el interior del país a 85 mil millones de pesos, más una compensación de transferencias, con lo cual se estaría igualando el número inicial.
En el último encuentro, entre los principales reclamos de la oposición surgieron pedidos de incrementos para los subsidios al transporte del interior, las universidades públicas y la Ley de Bosques Nativos.
También desde JxC advirtieron sobre el costo de CAMMESA; el artículo que faculta al Ejecutivo hasta el 31 de diciembre de 2023 para tocar las alícuotas de derechos de exportación (retenciones) -que anticiparon si se mantiene, no lo votarán-; y pidieron incorporar una “cláusula gatillo” por inflación, es decir, para que, si los recursos previstos llegan al tope, el Gobierno tenga que enviar el año que viene una ampliación presupuestaria.
El proyecto prevé un crecimiento del PBI del 2%, con una inflación del 60% y un dólar a 269 pesos en diciembre del año próximo. El déficit primario proyectado es de 1,9% del PBI, contra el 2,5% previsto para el presente año, en línea con el compromiso tomado con el FMI.
Se trata de un proyecto presentado por el diputado radical Víctor Hugo Romero. Participaron invitados del Mercado Argentino de Valores y la Cámara de Maquinaria Agrícola.
En una reunión informativa, la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, conducida por Ricardo Buryaile (UCR), debatió este miércoles acerca de una iniciativa que propone la creación de un título de crédito agropecuario, como una herramienta más de financiamiento para el sector.
El proyecto tiene cabecera en la Comisión de Finanzas y también fue girado a la de Presupuesto y Hacienda, ambas presididas por el oficialismo.
Autor del texto, tomó la palabra en primer lugar el cordobés Víctor Hugo Romero (UCR), quien destacó que “no es un proyecto individual, ha surgido de un trabajo colectivo” junto a un grupo de entidades del sector. Además, aclaró que “no es un proyecto que esté cerrado, está abierto” si se quiere “enriquecerlo”.
El radical explicó que el título de crédito agropecuario “es un instrumento financiero para potenciar el sector agropecuario y su cadena de valor”, al tiempo que resaltó que “no tiene costo fiscal” ni “ningún impacto en las finanzas o los recursos y gastos del Estado”. Se trata de “aportar al sector agropecuario un instrumento más de lo que hoy ya existen”, dijo.
Para el cordobés, “el principal sector productivo del país necesita esta herramienta”, a la que calificó como “simple, de fácil acceso” mediante la cual “el productor o quien emita este título se endeuda a valor producto, se endeuda en principio de lo que produce” y “disminuye su riesgo y tiene un instrumento para poder cubrirlo en función de su activo”.
En su exposición, Romero señaló que “quien emite el título se compromete a pagar valor-producto en distinto plazo”, con un plazo máximo de 36 meses; en función del mercado de referencia que se defina. “El día antes del vencimiento se fija la cotización de ese mercado de referencia y se lo multiplica por la cantidad de los productos que han acordado” las partes, precisó.
Tras remarcar que “no devenga intereses”, el diputado sostuvo que “siempre es importante tener mercados de referencias”, pero admitió que “en algunas economías regionales no hay”. Por eso, subrayó la importancia de la Comisión Nacional de Valores en la reglamentación. “La fortaleza de este título es que cuando llegue el vencimiento tenga un mercado transparente”, expresó.
“Es un instrumento financiero más, como el cheque, como el pagaré, que tiene riesgo”, admitió el legislador, pero apuntó que “para las PyMEs puede ser avalado por una sociedad de garantía o tener un aval bancario, y eso le da mucha más fortaleza”.
Para los inversores, “es un instrumento de protección de ahorro” en lugar de “ir al dólar o a un plazo fijo”, dijo Romero y subrayó que de esta manera se genera “un financiamiento al sector agropecuario muy sólido, que es un financiamiento que hoy no existe”.
Entre los beneficios, enumeró que “facilita la inversión del sector agropecuario, dinamiza las operaciones comerciales, democratiza el acceso al financiamiento con la posibilidad de aquel que tenga ahorros y quiera invertir mediante este título”.
Antes de pasar el micrófono a los invitados presentes, Buryaile coincidió en que “es una alternativa de inversión no solamente para los negocios agropecuarios, sino para el sector que hoy busca alguna rentabilidad, que no trabaja con las cripto, que no entiende de los fondos comunes de inversión, que pierde plata con el dólar o que no quiere arriesgar o perder plata con el plazo fijo tradicional”.
Desde el oficialismo, la diputada Nelly Daldovo (FdT) advirtió que “en las economías regionales nunca podemos saber a cuánto vamos a vender. Es distinto a la soja, el trigo, productos que ya tienen su cotización a nivel internacional”, y ejemplificó: “Los productores frutihortícolas tienen un poco de reticencia de llegar a los bancos, e incluso no todas las entidades bancarias los reciben”.
En la misma línea, el legislador Rogelio Iparraguirre (FdT) manifestó que “en los sectores más dinámicos y más virtuosos de nuestra producción agropecuaria es donde más garantías existen para sostener el valor y hacer atractiva la trazabilidad”, no así para “un productor caprino o de cítricos dulces”.
Por eso, pidió por que este título “no termine siendo un instrumento más entre los sectores que ya de por sí son dinámicos económicamente y que no estarían necesitando el sostenimiento”, y que no se termine “profundizando la inequidad con sectores que no tienen referencia”.
“Tiene más fortaleza, es cierto, en aquellos en los que hay un mercado de referencia, pero atrás de ese mercado de referencia hay pequeños productores que no tienen acceso al crédito y que este es un instrumento importante”, respondió Romero.
A su turno, el correntino Jorge Vara (UCR) reconoció que “el arroz, el maní, los porotos del NOA no se adaptan a este tipo de instrumentos y esto no quiere decir que el instrumento sea malo, me parece excelente”. “No pretendamos reacomodar para que se adapte, porque no va a servir para una cosa ni para la otra. Para mí está hecha para productos de pizarra”, señaló.
Invitado a exponer por el Mercado Argentino de Valores, Leandro Fisanotti calificó al proyecto como “muy interesante” y abogó: “Este título va a ser sumamente exitoso”. “Si incorporamos un nuevo instrumento en esta dinámica de crecimiento es una potencialidad enorme de que haya flujos de financiamiento hacia los actores que participen”, afirmó luego de precisar cifras de los últimos años.
“El sector agropecuario es uno de los más dinámicos de la economía argentina pero tiene una subrepresentación en el volumen de las operaciones”, observó y consideró que este título favorecería “a los pequeños y medianos productores que tienen menos herramientas” porque “tener más inversores en el mercado termina redundando en beneficios para aquellos que, aún sin acceder a este instrumento, porque su producción no tiene un precio de referencia” provoca un “desplazamiento de inversores que pasan a tener más liquidez disponible para asistir a esos”. “Los más sofisticados estarán más incentivados a ir a los sectores menos competitivos”, agregó.
Por su parte, Eduardo Borri, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, expresó: “Vemos con buenos ojos este instrumento, porque una de las cosas que nos ocurre cuando el Estado disponibiliza créditos a tasa razonable es que se produce un boom de venta de maquinaria”.
Para Borri, este instrumento “no va a restar, va a sumar y va a seguir motorizando nuestra actividad” porque “si hay algo que le gusta a nuestros clientes es endeudarse en la moneda en que ellos trabajan”.
Hacia el final, Buryaile se refirió a la posibilidad de reinstalar los warrants -que funcionaron durante el gobierno anterior-, a los que definió como “una buenísima herramienta para defender la producción y el precio por parte de los productores”. “Es uno de los instrumentos que le hace falta a la Argentina. En algún momento funcionó y habrá que aggiornarlo a la realidad, pero que le da financiamiento al productor y seguridad de cobro al acreedor”, explicó.
Acompañó la idea su par Pablo Torello (Pro), quien propuso “acelerar el tratamiento” de una iniciativa en este sentido, de modo de “generar leyes para que todo el sector agropecuario pueda estar mejor atendido desde lo legal para poder desarrollarse”. En esa línea, pidió buscar “acuerdos de largo plazo para que gobierne quien gobierne el sector pueda trabajar en paz”.
Durante la reunión se pasaron a la firma un conjunto de proyectos de resolución y declaración sobre interés de distintas fiestas y eventos.
Se trata de la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. El debate se dio este martes en el seno de un plenario de comisiones. El radical Julio Cobos recordó que el proyecto se trató en sesión del Senado, pero volvió a comisión por pedido del titular del bloque oficialista.
Un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, emitieron dictamen favorable al proyecto que propone otorgar jerarquía Constitucional a la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer también conocida como “Convención de Belem Do Para”-, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y suscripta por el Estado Nacional el 9 de junio de 1994, mediante la Ley N°24.632.
La iniciativa venía con despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales y quedó lista para ser debatida en el recinto. Cabe recordar que el proyecto se trabó en el 2021 por la grieta “verdes y celestes” en el Senado.
En el uso de la palabra, la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, la oficialista Mónica Macha, explicó que “convocamos a este plenario porque con estas dos instancias el proyecto puede pasar al recinto. Es una Convención de 1994 así que tenemos un retraso importante en incorporarlo a nuestra Constitución con lo cual esta es la propuesta y el objetivo del espacio”, y recalcó que “todas las instancias y herramientas que nos permitan ir en un proceso de erradicación de la violencia por motivos de género nos va a encontrar trabajando en esa línea”.
En su intervención, la diputada de la CC-ARI Marcela Campagnoli adelantó el acompañamiento del dictamen, pero resaltó que “la competencia de esta Comisión también es ver un seguimiento de los acuerdos internacionales que como país firmamos, de los organismos que integramos y que en base a esos organismos y a raíz de lo que vamos a firmar hoy, el silencio que ha tenido el Gobierno con lo que ha pasado con las mujeres en Irán llama la atención. No solamente eso, sino cómo nos hemos abstenido con los informes de comisionados de derechos humanos en temas como el de Venezuela, de China”.
Y siguió: “Lo tardío que fue nuestra posición en la inversión a Ucrania”, y reflexionó: “Creo que es importante que nosotros como Comisión también refresquemos eso para poder elevar una posición al Gobierno porque en este momento en el que Argentina están viendo la película 1985 que muestra lo que significó ese faro que formó al país como promotor de derechos humanos juzgando a las juntas”.
“Me parece que se contrapone ese faro de luz en derechos humanos que fue la Argentina a partir de 1985, hoy se está apagando si nosotros no hacemos sentir nuestras voces, entonces esas violaciones a derechos humanos que hay en Cuba, en Nicaragua, en Irán, en Venezuela”, apuntó la diputada opositora.
El titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, el oficialista Eduardo Valdés, le respondió: “Solo le digo, y no con ánimos de polemizar, que varios diputados del Frente de Todos acompañamos el proyecto de condena a la violencia que se estaba llevando en Irán y estaba previsto tratarlo en la primera reunión que tuviésemos en la Comisión y es un tema que adelantaron en la última sesión del Cuerpo”.
“Nosotros no aludimos a ninguno de los temas”, se defendió Valdés y continuó: “La Argentina, en los lugares que marcó integra el grupo de contacto, que es un grupo que conduce Noruega y ex un grupo que salimos del de Lima para sumarnos a ese y está trabajando en el tema Venezuela con por ejemplo el secretario de Naciones Unidas con quienes se está trabajando y viendo la evolución que se lleva día a día”.
A su vez, consideró que “no es lo rápido que uno querría, pero peor es la invasión a esos países. Nosotros creemos que con el diálogo es una forma de poder evitar la violencia. En algunos lugares nos da resultado, en otros no”, y remarcó: “Nosotros con el tema de Ucrania tenemos la conciencia bien limpia”.
En esa línea, les enrostró: “Nosotros condenamos la invasión a Crimea de parte de Rusia en el 2014 integrando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en el 2015 volvimos a renovar los votos. Fue el gobierno de Cambiemos el que se abstuvo en ese tema en la Asamblea General. Junto con Argentina votó Ucrania”, y lanzó: “El mundo a veces no es como a uno les gustaría que sea, el mundo es”.
“Yo tengo orgullo de que mi bloque haya acompañado la propuesta que habían hecho la diputada Karina Banfi sobre la violencia a las mujeres en Irán. No lo dijimos en público ni lo pudimos hablar en el recinto porque había un acuerdo de labor parlamentaria, pero nos sentimos expresados en las palabras de Banfi. No rehuimos al debate de los temas, tenemos argumentos, a veces podemos coincidir y otras no. No negamos poder discutirlos”, cerró Valdés.
Sobre el proyecto en debate, el mendocino Julio Cobos (UCR) recordó que “en el Senado tuvo un principio de tratamiento en Asuntos Constitucionales y Banca de la Mujer. Fue a sesión porque salió el despacho de la senadora Norma Durango del FdT, pero el presidente del bloque José Mayans solicitó la vuelta a Comisión”, y pidió: “Le digo para que haga las gestiones para que tenga curso favorable el proyecto”.
La iniciativa, que ya recibió aval de la Comisión de Salud y ahora le resta pasar por Salud, fue apoyada también de manera unánime en el seno de Mujeres y Diversidad. También avanzaron proyectos de igualdad de género en el deporte y las Sociedades del Estado, entre otros.
La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara baja se reunió este martes para tratar un conjunto de proyectos, entre ellos el que establece procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal.
La iniciativa, que había tenido dictamen de comisiones el año pasado pero no llegó a tratarse en el recinto, tuvo dictamen este martes. Es conocida como “Ley Johanna”, en alusión al caso de Johanna Piferrer, quien estuvo presente en la reunión.
Cabe destacar que esta iniciativa fue impulsada en su momento por la exdiputada Magdalena Sierra, y al perder estado parlamentario fue re-presentado por la también hoy exdiputada María Cristina Alvarez Rodríguez.
La titular de la comisión, la oficialista Mónica Macha (Buenos Aires) recordó que el proyecto contaba ya con dictamen de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, y destacó la necesidad de contar con procedimientos perinatales. “Estamos hablando de una situación irreparable, dolorosa”, y precisó que el período perinatal se inicia cuando se ingresa a la semana 22 de gestación y termina y cuando se completan 7 días después del nacimiento.
Macha habló de la necesidad de situar entonces esa situación de duelo y la necesidad también de que los espacios sanitarios puedan contar con determinadas acciones para “garantizar el derecho al duelo”. Esto es, “que no se sume ahí el dolor y padecimiento que significa también el maltrato institucional”, y habló también de la necesidad de “erradicar la violencia obstétrica”.
A continuación, citó los derechos que garantiza el proyecto puesto a consideración, lo cual marca que justamente los mismos hoy no existen en las instituciones sanitarias. Los mismos figuran en el artículo 5° del proyecto, y son los de “recibir información suficiente y adecuada sobre las distintas intervenciones médicas y terapéuticas que pudieren tener lugar durante esos procesos, de manera que puedan optar libremente cuando existieren diferentes alternativas; a un trato respetuoso, individual y personalizado que le garantice la intimidad durante todo el proceso y tenga en consideración sus pautas culturales; a tomar contacto con el cuerpo sin vida, teniendo la opción de hacerlo acompañadas por un/a psicólogo/a; derecho a designar un/a acompañante en cualquier momento del proceso, y deberá ser respetada la decisión de no ser acompañadas; a tomar conocimiento fehaciente de las causas que originaron el deceso, en cuyo caso, podrán solicitar la realización de la autopsia y/o estudio anatomopatológico del cuerpo; a ser internadas en un servicio que no corresponda con el propio de maternidad; a recibir información sobre lactancia, métodos de inhibición y/o donación de esta; a recibir tratamientos médicos y psicológicos post internación a fin de reducir la prevalencia de trastornos derivados de duelos crónicos y al debido seguimiento de estos, contemplando el abordaje desde la especificidad de la salud mental perinatal; y derecho a no ser sometidas a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación, salvo consentimiento manifestado por escrito bajo protocolo aprobado por el Comité de Bioética”.
La diputada Mónica Macha consideró “un paso importante poder contar con la posibilidad de que este proyecto tenga media sanción. La idea es que esta vez llegue al recinto”, y concluyó: “Creo que es una deuda que tenemos con aquellas personas con capacidad de gestar que pasan por esta situación”.
Paridad de género en el deporte
El primer tema abordado en la reunión había sido el que establece la creación de un sistema integral de igualdad y paridad de género en el deporte, garantizando la igualdad, participación, inclusión, acceso y representación de las mujeres y diversidades en todos los ámbitos y a todos los niveles de la comunidad deportiva. La iniciativa ya cuenta con aval de la Comisión de Deportes, y en este caso también obtuvo dictamen.
El proyecto fue defendido por quien lo impulsa, Magalí Mastaler (FdT-Santa Fe), quien aclaró de entrada que el mismo replica el texto del proyecto de Promoción e Igualdad y Paridad en el Deporte presentado en 2020 también por la diputada (MC) Magdalena Sierra, el cual entonces tuvo dictámenes de mayoría en las comisiones de Deportes y de Mujeres, y que “surge como objetivo principal la necesidad de generar nuevas herramientas que garanticen el acceso al deporte para determinadas personas sin interesa r la cuestión sexual.
Intervino a continuación la diputada de Juntos por el Cambio Carla Carrizo, quien celebró el tratamiento de ese proyecto, y recordó que habían planteado algunas pequeñas disidencias, que para evitar dilaciones en el recorrido del proyecto hacia el recinto las incluían en un dictamen de minoría que buscarían sumar a la ley al momento de su debate. Las mismas consistían en incorporar la paridad a los tres niveles del deporte y no solo al primer grado. “Queremos llegar a la AFA”, planteó la diputada de Evolución Federal, que destacó que la intención es la de que la paridad “sea real y progresiva en la totalidad de los grados. No solo para el fútbol, que es lo más visible, sino también para todos los deportes”.
A propósito de la referencia al fútbol, la presidenta de la comisión recordó la situación de disparidad presupuestaria que sufre el fútbol femenino, que s tema de debate por estos días a propósito del fallecimiento en un accidente automovilístico de una joven jugadora de Argentino de Merlo. Y también criticó las expresiones del presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, quien planteó que “el fútbol es un negocio, por eso no entra ahí la paridad”.
El proyecto que obtuvo dictamen, entre sus principales aspectos, incluye modificaciones a la Ley 20.655 -Ley de Deporte- y estipula la creación del “Programa de Igualdad en el Deporte”, que deberá ser articulado entre el Ministerio de Turismo y Deportes y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.
También determina un sistema de representación y paridad de género progresivo en las listas que se presenten para la elección de los/las integrantes de los cargos en Consejos Directivos en las asociaciones civiles deportivas de primer grado: durante el primer año de la norma, las listas deberán tener candidatas en un 20%; a los tres años de sancionada la ley, en un 30%; y a los cinco años deberá observarse la paridad entre mujeres y varones.
Otros proyectos
Se trató a continuación una iniciativa del diputado Héctor Baldassi, que venía con dictamen de la Comisión de Deportes, que justamente preside este diputado cordobés. El exárbitro agradeció haber sido invitado para defender su iniciativa, que propone crear un protocolo institucional ante situaciones de violencia de género y / o discriminación en asociaciones civiles.
Baldassi planteó que la iniciativa busca “generar concientización para casos de violencia de género discriminación en los clubes”, teniendo en cuenta que hoy no tienen la obligación de hacer protocolos y detalló las tres cuestiones salientes de la iniciativa: que todas las asociaciones civiles deportivas dicten en su estatuto un protocolo para prevenir e intervenir en caso de discriminación o violencia de género, asesorando, asistiendo y acompañando a las víctimas; el estatuto debe decir que cualquier acto de violencia de género está considerado un acto de máxima escala de gravedad; y en tercer lugar los clubes de barrios si no hacen el protocolo no permitirles percibir ayuda de parte del Estado.
A continuación, Mónica Macha anunció que cinco iniciativas referida a la Ley Micaela en medios pasarían a asesores para continuar allí su tratamiento, tras lo cual sí pasó a dictamen el tema referido a la paridad de género en las empresas del Estado nacional. Esa iniciativa contempla proyectos de Sofía Brambilla, Mónica Macha, Silvia Lospennato, Gabriela Estévez y Jimena Latorre.
Habló sobre el tema la diputada del Pro Silvia Lospennato que planteó que para permitir el avance de esa regulación de la paridad de género en las empresas del Estado nacional habían hecho una adecuación de los plazos. “Habíamos puesto plazos demasiado optimistas”, reconoció la legisladora, al tiempo que aclaró también que puntualizaron en el texto que “no pretendíamos invadir competencias locales”, y dejaron claro el “respeto al federalismo” a partir de lo cual quedará en manos de las legislaturas provinciales determinar si adhieren a la medida, en el marco de su autonomía.
Por su parte, la cordobesa Gabriela Estévez (Frente de Todos) destacó como “fundamental” llegar a establecer la paridad en los directorios de las empresas, pero dejando de lado “ese estereotipo según el cual las mujeres aportan una ‘mirada sensible’, sino la necesidad de romper el techo de cristal”.
“Esta ley es fundamental, porque además marca un antecedente para las empresas privadas”, concluyó.
A continuación, pasaron a la firma una extensa serie de proyectos de declaración sobre diversos temas.
Así lo comunicó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller. El debate se retomará este jueves a las 10 con el fin de emitir dictamen y llevarlo al recinto la próxima semana.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por el oficialista Carlos Heller, se reunió este martes para avanzar con la discusión de la letra chica del proyecto de Presupuesto 2023 y eventuales modificaciones al texto, reclamadas tanto por legisladores de la oposición como del oficialismo.
El debate se retomará este jueves a partir de las 10, en el que el Frente de Todos cuenta con la firme idea emitir dictamen, de modo que la iniciativa se pueda debatir en el recinto el próximo miércoles 26.
Eso se acordó tras una sugerencia de diputado radical Víctor Hugo Romero de hacer un cuarto intermedio hasta el jueves para que “en estos días profundizar el tema de estos distintas propuestas y modificaciones”.
El presidente de la Comisión compartió la propuesta: “Vendría bárbaro que en vez de venir mañana y estar sentado acá, podamos construir la mayor claridad de consenso y de información para que a la hora de votar sepamos claramente lo que estamos votando. Creo que va a ser productivo”.
“Trataremos de traer para el jueves una redacción de las modificaciones que se incluirán al proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo que generarán el dictamen o los dictámenes”, sostuvo Heller.
Además, por estas horas en el oficialismo estudian la propuesta planteada desde Juntos por el Cambio -más precisamente por el radical Julio Cobos– para realizar la sesión los días 25 y 26 de octubre, pasando a un cuarto intermedio por la noche del 25 para que no sea un día entero de debate.
En el último encuentro, entre los principales reclamos de la oposición surgieron pedidos de incrementos para los subsidios al transporte del interior, las universidades públicas y la Ley de Bosques Nativos.
También desde JxC advirtieron sobre el costo de CAMMESA; el artículo que faculta al Ejecutivo hasta el 31 de diciembre de 2023 para tocar las alícuotas de derechos de exportación (retenciones) -que anticiparon si se mantiene, no lo votarán-; y pidieron incorporar una “cláusula gatillo” por inflación, es decir, para que, si los recursos previstos llegan al tope, el Gobierno tenga que enviar el año que viene una ampliación presupuestaria.
El proyecto prevé un crecimiento del PBI del 2%, con una inflación del 60% y un dólar a 269 pesos en diciembre del año próximo. El déficit primario proyectado es de 1,9% del PBI, contra el 2,5% previsto para el presente año, en línea con el compromiso tomado con el FMI.
En el arranque de la reunión, el presidente de la comisión, Carlos Heller, anunció que se apunta a firmar el dictamen este jueves. La semana pasada el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez, había expresado que si no había sesión esta semana, quizás se podía avanzar el miércoles con el despacho.
Pero lo cierto es que las negociaciones continúan a contrarreloj no solo en la Cámara baja, sino en el Palacio de Hacienda, donde el ministro de Economía, Sergio Massa, tiene previsto reunirse con senadores oficialistas y también gobernadores en las próximas horas.
En el arranque de la reunión, los diputados Ricardo López Murphy (RU-JxC) y Carlos Heller (FdT) protagonizaron un contrapunto en torno a las Leliq y el funcionamiento del Banco Central. Y, minutos después, López Murphy también se cruzó con el misionero Héctor “Cacho” Bárbaro (FdT), quien reclamó que se contemple la cuestión del Fondo Especial del Tabaco (FET).
“Cuando fue ministro de Economía lo primero que hizo fue sacar el Fondo Especial del Tabaco”, le enrostró el oficialista al liberal, y pasó luego a detallar “lo que significa el sector tabacalero para el país”, actividad que cuenta con “23 mil familias de pequeños productores, casi 15 mil en Misiones” y que representa “100 mil fuentes de trabajo en forma directa e indirecta”.
Bárbaro subrayó que “la existencia de muchos pueblos en el interior dependen de esa producción tabacalera”, perjudicada por las retenciones, el clima y la evasión de impuestos por parte de las empresas -mediante acciones judiciales-, lo que provoca pérdidas para el FET.
En ese sentido, el misionero apuntó que el FET “perdió este año 5.711 millones”, mientras que “el Estado Nacional va a perder este año casi 80 mil millones de pesos” por no recaudar, debido a “los amparos presentados para no pagar el impuesto mínimo interno”. “Nuestra gente está sufriendo y yo no quiero ser parte de esta situación”, resaltó.
Así, mencionó el proyecto que presentó junto a pares suyos de provincias tabacaleras para “buscar alternativas” tales como “ponerle FET a los habanos, a los ricos que fuman”, o a “los Productos de Tabaco Calentado que también están viniendo”.
“Si se siguen evadiendo los impuestos en Argentina, como están evadiendo, dentro de tres o cuatro años más la inercia va a llevar a que termine el Fondo Especial del Tabaco y esta actividad en Argentina”, alertó el diputado del FdT, ante lo que López Murphy le reclamó que “no dijo qué empresas son las que no pagan”.
Molesto, el oficialista le devolvió: “Dígalo usted si usted las conoce. Usted era el que no quería el Fondo Especial del Tabaco”.
“Podríamos discutir mucho las opciones que había en marzo de 2001, pero no es este el caso”, sostuvo López Murphy y advirtió que “la corrección que está planeada ahora en este Presupuesto es mucho más grande de la de aquel momento”. “Las empresas que evaden no son las dos grandes, son las otras, entre ellas una que está en el Gran Buenos Aires sur”, expresó.
El legislador de JxC aseveró entonces que “todos sabemos que eso es imposible sin la actitud generosa del Gobierno”. “La destrucción del Fondo del Tabaco la está haciendo este Gobierno, quizás con más eficacia de la que yo había pensado, de esta manera indirecta. La pregunta que se tienen que hacer como Gobierno es por qué los organismos recaudatorios del Gobierno le permiten evadir cifras que son fenomenales”, añadió.
“Las cautelares empezaron en el gobierno de (Mauricio) Macri“, lanzó Bárbaro, pero el porteño remató: “La evasión de ahora es espectacular. Hace tres años que gobiernan, no sé si está enterado, y no lo pudieron resolver”.
A su turno,la diputada Romina Del Plá (PO/FIT-U) cuestionó que “el Presupuesto está orientado a garantizar el acuerdo con los acreedores internacionales, especialmente con el Fondo Monetario”. En esa línea, planteó que “los mismos funcionarios del Gobierno hacen declaraciones reconociendo que hay una baja del salario real, de los ingresos y de las jubilaciones, utilizando el mecanismo de la inflación como herramienta confiscatoria”, por lo que describió: “Estamos frente a un presupuesto que ratifica una política confiscatoria y de ajuste para la mayoría de los trabajadores sobre quienes recae el pago de una deuda fraudulenta”.
En su intervención, Del Plá hizo hincapié en las jubilaciones y recordó que la directora del ANSES, Fernanda Raverta, dijo “con total liviandad que la canasta básica de los jubilados era $30 mil, por lo tanto, que nadie se queje si la jubilación mínima o el ingreso es de $50 mil”.
“Como nos puso una filmina nos miramos azorados de semejante liviandad y el tono epopéyico del planteamiento. No me olvido que había un gráfico que decía que si en una casa hay dos adultos mayores que cobran la jubilación de $50 mil, que en realidad es de $43 mil más un bono, estaban un 170 por arriba del valor de la canasta básica. A varios parece que no se les movió ninguna fibra, encima hay muchos funcionarios del Gobierno que hablan como oposición”, cuestionó la diputada de izquierda.
En esa línea, manifestó que “lo de ANSES y las jubilaciones es un escándalo”, y ratificó que “este presupuesto garantiza los negocios de los bancos, de acreedores internacionales de los que reciben todo tipo de subsidios y exenciones impositivas”. Por otro lado, volvió a reclamar por los acuerdos paritarios para los docentes universitarios porque “no son satisfactorios” y la falta de presupuesto para el Fondo para las Universidades que “solo crece un 30% año tras año cuando, al margen que es una cifra en negro, es un rubro que ayuda a que se puedan cerrar acuerdos paritarios”.
En su intervención, el economista Martín Tetaz (Evolución Radical) coincidió con su predecesor López Murphy y advirtió que “hay una situación preocupante de déficit fiscal que se financia con emisión monetaria”, y pidió que tengan en cuenta “las preocupaciones que hizo el diputado porque representan un problema potencial para la Argentina”.
Sobre el proyecto enviado por el Ejecutivo, planteó cuatro observaciones. El primero sobre el artículo 29 sobre la Administración Financiera que “estipula un límite a los gastos autorizados por el Congreso”, y señaló que en “la práctica habitual de este Congreso cuando subestima los ingresos fiscales, conscientemente lo hace en múltiples oportunidades, la práctica habitual es enviar una ampliación por DNU que esta un poco reñida con este artículo 29 que pone un límite claro”.
En este aspecto, Tetaz sugirió que “el presupuesto contenga una expresión clara que, de alguna manera, elimine el artículo como esta redactado y que diga claramente que cualquier gasto por encima de la autorización que plantea el Presupuesto tiene que venir a Congreso por parte de un proyecto de ampliación presupuestaria que venga por parte del Ejecutivo”.
Respecto a la segunda observación explicó: “Tiene que ver con lo que desde la oposición denominamos ‘el plan bomba’. Tiene que ver con la característica habitual del ejercicio de un gobierno kirchnerista en el último tiempo de adelantar ingresos que le corresponde al año siguiente y disponer sobre esos ingresos como hicieron como el dólar Qatar o con el Plan Gas y es algo prohibido en el artículo 33”.
“Queremos que se evite en la ley de presupuesto el adelantamiento de ingresos correspondiente al 2024 y se evite efectuar gastos que corresponda pagar a otro gobierno”, pidió.
El tercer planteo que hizo el radical fue sobre el artículo 72 del proyecto porque “prevén un blanqueo que es un premio para los que no cumplen y debe incluir un premio para los cumplidores”, y solicitó que se incluya “una cláusula que se permita la mayor deducción de gastos educativos para las familias cumplidoras. Que exista un premio a los contribuyentes que cumple”.
En último lugar, Tetaz hizo un planteo sobre el artículo 96 vinculada a las facultades extraordinarias para establecer retenciones: “Las retenciones son un pésimo impuesto porque los impuestos a las exportaciones generan un sesgo anti exportador brutal y eso hace que el país produzca menos dólares”, por lo que pidió al Ejecutivo “un compromiso de empezar a discutir un sendero para la reducción de las retenciones y de todos los impuestos a las exportaciones. Que las facultades que piden, de ninguna manera sea para elevar las retenciones en el país”.
De la vereda de enfrente, el oficialista Itaí Hagman salió a contestarle a López Murphy y a Tetaz: “Sabemos que el país tiene un déficit fiscal y estamos tratando se resolverlo y que en 2020 fue financiado a partir de la transferencia del Central Tesoro, pero no fue porque cuando asumimos tuvimos ganas de aumentar 6.6 el déficit fiscal, tuvo que ver con las condiciones concretas que fue enfrentar la pandemia”, y agregó: “Una cosa es discutir cuáles son las alternativas que tiene el Estado para financiarse y otra cosa es generar exageradamente una sensación de que la cosa está a punto de explotar”.
“Me llama la atención que, hablando justamente del problema de financiamiento del Estado, se pretendan dar lecciones porque si hubo un plan bomba o una bomba fue el Estado del financiamiento con el que se encontró el nuevo gobierno cuando asumió en diciembre del 2019 con una deuda en moneda extranjera impagable y una deuda en pesos ‘reperfilada’”, disparó Hagman y expresó: “Acá tenemos una coalición que ya habla como futuro gobierno y quieren dar lecciones respecto a qué hacer con la deuda. A lo mejor pueden aprender de su propia experiencia”.
En su alocución, el radical Ricardo Buryaile (Formosa) también hizo algunas consideraciones sobre dos puntos particulares del proyecto del Presupuesto. En primer lugar, se refirió al artículo 96 sobre las retenciones agropecuarias y señaló que “debemos trabajar sobre el mismo. Hoy está en litigio y hay algunos fallos respecto a la constitucionalidad o no del cobro de retenciones por la caída de las facultades delegadas del año pasado”, y aclaró: “Mi vocación es que se pueda abordar de forma seria y razonable este punto, tanto desde lo económico como lo legal. “No estamos dispuestos a convalidar suba de derechos de exportación, lo que queda habilitado en ese artículo”, adelantó.
Buryaile también habló sobre la distribución de los fondos universitarios que contempla el artículo 12 e insistió que “con los fondos de la Universidad Nacional de Formosa, que es la única que cae drásticamente en su participación en el presupuesto nacional. Del 0,75 % del presupuesto total pasa al 0,61 %”.
“No hay ninguna universidad que haya caído más de un 35 % en su presupuesto, no tienen cómo cubrir el funcionamiento o el pago de sueldos. Si se toma un promedio de cuánto fue el ajuste 2021/2023 en la proyección, fue de aproximadamente 238 % el ajuste de la partida presupuestaria, mientras que la Universidad Nacional de Formosa tiene el 171 %”, reclamó.
La diputada santafesina Germana Figueroa Casas (Pro) se sumó a las críticas al proyecto porque “más de 50 artículos no cumple con el principio de exclusividad que tendría que tener el presupuesto. No cumplen con el artículo 20 de la Ley de Administración Financiera”.
“Hay blanqueos como incentivos a la construcción o a las importaciones. Sería conveniente tratarlos en un paquete aparte, pero van en contra del cumplimiento del que paga siempre”, señaló y reflexionó: “Tenemos que tomar conciencia de eso y pensar si el problema no esta en la presión tributaria tan alta que tenemos que hace que mucha gente no cumpla. Debemos tener en cuenta algún beneficio a los que cumplen”.
El jujeño Jorge Rizzotti, presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara baja, se refirió a los subsidios al transporte en el interior del país: “Es imposible pensar que podemos llegar a fin de año sin el incremento del subsidio en el interior”, dijo y remarcó que “a septiembre de este año se devengaron subsidios al AMBA por 204.787 millones de pesos, mientras que al interior se le asignaron 28.150 millones. El 88% al AMBA, el 12% al interior. Obviamente justifica la situación de crisis que tiene hoy el transporte en el interior”.
“En el artículo 81, de la prórroga de compensación del Fondo de Transporte Público, hay una asignación de 66 mil millones de pesos. Si nos remontamos a lo que fue el debate del presupuesto 2022, estuvimos en una situación similar, donde el Presupuesto preveía una asignación de 27 mil millones de pesos y luego de un debate en la comisión habíamos llegado a un acuerdo en donde el dictamen de presupuesto hacía una asignación de 46.000 millones de pesos para 2022”, explayó el radical. En este sentido, pidió que la asignación para el Transporte del interior pase de los 66.053 millones presupuestados a una cifra cercana a los 110 mil millones de pesos.
Rizzotti adelantó que mañana la Comisión de Transporte de Diputados recibirá a los ministros y secretarios de Transporte del interior para escuchar las necesidades del interior, que rondan en un número de alrededor de 110 mil millones de pesos.
El titular del bloque oficialista, Germán Martínez (Santa Fe), sostuvo: “Fuimos haciendo un camino y usted presidente señaló la posibilidad de emitir dictamen. Entre el jueves y hoy, sumado a las informativas con los funcionarios, las observaciones fueron por tres lugares. Una fueron críticas generales a las pautas macroeconómicas planteadas en el Presupuesto”, momento en el que aprovechó para remarcar que hubo diputados de la oposición que no estuvieron presentes en la reunión pasada.
“Hubo una cantidad de observaciones, sugerencias, críticas, sobre el articulado. Allí creo que el jueves pasado dimos un paso importante. Hoy no se han agregado nuevas demandas a estas cuestiones”, destacó y apuntó: “No podemos ir y generar el clima para dictaminar es que, si nosotros venimos acá y hacemos algunos planteos de críticas generales al presupuesto, a la política económica o al rumbo del gobierno, no se le brinde la posibilidad al bloque oficialista a argumentar en sentido contrario. Si no se hubiesen dicho un montón de cosas, nosotros no estaríamos obligados a contestar”.
En ese marco, le recordó a la oposición que en el presupuesto 2018 “se aprobó un régimen de retiro anticipado en el sector público, se modificó un cálculo del índice de movilidad, se modificó el artículo 5 de la Carta Orgánica del Banco Central, se prorrogó el artículo 61, se modificó la Ley del Ave, aparecieren los contratos de participación pública y privada”.
La iniciativa, que ya recibió aval de la Comisión de Salud, será tratado en Mujeres y Diversidad. El temario incluye proyectos de igualdad de género en el deporte y las Sociedades del Estado, y otro sobre Ley Micaela para los medios.
La Comisión de Mujeres y Diversidad de Diputados se reunirá este martes a las 15, en la Sala 2 del Anexo de la Cámara baja, para tratar un conjunto de proyectos entre los que se encuentra el que establece procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, que es aquella que se produce entre la semana 22 hasta 7 días después del nacimiento.
La iniciativa, que había tenido dictamen de comisiones el año pasado pero no llegó a tratarse en el recinto, se denomina “Ley Johanna”, en alusión al caso de Johanna Piferrer.
El texto fue despachado favorablemente la semana pasada en la Comisión de Acción Social y Salud Pública y continuará así su trámite en la comisión que preside Mónica Macha. Resta que también sea analizada en Presupuesto y Hacienda.
De acuerdo al proyecto, todas las obras sociales, las entidades de medicina prepaga, como así también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliadas/os, independientemente de la figura jurídica que posean, tendrán a su cargo con carácter obligatorio instrumentar las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley.
Se busca dotar las y los profesionales de la salud, que intervienen al momento del parto, de procedimientos de actuación estandarizados que faciliten la atención sanitaria de aquellas mujeres, personas gestantes y familias que sufren una muerte perinatal.
Asimismo, las mujeres y personas gestantes tendrán derecho a recibir información suficiente y adecuada; un trato respetuoso, individual y personalizado; tomar contacto con el cuerpo sin vida, teniendo la opción de hacerlo acompañadas por un psicólogo; tomar conocimiento fehaciente de las causas que originaron el deceso; recibir información sobre lactancia, métodos de inhibición y/o donación de ésta; entre otros.
Otro de los puntos del temario es el proyecto que establece la creación de un sistema integral de igualdad y paridad de género en el deporte, garantizando la igualdad, participación, inclusión, acceso y representación de las mujeres y diversidades en todos los ámbitos y a todos los niveles de la comunidad deportiva. La iniciativa ya cuenta con aval de la Comisión de Deportes.
Entre sus principales aspectos, incluye modificaciones a la Ley 20.655 -Ley de Deporte- y estipula la creación del “Programa de Igualdad en el Deporte”, que deberá ser articulado entre el Ministerio de Turismo y Deportes y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.
También determina un sistema de representación y paridad de género progresivo en las listas que se presenten para la elección de los/las integrantes de los cargos en Consejos Directivos en las asociaciones civiles deportivas de primer grado: durante el primer año de la norma, las listas deberán tener candidatas en un 20%; a los tres años de sancionada la ley, en un 30%; y a los cinco años deberá observarse la paridad entre mujeres y varones.
La Comisión de Mujeres y Diversidad tratará, además, un proyecto que promueve la paridad de género en los directorios de las Sociedades del Estado; y otro para establecer la Ley Micaela, de capacitación en cuestiones de género, en los medios de comunicación.
Se había hablado de la posibilidad de convocar al recinto para tratar temas de consenso, pero quedó descartada. La Comisión de Presupuesto y Hacienda retomará el debate de la “ley de leyes” este martes a las 13 y un día después podría avanzarse con el despacho.
El oficialismo en la Cámara de Diputados concentrará todos sus esfuerzos esta semana en la búsqueda del dictamen del proyecto de Presupuesto 2023 enviado por el Poder Ejecutivo y el cual, si las fechas se respetan de acuerdo al cronograma inicial, sería debatido en el recinto la próxima semana.
Este lunes, fuentes del bloque Frente de Todos confirmaron a parlamentario.com que no habrá una sesión, pues se había hablado de una posible convocatoria al recinto con temas de consenso, como ocurrió el último miércoles en la jornada que se aprobaron -entre otros proyectos- la prórroga de la Ley del ReNaBaP y la expropiación del predio donde funcionó Cromañón, discusión que terminó con tensión entre el oficialismo y la oposición.
Así las cosas, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller, retomará el debate del Presupuesto 2023 este martes desde las 13 en el segundo piso del Anexo “C”. Además, se estima que habrá reuniones el miércoles y jueves, con la aclaración que dejó Germán Martínez, jefe del FdT, en la última jornada: si se dan las condiciones para avanzar con la firma del despacho el miércoles, se hará ese día y no el jueves.
También, por estas horas en el oficialismo estudian la propuesta planteada desde Juntos por el Cambio -más precisamente por el radical Julio Cobos– para realizar la sesión los días 25 y 26 de octubre, pasando a un cuarto intermedio por la noche del 25 para que no sea un día entero de debate. Se quiso hacer lo mismo en otras ocasiones y nunca se logró. Se verá esta vez.
El jueves pasado, los diputados de la Comisión de Presupuesto tuvieron su primer análisis del proyecto ya sin invitados. Allí, las principales voces de JxC dejaron plasmadas las propuestas de modificaciones a la letra chica del texto, que tanto Martínez como Heller se comprometieron a analizar durante el fin de semana.
Entre los principales reclamos de la oposición surgen incrementos para los subsidios al transporte del interior, las universidades públicas y la Ley de Bosques Nativos. También advirtieron sobre el costo de CAMMESA; el artículo que faculta al Ejecutivo hasta el 31 de diciembre de 2023 para tocar las alícuotas de derechos de exportación (retenciones) -que anticiparon si se mantiene, no lo votarán-; y pidieron incorporar una “cláusula gatillo” por inflación, es decir, para que si los recursos previstos llegan al tope, el Gobierno tenga que enviar el año que viene una ampliación presupuestaria.
El debate del Presupuesto 2023 quedó abierto el pasado 28 de septiembre, con la presentación oficial por parte del ministro de Economía, Sergio Massa, y su número dos, Gabriel Rubinstein. Además, ese día asistieron los secretarios Raúl Rigo (Hacienda) y Eduardo Setti (Finanzas).
En el desfile de funcionarios, pasaron por la Cámara baja los ministros Jaime Perczyk (Educación), Juan Cabandié (Ambiente), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), y Alexis Guerrera (Transporte). También los ahora exministros Claudio Moroni (Trabajo) y Juan Zabaleta (Desarrollo Social).
Asimismo, estuvieron los secretarios José Ignacio De Mendiguren (Producción), Juan José Bahillo (Agricultura, Ganadería y Pesca) y Flavia Royón (Energía); además de Miguel Pesce, presidente del Banco Central; Fernanda Raverta, directora de la ANSeS; Carlos Castagneto, titular de AFIP; Guillermo Michel, titular de Aduanas, entre otros.
El último invitado, a pedido de los legisladores, fue Marcos Makón, titular de la Oficina de Presupuesto del Congreso, siempre fuente de consulta para este tema.
El proyecto prevé un crecimiento del PBI del 2%, con una inflación del 60% y un dólar a 269 pesos en diciembre del año próximo. El déficit primario proyectado es de 1,9% del PBI, contra el 2,5% previsto para el presente año, en línea con el compromiso tomado con el FMI.
En un fructífero encuentro, los legisladores se explayaron sobre las modificaciones que pretenden se le realicen al proyecto. Las partidas para los subsidios al transporte del interior y las universidades públicas, entre los destacados. La discusión se retomará el martes de la semana que viene.
Por Melisa Jofré
En una sala semivacía del segundo piso del Anexo “C” de la Cámara baja, pero con un tono armónico en la discusión, los diputados de la Comisión de Presupuesto y Hacienda avanzaron en el análisis del proyecto de Presupuesto 2023, que se apunta a dictaminar la próxima semana.
En el encuentro, de alrededor de tres horas, voces del oficialismo y la oposición se explayaron sobre las modificaciones que consideran deben hacerse a la iniciativa. De los puntos más recurrentes surgieron reclamos de aumento para las partidas destinadas a los subsidios al transporte del interior y las universidades nacionales.
Hacia el final, se ratificó que la Comisión trabajará los días martes, miércoles y jueves que viene, con la salvedad de que, si se convoca a una sesión, se harán dos reuniones y no tres. El presidente del oficialismo, Germán Martínez, aclaró que la firma del dictamen podría ser tanto miércoles como jueves, dependiendo de la agenda y de cómo avance el debate.
Aunque días atrás, ante la abundante participación de invitados, Martínez dejó trascender su intención de adelantar una semana el tratamiento en el recinto, esa idea no fue bien recibida por la oposición y, finalmente, se mantendrá el cronograma que había sido establecido por los jefes de bloques con la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau.
De esta manera, se estima que la “ley de leyes” se debata en sesión la última semana de octubre. El tema se tocó este miércoles durante la reunión de Labor Parlamentaria, previa a la sesión que se realizó, donde Juntos por el Cambio puso sobre la mesa una propuesta del radical Julio Cobos para que la sesión por el Presupuesto 2023 se realice en dos días, es decir, que por la madrugada no haya debate, y que sea el 25 y 26. El Frente de Todos todavía no confirmó si acepta.
Debate de los diputados
En voz del oficialismo, arrancó la ronda de oradores el entrerriano Marcelo Casaretto, quien destacó que la Ley de Presupuesto es “la más importante que trata el Congreso” cada año y “desde el Frente de Todos vamos a impulsar la aprobación, situación que no ocurrió el año pasado y obligó que la administración tuviera que conducirse por decreto. En esta ocasión esperamos que tenga un trámite favorable”, expresó.
El diputado resaltó que “todos los funcionarios que fueron requeridos estuvieron presentes” y se dio una “amplia descripción del Presupuesto” con esas exposiciones, las cuales consideró “no tienen antecedentes”.
En un amplio repaso de la situación económica desde la llegada del Gobierno, el oficialista recordó: “Asumimos un Gobierno en 2019 con una situación complicada y muchos desafíos por delante”. En su exposición mencionó entonces la renegociación de la deuda externa, la aparición de la pandemia -que agudizó la caída- y la guerra entre Rusia y Ucrania; para luego detallar indicadores de recuperación y crecimiento del año pasado y éste.
Casaretto aseguró que este Presupuesto “establece una recuperación del salario real de los trabajadores”. “Algunos pueden decir que es limitado, pero también plantea una baja de la inflación de más del 90% al 60%”, argumentó y sumó que “al bajar la inflación tendría un impacto positivo” en la fórmula de movilidad jubilatoria. “Es un Presupuesto que sostiene el crecimiento por tres años consecutivos. Este no es un Presupuesto de ajuste, sino que busca el empleo, el crecimiento y la distribución de ingresos”, completó.
Luego habló el camporista Marcos Cleri, quien comenzó ponderando los presupuestos durante los años del kirchnerismo, y diferenciándolos de los enviados durante la gestión de Mauricio Macri, al considerar que esos proyectos “volvieron a tener prácticas que eran muy parecidas a las del año 2000, 2001. No solo siempre había un proyecto de ajuste, sino que no contemplaba una mirada integral de proyecto de país”.
Tras remarcar que esta iniciativa plantea inversiones importantes en materia de educación y ciencia y tecnología, el santafesino sostuvo que “un Presupuesto tiene que tener una mirada federal y siempre es perfectible”. En ese sentido, advirtió que a este proyecto se necesita “hacerle algunas correcciones” y explicó su propuesta para que se aumenten los fondos destinados a las dos principales ciudades de su provincia.
Así, Cleri reclamó que se actualice el Fondo de Emergencia Social para la ciudad de Rosario y la ciudad de Santa Fe en 13 mil millones de pesos, al tiempo que se establezcan asignaciones específicas, de modo que esos recursos sean destinados a seguridad, salud, educación, transporte y servicios públicos, y no puedan ser utilizados para gastos corrientes.
Desde Juntos por el Cambio el primero en hablar fue el radical Víctor Hugo Romero, quien observó que “en términos generales en este Presupuesto se mantiene la falta de un programa económico”, además de que “plantea una reducción de una inflación del 95% al 60%” pero “no hay pautas claras de qué manera se reduce”. “Estamos asistiendo a múltiples tipos de cambio que marcan una distorsión de esta herramienta que se utilizó hasta ahora”, analizó y añadió que “uno de los problemas graves que vemos, y hay que atenderlo, es la sostenibilidad de la deuda interna”.
En una detallada enumeración de los artículos que proponen modificar desde su bancada, el cordobés se refirió a un incremento para las partidas de las universidades nacionales; que se contemple la distribución del Fondo Educativo para los municipios; que se aumente el monto destinado a la Ley de Bosques Nativos; y que se elimine Atucha III de la toma de crédito público, pues la secretaria de Energía, Flavia Royón, informó que “no se va a construir”.
Asimismo, el secretario de la comisión apuntó que comparte la visión del artículo 53 sobre condonación de deudas a municipios, pero solicitó tener una lista detallada. Luego reclamó que es un “número bajo” el que se destina al Fondo de Asistencia para el Transporte del Interior (en 66 mil millones de pesos) y pidió “mejorar el monto”. También se refirió a las cifras destinadas para la provincia de La Rioja; solicitó que se justifiquen los motivos de la prórroga de la Ley de Emergencia Alimentaria, previsto en el artículo 87; e hizo observaciones sobre los artículos referidos a regularización de deudas de CAMMESA y las facultades al Ejecutivo sobre el tema de retenciones.
Por su parte, la diputada del FIT-PO Romina Del Plá se refirió a la partida por $752.482.394.720 para las universidades nacionales y advirtió que, aún si se cumpliera la cifra del 60% de inflación, “la transferencia a las universidades crece de 2022 a 2023 en un 54%”. “En los últimos años no se resuelve de manera satisfactoria el presupuesto universitario”, dijo y, por otro lado, reclamó que “en lugar de avanzar en una reducción de exenciones impositivas a distintos sectores empresarios, se ha reforzado el porcentaje y volumen de los gastos tributarios” con “subsidios a los sectores patronales”.
Al responderle a su comprovinciano Romero, el oficialista Eduardo Fernández remarcó que “ha habido una reunión del ministro de Economía con los rectores de universidades” y que incluso “dentro del Ministerio de Educación hubo un acuerdo sobre la razonabilidad de este presupuesto”, pero que “lo podemos ver”. También coincidió en incrementar los fondos para la Ley de Bosques, ya que “los fundamentos de los diputados de todas las provincias” coinciden “con los del ministro de Ambiente (Juan Cabandié) sobre la gravedad de la situación ambiental” y, en ese marco, ese presupuesto “no está adecuado, es insuficiente”.
También desde el Frente de Todos, el legislador Sergio Casas se refirió a los subsidios al transporte del interior: “No voy en contra de los de Buenos Aires ni de los que viven en la Capital Federal, al contrario, quiero que se equiparen para arriba los subsidios al transporte y energía. Pero si vivimos en un país federal tenemos que tener la visión de políticas activas para corregir asimetrías”. Además, sobre los recursos para La Rioja, afirmó que esa transferencia “no es extra” sino “una compensación” porque “en el año ‘88 (su provincia) quedó relegada respecto a la coparticipación”.
En una extensa intervención, el vicepresidente de la comisión, el macrista Luciano Laspina, valoró la “atinada forma en que el Gobierno este año ha presentado el diagnóstico de situación”, de un modo “más realista”, y opinó que es “el primero” de “los presupuestos del kirchnerismo” que “presenta un recorte en el gasto público”.
Gasto público que “en los últimos 20 años en Argentina se duplicó, pasó de 24 puntos del producto a 42” y “eso fundió al sector privado”, además de que “se financió con déficit y deuda”, apuntó el santafesino, y agregó que con “un aumento brutal de los impuestos, sobre todo de los peores, que son los distorsivos, como retenciones e Ingresos Brutos”.
“Celebro que haya un reconocimiento de que este nivel de gasto público es insostenible”, insistió el legislador y sostuvo: “Desde el primer momento hemos tenido una actitud constructiva con este Presupuesto, no porque estemos de acuerdo con la política económica, no porque creamos que es una panacea, sino porque creemos que hay un cambio histórico, que el kirchnerismo está protagonizando un cambio histórico en su forma de interpretar los problemas”.
En su discurso, el opositor habló de un “ajuste de 1,2 del PIB” en este proyecto, del cual se diferenció en las “prioridades”. “Hubiese querido más austeridad en otros programas de gasto, como por ejemplo 27 mil millones en el Previaje”, lanzó y también consideró que hay que “recortar un montón de privilegios que hay en el Estado y en el sistema previsional”.
Al expresar que la cifra de inflación del 60% “es inverosímil”, aclaró que “tampoco le podemos exigir al ministro (Sergio) Massa que venga y diga ‘estoy esperando una inflación de 120%’”. Y sumó que el proyecto “vino con un crecimiento austero”, del 2%.
“Nosotros como oposición queremos que el Gobierno tenga la herramienta del Presupuesto, entre otras cosas porque hay que aprobar obras públicas nuevas que se necesitan”, afirmó. Sin embargo, dijo que también necesitan “garantías” para que “no se le deje una bomba de tiempo fiscal al próximo gobierno”.
En esa línea, se refirió a la propuesta que hiciera Margarita Stolbizer durante la presentación de Massa, para que se incluya “una suerte de cláusula gatillo para que si los recursos fiscales llegan al tope previsto en el Presupuesto, el Poder Ejecutivo deba enviar una ampliación del Presupuesto”. Y él solicitó, además, “una cláusula que explicite que los gastos que fueron devengados en 2023, pero no cancelados, puedan ser cancelados con bonos del Tesoro, a 2033 por ejemplo”.
Finalmente, Laspina sostuvo que debería establecerse por ley “el congelamiento de personal en todos los niveles del Estado y todas las empresas públicas, incluyendo los contratos de monotributo”. Al tiempo que anunció el voto en contra del artículo de las retenciones; e indicó que los artículos 71 y 72 referidos al blanqueo “merecen una discusión aparte”.
Otro de los oradores del debate fue el oficialista Roberto Mirabella, quien destacó que “la inversión directa de la Nación” a su provincia, Santa Fe, “aumenta casi un 400% y esto es un dato sumamente significativo”. En consonancia con otros de sus partes, señaló que en cuanto a los subsidios al transporte “las asimetrías se han agudizado no es que se han achicado” y adelantó su propuesta “no para aumentar” los recursos del Fondo Compensador, sino “para cambiar el criterio de distribución” en función de las unidades computables, los agentes computables y kilómetros recorridos. “Queremos un Fondo Compensador del Transporte que sea equitativo, justo y transparente para toda la Argentina”, cerró.
En cuanto a la educación, la diputada de Evolución Radical Danya Tavela mencionó que hay un caída de 12,2% en términos reales para las universidades nacional y del 0,5% para la cartera de conduce Jaime Perczyk. “Las becas son disminuidas en un 23,6%”, alertó y añadió que “el 14,23% de los fondos universitarios quedan de manejo discrecional para el Ministerio”. Entre varios pedidos, la legisladora propuso incorporar una deducción en Ganancias hasta el 40% para los gastos educativos.
Al cierre de la reunión, el presidente de la comisión, Carlos Heller, se mostró satisfecho por el tono del encuentro y, respecto de los pedidos de modificación, expresó: “Si yo agarro todas las cosas que se piden, aisladas, en general tiendo a coincidir en que son todas justas. Pero cuando las sumamos, no da. Y ahí entramos en una complejidad que todos y todas deberíamos hacer el esfuerzo a la hora de las cosas que vamos a acordar”.
“Es complejo pedir bajar impuestos, achicar el déficit fiscal y aumentar subsidios. Generalmente la cuenta no da”, explicó, por lo que pidió hacer “un enorme esfuerzo de racionalidad en nuestro debate”.
También, el porteño analizó que “los escenarios cambiantes” internacionales “nos van a influir más allá de cualquier decisión que nosotros tomemos”, al tiempo que “tenemos que tratar de que el Presupuesto termine ajustándose a las pautas” que hay acordadas con el FMI.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda arrancó con el análisis de la iniciativa. La intención del oficialismo era adelantar la discusión una semana, pero ante la resistencia de la oposición se mantendría la fecha del 26 de este mes para llevarlo al recinto.
Tras el extenso desfile de ministros, secretarios y funcionarios del Gobierno que pasaron durante tres jornadas por la Cámara de Diputados, la Comisión de Presupuesto y Hacienda comenzó este jueves con el debate propio de los legisladores.
La intención del oficialismo luego de la abundante participación de invitados era la de poder adelantar una semana el cronograma que previamente se había acordado entre los jefes de bloques y la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau.
Pero tal idea no fue bien recibida por la oposición, desde donde reclamaron que se respete la fecha tentativa del 26 de octubre para llevar la “ley de leyes” al recinto, ya que de hacerlo el 19 ni siquiera habría pasado un mes desde su tratamiento, al recordar que el ministro de Economía, Sergio Massa, asistió a fines de septiembre.
El tema se tocó este miércoles durante la reunión de Labor Parlamentaria, previa a la sesión que se realizó, donde Juntos por el Cambio puso sobre la mesa una propuesta del radical Julio Cobos para que la sesión por el Presupuesto 2023 se realice en dos días, es decir, que por la madrugada no haya debate, y que sea el 25 y 26. El Frente de Todos todavía no confirmó si acepta.
Además de Massa, asistieron a la comisión el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein; los ministros Jaime Perczyk (Educación), Juan Cabandié (Ambiente), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), y Alexis Guerrera (Transporte). También los ahora exministros Claudio Moroni (Trabajo) y Juan Zabaleta (Desarrollo Social).
Estuvieron los secretarios Raúl Rigo (Hacienda), Eduardo Setti (Finanzas), José Ignacio De Mendiguren (Producción), Juan José Bahillo (Agricultura, Ganadería y Pesca) y Flavia Royón (Energía); además de Miguel Pesce, presidente del Banco Central; Fernanda Raverta, directora de la ANSeS; Carlos Castagneto, titular de AFIP; Guillermo Michel, titular de Aduanas, entre otros funcionarios.
El último invitado, a pedido de los legisladores, fue Marcos Makón, titular de la Oficina de Presupuesto del Congreso, siempre fuente de consulta para este y otros temas presupuestarios.
El proyecto de Presupuesto 2023 prevé un crecimiento del PBI del 2%, con una inflación del 60% y un dólar a 269 pesos en diciembre del año próximo. El déficit primario proyectado es de 1,9% del PBI, contra el 2,5% previsto para el presente año, en línea con el compromiso tomado con el FMI.
Fue cuando la diputada camporista comparó al Gobierno de Macri con el de De la Rúa y el derrumbe de 2001, hablando de “un modelo económico neoliberal que expulsó a la juventud”.
La autora del proyecto que dio origen al proyecto para expropiar el predio de Cromañón, Paula Penacca (Frente de Todos-CABA) cerró el debate. Arrancó con tono agradecido, destacando el papel de los familiares, que –dijo- “han construido todo ese dolor tan profundo de las pérdidas en lucha”
Aclaró que la suya no era una frase hecha, “porque tenemos como pueblo una tradición en ese sentido”, y comparó esa lucha con la de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. “En esa lucha han encontrado muchísimos obstáculos –afirmó-. Además, tuvieron la capacidad de construir consensos en esta Cámara y que este sea un proyecto transversal también nos hace mejor como representantes del pueblo”.
Hasta ahí, puro consenso. Pero ahí la emprendió contra “los medios hegemónicos”. Penacca afirmó que los familiares y víctimas “tuvieron que también plantarse frente a la estigmatización de los medios. Después de lo que sucedió, los grandes medios construyeron un montón de mentiras sobre lo que sucedió allí”.
Por el contrario, sostuvo que “lo que en realidad pasó allí fueron actos de amor, de arriesgar la vida propia”, mientras que desde los medios “se construyeron mentiras, como la de que había una guardería de bebés en los baños”.
“También contra eso lucharon, y con pocas armas: la de la solidaridad, la de la organización”, enfatizó, advirtiendo que “cuando la juventud se organiza y es solidaria, es transformadora, y a algunos no les interesa la transformación, sino el estatus quo”.
Luego la emprendió contra “un Estado cómplice”, y afirmó que ellos “se comprometieron y organizaron en algo más, por eso nos traen esta propuesta, porque también quieren hacer un aporte a la sociedad”.
Les agradeció a los familiares “que nos traigan este debate en este momento de nuestro país. ¿En qué momento sucedió la masacre de Cromañón? En una Argentina que estábamos empezando a tratar de levantar, después de otro hecho trágico para nuestro pueblo que fue diciembre de 2001. Un pueblo que estaba siendo hambreado, que estaba siendo ajustado. Un pueblo donde además específicamente la juventud sufría, donde no había ninguna propuesta, donde toda la propuesta era individualismo y desesperanza”.
“Una Argentina donde muchos jóvenes se refugiaban en el rock, que era un espacio donde se construían otras cosas distintas a las que nos marcaba el sistema. Yo soy de esa misma generación”, sostuvo, afirmando que el rock construía “otra cosa; solidaridad, comunidad, un espacio de pertenencia, la posibilidad de pensar que había un futuro posible en la Argentina”.
Comentó que todos los que tienen su edad tienen algún conocido que en esa época se tuvo que ir del país “a probar suerte, a buscar un futuro distinto. Y sí, allá, los diputados y diputadas que quieren sacar rédito de este debate me dicen: ‘como ahora’. Y yo les digo sí, por eso es importante que lo traigan ahora. Porque también esta es una Argentina que estamos teniendo que levantar”.
“Y estamos teniendo que levantar esta Argentina porque igual que en el 2001 se impuso hace unos años un Gobierno que con un modelo económico neoliberal también expulsó a la juventud; también expulsó a los científicos y científicas de nuestro país… También impuso un modelo de país en el que no entramos todos y todas”, enfatizó, desencadenando la reacción airada de la principal oposición.
Entre gritos, Penacca insistió en que “podemos disentir”, y mientras Cecilia Moreau pedía silencio, la diputada camporista admitió la importancia de tener un debate que pudiera “acalorar o generar algunas diferencias, en la base de acuerdo común que tenemos en acompañar este proyecto, pero también considero yo, y es una opinión, que hoy a la juventud también se la convoca a la desesperanza”.
“Hoy también hay algunos y algunas que convocan a la juventud a desorganizarse, que plantean que la política y la organización social o popular no es el camino. También hay quienes convocan a la juventud a odiar, y yo creo que hay claramente en este ejemplo que los jóvenes sobrevivientes de Cromañón quieren dejar a generaciones futuras, además de la memoria futura, que quede claro que ese día en Cromañón no hubo desesperanza, individualismo… Hubo amor y hubo solidaridad, y hoy tenemos la oportunidad de que esa frase que muy bien han acuñado los sobrevivientes de Cromañón, la hagamos efectiva: de que Cromañón nos pasó a todos”.
El legislador denunció un “lobby empresario” que “ejercen sobre esta Cámara una influencia que no es buena ni para los trabajadores ni para la democracia”.
El diputado Hugo Yasky pidió un apartamiento del reglamento para dejar constancia que en la orden del día estaba estipulado para la presente sesión incorporar la modificación al artículo 88 de la Ley de Contrato de Trabajo, la 27.744.
El legislador señaló que se suspendió el tratamiento de esta modificación, “en un momento, donde muchos trabajadores y trabajadoras se ven obligados por las circunstancias que todos conocemos, los salarios, en la mayoría de los casos que no cubren el costo de la canasta básica, a incursionar en lo que conocemos como el pluriempleo. Es decir, muchos hombres y mujeres en el país trabajando en más de un empleo”.
En este sentido, explicó que el artículo de la Ley del Contrato de Trabajar que iban a tratar hoy era una modificación muy simple, “era extender el sentido de la no concurrencia. En el contrato de trabajo entre el empleador y el trabajador, cuando una actividad desarrollada en el contrato de trabajo vigente entre en competencia con el segundo empleo, en esos casos, el trabajador no puede desarrollar ese segundo empleo. Es decir, si hay otro empleo que la patronal considera entra en competencia con el primer contrato, el trabajador está inhibido, no puede desarrollarlo”.
“La modificación que se proponía hoy es que, cuando no haya esa competencia, el trabajador quede liberado de tener que pedir la autorización a la patronal, como en este caso se plantea. Porque se dan situaciones donde, arbitrariamente, las patronales niegan la posibilidad de ese segundo empleo, aunque no haya competencia. Era una modificación muy simple”, desarrolló el legislador.
Por esto, para el legislador “lamentablemente”, y por “una circunstancia ajena a la voluntad original de los diputados y diputadas”, ya que advirtió que cuando en la Comisión de Trabajo se aprobó por unanimidad, “por un lobby empresario, a último momento, se decidió que este tema no cuente con el apoyo que de los que originalmente lo habían hecho”.
“Quiero dejar constancia, creo que es un tema muy importante, y esto demuestra, lamentablemente, que hay corporaciones que ejercen sobre esta Cámara una influencia que no es buena, ni para los trabajadores ni para la democracia”, concluyó su intervención el legislador Yasky.
Quien recogió el guante por parte de la oposición, fue el diputado rionegrino Luis di Giacomo: “Quiero aclararle al diputado preopinante que viene acusando de lobby empresario y no sé cuántas cosas más que no correspondía, que hoy en labor parlamentaria se le prohibió a otro diputado que quería argumentar, y se dijo que esto no se argumentaba, o se discutía o no se discutía”, señaló.
En este sentido, advirtió que ellos “no fuimos notificados de ningún acuerdo para que ese tema fuera incluido, no han sido notificados nuestros secretarios parlamentarios y pido por favor que cuando se van a incluir temas de aquí en adelante se notifique a todos los secretarios parlamentarios de todos los bloques y no se haga un arreglo entre un grupo y otro porque ahí consideran que tienen los números”.
Y respecto al tema en cuestión, aseguró que “por supuesto que cuando esto se debata y se discuta vamos a argumentar como corresponde porque no estamos de acuerdo con este proyecto. Pero creo que ha sido fuera de lugar la argumentación y la acusación del diputado preopinante de la cual quiero dejar constancia”.
Finalmente, la presidenta del cuerpo Cecilia Moreau zanjó el asunto aclarando que “la OD estaba en el temario de convocatoria a la sesión, con lo cual estábamos todos informados”.
Si bien todo se encaminaba a una votación con absoluto consenso, el debate sobre la expropiación del predio donde se produjo la tragedia de 2004 devino en un cruce de acusaciones a partir del discurso final de la autora de la iniciativa, Paula Penacca.
La aprobación de la expropiación del inmueble donde funcionó el boliche República de Cromañón donde en 2004 se produjo la tragedia que costó la vida de 194 personas fue unánime, por 207 votos afirmativos. Pero ese consenso expresado a través del número no se compadece con el final bochornoso que tuvo ese debate.
La media sanción se corroboró en medio de los aplausos de víctimas y familiares de quienes sufrieron la tragedia registrada el 30 de diciembre de 2004 durante un recital de la banda de rock Callejeros. Pero ya en el recinto la concordia se había perdido. Fue a partir del discurso de la diputada autora del proyecto, Paula Penacca (Frente de Todos-CABA), que sobre el final le dio un toque político a su discurso al hablar de cuándo sucedió la tragedia: “En una Argentina que estábamos empezando a levantar, después de otra tragedia como la de diciembre de 2001”, dijo. Y trascartón se refirió a “un gobierno neoliberal que también expulsó a la juventud”, en referencia a la gestión de Mauricio Macri.
Hasta entonces, la única alusión política la había hecho el diputado José Luis Espert, al disparar contra Néstor y Cristina Kirchner, a quienes acusó de haber apañado en su momento a Aníbal Ibarra tras la tragedia. Las expresiones de Penacca parecieron salir en su respuesta.
Ahí estalló la reacción de la oposición, comenzaron los gritos y se perdió definitivamente la calma.
Tras el discurso de Penacca sobrevino el desbande y los diputados de Juntos por el Cambio amagaron con retirarse. Finalmente y entre gritos se quedaron, pero muchos omitieron hacer efectivo su voto y tuvieron que expresarlo ante la consulta de la presidenta del Cuerpo, y en esas circunstancias muchos aprovecharon para expresarse de manera crítica respecto de los dichos de Penacca en particular y el Frente de Todos en general. Y pidieron “disculpas” a los familiares que contemplaban la escena desde los palcos.
Fue el caso del diputado Alvaro González, que recordó que en tiempos de Cromañón era legislador porteño, y señaló: “Le pido a la bancada oficialista que tenga memoria y sean responsables y memoriosos, por los chicos de Cromañón”.
Graciela Ocaña también pidió disculpas “por estar presenciando esta escena”, y agregó: “Hay que tener memoria de lo que fue Cromañón y entender que la corrupción mata”.
Todo entre reproches por una supuesta falta de respeto de la presidenta del Cuerpo al titular del bloque Pro, Cristian Ritondo. “Yo no le falté el respeto al diputado Ritondo, nadie fue censurado en el uso de la palabra”.
La oficialista Blanca Osuna intervino para expresar que “todos y todas sabemos que hay diferencias de pensamientos y queremos acompañar este proyecto y que nos interpelen. En esta Cámara cada uno es libre de decir su posición y debe ser respetado. Esa es la base de la democracia”.
A su vez, Ritondo se reivindicó como autor del proyecto, como tantos otros. Y tras señalar que él estaba en la Legislatura porteña en los tiempos de Cromañón y los años siguientes, recordó “cuando el bloque de la diputada (Penacca) protegía a Aníbal Ibarra, a los chicos no los mató el neoliberalismo… los mató la corrupción de Aníbal Ibarra, que pertenece al Gobierno que hoy gobierna.
Tras la votación, Cecilia Moreau le dio la palabra a Paula Penacca para una cuestión de privilegio, pero ella declinó esa posibilidad. “No voy a hacer uso de la palara porque lo importante es que pudimos hacer”, dijo.
Mientras tanto, oficialistas y opositores se retiraban del recinto y ante la falta de quórum y ya sin temas por tratar, se dio por terminada la sesión.
El incendio de Cromañón es considerado la peor tragedia mundial en la historia de la música rock y una de las mayores tragedias no naturales en la Argentina.
El proyecto fue impulsado, como dijimos, por la diputada Paula Penacca y figuran como cofirmantes a 24 diputados de todas las bancadas. En efecto, la iniciativa cuenta con las firmas de los diputados Cristian Ritondo, Mario Negri, Alejandro “Topo” Rodríguez, Rodrigo De Loredo, Juan Manuel López, Luis Di Giacomo, Margarita Stolbizer, Myriam Bregman, Diego Sartori, Mónica Fein, Romina del Plá, Mara Brawer, Carla Carrizo, Nicolás del Caño, Itai Hagman, Federico Fagioli, Karina Banfi, Maximiliano Ferraro, Tomás Ledesma, Facundo Manes, María Luján Rey, Alejandro Vilca y Leandro Santoro.
Ofició de miembro informante el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el pampeano oficialista Hernán Pérez Araujo, quien celebró en primer lugar el consenso alcanzado con el dictamen en ambas comisiones para la expropiación de los dos inmuebles en cuestión. “Este proyecto es producto del trabajo de las organizaciones de víctimas sobrevivientes y de familiares de víctimas fatales, del que creo que es el hecho más luctuoso de nuestra historia democrática reciente”.
“El Estado debe hacerse cargo no solo de la reparación de los daños, sino también de una obligación que viene imponiéndose de manera internacional que es la reparación simbólica”, enfatizó.
El legislador oficialista recordó la elocuencia percibida en el trabajo realizado en las dos comisiones que trataron el tema. “Fue muy elocuente en el trabajo en las dos comisiones el uso de la palabra de dos sobrevivientes de esta masacre que tristemente recordamos: Belkis Contino y Nicolás Papola, que nos hicieron partícipes del sentimiento de víctimas sobrevivientes, como familiares de víctimas fatales vienen padeciendo desde el 30 de diciembre de 2004 a la fecha”.
“En mi caso, y como muchos de nosotros, formo parte de una generación que vivió en carne propia lo que sucedió esa noche”, comentó en otro pasaje, puntualizando que “todos tenemos algún conocido o familiar que resultó víctima fatal o sobreviviente” de esa tragedia.
Pérez Araujo justificó la decisión de expropiar comparándola con otros casos registrados en otras partes del mundo y concluyó remarcando que algo así “no puede quedar solo en la reparación pecunaria, sino también debe ser simbólica”.
A continuación, María Luján Rey habló como diputada, pero sobre todo desde la experiencia de haber estado del mismo lado que hoy están los familiares de las víctimas de Cromañón, por haber sido ella una de las caras visibles de lo que representó la lucha por la Tragedia de Once.
“En este país se viven con intensidad a veces cosas que son irrelevantes y se relativizan cosas importantes”, arrancó la diputada del Pro, que habló de “una masacre, un crimen social, un crimen en el que murieron 194 jóvenes, en el que quedaron destrozadas familias… El dolor se convierte en enfermedad y así, durante años, las víctimas de Cromañón siguieron aumentando”.
María Luján Rey habló de padres, madres, hermanos, amigos, que “empezaron a buscar justicia; un camino que deben cursar las víctimas, aunque el sentido común nos dice que ese camino deberían transitarlo otros y las víctimas realizar el duelo”.
Tras recordar la Tragedia de Once, la diputada resaltó por su experiencia que “todos debieran entender que estas luchas son para toda la vida”. Y en esa lucha, dijo, “nos seguimos acompañando y no solamente compartimos marchas, aniversarios: compartimos la necesidad de tener en claro qué pasó y sobre todo que no se olvide por qué pasó. Para que en un futuro no vengan otros funcionarios corruptos, otros organizadores de shows que arrastren a nuestros hijos a la muerte”.
A su turno, Romina del Plá habló de un largo camino de lucha, porque en este país cada una de las masacres ha sido el resultado de una larga superposición de acciones donde se ha despreciado íntegramente la vida de las personas. En el caso de Cromañón está claro que se ha combinado de un modo tremendo, tanto el negocio privado, como el accionar de los funcionarios que bajo todos los mecanismos de la corrupción, de los negociados, del sostenimiento del negocio, han permitido esta masacre”.
Desde la otra vereda habló José Luis Espert, para quien el proyecto que dijo que apoyaría “es de una enorme sensibilidad social. La expropiación de un inmueble donde sucedió, desde mi punto de vista, la mayor masacre de nuestro país”.
Luego de señalar que las víctimas de Cromañón “deben ser honradas”, Espert consideró “apropiado avanzar en la expropiación de este inmueble, tal como en muchas partes del mundo donde han ocurrido tragedias también se han expropiado esas propiedades. Las familias lo merecen y anticipo mi voto afirmativo”.
A continuación, Espert le dio un toque político al considerar que “este espacio tiene que ser un espacio de memoria colectiva de la corrupción que hubo en torno a Cromañón”. Le apuntó en primer lugar al entonces jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, y a “los padrinos de él que guardaron silencio. Hablo de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner… Cuatro días tardaron en abrir la boca sobre lo que había pasado”.
Dijo esperar que con esta ley el Frente de Todos se redima de “la vergüenza de ese silencio” que atribuyó a la intención de “defender sin decirlo a su delfín”, en referencia a Ibarra, de quien recordó que fue abogado de la actual vicepresidenta en la causa del memorando con Irán, y también legislador porteño del espacio que hoy gobierna.
Aludió también a que muy cerca de esos inmuebles que se van a expropiar se desató “la mal llamada tragedia de Once, (que tuvo) 52 personas muertas y 789 heridos. Por lo tanto este nuevo espacio que se va a construir debería ser un espacio que nos invite a todos a reflexionar que la corrupción en el Estado mata”.
“Ojalá este predio no sea profanado como la ESMA lo fue por parte de la Secretaría de Derechos Humanos, que realizó allí la muestra ‘Neoliberalismo Nunca Más’, emparentando las ideas liberales que han hecho próspero al mundo con los asesinos de la dictadura”, dijo, pidiendo que ese espacio “no se profane, que no sea partidista, sino que realmente se le rinda culto a los que fallecieron”, y concluyó pidiendo “nunca más a la corrupción”.
A su turno, Myriam Bregman agradeció a los familiares y sobrevivientes “que nos mostraron cómo se consigue justicia”. “Muchas gracias por haber tenido el coraje y la valentía por haber enfrentado a los sucesivos gobiernos a un Estado siempre presente para poner trabas”. Y concluyó recordando el canto popularizado en “esas marchas que acompañamos tantas veces: ‘Ni la bengala, ni el rock & roll, a los pibes los mató la corrupción”.
Al adelantar el acompañamiento del interbloque Federal al proyecto, Alejandro “Topo” Rodríguez consideró que esa aprobación “será una acción que ayude a desocultar Cromañón, porque 18 años después sigue estando allí, oculto, privadamente ajeno, cerrado”.
“No hubiésemos llegado hasta aquí si no hubiese sido por ese trabajo sabio de los familiares, de los sobrevivientes, de las amigas y amigos. Ellos han alcanzado un logro que no abunda”, resaltó, valorando el acompañamiento alcanzado en la Cámara baja. “Para que esta intención sea realidad efectiva, no solo basta con aprobar la ley: tenemos que trabajar estos días para asegurar que una partida presupuestaria respalde la intención que lleva esta ley y no termine en una mera intención”.
A su turno, el presidente del bloque radical, Mario Negri, expresó el reconocimiento de toda la Cámara “al obstinado, persistente y silencioso camino emprendido para que este día ocurra”.
“Un día difícil en el recuerdo y la memoria de muchos”, remarcó el legislador cordobés, que consideró esa tragedia como “un antes y un después en la historia argentina”. Detalló a continuación la “trampa mortal” en la que quedaron atrapados los concurrentes al boliche de Cromañón esa noche, y habló de “corrupción, desidia, gesto heroico de jóvenes que volvían a rescatar a los que pidieran”.
“Hoy 18 años después venimos a arropar aquel lugar donde el dolor se hizo carne”, agregó el jefe del bloque UCR, para quien “nada es inevitable: aquella noche también es evitable”.
En un mensaje leído, Negri agregó que “venimos a cuidar de la memoria”, una memoria que “ha sido protegida en buena medida estos 18 años, por ustedes, familiares, amigos de las víctimas, redes que disparaban, organizaciones que se creaban, sobrevivientes que siguen imaginando un futuro con aquel pasado. Ellos han ayudado a mantener viva la sensación de justicia y memoria”.
Cerró la extensa lista de oradores la autora del proyecto aprobado, Paula Penacca. La diputada camporista arrancó destacando el papel de los familiares, que –dijo- “han construido todo ese dolor tan profundo de las pérdidas en lucha”
Aclaró que la suya no era una frase hecha, “porque tenemos como pueblo una tradición en ese sentido”, y comparó esa lucha con la de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. “En esa lucha han encontrado muchísimos obstáculos –afirmó-. Además, tuvieron la capacidad de construir consensos en esta Cámara y que este sea un proyecto transversal también nos hace mejor como representantes del pueblo”.
Hasta ahí, puro consenso. Pero ahí la emprendió contra “los medios hegemónicos”. Penacca afirmó que los familiares y víctimas “tuvieron que también plantarse frente a la estigmatización de los medios. Después de lo que sucedió, los grandes medios construyeron un montón de mentiras sobre lo que sucedió allí”.
Comentó que todos los que tienen su edad tienen algún conocido que en esa época se tuvo que ir del país “a probar suerte, a buscar un futuro distinto. Y sí, allá, los diputados y diputadas que quieren sacar rédito de este debate me dicen: ‘como ahora’. Y yo les digo sí, por eso es importante que lo traigan ahora. Porque también esta es una Argentina que estamos teniendo que levantar”.
“Y estamos teniendo que levantar esta Argentina porque igual que en el 2001 se impuso hace unos años un Gobierno que con un modelo económico neoliberal también expulsó a la juventud; también expulsó a los científicos y científicas de nuestro país… También impuso un modelo de país en el que no entramos todos y todas”, enfatizó, desencadenando la reacción airada de la principal oposición.
Por motivo del mes internacional de la visibilización y lucha contra este flagelo, la diputada Rossana Chahla realizó un sentido homenaje a todas las mujeres que padecen o padecieron la enfermedad.
Tras el debate por el proyecto de prórroga del Régimen de Regularización Dominial para barrios populares, la diputada por el Frente de Todos Rossana Chahla rindió un homenaje a todas las mujeres y que atraviesan o superaron el cáncer de mama, y señaló la importancia de trabajar la concientización y el acceso a la Salud.
Por motivo del mes internacional de la visibilización y lucha contra este flagelo, las bancadas del recinto lucieron unos carteles rosas con la leyenda: “Octubre, mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama”.
Al respecto, Chahla señaló que “una de cada ocho mujeres podemos tener cáncer a lo largo de nuestra vida”, y que, por esto, en el mes mundial de la sensibilización y concientización del cáncer de mama, “desde este Cámara quiero homenajear a todas aquellas mujeres que se fueron, a aquellas mujeres que lo están transitando, y a todas las que lo vencieron”.
En este sentido, compartió algunas estadísticas, “siempre que hablamos de números es todo muy frio, muy estático, pero hoy en la Argentina a 52 mujeres les dijeron que tienen cáncer. Hoy murieron 15 mujeres por cáncer. Así los números no pasan a ser tan fríos, si no que pasamos a pensar en esa familia que hoy tiene un diagnóstico, en esa familia que ha perdido un ser querido”.
Y, a pesar de que la tecnología va avanzando y dando mejores diagnósticos, más precoces, lamentó que “en los últimos años la mortalidad por cáncer de mama solo bajó el 1%, y eso se debe a los métodos complementarios, pero tendríamos que haber bajado mucho más. Sin embargo, en los países desarrollados, la sobrevida a cinco años de las mujeres es del 90%, y en los países subdesarrollados es solo el 30% de los casos”.
“Por eso quiero decir que esta campaña de concientización, esta campaña rosa no empieza acá solo con este cartel, de acá nos vamos todos a trabajar en nuestras provincias desde el lugar que nos toque. Conjuntamente con el Ministerio de Salud, con las Asociaciones Civiles, con la Iglesia, con los barrios populares para trabajar en esto de la concientización y del acceso a la Salud”, agregó.
Asimismo, sostuvo que “como Estado debemos garantizar estas políticas públicas del acceso no tan solo del diagnóstico temprano, sino también al tratamiento oportuno, con todas las terapias. Sabemos la importancia que tiene la detección precoz, por eso queremos homenajear a todas las mujeres que han tenido, tienen y que han sobrevivido al cáncer”.
“El cáncer es una palabra, no una sentencia. Hay muchas esperanzas, el cáncer de mama se cura, no se puede prevenir, pero se puede curar. Entonces en la detección y el tratamiento precoz está la solución” resaltó.
Sobre el final del discurso, la diputada se solidarizó con su par Jimena Latorre, quien meses atrás contó que padece cáncer, y no falta a ninguna sesión, ni reunión de comisión: “No quiero dejar de mencionar una diputada, Jimena sos un gran ejemplo de lucha y valentía. Hoy está una compañera nuestra está acá trabajando, cumpliendo su rol, y transitando este proceso. Y lo digo porque ella lo contó, lo hizo público, y vi en sus redes como su hermano acompañaba y se rapaba la cabeza acompañando este proceso. Jimena toda la fuerza, toda la valentía, sos una guerrera y acá tenés una compañera que te va a ayudar para lo que necesites”.
En el mismo sentido se manifestó la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, quien saludó a la legisladora mendocina.
La diputada de Identidad Bonaerense criticó a los presidentes de bloques por postergar el cuarto intermedio del tratamiento del tema. Por su parte, el socialista Enrique Estévez exigió que se ponga una fecha y hora para retomar el debate.
En la sesión de este miércoles de la Cámara baja, los diputados del interbloque Federal Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) y Enrique Estévez (Partido Socialista) pidieron una cuestión de privilegio para reclamar la postergación del tratamiento del tema sobre ley de humedales. Camaño apuntó contra las empresas mineras, mientras que Estévez pidió que se ponga una nueva fecha y hora para retomar el debate.
En el uso de la palabra, Camaño recordó que el pasado 15 de septiembre a instancias del santafesino Enrique Estévez se promocionó una moción de emplazamiento de tres comisiones del Cuerpo que tienen competencia en el tratamiento de la ley de conservación y uso de los humedales.
“El día 22 los tres presidentes de las distintas comisiones Ambiente, Agricultura y Presupuesto, realizamos la primera reunión en torno a la temática. Hay alrededor de 10 proyectos de ley de distintos diputados de diferentes bancadas que reiterativamente vienen levantando los proyectos para que en algún momento en nuestro país podamos tener una ley que establezca presupuestos mínimos como reza el artículo 41 de la Constitución en torno a estos ecosistemas que son vitales para la vida del planeta”, explicó.
Y continuó relatando: “Pasamos ese día por instancia de todas las comisiones a un cuarto intermedio para el día 29. Todos los miembros de las comisiones decidimos porque nosotros vivimos en un Cuerpo colegiado, entonces todas las voluntades son iguales, cada una de los 257 miembros de este Cuerpo tiene las mismas potestades, facultades y las mismas obligaciones. Nuestras decisiones se hacen por la votación y por la mayoría de las voluntades”.
A su vez, destacó que “el día 27 el presidente de la Comisión de Agricultura citó al sector productivo, tuvimos una reunión larga en donde escuchamos las diferentes inquietudes porque es importante el sector productivo porque se trata de una ley de conservación y uso de los humedales y el sector productivo debe entender que esta frente a bienes naturales que nos pertenecen a todos los argentinos, y no solamente a los dueños de las propiedades, y la producción se tiene que desarrollar beneficiando a la mayoría de los argentinos y cuidando el ambiente porque es el artículo 41 de la C.N y la cuestión ambiental, la única cuestión que nos invita a tener responsabilidades de que legislemos, actuemos y pensemos pensando no solamente en nuestra conveniencia presente, sino en las generaciones por venir”.
“El tema ambiental necesita de dirigencia política que tenga como norte las generaciones por venir. El cuidado de ese ambiente que no nos pertenece, les pertenece a aquellos que están por venir”, señaló Camaño.
En esa línea, disparó: “Grande fue la sorpresa cuando el día 29 nos encontramos con una carta firmada por algunos presidentes de bloque en donde, aparentemente, habían solicitado la postergación del cuarto intermedio”, y reclamó que “debió ser una decisión que se tomara en el contexto de las tres comisiones que funcionaron porque hubo un emplazamiento de todo el Cuerpo, no hubo grandes diferencias. Todos los bloques votamos el emplazamiento de las tres comisiones”.
“A mí me lacera mucho algunas acciones y de alguna manera justifican el fastidio de la gente con nosotros. Nosotros en esta casa somos los representantes del pueblo, por Hipólito Irigoyen están los representantes de los estados provinciales y los estados provinciales en materia ambiental tienen un ámbito concreto que es el COFEMA que existe antes del 94, anterior al artículo 41 de la C.N y vale la pensar saber porque ‘el tema de los humedales’ como algunos lo llaman despectivamente algunos sectores es un tema que no es nuevo en la Argentina”, cuestionó la bonaerense.
Y siguió: “El Ministerio de Ambiente tiene un profuso trabajo en materia de humedales. Esta todo escrito, no hay nada nuevo. El tema humedales es un tema en el cual hay directivas claras por parte de todos los ministerios y secretarías de ambiente y del propio COFEMA en cuanto a los lineamientos de lo que debe ser el tratamiento de humedales. No es nada nuevo porque los representantes de los estados provinciales en dos oportunidades le dieron media sanción año 2013 y 2016 donde se discuten los intereses de los estados provinciales se decidió que era importante que haya una ley respecto a cómo se tiene que producir en los humedales”.
“Esta Cámara nuevamente da la nota ¿qué nos pasa? ¿Somos tan susceptibles a los lobbies empresariales o tenemos que recibir órdenes desde Washington para que nos digan que esperemos porque no podemos pensar solos?”, enfatizó Camaño.
Y apuntó: “Todos los intereses productivos están en juego, pero quiero denunciar que hay un interés de producir que es el de la minoría que tiene la costumbre de llevarse por delante a la Argentina y los argentinos que es absolutamente letal a la hora de hacer el lobby en torno a los temas que les interesa”.
En el mismo sentido se pronunció el socialista Enrique Estévez (Santa Fe) quien destacó que el tema ambiental es “un tema importante que no podemos darle la espalda ni por el presente ni por el futuro”.
“Firmamos compromisos internacionales con objetivos sobre bajar los índices de emisión de gases de efecto invernadero, pero nos cuesta mucho tener políticas públicas que permitan alcanzar los objetivos y tener un diseño normativo que surge del Congreso para que los poderes ejecutivos puedan llevar adelante”, lamentó.
A su vez, resaltó “la necesidad de construir un consenso en torno a cuidar los ecosistemas que son tan importantes para el ambiente como lo son los humedales”, y remarcó que “no hay un solo bloque que no tenga un proyecto para cuidar los humedales, pero tenemos que ponernos de acuerdo en que los intereses no pueden violar las reglas que nosotros mismos establecimientos y estuvo muy mal con retirar la convocatoria a un plenario para retomar el tema”.
Por último, exigió: “Queremos que se ponga una fecha y hora, que vengan los gobernadores para que digan lo que piensan sobre los humedales y el cuidado del ambiente”.
El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, contó con el aval mayoritario. La votación resultó con 227 votos afirmativos, 2 negativos y 3 abstenciones. Pasa al Senado.
La Cámara de Diputados dio media sanción este miércoles al proyecto de ley que prorroga el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, a la vez que incorpora una serie de modificaciones a la norma actual.
Se trata de una ley aprobada en 2018, impulsada por los entonces oficialistas Elisa Carrió, Nicolás Massot y Mario Negri -actualmente diputado-, y que se aprobó por unanimidad en ambas cámaras en aquella ocasión.
El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo en septiembre pasado, fue aprobado por el pleno por 227 votos afirmativos, 2 negativos -Francisco Sánchez (Pro) y Carolina Píparo (Avanza Libertad)- y 3 abstenciones, de Gustavo Hein (Pro), Marilú Quiroz (Pro) y Carlos Zapata (Ahora Patria).
A través de la iniciativa se contempla la declaración de utilidad pública y expropiación de más barrios populares, que se incluyeron al ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana) después de sancionada la ley.
Además, establece la prórroga de la suspensión de los desalojos como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda por el plazo que dura la declaración de utilidad pública de 10 años.
Asimismo, se extiende la declaración de la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares identificados en el ReNaBaP por el plazo de 2 años.
Otro de los puntos establece que los habitantes de estos barrios “tienen derecho a acceder a los servicios públicos con calidad, continuidad y cantidad suficientes, sin discriminación”. “Todos los niveles de gobierno y organismos intervinientes deberán implementar las medidas adecuadas para asegurar su inclusión y la asequibilidad para, gradualmente, constituirse en usuarios formales de los servicios públicos, debiendo adaptar las normativas para facilitar la realización de tal derecho”, agrega el articulado.
También prevé que la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial deberán ser “progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad”.
Se modifica la integración del fideicomiso, de modo que también se pueda conformar con “bienes inmuebles que le transfiera en forma directa el Estado Nacional” y “bienes inmuebles que obtenga directamente el fideicomiso, sean los que integran el RENABAP u otros necesarios para cumplir con los objetivos de la ley”.
Y se incorpora a la ley el artículo 18 bis, el cual indica que el 75% de los fondos del fideicomiso, como mínimo, tendrán que destinarse al proceso de urbanización; el desarrollo de infraestructuras necesarias para establecer condiciones en el hábitat y las viviendas; y otros destinos relacionados al acceso a la urbanización, integración socio urbana, la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano y/o regularización dominial.
El debate
En el inicio del debate, el miembro informante del oficialismo, el salteño Lucas Godoy, destacó que con esta norma se está “hablando de una política pública que como tal se desarrolle a largo plazo y tienda a brindar las soluciones que propone la normativa: generar condiciones dignas y de calidad para los sectores populares, en aquellos barrios que merecen una atención profunda para su transformación por parte del Estado”.
Por su parte, el radical Fabio Quetglas señaló que el ReNaBaP tiene “una importancia crucial en la historia urbana territorial de Argentina” porque, a través de ese instrumento, el Estado “ha tomado la decisión de conocer; porque nadie gobierna lo que no conoce”. “Con el ReNaBaP hoy sabemos que aproximadamente 5 millones de argentinos viven en la informalidad urbana, lo que representa entre el 12% y 13% de la población”, apuntó y agregó que “esto no se correlaciona exclusivamente con la pobreza sino también con la falta de crédito, porque no hay hábitat de calidad sin crédito”.
“Desde 1975 la Argentina liquidó el mecanismo masivo que tenía disponible de acceso al hábitat popular formal que era el loteo”, recordó el bonaerense, y observó que al país le “ha ido mal” en esta materia desde esa fecha “porque careció de un abordaje complejo sobre el tema. El problema de la vivienda no se resuelve haciendo casas. El Gobierno con esa visión corrió de atrás un problema complejo, generó burocracia, deterioró las ciudades y habilitó negocios concentrados”.
Según el ReNaBaP, la mitad de los barrios de la Argentina se constituyeron entre el siglo anterior y este siglo. Es un proceso que se está agravando y Argentina necesita reconstruir el tejido social”, añadió el legislador.
Desde la bancada oficialista, Federico Fagioli enfatizó que la ley se sancionó en 2018 “gracias a la lucha incansable de los vecinos y vecinas de los barrios populares que logramos que en el 2016 se visibilice la problemática de tierra, de vivienda, que hay en Argentina”. Habitante de un barrio popular, el diputado relató lo que es “empezar viviendo en una casa de nylon, después de machimbre con cartón, y hoy por suerte tengo la posibilidad de vivir en mejores condiciones porque mi barrio fue progresando”. En ese sentido, llamó a reflexionar sobre “el sacrificio que viven las familias que viven absolutamente excluidas de todo”.
Y dijo el militante del Frente Patria Grande que destacaba el accionar de los vecinos de los barrios populares, porque si no “pareciera que las políticas surgen de tres o cuatro iluminados, y esta política surgió del pueblo, de los vecinos, de los compañeros militantes que le pusieron el cuerpo”. Además, en su discurso, pidió “seguir generando normativas cada vez más serias que nos permitan seguir llevando adelante este tipo de políticas” que tienden a “construir Estado presente” y “resolver las deudas internas que tenemos en nuestro país”.
También desde el Frente de Todos, Daniel Arroyo sostuvo que “la cara más fuerte de la desigualdad es la vivienda, es el hábitat, cómo uno vive y qué tiene en sus barrios”, y comentó que “en el país hay 5 millones de personas que viven en 5 mil barrios que no tienen lo mínimo para poder desarrollarse”.
En ese sentido, recordó que en el 2018 se votó una ley que generó una política de registro nacional de barrios populares que “empezó a modificar la situación”, y opinó: “Vamos camino a tener una segunda política de Estado en el país. La primera es la AUH y la segunda es el registro de barrios populares, que no es otra cosa que urbanizar, abrir calles, tener infraestructuras básicas”.
Por el bloque Pro, Silvia Lospennato consideró que “es una ley que poco a poco va convirtiéndose en una política de Estado, de esas que nos faltan muchísimas en la Argentina”. Al mencionar que comenzó y fue sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri, la diputada reconoció que “fue continuada y mejorada en el gobierno de Alberto Fernández”.
La macrista subrayó que algunos de los barrios registrados tienen “más de 40 años de existencia; vaya si toda la política tiene que hacerse cargo de haber fallado durante muchas décadas en darles una oportunidad a quienes les tocó habitar estos barrios populares”.
Al marcar que de 4.400 que se registraron en 2018, ahora se pasan a 5.687, Lospennato indicó que para urbanizar todos ellos “vamos a necesitar al menos 20 años”. “Implica que muchos gobiernos van a pasar y necesitamos que ninguno abandone el deseo que estamos expresando”, dijo.
En su intervención, el presidente del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, adelantó el voto positivo de su espacio, pero reflexionó: “Estas políticas de Estado hay que reivindicarlas porque se muestran tales cuando hay continuidad, cuando resisten incluso las necedades de algunos que pretenden cuestionarlas, cuando muestran su fortaleza en resolver algunos de los problemas, en este caso de tantos millones de argentinos que padecen la situación de pobreza e indignidad”.
“Me llama la atención que no se diga que las políticas de Estado nos habilitan los verdaderos espíritus y que no se diga que la última política de Estado que tuvo el país de viviendas populares fue en esos 10 años de felicidad que ejerció el peronismo como gobierno conducido por Perón”, destacó el cordobés y remató: “No hay que subsidiar eternamente el desempleo, hay que subsidiar el empleo, hay que crear trabajo, para que esos barrios tengan la posibilidad de construcción y ampliación y para eso necesitamos crecer políticamente”.
A su turno, la diputada del Frente de Izquierda-PO Romina Del Plá aclaró que votaría a favor, como en 2018, por el punto relacionado a “la prohibición o suspensión de los desalojos”, la cual consideró “una medida muy concreta, de aplicación directa e inmediata en favor de las familias que habitan estos barrios y en forma sistemática están asoladas por estas amenazas”.
En esa línea, criticó la “hipocresía de los dos bloques mayoritarios que se la pasan desalojando barrios populares; no hay distinción”. En su discurso, la bonaerense alertó que “hay un déficit habitacional de cuatro millones de viviendas, y sigue creciendo” porque “es ínfimo lo que se destina a la construcción de viviendas populares”. Incluso, en esta ley, “no se termina de definir con precisión cuáles son los recursos que se van a asignar”.
Durante la discusión, la macrista Victoria Morales Gorleri ponderó: “Estamos votando una ley que vino a hacer un cambio de paradigma, que vino a levantar a aquellos excluidos que hacía décadas que no escuchábamos”. Asimismo, destacó que la ley del ReNaBaP surgió de los movimientos sociales que se “acercaron al Ejecutivo en el gobierno de Mauricio Macri”.
“Esto surgió de algo que hoy parece perdido, que es la esperanza del pueblo. A esas personas durante décadas se las había mirado de reojo, y encontraron la esperanza por su lucha, por su reclamo, y encontraron una respuesta”, observó, e insistió que “esta ley es un cambio de mirada que viene a decir que no importa dónde naciste, todos tenemos que tener igualdad de oportunidades”. Por último, celebró el proyecto porque “nos está atravesando como gobiernos como una verdadera política de Estado que propone techo, tierra y trabajo”.
Del otro lado del recinto, el oficialista Juan Carlos Alderete manifestó que para “entender” porque se está discutiendo esta ley “hay que reconocer la tremenda crisis habitacional que vive nuestro país, principal razón por la que crecen las ocupaciones de tierra”. “Un cuarto de los habitantes de nuestro país no es dueño del hogar que habita y más de 1.400.000 personas sufren hacinamientos críticos, con más de tres personas por cuarto”, además de que hay “millones que no cuentan con acceso a los servicios” básicos, enumeró.
El líder de la Corriente Clasista y Combativa remarcó que en los últimos 35 años “no hubo una política habitacional que dé solución a este grave problema”, ante lo cual la gente se ve “empujada, ante la falta de oportunidades, a tomar las tierras para mejorar su situación”, reiteró. Y a continuación mencionó que él proviene del barrio Elena, en Gregorio de Laferrere, La Matanza, que “nació de una ocupación y por la lucha de mis vecinos y vecinas hoy es un barrio y no un asentamiento o villa miseria”. “A nadie le gusta ir a tomar un terreno, pero las desigualdades sociales y económicas son tan grandes que muchas veces no se encuentra otro camino”, completó.
Más adelante, la radical Soledad Carrizo celebró el acuerdo que “se da en un contexto donde las discrepancias y polarizaciones extremas pululan”, y consideró que “estamos en el recinto llegando a un acuerdo que justamente no es transitorio y esto tiene aún más valor. El valor de la continuidad de una política pública de una gestión a otra”.
“Esta ley va a cumplir cuatro años y ha sido fundamental y trascendental para el cambio y la transformación para quienes viven en los barrios populares”, resaltó la cordobesa, al tiempo que valoró los “beneficios y la ampliación de oportunidades, de derechos, de integración económica y social del proyecto”.
A su vez, advirtió: “No podemos mirar para un costado en un contexto donde tenemos una inflación que quizás a fin de año llegue a tres dígitos, donde tenemos 37% de argentinos bajo la línea de la pobreza, donde tenemos una crisis habitacional crítica”.
En el tramo final del debate, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro aseveró que la iniciativa “es una prueba cabal de que la integración socio-urbana debe convertirse en una política de Estado en nuestro país, sostenerse en el tiempo y estar exenta de cualquier mezquindad o coyuntura política”.
Al destacar que esta ley “tuvo como premisa fundamental garantizar derechos humanos básicos”, también resaltó que se apuntó a “la igualdad real de oportunidades. Igualdad entendida como no sometimiento”. En 2018, esta norma fue “un acuerdo pocas veces visto en este Congreso” y “un hecho trascendente que tuvo el apoyo de distintos sectores de nuestra sociedad”, dijo. “Cuando una persona tiene techo, domicilio, tiene identidad, ciudadanía”, agregó.
Fue la diputada oficialista Natalia Zaracho la encargada de cerrar el debate, agradeciendo a sus pares por “estar tratando esta ley que es muy importante” porque “sabemos lo que significan estos cambios en los barrios populares”.
En esa línea, celebró el desarrollo del debate en las comisiones para arribar a un proyecto para “poder pensar en estas políticas públicas que hace tiempo vienen avanzando”, y contó: “Fue muy importante para nosotros ese proceso cuando se pensó el relevamiento, el ReNaBaP. Allá por el 2016 a mí me tocó relevar en Villa Fiorito y era muy difícil porque se hacía a través de un celular y había mucha estigmatización de cómo se iba a hacer eso y quién lo iba a hacer, de que no iba funcionar porque se iban a robar los celulares, pero la verdad es que fue muy importante porque tener los números concretos para llevar una política pública que transforme la vida de los vecinos”.
“Eso nos permitió relevar más de 4.016 barrios populares, poder avanzar en la unidad con la ley del 2018 que también permitió que se suspendan los desalojos, pero lo más importante fue conseguir el certificado de vivienda”, relató Zaracho, al tiempo que mostró su certificado de vivienda familiar, tras lo cual el recinto se inundó de un fuerte aplauso.
Por último, la oficialista señaló que “es un compromiso colectivo y tenemos que ver las políticas para ayudar al pueblo y que pueda vivir mejor. Tenemos muchas diferencias políticas, pero cuando ponemos por delante el sufrimiento el pueblo salen cosas importantes y podemos trabajar en cosas concretas”.
La diputada del FdT Nancy Sand rindió un sentido reconocimiento al militante y dirigente justicialista correntino.
Al comienzo de la sesión, la diputada nacional por el Frente de Todos Nancy Sand tomó la palabra para homenajear al recientemente fallecido Fabián Ríos, militante, dirigente y legislador por la provincia de Corrientes.
“Queremos en este lugar emblemático para nuestra democracia, rendir un sentido homenaje a un gran compañero correntino, Fabián Ríos. Para quienes no lo conocieron, fue un militante nato de nuestro partido justicialista, fue un gran dirigente político, reconocido por nuestro espacio, y también por los adversarios políticos circunstanciales. Y por sobre todo fue un gran defensor del movimiento nacional y popular”, comenzó la legisladora su alocución.
Ríos ocupo diversos cargos políticos y partidarios: “Comenzó su carrera política siendo concejal, fue legislador provincial, fue intendente de corrientes capital, fue legislador, diputado y senador nacional, fue convocado por su capacidad y entrega para integrar el directorio del Banco Nación, fue presidente de nuestro querido partido, fue presidente del Congreso Nacional, fue nuestro último candidato a gobernador a la provincia de Corrientes”, detalló la legisladora.
Y, además, señaló que recientemente había sido convocado para el cargo de la gerencia de la construcción del brazo Aña Cuá, dentro de la obra de la represa del Yacyretá: “Un trabajo al cual estaba absolutamente comprometido y entusiasmado, porque sabía de la temática energética, y porque sabía de la importancia y del impacto que esa obra iba a generar, no solamente para nuestra provincia, si no para la región y para nuestro país. Fue allí en Ituzaingó donde le sorprendió la muerte”.
“Sinceramente la partida física de nuestro compañero Fabián ha sido un golpe muy duro para las compañeras y compañeros correntinos, pero también hay que destacar el impacto en sus compañeros del ámbito nacional porque lo conocían”, admitió la legisladora.
“También fue un militante y un dirigente de lucha, un hombre que estuvo al frente de nuestro espacio político, siempre dispuesto y comprometido en los buenos y también los malos momentos. Debemos reconocer que, por su hombría de bien en su vida cotidiana, y su perfil político como figura de dialogo, de compromiso democrático, y de gran responsabilidad en todos los cargos que ocupo y se desempeñó con absoluta profesionalidad, hizo que todo el arco político demostrara su pesar por su perdida física a su corta edad”, agregó.
Finalmente, señaló que “tuve la suerte de compartir, el honor de compartir años de militancia con Fabian y también fui parte de su gestión pública, donde supo diariamente cumplir con el objetivo de la política, que era con el accionar diario cambiar y mejorar la realidad y la calidad de vida de las personas y los barrios de Corrientes. Él trabajaba donde estuviera con la convicción propia de nuestro espacio, para lograr una patria justa, libre y soberana. Eso era él y va a seguir siendo nuestro compañero Fabian Ríos”.
Así lo expresó el diputado jujeño Alejandro Vilca, en el marco de un homenaje por el Día de la Diversidad Cultural. Por su parte, Mónica Macha se solidarizó con las “hermanas mapuches”.
En el marco de homenajes por el Día de la Diversidad Cultural, el diputado del Frente de Izquierda-PTS Alejandro Vilca denunció que hay “una campaña que intenta demonizar y decir que los pueblos originarios somos terroristas. Parece como si quisieran continuar lo que empezaron con la conquista”.
Al recordar que es miembro de la comunidad kolla, el jujeño expresó: “Queremos reivindicar a los millones de hermanos que fueron masacrados en nombre de la cruz y la corona en toda América”.
Tras destacar “la lucha de resistencia de más de 530 años en defensa de nuestro territorio”, el legislador señaló: “No quiero dejar esto como un hecho histórico, sino que hay que volver a la realidad, a lo que vivimos cotidianamente, porque es una pelea que la seguimos dando en todos los puntos del país, en el norte y la Patagonia”.
“Este Gobierno y el anterior siguen avanzando con las políticas extractivistas favoreciendo a los negocios de los grandes empresarios o las mineras que se apropian de nuestro territorio. Pero también no podemos ser ajenos a lo que pasa en Mascardi, donde desde la derecha, como Patricia Bullrich, o Gerardo Morales, alientan a una política represiva, pero el que la aplica termina siendo este Gobierno con su ministro Aníbal Fernández o la gobernadora de Río Negro (Arabela Carreras). Es una vergüenza que se reprima o se detenga a las mujeres mapuches”, cuestionó.
Por su parte, la diputada del Frente de Todos Mónica Macha consideró que “es un día de luto porque hace más de 500 años que ha empezado un genocidio contra nuestros pueblos hermanos, contra lo más profundo de nuestra tierra. Pagamos con sangre y con historia. Pero más de 500 años después estamos vivos y ardiendo en las luchas de siempre”.
“No fue un descubrimiento, fue un genocidio”, resaltó y manifestó que “la lucha de los pueblos indígenas es la lucha de una historia que no se deja someter ni domesticar a las miradas coloniales”.
La bonaerense advirtió que “cuando atacan a los pueblos indígenas lo que hacen es violar los derechos humanos. Es increíble que 530 años después tengamos la necesidad de decirlo, de aclararlo”.
“El silenciamiento del primer genocidio donde se funda el Estado Nación argentino es tal vez lo que nos ha llevado una y otra vez a repetir tragedias en la historia nacional, que tienen ejecutores en victimarios a las mismas familias patricias que hoy continúan con esa colonización y ese genocidio con otras características”, analizó.
En su discurso, la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad reivindicó “la resistencia ancestral de nuestros pueblos, que han luchado contra todo, que han resistido en sus lugares y con sus formas. Que hoy nos enseñan el valor de la fuerza colectiva, de las creencias, de los hilos de la historia, y que la única lucha que se pierde es la que se abandona”.
“A las hermanas mapuches quiero hacerles llegar mi abrazo y acompañamiento en medio de esta situación tan injusta y tan cruel, en esta situación de represión violenta, de persecución, de avasallamiento de derechos y también de nuestra cosmovisión”, completó.
El miembro informante del oficialismo resaltó las modificaciones que establece la norma sobre barrios populares y detalló los datos que permitió conocer el registro realizado en 2016.
Presidente de la Comisión de Legislación General de la Cámara baja, Lucas Godoy (FdT-Salta) fue uno de los miembros informantes del proyecto relativo al Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana. “Tengo la grata tarea de ser uno de los miembros informantes de este proyecto de ley de reforma de la Ley 27.453, popularmente conocida como de Barrios Populares”, arrancó el legislador oficialista.
Godoy hizo primero un racconto de lo sucedido con esa ley y del relevamiento previo necesario que concluyó en su sanción. “Estamos hablando de una política pública que como tal se desarrolle a largo plazo y tienda a brindar las soluciones que propone la normativa: generar condiciones dignas y de calidad para los sectores populares, en aquellos barrios que merecen una atención profunda para su transformación por parte del Estado”, señaló el diputado salteño, que recordó además que en 2016 se realizó ese relevamiento que dio nacimiento al ReNaBaP.
Con ello “se reconoce la existencia de barrios populares en 2017 y se sanciona finalmente la Ley 27.453 en octubre de 2017”.
El diputado oficialista agregó que “esta ley planteaba la creación de un fondo, un fideicomiso”, y remarcó que “una norma de esta naturaleza cae en letra muerta si en definitiva no tiene los recursos para generar esas políticas, para implementarlas y transformar en la realidad la calidad de vida de miles y cientos de miles de personas”.
Detalló que “ese fondo se integra con el 9% del impuesto PAIS y el 15% del Aporte Solidario y Extraordinario a las Grandes Fortunas. Para implementar entre otras cosas lo que es la transformación, la integración urbana, la vivienda, el plan Mi Pieza, que significó que más de 170 mil mujeres fueran seleccionadas; una inversión de casi 39 mil millones de pesos y que se alcance a cerca de 4.200 barrios en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires”.
“En ese momento se relevaron más de 4.400 barrios populares –puntualizó-. Se conoció además que el 68% de esos barrios no accede a la energía eléctrica, que casi el 90% no accede al agua corriente. Casi el 100% no accede a red cloacal, con todo lo que significa eso para la salud de las familias que allí viven. Y el 99% no accede al servicio de gas natural”.
Lucas Godoy destacó además que “la ley planteó declarar de interés público el Régimen de Integración Socio Urbana de los Barrios Populares; suspendió los desalojos, pero previamente declara la utilidad pública y sujeto a expropiación de las tierras donde se encuentran asentados estos barrios. Suspendió los desalojos por 4 años, facultó la creación de un fideicomiso y estableció que al menos el 25% de la obra pública que allí se realice debe ser ejecutado por cooperativas y/o trabajadores de la economía popular. Pero también pensando en los que residen en los mismos barrios que se realicen”.
A continuación, puntualizó que la modificación propuesta tiene que ver con ampliar de 4.416 barrios a 5.687; incluir más de 1.200 nuevos barrios que fueron también relevados y determinados en el decreto 88/21. Agregó que la modificación prorroga la suspensión de desalojos por el plazo de 10 años, que ese el plazo que se determina que dura la declaración de utilidad pública.
Declarar la emergencia socio sanitaria y ambiental en los barrios identificados por el ReNaBaP por 2 años, a los fines de agilizar los distintos procedimientos administrativos.
Además, incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de la vivienda y una asignación específica al destino de los fondos.
“Se trata de una política pública”, enfatizó Godoy, que concluyó precisando que “el propio fideicomiso está creado por 30 años. Que no pare, que continúe, que sigan estas medidas tendientes a generar condiciones dignas de calidad para cientos de miles de familias argentinas”.
El exdiputado nacional durante tres períodos fue homenajeado en el inicio de la sesión de este miércoles.
En su calidad de presidenta del Partido Socialista, la diputada nacional Mónica Fein homenajeó este miércoles a la memoria de Héctor Polino, quien falleció el pasado 18 de septiembre.
“Nuestro querido compañero”, lo recordó la diputada santafesina, que remarcó que “Héctor no se fue, se sembró en miles de vidas que siguen defendiendo sus ideales”.
Tras agradecer a las autoridades de la Cámara baja haber permitido despedirlo en el Congreso de la Nación, “porque fue un hombre público, un hombre de democracia”, Fein destacó que Polino “transitó esa historia con una coherencia difícil de replicar. Fiel a sus principios y también a sí mismo, encarnando una forma de ser socialista, al mismo tiempo emblemática e irrepetible”.
Recordó Mónica Fein que Polino fue concejal a los 27 años, destacó que “su estilo, fervoroso y austero, le valieron una temprana visibilidad, y sus batallas contra la corrupción y en favor del cooperativismo fueron incansables”.
“La claudicación nunca formó parte de su repertorio, y moriría, y así lo hizo, luchando hasta sus últimos días por lo que creía justo”, comentó Fein, que lo recordó también como “animador y trabajador constructor de la unidad del socialismo”, destacando que por su visibilidad y prestigio fue muchas veces tentado para sumarse a otros espacios, pero “él siempre se mantuvo leal y orgánico a su amado Partido Socialista”.
Al concluir su discurso, la presidenta del Cuerpo, Cecilia Moreau, le envió “un abrazo y nuestro respeto a su familia y compañeros de militancia”.
En el inicio de la sesión de este miércoles, el Cuerpo aceptó la renuncia de la nueva ministra de Desarrollo Social y se le tomó juramento a quien completará su mandato.
Solo diez meses se extendió el mandato como diputada nacional de Victoria Tolosa Paz. La designada ministra de Desarrollo Social, que reemplazará a partir de este jueves a Juan Zabaleta, presentó su renuncia ante la Cámara baja, la cual le fue aceptada en el inicio de la sesión de este miércoles, tras lo cual la titular del Cuerpo, Cecilia Moreau, le tomó juramento a su sucesora.
Se trata de Micaela Morán, representante del Frente Renovador que ocupó el 17° lugar de la lista del Frente de Todos votada en noviembre de 2021.
Esposa del extenista José “Chucho” Acasuso, Morán fue diputada provincial y sigue siendo concejal del Frente de Todos en la ciudad de Zárate. Pero además, es en la actualidad subsecretaria de Planificación y Coordinación del Ministerio de Transporte de la Nación, que encabeza otro miembro del Frente Renovador, Alexis Guerrera.
Previo al juramento de Morán, Moreau despidió a la legisladora saliente: “Le deseamos a la exdiputada Victoria Tolosa Paz el mayor de los éxitos en esta nueva etapa”. Y, en medio de aplausos de sus compañeros, la platense se retiró del recinto.
La sesión de Diputados comenzó a las 13.03 con una serie de temas que no revisten diferencias entre oficialismo y oposición, y prevé también el proyecto de Promoción y Fomento de Innovación Tecnológica.
En una reunión que, a priori, se espera pueda extenderse hasta la medianoche, la Cámara de Diputados comenzó a las 13.03 una sesión en cuyo temario se destaca la prórroga del Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana.
Precisamente ese es el tema que activó la sesión de este miércoles, pues la norma aprobada en 2018 puso un plazo hasta el próximo 15 de octubre para frenar los desalojos, con lo cual urge la aprobación de la prórroga.
La prórroga de la Ley 27.453, que tuvo dictamen unánime en el seno de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja el pasado 28 de septiembre. El proyecto amplía el alcance de la ley de integración socio urbana de barrios populares, prorrogando la suspensión de los desalojos por diez años y la ampliación del número de registros de barrios incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
La norma apunta a agilizar los procedimientos administrativos, procesos de urbanización más completos, mejoras en el acceso a los servicios públicos y prorrogar la suspensión de desalojos.
En segundo lugar figura el proyecto de Promoción y Fomento de Innovación Tecnológica. Esta iniciativa pasó por las comisiones de Presupuesto y de Ciencia, Tecnología e Innovación, y establece aportes en becas y créditos para el desarrollo tecnológico e innovador.
Asimismo se abordará un proyecto que introduce modificaciones al Régimen de Contrato de Trabajo sobre el deber de no concurrencia y otro sobre telegrama y carta documento gratuitos.
Se tratará también un proyecto sobre la declaración de utilidad pública y expropiación en la localidad de Chacas de Coria en la provincia de Mendoza del inmueble conocido como “Casa Mazzolari-Cerrutti, o Casa Grande.
Por otra parte está incluido en el temario un proyecto sobre el Parque Nacional Traslasierra, que pasará a llamarse Parque Nacional Pinas.
Se modificará también la Ley 20.655, introduciendo modificaciones sobre asociaciones civiles deportivas superiores, como así también se tratará un proyecto que obliga la ejecución del Himno Nacional Argentino en partidos de fútbol de carácter internacional en los estadios de la Argentina, cuando participen equipos de primera división de la AFA.
El último de los temas a ser tratado es el que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble sito en Bartolomé Mitre 3038/78, entre Ecuador y Jean Jaures, de esta capital. Se trata del predio popularmente conocido como República de Cromañón, que recibió dictamen este martes en el marco de una breve reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto que duró pocos minutos.
A partir de las 12.30 está prevista una sesión sobre temas consensuados, que incluye, además del ReNaBaP, la expropiación del predio donde funcionó Cromañón.
La Cámara de Diputados abrirá este mediodía las puertas del recinto para encarar una sesión que se extendería entre 11 y 12 horas y que incluye temas consensuados.
De entre ellos, se destaca la prórroga del Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana. Precisamente ese es el tema que activó la sesión de este miércoles, pues la norma aprobada en 2018 puso un plazo hasta el próximo 15 de octubre para frenar los desalojos, con lo cual urge la aprobación de la prórroga.
La cita es para este miércoles a las 12.30, y en el inicio de la sesión se espera que se le acepte la renuncia a su banca a Victoria Tolosa Paz, quien asumirá este jueves como ministra de Desarrollo Social. En lugar de la futura ministra asumirá para completar su mandato hasta 2023 la dirigente del Frente Renovador Micaela Morán.
En el temario de esta sesión figura precisamente en primer lugar la prórroga de la Ley 27.453, que tuvo dictamen unánime en el seno de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja el pasado 28 de septiembre. El proyecto amplía el alcance de la ley de integración socio urbana de barrios populares, prorrogando la suspensión de los desalojos por diez años y la ampliación del número de registros de barrios incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
La norma apunta a agilizar los procedimientos administrativos, procesos de urbanización más completos, mejoras en el acceso a los servicios públicos y prorrogar la suspensión de desalojos.
También se abordará el proyecto de Promoción y Fomento de Innovación Tecnológica. Esta iniciativa pasó por las comisiones de Presupuesto y de Ciencia, Tecnología e Innovación, y establece aportes en becas y créditos para el desarrollo tecnológico e innovador.
Asimismo se abordará un proyecto que introduce modificaciones al Régimen de Contrato de Trabajo sobre el deber de no concurrencia y otro sobre telegrama y carta documento gratuitos.
Se tratará también un proyecto sobre la declaración de utilidad pública y expropiación en la localidad de Chacas de Coria en la provincia de Mendoza del inmueble conocido como “Casa Mazzolari-Cerrutti, o Casa Grande.
Por otra parte está incluido en el temario un proyecto sobre el Parque Nacional Traslasierra, que pasará a llamarse Parque Nacional Pinas.
Se modificará también la Ley 20.655, introduciendo modificaciones sobre asociaciones civiles deportivas superiores, como así también se tratará un proyecto que obliga la ejecución del Himno Nacional Argentino en partidos de fútbol de carácter internacional en los estadios de la Argentina, cuando participen equipos de primera división de la AFA.
El último de los temas a ser tratado es el que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble sito en Bartolomé Mitre 3038/78, entre Ecuador y Jean Jaures, de esta capital. Se trata del predio popularmente conocido como República de Cromañón, que recibió dictamen este martes en el marco de una breve reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto que duró menos de cinco minutos.
La iniciativa tiene por objeto establecer el marco jurídico regulatorio para la salvaguarda, sostenibilidad, sensibilización, investigación, difusión y estímulo de bienes y/o referencias culturales del patrimonio inmaterial.
La Comisión de Cultura, que preside el diputado Hernán Lombardi (Pro), dictaminó este martes el proyecto de ley nacional de gestión y salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial.
Al respecto, el diputado Lombardi -autor del proyecto- destacó el consenso logrado entre todos los bloques por lo que se “llegó a un dictamen unificado”. “El Patrimonio Cultural Inmaterial refleja la identidad y la cohesión social de una comunidad; tiene que ver con la transmisión de generación en generación. Necesitamos establecer una ley marco que permita dar un tratamiento a esas presentaciones”, aseguró.
La vicepresidenta de la Comisión, la diputada Gisela Marziotta (FdT) -también autora del proyecto- celebró el consenso logrado y destacó los “criterios de unidad de la comisión”. Asimismo, remarcó la “voluntad del Ministerio de Cultura porque era una deuda que se tenía para organizar esto intangible, que parecería no estar en ningún lado, pero que es parte de la cultura de los Argentinos y Argentinas. A su vez, la legisladora subrayó que la iniciativa no tiene una erogación presupuestaria.
Además, se aprobaron los proyectos de ley por los cuales se declaran Monumento Histórico Nacional al Edificio de la Secretaría de Cultura –ex Sucursal Mendoza del Banco Hipotecario Nacional- ubicado en la Ciudad Capital de la provincia de Mendoza; el que declara de interés Nacional, Histórico, Cultural y Turístico el Circuito “Los Caminos de Eva” y; el que declara Héroes Nacionales a Juan Francisco Borges y a Juan Felipe Ibarra, por su contribución decisiva para la declaración de la Autonomía provincial de Santiago del Estero.
En tanto, la Comisión aprobó una serie de proyectos de resolución y de declaración que expresan de interés fiestas nacionales, muestras, libros, museos, obras teatrales y reconocimientos a trayectorias literarias y fílmicas, entre ellas, se destacan: el libro “Malvinas, 40 años” de la editorial Taeda, la puesta en valor del Museo Leonardo Favio, ubicado en la localidad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires y la película “Argentina 1985”, seleccionada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina para representar a nuestro país en los Premios Oscar.
En su presentación ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el ministro de Transporte destacó la suba que se dio en los últimos años para este sector y habló de una disminución en las transferencias al AMBA.
Uno de los temas que siempre genera debate dentro de la Ley de Presupuesto es el tema de los subsidios al transporte de pasajeros del interior, cuestión por la que no solo reclaman legisladores de la oposición sino también del propio oficialismo. Para el próximo año se prevé una partida de 66 mil millones de pesos.
Como se esperaba, ese fue uno de los ejes del consulta para el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, quien este martes se presentó ante la Comisión de Prepuesto y Hacienda en la última jornada con invitados para el tratamiento de la “ley de leyes”.
El primero en consultarle al funcionario fue el correntino Jorge Antonio Romero (FdT), quien remarcó que “desde 2018 el interior del país ha venido sufriendo una degradación en su servicio”. Si bien reconoció al “Gobierno nacional por no haberse desligado por completo”, sino haber “tomado como responsabilidad otorgar subsidios”, el oficialista remarcó que el reparto de “no es equitativo ni justo” entre el interior y el AMBA.
“Hay una asimetría muy importante que hace que hoy un ciudadano del interior tenga que pagar cuatro o cinco veces más el boleto que en la Capital Federal”, señaló, y apuntó que a diciembre de 2022, el AMBA habrá recibido “300 mil millones de pesos” en subsidios, mientras que para “el interior en su conjunto, 46 mil millones”.
Romero le preguntó entonces “¿qué posibilidad hay de que se pueda aumentar, por lo menos para cubrir la inflación que está prevista de 60%?” la partida de 66 mil millones. En ese sentido, consideró que una cifra cerca de los 100 mil millones de pesos sería “lo mínimo y la base que necesita el interior del país para subsistir”.
Además, el diputado habló sobre el proyecto que había recibido dictamen en la Comisión de Transportes, pero no llegó al recinto, por el cual se fijaban unos 59.500 millones para este año. Y consultó al funcionario sobre si podía ser que “por DNU se reacomoden los subsidios”.
Al momento de responder, Guerrera aclaró: “No son 300 mil millones, son 125 mil millones. Lo que hacen es sumar lo que destina provincia de Buenos Aires y CABA (a los subsidios que ya otorga Nación). Esa misma cuenta habría que hacerla con el interior. Son dos cuentas distintas la que hace”.
“No va a haber más de 125 mil millones para este año, por eso también estamos haciendo adecuación de tarifas”, subrayó y mostró en gráficos la “evolución de subsidios al interior del país; y no con esto digo que sea suficiente, alcance o tengamos que seguir atendiendo la cuestión”.
Respecto a “materializar a través de un DNU los 59.500 millones”, el ministro contestó: “No puedo confirmar ni garantizar que eso sea posible”.
Así, marcó que de 2019 a lo proyectado para 2023, hubo una suba de 991% en esta partida: en 2019 fue de 6.051 millones; en 2020 de 16.894 millones; en 2021 28.000 de millones; en 2022 (en ejecución) de 46.000 millones; y en 2023 está prevista en 66.000 millones. De 2022 a 2023 representa un 34% de incremento.
Para Guerrera, la implementación de un boleto federal “es muy difícil” porque “deberíamos tener unidad de criterios”. “El Gobierno nacional debiera llegar a todas las jurisdicciones de manera masiva con la SUBE”, abogó.
De nuevo sobre los números de subsidios, el titular de la cartera de Transporte precisó que para el AMBA habrá “una caída de 125 mil millones a 104 mil millones”, la cual “habrá que balancear con adecuación de tarifas”.
Otro de los que preguntó sobre el tema fue el presidente de la Comisión de Transporte, Jorge Rizzotti (UCR), quien pidió “volver a una situación de mayor equidad o justicia”. “No le queremos quitar al AMBA, queremos que haya un incremento al interior”, expresó y reclamó por un esquema de reparto 45%-55% y no de 39%-61% actual (con el mayor número para el AMBA).
A su turno, el diputado Ignacio García Aresca (Córdoba Federal) advirtió que el aumento previsto -del 34% de un año a otro- “no alcanza a la inflación que está presupuestada dentro del Presupuesto”. Y le pidió a Guerrera que responda “si realmente hay intención de modificar esa partida” ya que “no está dentro del artículo 81”. “Es función de ustedes, forma parte de la discusión legislativa”, se desligó el ministro.
En el arranque de su exposición, que se apoyó en filminas, Guerrera precisó que “el presupuesto total del Ministerio de Transporte asume a la suma de 748.507 millones, divido en dos grandes grupos: la administración central reúne 277.403 millones, y las empresas y organismos descentralizados 471.104 millones”. “El presupuesto de la administración central se reparte en 170.594 millones en subsidios; 98.234 millones en obras y adquisición de bienes y 8.574 millones en otros gastos”, abundó.
A su vez, el presupuesto 2023 para la administración central está dividido en cinco grandes grupos: modo automotor con 182.603 millones; modo ferroviario con 72.294 millones; modo portuario con 14.994 millones; administración con 5.847 millones; y modo aéreo con 1.663 millones.
En lo concerniente al modo automotor, se prevén unos 104.500 millones para asistencia con subsidios para 135 líneas nacionales que circulan por el AMBA, beneficiando a 3,7 millones de habitantes; y atributo social y pasajes para personas con discapacidad y trasplantados.
La cifra para la asistencia al transporte automotor del interior asciende a 66 mil millones. Entre otros números, se destinarán 11.500 millones para la modernización del sistema de transporte automotor y 576 millones para la ampliación de localidades con SUBE.
Sobre la inversión del sector ferroviario con financiamiento internacional se habla de 72 mil millones: 48 mil millones para el sistema para pasajeros y 24 mil millones para el sistema de cargas. Mientras que la inversión en el modo portuario asciende a 15 mil millones: 8 mil millones para obras en ocho puertos y 5 mil millones para la construcción del canal Magdalena.
El ministro puntualizó que la inversión en el modo aéreo será de 1.600 millones, de los cuales 745 millones se destinan a la remodelación de la torre de control de Ezeiza, y 901 millones para la modernización del sistema de vigilancia del tránsito aéreo.
En lo que respecta a las empresas dependientes del Ministerio de Transporte, éstas recibirán una asistencia del Tesoro Nacional por 442.035 millones de pesos: 104.052 millones las del sector aéreo; 337.982 millones las del sector ferroviario; y 195 mil millones las del sector portuario.
Guerrera apuntó que Aerolíneas Argentinas tiene previsto recibir una asistencia total de 90.000 millones. “Es la aerolínea que llega a más destinos, conectando 37 localidades argentinas”, destacó y agregó que “en el 2023 serán 20 los destinos donde sólo vuela Aerolíneas Argentinas”.
También, la aerolínea de bandera “cuenta con 45 intertramos, potenciando los vuelos federales sin hacer escala en Buenos Aires y con una mejor eficiencia operativa, reduciendo su pérdida en un 34% respecto a 2019”. “Además, en 2022 incorporó 7 nuevas rutas aéreas internacionales con San Pablo, La Habana y Roma”, dijo.
Más adelante, el titular de la cartera de Transporte detalló que Trenes Argentinos tendrá una asistencia de 270.000 millones. “Reactivamos 14 ramales en todo el país gracias a la recuperación de más de 700 kilómetros de vías, beneficiando a más de 280 mil pasajeros. Además, estamos realizando 570 obras ferroviarias en todo el país”, sostuvo.
Sobre las partidas para los organismos descentralizados, ascienden a 29.068 millones. En el desglose del reparto, está previsto que la Agencia de Seguridad Vial reciba 4.729 millones, de los cuales 300 millones se destinarán para el programa Alcohol Cero al Volante. “Actualmente 40 localidades se sumaron al alcohol cero”, dijo.
En el arranque de su presentación, el funcionario enumeró los objetivos de su cartera, tales como “acelerar la transición energética del sector automotor de cargas y de pasajeros; potenciar los nodos logísticos para hacer más eficaz el sistema de carga; mejorar la eficiencia del sistema de colectivos y de subsidios gracias a la información y las herramientas que nos provee la SUBE; y ampliar el alcance del sistema ferroviario para sumar más pasajeros y cargas toneladas”.
Asimismo, “incrementar los puntos de carga y diversificar los productos transportados; continuar con la transición energética de los ramales diésel al sistema eléctrico en el AMBA y extender la frontera eléctrica nacional; incorporar material rodante; mejorar la velocidad y frecuencia de los trenes y continuar con la recuperación de ramales que conectan el interior del país”.
En cuanto al modo portuario y vías navegables, el Ministerio apunta a “mejorar la infraestructura existente y desarrollar nuevos puertos; extender la vía navegable troncal hacia el norte e iniciar las obras del canal Magdalena; fomentar la flota nacional y el crecimiento de nuestra marina mercante”.
Y sobre modo aéreo, se busca “profundizar la mejora de la infraestructura aeroportuaria en todo el país, conectar más localidades en forma directa con destinos internacionales e incrementar las frecuencias nacionales e internacionales”, señaló Guerrera.
Entre los invitados hablaron también Luis Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas; Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos; y Daniel Vispo, director de Trenes Argentinos Cargas.
En su intervención, Marinucci destacó haber recuperado servicios ferroviarios que no llegaban a todas las localidades, como así también haber recuperado 56 estaciones. “El presupuesto que hoy venimos a presentar tiene que ver con seguir avanzando en la recuperación del sistema ferroviario a nivel federal; ser eficiente en la administración de los subsidios que recibimos y administramos esos recursos para llegar a lograr lo que acaban de ver y estamos planificando”, señaló, en referencia a un vídeo que mostró en principio.
Luego, ponderó que el servicio ferroviario es utilizado por más de un 1.300.000 usuarios, y se refirió puntualmente a un tema ríspido como es el de la incorporación de trabajadores a la planta de la empresa. Algo que atribuyó a la necesidad de “ir cubriendo las mayores demandas en función de la apertura de los ramales”.
En ese sentido, Marinucci dijo que el personal “nos ha dado muestras de la eficiencia de todo el sistema ferroviario”. Ejemplificó mencionado el impacto salarial que ha tenido la incorporación de personal señalando que en 2019, con 14 servicios menos, y menos pasajeros, la comparación daba 68% de entonces contra 54% en la actualidad. “Esto muestra la capacidad desde el Estado de administrar una empresa subsidiada muy fuertemente para todos aquellos que tienen menos posibilidades y eligen el tren, puedan pagar la misma tarifa”.
Destacó el presidente de Trenes Argentinos que el presupuesto es de $270 mil millones, con un fuerte impacto en el sostenimiento de la operación, más la construcción de puentes para eliminar barreras y reducir el índice de siniestrabilidad, destacando a su vez el gasto que hay en la renovación de material rodante.
El titular de la cartera de Transporte participa de una nueva reunión de debate del proyecto de Presupuesto 2023. Este martes se cierra la lista de invitados.
Tras el fin de semana XXL, se reanudó este martes el debate por el proyecto de ley de Presupuesto 2023, con la participación del ministro de Transporte, Alexis Guerrera.
El funcionario se suma a la extensa lista de invitados del Poder Ejecutivo que estuvieron días anteriores defendiendo la iniciativa ante los diputados en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Heller.
Además de Guerrera, en la jornada de este martes, la última con oradores invitados, se espera la presencia del director de la Oficina de Presupuesto del Congreso, Marcos Makón.
En el arranque del encuentro, Heller informó que la discusión continuará este jueves a las 11 y el próximo martes 18 de octubre, con la intención de emitir dictamen, para llevarlo al recinto al día siguiente.
NOTICIA EN DESARROLLO
La salida de quien encabezara la lista de candidatos del FdT en 2021 deja un lugar libre en Diputados, que será cubierto a partir de la próxima sesión, prevista para este miércoles.
La asunción de Victoria Tolosa Paz en el gabinete nacional, al frente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, dejará un lugar vacante en la Cámara de Diputados que se espera sea cubierta este mismo miércoles en la sesión prevista a partir de las 12.30.
Y el lugar que deja quien sucederá a Juan Zabaleta al frente de Desarrollo Social será ocupado por quien ocupó una representante del Frente Renovador que ocupó el 17° lugar de esa lista: Micaela Morán.
Recordemos que en las elecciones de 2021, el oficialismo alcanzó en la provincia de Buenos Aires 15 bancas. El 16° lugar estaba ocupado por Daniel Menéndez, pero por paridad de género el lugar de Tolosa Paz lo cubrirá Micaela Morán.
Fue diputada provincial y sigue siendo concejal del Frente de Todos en la ciudad de Zárate. Pero además, Micaela Morán es en la actualidad subsecretaria de Planificación y Coordinación del Ministerio de Transporte de la Nación, que encabeza otro miembro del Frente Renovador, Alexis Guerrera. Al tomar la decisión de continuar en el Concejo Deliberante dijo que lo hacía porque entiende que “la ciudad necesita de un espacio político plural y donde las voces de todos los sectores sigan siendo escuchadas. La idea de continuar también en el legislativo local es una decisión que tomé en conjunto con Sergio Massa y con el propio ministro Alexis Guerrera, por lo que renuncié a toda remuneración y seguiré con el cargo ad honorem”.
Un dato social: está casada con el extenista José “Chucho” Acasuso.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda tiene agendadas tres reuniones para esta semana, en la que se matizarán informes de funcionarios y debate entre los legisladores en busca de un dictamen.
Bien distinto de la experiencia del fallido Presupuesto del año pasado, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados continúa con un intenso debate del proyecto enviado al Congreso por el ministro de Economía, Sergio Massa.
Precisamente fue el titular del Palacio de Hacienda el que abrió el fuego con la extensa presentación que brindó el miércoles 28 de septiembre. Tras él, sus funcionarios más cercanos continuaron con sus respectivos informes, y el desfile continuó la semana pasada, con sendas e intensas jornadas el 5 y 6 de octubre.
Ahora se espera que los últimos funcionarios expongan en el seno de la comisión que preside Carlos Heller este martes a las 11 de la mañana en el Anexo C. Visitarían la comisión el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, y también asistirían los presidentes de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), Sebastián Bonetto; y de Energía Argentina (Enarsa), Agustín Gerez.
Para el día siguiente a las 11 ha sido convocada una nueva reunión de la Comisión de Presupuesto, pero será seguramente solo para organizar cómo seguirá el debate los días subsiguientes, pues a partir del mediodía de esa jornada está prevista una sesión de la Cámara baja.
El debate formal entre los legisladores arrancará el jueves 13 a partir de las 11 de la mañana y en el oficialismo se ilusionan con la posibilidad de que se pueda firmar el dictamen y llevarlo al recinto el miércoles o jueves venidero. De suceder eso, se estarían adelantando los tiempos una semana, pues originalmente la idea era debatir el Presupuesto el 26 de octubre.
Habrá que ver si el consenso alcanzado es tal, como para justificar semejante adelantamiento.
Con tal objetivo habrá un plenario de comisiones este martes, con el fin de emitir el dictamen correspondiente para el tratamiento posterior en el recinto al día siguiente.
La Cámara baja se propone dar media sanción esta semana a un proyecto de la diputada camporista Paula Penacca, que pretende declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble donde funcionó el boliche República de Cromañón, donde se produjo en 2004 la tragedia que costó la vida de 194 personas.
Con tal fin está prevista para este martes un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, en el que se buscará emitir un dictamen consensuado que permita el tratamiento del proyecto en la sesión prevista para el día siguiente, a partir de las 12.30.
El proyecto fue abordado el miércoles pasado durante una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la que se pretendía emitir dictamen, pero al modificarse un artículo se decidió aguardar a la espera del expediente del dominio e inhibiciones. Eso sucederá entonces en el plenario de este martes a partir de las 18.
El proyecto de ley establece declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación, en los términos de la Ley 21.499, el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 3038/78 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, predio popularmente conocido como “República Cromañón”.
En los fundamentos, la norma expresa como una de las finalidades de la expropiación la de conservar el predio como refugio de la memoria de lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004, un espacio social donde circule la memoria colectiva y ayude a que las víctimas no se aíslen en un reclamo individual. Además, para poder transformar el dolor en lucha, y a sembrar una memoria como pueblo, para que hechos como estos no ocurran nunca más.
Cabe destacar que el proyecto está firmado por diversos bloques con representación parlamentaria.
Participaron de la reunión del miércoles pasado sobrevivientes y familiares de víctimas de la tragedia, que solicitaron modificar el texto al sumar la expropiación de la parcela lindera a Cromañón sobre Jean Jaures N° 51. Debido a esto, se resolvió convocar a una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda para emitir dictamen con las modificaciones propuestas, con los informes de dominio incluidos.
Entre los temas previstos de una sesión consensuada figuran el ReNaBaP y la expropiación del predio de Cromañón.
En una semana que se prevé intensa por la actividad en comisiones, la Cámara de Diputados interrumpirá este miércoles los debates en las mismas para abrir el recinto y realizar una sesión sobre temas consensuados, entre los que se destaca la prórroga del Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana. Precisamente ese es el tema que activó la sesión de este miércoles, pues la norma aprobada en 2018 puso un plazo hasta el próximo 15 de octubre para frenar los desalojos, con lo cual urge la aprobación de la prórroga.
La cita es para este miércoles a las 12.30, previéndose para una hora antes la reunión de Labor Parlamentaria.
En el temario de esta sesión que a priori no se prevé vaya a extenderse demasiado, figura precisamente en primer lugar la prórroga de la Ley 27.453, que tuvo dictamen unánime en el seno de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja el pasado 28 de septiembre. El proyecto amplía el alcance de la ley de integración socio urbana de barrios populares, prorrogando la suspensión de los desalojos por diez años y la ampliación del número de registros de barrios incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
La norma apunta a agilizar los procedimientos administrativos, procesos de urbanización más completos, mejoras en el acceso a los servicios públicos y prorrogar la suspensión de desalojos.
También se abordará el proyecto de Promoción y Fomento de Innovación Tecnológica. El proyecto pasó por las comisiones de Presupuesto y de Ciencia, Tecnología e Innovación, y establece aportes en becas y créditos para el desarrollo tecnológico e innovador.
Asimismo se abordará un proyecto que introduce modificaciones al Régimen de Contrato de Trabajo sobre el deber de no concurrencia y otro sobre telegrama y carta documento gratuitos.
Se abordará también un proyecto sobre la declaración de utilidad pública y expropiación en la localidad de Chacas de Coria en la provincia de Mendoza del inmueble conocido como “Casa Mazzolari-Cerrutti, o Casa Grande.
Se prevé el tratamiento de un proyecto sobre el Parque Nacional Traslasierra, que pasará a llamarse Parque Nacional Pinas.
Se modificará también la Ley 20.655, introduciendo modificaciones sobre asociaciones civiles deportivas superiores, como así también se tratará un proyecto que obliga la ejecución del Himno Nacional Argentino en partidos de fútbol de carácter internacional en los estadios de la Argentina, cuando participen equipos de primera división de la AFA.
El último de los temas a ser tratado es el que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble sito en Bartolomé Mitre 3038/78, entre Ecuador y Jean Jaures, de esta capital. Se trata del predio popularmente conocido como República de Cromañón, que se espera reciba dictamen este martes en el marco de una reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto.
Las internas abiertas llegaron a la política argentina hace poco más de una década, por lo que apenas fueron implementadas media docena de veces. Y en general han sido los oficialismos los más refractarios a utilizarlas. Han motivado numerosos proyectos para modificarlas: 14, en los últimos tres años. Seis para eliminarlas.
Por José Angel Di Mauro
Impulsadas en 2009 por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tras la derrota sufrida en las elecciones del 28 de junio de 2009, las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) nunca despertaron el mayor interés de parte del kirchnerismo.
En eso ha sido constante ese espacio, cuyo creador, Néstor Kirchner,fue el mentor de las primarias tras sufrir en carne propia la citada derrota. Hasta entonces mucho se hablaba de las primarias y la posibilidad y conveniencia de adoptarlas en nuestro medio, mas sin convicción de adoptar una modalidad que sin ir más lejos era implementada desde hacía una década en Uruguay.
De hecho, por entonces se solía analizar la experiencia uruguaya como posibilidad de adoptar aquí, mas nunca avanzó esa alternativa hasta que en 2009 el kirchnerismo gobernante impulsó nuestra versión autóctona de las primarias.
Veamos entonces cómo funciona el sistema en la otra orilla. La reforma electoral se implementó en Uruguay en 1997, luego de la reforma constitucional realizada un año antes. La norma aprobada obliga desde entonces a los partidos a presentar una candidatura única para presidente y vicepresidente, y terminó con el doble voto simultáneo para la elección presidencial. Dicho sistema permitía que los partidos presentaran en las elecciones más de una fórmula presidencial, de forma tal que los electores podían votar por un partido y luego seleccionar una de las fórmulas presidenciales que ese partido presentaba.
Según detalla un exhaustivo informe elaborado por Daniel Buquet y Rafael Piñeiro, hasta entonces la fórmula electa era la más votada dentro del partido más votado. En la práctica, esta era una suerte de ley de lemas que servía para que en un mismo acto electoral actuaran de manera simultánea las internas partidarias y la elección presidencial.
Ese sistema de “doble voto simultáneo” dejó de existir con la reforma de 1997, que estableció las elecciones primarias abiertas y simultáneas para todos los partidos, para elegir candidatos presidenciales. En rigor, el sistema de “sublemas” sigue funcionando en Uruguay para otros cargos, menos para presidente.
La particularidad del nuevo sistema, cuentan Buquet y Piñeiro, radica en que los partidos están obligados a realizar estas elecciones de manera simultánea cuatro meses antes de la elección nacional. En esas primarias resultan electos dentro de cada partido aquellos candidatos que obtienen la mayoría absoluta de los votos dentro de su partido, o un 40% y al menos 10 puntos porcentuales de diferencia con quien entre en segundo lugar.
Si ningún candidato alcanza alguno de estos dos requisitos, la nominación queda en manos de un colegio elector nacional elegido en la misma instancia.
El sistema ha ido reduciendo en los partidos el número de candidatos, reduciéndolos en general a dos competidores. Y a diferencia del sistema argentino, en Uruguay las fórmulas se arman después de las primarias. Con eso se observa una regularidad estratégica: los partidos con internas competitivas entre dos candidatos principales tienden a armar su fórmula presidencial con el ganador como presidente y el segundo como vicepresidente. Una estrategia que Buquet y Piñeiro atribuyen a la necesidad de evitar, por un lado, que las críticas realizadas por el perdedor de la primaria puedan ser utilizadas por los rivales y, por otro lado, que sus votantes deserten del partido como consecuencia de la derrota.
Como dijimos, la reforma política de 2009 creó un sistema cerrado de primarias, de modo tal que para los cargos ejecutivos el perdedor queda invalidado para participar en las elecciones generales. En rigor, el objetivo de Néstor Kirchner al impulsar esa ley que como ministro del Interior implementó el hoy diputado nacional Florencio Randazzo fue evitar fugas internas: que los “heridos” por el cierre de listas se sumaran a otras fuerzas.
En la práctica está dicho que el kirchnerismo en general no ha hecho uso de su invención. Y cuando lo hizo, la experiencia le dejó magullones, como en 2015 la interna traumática que protagonizaron Aníbal Fernández y Julián Domínguez para la gobernación bonaerense.
Hay también una explicación que justifica esta modalidad: los oficialismos suelen ser refractarios a las PASO. Tiene sentido, pues en todo oficialismo ordenado que se precie, la lapicera queda en manos del presidente y ninguno es partidario del “libre albedrío”.
Así las cosas, de las seis experiencias de elecciones primarias que ha habido desde 2011 al presente, en cuatro de ellas el kirchnerismo fue oficialismo. Cuando a Cambiemos le tocó ser oficialismo, solo implementó las primarias en contadísimos distritos.
De hecho, el 27 de septiembre de 2019, el entonces presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, Pablo Tonelli, impulsó un proyecto para “dejar sin efecto las llamadas PASO”. Esa iniciativa de quien nunca estuvo de acuerdo con la Ley 26.571 que creó ese sistema establecía que las internas de los partidos políticos se realizaran a partir de la derogación de esa norma tal como ocurría antes: de acuerdo con lo estipulado por sus respectivas cartas orgánicas.
“Los motivos que me llevan a presentar este proyecto se fundan en dos consideraciones relevantes de índole política y en los vicios de inconstitucionalidad que, a mi juicio, padece la Ley 26.571. La primera consideración política es que las primarias abiertas simultáneas y obligatorias contradicen la finalidad que el constituyente tuvo en mira a la hora de disponer, en el artículo 95 de la Constitución Nacional (reformado en 1994), que las elecciones presidenciales deben realizarse dentro de los 60 días anteriores a la finalización del período en el que se desarrolla la gestión del presidente que culmina su mandato. Con la incorporación de las PASO, el proceso electoral se ha alargado considerablemente, y eso es precisamente lo que la Constitución pretende evitar”.
“La segunda consideración es que las PASO han desnaturalizado su concepción inicial y que en la experiencia reciente no sirvieron para dirimir candidaturas entre diferentes líneas internas o fórmulas de una misma agrupación política, sino entre listas y fórmulas de diferentes partidos políticos o alianzas, como si se tratara de una elección general”, planteaba el diputado del Pro que presentó esa iniciativa luego de las PASO en las que el Gobierno de Cambiemos experimentó una severa derrota que por su magnitud presagiaba el resultado irremontable de octubre. De tal manera, las primarias dejaron herido de muerte al gobierno de Mauricio Macri cuatro meses antes del recambio presidencial, más allá de la remontada que tuvo en octubre.
La de Tonelli no es la única iniciativa que se ha presentado desde 2009 sobre las PASO. Ni tampoco la única que propone eliminarlas. Veamos cuáles son las presentadas durante los últimos tres años en ambas cámaras, muchas de ellas todavía con estado parlamentario.
La más reciente es del 18 de marzo pasado y fue presentada por la diputada de Evolución Radical Carla Carrizo, precisamente para evitar su suspensión.En rigor, reproduce el texto de un proyecto similar presentado cuando se rumoreaba la posibilidad de suspensión de las elecciones de 2021, el cual obviamente perdió estado parlamentario.
La iniciativa introduce un segundo párrafo al artículo 18 de la Ley 26.571 que expresa lo siguiente: “Las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias rigen para seleccionar los cargos públicos electivos de todas las agrupaciones políticas y como parte integrante del proceso electoral y del sistema electoral argentino no pueden ser suspendidas para ninguna categoría de cargos públicos electivos nacionales”.
Asimismo el proyecto de Carrizo modifica la fecha de las primarias, estableciendo que “deben celebrarse el segundo domingo de septiembre del año en que se celebren las elecciones generales”.
“La suspensión de las reglas electorales es una práctica que no sólo genera incertidumbre, sino mayores males públicos como una merma de la calidad del régimen democrático”, plantea en su iniciativa, en la que también aclara que “las leyes no se suspenden; pueden mejorarse o derogarse, pero nunca suspender un derecho”.
Admite la iniciativa de Carrizo que hay dos críticas adicionales a las PASO: que la ciudadanía ocupa gran parte del año en procesos electorales, y que no se usan por parte de las alianzas y partidos políticos. La diputada piensa que esos dos puntos pueden regularse mejor, de ahí que proponga “garantizar la permanencia de las PASO declarándolas no susceptibles de ser suspendidas, para generar certidumbre e institucionalización de las reglas”.
También sugiere, con el cambio de fecha de las primarias, acortar el tiempo entre las mismas y las generales, “con el objetivo de evitar que las campañas políticas y los procesos electorales ocupen gran parte del año”.
El proyecto propone también disminuir los topes de gastos de campaña, y que el orden de los candidatos y candidatas respete los votos y la paridad de género por lista interna a la hora de la conformación de las listas para la elección general.
La diputada del Pro Mercedes Joury presentó en marzo de este año un proyecto para modificar las leyes 26.571 y 19.945 para excluir de las PASO la selección del candidato a vicepresidente, habilitando a que los candidatos a presidente resulten proclamados en dichos comicios puedan seleccionar a quien lo acompañe en la fórmula.
“Buscamos fortalecer el esquema de alianzas electorales y promover la competencia interna dentro de las agrupaciones políticas, algo que no se ha logrado desde la sanción de la Ley 26.571, a pesar de haber sido uno de los objetivos prioritarios de dicha reforma”.
El proyecto que acompañaron Cristian Ritondo, María Luján Rey, Alvaro González, María Eugenia Vidal, Pablo Tonelli, Graciela Ocaña y Omar De Marchi, reconoce que “las PASO no han logrado cumplir con uno de sus objetivos prioritarios que era el de promover una mayor competencia interna dentro de las agrupaciones políticas, y en el caso particular de la categoría presidente y vicepresidente esto ha sido muy notorio. De hecho, en los años 2011 y 2019 la totalidad de las agrupaciones políticas que participaron de las PASO oficializaron listas únicas de precandidatos en dicha categoría”.
“Sólo en el año 2015 hubo competencia interna en la categoría presidente y vicepresidente en 3 agrupaciones políticas (Cambiemos, UNA y FIT), aunque se trataron de internas poco competitivas”, comenta el proyecto que advierte entonces que “la falta de competencia en las elecciones primarias ha ocasionado que desde su implementación las PASO funcionen más como una gran y costosísima encuesta nacional que en un mecanismo eficaz para la selección de candidaturas”. Pero advierte además que “en el caso de las elecciones presidenciales, esta circunstancia ha provocado que sus resultados sean asimilados a una primera vuelta electoral, pero efectuada cuatro meses antes de la finalización del período presidencial. Así, en caso de un resultado adverso del oficialismo podría impactar negativamente sobre la legitimidad del gobierno y vulnerar el espíritu de la reforma constitucional de 1994, que justamente buscó evitar largos períodos de transición”.
A tal fin sugiere el proyecto consagrar “la modalidad de fórmula presidencial abierta, otorgando la posibilidad a quien resulte proclamado como candidato a presidente de la Nación de elegir al candidato a vice que lo va a acompañar en la fórmula presidencial. De esta manera, a través del incentivo que implica la posibilidad de que aún en caso de derrota puedan integrar la fórmula presidencial, se promueve la competencia dentro de las agrupaciones políticas y permite el surgimiento de diversas candidaturas dentro de un mismo espacio político”.
El proyecto compara con el régimen vigente en CABA, donde el candidato a jefe de Gobierno de cada agrupación política tiene la posibilidad de elegir su compañero de fórmula dentro de las 48 horas de recibida la notificación de su proclamación. Y dentro de la experiencia comparada, menciona el caso de Estados Unidos, donde con un sistema electoral distinto y elecciones primarias que no son similares, se coincide con el espíritu de la reforma que buscan implementar.
Con todo, se deja claro que la selección del candidato a vicepresidente no puede recaer en ciudadanos que hubieran participado de esas primarias como precandidatos de otra agrupación política, excepto que formaran parte del mismo acuerdo electoral.
Otro proyecto sobre las PASO es el que presentó el expresidente de la Cámara baja Emilio Monzó, acompañado por sus compañeros del bloque Encuentro Federal: Margarita Stolbizer, Sebastián García de Luca y Domingo Amaya. El proyecto elimina el carácter obligatorio del voto y establece la participación opcional de las agrupaciones políticas que hayan presentado una lista única de precandidatos por categoría.
Asimismo y para que la agrupación política pueda ejercer la opción de no participar en las elecciones, pasando directamente a las generales, el proyecto contempla que las mismas deberán haber obtenido, en la elección general próximo pasada, el mínimo de votos igual o superior al 1,5% de los votos válidamente emitidos en el distrito que se trate para la respectiva categoría.
Este proyecto también propone la posibilidad de que el candidato presidencial pueda seleccionar al candidato a vicepresidente que lo acompañará en la fórmula.
También la diputada del Pro Silvia Lospennato presentó en marzo pasado un proyecto para cambiar el carácter obligatorio del voto en las PASO. “Entendemos que forzar a todos y cada uno de los votantes a inmiscuirse en la vida interna de los partidos mediante la participación compulsiva en sus elecciones internas resulta, como mínimo, desacertado y, por consiguiente, se impone cambiar la condición de obligatoriedad del sumario”, expresa el proyecto de solo tres artículos.
La diputada Carla Carrizo presentó también otro proyecto sobre el tema, en este caso para que los argentinos residentes en el exterior puedan participar de las PASO, cosa que en la actualidad la ley no contempla.
El 30 agosto de 2021 el entonces diputado del Pro José Luis Patiño presentó un proyecto que modifica el Código Electoral en lo referente a la obligatoriedad de debates electorales. La norma extiende esa obligatoriedad a los precandidatos no solo presidenciales, sino también de uno de los dos precandidatos a senadores de la Nación y uno de los dos primeros precandidatos a diputados nacionales de las listas oficializadas de las agrupaciones políticas que presenten más de una lista en las PASO.
El proyecto de Patiño pretende reparar una omisión que entiende existió en la Ley 27.337 de Debate Presidencial Obligatorio con los legisladores nacionales. Y además, plantea que “con el objetivo de revalorizar las PASO se propone que los precandidatos de una misma agrupación política participen de debate público, similar al presidencial, en la provincia donde serán electos”.
El ex diputado nacional Juan Carlos Giordano presentó el 15 de abril de 2021 un proyecto para eliminar las PASO. Más allá de considerar “una mentira total” el objetivo promovido de crear las PASO para “transparentar la política”, plantean que la obligatoriedad a participar en las mismas supone “una mayor intromisión del Estado en la vida interna de los partidos”. Pero además repudia el proyecto las PASO por el piso del 1,5% fijado como filtro para todas las fuerzas políticas.
“No superar el piso de las PASO niega el derecho a que nos puedan acompañar con su voto quienes no se sienten representados por los partidos patronales y ven en la izquierda y sus propuestas una alternativa”, plantea el proyecto.
También plantea derogar las PASO el proyecto de la diputada nacional (MC) Alma Sapag (MPN) presentado el 30 de marzo de 2021, que considera entre otras cosas que “desde su implementación, los partidos políticos no dirimen su interna en ellas, ya que por lo general, prefieren evitar la competencia presentando listas únicas; por lo que no resultaron ser un mecanismo razonable para garantizar la democratización de los partidos políticos y devinieron en un elemento imprevisto de inestabilidad política y por lo tanto económica y social”.
Y llegamos a una oficialista que presentó un proyecto sobre el tema: la sanjuanina Graciela Caselles, que lo presentó el 18 de marzo de 2021, y no contempla eliminarlas. Por el contrario, considera a las primarias “necesarias” y “sanas para la democracia”, como así también considera “un avance” que el Estado las garantice. Lo que para la autora “no tiene ningún sentido es que cuando en algún espacio político se hayan consensuado las listas de candidatos, se los obligue a participar de esa interna y tampoco lo tiene que se obligue a los electores independientes o a los no interesados a elegir la propuesta electoral de algún espacio político, tal cual establece la legislación vigente”.
Por eso pretende que las PASO pasen a ser no obligatorias, manteniendo simultaneidad para todas las fuerzas políticas que decidan elegir sus candidatos con este instrumento.
Un bonus track de esta diputada oficialista: la iniciativa propone también la implantación de la boleta única de sufragio en papel. Entre otros argumentos, porque “con la boleta única también se garantiza al votante que encontrará todas las opciones de candidatos, y garantiza a todos los espacios políticos que sus candidaturas estarán disponibles para los votantes. Es decir garantiza una oferta electoral completa y el derecho a elegir y ser elegido”.
En el Senado también han presentado iniciativas que tienen que ver con las PASO. Como la que la neuquina Lucila Crexell presentó el 17 de marzo de 2021 un proyecto bien distinto a los que hemos citado hasta aquí. Ella propuso regular la necesidad de que los partidos políticos o alianzas electorales, al momento de oficializar la lista de precandidatos y candidatos a presidente y vicepresidente en elecciones primarias o generales nacionales, publiquen junto con su plataforma electoral un presupuesto plurianual de al menos cuatro años, de manera que los ciudadanos, las organizaciones civiles y demás interesados accedan a dicha información con anterioridad a la elección.
En cambio su par oficialista Silvina García Larraburu (Río Negro) presentó en el Senado el 2 de marzo de 2021 un proyecto bien concreto, de apenas dos artículos, uno de ellos de forma, que plantea directamente la derogación del título II de la Ley 26.571 sobre las PASO. Ello es debido a que “este mecanismo es poco utilizado por los partidos políticos, no tienen sentido y, en tales condiciones, el gasto para la ciudadanía resulta exorbitante”, plantea.
Ya sin estado parlamentario, pero solo para conocer el espíritu de legisladores que actuaron durante esta gestión como una suerte de “satélites” del oficialismo, el diputado (MC) José Luis Ramón (Mendoza) había presentado el 27 de octubre de 2020 la suspensión de las elecciones primarias de 2021 “en caso de imposibilidad para asegurar la no afectación sanitaria en caso de su realización”. Recordemos que en ese mismo sentido el entonces diputado tucumano Pablo Yedlin presentó más tarde, el 11 de diciembre de 2020 un proyecto también para suspender las PASO venideras con un argumento similar y a pedido de los gobernadores peronistas: “en caso de imposibilidad para asegurar la no afectación sanitaria en caso de su realización”. Una iniciativa que por un acuerdo político entre la oposición y el Gobierno no alcanzó siquiera a ser debatida.
A esta lista de 14 iniciativas podría sumarse en los próximos días, según ha dicho su propio autor, un proyecto del rionegrino Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro), con el fin de derogarlas, tal cual ha anticipado. Sería después de la aprobación del Presupuesto en la Cámara baja y, de llegar a tratarse, podría ser el golpe definitivo para un sistema impulsado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hace 13 años y que, como vemos, siempre despertó adhesión y rechazos, según el lugar desde donde la viera el observador.
Admitió la posibilidad de que el oficialismo busque suspender las PASO y ante ello explicó las alternativas de la principal oposición.
El diputado nacional Hernán Lombardi advirtió este sábado que “el Gobierno nacional debería pensar dos veces antes de modificar las reglas cuando el juego ya está lanzado”.
Al referirse a la posibilidad de que desde el Gobierno se pueda llegar a impulsar una iniciativa para eliminar las PASO, el diputado del Pro sostuvo que “hay un proyecto circulando que firman los aliados tradicionales, como el partido provincial de Río Negro. Hay varios que están anunciados. La cuestión de fondo es que los argentinos ya hemos adoptado que los candidatos de los partidos los decidan el conjunto de los ciudadanos. Constitucionalmente el monopolio de las candidaturas lo tienen los partidos, pero para hacerlo más abierto, hay un mecanismo compensatorio”.
“La segunda cuestión es la oportunidad, la forma. Y ahí estoy drásticamente en contra. Cambiar las reglas de juego cuando está todo el sistema lanzado, desde el punto de vista jurídico, sino con las decisiones acomodadas en función de las PASO… Cambiar las reglas de juego ahora es una vergüenza”, consideró.
Entrevistado por CNN Radio, el diputado Lombardi advirtió que algunos diputados del Frente de Todos se han manifestado en contra de esta modificación. “Hay que ver si son consecuentes con eso o si pesa más la cuestión partidario”, sugirió.
A su vez, indicó que “vamos a hacer todo lo posible para que no se introduzca un mecanismo electoral tramposo. Argentina tiene muchos problemas de representación política, como el mundo. Si el tema es cómo te van a representar y quién te va a gobernar, cambiar de reglas de juego es un problema muy serio”.
“Será una oposición fuerte, firme y directa, entendiendo que están alterando derechos de los argentinos. Si se avanzara igual, se pueden discutir mecanismos complejos pero jamás pondríamos en riesgo la unidad de Juntos por el Cambio”, marcó.
Respecto a esto último, Lombardi explicó que “serían internas, y ahí el tema sería quiénes votan. Nuestro criterio es que cuantos más ciudadanos participen, mejor. Una posibilidad sería que, quienes puedan votar, sean los afiliados a partidos de Juntos por el Cambio y ciudadanos independientes que no estén afiliados a otros partidos. Pero es complejo, una cosa es ponerle título y otra llevarla a cabo”.
A la hora de analizar cómo viene el oficialismo, Lombardi explicó que “este ocaso del populismo tiene que ver con haberse alejado totalmente de la gente. Un ejemplo: no quisieron tocar la Ley de Alquileres en todo el año, y eso es algo que sí joroba a la gente”.
Allí, se le señaló que dicha ley perteneció a la gestión de Juntos por el Cambio, y Lombardi afirmó que “la ley fue mala, hay que derogarla. Ya está, chau. Nosotros nos comprometimos, pero hay que derogarla. La gente se enoja con el sistema político y tiene motivos para enojarse, no tocan agenda, lo que está pasando”.
Además, Lombardi afirmó que “Argentina necesita un plan de estabilización macroeconómica con urgencia. Y con una urgencia creciente. Este gobierno no va a hacer reformas profundas, las que creemos que necesita Argentina. Pero al menos un plan de estabilización, porque el sueldo y las jubilaciones hoy están arrinconadas, y corrés el riesgo de que se espiralice la inflación”.
Consultado en torno a los dichos de Facundo Manes contra Mauricio Macri, estimó que lo del diputado radical “fue una expresión aislada, que desde el Comité Nacional de la UCR hasta sus propios dirigentes han desautorizado. Es una expresión desafortunada y es un intento de comparar a Mauricio Macri con Cristina Kirchner. Y entre ellos hay un abismo”.
¿Por qué dijo lo que dijo?, le preguntaron, a lo que Lombardi respondió: “Probablemente haya cosas que Manes piensa. Creo que es una combinación de ideas equivocadas con haberse ido de boca. A veces hay que tener experiencia a la hora de contestar un reportaje”.
Lombardi también habló de por qué una nueva conducción de Juntos podría ser exitosa: “En 2015 la crisis era casi asintomática, todavía no se sentía en la vida cotidiana. Hoy se siente en la vida cotidiana, los ciudadanos sabemos a qué lleva el populismo, y eso aumenta el nivel de conciencia de por qué hay que salir de este modelo decadente”.
“Si vos antes decías que el problema serio es el déficit, una parte del electorado te acompañaba. Hoy hay más conciencia, hay que avanzar con un programa de reformas. Y tercer punto, clave dentro de esto, es la decisión de los dirigentes. Hoy están dando el debate público que antes no se daba”, explicó.
“Ese conjunto de cosas va a hacer que tengamos una mayoría contundente en las elecciones, que va a permitir tener lo que nunca tuvo Macri: mayoría en la Cámara de Diputados y un Senado más equilibrado”, cerró.
Será el miércoles, y en el temario figuran el ReNaBaP y la expropiación del inmueble donde funcionó República de Cromañón.
Tal cual había trascendido, el oficialismo convocó a una sesión especial para el próximo miércoles, con la intención de tratar una serie de proyectos consensuados.
Entre ellos figuran el proyecto de prórroga del Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, y el proyecto de ley de Promoción y Fomento de Innovación Tecnológica.
La cita es para este miércoles 12 de octubre a las 12.30 y el pedido de sesión elevado a la titular del Cuerpo, Cecilia Moreau, lleva las firmas del presidente del bloque, Germán Martínez, y sus compañeros de bancada Paula Penacca, Federico Fagioli, Lucas Godoy, Itai Hagman, Carlos Heller, Mario Leito, Hernán Pérez Araujo, Vanesa Siley, Marisa Uceda, Hugo Yasky y Natalia Zaracho.
Poco después de efectuado el pedido, el secretario Parlamentario de la Cámara baja, Eduardo Cergnul, cursó la citación correspondiente a todos los diputados.
La lista de temas consensuados -que auguran una sesión corta- incluye proyectos sobre telegrama y carta documento gratuitos; dos parques nacionales y la ejecución del Himno Nacional Argentino en partidos de fútbol internacionales en estadios argentinos.
Asimismo se prevé el tratamiento del proyecto de expropiación del inmueble donde funcionó el boliche República de Cromañón, para lo cual es de esperar que se reúnan previamente las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, que deben emitir dictamen. A menos que en virtud del amplio consenso que reúne esa iniciativa de Paula Penacca, se trate directamente sobre tablas.
Citacion-a-Sesion-Especial-12-de-octubre-12.30-hs_5343-D-22Los datos fueron aportados por los titulares de la AFIP y la Aduana ante la Comisión de Presupuesto. Recopilaron además 4.4995 cautelares con valores originales de mil millones de dólares.
Pasadas las 21 de este miércoles, la extensa jornada de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja entró en su parte final, decidiéndose que las exposiciones de los últimos dos funcionarios se hiciera de manera conjunta, sobre todo teniendo en cuenta que AFIP y Aduana son dependencias afines. Así, Carlos Castagneto y Guillermo Michel, titulares de esos organismos, respectivamente, expusieron juntos y luego los diputados formularon las preguntas.
Arrancó el exdiputado nacional Castagneto, quien planteó la importancia del sistema tributario para promover las políticas públicas. “La AFIP se encuentra ante un gran desafío: asegurar un desempeño recaudatorio que contribuya a cumplir con la reducción del déficit fiscal”.
El funcionario planteó estimaciones de recaudación que prevén un crecimiento del 78,8% en términos nominales, 35 billones de pesos, con una presión tributaria que se mantiene estable. “Hoy estamos en el 23,95%, pensando en una estimación para el año que viene en el 23,77%”, señaló y agregó que “los tributos que aumentarán levemente son aportes y contribuciones, ya que se prevé un aumento en los puestos de trabajo formales, y un aumento en la masa salarial en las distintas paritarias que se están trabajando, como así también una ascendente registración laboral a partir de la salida de la pandemia”.
Destacó que esa mayor recaudación se logrará a partir de la reducción de la evasión; en el impuesto a combustibles al corregir el atraso de las sumas fijas, con estimación de mayores litros vendidos. También con créditos y débitos por el aumento de las transacciones grabadas.
Asimismo se espera un aumento de la recaudación del impuesto a las ganancias.
Castagneto agregó que “aportes y contribuciones de la seguridad social”, se estima que se incrementarán en 2023 por la mejora en niveles de empleo y acciones que lleva adelante la AFIP.
El titular de ese organismo habló en un pasaje sobre la omisión detectada de personal laboral. Con el pago de la ATP, contó que vieron que los aportes que hacían los empleadores no coincidían con las declaraciones que hacían en el libro de sueldo manual. “Por eso es tan importante el libro de sueldo digital; cuando ponemos el libro de sueldo digital no se puede omitir”, expresó.
En ese sentido señaló que muchas veces quien se jubila después de 30 años de aportes, los mismos no coinciden con los aportes declarados por los empleadores. Por eso se está tratando de incorporar esos datos en la aplicación Mi Argentina, de modo tal que allí puedan estar los últimos 30 años de aportes y uno no tenga que hacer trámites engorrosos cuando llega el momento de jubilarse. “Cosa que pueda verlo ahí y sea de mucha agilidad para iniciar su jubilación”, planteó Castagneto.
Al referirse a las irregularidades detectadas con fondos en el exterior, destacó el intercambio que se hace con otros países. “Pasamos de 38 países en 2016 a más de 100 en 2022. Esto es más y mejor información de argentinos que ocultan los bienes que poseen en el exterior”, advirtió Castagneto, que contó que “firmamos acuerdos con más de 119 países. El acuerdo nos va a permitir conocer en detalle las cuentas de argentinos en Estados Unidos. Estimamos como mínimo 100 mil millones de dólares sin declarar, entre cuentas financieras y propiedades”.
A continuación, el titular de Aduana, Guillermo Michel, habló sobre los casos de sobre y subfacturación en los que está trabajando ese organismo. Ya había adelantado algo Castagneto sobre la detección de operaciones de subfacturación, y en ese sentido mencionó las 28.000 operaciones de cerca de 715 empresas por 650 millones de dólares, “donde hemos detectado sobrefacturación en mercaderías tan disímiles que van desde máquinas de minar cripto, hasta guantes de látex, barbijos, bienes de capital, bienes de uso… o casos burdos, como chatarra, o plaquetas quemadas de video cuyo valor real era irrisorio, de 20 mil dólares, porque era basura, y se lo trató de girar a un millón y medio de dólares al exterior”.
“Más allá de la denuncia de la Argentina en sede penal, se pone a consideración del GAFI esa información, para la justicia norteamericana, para que avance sobre los accionistas en Estados Unidos. Porque la mayoría de las sociedades que se utilizan para triangular ese tipo de operaciones están ahí, que es uno de los pocos países con los cuales Argentina no tiene un intercambio de información masivo”, comentó Michel, que destacó la detección y denuncia también de operaciones de subfacturación de exportaciones cerealeras y oleaginosas.
“Pero también minerales”, comentó el titular de Aduana como hecho “novedoso para Argentina”. Citó el caso del litio. “Hemos aplicado una multa de más de 7 mil millones de pesos a una empresa que subfacturó la exportación de litio a su casa matriz del exterior”, comentó.
Michel agregó que “estamos reforzando el análisis de empresas que se crean para exportar, sobre todo productos derivados del agro, cerealeras, oleaginosas, y no liquidan las divisas. ¿Por qué lo hacemos? Porque evitan ingresarlas al país y liquidarlas al tipo de cambio oficial, y las traen por afuera del circuito y las liquidan en cripto o al valor del contado con liquidación. Hemos presentado varias denuncias”.
Se refirió también al caso de las cautelares que han presentado empresas y en las que esta administración pone especial interés. “En la Aduana tenemos recopiladas 4.495 cautelares con valores originales de mil millones de dólares”, advirtió el funcionario, que destacó que están haciendo un trabajo que requiere un análisis “paso a paso”.
Al respecto precisó que “hemos destacado en la mayoría de las cautelares que el elemento sustancial, que es el peligro de la demora que habilita al juez a otorgar la cautelar, no se verifica, porque toda la mercadería que se pidió importar vía cautelar está en stock desde hace un año o dos”.
Puso el caso de una empresa textil que había obtenido una cautelar por 128 millones de dólares, tras lo cual la empresa desistió de la cautelar. Detectaron también empresas que habían obtenido cautelares para importar neumáticos por 70 millones de dólares, que también desistieron.
“No ponemos en tela de juicio el accionar judicial -aclaró-. En todos los expedientes nos presentamos argumentando que hubo una estafa procesal por parte de las personas que accionan con la cautelar, que han engañado al juez, y que solicitamos que se revea la situación”.
A la hora de las preguntas, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López preguntó si dado que la mayoría de las cautelares se presentan siempre ante los mismos juzgados, pensaban denunciar a esos jueces, pero Michel insistió en que “entendemos que hubo casos de estafa procesal, que el juez fue engañado”, pero se mostró dispuesto a aportar ante los legisladores datos por juzgado y secretarías. “Si están de acuerdo, los vamos a aportar”, cerró.
Y pasadas las 22, se dio por concluida la extensa jornada de exposiciones.
El ministro de Obras Públicas detalló la inversión en infraestructura vial, de saneamiento y del cuidado, entre otras. También habló del incremento del empleo en la construcción, que hoy registra más de 450 mil puestos, afirmó.
En el desfile de funcionarios que asistieron a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, destacó este miércoles que hacia el final de la gestión de Alberto Fernández, es decir, en un plazo de cuatro años, el presupuesto para la obra pública habrá registrado “un aumento del 633%” en comparación con los recursos previstos en 2020.
“Eso definitivamente es una prioridad y una decisión política del presidente de la Nación y nuestro Gobierno”, sostuvo. Además, dijo: “Más de 923 mil millones de pesos es el presupuesto que estamos proponiendo para mi cartera, y que se consolidan en las regiones más pobres”.
En ambos sentidos, señaló que al culminar el gobierno del Frente de Todos, la obra pública en las provincias del Norte Grande se habrá incrementado en un “750%”.
Sobre los números del Presupuesto 2023, el funcionario detalló que se prevé “una inversión de 295.315 millones para la infraestructura vial, eso es el 32% del presupuesto total” que se distribuye en “1.192 kilómetros de obras en nuevas autopistas; 27.122 kilómetros de obras de mantenimiento; y 351 kilómetros de rutas seguras”.
Además, se destinarán “298.880 millones de pesos en agua y saneamiento, un 32,3% del presupuesto total, con más de 598 obras y 192 mil beneficiarios directos”.
También, se proyectan fondos por “34.913 millones para infraestructura urbana y rural; 20.481 millones para infraestructura del cuidado; y 274.095 millones para infraestructura educativa, ambiental, de conservación patrimonial y entramados productivos”.
En su exposición ante los diputados, Katopodis mencionó la ejecución de “500 centros de desarrollo infantil”; una inversión de “más de 5 mil millones de pesos para que cada provincia tenga su centro de política de promoción de los derechos de género y diversidad”; una inversión de 43.400 millones en obras para poner en valor el sistema de salud pública; la construcción de 107 escuelas técnicas; y 3.312 intervenciones en municipios por más de 131.145 millones de pesos.
“Vamos a terminar estos cuatro años con 2 millones y medio de argentinos que no tenían acceso al agua segura que lo van a tener; y con 3 millones y medio de argentinos, de los 20 que tenemos todavía como déficit, que no tenían acceso al saneamiento, que a lo largo de estos cuatro años están accediendo”, auguró.
El ministro resaltó que “este Presupuesto expresa con mucha claridad cuáles son las prioridades que tiene hoy la Argentina”. “Van a ser cuatro años con obra pública ininterrumpida; van a ser cuatro años con obra pública que se asignó de manera absolutamente equitativa, si discriminación de signo político; van a ser cuatro años de obra pública que empujó la economía y generó puestos de trabajo; y van a ser cuatro años con la obra pública como motor para redistribuir oportunidades, reparar deudas y para que, definitivamente, como siempre ocurre cuando gobierna el peronismo, podamos generar desde cada una de estas decisiones la Argentina territorialmente más justa, equitativa e igualitaria que todos nos merecemos”, insistió.
“Estamos presentado un presupuesto que vuelve en continuidad con lo que viene ocurriendo cada vez que elevamos un proyecto, que es garantizar un incremento de las partidas presupuestarias que nos van a permitir consolidar esta agenda de obras e infraestructura en todo el país”, defendió.
El funcionario repasó que el Ministerio “ha transitado distintos momentos a lo largo de dos años y medio de gestión”. En primer lugar, al llegar, se tuvo que “reactivar la obra que estaba paralizada”, que era “un 70%”. Luego, vino el “impacto de la pandemia” y “el principal esfuerzo fue reconstruir la capacidad sanitaria”.
“La salida de la pandemia fue poner como eje la recuperación del empleo. Arrancamos con menos de 300 mil puestos de trabajo en el sector de la construcción y hoy ya estamos arriba de 450 mil”, subrayó.
Por otro lado, ponderó el “carácter federal” para la distribución de los recursos de su cartera, lo que permite que se tenga “obra pública cubriendo el 95% del territorio, muy cerca de llegar al 100%”. “Hoy no hay un municipio que no tenga una obra de pavimento, saneamiento”, aseguró.
Para Katopodis, hoy se está “en condiciones de encarar una nueva etapa” para “definitivamente sentar las bases serias y sólidas para el desarrollo de la Argentina”. “Hoy tenemos 5.400 obras activas en todo el país, de esas 120 son estratégicas”, sumó.
A la hora de responder las dudas de los diputados, el funcionario explicó que “la meta de poder llevar adelante con el presupuesto 2023 unos 350 kilómetros de rutas seguras y estamos en obras en distintos puentes y túneles de la Argentina. Dos son emblemáticos por lo estratégico y se hacen en provincias que no están gobernadas por el oficialismo. Las obras más importantes de túneles y de puentes en el país están proyectados en la provincia de Corrientes, una obra que ya inició la licitación”, y remarcó que “hace 20 años que la Argentina no hace un puente, el último fue Rosario-Victoria. La otra obra estratégica es en Mendoza que es la duplicación del túnel Caracoles”.
“En 2021 terminamos el año con un 45% más del presupuesto aprobado, en 2020 con un 47% más”, comparó Katopodis y estimó: “Este año vamos a ejecutar el 100% del presupuesto. Vamos a ejecutar un presupuesto con posibilidad de poner a la Argentina en una matriz de desarrollo potente, con bases sólidas, porque una parte muy importante de las obras que estamos desarrollando se van a terminar”.
A su vez, sostuvo que “la agenda de desarrollo se construye y refuerza con la inversión en obra pública. Vamos a arrancar lo que es un ciclo y horizonte de mayor prosperidad y crecimiento con obras estratégicas y terminadas”.
Por otro lado, destacó que “estamos haciendo una inversión histórica en materia de infraestructura universitaria”, y detalló que “tiene que ver con estos 40 mil millones de pesos con estas 167 obras en ejecución con la idea de que las 56 universidades nacionales se terminen”.
Respecto de la inversión en las provincias del norte, indicó que “es del 766% el crecimiento del presupuesto entre el 2020 y 2023, eso se expresa en más de 1100 obras vigentes con 338 municipios alcanzados de los 400 que tienen las 10 provincias, con una inversión de 81.476 millones de pesos para el norte grande. La inversión ha sido sostenida y en la proyección del 2023 vamos a mejorar por encima del crecimiento promedio del país”.
“Vamos a lograr que 11 millones de argentinos mejoren su suministro de agua porque más del 38% del presupuesto está destinado a agua y a saneamiento. Estos cuatro años vamos a mejorar la calidad de los servicios”, bregó y cerró: “Año tras año ejecutamos un presupuesto en obra pública que viene creciendo y consolidando a la obra pública como motor. El año que viene va a haber más obra pública en Argentina como en ninguna, y esa es una definición política del gobierno”.
Ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, el ministro de Defensa habló de distintos objetivos, entre ellos el de aumentar los miembros del Ejército Argentino y fortalecer la presencia en los espacios marítimos y el sur.
En el arranque de una nueva jornada de debate del Presupuesto 2023, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, abrió la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados de este miércoles.
En su exposición, el funcionario señaló que el plan de gastos y recursos prevé para el próximo año un total de 160 mil millones de pesos para el FONDEF (Fondo Nacional de la Defensa).
“El presupuesto proyectado nos va a permitir cumplir con los objetivos propuestos por el Ministerio para avanzar en la instrumentación que surge de la directiva de política de defensa nacional”, sostuvo y explicó que los “puntos fundamentales para una estrategia de defensa”, que allí se prevén, apuntan a que “la Argentina tiene una estrategia defensiva, cooperativa y autónoma”.
Sobre ello, agregó que “Argentina, que es el octavo país en territorio en el mundo, tiene que tener fuerzas armadas y tienen que estar en condiciones de garantizar la integridad territorial, la vida de los argentinos, la justicia de nuestra sociedad frente a una agresión externa, la libertad y las riquezas del país”.
El ministro destacó que se ha puesto en marcha “un ciclo de planeamiento que no se hacía desde 2011”. “Los recursos siempre son escasos y la utilización de los mismos tiene que tener un sustento basado en una estrategia, de lo contrario desperdigamos esfuerzos”, resaltó.
Sobre las prioridades de la gestión, Taiana afirmó que se busca “la modernización, el reequipamiento y redespliegue de las FF.AA”, las cuales “han tenido a lo largo de años una situación de mal equipamiento, de desgaste del material”.
“Si tomamos los últimos 40 años y vamos a Malvinas, se ve ahí un decaimiento de los materiales, los medios e incluso el personal”, ejemplificó.
Desde un “aspecto geográfico”, el funcionario dijo: “Queremos que las FF.AA. vuelvan a tener un despliegue nacional más alto”. “El Ejército va a volver a tener presencia en Catamarca, que hoy no hay ninguna; y en Tierra del Fuego, en Tolhuin”, informó.
También, el titular de la cartera de Defensa aseguró que se tiene por objetivo un “aumento del número de los miembros del Ejército”, el cual “tiene menos de 50 mil personas y tiene 20 mil soldados voluntarios”. La idea es “aumentar ese número -de soldados voluntarios- a 30 mil a lo largo de este año”, continuó, para explicar luego que “el tamaño de la Argentina, su mar y el carácter bioceánico” que posee, requiere de que “tengamos fuerzas armadas con un número suficiente para desplegarse”.
“No están completos los regimientos”, advirtió e insistió: “Necesitamos tener un número mejor y más efectivo de soldados voluntarios. Esto va acompañado de un plan de educación”.
Por otra parte, Taiana expresó que se trabaja en “la incorporación y búsqueda de mayor participación de mujeres”, ya que “la igualdad de género está lejos de las FF.AA.”. No obstante, ponderó la “importancia de la feminización y creciente participación de las mujeres”, y reveló que este año, en el Colegio Militar de la Nación, “de 1.070 que comenzaron el año, 270 eran mujeres, más del 25%”. De modo que la incorporación de mujeres, “crece, es permanente, van ocupando las distintas áreas”, y aunque “es un proceso que tiene dificultades, se está avanzando bien”.
En otro tramo de su presentación, el ministro se refirió al objetivo de tener “mayor presencia y control sobre los espacios marítimos y nuestro sur” ya que “ Argentina, como país bicontinental, busca tener una mayor presencia en Antártida”. Así, se aspira a “tener una base naval integrada en Ushuaia para que sea un lugar de proyección y preparación”, al tiempo de recuperar la base Petrel, que “se quemó en 1977 y desde ese año hasta este nunca se la arregló”. “Vamos a fortalecer Petrel”, prometió, de modo que sea “la base más importante del país” con “una pista de aterrizaje y un muelle”. “Va a ser la gran entrada argentina”, abogó.
“Hemos vuelto a poner un radar en Río Grande, lo que nos ha permitido tener control aéreo en parte de la zona marítima y terrestre”, destacó luego, al tiempo que se mostró a favor de “la licitación y construcción del canal Magdalena, que es lo que le daría a la Argentina una vía propia de comunicación ágil, económica”.
Además, informó que se “ha aumentado el control y la vigilancia marítima” ya que “a comienzos de este año comenzó a funcionar el Comando Conjunto Marítimo” y “por primera vez en muchos años no tenemos registro alguno de que alguien haya podido violar las 200 millas y entrar”. “Esos barcos que todos vemos en las fotos están en la 201”, añadió.
Entre otros puntos, mencionó que se proyecta la instalación de radares en Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos, “y algún radar más en el sur”; volver a abrir una base aérea en Río Gallegos; y que se necesita recuperar la capacidad submarina.
La cuestión salarial de las FF.AA.
Al momento de las preguntas, el diputado Martín Tetaz (Evolución Radical) consultó al ministro sobre “cuál va a ser el proceso de convergencia” salarial y “en qué meses de 2023 las FF.AA. y las fuerzas de seguridad van a percibir el mismo salario”.
En el mismo sentido, el diputado Alberto Asseff (Pro) señaló que ya “no es un tema de comparar” a las FF.AA. “con las fuerzas de seguridad nacionales o provinciales”, sino “con el promedio de sueldo de la administración pública”. “Hay una desjerarquización funcional del personal superior y todo el resto del escalafón. Se está alentando la fuga de las FF.AA.”, alertó el presidente de la Comisión de Defensa Nacional.
Taiana contestó que “lo que brinda el FONDEF es el horizonte profesional”, pero “no hay en ningún Presupuesto pauta salarial”, sino que “lo que hay” en el mensaje del Ejecutivo es “un compromiso que dice que se va a equiparar a lo largo del año que viene. Lo más probable es que se haga en cuatro trimestres”. “No puede estar con números, porque si no no hay paritarias. Nunca en el Presupuesto están los salarios”, se justificó.
Los casos Chirino y Verón
La diputada Romina Del Plá (FIT-PO) consultó al funcionario sobre “qué medidas van a tomar, concretas, para evitar lo que ha ocurrido este año no una sino dos veces” con el asesinato de Matías Chirino en Corrientes, y Michel Verón, en Misiones, quien “quedó cuadripléjico por lesiones tremendas”.
“Son dos hechos por acciones de bautismos”, indicó y sostuvo: “Habiéndose eliminado el Servicio Militar Obligatorio después del caso Carrasco, tenemos situaciones muy serias”.
Taiana contó que “se tomaron varias medidas. Se prohibió cualquier forma de bautismos. Se reunieron las autoridades. Se trató el tema en el ámbito educativo y se aplicó el código disciplinario de la manera más dura posible. Fueron considerados falta gravísima y se determinó la baja, en el caso de Chirino, de cuatro oficiales que habían participado del hecho y de varios suboficiales, y algunas sanciones menores. Y en el caso de Verón, un oficial y algunos suboficiales”.
“Está absolutamente prohibido el concepto de bautismo, que es una vieja tradición, y que ya nos había llevado a echar gente antes. El año pasado se dio de baja al abanderado del Colegio Militar por una malteada”, aseveró.
El ministro agregó que “se hizo una denuncia inmediata ante la Justicia Federal en ambos casos”. Y reveló que esta semana “Verón ha sido operado por tercera vez. Trajimos un médico de México”. “La reacción ha sido positiva, estaba en terapia intensiva, estaba estable y tenía algunas reacciones de sensibilidad. Nos estamos ocupando de esta tragedia. Es un delito gravísimo lo que se ha cometido con él. Se han tomado las medidas más severas que se han podido tomar y se ha hecho bastante; probablemente no sea suficiente, hay que seguir haciendo, porque esos cambios de cultura no se dan de un día para el otro”, completó.
Compensación para las víctimas del ataque de Montoneros en 1975
En el tramo de las preguntas, el diputado Francisco Sánchez (Pro), quien después tuvo un pequeño cruce con Germán Martínez, recordó que este miércoles es un nuevo aniversario del “ataque del ejército Montonero al Regimiento de Ingeniero de Monte 29 en Formosa en pleno gobierno constitucional”, en 1975, donde “perdieron la vida 13 personas”.
Al recordar el decreto 829/19, firmado por el expresidente Mauricio Macri antes de dejar el gobierno, en el que estableció que “las víctimas de ese ataque terrorista debían ser compensadas económicamente”, el neuquino dijo que “para eso se requiere una resolución” del Ministerio y preguntó si “está prevista la compensación el Presupuesto”.
A la inversa, pero en el mismo sentido, el formoseño Fernando Carbajal (UCR), lo consultó: “Por qué razón en el Presupuesto no están previstas las compensaciones?”.
Sin rodeos, Taiana expresó: “Eso no se ha pagado porque todas las reparaciones, las de Malvinas, las de los crímenes de la dictadura, las del ARA San Juan, todas han estado establecidas por ley. Esa no está establecida por ley. Trátenla en el Congreso, apruébenla, y sin dudas la cumpliremos. Si ustedes quieren esa ley, apóyenla políticamente”.
Cinco ministros y tres funcionarios continuarán el desfile de funcionarios por la comisión que preside Carlos Heller.
Muy distinto de lo que fue el debate exprés -con final fallido- del Presupuesto 2022 el año pasado, continúa este miércoles el desfile de funcionarios nacionales por la Comisión de Presupuesto y Hacienda que conduce Carlos Heller, para exponer sobre la ley de leyes correspondientes al año próximo.
El propio Heller se ocupó sobre el cierre de la jornada de este martes, al filo de las 10 de la noche y al cabo de casi 11 horas de debate, de anunciar cómo seguirá el debate este miércoles.
Así, a partir de las 11, pasarán por la comisión los ministros de Defensa, Jorge Taiana; de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Salud, Carla Vizzotti, y de Trabajo, Claudio Moroni.
Asimismo expondrán la directora de la ANSeS, Fernanda Raverta; el titular de la AFIP, Carlos Castagneto; y el jefe de la Aduana, Guillermo Michel.
Teniendo en cuenta la experiencia de este martes y que muchos diputados tienen pasajes para viajar a sus provincias, Carlos Heller recomendó agilizar el trámite este miércoles para no terminar tan tarde. Se verá…
El funcionario cerró la lista de funcionarios que expusieron este martes sobre el Presupuesto y destacó que las medidas llevadas adelante en la pandemia permitieron que 40 mil PyMEs siguieran vivas.
El secretario de Producción, José Ignacio de Mendiguren, cerró la larguísima tanda de exposiciones sobre el Presupuesto 2023 que se desarrolló a lo largo de este martes reivindicando que el actual gobierno habrá crecido al final de su gestión 3 de sus 4 años. “En este despelote mundial que me pasó, me parece que no es una mala performance”, estimó.
El que le toca manejar hoy, dijo, “es un sector que a pesar de todas las dificultades ha tenido una reacción importante. La crisis fue muy complicada; fue muy grave de donde veníamos: un 54% de inflación que pudimos el primer año llevarla al 37%”.
Recordó que después vino la pandemia y la guerra, y señaló que “hasta las sociedades más desarrolladas decidieron en la crisis no dejar caer la actividad y tomaron decisiones durísimas”. En ese sentido citó por ejemplo a Estados Unidos, que llegó a tener una inflación del 13%.
“La Argentina hizo para mí lo que había que hacer para que ese nivel de actividad no peligrara”, resumió el funcionario, que detalló luego las medidas adoptadas en pandemia y cerró: “Nunca se nos hubiera ocurrido pedir que nos ayudada para pagar los sueldos, pero nos ayudaron… Por supuesto que esto no es gratis”. Y graficó: “Nosotros entramos a esa pista con un Renault 12, con gomas lisas y sin frenos…”.
“Y sin papeles”, sumó el presidente de la comisión, Carlos Heller.
De Mendiguren agregó que “hoy no podemos desentendernos, decir ‘qué calamidad la inflación’ y ver que la contracara son 40.000 PyMEs vivas… Gracias a que estuvieron vivas, pudimos crecer el año pasado el 10,5%, y este año estamos en la industria un 11% arriba de la prepandemia. Y el índice de desempleo es 6,9%”.
Empero, reconoció que “al que trabaja la plata no le alcanza”, pero resaltó de todos modos que “la industria hace 28 meses consecutivos que genera empleo”, como así también enfatizó un dato destacable: “El índice de cheques rechazados es el menor de los últimos 20 años”.
Tras ello De Mendiguren sostuvo que “si la Argentina no cambia su matriz productiva, no hay salida”.
“Queremos ese plan de estabilización, pero juntos preservar el poder adquisitivo del salario”, dijo el secretario de Producción en otro pasaje, y agregó: “Todos los procesos que en la Argentina tenemos memoria que empezaron con planes de estabilización, la primer variable fue el salario. Y no nos fue bien. Está demostrado que eso no funciona, así que entre todos debemos ver la manera de salir. Buscando leyes que aumenten la facturación del país. En eso creo que estamos hoy la mayoría de los que estamos preocupados por la Argentina”.
Sobre el final de su exposición, De Mendiguren destacó que las circunstancias mundiales le han dado a la Argentina una nueva oportunidad, pero que dependerá de nosotros ver cómo actuar, y advirtió que si no lo aprovechamos, “en vez de ser propietarios de nuestro destino vamos a ser inquilinos”, por lo que puede pasarnos como país en crisis.
Finalmente exhibió los números del Presupuesto del área, destacando que el total asignado es de 163.435 millones. De ellos, 142.326 millones tienen que ver con el Tesoro Nacional y crédito externo. 21.109 millones son para organismos como el INTI y el INPI, en tanto que para el sector PyMEs y emprendedores hay asignados 114.649 millones, y 14.381 millones para el área industrial.
“Tenemos un gran apoyo a las PyMEs, debemos reconocer la reacción que tuvieron a las medidas y créditos que se otorgaron subsidiados”, destacó De Mendiguren, que resaltó además la reacción exportadora que tuvo el sector: 10.600 millones el año pasado, en tanto que este año llevan 6.700 millones exportados.
Para cerrar, recordó que el Gobierno anterior, de sus cuatro años creció uno solo. “Nosotros, de cuatro, podemos crecer en tres. En este despelote mundial que pasó, me parece que no es una mala performance”, concluyó.
Sobre el final de las preguntas, ante la que le formuló el radical cordobés Víctor Hugo Romero, referida al 2% de crecimiento estimado, De Mendiguren se animó a asegurar que “vamos a crecer más que el 2%, estoy seguro”.
Y Heller intervino para apuntar: “Yo le aseguro que vamos a crecer este año más del 4%”.
Así lo confirmó el ministro Daniel Filmus en su visita al Congreso, donde afirmó que todavía no se ha llegado a la inversión que existía en 2015.
El titular de la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, fue el segundo ministro en presentarse este martes ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, para exponer respecto de la ley de leyes. Y en ese marco habló de “un presupuesto muy particular, que al contrario de otros presupuestos, es uno que respeta estrictamente las decisiones que tomó este Congreso de la Nación”.
Y enfatizó que esas decisiones se han transformado en su mayoría en “leyes que han sido votadas por unanimidad, o casi por unanimidad”. Al respecto, destacó que la cartera que él conduce se comprometió en “cumplir principalmente con una ley que tuvo origen en el Congreso: la de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología. Así que lo que estamos presentando hoy es una política de Estado”.
Filmus destacó que “la ley votada habla de que vamos a llegar en diez años al 1,04% del PBI en inversión en ciencia y tecnología. Y propone año por año ir aumentando esa participación”.
En ese sentido detalló que el financiamiento tiene que llegar al próximo año al 0,34% del PBI, y aclaró que lo que iba a presentar no era un presupuesto de un ministerio, sino de una función: la de Ciencia y Tecnología, pues la misma abarca siete ministerios que tienen organismos referidos a ese área.
El presupuesto asignado por el proyecto 2023 es de 500.921 millones de pesos para todos los organismos. Eso equivale al 0,34% del PBI y representa un incremento que va del 0,31 al 0,34%.
Todos los organismos de Ciencia y Tecnología se reúnen una vez por mes, y al respecto Filmus contó que la próxima reunión, la correspondiente a este mes, será en la Antártida.
Producto de la gestión anterior, a la que no mencionó, y la pandemia, Filmus dijo que “si miramos en base a 2015, no hemos llegado todavía a la inversión que habíamos tenido respecto de ese año”, comentó el ministro, y si bien contó que comenzaron a subir el presupuesto “producto de la ley”, todavía no llegamos a los niveles de 2015.
“Si miramos respecto de 2019, el presupuesto en Ciencia y Tecnología aumentó en 50% en valores constantes”, precisó el funcionario, aclarando que “si bien no recupera lo perdido, sí (lo hace) respecto del porcentaje del presupuesto global”.
Daniel Filmus hizo especial hincapié en resaltar que el presupuesto asignado a Ciencia y Tecnología es “gracias a la ley del Congreso, no estoy diciendo que es por un gobierno. Esperamos que hasta 2032 se siga cumpliendo”.
Aclaró también que “cuando hablamos del 0,34% estamos hablando de inversión pública, que es una parte de la inversión de un país. En general los países que más invierten, asignan un 1,3; 1,4; o 1,5%… Japón y Corea invierten más. El resto es inversión privada”. En otro pasaje comentó que “si uno suma toda la inversión en Ciencia y Tecnología en América Latina no llega a la de Francia.
Destacó en ese sentido que “este Congreso aprobó leyes que están favoreciendo la inversión privada”, y citó al respecto las leyes de Nano biotecnología y la de Economía del Conocimiento, como así también la de crédito fiscal que acaba de recibir dictamen. “Son mecanismos que favorecen desde políticas públicas la inversión privada”, dijo, enfatizando que “tenemos que garantizar que además de la inversión pública haya mecanismos que permitan la inversión privada”.
En cuanto al presupuesto concreto de su cartera, dijo que han tenido un crecimiento muy importante. Respecto del Conicet, organismo al que calificó de “ejemplar”, detalló que tiene en la actualidad cerca de 12.000 investigadores de carrera y alrededor de 12.000 en carrera de becas de doctorado y posdoctorado.
“Está previsto para el año que viene la incorporación de 800 investigadores; se van a financiar aproximadamente 2.400 becas doctorado y post doctorados, y estamos incorporando los técnicos de apoyo a la investigación”, informó a continuación.
Asimismo señaló que por primera vez en mucho tiempo han desarrollado dos programas. Uno, de equipamiento, y el otro consistente en el lanzamiento de 50 grandes obras de ciencia y tecnología que pondrán en marcha antes de fin de año.
Por otra parte remarcó que “uno de los esfuerzos más grandes del ministerio es el de la federalización de la ciencia”, al tiempo que admitió como uno de los problemas principales la caída del salario de los investigadores. Al respecto aseguró que “el compromiso es el de garantizar aumentar 10% cada año para los salarios y becas. La idea es que se va a cumplir el próximo año la cuarta cuota de jerarquización”.
“Si nos preguntaran cuál es el objetivo principal del ministerio, nos remitiríamos nuevamente a la ley, que es muy sabia, y dice que el 20% del incremento del Presupuesto va a una cuenta especial que llamamos ‘Federalización de la ciencia’”, señaló Filmus.
Al respecto observó que el 85% de la inversión en ciencia está concentrada en la zona metropolitana y central, y para graficar la situación contó una anécdota. Recientemente estuvo el ministro chileno del área en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, y les preguntó cuántos científicos había allí. “Acá tenemos mil investigadores y más de mil becarios”, le contaron. “En un mismo edificio había dos mil; yo venía de haber estado el día anterior en Formosa, donde hay 6…”, graficó.
“Ese es nivel de desigualdad; si no hay una discriminación positiva, siempre vamos a seguir así. Hay que hacer un golpe de timón hacia otro lado”, destacó, comentando que cada provincia les presenta qué obras quiere, y casi todas se están haciendo actualmente en las provincias. “Menos en la zona metropolitana, donde también hacemos –dijo-. Pero vamos adónde más se necesita. La ley dice que el 20% del aumento de la inversión se va a adjudicar a las provincias; cada provincia tiene la posibilidad de que les transferimos 100 millones de pesos, y cada provincia elige cuáles son sus prioridades. Eso antes no existía”.
El ministro de Educación informó ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda el destino de los recursos asignados a su cartera. Ponderó las obras de infraestructura y dijo que este año se busca que el 90% de los alumnos de todo el país estén conectados desde sus escuelas.
El debate del proyecto de ley de Presupuesto 2023 se reanudó en la Cámara de Diputados con la participación del ministro de Educación, Jaime Perczyk, quien fue el primero -de una larga lista de funcionarios- en exponer este martes.
Durante su paso por la sala del segundo piso del Anexo “C” de la Cámara baja, el titular de la cartera educativa negó un recorte presupuestario en las partidas destinadas a universidades nacionales. “No hay una disminución de transferencia de los fondos a las universidades”, aseguró.
Además, apuntó que “la paritaria universitaria el año pasado recuperó tres puntos respecto de la inflación” y esta semana se reabrirá la paritaria, de modo que los nuevos aumentos -no proyectados en el plan de gastos y recursos- se incorporarán el año que viene.
El ministro arrancó su presentación hablando de “las principales líneas de inversión” que apuntan a “poder integrar cada vez más a todos los chicos del país, de todos los sectores de la sociedad, reduciendo los niveles de desigualdad”.
En ese sentido, Perczyk se refirió a la ampliación de la jornada escolar, con “al menos 25 horas de clases semanales en la escuela pública”, medida sobre la cual ya se firmaron convenios con 18 provincias y están en trámite otros tres. Esta decisión apunta a recuperar las horas perdidas en dos años, producto de la pandemia.
“El año que viene tendríamos un 71% de las escuelas primarias públicas con al menos 25 horas de clases, eso significa 38 días más de clases a fin de año, mayor tiempo para la enseñanza y fundamentalmente el aprendizaje”, resaltó.
Asimismo, precisó que “el 80% del financiamiento de esta política es del Gobierno nacional” y asciende a unos “casi 48 mil millones de pesos”. Esto alcanzará a unas 9.100 escuelas con extensión horaria el año que viene.
Al igual que en el caso de los docentes universitarios, el funcionario señaló que “el presupuesto de la extensión de jornada de clase el año que viene lo vamos a tener que aumentar”, de acuerdo a lo que se resuelva por las paritarias.
En su exposición ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el ministro de Educación expresó que “la segunda inversión relevante es en Conectar Igualdad”. “Este año distribuimos más de 600 mil computadoras a chicos de segundo año de secundaria” y a alumnos de primero, segundo y tercero del secundario de las escuelas rurales, indicó. Además, hay un millón de netbooks adjudicadas y “ya está el pago del 60% de esas computadoras, por 30 mil millones de pesos”.
A continuación afirmó que, junto a un trabajo con ARSAT, el objetivo es llegar a fines de 2022 con el 90% de los alumnos conectados desde sus escuelas.
En cuanto a la inversión en el programa “Libros para aprender”, se distribuye en 3,2 millones para nivel inicial; 8,5 millones de libros de lectura y 11 millones de literatura para nivel primario; y 5 millones de libros de texto y 7,5 millones de literatura para nivel secundario.
Sobre becas, Perczyk apuntó que Progresar abarcó a 1.600.000 alumnos. “Las becas Progresar han aumentado del año pasado a este 109%, más que la inflación. Y seguramente las volveremos a aumentar” el próximo año, prometió. También informó que este año se otorgaron a “chicos de 16 y 17 para que terminen la escuela”.
Entre otros puntos, el funcionario detalló que se prevé una “inversión de 300 millones de pesos en el desarrollo de la Educación Sexual Integral”, la cual es “una demanda muy importante por parte de los chicos y las chicas de las escuelas secundarias”.
En lo referido a infraestructura, habló de una inversión de “35 mil millones de pesos” para 176 obras de ampliación en escuelas de todo el país; 150 obras en escuelas nuevas; y 555 obras menores, como refacciones. “El 16% corresponde a obras iniciadas este año y que terminan la ejecución el año que viene”, agregó.
Sobre la construcción y refacción de jardines de infantes, informó que hay 185 jardines nuevos en procesos de licitación y 68 ampliaciones de jardines, que corresponden a la incorporación de sala de 3 años.
“Estamos licitando 100 escuelas técnicas”, afirmó y sostuvo que estiman que al finalizar este año haya “150 edificios universitarios, entre terminados y en ejecución”. “Hay una política de infraestructura en universidades muy importante”, destacó.
La partida para las universidades nacionales asciende a 700 mil millones de pesos y, en tanto, unos 7.400 millones de pesos se destinarán a los hospitales universitarios con los que cuentan las universidades de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja y Cuyo.
Entre otras cifras, el ministro puntualizó que se destinarán 125 mil millones de pesos para el Fondo Nacional de Incentivo Docente y Compensación Salarial.
Polémica sobre Formosa y reproche por el Presupuesto que no fue
Al momento de responder preguntas de los legisladores, el porteño Maximiliano Ferraro (CC-ARI) consultó al ministro por los “ 500 mil chicos que no volvieron” a la escuela tras la pandemia. “Es un dato de febrero”, remarcó Perczyk, quien valoró que en estos meses “hubo un esfuerzo muy grande de las escuelas, de los municipios, de los credos, de los gobiernos provinciales y el Gobierno nacional”. “Hoy tenemos mucho menos chicos que están fuera de la escuela”, manifestó y apuntó que está próximo a publicarse el registro de matrículas.
Entre otras de las preguntas que realizó, Ferraro también reclamó: “¿Por qué se está destinando solamente al Instituto Provincial Universitario de Formosa la suma de 460 millones? El gobernador (Gildo) Insfrán perdió el control sobre la Universidad Nacional de Formosa y la viene bastardeando desde más de un año, y ahora ha creado la universidad provincial de Formosa con este instituto, entonces nos gustaría que nos aclare si el Ministerio no ha transferido otro tipo de recursos al instituto o a esta universidad provincial y cuáles son los motivos para eso”.
En el mismo sentido, el formoseño Ricardo Buryaile (UCR) aclaró que “este instituto no tiene reconocimiento nacional” y, por lo tanto, “no puede estar incluido dentro del presupuesto de las universidades nacionales”. Está mal incluido”. Además, consideró que “da pie a que cada uno en sus provincias comience a destruir universidades nacionales” y de esta manera “se la desfinancia” a la Universidad Nacional de Formosa, dijo. Por eso, el radical le exigió un compromiso de que “no se va a intervenir por DNU, porque tengo la impresión que eso es lo que se está buscando”.
“Nosotros no intervenimos universidades”, contestó Perczyk y señaló que los recursos que se le transfieren a ese instituto se realizan “a través de la Universidad”.
“Estamos transfiriendo a las universidades un presupuesto, perdón que lo diga, que este Congreso no votó y el Ejecutivo asumió una planilla que no votó el Congreso. Eso implicó un esfuerzo presupuestario muy importante”, aprovechó para reprochar.
El ministro del área, quien se presenta por primera vez en una comisión del Congreso, participa del debate del Presupuesto 2023 en lo referido a los recursos destinados a la cartera que comanda.
Pasadas las 11 de este martes, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados reanudó el debate del proyecto de ley de Presupuesto 2023 y, en ese marco, expone el ministro de Educación, Jaime Perczyk.
Esta es la primera vez que el funcionario se presenta ante una comisión del Congreso. El año pasado, sin éxito, la oposición había pedido escucharlo en la discusión por el Presupuesto 2022, que tuvo un trámite exprés.
A diferencia de lo ocurrido en diciembre último, este año desfilarán varios representantes del Poder Ejecutivo. Tras la presentación de Perczyk, la jornada continuará con la participación de los ministros Daniel Filmus (Ciencia, Tecnología e Innovación) y Juan Cabandié (Ambiente).
Además, estarán los secretarios Flavia Royón (Energía), José Ignacio de Mendiguren (Producción) y Juan José Bahillo (Agricultura), como así también los titulares de CAMMESA y ENARSA, Sebastián Bonetto y Agustín Gerez, respectivamente.
De acuerdo al mensaje enviado por el Ministerio de Economía en el proyecto del Presupuesto 2023, el próximo año se dará continuidad a las becas Progresar con una inversión prevista de $138.240 millones.
También se proyecta conectar cerca de 51.400 escuelas y distribuir cerca de un millón de unidades de equipamiento tecnológico, con una inversión en Conectar Igualdad que supera los $121.000 millones; y se estima que se alcanzarán cerca de 68.900 metros cuadrados construidos de jardines, destinando un monto de casi $37.500 millones en este concepto.
Tal cual lo acordado entre los presidentes de bloques y la titular del Cuerpo, martes y jueves habrá un desfile de funcionarios por la comisión que preside Carlos Heller.
La Sala 2 del Anexo C será epicentro este martes y miércoles de sendas reuniones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, por donde pasarán numerosos funcionarios nacionales que darán cuenta de todo lo referido a sus áreas respecto del Presupuesto 2023.
Así se acordó los últimos días entre la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, y los jefes de bancadas. Esto es, un cronograma que concluiría el 26 de octubre con el debate del proyecto en el recinto.
Para este martes, desde las 11, se espera la presencia de los ministros Jaime Perzcyk (Educación) y Daniel Filmus (Ciencia, Tecnología e Innovación).
La actividad continuará con la exposición del ministro de Ambiente, Juan Cabandié; de los secretarios de Economía, Flavia Royón (Energía), José Ignacio de Mendiguren (Producción) y Juan José Bahillo (Agricultura), como así también los titulares de CAMMESA y ENARSA, Sebastián Bonetto y Agustín Gerez, respectivamente.
Este miércoles la misma hora será el turno de los ministros de Defensa, Jorge Taiana, y de Trabajo, Claudio Moroni; más los titulares de Aduana, Guillermo Michel y la AFIP, Carlos Castagneto, entre otros.
La semana siguiente se presentarán los últimos invitados y se dará lugar al debate entre los diputados integrantes de la comisión. Se espera lograr dictamen para entonces y llevar el proyecto de Presupuesto 2023 al recinto posiblemente el 26 de octubre.
La titular del Cuerpo, Cecilia Moreau, estableció un cronograma con los jefes de bancadas, que incluye la visita de numerosos funcionarios y pone fecha probable al debate en el recinto.
La presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, logró el consenso con los jefes de los bloques y las autoridades de la Comisión de Presupuesto para definir cómo continuará el cronograma de tratamiento del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2023.
Para este martes, desde las 11 en la Sala 2 del Anexo C, se espera la presencia de los ministros Jaime Perzcyk (Educación) y Daniel Filmus (Ciencia, Tecnología e Innovación).
La actividad continuará con la exposición del ministro de Ambiente, Juan Cabandié; de los secretarios de Economía, Flavia Royón (Energía), José Ignacio de Mendiguren (Producción) y Juan José Bahillo (Agricultura), como así también los titulares de CAMMESA y ENARSA, Sebastián Bonetto y Agustín Gerez, respectivamente.
El miércoles la misma hora será el turno de los ministros de Defensa, Jorge Taiana, y de Trabajo, Claudio Moroni, y de los titulares de Aduana, Guillermo Michel y la AFIP, Carlos Castagneto, entre otros.
La semana siguiente se presentarán los últimos invitados y se dará lugar al debate entre los diputados integrantes de la comisión. Se espera lograr dictamen para entonces y llevar el proyecto de Presupuesto 2023 al recinto posiblemente el 26 del mismo mes.
Durante el encuentro, la titular de Diputados y el embajador coincidieron en la importancia de prolongar acciones conjuntas en sectores claves.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, recibió este jueves en el Salón de Honor de la Cámara baja al embajador de India en la Argentina, Dinesh Bhatia, para avanzar en la hoja de ruta bilateral de cooperación política, económica y parlamentaria entre ambas naciones. La visita se enmarca en una nutrida agenda económica y comercial vinculante, impulsada en reuniones previas con sede en nuestro país a lo largo de este año.
Durante el encuentro, la titular de Diputados y el embajador coincidieron en la importancia de prolongar acciones conjuntas en sectores claves para el desarrollo, la producción y la innovación de ambos países. En ese sentido, hubo consenso al momento de ponderar, como ejes centrales del plan de acción bilateral vigente, los sectores de ciencia y tecnología, minería, agroindustria, energía, investigación antártica, minería, tecnología aeroespacial, servicios basados en el conocimiento y bienes culturales, entre otros.
En particular, tanto Moreau como Bhatia celebraron la inclusión de un objetivo específico en la hoja de ruta conjunta, que propone un intercambio regular entre delegaciones parlamentarias argentinas e hindúes, reafirmando los alcances de la cooperación legislativa en el fortalecimiento de ambos sistemas democráticos.
Con el propósito de convenir el inicio y los objetivos del intercambio, el embajador informó a la presidenta de Diputados que estima una visita de integrantes de la Lok Sabha (Cámara baja de la India) a la Argentina durante los próximos meses. A su turno, Moreau destacó la trascendencia de su visita, en cuanto personifica el valor de la Diplomacia Parlamentaria como herramienta para dinamizar el trabajo bilateral y fortalecer los lazos de amistad que unen a ambos pueblos.
Finalmente, en materia de agenda multilateral, hubo sintonía diplomática a partir del apoyo de India para que la Argentina integre los BRICS, de la colaboración hindú con la Causa Malvinas, y de la conveniencia en la defensa compartida de intereses del sur global y de las economías emergentes, tanto en el G20 -que en 2023 será presidido por India- como en otros foros internacionales.
El vínculo bilateral entre Argentina e India se establece en 1949, nexo que sería elevado al rango de Asociación Estratégica en 2019, con base en la vinculación económica y comercial, sostenida por mecanismos regulares de diálogo político. La cooperación con India representa una oportunidad de crecimiento exponencial para nuestro país, a razón de que el gigante asiático representa una de las principales economías del mundo. La India llegaría a 1.500 millones de personas en 2030, siendo la nación más habitada del planeta, donde ya prospera una clase media en ascenso (500 millones de personas proyectadas para 2025) que demanda progresivamente productos de alta calidad, consecuencia de un crecimiento promedio del PIB del 7% en el último lustro.
La presidenta Moreau estuvo acompañada por los diputados María Cristina Britez (FdT), Alejandro Rodríguez (Identidad Bonaerense), Daniel Gollán (FdT), Lucas Godoy (FdT), Marcelo Casaretto (FdT), Aldo Leiva (FdT) e Itai Hagman (FdT), junto a la participación del director general de Diplomacia Parlamentaria de la HCDN, Ariel Sotelo.
La reunión prevista en la Cámara de Diputados fue postergada tras un acuerdo entre diputados de todos los sectores.
El plenario de las comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Ganadería y Presupuesto y Hacienda previsto para este jueves a las 10 fue suspendido. La noticia se conoció este miércoles por la noche, al difundirse un acuerdo alcanzado entre los jefes de los principales bloques.
Según pudo saberse, la resolución fue adoptada con la intención de escuchar a los gobiernos provinciales antes de avanzar con el dictamen correspondiente.
La decisión fue suscripta por los presidentes de bloques Germán Martínez (Frente de Todos), Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro), Juan Manuel López (Coalición Cívica), Rodrigo De Loredo (Evolución Radical), Luis Di Giacomo (Provincias Unidas) y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal).
Estos legisladores firmaron una nota enviada a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, a través de la cual le piden arbitrar los medios necesarios para fijar una nueva fecha de realización del plenario de comisiones previsto para este jueves, en función del tratamiento de los proyectos de presupuestos mínimos para la preservación de humedales. Esto es “con el objeto de escuchar las posiciones de los gobiernos provinciales”, según expresa la nota remitida.
Cabe recordar que originalmente la intención de quienes convocaron al plenario de la semana pasada era dictaminar ese mismo día, lo que encontró la oposición de los diputados de la Comisión de Agricultura y Ganadería, encabezados por su titular, el radical Ricardo Buryaile, quienes reclamaron la convocatoria de especialistas para exponer sobre el tema.
La respuesta en esa ocasión fue que ya habían escuchado a invitados durante dos años, en oportunidad del tratamiento del tema en Recursos Naturales, instancia que terminó con el dictamen de esa comisión que finalmente perdió estado parlamentario.
Con todo, aceptaron postergar el dictamen hasta este jueves. En la previa, la Comisión de Agricultura convocó a una veintena de expositores para el martes pasado y allí se escucharon testimonios en general críticos respecto del proyecto que se encaminaba hacia el dictamen.
Según pudo saberse, las voces críticas respecto del dictamen que se disponían a suscribir este jueves eran transversales y crecientes, incluido los gobernadores oficialistas, razón por la cual se tomó esta determinación.
La iniciativa impulsada por el diputado Daniel Gollan obedece a lo que definió como “un problema serio”, ya que a partir de la cuarta guardia el personal prefiere no prestar más ese servicio, pues de lo contrario comienzan a pagar ganancias. Polémica por el monotributo.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda inició su jornada de mucha actividad y protagonismo poco después de las 10.30, con una reunión para tratar cuatro expedientes, que se inició con la reincorporación del diputado Marcelo Casaretto (FdT-Entre Ríos) como secretario de la misma.
En primer lugar se abordó un proyecto que modifica el artículo 20 bis del impuesto a las Ganancias (Ley 20.628), modificación del artículo 20 bis, referido a las exenciones a trabajadores de la Salud por los ingresos que excedan las cuatro guardias mensuales en servicios de emergencia.
La iniciativa fue defendida por su autor, el oficialista Daniel Gollan, quien agradeció en primer lugar la rapidez con la que fue abordado ese proyecto que “intenta resolver un problema serio”. Planteó en ese sentido que “en la Argentina tenemos 4.600 centros de salud, que tienen internación” y advirtió que las guardias “no se están cubriendo, y es un problema sanitario de salud pública serio, que afecta a todos los sectores. Sobre todo las instituciones pequeñas y medianas. Todas las obras sociales son afectadas”.
Al respecto precisó que profesionales y técnicos, al cubrir más de cuatro guardias comienzan a pagar impuesto a las Ganancias, o bien cambian de categoría. “Entonces no las quieren hacer y no se pueden cubrir las guardias”, explicó. Recordó que esta situación se subsanó durante la pandemia, cuando se eximió de pagar impuestos a ese personal.
Ahora, “hay ausentismo; los directores de los hospitales se quedan sin cubrir las guardias, nadie quiere reemplazar; aparecen prácticas de pagar en negro, algo que tampoco es nada sano, pero a veces no queda otra alternativa”.
Gollan aclaró también que el proyecto “prácticamente no tiene ningún impacto, porque hoy no se están haciendo esas guardias”. Y concluyó: “Este proyecto es un pedido y una demanda que hemos recibido en todo el país”.
El diputado de Evolución Radical Martín Tetaz celebró que el diputado Gollán hubiera descubierto “cómo funcionan los impuestos, que desalientan la actividad profesional. Ese efecto que está denunciando particularmente para el caso de los médicos se verifica en todas las actividades, las fábricas donde los trabajadores no quieren hacer horas extras porque empiezan a pagar ganancias; algunos docentes que no quieren tomar una hora adicional… En todas las actividades económicas se verifica esa misma situación: el impuesto desalienta la actividad”.
Tetaz agregó lo que definió como “un problema adicional”, el del monotributo. Y precisó que “muchos de los médicos que están haciendo guardia, son monotributistas: no quieren hacer guardia porque al facturar un poco más se pasan del mínimo y automáticamente se van a Ganancias. Razón por la cual nosotros presentamos un proyecto hace varios meses para modificar el monotributo”.
En ese sentido, el diputado Tetaz expresó su sospecha respecto de que “son más los monotributistas que hacen guardias que los que pagan Ganancias”. Y en ese marco le expresó su reproche al presidente de la comisión, Carlos Heller, por no haber querido tratar el proyecto de JxC sobre monotributo.
Propuso entonces en lugar de hacer un dictamen en ese momento, traer también “el proyecto nuestro del monotributo y hagamos algo más general”.
El tema se llevó buena parte de la discusión, en cuyo marco Gollan defendió primero su propuesta original diciendo que alcanzaba un tema de “salud pública que afecta a todos”. Y ejemplificó: “En una fábrica puede conseguir un reemplazo si no se hacen horas extras, pero acá es muy limitado, y cuando no hay (personal), no hay. Por otro lado también lo hemos conversado con los gremios que tienen obras sociales: no puede ser que después todos salgan a pedir lo mismo”, dijo, y aclaró que el tema estaba saldado.
El presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, aclaró que estaba “fuera de discusión la pertinencia y justicia del proyecto que se plantea. Ha quedado claro, incluso aun desde una mirada distinta como es la del diputado Tetaz, que no ponía en discusión”. Y agregó que “estamos trabajando acotadamente sobre trabajadores vinculados a la salud, no sobre otras actividades, pero me parece que tenemos que ser un poco prácticos: si tenemos un proyecto que aborda un tema específico, avanzar y que no nos impida discutir otros temas en particular”.
Más adelante intervino la diputada del Pro Germana Figueroa Casas advirtió un cambio en la redacción original del artículo 27, que disparó una gran polémica. Es que originalmente se hablaba de “zonas desfavorables” y luego se agregaba “para todo el país” a partir de la quinta guardia. “Las primeras cuatro guardias quedarán exentas, yo pensé que eran para todos los casos”, advirtió la diputada santafesina, ante lo cual Heller planteó que si era un tema de redacción se ajustaría en el camino al recinto.
Lo cual no fue aceptado y finalmente varios legisladores se apartaron para darle precisión a la redacción, antes de pasar a la firma el dictamen.
Mientras tanto, Martín Tetaz siguió insistiendo en la necesidad de incluir la cuestión de los monotributistas, y ante el rechazo oficial, advirtió que analizaría la posibilidad de presentar un dictamen de minoría.
Luego se avanzó con los proyectos de ley por los cuales se transfiere a título gratuito diversos inmuebles propiedad del Estado nacional a la municipalidad de Río Turbio, provincia de Santa Cruz.
A continuación, también se pasó a la firma el proyecto que declara Monumento Histórico nacional, a la reserva natural El Destino de la provincia de Buenos Aires.
Y por último también pasó a la firma el proyecto venido en remisión por el cual se acepta la cesión de jurisdicción de diversos inmuebles efectuada por la provincia de Tucumán al Estado nacional, para integrar el Parque nacional Aconquija.
Blanca Osuna encabezó una reunión que recibió la visita de autoridades del Ministerio de Educación, de la academia y estudiantes, quienes expusieron conocimientos y propuestas sobre políticas públicas integrales vinculadas a becas, conectividad y evaluación educativa.
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados recibió este martes a invitados especializados en políticas referidas a becas, conectividad y evaluación educativa.
Al comienzo del encuentro, la diputada Blanca Osuna (FDT), titular de la comisión, resaltó la posibilidad de “escuchar voces que provienen de la academia, del estudio sobre problemas y hechos de la educación y políticas educativas”.
“El objetivo es terminar este encuentro con ideas, planteos, conceptos que giran en torno a tres ejes que la Cámara de Diputados y, en esta comisión, han tomado forma de proyectos”, dijo.
El diputado Alejandro Finocchiaro (Pro) manifestó que “desde nuestro espacio de Juntos por el Cambio consideramos que son tres temas esenciales que hacen a la mejora de nuestra calidad educativa, que hacen que nuestros chicos y chicas tengan mejores oportunidades frente a la vida”.
En tanto, el diputado Daniel Arroyo (FdT) coincidió en que “así como hay distintas miradas sobre varios planos, sí hay un consenso del conjunto de diputados y diputadas de que tenemos que generar acuerdos fuertes, profundos y trascendentes en el sistema educativo, más allá de los espacios políticos y más allá de cada pertenencia”.
Como primera expositora, Adriana Puigróss (asesora de Presidencia de la Nación; docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y de la UNIPE; asesora de CTERA; y diputada nacional entre 1997 y 2001, y 2007 y 2015) expuso: “Toda sociedad tiene que tener una base de consenso. Hay ciertos temas sobre los cuales no cabe discusión. La definición misma de sociedad implica tener consensos básicos sobre algunos temas. Consensos que no estén sujetos a cambios en los signos políticos de los gobiernos”.
“De ninguna manera la idea de que los jóvenes han perdido en norte, el lenguaje, puede inhibirnos o puede inhibir al Estado argentino a hacerse cargo de la educación y de su responsabilidad respecto al conjunto de los niños, de los jóvenes y de los adultos”, explicó Puigróss.
Posteriormente, Carolina Ruggero (socióloga experta en políticas públicas; Directora Ejecutiva de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad del Min. de Educación de la Ciudad de Buenos Aires) se refirió a la temática de la evaluación. “Estamos acostumbrados a una discusión sobre las evaluaciones estandarizadas, pero también tomamos evaluaciones formativas que se diseñan de otra manera y en las que interviene mucho más los docentes”, expresó.
“Cada una de esas evaluaciones sirven para sacar distintos tipos de conclusiones y colaboran con distintos estamentos del sistema. Nunca una evaluación sirve si después no vemos qué pasa con los resultados; acá requerimos el mayor esfuerzo para tratar de ver que pensó ese niño cuando respondió de tal manera ese ítem; esa es la riqueza más compleja y es la evaluación de la que menos se habla socialmente y es en lo que más trabajamos la mayoría de las oficinas educativas de este país”, dijo.
Del mismo modo, Ruggero invitó a “pensar en la evaluación de la educación en todas sus dimensiones: en la evaluación estandarizada que ayuda a los sistemas a mejorar; en las evaluaciones formativas que acompañan a los docentes y a las escuelas, y que ayudan a esos docentes a desafiar a los chicos para dar un poquito más; y en las evaluaciones políticas para saber que van para donde nosotros queríamos que vayan”.
Graciela Morgade (vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA; doctora en Educación; master en Ciencias Sociales; se desempeñó como subsecretaria de Participación y Democratización en el Ministerio de Educación) analizó la situación de las becas y del Progresar.
“Espero que los legisladores puedan recuperar, sostener y mantener la idea de la beca como derecho, como reconocimiento al derecho a estudiar. No una beca como premio a quien estudia. Estos son matices de cómo se considera una beca. Y el derecho a la educación como el derecho ampliado; hoy tenemos muchos consensos respecto de esto ya que no es solo el acceso a la educación sino también el derecho a permanecer, el derecho a egresar y a la calidad”, explicó.
Morgade consideró que la beca Progresar es “una política educativa y también de juventud, que tiene que ver con un mensaje que el Estado le da a quienes estudian, porque importa que estudien y que permanezcan”.
“El Progresar no es solo una política económica de apoyo económico; es el sistema educativo haciéndose cargo de sus jóvenes”, resumió.
Sobre conectividad, Rocío Fontana (Directora General de Educación Digital del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires) explicó que “en la necesidad que la escuela esté conectada y no desconectada de la cultura digital, las propuestas y soluciones implican mucho más que los accesos; implican hoy pensar cómo navegamos, el tiempo que pasamos en internet, con quiénes nos relacionamos, qué compartimos, a qué información accedemos”.
“Escuchamos voces que provienen de la universidad, de las escuelas y de responsables políticos. De ellas nos quedan ideas, planteos y conceptos en torno a ejes que en esta Comisión han tomado forma de proyectos. La inclusión digital, las trayectorias educativas, la inversión estatal, la permanencia y egreso de los y las estudiantes, motivan la formulación de numerosas iniciativas,” explicó Osuna luego del encuentro.
“El derecho a la educación nos exige una mirada profunda y propuestas integrales sobre estos desafíos actuales. Por eso respaldar por ley el Programa de Becas Progresar significa apostar a la permanencia de políticas para todos los niveles del sistema educativo, con el necesario compromiso del Estado para consolidar el derecho de estudiantes y apostar además a la inclusión social de jóvenes y adultos”, argumentó la diputada entrerriana.
También expusieron Mariano Palamidessi, rector de UNICABA, doctor en Educación, licenciado en Ciencias de la Educación; Candela Coletti, estudiante del Normal N°1 de La Plata y representante de la Red Nacional de Centros de Estudiantes (RENACE); Adriel Ezequías Segura, estudiante de la Escuela Técnica n°34 de la Ciudad de Buenos Aires; Violeta Schnek, estudiante de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, entre otros.
Se reanuda este miércoles el debate de la prórroga de la norma, en el marco de un plenario de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales.
Las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda se reunirán este miércoles a partir del mediodía para emitir dictamen favorable del proyecto que amplía el alcance de la ley de integración socio urbana de barrios populares, prorrogando la suspensión de los desalojos por diez años.
Según confiaron fuentes legislativas, la idea de emitir dictamen en esta reunión que se realizará antes del inicio del debate del Presupuesto 2023 incluye el objetivo de incluir el proyecto en una sesión que se realizaría la semana próxima, primera del mes de octubre.
La reforma en cuestión corresponde a la Ley 27.453, a partir de una iniciativa del Gobierno nacional, y además se propone ampliar la cantidad de barrios incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), se apunta a agilizar los procedimientos administrativos para urbanizarlos más rápido, mejorarles el acceso a los servicios públicos, y prorrogar la suspensión de desalojos.
A la fecha, y en base a los datos recopilados por el ReNaBaP, hay 656 proyectos de integración socio urbana en marcha en todo el país, que benefician a unas 400 mil familias, y generan 120 mil puestos de trabajo. Muchas de esas obras se financian con un porcentaje de lo recaudado por el Estado en concepto de aporte extraordinario a las grandes fortunas, y por el impuesto PAIS (que se aplica a las compras de dólares en el mercado formal).
Se calcula que cerca de 1,2 millón de familias vive en barrios populares en Argentina, lo que representa unos cinco millones de personas, más del 10% de la población total del país. Los asentamientos ocupan una superficie total de 590 km2, 3,3 veces el tamaño de la ciudad de Rosario.
La semana pasada, la reunión presidida por el presidente de Asuntos Constitucionales, Hernán Pérez Araujo, contó con la presencia de la subsecretaria de Gestión de Tierras y Servicios Barriales, de la Secretaría de Integración Socio-urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Fernanda García Montiselli, y de representantes de la Mesa de Barrios Populares.
En esa oportunidad, Montiselli recordó que, hasta el año 2016 – 2017, cuando se llevó a cabo el primer Registro Nacional de Barrios Populares, en la Argentina no había ningún tipo de datos oficiales: “Con la cantidad de datos que abundan en los distintos organismos y Estados, no se contaban con estos datos. En ese momento, con un relevamiento histórico, se relevaron y rastrillaron las localidades de más de 10 mil localidades y se detectaron que al 2016 había más de 4.416 barrios”, indicó.
Al respecto, señaló que una de las cuestiones más preocupantes, era que estos barrios constituían “la primer capa de la informalidad” en el hábitat en la Argentina, “la mayoría no accedía a los servicios básicos en el siglo XXI. El 68% no accedía a energía eléctrica formal, el 89% no accedía a una red de agua corriente, el 98% no accedía a una red de cloaca y casi nadie contaba con una red de gas natural”, explicó
“Estos datos permitieron pensar y trabajar en esta cámara la Ley 27.453 que llegó en el marco de una jornada histórica. La ley se aprobó con unanimidad en ambas Cámaras, y se constituye en un hecho trascendental en materia normativa en el marco de los procesos de integración socio urbana”, señaló la funcionaria.
Al día de hoy, la funcionaria señaló que hay inversión en las 23 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, y que se está trabajando con inversión económica en 415 municipios y en 4.214 barrios populares, el 95% del universo. “Esta inversión está beneficiando a 670 mil personas, la Secretaria tiene activas o finalizadas más de 760 proyectos de integración socio urbana para la provisión principalmente de infraestructura básica”, expresó.
Sergio Massa vuelve a la Cámara que presidió hasta hace casi dos meses, ahora en su nuevo y decisivo rol. Está acompañado por funcionarios de Economía.
A diferencia de lo que sucedió el año pasado con Martín Guzmán, cuando el proyecto de presupuesto comenzó a debatirse tres meses después de ingresado a Mesa de Entrada de la Cámara baja, el ministro de Economía Sergio Massa se presentará este miércoles ante sus excolegas para defender el texto presentado hace casi dos semanas.
Desde las 14.35 el ministro explica, desde el Salón de Pasos Perdidos, los principales puntos del Presupuesto 2023, donde están presentes los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el oficialista Carlos Heller, como así también jefes de bloques y todos aquellos diputados que quieran informarse de primera mano sobre la ley de leyes cuyo debate hegemonizará toda la atención hasta su llegada al recinto.
El expresidente de la Cámara de Diputados estará flanqueado por su sucesora al frente el Cuerpo, Cecilia Moreau, y Heller, con la presencia también del titular del bloque oficialista, Germán Martínez, quien deberá procurar en adelante encontrar los consensos necesarios para evitar que ese texto corra la misma suerte que el año pasado.
Según pudo saber parlamentario.com, Sergio Massa explicará el proyecto hasta las 15.30, y en ese marco está previsto que tras su exposición inicial conteste las preguntas que le formulen los diputados. Concurrirá acompañado por secretarios del Ministerio de Economía, que a continuación se desplazarán hasta la Sala 2 del Anexo C para exponer y responder preguntas ante los diputados.
Se prevé que acompañen al ministro los secretarios Raúl Rigo (Hacienda), Eduardo Setti (Finanzas), José Ignacio de Mendiguren (Producción), Juan José Bahillo (Agricultura) y Flavia Royón (Energía).
El tratamiento del Presupuesto continuará al día siguiente, con la participación de aquellos secretarios que no alcancen a exponer este miércoles. Luego será el turno del titular de la AFIP, Carlos Castagneto; la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, y el director general de Aduana Guillermo Michel.
Posiblemente también lo haga el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, cuya presencia también fue requerida desde la oposición. Las fuentes consultadas precisaron que si Pesce no expone este jueves, lo hará la semana siguiente, aunque admitieron esa participación “no está ciento por ciento confirmada”.
Para la semana venidera, los días 4 y 5 continuará el desfile de funcionarios por la Comisión de Presupuesto, con la asistencia de los ministros Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Alexis Guerrera (Transporte) y Claudio Moroni (Trabajo). A ellos se sumarían probablemente los ministros Carla Vizzotti (Salud) y Jaime Perzcyk (Educación).
A partir de la semana venidera comenzará el debate entre los diputados hasta llegar al recinto, probablemente entre el 26 y 27 de octubre.
Así fue acordado entre las autoridades de la Cámara y de Presupuesto y Hacienda, con los jefes de bloques. El encuentro arrancará a las 14.
Presentado en tiempo y forma el 15 de septiembre pasado, precisamente el día en el que la Cámara de Diputados celebró su última sesión, arranca esta semana el tratamiento del proyecto de ley de Presupuesto 2023. Y como es uso y costumbre, será con la visita del ministro de Economía, Sergio Massa, quien volverá de esta manera al Palacio Legislativo luego de haber renunciado a la presidencia de la Cámara baja el 2 de agosto.
Será a partir de las 14, y en la ocasión el expresidente de la Cámara baja hará una exposición sobre el proyecto elaborado por el Palacio de Hacienda, para luego proceder los diputados a formular preguntas.
Según lo acordado el pasado 20 de septiembre en la reunión celebrada en las oficinas de Presidencia de la Cámara, luego de la asistencia de Massa se dará lugar a una serie de reuniones de la Comisión de Presupuesto con la presencia de invitados, a saber: Raúl Rigo (Hacienda), Eduardo Setti (Finanzas), José Ignacio de Mendiguren (Producción), Juan José Bahillo (Agricultura) y Flavia Royón (Energía), que se realizarán entre el martes 4 y miércoles 5 de octubre.
También, se esperan las exposiciones de los titulares de AFIP, Carlos Castagneto; de ADUANA, Guillermo Michel; y de ANSeS, Fernanda Raverta, y luego, la participación de los ministros Claudio Moroni (Trabajo), Alexis Guerrera (Transporte) y Gabriel Katopodis (Obras Públicas), entre otros.
Una vez concluidas las exposiciones de los funcionarios, comenzará el debate en comisión entre los legisladores que integran la Comisión de Presupuesto y Hacienda. A priori, estiman emitir dictamen el 24 de octubre para llevarlo al recinto y sesionar el 26 de octubre. Según confiaron fuentes legislativas a parlamentario.com, el Presupuesto 2023 “estará sancionado para antes del inicio del Mundial de Qatar”, previsto para fines de noviembre.
Reuniones previas de la comisión
Los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que encabeza Carlos Heller (FdT-CABA) tendrán un miércoles intenso, que se iniciará a partir de las 10.30, cuando se reúnan para tratar una serie de proyectos que incluyen transferencias de inmuebles en las provincias de Santa Cruz y Tucumán; la declaración de Monumento Histórico nacional a la reserva natural El Destino, y una modificación al impuesto a las Ganancias que beneficiará a trabajadores de la Salud.
A partir de las 12 se realizará también una reunión conjunta con las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, con el fin de tratar el Régimen de regularización dominial para la integración socio urbana. Según adelantaron a parlamentario.com fuentes legislativas, la idea es avanzar con el dictamen.
Tras esa reunión está previsto, a partir de las 14, el inicio de la reunión que contará con la visita de Sergio Massa.
Agricultura convocó por su cuenta a una reunión informativa para este martes, mientras que el jueves se reanudará el plenario con la intención de la mayoría de dejar listo el proyecto para llegar al recinto.
En el marco del emplazamiento registrado en el recinto de la Cámara baja en la primera parte de la última sesión, esta semana continuará el debate de los proyectos referidos a la protección de humedales, con la intención decidida de alcanzar un dictamen que pueda tratarse en el recinto.
La cuestión generó rispideces expuestas durante el plenario de las comisiones de Recursos Naturales, de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda del jueves pasado. Fue cuando desde la comisión cabecera -aquella donde el año pasado se había alcanzado un trabajoso dictamen consensuado que no pudo llegar al recinto, ni alcanzó a pasar tampoco por las otras comisiones a las que había sido girado el proyecto- se sugirió la intención de alcanzar un rápido dictamen, ante lo cual el titular de Agricultura, Ricardo Buryaile, aclaró que no estaban dispuestos a un tratamiento exprés, cuando era la primera vez que tomaban contacto con los proyectos puestos a consideración.
Además, pidieron que se habilitara una ronda de invitados, cosa a la que quienes auspician un rápido tratamiento del tema no se mostraron dispuestos a acceder. Finalmente la Comisión de Agricultura y Ganadería terminó convocando a una reunión para este martes a partir de las 15, a la que han llamado por su cuenta a una veintena de invitados, cuya lista tentativa se conoció este lunes por la tarde.
Ricardo Buryaile expresó el jueves pasado que “tenemos una responsabilidad como diputados de estudiar lo que vamos a tratar”; y al coincidir con que se trata de “una ley trascendente”, consideró “una irresponsabilidad legislativa tratar a tontas y a locas, a libro cerrado”. Lo cual se contrapone con quienes objetan ese tratamiento veloz. En Juntos por el Cambio subsisten los mayores reparos hacia el dictamen suscripto el año pasado, que es el que buscan cerrar ahora.
En rigor de verdad, integrantes de la Comisión de Recursos Naturales estaban dispuestos a ir por el dictamen la semana pasada, convencidos de que tenían el número para lograrlo. Finalmente accedieron a dilatar el tratamiento, aunque intentarían alcanzar un dictamen este jueves.
Cabe consignar que tres de los diez proyectos que han sido puestos a consideración corresponden a miembros de Juntos por el Cambio: uno es de Ximena García (UCR-Santa Fe) y Maximiliano Ferraro (CC-CABA); otro de Gabriela Lena (UCR-Entre Ríos) y el tercero es de Jorge Vara (UCR-Corrientes). Ese último tiene a Buryaile como cofirmante y es el que mayor respaldo encuentra entre los sectores del campo. En ese espacio ubican al proyecto de Ximena García en un sector “intermedio” entre el proyecto respaldado por las organizaciones sociales y el de Vara.
El oficialismo y los bloques intermedios, más la izquierda, respaldan el proyecto que tuvo dictamen el año pasado y que cuenta con la anuencia de las organizaciones sociales. La izquierda, por ejemplo, ha expresado que “no se debe alterar nada” del dictamen del año pasado que terminó perdiendo estado parlamentario.
Como sea, el día D será entonces este jueves a partir de las 10, cuando se reanude el cuarto intermedio. Allí habrá que ver si se cumple el compromiso de avanzar ya con el dictamen, o bien se contempla la observación del titular de Agricultura y Ganadería, que el jueves pasado había advertido que “las leyes se trabajan, no se despachan”.
● Ingeniero en Producción agropecuaria Pablo Mercuri INTA.
● Fabiana Navarro. Licenciada en ciencias biológicas y Doctorado en Ciencias Naturales – INTA
● Mujica Gerardo. Ingeniero agrónomo INTA
● Lic. María Inés Zigarán, ministra de medio ambiente de Jujuy.
● Magister en ecología acuática NEIFF, Juan José Investigador del CONICET Grupos de investigación: Ecohidrología, Humedales, Manejo Ambiental, Ecofisiología vegetal.
● Ingeniero Agronomo Jorge Adámoli. Posgrado en Ecología Univ. Montpellier, Francia.
Numerosas publicaciones sobre humedales del Chaco Argentino y Paraguayo y del Pantanal de Mato Grosso. Profesor de Ecología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UBA. Investigador CONICET e INTA.
● Dr. Santiago Alonso – CEADS (Consejo empresario argentino para el desarrollo sostenible)
-Especialista en derecho ambiental. Egresado del curso superior en políticas e instrumentos de gestión ambiental de la Universidad CEU San Pablo. Expositor en simposios internacionales en Colombia, Chile y España.
● Claudio Terrés -Presidente del departamento de medio ambiente y desarrollo sustentable de la UIA.-
● Luciano Berenstein CAEM (Cámara Argentina de empresarios Mineros),
● Claudia Peirano de AFOA (Asociación forestal argentina).
● Carlos Urionaguena de AFOA (Asociación forestal argentina).
● Ing. Agrónomo Andrés Costamagna, especialista en sustentabilidad por la Mesa de Enlace.
● Silvina Campos Carles Asesora Económica CONINAGRO por la Mesa de enlace.
● Octavio Perez Pardo. FADIA. Federación Argentina de Ingenieros Agrónomos.
● Noel Breard – Senador provincial de la provincia de Corrientes.
● Marcial Bugnon Ingeniero Agrónomo, Magister en Desarrollo Local. Productor del distrito
La Brava (Dpto. San Javier, Santa Fe) y miembro de la Alianza del Pastizal. Subsecretario de Planificación y Gestión de la Municipalidad de San Javier.
● – *Comparten tiempo* *Domingo Maicocco* ( Intendente de Victoria, Entre Ríos) y Elías Eduardo Ruda. Abogado de Entre Ríos. Representa a la municipalidad en el Comité de
Emergencia Ambiental creado por la Corte. Asesor letrado de la municipalidad de Victoria.
● Manuel Chiappe por Barbechando, Ingeniero Ambiental de la Universidad Católica Argentina, con posgrado en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Corporativa (EOI – Madrid).
● José Luis Peter miembro de la comunidad Islera de Villa Paranacito.
Gerardo Milman reclamó que el ministro de Seguridad concurra a la Cámara baja. “Discutamos los temas que le interesan a la gente y deje de inventar evasivas a sus responsabilidades”, le expresó.
El diputado nacional Gerardo Milman volvió a exigir la presencia del ministro de Seguridad Aníbal Fernández en la Cámara de Diputados.
“Estamos cansados de invitarlo. Por enésima vez, venga a la Comisión de Seguridad para tener una discusión con altura”, planteó Milman ante las recientes declaraciones del ministro. “No convierta a la seguridad en una charla de café”, agregó.
Aníbal Fernández ya había sido citado para explicar el fallido accionar de la Policía Federal en el intento de atentado a la vicepresidenta. Sin embargo, tampoco se presentó.
Milman también exigió su inmediata presencia en el Congreso luego de las amenazas vertidas contra los fiscales de la causa “Vialidad”. “No se pueden volver a hacer los distraídos como hicieron con Nisman”, afirmó en esa ocasión.
“En junio se le pidieron explicaciones por la presencia del vuelo venezolano-iraní y tampoco apareció”, añadió el diputado. “Discutamos los temas que le interesan a la gente y deje de inventar evasivas a sus responsabilidades”, enfatizó.
El proyecto lleva las firmas de Germán Martínez, José Luis Gioja y Paula Penacca en el que expresan “un profundo rechazo por las manifestaciones del diputado nacional quien pidió cárcel o bala para los trabajadores del neumático”.
El bloque de diputados del Frente de Todos presentó este viernes un proyecto de resolución para expresar el “profundo rechazo” a los dichos vertidos por el diputado liberal José Luis Espert en su cuenta de Twitter al pedir “cárcel o bala” para los trabajadores del neumático que tomaron el Ministerio de Trabajado como medida de fuerza ante sus reclamos. Además, solicitan “en los términos del Art 66 de la CN, la remoción por inhabilidad moral de Espert como diputado nacional”.
En el texto presentado, que lleva las firmas de la secretaria Parlamentaria del bloque, Paula Penacca, el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, y el diputado sanjuanino y vicepresidente segundo de la Cámara baja, José Luis Gioja, remarcan que el legislador “sistemáticamente solicita la muerte como respuesta a cualquier conflicto, contrariando todos los principios democráticos y constitucionales que debe cumplir”.
Desde el bloque expresaron su solidaridad para con los trabajadores que “están siendo amenazados con una ‘bala’ como respuesta a sus demandas”, y argumentan que “declaraciones de esa magnitud no deben ser avaladas y tampoco convalidadas a partir del silencio”.
A su vez, plantean que la declaración del liberal va “en contra de múltiples principios constitucionales”, y enumeran: “El debido proceso, el principio de inocencia, el no prejuzgamiento, el derecho a manifestarse a la protesta, a huelga, y principalmente, la abolición de la pena de muerte y toda especie de tormento”.
En otro párrafo, sostienen que el contexto que vive la democracia es “delicadísimo”, y recuerdan el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación: “Debe llamar al conjunto de quienes ejercen representación política a la reflexión. Acciones de violencia explícita que atentan contra el pacto democrático que tanto le costó conseguir a nuestra Patria suceden en climas habilitantes”.
“Es necesario que nuestras instituciones repudien los discursos de odio y tomen acciones para generar climas de diálogo que fortalezcan nuestra democracia frente a quienes pretenden agraviarlas”, consideraron. Por último, solicitaron que se conforme la Comisión Especial como marca el articulo 188 del Reglamento de la Cámara y que proponga sanciones disciplinarias.
5047-D-2022_220923_141952La ampliación de la Corte Suprema fue aprobada en la Cámara alta. Desde el otro cuerpo en seguida comenzaron las críticas.
Inmediatamente después de concretada la media sanción del proyecto que amplía el Tribunal Supremo a 15 miembros en el Senado, diversos legisladores de la oposición salieron a criticar al oficialismo, vinculando la aprobación con la presentación de la vicepresidenta este viernes ante el tribunal oral que la juzga.
“36 senadores nacionales del oficialismo (y afines) votaron ampliar la Corte Suprema. Aceptaron ser teloneros de Cristina Kirchner, que habla mañana en el juicio por corrupción en Vialidad. Es imposible desconectar un tema del otro. Les molesta la Justicia que no mira al costado”, planteó el presidente del bloque radical de la Cámara baja, Mario Negri.
El diputado del Pro Waldo Wolff señaló por su parte: “Como no pudieron ocultar el delito ahora van a tratar de buscar nuevos jueces que lo legalicen. Pero diálogo, odio y coso”.
Cómo no pudieron ocultar el delito ahora van a tratar de buscar nuevos jueces que lo legalicen. Pero diálogo, odio y coso.
“El Senado avanzó con la media sanción para modificar la Corte. No les importa la gente solo les importa su impunidad. Desde el Pro rechazaremos este proyecto en Diputados. Es importante exigirle lo mismo al resto de los bloques no oficialistas”, señaló a su vez el presidente del bloque Pro Cristian Ritondo, en tanto que Silvia Lospennato dijo que “le dieron media sanción a la reforma de la Corte Suprema dos comentarios: 1. Están desesperados por impunidad y 2. No pasarán”.
Otra que enumeró fue la diputada de Evolución Radical Carla Carrizo: “El debate sobre la Corte Suprema en el Senado trasluce, como mínimo, dos cosas sobre la agenda del oficialismo: 1. No le importan los problemas DE la justicia, sino SUS problemas con la justicia. 2. El llamado al diálogo con la oposición no es diálogo es imposición”.
La diputada Sabrina Ajmeched consideró que “la ampliación de la Corte no va a ser ley. No pueden con el Consejo de la Magistratura ni con el Ministerio Público, ¿2/3 del Senado para nombrar a sus jueces? Ni en sus mejores sueños. No los vamos a dejar romper la República”.
“El kirchnerismo solamente cree en la imposición y el sometimiento. En ellos el diálogo es una pantomima y la división de poderes, un obstáculo. El intento en el Senado de reformar la Corte Suprema los delata una vez más. Hoy la ingenuidad es ceguera o complicidad”, advirtió el diputado Hernán Lombardi.
Para José Luis Espert, este es “un pasito más cerca la Cristi de lograr impunidad para todo lo que choreó. El país cada vez más cerca de no tener retorno”.
“La ampliación de la Corte es el último apriete de Cristina Kirchner al Poder Judicial antes de la sentencia del Juicio de Obra Pública. Pase lo que pase en Senado en Diputados vamos a lograr obstruir esa amenaza desesperada”, señaló el presidente del bloque CC-ARI, Juan Manuel López.
Soher El Sukaria señaló a su vez que “quieren imponer una agenda para distraernos del ajustazo que está haciendo Massa, por eso van contra la Corte Suprema. De paso, si les sale bien, le aseguran la impunidad a la vicepresidenta”.
Es un proyecto de los diputados Tolosa Paz y Leiva, que permitirá a exconscriptos, familiares y civiles, acceder a un reconocimiento equivalente a 104 jubilaciones mínimas.
Con la adhesión de una veintena de legisladores y legisladoras nacionales, la diputada nacional del Frente de Todos (FdT) Victoria Tolosa Paz y su par y excombatiente Aldo Adolfo Leiva presentaron este jueves en el Salón Blanco del Congreso de la Nación el anunciado proyecto de ley de “Reparación Histórica de Malvinas” en beneficio de quienes en cumplimiento de la Ley de Servicio Militar Obligatorio participaron de la Guerra de Malvinas en 1982.
“Si tenemos que pedirles perdón, yo les pido perdón en nombre de las legisladoras y legisladores nacionales que en más de 40 años, en 480 meses, en más de 500 sesiones ordinarias, no hemos tenido la valentía para plantar esta bandera”, lanzó Tolosa Paz en el inicio de la presentación.
“Es ahora; es ahora el momento de avanzar y saldar nuestras deudas”, agregó Tolosa Paz, recordando de esa forma el diálogo que mantuvo con Aldo Leiva -primer diputado excombatiente- al momento de pergeñar el proyecto que ahora buscará convertirse en ley.
Tras destacar la labor “ejemplar” de referentes del Centro Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) y el Centro de Veteranos Ex Combatientes Islas Malvinas de Berisso (CEVECIM) -entidades que convergen en la Mesa de Coincidencias Malvinas-, Tolosa Paz se refirió además al espíritu que motivó la iniciativa, “no como un tema económico, aunque sí lo sea a la hora de sancionar leyes, sino como una reparación social, porque es una sociedad que quiere reparar 10 años de olvido. Somos una generación que se quiere hacer cargo frente a un Estado que les dio la espalda”, dijo.
En esa línea destacó el “cambio de expectativa que comenzó a darse a partir del 2004, con la política llevada adelante por el gobierno de Néstor Kirchner, que permitió comenzar a saldar las deudas con los héroes”.
Por su parte, Leiva afirmó que “reconocer a una generación que fue olvidada es un acto de estricta justicia”; al tiempo que trazó una imagen de la realidad que atravesaron los héroes 40 años atrás: “La dictadura nos hizo sentir culpables de la derrota en Malvinas cuando sólo teníamos 19 años”.
Leiva, actual diputado nacional por Chaco, participó de la guerra como integrante del Regimiento 4 de Monte Caseros de Corrientes, con 19 años.
El proyecto establece que el monto de la reparación sea equivalente al valor de “104 jubilaciones mínimas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)”, el cual se abonará en “24 cuotas consecutivas y actualizadas según el Artículo 32 de la Ley 24.241 de movilidad jubilatoria”.
Entre los fundamentos, destaca el objetivo de “atender una de las asignaturas pendientes de la democracia con quienes siendo muy jóvenes fueron actores principales en el conflicto armado”.
Y refiere, justamente, a esa falta de políticas públicas, atención y contención por parte del Estado en el período inmediatamente posterior a la guerra y extensible por diez años conocido como “proceso de desmalvinización”.
“Creemos necesario que el Estado argentino tenga un reconocimiento especial que reconozca los 10 años en los cuales los exsoldados combatientes estuvieron desamparados en el marco de la conmemoración de los 40 años del conflicto bélico incorporando a este proyecto un universo de personas que también sufrió las consecuencias de ese conflicto”, fundamentaron los autores del proyecto.
La iniciativa fue consensuada y cuenta con el apoyo de organizaciones que nuclean a los exsoldados conscriptos combatientes en Malvinas que -como se dijo- integran la Mesa de Coincidencias Malvinas.
Al momento de su presentación, la iniciativa ya contaba con el respaldo de los legisladores Anahí Costa, María Rosa Martínez, Juan Carlos Alderete, Nancy Sand, María Luisa Montoto, Hilda Aguirre, Sergio Palazzo, Daniel Gollán, Julio Pereyra, Nilda Moyano, Estela Neder, Mabel Luisa Caparros, Paola Vessvessian, Liliana Yambrun, Liliana Paponet, Gabriela Pedrali, Natalia Zaracho, Nelly Ramona Daldovo, Fabiola Aubone y Eduardo Valdés.
Estuvieron presentes el director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, Edgardo Esteban; el secretario de Derechos Humanos del CECIM, Ernesto Alonso; el director de Veteranos de Guerra y Ex-combatientes de Malvinas de la provincia de Chaco, Edgardo Esteban; y el referente de legales del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, y Director de Coordinación Unidad – Defensor de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Gerónimo Iraola, entre otros.
4187-D-2022-Reparación-Historica-Malvinas-Por otra parte, la iniciativa para eliminar la renovación del Certificado Único de Discapacidad en casos irreversibles o permanentes, se tratará la próxima semana en un plenario de comisiones.
Durante una reunión de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, presidida por Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro), se discutió el proyecto de ley que reconoce oficialmente la Lengua de Señas Argentina como idioma natural de las personas sordas en todo el territorio argentino.
La norma, entre otros puntos destacados, busca “eliminar las barreras comunicacionales y remover las barreras actitudinales facilitando el acceso a la comunicación e información por parte de las personas que, por su discapacidad, se comunican en Lengua de Señas Argentina en su interacción con el entorno”.
La diputada Dina Rezinovsky (Pro) explicó que hay otra iniciativa en el mismo sentido, por lo cual pidió un cambio de giro de ese proyecto para que, pueda ser tratado conjuntamente con el de autoría de la diputada Lucila Masin (FdT). La moción fue votada afirmativamente.
El otro punto del temario, que era una modificación a la Ley 22.431 para que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) no se renueve en los casos de discapacidad irreversible, sino que sea permanente, no hubo consenso para un dictamen unificado y además se acordó que se trate en un plenario la semana próxima con la otra comisión a la que tienen giro los proyectos, que es la Comisión de Acción Social y Salud Pública.
Autora de una de las iniciativas, la diputada Carla Carrizo (Evolución Radical-JxC) expresó que “el proyecto que traemos a discusión sobre el Certificado Único de Discapacidad propone un Estado más presente, que cuide y tenga una relación de empatía a la hora de solicitar el trámite”.
“Las demoras en el CUD son un tema invisibilizado”, resaltó y cuestionó: “Hay algo en que el Estado y el Consejo Federal de Discapacidad fallan y que no están haciendo bien desde hace tiempo”.
Por su parte, la legisladora Victoria Morales Gorleri (Pro-JxC) coincidió con Carrizo y sostuvo que “la persona con discapacidad debe hacer pleno ejercicio de sus derechos, y eso se logra quitando esta renovación constante del certificado. Si esto se logra, estamos dando un paso adelante como sociedad”.
De la vereda de enfrente, la diputada Victoria Tolosa Paz (FdT) se diferenció de sus colegas preopinantes y afirmó que “el tema discapacidad ha estado presente en la agenda del Estado, que es quien interviene y quita barreras”. A su vez, la oficialista argumentó que “llevar a la discapacidad dentro del sistema hegemónico de salud es un avance porque establece un dinamismo para el acceso pleno a la salud con soluciones definitivas para la discapacidad”.
Sin embargo, el diputado Eduardo Valdés (FdT), autor de un proyecto en igual sentido, fue autocrítico y aseguró: “Estamos en deuda como Gobierno. Más de un millón y medio de personas que deben renovar de los cinco millones con discapacidad que hay en la Argentina. Es urgente dictaminar la semana que viene. Debemos resolver urgente, y le digo a mi Gobierno que estamos demorados”.
En tanto, la diputada Virginia Cornejo (Pro-JxC) enfatizó que actualmente “se somete a la burocracia a personas estigmatizadas”, y reclamó que “si están todos de acuerdo que el proyecto no sea frenado por una redacción”.
En medio de una controversia de legisladores que pedían un dictamen favorable este mismo miércoles, la diputada Jimena López (FdT) reconoció que “surgieron cuestiones que se deben seguir retocando respecto a las articulaciones”. “Firmar por apuro no es dar soluciones”, aseveró.
Tras las exposiciones de los diferentes diputados, el presidente de la Comisión de Discapacidad señaló que “dentro de los acuerdos hay controversias”, al tiempo que reafirmó su intención de que se escuche antes al Consejo Federal de la Discapacidad y a la Agencia Nacional de Discapacidad.
Luego, la diputada Dina Rezinovsky (Pro-JxC) fue la que propuso que el proyecto pase a un plenario en conjunto con la Comisión de Salud para continuar el tema el jueves que viene. Di Giacomo llamó a la votación, que dio como resultado por unanimidad, y se cerró la discusión.
Así se resolvió en el plenario de comisiones que debatió sobre el tema por más de tres horas. Algunos pujaban por sacar despacho, pero se negoció esperar una semana más. No habrá invitados al debate.
Con cientos de militantes de organizaciones ambientalistas y movimientos sociales en las afueras del Congreso, la Cámara de Diputados avanzó en el debate del proyecto de ley de humedales y se acordó que se emitirá dictamen el próximo jueves 29.
En una nutrida sala del Anexo de la Cámara baja, el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano; Agricultura y Ganadería; y Presupuesto y Hacienda -emplazado en la última sesión-, pasó a un cuarto intermedio luego que oficialismo y oposición negociaran cómo continuaría la discusión.
Fue después del pedido que planteó el radical Ricardo Buryaile, ante las fuertes intenciones de algunos sectores para que el proyecto viera la luz este mismo jueves.
Cuando el debate llevaba alrededor de tres horas, el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, tomó la palabra. En referencia a que se hablaba de un proyecto “ampliamente debatido, consensuado”, dijo: “Quiero dejar algo en claro y sin polemizar con nadie. Presido la Comisión de Agricultura hace cinco meses y nunca llegó este proyecto”.
Al mencionar que efectivamente se había tratado en Recursos Naturales, el formoseño remarcó que “tenemos una responsabilidad como diputados de estudiar lo que vamos a tratar”; y al coincidir con que se trata de “una ley trascendente”, consideró “una irresponsabilidad legislativa tratar a tontas y a locas, a libro cerrado”.
“No respondemos a ningún lobby, ni a los agronegocios, ni a los mineros, ni al lobby ambiental. Respondemos al mandato de nuestros representados. Y yo no acuso a nadie de estar respondiendo a algún lobby”, aseveró el exministro de Agroindustria luego de una acalorada intervención de la diputada de izquierda Romina Del Plá.
Con todo, Buryaile valoró la “buena voluntad” por debatir el tema “aún cuando hay diferencias”. “Dentro de nuestro interbloque tenemos tres proyectos”, señaló y propuso trazar un “esquema de trabajo” porque “tenemos una responsabilidad que supera lo discursivo”. “Las leyes se trabajan, no se despachan”, completó y pidió un cuarto intermedio para acordar los pasos a seguir.
Luego de más de media hora, los diputados retomaron sus lugares y el conductor del debate, el presidente de Recursos Naturales, Leonardo Grosso, informó que “con la voluntad de poder construir un dictamen del mayor nivel de acuerdo posible” y “coincidiendo todos en la necesidad de que este Congreso dictamine y tenga a bien poder lograr la media sanción que nos corresponde, hemos acordado que los bloques van a ir arrimando durante el transcurso de estos días propuestas concretas de modificaciones o sugerencias a los proyectos que estamos discutiendo“.
De esa manera, se pasa a “un cuarto intermedio hasta el próximo jueves que viene, a las 10 de la mañana, con el objetivo de dictaminar el mismo jueves y sin la presencia de ningún invitado”, completó el oficialista.
“Nosotros manifestamos nuestra disconformidad, pero entendemos el funcionamiento, en cuanto a la ausencia de invitados que nosotros proponíamos, que entendíamos que después de escuchar a los invitados debíamos tener una reunión más. Primó la posición de la mayoría, que nosotros no estamos de acuerdo, pero respetamos”, agregó Buryaile y se dio por concluida la jornada.
La introducción de la reunión
Tras la lectura de los diez proyectos en tratamiento en el comienzo del encuentro, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales reconoció que hay “acuerdos” y “desacuerdos”, pero “no se puede decir que no hay ningún diputado que no está en tema”. “El debate lleva unos cuantos años en Argentina y en el mundo”, expresó.
El oficialista recordó que la Convención Ramsar, “una de las primeras convenciones ambientalistas en materia internacional” se aprobó en 1971 y “estaba destinada a proteger estos ecosistemas” con el objetivo de “preservar la vida de las aves migratorias”. Argentina adhirió a la misma en el ’75 y fue ratificada por ley en 1991.
Este viernes 23 de septiembre “se cumplen 9 años de que este Congreso de la Nación le dio la primera media sanción en el Senado” a una ley de humedales, mencionó Grosso, para continuar: “Hace una década que este Congreso viene debatiendo la necesidad de establecer presupuestos mínimos de protección a los humedales”.
Ese proyecto alcanzó la unanimidad, pero luego en la Cámara de Diputados “juntó polvo en un cajón”; y “lo mismo pasó en 2016 con un proyecto entonces impulsado por el senador Fernando ‘Pino’ Solanas“, señaló Grosso.
Al hacer un racconto de los antecedentes, el legislador dijo que “semanas después de asumir, el mismo (Mauricio) Macri había establecido la necesidad de una ley de humedales”. “Entre 2015 y 2018 se presentaron ocho proyectos. En el 2020, con los fuegos del Delta del Paraná, se presentaron 15 expedientes”, detalló, para mencionar finalmente el dictamen de mayoría que se logró el año pasado en la comisión, pero que no se trató en las otras a las que tenía giro.
“Hay un debate que no empieza cuando nosotros llegamos acá. Hay un debate en la sociedad argentina”, remarcó y precisó que “el 80% de los humedales del mundo a lo largo de la historia fueron destruidos. Desde la Convención de Ramsar hasta acá, el 30% fue destruido y en América Latina tenemos el triste récord de superar ese 30% y haber destruido el 56%”.
Finalmente, Grosso advirtió que “en los últimos años se aceleró por tres el ritmo en el que venían siendo destruidos”, lo que “amerita la intervención y regulación del Estado”. “No perdamos esta oportunidad, asumamos la responsabilidad que tenemos”, concluyó.
La voz de los autores de proyectos
Arrancó la ronda la diputada del FIT Myriam Bregman, quien destacó “la enorme lucha que se viene dando para llegar a esta reunión” que se dio gracias a “la movilización popular, la movilización de los pueblos”. Al cuestionar el “lobby del agro-power”, tras leer expresiones de federaciones agropecuarias, apuntó: “Parece que ni con el dólar soja preferencial se tranquilizan, siempre quieren un poquito más, incluido el ambiente”.
En cuanto al proyecto, la legisladora de la izquierda pidió que se contemplen “realmente a todos” los humedales existentes, “que ocupan más de 20% de nuestro territorio”. También opinó que la autoridad de aplicación debe articular con “organismos especializados en ambiente” y “no que quede en manos de organismos estatales que tengan la presión del agronegocio”. Asimismo, reclamó que la norma incluya “la participación de las organizaciones socio-ambientales, y que su opinión tenga carácter vinculante”.
Por su parte, la radical Ximena García destacó que “es la primera vez que nos reunimos en un plenario para discutir en profundidad” y enfatizó que “una ley de estas características” requiere de “una profunda discusión para que efectivamente logremos la mejor ley, de consenso, que logre equilibrar a los diferentes sectores y voces” y así, “de una vez saldar esta deuda del Congreso”. Para ello, recomendó “salirnos y despejarnos de las posiciones fundamentalistas” y avanzar bajo el concepto de “desarrollo sostenible” para “equilibrar la producción y el ambiente”.
Al explicar su iniciativa, la santafesina sostuvo que “en el desarrollo del inventario tienen que ser contemplados los avances que ya tenemos hasta el momento”, e incluso “los inventarios en los que algunas provincias han avanzado”.
Coautor del proyecto junto a García, el diputado Maximiliano Ferraro consideró: “Tenemos la oportunidad de zanjar una deuda histórica con la ciudadanía”. Pero solicitó por un debate “serio, previsible y de una agenda de trabajo basada en los instrumentos de esta norma que pretende reservar el uso de los humedales en nuestro país”.
“Es importante tener un buen inventario para contar con la mejor información”, señaló el legislador de la Coalición Cívica, al tiempo de que “los ordenamientos se aprueben por ley provinciales” y “se puedan organizar con claros criterios toda la variedad y complejidad de actividades que hoy se llevan adelante en los humedales”. “La ley que buscamos no debe obstaculizar las actividades productivas”, aclaró.
Desde el Frente de Todos, la diputada Alicia Aparicio aseguró: “Nuestro bloque tiene el firma propósito de arribar al dictamen y a la ley de humedales con los consensos necesarios”. “Necesitamos una ley que imponga una mayor transferencia de recursos desde el Presupuesto Nacional hacia las provincias” para la gestión de humedales, al tiempo de “abrir espacios participativos” en provincias y municipios, dijo la bonaerense.
Con una mirada particular sobre la cuestión, el correntino Jorge Vara observó que la discusión hay que enmarcarla en cuatro artículos de la Constitución Nacional -41, 124, 28 y 17-; y resaltó que no se debe avanzar “sobre la potestad de las provincias” al referirse al federalismo. Respecto a la propiedad privada, el radical dijo que “esto puede gustar o no gustar, pero está en la Constitución” y si se avanza en ese sentido “va a terminar todo en la Corte”.
El exministro de Producción correntino analizó que hay proyectos que plantean la regulación del uso de los humedales con “fuertes restricciones que pueden afectar desarrollos productivos, inversiones, fuentes de trabajo y generación de recursos para las provincias, los municipios, y en algunas zonas para la Nación”.
“Nosotros vamos a defender a muerte el inventario que ya tiene hecho la provincia. Vamos a defender el federalismo en ese sentido”, aseveró y pidió “medir el impacto para que no salga el tiro por la culata”.
En una extensa intervención, la diputada Graciela Camaño consideró: “Estamos ante el debate más trascendental, esto es más importante que el Presupuesto Nacional, que es coyuntural, mientras esto es estratégico”. Al mostrar mapas del país, subrayó que “Argentina tiene el 72% del territorio desertificado; nosotros somos un país árido y semi-árido” y esto “afecta alrededor del 30% de la población”. “El 87% del Parque Chaqueño está desforestado”, sumó.
“Cuando hablamos de humedales hablamos de las famosas tierras pobres”, expresó la bonaerense, que habló entonces de la paradoja de que “las tierras despreciadas del siglo de la industrialización, hoy son miradas como una de las tablas de salvación que tiene el planeta frente al colapso del cambio climático”. “Si todos podemos pararnos en ese lugar, yo no tengo la menor duda que vamos a tener la inteligencia de legislar para que tengamos un proceso de producción que sea sostenible”, abogó.
Más adelante, la legisladora insistió: “El punto desde el cual debemos pensar la ley de humedales es el desastre ambiental y no las conveniencias, porque la producción y la habilitación de poder vivir en los humedales tiene que estar. Pero lo que tenemos que enseñarles a nuestros empresarios y a los habitantes de los humedales es que deben tener conciencia ecológica”. “Esta ley no va a impedir la producción, esta ley les va a exigir que produzcan de manera sustentable”, indicó.
Luego fue el turno del pampeano Hernán Pérez Araujo, quien reveló que el proyecto lo presentó al ver que su provincia, La Pampa, “viene padeciendo la lamentable extinción de sus humedales en el oeste”; además de que “la militancia social que ha sido fundamental para que arribemos a esta etapa”. En cuanto al tratamiento de la ley, recomendó que “todos” tiendan a “bajar la autorreferencia” y “ceder” en posiciones para sacar un texto consensuado.
“Esta no es una ley antiproductiva, que vaya contra los sectores económicos. Todo lo contrario. Tenemos que llevar de la mano a la producción con la protección del ambiente”, manifestó el oficialista, que pidió “salir de la dicotomía”.
Protagonista del pedido de emplazamiento a las comisiones, el socialista Enrique Estévez confesó su “alegría” de “estar debatiendo responsablemente un tema que se viene tratando en este Congreso desde hace por lo menos una década”. Sin embargo, manifestó que “lo negativo de estos últimos días es que todavía hay sectores que siguen negándose a la posibilidad de dar esta discusión”.
En la misma línea que Camaño, su compañera de interbloque, el santafesino argumentó que “no podemos analizar este tema desde el punto de vista de un sector u otro”, sino desde “una mirada de dónde estamos parados”. “Hace 10 años no existía todavía la magnitud que vemos hoy de catástrofes ambientales”, comparó y enfatizó que “cada vez va a haber más” incendios, inundaciones y sequías. Por eso, llamó a “establecer normas y pautas de cómo nosotros vamos a cambiar” porque “lo que no podemos hacer es tapar el sol con las manos”.
Finalmente, Grosso retomó la palabra, al hablar del proyecto de cual es autor y que fue dictaminado el año pasado. El presidente de Recursos Naturales convocó también a mirar “el contexto global, de crisis ecológica, de límite al que estamos llegando como sistema mundo”. Respecto de los incendios en el Delta del Paraná, informó que “en lo que va del año se registraron al menos 16.500 focos de calor en las zonas del Delta, que incendiaron algo así como 300.000 hectáreas, convirtiendo al 2022 en el segundo peor año en cantidad de incendios desde comenzaron los registros en 2010”.
Sobre la iniciativa, aseguró que se trató de “un proceso de lucha, organización de muchísima gente, de aportes de la comunidad científica” y legisladores de distintos bloques; además cuenta con “el apoyo de más de 500 organizaciones, de 190 científicos y científicas”. “No viene a prohibir nada, viene a establecer estándares de nuestra propia actividad”, garantizó.
Incluso destacó que “retoma la definición de humedales que se consensuó en el año 2017 en un taller impulsado por el gobierno de Mauricio Macri en la Secretaría de Ambiente de ese momento. No es una definición que escribí yo; y que por supuesto supera a la definición de Ramsar que es del ’71”.
La iniciativa impulsada por diputados del FdT alcanza a quienes contempla los diez años en los que quienes participaron del conflicto bélico no tuvieron asistencia del Estado.
Los diputados nacionales del oficialismo Victoria Tolosa Paz (Buenos Aires) y Aldo Leiva (Chaco) presentarán este jueves el proyecto de ley de Reparación Histórica de Malvinas que establece un beneficio para las personas que en cumplimiento de la Ley de Servicio Militar Obligatorio, fueron incorporadas como soldados al servicio de conscripción y participaron en el conflicto del Atlántico Sur en el período comprendido entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.
La presentación se hará este jueves a las 18.30 en el Salón Blanco del Palacio de la Cámara de Diputados, 1° piso Palacio Legislativo. Av. Rivadavia 1864, CABA.
La medida alcanzaría a quienes participaron en efectivas acciones de combate en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM), en las Islas Georgias y Sándwich del Sur, o entrado efectivamente en combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) y a los civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes mencionados, debidamente certificado según lo establecido en el decreto 2634/90 reglamentario de la Ley 23848.
El proyecto se presenta a propósito de la conmemoración de los 40 años del conflicto bélico y sus autores remarcan la convicción de que el Estado argentino debe realizar “el reconocimiento especial de los 10 años en los cuales los exsoldados combatientes estuvieron desamparados”.
En dicho proyecto son además incorporadas un universo de personas que también padeció las consecuencias de ese conflicto en el núcleo más íntimo familiar y que hoy sufrieron la pérdida de su ser querido, un héroe de Malvinas.
Por último, se informó que el proyecto ha sido consensuado con las organizaciones que nuclean a los ex soldados conscriptos combatientes en Malvinas que integran la Mesa de Coincidencias Malvinas, entre ellos el CECIM La Plata y en CEVECIM Berisso.
El encuentro se dio en el marco de un plenario de comisiones del que participó el titular de la Fundación Observatorio PyME, Vicente Donato.
Un plenario de las comisiones de Asuntos Municipales y de Pequeñas y Medianas Empresas recibió este miércoles a integrantes de la Fundación Observatorio PyME, con el fin de analizar el Programa Nacional de Vinculación de Escuelas PyME 2022-2023.
La diputada Ingrid Jetter (Pro), titular de Asuntos Municipales, explicó que la Fundación Observatorio Pyme “busca promover el rol y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en la sociedad”.
El director ejecutivo de la Fundación Observatorio PyME, Vicente Donato, explicó el programa y dijo que busca, en principio, “el trazado de la demografía empresarial de cada municipio”. “Tenemos que saber cuántas empresas nacen y mueren y ver cómo es la distribución territorial y sectorial”, dijo.
“Estuvimos observando que, en los últimos 10 o 15 años, la demanda y la dificultad para reclutar técnicos fue muy alta para las empresas”, añadió.
Durante la reunión, se explicó que parte de la ley técnico profesional promueve la realización de prácticas profesionalizantes. Se mencionó que las escuelas técnicas deben destinar 200 horas de sus planes de estudios a prácticas que acercan a los chicos con su futuro laboral.
“¿Ustedes imaginen cómo cambiaría el país si cada año 30 mil chicos hacen la práctica profesionalizante y se forman? El esfuerzo es para todo el país, es imposible hacer este esfuerzo sin los municipios”, dijo Donato.
“El problema que tenemos en algunas provincias es que no contamos con empresas, están las escuelas, pero no las empresas. Argentina tiene entre 14 y 20 empresas cada mil habitantes, es un número muy bajo”, agregó.
Como parte del análisis de los legisladores, el diputado Guillermo Casas (Frente de Todos) destacó “el empleo formal y el porcentaje que ingresan las pymes del 45% del PBI” lo que marca que “el gran tejido a desarrollar es la pequeña y mediana empresa”.
“Esta propuesta que nos acercan sería bienvenida no solo para los municipios, sino para las provincias, que carecemos de estas herramientas fundamentales”, alegó Casas.
En tanto, la diputada Laura Carolina Castets (Coalición Cívica) consideró que “no es fácil para una pyme tener el personal suficiente y dedicarle a cada chico el tiempo necesario para que tenga una formación que valga la pena”.
Obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Cultura el proyecto de ley que instaura la fecha del 15 de agosto como celebración, en homenaje al natalicio del máximo exponente de esa danza.
En el ámbito de la Comisión de Cultura que preside el diputado Hernán Lombardi (Pro), obtuvo dictamen el proyecto de ley que consagra la jornada del 15 de agosto como Día nacional del Malambo, conmemorando el nacimiento, la trayectoria y el legado del mayor ícono de la danza, el santiagueño Roberto “Piri” Sabalza.
Siendo en 1970 uno de los primeros santiagueños en ser campeón nacional, Sabalza perfeccionó su ejecución del Malambo hasta convertirse en un formidable profesor, responsable de una extensa lista de discípulos que obtendrían el mismo galardon. Un legado que así lo define la autora del proyecto, diputada Graciela Navarro (FdT), en los fundamentos del mismo: “Quizás su mayor logro haya sido el conseguir que sus alumnos se hayan multiplicado por cientos y que, aunque no compitan, sean cultores y difusores de la tradición malambística que emana desde Santiago y se propaga por toda la Argentina”.
En línea con esta iniciativa, se aprobó el proyecto de resolución que declara de interés legislativo de la Cámara el “Festival Nacional de Malambo” de Laborde, evento que desde 1966 se realiza durante enero en la mencionada localidad cordobesa, convocando delegaciones de bailarines y conjuntos musicales de todas las provincias del país.
El temario incluyó además el dictamen del proyecto de ley que equipara a la Fotografía y las Artes visuales con el resto de las disciplinas que configuran la circulación internacional de obras de Arte. Al respecto, la legisladora Sabrina Ajmechet (Pro) sintetizó que el proyecto aprobado “es básicamente una modificación del artículo 1 de la Ley 24633, que viene a saldar un pedido presentado durante mucho tiempo por aquellos que se dedican a la fotografía y a las artes visuales, de considerar e incluir el trabajo que ellos realizan en las mismas categorías que están y que circulan lo pictórico y lo escultural”.
De cara al cierre del encuentro, fueron dictaminados favorablemente numerosos proyectos de resolución y declaración, entre los que cabe destacar el interés legislativo sobre el documental “Los que no quieren ver”, dirigida por Graciela de Luca, y protagonizada por Natalia y Daniel, una pareja con discapacidad visual. “Lo que busca y lo que pretende es generar conciencia; mostrar la vida plena de las personas con discapacidad, respecto al acceso y las garantías de a los derechos”, ponderó la diputada María Lucila Masin (FdT), autora de la iniciativa, quien resaltó del documental “su accesibilidad comunicacional a través del subtitulado y el audio descriptivo, herramientas fundamentales para pensar de qué maneras generamos películas y documentales accesibles para todos y todas”.
Fue en el marco de una jornada organizada en la Cámara baja por los diputados oficialistas Florencia Lampreabe y Pablo Carro.
Con el espíritu de la Ley de Medios imperante, se desarrolló en el Anexo de la Cámara baja una concurrida jornada denominada “Comunicación democrática en la era digital, desafíos y propuestas legislativas”.
El encuentro fue organizado por los diputados del Frente de Todos Florencia Lampreabe (Buenos Aires) y Pablo Carro (Córdoba). Este último en el inicio de la jornada resaltó la importancia de dar un debate dirigido a “un horizonte de democratización de las comunicaciones, debemos garantizar el pluralismo y la diversidad informativa”.
“Si no lo logramos es muy difícil que tengamos una democracia de calidad”, expresó el diputado Carro, presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática.
En el marco del encuentro se presentó una decena de proyectos relacionados a fomentar el “pluralismo y la diversidad de voces”, según resaltaron durante la jornada.
“Es imperioso revitalizar el debate por el derecho a una comunicación que contemple los desafíos de la época”, sostuvo la diputada Lampreabe.
Además de numerosos diputados del oficialismo, asistieron también la directora del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout; la directora de Radio y Televisión Argentina RTA, Cynthia Ottaviano; en representación de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Paolo Petracca; el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, entre otros.
Fue en una reunión que mantuvo este martes la presidenta de la Cámara baja junto con los jefes de bloques. También se acordó el día para la visita del ministro de Economía, Sergio Massa, y demás funcionarios.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, mantuvo una reunión de casi una hora este martes por la tarde con los titulares de todos los bloques del oficialismo y de la oposición, más las autoridades de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para delinear el cronograma para darle tratamiento al proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2023 que ingresó el último jueves 15 por la noche.
En primera instancia, se acordó entre todos los bloques que la presentación del proyecto por parte del ministro de Economía, Sergio Massa, se realice el próximo miércoles 28, para luego dar lugar a una serie de reuniones de la Comisión de Presupuesto en las que hagan sus presentaciones los principales funcionarios de esa cartera: Raúl Rigo (Hacienda), Eduardo Setti (Finanzas), José Ignacio de Mendiguren (Producción), Juan José Bahillo (Agricultura) y Flavia Royón (Energía), que se realizarán entre el martes 4 y miércoles 5 de octubre.
También, se esperan las exposiciones de los titulares de AFIP, Carlos Castagneto; de ADUANA, Guillermo Michel; y de ANSeS, Fernanda Raverta, y luego, la participación de los ministros Claudio Moroni (Trabajo), Alexis Guerrera (Transporte) y Gabriel Katopodis (Obras Públicas), entre otros.
Una vez concluidas las exposiciones de los funcionarios, comenzará el debate en comisión entre los legisladores que integran la Comisión de Presupuesto y Hacienda. A priori, estiman emitir dictamen el 24 de octubre para llevarlo al recinto y sesionar el 26 de octubre. Según confiaron fuentes legislativas a parlamentario.com, el Presupuesto 2023 “estará sancionado para antes del inicio del Mundial de Qatar”, previsto para fines de noviembre.
Por otro lado, desde el interbloque de Juntos por el Cambio pidieron a la Presidencia citar al titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, y a directores de las empresas del Estado más deficitarias como Aerolíneas Argentinas.
El encuentro de este martes se llevó a cabo en el Salón Delia Parodi y contó con la presencia de Germán Martínez (FdT), Paula Penacca (FdT), Mario Negri (UCR), Juan Manuel López (CC), Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense), Rodrigo De Loredo (Evolución Radical), Romina Del Plá (PO – FIT), Silvia Lospennato (Pro), Nicolás Del Caño (PTS – FIT), José Luis Espert (Avanza Libertad), Ignacio García Aresca (Córdoba Federal), Diego Sartori (Fte. de la Concordia Misionero).
Además, participaron el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Omar De Marchi (Pro), y por la Comisión de Presupuesto y Hacienda Carlos Heller (presidente), Marcelo Casaretto (FdTT), Itaí Hagman (FdT), Sergio Palazzo (FdT), Hugo Romero (UCR) y Paula Oliveto (CC).
Cabe recordar que el Presupuesto 2022 fue rechazado el 17 de diciembre con la composición nueva de la Cámara por 32 votos negativos frente a 121 positivos y una abstención.
Lo organizan este lunes diputados de Juntos por el Cambio, con el fin de avanzar en una agenda de incidencia junto a organizaciones de la sociedad civil, profesionales y protagonistas.
Los diputados nacionales Carla Carrizo (Evolución Radical), Martín Tetaz (Evolución Radical) y Victoria Morales Gorleri (Pro) realizarán este lunes desde las 16.30 en la Sala 1 del 2do piso del Anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación, la jornada “Certificado Único de Discapacidad en Argentina: Mirada de profesionales, ONGs y protagonistas”. El objetivo es avanzar en una agenda de incidencia junto a organizaciones de la sociedad civil, profesionales y protagonistas.
El encuentro contará con la participación de Roberto Degrossi, de la Comisión Directiva APEBI; Daniel Marcuzzi, director Ejecutivo Asociación Proactiva; Alexia Rattazzi, directora Ejecutiva PANAACEA; Verónica Kuljko, autora de petición en Change.org; Alicia Rodríguez, autora de petición en Change.org; Horacio Rigamonti, Comisión Directiva ASDRA; Jessica Stiberman y Jimena Szpanierman de Change.org; Mariana Salas, periodista y activista por los derechos de personas con discapacidad; Marina Miguens, emprendedora y activista, entre otros.
Hay varios proyectos en el Congreso sobre el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Y, en ese marco, los legisladores empezarán a trabajar sobre una agenda en común de incidencia, escuchando a los protagonistas, profesionales, especialistas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, de conformidad con lo que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Aquellos que deseen participar, pueden inscribirse a través de siguiente formulario: https://bit.ly/3LoYCmT
