La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que preside el puntano Adolfo Rodríguez Saá resolvió este miércoles citar al canciller Santiago Cafiero para que próximamente se presente ante ese cuerpo para exponer en torno a las situaciones conflictivas planteadas en materia de límites con dos países vecinos: Chile y Paraguay.

Paralelamente se emitió dictamen sobre el proyecto proveniente de Diputados que aprueba el acuerdo para la eliminación del cobro de cargos de roaming internacional a los usuarios finales del Mercosur, celebrado el 17 de julio de 2019 en la ciudad capital de la provincia de Santa Fe. El mismo no tuvo ninguna objeción por parte de los senadores presentes y pasó de inmediato a la firma.

Esa fue la primera medida adoptada luego de que fueran ratificadas las autoridades de la comisión, que seguirá teniendo a Rodríguez Saá al frente y al radical Martín Lousteau como vicepresidente.

A continuación, los senadores abordaron el rechazo a la intención chilena de adjudicarse territorio sobre la plataforma continental argentina, respecto del cual se puso a consideración un texto elaborado en base a varios expedientes. Sobre ese punto, la senadora neuquina Lucila Crexell advirtió que el proyecto elaborado refería a una nota diplomática elevada por la Cancillería argentina hacia su par chilena, pero los senadores desconocían el texto de la misma.

“La nota no tomó estado público, es una nota interna de Cancillería remitida a Chile, no la tenemos entonces”, aclaró Rodríguez Saá, a lo que Crexell apuntó entonces que “no podemos aprobar algo que no leímos”. Luego aclaró que si bien la actitud del Ministerio de Relaciones Exteriores podía ser “correcta”, sería importante conocer ese texto, ante lo cual el presidente de la comisión señaló que “lo correcto sería invitar al canciller a que asista por dos temas limítrofes importantes”. Se refirió puntualmente al planteado con Chile y a una situación planteada con Paraguay, en territorio correntino.

Agregó Rodríguez Saá que el mapa elaborado por la Armada chilena incluye para ese país 5.000 kilómetros cuadrados de plataforma submarina que corresponden a nuestro país.

Los dichos de Diana Mondino

No podían pasar por alto los senadores lo expresado los últimos días por la candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza Diana Mondino, en referencia a Malvinas y al eventual reconocimiento argentino hacia la autodeterminación de los habitantes de nuestras islas.

Fue cuando intervino el senador fueguino Pablo Daniel Blanco, quien advirtió en principio que “la pretensión de la Armada de Chile afecta entre otras cosas el Tratado de Paz y Amistad con Chile y la proyección argentina sobre el continente antártico”. Tras recordar que no es la primera vez que la Armada del país vecino tiene este tipo de actitudes, reclamó una “postura firme” ante esa situación planteada, como así también ante los dichos de “un posible canciller” respecto de Malvinas. “Nosotros también debemos actuar rápidamente y ante este tipo de situaciones no podemos estar ausentes y debemos dar una firme opinión”, enfatizó

Así las cosas, el radical solicitó a la comisión que “demos una opinión muy firme sobre Malvinas, porque las declaraciones de la candidata a diputada y posible canciller si algún candidato libertario accede a la presidencia, me parece que es muy preocupante porque echa por tierra los reclamos que viene realizando la Argentina y afecta lo establecido ante Naciones Unidas. Si bien esto no está en el temario, me parece oportuno expresarnos”.

Por una vez coincidieron Blanco con su comprovinciana Eugenia Duré. La senadora camporista se manifestó en la misma línea, expresando que le parecía importante que “desde todos los lugares repudiemos este tipo de cosas”. “Siempre vamos a defender lo que refiere a nuestras islas Malvinas”, dijo, pero la armonía se terminó cuando a continuación apuntó hacia Juntos por el Cambio señalando que “en algún momento de la pandemia alguna candidata (por Patricia Bullrich) decía que podían entregar las islas  por vacunas, y eso hay que rechazarlo enérgicamente”.

La senadora Silvia Sapag remarcó luego que estaban rechazando la posición del Gobierno chileno respecto de la plataforma submarina y recordó que el Congreso votó en su momento los nuevos límites a la plataforma continental. Al respecto destacó que para ello nuestro país cumplió todos los requisitos que Naciones Unidas hacía a todos los países. Valoró “los trabajos que hizo la COPAL, (que) abundaron en documentación y en todos los estudios que requería Naciones Unidas abundamos en información, porque hicimos los estudios geológicos y pudimos delimitar hasta donde llega la plataforma submarina y dónde empieza el talud oceánico”.

Entonces protestó la neuquina: “¿Para qué vamos a Naciones Unidas? ¿Cómo la ONU no nos respalda? ¿Cómo no tenemos una declaración de ellos diciendo que toda nuestra documentación avala que el límite sur de Tierra del Fuego es definitiva? Hay tres categorías de límites, según la sugerencia de Naciones Unidas. Todo ha sido en conformidad con ellos”.

El senador Rodríguez Saá consideró pertinente entonces invitar al canciller y esperar a su visita para recién después aprobar el proyecto de declaración.

El problema con Paraguay

A continuación se abordó la situación planteada en Corrientes, y al respecto destacaron que hubo una reunión con el gobernador de esa provincia, Gustavo Valdés, de la que tomaron parte los senadores José Mayans, Eduardo Vischi y Adolfo Rodríguez Saá.

El radical Vischi recordó que hubo “algún acontecimiento de violencia que ejercieron efectivos de la Armada de Paraguay en las costas de la isla Apipé, que puso de manifiesto algo que viene siendo una situación muy confusa y compleja en las costas de Corrientes”.

El senador correntino recordó la existencia de un tratado internacional suscripto en el siglo XVIII, luego de la Guerra de la Triple Alianza, donde se dejó claro cuáles eran las islas que les correspondían a ambos países. “Transcurrió el tiempo sin conflictos, hasta que se decidió la construcción de la represa de Yacyretá, que es una obra magnífica que trajo aparejado un nuevo tratado que establece que no cambiaba el original -continuó-. Pero para demarcar los límites se constituyó una comisión demarcadora en el gobierno de facto después del 76, donde se procedió a  una demarcación. Además, viendo lo últimos acontecimientos que estamos teniendo con los hermanos paraguayos, lo que pasó en corrientes en ese momento es un síntoma de lo que viene sucediendo con Yacyretá, por recursos que se le deben”.

Tras destacar que “hay una discusión mayor en ese sentido”, enfatizó que “Argentina tiene que ir a dejar en claro cuál es su soberanía en el lugar y que para que la gente entienda por los cambios hechos, la delimitación de esa isla que es argentina está rodeada por aguas paraguayas”.

En  otro pasaje se preguntó cuál es el valor jurídico que puede tener un decreto de la dictadura que avaló “interpretaciones erróneas, porque por el Congreso no pasó esa demarcación limítrofe”.

Por último, Vischi destacó que el gobernador de su provincia estaba a disposición, con toda la documentación lista para trabajar con Cancillería en busca de una solución. Y concluyó, ante las sonrisas de sus pares: “Corrientes parece un país aparte, pero formamos parte de la Argentina y queremos defender nuestro territorio”.

En el mismo sentido se pronunció la senadora Gabriela Valenzuela, para ratificar que si bien es un problema nacional, “en forma particular afecta a todos los correntinos que debemos vivir con este conflicto y que nos ocupemos todos cuanto antes, porque lo que hoy puede ser algo chiquito puede seguir agrandándose”.

La senadora Carolina Losada dijo a continuación que “hay que poner un poco más de luz a todo el trabajo de la Cancillería en general” y por eso presentaron un proyecto de ley para citar al canciller. “Queremos saber cuál es la estrategia general, porque no es potestad de la ONU defender nuestros intereses, sino de Cancillería. Y queremos saber cuál es la estrategia para defender los límites de nuestro país”.

Uno de los efectos notorios de las PASO del 13 de agosto pasado fue el gran resultado obtenido por las huestes de Javier Milei, que se impuso en 16 de los 24 distritos. En ocho se elegían senadores y La Libertad Avanza ganó en tres de ellos (Jujuy, La Rioja y San Luis), con lo que conseguiría allí los senadores por la mayoría, mientras que en dos (Formosa y San Juan) se alzaría con los de la minoría.

No le fue bien, al menos en las PASO, en Buenos Aires y Santa Cruz. En Misiones directamente no presentó listas.

De los 8 legisladores que Milei sumaría a la Cámara alta, 5 no pueden ser considerados casta; 3 sí, en mayor o menor medida.

FORMOSA

Uno de los batacazos múltiples que dejaron las elecciones primarias fue el tercer lugar en el que quedó Juntos por el Cambio, relegando a priori nada menos que la postulación del presidente del bloque radical del Senado, Luis Naidenoff. El segundo lugar logrado por La Libertad Avanza consagraría a Francisco Paoltroni, un productor agropecuario que ya fue candidato a gobernador por el Partido Libertad, Trabajo y Progreso que él mismo fundó.

El hombre trabajó con el constitucionalista Daniel Sabsay para presentar una impugnación contra la candidatura a gobernador del eterno Gildo Insfrán, como así también trabajó sin éxito para unificar a la oposición contra el peronismo gobernante. Dice representar “lo nuevo”, y según señaló a Infobae en mayo de este año, antes de las elecciones para gobernador, sostuvo que “lo nuevo no es peronista, ni radical, ni libertario, ni desarrollista, sino ponerse de acuerdo en las ideas y en las propuestas”.

En las elecciones provinciales en las que Insfrán terminó sacando casi el 70% de los votos y la Confederación Frente Amplio Formoseño en la que participó Juntos por el Cambio 20 puntos, el  partido de Paoltroni obtuvo un 9,49%

JUJUY

En la provincia que gobierna el radicalismo, a Juntos por el Cambio le fue mal, pues los libertarios ganaron las PASO. Si se repitieran en octubre esos resultados en los que se impuso la lista “Libertad Jujuy”, se consagrarían senadores nacionales Ezequiel Atauche y Vilma Bedia.

Atauche es un empresario fundador y propietario de empresas como Meet Go On. También está al frente de EA Inmobiliaria y EA Desarrollo Inmobiliario. En su perfil de Linkedin se presenta como alguien que busca continuamente “innovar en las áreas que todavía no han sido exploradas”. Su especialidad son los desarrollos inmobiliarios, la construcción, el transporte, lo financiero, el software, supermercados e inversiones. 

Entre esos emprendimientos está la minería y en ese sentido avanzó con la extracción de uranio en la zona de la Quebrada. En 2021 se denunció que en plena pandemia él ordenó el cateo dentro del territorio de las comunidades indígenas de Villa El Perchel y Quitacara para la búsqueda de minerales en el lugar, sin cumplir con el Convenio 169 de consulta previa que establece la OIT.

“Soy un joven empresario, no vengo de la política, estoy inmerso en la realidad del jujeño día a día, puedo ser una alternativa que represente a los trabajadores y emprendedores. Mi propuesta es parar con la hegemonía, y parar con esta decadencia social y cultural”, decía en plena campaña a La Voz de Jujuy.

Vilma Bedia estudió en la Universidad Nacional de Tucumán, como así también en la Escuela de Artes Medardo Pantoja. Es una referente local del partido La Libertad Avanza, de profesión maestra y sin experiencia política anterior.

LA RIOJA

Otra sorpresa de La Libertad Avanza fue su triunfo -por apenas un punto, pero triunfo al fin- en La Rioja, donde en octubre podrían consagrarse senadores Juan Carlos Pagotto y Claudia López.

Recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, Pagotto es propietario del estudio jurídico Pagotto & Asociados. Procurador y abogado, quien podría ser senador nacional desde el 10 de diciembre tiene experiencia política, pues fue constituyente entre 1985 y 1986.

Pagotto es menemista, al punto tal de resaltar de Javier Milei que “es el único que reivindica la obra de gobierno de Carlos Saúl Menem”, y sostiene que “la Argentina estuvo entre los primeros lugares del proyecto mundial en el gobierno de Menem”.

En 2013 participó en el juicio llevado a cabo por la Cámara Federal de Córdoba por las apelaciones a los procesamientos en una causa en la que se encontraban imputados, entre otros, Jorge Rafael Videla y Luciano B. Menéndez, y actuó como defensor del exjuez federal de La Rioja Roberto Catalán y de Roberto Ganem. En ese marco, dijo que todas las fuerzas de seguridad estaban bajo las órdenes de las fuerzas armadas y al juez que él defendía se le comunicaba la detención una vez que ya estaba hecha. En ese contexto se preguntó cómo se le podía endilgar a alguien la privación ilegal de la libertad  cuando al juez ya le llegaban detenidos. Sobre Ganem, dijo que era un simple oficial escribiente y aseguró que no existían pruebas en contra de él,  por lo que solicitó la nulidad de la resolución.

También defendió al ex oficial de la Armada Angel Ricardo Pezzetta, acusado por el asesinato de dos curas.

Dice que siempre militó en el justicialismo, partido al que acusa de haber sido un gran expulsor de militantes. Se siente “muy identificado con Milei” y define a Patricia Bullrich como “la montonerita buena”.

Exconcejala menemista entre 2004 y 2007, Claudia López también sería senadora. Hoy administra una empresa familiar y sostiene que ella ya hizo su vida, pero vuelve a la política porque quiere “un futuro para mis nietos e hijos”.

SAN JUAN

En esa provincia cuyana, La Libertad Avanza se alzaría con la banca del Senado por la minoría, que sería para Bruno Olivera Lucero. Tiene 36 años y es contador público recibido en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza. Tiene un estudio contable y es propietario de dos gimnasios en su provincia. Milita desde 2017 en el partido ADN, del que fue contador, pero nunca había sido candidato hasta ahora.

SAN LUIS

Otra provincia donde ganó La Libertad Avanza es San Luis, donde si se repiten esos resultados en octubre serían senadores Bartolomé Abdala e Ivanna Arrascaeta.

Abdala fue diputado provincial y presidió el Pro de esa provincia. Pero antes había pasado por el oficialismo provincial, al punto tal de haber sido ministro de Turismo provincial entre 2008 y 2009. Del partido amarillo se fue directamente a La Libertad Avanza. De profesión contador público, en 2021 la presidenta del Pro y hoy candidata presidencial Patricia Bullrich decidió intervenir el partido en esa provincia ante una pelea interna de Abdala con la actual senadora nacional Gabriela González Riollo. Dos años antes había perdido la interna con el actual diputado Alejandro Cacace.

El probablemente futuro senador presidió además la liga puntana de fútbol.

A diferencia de Bartolomé Abdala, su compañera de lista, Ivanna Arrascaeta, no tiene una militancia política reconocida.

El Senado de la Nación realizó un reconocimiento a coros, directoras y directores corales de la República Argentina, mediante un acto llevado a cabo en el Salón Azul, impulsado por el senador Daniel Bensusán y la Organización Federada de Actividades Corales (OFADAC), presidida por Mario Figueroa.

En un Salón Azul “José de San Martín” colmado, se otorgaron 74 reconocimientos, a directoras, directores y coros, con más de 50 años de trayectoria. Es el 5to homenaje de este tipo que se realiza.

“Las diferentes instituciones que hoy nos acompañan y que recibirán su merecido homenaje, contribuyen al desarrollo y el crecimiento de localidades a lo largo y ancho de nuestro país. Trabajamos por una Argentina federal. En la totalidad de su territorio tenemos manifestaciones culturales de distinto tipo, que hacen que seamos una nación con pluralidad de expresiones artísticas.  Sabemos del papel fundamental que desempeña la cultura.

También del rol promotor y facilitador que debe asumir el Estado en esta materia”, expresó el senador Bensusán.

El legislador destacó que en La Pampa se está llevando adelante la XXI Edición del Coral de La Pampa. “Este evento, que nos llena de orgullo, es un ejemplo más de las posibles acciones tendientes a federalizar el acceso al arte en todas sus formas. Vivimos tiempos donde se cuestiona el rol del estado en toda participación para mejorar la calidad de vida de las personas y esto, que para algunos suena como cantos de sirena, incluye también a la cultura. Debemos redoblar los esfuerzos, no bajar los brazos, y no permitir que intenten avanzar sobre espacios conquistados como políticas públicas”, señaló.

Finalmente, envió un cálido saludo a Mabel Gonnet, mujer “de una destacada trayectoria en la localidad de Jacinto Arauz, como profesora, creadora y directora de coros, que lamentablemente no pudo viajar”. La Secretaria de Cultura de la Provincia, Adriana Maggio, y Mario Figueroa llevarán este sábado el reconocimiento hacia la localidad del sur pampeano, para entregar en mano a Gonnet.

Memoria e Identidad cultural

Mario Figueroa, maestro de coros de La Pampa, destacó la costumbre de homenajear y reconocer estas trayectorias, “que trabajan construyendo la memoria coral y la identidad cultural del país”.

“Hoy tenemos, en el Senado, a gente de todo el país. Nuestra institución (OFADAC) está integrada por asociaciones de toda la Argentina. El sentido federal ha caracterizado a nuestra federación desde que fue fundada hace 27 años”, añadió.

Durante la primera parte del acto se pudo disfrutar del Coro de Niños y Jóvenes Cantores de Bariloche, y para el cierre se contó con el arte del Coro Estable de Santiago del Estero.

Avanzó este jueves el debate en el Senado sobre la reforma de la Ley de Alquileres con la participación de representantes de inquilinos, quienes reclamaron no retroceder en derechos y cuestionaron el proyecto con media sanción de la Cámara de Diputados. 

Durante un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, los expositores criticaron la vuelta a dos años en los contratos, que se “iguale” a las partes de la relación y advirtieron que una modificación a la norma actual no garantiza que se amplíe la oferta de una manera accesible. También denunciaron abusos por parte del sector inmobiliario, ante la falta de control de la ley vigente.

En el Senado, el interbloque de Juntos por el Cambio se muestra a favor de la media sanción que salió de Diputados, mientras que el oficialismo anticipó que presentará modificaciones y, con el objetivo de obtener el dictamen de mayoría, negocia esos cambios con sus excompañeros integrantes hoy del bloque Unidad Federal y con los monobloquistas Alberto Weretilneck, Magdalena Solari Quintana y Clara Vega. 

Al cierre del encuentro, y tras escuchar a los diferentes expositores, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, Víctor Zimmermann (UCR) propuso: “Tenemos que darle la mayor previsibilidad y celeridad al tratamiento de la media sanción, fundamentalmente porque todos coincidimos en que la presente ley perjudica a propietarios como inquilinos. Por eso, nosotros pedimos que hoy firmemos dictamen“.

En contraposición, la secretaria de la comisión la senadora Juliana Di Tullio (FdT) sostuvo: “La media sanción que viene en revisión perjudica claramente a los inquilinos y lo que pidieron es que se vuelva a la situación anterior. Nosotros tenemos propuestas para mejorar el dictamen y le pido que hagamos un cuarto intermedio hasta el miércoles para poder acercar posiciones tanto en nuestro interbloque como otros bloques para llegar a un número significativo en el recinto”.

“Vamos a hacer un cuarto intermedio para trabajar hasta el miércoles y poder arribar a un dictamen o dos o los que se presenten para poder, lo más rápido posible, darle un corte al tema”, cerró Daniel Bensusán (FdT) titular de la Comisión de Legislación General.

Las exposiciones

En su disertación, Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, recordó que desde el 2016 vienen discutiendo la ley, pero “sabíamos que la pelea no era esa, la pelea era cuando la ley estuviese vigente porque sabemos muy bien el rol del mercado inmobiliario en el país porque el Estado ha delegado en el mercado inmobiliario la responsabilidad del acceso a la vivienda”.

“Quien decide quién puede alquilar y quién no es la inmobiliaria. No hay una ventana del Estado a dónde ir a reclamar”, cuestionó Muñoz y criticó: “Me sigue sorprendiendo que el ministro de Hábitat no haya venido, ¿no tiene nada para decir? lo único que se dice es que la vivienda es un sueño, nosotros soñamos y hay otros que lo hacen realidad bastante seguido que tienen 10 o 20 viviendas y a nosotros nos dicen que sigamos soñando”.

También enfatizó contra el encuentro de ayer en donde “vinieron todos empresarios, ningún propietario. Vienen los empresarios a hablar de qué tiene que hacer el Estado con las políticas de vivienda. Eso me parece una derrota que escuchemos a los empresarios darnos clase de cómo resolver el problema de la vivienda en Argentina”. “Ayer dijeron que había millones de rentistas, pero el Estado no sabe cuántos hay”, apuntó y brindó datos oficiales de la situación de la vivienda en el país.

Así detalló que “en 1991 había 8 millones de viviendas, había 3.6 personas por vivienda. 2001 11 millones de viviendas y 3,1 persona por vivienda. En 2010 casi 14 millones de viviendas y 2.9 de personas por vivienda. En 2022 18 millones de viviendas y 2.6 personas por vivienda. En la Ciudad de Buenos Aires hay una vivienda cada 1.9 personas, la situación es obscena”. También precisó que el nivel de viviendas del mercado privado de 1991-2001 creció un 37%, mientras que la población creció un 18%; del 2001-2010 creció casi un 20% la cantidad de viviendas, del 2010-2022 creció casi un 30% la cantidad de viviendas. “La cantidad de viviendas creció un 108%”, afirmó.

“No faltan viviendas en el país. Cuando se votó la ley empezó la campaña en contra en todos los medios. Si hubiese habido una campaña tan feroz contra la vivienda dolarizada la situación sería otra en un país donde no hay dólares”, cuestionó y agregó: “Nos deberíamos preguntar qué Estado queremos, no que ley si nadie se cree que el problema del alquiler sean los plazos. El problema lo tienen las inmobiliarias que quieren cobrar cada 24 meses. Tampoco nos creemos que el problema sea la actualización de los precios y el precio inicial que tampoco está regulado y te cobran lo que se les antoja”.

Muñoz apuntó: “La Ley de Alquileres plantea la obligación de registrar los contratos en AFIP y según el jefe de Gabinete en 3 años de vigencia de la norma se registraron 140 mil nada más y los que no registran ayer vinieron a pedir no pagar impuestos y a que los incentiven, algo que le dan todos los años, todos los gobiernos”.

“Hay que crear todas las herramientas posibles para que el Estado se encargue de garantizar que se cumplan las leyes. Las inmobiliarias se creen estar por encima y si la ley no les gusta no la cumplen. Sinceremos el debate y den señales claras. Mantengamos la ley actual y logremos que se cumpla, que el Estado esté por encima del mercado inmobiliario, garanticemos que 10 millones de inquilinos tengamos al Estado velando para que se cumpla esta ley”, afirmó.

Y cerró: “Tienen que dar una señal clara y rápida sobre esto porque quien está gobernando y decidiendo es el mercado inmobiliario. La media sanción afecta todos los derechos de los inquilinos, los contratos, los pagos adelantados, sacaron la obligatoriedad de que los propietarios registren los contratos, es una barbaridad, actualización cuatrimestral es un escándalo, pusieron tres índices y ni en la ley actual se sabe cuál se toma y no hay campañas de difusión porque nadie sabe qué son los precios mayoristas, todo es para confundir y tratar de que no se entienda. La media sanción es una redacción del mercado, intentan ocultar las intenciones reales”.

El siguiente en exponer fue Juan Arrizabalaga, representante de Inquilinos Tandil y concejal de Unión por la Patria en esa ciudad, quien consideró que la reforma de la ley es “un nuevo ataque del lobby inmobiliario, que evidentemente permea a una parte de la clase política argentina”. “Es una reforma pro-mercado, pro-rentistas, que apunta a los tres puntos fundamentales más protectorios de la ley”, señaló. 

En ese sentido, explicó que “achicar el plazo de los contratos de tres a dos años va a generar más inestabilidad habitacional”, además de aumentar los costos inmobiliarios; en lo que respecta a “pasar de un ajuste anual a cuatrimestral, o cualquier otro ajuste menor, va a multiplicar los precios”; y, finalmente, sobre los índices para que las partes acuerden, dijo que “compara dos partes que son incomparables”. 

Tras enumerar situaciones de abusos por parte de inmobiliarias (contratos por un año, comisiones indebidas, etc.), Arrizabalaga alertó que “lo que está en juego es que el año que viene millones de inquilinos no tengan a dónde ir a vivir, no tengan para pagar un alquiler”. Finalmente, en un mensaje a los legisladores del peronismo, les pidió: “Es momento de defender a los que hay que defender, a los 10 millones de inquilinos que tiene la Patria”.

A su turno, Luna Miguens del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) recomendó “mirar la película un poco más amplia” ya que “vivimos en una Argentina, pero también en un mundo, donde la producción de viviendas tiene cada vez menos que ver con las necesidades de vivienda” sino “que tiene cada vez más que ver con la rentabilidad”. “Hay un proceso creciente de inquilinización y un proceso de concentración de vivienda”, observó y ejemplificó que “vemos crisis de alquileres en Barcelona, Lisboa, New York”. 

“En el marco de esa crisis, el Estado tiene el deber, la responsabilidad y la obligación de defender el derecho a la vivienda”, enfatizó y expresó que se necesita “un Estado que pueda poner límites al uso económico de la vivienda”. “La media sanción va en contra de eso, porque lo que hace es restringir el rol del Estado”, indicó sobre el proyecto aprobado en Diputados y cuestionó: “No entiendo quién puede pensar que volver al contrato de dos años no perjudica a los inquilinos. No se puede volver atrás con ese avance”.

Miguens precisó luego datos de una encuesta telefónica realizada por el CELS junto al CONICET y la Universidad Nacional de San Martín, entre otras instituciones, en la cual “el 63% de los inquilinos respondió que tiene deudas y más del 60% respondió que tomó deudas para poder pagar el alquiler”. Sobre el aumento de la incidencia del valor del alquiler sobre los ingresos, en 2021 “el 24% de los hogares destinaban más de la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler”, mientras que “en 2022 esa proporción aumentó el 32%”. “En todas estas encuestas los hogares sostenidos por mujeres están un poco peor”, subrayó y agregó que “el 35% respondió que alquila una habitación” y no una vivienda entera.

Otro de los expositores de la jornada fue Maximiliano Vittar, de Inquilinos Córdoba, quien arrancó: “Estamos con la esperanza y expectativa de que muchos legisladores realmente nos escuchen. En la Cámara de Diputados estuvimos (el año pasado) tres semanas discutiendo, y las propuestas y planteos, por lo menos en el proyecto con media sanción, no fueron tomados”. 

Sobre la iniciativa, sostuvo que no encuentra “un beneficio para el inquilino”. “Al plantear igualdad de partes entramos en un desconocimiento total de lo que sucede” en la realidad, remarcó y se preguntó que “si el problema es la inflación, ¿por qué hoy discutimos la Ley de Alquileres? ¿O por qué la salida es esta media sanción? No se están discutiendo otras leyes de lo que sucede con otros bienes y servicios”. 

Avanzado el encuentro, Florencia Labiano, socióloga y becaria doctoral del CONICET, aseveró que “en los últimos 20 años en Argentina, y en los grandes centros urbanos, estamos atravesando un proceso de inquilinización, de modo similar a lo que sucede en otras ciudades del mundo. Cada vez más hogares se vuelcan al mercado de alquileres privado para recurrir a una vivienda”. Al hacer hincapié en lo privado, explicó que en otros países hay combinación de sector privado y público, o incluso cooperativas o sindicatos que tienen viviendas propias puestas al alquiler. 

“Que la política de viviendas sea un mercado es una decisión política”, resaltó y criticó que “en materia de alquileres, el Estado delega en privados una responsabilidad pública, a la vez que genera directa o indirectamente las condiciones para que la vivienda se concentre cada vez más”. “La vulnerabilidad aumenta en los grupos etarios más jóvenes, pero también en los más viejos. Hay jubilados entre los inquilinos y eso también es preocupante”, continuó. 

Labiano advirtió que “hoy por hoy la vivienda está afectando al mercado laboral” en lo que respecta a “la cantidad de horas que trabajamos, el patrimonio al que accedemos, el tipo de crédito y el tipo de alquiler”. “El alquiler afecta cada vez más a más personas en situaciones más desiguales, no legislar, no reglamentar o no generar las capacidades estatales para poner en práctica las leyes, no significa no regular, significa entregar el control del mercado a sus agentes más poderosos, es decir los más concentrados”, enfatizó. 

Al hacer referencia a la encuesta de la que habló Miguens, la socióloga indicó que “el 76% de los hogares de inquilinos que se habían mudado en los últimos cinco años habían tenido problemas para acceder porque no cumplían con requisitos que proponía el mercado, esos mismos hogares tienen contratos que no están adecuados a la Ley de Alquileres. Es decir que el mercado define quién accede y quién no accede”. 

“Hay que distinguir entre los propietarios, pero para eso hace falta conocerlos, y esos datos los tiene el Estado”, aseguró y dijo que “no faltan viviendas, falta la voluntad de ponerlas en oferta, y es algo que no creo que vaya a modificarse con esta ley”. “Lo que pido es que no retrocedan en los derechos conquistados para los hogares inquilinos para congraciarse con la supuesta oferta de un supuesto mercado que desconocemos por completo”, sumó y, en ese sentido, recordó que “solo el 10% de los contratos están registrados en AFIP”. 

Por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia expuso Pablo Vitale planteó que no se está tomando a la población inquilina en barrios populares y en expansión que “viene creciendo en el país y de los cuales no se tienen datos”, y señaló que “es un mercado que se viene precarizando hace años”.

“La ley da respuestas a una sola parte del problema de acceso a la vivienda que es complejo. El contexto de aplicación de la ley también fue particular porque a lo único que le atribuimos la situación del mercado es a una sola ley. ‘Una ley nos modifica la realidad’, eso ya lo sabemos, pero en este ámbito lo que podemos hacer es sentar las bases y los marcos a partir del cual dar una discusión en términos fácticos y si a eso nos resignamos estamos condenados a que la situación solo dependa de relaciones de fuerza en la que se favorezca a la parte más poderosa”, señaló a modo de llamado de atención.

También indicó que “desde que se sancionó esta ley se está planteando que va a ser modificada, qué expectativa de mercado puede reaccionar de otra manera que no sea retrayéndose si se plantea que es inminente la mejora de la ley para generar rentabilidad. Esto no existe, no se generan mecanismos de control para el mercado extorsivo porque depende de la parte propietaria las condiciones bajo las cuales se alquila”.

“No se ha generado situaciones para que ocurra algo diferente a lo que pasa actualmente con la ley y es atribuible a los recursos estatales destinados para que se cumpla y excede el ámbito legislativo. La ley debe garantizar derechos porque el 50% de los alquileres se hace sin contratos”, remató Vitale y pidió que se legisle en base a datos y “hacer un diagnóstico adecuado respecto de cuáles son las mejores vías de solución posibles. La propuesta de reforma de la ley va en detrimento de los derechos adquiridos en la modificación y de la situación preexistente y deja a la situación inquilina en una situación peor”.

Un contrato de cinco años para los comercios 

Leo Bilanski, presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), habló en representación de los comercios de barrio y manifestó que “el valor inmobiliario y aporte que nosotros reproducimos muchas veces se nos vuelve en contra al momento de renovar el alquiler”. Sobre la actualización del precio, opinó que “es necesario que haya un índice oficial conocido” porque “hoy parece que el índice es el diario, y una economía normal, armónica, desarrollada, no puede bailar al ritmo de las operaciones mediáticas”. 

“El precio del alquiler es determinante para nuestro flujo de gastos y para los costos fijos con los cuales determinamos precios y rentabilidades”, explicó y advirtió que “hoy infinita cantidad de contratos están dolarizados a tipos de cambio caprichosos”. 

Respecto al plazo de los contratos, Bilanski apuntó que hoy es de tres años para los comercios, “cuando recién el recupero de la inversión no tardamos menos de dos años en realizarla, por eso no lo vemos largo (al contrato), lo vemos corto. Habría que pensar algún tipo de extensión hasta cinco años”. 

Sobre ese punto, la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri resaltó que tanto la ley anterior, como la vigente, establece que “cualquiera sea el destino, si no está especificado, no inhabilita a que sea mayor”. En ese sentido, aseguró que la norma “no impediría que firmen un contrato por cinco años”. Pero el presidente de ENAC le respondió que eso debe quedar explícitamente escrito, porque “hay muchos que no cumplen la ley”. 

A continuación, la vicejefa del interbloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, se quejó que en el proyecto aprobado en la Cámara baja “se hizo un recorte, no sabemos si consciente o inconsciente, yo tiendo a pensar mal siempre. La ley anterior, no la vigente, establecía dos años para vivienda y tres para comercio. Pero en la media sanción se le metió también un hachazo a los comerciantes”.

“Nos quieren hacer creer que estamos legislando para un tipo de contrato en donde todos son buenos, amables, donde las partes son iguales y pueden tomarse un café en un lugar hermoso y pactar las condiciones de un contrato de locación”, ironizó la mendocina. 

Y se mostró de acuerdo en “no solamente volver a los tres años (de contrato), sino de extenderlo a cinco años. Que sea de tres años con la posibilidad de extenderlo por dos más” para el caso de los comercios.

También expusieron en la reunión Carla Sánchez, de Juntas por el Derecho a la Ciudad; Diego Fernández, presidente de la Asociación Platense de Inquilinos e Inquilinas; Sebastián Artola, de Inquilinos Agrupados Rosario; Federico Prior, de Inquilinos Neuquén; Matías Solano, de Inquilinos Santa Cruz; Lucía Cavallero, de Ni Una Menos.

Con motivo de la celebración del Día de la Industria, el presidente de la Comisión de Industria y Comercio, el senador por San Juan Roberto Basualdo (Producción y Trabajo) encabezó este miércoles la entrega del Diploma de Honor del Senado a referentes del sector y a directivos de diferentes compañías por su trayectoria, impacto regional o social, innovación, diseño, desarrollo de industrias 4.0, industrias del conocimiento, jóvenes y mujeres de diferentes regiones de nuestro país. De la conmemoración también participaron el diputado nacional y gobernador electo de San Juan Marcelo Orrego; las senadoras Gabriela González Riollo y Carmen Álvarez Rivero, y la secretaria de la Comisión de Industria y Comercio, Laura Aira, empresarios y familiares de los premiados.

“Hoy estamos reconociendo y destacando la participación de la industria y su aporte de conocimiento para la promoción y desarrollo de toda la industria nacional. Tenemos que ser aliados de la producción”, sostuvo el senador Basualdo. Y agregó: “Esta distinción es para incentivarlos y ponerlos de ejemplo para que muchos emprendedores copien lo que han hecho ustedes, de larga trayectoria”.

“Siempre recordamos a la industria, nosotros somos admiradores de ustedes. ¿Qué pecado comete un emprendedor cuando le va bien? Generar empleo, hacer inversiones, correr riesgos, pagar muchos impuestos. Bueno, Dios quiera que tengamos muchos pecadores de esa manera, que generen empleo, que inviertan en el país, que confíen en el país. Para nosotros, son un ejemplo. Son un ejemplo de podernos ayudar a crecer juntos. Desde el Congreso Nacional le queremos dar a ustedes las leyes necesarias, que sea un salvavidas, pero un salvavidas de telgopor que los ayude a crecer, no un salvavidas de plomo”, destacó Basualdo.

Por su parte, el sanjuanino Marcelo Orrego expresó: “En cada uno de ustedes veo reflejado mucho esfuerzo, mucho trabajo, claramente han recordado todos sus antepasados y teniendo siempre la mirada hacia el futuro, lo que viene. Todo comenzó con una acción, que se transformó en una costumbre, después en un hábito y después en una cultura de vida, eso es lo que he visto en cada una de sus palabras, por eso suscribo a cada una de ellas y al esfuerzo que tienen encima. Y se les nota en los ojos que cada vez que se acuestan no lo hacen para descansar, sino para seguir soñando y al otro día seguir haciendo y produciendo”.

Los homenajeados fueron Claudio de Pizzini, fundador y presidente de Pizzini S.A; Rolando Castro, gerente general de Avon; Adolfo Storni, gerente general de Hychico S.A.; Alejandro Bestani, presidente de Alimentos Inca; Beatriz Telecemian, directora de Hinck S.A; Joaquín Echeverría, director general de Ortopedia Beltrán; Franco Martínez Levis, Carolina Belfiore, Elisa Bertini y María Eugenia Farías, fundadores de Puna Bio; Ricardo Nieto, Fernando Nieto, Santiago Nieto, fundadores de Portho Gelatto; Nicolás Galfione, empresario de INEAR; Daniel Risafi, director de BORCAL S.A.I.C.; Marcelo Chevalie, Ceo de “El Mundo de las Placas”; Daniel Jejcic, CEO & Board Member de Avenida+; Salvador Víctor Catania, director de proyecto de St-Group SRL; Carlos Maxwell Casares, director de Food Service.

Dentro del evento recibieron una mención especial Ernesto Del Burgo, presidente de la Cámara argentina de la innovación textil y Pedro Cascales, presidente de la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA).

“La Argentina me dio la oportunidad de estar acá, tengo que agradecerlo, porque después de 68 años de trabajo todavía estamos de pie y somos exitosos, y vamos por más, yo voy por más a pesar de la edad que tengo. Sigo yendo todos los días a la empresa, acabo de llegar de allá. La idea que les quiero dejar es ‘no existe el no puedo’”, expresó Claudio de Pizzini, fundador y presidente de Pizzini SA.

Asimismo, Fernando Nieto, de la empresa sanjuanina Portho Gelatto, subrayó: “Somos producto de una crisis, mis viejos arrancaron sin nada en el living de la casa, yo tenía 8 años. Mi hija es el motivo por el cual cada día entro a la fábrica, se piensa en el futuro de ellos. Al principio fue sólo la familia de 6, hoy son más de 180 familias que viven de esto. Tenemos planes de expansión, estamos terminando nuestra planta productiva, lo que nos va a permitir crecer a 6 provincias más de Argentina. Creemos que es real que sin industria no ha Nación, nosotros lo único que queremos es crecer y que las instituciones nos ayuden a eso, queremos competir, queremos seguir dando trabajo, queremos seguir soñando y queremos seguir generando oportunidades para nuestros colaboradores. Gracias de nuevo por esta distinción, es un empujón muy grande para nosotros”.

Tal como se acordó la semana pasada, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado recibirá a expositores en el marco del debate del proyecto de ley que busca una solución a la situación de alrededor de 100 mil deudores de créditos UVA.

La vicejefa de la bancada oficialista, Anabel Fernández Sagasti, dejó entrever en la primera reunión que la iniciativa podría volver con cambios a la Cámara de Diputados.

Cabe recordar que, a diferencia de lo que ocurrió con la reforma de la Ley de Alquileres -votada por todo Juntos por el Cambio más allá de quienes buscaban la derogación total-, en la media sanción que tuvo en la Cámara baja el tema de los créditos UVA, el interbloque opositor se mostró muy dividido: solo una parte de la UCR votó junto al oficialismo.

En la primera ronda de expositores, los senadores recibirán este miércoles, a partir de las 17 en el Salón Illia, a un grupo de damnificados. Se presentarán Claudia Pilo, Leonardo Miranda, Paola Gutiérrez, Mara Eddine, Cristian Rubio, Luz D’Angelo, Mariela González y José Bernardo.

En tanto, el jueves a las 14 será el turno de Mariano Beltrani, subgerente General de Estudios Económicos y Gestión de Riesgos del Banco Provincia y Marcelo Mazzón, director Ejecutivo de la Asociación de Bancos Públicos y Privados (ABAPPRA).

La media sanción de Diputados

El proyecto con media sanción de la Cámara de Diputados crea el “Sistema de Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios”, y establece que la cuota a pagar por el deudor hipotecario se determinará por el coeficiente de variación salarial, tomando como referencia el RIPTE (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables). En los meses que el RIPTE se encuentre por arriba del IPC (inflación), pagarán siempre el índice más bajo.

A su vez, la iniciativa estipula que la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores, ni podrá extender la duración del crédito más del 25% del plazo originalmente pactado. Para los créditos ya otorgados, el cómputo será retroactivo al 1ro. de enero de 2023.

Entre otros puntos, se determina que quienes estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente. El mecanismo para esta posibilidad deberá ser determinado por el Banco Central.
Se prevé que en caso que el deudor se encuentre en cese laboral, el Fondo que se crea se hará cargo de hasta tres cuotas, mientras que las posteriores serán refinanciadas por acuerdo de partes.

Este Fondo, denominado “Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH)”, tendrá como objetivo cubrir descalces entre salario y UVA/UVI. El texto indica que “las entidades financieras deberán integrar el FFCPH con un aporte mensual que determinará el Banco Central con un límite máximo de 0,0025% del promedio de los saldos diarios de los depósitos en pesos y moneda extranjera”.

El FFCPH se integrará también con las primas que aporten los tomadores de nuevos créditos promovidos. No obstante, la participación en el FFCPH será voluntaria por parte de los tomadores de créditos.

El Fondo también se financiará del rendimiento de sus inversiones y aportes de organismos multilaterales -entre otros-, pero se aclara que no recibirá aporte corriente alguno por parte del Tesoro ni del Banco Central, ni tampoco de los deudores.

La diferencia entre la cuota calculada en base a salarios y la calculada en base a UVA/UVI será compensada a los bancos por el FFCPH. Si la cuota calculada por salarios resulta mayor a la calculada por UVA/UVI, prevalecerá la más baja.

Se establece la suspensión de desalojos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas y/o cautelares en trámite por el término de un año y se encomienda al Banco Central a promover líneas de crédito similares, entre otros puntos.

Año electoral de muy baja actividad en líneas generales, pero inusualmente baja en el Senado, es notorio que justo el mes en el que se realizaron las elecciones primarias hayan trabajado tantas comisiones. Una decena en la Cámara baja, pero sobre todo nueve en el Senado.

Eso sí, de sesiones ni hablar en la Cámara alta; en la Baja, sí hubo al menos una, aquella pedida allá por el 5 de julio en plena sesión para tratar el tema alquileres. Se realizó el miércoles 23 de agosto, con una sesión que tuvo de todo: un rechazo a la derogación de la Ley 27.551, de Alquileres; un rechazo al dictamen de mayoría, y una aprobación final del de minoría por 125 votos a favor, 112 en contra y 3 abstenciones.

En materia de comisiones, como decíamos, se activó el Senado. Pero con un dato no menor: eso sucedió recién en los últimos tres días del mes. Esto es, la Cámara alta no tuvo ninguna actividad, salvo una reunión de la Comisión de Minería, Energía y Combustible del 2 de agosto, convocada para tratar un único tema: el proyecto del senador Edgardo Kueider para bajar las tarifas del servicio eléctrico, cuyo tratamiento el entrerriano había puesto como condición para dar quórum en la sesión en la que el oficialismo buscaría aprobar 75 pliegos judiciales, entre ellos el de la camarista Ana María Figueroa. Sesión que, ante la falta de quórum prevista, no se realizó.

La actividad volvió con todo, como hemos dicho, los últimos tres días del mes, ante el reclamo opositor para tratar la media sanción de la Ley de Alquileres. Esa norma debía ser analizada en un plenario de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda que se realizó ese día; previamente se constituyó Legislación General, presidida por el pampeano Daniel Bensusan, que a continuación dictaminó por ejemplo sobre un proyecto que desde hace tiempo tiene media sanción de Diputados y que dormía el sueño de los justos en la Cámara alta: el que crea un Registro Nacional de Deudores Alimentarios.

Luego se armó el plenario con Presupuesto y Hacienda que inició el debate de la reforma de la Ley de Alquileres, anticipando ese día el deseo de extender su análisis y no dictaminar rápido, como pedía Juntos por el Cambio.

Legislación General volvió a reunirse el 31 de agosto para formar un plenario con la Comisión de Turismo e iniciar la discusión de un proyecto para regular los alquileres temporarios.

No fue la única comisión que se reunió tres veces. También lo hizo la de Presupuesto, que preside el riojano Ricardo Guerra, que además de reunirse por Alquileres, también lo hizo el 30 de agosto para tratar otra media sanción, la de créditos UVA, y más tarde realizó otro plenario con Educación y Cultura, por las becas Progresar.

Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresas realizó dos reuniones el 30 de agosto. Primero se constituyó, ratificando como presidenta a Nora del Valle Giménez, y luego avanzó con el dictamen del proyecto proveniente de Diputados sobre Producción Orgánica para las Economías Regionales, y a continuación trató, de manera conjunta con la Comisión de Trabajo y Previsión Social, un proyecto para permitirles a trabajadores rurales temporarios mantener el acceso a programas sociales.

Otra comisión que se constituyó en esos días fue la de la Banca de la Mujer, que entre otros temas trató el 30 de agosto la ley de Violencia Digital.

Presidida por la rionegrina Silvina García Larraburu, Ciencia y Tecnología se reunió el 30 de agosto para dar curso a una batería de proyectos de declaración y resolución.

A su vez, la de Turismo tuvo dos reuniones. La ya mencionada, en conjunto con Legislación General para tratar alquileres temporarios, y otra en la que una vez constituida avanzaron con un proyecto sobre la Academia Argentina de Turismo, entre otros temas analizados.

Pudieron haber habido más reuniones, pero la ausencia del oficialismo impidió que se constituyeran las comisiones de Industria, de Economía Nacional e Inversión y de Asuntos Administrativos y Municipales, todas presididas por la oposición.

Qué pasó en Diputados

Juicio Político fue una vez más la comisión más activa en Diputados. En agosto se reunió tres veces, comenzando por la que mantuvo el primer día del mes, con la presencia “estelar” de Silvio Robles, quien volvió loco a los diputados oficialistas con sus “no respuestas”.

Una semana después se realizó una nueva reunión de esa comisión, que tuvo la particularidad de que se ausentaron los testigos convocados. Apenas se extendió por 40 minutos. La última reunión de esa comisión se realizó el 29 de agosto (fue la vigésimo primera del año), cuando recibió el esperado testimonio del exministro de Justicia y Seguridad de CABA Marcelo D’Alessandro.

El 2 de agosto se reunieron las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, para comenzar a analizar el proyecto de ley del Ejecutivo para actualizar la Ley de Protección de Datos Personales.

Ese mismo día tuvo lugar uno de los dos plenarios de las comisiones de Legislación del trabajo y de Mujeres y Diversidad para avanzar con el proyecto sobre licencias laborales: hubo una informativa ese día y el 22 de agosto se firmaron los dictámenes.

Una comisión que suele reunirse excepcionalmente es la de Peticiones, Poderes y Reglamento, conducida por la camporista Paula Penacca, que se reunió el 3 de agosto para recibir a representantes de pueblos originarios que se oponen a la reforma constitucional en Jujuy. Allí se habló de un proyecto de la diputada Leila Chaher para crear una comisión bicameral que investigara la reforma votada en esa provincia.

Pasadas las elecciones, el 22 de agosto se reunió la Comisión de Legislación General  para dictaminar el proyecto de Máximo Kirchner para evitar una privatización de Aerolíneas Argentinas,

La Comisión de Acción Social y Salud Pública emitió dictamen ese día para el proyecto que busca regular el ejercicio profesional de la instrumentación quirúrgica, encuentro en el que también escuchó a un representante de la OMS quien habló sobre el consumo del tabaco en nuestro país.

La Comisión de Asuntos Constitucionales se reunió el 23 de agosto para dar luz verde al pedido de la justicia para acceder al o los celulares del diputado Gerardo Milman, tema votado afirmativamente en el recinto en la sesión de ese mismo día.

Al día siguiente de la sesión del 23 de agosto se reunió la Comisión de Industria para recibir una serie de invitados en el marco del tratamiento de un proyecto para crear un régimen de promoción de la industria del calzado.

Ese mismo 24 de agosto también realizó una reunión  informativa la Comisión de Presupuesto, para escuchar al titular de la AFIP, Carlos Castagneto, y al director de Aduanas, Guillermo Michel, en el marco del inicio del tratamiento del proyecto de Exteriorización del Ahorro Argentino. La intención oficialista era dictaminar ese mismo día, pero terminó haciéndolo una semana después, el 29 de agosto, en una nueva reunión de esa comisión, que ese mismo día realizó un plenario con Educación para dictaminar sobre tres proyectos para crear universidades, que habían perdido estado parlamentario.

Comisiones que se reunieron a lo largo del año en Diputados

Juicio Político: 21 veces

Presupuesto: 12 veces

Comercio: 7 veces

Mujeres y Diversidad: 6 veces

Legislación General: 5 veces

Legislación del Trabajo: 5 veces

Finanzas: 3 veces

Agricultura y Ganadería: 3 veces

Industria: 3 veces

Legislación Penal: 2 veces

Ciencia y Tecnología: 2 veces

Economía y Desarrollo Regional: 2 veces

Defensa del Consumidor: 2 veces

Intereses Marítimos: 2 veces

Cultura: 2 veces

Comisión de Energía: 2 veces

Asuntos Constitucionales: 2 veces

Acción Social y Salud Pública: 2 veces

Recursos Naturales: 1 vez

Previsión y Seguridad Social: 1 vez

Minería: 1 vez

Justicia: 1 vez

Deportes: 1 vez

Defensa: 1 vez

Transporte: 1 vez

Relaciones Exteriores: 1 vez

Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias y Previsionales: 1 vez

Discapacidad: 1 vez

Libertad de Expresión: 1 vez

Comunicaciones e Informática: 1 vez

Defensa del Consumidor: 1 vez

Población y Desarrollo Humano: 1 vez

Peticiones, Poderes y Reglamento: 1 vez

Educación y Cultura: 1 vez

Comisiones que se reunieron a lo largo del año en el Senado

Presupuesto: 7 veces

Legislación General: 3 veces

Acuerdos: 2 veces

Salud: 2 veces

Economías Regionales: 2 veces

Trabajo y Previsión Social: 2 veces

Justicia y Asuntos Penales: 2 veces

Minería, Energía y Combustibles: 2 veces

Turismo: 2 veces

Deportes: 1 vez

Población y Desarrollo Humano: 1 vez

Ambiente y Desarrollo Sustentable: 1 vez

Ciencia y Tecnología: 1 vez

Educación y Cultura: 1 vez

Banca de la Mujer: 1 vez

Ciencia y Tecnología: 1 vez

Quienes imaginaban un tratamiento veloz de la reforma de la Ley de Alquileres motorizada en la Cámara de Diputados, se encontraron esta semana con la novedad de que eso no sucederá.

Resulta curioso, pues a priori se habían encendido las alarmas ante la posibilidad de que el oficialismo buscara utilizar el tema como “moneda de cambio” para apurar una sesión en la que se pudieran aprobar los pliegos judiciales pendientes. Entre ellos, el de la camarista Ana María Figueroa, clave en la causa Hotesur/Los Sauces. Así las cosas, las dudas estaban planteadas en torno a qué actitud adoptaría la principal oposición si se daba esa situación.

Más allá de la fecha de tratamiento, se hacían cálculos para determinar qué podía pasar en una sesión. Juntos por el Cambio tiene 33 votos propios, y para llegar al número necesario sumaba al rionegrino Alberto Weretilneck, gobernador electo de su provincia, atento a que los diputados de Juntos Somos Río Negro no solo votaron a favor del dictamen de minoría en la Cámara baja, sino que también Agustín Domingo trabajo en la confección del mismo.

La  misionera Magdalena Solari Quintana era otra posibilidad, aunque habitualmente orbita cerca del oficialismo, pero teniendo en cuenta que los misioneros de su partido en Diputados estuvieron alineados con el proyecto aprobado, aunque solo uno de ellos lo votó: Carlos Fernández. Diego Sartori, el otro diputado del Frente Renovador de la Concordia estaba enfermo.

La senadora riojana Clara Vega ya está decididamente alineada con el oficialismo, pero ante un tema tan especial tal vez tuviera predisposición a apoyar la media sanción, en aras de un pronto alivio para inquilinos y propietarios. Aunque esta senadora tiene un proyecto propio, con lo que posiblemente querría introducirle modificaciones al texto llegado de Diputados.

Si esos tres votos fueran favorables, el cuarto había que buscarlo en el  interbloque Unidad Federal, y allí JxC contaba con la cordobesa Alejandra Vigo, por el hecho de que la mayoría de los cordobeses schiarettistas votaron a favor en Diputados. En ese caso también se podría contar con el correntino Carlos “Camau” Espínola, alineado con el gobernador cordobés. Si todos los mencionados votaban a favor, se llegaba a una holgada cifra: 38 a favor. Difícil.

El tema es que el oficialismo no solo no mostró premura por el tratamiento de este tema en el recinto, sino que también exhibió disposición a modificar el texto. Muchos de los cambios van en el sentido mostrado por el oficialismo en Diputados, sobre todo el plazo de los contratos por 3 años, que según se expresó el martes en la comisión resulta un tema innegociable.

La cuestión es que no solo el Frente de Todos muestra reparos hacia la media sanción de los diputados. El estratégico interbloque Unidad Federal tampoco acepta el proyecto tal cual llegó. Y ahí se derrumban las expectativas de que el proyecto pueda avanzar rápido. Esto es, tal cual llegó de la Cámara baja.

Lo adelantó el presidente de UF, el jujeño Guillermo Snopek, quien no solo está en contra de pasar de 3 años a 2 de contrato, sino tampoco quiere los 4 meses como mínimo para los reajustes. Ese tema hace carrera en buena parte de quienes se oponen a lo que llegó de Diputados.

En cuanto a Vigo, tampoco debería sorprender alguna objeción, teniendo en cuenta que no todos los cordobeses apoyaron la norma debatida en la Cámara baja. Natalia de la Sota, junto a Alejandro “Topo” Rodríguez, votaron en contra. No estaban de acuerdo con los 4 meses, pero sobre todo se enojaron porque no les aceptaron una modificación referida al mecanismo de actualización. El texto aprobado dice: “A los fines dispuestos en el párrafo anterior, para los ajustes, las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, PUDIENDO aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.

Para estos diputados del interbloque Federal, en lugar de decir “pudiendo aplicar”, tenía que decir “debiendo aplicar”. Porque de lo contrario, quedando como el texto quedó, el texto no establece taxativamente ningún índice de actualización. Ni una combinación de índices, ni nada que se le parezca.

En Unidad Federal están de acuerdo con esa objeción; no los convence que los reajustes queden librados a lo que resuelvan las partes.

En definitiva, adelantan desde el interbloque integrado por Snopek, Alejandra Vigo, Espínola, María Eugenia Catalfamo y Edgardo Kueider, que presentará un proyecto propio.

Lo cual aleja toda posibilidad de aprobación del texto sancionado en Diputados, y por el contrario garantiza que el mismo vuelva con modificaciones.

La Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Senado tuvo este miércoles su reunión constitutiva, en la que ratificó a tres senadoras al frente de la misma: Nora del Valle Giménez como presidenta; Mariana Juri, vicepresidenta y Clara Vega como secretaria. Tras lo cual, avanzaron con el tratamiento del proyecto de Producción Orgánica para las Economías Regionales, que viene con media sanción de Diputados, y al que se le dio dictamen.

El proyecto que prevé una serie de beneficios fiscales, entre ellos la reducción del 50% en el monto total del impuesto a las Ganancias determinado en cada ejercicio respecto de las actividades productivas, fue aprobado el 6 de julio pasado con 120 votos afirmativos, 6 negativos y 38 abstenciones.

Se trata de un régimen de promoción que se extiende por espacio de diez años, cuya autoridad de aplicación es la AFIP y que otorga un certificado promocional a los efectos de la operatividad de ese régimen. Prevé beneficios fiscales y por el mismo se crea un registro donde se inscriben empresas y los productores alcanzados por la ley.

Podrán acogerse al régimen de promoción los productores y/o elaboradores de productos que acrediten al menos un año de permanencia a contar desde el inicio del seguimiento. Los sujetos alcanzados por esta ley no podrán exceder los montos máximos de facturación para la totalidad de sus actividades establecidas.

Además, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tendrá la facultad de crear un certificado promocional a los efectos de la operatividad del presente régimen.

También plantea que los beneficiarios del régimen de la presente ley podrán convertir en un bono de crédito fiscal intransferible el 50% de la totalidad de las contribuciones patronales que hayan efectivamente abonado a partir de su incorporación al registro previsto en el artículo 10, sobre la nómina salarial de mano de obra empleada en la producción y/o elaboración de productos orgánicos con destino a los sistemas y subsistemas de seguridad social.

Autor de la norma en Diputados, estuvo presente en la reunión del Senado el presidente de la Comisión de Economías Regionales de la Cámara baja, Ramiro Fernández Patri, que fue invitado a hablar de su proyecto. Al hacerlo, contó que el mismo prevé otorgarles “herramientas a nuestros productores, sobre todo de las economías regionales”. La producción orgánica, agregó, “tiene un equipo que viene militando este proyecto hace más de diez años. Se ha generado en la Secretaría de Agricultura una comisión asesora integrada por todas las provincias, universidades y asociaciones del sector, y lo que hemos hecho los diputados es trabajar en forma articulada con ellos”.

Recordó el diputado formoseño que un proyecto “no exacto, pero similar” había tenido media sanción en 2013, pero luego n pudo ser tratado en el Senado y perdió estado parlamentario”.

“Teníamos que darle impulso y estuvimos trabajando en el proyecto, porque hoy Argentina el 98% de lo que produce en producción orgánica lo termina exportando. (Esta actividad) no tiene asociada una importación que genere dólares a la Argentina, que hoy es el segundo país en el mundo en cantidad de hectáreas de producción orgánica”, apuntó el legislador oficialista, que admitió que “desde el Estado no contribuimos con los productores para que haya fondos específicos” destinados al sector.

Fernández Patri puntualizó que “esta ley lo que hace es crear un fondo especial para poder pagar a una certificadora que haga la trazabilidad de todo el proceso de producción”. Destacó además los beneficios que tiene la producción orgánica, no solo a nivel salud, sino también para mitigar el calentamiento global, pues se produce sin utilizar fertilizantes químicos; y genera entonces beneficios sociales, ambientales, económicos y en materia de salud. “Argentina tiene todavía un gran potencial por descubrir, sobre todo el mercado interno, porque todavía no tenemos la conciencia de lo que significa ese producto por el que estamos pagando de más”.

Recordó que el proyecto establece un monto de cien millones de pesos para distribuir entre todas las asociaciones que quieran trabajar en ese sentido.

Mientras comenzaba a circular el dictamen para la firma, la presidenta de la comisión, Nora del Valle Giménez, contó que habían recibido el ofrecimiento de participar de una exposición conjunta de la producción orgánica en las economías regionales, y aprovechó la presencia de Fernández Patri para comprometer a las comisiones de ambas cámaras a tomar parte de esa muestra, en el marco de la necesidad de atender permanentemente políticas públicas de apoyo, sostenimiento y asistencia del Estado para ese sector.

Tras el comienzo de la discusión por la reforma de la Ley de Alquileres, y tal como se anticipó en ese encuentro, el oficialismo en el Senado activará el debate sobre la regulación de los alquileres temporarios.

El proyecto presentado en marzo pasado por la santacruceña Ana María Ianni (UC-FdT) se tratará este jueves, a partir de las 11.30, en un plenario de las comisiones de Legislación General y de Turismo -que primero debe constituirse-.

Similar a una iniciativa presentada recientemente por Paula Penacca en la Cámara baja, el texto impulsado por Ianni promueve “la regulación del contrato de locación temporaria con fines turísticos en la República Argentina”.

De acuerdo a la propuesta, estarán alcanzados “los propietarios o administradores que cuenten con poder y/o autorización correspondiente para comercializar inmuebles de forma temporaria, los huéspedes y toda persona que comercialice, publicite u ofrezca a través de cualquier medio viviendas de alquiler temporario para uso turístico”. Para que un inmueble sea considerado de alquiler temporario, deberá rentarse entre 1 a 90 días.

Pero además, el proyecto dispone la creación, en el ámbito del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación o quien en el futuro lo reemplace, del “Registro Nacional de Viviendas de Alquiler Turístico Temporario”.

En uno de sus artículos también define que “las plataformas digitales que ofrezcan, intermedien, y/o celebren contratos de locación temporarios con fines turísticos, deberán: habilitar un campo en la plataforma digital para que el propietario informe el número de inscripción ante el registro de cada unidad; y proceder a la baja, retiro o suspensión de toda publicación que no posea el número de inscripción en el registro, previa notificación fehaciente al propietario o administrador de la unidad en alquiler”.

La Comisión de Legislación General del Senado tendrá este martes su reunión constitutiva a las 17, tras lo cual habrá un plenario con la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el riojano Ricardo Guerra, para tratar la modificación de la Ley de Alquileres, en revisión, que llega con media sanción de la Cámara de Diputados.

El viernes pasado, el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio había exigido “urgentemente” la composición de la Comisión de Legislación General para tratar “de inmediato” la modificación de la Ley 27.551 respecto a los contratos de locación.

En el marco del debate, estarán a la vista proyectos presentados sobre el mismo tema en el Senado por la senadora Clara Vega (propone 2 años para habitar, 3 para comercializar y ajuste de precio cada 6 meses), el de la misionera Magdalena Solari Quintana (que el locatario pueda renunciar cuando lo desee), el del radical Julio Martínez (2 años con prorroga por solo uno más), el de Maurice Closs (ajuste anual) y el de Carolina Losada que busca directamente la derogación.

El miércoles pasado en el recinto de la Cámara de Diputados, la oposición logró la media sanción del proyecto que establece que los ajustes sean por intervalos no inferiores a 4 meses y que el mecanismo de actualización pueda combinarse entre tres índices, a acordar por las partes. Además, vuelve a dos años el plazo de los contratos.

Deudores morosos

No será el de alquileres el único tema a tratar. El plenario convocado para este martes tratará también la creación en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (ReNDAM) que tiene media sanción de la Cámara de Diputados desde el 9 de noviembre de 2022.

Esta iniciativa tiene por objeto la conformación de una base de datos unificada y dinámica, con soporte digital de acceso público y gratuito, de los deudores alimentarios morosos de todo el territorio nacional inscriptos en los registros jurisdiccionales y/o a solicitud de autoridad judicial competente.

La inscripción en el ReNDAM se dará cuando la persona obligada al pago de cuotas alimentarias, provisorias o definitivas, mediante resolución judicial o convenio homologado judicialmente, incumpliera con el pago en tiempo y forma. Mientras que, para la baja, una vez acreditado el pago de lo adeudado el juez o tribunal correspondiente deberá ordenar la baja de la inscripción dentro de los cinco días hábiles posteriores.

Asimismo, los registros de las distintas jurisdicciones deberán “notificar al ReNDAM toda alta, baja o modificación en el plazo establecido en el instrumento de adhesión, el cual no puede superar los cinco días hábiles de ocurrido el hecho que lo cause”.

El proyecto plantea una serie de impedimentos para quienes estén inscriptos en este registro, de manera que distintas instituciones u organismos no les otorguen “la apertura de cuentas bancarias y otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito o débito; inscripciones o anotaciones en los registros de la propiedad inmueble nacional o de las jurisdicciones locales; otorgamiento o adjudicación, a título oneroso, de viviendas sociales o cesión de los derechos emanados de las mismas; expedición o renovación de pasaporte; solicitud de licencia para conducir o su renovación; habilitación para la apertura de comercio o industria; e inscripción a matrícula de colegios profesionales o entidad similar necesaria para el ejercicio de actividad bajo matrícula pública”, entre otros.

Sin embargo, aclara que “a petición del interesado/a el/la juez/a o tribunal que ordenó la inscripción en el ReNDAM, con pronto despacho, puede autorizar la realización en forma provisoria de los trámites previstos en el presente artículo si de esa manera se posibilita el acceso a una fuente de ingresos o actividad que permita el cumplimiento de la obligación alimentaria o mediando razón suficiente”.

También, en el texto que consta de 20 artículos, se prevé que las personas inscriptas en el ReNDAM no podrán ingresar, en carácter de espectadores/as, a eventos y torneos deportivos masivos, ni a casinos o casas de juego.

El artículo 15 establece que la autoridad de aplicación debe articular con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia; la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia; el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; y otros organismos competentes, la realización de campañas de sensibilización y concientización sobre la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes vinculados al cumplimiento de la obligación alimentaria; la existencia del ReNDAM; información relativa a centros de atención, asesorías de familia y centros de acceso a la justicia que asesoren o patrocinen en materia de cumplimiento de las obligaciones alimentarias; y la violencia económica que se ejerce hacia las mujeres producto del incumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Del mismo modo, estarán a la vista proyectos que ingresaron sobre el tema por la Cámara alta de los senadores nacionales Daniel Bensusán (FNyP – La Pampa), Silvina García Larraburu (UC – Río Negro) y Daniel Kroneberger (UCR – La Pampa).

Además, será tratado el proyecto de ley presentado por el senador fueguino Matías Rodríguez para modificar el artículo 69 del Código Civil y Comercial de la Nación respecto de permitir el cambio de nombre y apellido con y sin intervención judicial.

La iniciativa propone los cambios de apellido sin intervención judicial para personas que hayan sido víctimas en casos de: delitos contra su integridad sexual por parte de alguno de sus progenitores o ascendientes y descendientes hasta el primer grado de aquellos que cometieron delitos contra la integridad sexual o la vida de terceros.

Por José Angel Di Mauro

Esta anécdota vale para ejemplificar las características del parate que experimenta este año el Senado de la Nación y el especial interés de sus autoridades por priorizar una serie de nombramientos judiciales. Sucedió el 31 de mayo pasado, durante la segunda reunión de la Comisión de Acuerdos del Senado de esa semana, cuando finalmente le tocó el turno para exponer a la camarista Ana María Figueroa. Integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, el oficialismo en general y la presidenta del Senado en particular tienen especial interés en que se apruebe una prórroga de cinco años para que siga en el cargo más allá de haber cumplido 75 años el pasado 8 de agosto. Cuando le tocó intervenir durante esa audiencia al senador radical Julio Martínez, este le comentó a la magistrada que “el Senado está paralizado”.

Empero, reconoció que “ayer y hoy hubo mucha actividad gracias a usted y el interés que tiene el oficialismo y Cristina Kirchner en que siga siendo jueza”. Hábil declarante, Figueroa contestó con ironía: “Si es así, bienvenido. Ojalá haya sido por mí que la tercera parte de las vacantes en el Poder Judicial se cubran de una buena vez”.

La realidad es que la Cámara alta ostenta un récord negativo que merece ser detallado. Ha realizado este año apenas una sesión para aprobar leyes. Fue la del 13 de abril, en la que se aprobó el proyecto de Fortalecimiento de la Justicia de Santa Fe. La presión porque saliera esa ley posibilitó de paso que se aprobaran también la Ley de Alcohol Cero; la exención de ganancias para trabajadores de la salud; el Programa Nacional del Cardiopatías Congénitas; la eliminación del trámite de fe de vida para jubilados y pensionados; el Certificado Unico de Discapacidad; la Ley de Promoción de la Enfermería; el proyecto que reconoce la Lengua de Señas como idioma viso-gestual; y la Ley Lucio. Fue la única sesión de este año en la que los senadores aprobaron proyectos.

Con todo, la estadística dirá que el número de sesiones no ha sido el peor que se recuerde, pero si se analiza bien en detalle se verá que no es así. Veamos: en febrero se hizo la sesión preparatoria, un trámite burocrático que se cumple todos los años para designar autoridades; el 11 de mayo, una sesión informativa con el jefe de Gabinete; y luego hubo dos intentos fallidos para sesionar. El primero, el 30 de marzo, la oposición dejó sin quórum la sesión al cabo de una hora, disconforme con el temario que el oficialismo quería imponer en esa sesión que había sido generada por la oposición en su conjunto -JxC y el debut de Unidad Federal-, que se retiró disconforme cuando la presidencia del Cuerpo exigió que el temario que ellos querían tratar fuera aprobado por una mayoría agravada.

La otra sesión caída fue la del 12 de julio, cuando el oficialismo no pudo reunir quórum para tratar una serie de iniciativas que reunían consenso, pero también y al principio 75 pliegos judiciales, entre ellos el de la jueza Ana María Figueroa, clave para fallar en torno a las causas Hotesur/Los Sauces, que involucran a la familia Kirchner.

El temario de ese día incluía la autorización del ingreso y salida de tropas. “A ningún presidente de la democracia se le negó el permiso de entrada y salida de tropas”, se quejó ese día el presidente del oficialismo, José Mayans. Pero además había otros proyectos con media sanción que esperan desde hace tiempo su aprobación: la creación del Programa de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento Integral de la Pubertad Precoz, que tuvo media sanción en Diputados el 19 de abril de este año; y el de muerte perinatal, también conocido como Ley Johanna, con media sanción desde el 24 de noviembre del año pasado.

Los palcos estuvieron poblados esa vez de invitados que aguardaban la aprobación de esas leyes, una manera nada inocente de meterles presión a los senadores. Pero eso no fue suficiente para vencer la resistencia de la oposición para habilitar esa sesión, y con ello los pliegos judiciales.

Una larga lista de proyectos pendientes

La cuestión es que este parate del Senado mantiene más de una veintena de proyectos con media sanción en lista de espera, en muchos casos sin haber sido siquiera tratados en comisión.

A los ya citados, hay que agregar, entre otros:

• Monotributo tecnológico;
• Lavado de activos;
• Becas Progresar;
• Violencia digital contra las mujeres;
• Régimen de Promoción de la Producción de Productos Orgánicos;
• Derogación de la Ley 11.317 sobre prohibición de tareas peligrosas o insalubres para mujeres;
• Plan de refinanciación de deudas de provincias y municipios con el ENOHSA;
• Deudores alimentarios;
• Créditos UVA;
• Alquileres.

En busca de un plan canje

Como se ve, las autoridades del Senado tienen suficientes proyectos que pueden usar como zanahoria para forzar a la oposición a sentarse en sus bancas. Acaba de sumarse el aprobado el miércoles pasado en Diputados, para modificar la Ley de Alquileres.

Por ese tema el viernes pasado el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, presentó un escrito ante la presidenta del Cuerpo para reclamar la urgente constitución de la Comisión de Legislación General, con el fin de tratar “de manera inmediata” la media sanción que reforma la Ley 27.551, de alquileres. El pedido esta vez tuvo efecto y el Senado convocó a un plenario para este martes a las 17, con el fin de comenzar a tratar el tema a fin de habilitarlo para su llegada al recinto.

Pero esa no fue la única novedad. Se habilitó también para el día siguiente, a las 13, el tratamiento de la media sanción sobre créditos UVA en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El pedido que en cambio no tuvo eco fue el formulado por el interbloque JxC sobre la jueza Ana Figueroa para que “la solicitud de prórroga excepcional por fuera de lo que establece la Constitución quede archivada en el Senado”. En la nota enviada a las autoridades del Senado dijeron saber de “la insistencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner, en su agenda judicial, pero este Senado ya rechazó su pedido por Figueroa y exigimos que el tema quede cerrado para permitirnos tratar temas que tienen que ver con la agenda del país, que sufre la inflación, la devaluación y la inseguridad”.

La oposición está ahora en un brete, pues seguirá oponiéndose enfáticamente al tratamiento de los pliegos judiciales, pero lo más probable es que se encuentre con una negativa cerrada de parte del oficialismo. ¿Cederá alguna de las partes? ¿Alcanzará con el eventual apartamiento del pliego de la jueza Figueroa del listado, teniendo en cuenta que entre los 74 pliegos restantes buena parte de ellos tienen vinculación con el kirchnerismo? Cabe destacar que esos nombramientos se aprueban con mayoría simple que el oficialismo tiene asegurada.

Y un dato final para tener en cuenta. El Gobierno necesita iniciar una sesión del Senado para dar ingreso a otra tanda de pliegos judiciales que incluyen más nombres bien cercanos al oficialismo. La oposición lo sabe y es una de las razones por las que no se sienta a sesionar. Pero ahora deberá elegir.

En este contexto, la Cámara de Senadores parece haberse convertido en una suerte de “Chicken game”, donde las dos partes solo aceleran.

Las pocas sesiones que ha habido este año en la Cámara de Senadores se deben fundamentalmente a la intención oficialista de aprobar una serie de pliegos judiciales, en particular uno: el de Ana María Figueroa, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal. La citada jueza es una camarista clave en las causas Hotesur y Los Sauces.

Así las cosas, los miembros del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado plantearon este martes que “la solicitud de prórroga excepcional por fuera de lo que establece la Constitución quede archivada en el Senado”. En las urnas, continuaron, “hace pocas semanas los argentinos le dijeron basta al kirchnerismo con sus políticas amañadas en favor de la corrupción. Sabemos de la insistencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner, en su agenda judicial, pero este Senado ya rechazó su pedido por Figueroa y exigimos que el tema quede cerrado para permitirnos tratar temas que tienen que ver con la agenda del país, que sufre la inflación, la devaluación y la inseguridad”, opinaron los senadores de JxC.

“Es claro el cambio del clima político que va transitando el país de cara a las elecciones de octubre. Queremos que el kirchnerismo no busque atajos, ni fuerce interpretaciones para volver a insistir con el tema”, afirmaron desde la bancada opositora.

El interbloque de JxC que preside Alfredo Cornejo manifestó su convicción de que “hemos aportado para que la Justicia argentina sea más independiente para dictaminar sobre el futuro judicial de Cristina Kirchner. Ahora buscaremos que este Senado se reencauce para avanzar en proyectos que le mejoren la vida a los argentinos que sufren una tremenda inflación y padecen graves hechos de inseguridad”.

Recordaron los senadores que hubo tres intentos para que el Senado de la Nación apruebe la prórroga a la jueza Ana María Figueroa, miembro de la Cámara de Casación Penal y cercana al kirchnerismo, que el pasado 9 de agosto cumplió 75 años, edad que la obliga a jubilarse.

La camarista integra la sala del tribunal que tiene que resolver si la causa Hotesur y Los Sauces, que tiene como imputados a Cristina y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, debe reabrirse y llegar al juicio oral.

Consideran desde la principal oposición que “el pliego de la jueza Figueroa se constituyó en una prioridad para el bloque kirchnerista desde hace casi un mes y es la única agenda que propone el oficialismo en la Cámara alta”.

Por Melisa Jofré

En unas PASO históricas para el espacio liderado por Javier Milei, obteniendo resultados favorables en la mayoría de las provincias, un pronóstico sobre cómo quedaría conformado el nuevo Congreso coloca a La Libertad Avanza -siempre y cuando repita los resultados en las generales de octubre- con la posibilidad de obtener ocho senadores nacionales. 

Con la sorpresa en los resultados, la fuerza del libertario se impuso en la categoría de los representantes para la Cámara alta en Jujuy, La Rioja y San Luis. Además, superó a Juntos por el Cambio en Formosa y San Juan, con lo cual, de replicarse las cifras, le arrebataría esas bancas a la principal oposición. 

Según el escenario que permiten vislumbrar las primarias, de las 24 bancas a repartir, Unión por la Patria lograría sacar 9, La Libertad Avanza 8, Juntos por el Cambio 5 y las 2 restantes serían para el Frente Renovador de la Concordia de Misiones -que adhirió a la fórmula presidencial de Massa y Rossi-. 

En las elecciones de este año, Juntos por el Cambio arriesga 11 bancas, con lo cual perdería 6; el Frente de Todos (Unión por la Patria) 9, las cuales retendría, ya que revertiría la ecuación actual en Buenos Aires y Santa Cruz. El resto están en manos de Unidad Federal (2) y bloques unipersonales (2), uno de ellos del oficialismo misionero. 

Actualmente, el reparto está en 33 senadores para Juntos por el Cambio, 31 para el Frente de Todos, 5 para Unidad Federal y 3 monobloques.

Con estos números, Unión por la Patria lograría ser la fuerza con más senadores, manteniéndose en 31, mientras que Juntos por el Cambio pasaría a 27. Detrás se posicionaría el bloque de Milei con 8. El resto serían 3 de Unidad Federal, 2 de Misiones y 1 de Juntos Somos Río Negro. Para el quórum se requieren 37.

BUENOS AIRES

En el distrito más populoso del país, Buenos Aires, Unión por la Patria revertiría los resultados de 2017 y recuperaría las dos bancas por la mayoría, al imponerse este domingo la lista de Eduardo “Wado” de Pedro y Juliana Di Tullio. El escaño restante sería para el actual legislador provincial Maximiliano Abad (UCR), tras imponerse en la interna de Juntos por el Cambio la lista de Patricia Bullrich. 

FORMOSA

Como era previsible, Unión por la Patria salió primero en Formosa y, de esta manera, si se repitieran los resultados en octubre, los dos actuales senadores por la mayoría serían reelectos. Hablamos de José Mayans y Teresa González. Pero sí la sorpresa fue la lista de La Libertad Avanza, que le sacó tres puntos de diferencia a Juntos por el Cambio y, de esta manera, lograría sumar el senador por la minoría, que sería Francisco Paoltroni. 

JUJUY

Jujuy fue una de las provincias donde Milei dio otra sorpresa, imponiéndose la lista “Libertad Jujuy” de senadores nacionales, compuesta por Ezequiel Atauche y Vilma Bedia. De conservarse esta ventaja en octubre, Juntos por el Cambio pasaría a tener el escaño por la minoría -al salir segundo-, que sería para el radical Mario Fiad, al consagrarse la nómina que fue acoplada a la dupla Rodríguez Larreta-Morales. 

LA RIOJA

Por un punto en la categoría de senadores nacionales, La Libertad Avanza obtuvo el primer lugar en La Rioja, con lo cual podría llevarse las dos bancas por la mayoría para Juan Carlos Pagotto y Claudia López. En tanto, el escaño restante sería para Florencia López, actual vicegobernadora, quien compitió por Unión por la Patria.

MISIONES

En Misiones el oficialismo provincial (Frente Renovador de la Concordia) adhirió en la categoría presidencial a la fórmula de Unión por la Patria y se impuso en la categoría de senadores nacionales, con lo cual, al igual que en 2017, podría tener los dos escaños por la mayoría, que serían para Carlos Arce -actual vicegobernador- y Sonia Rojas Decut -diputada provincial-. En segundo lugar salió Juntos por el Cambio, y la interna la ganó la nómina que postulaba Bullrich, de modo que Martín Goerling sería el senador por la minoría. 

SAN JUAN

Pese a haber perdido la gobernación, el peronismo se impuso en las elecciones a senadores nacionales en San Juan, aunque por un punto de diferencia. Dentro de la interna de Unión por la Patria, Sergio Uñac le ganó a Juan Carlos Gioja. El actual mandatario está secundado por Celeste Navarro. Ambos ingresarían si en octubre se repiten los resultados, que fueron ajustados. La banca por la minoría sería para La Libertad Avanza, que tuvo como cabeza de lista a Bruno Olivera Lucero. 

SAN LUIS 

Un gran batacazo dio el candidato presidencial Javier Milei en la provincia de San Luis, con el 48% de los votos en las PASO. De esta manera, si consigue los mismos resultados en las generales, o al menos ser el primero, arrebataría los dos escaños por la mayoría en el Senado, que serían para Bartolomé Abdala, exdiputado provincial y exdirigente del Pro, e Ivanna Arrascaeta. Por su parte, Juntos por el Cambio tendría la banca por la minoría para Jorge Lucero, que fue con la fórmula de Bullrich-Petri. 

SANTA CRUZ

La lista de Unión por la Patria encabezada por la gobernadora Alicia Kirchner, secundada por Pablo González, salió primera en la categoría de senadores nacionales en Santa Cruz. En caso de mantener este resultado, se revertiría la actual ecuación y el escaño por la minoría sería para Juntos por la Cambio, en cuya interna ganó la lista de Bullrich, encabezada por la actual senadora María Belén Tapia. 

En las elecciones de este año se definirá el nuevo Congreso y, como sucede cada dos años, el Senado renovará un tercio de sus miembros, es decir que se elegirán los representantes para la Cámara alta en ocho provincias.

De cara a las PASO de este domingo, primer test electoral a nivel nacional de 2023, un repaso por los nombres y números de cuántas bancas arriesga cada fuerza: Juntos por el Cambio pondrá en juego 11 escaños; el Frente de Todos (Unión por la Patria) 9; Unidad Federal 2; y los 2 restantes pertenecen a monobloques.

Un repaso provincia por provincia:

BUENOS AIRES

Juntos por el Cambio (2): Gladys González y Pablo Torello

Frente de Todos (1): Juliana Di Tullio

FORMOSA

Frente de Todos (2): José Mayans y Teresa González

Juntos por el Cambio (1): Luis Naidenoff

JUJUY

Juntos por el Cambio (2): Mario Fiad y Silvia Giacoppo

Unidad Federal (1): Guillermo Snopek

LA RIOJA

Juntos por el Cambio (1): Julio Martínez

Frente de Todos (1): Ricardo Guerra

Hay Futuro Argentina (1): Clara Vega

MISIONES

Juntos por el Cambio (1): Humberto Schiavoni

Frente de Todos (1): Maurice Closs

Misiones (1): Magdalena Solari Quintana

SAN JUAN

Frente de Todos (2): Rubén Uñac y Cristina López Valverde

Juntos por el Cambio (1): Roberto Basualdo

SAN LUIS

Frente de Todos (1): Adolfo Rodríguez Saá

Juntos por el Cambio (1): Gabriela González Riollo

Unidad Federal (1): María Eugenia Catalfamo

SANTA CRUZ

Juntos por el Cambio (2): Eduardo Costa y María Belén Tapia

Frente de Todos (1): Ana María Ianni

Como suele suceder en los años electorales, en el Congreso ha disminuido la actividad legislativa. Más aún este año, en el que por no reunir el oficialismo mayoría en ninguna de las dos cámaras, la labor legislativa ha menguado sustancialmente. Sobre todo en el Senado.

Lo que no disminuye es la presentación de proyectos.

Así lo demuestra un trabajo realizado por parlamentario.com en ambas cámaras, contemplando las iniciativas presentadas en lo que va del período ordinario hasta el 30 de junio pasado.

Según ese análisis, dos diputados opositores comparten el primer lugar en cuanto a proyectos de ley, con 32 proyectos cada uno; en tanto que en el Senado, lidera una senadora rionegrina con 38.

Cámara baja

Veamos los tres rubros de Diputados, donde llevan la delantera los diputados Alberto Asseff y Graciela Camaño, como dijimos con 32  proyectos presentados cada uno, en tanto que completa el podio la oficialista catamarqueña Silvana Ginocchio, con 27 proyectos.

En el caso del diputado que integra el bloque Pro, viene prestándole especial atención a las reformas del Código Penal de la Nación, siendo el último que presentó en esa materia uno del 13 de junio que modifica el artículo 92 bis sobre Protección y Seguridad del Personal Médico, de la Salud y Docentes. También tiene otra reforma del Código Penal, para modificar un artículo prohibiendo ejercer cualquier actividad laboral a personas condenadas con sentencia firme por delitos contra la  integridad sexual.

Asseff también ha presentado un proyecto de ley para excluir de la posibilidad de amnistía, indulto o conmutación de penas para casos de delitos cometidos contra la administración  pública, la seguridad de la Nación y la libertad nacional.

Veamos el caso de Graciela Camaño (Identidad Bonaerense), quien presentó todos sus proyectos de ley registrados en el primer cuatrimestre. Siendo el último para modificar la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental.

Camaño tiene también un proyecto que prohíbe la caza con perros; un nuevo régimen de publicidad oficial; y una gratificación anual complementaria para jubilados y pensionados (el haber jubilatorio número 14).

Como dijimos, tercera se ubica Silvana Ginocchio, autora de un proyecto para crear el Plan Nacional para la protección integral para infancias y adolescencias con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. También impulsa la capacitación obligatoria en protección de los derechos humanos de las personas mayores  para personas que integren los tres poderes del Estado.

En materia de proyectos de declaración, no han sido tantos hasta ahora este año. La oficialista Eugenia Alianiello lidera en la materia junto con Romina del Plá, ambas con 13 proyectos.

En cuanto a proyectos de resolución, lidera este rubro la diputada del Pro Victoria Morales Gorleri, con 43, cinco más que Gisela Marziotta (FdT).

El Senado

Decíamos que en materia de proyectos de ley -los más importantes- lideró en la primera mitad del año la rionegrina Silvina García Larraburu, con 38, seguida por la riojana Clara Vega, con 37. En tercer lugar quedó la neuquina Lucila Crexell, con 33 iniciativas.

García Larraburu, ha impulsado un proyecto para prohibir utilizar el síndrome de alienación parental y otros diagnósticos mentales o psiquiátricos no nomenclados. Es autora además de un proyecto para crear el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos; y otro que crea un programa de educación en el uso de redes sociales para niños y adolescentes.

Por su parte, la senadora Clara Vega, entre sus 37 proyectos impulsa uno de financiamiento para la adquisición de maquinaria agrícola. Asimismo ha presentado un proyecto para promover el pago seguro con tarjetas de crédito y/o débito y/o de los datos de las tarjetas mediante el pago seguro para evitar delitos informáticos o el phishing.

Quien quedó en tercer lugar es Lucila Crexell, quien es autora de un proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental contra la contaminación acústica; como así también uno para regular la transición de gobierno entre el presidente saliente y el entrante, garantizando que este último pueda recibir de su antecesor los datos e información necesarios sobre el estado general de la administración pública, como así también garantizar un traspaso ordenado de los atributos presidenciales.

En cuanto a proyectos de declaración, va en punta el oficialista chaqueño Antonio Rodas, con 117 proyectos, seguido por un comprovinciano radical, Víctor Zimmermann, con 99 proyectos, seguido de la fueguina María Eugenia Duré  y la chaqueña María Inés Pilatti Vergara, ambas con 60 proyectos.

Hay en el Senado proyectos de comunicación y en esa materia lidera el sanjuanino Roberto Basualdo, con 38, seguido por el salteño Sergio Leavy (23).

Por último, pocos son los proyectos de resolución que se presentan,

Figurando al frente Carolina Losada y Víctor Zimmermann, con 4.

CAMARA DE DIPUTADOS

Proyectos de ley

Alberto Asseff	32 proyectos
Graciela Camaño	32 proyectos
Silvana Ginocchio	27 proyectos
Soledad Carrizo	24 proyectos
Graciela María Caselles	21 proyectos
Silvia Lospennato	21 proyectos
Ana Carla Carrizo	20 proyectos
Paula Oliveto	20 proyectos
María Lucila Masin	19 proyectos
Marcela Campagnoli	18 proyectos
Gisela Marziotta	18 proyectos
Rossana Chahla	17 proyectos
Graciela Ocaña	17 proyectos
Dina Rezinovsky	17 proyectos
Carlos Raúl Zapata	16 proyectos
Gustavo Bouhid	15 proyectos
Mónica Macha	15 proyectos
Francisco Sánchez	15 proyectos
Karina Banfi	14 proyectos
Hernán Pérez Araujo	14 proyectos
	Fuente: Indice de Calidad Legislativa

Proyectos de Declaración

Eugenia Alianiello	13 proyectos
Romina del Plá	13 proyectos
Mabel Caparrós	12 proyectos
María Lucila Masín	10 proyectos
Eduardo Toniolli	8 proyectos
	Fuente: Indice de Calidad Legislativa

Proyecto de Resolución

Victoria Morales Gorleri	43 proyectos
Gisela Marziotta	38 proyectos
Karina Bachey	25 proyectos
Diego Sartori	25 proyectos
Micaela Morán	23 proyectos
Silvana Ginocchio	21 proyectos
Silvia Lospennato	18 proyectos
Soledad Carrizo	16 proyectos
Susana Landriscini	16 proyectos
Alberto Asseff	15 proyectos
Graciela Ocaña	15 proyectos
Marcela Passo	15 proyectos
Ricardo López Murphy	14 proyectos
Carlos Ybrhain Ponce	14 proyectos
Carlos Raúl Zapata	13 proyectos
Graciela Camaño	12 proyectos
Enrique Estévez	12 proyectos
Florencia Klipauka Lewtak	12 proyectos
María Victoria Tejeda	12 proyectos
María Sotolano	11 proyectos
Estela Hernández	10 proyectos
Fernando Iglesias	10 proyectos
Hernán Pérez Araujo	10 proyectos
Margarita Stolbizer	10 proyectos
	Fuente: Indice de Calidad Legislativa

CAMARA DE SENADORES

Proyectos de ley

Silvina García Larraburu	38 proyectos
Clara Vega	37 proyectos
Lucila Crexell	33 proyectos
Anabel Fernández Sagasti	29 proyectos
Antonio Rodas	27 proyectos
Roberto Basualdo	21 proyectos
Gladys González	19 proyectos
Daniel Bensusán	18 proyectos
Silvia Giacoppo	16 proyectos
Pablo Daniel Blanco	14 proyectos
Sergio Leavy	11 proyectos
Julio César Martínez	10 proyectos
Juan Carlos Romero	10 proyectos
Silvia Sapag	10 proyectos
	Fuente: Indice de Calidad Legislativa

Proyectos de Declaración

Antonio Rodas	117 proyectos
Víctor Zimmermann	99 proyectos
María Eugenia Duré	60 proyectos
María Inés Pilatti Vergara	60 proyectos
Nora del Valle Giménez	54 proyectos
Sergio Leavy	53 proyectos
Silvina García Larraburu	47 proyectos
Clara Vega	37 proyectos
Ana María Ianni	26 proyectos
Juan Carlos Romero	21 proyectos
Cristina López Valverde	19 proyectos
Daniel Bensusán	18 proyectos
Pablo Daniel Blanco	16 proyectos
Adolfo Rodríguez Saá	14 proyectos
Marcelo Lewandowski	13 proyectos
Beatriz Avila	12 proyectos
Sandra Mendoza	12 proyectos
Stella Maris Olalla	12 proyectos
Julio César Martínez	11 proyectos
	Fuente: Indice de Calidad Legislativa

Proyecto de Comunicación

Roberto Basualdo	38 proyectos
Sergio Leavy	23 proyectos
Pablo Daniel Blanco	11 proyectos
Julio César Martínez	8 proyectos
Luis Alfredo Juez	6 proyectos
Ignacio Torres	6 proyectos
	Fuente: Indice de Calidad Legislativa

Proyectos de Resolución

Carolina Losada	4 proyectos
Víctor Zimmermann	4 proyectos
Lucila Crexell	3 proyectos
	Fuente: Indice de Calidad Legislativa

El mes de julio suele tener una actividad menguada, pues durante su transcurso se produce el receso de invierno. Si a esto se le suma el hecho de que este es un año electoral y de actividad menguada por múltiples razones, habrá que reconocer bastante fue la actividad que se registró en el Congreso en el sexto mes del año.

Fundamentalmente en Diputados, donde ocho comisiones se mantuvieron activas y hasta hubo una sesión. En el Senado, se mantuvo la constante de una actividad baja, pero al menos se intentó sesionar y hubo varias reuniones de comisión.

Habrá que reconocer no obstante que esa actividad relativa tuvo mucho que ver con el objetivo principal de estos días del oficialismo en esa Cámara: sacar los pliegos de 75 jueces, incluido -sobre todo- el de la jueza Ana María Figueroa. Por eso intentaron convocar a una sesión el miércoles 12, pero el oficialismo no pudo reunir quórum: estuvieron todos los del Frente de Todos, más los aliados Magdalena Solari Quintana y Clara Vega. También la puntana María Eugenia Catalfamo, pero no pudieron pasar el número de 34.

Además de los pliegos judiciales estaba previsto tratar la autorización de entrada y salida de tropas, y los proyectos de muerte perinatal y pubertad precoz, entre otros.

El día previo hubo un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, con la visita de Ricardo Casal, secretario de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía; Juan Carlos Otero, presidente de la Unidad de Información Financiera; y Martín Breinlinger, director de la Comisión Nacional de Valores, para iniciar el tratamiento del proyecto que modifica el Código Penal respecto de la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que cuenta con media sanción de Diputados desde el mes de abril.

También se conformó ese día la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, y analizaron diferentes iniciativas relacionadas a tarifas, subsidios y consumo eléctrico para zonas cálidas.

Por falta de quórum se suspendieron varias reuniones de comisión, como la de Asuntos Constitucionales, que no pudo constituirse. Tampoco pudo tratarse en la Comisión Banca de la Mujer el proyecto sobre violencia digital contra las mujeres.

La actividad en Diputados

Como dijimos, la Cámara baja tuvo su sesión. Fue el 6 de julio, y se trataron temas como créditos UVA; la modificación de la ley de violencia digital, el Régimen de Promoción de la Producción y/o Elaboración de Productos Orgánicos; un plan de refinanciación de deudas a cargo de provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos, respecto al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA); acompañamiento terapéutico y hasta la anulación de la fe de vida, entre otros temas.

En cuanto a las comisiones, la más activa esta vez fue la de Presupuesto y Hacienda, convocada en tres oportunidades a lo largo de la primera quincena del mes. Tuvo dos plenarios con la Comisión de Energía, para iniciar el debate del proyecto del Poder Ejecutivo que crea un Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL) en nuestro país. Fueron dos informativas de las que tomaron parte el presidente de YPF, Pablo González, y la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón.

La tercera reunión que mantuvo la comisión que preside Carlos Heller, fue para completar el tratamiento del proyecto sobre calidad y seguridad de la atención sanitaria, denominada “Ley Nicolás”. Emitieron dictamen y ese tema está listo para llegar al recinto.

Como la de Energía, también dos reuniones tuvo este mes de julio la Comisión de Legislación del Trabajo que preside Vanesa Siley. Las dos fueron el 4 de julio, fecha en la que realizó una reunión informativa en la que representantes de empresas privatizadas reclamaron por haber sido marginados de los Programas de Propiedad Participada.

Ese mismo día, a continuación, Legislación del Trabajo realizó la segunda reunión informativa sobre las licencias parentales, esta vez junto con la Comisión de Mujeres y Diversidad, la comisión que encabeza Mónica Macha. Recibieron ese día testimonios de representantes de las centrales sindicales, la UIA y la Red Nacional de Cooperativas de Cuidados.

También se reunió en julio la Comisión de Población y Desarrollo Humano, para tratar una serie de proyectos de resolución y declaración. Fue el 5 de julio, y ese día también hubo un plenario de las comisiones de Comercio y Defensa del Consumidor, que realizaron otra reunión informativa sobre la problemática de las tarjetas de crédito.

Por último, no podía faltar la Comisión de Juicio Político, que realizó dos reuniones en julio, sobre la causa “coparticipación”. Para el 6 de julio había sido citado el ministro de la Corte Juan Carlos Maqueda, quien no concurrió ni mandó un escrito para hacer su descargo sobre la causa Obra Social del Poder Judicial. Expusieron como testigos ese día Horacio Diez, subprocurador del Tesoro, y Joaquín Alperovich, funcionario de la Corte. Cinco días después volvió a reunirse la comisión para recibir el testimonio de Silvina Batakis, y representantes de las provincias.

Otra comisión que se reunió en julio fue la Bicameral del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para la presentación de la reglamentación de la Ley Lucio. Estuvieron justamente los abuelos de Lucio Dupuy, y también el titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Gabriel Lerner.

Comisiones que se reunieron a lo largo del año en Diputados

Juicio Político: 18 veces

Presupuesto: 9 veces

Comercio: 7 veces

Mujeres y Diversidad: 4 veces

Finanzas: 3 veces

Legislación General: 3 veces

Agricultura y Ganadería: 3 veces

Legislación del Trabajo: 3 veces

Industria: 2 veces

Legislación Penal: 2 veces

Ciencia y Tecnología: 2 veces

Economía y Desarrollo Regional: 2 veces

Defensa del Consumidor: 2 veces

Intereses Marítimos: 2 veces

Cultura: 2 veces

Comisión de Energía: 2 veces

Recursos Naturales: 1 vez

Previsión y Seguridad Social: 1 vez

Minería: 1 vez

Justicia: 1 vez

Deportes: 1 vez

Defensa: 1 vez

Transporte: 1 vez

Relaciones Exteriores: 1 vez

Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias y Previsionales: 1 vez

Discapacidad: 1 vez

Acción Social y Salud Pública: 1 vez

Libertad de Expresión: 1 vez

Comunicaciones e Informática: 1 vez

Defensa del Consumidor: 1 vez

Población y Desarrollo Humano: 1 vez

Comisiones que se reunieron a lo largo del año en el Senado

Presupuesto: 4 veces

Acuerdos: 2 veces

Salud: 2 veces

Deportes: 1 vez

Trabajo y Previsión Social: 1 vez

Población y Desarrollo Humano: 1 vez

Ambiente y Desarrollo Sustentable: 1 vez

Justicia y Asuntos Penales: 2 veces

Ciencia y Tecnología: 1 vez

Minería, Energía y Combustibles: 1 vez

El 31 de mayo pasado, durante la segunda reunión de la Comisión de Acuerdos del Senado de esa semana, finalmente le tocó el turno para exponer a la camarista Ana María Figueroa. Expeditiva, ella se mostró muy dueña de la situación en todo momento e hizo gala de su experiencia al hablar ante los senadores. Cuando le tocó intervenir al radical Julio Martínez, comentó la situación que había antecedido a esa audiencia. “Desde hace 3 años y medio el Congreso, y en especial el Senado, está atravesado prioritariamente por una agenda judicial”, dijo, enfatizando que en la actualidad “el Senado está paralizado”.

Así, le aseguró que “hoy se mueve; ayer y hoy hubo mucha actividad gracias a usted y el interés que tiene el oficialismo y Cristina Kirchner en que siga siendo jueza”. Figueroa contestó: “Si es así, bienvenido. Ojalá haya sido por mí que la tercera parte de las vacantes en el Poder Judicial se cubran de una buena vez”.

La realidad es que esa semana el Senado había recobrado la actividad para acompañar lo que verdaderamente le interesaba a quien manda en esa Cámara. Tras un mes de junio en el que apenas se reunió una comisión, la actividad volvió en la segunda semana de julio, cuando la fallida sesión del miércoles 12  para aprobar 75 pliegos judiciales, entre ellos el de la jueza Figueroa.

Esta semana circuló la posibilidad cierta de insistir con esa sesión pendiente para tratar los pliegos. Previamente a la fecha prevista, se realizó el miércoles pasado una reunión de comisión: la de Minería, Energía y Combustibles. Su sola convocatoria daba a entender que estaba activa la negociación para realizar la postergada sesión. En esa reunión se trataría solamente el proyecto sobre reducción de tarifas reclamado por el senador Edgardo Kueider. Esa era la condición que ponía el legislador entrerriano para dar quórum: su ausencia el 12 de julio, junto a las de sus pares Guillermo Snopek y Alberto Weretilneck, había provocado que la sesión se cayera.

El tratamiento del proyecto de disminución de tarifas del servicio eléctrico se llevó a cabo la mañana del 2 de agosto. No hubo debate: Kueider contó de qué se trataba; el senador José Mayans expuso sus reparos y coincidencias, y terminó anticipando que acompañarían con disidencias. Luego fue el turno de la radical mendocina Mariana Juri, que advirtió que un tema semejante no podía tener dictamen ese mismo día, sin debate ni invitados que dieran su parecer. Por último, se escandalizó porque a “este proyecto que tiene gran costo fiscal, repentinamente se le quitó giro a la Comisión de Presupuesto. Me parece sumamente imprudente que no pase por ahí”.

En efecto, este proyecto presentado el 7 de febrero pasado fue girado originalmente a las comisiones de Minería y de Presupuesto, pero ahora se le quitó el segundo giro, cuestión de agilizar el trámite.

Semejante esfuerzo no alcanzó, aunque es demostrativo del interés absoluto que despierta en el Senado la aprobación de un tema que parece obsesionar a la titular del Cuerpo.

Doblegada la negativa de Kueider y confirmado Guillermo Snopek luego de que se acordara que pueda llevar su lista los nombres de Sergio Massa y Agustín Rossi en el extremo de su boleta, solo quedaba convencer a Weretilneck para revertir las tres ausencias que habían tenido el 12 de julio. Pero el gobernador electo de Río Negro no parece estar dispuesto a mantener a rajatabla su apoyo al oficialismo en estas circunstancias. De hecho, cabe recordar que el líder de Juntos Somos Río Negro muchas veces fue de poner objeciones a los proyectos oficiales, de modo tal de celebrar después cuando sus correcciones tenían eco, como cuando el tratamiento de la ampliación de la Corte Suprema.

Aunque esta vez no parecía dispuesto a dar el brazo a torcer, tal cual anticipó en su momento parlamentario.com, y -tal cual adelantamos- esta última semana se quedó en su provincia. En determinado momento dejaron de insistirle, porque había otro imprevisto en el seno del oficialismo: la senadora chaqueña María Inés Pilatti Vergara no podía venir a Buenos Aires por un problema de salud de un hijo. Esta senadora es de máxima confianza de CFK, de modo tal que a nadie se le ocurrió poner en duda tal imprevisto.

En definitiva, fuentes consultadas por parlamentario.com consideraron “improbable” que pueda llegar a haber sesión este martes, en vísperas del cumpleaños de Ana María Figueroa, pues no ha sido activado el mecanismo de convocatoria de los miembros del oficialismo.

El plan B

Así las cosas, la posibilidad con la que diversos medios comenzaron a especular es la de que el oficialismo no se dé por vencido y trasgreda el obstáculo del cumpleaños de la jueza con el argumento de que su pliego ya tiene dictamen. Esto es, avanzar igual con la aprobación del mismo más allá de la fecha del cumpleaños, habida cuenta antecedentes de los tiempos de Cambiemos en el poder.

El exministro de Justicia de la gestión anterior, Germán Garavano, puso reparos. En diálogo con Radio Rivadavia, el exfuncionario sostuvo que “la Corte estableció, interpretando la Constitución, que lo fija claramente, que cuando un juez cumple 75 años, si no tiene en ese momento un acuerdo del Senado que prorroga su mandato por 5 años más, deja de ser juez”.

“De hecho ha sucedido con muchos jueces durante todo este período -enfatizó Garavano-. Incluso yo dicté como ministro de Justicia una resolución cuando salió el fallo de la Corte, el fallo Schiffrin, de cómo se debía solicitar este período de extensión de 5 años. Y ese pedido termina con la aprobación, no solo del Senado, sino que también se requiere un decreto del Poder Ejecutivo”.

Como antecedente actual, puso lo resuelto por el actual Gobierno con el juez Esteban Righi, estableciendo que el mismo día en que cumplía 75 años era el día en que el juez cesaba. “Y utilizó para ello precisamente la resolución que yo dicté hace varios años, cuando era ministro de Justicia, que sigue vigente”, recordó Garavano.

Respecto de antecedentes como el de la jueza Silvia Mora, esposa del doctor Ricardo Recondo –referente de la Asociación de Magistrados y miembro del Consejo de la Magistratura-, que no fue jubilada al cumplir 75 años y, por el contrario, se aprobó luego su continuidad, respondió: “Sí, se dieron varios supuestos”, mas precisó que originariamente los fallos de la Corte habían establecido que a los jueces anteriores a la Constitución no se les aplicaba esta norma. “Lo cual generó un montón de situaciones paradójicas, porque incluso ya había muchos jueces de más de 75 años que estaban cumpliendo funciones -continuó-. Por eso yo dicté en aquel momento esa resolución para tratar de ordenar ese proceso. Y lo que se viene haciendo en el último tiempo es cumplir el reglamento. El juez, cuando cumple 75, queda sin jurisdicción; cualquier cosa que haga ese juez de más de 75 años, si no tiene ese acuerdo del Senado y el decreto del PEN, sería nulo. No tendría validez”.

Consultado Garavano sobre la posibilidad de que el kirchnerismo avance igual con la confirmación de la jueza Figueroa, éste admitió que “ese conflicto se puede dar; seguramente la interpretación que pueden tomar es que más allá de haber cumplido 75 años, con este nuevo acuerdo, la jueza puede seguir. Lo cual ocasionaría que cualquier persona que tuviera un caso donde intervenga un juez con estas características, probablemente cuestione la intervención de ese juez. Con lo cual vamos a tener un juez que no va a poder ejercer la función, por los planteos que le hagan las distintas partes”.

“Se le pediría el apartamiento al juez; de nuevo Argentina entraría en una situación de crisis institucional severa, porque tendríamos una jueza que no estaría claro si puede seguir ejerciendo esa función, y sobre todo en un cargo como ese, en la Cámara de Casación Penal, que es la que tiene los casos más resonantes: de corrupción, casos de lesa humanidad, casos de crímenes del narcotráfico… Esto volvería a generar una incertidumbre y permitiría a los abogados defensores de los condenados a los que no les guste el fallo que pueda dictar la doctora Figueroa, o cualquier otro juez en esas circunstancias, cuestionar la intervención de ese magistrado”, evaluó.

Tres senadores le faltaron al oficialismo para completar el 12 de junio el quórum necesario para llevar adelante una sesión en la que pretendía debatir cinco proyectos de ley, pero fundamentalmente dar luz verde en el inicio de la reunión a 75 pliegos judiciales. Entre ellos, uno clave: el de la jueza Ana María Figueroa, quien cumplirá 75 años el próximo 9 de agosto y con ello debería jubilarse, razón por la cual el Poder Ejecutivo pidió para ella extender su gestión profesional otros 5 años. Si llega esa fecha sin que el tema se debata en el recinto, la camarista deberá dejar su lugar clave, donde tiene un papel relevante en una causa de sumo interés para la presidenta del Senado: votar si debe ir o no a juicio la causa Hotesur/Los Sauces, donde están imputados Cristina Kirchner y sus hijos.  

Parecía que, ante la imposibilidad de revertir la situación planteada con las ausencias, ese objetivo había sido dejado de lado por parte del Poder Ejecutivo, pero las negociaciones nunca dejaron de avanzar. Con obstáculos, eso sí.

Con el jujeño Guillermo Snopek parecería haber habido acuerdo, luego de que le permitieran llevar en su boleta el extremo principal, con Sergio Massa como precandidato presidencial. Recordemos que Snopek encabeza una lista para diputado nacional por Unión por la Patria, y deberá disputar la interna con otras dos listas.

Si bien tenía otras demandas, como avanzar con un proyecto suyo para pedir la intervención del Poder Judicial jujeño y ser confirmado al frente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sus resistencias habrían cedido.

El segundo caso corresponde al senador entrerriano Edgardo Kueider, quien fue claro ante parlamentario.com respecto del tratamiento de un proyecto de su autoría para reducir tarifas eléctricas: su postura sigue siendo “la misma” y no la va a cambiar “bajo ninguna circunstancia”, en tanto y en cuanto la iniciativa que él impulsa no se trate. Pues bien, el tema parece haber quedado saldado a partir de la convocatoria a una reunión este miércoles a las 11.30 de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, en el Salón Arturo Illia, para tratar el expediente S-3346/22, que no es otro que el proyecto de Kueider que establece la disminución de las tarifas del servicio eléctrico.

El último senador pendiente es el rionegrino Alberto Weretilneck, quien ya no estuvo presente en la reunión fallida del 12 de julio, a pesar de estar en el Congreso ese día. El argumento para no bajar al recinto fue que sabía que el oficialismo no tenía quórum, de ahí que no tenía relevancia su presencia. Sin embargo, respecto de una próxima reunión, parlamentario.com publicó el 27 de julio pasado que fuentes cercanas al gobernador electo ponían en duda que el senador fuera a acompañar una sesión. El gobernador electo de Río Negro irá, ahora más que nunca, tema por tema. De cara a lo que resta hasta el 10 de diciembre, fecha en la que asumirá un nuevo gobierno, desde el entorno del senador aclararon que él va a apoyar lo que favorezca a su provincia y se opondrá a ciertos temas, sobre todo los que interprete que perjudican a Río Negro en particular o al  interior en general.

Por lo que pudo saber este medio, Weretilneck no tenía previsto estar esta semana en el recinto, donde el oficialismo querría realizar este jueves la sesión postergada.

El dúo formado por el bajista Javier Malosetti y Hernán Jacinto en piano ofrecerá un espectáculo de jazz, blues y rock, el próximo viernes 4 de agosto a las 19, con acceso libre y gratuito en el Salón de las Provincias del Palacio Legislativo (H. Yrigoyen 1849 – CABA).

En esta presentación, Malosetti y Jacinto tocarán y cantarán temas de música original y clásicos reversionados en dúo- por primera vez-  si bien ambos artistas han coincidido en proyectos desde hace veinte años y próximamente editarán un álbum que ya comenzaron a grabar.

Javier Malosetti es uno de los bajistas más destacados de la Argentina, se ha presentado en los escenarios más importantes del país y del exterior. Músico y productor de sus álbumes, ha sido promotor de conciertos multitudinarios y ha participado en eventos solidarios  por la justicia social y de género.

Pianista, compositor, arreglador, filmmaker y productor, Hernán Jacinto fue parte del grupo de Pedro Aznar y del trío de Javier Malosetti. Ha grabado doce discos y recibido un Grammy Latino, entre otros reconocimientos.

Organizado por la Dirección General de Cultura del Senado de la Nación, el ciclo “Música y Democracia” propone la presentación de importantes músicos y músicas de variados géneros de nuestro país en homenaje a la música popular que ha signado a estos 40 años ininterrumpidos de vida democrática.

En este sentido, ya han participado de esta iniciativa las cantantes Teresa Parodi, Hilda Lizarazu, Carolina Peleritti y el cantor Guillermo Fernández.

La entrada a estos conciertos es libre (hasta agotar la capacidad del salón) y gratuita y el ingreso debe hacerse por H. Yrigoyen 1849 a partir de las 18. También se podrá seguir en vivo por streaming a través del canal de YouTube del Senado (https://www.youtube.com/senadotvargentina.

Tras el receso invernal y mientras el oficialismo intenta consensuar una sesión, la Cámara de Senadores retomará la actividad legislativa -que por cierto fue muy baja durante el primer semestre– y para ello puso en agenda darle tratamiento al proyecto que incorpora la violencia digital contra las mujeres como una modalidad dentro de la Ley de Protección Integral a las Mujeres (N°26.485) que está inspirado en la “Ley Olimpia” y que tuvo media sanción de Diputados el 5 de julio.

El debate de la iniciativa será en el seno de una reunión de la Comisión Banca de la Mujer el día martes 1ro de agosto a las 15 en el Salón Arturo Illia. Previamente, los miembros de la comisión designarán a las autoridades, elegirán días y horarios de reuniones y propondrán un plan de trabajo para lo que resta del año. La comisión estaba a cargo de la puntana María Eugenia Catalfamo que, desde febrero, se fue del bloque FdT para integrar Unidad Federal, pero que en la última sesión fallida que intentó llevar a cabo el oficialismo, la senadora por San Luis aportó para el quórum, por lo que se descuenta que siga al frente de la misma.

Luego de la ratificación de las autoridades, la comisión comenzará a tratar el proyecto que propone introducir la violencia digital como una forma de violencia hacia las mujeres.  La iniciativa está inspirada en la “Ley Olimpia”, una normativa mexicana que aborda los delitos que violan la intimidad de las mujeres a través de medios digitales, y que se sancionó en ese país a partir del activismo de Olimpia Coral Melo, víctima de difusión de material con contenido sexual, sin su consentimiento, por parte de una expareja.

Recordemos los puntos centrales del proyecto

Mediante el proyecto se incorpora una serie de modificaciones a la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. Entre ellos, se establece como objetivo garantizar “los derechos y bienes digitales de las mujeres, así como su desenvolvimiento y permanencia en el espacio digital”. Asimismo, se deberán respetar “su dignidad, reputación e identidad en los espacios digitales”.

En el artículo 6 de la 26.485 se incorpora la modalidad de “violencia digital o telemática” definida como “toda conducta, acción u omisión en contra de la mujer basada en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo familiar”.

“En especial conductas que atenten contra su integridad, dignidad, identidad, reputación, libertad, y contra el acceso, permanencia y desenvolvimiento en el ámbito digital o que impliquen la obtención, reproducción y difusión, sin consentimiento de material digital real o editado, íntimo o de desnudez, que se le atribuya a la mujer, o la reproducción en el ámbito digital de discursos de odio misóginos y patrones estereotipados sexistas o situaciones de acoso, amenaza, extorsión, control o espionaje de la actividad virtual, accesos no autorizados a dispositivos electrónicos o cuentas en línea, robo y difusión no consentida de datos personales”, agrega.

Además, se dispone que se deberá “implementar un servicio multisoporte, telefónico y digital gratuito y accesible” destinado “a dar contención, información y brindar asesoramiento” sobre la violencia digital.

Otra de las modificaciones establece que se tendrán que “promover programas de alfabetización digital, buenas prácticas en el uso de las TIC’s y la comunicación y de identificación de las violencias digitales, en las clases de Educación Sexual Integral como en el resto de los contenidos en el ámbito educativo y en la formación docente”.

Sobre los derechos que se les deberán garantizar a las mujeres en procedimientos judiciales, se incorpora el “resguardo diligente y expeditivo de la evidencia en soportes digitales por cuerpos de investigación especializados u organismos públicos correspondientes”.

Respecto a las medidas preventivas urgentes, el juez podrá “ordenar al presunto agresor que cese en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia la mujer, tanto en el espacio analógico como en el digital”.

También, “ordenar la prohibición de contacto del presunto agresor hacia la mujer que padece violencia por intermedio de cualquier tecnología de la información y la comunicación, aplicación de mensajería instantánea o canal de comunicación digital”.

Y tendrá la competencia para “ordenar por auto fundado, a las empresas de plataformas digitales, redes sociales, o páginas electrónicas, de manera escrita o electrónica la supresión de contenidos que constituyan un ejercicio de la violencia de género digital”.

Pasado el receso invernal, y ya de cara a las elecciones primarias, se abre en el Congreso una ventana de tiempo de una semana en la que puede suceder lo que tanto viene costando que suceda a lo largo de este año: que sesionen las cámaras. Aunque sea solo una de ellas.

Porque está claro que en Diputados las posibilidades de sesionar son ciertamente escasas, con la mayoría de los legisladores metidos de lleno en la campaña. Tan es así que el pedido formulado por la oposición de Diputados durante la última sesión para tratar en el recinto el tema alquileres, puso como fecha el 23 de agosto. Esto es, se dejará pasar una semana tras las elecciones y recién en la siguiente intentarán conseguir el número para sesionar sobre tan esperado tema.

Amén de ello, no faltarán los oficialistas que intenten gestionar una sesión el miércoles 2 de agosto, habida cuenta de los pedidos que formularon los miembros del III Malón de la Paz que se reunieron en Salta con una comitiva de diputados oficialistas que viajaron al norte del país para analizar el estado de situación en Jujuy, luego de los incidentes y el clima hostil desatado a partir de la aprobación de la reforma constitucional provincial. Los pueblos originarios entregaron un documento en el que les piden a los diputados y diputadas nacionales que gestionen una sesión extraordinaria en la Cámara a realizarse la primera semana de agosto para tratar las diferentes problemáticas que atraviesa la provincia de Jujuy en relación a lo que definieron como “la violación sistemática del Convenio 169 de la OIT”, que es la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Lo cierto es que la posibilidad de una sesión en Diputados que atienda semejante pedido es más que difícil, habida cuenta de las dificultades del oficialismo de conseguir el quórum para arrancar una sesión.

¿Qué pasará en el Senado?

En la Cámara alta es otra cosa. El oficialismo no puede destrabar la situación que se le ha planteado a partir de haber dejado de tener quórum propio con la salida de cuatro senadores del interbloque que conduce José Mayans. Y viene del fracaso de una sesión el 12 de julio pasado, cuando solo alcanzaron a sentar en sus bancas a 34 senadores.

Ese día, además de un temario de 5 proyectos de ley, en el inicio de la reunión el oficialismo pretendía hacer votar 75 pliegos judiciales, entre ellos el de la camarista Ana María Figueroa, clave en la causa Hotesur/Los Sauces, que involucra a la vicepresidenta Cristina Kirchner y sus hijos.

Esa vez faltaron tres senadores para poder arrancar la sesión. La pregunta del millón es saber si esos tres legisladores estarán dispuestos esta vez a sentarse en sus bancas si, como intentan las autoridades del interbloque y el Senado, tratan de realizar una sesión en la primera semana de agosto. Sería también el miércoles 2 de agosto, la única fecha disponible para intentar concretar esa difícil empresa.

Los senadores que faltaron esa vez fueron el jujeño Guillermo Snopek, el entrerriano Edgardo Kueider y el rionegrino Alberto Weretilneck. Los dos primeros peronistas, pero ahora miembros del nuevo interbloque Unidad Federal; el tercero, gobernador electo de su provincia, y un senador confiable para el oficialismo, al que obligó más de una vez a modificar proyectos, pero que en definitiva siempre ayudó.

El 12 de julio, Weretilneck no bajó al recinto, a pesar de estar en el Senado. Se quedó en su despacho. Dijeron que fue porque ya sabía que el Frente de Todos no llegaba al número y no tenía sentido exponerse.

Snopek no fue al recinto molesto porque no accedieron desde el oficialismo a bajar la lista de La Cámpora en su provincia, donde él encabeza una de las nóminas para diputados nacionales de Unión por la Patria y debe pelear la interna. Según dijo a parlamentario.com, la razón de su ausencia era que el oficialismo “incumplió con constituir la Comisión de Asuntos Constitucionales”, donde él iba a ser ratificado como presidente e iba a plantear su proyecto que propone la intervención del Poder Judicial de Jujuy.

La respuesta del oficialismo, tras su faltazo, fue quitarle a su boleta la posibilidad de llevar a la fórmula Sergio Masssa-Agustín Rossi. Pero al final hubo un entendimiento y Snopek contará con la dupla principal de UP en su boleta. Habrá que ver si Asuntos Constitucionales se puede reunir antes de la fecha de la eventual sesión, pero la realidad es que en líneas generales las asperezas se habrían limado.

El caso de Kueider está relacionado con el tratamiento de un proyecto de su autoría para reducir tarifas eléctricas. El día anterior a la fallida sesión hubo gesto para atraerlo, al constituirse la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, pero si bien trataron el proyecto del entrerriano, no se avanzó con el dictamen. Y según confió a parlamentario.com el propio senador Kueider, su postura sigue siendo “la misma” y no la va a cambiar “bajo ninguna circunstancia”. Así se mantendrá en tanto y en cuanto el proyecto sobre reducción de tarifas eléctricas que él impulsa no se trate.

La última duda que resta gira en torno a Alberto Weretilneck. Fuentes cercanas al gobernador electo pusieron en duda que el senador vaya a acompañar esa sesión. Hábil tiempista, el senador de Juntos Somos Río Negro irá, ahora más que nunca, tema por tema. De cara a lo que resta hasta el 10 de diciembre, fecha en la que asumirá un nuevo gobierno, desde el entorno del senador aclararon que el mismo va a apoyar lo que favorezca a su provincia y se opondrá a ciertos temas, sobre todo los que interprete que perjudican a Río Negro en particular o al  interior en general.

Con este panorama, las chances de que pueda haber una sesión en el Senado antes de las PASO -y sobre todo, antes de que la jueza Figueroa cumpla 75 años, el 9 de agosto- son muy escasas, y solo un vuelco inesperado -y por lo visto improbable- haría posible una sesión antes de las elecciones.

Por Melisa Jofré

Bajísima actividad dentro del recinto registraron ambas cámaras del Congreso en lo que va de 2023. A lo largo de este primer semestre, sin dudas, los peores números se los llevó el Senado, donde se realizó una sola reunión para tratar proyectos, un número casi imposible de igualar en comparación con períodos anteriores. Por su parte, la Cámara de Diputados debatió y aprobó iniciativas en cuatro ocasiones. Es decir, en total hubo cinco sesiones en las que se votaron leyes o medias sanciones. 

En lo que respecta a la Cámara alta, presidida por Cristina Kirchner, el peor golpe para el oficialismo lo representó el hecho de haber perdido la mayoría -como interbloque- con la salida de cuatro miembros. Desde ese momento, se quedó sin la posibilidad de alcanzar el quórum solo con sus aliados fieles y manejar el temario. Por eso, la primera etapa del año estuvo atravesada por acusaciones cruzadas con la oposición y se le hizo bastante cuesta arriba al Frente de Todos imponer su agenda, tal como estaba acostumbrado. 

En el caso de Diputados, Juntos por el Cambio arrancó el año con la negativa de dar quórum mientras permaneciera el proceso de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, lo único que, desde que arrancó en enero, el oficialismo mantuvo en plena actividad. Sin embargo, las negociaciones resultaron un poco más fructíferas y se fueron encontrando temarios acordados que permitieron, al menos, concretar un par de reuniones más. Además, en el caso de la Cámara baja, las comisiones tuvieron un ritmo importante, al contrario del Senado, donde recién se pusieron en marcha -y con poca frecuencia- en mayo. 

Comparación con años presidenciales anteriores

Se sabe que en años de elecciones, mucho más presidenciales, la tarea parlamentaria merma. A esa situación se suma la paridad de fuerzas que se presenta en ambas cámaras, lo que hace muy complicado poner a funcionar el recinto sin consensos y acuerdos, algo costoso a medida que se incrementa la pelea electoral. En ese sentido es que se hace difícil pensar que vaya a superarse el nivel de actividad registrado hasta ahora en la segunda parte de 2023. 

Pero además de que los comicios nacionales marcarán el segundo semestre, los primeros meses del año estuvieron también atravesados por elecciones en varias provincias, pues la mayoría desdobló. Y tuvieron como protagonistas a numerosos legisladores. Otro motivo de lo engorroso que resultó hacer coincidir las fechas para que pudieran estar en sus bancas. 

Más allá de las razones que se podrían alegar, en comparación con el año pasado, a esta altura en 2022 ya se habían desarrollado 11 sesiones entre la Cámara de Diputados y el Senado, cinco en el primer caso y seis, en el segundo (contabilizando una sesión informativa). 

Pero vayamos a los últimos años con elecciones presidenciales, y siempre en referencia al primer semestre: entre extraordinarias, ordinarias, especiales e informativas, en 2019 el Senado registró 4 y Diputados 5; en 2015, el Senado marcó 4, misma cantidad que la Cámara baja; mientras que en 2011 los senadores sesionaron 7 veces y los diputados 4. 

Incluso en 2020, cuando irrumpió la pandemia y a partir de mayo de ese año el Congreso implementó por primera vez en su historia el trabajo telemático, la Cámara de Diputados realizó hasta junio -inclusive- 5 sesiones y el Senado 10. 

Un Senado con el oficialismo golpeado 

Con la flamante conformación del bloque Unidad Federal, se realizó el 23 de febrero la sesión preparatoria de todos los años en el Senado, que duró alrededor de 20 minutos y durante la cual se ratificaron a las autoridades del cuerpo. Pese a los 28 temas que el Poder Ejecutivo había trazado para las extraordinarias, la Cámara alta no trató ninguno durante el verano. 

Luego de varios idas y vueltas por distintos pedidos realizados en la previa, el 30 de marzo el Senado inició una sesión con la presencia de 70 senadores y un amplio temario a tratar. Pero, una hora después de iniciada, la reunión se cayó cuando la oposición comenzó a retirarse de sus bancas. Fue la primera demostración de fuerza que tuvieron Juntos por el Cambio y Unidad Federal ante el oficialismo. A propósito de las diferencias en los proyectos a tratar que habían solicitado desde cada espacio, el radical Alfredo Cornejo pidió que solo se debatieran un conjunto de pliegos y la Ley Lucio, postergando el resto del temario, donde estaba la Ley de Alcohol Cero, para 15 días después. Desde el Frente de Todos, el jefe del interbloque, José Mayans, respondió que ellos mantendrían su convocatoria y para cambiar el orden había que votarlo con los dos tercios. La discusión devino en un desmadre ante los ojos de invitados en los palcos y la sesión se frustró. 

Finalmente, oficialismo y oposición alcanzaron un acuerdo para abrir el recinto el 13 de abril, en lo que fue la primera sesión para tratar temas en cinco meses -pues no se sesionaba desde el 16 de noviembre de 2022- y la que representaría la única para aprobar proyectos en lo que fue, como decimos, el primer semestre de este año. 

Ese día se aprobaron pliegos judiciales para Santa Fe y Córdoba -las únicas provincias que la oposición quiso incluir-; se sancionaron las leyes de Alcohol Cero, Fortalecimiento de la Justicia Federal de Santa Fe, Promoción y Desarrollo de la Enfermería, reconocimiento de la Lengua de Señas en todo el país, ampliación y jerarquización del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, modificación en la renovación del Certificado Único de Discapacidad y la Ley Lucio. Además, se devolvió con cambios a Diputados un proyecto sobre exención en Ganancias en concepto de guardias para personal de la salud y se dio media sanción a la iniciativa para eliminar el trámite de fe de vida para jubilados y pensionados. Este día también fue el retorno de la vicepresidenta Cristina Kirchner al recinto, donde no presidía una sesión desde el 1ro. de septiembre de 2022, cuando sufrió el intento de magnicidio en la puerta de su departamento en Recoleta. 

Si se contabiliza la visita del 11 de mayo del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, se puede decir que el Senado tuvo dos sesiones en los primeros seis meses del año. El santafesino dio su informe de gestión en la Cámara alta pocas horas después del fallo de la Corte Suprema que había suspendido las elecciones en Tucumán y San Juan. Previsiblemente se refirió a ello y, además, cargó contra el Poder Judicial. “A 40 años del funcionamiento de la democracia, de las peores instituciones que funcionan está la Justicia. Es un poder que no funciona”, expresó y sumó que se dio la “aparición del partido judicial” integrado por “una serie de fiscales y jueces que han cooptado gran parte del funcionamiento del Poder Judicial en Argentina y que actúan como partido, no imparten justicia”. 

Con el particular interés de aprobar 75 pliegos judiciales, entre ellos el de la camarista Ana María Figueroa, el oficialismo convocó a una sesión el 12 de julio. El temario incluía los proyectos con media sanción sobre pubertad precoz, muerte perinatal y entrada y salida de tropas militares. También un proyecto sobre fluoración de la sal para consumo humano y otro que propone la creación del Programa Nacional Libros para Aprender. 

El Frente de Todos esperaba alcanzar el quórum con sus tres habituales aliados, más tres de sus excompañeros de Unidad Federal, pero le fallaron dos a último momento. Uno fue el entrerriano Edgardo Kueider, que mantuvo su negativa a bajar porque el día anterior no se había avanzado en comisiones con el dictamen sobre un tema por el cual viene insistiendo desde antes de abandonar el bloque: la reducción de tarifas eléctricas en todo el país. El otro fue el jujeño Guillermo Snopek, molesto porque no se había podido conformar la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde iba a buscar tratar el proyecto de intervención del Poder Judicial de su provincia, y por una disputa en la interna de Unión por la Patria -donde compite como precandidato- contra la lista de La Cámpora. 

Mientras senadores del oficialismo se expresaban en minoría dentro del recinto, fustigando a la oposición, los integrantes de Juntos por el Cambio daban declaraciones en los pasillos del Palacio. “Ha quedado claro que el Frente de Todos no tuvo quórum. Nosotros como interbloque de Juntos por el Cambio tenemos el objetivo de bloquear algunas designaciones de jueces, en particular de la jueza Figueroa, que hay una pretensión de Cristina Fernández de Kirchner de postergar su estadía en la Cámara (de Casación)”, admitió el jefe de la bancada, Alfredo Cornejo, y se jactó: “Hoy hemos logrado que no se obtenga quórum. Creemos haber tenido un éxito al lograr que no se tenga sesión”. 

El balance en Diputados 

Un día antes de la Asamblea Legislativa para recibir al presidente Alberto Fernández, la Cámara de Diputados realizó una sesión extraordinaria en la que se sancionó el Plan de Pago de Deuda Previsional. Para su aprobación, el oficialismo contó con el apoyo de aliados, bloques federales y la izquierda. También se votó la Ley de Digitalización de Historias Clínicas. 

Un mes después, el 28 de marzo, ya en período ordinario, la Cámara baja sesionó para dar media sanción al proyecto de fortalecimiento de la justicia federal santafesina y al de “Mono-Tech”, un régimen de monotributo especial para contribuyentes que ganan en dólares. Por otra parte, se votó una modificación de la Ley de Sangre Humana y la creación del Parque Nacional Laguna El Palmar, en Chaco. 

Al día siguiente, Agustín Rossi, experimentado conocer del ámbito parlamentario, hizo su debut como jefe de Gabinete. En un discurso muy político, el funcionario reprochó a la oposición no haber sido “más contundente” en el repudio al atentado contra Cristina Kirchner, se refirió a la situación de Rosario -por esas horas en la agenda mediática- y defendió el canje de bonos en dólares por títulos en pesos de los organismos públicos, mediante dos DNU.

Bajo el objetivo de al menos realizar una sesión por mes, planteada desde las autoridades del bloque oficialista, el 19 de abril la Cámara de Diputados sesionó nuevamente. El tema central fue la reforma en la normativa de combate del lavado de activos, una tema que parecía iba a salir con amplio acompañamiento, pero finalmente no sucedió. Pese al rechazo de la mayoría de la oposición, el Frente de Todos con aliados le pudo dar media sanción. 

El temario incluyó, además, la Ley de Contención y Acompañamiento a personas que reciben un diagnóstico de trisonomía 21/síndrome de Down, para su hijo en gestación o recién nacido; la iniciativa sobre creación del programa de pubertad precoz; el proyecto para jerarquizar el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar); la autorización de entrada y salida de tropas militares; un acuerdo internacional y la declaración de monumento nacional de la especie águila harpía. Finalmente se dio sanción al proyecto sobre personal de la salud e impuesto a las Ganancias. 

Marcado por varias elecciones provinciales, mayo no fue un mes con sesiones. El recinto se volvió a abrir el 13 de junio para un nuevo informe de Rossi. De esta manera, hubo dos sesiones informativas que, sumadas a las cuatro donde se debatieron temas, dan un resultado de seis durante la primera parte del año. En esa ocasión, previo al cierre de listas, el jefe de Gabinete pronosticó un panorama alentador para el país en los próximos años y afirmó que ya en 2024 “las reservas van a ser mucho más favorables”. “Descreo de aquellos que dicen que si ganan las elecciones lo que tienen que hacer es una devaluación brusca para duplicar la inflación, duplicar la pobreza, duplicar la indigencia. No va a ser necesario, porque las condiciones estructurales de la economía argentina son claramente favorables para los años siguientes”, dijo. 

Una vez ya confirmadas todas las precandidaturas para las PASO, la Cámara baja volvió a sesionar el 5 de julio. Con Juntos por el Cambio dividido, se dio media sanción a un proyecto para aliviar la situación de los tomadores de créditos UVA. Por otra parte, se aprobó una iniciativa sobre refinanciación de la deuda de las provincias con ENOHSA, otra sobre un régimen de promoción de la producción orgánica, la incorporación de la violencia digital a la Ley 26.485 -inspirada en la “Ley Olimpia” de México-, y un proyecto de profesionalización de los acompañantes terapéuticos. 

Los diputados también trataron la derogación de una ley centenaria que prohibía el trabajo de mujeres en ciertas actividades, la aprobación de cargos de cónsules y vicecónsules, un acuerdo internacional sobre transporte aéreo, la declaración de Monumento Histórico Nacional al Parque de la Constitución Nacional, y dieron sanción definitiva a la eliminación del trámite de fe de vida. Este último tema ingresó junto a un paquete que se votó sin debate, e incluyó una declaración del 18 de julio como Día de Duelo Nacional, en homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA, entre otros. 

En la última sesión, la oposición logró poner al oficialismo contra las cuerdas en un tema que lleva más de un año sin resolución: la reforma de la Ley de Alquileres. Sabiendo que no contaban con los dos tercios, desde Juntos por el Cambio pidieron incorporar sobre tablas un proyecto de derogación de la Ley 27.551. Luego de resultar rechazado en votación, pidieron entonces convocar a una sesión para tratar “los proyectos y dictámenes con estado parlamentario”. Diez jefes de la oposición firmaron el pedido. La cita quedó programada para el 23 de agosto, después de las PASO.

La política es una actividad que debería estar al servicio del pueblo; sin embargo, en ocasiones parece que los intereses personales de los políticos están por encima de las necesidades colectivas. Y esto es precisamente lo que está sucediendo en estos momentos en el Senado de la Nación.

Mientras que la Cámara de Diputados se prepara para tratar el tema urgente de la ley de alquileres en una sesión programada para el próximo mes, en el Senado se busca otorgar un nuevo acuerdo a la Juez Ana María Figueroa en una clara maniobra para favorecer intereses personales. ¿Dónde quedan las necesidades del pueblo?

Es lamentable que, ante la posibilidad de un cambio en la composición del Senado después de las elecciones, la vicepresidente se apresure a otorgar un acuerdo a una juez que cree que la favorecerá. ¿Acaso la economía en crisis y la proximidad de las elecciones no deberían ser prioridades más importantes?

Es evidente que esta impostura de apariencia veraz queda al descubierto, y que solo se busca resolver casos personales alejándose de las necesidades colectivas. ¿Qué ha pasado con el liderazgo que se sacrificaba por el pueblo?

Los políticos deberían estar al servicio del pueblo, y no al revés. La verdad siempre es mejor que una mentira con apariencia agradable. Solo aceptando la verdad se puede realizar acciones positivas que mejoren la situación. El pueblo tiene que conocer cuáles son las prioridades de las personas que se postulan para representarlos.

El pueblo tiene ahora a la vista cuáles son las prioridades de las personas que se postulan para representarlos. A 40 años de la recuperación de la democracia como forma de gobierno, es lamentable constatar que la política sigue siendo una actividad en la que los intereses personales están por encima de las necesidades colectivas. Es hora de que los políticos recuerden que su deber es servir al pueblo y no a sí mismos.

Cuando el miércoles 12 de julio la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, confirmaba que “no habiendo quórum para la sesión convocada” para ese día procederían a las manifestaciones en minoría, todos concluyeron en que se habían caído todas las chances para sesionar antes de las elecciones primarias del 13 de agosto. Así las cosas, las expectativas de sobrevida en la actividad judicial de la camarista Ana María Figueroa se dieron por perdidas, habida cuenta de que su cumpleaños 75 el próximo 9 de agosto marcaría su inexorable jubilación. Una situación solo salvable a partir de alguna argucia que incluya una eventual licencia, con final feliz improbable.

Pero como en política nunca hay que dar nada por perdido hasta que se agoten los tiempos, las posibilidades persisten. Aunque ciertamente las chances son muy bajas. Veremos.

La elección del miércoles 12 para la fallida sesión del Senado, en cuyo temario fueron incluidos cinco proyectos y un menú de 75 pliegos judiciales para ser aprobados, fue porque era la única fecha de julio aprovechable para una sesión. Esa fue la última semana disponible de ese mes, pues la segunda quincena del séptimo mes del año está destinada a las vacaciones de invierno. Así los legisladores quieran sesionar, eso se complica por estar la mayoría del personal licenciado.

La ventana que se abre para una eventual sesión es la de la primera semana de agosto, más precisamente el miércoles 2. El domingo previo habrá elecciones en Chubut, las últimas antes de las elecciones PASO del 13 de agosto. Pero esa semana estará dedicada a la campaña; es más que improbable pensar en una sesión a once días de las primarias.

Por eso en Diputados se pidió sesionar el 23 de agosto. Será diez días después de las elecciones, y así y todo nada garantiza que se vaya a alcanzar el quórum. En el caso del Senado, algunos piensan en la primera semana de agosto precisamente para hacer un último intento con los pliegos judiciales, particularmente el que más interesa en el despacho principal de la Cámara, habida cuenta de que la jueza Figueroa debe resolver en el tema Hotesur/Los Sauces, donde hay que definir si la causa que involucra a Cristina Kirchner y sus hijos va o no a juicio.

Orejeando las cartas para el quórum

Las elucubraciones comenzaron a hacerse a partir de un hecho que involucra a uno de los ausentes clave de la sesión fallida: el senador jujeño Guillermo Snopek. Al resolver el oficialismo reponer la adhesión de la lista encabezada para Carolina Moisés (para el Senado) y Guillermo Snopek (para Diputados) a la de la fórmula presidencial de Sergio Massa y Agustín Rossi, a más de uno se le encendió la imaginación.

Porque el jujeño que además preside el interbloque Unidad Federal fue uno de los tres senadores que le faltaron al oficialismo para llegar al quórum en la sesión del 12 de julio. La decisión de dejarlo sin la fórmula presidencial principal de Unión por la Patria fue una represalia por su ausencia. Esta reposición, que obedeció a otros factores que tienen que ver con la competitividad oficialista en esa provincia, fue vinculada por muchos a un eventual favor de Snopek como contrapartida en el Senado. Lo cierto es que el detonante para el “resfrío” del jujeño el miércoles pasado fue lo que él consideró un incumplimiento oficialista al no haberse constituido la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde estaba acordado que él sería ratificado como presidente.

No era su única condición: también pretendía plantear en esa reunión tratar su proyecto para intervenir el Poder Judicial de su provincia. En ese sentido, otra señal que podría interpretarse como parte del “operativo seducción” fue la decisión del presidente Alberto Fernández de intervenir al PJ jujeño.

Como sea, con la eventual presencia de Snopek en esta posible sesión no alcanza; le seguirían faltando dos senadores al oficialismo. Por ejemplo el entrerriano Edgardo Kueider. También integrante del bloque Unidad Federal, fue otro de los ausentes del miércoles 12. El día anterior se había constituido la Comisión de Minería, Energía y Combustibles para comenzar a tratar una serie de proyectos que proponen una reducción en las tarifas eléctricas para el norte del país. Una de esas iniciativas es de Kueider, que viene insistiendo hace rato con tratarla.

Sin embargo no hubo dictamen ese día, ni nada indica que se pueda hacer algo antes del 2 de agosto. En el oficialismo varias voces han expresado sus reparos respecto de un tema que debe ser abordado en profundidad, pues “no es solo bajar el IVA”, reconociendo además la imposibilidad de sacar un despacho, “porque muchos compañeros no están de acuerdo”. Si bien le ofrecieron a Kueider “pulir” su proyecto y trabajarlo con la Secretaría de Energía, porque “así como está no sale”, su ausencia en la sesión del Senado sería una señal de que lo han convencido.

El tercer ausente de ese miércoles fue el rionegrino Alberto Weretilneck. Aliado habitual del oficialismo, llamó la atención su ausencia, sobre todo porque estaba en el palacio. Trascendió que a partir de la certeza de que no alcanzaría para el quórum, decidió no ir al recinto, pero las dudas vuelven respecto de una eventual sesión en la previa de las PASO. Sucede que Weretilneck es un gobernador electo que debe pensar en lo que va a pasar a partir del 10 de diciembre. Por eso debe estar reconsiderando su alineamiento con el FdT para este tema puntual, en tiempos en que en el propio oficialismo no son pocos los que dan como muy probable la pérdida del poder.

“Sino que me expliquen el proyecto de Máximo Kirchner de bloquear una privatización de Aerolíneas Argentinas”, deslizó con ironía ante este medio un legislador equidistante de los principales bloques.

Con este panorama, son pocos los que se hacen los rulos con las posibilidades de una eventual sesión “pre-PASO” en el Senado.

Al frustrarse la última sesión especial convocada en el Senado para analizar cinco proyectos de ley y 75 pliegos judiciales, la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti formuló fuertes cuestionamientos a la oposición por no haber dado quórum y pidió perdón “a la sociedad argentina en su conjunto y a todas las organizaciones” presentes en los palcos a la espera de que se trataran las iniciativas para las que habían sido convocados.

Y particularmente hizo hincapié en la presencia de Johanna Piferrer, “quien padeció la muerte de su bebé, Ciro, a un mes y medio del parto”. Y mientras las cámaras captaban la imagen de Johanna y otras madres que habían concurrido expectantes para ver si se convertía en ley el proyecto sobre muerte perinatal, la senadora mendocina prometió que “vamos a seguir intentando desde este bloque incansablemente transformar este proyecto en ley”.

La realidad es que ese proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados hace casi ocho meses: la que se conoce como “Ley Johanna” recibió media sanción por 216 votos afirmativos y solo uno en contra en la sesión del 24 de noviembre del año pasado y prevé una serie de procedimientos médico asistenciales que deberán aplicarse en los casos de la pérdida de un bebé entre la semana 22 del embarazo y 7 días después del nacimiento. Desde esa aprobación tan abrumadora, el proyecto durmió el sueño de los justos en el Senado, donde ante semejante consenso demostrado entre oficialismo y oposición en la materia, los interesados en su aprobación imaginaron un rápido tratamiento en el Senado y su aprobación antes de fin de año.

No fue así, pues esa cámara ya había sesionado el 16 de noviembre y no volvió a reunirse en el resto del año. Hay que reconocer que ya tenían problemas de quórum, por ejemplo les faltaba nada menos que el presidente del interbloque, José Mayans, que estuvo ausente en la última parte de 2022, aunque ya está felizmente recuperado y activo.

El proyecto de ley de muerte perinatal recién tuvo tratamiento en comisión el 30 de mayo pasado, cuando se le dio dictamen y quedó ahí sí listo para llegar al recinto. En esa misma reunión, compartida con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, se dio dictamen a otro de los proyectos de ley incluidos en el temario de la última sesión del Senado, que no tuvo quórum: pubertad precoz.

Se trata de un proyecto que tuvo media sanción el 19 de abril de este año en Diputados, luego de haber sido trabajado durante largo tiempo. Entre otras cosas, el proyecto promueve la capacitación, formación y perfeccionamiento de profesionales de la salud en el abordaje y tratamiento de la pubertad precoz, como así también generar protocolos de atención de niñas y niños con ese diagnóstico. Asimismo, prevé la realización de estudios estadísticos sobre la Pubertad Precoz Central, que abarquen todo el país, y llevar adelante campañas informativas/educativas destinadas a la comunidad en general y a grupos específicos, tendientes a crear conciencia sobre la enfermedad.

Tratamiento a cuentagotas

Esos proyectos que merecen tanta atención desde la sociedad civil terminan teniendo un tratamiento especial que en ocasiones les juega en contra. Porque la verdad es que a partir del amplio apoyo que tienen de todos los sectores podrían llegar a ser tratados con rapidez y hasta incluidos en una misma sesión para dar cuenta de ellos de manera ágil y brindar así pronta respuesta a sus destinatarios.

Eso no sucede y es una metodología parlamentaria que abarca a todos los sectores, que los seleccionan a veces a cuentagotas, de modo tal de matizar las sesiones de ambas cámaras con ese tipo de iniciativas. Por ejemplo, se los incluye para compensar sesiones donde presentan otros proyectos que no ameritan semejante consenso.

Como sea, la situación especial -y casi podría decirse también que inédita- que vive el Senado hace que los pendientes se vayan acumulando de manera llamativa. Hay numerosas e importantes “medias sanciones” que aguardan tratamiento en el recinto.

No solo aquellas que merecen tanta expectativa social; también hay de los que reclama el Ministerio de Economía de manera prioritaria. Es el caso del monotributo tecnológico (mono tech), que cuenta con media sanción de Diputados dese el 28 de marzo pasado, ocasión en la cual desde la oposición hubo una suerte de guiño para no hacerlo caer. El proyecto tuvo 111 votos positivos, 11 negativos y 85 abstenciones. Y, sobre todo, muchas ausencias.

El régimen tiene dictamen en el Senado desde el 30 de mayo y se encuentra destinado a los pequeños contribuyentes que realicen actividades relativas a la economía del conocimiento, y a aquellos que efectúen cualquier tipo de prestación de servicios, siempre que estas actividades sean realizadas en el país, pero su utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior. También quedan comprendidos en este nuevo régimen los ingresos derivados por el ejercicio de “eSports” o deportes electrónicos, entendiendo por tales a las muy difundidas competiciones organizadas a nivel profesional, multijugador y de diferentes disciplinas de videojuegos con acceso desde diferentes dispositivos y plataformas de forma online u offline.

Esta iniciativa que permitiría blanquear (y tributar) en el país ingresos inferiores a 30 mil dólares, considerada en su momento como prioritaria por Economía, ni siquiera fue incluida en el temario de la última sesión del Senado (frustrada).

Hay otro que tal vez represente mayor urgencia: el proyecto sobre lavado de activos, que debería estar aprobado para el mes de septiembre. El proyecto tuvo media sanción el 19 de abril de este año, en una sesión en la que la oposición no se esforzó por voltear la iniciativa. Véanse los guarismos de la votación: 111 a favor, 96 en contra y 5 abstenciones.

El proyecto modifica el artículo 5 de la Ley 25.246, de modo de establecer que la UIF funcionará como “organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera”.

Recién este 11 de julio esta media sanción comenzó a ser analizada en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Presupuesto y Hacienda. Fue con la presencia de Ricardo Casal, secretario de la Secretaria Legal y Administrativa del Ministerio de Economía; Juan Carlos Otero, presidente de la Unidad de Información Financiera; y Martín Breinlinger, director de la Comisión Nacional de Valores.

El Poder Ejecutivo mandó al Congreso el texto original hace casi un año y es exigida desde el FMI de manera tal que el país se adecue a los estándares internacionales. Y urge su aprobación, a raíz de que en septiembre de este año Argentina comenzará a ser evaluada por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

Hay temas pendientes como el referido a la entrada y salida de tropas. Esos proyectos suelen tratarse sobre el final de cada año, pero el oficialismo no lo incluyó en las sesiones de noviembre y en diciembre las relaciones entre oficialismo y oposición colisionaron en esa cámara, por lo que el debate quedó postergado hasta este año. Recién tuvo media sanción el 19 de abril de este año en la Cámara baja y el tema estuvo incluido en la sesión fallida del miércoles 12 de  julio, advirtiendo el oficialismo que nunca a un gobierno democrático lo dejaron sin esa ley aprobada.

Pendiente está también la creación de las becas Progresar, una media sanción que data de aquella sesión del 19 de abril en Diputados, donde contó con amplísima mayoría: 175 votos a favor, 1 en contra y 9 abstenciones. Se trata de un proyecto que pretende crear por ley esa ayuda destinada a garantizar los estudios secundarios, terciarios y universitarios de los jóvenes más vulnerables. La iniciativa le brinda una continuidad y jerarquización a este programa que se lanzó en 2014, durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner, actual titular del Senado, donde ahora el tema aguarda su tratamiento.

Hay también temas menores pendientes, como la media sanción impulsada por el diputado misionero Diego Sartori que busca declarar monumento natural a la especie Aguila Harpía. O la declaración de Monumento Histórico Nacional del Parque de la Constitución; la creación de la Red Federal de Bibliotecas Parlamentarias de la República Argentina; el aval para argentinos en cargos consulares en nuestro país y un acuerdo sobre transporte aéreo entre Argentina y Portugal.

Además, dos fechas nacionales: la declaración del 19 de agosto de cada año como Día de las Luchas de las Personas en Situación de Calle; y la del 18 de julio de cada año como “día de duelo nacional”, en memoria de las víctimas del atentado a la AMIA.

¿Y los créditos UVA?

Finalmente hay una batería de proyectos importantes con media sanción aprobados en la última sesión de la Cámara baja y que aún no han comenzado a transitar las comisiones del Senado.

Es el caso de la profesionalización de acompañantes terapéuticos, un proyecto que contó con gran presencia de interesados del sector en los palcos de la Cámara de Diputados durante su tratamiento en el recinto. Fue un tema aprobado por 197 votos afirmativos y solo 3 negativos, que tiene por objeto establecer el marco general del ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico, sin perjuicio de las normas dictadas por las jurisdicciones locales, ya que en 13 provincias hay legislación al respecto.

Asimismo espera el inicio de su tratamiento en el Senado el proyecto de violencia digital contra las mujeres, inspirado en la Ley Olimpia. Esta iniciativa tuvo 191 votos a favor, 2 negativos y una abstención, y modifica la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. Entre ellos, con el objetivo de garantizar “los derechos y bienes digitales de las mujeres, así como su desenvolvimiento y permanencia en el espacio digital”. Asimismo, señala que se deberán respetar “su dignidad, reputación e identidad en los espacios digitales”.

Hay iniciativas como el acuerdo para la eliminación del cobro de cargos de roaming internacional a los usuarios finales del Mercosur, y hasta reformas a la Ley 24.449 de Tránsito, pero también un proyecto del oficialismo que propone la creación de un Régimen de Promoción de la Producción y/o Elaboración de Productos Orgánicos, para generar un fondo que le dé financiamiento al Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Agricultura. Sería de 100 millones de pesos, para financiar la asistencia técnica, capacitación, fortalecimiento de las instituciones y certificación de muchos productores que se dediquen a la actividad. Un proyecto para el fomento de la producción orgánica tuvo media sanción en 2013 y perdió estado parlamentario en 2015.

Asimismo ya está en el Senado el único proyecto aprobado por unanimidad en la última sesión de Diputados: la derogación de la Ley 11.317 y el decreto 2.699 del 28 de mayo de 1925 sobre prohibición de tareas peligrosas o insalubres para mujeres. En el texto definitivo se unificaron proyectos impulsados por las diputadas nacionales Silvia Lospennato, Lucila Masin y Vanesa Siley y un conjunto de diputados y diputadas de extracción sindical, derogando la prohibición del trabajo de mujeres en ciertas actividades.

Además, ya tiene media sanción un plan de refinanciación de deudas de provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos respecto a Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA). Se trata de deudas contraídas en los 90, en dólares, de créditos BID que el Estado tomó y los pasó a las provincias y las provincias a las cooperativas. Esas deudas no fueron pesificadas y, tras la devaluación del 2002, las cifras originales se triplicaron. El monto total de la deuda vencida y a vencer al 31 de marzo de 2023 asciende a USD 85.756.662,58.

Para el final en este racconto de medias sanciones que esperan su tratamiento en el Senado tenemos nada menos que el “Sistema de Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios”, una iniciativa que busca aliviar la situación de los deudores de créditos UVA. El proyecto fue aprobado en Diputados por 134 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones y entre otras cosas establece que la cuota a pagar por el deudor hipotecario se determinará por el coeficiente de variación salarial, tomando como referencia el RIPTE (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables). En los meses que el RIPTE se encuentre por arriba del IPC (inflación), pagarán siempre el índice más bajo.

A su vez, la iniciativa estipula que la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores, ni podrá extender la duración del crédito más del 25% del plazo originalmente pactado. Para los créditos ya otorgados, el cómputo será retroactivo al 1ro. de enero de 2023.

En definitiva, más de una veintena de proyectos que tienen media sanción de Diputados aguarda su tratamiento en la Cámara alta, atados a los vaivenes de lo que representa un año electoral y, para el oficialismo además, la pérdida del quórum propio. Algunos proyectos de suma importancia, otros de segundo orden, pero la necesidad imperiosa para el oficialismo de acordar los consensos correspondientes para reactivar una cámara donde precisamente no ha venido funcionando el diálogo.

Por José Angel Di Mauro

Los últimos dos días de mayo, el Senado de la Nación salió del letargo que había mantenido a lo largo del año. En ese 30 y 31 de mayo de este año se conformaron numerosas comisiones y hasta dictaminaron proyectos importantes. La de Salud, dejó listos para mandar al recinto los proyectos de muerte perinatal y de pubertad precoz, muy esperados por las personas y organizaciones que tanto pugnaron por su aprobación y se entusiasmaron ante la media sanción en Diputados, pero se amargaron al ver inmovilizadas esas iniciativas en la Cámara alta.

Pero también pasó a la firma un proyecto reclamado por el ministro de Economía y precandidato oficialista para la presidencia, Sergio Massa: el monotributo tecnológico, que establece un régimen simplificado para pequeños contribuyentes tecnológicos y un régimen cambiario especial, a fin de permitir que esas personas que cobran sus servicios en moneda extranjera puedan liquidarlos en la Argentina y tributar aquí. Ese proyecto también fue aprobado en Diputados hace tiempo y dormía hasta entonces el sueño de los justos en el Senado. Ahí sigue.

La actividad principal de esos dos días fueron las dos audiencias realizadas en la Comisión de Acuerdos, por donde pasaron 47 jueces, fiscales y defensores, aspirantes a cubrir vacantes en diversos puntos de todo el país. Entre ellos, Ana María Figueroa, titular de la Cámara Federal de Casación Penal para la que el Poder Ejecutivo pidió ampliar por cinco años su magistratura, atento a que el 9 de agosto cumplirá 75. Una figura clave para la vicepresidenta de la Nación, pues ella debería decidir si Cristina Kirchner va o no a juicio por la causa Hotesur-Los Sauces.

Durante el interrogatorio al que fue sometida -y del que, hay que decirlo, salió bastante airosa-, el senador radical riojano Julio Martínez le comentó que el Senado estaba “paralizado”, pero que ese día y el anterior había vuelto a moverse. Y le preguntó si se daba cuenta de que había habido “mucha actividad gracias a usted, y el interés que tienen el oficialismo y Cristina Kirchner en que siga siendo jueza”.

Hábil declarante, Figueroa se manifestó orgullosa de ser en ese caso responsable de haber generado la vuelta a la actividad en esa cámara.

La realidad es que después de ese día el Senado volvió al letargo y durante el mes de junio solo se reunió una comisión tan solo para ratificar sus autoridades. Recién volvió la actividad esta última semana, donde tal cual había sucedido a fines de mayo volvieron a ser convocadas numerosas comisiones y hasta se convocó a una sesión especial para tratar cinco proyectos de ley… y los nombramientos judiciales pendientes. Entre ellos el de Ana María Figueroa. Otra puesta en escena para tratar lo que más le interesaba a la presidenta del Cuerpo.

El intento oficialista de sesionar fracasó, tal cual había sucedido el 30 de marzo pasado, cuando el FdT no consiguió quórum. Como el miércoles pasado, las autoridades del Senado habían incluido esa vez en el temario temas de especial repercusión pública, como la Ley Lucio y Alcohol Cero, propiciando también -y sobre todo- la presencia en los palcos de los abuelos de Lucio Dupuy y miembros de organizaciones interesadas en esas leyes, con la intención de dejar expuesta ante ellos a la oposición en caso de fracaso. El mismo modus operandi aplicaron el miércoles pasado, cuando invitaron a Johanna Piferrer -inspiradora de la Ley Johanna de muerte perinatal- junto a otras madres y organizaciones que promueven la aprobación del Programa Pubertad Precoz. A esas personas les pidió perdón la senadora Anabel Fernández Sagasti luego de que se cayera la sesión, aunque cabe recordar por ejemplo que el proyecto de ley de muerte perinatal cuenta con media sanción de la Cámara baja desde el 24 de noviembre del año pasado y nunca el oficialismo mostró premura por tratarlo.

Ya no hay chances de que el Congreso vuelva a sesionar sino hasta después de las PASO. En Diputados hay un pedido para reunirse el 23 de agosto para tratar la Ley de Alquileres, sobre la cual y ante la falta de acuerdos, lo más probable es que terminen derogándola. En la Cámara alta es imposible imaginar cuándo podrán ponerse de acuerdo para volver a abrir el recinto, pero lo único seguro es que la jueza Figueroa cumplirá 75 años sin haber conseguido la luz verde para seguir en el cargo y deberá iniciar los trámites para su jubilación. Tampoco pudieron avanzar por ahora las 75 designaciones judiciales incluidas en esa sesión fallida. Esa es una “victoria” que ya celebra la oposición y una muestra más del poder debilitado de la presidenta del Senado, que ya había debido recurrir a la teoría de la proscripción para justificar su ausencia en las listas, cuando la realidad concreta es que no tiene chances de ganar un balotaje.

Como su némesis Mauricio Macri, hoy en el exterior para evitar participar del tramo final de una campaña en la que prefiere evitar tener que decir a quién votará, aunque esté muy claro cuál es su deseo para el 13 de agosto. El expresidente se reserva el papel de consejero para el caso de que Juntos por el Cambio vuelva al poder, como imagina, aunque la verdad es que mucho no se han atendido sus recomendaciones por ejemplo en el cierre de listas.

Como sea, quien dejará de criticarlo es Horacio Rodríguez Larreta, atento a las encuestas donde se ha verificado que cada vez que el jefe de Gobierno descalifica a su mentor, él baja 3 puntos. El jefe de Gobierno paga en los últimos tiempos pasos en falso como el intento fallido de ampliar JxC con Schiaretti en vísperas de las elecciones cordobesas.

El, que desde los 8 años dice que va a ser presidente, se ilusiona con dar un campanazo este domingo, con Maxi Pullaro en Santa Fe. El tercer distrito más poblado del país es el único donde los precandidatos presidenciales de la principal oposición compiten con candidatos distintos. Respaldada por Patricia Bullrich, Carolina Losada derrotó en 2021 a Pullaro en la interna, siendo luego ella la ganadora de las legislativas santafesinas. Ahora compite con el mismo contrincante, que la aventaja en estructura partidaria; por eso dicen que las chances de la periodista crecen cuanta más gente vote. Las encuestas auguran un final cerrado, con ventaja para el varón tras una campaña electoral descarnada. Imposible que no queden heridos tras semejantes acusaciones cruzadas. Por eso, a pesar de que se descuenta que la sumatoria de JxC dará más alto este domingo, hay dudas respecto de lo que vaya a suceder en las generales del 10 de septiembre, y se ilusiona un peronismo que hasta ahora la daba por perdida.

Es lo que sucede con un oficialismo que se sabe complicado, pero dispuesto a dar batalla. Y a tomar ventaja de una interna sumamente competitiva como es la de Juntos por el Cambio, pero demasiado encarnizada. No solo a nivel de los precandidatos presidenciales. En la Ciudad hubo una muestra concreta, con la eyección de Franco Rinaldi del primer lugar de la lista de legisladores porteños de Jorge Macri. Martín Lousteau jugó fuerte a partir de que trascendieron los videos de un pasado no tan lejano en el que el fallido candidato hablaba sin filtros en las redes. El radicalismo no tuvo contemplaciones y pidió su exclusión; tras un primer embate en el que Jorge Macri aguantó las presiones, una nueva tanda de videos terminó con la resistencia del standupero, que dio un paso al costado. No conforme con eso, y revelando que el verdadero objetivo era erosionar a su rival para la Jefatura de Gobierno, Lousteau insistió en rayar a Macri. Pero tampoco se la llevó gratis, pues esa jugada le generó el efecto contrario con un contraataque de videos sobre el autor de la 125 que van desde su jura como ministro de Cristina -saludo con Néstor Kirchner incluido-, a declaraciones suyas reclamando por Santiago Maldonado…

La pregunta es cómo lograrán convivir las partes a partir del 14 de agosto tras semejante interna virulenta. Pero sobre todo, cómo harán para que los votantes de uno y otro confluyan en el mismo objetivo en las elecciones de octubre.

La campaña sucia está a la orden del día, y el oficialismo ha mostrado ya sus cartas. Lo de la IGJ interviniendo la fundación de Patricia Bullrich es un límite sorprendente que refiere peligrosamente a Venezuela. Dicen que la novedad -que fue instrumentada por el titular de Ricardo Nissen, el titular de la IGJ que hasta antes de asumir era apoderado de los hijos de Cristina Kirchner en Hotersur, y anunciada por el ministro de Justicia Martín Soria, cristinista de segunda generación que es además precandidato a diputado en estas elecciones- habría sorprendido al candidato oficialista. Y que no habría contado con su beneplácito, pues termina victimizando/favoreciendo a la precandidata del Pro. Igual, él tiene lo suyo en esta campaña. Decidido a asegurar el voto duro propio, Massa ha dejado claro que no transitará la avenida del medio en la campaña: arrancó con un video alertando a jubilados sobre un supuesto objetivo de JxC de liquidar el PAMI y siguió citando un incomprobable diálogo en el que gente del FMI alertaba supuestamente sobre pedidos opositores para hacer caer un acuerdo con el Fondo. En línea con lo que se sabe que sí hizo el peronismo a través de Domingo Cavallo con Raúl Alfonsín, o Alberto Fernández cuando Mauricio Macri yahabía perdido las PASO. 

Luego de la fallida sesión del Senado del miércoles, el senador por Salta Sergio Leavy (Unidad Ciudadana) señaló en una entrevista para Senado TV, que “por segunda vez en el año la oposición se ausentó de una sesión, en donde debíamos aprobar temas importantes que impactan en mayor o menor medida en cada uno de los habitantes de nuestro país. Vemos que hablan y hablan, pero a la hora de trabajar no trabajan”.

“En esta sesión, como presidente de la Comisión de Defensa Nacional -que a esta altura del año parlamentario aún no ha podido ser conformada- iba a brindar el informe sobre el proyecto de ley que autoriza la entrada de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales para participar en el Programa de Ejercitaciones Combinadas”, explicó Leavy, para agregar luego que “es un proyecto, que tiene sanción en Diputados, y que en toda la democracia nunca ha generado discusiones. A ningún presidente de la democracia se le ha impedido dicha autorización”.

“Llegamos a mitad de año y no tenemos el quórum para conformar la Comisión de Defensa Nacional, entre muchas otras; creo que como dijo el presidente del interbloque, José Mayans, esto se trata de responsabilidad institucional y de dar el ejemplo, más allá de las campañas políticas que se están realizando en las distintas provincias”, destacó el legislador salteño.

“Tampoco se pudo llegar a un consenso para tratar 75 designaciones fundamentales para la Justicia Nacional que ya cuentan con dictamen de comisión y que perfectamente podían votar en contra. En ese paquete hay cargos para la Justicia de Santa Fe, que están con el problema de narcotráfico en el tope de su agenda; designaciones para Jujuy, provincia en donde la justicia independiente debe fortalecerse, y además estaba la designación del Defensor Público Oficial ante el Juzgado de Tartagal, donde esperan cubrir el cargo desde hace casi un año”, detalló Sergio Leavy.

A pocos días de entrar en el receso invernal y con una actividad legislativa magra, la Cámara de Senadores intentará este jueves constituir otra comisión que ratificará a sus autoridades al frente de la misma y establecerá días y horarios de trabajo para lo que resta del año.

A las 12 está prevista la conformación de la Comisión de Industria y Comercio que seguirá a cargo del sanjuanino Roberto Basualdo. El último encuentro que tuvieron fue en diciembre de 2022.

En rigor, iban a ser dos las comisiones que se constituirían este jueves, pero se suspendió la reunión de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales que debía reunirse en el Salón Arturo Illia a las 11.30 para ratificar como su presidenta a la tucumana Beatriz Ávila. La última vez que la comisión se reunió fue en octubre del año pasado.

Es una constante las suspensiones de reuniones de comisión en la Cámara alta, pues el martes estaba en agenda que la Comisión de Asuntos Constitucionales se constituyera, pero por falta de quórum la reunión se cayó -por segunda vez- y sigue sin elegir autoridades.

El oficialismo sufrió un nuevo revés en el Senado -donde perdió la mayoría en febrero pasado-, al caerse una sesión por segunda vez en el año por falta de quórum. Con el número justo, el Frente de Todos llamó a sesionar para aprobar cinco proyectos de ley y más de 70 pliegos judiciales, principal causa de la férrea oposición por parte de Juntos por el Cambio de bajar al recinto. Y, más precisamente, por la propuesta de renovación en el cargo de Ana María Figueroa en la Cámara de Casación Penal, donde debe resolver sobre causas que involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner. 

Sin embargo, la citación se formalizó porque el oficialismo contaba con sus tres aliados habituales: la misionera Magdalena Solari Quintana, la riojana Clara Vega y el rionegrino Alberto Weretilneck. Aunque éste último, a sabiendas de que no había quórum, se mantuvo en su despacho. 

Pero, además, para lograr el mágico número de 37 se había buscado un acuerdo con tres de los excompañeros de bloque: la puntana María Eugenia Catalfamo, el entrerriano Edgardo Kueider y el jujeño Guillermo Snopek, presidente de Unidad Federal, donde conviven junto a la schiarettista Alejandra Vigo y el correntino Carlos “Camau” Espínola -quien apoya la precandidatura del gobernador cordobés-. Ambos no estaban contados. 

Catalfamo, del riñón del gobernador Alberto Rodríguez Saá, fue la única que asistió a la sesión este miércoles, e incluso habló y fustigó a sus pares de JxC llamándolos “senadores de la oposición”. Durante el cierre de listas, la senadora manifestó en redes sociales su apoyo a la fórmula Sergio Massa-Agustín Rossi, al igual que Kueider. 

Pero los dos varones no asistieron. El día anterior, en un gesto para atraer a Kueider, se constituyó la Comisión de Minería, Energía y Combustibles para comenzar con la discusión de distintos proyectos que proponen una reducción en las tarifas eléctricas para el norte del país, un tema por el cual el entrerriano viene insistiendo hace tiempo. No obstante, desde la bancada que conduce José Mayans, aclararon que no se iba a avanzar en un dictamen.

“Este es un tema que hay que abordarlo profundamente. No es solo bajar el IVA. Además, era imposible sacar despacho porque muchos compañeros no están de acuerdo”, revelaron a parlamentario.com desde el oficialismo. La misma fuente contó que le ofrecieron “pulir” su iniciativa y trabajarla con la Secretaría de Energía porque “así como está no sale”. El senador habría reconocido esto y aceptado las condiciones, pero la oferta pareció no alcanzar porque finalmente decidió no dar quórum. 

Snopek, por su parte, confirmó que iba a estar en la sesión desde el viernes de la semana pasada hasta este martes, cuando, a más de dos semanas del cierre de precandidaturas, pidió ahora que “bajen a la lista de La Cámpora” en su provincia, donde él encabeza una de las nóminas para diputados nacionales de Unión por la Patria y debe pelear la interna. 

Pese a la versión del FdT, el propio Snopek confirmó la razón de su ausencia a parlamentario.com, al decir que el oficialismo “incumplió con constituir la Comisión de Asuntos Constitucionales”, donde él iba a ser ratificado como presidente e iba a plantear su proyecto que propone la intervención del Poder Judicial de Jujuy.
“El FdT no bajó (a la comisión) y queríamos discutir los graves hecho que están sucediendo en la provincia”, dijo el jujeño sobre la reunión que fracasó este martes. Además, cuestionó que solo “pusieran a consideración” el tema de las tarifas eléctricas, cuando desde que se fueron del bloque reclaman por la discusión del tema energético.

En conferencia de prensa, Juntos por el Cambio ratificó que no dará quórum mientras se quieran “imponer” pliegos judiciales, pese a estar de acuerdo con algunas designaciones. “Están jugando a ver quién es más antikirchnerista y nos dicen que esperemos hasta el 13 (de agosto)”, comentó un senador del oficialismo en los pasillos. A partir del fracaso de la sesión no solo quedaron pendientes de aprobación los nombramientos judiciales, sino el ingreso formal de otro paquete de pliegos que el Poder Ejecutivo ya envió. Ese es otro trámite que la oposición también buscaría obstruir.

La de este miércoles iba a ser, desde que comenzó el período ordinario en marzo, la segunda sesión para tratar proyectos. El Senado solo concretó una reunión en el recinto el 13 de abril y tuvo la visita del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, el 11 de mayo. Al cierre del primer semestre de este año, se trata de uno de los peores récord en años. 

El Frente de Todos no logró alcanzar el quórum necesario para sesionar este miércoles y aprobar 75 pliegos de jueces, camaristas, fiscales y defensores. Entre ellos, el de la camarista Ana María Figueroa, el más destacado de todos los puestos a consideración.

A continuación, detallamos los nombres de los pliegos que este miércoles no alcanzaron a tener luz verde en la Cámara alta:

Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 17 de la Capital Federal al doctor Maximiliano Alberto Leandro Callizo;

Jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 7 de la Capital Federal, a la doctora Constanza Borghini;

Jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44 de la Capital Federal a la doctora Paula Ximena Morales;

Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 41 de la Capital Federal al doctor Marcos Sebastián Wenner;

Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 31 de la Capital Federal al doctor Sergio Alejandro Echegaray;

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N° 24, a la doctora María Ángeles Ramos;

Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N° 24, a la doctora María Ángeles Ramos;

Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Vocalía N° 9, al doctor Leonardo César Fillia;

Defensor Público Oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 22, al doctor Pablo Amalio Zalazar;

Defensor Público Oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 7, al doctor Rolando Boris Vela;

Defensor Público Oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 13, al doctor Gonzalo Agustín Freijedo;

Defensor Público Oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 11, al doctor Mariano Gabriel Juárez;

Defensora Pública Oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 5, a la doctora María Candelaria Migoya;

Defensora Pública Oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 12, a la doctora María Lucrecia Sammartino;

Vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Vocalía N° 1, al doctor Adrián Norberto Martin;

Vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Vocalía N° 7, al doctor Fernando Gabriel Bellido;

Defensor Público Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 11, al doctor  Germán Luis Artola;

Defensor Público Curador de la Defensoría General de la Nación, Defensoría Pública Curaduría N° 12, al doctor Agustín Rivero;

Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 7 de la Capital Federal a la doctora Mariana Salduna;

Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 26 de la Capital Federal al doctor Gabriel Emilio Vandemberg;

Defensor Público Oficial ante los Juzgados Nacionales en lo

Criminal y Correccional y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 11, al doctor Mariano Gabriel Juárez;

Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 20 de la Capital Federal al doctor Nicolás Grappasonno;

Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 26 de la Capital Federal a la doctora Paula Diana Marinkovic;

Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, al doctor Enrique Nicolás Baronetto;

Defensora Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, a la doctora Alfonsina Bava; Defensor Público Oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, Defensoría N° 2, al doctor Agustín Carrique;

Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a la doctora Verónica Raquel Escribano;

Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Tartagal, provincia de Salta, al doctor Luis Francisco Valencia;

Defensora Pública Oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, a la doctora María José Bonifacino;

Defensor Público Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de San Martín, provincia de Buenos Aires, Defensoría N° 4, al doctor Alejandro Marcelo Arguilea;

Fiscal ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia del Trabajo de la Capital Federal, Fiscalía N° 7, a la señora doctora Mirta Sonia Álvarez;

Fiscal ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia del Trabajo de la Capital Federal, Fiscalía N° 3, a la señora doctora Mónica Sirounian;

Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 9 de la Capital Federal a la señora doctora Lucila Califano;

Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 25 de la Capital Federal al señor doctor Leonardo Raúl Vittola;

Juez del Juzgado Nacional de Menores N° 2 de la Capital Federal al señor doctor Pablo Glanc;

Jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58 de la Capital Federal a la señora doctora Natalia Noel Le Pera;

Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero a la señora doctora Ana Carina Farías;

Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 2 de la Capital Federal al señor doctor Carlos Gabriel Mallo;

Defensora Pública Oficial ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes a la señora doctora Rosana Leonor Marini;

Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Rosario, provincia de Santa Fe, al señor doctor Román Pablo Lanzón;

Fiscal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Jujuy, Fiscalía Nº 1, a la señora doctora Lucía Romina Orsetti;

Defensor Público Oficial ante los Juzgados Nacionales en lo

Criminal y Correccional y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 9, al señor doctor León Gordon Avalos;

Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de La Rioja al señor doctor José Nicolás Celestino Chumbita;

Vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Vocalía N° 4, a la señora doctora Paula Norma Gorsd;

Defensor Público Oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, al señor doctor Manuel Maximiliano Baillieau;

Fiscal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Rosario, provincia de Santa Fe, Fiscalía N°2, al señor doctor Matías Felipe Scilabra;

Defensora Pública Oficial ante la Cámara Federal de Apelaciones y los Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, provincia de Buenos Aires, a la señora doctora Rosario Muñoz;

Defensora Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, a la señora doctora Marcela Silvina Lamas;

Defensor Público Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario, provincia de Santa Fe, Defensoría Nº 3, al señor doctor Ramiro Dillon Villamayor;

Defensor Público Oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría Nº 6, al señor doctor Pablo Rovatti;

Defensora Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Santiago del Estero a la señora doctora Silvina Soledad Leal Castaño;

Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal al señor doctor Juan Manuel Domínguez;

Defensora Pública de Víctima con asiento en la provincia de Corrientes a la señora doctora Patricia Isabel Kenny;

Fiscal ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia del Trabajo de la Capital Federal, Fiscalía N° 4, al señor doctor Carlos Alberto Pietragalla;

Defensora Pública Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, a la señora doctora Paula Susana Muniagurria;

Defensor Público Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe al doctor Pablo Andrés Vacani;

Defensora Pública Oficial ante los Juzgados y la Cámara

Nacional de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la Capital Federal, Defensoría N° 4, a la señora doctora Analía Isabel Cascone;

Defensora Pública Oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de San Salvador de Jujuy a la doctora María Victoria Nager;

Fiscal ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia del Trabajo de la Capital Federal, Fiscalía Nº 1, al doctor Rodrigo Nicolás Sánchez Terlizzi;

Defensora Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría Nº 4, a la doctora Laura Isabel Ayala;

Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy al doctor Diego Martín Matteucci;

Defensor Público de Víctima con asiento en la Provincia de Jujuy al doctor Gonzalo Stordeur;

Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, al doctor Marcelo Alejandro Cardozo;

Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Jujuy a la doctora Carina Inés Gregoraschuk;

Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, al doctor Roberto Fernando Minguillón;

Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 20 de la Capital Federal al doctor Juan Manuel Mejuto;

Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, al doctor Martín Luciano Poderti;

Fiscal General Adjunto ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal al doctor Germán Helvio Queipo;

Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán al doctor Fernando Luis Rodolfo Poviña;

Vocal de la Cámara Federal de Casación Penal a la doctora Ana María Figueroa;

Defensor Público Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, provincia de Entre Ríos, al doctor Mauricio Gabriel Zambiazzo;

Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 77 de la Capital Federal al doctor Federico Pablo Notrica;

Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de San Rafael, provincia de Mendoza, al doctor Omar Abdón Bittar;

Fiscal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Jujuy, Fiscalía Nº2, al doctor Sebastián Gabriel Jure;

Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala “C”, al doctor Hernán Diego Papa;

Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 102 de la Capital Federal al doctor Eduardo Guillermo Roveda;

Juez de Cámara del Tribunal Oral de Menores N° 3 de la Capital Federal al doctor Gerardo Agustín Pettigiani.

Finalmente el oficialismo no pudo realizar la sesión a la que había convocado para este miércoles pues no alcanzó a reunir el quórum necesario. Solo llegó a sumar 34 senadores: quedó a tres de alcanzar los 37 que necesitaba.

Le falló Unidad Federal. De ellos solo estuvo presente en el recinto la puntana Eugenia Catalfamo, quien además dio un discurso muy crítico para con los ausentes -aunque en referencia a los de Juntos por el Cambio-; el jefe de ese bloque, Guillermo Snopek y el entrerriano Edgardo Kueider no se sumaron. Tampoco lo hizo la cordobesa Alejandra Vigo, ni el correntino Carlos “Camau” Espínola, aunque los esfuerzos para que llegaran a sentarse no se hicieron con ellos. Sí con Snopek y Kueider.

Sí dieron quórum las aliadas habituales del oficialismo Magdalena Solari Quintana (Misiones) y la riojana Clara Vega, pero no fue así con el rionegrino Alberto Weretilneck.

Habiendo pasado la media hora de rigor, la presidenta provisional de la Cámara, la santiagueña Claudia Ledesma Abdala, anunció que la sesión estaba caída. Y dio paso a las expresiones en minoría.

Habló entonces el jefe del interbloque oficialista, José Mayans, quien habló de la necesidad de tener “responsabilidad institucional”. Recordó la inminencia de las PASO, el temor de muchos de no sesionar porque “la prensa nos mata”, pero aclaró que “independientemente de eso hay que cumplir con la responsabilidad institucional”.

A sabiendas de que “la piedra para la discordia” eran los pliegos propuestos judiciales por el Ejecutivo, Mayans explicó que los mismos “tienen un camino de casi 5 años”. “Todo ese proceso y la necesidad de darle cobertura a la propuesta del Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo, la Comisión de Acuerdos… La mayoría (de los pliegos), prácticamente la totalidad, sin impugnaciones. No se justifica la demora, porque hay una necesidad imperiosa de que la justicia funcione”.

El formoseño recordó todo lo que se dijo cuando el tratamiento del fortalecimiento de la justicia federal santafesina, y agregó que “ya cuando hicimos la propuesta de Justicia 2020, la senadora (María de los Angeles) Sacnun estuvo explicando toda la necesidad de la Justicia federal, y argumentaron un tema de presupuesto, cuando el presupuesto de la justicia es 2,43% del Presupuesto Nacional. Entonces, cuando tenemos la oposición por la oposición, porque hay un proceso electoral…”.

Mayans valoró la presencia del senador Marcelo Lewandowsky, quien el domingo tiene PASO en Santa Fe. “Voy, voy a cumplir”, contó que le dijo ese legislador, a pesar de que este miércoles tenía un acto electoral. También elogió a la senadora neuquina Silvia Sapag, quien estaba con una operación, pero contó que le dijo que “si es necesario, vengo”.

“No podemos dejar de trabajar, no podemos paralizar el Congreso”, insistió, y reparó en la necesidad de aprobar el proyecto de entrada y salida de tropas, que ya tiene media sanción de Diputados y figuraba en el temario de este miércoles. “A ningún presidente de la democracia se le negó el permiso de entrada y salida de tropas”, recordó, para contar que había resuelto darle tratamiento sobre tablas “porque esos movimientos tienen que hacerse con la aprobación del Congreso”.

También agregó los otros temas que estaban previstos, para concluir que “está claro que los que estamos acá, los 34 tenemos ganas de trabajar; cuesta mucho todas las semanas llevar adelante los temas. En otros tiempos llamaban a la responsabilidad parlamentaria, y tuvimos tal responsabilidad que con dos senadores le otorgamos (en 2015) a Cambiemos la presidencia previsional”.

“Yo no estaba de acuerdo –reconoció-. En cualquier parte del mundo, la mayoría parlamentaria es la que impone la presidencia. Pero fue un pedido de la expresidenta. Y le dimos la presidencia, con dos senadores, y después nunca hicimos la o posición sistemática y negativa…”.

Agregó que “por eso cuando abrimos la sesión este año, dije lo del abrazo de Balbín y Perón, porque para el tiempo que viene hacen falta leyes muy importante, por ejemplo el tratamiento de la feroz deuda que dejaron”.

Por último, reveló que le habían ofrecido a la oposición postergar el tema de los pliegos, para tratar al menos lo de la entrada y salida de tropas. “No tuvimos respuesta”, aclaró.

Un impasse en la campaña

Precandidato a gobernador en Santa Fe, donde se vota el próximo domingo, el santafesino Marcelo Lewandowski reconoció que “a 48 horas del cierre” de campaña hay muchas “actividades encaradas”, pero “no hay mejor acto de campaña que aprobar todo lo que tanto necesitamos en Rosario: jueces y fiscales. No hay mejor acto de campaña que cumplir con lo que nos encomendaron los ciudadanos, que es representarlos en esta Cámara”.

El oficialista criticó los “discursos” que se escuchan permanentemente desde la oposición sobre la situación en su provincia y, tras nombrar a los postulantes que quedaron sin poder ser nombrados, fustigó a sus comprovincianos: “Hoy que tenemos sesión no están”.

“Van a llamarme cínico, mentiroso, pero por sus actos los conoceréis, la única verdad es la realidad, y hoy podríamos tener más fiscales y más jueces, y sin embargo siguen postergando la nominación de ellos”, sostuvo y agregó que “lo que más piden en la provincia es combatir el narcotráfico y cuando lo hacemos, no vienen”.

Única integrante de Unidad Federal que bajó al recinto, la puntana María Eugenia Catalfamo cargó las tintas contra Juntos por el Cambio. “Cuesta entender como hoy, todas estas bancas a mi izquierda están vacías, cuando tenemos madres ahí arriba que desde hace tiempo nos vienen pidiendo por el proyecto de pubertad precoz”, dijo.

Y cuestionó que “lamentablemente detrás de estos vidrios están los senadores de la oposición esperando no sé qué. Ojalá tuvieran el coraje y la moral suficiente para poder ingresar y venir a aprobar estos proyectos, más sociales si se quiere, y que nos reclama la sociedad”. “Más allá de lo político y electoral, hay un montón de cuestiones sociales que merecen mucho más la pena”, insistió.

Parrilli le apuntó a “las mascotas del poder”

Muy duro se manifestó el senador Oscar Parrilli, como podía esperarse. Arrancó sugiriéndole al presidente de su interbloque, José Mayans, que “cuando tenga una propuesta diferente para hacerle al bloque opositor, no los llame más a ellos… Llámelo a (Héctor) Magnetto, o a (Jorge) Rendo, porque en realidad, ¿qué es lo que pasa? Les dieron una orden a través de Clarín, la  hemos visto todos estos días, al bloque opositor, de que no había que bajar al recinto”.

“Entonces, cuando usted va y les hace  una propuesta distinta, los desubica, no saben qué hacer. Se ve que Rendo o Magnetto no tenían el teléfono prendido y ni siquiera le contestaron a usted”, agregó.

Tras aclarar que había senadores a los que exceptuaba de lo que iba a decir, consideró que “hay una conducción de esos senadores que son mascotas del poder, y además se pelean por ver quién es la mascota más fiel, que más cumple las exigencias y las recomendaciones que les da Magnetto”.

“Yo creo que esta sesión se cae por una decisión de Magnetto y (Fernán) Saguier y Rendo, que lo que querían hacer es seguir manipulando la justicia en la Argentina, como hicieron durante muchísimos años, y como hacen con la Corte, una Corte absolutamente desprestigiada…”. Y enfatizó que “el hecho de que no vengan a sesionar hoy es simplemente lograr una tapa de un diario, para decir ‘el kirchnerismo o Cristina no logró sancionar los jueces”.

Fernández Sagasti: la jueza Figueroa “les tapó la boca”

Sobre el final de la sesión en minoría, la mendocina Anabel Fernández Sagasti cuestionó a la oposición por no haber bajado “a trabajar, una vez más”. Contabilizó 75 pliegos que iban a tratarse, como así también “otros temas de consenso muy importantes y que todos y cada uno habían sido impulsados por la ciudadanía a través de organizaciones que atraviesan toda la Argentina y vienen luchando hace años para que el Congreso los trate”.

“Además de la salida de tropas, y que nunca en la historia argentina no se ha autorizado a un presidente o presidenta a que eso no se apruebe”, agregó la senadora de Unidad Ciudadana. Y continuó: “Propusimos este temario, trabajamos incansablemente para reunir consensos… Habíamos acordado con la oposición hacer una sesión por mes; nuestro líder espiritual (por José Mayans) habló con el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio y le propuso que sesionemos, pero él le dijo que ellos no estaban dispuestos a sesionar porque estaban en elecciones”.

Sagasti sostuvo que “ante esa respuesta nos pusimos a trabajar para coincidir con las otras fuerzas políticas, a las que agradezco, en hacer un temario”. Sin embargo, continuó, “ante la imposibilidad de conseguir el quórum, llamamos al presidente del interbloque y le ofrecimos sacar todos los pliegos que les molesta y que tratáramos los temas de consenso: tropas, la de asistencia perinatal, pubertad precoz… Ofrecimos sacar los pliegos y tratar las leyes de consenso, a lo cual ni siquiera nos dieron una respuesta”.

“Esperaron ahí, atrás de los vidrios y se fueron a hablar con los medios a decir mentiras. A dar una conferencia de prensa que no tiene gollete… No se sentaron”, se quejó.

Respecto de los pliegos cuestionados por la oposición, calificó la postura de aquellos como una “mentira”. Tras detallar las provincias a las que atañen los 75 pliegos de jueces, fiscales y defensores puestos a consideración, se quejó porque los legisladores de la oposición “acá vienen y se embanderan” al hablar de la situación en Santa Fe, pero a su juicio lo sucedido este miércoles los “desenmascara, porque no les importa el padecimiento de ningún argentino. Cuando tienen que venir a poner el cuerpo por la gente, no vienen”. Así las cosas, sostuvo que “le están imposibilitando a 35 millones de argentinos tener acceso a la justicia. Eso es no nombrar jueces, fiscales, camaristas, eso significa; no es un toma y daca político”.

Sobre ese tema, Anabel Fernández Sagasti remarcó que “5 años estuvo esa gente para concursar, que les diéramos el dictamen; es una cuestión de acceso a la justicia y no les importa. Y si no les gusta, si no quieren que (la camarista Ana María) Figueroa siga siendo jueza, que lo planteen acá… Porque vino y no pudieron ponerla en aprietos ni una vez; le hicieron todas las preguntas que quisieron y les tapó la boca. Pasa que tal vez les moleste que haya jueces que no transen con el poder económico, que son sus jefes”.

Luego la senadora Fernández Sagasti se refirió a la Ley Johanna, aprobada en Diputados en noviembre del año pasado, y detalló todo el padecimiento que tuvo Johanna Piferrer, quien padeció la muerte de su bebé, Ciro, a un mes y medio del parto. Mientras las cámaras captaban la imagen de Johanna y otras madres, la senadora mendocina prometió que “vamos a seguir intentando desde este bloque incansablemente transformar este proyecto en ley”.

Pidió perdón “a la sociedad argentina en su conjunto y a todas las organizaciones que están golpeando”, y concluyó afirmando que “este duelo silencioso de estas familias que están hoy acá necesita de compañeros y compañeras que entiendan que las injusticias que vivimos las mujeres a la hora de parir, y peor aún, a la hora de ser tratadas con humanidad cuando perdemos a nuestros hijos en nuestros vientres, necesitan de todos y todas”.

Se conformó este martes la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, confirmando a sus autoridades, el sanjuanino José Uñac, como presidente, el radical catamarqueño Flavio Fama como vice, y se postergó la designación del o la secretario/a.

Durante el encuentro celebrado en el Salón Illia, se dio a continuación tratamiento a diferentes iniciativas relacionadas a tarifas, subsidios y consumo eléctrico para zonas cálidas.

El inicio de las exposiciones trató sobre el consumo de energía eléctrica residencial, con una tarifa diferenciada para las zonas cálidas de la Región del Norte Grande (Noroeste y Noreste de la Argentina), proyecto de los catamarqueños Lucía Corpacci y Guillermo Andrada.

Este último arrancó haciendo hincapié en la importancia del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner: “Acabamos de vivir un hecho histórico como poner en marcha una obra emblemática que, sin duda, modificará nuestra matriz energética y así llegar a hablar de soberanía energética”, dijo.

También se refirió a las características de algunas provincias del Norte Grande que necesitan electricidad tanto en invierno como verano y, por eso, “creemos que es importante determinar las zonas cálidas de nuestro país y que la accesibilidad a la electricidad sea para todas las familias”, agregó.

Sobre el subsidio de las tarifas, Andrada propuso que la tarifa del Norte Grande sea del “30% sustentable con un fondo y en los sectores más vulnerables llegue al 50%”.

A su turno, el entrerriano Edgardo Kueider (Unidad Federal), autor del proyecto sobre disminución de tarifas, expresó que “el planteo sobre las zonas cálidas surge porque también ya se ha tratado una ley de zonas frías y este reclamo se vio exacerbado por la suba de tarifas”. También abogó por el criterio y sustento técnico para determinar las zonas y la correspondiente determinación de sus jurisdicciones, ” este criterio no primó el año pasado”, aclaró.

En concordancia con Andrada, el chaqueño Antonio Rodas (Frente Nacional y Popular) expuso su proyecto sobre un régimen diferencial de tarifas para el Norte Grande argentino. Dijo que “se abre una apertura energética por el gasoducto Néstor Kirchner que, a su vez, traerá aparejada la posibilidad de otros emprendimientos”.

“Lo que creo es que hay que terminar de congeniar con el Poder Ejecutivo y con Economía respecto de los subsidios y, para esto, la voluntad de los senadores existe”, finalizó.

Otro senador que presentó su proyecto sobre tarifas diferenciadas para zonas cálidas fue el salteño Sergio Leavy (Unidad Ciudadana). “En mi provincia están todas las zonas frías y cálidas y esto, claramente, debe establecerse bajo un criterio científico de análisis, también hemos creado un fondo fiduciario para los subsidios de zonas cálidas”, destacó.

Al mismo tiempo, Leavy resaltó la importancia de que las zonas sean establecidas no por provincia, sino por temperatura y con sus normas IRAM. Para finalizar, sostuvo que debían tenerse especialmente en cuenta las regiones en las que el consumo eléctrico era mayor al no contar con acceso al gas.

Por último, expuso el radical chaqueño Víctor Zimmermann, quien celebró que se estuviera debatiendo el tema de la matriz energética en Argentina y destacó que “estos son temas referidos a la equidad y en el NEA no tenemos gas natural”.

También expresó su deseo de que “en el futuro tengamos una política de energía que nos contenga a todos y este tema es política de estado”.

El proyecto del senador Zimmermann y otros senadores establece una tarifa eléctrica diferencial para el NEA y crea un fondo fiduciario para subsidios de consumos eléctricos del nordeste.

Los últimos días se venía barajando la posibilidad de que el oficialismo convocara a una sesión en el Senado de cara al receso invernal para darle tratamiento a una serie de proyectos que aguardan ser tratados, entre los cuales se encuentra un abultado paquete de pliegos judiciales.

En la tarde de este martes se oficializó la convocatoria a una sesión pública especial para el día miércoles 12 de julio a las 11 para tratar un total de seis proyectos, luego de cuatro meses sin actividad en el recinto, salvo la visita del jefe de Gabinete en el mes de mayo.

Encabeza el temario una serie de pliegos judiciales que el oficialismo busca aprobar rápidamente, ya que se encuentra el de la jueza Ana María Figueroa, pronta a cumplir los 75 años de edad en agosto. La magistrada forma parte de la Cámara Federal de Casación Penal, que debe resolver si las causas de Hotesur-Los Sauces y el Memorándum con Irán, que involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner, se vuelven a reabrir o no.

Pero además del pliego de la camarista, a fines de mayo asistieron a audiencia pública otros 46 candidatos a cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores. Además, en carpeta hay otras decenas de dictámenes pendientes del año pasado. Sucede que, en la única sesión que hubo este año -el 13 de abril-, por acuerdo con la oposición solo se avanzó en designaciones para Santa Fe y Córdoba.

Al respecto, desde el interbloque de JxC ya habían anticipado que no están dispuestos a acompañar las designaciones judiciales. Sin embargo, el Frente de Todos tiene los números para el quórum, pero para eso deberá tener asistencia perfecta de su bancada, más sus tres aliados Alberto Weretilneck (JSRN), Magdalena Solari Quintana (Misiones) y Clara Vega (Hay Futuro Argentina), y estaría en 34. Se le sumarían los miembros del bloque Unidad Federal, cuyo presidente el jujeño Guillermo Snopek, quien en las PASO competirá como precandidato a diputado nacional por una de las listas de Unión por la Patria. También la puntana María Eugenia Catalfamo y Edgardo Kueider.

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El resto del temario

La convocatoria a sesionar incluye en primer lugar el proyecto proveniente de la Cámara baja que autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de fuerzas nacionales, para participar en los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones Combinadas.

En segundo lugar figura un proyecto de ley del senador Pablo Yedlin. Esta iniciativa tiene dictamen desde el 9 de noviembre, y tiene por objeto autorizar en todo el territorio nacional la elaboración, comercialización y consumo de sal de mesa enriquecida con flúor, para colaborar en la prevención de las caries dentales y mejorar la salud bucal de la población.

También ha sido incluido una iniciativa de la senadora sanjuanina Cristina López Valverde, por el que se crea el Programa Nacional Libros  para Aprender. Este proyecto tiene dictamen desde el 15 de noviembre de 2022, y se trata de un programa creado por resolución del Ministerio de Educación en noviembre de 2021, que tiene por objeto la entrega individual de libros de texto y de literatura a estudiantes y docentes del nivel inicial, primario, secundario de escuelas públicas y de los Institutos de Formación Docente.

Este programa tiene objetivos dentro y fuera del espacio áulico. Promover el hábito de leer permite no solo la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino también facilitar la apropiación de los bienes culturales y trasladar esta práctica a las familias.

Proveniente de la Cámara baja, se tratará la media sanción que crea el Programa de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento Integral de la Pubertad Precoz. Se trata de una iniciativa que cuenta dictamen desde el 30 de mayo pasado y recibió media sanción de Diputados el 19 de abril de este año.

Este proyecto, que fue impulsado por los diputados Rubén Manzi y Carla Carrizo, tiene como funciones entender en todo lo referente a la investigación, docencia, prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad en sus aspectos médicos y sociales.

También promueve la capacitación, formación y perfeccionamiento de profesionales de la salud en el abordaje y tratamiento de la PPC, como así también generar protocolos de atención de niñas y niños con ese diagnóstico.

Prevé realizar estudios estadísticos sobre la Pubertad Precoz Central que abarquen todo el país, y llevar adelante campañas informativas/educativas destinadas a la comunidad en general y a grupos específicos, tendientes a crear conciencia sobre la enfermedad.

Por último, se tratará otro proyecto proveniente de la Cámara baja y es el que aquel por el que se establecen los procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal.

Un tema que tuvo dictamen el 30 de mayo pasado y fue sancionada también por Diputados el 24 de noviembre. Hablamos de la Ley Johanna, bautizado así por el caso de Johanna Piferrer, impulsora de la iniciativa por haber sido víctima de violencia obstétrica. La iniciativa indica que todas las obras sociales, las entidades de medicina prepaga, como así también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliadas/os, independientemente de la figura jurídica que posean, tendrán a su cargo con carácter obligatorio instrumentar las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley.

Se busca dotar las/os profesionales de la salud, que intervienen al momento del parto, de procedimientos de actuación estandarizados que faciliten la atención sanitaria de aquellas mujeres, personas gestantes y familias que sufren una muerte perinatal. También, posibilitar un ambiente de contención y cuidado, con el acompañamiento de especialistas; y facilitar opciones terapéuticas, gestiones a realizar, documentación a cumplimentar y consultas sucesivas.

Antes del receso invernal, que marcará el cierre de un primer semestre muy magro en cuanto a la actividad legislativa en el Senado, el oficialismo intentará este miércoles convocar a una sesión.

Aunque el temario no está definido, se apunta a acelerar la aprobación de un abultado paquete de pliegos judiciales, entre ellos el de la jueza Ana María Figueroa, pronta a cumplir los 75 años de edad en agosto.

La magistrada forma parte de la Cámara Federal de Casación Penal, que debe resolver si las causas de Hotesur-Los Sauces y el Memorándum con Irán, que involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner, se vuelven a reabrir o no.

Cuando se presentó en audiencia pública a defender su postulación para continuar cinco años más en el cargo, propuesta por el Gobierno, Figueroa dijo ni siquiera conocer “dónde funciona el Instituto Patria” y aseguró: “No tengo ningún feedback con el Ejecutivo para dar mi fallo, me den el acuerdo o no”.

Pero además del pliego de la camarista, a fines de mayo asistieron a audiencia pública otros 46 candidatos a cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores. Además, en carpeta hay otras decenas de dictámenes pendientes del año pasado. Sucede que, en la única sesión que hubo este año -el 13 de abril-, por acuerdo con la oposición solo se avanzó en designaciones para Santa Fe y Córdoba.

Con las elecciones cada vez más cerca, el interbloque Juntos por el Cambio ya anticipó que no está dispuesto a acompañar designaciones judiciales.

Para poner en marcha la sesión, el oficialismo necesita de 37 para el quórum y, con asistencia completa de su bancada, más sus tres aliados Alberto Weretilneck (JSRN), Magdalena Solari Quintana (Misiones) y Clara Vega (Hay Futuro Argentina), estaría en 34. El interbloque que conduce José Mayans quedó en 31 este año tras la salida de cuatro legisladores.

Y, precisamente en algunos miembros de ese bloque es donde por estas horas se está buscando arrimar posiciones para poder sesionar. Puntualmente, podrían contar con el jujeño Guillermo Snopek, presidente de Unidad Federal, quien en las PASO competirá como precandidato a diputado nacional por una de las listas de Unión por la Patria.

Los otros son la puntana María Eugenia Catalfamo y el entrerriano Edgardo Kueider. Ambos festejaron en sus redes sociales la fórmula Sergio Massa-Agustín Rossi. Incluso, en un gesto a Kueider, se habilitó para este martes el debate de los proyectos que proponen una reducción en las tarifas eléctricas para el NOA y NEA. Este había sido uno de los enojos más grandes del legislador cuando pegó el portazo. Igualmente, las distintas iniciativas -entre las que hay de oficialistas y del radical Víctor Zimmermann– comenzarán a discutirse en la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, pero también tienen giro a Presupuesto y Hacienda.

Teniendo, como decimos, asistencia completa, y el acompañamiento de tres aliados más tres integrantes de Unidad Federal, el oficialismo alcanzaría justo los 37 que se necesitan para abrir la sesión. En el bloque del peronismo disidente también están la cordobesa Alejandra Vigo y el correntino Carlos “Camau” Espínola, quien le ha dado el apoyo a la precandidatura de Juan Scharetti. Se verá, entonces, si el bloque se divide a la hora de sentarse para dar número.

Una iniciativa clave que espera por la aprobación del Senado es la que modifica la normativa sobre lavado de activos. Será tratada en un plenario de comisiones este martes, pero si se quisiera incorporar al día siguiente en el temario requerirá sí de los dos tercios para su tratamiento sobre tablas. Luego de ese encuentro, el FdT tendrá reunión de interbloque.

Por lo pronto, para un posible temario, otros proyectos que ya tienen dictamen son los de “Mono-Tech” -impulsado fuertemente por Massa-, muerte perinatal y pubertad precoz, todos con media sanción de la Cámara de Diputados.

Muchas especulaciones se abren de cara a la futura conformación del Congreso de la Nación, a partir de la renovación que tendrán ambas cámaras. Con una particularidad significativa: mientras en Diputados se renuevan los mandatos ganados en 2019, cuando el por entonces prometedor Frente de Todos ganó con cierta amplitud las elecciones, en el Senado lo que se renueva tiene que ver con el triunfo electoral de Cambiemos en 2017. Así las cosas es que Juntos por el Cambio -que espera ganar las elecciones de este año- se hace ilusiones con hacer diferencia en Diputados, pero en el Senado deberá estar pendiente de resultados inciertos que podrían posicionarlo cerca de llegar a dominar la cámara, pero también a quedar en una situación realmente incómoda.

Para entender esto es que debemos repetir que Juntos por el Cambio ganó las elecciones de hace seis años, pero eso no significa que arriesgue más que el Frente de Todos, ahora presentado como Unión por la Patria. La particularidad radica en que ganó en lugares donde generalmente no se imponía, sobre todo en elecciones de senadores, lo que implica que si la normalidad se impusiera, así ganara las elecciones presidenciales la fórmula de JxC, podría presentársele un panorama complicado en la Cámara que el oficialismo domina desde el restablecimiento de la democracia.

A propósito de este último comentario, podrá decirse que ya le ha pasado al peronismo eso de perder la mayoría en el Senado. Sí, pero ha sido algo muy excepcional, y sucedió por primera vez en 2009, mas delante suyo no tenía el por entonces Frente para la Victoria a una oposición homogénea y sorteó esas circunstancias sin mayores inconvenientes, bajo la batuta entonces del experimentado Miguel Angel Pichetto.

Ahora también le pasa, dirán, pues desde febrero dejó de ser primera minoría a manos de Juntos por el Cambio. Pero también esto tiene sus bemoles, ya que la principal oposición es hoy primera minoría, pero sin posibilidades de llegar al quórum por sí solo. Tiene un interbloque de 33 miembros, y no cuenta con aliados circunstanciales. Solo pudo hacer fuegos de artificio junto a Unidad Federal a principios de año, en una discusión circunstancial que apenas sirvió para hacer caer una sesión en la que el oficialismo quería manejar el temario sin consensuar.

Pasa que JxC mantiene sus dudas respecto de la bancada surgida en febrero pasado de una escisión del Frente de Todos a la que se le sumó la cordobesa Alejandra Vigo, quien era la única eventual aliada que encontraba a veces JxC para determinados temas. Para certificar las prevenciones del interbloque presidido por Alfredo Cornejo, vale el detalle de que Unidad Federal está encabezado por Guillermo Snopek, quien para las PASO de agosto figura como precandidato a diputado nacional de Unión por la Patria.

Veamos cómo es la composición actual del inactivo Senado: está compuesto por 33 miembros de JxC; y 31 del Frente de Todos; Unidad Federal tiene 5; y hay tres monobloques que suelen jugar con el oficialismo: Magdalena Solari Quintana (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Clara Vega (La Rioja).

Qué provincias eligen senadores

En ocho distritos se votan senadores este año: Buenos Aires, Jujuy, Formosa, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz. De ellos, en 2017 el por entonces oficialista Cambiemos ganó en la mitad, Buenos Aires, Jujuy, La Rioja y Santa Cruz. Pero de los 8 senadores que logró entonces en esas provincias le quedan siete, ya que en 2021 perdió una banca de La Rioja, al asumir Clara Vega en lugar de la entonces electa intendenta de la capital provincial Inés Brizuela y Doria.

Deberíamos decir que en estas elecciones Juntos por el Cambio arriesga dos senadores más que Unión por la Patria: 11 contra 9. Así es oficialmente, pues hay dos más que hoy corresponden a Unidad Federal. A saber: Juliana Di Tullio (Buenos Aires), María Teresa González, José Mayans (Formosa), Ricardo Antonio Guerra (La Rioja), Maurice Closs (Misiones) Cristina del Carmen López Valverde, José Rubén Uñac (San Juan), Adolfo Rodríguez Saá (San Luis) y Ana María Ianni (Santa Cruz), integran el interbloque Frente de Todos.

Por Unidad Federal concluyen los mandatos de María Eugenia Catalfamo (San Luis) y Guillermo Eugenio Snopek (Jujuy). Quienes sean elegidos este año por esas provincias se supone que se sumarían a UP.

Más sencillo es lo de Juntos por el Cambio, que arriesga también 11 bancas. Son las de Gladys Esther González, José María Torello (Buenos Aires), Luis Carlos Petcoff Naidenoff (Formosa), Mario Fiad, Silvia Giacoppo (Jujuy), Julio César Martínez (La Rioja), Humberto Schiavoni (Misiones), Gabriela González Riollo (San Luis), Roberto Basualdo (San Juan), Eduardo Costa y María Belén Tapia (Santa Cruz).

Cómo podría quedar la Cámara alta

Veamos las diversas alternativas que pueden darse en estos distritos. Hay coincidencia en que la única provincia que tiene resultado cantado es Formosa, donde desde 1983 siempre gana el peronismo.

En todos los demás ha ganado la principal oposición, que se ilusiona ahora con dar el campanazo en San Juan, a partir de la victoria alcanzada en las elecciones provinciales recientes. No es descabellado que JxC pueda ganar, pues ya la oposición  había estado cerca en los comicios de 2021, cuando el Frente de Todos ganó por 43,58% y JxC tuvo 42,14: poco más de un punto de diferencia.

Lo mismo corre para San Luis, donde el aliado de JxC acaba de ganar la gobernación, y en la que Juntos por el Cambio ya ganó también en 2021. Por menos de un punto, sí, pero con la UCR corriendo por su cuenta y sacando 5 puntos.

La Rioja es otra provincia donde el peronismo gobernante ganó con holgura las elecciones provinciales, pero la oposición ha logrado imponerse más de una vez. Igual, los últimos resultados no son para ilusionar a Juntos por el Cambio, teniendo en cuenta que en 2021 -una elección que ganó a nivel nacional la oposición- el Frente de Todos se impuso con amplitud: 56% a 27. Más ventaja incluso que en 2019, cuando ganó por 8 puntos. Y en 2017, cuando Cambiemos se quedó con los senadores por la mayoría, la victoria para Diputados fue de menos de un punto, aunque la del Senado fue por casi 3. Lo lógico, en definitiva, sería que en La Rioja el Frente de Todos saque ventaja.

Misiones también es una provincia donde Juntos por el Cambio puede hacerse ilusiones, pero en esta oportunidad el oficialismo nacional y el provincial van juntos, lo que hace imaginar una derrota opositora más que probable, pero con senadores electos que no irían al bloque UP, sino a uno provincial. En esa provincia, en 2021 el Frente Juntos por el Cambio ganó por 40,86%, cuatro puntos más que el Frente Renovador de la Concordia. Pero el Frente de Todos hizo un escaso 15,29, que si se sumara al partido provincial gobernante le daría la victoria a los senadores del Frente Renovador.

De hecho, en 2017, el kirchnerismo no participó y el Frente Renovador de la Concordia ganó por 42,76% a 33,28. De tal manera, no es para que JxC se ilusione.

Imaginemos entonces un escenario muy favorable para Juntos por el Cambio, pero no exento de lógica, con victorias en Buenos Aires, Jujuy, San Juan, San Luis y Santa Cruz. En ese caso, Juntos por el Cambio se alzaría con 13 senadores, 2 más que los que tiene actualmente, con lo que llegaría a 35. A tiro del quórum (37), que podría lograr incluso con holgura, con acuerdos puntuales, con la cordobesa Alejandra Vigo, el rionegrino Weretilneck y hasta los dos misioneros, como hizo en tiempos de Cambiemos en el oficialismo.

En ese caso, Unión por la Patria sumaría un diputado en Buenos Aires, Jujuy, San Juan, San Luis y Santa Cruz, y 2 en Formosa y La Rioja. Nueve en total, con los que un Unión por la Patria en el gobierno o en el llano quedaría como está ahora, con 31 senadores.

Habría que ver si se les suman el entrerriano Edgardo Kueider (seguro que sí, porque Unidad Federal pareciera ser circunstancial), y el correntino Carlos “Camau” Espínola (habría que ver). De ser así, llegarían a 33; apenas 2 menos que JxC.

Convengamos que, según los cálculos, este es el máximo al que podría aspirar Juntos por el Cambio. Después, podría ganar las presidenciales, pero perder posiciones en provincias como Buenos Aires, San Juan (donde el actual gobernador es candidato), San Luis y/o Santa Cruz. Cada distrito es un senador menos para Juntos por el Cambio.

Veamos ahora una situación inversa, con un UP victorioso en todas las provincias que ponen en juego gobernadores, menos Jujuy. Y recordando que en Misiones el oficialismo no sumaría, a menos que una vez asumidos los senadores decidan sumarse a Unión por la Patria como hizo Closs en 2019, ahí Unión por la Patria sumaría 13 escaños y llegaría a 35 miembros, a los que habría que sumar a Espínola y Kueider. Podría llegar entonces a 37 senadores, y el quórum holgado lo superarían, de seguir siendo gobierno, con los dos misioneros y Weretilneck. Si estuvieran en el llano, difícilmente se les unieran estos senadores.

Juntos por el Cambio, con esa racha adversa, a pesar de la cual podría incluso llegar al gobierno, sumaría 9 senadores, con lo que se quedaría con 31 escaños.

Ese es el escenario deseado por UP, que podría variar según gane o pierda en algunos de los distritos citados, pero también a que si fuera oposición, muy probablemente el bloque podría dividirse entre peronistas y kirchneristas duros.

En definitiva, habida cuenta de que Juntos por el Cambio expone más senadores, el actual oficialismo tiene mayores chances de dominar la Cámara alta que su principal rival, en un escenario cambiante en el que cada provincia de las citadas perdidas por UP representarían un número más para JxC.

Cámara de Senadores actual

Interbloque	Miembros	Arriesgan
Juntos por el Cambio	33 senadores	11
Frente de Todos	31 senadores	9
Unidad Popular	5 senadores	2
Otros	3 senadores	2

El mejor resultado para JxC

Distrito	UP	JxC
Buenos Aires	1	2
Formosa	2	1
Jujuy	1	2
La Rioja	2	1
Misiones	0	1
San Juan	1	2
San Luis	1	2
Santa Cruz	1	2
Total	9	13

Cámara de Senadores con una gran elección de JxC

Interbloque	Miembros	Sumarían
Juntos por el Cambio	35 senadores	11
Unión por la Patria	31 senadores	9

El mejor resultado para UP

Cámara de Senadores con una gran elección de UP

Interbloque	Miembros	Sumarían
Juntos por el Cambio	31 senadores	9
Unión por la Patria	37 senadores	13

               

       

            

Otra semana con casi nula actividad se prevé en el Senado de la Nación, donde para este miércoles a las 10.30 se citó a una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales para la designación de sus autoridades.

La semana pasada se conformó la de Ciencia y Tecnología, mientras que la de Industria y Comercio fracasó por falta de quórum.

Tras la salida de cuatro legisladores del interbloque oficialista, la puesta en marcha de las comisiones fue muy lenta. Pese a los cambios en los bloques, en cada una de ellas se han mantenido las mismas autoridades. Por eso, este miércoles se propondrá que siga al frente de Asuntos Constitucionales el jujeño Guillermo Snopek.

Presidente del bloque Unidad Federal, que se armó entre los que abandonaron el FdT y la schiarettista Alejandra Vigo, Snopek es actualmente precandidato a diputado nacional dentro de las PASO de Unión por la Patria en su provincia.

La última vez que esta comisión se reunió fue en octubre del año pasado para dictaminar sobre la ley de régimen de regulación dominial para barrios populares -en plenario con Presupuesto y Hacienda- y dar aval a la ley para expropiar el predio donde funcionó Cromañón.

El año electoral está afectando fuertemente la actividad en las dos cámaras, aunque ese no es el único factor que influye en la baja productividad del Congreso. Puntualmente en el Senado la actividad es prácticamente nula: sin sesiones y apenas una reunión formal de comisiones, muestran un cuadro preocupante que tiene que ver también con la recomposición que hubo en ese cuerpo a partir de la escisión que se dio en el interbloque oficialista y lo dejó como segunda minoría.

La falta de quórum impidió que a fin de mes se reuniera la Comisión de Industria y Comercio que buscaba ratificar a sus autoridades. Sí lo hizo en cambio la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado que se reunió el 28 de junio para ratificar a sus autoridades: Silvina García Larraburu y Víctor Zimmerman, presidenta y vice respectivamente.

Sí en cambio se realizaron en la Cámara alta actividades como la que tuvo lugar también el 28 de junio, cuando con motivo del Día de las PyMes, la Comisión de Pymes y Economías Regionales, la salteña Nora del Valle Giménez se reunió para debatir sobre los desafíos que enfrentan las mujeres cotidianamente para ser emprendedoras y para dirigir instituciones gremiales y empresariales con representación nacional.

El primer día del mes de junio se puso en marcha la Bicameral del Defensor del Niño, que ratificó a la senadora riojana Clara Vega como presidenta.

A lo largo de junio, en Diputados se reunieron once comisiones. La actividad en las comisiones arrancó el primer día del mes, con una reunión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios que preside Mariana Zuvic, para analizar con invitados un proyecto sobre Presupuestos Mínimos para la Gestión Ambiental de Residuos de Artes de Pesca. En ese marco comenzó a analizarse un proyecto de esa diputada de la Coalición Cívica que contempla un serio problema por cuanto las artes de pesca que están abandonadas, perdidas y descartadas generan enormes daños al ambiente, a la salud. En la economía se estiman que, aproximadamente, de 640 mil toneladas abandonadas o perdidas en los océanos, tal cual precisó Zuvic.

Ese mismo día se presentó en la Cámara baja el ministro Daniel Filmus, en una reunión informativa convocada por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados, comandada por el radical Facundo Manes, para seguir analizando el proyecto de ley de “Plan de Ciencia 2030”.

El 6 de junio se realizó la primera reunión de junio de la Comisión de Juicio Político que tuvo una actividad menguada este mes de junio, con solo dos reuniones. En la primera se realizó la última audiencia con testigos sobre las supuestas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial.

En la siguiente, realizada el 15 de junio, se aprobó una resolución para citar el próximo 6 de julio al juez de la Corte Juan Carlos Maqueda, a quien se le atribuyeron “provisionalmente” 14 cargos por el manejo de la obra social del Poder Judicial entre 2008 y 2021.

El 7 de junio la Comisión de Legislación General se reunión para dar dictamen al proyecto de “Ley Nicolás” sobre seguridad del paciente, como así también a la iniciativa sobre regularización del ejercicio de acompañantes terapéuticos, que quedaron listos para ser debatidos en el recinto.

Esa misma tarde la Comisión de Agricultura y Ganadería que preside Ricardo Buryaile recibió a representantes del sector ganadero para analizar el tema de los derechos de exportación y plantear un plan para bajar de manera inmediata 12 puntos a todos los productos, lo que significaría la eliminación de los derechos de exportación en todos los productos, menos en soja.

También se reunió la Comisión de Cultura, que preside Hernán Lombardi, a fin de dar inicio al debate de una iniciativa que es buscada desde el año 2012: la ley nacional de danza que prevé la creación del Instituto Nacional de la Danza. Fue también una reunión informativa sobre un tema que fue planteado como “una deuda que tiene el Congreso con la danza como parte identitaria de nuestra cultura nacional”.

El 13 de junio volvió a reunirse la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios para dar dictamen al proyecto de trazabilidad de la pesca. Se trata de un proyecto que unifica iniciativas de los diputados Carlos Selva y Ximena García  para la creación de un Sistema Unico Argentino de Trazabilidad de la Pesca (SUTRAP). El proyecto ya había tenido dictamen en una reunión celebrada el 16 de noviembre del año pasado, pero perdió estado parlamentario a fin de año, pero perdió estado parlamentario, por lo que en una breve reunión se le volvió a dar dictamen.

También se reunió la Comisión de Libertad de Expresión, a fin de designar a Sabrina Ajmechet como presidenta, en reemplazo de Waldo Wolff, quien dejó su banca para sumarse al Gabinete porteño.

En una reunión realizada el 14 de junio se reunió la Comisión de Comunicaciones e Informática para emitir el último dictamen que faltaba para el proyecto de ley que modifica la Ley 26.485, de Protección Integral a las Mujeres, contemplando la figura de violencia de género digital. Así, la iniciativa quedó lista para ser debatida en el recinto.

También el 14 de junio se realizó un esperado plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda, en el que se emitieron un dictamen de mayoría y otro de minoría para atender la situación de los endeudados con créditos UVA.

La actividad en el recinto

Como dijimos, hubo durante el mes una sola sesión y fue en la Cámara baja, para recibir el informe del jefe de Gabinete, Agustín Rossi. En esa reunión se aprovechó para que jurara la diputada radical Natalia Silvina Sarapura, quien completará hasta 2025 el mandato de Gustavo Bouhid, quien había renunciado para asumir como ministro de Salud de la provincia de Jujuy.

En su visita, Agustín Rossi rechazó que hiciera falta una “devaluación brusca”, trazó un panorama optimista para los tiempos por venir, en el que “las reservas van a ser favorables”, y realizó fuertes cuestionamientos a la gestión presidencial de Mauricio Macri y sobre todo la deuda contraída. En materia de seguridad, al hablar de Santa Fe les pidió a los socialistas recordar su responsabilidad en la materia.

Comisiones que se reunieron a lo largo del año en Diputados

Juicio Político: 16 veces

Comercio: 6 veces

Presupuesto: 6 veces

Mujeres y Diversidad: 3 veces

Finanzas: 3 veces

Legislación General: 3 veces

Agricultura y Ganadería: 3 veces

Industria: 2 veces

Legislación Penal: 2 veces

Ciencia y Tecnología: 2 veces

Economía y Desarrollo Regional: 2 veces

Defensa del Consumidor: 2 veces

Intereses Marítimos: 2 veces

Cultura: 2 veces

Recursos Naturales: 1 vez

Previsión y Seguridad Social: 1 vez

Minería: 1 vez

Justicia: 1 vez

Deportes: 1 vez

Defensa: 1 vez

Transporte: 1 vez

Relaciones Exteriores: 1 vez

Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias y Previsionales: 1 vez

Discapacidad: 1 vez

Acción Social y Salud Pública: 1 vez

Legislación del Trabajo: 1 vez

Libertad de Expresión: 1 vez

Comunicaciones e Informática: 1 vez

Comisiones que se reunieron a lo largo del año en el Senado

Presupuesto: 3 veces

Acuerdos: 2 veces

Salud: 2 veces

Deportes: 1 vez

Trabajo y Previsión Social: 1 vez

Población y Desarrollo Humano: 1 vez

Ambiente y Desarrollo Sustentable: 1 vez

Justicia y Asuntos Penales: 1 vez

Ciencia y Tecnología: 1 vez

La novedad del mes de mayo fue la vuelta a la actividad en la Cámara alta, que venía casi sin sesionar y con nula actividad en las comisiones, producto de los coletazos de la ruptura del bloque oficialista en ese Cuerpo. En Diputados, hubo muchas reuniones de comisiones, mas no pudo cumplirse la premisa de hacer al menos una sesión por mes.

Los números fríos indicarán que 8 comisiones trabajaron durante el quinto mes del año en Diputados y otras tantas en el Senado. Esas comisiones se reunieron 15 veces en la Cámara baja y una docena en la Alta.

Cámara de Diputados

Vayamos al detalle de la Cámara baja, que es la que viene trabajando más en lo que va del año. Con una comisión que es la estrella de este año, con reuniones casi semanales: Juicio Político. La comisión que preside Carolina Gaillard realizó tres reuniones a lo largo del mes. Pudieron ser más, pero se suspendió la convocatoria de la semana del 25 de Mayo y la semana siguiente también se suspendió la reunión por problemas con el quórum en el oficialismo.

La comisión continuó tratando en esas tres reuniones las supuestas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial. Se reunió por primera vez un miércoles, el 3 de mayo; luego el martes 9 y el 16. En la segunda reunión volvió a declarar el exfuncionario de la Corte Héctor Marchi, quien formuló graves imputaciones contra el titular del Tribunal, Horacio Rosatti, a quien acusó de “negociar fallos” a pedido de su asesor Silvio Robles.

Durante todas las sesiones se reclamó la presencia del exdirector dela OSPJN Aldo Tonón, por quien se llegó a pedir a un juez llevarlo por la fuerza pública. Finalmente eso no fue necesario y Tonón se presentó en la reunión del 16 de mayo.

La Comisión de Comercio realizó sendos plenarios con la de Defensa del Consumidor para analizar la problemática relacionada con la comercialización con tarjetas de crédito. La primera reunión fue el 3 de mayo, para enfocarse específicamente en la grave situación que atraviesan las estaciones de servicio, que reclaman el tratamiento de un proyecto para reducir comisiones y plazos de pago. En la segunda reunión, realizada el 31 de mayo, fueron más amplios para abordar toda la temática de tarjetas y se escuchó la otra campana, con representantes de emisoras de tarjetas y bancarios.

El 10 de mayo se reunió la Comisión de Economías y Desarrollo Regional, para tratar un proyecto de su presidente, Ramiro Fernández Patri, para crear un régimen de promoción para la producción orgánica. Ese día estaba previsto que se reunieran en plenario con Agricultura, pero esa comisión no podía reunirse por falta de quórum, así que recién lo hizo a la semana siguiente en un encuentro al que también asistieron autoridades del Senasa para debatir el tema de la Gripe Aviar. El proyecto sobre producción orgánica quedó listo para ir al recinto, ya que el 10 de mayo también se reunió Presupuesto y Hacienda para firmar el dictamen.

Esa comisión esta vez no contó con la presencia de su presidente, Carlos Heller, y fue encabezada por Sergio Palazzo. Ese 10 de mayo también pasó a la firma el plan de refinanciación de deudas de provincias con ENOHSA.

El 16 de mayo se reunió la Comisión de Acción Social y Salud Pública para despachar dos dictámenes: el de la jerarquización del ejercicio del acompañamiento terapéutico, y el de la Ley Nicolás sobre calidad y seguridad del paciente.

Esa misma tarde arrancó un debate muy importante sobre el Sistema Integral de Políticas de Cuidados; una cuestión en la que hay en consideración nada menos que 48 proyectos y prevé modificar licencias contempladas en la Ley de Contrato de Trabajo. De ese debate participaron las comisiones de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad.

Precisamente esa última comisión marcó un hito en el mes de mayo. En efecto, esta vez la Comisión de Juicio Político no fue la que más funcionó a lo largo del mes. Lo hizo, como dijimos, en tres oportunidades, y esa misma cantidad de veces se reunió la Comisión de Mujeres y Diversidad. Su segunda reunión fue el 24 de mayo para tratar la creación de una pensión reparatoria para personas travesti trans. La comisión que preside la oficialista Mónica Macha escuchó ese día a funcionarias nacionales y provinciales.

El 30 de mayo volvió a reunirse para emitir dictamen sobre la modificación de la Ley 26.485 respecto a la violencia digital contra las mujeres. En principio, debió haber sido un plenario con la Comisión de Comunicaciones e Informática, pero como no estarían los miembros suficientes de la misma para alcanzar quórum, esa convocatoria fue suspendida.  

La Cámara de Senadores

El Cuerpo presidido por Cristina Fernández de Kirchner volvió a sesionar el 11 de mayo pasado, esta vez para escuchar al jefe de Gabinete, Agustín Rossi. Paralelamente comenzaron a activarse las comisiones, que por reglamento del Senado deben volver a conformarse cada año.

La primera en hacerlo fue la de Deportes, que un día antes de esa sesión informativa ratificó a la senadora del Pro Gabriela González Riollo como presidenta.

Ese mismo día se reunió la Comisión de Presupuesto, que con tres encuentros fue la más activa en el mes de mayo. Tras constituirse, la comisión presidida por el riojano Ricardo Guerra resolvió seguir analizando posibles cambios al proyecto que establece un régimen simplificado para pequeños contribuyentes tecnológicos, que cuenta con media sanción de Diputados. Veinte días después volvieron a reunirse y emitieron dictamen, sin cambios.

Al día siguiente se puso en marcha la Comisión de Trabajo y Previsión Social, tras lo que hubo un impasse hasta la última semana del mes. El 30 y 31 de mayo la Comisión de Acuerdos que preside Anabel Fernández Sagasti realizó sendas audiencias públicas para tratar pliegos judiciales, entre ellos el de la camarista Ana María Figueroa, clave por el voto que deberá emitir respecto de la causa Hotesur-Los Sauces y la decisión de mandar o no a juicio ese tema que involucra a la vicepresidenta de la Nación.

También el 30 de mayo la Comisión de Salud escuchó a la secretaria del Ministerio de Salud Sandra Tirado que dio un informe sobre la Ley de los Mil Días, y a continuación volvieron a reunirse emitieron sendos dictámenes sobre los proyectos de muerte perinatal y pubertad precoz, que ya tienen media sanción de Diputados.

El último día del mes se conformaron las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y Asuntos Penales, todas las cuales ratificaron a sus autoridades.

Comisiones que se reunieron a lo largo del año en Diputados

Juicio Político: 14 veces

Comercio: 6 veces

Presupuesto: 5 veces

Mujeres y Diversidad: 3

Industria: 2 veces

Legislación Penal: 2 veces

Finanzas: 2 veces

Legislación General: 2 veces

Agricultura y Ganadería: 2

Economía y Desarrollo Regional: 2

Defensa del Consumidor: 2

Recursos Naturales: 1

Previsión y Seguridad Social: 1

Minería: 1

Justicia: 1

Ciencia y Tecnología: 1

Deportes: 1

Defensa: 1

Transporte: 1

Relaciones Exteriores: 1

Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias y Previsionales: 1

Cultura: 1

Discapacidad: 1

Acción Social y Salud Pública: 1

Legislación del Trabajo: 1

Comisiones que se reunieron a lo largo del año en el Senado

Presupuesto: 3

Acuerdos: 2

Salud: 2

Deportes: 1

Trabajo y Previsión Social: 1

Población y Desarrollo Humano: 1

Ambiente y Desarrollo Sustentable: 1

Justicia y Asuntos Penales: 1

Por segundo día consecutivo, la Comisión de Acuerdos del Senado realizó este miércoles una audiencia pública en la que expusieron aspirantes a jueces, fiscales y defensores públicos propuestos por el Gobierno nacional.

Toda la expectativa por las rispideces que pudiese generar su presencia para defender su pliego estaba puesta en la figura de Ana María Figueroa, para quien el Poder Ejecutivo pidió ampliar por cinco años su magistratura, atento a que en agosto cumplirá 75 años.

Vocal de la Cámara Federal de Casación Penal -clave para el oficialismo, en general, y la vicepresidenta de la Nación en particular, por cuanto ese cuerpo debe decidir si ella va o no a juicio por la causa Hotesur-, la jueza recordó al iniciar su exposición que justamente doce años atrás ese mismo Senado le prestaba acuerdo, un 29 de mayo de 2011. “Me da mucha alegría poder estar aquí”, señaló, aclarando que no era tarea sencilla resumir sus 50 años de ejercicio profesional de la profesión.

Recordó haberse recibido en el año 1973, época que definió como “muy especial” y contó que inmediatamente después de recibirse recibió a víctimas y familiares de la represión, y más tarde se convertiría en abogada de organizaciones de derechos humanos.

Figueroa destacó las 1.042 sentencias que ha emitido Casación en materia de cuestiones de género, recordando a su vez que en 2011 “prácticamente no había sentencias de género en el país”. Celebró también “que se haya avanzado tanto en tan poco tiempo”.

Al referirse a las cuestiones de lesa humanidad destacó los números registrados en nuestro país en la materia: 1.425 condenas; 1.126 personas condenadas; 171 absueltas; 297 juicios; 70 en trámite; 717 detenidos. Datos que, contó, llevó a La Haya, sorprendiendo a todos. “En el juzgamiento de personas de lesa humanidad somos ejemplo mundial”, enfatizó, recordando también que cuando la Corte Suprema tuvo el fallo del 2×1, Casación Federal “fue el organismo que no aplicó el fallo”.

Llegó entonces el momento de las preguntas y tomó la posta desde la oposición la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro-JxC), quien leyó lo que ella había declarado ante un medio de comunicación el 18 de diciembre pasado, diciendo que “hubo ensañamiento judicial contra la vicepresidenta”, al tiempo que llamó a confiar en los tres poderes. Por eso consideró que esa declaración le sonaba contradictoria. Y planteó las dudas que le generaban la demora de la jueza en emitir su voto sobre la causa Hotesur/Los Sauces, toda vez que sus dos colegas ya lo habían hecho. 

Figueroa contó que podía haber expresado que había habido ensañamiento, pero eso tenía que ver exclusivamente con que “no es habitual que en Argentina a una persona la citen a 8 indagatorias el mismo día. No es razonable eso, no hubo ningún otro caso en la historia”. Y cuestionó también que se hubieran elegido fechas especiales para ella para indagarla. “No me parece correcto contra la vicepresidenta, ni contra cualquier ciudadano”, dijo.

La camarista agregó que en ese momento estaban en “un período de debate con los dos colegas. Hasta el lunes estuvimos charlando del tema”, remarcando que siempre buscan “llegar a consensos en temas tan graves. No es tan sencillo como con un tema simple. Con ellos estamos permanentemente debatiendo”, y aclaró que estaban “en el secreto del debate” y no podía referirse al tema. Habían resuelto además no seguir anotando las circulaciones dentro del sistema Lex100 “para que no haya presiones, pero estamos llegando a buen consenso”.

“Pierda cuidado que no tengo ningún feedback con el Poder Ejecutivo para dar mi fallo según me den el acuerdo o no”, aseguró.

El otro legislador opositor que hizo preguntas fue el riojano Julio Martínez (UCR-JxC), quien arrancó enmarcando la situación en la que se había llegado a esta audiencia. Subrayó que “desde hace 3 años y medio el Congreso, y en especial el Senado, está atravesado prioritariamente por una agenda judicial”. Y ahora, destacó, “el Senado está paralizado”. Pero advirtió que “hoy se mueve, ayer y hoy hubo mucha actividad gracias a usted, y el interés que tiene el oficialismo y Cristina Kirchner en que siga siendo jueza”.

“¿A qué cree que se debe el interés del oficialismo? ¿A que su pliego sea tratado? ¿Por cuál de todas estas causas hay interés en que usted siga?”, preguntó, y enumeró luego casos como el de los jueces Carlos Fayt, Raúl Zaffaroni y Elena Highton de Nolasco, en los que el oficialismo y el kirchnerismo habían estado siempre en contra de que siguieran en sus cargos más allá de haber cumplido la edad jubilatoria. “Ahora están a favor. ¿Por qué cree que están a favor de su continuidad? -insistió-. ¿Por su posición sobre la Ley del Arrepentido, que la consideró inconstitucional? ¿Será porque está en Hotesur y Los Sauces? ¿Será porque usted manifestó que hubo un ensañamiento contra la vicepresidenta? ¿Será porque criticó a (Claudio) Bonadio por las citaciones en un mismo día, o porque denunció aprietes de la mesa judicial macrista, algo que tiene el beneplácito de la bancada oficialista?”.

Y concluyó advirtiendo “mucha desprolijidad” en cómo se estaba dando la situación, que podía llevar a algunos a pensar que ella estuviera demorando su voto sobre CFK en función de si le daban o no el acuerdo para continuar en el cargo.

Figueroa contestó que a los jueces no les gusta que los conflictos de la política se judicialicen. “Pero cuando los tenemos en nuestras manos, asumimos nuestra responsabilidad. Lo hacemos siempre ajustados a derecho”, sostuvo. 

“Nadie puede objetar de mi persona mi imparcialidad”, aseveró, y puso como ejemplo a los imputados de crímenes de lesa humanidad, que por haber sido ella abogada de organizaciones de derechos humanos podían haberla puesto en duda. Sin embargo, aseguró que “más de un defensor oficial me dice que condenados a perpetua han dicho ‘la doctora Figueroa es justa’”.

Respecto de los dichos de Zaffaroni a favor de que los jueces no continúen en sus cargos más allá de los 75 años, señaló con ironía: “Después se consideró muy idóneo, porque estuvo después 5 años al frente de la CIDH”. Aclaró además que la ley establece que toda persona puede pedir acuerdo nuevamente al cumplir los 75, y lo que viene después es  “un proceso complicado”. Pero enfatizó que “realmente es atribución de todo el sistema institucional establecer si alguien está en condición física, intelectual, de formación, si puede o no continuar en el cargo”.

“Yo creo que estoy en condiciones, sino no lo hubiera hecho”, aseguró y, ante la pregunta de por qué creía que este mismo oficialismo le había negado a otros lo que ahora pedía para ella, respondió: “Es un tema de discrecionalidad del presidente de la Nación. Esto se lo debe contestar el presidente”. “Y la vice…”, retrucó Martínez.

Por último, ante la pregunta referida a la reactivación del Senado, Figueroa dijo: “Si es así, bienvenido. Ojalá haya sido por mí que la tercera parte de las vacantes en el Poder Judicial se cubran de una buena vez”.

Al momento de repreguntar, el riojano le consultó a Figueroa si “en esta nueva etapa va a pagar impuesto a las Ganancias” y “si ha conversado con miembros del Ejecutivo, del Legislativo, del Instituto Patria o de alguien cercano al oficialismo” sobre su postulación. 

“No cree pertinente, debido a que hay un fallo que depende de usted, que afecta o favorece a la vicepresidencia de la Nación y su familia, ¿no cree oportuno apartarse de este tema?”, insistió el senador y apuntó que su apartamiento sería “para darle una mayor credibilidad” al eventual fallo. 

De forma acotada, la camarista le respondió: “No conozco ni donde funciona el Instituto Patria, ni he tenido conversaciones con el Poder Ejecutivo de ninguna índole”. 

Finalmente, tomó la palabra el jefe del interbloque oficialista, José Mayans (FNyP-FdT), quien hizo una larga intervención en la que cuestionó la Corte Suprema y fustigó a sus pares de Juntos por el Cambio. “Usted hizo que toda esta gente venga”, lanzó, y aunque destacó la participación habitual del radical Pablo Blanco y la macrista Guadalupe Tagliaferri en las audiencias, criticó que los opositores “aparecen para hacer dar la nota. Después se van, no queda ni el loro acá”. 

El formoseño aprovechó para cuestionar que “hasta ayer uno de los heroes del sistema era (el fiscal Guillermo) Marijuan, que se dedicaba a hacer pozos”, en alusión a los allanamientos años atrás en propiedades de Lázaro Báez, pero “desde ayer, que dice que no tiene pruebas”, al pedir el sobreseimiento de CFK, “pobre Marijuan… le dan de mañana, tarde, noche; ahora es el fiscal más corrupto”. 

“La vergonzosa actuación de miembros de la Corte es lo que está poniendo en peligro la institucionalidad argentina”, consideró y, por el contrario, elogió a Figueroa: “Para nosotros es un honor tenerla a usted acá en el Congreso por lo que ha hecho en su trabajo en el Poder Judicial y la verdad que el papa (Francisco) tiene 80 años, y el presidente de los Estados Unidos (Joe Biden), que ahora se va a postular de nuevo tiene 80 años, y Fayt tenía 95 y decían ‘qué brillante Fayt’, que ya ni hablaba, se manejaba por señas”. Entonces, observó que a la jueza se la ve “plena, con ganas de seguir aportando y con una trayectoria indiscutible. Y eso la hace digna a usted”. 

“Necesitamos personas como usted en el Poder Judicial, que no se dejen presionar por el poder mediático ni por la mafia que amenaza a los jueces que no responden a sus intereses, ni por los sectores políticos que están arrodillados ante esos poderes”, completó el presidente del FdT.

Otra veintena de candidatos defendieron sus pliegos

La audiencia de este miércoles se extendió por más de seis horas y por el Salón Illia desfilaron 23 postulantes, en su mayoría candidatos a cubrir vacantes en fiscalías y juzgados de la Capital Federal, en el fuero laboral, en el civil y comercial y en lo criminal y correccional. 

Las preguntas de los senadores giraron en torno a la postura de los aspirantes sobre el pago del impuesto a las Ganancias, la capacitación en Ley Micaela y también la cuestión del traspaso de la justicia nacional a CABA. 

Sobre este último tema, Juan Manuel Domínguez, propuesto como fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, advirtió que “la competencia de la justicia nacional del trabajo no solamente cumple una función de justicia ordinaria”, sino que “es aparte competente cuando está demandado el Estado Nacional, sus reparticiones autárquicas y las empresas públicas con componente nacional”. Asimismo, puede “revisar materia sindical del Ministerio de Trabajo”. 

Por eso, “más allá de la opinión que podría merecer el traspaso, al momento en que se hagan los acuerdos debería tenerse en cuenta esa situación. No podría trasladarse la totalidad de la justicia del trabajo sin rediseñar ese aspecto de la competencia”, sugirió. 

Por su parte, Pablo Glanc, propuesto como juez del Juzgado Nacional de Menores N°2 de la Capital Federal, fue consultado por la senadora Tagliaferri sobre “la necesidad de generar una ley procesal penal-juvenil” y si cree que eso “sería de utilidad para no estar dentro del modelo de tutelaje, entendiendo que muchas veces los niños y adolescentes vienen con situaciones de vulnerabilidad, que terminan lamentablemente en situaciones de delito”.

“Considero fundamental y más que necesaria la reforma del régimen penal juvenil, que data de la última dictadura. El 95% de la biblioteca dice que hay que modificarlo”, afirmó el candidato, que recomendó que el tema de la edad se podría dejar “para otro momento” y avanzar de una vez “en lo que la mayoría está de acuerdo” porque “la ley actual permite mucha discrecionalidad y eso nunca es bueno”. 

Tagliaferri también consultó por una serie de impugnaciones que recibió Hernán Diego Papa, candidato a vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal. 

La Comisión de Acuerdos del Senado llevó a cabo este martes la primera de las dos audiencias programadas para evaluar los pliegos de 47 candidatos a cubrir vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías de distintos puntos del país. 

En el arranque, en un breve trámite sin discusión, fueron ratificadas las autoridades: la mendocina kirchnerista Anabel Fernández Sagasti como presidenta; la porteña del Pro Guadalupe Tagliaferri como vice; y la misionera Magdalena Solari Quintana, aliada del oficialismo, como secretaria. 

En la primera jornada los senadores interrogaron a 24 postulantes, propuestos por el Poder Ejecutivo. En tanto, este miércoles asistirán los restantes, entre los que se encuentra la jueza Ana María Figueroa como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, quien en agosto próximo cumplirá 75 años. La magistrada tiene un voto determinante en causas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Además de los jueces Diego Barroetevaña y Daniel Petrone, Figueroa deberá decidir sobre los planteos para que las causas del Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces se vuelvan a reabrir o no.

Interna santafesina 

De los candidatos que expusieron este martes, cuatro correspondían a la provincia de Santa Fe, y tres específicamente a Rosario. Román Lanzón, propuesto como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario, arrancó su presentación: “Como todos sabemos la jurisdicción de Rosario está atravesando una situación realmente muy problemática, particular y coyuntural muy especial, no vinculada exclusivamente al tráfico de estupefacientes, porque ese flagelo trasciende las fronteras de la provincia de Santa Fe, es una problemática nacional; pero sí en lo que hace al aumento de la tasa de litigiosidad penal a niveles exponenciales y a un grado de violencia urbana inusitada, que no solo impacta en el fuero federal sino también en el fuero provincial”. 

Por otra parte, consideró que “hay una ventaja que tiene la provincia de Santa Fe, no son todas cosas negativas, y es que hace aproximadamente una década tiene implementado un Código Procesal Penal Acusatorio Adversarial que tiene la misma impronta ideológica y operativa que el Código Procesal Penal que fue sancionado por este Congreso allá por 2014 y espero prontamente pueda ponerse en funcionamiento en Rosario y el resto del país, como había sido propuesto por la Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código”. 

A su turno, Matías Scilabra, candidato a fiscal ante los juzgados de primera instancia de Rosario, Fiscalía N°2, detalló que “en el año 2022 en esta fiscalía federal ingresaron 1.500 nuevas causas, de las cuales 500 fueron civiles y 1.000 penales. De estas causas penales, el 80% representaron causas vinculadas a la Ley de Drogas, esto tiene también que ver con que en Santa Fe no está desfederalizado el narcomenudeo”. 

Los otros postulantes que se presentaron este martes fueron Ramiro Villamayor, propuesto como defensor público ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario, Defensoría N°3; y Pablo Vacani, como defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe. 

Precisamente mientras exponía Vacani, el senador Dionisio Scarpin (UCR-JxC) reclamó con énfasis al jefe del interbloque oficialista, José Mayans, que “se ponga en funcionamiento la bicameral” encargada del control y monitoreo de implementación del Código Procesal Penal, pedido que se acrecentó en marzo pasado con la escalada de violencia narco en Rosario y que fue uno de los puntos centrales durante el debate de la Ley de Fortalecimiento de la Justicia Federal santafesina. Si bien Diputados ya nombró a sus representantes en la comisión, el Senado todavía no lo hizo. 

El legislador de Juntos por el Cambio solicitó que “se designen las personas que hacen falta para que funcione el sistema”. “Dejemos de dar vueltas. Designen los representantes y empecemos a laburar”, expresó y cuestionó el sistema actual que “es obsoleto, viejo, poco transparente, totalmente ineficiente, se dilapidan recursos y lo peor de todo es que no le podemos resolver los problemas a la gente”. 

“El Código Procesal Penal fue sancionado en diciembre de 2014 por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner”, recordó el senador Oscar Parrilli (UC-FdT) y apuntó que “el gobierno del macrismo, del cual estos senadores parecen extraterrestres, lo derogó, lo freezó”. “Todos estamos de acuerdo en implementar el Código Procesal Penal, no solo en Santa Fe, en todo el país, Santa Fe no es una isla, sino pareciera que acá lo único que interesa es la isla de Santa Fe. Si hay responsabilidades son del macrismo”, agregó. 

Salió a responderle la senadora Carolina Losada (UCR-JxC), quien minutos antes había tenido un cruce con Mayans. “Parece que el senador Parilli viviera en Narnia, y la verdad que tomo muy ofensivo que hable de la isla de Santa Fe, porque debería como senador de la Nación saber la situación que estamos viviendo. Se sigue basando en el ‘ah, pero Macri’ ya la verdad apolillado, les pido que busquen otra, porque quedan en ridículo insistentemente”, lanzó la precandidata a gobernadora dentro del “Frente de Frentes”, donde competirá en la interna contra Maximiliano Pullaro y Mónica Fein.

Pero además, la radical cargó contra el precandidato a gobernador del peronismo, el senador Marcelo Lewandowski: “Si usted realmente cree que Santa Fe es una isla pregúntele los casos al senador Lewandowski que lo tiene al lado, aunque tampoco la tiene muy clara porque por algo no quiso acompañar el proyecto de infancias protegidas, ni el de emergencia de seguridad para Santa Fe, porque parece que desconoce la situación y tampoco quiso firmar el proyecto de fortalecimiento de la justicia federal”. “Que después se maquille un poquito y diga que lo quiso tratar sobre tablas no quiere decir que lo haya querido impulsar, todo lo contrario”, se quejó. 

Lewandowski recogió el guante y le contestó: “Tiene un problemita de comprensión de texto la senadora, porque ya demostré 100 veces que presenté un proyecto que no era similar al que presentó ella, y lo presenté antes, y hasta le pedí a la senadora y a Scarpin que me acompañaran en mi oficina”. 

Y cuestionó si cree que “todo lo que presenta todos lo tenemos que acompañar creyendo que es la verdad revelada… si creen que a las infancias las vamos a proteger por una ley, a las infancias las vamos a proteger dándoles más alimentos, más salud, más educación”. Y dijo que eso se hace con “una inversión concreta y directa” y “metiéndonos todos los días de la semana en Rosario y en toda la provincia, no viviendo afuera y llegando cada tanto”. 

Pusieron la lupa sobre dos candidatos de Jujuy

Entre las designaciones que se evaluaron hubo candidatos a cubrir cargos en Santiago del Estero, Corrientes, Rosario y ciudad de Santa Fe, Jujuy, La Rioja, Mar del Plata (provincia de Buenos Aires), Puerto Iguazú (Misiones), Tucumán, Paraná (Entre Ríos) y San Rafael (Mendoza). A todos se les consultó su visión sobre el impuesto a las Ganancias y respondieron favorablemente en relación a la ley que se votó en 2017. 

Al exponer Diego Martín Matteucci, propuesto como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy, la senadora Silvia Giacoppo (UCR-JxC) lo consultó por dos impugnaciones en su contra. “Como jujeña tengo la responsabilidad de que usted me responda, porque no lo hizo en forma satisfactoria cuando recibió las impugnaciones sobre dos temas que para mí no son graves, sino son gravísimos”, planteó la legisladora. 

En primer lugar se refirió a que “en el año 2018, cuando se desempeñaba como secretario penal del Juzgado Federal de Primera Instancia N°1 de Jujuy, tras realizarse un control en un depósito bajo su responsabilidad se constató el faltante de 58 kilos de cocaína y dinero que fue incautado en distintos procedimientos”. “¿La sentencia que lo sobresee está firme?”, interrogó entre otras consultas. 

El postulante aclaró que cuando concursó “no tenía ninguna causa” en la que estuviera imputado y que en la causa de ese hecho “hubo una sola persona imputada”, pero luego en una investigación que se desprendió “se quiso analizar mi conducta por los supuestos incumplimientos de deberes de funcionario público y cuestiones relativas a mi accionar”. Sin embargo, en una resolución de la que participaron la Procunar, fiscales y jueces de Salta y Jujuy, fue sobreseído. “El fallo se encuentra firme y consentido”, afirmó Matteucci e incluso defendió que “este faltante se había podido descubrir a partir de los mayores controles y mayor rigurosidad que tuve yo”. 

Luego Giacoppo lo consultó por una denuncia de acoso laboral y sexual, que “surge de un mail en el cual una madre pide ayuda en forma anónima, diciendo que no va a dar los datos de su hija, que es una dependiente de su juzgado, porque tiene miedo a represalias”. “Me veo en absoluta indefensión de contestar algo que no sé de dónde viene y que claramente niego rotundamente”, dijo el postulante y agregó: “Nunca he recibido algo ni siquiera parecido a esto, escapa a mí poder saber de dónde viene. Sé que no tiene ningún asidero posible”. También aseguró no haber sido notificado y que se había enterado el día anterior a la audiencia, aunque la senadora recordó que la denuncia fue radicada el 16 de este mes. 

La senadora jujeña también realizó numerosas preguntas por varias impugnaciones a Carina Gregoraschuk, postulada como jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Jujuy. 

En una semana donde se pondrán en marcha algunas comisiones del Senado, se realizará este martes un plenario de Salud y Presupuesto y Hacienda desde las 16 en el Salón Illia, con un temario que contiene dos proyectos de ley con media sanción de Diputados sobre muerte perinatal y pubertad precoz.

Como primer paso, deberán designarse las autoridades de Salud, que ha estado presidida desde el año pasado por el tucumano Pablo Yedlin (FNyP-FdT), y en la vicepresidencia por el jujeño Mario Fiad (UCR-JxC).

En un primer tramo, Salud se abocará a conocer las conclusiones de un informe anual (septiembre 2021-agosto 2022) sobre la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el embarazo y la primera infancia, más conocida como “Mil Días”, que se sancionó junto a la Ley del Aborto en diciembre de 2020. Al respecto expondrá Sandra Marcela Tirado, secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación.

Luego sí pasará al plenario junto a Presupuesto y Hacienda para tratar dos iniciativas. La primera de ellas es la referida a establecer procedimientos médico-asistenciales para la atención de las mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, aprobada en la Cámara baja en noviembre pasado con 216 votos a favor y solo uno en contra.

El proyecto, bautizado “Ley Johanna”, por el caso de Johanna Piferrer -impulsora de la iniciativa y quien fue víctima de violencia obstétrica-, indica que todas las obras sociales, las entidades de medicina prepaga, como así también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliadas/os, independientemente de la figura jurídica que posean, tendrán a su cargo con carácter obligatorio instrumentar las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley.

Se busca dotar las/os profesionales de la salud, que intervienen al momento del parto, de procedimientos de actuación estandarizados que faciliten la atención sanitaria de aquellas mujeres, personas gestantes y familias que sufren una muerte perinatal.

También, posibilitar un ambiente de contención y cuidado, con el acompañamiento de especialistas; y facilitar opciones terapéuticas, gestiones a realizar, documentación a cumplimentar y consultas sucesivas.

El segundo expediente será el que establece la creación de un programa de prevención, diagnóstico y tratamiento integral de la pubertad precoz en niñas y niños, sancionado en Diputados el pasado 19 de abril.

El proyecto promueve la capacitación, formación y perfeccionamiento de profesionales de la salud en el abordaje y tratamiento de la pubertad precoz, como así también generar protocolos de atención de niñas y niños con ese diagnóstico.

Asimismo, prevé la realización de estudios estadísticos sobre la Pubertad Precoz Central, que abarquen todo el país, y llevar adelante campañas informativas/educativas destinadas a la comunidad en general y a grupos específicos, tendientes a crear conciencia sobre la enfermedad.

El oficialismo en el Senado buscará reactivar la Comisión de Acuerdos para tratar un paquete de 47 pliegos enviados por el Poder Ejecutivo, que proponen candidatos para cubrir vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías.

Se trata de expedientes que tomaron estado parlamentario al comienzo de la única sesión que hubo este año, el 13 de abril pasado, exceptuando la preparatoria de febrero.

En la primera de las reuniones, convocada para este martes a las 11 en el Salón Illia, deberá primero realizarse la designación de autoridades. Hasta ahora, en la Cámara alta solo se han conformado unas pocas comisiones, donde, pese a los cambios en los bloques, se mantuvieron las presidencias en manos del oficialismo. Durante los últimos tres años, Acuerdos estuvo a cargo de la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, a quien el Frente de Todos buscará ratificar.

Para la firma de los dictámenes, el oficialismo cuenta con mayoría en la comisión, pero el panorama para reunir quórum para una eventual sesión donde se traten los pliegos es imposible sin acompañamiento de la oposición. Además de la mayoría simple que requiere para su aprobación.

El FdT cuenta con 31, y más sus tres aliados habituales (Alberto Weretilneck, Magdalena Solari Quintana y Clara Vega) llegaría a 34, con asistencia perfecta. Pero necesita de tres más para abrir la reunión, es decir, 37, algo que no se puede sin Juntos por el Cambio o el peronismo disidente.

Entre los 47 pliegos se destaca la postulación para dar continuidad en su cargo a la jueza Ana María Figueroa como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, quien en agosto próximo cumplirá 75 años. La magistrada tiene un voto determinante en causas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Además de los jueces Diego Barroetevaña y Daniel Petrone, Figueroa deberá decidir sobre los planteos para que las causas del Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces se vuelvan a reabrir o no.

Audiencias previstas

Martes 30 de mayo a las 10

PE Nº 23/23 – MENSAJE Nº 19/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZA DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE SANTIAGO DEL ESTERO, PROV. HOMÓNIMA A LA DRA. ANA CARINA FARIAS.

PE Nº 39/23 – MENSAJE N° 35/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 DE SANTIAGO DEL ESTERO, PROV. DE SANTIAGO DEL ESTERO, A LA DRA. SILVINA SOLEDAD LEAL CASTAÑO.

PE Nº 25/23 – MENSAJE N° 21/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE LA CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CORRIENTES, PROV. DE CORRIENTES, LA DRA. ROSANA LEONOR MARINI.

PE Nº 41/23 – MENSAJE N° 37/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSORA PÚBLICA DE VÍCTIMA CON ASIENTO EN LA PROV. DE CORRIENTES, A LA DRA. PATRICIA ISABEL KENNY.

PE Nº 26/23 – MENSAJE N° 22/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N° 2 DE ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AL DR. ROMÁN PABLO LANZON.

PE Nº 34/23 – MENSAJE N° 30/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR FISCAL ANTE LOS JUZGADOS FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA DE ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, FISCALÍA Nº 2, AL DR. MATÍAS FELIPE SCILABRA.

PE Nº 37/23 – MENSAJE N° 33/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL FEDERAL DE ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, DEFENSORÍA N° 3, AL DR. RAMIRO DILLON VILLAMAYOR.

PE Nº 44/23 – MENSAJE N° 40/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE EL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, AL DR. PABLO ANDRÉS VACANI.

PE Nº 27/23 – MENSAJE N° 23/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR FISCAL ANTE LOS JUZGADOS FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA DE JUJUY, PROV. DE JUJUY, FISCALÍA N° 1, A LA DRA. LUCÍA ROMINA ORSETTI.

PE Nº 36/23 – MENSAJE N° 32/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN, PROV. DE JUJUY, A LA DRA. MARCELA SILVINA LAMAS.

PE Nº 46/23 – MENSAJE N° 42/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE LOS JUZGADOS FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN SALVADOR DE JUJUY, PROV. DE JUJUY, A LA DRA. MARÍA VICTORIA NAGER.

PE Nº 49/23 – MENSAJE N° 45/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE JUJUY, PROV. DE JUJUY, AL DR. DIEGO MARTÍN MATTEUCCI.

PE Nº 50/23 – MENSAJE N° 46/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSOR PÚBLICO DE VÍCTIMA CON ASIENTO EN LA PROV. DE JUJUY, AL DR. GONZALO STORDEUR.

PE Nº 52/23 – MENSAJE N° 48/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZA DEL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 DE JUJUY, PROV. DE JUJUY, A LA DRA. CARINA INÉS GREGORASCHUK.

PE Nº 63/23 – MENSAJE Nº 59/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR FISCAL ANTE LOS JUZGADOS FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA DE JUJUY, PROV. DE JUJUY, FISCALÍA Nº 2, AL DR. SEBASTIÁN GABRIEL JURE.

PE Nº 31/23 – MENSAJE N° 27/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA RIOJA, PROV. DE LA RIOJA, AL DR. JOSÉ NICOLÁS CELESTINO CHUMBITA.

PE Nº 33/23 – MENSAJE N° 29/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE LOS JUZGADOS FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA DE MAR DEL PLATA, PROV. DE BS. AS, AL DR. MANUEL MAXIMILIANO BAILLIEAU.

PE Nº 43/23 – MENSAJE N° 39/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA DE MAR DEL PLATA, PROV. DE BS. AS., A LA DRA. PAULA SUSANA MUNIAGURRIA.

PE Nº 53/23 – MENSAJE N° 49/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE MAR DEL PLATA, PROV. DE BS. AS., AL DR. ROBERTO FERNANDO MINGUILLON.

PE Nº 55/23 – MENSAJE N° 51/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE MAR DEL PLATA, PROV. DE BS. AS., AL DR. MARTÍN LUCIANO PODERTI.

PE Nº 51/23 – MENSAJE N° 47/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE PUERTO IGUAZÚ, PROV. DE MISIONES, AL DR. MARCELO ALEJANDRO CARDOZO.

PE Nº 58/23 – MENSAJE Nº 54/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR VOCAL DE LA CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE TUCUMÁN, PROV. DE TUCUMÁN, AL DR. FERNANDO LUIS RODOLFO POVIÑA.

PE Nº 60/23 – MENSAJE Nº 56/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE EL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE PARANÁ, PROV. DE ENTRE RÍOS, AL DR. MAURICIO GABRIEL ZAMBIAZZO

PE Nº 62/23 – MENSAJE Nº 58/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN RAFAEL, PROV. DE MENDOZA, AL DR. OMAR ABDÓN BITTAR.

Miércoles 31 de mayo a las 10

PE Nº 17/23 – MENSAJE Nº 13/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR FISCAL ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO DE LA CAPITAL FEDERAL, FISCALÍA Nº 7, A LA DRA. MIRTA SONIA ALVAREZ

PE Nº 18/23 – MENSAJE Nº 14/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR FISCAL ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO DE LA CAPITAL FEDERAL, FISCALÍA Nº 3, A LA DRA. MÓNICA SIROUNIAN.

PE Nº 19/23 – MENSAJE Nº 15/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZA DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 9 DE LA CAPITAL FEDERAL, A LA DRA. LUCILA CALIFANO

PE Nº 20/23 – MENSAJE Nº 16/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 25 DE LA CAPITAL FEDERAL, AL DR. LEONARDO RAÚL VITTOLA.

PE Nº 21/23 – MENSAJE Nº 17/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL DE MENORES Nº 2 DE LA CAPITAL FEDERAL, AL DR. PABLO GLANC.

PE Nº 22/23 – MENSAJE Nº 18/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZA DEL JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL N°58 DE LA CAPITAL FEDERAL A LA DRA. NATALIA NOEL LE PERA.

PE Nº 24/23 – MENSAJE Nº 20/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL N°2 DE LA CAPITAL FEDERAL AL DR. CARLOS GABRIEL MALLO.

PE Nº 28/23 – MENSAJE N° 24/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL N° 102, DE LA CAPITAL FEDERAL, AL DR. EDUARDO GUILLERMO ROVEDA.

PE Nº 29/23 – MENSAJE N° 25/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL Y CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL, DEFENSORÍA N° 9, AL DR. LEÓN GORDON AVALOS.

PE Nº 30/23 – MENSAJE N° 26/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR VOCAL DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL DE LA CAPITAL FEDERAL, SALA C, AL DR. HERNÁN DIEGO PAPA.

PE Nº 32/23 – MENSAJE N° 28/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR VOCAL DE LA CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL, VOCALÍA Nº 4, A LA DRA. PAULA NORMA GORSD.

PE Nº 35/23 – MENSAJE N° 31/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE LA CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES Y LOS JUZGADOS FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE SAN MARTÍN, PROV. DE BS. AS., A LA DRA. ROSARIO MUÑOZ.

PE Nº 38/23 – MENSAJE N° 34/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL Y CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL, DEFENSORÍA N.º 6, AL DR. PABLO ROVATTI.

PE Nº 40/23 – MENSAJE N° 36/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR FISCAL GENERAL ANTE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA CAPITAL FEDERAL, AL DR. JUAN MANUEL DOMINGUEZ.

PE Nº 42/23 – MENSAJE N° 38/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR FISCAL ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO DE LA CAPITAL FEDERAL, FISCALÍA Nº 4, AL DR. CARLOS ALBERTO PIETRAGALLA.

PE Nº 45/23 – MENSAJE N° 41/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE LOS JUZGADOS Y LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y DEL TRABAJO DE LA CAPITAL FEDERAL, DEFENSORÍA Nº 4, A LA DRA. ANALÍA ISABEL CASCONE.

PE Nº 47/23 – MENSAJE N° 43/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR FISCAL ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO DE LA CAPITAL FEDERAL, FISCALÍA Nº 1, AL DR. RODRIGO NICOLÁS SANCHEZ TERLIZZI.

PE Nº 48/23 – MENSAJE N° 44/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL, DEFENSORÍA Nº 4, A LA DRA. LAURA ISABEL AYALA

PE Nº 54/23 – MENSAJE N° 50/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL Nº 20 DE LA CAPITAL FEDERAL, AL DR. JUAN MANUEL MEJUTO.

PE Nº 56/23 – MENSAJE N° 52/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR FISCAL GENERAL ADJUNTO ANTE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA CAPITAL FEDERAL, AL DR. GERMÁN HELVIO QUEIPO.

PE Nº 57/23 – MENSAJE N° 53/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL DE MENORES Nº 3 DE LA CAPITAL FEDERAL, AL DR. GERARDO AGUSTÍN PETTIGIANI

PE Nº 59/23 – MENSAJE Nº 55/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR VOCAL DE LA CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL, A LA DRA. ANA MARÍA FIGUEROA

PE Nº 61/23 – MENSAJE Nº 57/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 77 DE LA CAPITAL FEDERAL, AL DR. FEDERICO PABLO NOTRICA.

Los dos últimos días de mayo hay reuniones previstas en comisiones de la Cámara alta, luego de meses sin actividad, a partir del hecho de que el oficialismo perdió la mayoría que tenía en el Cuerpo.

Martes y miércoles hay previstas tres reuniones de comisiones que, en principio, deberán constituirse, atendiendo el artículo 92 del reglamento de la Cámara de Senadores que establece que “los miembros de cada comisión nombrarán anualmente un presidente, un vicepresidente y un secretario, que podrán ser reelectos”.

La primera reunión convocada es la Comisión de Acuerdos, que seguirá conduciendo Anabel Fernández Sagasti. Se reunirán desde las 10 y en primer lugar designarán, o ratificarán a sus autoridades. Tras ello se realizará una audiencia pública para el tratamiento de los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo nacional que tienen pendientes. Será en el Salón Arturo Illía.

Al día siguiente, a la misma hora, habrá una nueva audiencia pública con el mismo objetivo.

Para ese mismo día, a partir de las 16, se reunirá la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que preside la senadora del Pro Gladys González. Primero deberán designar a sus autoridades y luego pondrán a consideración una serie de proyectos de ley  de senadores del oficialismo y la oposición, que incluyen declaraciones de monumentos naturales y capitales nacionales.

En un año que ha comenzado sin ritmo en el Senado, producto de la pérdida de la condición de primera minoría del oficialismo, se buscará avanzar la semana próxima con el trámite correspondiente a la designación de jueces, fiscales y defensores.

Durante la única sesión de este año -exceptuando la preparatoria de febrero- tomó estado parlamentario un abultado paquete de pliegos judiciales enviado por el Poder Ejecutivo, cuyos postulantes asistirán a las audiencias públicas previstas para el martes 30 y miércoles 31 de mayo.

En la primera de las reuniones deberá primero realizarse la designación de autoridades. Hasta ahora, en la Cámara alta solo se han conformado dos comisiones, donde, pese a los cambios en los bloques, se mantuvieron las presidencias en manos del oficialismo. Durante los últimos tres años, Acuerdos estuvo a cargo de la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.

Aunque estos pliegos requieren de mayoría simple para su aprobación, esto es 37 legisladores, el Frente de Todos tendrá complicado el trámite en el recinto sin acompañamiento de la oposición, esto es Juntos por el Cambio y el peronismo disidente. Es que, con toda la bancada completa llega a 31 y más sus tres aliados habituales (Alberto Weretilneck, Magdalena Solari Quintana y Clara Vega), estaría en 34.

Entre los 47 pliegos se destaca la postulación para dar continuidad en su cargo a la jueza Ana María Figueroa como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, quien en agosto próximo cumplirá 75 años. La magistrada tiene un voto determinante en causas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Además de los jueces Diego Barroetevaña y Daniel Petrone, Figueroa deberá decidir sobre los planteos para que las causas del Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces se vuelvan a reabrir o no.

Audiencias previstas

Martes 30 de mayo a las 10

PE Nº 23/23 – MENSAJE Nº 19/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZA DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE SANTIAGO DEL ESTERO, PROV. HOMÓNIMA A LA DRA. ANA CARINA FARIAS.

PE Nº 39/23 – MENSAJE N° 35/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 DE SANTIAGO DEL ESTERO, PROV. DE SANTIAGO DEL ESTERO, A LA DRA. SILVINA SOLEDAD LEAL CASTAÑO.

PE Nº 25/23 – MENSAJE N° 21/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE LA CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CORRIENTES, PROV. DE CORRIENTES, LA DRA. ROSANA LEONOR MARINI.

PE Nº 41/23 – MENSAJE N° 37/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSORA PÚBLICA DE VÍCTIMA CON ASIENTO EN LA PROV. DE CORRIENTES, A LA DRA. PATRICIA ISABEL KENNY

PE Nº 26/23 – MENSAJE N° 22/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N° 2 DE ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AL DR. ROMÁN PABLO LANZON.

PE Nº 34/23 – MENSAJE N° 30/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR FISCAL ANTE LOS JUZGADOS FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA DE ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, FISCALÍA Nº 2, AL DR. MATÍAS FELIPE SCILABRA.

PE Nº 37/23 – MENSAJE N° 33/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL FEDERAL DE ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, DEFENSORÍA N° 3, AL DR. RAMIRO DILLON VILLAMAYOR.

PE Nº 44/23 – MENSAJE N° 40/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE EL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, AL DR. PABLO ANDRÉS VACANI.

PE Nº 27/23 – MENSAJE N° 23/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR FISCAL ANTE LOS JUZGADOS FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA DE JUJUY, PROV. DE JUJUY, FISCALÍA N° 1, A LA DRA. LUCÍA ROMINA ORSETTI.

PE Nº 36/23 – MENSAJE N° 32/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN, PROV. DE JUJUY, A LA DRA. MARCELA SILVINA LAMAS.

PE Nº 46/23 – MENSAJE N° 42/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE LOS JUZGADOS FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN SALVADOR DE JUJUY, PROV. DE JUJUY, A LA DRA. MARÍA VICTORIA NAGER.

PE Nº 49/23 – MENSAJE N° 45/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE JUJUY, PROV. DE JUJUY, AL DR. DIEGO MARTÍN MATTEUCCI.

PE Nº 50/23 – MENSAJE N° 46/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSOR PÚBLICO DE VÍCTIMA CON ASIENTO EN LA PROV. DE JUJUY, AL DR. GONZALO STORDEUR.

PE Nº 52/23 – MENSAJE N° 48/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZA DEL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 DE JUJUY, PROV. DE JUJUY, A LA DRA. CARINA INÉS GREGORASCHUK.

PE Nº 63/23 – MENSAJE Nº 59/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR FISCAL ANTE LOS JUZGADOS FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA DE JUJUY, PROV. DE JUJUY, FISCALÍA Nº 2, AL DR. SEBASTIÁN GABRIEL JURE.

PE Nº 31/23 – MENSAJE N° 27/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA RIOJA, PROV. DE LA RIOJA, AL DR. JOSÉ NICOLÁS CELESTINO CHUMBITA.

PE Nº 33/23 – MENSAJE N° 29/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE LOS JUZGADOS FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA DE MAR DEL PLATA, PROV. DE BS. AS, AL DR. MANUEL MAXIMILIANO BAILLIEAU.

PE Nº 43/23 – MENSAJE N° 39/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA DE MAR DEL PLATA, PROV. DE BS. AS., A LA DRA. PAULA SUSANA MUNIAGURRIA.

PE Nº 53/23 – MENSAJE N° 49/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE MAR DEL PLATA, PROV. DE BS. AS., AL DR. ROBERTO FERNANDO MINGUILLON.

PE Nº 55/23 – MENSAJE N° 51/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE MAR DEL PLATA, PROV. DE BS. AS., AL DR. MARTÍN LUCIANO PODERTI.

PE Nº 51/23 – MENSAJE N° 47/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE PUERTO IGUAZÚ, PROV. DE MISIONES, AL DR. MARCELO ALEJANDRO CARDOZO.

PE Nº 58/23 – MENSAJE Nº 54/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR VOCAL DE LA CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE TUCUMÁN, PROV. DE TUCUMÁN, AL DR. FERNANDO LUIS RODOLFO POVIÑA.

PE Nº 60/23 – MENSAJE Nº 56/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE EL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE PARANÁ, PROV. DE ENTRE RÍOS, AL DR. MAURICIO GABRIEL ZAMBIAZZO

PE Nº 62/23 – MENSAJE Nº 58/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN RAFAEL, PROV. DE MENDOZA, AL DR. OMAR ABDÓN BITTAR.

Miércoles 31 de mayo a las 10

PE Nº 17/23 – MENSAJE Nº 13/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR FISCAL ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO DE LA CAPITAL FEDERAL, FISCALÍA Nº 7, A LA DRA. MIRTA SONIA ALVAREZ

PE Nº 18/23 – MENSAJE Nº 14/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR FISCAL ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO DE LA CAPITAL FEDERAL, FISCALÍA Nº 3, A LA DRA. MÓNICA SIROUNIAN.

PE Nº 19/23 – MENSAJE Nº 15/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZA DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 9 DE LA CAPITAL FEDERAL, A LA DRA. LUCILA CALIFANO

PE Nº 20/23 – MENSAJE Nº 16/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 25 DE LA CAPITAL FEDERAL, AL DR. LEONARDO RAÚL VITTOLA.

PE Nº 21/23 – MENSAJE Nº 17/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL DE MENORES Nº 2 DE LA CAPITAL FEDERAL, AL DR. PABLO GLANC.

PE Nº 22/23 – MENSAJE Nº 18/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZA DEL JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL N°58 DE LA CAPITAL FEDERAL A LA DRA. NATALIA NOEL LE PERA.

PE Nº 24/23 – MENSAJE Nº 20/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL N°2 DE LA CAPITAL FEDERAL AL DR. CARLOS GABRIEL MALLO.

PE Nº 28/23 – MENSAJE N° 24/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL N° 102, DE LA CAPITAL FEDERAL, AL DR. EDUARDO GUILLERMO ROVEDA.

PE Nº 29/23 – MENSAJE N° 25/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL Y CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL, DEFENSORÍA N° 9, AL DR. LEÓN GORDON AVALOS.

PE Nº 30/23 – MENSAJE N° 26/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR VOCAL DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL DE LA CAPITAL FEDERAL, SALA C, AL DR. HERNÁN DIEGO PAPA.

PE Nº 32/23 – MENSAJE N° 28/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR VOCAL DE LA CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL, VOCALÍA Nº 4, A LA DRA. PAULA NORMA GORSD.

PE Nº 35/23 – MENSAJE N° 31/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE LA CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES Y LOS JUZGADOS FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE SAN MARTÍN, PROV. DE BS. AS., A LA DRA. ROSARIO MUÑOZ.

PE Nº 38/23 – MENSAJE N° 34/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL Y CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL, DEFENSORÍA N.º 6, AL DR. PABLO ROVATTI.

PE Nº 40/23 – MENSAJE N° 36/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR FISCAL GENERAL ANTE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA CAPITAL FEDERAL, AL DR. JUAN MANUEL DOMINGUEZ.

PE Nº 42/23 – MENSAJE N° 38/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR FISCAL ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO DE LA CAPITAL FEDERAL, FISCALÍA Nº 4, AL DR. CARLOS ALBERTO PIETRAGALLA.

PE Nº 45/23 – MENSAJE N° 41/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE LOS JUZGADOS Y LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y DEL TRABAJO DE LA CAPITAL FEDERAL, DEFENSORÍA Nº 4, A LA DRA. ANALÍA ISABEL CASCONE.

PE Nº 47/23 – MENSAJE N° 43/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR FISCAL ANTE LOS JUZGADOS NACIONALES DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO DE LA CAPITAL FEDERAL, FISCALÍA Nº 1, AL DR. RODRIGO NICOLÁS SANCHEZ TERLIZZI.

PE Nº 48/23 – MENSAJE N° 44/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ANTE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL, DEFENSORÍA Nº 4, A LA DRA. LAURA ISABEL AYALA

PE Nº 54/23 – MENSAJE N° 50/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL Nº 20 DE LA CAPITAL FEDERAL, AL DR. JUAN MANUEL MEJUTO.

PE Nº 56/23 – MENSAJE N° 52/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR FISCAL GENERAL ADJUNTO ANTE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA CAPITAL FEDERAL, AL DR. GERMÁN HELVIO QUEIPO.

PE Nº 57/23 – MENSAJE N° 53/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL ORAL DE MENORES Nº 3 DE LA CAPITAL FEDERAL, AL DR. GERARDO AGUSTÍN PETTIGIANI

PE Nº 59/23 – MENSAJE Nº 55/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR VOCAL DE LA CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL, A LA DRA. ANA MARÍA FIGUEROA

PE Nº 61/23 – MENSAJE Nº 57/23 QUE SOLICITA ACUERDO PARA DESIGNAR JUEZ DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 77 DE LA CAPITAL FEDERAL, AL DR. FEDERICO PABLO NOTRICA

En su presentación ante el Senado, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, detalló las causas que a su juicio han generado una aceleración inflacionaria, pero aclaró que “todos los días tratamos de encontrar un sendero descendente de la inflación”.

Ante una pregunta sobre el tema formulada por la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri, Rossi recordó que “en los primeros 15 días de enero la evolución de los precios era similar a como venían evolucionando los últimos tres meses del año pasado”. Y según esa visión, “en general parecía que los precios empezaban a encontrar un sendero descendente”.

“En la segunda quincena de enero se dispararon y la aceleración de los precios comienza a viajar en una velocidad acelerada -continuó-. ¿Qué es lo que sucedió en ese momento? El mercado, la economía, llámenle como quieran, toma nota no de la sequía, sino de los efectos de la sequía. Y dice: le van a faltar al Gobierno 20 mil millones de dólares. Y concluye: como el Gobierno no tiene esos 20 mil millones de dólares, va a tener que devaluar. Y como va a tener que devaluar, cosa que el Gobierno no hizo, empieza a fijar precios para adelantarse a esa devaluación”.

A juicio de Agustín Rossi, “eso es lo que pasó este año, en un país que además viene con una inercia inflacionaria. Inercia inflacionaria no creada por nuestro gobierno solamente, porque el Gobierno de Macri dejó el país con un 54% de inflación; entonces hay que contar la historia desde su conjunto. Estamos viajando a una velocidad del 100%, con efectos externos que usted también tiene que reconocer”.

En ese marco, el jefe de Gabinete sostuvo que “el año pasado, cuando fue el récord de exportaciones, Argentina exportó 88 mil millones de dólares. La producción primaria fue de 23 mil millones, si le faltan 20 mil millones le genera un impacto desde cualquier circunstancia. Con la sequía de 2018, el Gobierno de Macri fue corriendo al FMI y firmaron un compromiso por el que entre 2022 y 2023 teníamos que estar devolviéndoles entre 18 y 19 mil millones cada año”.

“Hay un escenario en donde a la economía, producto de la pandemia (SIC) le faltan 20 mil millones de dólares, y no los tenemos; y producto de la guerra, el año pasado nos generó un déficit de 5.000 millones: 25 mil millones”, detalló.

Ante ello, Rossi destacó las medidas que adopta el ministro Sergio Massa con la intención de recomponer el nivel de reservas de nuestro país. “Porque el tema de las reservas tiene impacto inflacionario. Esto es lo que nos está pasando en la Argentina de hoy, seguramente lo que estamos haciendo es tratar que la inflación proyectada y la de este año sea lo más bajo posible”, dijo, para cerrar: “Todos los días tratamos de encontrar un sendero descendente de la inflación”.

Previsiblemente, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, se refirió en su discurso ante el Senado a la decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán. En un largo tramo dedicado a la Justicia, el funcionario sostuvo que a 40 años de la democracia “hay un poder que no funciona” y lanzó: “Los miembros de la Corte son parte del partido judicial, sin ninguna duda”. 

“A veces escucho críticas a la democracia. Yo quiero reafirmar aquí mi compromiso democrático. Yo reivindico la democracia que conseguimos”, arrancó el ministro coordinador luego de haber aportado cifras y datos sobre algunas áreas del Estado.

En su primer informe de gestión ante la Cámara alta, el jefe de Gabinete señaló que “durante estos 40 años hemos vivido diferentes debates, en donde distintos sectores han sido interpelados” como “los militares, la Iglesia, los dirigentes sindicales, los dirigentes empresarios, los dirigentes políticos, siempre, pero cada vez que quisimos interpelar a la Justicia fracasamos”. 

“A 40 años del funcionamiento de la democracia, de las peores instituciones que funcionan está la Justicia. Es un poder que no funciona”, expresó y sumó que se dio la “aparición del partido judicial” integrado por “una serie de fiscales y jueces que han cooptado gran parte del funcionamiento del Poder Judicial en Argentina y que actúan como partido, no imparten justicia”. 

Para el santafesino, después de diciembre de 2015 este “partido judicial” inició “una campaña de persecución” contra los dirigentes kirchneristas y “han concentrado esa persecución en la figura de Cristina Kirchner”. 

Sentado bajo el estrado desde donde lo escuchó durante todo su discurso la vicepresidenta, Rossi aseguró que “el fallo contra Cristina en la causa Vialidad es proscriptivo, porque nadie nos puede asegurar a nosotros que lo que hicieron con las elecciones en San Juan y Tucumán no lo hubiesen hecho en el caso potencial de Cristina, que nunca dijo si ella iba a ser candidata o no”.

El funcionario cuestionó que el Poder Judicial “se entromete en competencias de otros poderes” para poner por ejemplo lo sucedido con la composición del Consejo de la Magistratura. “No estaba dentro de sus facultades (de la Corte) reponer una ley que estaba derogada”, remarcó. 

El ministro coordinador apuntó que “el partido judicial no funciona solo y tiene amigos”, que “son los dueños de los principales medios de comunicación en Argentina”. “La foto de Lago Escondido es la flagrancia”, agregó.

Muy duro, pero en un recinto silencioso, Rossi manifestó que “en Argentina hay un suprapoder o poder paralelo que no tiene legitimidad democrática pero condiciona la vida de los argentinos”. “Si no se desarma este poder es imposible gobernar la Argentina, porque te gobiernan ellos”, advirtió. 

Hacia el final de su alocución, el santafesino se refirió al intento de magnicidio contra CFK, el cual “merecía de parte de la diligencia política y de las estructuras democráticas un mayor compromiso en la investigación. La verdad que no fue así de parte de la Justicia”. 

Al hablar de la “pista Milman” hizo alusión a las nuevas novedades en la causa, a partir de que “ahora nos venimos a enterar que una de las colaboradoras (del diputado del Pro) dijo que la directiva de resetear el teléfono había sido de (Gerardo) Milman y que el reseteo del teléfono lo había hecho un perito en las oficinas de Patricia Bullrich”, presidenta del Pro por ese entonces y quien “nunca condenó el hecho”, enfatizó. 

“La verdad es que todo tiene que ver con todo y algo nos tendrán que decir, ¿no?. Algo nos tendrán que explicar Millman y Patricia. Porque como mínimo es entorpecimiento de la justicia”, sumó. 

Volviendo sobre el fallo de la Corte respecto a las elecciones provinciales, Rossi señaló que “el diario Clarín, a través de su periodista Daniel Santoro, en un artículo escrito hace algunos días atrás adelanta todo esto que iba a suceder. Dice que la Corte iba a pronunciarse antes de las elecciones en Tucumán y en San Juan, y que iba a pronunciarse sobre la legalidad de la asunción de Máximo Kirchner al frente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires”. “Estemos preparados para todo. Yo, como hincha de River, como decía el muñeco (Marcelo) Gallardo, estemos ‘con la guardia alta’”, lanzó. 

Entonces, insistió con que “el desafío de la democracia argentina en el futuro es desarmar este sistema de poder faccioso, que no tiene legitimidad democrática, pero que toma acciones que determinan y comprometen el funcionamiento de la democracia en la Argentina”. 

Por último hizo alusión al aniversario del kirchnerismo: “Este 25 de mayo, con el respeto de todos, para nosotros va a ser un 25 de mayo singular porque hace 20 años Néstor Kirchner asumía la presidencia del país. Nos decía que era parte de una generación diezmada y que nos venía a proponer un sueño a todos los argentinos. Él abrió el camino y detrás vinimos todos. Yo me miro a mí mismo sentado acá delante de ustedes con 63 años y pienso que Néstor murió a los 60 y digo: cuánto tenía todavía para darnos a Cristina, Máximo, Florencia, a los peronistas y a todos los argentinos. Mi recuerdo siempre”. 

Datos sin papel

Durante la otra mitad del discurso, Rossi brindó diferentes datos positivos de la gestión, aunque evitó hablar de algunos temas como la inflación. Lo hizo sin leer y sin apunte alguno sobre cifras. 

En referencia al Día del Trabajador, el pasado 1ro. de mayo, el jefe de Gabinete reivindicó la figura de Juan Domingo Perón y se refirió a los “indicadores de generación de empleo durante estos años de gestión del presidente Alberto Fernández”. De acuerdo al último dato consolidado, en el último trimestre del año pasado “la desocupación fue del 6,3%, muy por debajo de cómo encontramos ese indicador en 2019”, dijo. 

Y detalló que “en la región pampeana y el AMBA está por encima del promedio” en 6,5% y 7%, respectivamente, mientras que “las más bajas son Cuyo y el NOA, por debajo del 4%”; en tanto, “la región patagónica y del noreste argentino entre el 4,5% y 5% de desocupación”. “La generación de trabajo ha sido potenciada durante estos tres años y pico de gestión”, resaltó. 

Por otra parte, el funcionario destacó que “el año 2022 fue récord en volumen de exportaciones” por un total de “88 mil millones de dólares”. “Entre el 2022 y 2021 lo que más creció fueron las manufacturas de origen industrial”, agregó. 

En el primer tramo de su discurso, ponderó que el próximo 20 de junio se pondrá en marcha el gasoducto Néstor Kirchner, que “va a aumentar el perfil exportador en lo que significa combustibles y energía”. También sumó que “YPF empieza a exportar nuevamente petróleo a Chile” y opinó: “Seguramente el desarrollo de Vaca Muerta no hubiera sido el mismo si YPF hubiera seguido en manos extranjeras”. 

Otro de los aspectos que abordó fue el llamado a licitación del canal Magdalena, por “una inversión de 40 mil millones de pesos” que contribuirá a “mejorar todos los costos logísticos de la producción en Argentina”. 

En cuanto a la Hidrovía Paraná- Paraguay, Rossi celebró que “de tener una empresa privada, que era la que tenía concesionada toda la vía, que era la que hacía las obras y cobraba el peaje, pasamos a tener una situación en donde la Administración General de Puertos, que es una sociedad del Estado, realiza las obras, cobra el peaje correspondiente, y además las provincias comienzan a participar en el control y planificación”. 

Al hablar de Ferrocarriles Argentinos y otros ejemplos, el ministro coordinador aseguró que estas son “expresiones eficientes de lo que significa el rol del Estado”. Y señaló que esto lo decía en función de que “vuelven a surgir en Argentina algunos discursos que empiezan a estigmatizar el rol del Estado y empiezan a tratar de describir que lo mejor que pudiese pasar en Argentina es que todo lo que está en manos del Estado pase a estar en manos privadas, cosa que ha fracaso históricamente en nuestro país”. 

Con la presencia de Gabriela Torres, titular de la Sedronar, a sus espaldas, el jefe de Gabinete habló de una Sedronar “distinta a la de la década del ‘90”, que está ahora “destinada fundamentalmente a tareas de cuidado”. “Hemos aumentado la cantidad de casas de atención comunitaria; teníamos alrededor de 200 cuando asumimos y hoy tenemos 500”, las cuales “están gestionadas por organizaciones”, indicó, además de “50 hogares convivenciales”. 

Sobre salud, el funcionario informó: “44 mil millones de pesos estamos invirtiendo en materia de salud, 9 mil millones en infraestructura hospitalaria y 35 mil millones en equipamiento hospitalario”. “Estamos incorporando por primera vez ambulancias que son de doble tracción, 4×4; cerca de 100 que se distribuyen en todo el país” en las zonas de más difícil acceso, destacó. 

También dio datos sobre aborto legal y comentó que “arriba de 1.700 hospitales públicos han intervenido a partir de la Ley de IVE”. “Se ha bajado la mortalidad materna en casos de abortos mal realizados y también hemos tenido indicadores mejores en embarazo adolescente”, afirmó. 

Por otra parte, el ministro coordinador reveló que “cuando llegamos al Gobierno, de cada 10 pesos que se invertían en ciencia y tecnología, 7 pesos quedaban en Buenos Aires. Hoy hemos invertido la ecuación: hoy de cada 10 pesos, 6 pesos se distribuyen entre las provincias argentinas”. Y precisó que se invirtieron en este área 32 mil millones de pesos para infraestructura y casi 20 mil millones de pesos en equipamiento.

En medio de la tensión entre el oficialismo y la Corte Suprema de Justicia por la suspensión de las elecciones en San Juan y Tucumán, y en un Senado donde el Frente de Todos ya no es primera minoría, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, hace su debut ante la Cámara alta. La sesión informativa comenzó a las 12.14, presidida por Cristina Kirchner, con muy pocos legisladores presentes en el recinto.

El pasado 29 de marzo el funcionario estuvo en Diputados. De acuerdo al artículo 101 de la Constitución Nacional, el ministro coordinador debe presentarse mensual y alternadamente entre ambas cámaras del Congreso.

Tal como es habitual, Rossi hará una exposición inicial y luego se pasará a las preguntas de los senadores. Para los presidentes de bloques se reservan los cierres.

En la previa, la Jefatura de Gabinete remitió el informe por escrito N°136, un documento compuesto por 705 páginas donde se responden a 629 consultas que enviaron previamente los legisladores.

Según pudo saber parlamentario.com, las preguntas fueron más de 1.200, pero muchas de ellas similares. Los bloques que más interrogantes hicieron fueron la UCR y el Pro, ambas bancadas más numerosas de la oposición.

En esa línea, el Ministerio con más consultas fue el de Economía, seguido de una cantidad “importante” de preguntas sobre el área de Energía. En menor medida, se ubicaron el Ministerio de Justicia y el de Seguridad.

El discurso inicial de Rossi

En referencia al Día del Trabajador, el pasado 1ro. de mayo, el jefe de Gabinete reivindicó la figura de Juan Domingo Perón y se refirió a los “indicadores de generación de empleo durante estos años de gestión del presidente Alberto Fernández”. De acuerdo al último dato consolidado, en el último trimestre del año pasado “la desocupación fue del 6,3%, muy por debajo de cómo encontramos ese indicador en 2019”, dijo. 

Y detalló que “en la región pampeana y el AMBA está por encima del promedio” en 6,5% y 7%, respectivamente, mientras que “las más bajas son Cuyo y el NOA, por debajo del 4%”; en tanto, “la región patagónica y del noreste argentino entre el 4,5% y 5% de desocupación”. “La generación de trabajo ha sido potenciada durante estos tres años y pico de gestión”, resaltó. 

Por otra parte, el funcionario destacó que “el año 2022 fue récord en volumen de exportaciones” por un total de “88 mil millones de dólares”. “Entre el 2022 y 2021 lo que más creció fueron las manufacturas de origen industrial”, agregó. 

En el primer tramo de su discurso, ponderó que el próximo 20 de junio se pondrá en marcha el gasoducto Néstor Kirchner, que “va a aumentar el perfil exportador en lo que significa combustibles y energía”. También sumó que “YPF empieza a exportar nuevamente petróleo a Chile” y opinó: “Seguramente el desarrollo de Vaca Muerta no hubiera sido el mismo si YPF hubiera seguido en manos extranjeras”. 

Otro de los aspectos que abordó fue el llamado a licitación del canal Magdalena, por “una inversión de 40 mil millones de pesos” que contribuirá a “mejorar todos los costos logísticos de la producción en Argentina”. 

En cuanto a la Hidrovía Paraná- Paraguay, Rossi celebró que “de tener una empresa privada, que era la que tenía concesionada toda la vía, que era la que hacía las obras y cobraba el peaje, pasamos a tener una situación en donde la Administración General de Puertos, que es una sociedad del Estado, realiza las obras, cobra el peaje correspondiente, y además las provincias comienzan a participar en el control y planificación”. 

Al hablar de Ferrocarriles Argentinos y otros ejemplos, el ministro coordinador aseguró que estas son “expresiones eficientes de lo que significa el rol del Estado”. Y señaló que esto lo decía en función de que “vuelven a surgir en Argentina algunos discursos que empiezan a estigmatizar el rol del Estado y empiezan a tratar de describir que lo mejor que pudiese pasar en Argentina es que todo lo que está en manos del Estado pase a estar en manos privadas, cosa que ha fracaso históricamente en nuestro país”.

NOTICIA EN DESARROLLO 

En medio de la tensión entre el oficialismo y la Corte Suprema de Justicia por la suspensión de las elecciones en San Juan y Tucumán, y en un Senado donde el Frente de Todos ya no es primera minoría, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, hará su debut ante la Cámara alta.

El funcionario brindará desde las 12 un nuevo informe de gestión. Cabe recordar que el pasado 29 de marzo estuvo en Diputados. De acuerdo al artículo 101 de la Constitución Nacional, el ministro coordinador debe presentarse mensual y alternadamente entre ambas cámaras del Congreso.

Tal como es habitual, Rossi hará una exposición inicial y luego se pasará a las preguntas de los senadores. Para los presidentes de bloques se reservan los cierres.

En la previa, la Jefatura de Gabinete remitió el informe por escrito N°136, un documento compuesto por 705 páginas donde se responden a 629 consultas que enviaron previamente los legisladores.

Según pudo saber parlamentario.com, las preguntas fueron más de 1.200, pero muchas de ellas similares. Los bloques que más interrogantes hicieron fueron la UCR y el Pro, ambas bancadas más numerosas de la oposición.

En esa línea, el Ministerio con más consultas fue el de Economía, seguido de una cantidad “importante” de preguntas sobre el área de Energía. En menor medida, se ubicaron el Ministerio de Justicia y el de Seguridad.

Mayans con Rossi

En la previa de la visita del jefe de Gabinete, el presidente del interbloque Frente de Todos, José Mayans, se reunió con Rossi para coordinar la visita del funcionario al Senado. El encuentro fue en las oficinas del funcionario en Casa Rosada.

Según se informó desde el entorno del senador, ambos “analizaron distintos aspectos de la sesión informativa” y “aprovecharon para analizar también la coyuntura nacional y hablar de distintos temas de actualidad”.

En el día de la vuelta a la actividad en las comisiones del Senado, la única comisión que tenía previsto analizar este miércoles un proyecto era la de Presupuesto y Hacienda. Nada menos que el que establece un régimen simplificado para pequeños contribuyentes tecnológicos y que cuenta con media sanción de Diputados.

Se esperaba entonces un rápido dictamen, para incluir la cuestión en una próxima sesión; sin embargo eso no sucedió.

En primer lugar, la comisión pasó a ratificar a sus autoridades: el riojano Ricardo Guerra seguirá siendo presidente; el radical chaqueño Víctor Zimmermann vice; y la bonaerense Juliana di Tullio secretaria. Tras ello, Guerra señaló que correspondía tratar el proyecto que crea un régimen simplificado para pequeños contribuyentes tecnológicos (mono-tech) y un régimen cambiario para pequeños contribuyentes tecnológicos. “Pero lo vamos a continuar analizando… Vamos a pasar a cuarto intermedio para en una reunión posterior tratarlo”, dijo el senador oficialista.

A continuación, intervino el vicepresidente Zimmermann, quien coincidió en que “es importante poder seguir debatiéndolo, porque es un tema trascendente; pero tenemos algunas diferencias e interrogantes, fundamentalmente desde el punto de vista cambiario, algún artículo específico que le da una preferencia a quienes están en el mono-tech, que no tienen que cumplir con cambiar los dólares y crea una cuenta especial”.

“Creo que hay ahí una inequidad con respecto al resto”, observó Zimmermann, que comentó que había recibido un documento firmado por la industria del software, donde varias cámaras empresariales de todo el país hacían “varios planteos”. “Están muy preocupados y no coinciden con el proyecto como está”, remarcó.

Asimismo sostuvo que se trata de “cuestiones centrales”, pero también pidió el giro del proyecto a la Comisión de Ciencia y Tecnología. “Porque nosotros debatimos mucho y votamos casi por  unanimidad el Programa de Desarrollo de Ciencia y Técnica 2030, que habla de crear 400 mil puestos genuinos en el sector. Y este documento cree que el mono-tech como está va en contra de cómo está el esquema de la planificación de ciencia y técnica”.

En ese marco, sugirió que podían invitar al ministro Daniel Filmus, “que ha tenido la deferencia de venir tantas veces, y a cada uno de los que integran el sector, para que vengan a fundamentar, para sacar el mejor proyecto”.

Cabe recordar que durante el tratamiento de este proyecto en Diputados, el oficialismo se resistió a convocar a las cámaras del sector, con la intención de lograr un tratamiento más rápido. Al cabo, el proyecto fue aprobado con un bajo nivel de votos: 111 positivos, 11 negativos y 85 abstenciones.

El proyecto

El régimen se encuentra destinado a los pequeños contribuyentes que realicen actividades relativas a la economía del conocimiento, y a aquellos que efectúen cualquier tipo de prestación de servicios, siempre que estas actividades sean realizadas en el país, pero su utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior.

También quedan comprendidos en este nuevo régimen los ingresos derivados por el ejercicio de “eSports” o deportes electrónicos, entendiendo por tales a las muy difundidas competiciones organizadas a nivel profesional, multijugador y de diferentes disciplinas de videojuegos con acceso desde diferentes dispositivos y plataformas de forma online u offline.

Según el texto, serán considerados “Pequeños Contribuyentes Tecnológicos” las personas humanas residentes en el país que obtengan ingresos brutos por las actividades anteriormente referenciadas, en los 12 meses calendario inmediatos anteriores a la fecha de adhesión al “Mono-Tech”, inferiores o iguales a un equivalente de 30.000 dólares.

De acuerdo a la escala, estarán comprendidos en la categoría D quienes registren ingresos hasta 10 mil dólares anuales; en la F quienes registren entre 10 mil y 20 mil dólares anuales; y en la H quienes tengan hasta 30 mil dólares anuales de ingresos.

Asimismo, se señala que el “Mono-Tech” facilitará “la operatoria fiscal de los contribuyentes alcanzados toda vez que sustituye e integra en un solo pago, de corresponder, el Impuesto a las Ganancias, el Impuesto al Valor Agregado y los Recursos de la Seguridad Social; y para el caso en el que el contribuyente se encuentre comprendido por otras actividades en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), se establecen disposiciones tendientes a la compatibilización de uno con otro”.

Además, el texto propone un Régimen Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos que posibilite que estos sujetos se encuentren exceptuados de la obligación de liquidar las divisas percibidas por las actividades alcanzadas por la medida en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

Desde hace meses el Senado se encuentra en un parate inédito, producto de la fractura que tuvo el oficialismo a partir de la salida de cuatro legisladores, que dejaron al Frente de Todos convertido en segunda minoría, con 31 senadores. Este año solo tuvo su sesión preparatoria de febrero y luego dos sesiones, una de las cuales se quedó sin quórum a poco de iniciarse.

Ahora parece haberse destrabado la situación, pues para este jueves se ha anunciado la realización de una sesión informativa en el Senado, adonde por primera vez en el año concurrirá el jefe de Gabinete, para dar su primer informe ante el Cuerpo.

Y para este miércoles se anunciaron ya tres reuniones de comisiones, que en primer lugar deberán designar a sus autoridades, un trámite que por el artículo 92 del reglamento del Senado debe llevarse a cabo cada año, y que precisamente por haber perdido el oficialismo su condición mayoritaria, generó este parate.

Para las 11 está prevista la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el riojano oficialista Ricardo Guerra, y que tratará el régimen simplificado para pequeños contribuyentes tecnológicos, proyecto que ya cuenta con media sanción de Diputados.

Para las 11.30 está prevista una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside el kirchnerista Oscar Parrilli, y que no tiene previsto el tratamiento de ningún tema, solo la designación de sus autoridades y la propuesta del plan de trabajo para el presente año.

A las 12.30 la Comisión de Legislación General, que encabeza el pampeano Daniel Bensusán, cumplirá el mismo trámite.

Finalmente comienza a desperezarse la Cámara alta. No solo abrirá las puertas del recinto este jueves para recibir al jefe de Gabinete, sino que también este miércoles a las 11 reunirá a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que p reside el riojano Ricardo Guerra, para tratar el proyecto de ley en revisión que establece un régimen simplificado para pequeños contribuyentes tecnológicos (mono-tech) y un régimen cambiario para pequeños contribuyentes tecnológicos.

Se trata de un proyecto que ya fue aprobado por la Cámara baja el 28 de marzo, con un bajo nivel de votos: 111 positivos, 11 negativos y 85 abstenciones.

El régimen se encuentra destinado a los pequeños contribuyentes que realicen actividades relativas a la economía del conocimiento, y a aquellos que efectúen cualquier tipo de prestación de servicios, siempre que estas actividades sean realizadas en el país, pero su utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior.

También quedan comprendidos en este nuevo régimen los ingresos derivados por el ejercicio de “eSports” o deportes electrónicos, entendiendo por tales a las muy difundidas competiciones organizadas a nivel profesional, multijugador y de diferentes disciplinas de videojuegos con acceso desde diferentes dispositivos y plataformas de forma online u offline.

Según el texto, serán considerados “Pequeños Contribuyentes Tecnológicos” las personas humanas residentes en el país que obtengan ingresos brutos por las actividades anteriormente referenciadas, en los 12 meses calendario inmediatos anteriores a la fecha de adhesión al “Mono-Tech”, inferiores o iguales a un equivalente de 30.000 dólares.

De acuerdo a la escala, estarán comprendidos en la categoría D quienes registren ingresos hasta 10 mil dólares anuales; en la F quienes registren entre 10 mil y 20 mil dólares anuales; y en la H quienes tengan hasta 30 mil dólares anuales de ingresos.

Asimismo, se señala que el “Mono-Tech” facilitará “la operatoria fiscal de los contribuyentes alcanzados toda vez que sustituye e integra en un solo pago, de corresponder, el Impuesto a las Ganancias, el Impuesto al Valor Agregado y los Recursos de la Seguridad Social; y para el caso en el que el contribuyente se encuentre comprendido por otras actividades en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), se establecen disposiciones tendientes a la compatibilización de uno con otro”.

Además, el texto propone un Régimen Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos que posibilite que estos sujetos se encuentren exceptuados de la obligación de liquidar las divisas percibidas por las actividades alcanzadas por la medida en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, dará su primer informe de gestión ante el Senado este jueves 11 de mayo desde las 12. Según pudo saber parlamentario.com, en Jefatura recibieron 1.210 preguntas por parte de los senadores, siendo en su mayoría de los bloques UCR y Pro.

El funcionario ya tuvo su debut en la Cámara baja, lugar que conoce a la perfección, el pasado 29 de marzo, cuando dio un discurso cargado de política, defendió los DNU de canje de deuda como una “herramienta para combatir la inflación” y se refirió a la inseguridad por el narcotráfico en Rosario, lugar en el que vive. En la previa había enviado el informe por escrito que respondía a más de 3.000 preguntas que enviaron los legisladores.

El ministro coordinador asistirá esta vez en la previa de un “súper domingo” electoral, que concentrará la mirada en los comicios de cinco provincias: La Pampa, San Juan, Salta, Tucumán y Tierra del Fuego.

De hecho, los cierres de campaña en esos distritos tendrán a algunos senadores abocados a sus terruños: por ejemplo, en Tierra del Fuego el radical Pablo Blanco es el candidato a gobernador por JxC; en Tucumán, la aliada de JxC Beatriz Ávila compite por la intendencia de San Miguel, mientras que el senador del FdT Pablo Yedlin encabeza la lista de legisladores provinciales por el oficialismo local.

La llegada de Rossi a la cámara que preside Cristina Kirchner será la actividad central de la semana en el Senado, que desde que arrancó el período ordinario ha tenido una sola sesión y una nula actividad de comisiones.

Golpeado desde que se fracturó el bloque y perdió la virtual mayoría que tenía, el oficialismo no ha arribado todavía a un acuerdo con la oposición sobre la conformación de las comisiones. Sucede que, ahora, el interbloque FdT quedó con 31 miembros, mientras que Juntos por el Cambio tiene 33, y puede reclamar algunas clave. También aparece en el terreno el bloque Unidad Federal con 5.

El pasado 13 de abril, luego del escándalo que hubo a fines de marzo en el recinto, la Cámara alta logró sesionar y sancionó un paquete de leyes de tenor social que estaban pendientes con dictamen desde el año pasado.

Actualmente, con media sanción de Diputados aguardan por tratamiento la ley de “Mono-Tech”, la reforma del lavado de activos, un proyecto para establecer por ley las becas Progresar, una iniciativa sobre pubertad precoz y la autorización de entrada y salida de tropas, entre los más destacados. También hay un paquete de pliegos judiciales que el Poder Ejecutivo envió para su acuerdo.

¿En qué temas se basará el informe?

Según pudo saber este medio, para el informe por escrito los legisladores realizaron un total de 1.210 preguntas, siendo los bloques UCR y Pro quienes más interrogantes hicieron, pues ambos son los más numerosos de la oposición.

En esa línea, el Ministerio con más consultas fue el de Economía, seguido de una cantidad “importante” de consultas sobre el área de Energía. En menor medida, se encuentran el Ministerio de Justicia y el de Seguridad.

DPP-5.23

El líder de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional oficialista, Hugo Yasky, adelantó la última semana que en los próximos días se comenzaría a tratar en la Cámara baja la reducción de horas en la jornada laboral.

El dirigente habló puntualmente de dos iniciativas, una suya y otra de su par Claudia Ormaechea, dirigente de la Asociación Bancaria. En su caso, él propone reducir la jornada laboral de 48 horas, que es el régimen actual, para pasarlo a 40 horas, sin reducción salarial. De modo tal que el máximo de horas diarias sea de 8 horas y el máximo semanal, reiteramos, 40. En el caso del proyecto de Ormaechea, ella plantea una reducción a 36 horas.

Sin embargo, fuentes de la Comisión de Legislación del Trabajo consultadas por parlamentario.com aclararon que no está previsto allí el inicio de ese debate, sino que el mismo arrancaría en el Senado.

Con todo, allí tampoco pudieron encontrarse precisiones. En la Comisión de Trabajo y Previsión Social que preside la senadora Juliana di Tullio aclararon que no había información sobre el inicio de ese debate y que además la comisión todavía debía ser conformada.

Como sea, si el debate del tema finalmente avanza desde ese lado del Congreso, sería con el proyecto que acaba de presentar el senador kirchnerista Mariano Recalde.

El legislador porteño presentó la semana pasada una batería de iniciativas para “introducir mejoras en el mundo laboral”, y precisamente una de ellas busca unificar en un Código del Trabajo las normas para disminuir la jornada semanal a 36 horas.

El senador kirchnerista propone una reducción de la jornada de trabajo de 48 a 36 horas semanales, con el objetivo de fomentar la semana laboral de cuatro días. En ese sentido, sostuvo que disminuir la jornada de trabajo “incrementa la productividad, disminuye costos empresarios y accidentes, y permite una mejor distribución del empleo, así como de la conciliación entre la vida personal y laboral”.

El senador Recalde encuentra en su propio padre un inspirador para sus propuestas. El exdiputado Héctor Recalde fue autor de numerosas iniciativas en ese sentido y hablaba de una “repartición del trabajo”, y consideraba que “limitar la jornada laboral y evitar la sobreocupación de trabajadoras y trabajadores promueve la contratación y generación de nuevos puestos de trabajo”.

Está claro que en un año electoral, y sobre todo con las características que ha asumido el Congreso en este tiempo, con un oficialismo en minoría en ambas cámaras, se dificultaría semejante debate. Aunque podría valerle al oficialismo el esfuerzo de avanzar con esa discusión para vincularla incluso a la campaña electoral.

Más allá de la escisión que sufrió el interbloque Frente de Todos en febrero pasado, el oficialismo contaría con el número para hacer avanzar un proyecto de ese tipo en la Cámara alta.

En Diputados hay más proyectos que los ya citados. El de Yasky, data del 4 de marzo del año pasado, en tanto que el de Ormachea es de dos días antes y prevé una reducción de horas mayor que el otro.

Pero hay otras iniciativas que permiten albergar expectativas de que este sea un debate que más temprano que tarde pueda llegar a darse. Sobre todo porque no solo el oficialismo ha impulsado estas propuestas.

Hay un proyecto de julio del año pasado que fue presentado por Sergio Palazzo, y establece una jornada diurna de hasta un máximo de 8 horas, en tanto la jornada semanal no exceda de cuatro días.

La izquierda también tiene propuestas en ese sentido. Nicolás del Caño presentó el 9 de septiembre pasado un proyecto para reducir la jornada de trabajo a 6 horas diarias y 30 semanales. Hay también en el mismo sentido un proyecto de Eduardo Valdés para que la duración de la jornada de trabajo no exceda de 6 horas o 30 semanales. Y para contemplar eventuales aliados para un debate, hay que citar también el proyecto que el socialista Enrique Estévez presentó el 15 de marzo pasado para reducir la jornada laboral a 36 horas semanales, al tiempo que establece que las horas suplementarias no puedan exceder las 30 horas mensuales y las 200 horas anuales.

Con una gran representación de investigadores y científicos de todo el país se realizó este viernes, en el Salón Azul, del Senado de la Nación, la XVI Edición de los Premios Balseiro, organizada por el Foro de Ciencia y Tecnología para la Producción junto al senador oficialista Sergio Leavy.

En la oportunidad se entregaron 6 Premios Balseiro, 7 Diplomas y 3 Reconocimientos a la Trayectoria dentro de las categorías Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i); Grupo de Trabajo; Investigador Joven e Iniciativas con aplicación a la producción de bienes y servicios.

La bienvenida estuvo a cargo del senador salteño Sergio Leavy, quien destacó que “Argentina se configuró como un país con industrias, pero sin duda, nos falta dar ese salto exponencial que nos coloque dentro del grupo de países industrializados donde el desarrollo de la ciencia y la tecnología acompañe los procesos productivos”.

“Nos encontramos frente a una nueva era, la de la inteligencia artificial, donde más que nunca la ciencia y tecnología debe volver a estar al servicio del hombre, porque sus consecuencias e impacto en el mercado de trabajo pueden llegar a ser devastadoras”, puntualizó Leavy.

A continuación, el presidente de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Fernando Peirano expresó que “la promoción es más que transferir recursos, por eso en los últimos años la Agencia viene recuperando no solo las adjudicaciones a cientos de proyectos, sino el acompañamiento y la porosidad de sus paredes para ser un organismo abierto a lo que el sistema de ciencia e investigación necesita y para ser más federales e inclusivos”, y agregó que “hoy tenemos una situación económica difícil a nivel macro pero pujante y vibrante a nivel micro, con cientos de empresarios y científicos apostando al desarrollo productivo de nuestro país, tenemos que ser protagonistas de los nuevos cambios anclándonos en el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación”.

Por su parte el secretario del Foro de Ciencia y Tecnología para la Producción, Marcelo Daelli, destacó ante más de 400 asistentes que “el objetivo de este premio tiene que ver con promocionar el talento colaborativo argentino y ayudar al desarrollo de la tecnología en nuestro país. La Vinculación Tecnológica Argentina es una realidad que tiene más de 30 años aportando soluciones innovadoras en distintas áreas”.

En primer lugar, Leavy entregó el Diploma de Honor del Senado de la Nación por su trayectoria al ingeniero Alfredo Fuertes, quien se transformó en un adalid en la defensa del agua para la provincia de Salta, tanto en lo académico, en ámbitos estatales como en organizaciones no gubernamentales. También recibieron una Placa del Foro de Ciencia y Tecnología para la Producción por Reconocimiento a la Trayectoria el diputado (MC) Jorge Alberto Rodríguez y el presidente de la Fundación Pablo Cassará, Jorge Alberto Cassará.

A la hora de entregar las estatuillas se sumaron la senadora neuquina Silvia Sapag y comenzaron con la categoría Investigador Joven, recibiendo estatuillas el ingeniero David Ezequiel Medina, de la Universidad Nacional de Jujuy, y el doctor Leandro Bugnon, de la Universidad Nacional del Litoral, y Diplomas de Honor el doctor Luciano Edmundo Marasco, de la Universidad de Oxford y la doctora María Roxana Martínez, de la Universidad Abierta Interamericana.

En la categoría Grupo de Trabajo, se entregaron los Premios Balseiro al Laboratorio de Inmunología y Desarrollo de Vacunas de la Universidad Nacional de Cuyo – CONICET; al equipo interdisciplinario para diseño de materiales anti covid, del Instituto de Química del Sur (INQUISUR) y al Departamento de Química Universidad Nacional del Sur (UNS) – CONICET.

En la categoría Instituciones de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), recibieron estatuillas la Secretaría de Investigación, Creación Artística, Desarrollo y Transferencia de Tecnología de la Universidad Nacional de Río Negro y la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Nacional de Mar del Plata y se entregaron Diplomas de Honor a la Asociación Civil Tecnológica del Sur; al Departamento de Vinculación y Transferencia de Tecnología de la Universidad Nacional de Río Cuarto y a la Dirección de Producción de la Municipalidad de Tres de Febrero.

En la categoría Iniciatias con Aplicación a la Producción de Bienes y Servicios obtuvieron su estatuilla la Fundación Saberr – Saberr SRL – Blu SL (España) y el Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica (CEDyAT) y se entregaron Diplomas de Honor al Consorcio Público Privado Instituto de Hidrología de Llanuras (IHREDA) – Redimec SRL – Autoridad del Agua Provincia de Buenos Aires y a Martin Montecelli, Alfonsina Robles González y Guillermo Tamarit, de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA).

La distinción del CEDyAT fue recibida por su director ejecutivo, Fabián Ruocco, quien se dirigió a los presentes en nombre de los galardonados. En su discurso, enfatizó la importancia de “poner las ideas en acción” y aseguró que “de eso se trata la vinculación tecnológica”. Sostuvo que los Premios Balseiro tienen la capacidad de visibilizar el talento que en las provincias y localidades producen desarrollo concreto y tangible, al tiempo que puso de relieve el rol clave que vienen desempeñando las tecnologías de la comunicación como parte “de este cambio cultural que se viene dando de la mano de la digitalización”.

Los distinguidos recibieron un Diploma de Honor junto con una estatuilla diseñada por el escultor argentino Enio Iommi que representa el progreso del trabajo y del presente constructor de futuro con las herramientas de la tecnología.

El Premio, instituido por convenio con el Ministerio de Educación y el Foro de Ciencia y Tecnología para la Producción, en 1993, tiene el objetivo de valorar el aporte de investigadores e investigadoras jóvenes, universidades, institutos y otras entidades dentro de los sectores de la producción de bienes y servicios que han realizado aportes significativos al desarrollo de la innovación y la tecnología.

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, daría su primer informe de gestión ante el Senado el próximo jueves 11 de mayo. Esa es la fecha prevista tanto desde el interbloque oficialista como desde la Jefatura de Gabinete, según pudo saber parlamentario.com. Sin embargo, todavía no se convocó oficialmente a la sesión informativa.

El funcionario ya tuvo su debut en la Cámara baja, lugar que conoce a la perfección, el pasado 29 de marzo, cuando dio un discurso cargado de política, defendió los DNU de canje de deuda como una “herramienta para combatir la inflación” y se refirió a la inseguridad por el narcotráfico en Rosario, lugar en el que vive. En la previa había enviado el informe por escrito que respondía a más de 3.000 preguntas que enviaron los legisladores.

En caso de concretarse su visita, el ministro coordinador lo haría en la previa de un “súper domingo” electoral, que concentrará la mirada en los comicios de cinco provincias: La Pampa, San Juan, Salta, Tucumán y Tierra del Fuego.

De hecho, los cierres de campaña en esos distritos tendrán a algunos senadores abocados a sus terruños: por ejemplo, en Tierra del Fuego el radical Pablo Blanco es el candidato a gobernador por JxC; en Tucumán, la aliada de JxC Beatriz Ávila compite por la intendencia de San Miguel, mientras que el senador del FdT Pablo Yedlin encabeza la lista de legisladores provinciales por el oficialismo local.

Pese a ello, si se confirma la llegada de Rossi a la cámara que preside Cristina Kirchner, esa sería la actividad central del Senado, que desde que arrancó el período ordinario ha tenido una sola sesión y una nula actividad de comisiones.

Golpeado desde que se fracturó el bloque y perdió la virtual mayoría que tenía, el oficialismo no ha convocado al debate de proyectos en comisiones ni una sola vez, pero tampoco la oposición -ahora en superioridad- a alguna de las comisiones que preside para, al menos, tener algún tipo de encuentro informativo.

El pasado 13 de abril, luego del escándalo que hubo a fines de marzo en el recinto, la Cámara alta logró sesionar y sancionó un paquete de leyes de tenor social que estaban pendientes hacía tiempo.

Actualmente, con media sanción de Diputados aguardan por tratamiento la ley de “Mono-Tech”, la reforma del lavado de activos, un proyecto para establecer por ley las becas Progresar, una iniciativa sobre pubertad precoz y la autorización de entrada y salida de tropas, entre los más destacados. También hay un paquete de pliegos judiciales que el Poder Ejecutivo envió para su acuerdo.

Concluido el mes de abril, la actividad en el Congreso de la Nación siguió siendo bien distinta en ambas cámaras. Apenas una sesión hubo en cada una, lo cual en definitiva no es muy distinto de lo que suele suceder en los años electorales, pero conocido el contexto, el panorama no es demasiado alentador.

A pesar del final de año controvertido que tuvo la Cámara baja, enfrentada la principal oposición con la principal autoridad, a lo que se sumó este año el conflicto por el juicio a la Corte Suprema, mal que mal Diputados logró hilvanar una actividad continua y el decidido interés de realizar al menos una sesión mensual.

En la otra Cámara el panorama es bien distinto. A partir del hecho de haber perdido el oficialismo la virtual mayoría en el Senado, el Cuerpo ha entrado en una suerte de parate que no parece tener solución. Pero finalmente pudieron ponerse de acuerdo al menos para realizar una sesión, que presidió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la que se aprobó una serie de pliegos, como así también se convirtieron en ley los proyectos de Alcohol Cero; el de Fortalecimiento de la Justicia de Santa Fe; la Ley Lucio, el reconocimiento a la Lengua de Señas Argentina; la agilización de la renovación del CUD; la jerarquización del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, y se aprobó con modificaciones una modificación del Impuesto a las Ganancias para dar exenciones a trabajadores de la salud.

Esa fue la única actividad que tuvo a lo largo del mes la Cámara alta. No hubo comisiones, solo la apertura de alguno de los salones del Cuerpo para la presentación de algún proyecto de los senadores, más las reuniones de la vicepresidenta en su despacho.

Ni siquiera hubo una presentación del jefe de Gabinete, que en marzo se había presentado en la Cámara baja y se esperaba que en abril concurriera al Senado. Veremos si lo hace este mes de mayo.

Panorama de la Cámara baja

Diputados, como hemos dicho, tuvo una sola reunión. Fue el 19 de abril, y se aprobaron 3 leyes: el diagnóstico humanizado sobre síndrome de down; el reconocimiento de títulos de grado de Educación Superior en el Mercosur, y la exención del pago de Ganancias para las guardias médicas.

También tuvieron media sanción el proyecto de prevención y represión del lavado de activos; el Programa Pubertad Precoz; la creación por ley de las Becas Progresar; la entrada y salida de tropas, y la declaración de Monumento Natural de la especie Aguila Harpía.

Una docena de comisiones trabajaron durante el segundo mes del período ordinario, siendo la más activa, previsiblemente, la de Juicio Político, que tuvo tres reuniones: los días 11, 18 y 25 de abril. Solo se salteó la primera semana del mes, por la celebración de Semana Santa.

El 12 de abril fue el día más prolífico de reuniones de comisiones. Ese día se reunieron las de Deportes, para analizar el tema de la elección de deportistas para los Premios Islas Malvinas; la de Defensa, que dio dictamen favorable al proyecto que autoriza el ingreso y salidas de tropas nacionales e internacionales; y la de Economías y Desarrollo Regional, que preside el formoseño Ramiro Fernández Patri, para tratar precisamente un proyecto de ese diputado que brinda beneficios para la producción orgánica en todo el país. Fue una reunión informativa de la que tomaron parte funcionarios, productores y representantes de empresas certificadoras. 

Ese mismo día también se constituyó el Grupo Parlamentario de Amistad con la República de Armenia, que eligió como presidenta a la cordobesa camporista Gabriela Estévez.

Otro que se constituyó en abril fue el Grupo de Amistad con Cuba, que eligió como presidenta a la santafesina Alejandra Obeid.

El martes 18 de junio, en vísperas de la sesión de Diputados se reunió un plenario de las comisiones de Legislación General, de Finanzas y de Legislación Penal, con el fin de emitir el dictamen que permitiera debatir al día siguiente el proyecto que modifica la normativa sobre lavado de activos. Hubo uno de mayoría, del oficialismo, que con disidencias firmó también el Pro, y otro en minoría, suscripto por el resto de la oposición.

Al día siguiente, en la previa de la sesión, se reunió la Comisión de Transporte, que preside el radical Jorge Rizzotti, que dio curso a la incorporación de vehículos eléctricos a la Ley Nacional de Tránsito.

El jueves 20 de abril hubo dos reuniones de comisión. La de Relaciones Exteriores y Culto, que avaló un “Protocolo de Control y Prevención del virus del Dengue y el Protocolo de Vigilancia Epidemiológica del Mercosur de la enfermedad por virus Zika”.

Y una informativa de la Comisión de Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias y Previsionales, presidida por el diputado nacional Martín Tetaz, que debatió con especialistas sobre los motivos, causas y magnitudes de la evasión fiscal en la República Argentina.

En la última semana del mes, el 26 de abril se reunió la Comisión de Cultura para dar dictamen -entre otros temas- al proyecto de ley sobre la creación de una red federal de bibliotecas parlamentarias referenciadas con la del Congreso. El mismo día se reunió la Comisión de Discapacidad, que debatió un paquete de proyectos de ley y de resolución, entre ellos la adopción del Símbolo Internacional de Accesibilidad Universal y la incorporación de un artículo a la ley de personas con TEA.

El 27 de abril, se celebró la última reunión de comisión del mes en Diputados. Fue la Comisión de Legislación General, que preside el salteño Lucas Godoy, que comenzó a debatir con invitados un proyecto del presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, para modificar la Ley de Sociedades por Acciones Simplificadas.

Así las cosas, hubo a lo largo del mes 13 reuniones de comisión, más un plenario. Y fueron 12, como dijimos, las comisiones que trabajaron en el segundo mes del año.

Un contraste notorio con el Senado, prácticamente inactivo, mas tampoco es que la Cámara baja haya tenido muchísima acción. Por el contrario, viene menguando su actividad, fundamentalmente en lo cualiltativo. Los grandes temas no logran ser debatidos y no hay dictámenes de suma importancia que habiliten el  tratamiento posterior de proyectos clave en la Cámara baja.

Con todo, llevan este año tres sesiones (28 de febrero, 28 de marzo y 19 de abril), más la informativa con el jefe de Gabinete.

Comisiones que se reunieron a lo largo del año en Diputados

Juicio Político: 11 veces

Presupuesto: 4 veces

Comercio: 3 veces

Industria: 2 veces

Legislación Penal: 2 veces

Finanzas: 2 veces

Legislación General: 2 veces

Recursos Naturales: 1

Previsión y Seguridad Social: 1

Minería: 1

Justicia: 1

Ciencia y Tecnología: 1

Agricultura y Ganadería: 1

Deportes: 1

Economía y Desarrollo Regional: 1

Defensa: 1

Transporte: 1

Relaciones Exteriores: 1

Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias y Previsionales: 1

Cultura: 1

Discapacidad: 1

A lo largo del año legislativo 2022, se presentaron 3.009 proyectos de ley. 2.108 fueron en la Cámara de Diputados y 901 en el Senado, según informó oportunamente el sitio Dequesetrata.com.ar. De todos ellos, la diputada del Frente de Todos Graciela Caselles es la que más proyectos de ley presentó a lo largo de ese año, uno más que Graciela Camaño.

En el Senado, la riojana María Clara del Valle Vega lideró ese ranking, con 58 iniciativas, seguida por la rionegrina Silvina García Larraburu, con 53.

Esos datos surgen de un informe realizado por Parlamentario para su Indice de Calidad Legislativa. El período analizado en el trabajo va del 1 de marzo de 2022 hasta el 28 de febrero de 2023, de manera tal de contemplar todo el último período ordinario.

La presentación de proyectos es solo una parte de la actividad legislativa. Como dar discursos en el recinto, o participar en las comisiones. Cada legislador tiene funciones que prioriza en función de las necesidades de su bancada.

Están aquellos cuyas responsabilidades hacen priorizar otras cosas, como los jefes de bancadas. Es así que el jefe del bloque oficialista de la Cámara de Diputados, Germán Martínez, fue uno de los que no presentó proyectos de ningún tipo, al menos el año pasado (este año acaba de impulsar una reforma de las Sociedades de Acciones Simplificadas), o el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, cuyas funciones pasan fundamentalmente por encabezar la comisión más importante de la Cámara.

Los proyectos de ley son los más importantes y, como dijimos, la sanjuanina Graciela Caselles es la que más iniciativas de ese tipo presentó. Su última iniciativa del año pasado es una modificación de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, adecuándola a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. También llegó a presentar una modificación del Código Penal de la Nación sobre alcohol cero para conductores. Es autora también de un proyecto para derogar las PASO.

Quien le sigue en la Cámara baja, Graciela Camaño, ha presentado a lo largo de su extensa carrera legislativa nada menos que 566 proyectos de ley. El último que presentó el año pasado data del 18 de octubre, y tiene que ver con la aprobación de disposiciones aplicadas en el Protocolo de Torremolinos de 1993, referido a la seguridad de buques pesqueros.

También es autora de un proyecto para proteger los humedales, y una reforma del Código de Minería, prohibiendo la actividad extractiva en los fondos marinos.

En el Senado, citábamos a la senadora Vega, cuyo último proyecto de ley fue presentado el 22 de febrero pasado y habla de campañas de concientización para niñas, niños y adolescentes denominadas “quereme, respétame, cuidame”.

También ha propuesto una modificación de la Ley sobre Derechos del Paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, creando el Registro Gratuito de directivas anticipadas para Personas Mayores.

El último proyecto de Silvina García Larraburu fue para declarar el estado de emergencia por heladas en el Alto y Medio Valle de la provincia de Río Negro, como así también ha presentado un proyecto para crear el Régimen de Promoción de la Olivicultura Patagónica. Es autora además de un proyecto para penar en el Código Penal la publicación y/o disminución de imágenes no consentidas de desnudez o videos de contenido sexual o erótico de personas.

Otros tipos de proyectos

En el Senado hay cuatro categorías de proyectos: de ley, de declaración, de resolución y de comunicación. En Diputados, no existen los de comunicación. En la Cámara alta, la formoseña Nora del Valle Giménez (Frente de Todos) es la que más proyectos de declaración suscribió el año pasado: 232, seguida por el radical chaqueño Víctor Zimmermann (202).

El sanjuanino Roberto Basualdo presentó 98 proyectos de comunicación, y lidera ese ránking, a gran distancia del segundo: Juan Carlos Romero (29). En materia de proyectos de resolución, lidera la tucumana Beatriz Avila, con 11.

En Diputados, el santafesino Roberto Mirabella encabezó, con 45 proyectos, catorce más que la salteña Virginia Cornejo.

En proyectos de resolución, lideró Gerardo Milman, con 87 iniciativas de ese tipo, seguido por la catamarqueña Silvana Ginocchio, que presentó 72.

Los que menos presentaron

Solo ocho diputados no presentaron ningún proyecto de ningún tipo a lo largo del anterior período legislativo. Estos fueron Nelly Daldovo, Bernardo José Herrera, Javier Milei, Rodolfo Tailhade, Lucio Yapor, Natalia Zabala Chacur, y los ya citados Germán Martínez y Carlos Heller.

Los que no presentaron proyectos de ley el año pasado fueron Miguel Bazze, María Cristina Britez, Guillermo Carnaghi, Laura Castets, Susana Landriscini, Aldo Leiva, Nilda Moyano y Nancy Sand.

En la Cámara alta, no hubo ningún senador que no presentara ningún tipo de proyectos. No presentaron ni un proyecto de ley Martín Lousteau (presentó uno de declaración) y Humberto Schiavoni (autor de dos de comunicación).

CAMARA DE SENADORES

PROYECTOS DE LEY		PROYECTOS DE DECLARACION
1°) María Clara del Valle Vega	58	1°) Nora del Valle Giménez	232
2°) Silvana G. Larraburu	53	2°) Víctor Zimmermann	202
3°) Lucila Crexell	49	3°) Antonio Rodas	106
4°) Roberto Basualdo	48	4°) María Clara del Valle Vega	89
5°) Sergio Leavy	38	5°) María Eugenia Duré	88
6°) Beatriz Avila	33	6°) María Victoria Huala	62
7°) Antonio Rodas	32	7°) Beatriz Avila	58
8°) Anabel Fernández Sagasti	25	8°) Ana María Ianni	53
Gladys González	25	9°) Marcelo Lewandowski	51
10°) Silvia Sapag	23	10°) María Inés Pilatti Vergara	50
11°) Carlos Alberto Linares	21	11°) Cristina López Valverde	42
12°) Cristina López Valverde	20	12°) Pablo Daniel Blanco	41
Julio César Martínez	20	13°) Sergio Leavy	38
14°) Mario Fiad	18	14°) Silvina García Larraburu	37
15°) Daniel Bensusán	17	15°) Adolfo Rodríguez Saá	33
16°) Nora del Valle Giménez	16	16°) Julio César Martínez	32
		17°) Juan Carlos Romero	29
		18°) Silvia Giacoppo	27
		Carlos Linares	27
		20°) Sandra Mendoza	23
		21°) Lucila Crexell	19
		22°) Stella Maris Olalla	15

PROYECTOS DE COMUNICACIÓN		PROYECTOS DE RESOLUCION
1°) Roberto Basualdo	98	1°) Beatriz Avila	11
2°) Juan Carlos Romero	29	2°) Víctor Zimmermann	8
3°) Lucila Crexell	28	3°) Dionisio Scarpin	6
4°) Ignacio “Nacho” Torres	27
5°) Pablo Daniel Blanco	24
Sergio Leavy	24
7°) María Clara del Valle Vega	16
Eduardo Vischi	16
Víctor Zimmermann	16
10°) Edith Terenzi	15

CAMARA DE DIPUTADOS

PROYECTOS DE LEY		DE DECLARACION		DE RESOLUCION
1°) Graciela Caselles	46	1°) Roberto Mirabella	45	1°) Gerardo Milman	87
2°) Graciela Camaño	45	2°) Virginia Cornejo	31	2°) Silvana Ginocchio	72
3°) Graciela Ocaña	41	3°) Gerardo Milman	28	3°) Gisela Marziotta	58
4°) Emiliano Estrada	39	Victoria Morales Gorleri	28	4°) Graciela Ocaña	57
5°) Alberto Asseff	37	5°) Estela Hernández	26	5°) Alberto Asseff	49
6°) Carla Carrizo	32	6°) Karina Bachey	24	6°) Carlos Zapata	47
7°) Romina del Plá	30	Romina del Plá	24	7°) Marcelo Orrego	44
8°) Gerardo Milman	27	8°) Diego Sartori	20	8°) Karina Bachey	43
Miguel Nanni	27	9°) Carlos Ponce	19	9°) Victoria M. Gorleri	41
Carlos Selva	27	10°) Eugenia Alianiello	18	10°) María Sotolano	37
11°) Soledad Carrizo	26	11°) Mónica Macha	17	11°) Susana Laciar	36
Marcelo Orrego	26	Alejandra Obeid	17	12°) Soher El Sukaria	35
Hernán Pérez Araujo	26	13°) Mabel Caparrós	16	Juan Carlos Polini	35
14°) Gisela Marziotta	25	Martín Maquieyra	16	14°) Soledad Carrizo	34
Lucila Masín	25	15°) Juan Martín	15	Matías Taccetta	34
16°) Silvana Ginocchio	24	Dina Rezinovsky	15	16°) Hernán Lombardi	33
Ricardo López Murphy	24			Ricardo López Murphy	33
18°) Carolina Gaillard	23			18°) Juan Manuel López	32
Marcela Passo	23			19°) Graciela Caselles	30
20°) Julio Cobos	22			María Victoria Tejeda	30
Gabriela Estévez	22			21°) Waldo Wolff	26
Dina Rezinovsky	22			22°) Ximena García	25
23°) José Luis Gioja	20			23°) Mabel Caparrós	23
Silvia Lospennato	20			Sebastián Salvador	23
Mónica Macha	20			Mariana Zuvic	23
Alejandra Obeid	20			26°) Virginia Cornejo	22
Paula Oliveto	20			27°) Hernán Pérez Araujo	21
Mariana Stilman	20			28°) Karina Banfi	20
Martín Tetaz	20			Alejandra Obeid	20
30°) Héctor Baldassi	19			Cristian Ritondo	20
Marcela Campagnoli	19			Diego Sartori	20
Gabriela Lena	19			32°) Rolando Figueroa	19
Roberto Mirabella	19			33°) Ingrid Jetter	18
34°) Enrique Estévez	18			Susana Landriscini	18
Martín Maquieyra	18			Dolores Martínez	18
36°) Karina Banfi	17			Marcela Passo	18
Mónica Frade	17			Francisco Sánchez	18
Lucas Godoy	17			38°) Mónica Macha	17
Vanesa Massetani	17			Marisa Uceda	17
Sergio Palazzo	17			40°) Victoria Borrego	16
41°) Jorge Rizzotti	16			Graciela Camaño	16
42°) Alicia Aparicio	15			Gabriela Estévez	16
Martín Berhongaray	15			Roxana Reyes	16
Myriam Bregman	15			44°) Héctor Stefani	15
Mónica Fein	15			Danya Tavela	15
Maximiliano Ferraro	15
Estela Hernández	15
Claudia Ormachea	15
Agustina Propato	15
Matías Taccetta	15
Carlos Zapata	15

El senador nacional Oscar Parrilli (UC – Neuquén) habló este viernes sobre los dichos de la vicepresidenta Cristina Kirchner en La Plata, y expresó que “debemos armar un programa y expresarle al pueblo argentino nuestras propuestas para resolverle los problemas”.

En esa línea, remarcó que la expresidenta “fue precisa y dio líneas para guiar por donde ir”. “Instaló que debemos capacitarnos en formación política para llegar porque no se pueden discutir políticas sin conocer, sino después se movilizan por consignas, odio y venganza”, señaló.

En declaraciones a Radio 10, el senador kirchnerista consideró que “debemos rescatar que ella instala una escuela de formación política” y “rescata una permanente preocupación del Justicialismo sobre creación de escuelas de formación peronista”.

“Es importante que debatamos los problemas importantes que tiene la Argentina, sobre todo estructurales, y cuáles son los hechos que nos impiden solucionar los problemas que nos dejó el macrismo”, aseveró. Del mismo modo, afirmó que “la falta de dólares y la deuda con el Fondo Monetario Internacional son los causantes de esta situación”.

En sintonía con la vicepresidenta, coincidió respecto a que el acuerdo actual con el FMI “es impagable en este contexto”, y advirtió: “Yo no lo voté al acuerdo con el FMI sabiendo lo que era porque repetimos el acuerdo que había hecho Mauricio Macri que era malo”. “Lamentablemente se agravó con la sequía”, indicó.

Así también, responsabilizó al exministro de Economía: “No es un problema de enojo con Martín Guzmán, pero es un problema que él nos dejó y por eso suceden las circunstancias en que hoy estamos”.

En el cierre, Parrilli remarcó que los dólares “han sido fugados”, y explicó: “Nuestro Gobierno dispuso de muchos dólares que se fueron en intereses de deuda internacional privada. Hubo 5.000 millones de dólares fugados que podían haber sido reutilizados”.

Por último, expresó: “Debemos elaborar una propuesta de gobierno y cuidar que el crecimiento de 2021 no se lo lleven cuatro vivos”. “Desde diciembre 2019 hasta marzo 2023 tenemos superávit comercial”, finalizó.

En el marco de un homenaje a la dirigencia sindical celebrado a 40 años del retorno de la democracia, fueron distinguidos en la Cámara alta Hugo Moyano, Hugo Yasky y Julio Piumato, entre otros sindicalistas.

El evento, encabezado por la senadora riojana María Clara del Valle Vega (Hay Futuro Argentina), tuvo lugar en la tarde de este martes, en el Salón Azul del Senado.

“Pensamos en reunir a los principales referentes del sindicalismo y, hoy, este sueño se está concretando porque creemos importante destacar, visibilizar y recordar de dónde venimos y quienes pusieron el pecho en los momentos más difíciles de nuestro país”, expresó Vega al inaugurar el evento.

El objetivo del homenaje fue resaltar el valor clave del sindicalismo en el fortalecimiento del sistema democrático a través del reconocimiento a distintos líderes sindicales protagonistas de los últimos 40 años.

Los homenajeados fueron Hugo Moyano, exsecretario general de la CGT y actual secretario general del Sindicato de Conductores de Camiones, y Noé Ruiz, secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género de la CGT.

También recibieron su distinción el diputado Hugo Yasky (Frente de Todos), secretario general de la CTA y exsecretario general de la CTERA; Julio Piumato, secretario de Derechos Humanos de la CGT y secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación; Oraldo Norvel Britos, dirigente ferroviario y de la resistencia peronista, diputado y senador nacional MC y Lorenzo Pepe, dirigente ferroviario, diputado Nacional MC y militante de la resistencia peronista.

Formaron parte del homenaje los representantes de los trabajadores del Congreso de la Nación, Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL); Claudio Britos, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Martín Roig, secretario general de la Unión Personal Civil de La Nación (UPCN), entre otras autoridades sindicales.

Además, fueron recordados los fallecidos e “íconos de los trabajadores”, Saúl Ubaldini, secretario general de la CGT entre 1986 y 1990; y Gerónimo “Momo” Venegas, ex secretario general de UATRE y ex titular de las 62 Organizaciones Peronistas.

Con la presencia del intendente de Florencio Varela, Andrés Watson y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza quedó inaugurada la muestra fotográfica The Walking Conurban, en el Senado de la Nación. Por iniciativa de la senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Juliana di Tullio, el evento contó con un conversatorio del que participaron el Decano del Departamento de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional de Avellaneda, Jaime Sorín; Diego Flores y Guillermo Galeano, integrantes del colectivo The Walking Conurban; y la periodista Gimena Fuertes, quien ofició de moderadora.

“Me genera una gran emoción que haya pibes que puedan ver la belleza popular y sentirse orgullosos de la cultura del pueblo y hacer de eso una muestra de arte. Ellos saben cuál es el orgullo que sentimos los y las bonaerenses de vivir en el conurbano”, aseguró Di Tullio y continuó “hay una mirada despectiva hacia el conurbano desde los medios de la Capital Federal, un prejuicio que hay que desarmar y la única manera de hacerlo es a través del arte”.

Por su parte, Sorín resaltó el trabajo del colectivo de artistas sobre la difusión de la arquitectura conurbana y afirmó que “la buena arquitectura no tiene que reflejar lo que aprendemos de las revistas, sino que tiene que reflejar cuáles son las necesidades reales de aquellos que van a vivir, estudiar,  ir a los hospitales o a trabajar en las fábricas y oficinas que están en el territorio. Tenemos que ser capaces de reflejar ese territorio”.

Para culminar, Torres y Galeano hicieron una semblanza de cómo nació el proyecto The Walking Conurban. “Rastreando y leyendo un poco, nos dimos  cuenta de que el conurbano carecía de narrativas propias, porque cuando se lo pensaba, se hacía del centro a la periferia. Eso genera un efecto sobre los habitantes, que incorporaron esos estigmas y se creyeron la propia caricatura que hacía de ellos, de uno mismo. Discursos como los que intentamos construir desde The Walking Conurban sirven para desmontar esas operaciones que se hacen sobre el territorio”.

Luego del panel, la senadora bonaerense hizo entrega de diplomas a los responsables de la muestra, por “la difusión y defensa de la identidad del conurbano bonaerense”.

The Walking Conurban tiene como plataforma primordial de difusión las redes sociales. A través de sus cuentas en Instagram @thewalkingconurban y Twitter @walkingconurban, desde 2018 difunden y cuentan la identidad del conurbano bonaerense, retratando su cotidianeidad y rescatando su olvidada iconicidad.

La muestra de fotografías The Walking Conurban podrá visitarse hasta el 2 de mayo en el Salón de las Provincias, Senado de la Nación, Hipólito Yrigoyen 1849, CABA, de lunes a viernes de 10 a 18 h. Entrada libre y gratuita.

En el marco de la 5ta fecha del Turismo Carretera, la Cámara de Senadores hizo entrega del Diploma de Honor a la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC) por ser un deporte federal y al exsenador nacional y expiloto Julio César Catalán Magni quien fuera el primer presidente de la Comisión de Deporte del Senado por su “destacada actuación en el TC y por el impulso a la actividad deportiva con su gestión como titular de dicha Comisión”.

El evento fue organizado por el senador oficialista Gerardo Montenegro (FdT) quien no pudo estar presente, por lo que el riojano Ricardo Guerra estuvo al frente del mismo que se llevó a cabo en el Salón Azul.

El proyecto por el que se realizó dicha jornada es el expediente 741/23 que declara de interés deportivo y carácter federal de la carrera que realizará la ACTC en Concepción del Uruguay el 29 y 30 de abril en conmemoración de los 170 años de la sanción de la Constitución Nacional y por las cuatro décadas de democracia de Argentina.

Acompañaron a Guerra en el estrado el intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, el presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, Julián Forclaz, presidente del Autódromo de Concepción del Uruguay, el contador público y presidente del Grupo Organizador, Juan Carlos Lucio Godoy, y los pilotos del TC Facundo Ardusso, Mauricio Lambiris y Matías Canapino.

Guerra hizo entrega del Diploma de Honor a la ACTC “por su labor federal por su desarrollo de actividad deportiva”. También le dio al presidente de la institución tres 3 ejemplares de la Constitución Nacional para ser entregados a los ganadores en la próxima carrera.

El evento

El senador nacional Gerardo Montenegro (FdT – Santiago del Estero) no pudo estar presente en el encuentro, pero envió un mensaje agradeciendo a los miembros de la ACTC, corredores, periodistas deportivos y a todos los “simpatizantes de este apasionado deporte que une todos los rincones de la patria”.

En especial, agradeció a su par de bancada Guerra por “asumir la responsabilidad de representación y conducción de este merecido reconocimiento a la ACTC”. Felicitó a los miembros por su “labor incansable en todo el país que une a todos los apasionados argentinos de las carreras sin distinción de ideologías políticas, que demuestra que en el deporte no existen grietas”.

Previo a tomar la palabra, la locuta del evento destacó que el riojano Ricardo Guerra fue distinguido por Revista Parlamentario en los premios parlamentario 2022 como senador por su provincia por su labor parlamentaria.  

Al abrir el evento, Guerra brindó una “cordial” bienvenida a los presentes y destacó que el TC es un “deporte tan apasionante que tiene tanta afición en el país”. “El senador Montenegro organizó el evento, pero por cuestiones referentes a su función han impedido que venga a Buenos Aires y con gusto lo represento”, explicó el riojano.

“Como dije es un deporte vertiginoso, apasionante de una amplísima afición en el país y como toda actividad deportiva es fundamental y muy importante”, precisó Guerra y destacó dos aspectos del TC: “Uno de ellos es el concepto de federalismo que tiene porque con su show y todo lo que significa movilizar los autos, los corredores y todo lo que implica ello. Auxiliares, mecánicos, recorren todo el país. El otro aspecto es que siempre vinculan una competencia con hechos de nuestra historia de acuerdo a cada lugar que van mostrando sus destrezas”.

“En el marco de un año muy institucional en lo histórico se van a cumplir los 170 años de la aprobación de la Constitución Nacional y los 40 años de la democracia ininterrumpida. Dos hitos institucionales”.

Luego, el senador oficialista procedió a brindar detalles del Salón Azul para poner a los invitados en contexto del lugar en el que se llevó a cabo el evento y le expresó el “mayor de los éxitos para la próxima competencia”.

A continuación, hizo uso de la palabra al presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, quien agradeció la invitación por “todo lo que representa este Salón y la descripción que se hizo. Nuestra categoría federal y venimos desde hace unas horas de esa ciudad de Calafate cuando hace 9 meses nadie pensaba que el TC se iba a hacer presente ahí. Venimos de una magnífica fiesta y el TC tiene una frase que es ‘a grandes logros, nuevos desafíos’, fue un desafío ir a Calafate y seguimos con los nuevos desafíos que el TC nos tiene acostumbrados”.

“No tenemos que dejar de pensar que la próxima carrera la hacemos en una ciudad histórica, que representa mucho para nuestro país. Ahí estaremos una vez más y Entre Ríos tendrá su carrera de TC. Seguramente será apasionante como lo son todas las competencias y tendremos sin ninguna duda un final feliz”, ponderó Mazzacane y, por último, agradeció al Senado por la distinción.

También habló el intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, expresó: “La próxima carrera será histórica. Julián es el responsable de nuestro autódromo y a los señores pilotos que dan vida a esa categoría”.

“Nosotros la denominamos ‘La histórica’. Mi ciudad conmemora este año cuatro fechas, tres que le son propias y una que es de contexto nacional. En las venas de quienes habitamos la histórica en la genética del pueblo entrerriano más allá de la historia están los fierros. Es una provincia y una ciudad que tiene por el automovilismo y otros deportes una pasión que va más allá inexplicable y deseamos que siga siendo así. Por eso el esfuerzo de tener un autódromo de manera honorífica por el amor que tenemos por la pasión del automovilismo”, expresó Oliva.

A su turno, el presidente del Grupo Organizador, Lucio Godoy, manifestó: “Soy un apasionado del automovilismo, nací arriba de un auto de carreras, corrí poco tiempo. El automovilismo es casi como un porcentaje de un cuarto de mi vida, de la pasión, del gusto, del deporte, pero en este lugar lo que representa el Parlamento Argentino”.

“También me tocó ser diputado nacional y ahí pude expresar todo mi pensamiento. Me siento orgulloso porque Concepción del Uruguay es una ciudad histórica porque toda la lucha que uno hizo para que en la parte que le corresponde de la democracia tiene que ver con la historia”, contó.

Y cerró: “En el deporte no hay grieta. Yo no creo en la palabra grieta, para mi hay diferencias que tienen que existir porque si no, no hay democracia”.

También habló el presidente del autódromo de Concepción del Uruguay, Julián Forclaz, quien de forma breve sostuvo: “Estamos orgullosos del autódromo que tenemos en la ciudad. Espero que tengamos una excelente carrera para recordarla”.

Al cierre de la jornada, hicieron un breve comentario los pilotos. El primer de ellos fue Facundo Ardusso quien manifestó las sensaciones de volver a correr en Entre Ríos: “Llegamos a concepción 5ta fecha necesitamos sumar fuerte. Somos casi locales nuestro principal sponsor. Necesitamos volver a ser protagonistas para eso nos estamos preparando para el equipo para volver a los primeros planos. Espero poder estar en el podio y para eso estamos trabajando para poder llevarnos una Constitución y tenerla en casa”.

A su turno, Mauricio Lambiris afirmó: “Es una carrera muy particular cerca de mi hogar. Es un circuito en el que conseguí mi primer podio en el TC tengo lindos recuerdos. Me siento confiado. Esperamos brindarles un gran espectáculo porque somos lo que somos por la afición. Debemos esforzarnos todos para brindarles eso al público”.

Por último y de forma acotada Matías Canapino aseguró: “Es una carrera que se está haciendo un clásico en el TC, demuestra lo federal que es. Vamos a pelear para conseguir una Constitución”.

La cantante y compositora Hilda Lizarazu inauguró este viernes el ciclo “Música y Democracia” con un show de rock y pop argentino, con entrada libre y gratuita en el Salón de las Provincias del Palacio Legislativo.

En esta presentación, la referente del rock nacional interpretó temas emblemáticos del rock y pop argentino y versiones clásicas que fueron icónicas en el comienzo de la democracia.

“Música y Democracia” es parte de las actividades que organiza el Senado de la Nación en el marco de los 40 años de la democracia. En las próximas presentaciones se sumarán Carolina Peleritti y Teresa Parodi.

El Senado sancionó por unanimidad (48 votos positivos) la Ley de Fortalecimiento de la Justicia Federal de Santa Fe, que tiene como objetivo acelerar el proceso hacia la implementación del sistema acusatorio y contribuir en la lucha contra el narcotráfico.

La norma fue motorizada a partir de la escalada de violencia que se registró en Rosario en los últimos años y, particularmente, en los últimos meses, con la amenaza a Lionel Messi incluida.

De hecho, el proyecto nació del consenso entre diputados oficialistas y opositores de la provincia, que lo presentaron en mayo de 2022, pero recién se aceleró su tratamiento en marzo pasado a partir de todo lo acontecido.

La Cámara baja lo aprobó hace dos semanas atrás, y desde que fue girado al Senado no pasó por comisiones, por lo cual se votó sobre tablas.  

La norma establece la creación de 27 cargos de Fiscal Federal Penal con jurisdicción en el Distrito Federal Rosario, de los cuales 15 tendrán asiento en la ciudad de Rosario; 7 en la ciudad de Santa Fe; 1 en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto; y 1 en San Nicolás, provincia de Buenos Aires.

También, la creación de 9 cargos de Defensor Público Oficial Federal con jurisdicción en el Distrito Federal Rosario, de los cuales 3 tendrán asiento en la ciudad de Rosario; 2 en la ciudad de Santa Fe; 1 en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto.

Además, determina la creación de 1 cargo de Juez Penal Federal con funciones de garantía, con asiento en la ciudad de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto; de 3 cargos Juez Penal Federal con funciones de revisión, con asiento en la ciudad de Rosario y Santa Fe; y de 1 cargo de Juez Penal Federal con funciones de ejecución, con asiento en la ciudad de Rosario y Santa Fe.

Uno de los artículos establece que la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación y el Poder Ejecutivo Nacional “en ejercicio de sus respectivas competencias, tomarán las medidas administrativas y presupuestarias conducentes para la puesta en funcionamiento de los organismos conformados a partir de lo dispuesto en la presente ley, creando los cargos inherentes necesarios y garantizando de igual manera el normal funcionamiento para la conclusión de las causas radicadas con anterioridad a la implementación de la presente ley”.

Asimismo, se expresa que “las causas que se encuentren iniciadas al momento de entrada en vigencia de la presente ley continuarán siendo tramitadas ante los órganos jurisdiccionales actuales hasta su efectiva conclusión”.

El primer orador del debate fue el santafesino Marcelo Lewandowski (FNyP-FdT), quien celebró el proyecto más allá de diferencias técnicas, y aclaró que hasta que se pongan en acción todos los cargos “va a pasar mucho tiempo”. “El tema del narcotráfico no pasa solamente por fortalecer la justicia”, dijo, aunque “es uno de los puntos que es indispensable y fundamental”. 

Además de una necesidad de reformar la policía de Santa Fe o de mejorar las acciones de la justicia y las fuerzas federales, el senador puso el énfasis en la prevención de adicciones. “Una cuestión que no se cambia con leyes es el tema del acompañamiento en las edades más tempranas y la juventud”, apuntó y advirtió que “sin campañas de adicciones, sin oportunidades de vida, todo esto que hagamos con la justicia no va a alcanzar”.

Muy crítica contra el oficialismo, la senadora Carolina Losada (UCR-JxC) reclamó: “Desde el ‘83 que tienen mayoría en este Senado, ¿alguien les cree que no pudieron hacer nada para fortalecer la justicia de Santa Fe? No hicieron nada, de repente me alegro que quieran hacer algo, pero la verdad es que nunca les importó”. 

Al considerar que el tratamiento de este proyecto tiene “oportunismo electoral”, lanzó que “al oficialismo no le gusta mucho fortalecer la justicia, porque a veces la condena”. Sin embargo, tras fustigar sobre iniciativas que no se trataron, como uno referido a “infancias protegidas”, la santafesina destacó que el proyecto de fortalecimiento de la justicia “lo confeccionamos, impulsamos y presentamos” legisladores de la oposición y el oficialismo -salvo Lewandowski- “porque había algo más que nos importaba que la política”. 

El tercer representante por la provincia de Santa Fe, Dionisio Scarpin (UCR-JxC), resaltó la particularidad de la situación de Rosario y advirtió sobre el “grave riesgo” de que “la crecida de violencia, no solo en cantidad sino en los hechos inéditos que fueron ocurriendo a través del tiempo” se terminen “trasladando a otras ciudades y provincias si no lo paramos a tiempo”.  

Al igual que Losada, el radical le pegó a su comprovinciano oficialista porque “no participó de la mesa de trabajo” que elaboró el proyecto y “fue el único legislador que no quiso desprenderse de su individualismo”. 

“Sabemos que esta no es la solución inmediata, pero es una señal política muy fuerte. Las soluciones más inmediatas están en el Poder Ejecutivo, el Gobierno nacional y el gobierno provincial” que “no han hecho nada y además nos han mentido”, subrayó y reclamó que el Frente de Todos designe a sus miembros en la Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal.

Con un durísimo discurso, el presidente de la bancada radical, Luis Naidenoff (UCR-JxC) consideró que este es un tema de “debate político porque comprende distintas aristas”. Al mencionar las alusiones que hubo a la frustrada reforma judicial, resaltó que “era una reforma de poder, que tenía como propósito central la cooptación y no solo el manejo de la justicia, sino ser la justicia”. 

Al pedir “mirar más allá de Santa Fe, mirar más allá de Rosario”, el formoseño alertó que Argentina pasó de ser un país de tránsito “en los últimos 10 años pasamos a ser un país de producción” de droga. “¿Qué han hecho en estos años, qué ha hecho el Gobierno en estos años?”, reclamó y aseveró que “Rosario es quizás la foto más cruda de un Estado pre-anárquico” pero “el narcotráfico golpea en cada rincón de Argentina”. 

En referencia al caso de la cocaína adulterada en el partido de San Martín el año pasado, señaló que “en materia de consumo en estos años no hay acción concreta para frenar el entramado del narcotráfico en Argentina”. Además, puso el fatídico ejemplo de cómo afecta el flagelo en el departamento de Ramón Lista, en su provincia, en las comunidades aborígenes, donde los niños comienzan con el consumo a los 9 años y “no está el Estado”. 

“Este es un problema de frontera, porque el Estado no controla, el Gobierno no controla; es un problema de consumo porque el Gobierno no quiere tampoco frenar; es un problema del Gobierno nacional y las jurisdicciones porque ni siquiera se avanza en convenios interjurisdiccionales. No hay voluntad ni decisión política. Pero lo peor es el reconocimiento, el reconocimiento de un Estado que desertó”, enfatizó. 

Al cuestionar distintas declaraciones del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, Naidenoff fustigó que “el problema del ministro es que nunca dio ninguna batalla” y “nunca van al hueso en nada”. “Lo más vergonzoso de un presidente (Alberto Fernández) que lamentablemente ha perdido respeto político” fue “la reacción ante una balacera a un supermercado de la familia Messi” cuando “camufló el envío del Ejército para la construcción de viviendas sociales”, criticó el radical. 

En el cierre, insistió con que “el Gobierno es el responsable de esta situación” y cargó: “Ustedes pueden considerar que la batalla está perdida pero es un desafío cultural de la Argentina. Ustedes se entregaron”. 

Tras las palabras de Naidenoff, el jefe de la bancada oficialista, José Mayans (FNyP-FdT), cerró el debate con previsibles y durísimas críticas contra Juntos por el Cambio, pero sobre todo contra la justicia. Durante su discurso relativizó el efecto del proyecto en discusión, advirtiendo que “ustedes no se olviden que esto ya llega tarde. Esto tarda como mínimo cuatro años para implementar. ¿Ustedes creen que acá empieza la lucha contra el narcotráfico, con la genial idea que trajeron? No, este es un tema altamente complejo”.

En un pasaje reivindicó al oficialismo diciendo que “estamos haciendo un gesto de grandeza; estamos tratando sin tener en cuenta la situación de otras provincias. Por la emergencia que están teniendo”. 

“Creo que acá hay una crisis del Poder Judicial, que afecta el poder republicano de gobierno”, disparó, advirtiendo que “todos sabemos lo que pasó en la administración de los que se sacaban fotos con (Mauricio) Macri”, y lanzó: ¿Qué hizo la administración Macri con la justicia y cómo trabajaron para perseguir a los políticos opositores, a los sindicalistas opositores, los empresarios opositores? Era un plan sistemático del gobierno utilizando la justicia”.

“¿Cómo era ese plan? Primero, la falsa información en todos los medios, que obviamente tenía su afectación en el sistema político; después la denuncia; a partir de la denuncia, ¿dónde sale sorteada  la causa? Al juez (Julián) Ercolini o (Claudio) Bonadío”, continuó.

El formoseño sostuvo que la gestión macrista “destrozó la justicia argentina”, y tras fustigar también a la Corte Suprema, preguntó: “¿Ustedes creen que vamos a arreglar esto con 50 jueces en Rosario? Si están doblegados y genuflexos al poder económico, ¿qué les parece que les va a hacer el narcotráfico? Están doblados y de rodillas”.

Sobre el final, el presidente del FdT afirmó que “tenemos que llegar a un acuerdo entre el sector político, lo tenemos que remediar esto. Sino, va a ser peor el tema del narcotráfico, cuando vea el nivel de justicia que tenemos y el nivel de corrupción que hay en la justicia”. Sus últimas palabras fueron contra “esta justicia corrupta y desacreditada como la que tenemos”.

Tras varios años de reclamo por parte de organizaciones de la sociedad civil que luchan en la prevención de accidentes viales, se sancionó este jueves en el Congreso la ley de alcohol cero por amplia mayoría. El debate en el Senado concluyó con una votación con 48 votos a favor y 9 en contra.

Los rechazos fueron de los senadores mendocinos por la oposición, Alfredo Cornejo y Mariana Juri (UCR-JxC), y de los sanjuaninos Cristina López Valverde, Rubén Uñac (FNyP-FdT) y Roberto Basualdo (PyT-JxC), representantes de provincias vitivinícolas, sector que se manifestó en contra de la norma.

También votaron negativamente Alfredo de Angeli (Pro-JxC), Julio Martínez (UCR-JxC), Juan Carlos Romero (CF-JxC) y Dionisio Scarpin (UCR-JxC).

El proyecto había sido aprobado en la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado, también por una holgada mayoría, luego de haberse consensuado entre iniciativas de distintos bloques.

Hace dos semanas atrás, la ley había quedado sin poder tratarse, cuando se cayó el quórum en medio de un escándalo, y los familiares de víctimas presentes lamentaban con reclamos desde los palcos la salida del recinto de los senadores. Esta vez la historia fue otra.

En la previa de la sesión, el tema dividió aguas al interior de Juntos por el Cambio, ya que un grupo de legisladores presentó un propio pedido que incluía el tema. Finalmente, en Labor Parlamentaria los jefes de bloques acordaron su incorporación.

La flamante norma establece una modificación a la Ley 24.449 sobre alcoholemia cero para la conducción de vehículos. Puntualmente se reforma el artículo 48 de la Ley de Tránsito, la que hasta hoy contemplaba, para quienes conduzcan cualquier tipo de vehículo, una tolerancia de hasta 500 miligramos (0,5) de alcohol por litro de sangre.

A partir de la nueva ley, quedará prohibido conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 0 miligramos por litro de sangre en todo el territorio nacional. Actualmente, una docena de provincias argentinas y algunos municipios ya tienen una legislación en este sentido.

El debate

Al abrir el debate como miembro informante, la senadora Teresa González (FNyP-FdT) aseguró que “este proyecto nos atraviesa a todos y todas como comunidad”. “Es un proyecto de ley de un solo artículo, pero es un artículo que cambia y modifica absolutamente el presente y futuro de miles y miles de familias”, continuó. 

La presidenta de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte destacó la lucha de los familiares de víctimas: “Han hecho de su dolor y de su pérdida un proceso de gestión por amor a los que ya no están. Durante más de 20 años han venido batallando, luchando y militando en todos los espacios posibles este proyecto de ley”. 

Al recordar que la ley de alcohol cero ya existe en varios países de América y Europa, la formoseña resaltó que “somos el tercer país en América del Sur con un alto índice de consumo de alcohol”. Sin embargo, “no estamos hablando de una ley seca”, aclaró y expresó: “Estamos hablando de que el que beba no conduzca. Estamos hablando de la responsabilidad ciudadana y de un cambio de cultura que nos incluya a todos y todas. Estamos hablando de cuidar la vida del otro”. 

A continuación, el jujeño Mario Fiad (UCR-JxC) destacó que “Jujuy fue una de las primeras en implementar la tolerancia cero de alcohol al volante” y de acuerdo a las estadísticas de los primeros cuatro años de implementada la ley, hubo “un 75% menos en los decesos que se produjeron”. “Pero como toda sanción de una ley no alcanza, la implementación fue también acompañada por operativos de control y campañas de concientización en el uso de los elementos de seguridad”, subrayó.

“No podemos abordar la seguridad vial como un problema aislado, sino que debemos considerar su impacto en la salud de las personas y en la sociedad en su conjunto. Hoy estamos dando un gran paso. No nos podemos quedar con esto, hay muchas otras acciones en seguridad vial que tenemos que llevar adelante”, amplió el radical. 

Durante la discusión, el senador Dionisio Scarpin (UCR-JxC) recordó el trabajo que realizó sobre la temática como funcionario en su provincia y señaló que hay cuatro cosas que son fundamentales para prevenir y evitar accidentes por alcoholemia: “La concientización permanente, general, abarcativa y masiva en todos los medios de comunicación; la educación obligatoria en las escuelas en todos los niveles de manera gradual y sistemática; una legislación uniforme; y los controles masivos”. 

Pero, salvo excepciones en algunos municipios o provincias, “estas cuatro cosas son deficientes en toda la Argentina, y no se trabaja cómo se debe trabajar”, resaltó el santafesino, que dijo que más allá del número en la graduación “lo importante es el control, lo han demostrado todos los países que han trabajado bien esto”. “La ley no soluciona nada, lo que soluciona es la acción, y ese el eterno problema en Argentina”, afirmó al anticipar su postura: “Voy a votar en contra para que esto no sea una cortina de humo; sino para que realmente se trabaje a conciencia”. 

También en contra del proyecto, la mendocina Mariana Juri (UCR-JxC) manifestó: “Lamento profundamente que el Senado se esté perdiendo una oportunidad para evitar las muertes en Argentina. Y la contracara de eso tiene que estamos atentando contra las fuentes laborales de miles y miles de argentinos en un momento tan crítico como es el que está viviendo el país”. 

“Es una ley que no está tomando ni una sola recomendación de todas las recomendaciones que todos los especialistas del mundo han dado para bajar la siniestralidad”, observó y enumeró lo que considera tiene como falencias la iniciativa: “No hay endurecimiento de penas con aumentos de mínimos y máximas; no elimina la atribución que tienen los jueces de cambiar pena de prisión por trabajo comunitario; no tiene campañas de concientización tempranas y efectivas; no establece mecanismos de control; no prevé mecanismos de inhabilitación temporaria o permanente para quien infringe la norma; no contempla penas adicionales; no elimina atenuantes a la conducta del infractor”. 

En el tramo final, el presidente del bloque radical, Luis Naidenoff (UCR-JxC), se mostró a favor, pero sostuvo que “esta ley es necesaria como medida ejemplificadora, pero para el Estado, que no se hace cargo de nada” como “de las autopistas” y también respecto a las adicciones. “La principal adicción en Argentina es el alcoholismo”, advirtió y añadió que “el Estado no da respuestas ni para el tratamiento, ni tampoco hay ámbitos de contención”. “Hoy vamos a dar este paso”, ponderó, pero pronosticó que no tendrá efecto si no hay “controles, especialización, policía de tránsito” y una decisión de “terminar con el estado desastroso de las rutas argentinas”. 

Contrapunto de mendocinos

Con una conocida postura en contra de la ley, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo (UCR-JxC), confesó que él tuvo un familiar fallecido como consecuencia de un vehículo manejado por alguien alcoholizado, al mismo tiempo que su abuelo “fue contratista de viñas toda su vida”. “El argumento de que esto resuelve el problema se cae por su propio peso”, opinó y rechazó el argumento de que “no afecta a la producción”. 

“La baja del consumo son menos hectáreas de producción y menos empleo”, apuntó el candidato a gobernador de Mendoza y agregó que “el consumo de vino viene bajando en Argentina de manera estrepitosa”. 

El legislador aclaró que “nadie es insensible a los accidentes de tránsito y mucho menos a las muertes. Por eso parto de la buena fe de la deliberación pública”. No obstante, llamó a preguntarse si la ley de un solo artículo “es realmente útil” cuando “prácticamente no hay control en las rutas nacionales hace muchísimas décadas”. 

En su discurso, el radical cuestionó “la acusación del lobby vitivinícola”, porque son un sector que “tienen tanto derecho (a opinar) en una democracia como todo el resto. Es una producción legal, legítima, súper eslabonada. Muchas veces muy familiar, muchas veces muy popular”. 

“Acá lo que no hay es una política integral”, reclamó y dijo que “la solución (a los accidentes) es control, control y control”. “Con la ley que estamos sancionando se busca un resultado que puede ser solo cosmético”, sentenció.  

Del otro lado de la vereda, la vicejefa de interbloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti (UC-FdT), disparó: “No puedo aceptar escuchar que esta es una ley demagógica, cuando quienes dicen eso han construido toda su carrera política con demagogia punitiva”. 

Luego de destacar el trabajo de las organizaciones de los familiares de víctimas, que “a pesar del dolor quieren construir un lugar más seguro para quienes quedamos en este plano de la tierra”, la camporista aclaró que “nadie cree que con esto se va a solucionar y a partir de mañana no va a haber más accidentes por alcoholizados al volante. Es llevar la discusión a algo vil, sin sentido y falso”. 

Sin embargo, la senadora enfatizó que “a través de esta ley se ha decidido impulsar un cambio cultural que va a costar, pero que tiene una consigna clara y contundente: si tomaste alcohol, no manejes”. Y esta norma “no invalida otras acciones” como el control de rutas o el aumento de penas, sobre el cual presentó un proyecto, recordó. 

“Nunca van a alcanzar las acciones que podamos hacer desde el Estado, las organizaciones e individualmente para combatir este flagelo”, sostuvo Fernández Sagasti y luego apuntó contra el radicalismo mendocino, al revelar que por radio el gobernador Rodolfo Suárez y sus pares Cornejo y Juri “le pidieron a esta senadora que frene esta ley, que porque yo soy cercana a usted señora presidenta, tenía poder para parar esta ley”. Entonces, rechazó la “actitud totalmente mezquina”. 

La legisladora remarcó que “no hay un solo indicador de un país o una provincia que haya impuesto alcohol cero que nos diga que esta ley va a bajar el consumo de vino”. “Están llevando a la industria vitivinícola, insignia de la provincia de Mendoza, que produce la bebida nacional” a ponerse “en contra de una ley que trata de salvar vidas”, reprochó. 

“Esta ley promueve un cambio de conductas y salir del falso concepto del autocontrol”, expresó Fernández Sagasti y concluyó: “Esta ley tiende a hacernos conscientes que cuando nos subimos a un auto tenemos que cuidarnos a nosotros, a la familia que llevamos, pero también al prójimo”. 

La Cámara de Senadores aprobó en la sesión de este jueves por 53 votos afirmativos un proyecto de ley que establece exenciones en el impuesto a las Ganancias para profesionales y auxiliares que excedan cuatro guardias mensuales en servicios de emergencias que excedan el número de 4 guardias mensuales de 24 horas.

La iniciativa apunta a evitar que médicos y auxiliares se vean impedidos a cubrir más guardias por el hecho de “saltar” a otra categoría del impuesto, al ver incrementadas sus remuneraciones; al tiempo de facilitar que quienes dirigen o administran sistemas de salud puedan cubrir las licencias y mantener completos los planteles.

El texto, impulsado por el diputado Daniel Gollan (FdT), modifica el artículo 27 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, de modo de establecer la exención en “las remuneraciones percibidas en concepto de guardias, ya sean activas o pasivas, por los profesionales, técnicos, auxiliares y personal operativo de los sistemas de salud, cuando la prestación del servicio se realice en centros de salud públicos o privados ubicados en zonas sanitarias desfavorables así declaradas por la autoridad sanitaria nacional, a propuestas de las autoridades sanitarias provinciales”.

Asimismo, “las remuneraciones percibidas en concepto de guardias, ya sean activas o pasivas, por los profesionales, técnicos, auxiliares y personal de salud, siendo la prestación realizada en centros públicos o privados de todo el territorio nacional, que excedan el número de cuatro guardias mensuales de 24 horas, realizadas por el trabajador o la trabajadora”.

“El beneficio de este apartado debe indicarse, en el recibo de haberes correspondiente al sujeto que tenga a su cargo el pago de la remuneración y/o la liquidación del haber, identificándolo con la leyenda ‘Exención segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Impuesto a las Ganancias para las trabajadoras y trabajadores de la salud’”, establece el proyecto.

El debate en el recinto

Como miembro informante encabezó la lista de oradores el senador riojano Ricardo Guerra (FdT) quien, en primer lugar, expresó beneplácito por la sanción de leyes “muy sensibles que amplían derechos y facilitan la cotidianeidad de las personas, saldan deudas y alivian dolor”.

Sobre el proyecto adelantó: “Vamos a proponer una modificación a este proyecto que consiste en ampliar el beneficio al universo de las personas que están involucradas en esta iniciativa que son médicos, enfermeros y demás actores del sistema sanitario que efectúan guardias u horas extras”.

“El proyecto con media sanción modifica el artículo 27 de la Ley de impuesto a las ganancias y consiste en la incorporación en el listado de eximiciones en el artículo 26 y 27 las prestaciones obligatorias que deben realizar en conceptos de guardias médicos, técnicos, enfermeros que lo realizan en centros privados y públicos de salud, pero pasadas en situaciones sanitarias desfavorables”, precisó Guerra.

Y sumó: “La otra eximición es para las guardias por 24 horas realizados por los mismos actores que se realice en instituciones públicas y privadas pero las que superen la cantidad de 4 guardias de 24 horas por mes”, y propuso: “Definir de forma más sencilla el concepto de la eximición para eximir a todas las guardias que se efectúen e incluso horas extras en todo el territorio nacional ya sea guardias activas o pasivas obligatorias. Es una ampliación marcada del beneficio”.

El riojano remarcó que “este incentivo fortalece el sistema de salud en localidades pequeñas alejadas de grandes centros que donde más falta hace la presencia de agentes sanitarios para dar cobertura”.

Entonces procedió a leer cómo quedaría redactado el artículo 1: “Modifíquese el artículo 27 de la Ley de Impuesto a las Ganancias texto ordenado en 2019 y sus modificaciones por el siguiente: artículo 27 además de lo establecido en el artículo 26 están exentas del gravamen las remuneraciones percibidas en concepto de guardias obligatorias, ya sean activas o pasivas y horas extras realizadas por los profesionales técnicos, auxiliares y personal operativo de sistemas de salud cuando la prestación del servicio se realice en centros de salud pública o privada en todo el territorio nacional. El beneficio de este apartado debe verse reflejado en el recibo de haberes del sujeto que tenga su cargo la liquidación de su haber”.

En último lugar, explicó que “esta eximición es positiva y necesaria porque lo que producía el desincentivo a los sectores de salud a realizar o practicar extensiones horarias en sus ámbitos laborales debido a que, al ser alcanzados por el impuesto a las ganancias, la retención le implicaba que ese mayor ingreso que significa realizar una hora adicional se le anulaba por el impuesto. Esto traída una desincentivación en realizar estas prestaciones”.

“Vamos a apoyar y acompañar las modificaciones que ha propuesto el presidente de la Comisión de Presupuesto. Tenemos la plena convicción de que se necesita mejorar urgentemente las condiciones de los trabajadores de la salud, que sufren una profunda crisis”, confirmó Mario Fiad (Jujuy – UCR) y agregó: “Eso genera incertidumbre y desaliento y provoca renuncias y así se prolongan la espera de especialistas. Es urgente mejorar las conficiones laborales del ámbito de la salud”.

Por último, el tucumano Pablo Yedlin (FdT) manifestó que “durante la pandemia rigió la exención del impuesto a las ganancias para todas las guardias del sistema de salud, pero esa era una ley transitoria. En su momento presentamos en Diputados un proyecto para prolongar eso después de la pandemia”.

Un tema largamente pendiente, pues su discusión había arrancado en junio de 2021, otro año que estuvo marcado por la pandemia, el Senado sancionó este jueves la Ley de Promoción de la Formación y Desarrollo de la Enfermería.

La norma se votó por unanimidad (61 votos positivos), al igual que cuando tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, en septiembre de 2022.

La iniciativa fue motorizada por el tucumano Pablo Yedlin, quien en ese momento era diputado y presidente de la Comisión de Salud, con el aval del Poder Ejecutivo. De hecho, hubo un acto en Casa Rosada con trabajadores de la salud.

Y fue Yedlin, ahora en su rol de senador y también presidente de la Comisión de Salud, quien abrió el debate en la sesión celebrando “el consenso y la voluntad política que nos permite tratar este proyecto”.

En esa línea, contó que dicha iniciativa “la comenzamos a trabajar en junio de 2021 en la Cámara de Diputados. La voluntad política se expresa en personas que lo acompañaron. Le dimos dictamen en la Comisión de Salud de Diputados, yo me vine y eso quedó ahí”, y agradeció a sus pares los diputados Blanca Osuna, Mónica Fein y a Daniel Gollan. Hizo extensivo el saludo al Ministerio de Salud y a los ministros de Educación nacional y provinciales, las universidades.

“El sistema de salud argentino con todos sus altos y bajos tiene un problema importante en el tema de la enfermería porque hoy la Argentina tiene 237 mil enfermeros de los cuales casi 70 mil son auxiliares y en muchos países, quizás, no estarían considerados dentro del grupo de enfermeros. Hay 125 mil técnicos y solamente 41.400 enfermeros universitarios”, detalló el tucumano.

Y planteó: “Estos números dichos así no expresan mucho, pero representan aproximadamente 37 enfermeros por cada 10 mil habitantes. El promedio mundial está cerca de 38 por cada 10 mil, pero de rango va de países muy pobres que tienen 9 por cada 10 mil a los países del primer mundo que tienen 115 enfermeros por cada 10 mil habitantes”.

Yedlin se refirió a un trabajo publicado por la revista Lancet establecía que para que un país pudiera cumplir de forma efectiva con la atención primaria de salud en un 90% se requerían 114 enfermeros cada 10 mil habitantes, y para cumplir con un 80% se necesitan 78 por cada 10 mil habitantes.

“Tenemos muchos menos enfermeros que la mayoría de los países de la región. Tenemos un problema histórico con la enfermería. Además, cuando vemos la cantidad de enfermeros universitarios que representan el 16% del total de enfermería y sin considerar a las auxiliares el 24%, cuando en general en los países del primer mundo superan el 50% los universitarios, volvemos a ver que tenemos un problema”, alertó el oficialista,

En ese aspecto, señaló que “el problema no es uniforme” al tiempo que mostró un gráfico estadístico de las provincias que “caen por debajo de ese valor bajo de 37 por 10 mil. El problema aparte es de distribución de recurso humano”.

Sin embargo, reconoció que se “trabajó mucho en los últimos años” y precisó que en el 2011 se generó un plan estratégico de enfermería, en 2016 el programa nacional de formación en enfermería en el Ministerio de Educación.

“El Ministerio de Salud estos años generó una dirección de enfermería que el país no tenía un plan nacional de enfermería y hay un aumento progresivo de la cantidad de enfermeros en los últimos años. Del 2020 al 2019 han aumentado la cantidad de enfermeros alrededor de un 4,5%, algo así como 5 mil enfermeros más de tecnicatura, 3 mil más universitarios. Son resultados de estas políticas acertadas”, ponderó el senador tucumano.

En tanto, precisó que en su provincia hay en la universidad 5 mil alumnos en la licenciatura de enfermería y 6 mil en las tecnicaturas.

“Esta ley viene a promover la educación de calidad al incremento de la cantidad de enfermeros. Declara de interés publico nacional la promoción de la formación y del desarrollo de la enfermería. Entre sus principios reconoce y jerarquiza a la enfermería como un trabajo profesional de la salud. Aumenta la distribución federal. Genera la participación igualitaria de enfermeros y enfermeras en todos los niveles, ámbitos y jerarquías de los sistemas de salud”, detalló entre otros aspectos.

A su turno, el senador Mario Fiad (Jujuy – UCR) remarcó la importancia que la salud tenga un lugar prioritario en la agenda pública porque “cuando hablamos de salud hablamos de derechos humanos”.

“El derecho de la salud no se concreta solamente con acciones de tecnología si no tiene el recurso humano adecuado e idóneo. Por más equipos sofisticados de alta tecnología, tenemos que pensar primero en el recurso humano”, destacó y adelantó su voto positivo.

Además, planteó que el proyecto tiene como autoridad de aplicación al Ministerio de Educación y cuestionó que “solo lo tratamos en la Comisión de Salud”. “Estos giros tenemos que poder trabajarlos mejor y creo que todos tenemos que hacerlo porque si la autoridad de aplicación es el Ministerio de Educación podría haber tenido un giro a la comisión correspondiente para que pudiera enriquecer el proyecto y pudieran dar sus opiniones ampliando la visión que teníamos”, criticó.

Al referirse al capitulado, se posó sobre el seis que se titula “incentivos y aportes económicos a la formación” y sostuvo que el proyecto contiene incentivos, becas, aportes para las instituciones de formación y “tampoco fue girado a la Comisión de Presupuesto”.

“Esto puede hacer de nosotros un mejor funcionamiento para tener todos los aportes necesarios para que las leyes tengan una visión compartida de todo el espectro interesado”, propuso Fiad y aportó: “Debe haber políticas activas de redistribución y de incentivos para poder radicar a mucho del personal del sector salud no solo concentrado en las grandes ciudades sino una mejor distribución en el interior del interior. También tenemos que garantizar las oportunidades de trabajo en condiciones dignas, para que eso se pueda dar con normativas que lo brinden. Estas políticas deben articularse entre todas las jurisdicciones. Este proyecto es un gran avance, pero quedan muchas cosas pendientes”.

Puntos principales de la norma

La Ley de Promoción de la Formación y Desarrollo de la Enfermería tiene por objeto establecer los mecanismos necesarios para promover la formación de calidad y el incremento de la cantidad de enfermeras y enfermeros, así como la profesionalización y el desarrollo de la enfermería en todo el territorio nacional.

Además, declara de interés público nacional la Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería en la República Argentina; y establece la creación de una Comisión Nacional de Formación y Desarrollo de Enfermería, como organismo de asesoramiento técnico a los fines de brindar recomendaciones sobre cualificaciones profesionales, certificaciones educativas y estrategias para la mejora continua de la formación y el desarrollo del trabajo profesional de enfermería.

En esa comisión deberá haber representantes del Ministerio de Educación de la Nación, el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Trabajo de la Nación, el Consejo Federal de Educación, el Consejo Federal de Salud, organizaciones sindicales, instituciones de formación técnica superior, universidades y asociaciones profesionales de enfermería, quienes “actuarán ad honórem”, se aclara.

Asimismo, se crea en el ámbito del Ministerio de Educación, el Programa Nacional de Formación de Enfermería, según los lineamientos del Consejo Federal de Educación, a fin de administrar y gestionar los incentivos y aportes económicos para la mejora continua de la calidad de la formación de los enfermeros, incrementar el número de egresados y promover el desarrollo de la enfermería en todo el país.

En el texto, se promueve el derecho de enfermeras y enfermeros a acceder a mayores calificaciones y preparación para el desarrollo de su profesión, ya sea a través de la educación formal como de la formación continua en salud. En consecuencia, se estimulará e incentivará la movilidad entre las distintas calificaciones y certificaciones existentes.

También, se fomentará la profesionalización de los auxiliares de enfermería que actualmente sean parte integrante del sistema de salud, tanto público como privado. Y se dispone que a partir de los dos años de promulgada la ley, se prohíbe la formación de nuevos auxiliares en enfermería en todo el territorio nacional, debiendo las ofertas educativas reconvertirse con dicho propósito en ese lapso.

Asimismo, contempla el otorgamiento de becas, que podrán ser renovables anualmente y el texto indica que “el monto anual de las mismas deberá actualizarse de forma previa al inicio de cada ciclo lectivo, debiendo definirse una escala progresiva en relación con el avance de estudio de la tecnicatura o licenciatura en Enfermería”.

Por unanimidad -61 votos afirmativos-, la Cámara alta sancionó este jueves una ley que establece que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrá ser expedido con o sin fecha de vencimiento, de modo de facilitar su renovación para quienes lo necesitan de manera permanente.

De acuerdo a la norma, la Agencia Nacional de Discapacidad será la encargada de la actualización del CUD conforme la concepción dinámica de la discapacidad dispuesta por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dicha actualización deberá implementar la flexibilización de los requisitos para su otorgamiento.

A su vez, la ANDIS tendrá que “definir las condiciones y lineamientos” para la implementación de la norma, “incluyendo el fortalecimiento de las juntas evaluadoras de las personas con discapacidad”, y teniendo en cuenta recomendaciones que realice el Consejo Federal de Discapacidad.

Un aspecto a destacar es que se indica que “la persona beneficiaria podrá solicitar la actualización del CUD en cualquier momento de acuerdo”.

Cabe destacar que hace dos meses atrás, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, la ANDIS ya avanzó en este sentido, al crear el “Plan de Promoción, Mejoramiento y Fortalecimiento de la certificación de la discapacidad”, que pretende entre sus objetivos “determinar la expedición del CUD sin sujeción a plazo temporal, generando instancias de acompañamiento por parte del Estado”.

Oradores

La senadora santacruceña María Belén Tapia (UCR) fue la encargada de abrir la ronda de debate sobre el tema quien explicó que el proyecto plantea que el certificado único de discapacidad “pueda otorgarse sin vencimiento para los casos de ciertas discapacidades con características permanentes”, y remarcó que es una “aspiración de varios colectivos de discapacidad”.

Además, destacó que al ser un tema transversal con varias iniciativas presentadas “estamos todos de acuerdo”. “En este caso este proyecto en su artículo 2 hace referencia que ANDIS será la responsable de otorgar y actualizar el CUD conforme al concepto dinámico de la discapacidad”, explicó.

Sobre el artículo 3, mencionó: “Incluye algo muy novedoso y muy pedido a lo largo y ancho del país por todos los Ministerios de Salud de las provincias que es el fortalecimiento de las juntas evaluadoras de discapacidad”.

Por otro lado, contó que han considerado en la comisión proyectos de los senadores Antonio Rodas, María Vega, Luis Juez, Daniel Kroneberger, quienes “supieron recepcionar las inquietudes de muchas organizaciones que luchan por los derechos con discapacidad”.

“El CUI hoy es un medio para acceder a más derechos, por eso la importancia que tiene en determinados casos esta posibilidad que no tenga vencimiento para ciertas patologías y, por supuesto, ni que hablar en el interior del país”, reclamó la radical.

También informó que la Agencia Nacional de Discapacidad estableció por medio de una resolución una medida que “va en este sentido y que responde a las inquietudes a las que nos referimos, pero la importancia de hacerlo hoy ley es asegurar y solidificar este criterio de manera permanente y, de esa manera, dar respuesta a la demanda social que hace mucho tiempo venimos recepcionando en todos los niveles de gobierno”.

A continuación, la oficialista Lucía Corpacci (Catamarca) explicó que la modificación al artículo 3 de la Ley de Protección Integral de las Personas con Discapacidad, que se refiere al certificado de discapacidad, plantea que “la institución que lo entrega no certifica enfermedad, sino que certifica la pérdida de función que genera determinada discapacidad”.

“En muchas ocasiones esa pérdida de función es definitiva, es permanente y, por lo tanto, se hace innecesario pedir anualmente o cada dos años nuevamente esa certificación”, planteó Corpacci y comentó que “cuando una persona va a hacer el trámite del CUI lo hace buscando el acompañamiento del Estado que le garantice el acceso a recibir prestaciones médicas gratuitas acorde a sus patologías. Le otorgue también un pase de transporte sin costo”.

Y siguió: “Fundamentalmente se refiere al tema de la atención médica y en el caso de electrodependientes de aluna cobertura de tarifas eléctricas cuando requieren permanentemente el uso de algún aparato”.

“Los centros que otorgan los certificados, en la mayoría de las provincias, se encuentran en las capitales provinciales. Las distancias a veces son enromes. Tienen que recorrer 400 kilómetros para llegar a la capital y renovar el certificado de discapacidad y no es tan fácil solucionar ese tema por la sencilla razón de que no es cualquier médico el que otorga certificado de discapacidad, sino que tiene que estar preparado para conocer y rendir un examen que lo habilita a otorgar el grado de perdida de función que tiene quien solicita el certificado”, explayó la catamarqueña.

En tanto, insistió en que “no es tan fácil de implementarlo en todos los centros de atención de las provincias. Mucho menos cuando se requieren determinadas especialidades médicas como neurólogo, psiquiatras”.

“Definidas ciertas discapacidades que son permanentes debieran permitirse que algunos certificados sean permanentes y no requieran la renovación del mismo y otros sean transitorios porque esa pérdida de la funcionalidad puede revertirse”, resumió Corpacci y remarcó que es un proyecto que no tiene costo y que no impacta en el presupuesto, por el contrario, resaltó que “mejora la calidad de vida de quienes lo necesitan”, y contó que en 2022 en su provincia se otorgaron 3.200 certificados.

Autora de uno de los proyectos, la riojana Clara Vega (Hay Futuro Argentina) destacó que la iniciativa hace a “un mundo más inclusivo y más igualitario para sacarle todo ese peso burocrático que se le ha puesto por años a las familias que tienen algún familiar con discapacidad, a quienes se les dificultó conseguir el Certificado Único de Discapacidad”.

En suma, aseguró que con la aprobación de la ley “vamos a ayudar a que esa discapacidad con la que algunos tienen que sobrellevar toda la vida, empecemos a hacer más fácil y que la inclusividad sea una realidad y no solo parte de una retórica”, e informó que según las estadísticas el 10% tiene algún tipo de discapacidad.

De forma breve, el cordobés Luis Juez (Pro) se emocionó al hablar de la discapacidad que sufre su hija y agradeció a sus pares el tratamiento del proyecto y relató: “La reiteración sistemática casi al borde de la humillación de tener que ir a mostrarle que la criatura no va a progresar porque tiene una discapacidad de esas que son para toda la vida, cuesta entender”.

También emocionado, el chubutense Carlos Linares (FdT) contó: “En el caso mío también tengo un ser querido prematuro no vidente que sabemos lo que produce esto, en el interior del interior”, por lo que remarcó que “este CUI es un alivio, un paliativo, pero es bueno aprovechar el momento porque la discapacidad es mucho más que esto”.

“El dolor de la discapacidad es mucho más, esto no puede ser un debate que quede acá”, expresó y sumó: “La discapacidad duele y le duele a la familia, al entorno y nos marca como sociedad. ¿Qué tenemos que hacer con estos casos? Tenemos que profundizarlo, el Estado presente lo tiene que hacer.  Tenemos que ayudar de forma constante y permanente a organizaciones y a asociaciones de padres porque muchas leyes salen por el pedido de ellos. Tenemos que ayudarlos con la política para poder llevar soluciones concretas y palpables”.

Tras una larga lucha de reclamos constantes y con los abuelos de Lucio Dupuy observando y escuchando desde los palcos, el Senado aprobó este jueves por unanimidad -65 votos afirmativos- el proyecto por el cual se crea el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa fue impulsada a raíz del asesinato de Lucio Dupuy, el niño de cinco años de La Pampa que murió tras ser golpeado en reiteradas ocasiones por parte de su madre y la pareja de la misma. El proyecto, denominado originalmente como “Ley Lucio”, no se llamará así pues los legisladores acordaron que la iniciativa no llevará el nombre del niño.

El proyecto había recibido la media sanción el 9 de noviembre de 2023 y rápidamente tuvo tratamiento en la Cámara alta, pero no llegó nunca a tratarse hasta el día de hoy. Incluso, tras el pedido de familiares del niño, legisladores y hasta la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, el presidente de la Nación incluyó el texto al temario de extraordinarias durante el mes de febrero.

La palabra de los senadores

Abrió la ronda de debate el pampeano oficialista Daniel Bensusán quien explicó que el proyecto que “puede convertirse en una herramienta que se sume a la lucha para la protección de nuestras infancias y adolescencias y evitar la vulneración de sus derechos”.

“Este proyecto se genera a través de un crimen aberrante producido en mi provincia, el crimen de Lucio Dupuy en manos de dos personas adultas con las cuales convivía”, relató y siguió: “A fines del mes pasado finalizó el juicio penal que determinó la condena a prisión perpetua a ambas homicidas”.

Bensusán remarcó que “la violencia y la vulneración de los derechos de las infancias atraviesa a toda la sociedad y nos interpela a todos los que tenemos responsabilidades políticas institucionales”. Al respecto, sostuvo que la violencia que “se ejerció sobre Lucio no fue un hecho aislado. Estamos seguros que la importancia de legislar sobre estos temas para evitar hechos como el que ocurrió”.

En esa línea, recordó que en el trámite del dictamen en comisión “fueron muchos los legisladores de muchas provincias que relataron hechos, no de la gravedad de Lucio, pero sí similares en cuanto a la vulneración de los derechos de las infancias y adolescencias en diferentes provincias”.

“Hechos tan aberrantes como este nos deben interpelar para seguir legislando de esta manera para evitar esto”, planteó Bensusán.

Sobre el proyecto, mencionó que el plan de capacitación “es de carácter continuo, permanente y obligatorio para cada uno de los agentes de los tres poderes del Estado Nacional que formen parte corresponsable del sistema integral de protección y promoción de los derechos de niños y adolescentes”.

También informó que, posteriormente, podrán sumarse a la capacitación los agentes de los estados municipales, provinciales, de organizaciones sociales, deportivas, culturales a través de diferentes convenios que puedan firmar con la Secretaría Nacional de Adolescencia y Familia que será la autoridad de aplicación.

En ese sentido, precisó que la Secretaría elaborará los contenidos del plan federal de capacitación en articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. “El proyecto establece la posibilidad de convenios con universidades nacionales, entidades de la sociedad civil, organizaciones de la comunidad para que de forma conjunta puedan asistir al diseño del plan, a la homologación y el monitoreo de las distintas instancias”, explicó.

Además, contó que “la autoridad de aplicación llevará a cabo campañas de concientización para la protección y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. La revisión periódica del contenido del plan y su eficacia en la implementación de la ley”.

“No tengo dudas que esta ley se convertirá en una importante herramienta, pero no podemos dejar de reconocer que Argentina es un país de avanzada en la legislación de la protección de las infancias y adolescencias”, destacó el pampeano y agregó: “El andamiaje legal e institucional existe, pero obviamente podemos mejorarlo, modificarlo y fortalecerlo. Es evidente que con las leyes solas no alcanzan no con la voluntad de los Estados”.

“Ese es un tema que nos atraviesa a todos y tenemos que tener en claro un actor fundamental que sin la participación de él todo lo otro no sirve que es el compromiso social que necesitamos en contra de la violencia de las infancias. Hay que hablar de un nuevo pacto social, lo charlé con los abuelos de Lucio, porque no podemos naturalizar estos hechos y que solo ocurren adentro de los hogares y muchas veces se mira hacia el costado”, reclamó.

En ese marco, destacó la reserva de identidad que plantea el proyecto para aquellas personas que denuncian situaciones de violencia y vulneración de derechos de infancias.

“En ese pacto social hay muchos actores que tienen que rever esas prácticas porque mientras existan medios de comunicación que utilicen los homicidios de niños para sumar audiencia, mientras exista el uso de estos hechos aberrantes para intereses electorales, mientras se siga escondiendo bajo la alfombra estas cuestiones y se mire hacia otro lado, no estaremos respondiendo en forma madura como sociedad”, denunció y pidió no “revictimizar a los niños”.

Por último, planteó que parte de la solución “es hacer lo que estamos haciendo hoy, legislando en el Congreso. Dando herramientas para que el Estado y los agentes del Estado puedan actuar y tengan mejor y mayor información para advertir situaciones como le ha pasado a Lucio y como les pasa a muchos niños”. Y destacó que, desde que ingresó al Senado, tan solo se tardó una semana en sacar dictamen con dos proyectos, al tiempo que ponderó la “voluntad del interbloque FdT para tratar todos estos temas que son trascendentes para la sociedad”.

“Tenemos que seguir encontrando los consensos necesarios para avanzar con los temas que requiere la sociedad y son herramientas que el Estado necesita para seguir avanzado y mejorarle la calidad de vida a los argentinos. Que esta iniciativa fortalezca los canales institucionales de denuncia y comunicación para garantizar una intervención inmediata para que cesen cualquier vulneración o violencia de derechos de niños”, cerró Bensusán.

Al finalizar expresó su solidaridad con la familia de Lucio Dupuy -presente en los palcos- y le habló al abuelo del pequeño: “Su lucha y perseverancia es algo que debemos utilizar para que de una vez por todas dejen de suceder hechos que le pasó a Lucio y que Argentina pueda avanzar en la protección y promoción de los derechos de las infancias”.

La senadora María Belén Tapia disintió con Bensusán respecto de la celeridad con la que habían tratado el tema en esa Cámara. Si bien aclaró que, una vez aprobado el tema en Diputados, no dudaron un segundo en convocar a una reunión plenaria para avanzar hacia el dictamen y dieron “un respaldo contundente en que estábamos todos de acuerdo en que esta ley se debía tratar”, recordó que eso no sucedió y ni siquiera había sido incluido originalmente en el temario de extraordinarias.

Más allá de eso, la santacruceña recordó que la senadora pampeana María Victoria Huala, autora de una iniciativa que va en el mismo sentido que la ley aprobada en Diputados, convocó a una reunión a la que asistió el abuelo de Lucio, Ramón, a quien definió como “un ejemplo”. Dijo que él “pedía justicia para su nieto y que nosotros hiciéramos algo más”.

Al respecto, Tapia aclaró que “tenemos en ambas cámaras iniciativas de todos los espacios, con lo cual es una gran muestra de que teníamos intención de legislar” sobre el tema. Precisó en ese sentido que en Diputados se unificó un texto de los diputados Martín Maquieyra y Roxana Reyes, también de Paola Vessvessian y otros; y en el Senado había uno de María Inés Pilatti Vergara y otro de la senadora (MC) María de los Ángeles Sacnun, además del de la senadora Huala.

No obstante, consideró que “es insuficiente” lo que se ha legislado sobre el tema y citó a especialistas que advierten que por ejemplo no hay una ley de protección integral contra el maltrato infantil. “Me parece que la sociedad está demandando que tratemos urgentes herramientas para tratar este flagelo”, señaló, para plantear luego iniciativas en ese sentido que han perdido estado parlamentario.

Se quejó también de la mediatización de casos de abuso infantil y citó al colectivo #NoMatarás, consideró “preocupante el mensaje que quieren instalar algunos medios, periodistas y artistas. La pedofilia no es una orientación sexual; el abuso sexual es un caso de poder y no se necesita ser psicópata o mentalmente enfermo para llevarlo a cabo”.

“Nunca es ‘una calentura momentánea’, como dijo Roberto Piazza; nunca es ‘un tema que pertenece a la vida privada’, como dijo Robertito Funes Ugarte… El abuso sexual contra los niños, niñas y adolescentes, es un delito y debe ser tomado como tal”, cerró, citando el documento del colectivo “NoMatarás. Tapia cerró aclarando que “estamos dando un paso importante, no suficiente”.

Autora de una de las iniciativas, la senadora María Victoria Huala (Pro – La Pampa) expresó: “Como pampeana es un día muy importante porque en medio de este contento de tratar esta ley tan importante, quiero no dejar pasar algunas como las que ocurrieron cuando un exfuncionario de mi provincia dijo que JxC utilizaba esta causa por una cuestión electoral”.

En esa línea, amplió: “Celebro que, aunque sea para pegarnos, hable de Lucio Dupuy”, y agregó: “Las familias como la de Lucio luchan en soledad y silencio porque en La Pampa las cosas se tapan por debajo de la alfombra”.

Además, mencionó la desaparición de un joven de 24 años -que luego fue encontrado muerto- en La Pampa y aseveró que “ocurrió mientras salían datos de un Indec paralelo”. “Parece más fácil mirar para otro lado que ocuparse de los problemas”, señaló.

“Estamos sentados para legislar y esta ley comenzó su recorrido hace un año y medio con el asesinato de un nene de cinco años. No voy a nombrar lo que Lucio tuvo que sufrir, pero si voy a recordar que cinco veces Lucio debió ser atendido por golpes y quemaduras, y nadie hizo nada”, relató.

Del mismo modo, responsabilizó al gobierno provincial de La Pampa y a la justicia por “no ver las alarmas”. Así también, relató que el médico forense que recibió el cuerpo de Lucio Dupuy afirmó que “en 30 años jamás vio algo así”.

En el final, detalló cuestiones del proyecto que consideró “lo más importantes”, respecto a capacitaciones en niñez y adolescencia para personas en las funciones públicas de los tres poderes, y los protocolos para las fuerzas de seguridad para la intervención de la justicia.

“Hace más de un año la familia Dupuy lucha para que ningún niño sufra lo que le pasó a Lucio. No le tengamos miedo al no te metas”, finalizó.

Cerró la ronda de oradores la vicejefa del interbloque FdT, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), quien amplió que el proyecto de ley Lucio “va más allá de una cuestión partidaria e ideológica”, y añadió que “llega tarde porque Lucio, ni Zoe no están. Muchos niños y niñas son víctimas de abuso y precariedad”.

En esa idea, expresó que “lo importante es que se aplique rápido y bien”, y lo explicó con datos de UNICEF Argentina: “En nuestro país, más de un millón de niños se privan de una comida diaria, más del 14 por ciento tiene sobrepeso, solo el 58 de adolescentes termina el secundario, un 24 padeció Bulliyng y el 4 personalmente, lasa de suicidios es de 6 por ciento por 100.000 habitantes, 6 de cada 10 hogares usa métodos violentos y el 35 castigo físico, el 80 por ciento de mujeres es víctima de violencia sexual y el 60 en menores de 18 años”.

“Debemos atacar desde lo Legislativo, Ejecutivo y Judicial, pero necesitamos una aplicación rápida y bien”, indicó Sagasti. Del mismo modo, relató que cuando se recibió y era voluntaria de la Casa Cuna de Mendoza, en la Ley 26.061 de Protección Integral “veía la diferencia de los postulados de la ley con la aplicación en la provincia de Mendoza”.

Para cerrar, manifestó que “hay que alamar a niños, niñas y adolescentes sobre los temas de abuso y maltrato en el ámbito familiar”, y concluyó: “Ojalá que este compromiso no se termine en este recinto y que nos comprometamos en nuestras provincias adhieran a esta ley”.

Puntos principales de la norma

La iniciativa crea el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas Niños y Adolescentes estará destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional, que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los derechos de los Niñas Niños y Adolescentes

Podrán también ser destinatarios del citado Plan, agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, Deportivas, Recreativas y Culturales, en el marco de convenios de cooperación y colaboración con la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.

Algunos de los principios fundamentales de la ley son velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional y por las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; generar las condiciones para una convivencia social fundada en vínculos de afecto y confianza que se definen como “buen trato”, fundamental para el desarrollo de proyectos de vida por parte de las nuevas generaciones; promover los espacios y metodologías necesarias al efecto de garantizar el derecho a ser oídos de las Niñas Niños y Adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales, conforme el principio de la autonomía progresiva, receptado tanto en la Ley 26.061 como en el Código Civil y Comercial de la Nación.

En este marco se deberá propiciar el derecho a la Participación de Niñas, Niños y Adolescentes, en los distintos ámbitos sociales y comunitarios, poniendo énfasis en la posibilidad de incidir en el diseño de políticas públicas que afectan sus intereses y derechos.

La autoridad de aplicación de la ley será la secretaria nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la cual, entre otras cosas, deberá elaborar los contenidos del Plan Federal de Capacitación en articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF).

También propone campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales, estableciendo una difusión de carácter semestral de las iniciativas para informar sobre los derechos de los niños y cómo evitar las situaciones abusivas.

Y un día Cristina Fernández de Kirchner volvió a presidir una sesión del Senado. Es que la última vez que había estado fue el 1  de septiembre de 2022, justo el día en el que Fernando Sabag Montiel le gatilló sin éxito una pistola en la cabeza.

Esa sesión había estado rodeada por un clima caldeado por la situación judicial de la vicepresidenta y todo lo que se había desencadenado desde la acusación del fiscal Diego Luciani, pasando por la movilización que había habido frente a su casa el fin de semana anterior y el accionar de la Policía de la Ciudad que generó fuertes críticas desde el kirchnerismo. Se trataron ese día proyectos como la ley de Promoción de Inversiones en la industria automotriz, y la nueva ley de biotecnología. Ese día la sesión concluyó a las 20.20. Casi una hora después sucedió el intento de magnicidio.

Después hubo seis sesiones y todas fueron presididas por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora. La vicepresidenta de la Nación si encabezó la Asamblea Legislativa realizada en la Cámara de Diputados.

Este jueves 13 de abril, pasadas las 12 del mediodía, Cristina Fernández de Kirchner volvió a ocupar su lugar al frente de una sesión del Senado.

A tres días de cumplirse cinco meses de la última sesión en la que se discutieron proyectos, la Cámara de Senadores inició una sesión que se presume será bastante extensa con una serie de proyectos y pliegos que no presentan mayores diferencias entre el oficialismo y oposición.

La sesión presidida por la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, se inició a las 12.20. Recordemos que el antecedente inmediato se registró hace dos semanas con una sesion fallida con la mayoría de los temas previstos para este jueves, que finalmente se levantó cuando la oposición se retiró del recinto dejándolos sin quórum.

En la reunión de Labor Parlamentaria realizada este miércoles, los jefes de bloques resolvieron sumar al temario la iniciativa de alcohol cero, que incluso generó división en Juntos por el Cambio con distintos pedidos de sesión presentados la semana pasada.

Finalmente, y luego de distintas acusaciones de presiones para que no salga, promediando la tarde de este miércoles se confirmó en el Plan de Labor que el proyecto estará en el temario y se espera que sea aprobado con una mayoría destacada, pese a algunos rechazos, como por ejemplo de los senadores de la provincia de Mendoza (excepto la oficialista Anabel Fernández Sagasti) y San Juan.

Además, se debatirá el proyecto de fortalecimiento de la justicia federal y se incorporará un tema que no estaba entre las solicitudes iniciales, pero que viene reclamando el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, y es la ley de enfermería.

La Cámara alta tratará una tanda de pliegos judiciales, entre ellos tres designaciones en la ciudad de Rosario; y la denominada “Ley Lucio”, de Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de niñas, niños y adolescentes, inspirada en el caso de Lucio Dupuy.

Entre los proyectos con media sanción, se incluye el que reconoce a la Lengua de Señas Argentina como idioma viso gestual en todo el territorio nacional; una modificación de la ley de impuesto a las Ganancias sobre exenciones a trabajadores de la salud; una iniciativa que modifica la Ley 22.431 para agilizar la renovación y obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD); y un proyecto para jerarquizar el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas.

Finalmente, los senadores tratarán un proyecto dictaminado en comisión en diciembre pasado que establece la eliminación del trámite de fe de vida para jubilados y pensionados y titulares de pensiones no contributivas.

Tras el trago amargo de la sesión frustrada el pasado 30 de marzo, oficialismo y oposición en el Senado se pusieron de acuerdo y sesionarán este jueves, desde las 12, con un amplio temario que incluye varios proyectos con media sanción que se convertirán así en ley. Será la primera reunión para aprobar proyectos que se realice desde el 16 de noviembre pasado, es decir, hace casi cinco meses.

En la reunión de Labor Parlamentaria realizada este miércoles, los jefes de bloques resolvieron sumar al temario la iniciativa de alcohol cero, que incluso generó división en Juntos por el Cambio con distintos pedidos de sesión presentados la semana pasada.

Finalmente, y luego de distintas acusaciones de presiones para que no salga, promediando la tarde de este miércoles se confirmó en el Plan de Labor que el proyecto estará en el temario y se espera que sea aprobado con una mayoría destacada, pese a algunos rechazos, como por ejemplo de los senadores de la provincia de Mendoza (excepto la oficialista Anabel Fernández Sagasti) y San Juan.

Además, se debatirá el proyecto de fortalecimiento de la justicia federal y se incorporará un tema que no estaba entre las solicitudes iniciales, pero que viene reclamando el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, y es la ley de enfermería.

La Cámara alta tratará una tanda de pliegos judiciales, entre ellos tres designaciones en la ciudad de Rosario; y la denominada “Ley Lucio”, de Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de niñas, niños y adolescentes, inspirada en el caso de Lucio Dupuy.

Entre los proyectos con media sanción, se incluye el que reconoce a la Lengua de Señas Argentina como idioma viso gestual en todo el territorio nacional; una modificación de la ley de impuesto a las Ganancias sobre exenciones a trabajadores de la salud; una iniciativa que modifica la Ley 22.431 para agilizar la renovación y obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD); y un proyecto para jerarquizar el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas.

Finalmente, los senadores tratarán un proyecto dictaminado en comisión en diciembre pasado que establece la eliminación del trámite de fe de vida para jubilados y pensionados y titulares de pensiones no contributivas.

El Círculo de Periodistas Parlamentarios (CPP) del Congreso de la Nación emitió un duro comunicado en el que alertan públicamente sobre “las recurrentes dificultades a las que nos enfrentamos para poder circular con libertad dentro del Honorable Senado de la Nación (HSN)”.

En una nota difundida tras haberse registrado nuevos roces en ese sentido, el organismo que nuclea a los trabajadores de prensa advierten que desde el retorno a la actividad presencial tras la pandemia del Covid-19, se han registrado “numerosos episodios en los que periodistas de esta entidad somos abordados por personal del área de Seguridad que obstaculiza nuestro derecho a transitar libremente en el ámbito del HSN. Derecho que no solo nos asiste como acreditados permanentes de esta Casa, sino que además constituye parte fundamental de nuestra tarea periodística”.

“Nos hemos tenido que enfrentar a actitudes persecutorias pocas veces vistas por parte de agentes de Seguridad que nos exigen informar hacia donde nos dirigimos, algo que resulta improcedente. No siendo suficiente con eso, luego nos siguen por los pasillos y nos impiden la circulación, con modos muchas veces intimidatorios, a pesar de que en todo momento portamos la credencial oficial, provista por el propio Congreso de la Nación, que nos habilita a transitar libremente”, expresa el comunicado que refiere además que el problema se registra en el ingreso al HSN, sobre la calle Yrigoyen, y en el paso que conecta el HSN con el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados”, aunque también sostienen que ha habido episodios en los distintos pasillos y salones.

Tras recordar que el tema fue planteado en varias oportunidades a las autoridades del área de Comunicación, quienes se comprometieron a actuar para corregir esas conductas, sostienen que estas situaciones no solo persisten, sino que “se acentúan cada vez más”.

Según pudo saber parlamentario.com, ha sido acordada una reunión para las próximas horas entre autoridades del Círculo y de la Cámara alta para encontrar una solución al problema.