Por Melisa Jofré

Como en cada año con elecciones, serán ocho las provincias que este 2023 elijan a sus tres representantes en la Cámara alta, de modo que el próximo 10 de diciembre se renovará un tercio del Senado. 

En las elecciones nacionales, el interbloque de Juntos por el Cambio será el que más bancas ponga en juego, con un total de 11.

Golpeado recientemente por la salida de cuatro legisladores, el Frente de Todos arriesgará en estos comicios 10 escaños. 

Los otros tres restantes pertenecen a las monobloquistas Magdalena Solari Quintana, de Misiones, y Clara Vega, de La Rioja; y al jefe de Unidad Federal, el exoficialista jujeño Guillermo Snopek. 

En la lista de senadores a los que se les vence el mandato a fin de año aparecen figuras de peso, entre ellos jefes de bloques y algunos exgobernadores. 

Un repaso provincia por provincia:

BUENOS AIRES

En el distrito llamado como “la madre de todas las batallas”, siempre clave en la elección presidencial, este año además se elegirán senadores nacionales. Las dos bancas por la mayoría pertenecen hoy a los macristas Gladys González y José Torello, quien asumió en el cargo en febrero de 2022 para completar el mandato de Esteban Bullrich, que renunció a raíz de su enfermedad ELA.

El escaño por la minoría lo tiene el Frente de Todos, ocupado por Juliana Di Tullio, la jefa del bloque Unidad Ciudadana, sello bajo el cual en 2017 Cristina Kirchner accedió al mismo. Al resultar electa vicepresidenta en diciembre de 2019, el mandato lo continuó Jorge Taiana, quien en agosto de 2021 se fue como ministro de Defensa y lo reemplazó Di Tullio. 

FORMOSA

Otra de las provincias que votará a sus representantes en la Cámara alta será Formosa, por la cual tienen dos bancas los oficialistas María Teresa González y José Mayans, el presidente del interbloque Frente de Todos y quien cumplirá en diciembre 22 años como senador nacional. 

También con una histórica trayectoria en el Senado, de 18 años, se vencerá el tercer mandato de Luis Naidenoff, actual jefe del bloque de la Unión Cívica Radical. 

JUJUY

Jujuy es otro de los distritos en los que Juntos por el Cambio tiene la mayoría, en manos de los radicales Mario Fiad -postulado para diputado provincial en las elecciones locales- y Silvia Giacoppo. 

La banca restante está en manos de Guillermo Snopek, quien este año se convirtió en el presidente del nuevo bloque compuesto por cuatro exFdT y la schiarettista Alejandra Vigo. Actualmente, el jujeño está postulado como candidato a gobernador en su provincia. 

LA RIOJA

Cada banca de La Rioja pertenece hoy a diferentes bloques. Si bien en 2017 Juntos por el Cambio obtuvo la mayoría, en diciembre de 2019, con la salida de Inés Brizuela y Doria (intendenta de La Rioja Capital), eso cambió. Hoy uno de los escaños está ocupado por el radical Julio Martínez y el otro por Clara Vega, quien tras una controversia con JxC -que terminó en la Justicia- asumió como senadora para completar el mandato de la radical. Pese a ingresar por una lista de Cambiemos, su enemistad con el espacio la llevó a conformar un monobloque, denominado “Hay Futuro Argentina”, y estos dos últimos años se ha convertido en una aliada clave del oficialismo. 

La banca por la minoría la ganó en 2017 el fallecido expresidente Carlos Saúl Menem. Tras su muerte, en febrero de 2021, asumió como su reemplazo Ricardo Guerra. 

MISIONES

Misiones es otra de las provincias donde cada una de las bancas está repartida. En 2017, tras el triunfo del oficialismo local (Frente de la Concordia Misionero), accedieron por la mayoría el exgobernador Maurice Closs y Magdalena Solari Quintana. Con la llegada al poder del Frente de Todos, Closs pasó a esa bancada, mientras que la misionera se mantuvo con su monobloque -llamado a secas “Misiones”-, pero desde el cual ha funcionado como aliada indiscutida del oficialismo. En tanto, la banca por la minoría la ocupa el jefe del bloque Pro, Humberto Schiavoni. 

SAN JUAN

Este año también vencen los mandatos de los senadores por San Juan, un distrito cuya mayoría está en manos del Frente de Todos a través de Cristina López Valverde y Rubén Uñac, hermano del gobernador Sergio Uñac. El tercer escaño corresponde a Roberto Basualdo, referente de Producción y Trabajo, partido aliado de Juntos por el Cambio en la provincia cuyana. 

SAN LUIS

Con la actual sangría producida en el oficialismo, San Luis también pasó a tener distribuidas sus tres bancas en tres espacios distintos. En 2017, ingresaron por el Frente Justicialista Adolfo Rodríguez Saá, actualmente en el FdT, y María Eugenia Catalfamo, quien ahora integra el bloque Unidad Federal. La senadora, del riñón de Alberto Rodríguez Saá -enemistado con su hermano-, será candidata a vicegobernadora en las elecciones provinciales. 

La banca por la minoría está en manos de la macrista Gabriela González Riollo, quien asumió en diciembre de 2021 para reemplazar a Claudio Poggi, que ganó una banca como diputado nacional en las elecciones legislativas de ese año. 

SANTA CRUZ

En las elecciones de medio término del gobierno de Cambiemos, realizadas en 2017, los radicales Eduardo Costa y María Bélen Tapia se impusieron en Santa Cruz, obteniendo así las bancas por la mayoría. La tercera banca corresponde a la kirchnerista Ana María Ianni. 

El interbloque de senadores nacionales del Frente de Todos presentó este miércoles un pedido de convocatoria a sesión a especial de la Cámara alta para el jueves 13 del corriente mes, a los efectos de abordar el mismo temario que no se pudo tratar la semana anterior.

A través de un comunicado, el interbloque conducido por Jose Mayans ratificó “nuestra voluntad de mantener en plena actividad el Senado de la Nación y de buscar los más amplios consensos para sancionar los temas que son de interés de la población”.

“En ese sentido, y como nuestra propuesta es similar a la que dicen impulsar en estos momentos los bloques legislativos de oposición, proponemos la realización de una reunión de Labor Parlamentaria el día miércoles 12 de abril, para ver si se alcanzan los acuerdos necesarios a los fines de incorporar, a los temas a tratar el jueves venidero, el proyecto de ley que establece el límite de alcohol cero para los conductores de cualquier tipo de vehículo”, plantearon desde el Frente de Todos.

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Todo indica que ahora sí habrá sesión en el Senado la semana que viene. Será en la fecha en que la oposición había sugerido la semana pasada hacer una segunda sesión para tratar los temas que pedía quedaran pendientes de la reunión que terminó frustrándose. Y con todos los proyectos que había terminado incluyendo el  interbloque que conduce José Mayans. Mejor dicho, casi todos.

Con la intención de marcar la agenda en la Cámara alta, la que ahora es primera minoría presentó este miércoles pasado el mediodía un pedido para que se convoque a una sesión especial el próximo jueves 13 de abril a las 14. El pedido fue presentado por el presidente del interbloque, Alfredo Cornejo, más sus pares Mariana Juri, Luis Naidenoff, Carolina Losada, Humberto Schiavoni, Juan Carlos Romero e Ignacio Torres.

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Incluyeron en el temario propuesto por esa misma bancada para la sesión fallida, más los temas que había propuesto el oficialismo para la sesión fallida. Menos el proyecto del senador Edgardo Kueider (Unidad Federal) que establece la disminución de tarifas del servicio eléctrico, que no cuenta con dictamen y que el propio entrerriano había sugerido el jueves pasado en el recinto que pasara a comisión, pero solo direccionado a la de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

La otra exclusión del temario fue la que despertó mayores dudas: Alcohol Cero. No pasaron desapercibidas en ese sentido las dos primeras firmas que tenía el pedido de sesión: las de los mendocinos Alfredo Cornejo y Mariana Juri, refractarios a ese proyecto que reduce a cero el consumo de alcohol para los conductores de cualquier vehículo.

Lo llamativo fue que a las pocas horas un grupo de senadores radicales presentaron su pedido de sesión para la misma hora, con un solo proyecto para debatir: alcohol cero.

La otra novedad del temario fue la inclusión del proyecto que promueve el Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en la provincia de Santa Fe, que al no haber pasado por las comisiones no figuraba en el temario de la sesión pasada, y cuya inclusión y tratamiento sobre tablas fue solicitado por el oficialista santafecino Marcelo Lewandowski.

Por la noche, el Frente de Todos presentó un proyecto idéntico al primero de JxC, y a través de un comunicado convocaron también a una reunión de Labor Parlamentaria para el miércoles que viene a las 12, donde buscarán consensuar la inclusión del proyecto de alcohol cero en la sesión del día siguiente.

El pedido lleva las firmas de Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, José Mayans, Ana María Ianni y Lucía Corpacci.

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El resto del temario

Los proyectos incluidos para la sesión pedida son los seis pliegos judiciales de la semana anterior. También el proyecto que reconoce a la Lengua de Señas Argentina como idioma viso gestual en todo el territorio nacional que cuenta con media sanción de Diputados.

Otra iniciativa con media sanción es la creación de un Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de niños, niñas y adolescentes o también conocida como Ley Lucio, inspirada en el caso del nene pampeano Lucio Dupuy, aunque no llevará ese nombre.

También figura una modificación de la ley de Impuesto a las Ganancias sobre exenciones a trabajadores de la salud (también con media sanción); y el proyecto que modifica a la ley 22.431 de Protección Integral de las Personas con Discapacidad con el objetivo principal de agilizar la renovación y obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Igual que esos temas, también con media sanción de la Cámara baja sumaron el Plan Nacional de Cardiopatías Congénitas, y la eliminación del trámite de fe de vida a jubilados y pensionados y titulares de pensiones no contributivas.

El próximo viernes 14 de abril, Hilda Lizarazu se presentará en el Salón de las Provincias del Palacio Legislativo, en lo que será el primer concierto del ciclo “Música y democracia”.

El evento será con entrada libre y gratuita, en el marco de la conmemoración de los 40 años de democracia.

El ingreso será por el Senado, Hipólito Yrigoyen 1849, y el ingreso estará habilitado hasta completar la capacidad de la sala. Habrá transmisión en vivo del canal Senado TV. Organiza la Dirección General de Cultura.

Luego del escándalo que se vivió la semana pasada en el recinto del Senado, ámbito para nada caracterizado por ese tipo de episodios, la oposición se encamina a insistir con un nuevo pedido de sesión y exponer así una vez más la pérdida de control del oficialismo.

Atento a la reducción numérica que sufrió con la salida de cuatro senadores, el Frente de Todos había arrancado el período ordinario con la intención de acordar una sesión con la principal oposición, pero ese plan se terminó frustrando en medio de acusaciones cruzadas en distintos comunicados.

Rápidos, los primeros en pedir una sesión para el 29 de marzo habían sido los senadores de Unidad Federal. Seis días después, el interbloque Juntos por el Cambio hizo lo propio, en su caso para el 30. Los temarios eran casi idénticos, con pliegos judiciales y la denominada “Ley Lucio”, pero la solicitud de los peronistas disidentes agregaba un proyecto -sin dictamen- sobre reducción del IVA en tarifas eléctricas.

Dispuesto a no perder el protagonismo del que gozó en la Cámara alta desde diciembre de 2019, el oficialismo convocó a una sesión propia, a través de un decreto que mencionaba los tres pedidos pero todos en una sola reunión, incorporando un conjunto de proyectos de tenor social que están con media sanción y bastante demorados.

Esa decisión de llamar a una sola sesión y no a cada una por separado provocó el enojo opositor el pasado jueves, con un reclamo sobre la cuestión reglamentaria. Y, frente a la actitud inalterable de la presidenta del cuerpo, Claudia Ledesma Abdala de Zamora -ya que Cristina Kirchner estuvo ausente-, terminó cayéndose la sesión por falta de quórum.

Pero antes de retirarse del recinto, el jefe del interbloque de JxC, Alfredo Cornejo, había propuesto tratar solo los temas en lo que estaba interesado su bancada, para patear 15 días más adelante el resto de los proyectos. El Frente de Todos no aceptó.

Durante las expresiones en minoría, senadores oficialistas cargaron contra sus pares de la oposición por todas las cuestiones que quedaron sin tratar, ante la mirada desde los palcos de los abuelos de Lucio Dupuy y de familiares de víctimas de accidente de tránsito, convocados por el debate de la ley de alcohol cero.

Según pudo saber parlamentario.com este lunes, en los próximos días desde la oposición “harán el pedido” para una nueva sesión el día 13 de abril. El temario contendría la lista de pliegos judiciales para Rosario y Córdoba y la “Ley Lucio”, aunque no se descartan otras iniciativas.

En caso de que esa solicitud -en esta ocasión- llegue con las firmas de JxC y UF, ambas bancadas podrían poner nuevamente en aprietos al FdT, dado que entre todos sus miembros reúnen 38 legisladores, uno por arriba del quórum y cuatro por encima de los 34 a los que el oficialismo llegaría como máximo con sus tres aliados incondicionales.

Contrariamente a lo que se esperaba a partir de la manera como terminó el año pasado, con el oficialismo y la principal oposición definitivamente peleados, la Cámara de Diputados se ha mostrado en lo que va del año sumamente activa. Y sobre todo, con un dinamismo realmente inusual en este tórrido verano.

Sorprendentemente, además, teniendo en cuenta que Juntos por el Cambio había redoblado su encono con el oficialismo anunciando que mientras el Frente de Todos mantuviera su postura de avanzar con el juicio político a la Corte Suprema, no prestaría quórum. Ni para las sesiones, ni para las comisiones.

Cumplió, pero terminó limitando ese condicionamiento al período extraordinario.

Lo cierto es que precisamente el juicio político fue el elemento que disparó la actividad de la Cámara baja en el verano. Porque ante la intención de avanzar con ese tema incluido en extraordinarias, el oficialismo se vio compelido a mostrarse activo en ese período. Incluyendo el tratamiento de cuestiones que no figuraban entre los 28 temas de extraordinarias.

Muy diferente fue la situación en el Senado, donde no dejó de sorprender que a pesar de contar el oficialismo con número para el quórum, en el recinto y todas las comisiones, se mantuvo inactivo durante todo el verano. Sin reuniones de comisión y solo la apertura del recinto para su tradicional reunión preparatoria.

Para ese mismo día -el 23 de febrero- se había especulado con una sesión especial que no se hizo. Después se supo que había mar de fondo dentro del interbloque Frente de Todos, pues cuatro de sus miembros se terminaron alejando para formar un bloque junto a la cordobesa Alejandra Vigo, y ahí sí el oficialismo perdió la posibilidad de manejar el quórum, como terminó de advertirse de manera dramática el jueves pasado.

Es verdad que los senadores de Juntos por el Cambio no parecen muy afectos a asistir a las reuniones de comisión, salvo escasas excepciones (Víctor Zimmermann, Julio Martínez, Carmen Alvarez Rivero), como se los reprochó en la sesión del último día de marzo José Mayans, que les sugirió que ahora que son la primera minoría sí concurran. Pero la realidad es que el oficialismo, presidiendo la mayoría de las comisiones y todas las principales, no las ha convocado. Y ninguno de los proyectos incluidos en extraordinarias y que debían pasar por el Senado, fueron tratados.

Lo más parecido a una reunión de comisión en la Cámara alta fue la que convocó el 16 de febrero, el tucumano Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud, para tratar el proyecto de ley del Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud. Fue una reunión informativa, que contó con la presencia de representantes del Ministerio de Salud de la Nación e instituciones médicas privadas, y a la que no asistió ningún representante de la oposición. Técnicamente no fue una reunión de comisión, pues no funcionó como tal.

La actividad en Diputados

Un fuerte contraste hubo entonces entre la actividad del Senado y la de la Cámara baja, que tuvo un verano muy activo, con dos reuniones de comisión en el mes de enero y once en febrero. En marzo, primer mes de ordinarias, mientras el Senado no realizó ninguna reunión de comisión, la Cámara baja realizó nueve, con tres plenarios para dictaminar.

Si hay algo verdaderamente infrecuente, eso son las reuniones de comisión en el mes de enero. Y este año hubo dos. La primera fue el 25 de enero, cuando la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que preside Leonardo Grosso, se reunió para dictaminar sobre uno de los proyectos incluidos en extraordinarias: el que crea el Parque Nacional Laguna El Palmar en Chaco, que se convirtió en ley ya no en extraordinarias, sino en la sesión del 28 de marzo.

Tal cual lo había anticipado, Juntos por el Cambio no dio quórum para esa sesión, pero sí se sumó cuando el oficialismo lo consiguió, con la llegada de Máximo Kirchner. Así actuaría en adelante en todas las reuniones.

Al día siguiente comenzó a funcionar la Comisión de Juicio Político. Presidida por la entrerriana Carolina Gaillard, esa comisión estableció ese último jueves de enero cómo funcionaría a partir de entonces. Y no paró más, casi con puntualidad estricta todas las semanas, o duplicando sus reuniones a mediados de febrero, mes en el que se reunió los días 2, 14, 16 y 23, comenzando esa última fecha la convocatoria de testigos, con la presencia en esa reunión de los jueces Sergio Ramos y Alejo Ramos Padilla.

Siendo la comisión más activa en lo que va del año, en el mes de marzo realizó otras tres reuniones, con un promedio de seis horas cada una.

El primer día de febrero se reunió la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Fue una informativa, con la visita de la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, para presionar por la aprobación del plan de pago de deuda previsional, sin la presencia de diputados de la oposición. Fue el único encuentro al que JxC no asistió.

Ese mismo 1° de febrero, la Comisión de Presupuesto y Hacienda comenzó a tratar el proyecto de ley sobre “Régimen Simplificado y Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos”, más conocido como “Mono-Tech”. Lo presentaron funcionarios del Ministerio de Economía y la AFIP, y el día 7 volvieron emitieron dictamen. La oposición asistió a ambas reuniones, mas no firmó el dictamen, cuestionando el rechazo oficial a traer más expositores para debatir, y sobre todo la falta de disposición para hacer modificaciones.

También el primer día de febrero se reunió una comisión presidida por la oposición, demostrando que la decisión de no dar quórum corría solo para las convocatorias oficialistas. La Comisión Comercio, encabezada por la radical entrerriana Gabriela Lena, se reunió para abordar la problemática de los juicios laborales, registración de empleados y su impacto en el comercio y en las PyMEs. Fue una reunión informativa a la que asistieron 13 representantes del comercio y las pequeñas y medianas empresas. Volverían a reunirse por el mismo tema el 15 de marzo, con cinco invitados, mas la ausencia de representantes del Frente de Todos.

Como se ve, este verano tuvo la particularidad de que las comisiones funcionaran en Diputados no solo para tratar temas propuestos para extraordinarias, sino que en muchos casos funcionaron como si ya estuvieran en el período ordinario. Otra de esas reuniones fue la que la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico realizó el 16 de febrero, para abordar la necesidad de repensar una nueva Ley sobre Salud Mental y Adicciones. Presidida por el diputado del Pro Federico Angelini, hubo allí más de una decena de especialistas invitados a exponer, y la promesa de que seguirán estudiando la cuestión.

Un tema muy convocante en esta primera parte del año fue el del narcotráfico en Santa Fe. Por eso el 8 de marzo se realizó un plenario de las comisiones de Justicia y Legislación Penal, que avanzaron con el proyecto de ley de fortalecimiento de la justicia penal federal de Santa Fe. El día 22 de marzo el proyecto tuvo el dictamen que faltaba, de la Comisión de Presupuesto, y quedó listo para llegar al recinto.

Un grupo de diputados de todos los sectores pidió una sesión especial para el 21 de marzo para analizar la problemática por los créditos UVA. La misma fue suspendida al ser convocada para ese mismo día un plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto para debatir los once proyectos que hay sobre el tema.

Otro plenario se realizó el 22 de marzo. En este caso, de las comisiones de Agricultura y de Industria, con el fin de anunciar las modificaciones realizadas al proyecto de desarrollo agroindustrial, y quedaron en buscar el dictamen en una próxima reunión con Presupuesto.

Grupos de Amistad

También durante este verano se constituyeron en la Cámara baja cuatro Grupos Parlamentarios de Amistad: el de Vietnam, presidido por la oficialista María Rosa Martínez; el con España, que eligió a Hugo Yasky como presidente; y el de Francia, que nominó a la fueguina Rosana Bertone.

Por último, el santafesino Roberto Mirabella fue designado presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con la República de la India.

Visitas de funcionarios

En lo que va del año, cinco altos funcionarios -dos de ellos ministros- asistieron a las comisiones de la Cámara baja. La primera en hacerlo fue la subsecretaria de Minería, Fernanda Avila, que asistió el 15 de febrero a la Comisión de Minería para exponer sobre la situación del sector.

Horas más tarde, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, hizo lo propio en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados.

El secretario de Comercio, Matías Tombolini, se presentó el 14 de febrero en la Comisión de Comercio, donde defendió el programa “Precios Justos”, respondiendo preguntas por alrededor de dos horas, aunque su partida fue cuestionada por la oposición, pues quedaron muchas consultas por hacer, ya que faltaba que hablaran 18 oradores cuando se retiró argumentando que tenía una reunión con la UIA.

El 9 de marzo el ministro Aníbal Fernández se presentó ante la Comisión de Seguridad para hablar especialmente de la situación imperante en la provincia de Santa Fe con motivo del narcotráfico.

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, presidida por el diputado radical Facundo Manes (Buenos Aires), tuvo el 21 de marzo una reunión informativa para comenzar con el debate del proyecto Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 impulsado por el Gobierno. A la misma asistió el ministro Daniel Filmus, quien pidió a los diputados establecer una fecha para emitir el dictamen correspondiente.

Tres sesiones

El último día del mes de febrero, la Cámara baja realizó su única sesión extraordinaria. Trabajosamente, el oficialismo consiguió el quórum con la presencia de la izquierda, aliados y parte del interbloque Federal, y luego convirtieron en ley la moratoria previsional y el proyecto de historias clínicas digitales.

Exactamente un mes después, la Cámara volvió a sesionar para aprobar cuatro proyectos. Por amplia mayoría dio media sanción al fortalecimiento de la justicia penal federal en Santa Fe, y aprobó luego el Mono-Tech.

Más tarde convirtió en ley la cesión de jurisdicción efectuada por la provincia del Chaco al Estado nacional, para la creación del Parque Nacional y Reserva Nacional Laguna El Palmar, y por último la modificación de la Ley 22.990, de Sangre Humana.

Un día después, el 29 de marzo, a 27 días de haber asumido en el cargo, el jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi, expuso durante alrededor de ocho horas ante los diputados.

Las comisiones que se reunieron

Juicio Político: 8 veces

Presupuesto: 4 veces

Comercio: 3 veces

Industria: 2 veces

Recursos Naturales: 1

Previsión y Seguridad Social: 1

Minería: 1

Justicia: 1

Legislación Penal: 1

Ciencia y Tecnología: 1

Agricultura y Ganadería: 1

Finanzas: 1

“Quieren que después aparezca en los medios ‘Cristina perdió la mayoría en el Senado’. Eso están buscando”, disparó indignado el senador José Mayans en su intervención de este jueves, cuando la sesión especial ya trastabillaba. Se debe haber sentido reivindicado cuando horas después se conoció el comunicado del interbloque Juntos por el Cambio, titulado: “Cristina Fernández de Kirchner perdió el control del Senado”.

El comunicado comienza con el siguiente párrafo: “El oficialismo del Senado de la Nación tuvo que enfrentarse a una nueva realidad, Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación, ha perdido el control de la Cámara alta”. Y agregan que “si tuviéramos enfrente un bloque respetuoso de las reglas básicas de la política, que entienda que las mayorías son circunstanciales y que las reglas están para cumplirlas, nunca hubiese pasado lo que hoy pasó en el recinto”.

Para Juntos por el Cambio, “lo único que buscaron fue ensuciar una sesión convocada por ellos mismos, desconociendo, violentando y manoseando el reglamento del Senado de la Nación. Esto no es nuevo: es su modus operandi desde hace años, manejando a su antojo la agenda de debate sin diálogo y sin respeto por las reglas”.

Recuerdan allí que desde la oposición habían realizado dos pedidos de sesión especial, pero el Frente de todos no respetó ninguno y “convocaron de prepo y de manera antirreglamentaria a una sesión con el solo fin de generar una situación de caos”.

“Hace meses el oficialismo se viene negando a tratar temas como Ley Lucio, CUD, el nombramiento de jueces de Rosario para permitir profundizar la lucha contra el narcotráfico y otros, ya que como condición para tratarlos y sancionarlos pretendían incorporar a las sesiones temas de la agenda de los sectores más extremos del kirchnerismo. Nunca respetaron esos temas, siempre fueron para ellos excusas para introducir temas de agenda K, alejados de la sociedad”, agrega el texto que advierte que este jueves “quisieron construir un espectáculo donde convocaron a sectores de la sociedad civil interesados y partícipes en estos proyectos de alta sensibilidad, pero no lo hicieron como un gesto de apertura, sino que lo hicieron con el único fin de utilizarlos y pretender condicionar la discusión”.

Así las cosas, el bloque JxC afirmó que “es mentira que nosotros no queramos sancionar estas leyes ni debatirlas. Pero no podemos someternos a la extorsión del Frente de Todos”, y aclararon: “Queremos dar tratamiento a esos proyectos, pero en una sesión convocada de acuerdo a las reglas y no bajo los caprichos del oficialismo que se siente incómodo porque perdió la mayoría en el senado y el respaldo social”.

Sobre el final aclaran que el mandato que tienen es el de “resolver los problemas de la gente, pero es también proteger la institucionalidad frente a estos mentirosos y tramposos”, y concluyen ratificando su compromiso compromiso con la agenda vinculada a las necesidades de la gente pero también reiteramos que no podemos permitir la extorsión, la mentira y la ruptura institucional”.

Luego de la polémica sesión del Senado que concluyó con la retirada de la oposición, cuando la presidenta provisional del Cuerpo había anunciado la necesidad de conseguir los 2/3 para imponer una moción pedida por ellos, los miembros de Unidad Federal explicaron su postura.

“Lamentamos que por imposición anti reglamentaria de la presidenta del Cuerpo se haya visto impedido el desarrollo de la sesión especial que habíamos solicitado el pasado 15 de marzo, convocada para tratar temas sensibles y de gran importancia para la sociedad como son la designación de jueces federales para las provincia de Santa Fe y Córdoba en el marco de la lucha contra el narcotráfico, la reducción de impuestos a la tarifa energética y la Ley Lucio”, señalaron los senadores opositores.

Para los miembros del bloque que preside Guillermo Snopek, “de mala fe se aprovecharon del legítimo reclamo de las víctimas de accidentes de tránsito que solicitan la sanción de la ley de alcohol cero, sabiendo que era un tema que no estaba acordado para su tratamiento el día de hoy. Iniciativa ésta que apoyamos y que se había decidido pasar para la próxima sesión”.

En el mismo sentido solicitaron el “funcionamiento inmediato” de las comisiones del Cuerpo, advirtiendo que “son tiempos que imponen consenso y responsabilidad institucional para la discusión de los temas que reclama la sociedad”.

“Desde el bloque Unidad Federal seguiremos trabajando para que el Senado recupere el respeto y su rol de escenario de debate de los temas de las provincias”, concluyó Unidad Federal a través de un comunicado.

Caída este jueves la sesión en el Senado, luego de la retirada de los legisladores de Juntos por el Cambio y Unidad Federal, los jefes del oficialismo cuestionaron la actitud y lamentaron los temas que quedaron sin aprobarse, ante la mirada en los palcos de familiares de víctimas de accidentes viales. 

En alusión al proyecto de fortalecimiento de la justicia federal de Santa Fe, que se había pedido tratar sobre tablas ya que tuvo media sanción en Diputados el martes pasado, el presidente del interbloque Frente de Todos, José Mayans, expresó contra la oposición: “Lamentablemente demuestran que les importa muy poco la justicia federal de Santa Fe”. 

“La verdad que venir acá a pedir alterar el plan de labor, violando el reglamento, violando la decisión de la Presidencia, demuestra que toda una farsa armaron, que no les importa absolutamente nada de lo que está pasando en Santa Fe y tampoco tratar los temas que están con despacho, como la ley de alcohol cero, que pusimos en primer término”, agregó el formoseño. 

Mayans calificó de “lamentable lo que han hecho de retirarse y dejar sin quórum este recinto”, pero prometió “seguir trabajando para lograr que la Argentina tenga las leyes que necesitamos”. 

Enfática en su discurso, la vicepresidenta del interbloque, Anabel Fernández Sagasti, hizo un repaso de las iniciativas que estaban en el temario y aseguró que “el Frente de Todos viene trabajando, desde el primer día que llegó a la Cámara de Senadores, por la Ley Lucio y lo hacemos silenciosamente porque creemos que la Argentina tiene que cambiar en la perspectiva de niñez y adolescencia”. 

“También trabajamos con las personas con discapacidad, sabemos lo que es para una mamá de un chico con discapacidad tener que ir todos los años a sacarse el CUD para poder tener los beneficios que da el Estado nacional; sabemos lo que es para un abuelo y abuela no cobrar a fin de mes la jubilación porque no llegó a hacer el trámite de fe de vida; sabemos perfectamente lo que pasan los papás que tienen niños, bebés, con cardiopatías congénitas”, enumeró. 

La mendocina sostuvo que “el Frente de Todos trabaja de manera federal, estamos muy preocupados por lo que pasa en Rosario y Santa Fe”. “Estamos preocupados porque el narcotráfico no solo está presente en Rosario, lamentablemente está en todas nuestras provincias, como en Salta, Mendoza, Chubut, provincia de Buenos Aires y Capital Federal, que también había jueces, defensores y fiscales que tienen dictamen hace meses y que Juntos por el Cambio y Unidad Federal, lo que lidera el senador (Guillermo) Snopek, se niegan a tratarlo”, apuntó. 

Visiblemente molesta, la camporista recordó que “no nos dieron quórum para tratar el Presupuesto y se fueron a hacer una conferencia de prensa” en la última sesión que hubo el 16 de noviembre del año pasado. “Hace años vienen tratando de impedir que este Senado funcione, y a pesar de ellos este Senado lo han sostenido esta bancada y los compañeros que sensatamente piensan en la población antes de las mezquindades políticas como hace Juntos por el Cambio”, destacó.

Y resaltó: “¿Pero saben qué? La taba se va a dar vuelta, porque hoy demostraron lo que son: soberbia y mezquindad para tratar los temas que les importa a los argentinos y argentinas”. “Nosotros vamos a seguir insistiendo en el diálogo y en el consenso, pero no en las imposiciones para salir en un medio de comunicación”, completó. 

En alusión a la ley de alcohol cero, la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, remarcó que “esta ley no es un proyecto del oficialismo, es de un diputado radical de Jujuy (Jorge Rizzotti), se votó en noviembre del año pasado” en la Cámara baja. 

En defensa de la iniciativa, la kirchnerista advirtió que “ninguno de nosotros y nosotras está exento que nos pase lo que les pasó, o les pasa, lamentablemente, a 1.200 víctimas anuales de tránsito por abuso de alcohol al volante”. “No se puede tener libertad para seguir mintiéndole a la sociedad: lo que no quieren es aprobar esta ley, hay una cruzada contra la ley de alcohol cero y no se los vamos a permitir”, enfatizó. 

La senadora aseguró que seguirán “insistiendo” para que “se ponga en el temario en todas las sesiones, hasta que logremos que la oposición nos dé quórum”, y “hacer ley de una buena vez esta ley que todos los argentinos y argentinas necesitamos”. “No hace falta ser víctima para sentir empatía por esta ley, no hace falta perder a un familiar para poder aprobar esa ley. Le pedimos a la oposición que reflexione, estos son los temas que le interesan a la gente”, concluyó. 

Venía mal barajada la sesión de este jueves en el Senado, donde la última sesión especial se realizó el 16 de noviembre de 2022. Esto es, hace 4 meses y medio. Las discusiones en torno a la convocatoria de esta sesión, con tres temarios distintos, de todas maneras parecían haber quedado de lado cuando el quórum se consiguió prestamente, con la presencia de 70 senadores. Esto es, oficialistas y opositores, prácticamente todos senadores en sus bancas.

Pero la sesión terminó estallando a las 13.15, justo una hora después de iniciada, cuando la oposición en su conjunto resolvió retirarse de manera masiva, luego de que la presidencia del Cuerpo hubiera exigido la obtención de una mayoría agravada para habilitar el cambio del temario que Juntos por el Cambio y Unidad Federal querían imponer, postergando quince días el tratamiento de los proyectos que quería sumar la Cámara alta.

Hubo dudas y deliberaciones antes de la decisión de dejar el recinto. Algunos no parecían convencidos de hacerlo, en especial el cordobés Luis Juez, que se mantenía sentado mientras sus pares habían recogido las cosas para dejar el lugar. Tampoco la jujeña Silvia Giacoppo parecía convencida. Se armaron corrillos: el entrerriano Alfredo De Angeli (Pro), dispuesto a irse, hablaba con el entrerriano Edgardo Kueider, que acababa de hablar para prestar su acuerdo a mandar su proyecto a comisión, en lugar de buscar los 2/3 para su tratamiento este mismo jueves. Guillermo Snopek, que minutos antes había aclarado que “presido, pero no lidero” el interbloque Unidad Federal, dialogaba sobre qué hacer con Alfredo Cornejo y Hugo Schiavone, cruzándose órdenes. En los palcos, quienes reclamaban el tratamiento del proyecto de Alcohol Cero, demorado desde el año pasado cuando se aprobó en Diputados, insistían por su tratamiento, coreando la consigna “alcohol cero/alcohol cero”; una de ellas lloraba.

Cuando finalmente los miembros de Unidad Federal se pararon para irse, los reticentes de JxC se fueron también.

La sesión

Después de tantas idas y vueltas sobre la convocatoria de la sesión del Senado de este jueves, la elección del temario terminó generando un cortocircuito definitivo en el recinto. Había tomado la delantera el senador santafesino Marcelo Lewandowski para reclamar el acompañamiento del Cuerpo para tratar sobre tablas el proyecto de fortalecimiento de la justicia penal federal de su provincia, teniendo en cuenta que el tema venía con media sanción de la Cámara baja, casi por unanimidad y sin votos en contra.

A continuación, desde Juntos por el Cambio se reclamó alterar el orden del día previsto para tratar los temas que originalmente había pedido la oposición, y postergar los otros proyectos para una sesión a realizarse dentro de dos semanas.

El presidente del interbloque, Alfredo Cornejo, intervino para poner en discusión el orden de tratamiento de los temas. Recordó cómo se habían dado las citaciones, comenzando por la de Unidad Federal, para este miércoles 29 de marzo; luego la de Juntos por el Cambio para este jueves 30; y la decisión del oficialismo anunciada el miércoles de presentar un pedido de sesión especial para la misma hora y el mismo día, con diversos temas.

“Y luego han sacado un decreto de convocatoria que arbitrariamente han puesto y en el orden que se les ocurrió”, señaló el mendocino, que reclamó “prioridad” para los temas que la oposición había planteado. A continuación hizo una moción de orden para modificar el orden de tratamiento, postergando los homenajes y preferencias para el final de la sesión, y solicitar asimismo poner en consideración solo los pliegos judiciales previstos, como así también el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, conocido como la Ley Lucio.

Paralelamente, Cornejo pidió aplazar el tratamiento del resto del temario, con preferencia para una próxima sesión con fecha 13 de abril. “En solo 15 días”, remarcó el mendocino.

Previsiblemente el presidente del bloque oficialista, José Mayans, rechazó la moción. Arrancó celebrando y agradeciendo la presencia de todos los senadores. “Era necesario que trabajemos, que funcionemos”, dijo, para contar luego que había estado hablando con la presidenta del Cuerpo, quien le había expresado que “lo importante es si hay voluntad para trabajar”. Así fue que Mayans contó que se reunió con Anabel Fernández Sagasti y Juliana Di Tullio para trabajar en pos de una futura sesión.

Recordó que Juntos por el Cambio había adelantado que no iba a sesionar hasta que no se levantara el juicio político a la Corte Suprema, cosa que consideró improcedente por cuanto “no puede el Senado estar supeditado” a situaciones que se dan en Diputados, donde cualquiera está habilitado a pedir un juicio político. Con todo, aclaró que tras las extraordinarias, desde la principal oposición habían resuelto rever la situación.

Pero como se dividió el bloque oficialista, admitió que ahora necesitan tratar solo temas de consenso. “A ver cuáles son, ahora que ninguno tiene mayoría absoluta”, se preguntó.

En su relato llegó a la reunión de Labor Parlamentaria de este miércoles, donde no hubo acuerdo por lo que atribuyó a que el acuerdo que aceptaba JxC era tratar solo los temas que ellos querían. “Hay una presión y una utilización de oportunidades para decir ‘solo tratamos nuestros temas’ –dijo-, y que después aparezca en los medios ‘Cristina perdió la mayoría en el Senado’. Eso están buscando”. De paso, Mayans le pasó la factura a Juntos por el Cambio por la falta de trabajo en las comisiones y les reclamó que “este año vengan, ya que van a lucir su mayoría, lúzcanla”.

Finalizó diciendo que sostenían su convocatoria y advirtió que al poner en consideración los temas, reclamarían que el cambio fuera a través de los dos tercios. Y que no cambiarían el orden, porque “hay gente que se quiere levantar e ir cuando se trate alcohol cero”.

A continuación, Guillermo Snopek recordó qué temas habían pedido ellos, hizo hincapié en la demora en tratar muchos de los proyectos importantes pendientes y sostuvo que para él tendría que haber habido tres convocatorias, pero la primera debió haber sido la que su interbloque había pedido.

Como quedó claro que apoyarían la moción pedida por JxC, desde el oficialismo comenzaron a inquietarse. La presidenta de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, se refirió al pedido de Cornejo, que ella planteó como el deseo de “impedir” el tratamiento de la mayoría de los temas previstos.

La preguntó a Alfredo Cornejo si lo que quería era dejar fuera de tratamiento Alcohol Cero, el Certificado Unico de Discapacidad… “¿En serio quieren dejar eso? ¿Quieren quitar el proyecto sobre cardiopatías congénitas? El proyecto para que los jubilados no hagan más la fe de vida?”, fue enumerando, e incluyó la exención de ganancias para las guardias médicas y el reconocimiento de la lengua de señas, como así también el proyecto del senador Kueider.

Por su parte, el radical Luis Naidenoff recordó que “este Senado tenía una tradición de ordenar los temas a tratar en Labor Parlamentaria”. Pero recordó también que recién este miércoles se volvieron a reunir, al cumplirse 9 meses de la última Labor convocada. “Unicamente se trataron sesiones especiales o de prepo, sobre la hora, para que cada uno no sepa qué se tiene que discutir en el recinto”, remarcó, recordando que tuvieron que “mediar dos planteos de sesiones especiales para que hoy estemos discutiendo este tema que en las gradas con mucha razón exigen su tratamiento”.

Y refutó los planteos del oficialismo recordando que el propio presidente había solicitado el tratamiento de esos temas en extraordinarias y no convocaron a sesionar. “No se trató un solo tema que fuera solicitado por el Poder Ejecutivo… Entonces, para barajar y dar de nuevo y encontrar cierto orden, que se vote las mociones de los senadores Cornejo y Snopek”.

A continuación, el senador Alberto Weretilneck adelantó que solicitarían mantener el temario previsto, por cuanto “no hay ningún motivo para no tratar hoy esos proyectos porque tienen dictamen de comisión”. Y mostró su disposición también a tratar sobre tablas el proyecto de fortalecimiento de la justicia federal santafesina. Lo mismo hizo luego Clara Vega, otra aliada permanente del Frente de Todos. “Que se respete el orden del día”, dijo la riojana, que se justificó “en respeto” a los familiares de víctimas de accidentes de tránsito que reclamaban el tratamiento de alcohol cero desde los palcos.

La discusión sobre los dos tercios

A la hora de votar, la presidenta provisional del Cuerpo reiteró que se necesitaban las dos terceras partes para habilitar el apartamiento del reglamento. Se justificó en que se estaba planteando el no tratamiento de los proyectos que se habían incorporado.

Intervino Luis Naidenoff, quien aclaró que lo que habían pedido desde la oposición era una moción de orden pedida por Cornejo y ratificada por Snopek. “Ese planteo debe ser sometido a votación, no está sujeto a lo que diga la presidencia. Este Senado lamentablemente tiene la triste capacidad de votar la calesita… Y estamos todos en la calesita. La presidenta (de la Cámara), que no está presente, siempre distinguía entre la legitimidad de origen y la de ejercicio. En los Parlamentos, a veces los números cambian, las mayorías y minorías son circunstanciales según los bloques. Y hoy la mayoría solicita alterar el orden de tratamiento. Después cada uno puede interpretar lo que quiera, en base a lo que se discutió en términos políticos. Que se vote la propuesta”.

Antes de ir a la votación, José Mayans insistió en que la resolución de la presidencia “solo se puede cambiar con 2/3. Entonces vamos a votar negativamente el cambio del  plan de labor y luego positivamente el respaldo para el tema de la justicia de Santa Fe”.

El presidente del bloque Pro, Humberto Schiavoni, aclaró que no estaban trasgrediendo ningún artículo del reglamento, y recordó que no había un plan de Labor que estuvieran cambiando, sino solo el orden de prelación de los temas. “No hay un apartamiento de reglamento”, enfatizó.

La presidenta provisional del Senado insistió con la necesidad de contar con una mayoría agravada. “Es la decisión de Presidencia”, dijo una y otra vez, ante los gritos de Alfredo Cornejo. “Bueno, denúncieme si cree que no tengo las facultades”, cerró.

Y sobrevino el desmadre.

Cuatro meses y medio después de haber realizado su última sesión con el tratamiento de proyectos, la Cámara alta inició este jueves su primera sesión del presente período ordinario. La reunión estuvo rodeada por innumerables idas y vueltas, a partir de la presión inicial de interbloques opositores para realizar una sesión especial esta semana, y la intervención final del oficialismo para oficializar la misma incluyendo una serie de proyectos de su interés.

Finalmente el quórum fue alcanzado a las 12.16 con la presencia de 70 senadores. Esto es: estuvieron en sus bancas prácticamente todos, oficialismo y oposición.

La sesión,  presidida por Claudia Ledesma Abdala, pues Cristina Kirchner está a cargo del Poder Ejecutivo, arranca con el tratamiento de seis pliegos para la Justicia de Santa Fe y de Córdoba, tras lo cual buscarán convertir en ley el proyecto de alcoholemia cero para la conducción de vehículos. El proyecto modifica el inciso a) del artículo 48 de la ley de tránsito 24.449. En la nueva redacción se prohíbe conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 0 miligramos por litro de sangre.

A continuación avanzarán con el Certificado Unico de Discapacidad, que a partir de su aprobación también se convertirá en ley.

Luego será el turno del Plan Nacional de Cardiopatías Congénitas, que tiene por objeto garantizar que todas las personas con esa afección tengan el derecho a todas las instancias de detección y tratamiento correspondientes, y que todas las mujeres embarazadas y personas gestantes tengan el derecho a un control prenatal que incluya la detección precoz de cardiopatías congénitas garantizando, si correspondiese, el traslado intrauterino. Será ley si se aprueba.

Luego será el turno del proyecto de eliminación del trámite de fe de vida a jubilados y pensionados, y titulares de pensiones no contributivas.

A continuación se tratará la modificación del impuesto a las Ganancias con exenciones para trabajadores de la salud. Se trata del proyecto que exime del gravamen a las remuneraciones percibidas en concepto de guardias que excedan el número de 4 guardias mensuales de 24 horas. También será ley, lo mismo que el reconocimiento de la Lengua de Señas Argentina como idioma viso-gestual en todo el territorio nacional.

Luego será el turno del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, más conocido como la Ley Lucio. También será ley, en caso de aprobarse, y crea un programa destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los tres poderes del Estado nacional que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes.

Por último y se abordará el proyecto del senador entrerriano Edgardo Kueider, que establece la disminución de tarifas del servicio eléctrico, a partir de establecer criterios tarifarios que permitan disminuir la brecha de precios entre la generación y el precio que pagan los usuarios finales del servicio eléctrico, entendiendo su acceso como un derecho en el marco de la prestación de un servicio público esencial, con el fin de reducir la tarifa para usuarios finales.

Este proyecto no tiene dictamen, por lo que necesitará una mayoría especial  para su tratamiento sobre tablas.

Luego de una reunión de Labor Parlamentaria en la que buscaron sin éxito consensuar una sesión para este jueves, el oficialismo terminó convocando para este jueves a las 12, con un temario que incluye casi todos los temas que originalmente pretendían, pero al que sumaron propuestas de los interbloques Juntos por el Cambio y Unidad Federal.

La principal oposición, convertida desde marzo en primera minoría, analiza si participará de la sesión, aunque algunas figuras de ese espacio mostraron a título personal su disposición a sesionar “para tratar temas que le importan a la gente”. Con todo, resolverán recién este jueves por la mañana.

Recordemos que el Senado lleva más de cuatro meses sin reunirse para tratar proyectos.

En cuanto a Unidad Federal, no confirmaron qué harán, pero la inclusión del proyecto del entrerriano Edgardo Kueider para reducir el IVA en las tarifas eléctricas anticipa una disposición a participar de la reunión.

En rigor, Juntos por el Cambio y Unidad Federal  habían pedido sucesivamente una sesión para la cual habían propuesto sus propios temarios. Temprano este viernes trascendió que el oficialismo también tenía temario propio, ampliado. Finalmente, promediando la tarde de este miércoles y a pesar de la falta de acuerdo en la reunión de Labor, se formalizó el pedido de sesión que incluye trece iniciativas, de las que prescindieron del proyecto de Oscar Parrilli para crear la Universidad de Madres de Plaza de Mayo.

El temario original de los interbloques opositores incluía una serie de pliegos de jueces y la Ley Lucio que ya tiene media sanción de Diputados. El oficialismo sumó más nombres de jueces, como así también el proyecto sobre Alcohol Cero; la modificación de la ley de Enfermería y el proyecto que modifica a la ley 22.431 de Protección Integral de las Personas con Discapacidad con el objetivo principal de agilizar la renovación y obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Igual que esos temas, también con media sanción de la Cámara baja, sumaron el Plan Nacional de Cardiopatías Congénitas.

El temario incluye la eliminación del trámite de fe de vida a jubilados y pensionados y titulares de pensiones no contributivas; una modificación de la ley de Impuesto a las Ganancias sobre exenciones a trabajadores de la salud (también con media sanción); y otra media sanción muy esperada como es el proyecto que reconoce a la Lengua de Señas Argentina como idioma viso gestual en todo el territorio nacional.

Por último, y como  ya hemos dicho, se incluyó el proyecto de Kueider que establece disminuir el IVA en las tarifas eléctricas al 5 por ciento en las casas y al 10,5 en industrias y pymes.

DPP-4.23

En un Salón Illia del Congreso de la Nación colmado, el Senado le rindió homenaje al destacado político, historiador, educador, filósofo, jurista y literato riojano Joaquín V. González, al cumplirse 160 años de su nacimiento y 100 años de su fallecimiento.

El evento fue organizado por el senador nacional por La Rioja Ricardo Guerra, conjuntamente con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), y contó con la presencia de las senadoras Nora del Valle Giménez y Ana María Ianni; las diputadas Gabriela Pedrali e Hilda Aguirre de Soria, el diputado Ricardo Herrera; el presidente de la UNLP, Martín A. López Armengol, integrantes de la Asociación Gonzaleana, la directora de la revista Todo es Historia, Eliana de Arrascaeta, la Secretaría de Culturas de La Rioja, Patricia Herrera, la directora de la Casa de la Rioja en Buenos Aires, Fabiana Oviedo, Julio Delgado y Roberto Catalán, representantes de los diarios El Independiente y Nueva Rioja respectivamente y familiares de Joaquín V. González, entre otros.

Guerra comenzó destacando que “Joaquín Víctor González fue un precoz y consumado lector, curioso y observador como pocos, de personalidad humilde, afable y amigable. Un enamorado de sus montañas, de su Samay Huasi (que en lengua quichua significa lugar de descanso) y de su Chilecito natal”. Y enseguida subrayó: “Fue un avanzado, demostrando su visión en la legislación y los tratados que generó desde sus funciones de gobierno y al crear una casa de Altos Estudios, la Universidad Nacional de La Plata”.

Visiblemente orgulloso y emocionado, el senador enfatizó que “Joaquín v. González nos dejó un gran legado, al que nuestros jóvenes debieran observar y seguir, y el enorme orgullo como riojanos, y agrego como chileciteños, que un hombre de nuestra tierra trascendiera como lo hizo el doctor González, por su profusa erudición y aportes a la construcción de nuestra patria”.

Joaquín V. González, nacido en Nonogasta, localidad del departamento Chilecito, provincia de La Rioja, fue un prominente político, historiador, educador, filósofo, jurista y literato. A los 23 años, se recibió de abogado y doctor en Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba. Fue gobernador de La Rioja y varias veces ministro nacional, diputado y senador nacional. Además, fue fundador de la Universidad Nacional de La Plata y del Instituto Superior del Profesorado de Buenos Aires, al tiempo que miembro de la Real Academia Española y de la Corte Permanente de Arbitraje Internacional de La Haya.

Los oradores

El presidente de la UNLP, Martín A. López Armengol, resaltó que Joaquín V. González fue “un verdadero vanguardista, un revolucionario que le dio a la Universidad Nacional de La Plata una orientación social. Todo fue perfectamente planificado, basado en tres ejes: la vida universitaria antes de iniciar la carrera, la importancia de los colegios pre universitarios; la investigación como complemento de la formación profesional, y que sea una Universidad abierta, que se parte de la sociedad”.

El titular de la alta casa de estudios recalcó que “para nosotros él es una referencia indiscutida, y también lo es para todo el sistema educativo”.

Por otra parte, el presidente de la Asociación Gonzaleana, Roberto Nicolás Rojo, señaló que “Joaquín V. González se destacó de manera superlativa. Fue un personaje sorprendente, extraordinario; un genio que los argentinos tenemos que redescubrir y es eso lo que estamos haciendo”.

A su turno, la directora de la revista Todo es Historia, Eliana de Arrascaeta, subrayó que “se trata de una persona con una inteligencia notoria. Su obra es de alguien que dedicó su vida a construir la Patria”, e invitó a continuar su legado de “seguir pensando la patria grande y la patria chica”.

En el evento se anunció la inminente publicación de un diccionario gonzaleano y la realización de un Congreso Nacional Gonzaleano en mayo en la ciudad de Chilecito.

Al finalizar el encuentro se realizó la entrega de Diploma de Honor del Honorable Senado de la Nación al Presidente de la UNLP, Martín A. López Armengol, a la Secretaría de Culturas de La Rioja, Patricia Herrera, al presidente de la Asociación Gonzaleana, Roberto Nicolás Rojo y a la directora de la revista Todo es Historia, Eliana de Arrascaeta.

A cuatro meses y días de la última sesión especial de la Cámara alta, los senadores buscan volver a abrir las puertas del recinto este jueves. Para eso la oposición, integrada por Juntos por el Cambio y el flamante interbloque Unidad Federal, convocaron a una reunión para este 30 de marzo y el oficialismo busca tomar cartas en el asunto.

Se sabía desde antes del fin de semana largo -y así lo informó parlamentario.com– que este martes el Frente de Todos planeaba realizar una reunión de Labor Parlamentaria para coordinar esa sesión especial. Pero esa reunión fue postergada para este miércoles a las 12.

El objetivo del interbloque que encabeza el formoseño José Mayans pretende ordenar esa sesión, en la cual el interbloque que hoy representa la primera minoría quiere tratar una serie de pliegos judiciales para Rosario y la Ley Lucio. Lo mismo propone el interbloque Unidad Federal, compuesto por 4 ex FdT y la cordobesa Alejandra Vigo, mas quieren sumarle un proyecto de reducción del IVA en las tarifas eléctricas impulsado por uno de sus miembros, el entrerriano Edgardo Kueider.

Sumados esos dos bloques, pueden cubrir 38 bancas y arrancar esa sesión por sí solos. Pero el oficialismo pretende, como dijimos, ordenar la misma y para eso es la reunión de Labor Parlamentaria. En ese marco podrían sumar a esa posible sesión otros proyectos, por ejemplo Alcohol Cero, otra de las iniciativas que quedaron pendientes de extraordinarias y que cuenta con media sanción de Diputados.

Desde el oficialismo, el tucumano Pablo Yedlin quiere sumar a esa posible reunión un proyecto propio que impulsó en sus tiempos de diputado y que ya tuvo media sanción en esa Cámara: el proyecto de ley de enfermería. Cuenta con dictamen desde septiembre del año pasado.

Todo dependerá de lo que pueda llegar a acordarse en la reunión de Labor de este miércoles. Se verá.

Ya pasaron cuatro meses desde que la Cámara de Senadores no sesiona para tratar proyectos. La salvedad tiene que ver con la tradicional sesión preparatoria que se realizó el último día del mes de febrero, pero tan solo para ratificar a las autoridades.

En rigor, para ese mismo día se había especulado con una sesión posterior a la preparatoria, pero finalmente esa convocatoria quedó en veremos y la Cámara continuó con una inactividad que debe admitirse como infrecuente. Porque el Senado suele ser más activo que la Cámara de Diputados, sobre todo en tiempos de oficialismo en minoría y números demasiado parejos.

Pasa que en la Cámara alta el peronismo ha sido mayoría en la mayor parte de estos cuarenta años de democracia ininterrumpida, salvo períodos muy cortos. Hay que agregarle a esa situación la condición actual, que todavía no queda muy clara, a partir de la escisión de cuatro diputados del bloque mayoritario, más la cordobesa Alejandra Vigo.

Las dudas, sobre todo en el seno de la principal oposición, persisten en cuanto a que la mayoría de los cuatro que se separaron del Frente de Todos en general han sido siempre muy cercanos al oficialismo y por eso quieren verlos andar para terminar de aceptar que se hayan pasado a la oposición. No dudan de la esposa del gobernador cordobés, que es la que le da credibilidad al “no oficialismo” del flamante bloque Unidad Federal, pero quieren contemplarlos un tiempo para convencerse.

Por lo pronto, hay negociaciones de JxC abiertas con este sector, a partir de que desde ese espacio se convocó a una sesión para este jueves para tratar una serie de pliegos judiciales para Rosario, la Ley Lucio y un proyecto de reducción del IVA en las tarifas eléctricas.  Ese último proyecto, que no cuenta con dictamen, es impulsado por el entrerriano Ernesto Kueider, y es un elemento diferenciador de Unidad Federal con el interbloque conducido por José Mayans.

Juntos por el Cambio también llamó a sesionar para ese mismo día, con un temario que no incluye el tema tarifario. Está claro que el oficialismo no se quedará a esperar a que la oposición le arme una reunión para sumarse luego. Sumados los dos bloques citados, dan 38 bancas ocupadas, o sea que hasta les sobra uno para arrancar la sesión. Y hasta podrían sumar a la riojana Clara Vega, enemistada con JxC, pero no al punto de quedar totalmente pegada al Frente de Todos.

Así las cosas, parlamentario.com pudo saber que el oficialismo convocará a una reunión de Labor Parlamentaria para este martes, con el objeto de delinear una sesión que se estima sería para esta misma semana, seguramente el mismo día previsto por los otros bloques. Pero querrá manejar el temario a debatir, que incluiría seguramente pliegos, la Ley Lucio y muy probablemente Alcohol Cero, otro de los proyectos que quedaron pendientes de extraordinarias.

A instancias del senador tucumano Pablo Yedlin, en esa reunión de Labor se tratará de incluir también el tratamiento de la ley de enfermería, aprobada en Diputados sin votos en contra el pasado 16 de septiembre y que tuvo rápido dictamen en el Senado una semana después.

La iniciativa, impulsada por el propio Yedlin en su paso por la Cámara baja, tiene por objeto establecer los mecanismos necesarios para promover la formación de calidad y el incremento de la cantidad de enfermeras y enfermeros, así como la profesionalización y el desarrollo de la enfermería en todo el territorio nacional.

Fuentes de JxC consultadas aclararon que todavía no habían recibido ninguna convocatoria para el martes, pero están dispuestos a escuchar propuestas. Habrá que ver de qué manera actúa el oficialismo ante esta nueva situación que, con 31 integrantes, los muestra por primera vez en condición minoritaria en esa cámara.

En superioridad numérica dentro de la Cámara alta tras la fractura del Frente de Todos, ocurrida a fines de febrero con la salida de cuatro “rebeldes” que se fueron junto a la cordobesa Alejandra Vigo, el interbloque de Juntos por el Cambio solicitó una sesión en el Senado para el próximo 30 de marzo. 

El pedido se conoció este martes e incluye una serie de pliegos judiciales pendientes, entre ellos tres para cubrir vacantes en Rosario, aquejada por la violencia narco; y la denominada “Ley Lucio”, sobre un plan federal de capacitación en los derechos de niños, niñas y adolescentes, inspirada en el caso de Lucio Dupuy. 

Ambas cuestiones formaban parte de un temario tentativo que la semana pasada el jefe del oficialismo, José Mayans, había conversado con sus pares de JxC Alfredo Cornejo, Luis Naidenoff y Humberto Schiavoni. Incluso se barajó la misma fecha para ir al recinto. 

El mismo día que se dio ese encuentro, el bloque Unidad Federal, de los peronistas disidentes, presentó un pedido de sesión para el 29 de marzo, que también incluía los pliegos de Rosario, la Ley Lucio, pero además un proyecto de reducción del IVA en las tarifas eléctricas. 

Sin embargo, tras la cumbre de los jefes del oficialismo y JxC, las notas periodísticas que dieron cuenta de los cuatro meses que lleva el Senado, presidido por Cristina Kirchner, sin tratar ningún proyecto hicieron que el FdT saliera con los “tapones de punta” a defender que el cuerpo “no está paralizado” por culpa de la vicepresidenta, lo que provocó la reacción desde el otro lado. 

Así, en medio de acusaciones cruzadas, JxC se planta ahora con este pedido de sesión. En caso de negociar con Unidad Federal, y teniendo asistencia perfecta, ambas bancadas opositoras pueden llegar a reunir 38 presentes, uno por arriba del número necesario para el quórum. Sería algo que en estos años nunca pasó, dado la supremacía que en esa cámara siempre tuvo el oficialismo. 

Solicitamos a la presidencia del @SenadoArgentina la convocatoria a una sesión especial para el 30 de marzo.

Numerosos temas requieren tratamiento urgente, entre ellos la designación de jueces en Rosario para reforzar la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad. pic.twitter.com/zAtCdFhDfL

— Juntos por el Cambio Senado (@CambiemosSenado) March 21, 2023

Los pliegos que se busca aprobar: 

-Las designaciones como jueces de Gastón Alberto Salmain (Juzgado Federal de Primera Instancia N°1 de Rosario), Elena Beatriz Dilario y Eduardo Daniel Rodrígues Da Cruz (Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario).

-Un listado de conjueces ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba y Juzgados Federales de Primera Instancia de la Jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. 

-Las designaciones de Pablo Gustavo Montesi como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de San Francisco, provincia de Córdoba; y de Ana María Blanco como defensora pública oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba, Defensoría N° 2.

Se viene repitiendo de manera insistente que 2022 fue en el Congreso un año de baja productividad. Pocas sesiones, pocas leyes. Esas cuatro palabras resumen perfectamente esa crítica que se le hace al Parlamento, sobre todo al tratarse de un año no electoral. Los años pares suelen ser los más productivos. Claramente es un antecedente preocupante para lo que será este 2023.

Un informe elaborado por el sitio Dequésetrata.com.ar detalla minuciosamente el trabajo en materia de leyes y proyectos correspondiente al año anterior.

37 leyes se aprobaron durante el año anterior, pero no es récord: en 2018 se aprobaron 36, mientras que el promedio anual de la última década es de 75 leyes anuales, según Directorio legislativo. En 2021, 52 fueron las leyes aprobadas.

El informe de Dequesetrata.com.ar precisa que el año pasado se presentaron 3.009 proyectos de ley en total: 2.108 en la Cámara baja (70%) y 901 en el Senado (30%), lo que habla de una “productividad” punta a punta del Congreso ese año del 1,2%. Y de las 37 leyes aprobadas, solo 11 corresponden a iniciativas presentadas en el propio 2022, lo cual lleva a concluir que solo se aprobó el 0,37% del total de proyectos de ley presentados a lo largo de ese año.

Si bien se aprobaron 37 leyes, otras 52 quedaron a mitad de camino, con media sanción en la cámara de origen, precisa el informe, que establece que se aprobó el 42% de los proyectos de ley que llegaron al recinto.

De las 37 leyes aprobadas, 21 tuvieron origen en la Cámara de Diputados y 16 en el Senado. Así que casi el 56,8% de las leyes aprobadas tuvo origen en la Cámara de Diputados

De las 37 leyes aprobadas, 13 fueron iniciativas del Poder Ejecutivo (11 firmadas por Alberto Fernández, 1 por Juan Manzur y 1 por Mauricio Macri), con lo cual solo el 35,1% de las leyes aprobadas fueron iniciativas del Poder Ejecutivo.

El Poder Ejecutivo presentó 25 proyectos de ley durante el año, de los que fueron aprobados 6. Así que fue aprobado el 24% de los proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo en 2022.

De las 37 leyes sancionadas, solamente 8 fueron iniciativa de legisladores no oficialistas, con lo cual apenas el 22% de las leyes aprobadas fueron iniciativas no oficialistas.

Veamos a qué sectores correspondieron esos proyectos transformados en ley. De Diputados, una fue del bloque Córdoba Federal, otra del Frente de la Concordia Misionero, y el resto son de Juntos Somos Río Negro, el Partido por la Justicia Social, el socialismo y la UCR. Del Senado, una correspondió al Frente Pro y la restante al radicalismo.

Un dato más que aporta el informe: de las 24 leyes aprobadas, originadas en legisladores, más de la mitad, 16, tuvieron autoras mujeres, lo cual implica que el 67% de las iniciativas de legisladores convertidas en ley tienen a mujeres como autoras.

Veinte de los 72 senadores lograron que algún proyecto suyo llegara al recinto para ser sometido a votación, con lo cual solo el 28% de los senadores alcanzó el recinto con un proyecto propio. Pero solo 9 senadores obtuvieron la aprobación de algún proyecto. Fueron estos: Ana María Ianni, Anabel Fernández Sagasti, Edgardo Kueider, Gladys González, Mari Fiad, Norma Durango, Gerardo Montenegro, María Eugenia duré y Silvina García Larraburu.

En Diputados, 31 de los 257 diputados lograron que algún proyecto suyo llegara al recinto para ser sometido a votación, con lo cual solo el 12% de los diputados alcanzó el recinto con un proyecto propio. Solo 14 diputados obtuvieron la aprobación de algún proyecto.

De todos ellos, solo Sergio Massa fue el único diputado en obtener la aprobación de dos proyectos, sobre un total de 30 presentados.

El camino de los proyectos

La duración promedio del trámite parlamentario de las leyes aprobadas fue de 253 días en la Cámara de Diputados y de 269 días en el Senado. Así que la Cámara de Diputados fue 1.06 veces o 16 días más rápida que el Senado en el trámite de las leyes aprobadas durante 2022.

La duración promedio del trámite de las leyes aprobadas fue de 201,3 días en la cámara de origen y de 238,4 días en la cámara revisora. Así que el trámite en cámara de origen fue 1,18 veces más rápido que el trámite en cámara revisora

La duración promedio del trámite de las leyes aprobadas durante 2022 fue de 1,2 años (440 días). Pero la duración del trámite de aprobación de las leyes propuestas por el Poder Ejecutivo fue de 236 días Así que las leyes propuestas por el Poder Ejecutivo se aprobaron 1.9 veces más rápido que las propuestas por legisladores.

La duración promedio del trámite de aprobación para iniciativas de legisladores oficialistas fue de 351 días, mientras que para iniciativas de legisladores no oficialistas fue de 645 días. Con lo cual, los proyectos de legisladores oficialistas se aprueban 1,84 veces más rápido que los proyectos de legisladores no oficialistas.

Las leyes aprobadas en 2022

1) Jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de los DDHH de las Personas Mayores, adoptada por la OEA.

2) Aprobación de las operaciones de crédito público contenidas en el “Programa de Facilidades Extendidas” a celebrarse entre el PEN y el FMI.

3) Marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial.

4) Aprobación de la cesión de la jurisdicción y dominio de la provincia de Río Negro al Estado nacional para la creación del Parque Nacional Islote Lobos.

5) Capacitación obligatoria en la Cuestión de las Islas Malvinas, para todas las personas que se desempeñen en la función pública.

6) Aceptación de la transferencia de jurisdicción efectuada por la provincia de Entre Ríos al Estado nacional. Ampliación del área protegida ya constituida y designada como Parque Nacional Pre-Delta.

7) Aceptación de las cesión del dominio y la jurisdicción ambiental efectuada por la provincia de Córdoba al Estado nacional de todos los terrenos de propiedad de la provincia de Córdoba que se encuentran dentro del espejo de agua de la laguna de Mar Chiquita o Mar de Ansenuza, con el objeto de crear y emplazar el Parque Nacional Ansenuza.

8) Régimen de Protección Integral para los niños, niñas y adolescentes con cáncer.

9) Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, ITS y TBC.

10) Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes y Autónomos.

11) Transferencia de un inmueble propiedad del Estado nacional a favor del municipio de Montecarlo, Misiones.

12) Acceso de los pacientes a las prestaciones integrales sobre cuidados paliativos en sus distintas modalidades.

13) Incentivo a la inversión, construcción y producción argentina.

14) Prevención y control de la resistencia a los antimicrobianos.

15) Institución del Día Nacional del Pistero Socorrista.

16) Transferencia a título gratuito de un inmueble propiedad del estado nacional a la municipalidad de San Fernando, Prov. de Buenos Aires.

17) Día Nacional del Árbol y Semana Nacional del Árbol.

18) Día Nacional del Síndrome de Dravet.

19) Promoción del desarrollo y producción de la biotecnología y la nanotecnología.

20) Régimen de promoción de inversiones en la industria automotriz.

21) Consenso Fiscal.

22) Autorización para la entrada de tropas extranjeras y salida de fuerzas nacionales.

23) Acuerdo que crea la Fundación Internacional UE-ALC.

24) Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.

25) Ley 27.047. Modificación, sobre declaración de utilidad pública y expropiación de inmueble en la localidad de Chacras de Coria, provincia de Mendoza, conocido como “Casa Mazzolari-Cerrutti” o “Casa grande”.

26) Ley 20.655 y sus modificatorias, de Deporte. Modificación sobre asociaciones civiles deportivas superiores.

27) Prórroga de las asignaciones para Industrias e Instituciones Culturales.

28) Prórroga del Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana.

29) Expropiación inmueble “República Cromañón”.

30) Prestaciones asociadas a la violencia de género en el PMO.

31) Aceptación de la cesión de jurisdicción de diversos inmuebles de la provincia de Tucumán al Estado Nacional para integrar el Parque Nacional ACONQUIJA.

32) Adhesión al Fondo Multilateral de Inversiones III (FOMIN III), del BID y del Convenio Constitutivo y el Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones III (FOMIN III) dados en la ciudad de Asunción.

33) Protocolo para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos Personales.

34) Presupuesto General 2023.

35) Prórroga de plazos establecidos para diversos impuestos.

36) Transferencia a título gratuito de un inmueble del Estado Nacional a la Municipalidad de Río Turbio, provincia de Santa Cruz.

37) Transferencia a título gratuito de un inmueble del Estado Nacional a la Municipalidad de Larroque, provincia de Entre Ríos.

Luego que el oficialismo en la Cámara alta reaccionara ante las críticas por los cuatro meses que el Senado lleva sin sesionar, y alegara “acciones obstruccionistas ajenas”, la oposición de Juntos por el Cambio salió a responderle con un duro comunicado titulado: “En el Senado el trabajo del Frente de Todos es atender la agenda de Cristina Fernández de Kirchner”.

“Desde el interbloque de Juntos por el Cambio del Senado de la Nación rechazamos las falsas afirmaciones del oficialismo, donde aseguran venir ‘trabajando casi en soledad todos estos años’. La realidad es que hacen todo lo contrario, y lo hemos denunciado previamente, lo único que hacen es someter al cuerpo a sus intereses particulares”, sostuvieron los legisladores. 

Horas después de que se intentara avanzar en un acercamiento entre las partes, con una reunión que mantuvieron los jefes de bloque de ambos espacios, se hicieron públicas nuevas acusaciones cruzadas. Y, en respuesta a la reforma judicial que el FdT recordó, JxC contestó: “A más de tres años de que Cristina Fernández de Kirchner asumiera su responsabilidad como presidenta del Senado de la Nación, el camino trazado demuestra que el objetivo fue utilizar este espacio como medio para instalar y concretar su agenda personal, que es la de cooptar a la Justicia en total detrimento de las necesidades de la gente”.

“Mientras la pandemia estaba en su peor momento, el oficialismo impulsó la reforma federal de la Justicia. Un proyecto completamente aislado y desvinculado de la realidad que marcó la impronta de los años venideros en los que la agenda judicial del oficialismo se llevó puesto todo intento de legislar en favor de la gente ante la grave crisis económica”, afirmaron.

Por ello, consideraron como “una vil mentira la afirmación sostenida por el oficialismo”. “No trabajaron ‘en soledad’, al contrario, desde Juntos por el Cambio reunimos todos los esfuerzos posibles para evitar la arremetida contra la justicia y remarcar la mezquindad que primó en su fuerza política que priorizó la condescendencia con su jefa política antes que el bienestar de los argentinos”, continuaron.  

En el @SenadoArgentina el trabajo del Frente de Todos es atender la agenda de Cristina Fernández de Kirchner.

✍🏻 Comunicado del Interbloque de Senadores Nacionales de Juntos por el Cambio. pic.twitter.com/pFEoEw1CFH

— Juntos por el Cambio Senado (@CambiemosSenado) March 17, 2023

“Es así que, llegado el caso, ante su insistencia por embestir a la justicia, esta vez mediante un artificioso juicio político decidimos tomar la decisión de no dar quórum hasta que no se pusiera fin a semejante atropello”, indicaron en relación al proceso que se lleva adelante en la Cámara de Diputados contra los miembros de la Corte Suprema. 

Y cuestionaron que “sin embargo, esta decisión no ha frenado nada en el Senado de la Nación dado que es la propia presidenta del cuerpo quien continúa bloqueando la integración de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal, aquella que debe ponerle fecha y hora a la implementación de este nuevo código en las regiones de Santa Fe y Mendoza. Un código que aceleraría los procesos judiciales en un 50%”.

“Este cuerpo de trabajo no se constituye desde que cambió la composición del Congreso, en diciembre de 2021, pese a que Diputados ya elevó sus nombres en junio del 2022 y días después lo hicimos los senadores de Juntos por el Cambio. El oficialismo, mientras tanto sigue en silencio”, recordaron y remarcaron que “estos temas, que sí pueden cambiar en parte la realidad de todos los argentinos y argentinas, son algunos entre los muchos que el oficialismo bloquea sistemáticamente”.

Para la bancada opositora, “los intentos del oficialismo en el Senado de exculparse y desligarse de responsabilidades no son más que un infantil intento de tapar la verdad: si existe una parálisis, esta es impulsada por Cristina Fernández de Kirchner a todo proyecto que no se acomode a su agenda”.

“Así lo demuestran la demora en el nombramiento de tres jueces de Rosario, y el cajoneo de otros proyectos tales como boleta única de papel, precio uniforme de combustibles, y un programa nacional de reparto equitativo y federal de subsidios nacionales al transporte público de pasajeros, entre otros”, concluyeron. 

Al cumplirse cuatro meses desde la última sesión especial en la Cámara alta, el interbloque del Frente de Todos que conduce José Mayans salió al cruce de las especulaciones que le atribuyen a la vicepresidenta de la Nación la responsabilidad de la paralización del Cuerpo.

“De hecho, fue esta bancada oficialista la que vino trabajando casi en soledad todos estos años y se vio obligada a juntar, en la mayoría de las ocasiones, el quórum propio para poder sesionar”, remarcó el FdT a través de un comunicado.

En el mismo destacan que desde el Frente de Todos han “trabajado en forma intensa y aprobado en la Cámara alta una reforma integral de la Justicia, que fue informada en su oportunidad en el recinto por la senadora por Santa Fe (MC) María de los Angeles Sacnun, y que la oposición de Juntos por el Cambio no acompañó”. Al respecto, destacan los senadores que en la Cámara baja ese proyecto perdió estado parlamentario al no conseguir el respaldo de la oposición.

Destacan los senadores que “esa reforma integral mejoraba la estructura judicial en todas las provincias argentinas y  por supuesto incluía a la provincia de Santa Fe, lo que ahora parece preocuparle al senador radical santafesino Dionisio Scarpín, según indica una publicación periodística, quien culpa de la supuesta parálisis de la Cámara a nuestra vicepresidenta”.

Recuerda el bloque oficialista que la principal oposición definió de manera oficial hace semanas “no dar quórum en ambas cámaras del Congreso hasta que se frene el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia”.

“Todo el año pasado hemos venido trabajando a nivel de comisiones y en sesiones para abordar distintos proyectos de interés y necesidad del pueblo argentino”, remarcó el FdT, que manifestó que “estamos abiertos al diálogo y a encontrar consensos, pese a algunas acciones obstruccionistas ajenas”.

Finalmente aclaran que vienen manteniendo conversaciones con referentes parlamentarios de la oposición para alcanzar entendimientos y realizar a fines del mes en curso una sesión con varios temas de consenso, como los pliegos de acuerdos pendientes para designar magistrados en tribunales federales, entre ellos los tres jueces federales de la provincia de Santa Fe.

“Esa es otra demostración de que el oficialismo tiene vocación de mantener el Senado en funcionamiento, como vino ocurriendo desde el 10 de diciembre del 2019”, concluye el comunicado suscripto por los senadores nacionales del oficialismo.

Se cumplen este jueves cuatro meses desde que el Senado no debate ni aprueba ningún proyecto en el recinto, en general un tiempo infrecuente. Podría prácticamente decirse que son más de 100 días sin sesiones, pero vale aclarar que a fines de febrero se realizó la preparatoria, para la elección de autoridades. Sin embargo, ese acto consiste en un mero trámite formal, sin temario alguno.

La Cámara alta sesionó por última vez para tratar iniciativas el 16 de noviembre de 2022. En dicha ocasión, el oficialismo quedó en soledad, junto a sus tres fieles aliados, pues Juntos por el Cambio y la schiarettista Alejandra Vigo no habían concurrido por la polémica en torno a una de las sillas en el Consejo de la Magistratura.

El Frente de Todos, que en ese momento contaba con 35 miembros, logró con la ayuda de Alberto Weretilneck (JSRN), Magdalena Solari Quintana (Misiones) y Clara Vega (Hay Futuro Argentina) sancionar el Presupuesto 2023, la prórroga impositiva y dar media sanción a una indemnización para las víctimas de la represión de diciembre de 2021. También, y no menor cuestión, en una votación inédita refrendó las designaciones de senadores en el Consejo.

Desde el oficialismo adjudicaron “complicaciones” para la asistencia de todos sus miembros en el mes de diciembre: todavía no se había recuperado por completo de su problema de salud el jefe de la bancada, José Mayans, y además otro senador, Sergio “Oso” Leavy, se había ido al Mundial de Qatar. Con el argumento de que JxC no les garantizaba el quórum, el recinto no se abrió más.

En un período de sesiones extraordinarias que comenzó temprano, el 23 de enero, la Cámara alta presidida por Cristina Kirchner tampoco se puso en marcha. Casi una docena de proyectos que el Poder Ejecutivo había definido en su temario estaban de ese lado del Congreso.

Concluida la sesión preparatoria de fines de febrero, la vicejefa del interbloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, argumentó ante la prensa parlamentaria los inconvenientes que habían tenido para reunir a toda la tropa y que por eso no se sesionó en febrero. Por esos días, en realidad, los cuatro “rebeldes” del FdT estaban preparando su retirada.

Además de haber sido un golpe político, la conformación del bloque Unidad Federal abrió para el oficialismo una complicación en el trabajo futuro de un Senado que durante tres años manejó sin problemas, imponiendo su agenda.

Mientras Mayans intentaba descongelar las relaciones con los jefes de JxC Alfredo Cornejo, Luis Naidenoff y Humberto Schiavoni, la bancada ahora comandada por Guillermo Snopek presentó este miércoles un pedido de sesión para, como se dice, “marcar la cancha”.

Los pliegos de jueces de Santa Fe pendientes, en medio de la situación de violencia en Rosario, y la denominada “Ley Lucio” son también temas con los que el oficialismo y JxC estarían de acuerdo en avanzar. Pero el nuevo bloque reclama la reducción en tarifas de electricidad, una cuestión por la que puja hace tiempo el entrerriano Edgardo Kueider, uno de los que se fue. No obstante, el proyecto no tiene dictamen y requeriría de los dos tercios de los votos para ser tratado por el pleno.

Este es uno de los puntos en los que Unidad Federal está “inflexible” y justamente lo demuestra ese pedido de sesión que solicitaron, con la intención de reforzar sus exigencias para negociar su propia agenda y condicionar el quórum.

La incógnita está en cómo se manejará el FdT: si buscará efectivamente recomponer los vínculos con el principal interbloque opositor -ahora más numeroso que ellos mismos- y avanzar en todos temas de consenso, ignorando la ayuda del nuevo bloque para el quórum; o atenderá algunos de los reclamos de sus exmiembros.

Dentro de las iniciativas que podrían salir sin mayores problemas del recinto no solamente están la “Ley Lucio” o la ley de alcohol cero, sino una gran cantidad de temas que ya cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados, donde fueron aprobados por amplia mayoría o unanimidad.

Con todo, el escenario de las próximas semanas no pronostica que vaya a haber una actividad destacada si se tiene en cuenta que todos los meses del año están atravesados por el calendario electoral. Los esfuerzos para convocar a la labor parlamentaria se van a ver más afectados a medida que las provincias avancen con sus propios comicios.

El Senado de la Nación será epicentro de un encuentro que bajo el lema “Diálogo global para fomentar la tolerancia, la paz y el respeto a la libertad de religiones y creencias” congregará a funcionarios, senadores y dirigentes religiosos. El evento tiene al senador nacional por La Rioja Ricardo Guerra como organizador.

En la jornada se conmemorará el primer aniversario de la declaración por parte de la ONU del “Día internacional de lucha contra la islamofobia”, resolución que se adoptó en consenso por el organismo mundial y que hace hincapié en el derecho a la libertad de religión y de creencias. Además, dicha resolución recuerda a la anterior, emitida en el año 1981, en la que se pedía por “la eliminación de todas las formas de intolerancia y de discriminación por motivos de religión o de creencias”.

En este sentido, la convocatoria de Guerra es amplia y abierta, por lo que se aguarda por la presencia de representantes de la iglesia católica, como así también de la comunidad musulmana, evangélica y judía, entre otras.

De igual manera, se espera contar con la presencia de diferentes embajadores, funcionarios y senadores, con el objetivo de unirse en una oración interreligiosa como un acto concreto de visibilidad destinado a incrementar de manera efectiva la sensibilización en todos los niveles respecto de la lucha contra la discriminación religiosa, además de generar conciencia respecto del preocupante aumento generalizado de los casos de discriminación, intolerancia y violencia dirigidos a miembros de muchas religiones y otras comunidades en diversas partes del mundo, motivados en muchos casos por la islamofobia, el antisemitismo, la cristianofobia y los prejuicios contra personas de otras religiones o creencias.

El encuentro se llevará a cabo desde las 17 en el Salón de las Provincias.

El Senado de la Nación será epicentro de un encuentro que bajo el lema “Diálogo global para fomentar la tolerancia, la paz y el respeto a la libertad de religiones y creencias” congregará a funcionarios, senadores y dirigentes religiosos. El evento tiene al senador nacional por La Rioja Ricardo Guerra como eje en la convocatoria.

En la oportunidad, se conmemorará el primer aniversario de la declaración por parte de la ONU del “Día internacional de lucha contra la islamofobia”, resolución que se adoptó en consenso por el organismo mundial y que hace hincapié en el derecho a la libertad de religión y de creencias. Además, dicha resolución recuerda a la anterior, emitida en el año 1981, en la que se pedía por “la eliminación de todas las formas de intolerancia y de discriminación por motivos de religión o de creencias”.

En este sentido, la convocatoria del senador Ricardo Guerra es amplia y abierta, por lo que se aguarda por la presencia de representantes de la iglesia católica, como así también de la comunidad musulmana, evangélica y judía, entre otras.

De igual manera, se espera contar con la presencia de diferentes embajadores, funcionarios y senadores, con el objetivo de unirse en una oración interreligiosa como un acto concreto de visibilidad destinado a incrementar de manera efectiva la sensibilización en todos los niveles respecto de la lucha contra la discriminación religiosa, además de generar consciencia respecto del preocupante aumento generalizado de los casos de discriminación, intolerancia y violencia dirigidos a miembros de muchas religiones y otras comunidades en diversas partes del mundo, motivados en muchos casos por la islamofobia, el antisemitismo, la cristianofobia y los prejuicios contra personas de otras religiones o creencias.

“La oposición no se quiere sentar a dar quórum”. Así respondía el oficialismo en el Senado ante las consultas de la prensa sobre por qué no hubo ni siquiera una sesión extraordinaria durante el verano, cuando entre los temas que el Poder Ejecutivo había mandado se encontraban como destacados -y fuertemente reclamados- la denominada “Ley Lucio” y la ley de alcohol cero.

La excusa responde directamente a la posición de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio que dispuso que los legisladores de sus interbloques no darán quórum en las sesiones hasta tanto persista el proceso de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema. Hasta ahora no ha cambiado la postura. Se verá una vez citadas las primeras sesiones de este nuevo año parlamentario.

Pero lo cierto es que esos dos proyectos mencionados al inicio no son los únicos que están pendientes de ser tratados en la Cámara alta: hay muchísimos más que ya cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados.

A más de una semana de iniciado el período ordinario 2023, el Senado comandado por Cristina Kirchner todavía no ha convocado a ninguna comisión para avanzar nuevamente con dictámenes de distintas iniciativas que reúnen consenso. Son temas sobre los que ya se habían firmado los despachos correspondientes en un ritmo acelerado de reuniones que hubo a fines del año pasado.

Sin embargo, todos esos proyectos quedaron sin tratarse en el recinto, pues la última sesión que hubo en la Cámara alta fue el 16 de noviembre.

Es cierto que ahora el poder del Frente de Todos se vio golpeado a partir de la salida de cuatro de sus miembros, que se fueron con la schiarettista Alejandra Vigo a conformar el nuevo bloque Unidad Federal. Pero, si se tiene en cuenta el tenor de la agenda social pendiente, los acuerdos para una sesión podrían lograrse.

Actualmente la bancada oficialista, que tras un problema de salud recuperó a su jefe José Mayans, cuenta con 31 miembros. Para abrir una sesión se necesitan 37 y posee tres aliados fieles que son el rionegrino Alberto Weretilneck, la misionera Magdalena Solari Quintana y la riojana Clara Vega. Llegaría a 34.

Es cierto que debería negociar la incorporación de temas con el bloque Unidad Federal, donde justamente hay senadores que se fueron molestos por la falta de interés del interbloque Frente de Todos en sus propuestas. Atento a ello, en el oficialismo aseguraban que iban a abrir una “mesa de diálogo” con este sector para así destrabar la parálisis.

¿Qué proyectos hay pendientes en el Senado?

Como mencionábamos, además de la “Ley Lucio” y la ley de alcohol cero, hay numerosos proyectos que cuentan con media sanción de Diputados y deben completar su trámite en el Senado. Entre ellos figura una iniciativa sobre reintegro impositivo para la adquisición de taxis; una propuesta que establece exenciones en el impuesto a las Ganancias para profesionales y auxiliares que excedan cuatro guardias mensuales en servicios de emergencias; y un proyecto de ley de reconocimiento como idioma viso-gestual en todo el territorio nacional a la Lengua de Señas Argentina.

También se encuentran en esa lista la iniciativa para flexibilizar los requisitos para obtención del Certificado Único de Discapacidad; un proyecto para jerarquizar el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas; y una reforma a la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica, un punto que estaba también en extraordinarias.

Con media sanción aguardan además dos iniciativas vinculadas al mundo deportivo: una para crear un Sistema Integral de Igualdad y Paridad de Género en el Deporte; y otra para la creación de un protocolo institucional ante situaciones de violencia de género y/o discriminación en asociaciones civiles deportivas.

En el productivo trabajo de comisiones que había tenido en el cierre del 2022, el Senado había avanzado incluso con proyectos propios, como uno que propone la eliminación del trámite de fe de vida para jubilados; otro sobre garantizar el acceso a una cuenta corriente para entidades civiles sin fines de lucro; y uno sobre la creación del Programa Nacional “Sin Falta”, de provisión gratuita de productos menstruales eco amigables para niñas y adolescentes.

En cuanto a lo judicial, cuestión que se ha llevado la centralidad en estos años del gobierno del Frente de Todos en la Cámara alta, el oficialismo en soledad había avanzado en comisiones con un proyecto de la mendocina Anabel Fernández Sagasti respecto de la inhibición, recusación y excusación de jueces en caso de tener una posición contraria a la perspectiva de género.

Por otra parte, hay una iniciativa para establecer un Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud, enviado por el Poder Ejecutivo, incorporado al temario de extraordinarias, y que fue el único tema que se trató en una reunión informativa de comisión durante el verano.

Al no tratarse en febrero, perdió estado parlamentario una reforma de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, un tema altamente demorado, ya que el proyecto había sido enviado en abril de 2021.

Una de las grandes paradojas del Gobierno fue el hecho de no haber podido designar al procurador general de la Nación. El presidente eligió a su candidato, el juez federal Daniel Rafecas, pero el Senado -manejado por la vicepresidenta de la Nación- nunca atendió esa solicitud y la Comisión de Acuerdos jamás trató su pliego. El único paso que dio la Cámara alta fue darle ingreso al pliego, pero nada más…

El juez federal no se resigna. Así lo hizo saber este sábado a través de su cuenta de Instagram, donde posteó: “Se cumplen 3 años del ingreso de mi pliego al Honorable Senado de la Nación para cubrir la vacante de Procurador General de la Nación. En estas horas, quisiera destacar que cubrir esa vacante contribuirá a enfrentar el drama que vive Rosario debido al crimen organizado, ya que tanto las fiscalías federales de esa ciudad, como la Procuraduría contra el narcotráfico (Procunar) dependen de la cabeza del Ministerio Público, que es el Procurador, quien además deberá poner en marcha el modelo acusatorio, más ágil, moderno y eficiente, en Santa Fe y en el resto del país (aprobado por ley en 2015)”.

Y agregó: “De cubrirse esa vacante, también avanzarían los concursos de fiscales federales pendientes, se podrían acelerar los juicios de lesa humanidad, tender a la paridad de género dentro del MPFN y activar muchos programas pendientes. De mi parte, sigo dispuesto y preparado para ser convocado a la audiencia de ley, y ser sometido al escrutinio de l@s senador@s y de la sociedad”.

El pliego de Rafecas ingresó al Senado formalmente el 10 de marzo de 2020. La noche del día anterior, el presidente había anticipado en una entrevista con Viviana Canosa por Canal 9 que al día siguiente firmaría el decreto para iniciar de esta manera el proceso designatorio en su etapa decisiva. Quedaría en manos de los senadores de la Nación la aceptación o no del pliego, que necesita los dos tercios de los senadores presentes para obtener el visto bueno.

Alberto Fernández había oficializado la postulación del juez federal Daniel Rafecas el 2 de enero de 2029, y en el marco de la consulta pública correspondiente tuvo solo tres impugnaciones. Lo que no sucedió fue que el juez fuera invitado a exponer ante la Comisión de Acuerdos que preside la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, para luego quedar en condiciones de votarse el pliego en el recinto.

Si bien originalmente desde Juntos por el Cambio dejaron trascender un rechazo, hubo un momento en el que el kirchnerismo duro intentó desplazar al procurador interino Eduardo Casal para que asumiera alguien afín, ante lo cual Elisa Carrió salió a pedir que fuera votada la designación de Rafecas. Pero todo siguió siempre en veremos.

El cargo de procurador general de la Nación está vacante desde octubre de 2017 -luego de las elecciones que ganó Cambiemos-, cuando Alejandra Gils Carbó presentó su renuncia y quedó a cargo interinamente su segundo, Eduardo Casal. El presidente Mauricio Macri propuso en su momento a Inés Weinberg de Rocca para el cargo, quien llegó a presentarse ante los integrantes de la Comisión de Acuerdos, pero ante la imposibilidad de conseguir el número para aprobarla, el oficialismo no hizo avanzar nunca el pliego hacia el recinto.

El kirchnerismo se cansó de embestir contra Casal y hasta hizo aprobar en el Senado una reforma de la Ley del Ministerio Público para poder desplazarlo, pero el proyecto quedó trabado en Diputados.

Por José Angel Di Mauro

El período de sesiones extraordinarios es el que utiliza el gobierno de turno para avanzar con proyectos elegidos por el Poder Ejecutivo, entre el 1 de diciembre y el último día de febrero del año siguiente. Son habitualmente utilizados para tratar temas que el presidente considera urgentes. El mandatario de turno tampoco está obligado a convocarlos.

El de Mauricio Macri fue el primer gobierno en minoría en ambas cámaras en casi cien años. Por eso, en su primer año el Ejecutivo no convocó a sesionar en el mes de diciembre. Fue a instancias del presidente del interbloque Cambiemos, Mario Negri, que le recomendó al Gobierno no llamar a sesiones extraordinarias hasta tanto no tuviera certeza con los números.

Recordemos que cuando esa gestión arrancó, el oficialismo tenía 87 diputados nacionales y el Frente para la Victoria tenía diez más y era primera minoría. Pero durante el verano hubo desgajamientos en el bloque K y el oficialismo pasó a ser primera minoría en Diputados. Pero le faltaban 42 diputados para el quórum… Y ni qué decir del Senado, donde la relación de fuerzas era extrema: apenas 15 senadores de Cambiemos, contra 39 del PJ-FpV.

Es la razón por la cual ese primer año de gestión Macri terminó convocando tan solo al Senado, para tratar una serie de pliegos de militares, embajadores y dar ingreso a los de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, nombrados originalmente por decreto, en una medida polémica que prontamente se corrigió.

El de Alberto Fernández es un gobierno que tampoco tiene mayoría en Diputados -sí la tenía en el Senado-, pero así y todo no tomó recaudos con relación a los períodos extraordinarios, que convocó siempre, con un amplio temario so riesgo de fracasar con el mismo. Y es lo que sucedió rotundamente los dos últimos años, pero en la primera mitad no le fue mejor.

Pruebas al canto, en el primer año de gestión, Fernández envió 11 iniciativas y solo le aprobaron 5. Fue su mejor año.

En 2021, armó un amplísimo temario de 25 temas, de los cuales solo 4 terminaron aprobados por ambas cámaras.

2022 fue un papelón: el presidente mandó 18 temas y ninguno se trató en alguno de los recintos, ni siquiera en una comisión.

El período extraordinario que acaba de concluir salió del cero el último día de febrero, cuando faltando tres minutos para que venciera el plazo del quórum, pudo reunir 129 diputados y arrancar así una sesión en la que se convirtieron en ley dos proyectos.

En resumen, de los 82 temas enviados por Alberto F en los cuatro años de períodos extraordinarios, solo fueron ley 11. Solo el 13,4% de los proyectos que envió el presidente terminaron aprobados en ese tiempo.

No quiere decir que ese casi centenar de iniciativas no hayan tenido tratamiento más tarde; solo nos circunscribimos a los períodos extraordinarios, a lo que habrá que agregar otro dato no menor: en muchos casos los proyectos pedidos nunca llegaron al Congreso.

Pareciera una costumbre del presidente Fernández la de llenar los veranos con anuncios que luego no se trasladan a los recintos. Una constante que excedió los períodos de extraordinarias. Un estilo poco favorable de mandar muchos proyectos al Congreso desentendiéndose de si son temas que pueden o no avanzar luego.

En general, los ejecutivos optan por mandar al período extraordinario temas que necesitan, pero que sobre todo consideran aprobables.

Pareciera ser que el presidente busca mostrar una gran actividad en el Parlamento, con las baterías de proyectos que suele elaborar. Pero en general, como se ve, todo queda para las ordinarias.

Está también el hecho de que muchos de los temas terminaron formando parte de extraordinarias varias veces, como el proyecto de ley Agrobioindustrial que figuró en dos y perdió estado parlamentario.

A continuación, haremos un recorrido por los cuatro años de la gestión Fernández.

La experiencia del primer año

Como corresponde a un gobierno recientemente elegido, el de Alberto Fernández arrancó con toda la fuerza el 10 de diciembre de 2019, cuando el Covid todavía no tenía nombre y solo era algo limitado a una desconocida región china. El 13 de diciembre ese Poder Ejecutivo convocó por primera vez a extraordinarias y lo hizo desde ese día hasta el 31 de diciembre.

En esa convocatoria inicial incluyó solo 3 temas, de los cuales el más ambicioso y urgente era el denominado “de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la reactivación económica”. Ese proyecto al que se conoció como el de las emergencias, pues se trataba de una ley ómnibus que incluían las tres emergencias que pretendía habilitar el Gobierno: económica, social y sanitaria.

Los otros dos temas eran los habituales para esa época del año, que no incluimos en el conteo como proyectos por ser de rutina, pero que corresponden mencionar: la autorización al presidente para salir del país y la entrada y salida de tropas.

Tiempo promisorio de expectativas de consenso, el día anterior al envío del decreto el Gobierno se había reunido con el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, para delinear un cronograma para el tratamiento de los proyectos. Se estableció entonces que el lunes venidero habría una convocatoria a jefes de bloques de ambas cámaras de la que podrían participar los ministros de las áreas involucradas para empezar a estudiar las iniciativas. Todo muy auspicioso por cierto.

Cinco días después del primer decreto, el Gobierno amplió el temario de extraordinarias, incluyendo la ratificación del nuevo Consenso Fiscal 2019 suscripto por el presidente con los gobernadores de 22 provincias y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.

Las emergencias fueron aprobadas en tiempo y forma, pero todo el resto quedó para el año siguiente -habiéndose ampliado entonces las sesiones extraordinarias hasta el 29 de febrero-, en medio de promesas de un enero muy activo, que sin embargo no fue tal: aun sin datos de la pandemia que se venía, los primeros días del año mostraban los pasillos del Palacio Legislativo con el ritmo habitual de receso: vacíos y silenciosos, salvo por las obras en ejecución.

Se hablaba entonces de retomar la actividad a partir del 20 de enero y que dos días después podría realizarse una sesión en la Cámara baja para avanzar con la aprobación del nuevo Pacto Fiscal y la autorización para el ingreso y salida de tropas, que había quedado pendiente.

Sin mayores precisiones se especulaba con incluir en el temario iniciativas vinculadas con lo ambiental y educativo, aunque sin precisiones sobre qué temas serían. Sí concretamente se anticipaba el envío por parte del Poder Ejecutivo de un proyecto para modificar el régimen de jubilaciones de privilegio que perciben jueces y diplomáticos. Y otros temas como un proyecto de ley de reforma judicial y otro para la creación del Consejo Económico y Social.

En el Senado se encontraban pendientes de tratamiento las leyes de alquileres y de góndolas, aún no incluidas en la agenda de extraordinarias.

El 12 de enero Alberto Fernández ratificaba el próximo envío del proyecto de ley para crear el Consejo Económico y Social y daba detalles del mismo. Ese proyecto nunca fue enviado al Congreso y el Consejo fue creado por decreto.

Cinco días más tarde el presidente anticipó el envío para ser tratado en extraordinarias de otro proyecto que aún hoy sigue en veremos: la ley de hidrocarburos. Ante representantes del sector petrolero que lo visitaron en Casa Rosada, habló del proyecto para promover inversiones en yacimientos de hidrocarburos convencionales y no convencionales. En el texto, que aclaró que no estaba terminado, trabajaban el ministro Matías Kulfas y los entonces funcionarios Guillermo Nielsen, titular de YPF, y Sergio Lanziani, secretario de Energía.

El 21 de enero, antes de partir rumbo a Israel, Fernández firmó una nueva ampliación del temario para extraordinarias, incluyendo el proyecto de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa, cuyo envío al Congreso acababa de anunciar el ministro de Economía, Martín Guzmán. El decreto citaba el Consenso Fiscal que ya contaba con media sanción del Senado y la suspensión de las jubilaciones de privilegio para el Poder Judicial y diplomáticos.

El proyecto que pedía al Congreso amplias facultades para reestructurar la deuda externa, autorizando al Palacio de Hacienda a prorrogar la jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y renunciar a oponer defensa de inmunidad soberana respecto de reclamos en la jurisdicción que se trate, ingresó el 21 de enero. Seis días más tarde, el presidente confirmaba cuáles eran los temas que esperaba que el Congreso diera “un tratamiento rápido” en extraordinarias: la ley que permitía la renegociación de títulos emitidos con prórroga de la jurisdicción; las jubilaciones de privilegio del Poder Judicial y diplomáticos; la ley de reforma de la justicia federal y la ley de góndolas, que ya tenía media sanción de Diputados.

El 29 de enero se publicó en el Boletín Oficial una ampliación del temario para las sesiones que incluía precisamente el proyecto de ley de Fomento de la Competencia en la Cadena de Valor Alimenticia. Relación entre Proveedores y Supermercados, más popularmente conocido como ley de góndolas, y la designación de la defensora y los defensores adjuntos de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes.

El punto 8 del decreto suscripto por el presidente antes de emprender viaje hacia Europa correspondía a la modificación del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, la ley que debía entrar en vigencia el 1° de enero anterior y fue suspendida a través de un decreto que originó una ola de críticas de la oposición. Otro de los proyectos incluidos en el temario era el de Capitales Alternas, una iniciativa anunciada en tiempos de campaña por el Frente de Todos consistente en constituir el Gobierno una vez por mes en diversas ciudades del interior del país. Ese proyecto entró al Congreso el 12 de febrero, pero recién fue aprobado en noviembre de 2020.

El decreto incluía el tratamiento de los acuerdos para la designación de embajadores y, paralelamente, el retiro de pliegos como los correspondientes a funcionarios del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público enviados oportunamente por el Gobierno de Macri. Por ejemplo la designación propuesta para la Procuración General de la Nación de Inés Weinberg de Roca, y pliegos de jueces y fiscales.

Asimismo se retiraban los mensajes para designación de miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia y funcionarios para el Servicio Exterior de la Nación y personal superior de las Fuerzas Armadas.

El texto del proyecto que modificaba el régimen previsional de jueces y diplomáticos ingresó al Congreso el 14 de febrero, y fue aprobado en la Cámara baja el 27, en medio de un escándalo por el quórum, que el oficialismo recién alcanzó gracias a la presencia de Daniel Scioli, quien ya había sido avalado como embajador en Brasil. La oposición se retiró de la sesión en esas circunstancias.

Si bien la había anunciado a lo largo de todo el verano, la reforma judicial no alcanzó a ser enviada para su tratamiento en extraordinarias. El penúltimo día de febrero Alberto Fernández anunció que la semana siguiente enviarían el proyecto al Congreso, pero recién lo presentó el 9 de julio venidero. Y solo se aprobó en el Senado.

En una sesión realizada el 28 de febrero, la Cámara alta sancionó la Ley de Góndolas y ese mismo día saldó una deuda de 15 años al designar a Marisa Graham como Defensora del Niño.

Las siguientes extraordinarias

El 30 de noviembre, día en que culminó el período legislativo 2020, el presidente firmó el decreto donde prorrogó las sesiones ordinarias hasta el 11 de diciembre y convocó a sesiones extraordinarias desde el 12 de ese mes hasta el 28 de febrero. Incluyó entonces nada menos que 25 proyectos de ley.

Sin embargo, dado que ese cronograma imposibilitaba la firma del dictamen sobre la legalización del aborto, el Ejecutivo volvió sobre sus pasos y resolvió que la prórroga del período ordinario fuera hasta el 3 de enero, y las extraordinarias, desde el 4 de ese mes hasta el 28 de febrero. En ese mismo decreto, incorporó dos nuevos temas para su tratamiento.

A fines de enero llegó un tercer decreto, donde se sumaron otros 7 temas, y finalmente el Ejecutivo firmó un cuarto y último decreto para agregar el proyecto sobre Ganancias. Fueron, en total, cuatro decretos con 35 temas a tratar, entre proyectos de ley y pedidos de acuerdo para jueces y diplomáticos. Diez de esos temas fueron tratados en la extensión de ordinarias.

El último día hábil de 2020, el presidente de la Cámara baja anunció que el 20 de enero habría una sesión para tratar la prórroga de la Ley de Biocombustibles, tal cual había acordado con los presidentes de bloques. Un día antes se trataría en las comisiones para emitir dictamen, llevándolo al recinto al día siguiente. Esa sesión no sucedió y pasarían muchos meses para que hubiera una nueva ley sobre ese tema que, provisoriamente, fue prorrogado por decreto.

Lo cierto es que enero fue, como marca la tradición, tiempo de receso. Si bien se especuló con que la Cámara de Diputados sesionara a fines de ese mes, la primera convocatoria del año se concretó recién el 11 de febrero. Más activo, el Senado sí sesionó el 4 y el 24 de febrero.

Nobleza obliga, la prórroga de ordinarias fue muy movida y se aprobaron numerosos proyectos, como la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, y por supuesto la despenalización y legalización del aborto, junto con el Programa de los Mil Días.

Otras de las leyes que vieron la luz en diciembre fueron el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas -también llamado “impuesto a la riqueza”-; las modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego; y la transferencia de fondos a la Ciudad por el traspaso de la Policía Federal, que implicó un recorte en la coparticipación porteña. Pero reiteramos: no eran extraordinarias.

Ya en febrero, se aprobó el proyecto para que el Congreso autorizara los acuerdos con el FMI y la emisión extraordinaria de deuda. Finalmente, fueron avaladas las leyes de incentivo a la construcción privada; el aumento del presupuesto en ciencia y tecnología; y la compensación económica para familiares de los tripulantes del ARA San Juan. Varios temas importantes, pero quedó pendiente nada menos que una veintena de proyectos del temario ampliado.

Entre ellos ni más ni menos que la reforma judicial y la del Ministerio Público, dos temas que mantenían en alerta a la principal bancada de la oposición. Ambas iniciativas contaban con aprobación del Senado, pero nunca lograron pasar el filtro de la Cámara baja. Pasó lo mismo con el Consenso Fiscal 2020 y las modificaciones en la Ley de Defensa de la Competencia. La suba del mínimo no imponible de Ganancias y el etiquetado frontal de alimentos también quedaron en carpeta.

Dentro del listado elaborado por el Ejecutivo también figuraban incentivos para la inversión en instrumentos financieros emitidos en pesos; la creación de un Sistema de Cobertura y Promoción del Crédito Hipotecario; y un marco legal para la elaboración, registro, comercialización y control de productos fitosanitarios y agroquímicos.

No fueron tratados en extraordinarias el nuevo Régimen Jurídico para la Prevención y Control del Dopaje en el Deporte; la suspensión de las causales de caducidad de los partidos políticos por la pandemia; la suspensión de la inscripción de las SAS (Sociedades por Acciones Simplificadas); modificaciones en el monotributo; y una ley de educación ambiental.

También iniciativas sobre reactivación de la obra pública para vivienda; la suspensión de una rebaja del impuesto a las Ganancias para las empresas; la implementación del Código Procesal Penal Federal; el cupo laboral travesti/trans; un acuerdo entre la Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea; y ni más ni menos que la propuesta para suspender las PASO.

Continuaron cajoneadas la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles, que pese a las promesas de tratamiento el Ejecutivo no habilitó ese verano.

Cien por ciento de negatividad

El tercer año de la gestión del Frente de Todos vino absolutamente mal barajado. Fue ese año electoral el que el Gobierno retrasó de manera extrema la presentación del Presupuesto 2022, que el ministro de Economía Martín Guzmán recién fue a defender a la Cámara baja el 13 de diciembre. Con la intención ambiciosa de conseguir la aprobación de esa ley de leyes en una semana.

El período ordinario había sido extendido hasta fines de diciembre y se sabe cómo terminó eso: el debate del Presupuesto arrancó el 16 de diciembre y terminó de manera intempestiva y con rechazo en la mañana del día siguiente.

Previamente el oficialismo había sufrido una primera derrota, al imponer la oposición una moción para tratar Bienes Personales el martes venidero. Sin embargo el oficialismo terminó revirtiendo al menos esa derrota y aprobó un texto deseado por el oficialismo.

Fiel a su estilo, el Gobierno se pasó el mes de enero de 2022 anunciando que convocarían a extraordinarias para el primer mes del año. Hablaban del tratamiento de un Plan Plurianual que nunca se plasmó en realidad y ponían el 24 de enero como fecha probable, pero finalmente lo postergaron hasta el 1 de febrero. Y la convocatoria se hizo el 25 de enero, con un temario de 18 proyectos que incluían el Consenso Fiscal, el Consejo de la Magistratura y la Ley de Compre Argentino.

Pero pasaron cosas. El último día de enero renunció nada menos que el presidente del bloque oficialista de la Cámara baja, Máximo Kirchner, y todo el mes de febrero estuvo signado por el tratamiento o no del acuerdo con el Fondo Monetario, que de hecho había generado la renuncia del hijo de los Kirchner.

Lo cierto es que por primera vez desde 2009, el verano culminó sin que se hubiera realizado alguna sesión extraordinaria en el Congreso. El fracaso de esas extraordinarias debió atribuirse a: 1) las idas y vueltas del Poder Ejecutivo en la convocatoria; 2) el anuncio del acuerdo con el FMI, cuestión no incluida en el temario; 3) la renuncia de Máximo Kirchner; 4) la falta de acuerdos entre el oficialismo y la principal oposición por la conformación de las comisiones, encargadas del análisis y dictamen de los proyectos.

El cuarto y último año

En diciembre de 2022 hubo prórroga de ordinarias, pero no le fue bien al oficialismo. Intentó hacer dos sesiones y una se frenó por un escándalo generado por una oposición que reclamaba que el quórum se había logrado fuera de hora, y después hubo otra donde directamente no se alcanzó a tener las 129 voluntades para poder arrancar la sesión.

Así llegamos al mes de enero, en cuyo primer día el presidente anunció la intención de enjuiciar a todos los miembros de la Corte Suprema. Para eso necesitaba convocar a extraordinarias y eso hizo el 12 de enero, con un temario de 27 temas, al que más tarde le agregó la ley Lucio, con media sanción de Diputados.

El 16 de enero oficializó la convocatoria, que por supuesto incluía el enjuiciamiento de los miembros de la Corte, e iniciativas congeladas como la reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura, la ampliación de la Corte Suprema y la designación del Procurador general de la Nación.

Pero esta vez no quedó en cero porque Diputados sesionó el último día de febrero para tratar el Plan de Pagos de Deudas Previsionales y la creación del Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas de la República Argentina.

Solo dos proyectos sobre 28 temas. O 35, si consideramos que la creación de universidades se desdobla en 8 proyectos individuales. Un balance por cierto deficitario de un Gobierno incapaz de entender que exhibir sus dificultades para conseguir leyes no hace más que exponer sus carencias.

EXTRAORDINARIAS 2020	APROBADAS	NO TRATADAS
Ley ómnibus de emergencias	x
Consenso Fiscal	x
Jubilaciones de jueces y diplomáticos	x
Reforma Judicial		x
Consejo Económico y Social		x
Ley de Hidrocarburos		x
Sostenibilidad de la deuda	x
Ley de Góndolas	x
Designación de la defensora del Niño		x
Economía del Conocimiento		x
Capitales alternas		x

EXTRAORDINARIAS 2021	APROBADAS	NO TRATADAS
Régimen de Inclusión fiscal para pequeños contribuyentes		x
Presupuestos mínimos para la educación ambiental		x
Biocombustibles		x
Sostenibilidad de la deuda pública	x
Incentivo a la construcción privada	x
Aumento del presupuesto en Ciencia y Tecnología	x
Compensación para familiares de tripulantes del ARA San Juan	x
Reforma judicial		x
Ministerio Público		x
Consenso Fiscal 2020		x
Modificaciones en la Ley de Defensa de la Competencia		x
Suba del mínimo no imponible de Ganancias		x
Etiquetado frontal de alimentos		x
Incentivos para la inversión en instrumentos financieros en pesos		x
Sistema de Cobertura y Promoción del Crédito Hipotecario		x
Marco legal para productos fitosanitarios y agroquímicos		x
Régimen para la Prevención y Control del Dopaje en el Deporte		x
Suspensión de las causales de caducidad de los partidos políticos		x
Suspensión de la inscripción de las SAS		x
Reactivación de la obra pública para vivienda		x
Rebaja del impuesto a las Ganancias para las empresas		x
Código Procesal Penal Federal		x
Acuerdo entre la Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea		x
Suspensión de las PASO		x

EXTRAORDINARIAS 2022	APROBADAS	NO TRATADAS
Consenso Fiscal		x
Consejo de la Magistratura		x
Parque y Reserva Nacional Ansenuza		x
Parque y Reserva Nacional Islote Lobos		x
Respuesta integral al VIH		x
Marco regulatorio del cannabis		x
Promoción de la Electromovilidad		x
Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz		x
Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal		x
Compre Argentino		x
Régimen de Incentivo a la Construcción y Acceso a la Vivienda		x
Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería		x
Tratamiento de acuerdos		x
Transferencias de inmuebles		x
Creación de la Universidad Nacional del Delta		x
Creación de la Universidad Nacional de Pilar		x
Prevención y control de la Resistencia Antimicrobiana		x
Creación del Area Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul”		x

 

EXTRAORDINARIAS 2023	APROBADAS	NO TRATADAS
Alcohol Cero		x
Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud		x
Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030		x
Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica		x
Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad		x
Violencia Institucional en Seguridad y Servicios Penitenciarios		x
Designación del Procurador General de la Nación		x
Tratamiento de otros acuerdos requeridos al Senado		x
Modificaciones en la prevención y represión del Lavado de Activos		x
Ampliación de la Corte Suprema de Justicia		x
Consejo de la Magistratura		x
Creación del Parque Nacional y de la Reserva Laguna El Palmar		x
Creación del Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul”		x
Régimen Previsional Diferencial para combatientes de incendios forestales		x
Plan de Pago de Deuda Previsional	x
Creación de 8 universidades nacionales		x
Desarrollo Agroindustrial Federal		x
Modificación de la Ley N° 22.990 de Sangre Humana		x
Contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de Trisomía 21/ Síndrome de down		x
Informatización y Digitalización de Historias Clínicas	x
Modificación de la Ley de Presupuesto General de Gastos		x
Proyecto de ley de Exteriorización del Ahorro Argentino.		x
Promoción de nuevas energías		x
Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia		x
Permiso para el presidente para ausentarse del país		x
Proyecto de ley para modificar el Sistema Estadístico Nacional		x
Monotributo Tech		x
Ley Lucio		x

              

Una de las figuras legislativas de la semana que pasó fue sin duda la senadora cordobesa Alejandra Vigo, quien se sumó al bloque que reúne a cuatro exmiembros del Frente de Todos y del que será vicepresidenta.

La esposa del gobernador Juan Schiaretti descartó segundas intenciones en esa movida, sugiriendo que el hecho merece “una sola lectura, después se verán los posicionamientos futuros”. Para la cordobesa, “hay que decir que el Senado es el ámbito de representación de las provincias. Este nuevo bloque surgió por la necesidad de poner en agenda el tratamiento de los temas que coincidimos son los ejes más representativos y necesarios para priorizar en el debate. Por ejemplo, las tarifas eléctricas o la distribución equitativa de los subsidios del transporte”.

En diálogo con CNN Radio, la senadora Vigo atribuyó el alto impacto que tuvo la conformación del bloque Unidad Federal a que “puede ser la clave para romper la inercia que se venía teniendo en el Senado, donde no se trataban los temas importantes y necesarios a la hora de ponerlo desde la crisis, analizándolo en ese marco”.

Para Vigo, esta situación “ha sido una construcción muy positiva, los dos extremos de la grieta marcaban una agenda que no era la que necesitábamos en un momento como el que estamos viviendo en Argentina. Por primera vez, alguien se anima a decir que esto hay que hacerlo y hay que hacerlo ahora”.

Vigo consideró que “quien se perjudica no es lo importante, por lo menos para mí. Esto es un hecho clave, porque a partir de ahora vamos a discutir en serio, a debatir inclusive con la primer minoría o lo que se denomina la oposición”.

“En los tiempos que vengan se verá que hará el peronismo o no en su conjunto -sugirió la legisladora cordobesa-. Evidentemente no hay un conjunto de criterios políticos. Desde Córdoba nosotros seguiremos haciendo y proponiendo, mostrando que puede haber otra Argentina, independientemente de la posición en el Senado o los bloques en Diputados. Hay que animarse a dar estos pasos desde lo político en este país”.

Y agregó: “Quizás esto el día de mañana derive en un armado electoral, por qué no. Por ahora esto contribuye a que quienes estaban de espalda a la realidad empiecen a mirar lo mal que están las cosas”.

Más adelante señaló que “este año volveremos a elegir presidente, y eso va independientemente de los gobiernos provinciales o locales. El peronismo tiene dirigentes muy importantes, hombres y mujeres con mucha experiencia que pueden aportar a que el país se levante. Y esa señal la tiene que dar la política”, al tiempo que indicó que “yo creo que el presidente no tiene ninguna chance de ser reelecto porque la Argentina está muy mal”.

“No se puede seguir con los personalismos que nos han llevado a que las cosas salen mal, porque se ponen primero los candidatos y después se ve lo que está mal. Argentina necesita una propuesta que incluya a muchos sectores, y no solo desde la política, sino también muchos sectores de peso en la economía del país. Esto de peronismo o muerte, o de Cambiemos o muerte, no va a funcionar”, cerró.

Con muy pocas sesiones desarrolladas a lo largo del año, no fueron buenos los resultados cuantitativos en ningún rubro en ninguna de las dos cámaras. Y particularmente tampoco en el Senado, donde suelen sesionar más que en Diputados. Cosa que no sucedió en 2022.

Con apenas 13 sesiones en 2022, no debe sorprender entonces que el número de palabras expresadas en el recinto de la Cámara alta haya sido bajo. Al punto tal de haber sido inferior al número de 2021, un año electoral en el que tradicionalmente la actividad legislativa disminuye. Veamos los datos: en 2022, las palabras expresadas en el recinto de la Cámara alta fueron 509.342. Menos que en 2021, cuando ese número fue de 725.915, y ni qué decir con relación a 2020, cuando se registraron 1.425.749 palabras.

Repetiremos aquí lo que señalamos cada vez que publicamos estas notas: los datos registrados por el Indice de Calidad Legislativa permiten determinar el papel que individualmente tiene cada legislador durante las sesiones, en una participación que excede a lo que vote. Pero no implican un juicio de valor respecto de su papel en la banca, que está claro que no depende de la extensión de sus discursos. Aunque tampoco es una cuestión para no tener en cuenta.

En este contexto José Mayans volvió a ser el más destacado, que lo ubica entre los más destacados: es que ocupa ese lugar por cuarto año consecutivo. Este año registró 39.782 palabras, que le alcanzaron para liderar este ranking, más allá de que hayan sido casi la mitad de las palabras pronunciadas en 2021: 71.608. En 2020 también había liderado con 103.489 palabras.

Con todo, no es récord lo de Mayans, pues el radical Gerardo Morales llegó a liderar cinco años consecutivos, entre 2007 y 2011, para después repetir otros dos años.

El segundo lugar lo ocupó la vicepresidenta del bloque Frente Nacional y Popular, Anabel Fernández Sagasti, con 21.493 palabras, con las que alcanzó a aventajar al presidente del bloque radical, Luis Naidenoff, quien completa el podio con 21.219 palabras.

En el Senado no sucedió el año pasado como en Diputados, donde no hubo ningún legislador de Juntos por el Cambio entre los diez primeros lugares. Por el contrario, en cuarto lugar figuró otro radical, Martín Lousteau, con 20.419.

El quinto fue para Oscar Parrilli (17.096), otro que suele tener discursos extensos en el recinto, al punto tal de haber resultado segundo en 2021.

El sexto fue para la presidenta del otro bloque oficialista, Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio. La senadora bonaerense se ubicó bien cerca de Parrilli, con 17.077 palabras, en tanto que el séptimo lugar fue para el riojano Ricardo Guerra, quien en su condición de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda tuvo un buen espacio en materia de oralidad en el recinto.

A continuación se ubican dos mujeres que no son parte ni del FdT ni de JxC: la también riojana Clara Vega y la cordobesa Alejandra Vigo, en tanto que cierra el “top ten” otro radical, Alfredo Cornejo.

Solemos decir que lugares destacados suelen ocupar quienes conducen las sesiones, que por eso cuentan con ese hándicap, aunque en este caso en el Senado tampoco se notó mucho. Al frente de la mayor parte de las sesiones, la presidenta provisional, la santiagueña Claudia Ledesma Abdala se ubicó en el 21° lugar, con 8.657 palabras. La mitad del año pasado, cuando había sumado 16.728.

La que también habló muy poco fue la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que dejó de conducir las sesiones el 1 de septiembre, fecha del atentado en su contra; apenas sumó 3.168 palabras. Viene en baja en esa materia: en 2021 había registrado 6.893, pero ni qué halar comparado con 2020, cuando la titular del Cuerpo sumó 24.600 palabras.

Los que menos hablaron

Cinco fueron los senadores nacionales que no pronunciaron ni una palabra en el recinto a lo largo de todo el año pasado. Estos son los oficialistas Carlos “Camau” Espínola (Corrientes), Gerardo Montenegro (Santiago del Estero) y José Uñac (San Juan), y por Juntos por el Cambio el santacruceño Eduardo Costa y la correntina Mercedes Valenzuela.

En el caso de Costa, es su tercer año consecutivo sin pedir la palabra, en tanto que para Espínola fue su segundo año seguido sin hablar.

Los otros actores

Además de Cristina Kirchner, contabilizada en este trabajo por presidir la Cámara más no ser senadora, debemos contabilizar también al presidente Alberto Fernández y al ex jefe de Gabinete Juan Manzur.

En el caso de este último, brindó un solo informe ante el Senado y en esa oportunidad expresó 13.597 palabras. Un poco menos que su antecesor, Santiago Cafiero, que en 2021 también había ido una sola vez al Senado y pronunció 13.853 palabras.

A su vez, el presidente Alberto Fernández habló un poquito menos que el año anterior: 11.959 palabras en 2022, contra 13.390 de 2021.

SUMA DE PALABRAS

Senador/a	Caracteres	Palabras
1°) Mayans, José Miguel Ángel	231.182	39.782
2°) Fernández Sagasti, Anabel	126.776	21.493
3°) Petcoff Naidenoff, Luis Carlos	125.936	21.219
4°) Lousteau, Martín	119.783	20.419
5°) Parrilli, Oscar Isidro	99.639	17.096
6°) Di Tullio, Juliana	100.368	17.077
7°) Guerra, Ricardo Antonio	95.228	15.037
8°) Vega, María Clara del Valle	81.276	13.956
9°) Vigo, María Alejandra	82.224	13.901
10°) Cornejo, Alfredo Víctor	80.247	13.389
11°) Weretilneck, Alberto Edgardo	77.323	13.176
12°) Yedlin, Pablo Raúl	71.713	12.075
13°) Zimmermann, Víctor	72.929	12.028
14°) Rodríguez Saá, Adolfo	64.533	10.705
15°) Ávila, Beatriz Luisa	61.355	10.243
16°) Romero, Juan Carlos	55.250	9.629
17°) Corpacci, Lucía Benigna	55.749	9.609
18°) Schiavoni, Humberto Luis	58.314	9.601
19°) Tagliaferri, Guadalupe	52.784	9.087
20°) Closs, Maurice Fabián	51.434	8.972
21°) Ledesma Abdala, Claudia	55.943	8.657
22°) Catalfamo, María Eugenia	50.006	8.378
23°) Snopek, Guillermo Eugenio	48.972	8.237
24°) Duré, María Eugenia	47.537	8.066
25°) Ianni, Ana María	41.860	7.033
26°) Scarpin, Dionisio Fernando	41.151	6.838
27°) Blanco, Pablo Daniel	36.218	6.238
28°) González, Gladys Esther	35.340	5.873
29°) Recalde, Mariano	34.082	5.815
30°) Rodas, Antonio José	34.829	5.798
31°) García Larraburu, Silvina	34.592	5.664
32°) Martínez, Julio César	32.138	5.662
33°) Fiad, Mario Raymundo	34.159	5.572
34°) Losada, Carolina	30.732	5.012
35°) Rodríguez, Matías David	28.915	4.954
36°) Giacoppo, Silvia del Rosario	26.758	4.522
37°) Torres, Ignacio Agustín	27.085	4.477
38°) Doñate, Claudio Martín	26.754	4.447
39°) Giménez, Nora del Valle	27.487	4.390
40°) Sapag, Silvia	24.795	4.238
41°) Tapia, María Belén	24.294	4.034
42°) Vischi, Eduardo Alejandro	23.510	3.954
43°) Lewandowski, Marcelo Néstor	22.317	3.783
44°) Leavy, Sergio Napoleón	22.068	3.696
45°) Alvarez Rivero, Carmen	21.416	3.662
46°) Juez, Luis Alfredo	21.521	3.636
47°) Juri, Mariana	19.679	3.311
48°) Pilatti Vergara, María Inés	19.467	3.276
49°) Fama, Flavio Sergio	17.688	2.973
50°) López Valverde, Cristina del Carmen	17.453	2.917
51°) Mendoza, Sandra Mariela	16.338	2.749
52°) De Angeli, Alfredo Luis	15.497	2.678
53°) Andrada, Guillermo Eduardo	15.702	2.633
54°) Linares, Carlos Alberto	14.708	2.541
55°) Bensusán, Daniel Pablo	14.126	2.273
56°) Basualdo, Roberto Gustavo	12.790	2.195
57°) Terenzi, Edith Elizabeth	11.099	1.864
58°) Kueider, Edgardo Darío	11.202	1.857
59°) Crexell, Carmen Lucila	11.002	1.745
60°) Solari Quintana, Magdalena	8.669	1.458
61°) González, María Teresa	6.782	1.155
62°) González Riollo, Gabriela	6.890	1.153
63°) Neder, José Emilio	4.243	698
64°) Olalla, Stella Maris	4.284	688
65°) Kroneberger, Daniel Ricardo	3.790	639
66°) Torello, José María	3.836	631
67°) Huala, María Victoria	297	54
68°) Costa, Eduardo Raúl	–	–
Espínola, Carlos Mauricio	–	–
Montenegro, Gerardo Antenor	–	–
Uñac, José Rubén	–	–
Valenzuela, Mercedes Gabriela	–	–
Total		480.618

                                                                                           Fuente: Indice de Calidad Legislativa

SEGUN PASAN LOS AÑOS

2022: 509.342 palabras

2021: 725.915 palabras

2020: 1.425.749 palabras

2019: 313.937 palabras

2018: 713.252 palabras

2017: 486.102 palabras

2016: 843.960 palabras

2015: 394.247 palabras

2014: 1.091.777 palabras

2013: 1.165.132 palabras

2012: 1.071.482 palabras

2011: 525.308 palabras

2010: 932.712 palabras

2009: 834.378 palabras

2008: 927.967 palabras

2007: 433.886 palabras

2006: 1.016.789 palabras

LOS PRIMEROS DE CADA AÑO

2022: José Mayans (39.782 palabras)

2021: José Mayans (71.608 palabras)

2020: José Mayans (103.489 palabras)

2019: José Mayans (14.719 palabras)

2018: Miguel Pichetto (41.348 palabras)

2017: Miguel Pichetto (25.808 palabras)

2016: Miguel Pichetto (44.908 palabras)

2015: Liliana Negre de Alonso (31.753 palabras)

2014: Gerardo Morales (81.266 palabras)

2013: Gerardo Morales (76.857 palabras)

2012: Aníbal Fernández (85.876 palabras)

2011: Gerardo Morales (37.378 palabras)

2010: Gerardo Morales (74.981 palabras)

2009: Gerardo Morales (64.156 palabras)

2008: Gerardo Morales (64.668 palabras)

2007: Gerardo Morales (42.205 palabras)

2006: Jorge Capitanich (98.702 palabras)

Sin la presencia de su presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien no preside las sesiones del Senado desde el intento de atentado en su contra, el 1 de septiembre pasado y para este jueves se quedó en Santa Cruz, la Cámara alta realiza este jueves su sesión preparatoria.

Hablamos de ausencias, pero en cuanto a presencias, es de destacar la de José Mayans, que luciendo barba reapareció en el recinto tras estar varios meses ausentes por razones de salud que obligaron su internación. El presidente del interbloque oficialista fue recibido con aplausos en el recinto.

La misma se inició a las 11.17 y no habrá una sesión especial luego, como había trascendido en los días previos. A lo largo del miércoles se especuló con que se convocaría por decreto a sesionar este jueves, pero toda la jornada estuvo signada por el hecho conmocionante de la ruptura del bloque oficialista y fue lo que signó la jornada.

Más allá de eso, lo de este jueves será como es habitual y podría ser bastante exprés (el año pasado duró apenas diez minutos). La Cámara alta cumplirá así con lo dispuesto por su reglamento interno, donde se establece que cada 24 de febrero debe realizarse la sesión preparatoria.

Se espera que en la jornada sean ratificadas Claudia Ledesma Abdala (FNyP-FdT) como presidenta provisional; Carolina Losada (UCR) como vicepresidenta; Maurice Closs (FNyP-FdT) como vicepresidente primero; y Guadalupe Tagliaferri (Pro) como vicepresidenta segunda.

Según pudo saber parlamentario.com, Juntos por el Cambio dará quórum en esta sesión pues se trata de una cuestión institucional.

Sin la presencia de su presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien no preside las sesiones del Senado desde el intento de atentado en su contra, el 1 de septiembre pasado y para este jueves se quedó en Santa Cruz, la Cámara alta realiza su sesión preparatoria.

La misma se inicia a las 11 y no habrá una sesión especial luego, como había trascendido en los días previos. A lo largo del miércoles se especuló con que se convocaría por decreto a sesionar este jueves, pero toda la jornada estuvo signada por el hecho conmocionante de la ruptura del bloque oficialista y fue lo que signó la jornada.

Más allá de eso, lo de este jueves será como es habitual y podría ser bastante exprés (el año pasado duró apenas diez minutos). La Cámara alta cumplirá así con lo dispuesto por su reglamento interno, donde se establece que cada 24 de febrero debe realizarse la sesión preparatoria.

Durante el transcurso de esta sesión se anunciará la constitución del nuevo bloque de Unidad Federal, que presidirá Carlos Snopek y tendrá como vice a Alejandra Vigo. Estarán también Edgardo Kueider, María Eugenia Catalfamo y Carlos “Camau” Espínola.

Se espera que en la jornada sean ratificadas Claudia Ledesma Abdala (FNyP-FdT) como presidenta provisional; Carolina Losada (UCR) como vicepresidenta; Maurice Closs (FNyP-FdT) como vicepresidente primero; y Guadalupe Tagliaferri (Pro) como vicepresidenta segunda.

Según pudo saber parlamentario.com, Juntos por el Cambio dará quórum en esta sesión pues se trata de una cuestión institucional.

Al cabo de una jornada de intensos rumores, se formalizó un nuevo bloque en la Cámara alta, que surge fundamentalmente de desprendimientos de las dos bancadas en las que ya estaba dividido el Frente de Todos en el Senado. Con las novedades conocidas este miércoles, el interbloque oficialista queda más lejos del quórum propio.

Los hechos se sucedieron este miércoles, a partir de que bien temprano el periodista Ramón Indart publicó en Perfil.com la información referida a una posible ruptura dentro del Frente de Todos para alumbrar una bancada nueva que podría llegar a incluir a la cordobesa Alejandra Vigo.

Si bien en el transcurso del día reinó el hermetismo entre las fuentes consultadas, uno de los senadores oficialistas mencionados llegó a aclarar que no se iría del interbloque conducido por José Mayans. Lo cual terminó siendo rectificado por un comunicado que se conoció a media tarde, en el que se anunciaba la creación del bloque Unidad Federal.

El mismo estará conformado por el jujeño Guillermo Snopek, la cordobesa Alejandra Vigo, el entrerriano Edgardo Kueider, el correntino Carlos “Camau” Espínola y la puntana María Eugenia Catalfamo.

En los hechos estamos hablando de una pérdida de dos miembros para el bloque Frente Nacional y Popular (Kueider y Espínola), y otras tantas para Unidad Ciudadana (Snopek y Catalfamo). Lo cual lleva al interbloque Frente de Todos a reducirse de 35 a 31, lo cual lo obligará a negociar para garantizar el quórum y la aprobación de las leyes.

Al caer la tarde, las autoridades del Senado nacional confirmaron oficialmente la información al difundir la nota recibida por los citados legisladores, en las que se consigna además que el bloque será presidido por Snopek y la senadora Vigo será su vice.

Nota-conformacion-de-bloque-Unidad-Federal-1

El bloque se autodefine como “un nuevo espacio de confluencia política entre senadores y senadoras nacionales con representación en distintos distritos electorales del país, que coincidimos en el camino de buscar consensos y entendemos la necesidad de construir una alternativa dentro del Senado de la Nación que responda a los nuevos desafíos que plantean nuestros territorios”.

Este bloque se ofrece como “una alternativa desde donde se priorice la posibilidad de aportar a la reflexión sobre la Argentina que queremos para nosotros y las futuras generaciones, sin grietas, con discusiones que plantean soluciones a corto, mediano y largo plazo para todos los argentinos y argentinas”.

“Apostamos a la unidad, al respeto y al diálogo en pos de encontrar puntos en común, dejando de lado las retóricas petrificadas y los personalismos que tanto daño nos han hecho como sociedad”, asegura el bloque Unidad Federal, que en su último párrafo anticipa la decisión de “crear un espacio político que le dé verdadera representación a la agenda federal y de las provincias argentinas”.

Junto a los senadores peronistas @alevigo, @eugecatalfamo, @guillermosnopek y Carlos Espínola, formamos hoy el bloque #UnidadFederal con el objetivo de darnos una estrategia para favorecer los intereses del interior del país, y en mi caso particular de los entrerrianos. pic.twitter.com/AFC2HwQCdM

— Edgardo Kueider (@EdgardoKueider) February 22, 2023

Un viejo deseo ahora concretado

Ya en 2021 había circulado la intención de algunos senadores oficialistas de alejarse del Frente de Todos. Entonces, como ahora, circularon los nombres de Edgardo Kueider, Guillermo Snopek y Camau Espínola, pero finalmente esa asonada fue contenida.

No es lo que sucedió ahora, y se presume que esta movida fue madurando a lo largo del verano, y se aceleró los últimos días para finalmente anunciarse este miércoles.

La sorpresa la da el hecho de haber sumado al bloque a la cordobesa Alejandra Vigo, esposa del gobernador cordobés Juan Schiaretti. También lo de Catalfamo, una senadora que responde al gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá. Precisamente por ahí parece pasar el dato saliente de esta novedad legislativa: el gobernador de San Luis está mostrándose cercano a la propuesta de su par cordobés de ofrecer en estas elecciones una alternativa electoral nueva por parte del peronismo.

Se sabe además que la semana pasada Guillermo Snopek se reunió con Eugenia Catalfamo y Alberto Rodríguez Saá. Allí se habría resuelto dar a conocer la noticia pasado el feriado de carnaval.

Pero más allá de estas cuestiones tan ligadas a lo electoral, vale resaltar un dato. Si este nuevo bloque no se suma al interbloque del Frente de Todos, Juntos por el Cambio pasará a ser primera minoría en la Cámara alta. JxC tiene 33 integrantes y el FdT quedaría con 31.

Y hoy por hoy nadie imagina a un bloque integrado por la esposa del gobernador cordobés sumándose al oficialismo.

Comunicado-bloque-Unidad-Federal-Senado

En el arranque de la semana corta, posterior a los feriados de carnaval, se confirmó la convocatoria a la sesión preparatoria en el Senado para este jueves a las 11, durante la cual se ratificarán las autoridades del cuerpo.

En un trámite que es habitual y bastante exprés (el año pasado duró apenas diez minutos), la Cámara alta cumplirá con lo dispuesto por su reglamento interno, donde se establece que cada 24 de febrero debe realizarse la sesión preparatoria.

De esta manera, la formalidad se adelantará un día y quedará así resuelta la reelección de las autoridades antes del comienzo de un nuevo período ordinario de sesiones, el próximo 1ro. de marzo.

Se espera que en la jornada sean ratificadas Claudia Ledesma Abdala (FNyP-FdT) como presidenta provisional; Carolina Losada (UCR) como vicepresidenta; Maurice Closs (FNyP-FdT) como vicepresidente primero; y Guadalupe Tagliaferri (Pro) como vicepresidenta segunda.

Según pudo saber parlamentario.com, Juntos por el Cambio dará quórum en esta sesión pues se trata de una cuestión institucional.

Lo que todavía no se confirmó es si luego habrá otra sesión para tratar, eventualmente, el proyecto de alcohol cero y la denominada “Ley Lucio”, dos iniciativas que ya tuvieron dictamen y además cuentan con media sanción.

Desde hace un mes, cuando comenzó el período extraordinario determinado por el Poder Ejecutivo, el Senado, presidido por Cristina Kirchner, tuvo una sola reunión de comisión y ninguna sesión en el recinto.

El Senado empieza a desperezarse de las vacaciones, de cara al inicio del período ordinario. Ya la semana pasada se reunió la Comisión de Salud que encabeza el tucumano Pablo Yedlin, y ahora volverá a haber actividad para la presentación de un proyecto impulsado por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.

Será este jueves a las 16, y se trata de un proyecto de ley de Código de Protección de los Consumidores y Usuarios de la Nación.

Acompañará a la senadora Fernández Sagasti un comprovinciano, el exdiputado nacional y actual diputado provincial José Luis Ramón, y será en el Salón Azul de la Cámara alta.

Tal cual habíamos destacado, el Senado no entró aún en “modo extraordinarias”. No lo hizo en enero, como sí arrancó Diputados, ni tampoco hasta ahora se pusieron en marcha las comisiones siquiera. Salvo una, la de Salud, que este jueves trató el tema de las residencias médicas, aunque todo indica que a pesar de tratarse de un proyecto incluido en extraordinarias, quedará para las ordinarias.

Pero la Cámara alta no pasará febrero sin sesionar. Tendrá, como indica el reglamento, su sesión preparatoria la próxima semana, y el mismo día, a continuación, habrá una sesión, según pudo saber parlamentario.com.

Todo será el jueves 23 de febrero. Arrancarán con la sesión preparatoria, en la que serán reelegidas todas las autoridades actuales, a saber: Claudia Ledesma Abdala seguirá como presidenta provisional; Carolina Losada vicepresidenta; Maurice Closs vicepresidente primero y Guadalupe Tagliaferri vice segunda.

A continuación, habría una sesión, con lo que la Cámara alta cumplirá con su cuota “extraordinaria”. El potencial tiene que ver con el hecho de que todavía no ha sido oficializada, pero las fuentes consultadas la dieron por hecho. Como así también que, como la sesión prevista en Diputados para el último día de febrero, será “corta”.

Esto es, habrá solo dos temas a tratar -igual que en Diputados-: Alcohol Cero y la Ley Lucio. Ambos proyectos tienen dictamen. En el caso del primero, lo consiguió el 1 de diciembre, con vistas a darle tratamiento antes de fin de año, pero recordemos que al final la Cámara alta no alcanzó a tener una última sesión. Para esa iniciativa que modifica el artículo 48 de la Ley 24.449 reduciendo de 0,5 gramos a 0 el grado de alcohol en sangre permitido a los conductores, los familiares de víctimas les habían pedido a los senadores apurar el tratamiento antes de las fiestas de fin de año, pero no pudo ser.

Dos días antes, el 29 de noviembre, un plenario de las comisiones de Legislación General, Educación y Cultura, y Población y Desarrollo Humano había dado dictamen al proyecto de ley sobre capacitación obligatoria de derechos de niñas, niños y adolescentes, inspirado en el caso de Lucio Dupuy.  

Ahora, con la condena fresca a las autoras del asesinato de ese niño pampeano, la aprobación de esa ley le pondrá al tema el broche del Congreso.

Según dijeron a parlamentario.com desde la bancada que conduce Alfredo Cornejo, los senadores de Juntos por el Cambio bajarán al recinto para la sesión preparatoria, pero no darán quórum en la siguiente reunión ya que el temario no fue acordado con ellos y, además, mantendrán la postura que determinó la Mesa Nacional. Así las cosas, el oficialismo deberá asegurarse para ese día tener sentados a todos los miembros de su interbloque y al menos dos de sus tres aliados. Con asistencia perfecta, los números los tiene.

El senador nacional Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud, convocó este jueves a la primera reunión informativa sobre el proyecto de ley del Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud, junto a representantes del Ministerio de Salud de la Nación e instituciones médicas privadas.

“La nueva ley de Residencias será tema de agenda de la Comisión de Salud y de Trabajo. Queremos tener una ley con acuerdo de todos y que sea la mejor posible para todos y todas. Valoramos enormemente la formación que hace el sector privado de nuestros recursos humanos y por eso están acá. Vamos a seguir trabajando”, expresó Yedlin en el salón Arturo Illia del Senado de la Nación.

Durante la reunión se informó que se encuentran en tratamiento dos proyectos, el que lleva como número de expediente el 3292/22, de los senadores Silvia Sapag y Pablo Yedlin, y otro de reciente incorporación, cuyo texto pertenece al Poder Ejecutivo con el número 158/22 que se introdujo en el periodo de sesiones extraordinarias del Congreso nacional.

Además del senador Yedlin y de la senadora Silvia Sapag, participaron el senador Guillermo Andrada, el rector del Instituto Universitario Hospital Italiano, Marcelo Figari; el director del FLENI Gustavo Sevlever; Marcelo Kaufman y Eva Avila Montequin, presidente y vice de CEDIM respectivamente; Jorge Pedro Cherro, presidente de ADECRA; Fernando De Marchi y José De Ustarán, directores del CEMIC;  Claudio Ortiz, subsecretario de Calidad, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud; y Emiliano López, director de Talento Humano y Conocimiento del Ministerio de Salud de Nación, entre otros representantes privados y funcionarios del ministerio de Salud de la Nación.

“Nos parecía muy importante abrir esta mesa de diálogo con el sector privado también para evaluar los alcances de la ley y cuáles son las consecuencias que puede tener. Nuestro objetivo es generar derechos a los médicos que se forman en sus residencias, poder hacer a través de estas mejoras laborales más tentador el ingreso a las residencias para nuestros jóvenes médicos, fortalecer el ingreso único, el control de las características de las sedes de residencias para que no sean solo lugares de trabajo intensivo sino que representen posgrados de calidad”, sostuvo Yedlin.

Hoy en el @SenadoArgentina mantuvimos una reunión informativa junto a la senadora @sapag_silvia por la nueva ley que crea el Sistema nacional de Residencias Médicas, con referentes del sector privado de la salud y colegas senadores.
👉+info https://t.co/X4vIoi7KTy pic.twitter.com/n9Xpgxtbuh

— Pablo Yedlin (@pyedlin) February 16, 2023

A diferencia de la Cámara de Diputados, donde el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, más algunas reuniones de otras comisiones, dieron movimiento a los pasillos del caluroso verano 2023, el Senado de la Nación aún no entró en “modo extraordinarias”. Y, con el correr de los días, las señales de que vaya a haber actividad son escasas.

La posibilidad de que se realice una única sesión se baraja, en todo caso, para la última semana del mes, cuando siempre se realiza -los 24- la sesión preparatoria para elección de autoridades que fija el reglamento.

De la casi treintena de temas que el Poder Ejecutivo delineó, un tercio se encuentran en la Cámara alta que preside Cristina Kirchner. Pero son unos cinco los proyectos que cuentan con dictamen, más algunos pliegos que ya salieron de la Comisión de Acuerdos.

Según pudo saber parlamentario.com, hay pocas expectativas de que haya reuniones de comisión para tratar algunas otras iniciativas que no tienen despacho, como por ejemplo la creación del Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul”, por mencionar.

De esta manera, en caso de convocarse a una sesión extraordinaria, se destacan en el listado de proyectos con dictamen la tan reclama “Ley Lucio”, de capacitación obligatoria en derechos de niñas, niños y adolescentes, inspirada en el caso de Lucio Dupuy, por el que recientemente fueron condenadas a cadena perpetua por su asesinato la madre del niño y su pareja. El texto ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y fue agregado al temario por el Gobierno luego del reclamo de Cecilia Moreau y tras una reunión que el presidente Alberto Fernández tuvo con Ramón Dupuy, abuelo de Lucio.

Otro de los grandes temas es la ley de alcohol cero -también con media sanción- que tuvo un dictamen veloz en la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte el 1ro. de diciembre pasado. Sin embargo, durante el último mes del año no hubo sesiones en la Cámara alta. El recinto se cerró prematuramente el 16 de noviembre con la aprobación del Presupuesto 2023 y el conflicto por la banca en el Consejo de la Magistratura, lo que detonó las relaciones entre el oficialismo y oposición de Juntos por el Cambio.

Pendiente con despacho figura una iniciativa para establecer un Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud y otra sobre una modificación a la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica. Además, aparece en la nómina una reforma de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, un tema altamente demorado, ya que se firmó su dictamen en agosto pasado, pero el proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo en abril de 2021. Es el que menos chances presenta de ser tratado ahora en febrero.

Si se tienen en cuenta antecedentes anteriores, la Cámara alta durante el período extraordinario de 2022 sesionó el 24 de febrero solo para la elección de autoridades. En 2021, lo hizo el 4 de febrero y también el 24, pero con un doblete, es decir, hubo una sesión extraordinaria y la preparatoria el mismo día. Mientras que en 2020, el primer verano del gobierno del Frente de Todos, llevó a cabo tres sesiones extraordinarias y la preparatoria.

En el Senado el Frente de Todos cuenta con el número para abrir las sesiones y aprobar proyectos si quisiera gracias al apoyo de tres aliados incondicionales: el rionegrino Alberto Weretilneck, la misionera Magdalena Solari Quintana y la riojana Clara Vega. Con asistencia perfecta del oficialismo, más estos tres legisladores, le sobraría incluso uno por arriba del quórum, que se alcanza con 37.

Sin embargo, el clima dentro del Senado, ya iniciado febrero, continúa siendo de parálisis y los ánimos de muchos se concentran en las campañas electorales de sus respectivas provincias. A eso se suma que en cinco de los ocho distritos que renuevan senadores este año, habrá elecciones locales durante el primer semestre de 2023, lo que hace vislumbrar que las chances de reunir a todos en el recinto serán complicadas. Eso siempre y cuando el oficialismo diseñe en soledad los temarios y no haya consenso con Juntos por el Cambio, que hasta ahora se mantiene en la postura de no dar quórum, pero habrá que ver qué sucede una vez iniciado el período ordinario.

Por José Angel Di Mauro

En sus dos primeros años, esta administración dejó clara su costumbre de llenar los veranos con anuncios que no se corroboran con la realidad. Pruebas al tanto: el primer año consiguió aprobar apenas poco más de la mitad de los proyectos anunciados; pero en el segundo, más del 80% de los anuncios no se concretaron.

Peor fue en el tercer año, cuando el ciento por ciento de los proyectos anunciados para el período extraordinario quedaron sin tratar. No es que no llegaron al recinto: no se trataron siquiera en comisiones.

Es una costumbre de la administración de Alberto Fernández anunciar muchas cosas que luego no se concretan. Pero en este caso nos vamos a limitar al período extraordinario, donde las muestras son claras y marcan un estilo: mandar mucho al Congreso, desatendiendo el hecho de si son temas que puedan avanzar hacia el recinto.

No es lo habitual. Todos los ejecutivos optan por mandar al período extraordinario temas que necesitan, pero que sobre todo consideran aprobables.

Es verdad que este gobierno padece la realidad de no contar con mayorías en ninguna de las dos cámaras, aunque en el Senado esa carencia se soluciona con la participación de aliados confiables. Pero en Diputados, las elecciones intermedias no hicieron más que profundizar un problema con el que ya había arrancado en 2019.

Un ejemplo digno de atender es el de Cambiemos. Cuando las elecciones consagraron a Mauricio Macri como nuevo presidente, en octubre ya habían determinado la composición que tendría en ambas cámaras. Y el resultado era poco promisorio: minoría en las dos cámaras. En el Senado, como siempre dominaba el peronismo; pero en la Cámara baja no solo no era la primera minoría, sino que esa condición le asistía al bloque Frente para la Victoria, que sumaba 97 diputados, diez más que Cambiemos.

Fue una de las razones por las que ese Poder Ejecutivo no convocó a sesionar en el mes de diciembre. A instancias del presidente del interbloque Cambiemos, Mario Negri, que le recomendó al Gobierno no llamar a sesiones extraordinarias hasta tanto no tener certeza con los números. En el verano se produjeron desgajamientos en el bloque K y el oficialismo pasó a ser primera minoría. Así y todo, no convocó a sesiones extraordinarias, salvo en el Senado, solo para dar ingreso a algunos pliegos.

El estilo de Alberto Fernández es bien distinto, tal vez con el fin de mostrar una gran actividad en el Parlamento, para lo cual no hace más que elaborar grandes baterías de proyectos, aunque la mayoría quedan para las ordinarias.

Se anuncian ambiciosos temarios, más extensos que lo que debiera esperarse para un tiempo en el que generalmente solo se tratan temas urgentes, de los cuales solo termina abordando un puñado. Y vamos a los números: de los once proyectos enviados por Fernández al período extraordinario 2019/20, solo fueron aprobados 6. Al año siguiente más que duplicó la apuesta, y le fue aún peor: mandó 25 proyectos y solo se aprobaron en extraordinarias 4. Y el tercer año, en 2022, mandó en el mes de enero 18 proyectos para tratar en febrero y no se tocó ni uno.

Este año mandó 27, y más allá de las dificultades que puedan generar la falta de mayoría, el problema subyacente es la decisión anunciada por la principal oposición de no tratar ningún proyecto mientras el Gobierno insista en mantener vigente el enjuiciamiento de la Corte Suprema. Así que difícilmente el porcentaje vaya a satisfacer al oficialismo.

La experiencia del primer año

Como corresponde a un gobierno recientemente elegido, el de Alberto Fernández arrancó con toda la fuerza el 10 de diciembre de 2019, cuando el Covid todavía no tenía nombre y solo era algo limitado a una desconocida región china. El 13 de diciembre ese Poder Ejecutivo convocó por primera vez a extraordinarias y lo hizo desde ese día hasta el 31 de diciembre.

En esa convocatoria inicial incluyó solo 3 temas, de los cuales el más ambicioso y urgente era el denominado “de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la reactivación económica”. Ese proyecto al que se conoció como el de las emergencias, pues se trataba de una ley ómnibus que incluían las tres emergencias que pretendía habilitar el Gobierno: económica, social y sanitaria.

Los otros dos temas eran los habituales para esa época del año, que no incluimos en el conteo como proyectos por ser de rutina, pero que corresponden mencionar: la autorización al presidente para salir del país y la entrada y salida de tropas.

Tiempo promisorio de expectativas de consenso, el día anterior al envío del decreto el Gobierno se había reunido con el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, para delinear un cronograma para el tratamiento de los proyectos. Se estableció entonces que el lunes venidero habría una convocatoria a jefes de bloques de ambas cámaras de la que podrían participar los ministros de las áreas involucradas para empezar a estudiar las iniciativas. Todo muy auspicioso por cierto.

Cinco días después del primer decreto, el Gobierno amplió el temario de extraordinarias, incluyendo la ratificación del nuevo Consenso Fiscal 2019 suscripto por el presidente con los gobernadores de 22 provincias y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.

Las emergencias fueron aprobadas en tiempo y forma, pero todo el resto quedó para el año siguiente -habiéndose ampliado entonces las sesiones extraordinarias hasta el 29 de febrero-, en medio de promesas de un enero muy activo, que sin embargo no fue tal: aun sin datos de la pandemia que se venía, los primeros días del año mostraban los pasillos del Palacio Legislativo con el ritmo habitual de receso: vacíos y silenciosos, salvo por las obras en ejecución.

Se hablaba entonces de retomar la actividad a partir del 20 de enero y que dos días después podría realizarse una sesión en la Cámara baja para avanzar con la aprobación del nuevo Pacto Fiscal y la autorización para el ingreso y salida de tropas, que había quedado pendiente.

Sin mayores precisiones se hablaba de incluir en el temario iniciativas vinculadas con lo ambiental y educativo, aunque sin precisiones sobre qué temas serían. Sí concretamente se anticipaba el envío por parte del Poder Ejecutivo de un proyecto para modificar el régimen de jubilaciones de privilegio que perciben jueces y diplomáticos. Y otros temas como un proyecto de ley de reforma judicial y otro para la creación del Consejo Económico y Social.

En el Senado se encontraban pendientes de tratamiento las leyes de alquileres y de góndolas, aún no incluidas en la agenda de extraordinarias.

El 12 de enero Alberto Fernández ratificaba el próximo envío del proyecto de ley para crear el Consejo Económico y Social y daba detalles del mismo. Ese proyecto nunca fue enviado al Congreso y el Consejo fue creado por decreto.

Cinco días más tarde el presidente anticipó el envío para ser tratado en extraordinarias de otro proyecto que aún hoy sigue en veremos: la ley de hidrocarburos. Ante representantes del sector petrolero que lo visitaron en Casa Rosada, habló del proyecto para promover inversiones en yacimientos de hidrocarburos convencionales y no convencionales. En el texto, que aclaró que no estaba terminado, trabajaban el ministro Matías Kulfas y los entonces funcionarios Guillermo Nielsen, titular de YPF, y Sergio Lanziani, secretario de Energía.

El 21 de enero, antes de partir rumbo a Israel, Fernández firmó una nueva ampliación del temario para extraordinarias, incluyendo el proyecto de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa, cuyo envío al Congreso acababa de anunciar el ministro de Economía, Martín Guzmán. El decreto citaba el Consenso Fiscal que ya contaba con media sanción del Senado y la suspensión de las jubilaciones de privilegio para el Poder Judicial y diplomáticos.

El proyecto que pedía al Congreso amplias facultades para reestructurar la deuda externa, autorizando al Palacio de Hacienda a prorrogar la jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y renunciar a oponer defensa de inmunidad soberana respecto de reclamos en la jurisdicción que se trate, ingresó el 21 de enero. Seis días más tarde, el presidente confirmaba cuáles eran los temas que esperaba que el Congreso diera “un tratamiento rápido” en extraordinarias: la ley que permitía la renegociación de títulos emitidos con prórroga de la jurisdicción; las jubilaciones de privilegio del Poder Judicial y diplomáticos; la ley de reforma de la justicia federal y la ley de góndolas, que ya tenía media sanción de Diputados.

El 29 de enero se publicó en el Boletín Oficial una ampliación del temario para las sesiones que incluía precisamente el proyecto de ley de Fomento de la Competencia en la Cadena de Valor Alimenticia. Relación entre Proveedores y Supermercados, más popularmente conocido como ley de góndolas, y la designación de la defensora y los defensores adjuntos de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes.

El punto 8 del decreto suscripto por el presidente antes de emprender viaje hacia Europa correspondía a la modificación del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, la ley que debía entrar en vigencia el 1° de enero anterior y fue suspendida a través de un decreto que originó una ola de críticas de la oposición. Otro de los proyectos incluidos en el temario era el de Capitales Alternas, una iniciativa anunciada en tiempos de campaña por el Frente de Todos consistente en constituir el Gobierno una vez por mes en diversas ciudades del interior del país. Ese proyecto entró al Congreso el 12 de febrero, pero recién fue aprobado en noviembre de 2020.

El decreto incluía el tratamiento de los acuerdos para la designación de embajadores y, paralelamente, el retiro de pliegos como los correspondientes a funcionarios del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público enviados oportunamente por el Gobierno de Mauricio Macri. Hablamos de la designación propuesta para la Procuración General de la Nación de Inés Weinberg de Roca, por ejemplo, y pliegos de jueces y fiscales.

Asimismo se retiraban los mensajes para designación de miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia y funcionarios para el Servicio Exterior de la Nación y personal superior de las Fuerzas Armadas.

El texto del proyecto que modificaba el régimen previsional de jueces y diplomáticos ingresó al Congreso el 14 de febrero, y fue aprobado en la Cámara baja el 27, en medio de un escándalo por el quórum, que el oficialismo recién alcanzó gracias a la presencia de Daniel Scioli, quien ya había sido avalado como embajador en Brasil. La oposición se retiró de la sesión en esas circunstancias.

Si bien la había anunciado a lo largo de todo el verano, la reforma judicial no alcanzó a ser enviada para su tratamiento en extraordinarias. El penúltimo día de febrero Alberto Fernández anunció que la semana siguiente enviarían el proyecto al Congreso, pero recién lo presentó el 9 de julio venidero. Y nunca alcanzó a ser debatido.

En una sesión realizada el 28 de febrero, la Cámara alta sancionó la Ley de Góndolas y ese mismo día saldó una deuda de 15 años al designar a Marisa Graham como Defensora del Niño.

Las siguientes extraordinarias

El 30 de noviembre, día en que culminó el período legislativo 2020, el presidente firmó el decreto donde prorrogó las sesiones ordinarias hasta el 11 de diciembre y convocó a sesiones extraordinarias desde el 12 de ese mes hasta el 28 de febrero. Incluyó entonces nada menos que 25 proyectos de ley.

Sin embargo, dado que ese cronograma imposibilitaba la firma del dictamen sobre la legalización del aborto, el Ejecutivo volvió sobre sus pasos y resolvió que la prórroga del período ordinario fuera hasta el 3 de enero, y las extraordinarias, desde el 4 de ese mes hasta el 28 de febrero. En ese mismo decreto, incorporó dos nuevos temas para su tratamiento.

A fines de enero llegó un tercer decreto, donde se sumaron otros siete temas, y finalmente el Ejecutivo firmó un cuarto y último decreto para agregar el proyecto sobre Ganancias. Fueron, en total, cuatro decretos con 35 temas a tratar, entre proyectos de ley y pedidos de acuerdo para jueces y diplomáticos. Diez de esos temas fueron tratados en la extensión de ordinarias.

El último día hábil de 2020, el presidente de la Cámara baja anunció que el 20 de enero habría una sesión para tratar la prórroga de la Ley de Biocombustibles, tal cual había acordado con los presidentes de bloques. Un día antes se trataría en las comisiones para emitir dictamen, llevándolo al recinto al día siguiente. Esa sesión no sucedió y pasarían muchos meses para que hubiera una nueva ley sobre ese tema que, provisoriamente, fue prorrogado por decreto.

Lo cierto es que enero fue, como marca la tradición, tiempo de receso. Si bien se especuló con que la Cámara de Diputados sesionara a fines de ese mes, la primera convocatoria del año se concretó recién el 11 de febrero. Más activo, el Senado sí sesionó el 4 y el 24 de febrero.

Nobleza obliga, la prórroga de ordinarias fue muy movida y se aprobaron numerosos proyectos, como la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, y por supuesto la despenalización y legalización del aborto, junto con el Programa de los Mil Días.

Otras de las leyes que vieron la luz en diciembre fueron el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas -también llamado “impuesto a la riqueza”-; las modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego; y la transferencia de fondos a la Ciudad por el traspaso de la Policía Federal, que implicó un recorte en la coparticipación porteña. Pero reiteramos: no eran extraordinarias.

Ya en febrero, se aprobó el proyecto para que el Congreso autorizara los acuerdos con el FMI y la emisión extraordinaria de deuda. Finalmente, fueron avaladas las leyes de incentivo a la construcción privada; el aumento del presupuesto en ciencia y tecnología; y la compensación económica para familiares de los tripulantes del ARA San Juan. Varios temas importantes, pero quedó pendiente nada menos que una veintena de proyectos del temario ampliado.

Entre ellos ni más ni menos que la reforma judicial y la del Ministerio Público, dos temas que mantenían en alerta a la principal bancada de la oposición. Ambas iniciativas contaban con aprobación del Senado, pero nunca lograron pasar el filtro de la Cámara baja. Pasó lo mismo con el Consenso Fiscal 2020 y las modificaciones en la Ley de Defensa de la Competencia. La suba del mínimo no imponible de Ganancias y el etiquetado frontal de alimentos también quedaron en carpeta.

Dentro del listado elaborado por el Ejecutivo también figuraban incentivos para la inversión en instrumentos financieros emitidos en pesos; la creación de un Sistema de Cobertura y Promoción del Crédito Hipotecario; y un marco legal para la elaboración, registro, comercialización y control de productos fitosanitarios y agroquímicos.

No fueron tratados en extraordinarias el nuevo Régimen Jurídico para la Prevención y Control del Dopaje en el Deporte; la suspensión de las causales de caducidad de los partidos políticos por la pandemia; la suspensión de la inscripción de las SAS (Sociedades por Acciones Simplificadas); modificaciones en el monotributo; y una ley de educación ambiental.

También iniciativas sobre reactivación de la obra pública para vivienda; la suspensión de una rebaja del impuesto a las Ganancias para las empresas; la implementación del Código Procesal Penal Federal; el cupo laboral travesti/trans; un acuerdo entre la Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea; y ni más ni menos que la propuesta para suspender las PASO.

Continuaron cajoneadas la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles, que pese a las promesas de tratamiento el Ejecutivo no habilitó ese verano.

Cien por ciento de negatividad

El tercer año de la gestión del Frente de Todos vino absolutamente mal barajado. Fue ese año electoral el que el Gobierno retrasó de manera extrema la presentación del Presupuesto 2022, que el ministro de Economía Martín Guzmán recién fue a defender a la Cámara baja el 13 de diciembre. Con la intención ambiciosa de conseguir la aprobación de esa ley de leyes en una semana.

El período ordinario había sido extendido hasta fines de diciembre y se sabe cómo terminó eso: el debate del Presupuesto arrancó el 16 de diciembre y terminó de manera intempestiva y con rechazo en la mañana del día siguiente.

Previamente el oficialismo había sufrido una primera derrota, al imponer la oposición una moción para tratar Bienes Personales el martes venidero. Sin embargo el oficialismo terminó revirtiendo al menos esa derrota y aprobó un texto deseado por el oficialismo.

Fiel a su estilo, el Gobierno se pasó el mes de enero de 2022 anunciando que convocarían a extraordinarias para el primer mes del año. Hablaban del tratamiento de un Plan Plurianual que nunca se plasmó en realidad y ponían el 24 de enero como fecha probable, pero finalmente lo postergaron hasta el 1 de febrero. Y la convocatoria se hizo el 25 de enero, con un temario de 18 proyectos que incluían el Consenso Fiscal, el Consejo de la Magistratura y la Ley de Compre Argentino.

Pero pasaron cosas. El último día de enero renunció nada menos que el presidente del bloque oficialista de la Cámara baja, Máximo Kirchner, y todo el mes de febrero estuvo signado por el tratamiento o no del acuerdo con el Fondo Monetario, que de hecho había generado la renuncia del hijo de los Kirchner.

Lo cierto es que por primera vez desde 2009, el verano culminó sin que se hubiera realizado alguna sesión extraordinaria en el Congreso. El fracaso de esas extraordinarias debió atribuirse a: 1) las idas y vueltas del Poder Ejecutivo en la convocatoria; 2) el anuncio del acuerdo con el FMI, cuestión no incluida en el temario; 3) la renuncia de Máximo Kirchner; 4) la falta de acuerdos entre el oficialismo y la principal oposición por la conformación de las comisiones, encargadas del análisis y dictamen de los proyectos.

Los interrogantes del cuarto año

Para este verano 2023 se anunciaron hasta ahora 27 proyectos. Que en realidad son 34, pues uno de ellos corresponde a la creación de universidades, y cada una de ellas (8) tiene su propio proyecto. A fines de febrero se hará el balance correspondiente.

EXTRAORDINARIAS 2020	APROBADAS	NO TRATADAS
Ley ómnibus de emergencias	x
Consenso Fiscal	x
Jubilaciones de jueces y diplomáticos	x
Reforma Judicial		x
Consejo Económico y Social		x
Ley de Hidrocarburos		x
Sostenibilidad de la deuda	x
Ley de Góndolas	x
Designación de la defensora del Niño	x
Economía del Conocimiento		x
Capitales alternas		x

 

EXTRAORDINARIAS 2021	APROBADAS	NO TRATADAS
Régimen de Inclusión fiscal para pequeños contribuyentes		x
Presupuestos mínimos para la educación ambiental		x
Biocombustibles		x
Sostenibilidad de la deuda pública	x
Incentivo a la construcción privada	x
Aumento del presupuesto en Ciencia y Tecnología	x
Compensación para familiares de tripulantes del ARA San Juan	x
Reforma judicial		x
Ministerio Público		x
Consenso Fiscal 2020		x
Modificaciones en la Ley de Defensa de la Competencia		x
Suba del mínimo no imponible de Ganancias		x
Etiquetado frontal de alimentos		x
Incentivos para la inversión en instrumentos financieros en pesos		x
Sistema de Cobertura y Promoción del Crédito Hipotecario		x
Marco legal para productos fitosanitarios y agroquímicos		x
Régimen para la Prevención y Control del Dopaje en el Deporte		x
Suspensión de las causales de caducidad de los partidos políticos		x
Suspensión de la inscripción de las SAS		x
Reactivación de la obra pública para vivienda		x
Rebaja del impuesto a las Ganancias para las empresas		x
Código Procesal Penal Federal		x
Cupo laboral travesti/trans		x
Acuerdo entre la Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea		x
Suspensión de las PASO		x

     

EXTRAORDINARIAS 2022	APROBADAS	NO TRATADAS
Consenso Fiscal		x
Consejo de la Magistratura		x
Parque y Reserva Nacional Ansenuza		x
Parque y Reserva Nacional Islote Lobos		x
Respuesta integral al VIH		x
Marco regulatorio del cannabis		x
Promoción de la Electromovilidad		x
Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz		x
Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal		x
Compre Argentino		x
Régimen de Incentivo a la Construcción y Acceso a la Vivienda		x
Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería		x
Tratamiento de acuerdos		x
Transferencias de inmuebles		x
Creación de la Universidad Nacional del Delta		x
Creación de la Universidad Nacional de Pilar.		x
Prevención y control de la Resistencia Antimicrobiana		x
Creación del Area Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul”		x

EXTRAORDINARIAS 2023	APROBADAS	NO TRATADAS
Alcohol Cero
Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud
Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030
Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica
Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad
Violencia Institucional en Seguridad y Servicios Penitenciarios
Designación del Procurador General de la Nación
Tratamiento de otros acuerdos requeridos al Senado de la Nación
Modificaciones en la prevención y represión del Lavado de Activos
Ampliación de la Corte Suprema de Justicia
Consejo de la Magistratura
Creación del Parque Nacional y de la Reserva Laguna El Palmar
Creación del Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul”
Régimen Previsional Diferencial para combatientes de incendios forestales
Plan de Pago de Deuda Previsional
Creación de 8 universidades nacionales
Desarrollo Agroindustrial Federal
Modificación de la Ley N° 22.990 de Sangre Humana
Contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de Trisomía 21/ Síndrome de down
Informatización y Digitalización de Historias Clínicas
Modificación de la Ley de Presupuesto General de Gastos
Proyecto de ley de Exteriorización del Ahorro Argentino.
Promoción de nuevas energías
Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia
Permiso para el Presidente para ausentarse del país
Proyecto de ley para modificar el Sistema Estadístico Nacional
Monotributo Tech

Por José Angel Di Mauro

Que el Congreso se encuentra trabado no es ninguna novedad. Porque la principal oposición lo anunció a partir de la decisión del Poder Ejecutivo de impulsar el juicio político a todos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, al señalar que no tratarán ningún tema mientras el Gobierno persista en esa tesitura.

Pero la realidad es que la situación de tirantez viene por lo menos desde el mes de diciembre, y sobre todo en la Cámara de Diputados, donde los puentes que se habían construido durante meses estallaron a partir del episodio del nombramiento de representantes de ese cuerpo en el Consejo de la Magistratura.

Sin embargo en el Senado, donde las relaciones entre el oficialismo y la oposición han sido siempre ásperas, la situación es diferente. Convengamos que allí también hubo un fuerte choque entre oficialismo y oposición, también por el Consejo de la Magistratura, y fue cuando las autoridades del Senado resolvieron de manera inédita que el pleno del cuerpo aprobara los nombramientos de los representantes del Senado ante la Magistratura. Ante ello, los senadores de Juntos por el Cambio resolvieron directamente no participar de esa sesión en la que el oficialismo junto con aliados aprobó también el Presupuesto 2023.

Ese dato es lo que marca la diferencia que citábamos: el Frente de Todos tiene, con sus habituales aliados, el número suficiente para abrir las sesiones. A los 35 integrantes del ahora interbloque FdT debemos sumar al rionegrino Alberto Weretilneck, a la misionera Magdalena Solari Quintana y desde tiempos más recientes a la riojana Clara Vega. Con eso suma 38, de modo tal que si José Mayans todavía no está en condiciones de presentarse a una sesión, al oficialismo le sigue alcanzando el número para debatir lo que desee. Como ha hecho todo este tiempo, dicho sea de paso.

Los temas de extraordinarias

Viene a cuento esto para dar por descontado que este año sí habrá sesiones extraordinarias en el mes de febrero. Difícilmente eso pueda suceder en la Cámara de Diputados, pero en el Senado el número le alcanza al oficialismo para abrir las sesiones y aprobar lo que desee. De tal manera, hay por lo menos media docena de proyectos que integran el temario de 27 ítems que podrán ser debatidos en el recinto.

En ese caso, se verá cuál es la decisión adoptada por la principal oposición. Consultadas al respecto por parlamentario.com, fuentes de JxC aclararon que “no hay una posición adoptada. En principio se decidiría caso por caso”. Por lo pronto veamos cuáles son los temas de extraordinarias que van directo a la Cámara alta.

El primero de la lista de 27 temas es el de alcohol cero. Se lo presenta como proyecto de ley modificatorio del inciso a) del artículo 48 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial N° 24.449 sobre alcoholemia cero para la conducción de vehículos, y fue aprobado en la Cámara de Diputado por 193 votos afirmativos, 19 negativos y 4 abstenciones, en la sesión del 24 de noviembre del año pasado. El proyecto tuvo en el Senado un tratamiento exprés en la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, donde el 1° de diciembre se emitió dictamen favorable.

El 13 de diciembre los senadores recibieron un pedido de parte de 168 organizaciones que nuclean a los familiares de víctimas de tránsito para que la iniciativa sobre Alcohol Cero se convirtiera en ley antes del cierre de año, pero como no hubo una sesión final, quedó pendiente.

El segundo de los proyectos que se encuentra en el Senado es el tendiente a establecer el Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud. Se trata de un proyecto del Poder Ejecutivo presentado el 14 de diciembre del año pasado, que debe pasar por las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Salud de la Cámara alta.

Luego tenemos el proyecto de ley mediante el cual se propicia efectuar una serie de sustituciones a la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica N° 23.877. Ya tiene media sanción de Diputados y el 14 de diciembre pasado se firmó dictamen en la Comisión de Ciencia y Tecnología, oportunidad en la que se presentó el ministro del área, Daniel Filmus. En esa jornada el funcionario recordó que la iniciativa en cuestión “tiene respaldo en el Presupuesto 2023 con más 3.000 millones de pesos para invertir durante el año 2023”. En tal sentido, agregó: “El proyecto plantea llegar a lograr para el 2032 al 1 por ciento del PBI”.

Hay también un proyecto que busca modificar la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad N° 24.660. Esta iniciativa tuvo dictamen en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado el 3 de agosto, y busca readecuar la norma de modo de cumplir con recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Otro proyecto que va directo al Senado es el que crea el Area Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul”. Desde el 6 de julio del año pasado tiene media sanción de la Cámara de Diputados y estaba previsto ser debatido en un plenario de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda, a fines de octubre pasado, pero la reunión se suspendió.

Después está previsto el tratamiento de acuerdos en el Senado, entre los cuales figura el de Cristina Caamaño como embajadora ante Israel.

El temario de extraordinarias incluye el tratamiento del acuerdo requerido para designar al procurador General de la Nación, un tema de vieja data que nunca se trató siquiera en Acuerdos, pero que necesitaría los 2/3 y ahí sí Juntos por el Cambio podrá obturar ese tratamiento.

Hay otros dos temas cuyos textos todavía no se conocen, ni tampoco por qué cámara ingresarán. Hablamos del proyecto de ley para la Promoción de nuevas energías, e inversiones con valor agregado en el sector energético; y el que modifica el Sistema Estadístico Nacional.

Por Melisa Jofré

Aliados. Esa fue la palabra clave para el Frente de Todos durante 2022, luego de haber iniciado los dos últimos años de este mandato de Alberto Fernández perdiendo el quórum propio en el Senado, terreno dominado por Cristina Kirchner. 

En el año que acaba de concluir, fue gracias a la ayuda de tres senadores que se aprobaron proyectos resistidos por Juntos por el Cambio, destacándose entre ellos los de la agenda judicial que el kirchnerismo diseñó una vez más, en un período que estuvo marcado por la controversia en torno al Consejo de la Magistratura y el rol de la Corte Suprema de Justicia. 

Pese a que no hubo calendario electoral, el motivo por el cual siempre baja la actividad parlamentaria, la Cámara alta tuvo una bajísima marca en cuanto a sesiones: se realizaron 13, de las cuales 10 fueron especiales, 1 ordinaria, 1 informativa y 1 preparatoria. Durante alguna de ellas, el temario incluyó un solo proyecto a tratar. 

Si se tiene en cuenta la cifra de 15 registrada en 2021, el Senado sesionó dos veces menos respecto al período anterior. Y, para encontrar la misma cantidad de 13 hay que remontarse a 2015, año que sí estuvo atravesado por comicios y recambio presidencial. Además, es un hecho infrecuente que la Cámara alta haya sesionado menos que Diputados, donde hubo 14. 

La ausencia de -nada más y nada menos- que el jefe del interbloque oficialista, José Mayans, por cuestiones de salud complicó los planes del Frente de Todos en la recta final del año. Luego de la internación del formoseño, solo se realizaron dos sesiones más. 

Para el Senado fue como si no hubiera existido prórroga de sesiones ordinarias, pues no se pudo concretar ninguna durante el mes de diciembre para cerrar el 2022 con la aprobación de un conjunto de proyectos de índole social que esperaban convertirse en ley luego de su sanción en la Cámara baja. 

Más allá de haber esperado que regresara un senador del Mundial de Qatar para lanzar una convocatoria -que tuvo como fechas tentativas el 15 y 22 de diciembre-, desde la bancada informaron que tenían “afectado” a otro de sus miembros y que Juntos por el Cambio, ausente en la última sesión que hubo, no garantizaba quórum. De esta manera, el recinto no se abrió más. 

Cómo fueron las sesiones a lo largo del año 

En un tradicional trámite, que duró en esa ocasión apenas 11 minutos, el Senado realizó el 24 de febrero su sesión preparatoria. En la misma fueron ratificados Claudia Ledesma Abdala de Zamora, como presidenta provisional; Maurice Closs como vicepresidente primero y Guadalupe Tagliaferri como vicepresidenta segunda; mientras que la radical Carolina Losada asumió como vicepresidenta -en reemplazo de Martín Lousteau-. Ese día también juró el macrista José Torello en lugar de Esteban Bullrich. 

La primera sesión especial del año se llevó a cabo el 17 de marzo para aprobar, luego de un trámite veloz en comisiones, el proyecto de autorización al Poder Ejecutivo para refinanciar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Al igual que había sucedido en la Cámara baja, el sector K del interbloque oficialista se opuso, resultando aprobada la ley con 56 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones. 

A poco de cumplirse el plazo que la Corte Suprema le había impuesto al Poder Legislativo para sancionar una nueva Ley del Consejo de la Magistratura, el 7 de abril se trató en el Senado el proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo y que sufrió modificaciones propuestas por el rionegrino Alberto Weretilneck, uno de los aliados fundamentales del Frente de Todos. La iniciativa establecía una composición de 17 miembros, sin presencia de un representante por el máximo tribunal. 

El proyecto alcanzó los 37 votos positivos y 33 negativos. Además de Weretilneck votó a favor la misionera Magdalena Solari Quintana, otra fiel socia del oficialismo. Juntos por el Cambio y la cordobesa schiarettista Alejandra Vigo se opusieron, mientras que la riojana Clara Vega, quien se convirtió en 2022 en una indispensable para el Frente de Todos, estuvo ausente en la votación. 

En esa jornada se ratificó además un decreto de la vicepresidenta Cristina Kirchner por el cual se designó como “Sala Malvinas Argentinas” al salón de recepción del edificio anexo Alfredo Palacios y se dispuso la colocación de una placa alusiva.

Un mes después, el 12 de mayo, y con la pelea por la banca en el Consejo de la Magistratura en el centro de la escena, se volvió a reunir el Cuerpo. Con varias manifestaciones políticas, hubo tensión y acusaciones cruzadas entre oficialistas y opositores a raíz del reclamo de Luis Juez ante la ruptura de la bancada del Frente de Todos y la designación de Martín Doñate por Unidad Ciudadana. 

El “plato fuerte” de ese día fue un proyecto ideado por el kirchnerista Oscar Parrilli sobre la creación de un “Fondo Nacional” para pagarle la deuda al FMI a través de la recuperación de dólares fugados. Por otra parte, se votó el Tratado Interprovincial de creación de la Región Norte Grande Argentino; acuerdos internacionales; la designación de cónsules honorarios y un paquete de proyectos de declaración, la mayoría vinculados a los 40 años de la Guerra de Malvinas.

El 2 de junio, previo a recibir al jefe de Gabinete, tuvo lugar una brevísima sesión en la que se dio entrada formal a los pliegos de embajadores en Venezuela (Oscar Laborde), Honduras (Pablo Vilas) y Ecuador (Gabriel Fuks). Luego, Juan Manzur dio su informe de gestión -el único del año- durante el que se refirió a la inflación como “un problema que tenemos que atender”, la guerra Rusia-Ucrania y los subsidios al transporte del interior. 

En la única sesión ordinaria que hubo en todo 2022, el 30 de junio se trató un abultado temario que incluyó el proyecto de plan de pago de deuda previsional, sobre el cual la senadora Juliana Di Tullio reconocía que lo habían elaborado en consulta con la ANSeS y no con el ministro de Economía, Martín Guzmán, a quien por esos días le quedaban pocas horas en la cartera. Además del oficialismo y sus aliados, la iniciativa contó con el voto a favor de Alejandra Vigo. 

En esa sesión, además, se sancionó la creación del Parque Nacional Ansenuza en Córdoba y la ampliación del Parque Nacional Pre-Delta en Entre Ríos, al tiempo que tuvieron media sanción la ampliación del Parque Aconquija en Tucumán y la creación del Parque El Palmar en Chaco. Por unanimidad, salió la Ley de Oncopediatría y el alivio fiscal para monotributistas y autónomos. También se completó el trámite de la Ley de Respuesta Integral al VIH; y se giraron a Diputados dos proyectos sobre la prórroga del Programa de Entrega Voluntaria de Armas y otro relacionado a la atención a usuarios de tarjetas de crédito. 

Tras el receso invernal, las puertas del recinto se volvieron a abrir el 10 de agosto. A raíz de los cambios en el Gobierno, ese día volvió a tomar estado parlamentario el pliego de Daniel Scioli como embajador en Brasil. Ante el apuro de las provincias, por una eventual merma de recursos con la llegada de Sergio Massa a Economía, se dio media sanción al Consenso Fiscal 2021, que llevaba ocho meses sin ser tratado. 

También, los senadores dieron media sanción a un régimen previsional especial para brigadistas de incendios y la autorización de entrada y salida de tropas; mientras que convirtieron en ley la prórroga del Régimen de Incentivo a la Construcción y la Ley de Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana. Asimismo, se votó un conjunto de distintas fechas conmemorativas. 

En lo que representó la primera sesión tras el pedido de condena de los fiscales, en el juicio por la causa Vialidad, contra Cristina Kirchner, y en medio de un contexto caldeado, el oficialismo y la oposición se cruzaron en torno a la figura de la vicepresidenta y la Justicia. Sería en la previa de un día muy especial: el 1ro. de septiembre, cuando por la noche Fernando Sabag Montiel le gatilló en la cara la expresidenta en la puerta de su casa en Recoleta. 

CFK abrió la sesión de ese día y se retiró rápidamente. Después arrancó el debate político, mientras la titular del Senado tuiteaba fotos en su despacho recibiendo a eurodiputados. En un largo y variado tramo de cuestiones de privilegio, el Frente de Todos criticó duro a la Justicia y el accionar de la Policía de la Ciudad en la casa de la vicepresidenta; mientras que Juntos por el Cambio pidió dejar de “tapar” la realidad del país a partir del “relato” y la “épica” alrededor de la acusación contra CFK. 

En lo que respecta al temario, la Cámara alta avanzó en la aprobación de la Ley de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz, la nueva Ley de Biotecnología y Nanotecnología, un conjunto de pliegos judiciales, un paquete de transferencia de inmuebles e iniciativas de monumentos históricos, entre otros proyectos menores. 

Un poco después de concluida la sesión, y tras las peleas en el comienzo de ese día, senadores del oficialismo y la oposición posaron todos juntos en una foto desde el Salón Illia, donde leyeron un comunicado para repudiar el intento de magnicidio contra la vicepresidenta. 

Esa armonía duraría poco, ya una semana después, el 8 de septiembre, se convocó al pleno para repudiar el hecho con una declaración -al igual que hizo Diputados- y Juntos por el Cambio no asistió, bajo el argumento de no querer avalar “el uso partidario del Congreso”. Los integrantes de la bancada conducida por Alfredo Cornejo señalaban que con la foto y el comunicado que habían emitido rápidamente después del hecho, alcanzaba. Una vez más, junto a Weretilneck, Solari Quintana y Vega, el Frente de Todos aprobó la iniciativa después de un debate que tuvo solo tres oradores. 

Con la llegada de la primavera, en un mes convulsionado, el kirchnerismo sacó del freezer el tema de la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, que en julio había quedado a un paso del recinto por falta de acuerdos dentro de la propia bancada oficialista. De manera de conseguir los votos, el Frente de Todos accedió a cambios propuestos por el aliado Weretilneck y se aprobó, con 36 votos a favor y 33 en contra, un texto para que el máximo tribunal pase de 5 a 15 miembros, con composición federal y respetando la paridad de género. 

Si bien esas modificaciones también lograron convencer al puntano Adolfo Rodríguez Saá, el oficialismo tuvo un voto negativo, el de la otra representante del interbloque por la provincia de San Luis, María Eugenia Catalfamo, del riñón del gobernador Alberto Rodríguez Saá, uno de los que pujaba más fuerte por una Corte con 25 jueces, precisamente el proyecto que no habían podido sacar meses antes.  

El 27 de octubre, la Cámara alta convirtió en ley el proyecto para extender por 50 años las asignaciones específicas de ciertos impuestos para el financiamiento de las industrias culturales, la prórroga del ReNaBaP, la expropiación del predio de Cromañón y un proyecto para incorporar al Programa Médico Obligatorio un protocolo para la atención de casos de violencia de género. Además, se le dio media sanción al “Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030”, enviado por el Poder Ejecutivo. 

Nuevamente en un enfrentamiento por el Consejo de la Magistratura y enojados porque no se había escuchado el fallo de la Corte a favor de Juez -en un amparo iniciado en mayo- y se había designado a Doñate como consejero para el período 2022-2026, los senadores de Juntos por el Cambio no concurrieron a la sesión del 16 de noviembre. La postura se tomó en un claro rechazo a que el oficialismo había incluido en el temario el decreto con las designaciones, firmado por la presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, con el objetivo de “blindar” la decisión del Poder Legislativo ante futuros reclamos judiciales. 

Así, con el respaldo de sus tres socios, alcanzando justo los 37 presentes, el Frente de Todos ratificó el decreto y aprobó el temario compuesto por la Ley de Presupuesto 2023 y la prórroga impositiva, atada a la “ley de leyes”, en un corto debate. Hacia el final, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, vicepresidenta de la bancada, solicitó una moción de orden para incorporar el proyecto de beneficio extraordinario a los familiares de víctimas de la represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001, el cual recibió la media sanción por unanimidad y se giró a Diputados. Fue el cierre del 2022 en el recinto del Senado. 

Cantidad de sesiones en el Senado en los últimos 10 años 

2022: 13

2021: 15

2020: 31

2019: 10

2018: 15

2017: 18

2016: 23

2015: 13

2014: 23

2013: 22

2012: 23

Por José Angel Di Mauro

En el primer día de su último año de una gestión que sin duda Alberto Fernández sigue pensando como “su primer mandato”, el presidente de la Nación se descolgó con una sorpresa: el pedido de juicio político contra el titular de la Corte Suprema de Justicia. Una alternativa que va en sintonía con la guerra interminable que esta administración viene desarrollando contra la Justicia en general y la Corte Suprema en particular. Pero que no deja de sorprender por la imposibilidad virtual que tiene ese proyecto de prosperar.

Así las cosas, adentrarse en semejante empresa sin la menor posibilidad de llegar al puerto deseado solo sirve para graficar una vez más las carencias de esta administración.

¿Hasta qué punto puede llegar la intentona esbozada este fin de semana por el Gobierno? Veamos primero cuáles son las instancias reglamentarias que fundamentan un pedido de juicio político. Las figuras institucionales que pueden ser alcanzadas por semejante medida son el presidente de la Nación, el vicepresidente, los ministros y jueces de la Corte Suprema de Justicia. Todos son pasibles de ser enjuiciados por “mal desempeño o delitos”, según contemplan los artículos 53, 59 y 60 de la Constitución Nacional.

Veamos qué dicen esos artículos. El 53 plantea que solo la Cámara de Diputados “ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de Gabinete de Ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes”.

El artículo 59 precisa que “al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto”.

“Cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema. Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los dos tercios de los miembros presentes”, aclara el citado artículo.

Por último, el artículo 60 de la Constitución indica que “su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios”.

Ahora bien, está claro que esta movida no tiene posibilidades de prosperar. Pero puede avanzar en la Comisión de Juicio Político, que preside la entrerriana Carolina Gaillard, donde el Frente de Todos tiene 16 miembros sobre 31. Como Juntos por el Cambio tiene 14 y el restante es del interbloque Federal (Alejandro “Topo” Rodríguez), el oficialismo podría aprobar por mayoría simple el dictamen de acusación. Y llegaría hasta ahí, pues al llevar el dictamen al recinto, necesitaría los 2/3 de los presentes, cosa imposible de alcanzar para un oficialismo que apenas cuenta con un 45,9% de miembros en la Cámara baja, contra Juntos por el Cambio, que tiene el 45%. Demasiada paridad para alcanzar el 66,6% que necesitaría el Frente de Todos para imponer la acusación.

Una instancia “posible, pero altamente improbable”, tal cual graficó ante este medio una fuente integrante de la Comisión de Juicio Político.

La Cámara de Diputados actúa como instancia “acusadora”, reuniendo y aprobando los fundamentos y pruebas contra el “acusado”. En el caso hipotético de que esa alternativa finalmente prosperara, después debería pasar por el Senado, Cámara que actúa como “juez de sentencia” y estaría a cargo de declarar inocente o culpable al acusado, según estipula el artículo 59 de la Constitución.

Allí también necesitaría el oficialismo de los 2/3 de los presentes. Si bien en esa Cámara está probado que -con aliados y concesiones- tiene mayoría, no es la suficiente. Con 35 senadores sobre un total de 72 alcanza un insuficiente 48,6%, en tanto que JxC reúne el 45,8%. Necesitaría el 66,66%. Imposible.

¿Para qué actúa de esa manera entonces el presidente? Una fuente consultada vinculó esta medida con el “sueño de ser candidato”, que aún mantiene firme. Solo como posibilidad, aventuró que con esta medida Alberto Fernández podría pensar que “al menos no lo van a vetar”.

El tema es que el FdT estaría abriendo en ese caso una caja de Pandora riesgosa. Con cierta ingenuidad, el oficialismo estaría pensando en el supuesto rédito que podría darle la convocatoria a la Comisión de Juicio Político para poner a consideración el accionar del presidente de la Corte Suprema, o de todos los integrantes de ese Tribunal. Pero está claro que la oposición no se quedaría callada y podría aprovechar el escenario para poner a consideración los 8 pedidos de juicio político contra Alberto Fernández.

Así lo advirtieron desde una oposición que dio por descartado que no van a dejar pasar la oportunidad de exponer las actitudes del presidente que generaron esos pedidos, y volverían a la palestra no solo la fiesta en Olivos en plena pandemia, sino también el manejo de compra de medicamentos y equipos durante la misma. Hay también pedidos de juicio contra ministros del gabinete.

Todo lo cual podría afectar lo que desde la propia oposición algunos reconocen como una “incipiente recuperación económica”. En esas circunstancias, abocarse durante semanas o meses a discutir nada menos que el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia podría tener un impacto directo en una economía endeble, y representar nuevos “tiros en los pies” del propio oficialismo.

El senador nacional Luis Naidenoff (UCR) opinó este miércoles que “en un país normal una vicepresidenta condenada tiene que pedir licencia y no puede presidir ninguna sesión” en referencia a Cristina Kirchner.

En esa línea, el jefe del bloque radical recordó que cuando Amado Boudou era vicepresidente y había sido procesado, “nos cansamos de solicitarle que no presida ninguna sesión” en la Cámara alta.

Sin embargo, “en este mundo del kirchnerismo, del propio relato, yo creo que nos vamos a encontrar con un escenario mucho más agresivo desde el punto de vista del trato democrático” por parte del oficialismo, si pensaran en hacer lo mismo.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el legislador consideró que “el problema central de Cristina es que hay un liderazgo que se va diluyendo” porque “representa un núcleo duro que representa el pasado para la inmensa mayoría de la sociedad”.

Por otra parte, el formoseño no ahorró en críticas al presidente: “Alberto (Fernández) fue una oportunidad desperdiciada y creo que es el peor presidente, sin lugar a dudas, del ’83 a la fecha”.

Para Naidenoff, “hay que dar una vuelta de página y gobernar con muchos cojones la Argentina respecto a la ley, para que los (Gerardo) Zamora o los (Gildo) Insfrán no te marquen la cancha”.
En alusión a esos mandatarios provinciales, les adjudicó “todo lo que tenga que ver con apriete, claudicación, sometimiento y fundamentalmente con la falta de crecimiento de la ciudadanía”.

“El modelo de Insfrán es exitoso en lo electoral, pero desastroso en lo social”, observó sobre el gobierno de su provincia y dijo que en las elecciones del año próximo “el desafío es muy grande” porque “por primera vez desde el ’83 a la fecha, si se reiteran los resultados electorales (de los últimos comicios), el PJ pierde la mayoría que siempre tuvo en el Senado”.

Sobre ello, el senador señaló que “los gobernadores extorsionan al gobierno central” a través de esa mayoría, y remarcó: “Al gobierno de (Mauricio) Macri lo condicionaban”. “Por eso también hay que gobernar con muchos huevos la Argentina”, insistió.

Consultado por quién le gustaría que sea el candidato presidencial de Juntos por el Cambio, admitió que le encantaría que fuera “un radical”, pero, sin dar nombres, aseguró que lo que “no hay” es “margen para demagogia ni para tibios”. “La gente espera un candidato con honestidad intelectual”.

En otro tramo de la entrevista, el radical advirtió que “el sueño del kirchnerismo no es manejar sino ser la Justicia. Porque cuando sos la Justicia no solamente tenés bajo tu poder la designación, el control, la remoción, sino la orden para los fallos”.

Se frustró para el oficialismo en el Senado la oportunidad de realizar una última sesión del año con un paquete de proyectos de índole social, luego que desde el Frente de Todos admitieran problemas en alcanzar el número necesario para abrir el recinto. “Tenemos un senador con inconvenientes y la oposición no garantiza quórum”, señalaron a este medio fuentes del interbloque.

La relación entre el oficialismo y Juntos por el Cambio ya venía tirante en el cuerpo que preside Cristina Kirchner, pero terminó de tensarse cuando el pasado 16 de noviembre, día en que se votó el Presupuesto 2023, se decidió incorporar al temario el decreto con las designaciones del Consejo de la Magistratura, que incluía al kirchnerista Martín Doñate para el período 2022-2026 en lugar de Luis Juez, de quien el Pro asegura que le corresponde ese lugar.

Con 34 senadores propios, dado que se vio perjudicado a principios de octubre por la baja de nada más y nada menos que de su jefe, el formoseño José Mayans, por problemas de salud, el Frente de Todos logró realizar la última sesión y aprobar todos los temas con el acompañamiento de sus tres aliados: el rionegrino Alberto Weretilneck, la misionera Magdalena Solari Quintana y la riojana Clara Vega. Al igual que JxC, la cordobesa Alejandra Vigo, esposa del gobernador Juan Schiaretti, tampoco dio el presente en esa ocasión.

Atento a que en las dos primeras de semanas de diciembre contó con una ausencia, la de Sergio “Oso” Leavy, que viajó al Mundial de Qatar, el oficialismo postergó la sesión que tenía planeada para el 15 de diciembre una semana más, a la espera del regreso del salteño. Pero finalmente, en el comienzo de la semana previa a Navidad, marcada además por un feriado nacional por el triunfo y la llegada de la Selección Argentina, se conoció que el año culminaría ya sin sesión.

Pese a tener en carpeta un conjunto de proyectos con media sanción de interés social, que incluso fueron votados por amplia mayoría -y en algunos casos, unanimidad- en Diputados, JxC en el Senado reclamaba acordar el temario y que no fuera convocada una sesión de manera unilateral. Argumento similar al dado del otro lado de Pasos Perdidos, donde en la Cámara baja se frustraron sesiones el 1ro. de diciembre y este último miércoles.

Entre las iniciativas que ya habían recibido dictamen de comisiones en la Cámara alta y se podían convertir en ley en este fin de año, quedaron pendientes: un proyecto sobre beneficios impositivos para la renovación de flota de taxis; la eximición del impuesto a las Ganancias para el personal de salud en concepto de guardias; el reconocimiento de la Lengua de Señas en todo el país; y la llamada “Ley Lucio”, sobre capacitación en los derechos de niñas, niños y adolescentes.

En la lista también estaban la modificación en la renovación del Certificado Único de Discapacidad; la reforma de la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica; y una iniciativa para jerarquizar y ampliar el programa sobre cardiopatías congénitas.

Por otro lado, había iniciativas de senadores -ya con despacho- para eliminar el trámite de fe de vida para jubilados; un fomento a las inversiones productivas provinciales; y otra para garantizar la provisión gratuita de productos menstruales eco amigables para niñas y adolescentes; entre otros.

Un tema a destacar era la ley de alcohol cero al volante, ya votada en Diputados, sobre la cual no habría consenso total en el Frente de Todos. Si bien la mendocina Anabel Fernández Sagasti (a cargo de la bancada en ausencia de Mayans) se manifestó a favor, a diferencia de sus pares comprovincianos Alfredo Cornejo y Mariana Juri, de JxC, quienes se oponen fervientemente, los oficialistas de San Juan, otra provincia vitivinícola, tampoco estarían dispuestos a votarla. En el caso de la Cámara baja, José Luis Gioja votó en contra.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, decretó feriado nacional para este martes 20 de diciembre con el fin de poder ir al Obelisco a recibir a la Selección Argentina tras coronarse campeona del Mundial Qatar 2022. Ante ello, se suspendieron las reuniones de comisión que estaban en agenda en ambas cámaras del Congreso.

En Diputados la actividad legislativa estaba prevista a partir de las 9 en el Salón Blanco 9 con la reunión constitutiva del Grupo Parlamentario de Amistad con la República Popular de China. Luego, a las 12.30 estaba previsto que la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano se juntara para analizar el proyecto de ley con media sanción del Senado por el cual se acepta la cesión de jurisdicción efectuada por la provincia del Chaco al Estado nacional, para la creación del Parque nacional y Reserva nacional Laguna El Palmar, y luego tratar proyectos de resolución y declaración.

La agenda continuaba a las 15 con una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y Finanzas, en la que el oficialismo buscaría el dictamen del proyecto que modifica la normativa sobre lavado de activos.

Cerraba la jornada a las 17 un plenario de las comisiones de Industria, de Agricultura y Ganadería y la de Presupuesto y Hacienda que buscaban de declarar Industria Estratégica para el Desarrollo nacional a la Industria Argentina de Maquinarias Agrícola y de Agropartes cuyos establecimientos se encuentren localizados en todo el territorio nacional.

Del otro lado del Salón de Pasos Perdidos, en la Cámara de Senadores solo estaba en agenda un plenario de las comisiones de Educación y Cultura y de Turismo a las 14 para tratar seis proyectos para declarar de interés nacional distintas fiestas. Luego la Comisión de Turismo seguía reunida para tratar otros proyectos.

En la seguidilla de comisiones que habían sido convocadas este miércoles en el Senado se encontraba la de Agricultura, Ganadería y Pesca, citada para las 13, pero finalmente no se realizó. Cuando ya había pasado bastante tiempo del inicio de la convocatoria, el santiagueño José Neder (FNyP-FdT), secretario de la misma, anunció que el encuentro se levantaba porque se estaba desarrollando otra reunión en paralelo, donde participaba el presidente de la comisión, el rionegrino Alberto Weretilneck (JSRN).

Pero este jueves, a través de las redes sociales, el riojano Julio Martínez (UCR-JxC) salió a denunciar: “Siguen los atropellos en @SenadoArgentina. El senador Weretilneck, presidente de la Comisión de Agricultura había invitado a la Mesa de Enlace para tratar un tema crucial para el país: la sequía y su impacto en la producción. El kirchnerismo lo impidió”.

Según el legislador, “a último momento, sin mediar explicaciones, la reunión fue cancelada, y se tuvo que hacer un encuentro paralelo, fuera de la agenda ordinaria del Parlamento. Una vez más, el kirchnerismo pone su agenda de intereses particulares por encima de lo que el país necesita”.

Al responderle por Twitter, Weretilneck lo desmintió. “Julio eso no es verdad: las autoridades de la Comisión de Agricultura recibimos, escuchamos y coordinamos acciones con el sector. No existió llamado en contrario. La situación por la sequía en el campo nunca fue incorporada al temario de la reunión”, escribió el senador aliado del oficialismo.

Desde el entorno de Weretilneck confirmaron a parlamentario.com que hubo una reunión en la que se recibió a productores de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, incluso por pedido de senadores de la oposición. “Que la pelea entre ellos no opaque que se recibió y escuchó a un sector muy golpeado”, dijeron desde el despacho del rionegrino.

Además, en declaraciones a Senado TV, el legislador reveló que en ese encuentro se habló de “la gravedad de la situación de lo que es la siembra de trigo, de maíz y de soja” y “el impacto que esto tiene sobre la cría de ganado bovino”.

Desde la comisión se comprometieron a llevar adelante “gestiones con el Ministerio de Economía y la Secretaría de Agricultura y Ganadería para trasmitir lo que nos dejaron con mucha preocupación los distintos representantes sectoriales de la ganadería y agricultura de la zona núcleo”, afirmó.

Efectivamente, en el temario, que contaba con cinco proyectos de comunicación y una veintena de declaración, esa cuestión no estaba incluida, excepto por una iniciativa de la riojana Clara Vega (Hay Futuro Argentina) -otra aliada del FdT- que proponía declarar la “preocupación por las sequías que afectan a todo el campo del país”.

A último momento, sin mediar explicaciones, la reunión fue cancelada, y se tuvo que hacer un encuentro paralelo, fuera de la agenda ordinaria del parlamento.
Una vez más, el kirchnerismo pone su agenda de intereses particulares por encima de lo que el país necesita.

— JULIO MARTINEZ (@JulioMartinezLR) December 15, 2022

Julio eso no es verdad: las autoridades de la Comisión de Agricultura recibimos, escuchamos y coordinamos acciones con el sector. No existió llamado en contrario. La situación por la sequía en el campo nunca fue incorporada al temario de la reunión.

— Alberto Weretilneck (@Weretilneck) December 15, 2022

En el Salón Azul del Senado se realizó este miércoles la entrega del Diploma de Honor del Senado a personalidades, instituciones y ONG que prestaron colaboración en proyectos y actividades legislativas durante el 2022.

La actividad estuvo a cargo de la senadora riojana Clara Vega (Hay Futuro Argentina), en la que expresó que “muchas de las leyes propuestas por ustedes hoy ya obtuvieron sanción y sino, están prontas a obtenerla”.

También destacó que “esto es gracias a la militancia que hicieron en cada uno de sus temas, a veces impactados y atravesados por la triste realidad, pero que tiene que ver con ese compromiso y esa misión de cada uno que es acompañar y ser solidario para lograr un mundo más equitativo”.

Durante la presentación de este emotivo acto, Vega remarcó “muchas de las leyes propuestas por ustedes hoy ya obtuvieron sanción o están prontas a obtenerla, por eso quiero felicitarlos y agradecerles por el inmenso trabajo que han empeñado en estas iniciativas”.

“Esto es gracias a la militancia que hicieron en cada uno de sus temas, a veces impactados y atravesados por la triste realidad, pero que tiene que ver con ese compromiso y esa misión de cada uno que es acompañar y ser solidario para lograr un mundo más equitativo”, agregó.

Algunos de los distinguidos fueron la actriz argentina Adriana Brodsky, el futbolista Mariano Pavone, el joven sindicalista Jerónimo Moyano, la presidenta de la Fundación Suma Veritas Graciela de Oto, la empresaria Claudia Mamic, la representante de Real Cup S.A. Desireé Cox, la fundadora de Estrellas Amarillas Silvia González, la presidenta de la Fundación Papa Francisco Liliana Sanucci, entre otras destacadas personalidades.

Entre las organizaciones reconocidas, se encontraron la Fundación Diálogo Argentino Americano, la Casa de La Rioja, la Mesa Chubutense de Víctimas Viales, la Comisión Combatientes Malvinas de APL, la Secretaría de la Mujer APL e institutos dedicados a estudios históricos y culturales y a poner en valor la figura de figuras nacionales.

Para finalizar, Vega remarcó “este fue un intenso año de trabajo en el que presentamos 185 proyectos en total, de los cuales 63 fueron proyectos de ley, 100 de declaración, 20 de comunicación y 4 de resolución, muchos de ellos con el aporte de quienes hoy están aquí presentes”.

“Por eso, quiero agradecer enormemente la presencia de todos ustedes en este cierre de año legislativo y valorar su trabajo, así como la tarea de nuestro equipo que fue más que brillante”, concluyó.

La Comisión de Economía Nacional e Inversión del Senado, presidida por el fueguino Pablo Blanco (UCR-JxC), comenzó este miércoles con el debate de un proyecto que propone regular la publicidad engañosa en el mundo de los criptoactivos. 

Autor de la iniciativa, el senador Guillermo Andrada (FNyP-FdT) señaló que “hoy en día, sin dudas, internet y las herramientas digitales están formando parte de nuestra vida, sobre todo en el área de la comunicación y las transacciones económicas”. “La pandemia ha sido un acelerador de esto”, dijo, pero resaltó que “hay cada vez más fraudes y más delitos”. 

El catamarqueño explicó que se busca otorgar “tranquilidad de que estamos trabajando con elementos que son confiables” y aclaró que el proyecto “no intenta regular el mercado ni los productos financieros”. 

En ese sentido, el oficialista argumentó que “como no hay una educación financiera en el país lo suficientemente fuerte”, se debe facultar a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y darle “todas las herramientas necesarias para que la publicidad engañosa sea evitada”, publicidad que muchas veces tiene como protagonistas a famosos que promocionan estos instrumentos. 

Invitado a exponer, Sebastián Negri, presidente de la CNV, consideró que el proyecto es “necesario” porque “el ecosistema de criptoactivos ha permitido y va a permitir oportunidad de inversión” pero “en el medio ocurren situaciones donde hay instancias no reguladas o con baja regulación, no solamente en Argentina sino en el mundo”. 

En esa línea, hizo hincapié en “la protección al inversor” como un “primer escalón para introducirnos en la regulación de este tipo de fenómenos, sin matar la innovación”. 

Negri aseguró que la iniciativa -que reforma la Ley de Mercado de Capitales- toma experiencias internacionales y es “muy similar” a una normativa que aplicó España, país que “nos va a brindar cooperación”, reveló. Además, la propuesta “es espejo de un proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados, y es parte de un pedido del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero”. 

“Con la suba de Bitcoin prometían a la gente que la rentabilidad del año anterior se iba a repetir para los que entraran ahora, eso es publicidad engañosa. Uno no puede prometer ganancias aseguradas”, explicó. 

Desde la oposición, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro-JxC) expresó: “No me gusta este proyecto, no me gustan las regulaciones y no entiendo muy bien cómo van a hacer para regular algo que no está regulado”. “¿Por qué los ciudadanos recurren a este tipo de inversiones en criptoactivos, inclusive con baja información en el tema? La gente lo que quiere es proteger sus activos, y en Argentina tenemos una inflación que nos come el sueldo. Si queremos proteger al inversor, creo que tenemos que hacer algo contra la inflación”, enfatizó. 

Negri le pidió “no perder el foco” ya que “se trata de proteger a los inversores”. Y, en el mismo sentido, Andrada reiteró: “Estamos buscando proteger a los ciudadanos, insisto, no queremos ni regular el mercado ni el instrumento financiero, sino evitar males”. 

Por otra parte, el senador Juan Carlos Romero (CF-JxC) se refirió a su proyecto que propone la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y sostuvo que “uno de los problemas de la inestabilidad monetaria argentina tiene que ver con la conducta o el uso del Banco Central como financista del Estado”. 

“No creo que el oficialismo quiera tratarlo pronto”, admitió, pero aseguró que “la estabilidad monetaria argentina debe ser una política de Estado,que deben compartirla las fuerzas políticas, y si no se puede hacer en este período, el próximo gobierno que venga va a tener que ver este tema y estoy seguro que habrá que buscar consensos también”. 

Por eso, el salteño pidió “invitar a economistas y que vayamos haciendo una contribución” del debate, que pasa centralmente por la pregunta: “¿Se debe usar el Banco Central para financiar al Estado o no se debe?”. 

Romero subrayó que “lo que pasó del 2012 en adelante” fue “financiar al Gobierno con emisión o con deuda, lo que contribuyó enormemente a que vaya creciendo la inflación”. “Más que polemizar quiero llamar a la reflexión”, agregó. 

Antes de pasar a la firma un conjunto de proyectos de resolución y comunicación, la mendocina Mariana Juri (UCR-JxC) solicitó que se trate en la brevedad un proyecto para que “las entidades financieras y no financieras emisoras de las tarjetas de crédito suspendan la prohibición que tienen de financiar en cuotas los pasajes al exterior”, una medida de la cual “ya han pasado 13 meses desde su implementación” y aunque comenzó como temporaria, “corre el riesgo de permanente”. 

“No ha dado ningún resultado favorable”, afirmó la senadora, que observó que además “está trayendo un gran desequilibrio para el turismo” y “está afectando a las agencias de viaje, que son aproximadamente 5.000 en Argentina con 25 mil empleados”. 

Un plenario de las comisiones de Salud y Trabajo y Previsión Social del Senado tratará este miércoles, a partir de las 16, un proyecto que apunta a reconocer los derechos laborales de los profesionales de las residencias del equipo de salud.

El texto, impulsado por la neuquina Silvia Sapag (UC-FdT), define “Residencias del Equipo de Salud” al “sistema de formación integral de postgrado para la persona recientemente graduada en las disciplinas que integran el equipo de salud, cuyo objeto es completar su formación de manera exhaustiva, ejercitándose en el desempeño responsable y eficaz de la disciplina correspondiente, bajo la modalidad de formación en servicio”.

“Se trata de una relación laboral acotada en el tiempo, con objetivos educativos anuales y de acuerdo con la modalidad prevista para cada ciclo de capacitación, que se desarrollará mediante la ejecución supervisada de actos de progresiva complejidad y responsabilidad, los cuales deberán estar definidos en los programas de formación”, agrega la iniciativa.

Otro de los artículos del proyecto, establece que los residentes tienen derecho a “una remuneración mensual sobre la base de un contrato por período lectivo, a que se les computen aportes previsionales y le son aplicables el régimen de licencias, justificaciones y franquicias, aguinaldo, obra social, seguro de riesgo del trabajo y asignaciones familiares establecidos en el Convenio Colectivo de Trabajo vigente”.

Finalmente, invita a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la ley e indica que el Poder Ejecutivo deberá reglamentarla dentro de los 30 días después de su promulgación.

En medio de una relación tirante entre el oficialismo y la oposición de Juntos por el Cambio, que se complicó desde noviembre pasado en torno a los lugares a ocupar en el Consejo de la Magistratura, el oficialismo, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, busca realizar una última sesión para cerrar el año parlamentario, que se extendió hasta el 30 de diciembre con la prórroga de sesiones ordinarias dispuesta por el Poder Ejecutivo.

Profundamente molestos con la designación del kirchnerista Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura, y no de Luis Juez, del bloque Pro, sumado a la decisión del oficialismo de refrendar en el recinto el decreto con los nombramientos, los senadores de Juntos por el Cambio no estuvieron en la última sesión que hubo en el Senado (16 de noviembre), cuando además se votó el Presupuesto 2023.

Si bien los números en la Cámara alta son más favorables para el Frente de Todos, la bancada que conduce -ante la ausencia de José Mayans– la mendocina Anabel Fernández Sagasti cuenta no solamente con la baja del formoseño, sino también del salteño Sergio “Oso” Leavy, quien se encuentra con licencia pues está en el Mundial de Qatar.

Ambas bajas ponen al interbloque oficialista en 33 miembros, a cuatro del número que se necesita para comenzar la sesión. Si se suman sus tres aliados habituales –Alberto Weretilneck, Magdalena Solari Quintana y Clara Vega– estaría en 36. Podría alcanzar el quórum con la presencia de la cordobesa Alejandra Vigo, quien en la última sesión tuvo la misma postura que JxC y no bajó al recinto.

Desde antes del fin de semana largo circulaba fuerte la versión de que se convocaría a una sesión este jueves y la confección del temario iba a poner a JxC sobre las cuerdas, pues se trata de varios proyectos de índole social, muchos de los cuales ya tienen media sanción de la Cámara de Diputados, donde fueron aprobados por amplia mayoría. Pero en el correr de esta semana se descartó la chance, y el Senado sesionaría en la semana previa a Navidad, ya con el retorno de Leavy asegurado.

Entre las iniciativas pendientes se encuentra la ley de alcohol cero; un proyecto sobre beneficios impositivos para la renovación de flota de taxis; la eximición de Ganancias para el personal de salud en concepto de guardias; el reconocimiento de la Lengua de Señas en todo el país; la llamada “Ley Lucio”, sobre capacitación en los derechos de niñas, niños y adolescentes; y la modificación en la renovación del Certificado Único de Discapacidad; entre otras.

Del otro lado de Pasos Perdidos, en la Cámara de Diputados las relaciones quedaron profundamente golpeadas tras lo sucedido el pasado 1ro. de diciembre con dos sesiones fallidas, una de ellas la preparatoria para designar a las autoridades del Cuerpo.

También con el Consejo de la Magistratura como escollo, JxC alzó la voz contra la decisión de Cecilia Moreau de suspender todas las designaciones ante un fallo del juez Martín Cormick, en contra del nombramiento de la radical Roxana Reyes. Hasta que ese asunto no se resuelva, en la principal bancada opositora se impone la decisión de no dar quórum para una sesión.

Así las cosas, el Frente de Todos trabaja a contrarreloj para poder acordar con los denominados “bloques del medio”, sobre todo con los interbloques Federal y Provincias Unidas, una sesión en la que se traten temas consensuados. A los legisladores oficialistas se los convocó a estar en Buenos Aires este miércoles, con posibilidad de sesionar este jueves. Pero pasadas las horas las chances se diluyen y ya se habla de que podrían abrirse nuevamente las puertas del recinto el martes 20.

De la sesión que se truncó, en medio de un escándalo con gritos e insultos, quedó pendiente un temario que contenía la creación de universidades nacionales, un paquete de tratados y convenios internacionales, un proyecto sobre diagnóstico humanizado de Síndrome de Down y una modificación a la Ley de Sangre Humana.

En tanto, en la Cámara baja tienen ya dictamen de comisiones, por mencionar los principales, el proyecto sobre plan de pago de la deuda previsional; un proyecto del Poder Ejecutivo sobre creación de comités mixtos de seguridad e higiene en el ámbito laboral; una iniciativa para jerarquizar las becas Progresar; el régimen previsional especial para brigadistas de incendios; y una ley para regular el régimen profesional de la obstetricia.

Hay otros proyectos que avanzaron, pero todavía no completaron su trámite en comisiones. Uno de ellos, en los que el FdT y JxC estaban construyendo un consenso, pero quedó también en stand by luego del quiebre del pasado 1ro. de diciembre, es el proyecto que tiene que ver con actualizar la normativa sobre lavado de activos, de total interés para el país ya que en septiembre del año que viene será evaluado por el GAFI.

Más atrás quedaron cuestiones en las que este año no se pudo avanzar por la falta de acuerdos y, por ende, de votos: ley de alquileres, ley de humedales, modificación del Régimen de Compre Argentino y la creación de un Fondo Especial para pagarle la deuda al FMI con “dólares fugados”, que fue diseñada por el kirchnerismo en el Senado y pasó a la Cámara baja en mayo pasado.

Este último tema lo comparan ahora desde la oposición con el proyecto que el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que enviaría al Congreso e incluso pidió tener sancionado para antes de fin de año. Se trata de un blanqueo de capitales en el marco de un acuerdo de intercambio de información financiera firmado con Estados Unidos. JxC ya anticipó no estar a favor, y el resto de las fuerzas tampoco se muestra muy apresto a debatirlo en tan poco tiempo. El texto todavía no ingresó.

Muy concurrente a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, el ministro del área, Daniel Filmus, participará de una reunión citada para este miércoles a las 17 en el Salón Illia. Será la cuarta vez en el año que se presente para defender iniciativas enviadas por el Gobierno.

Durante el encuentro se tratará el proyecto que introduce modificaciones a la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica (N° 23.877), con el fin de robustecer el régimen fiscal destinado a las pequeñas y medianas empresas centradas en la investigación científico-tecnológica.

La iniciativa tuvo media sanción en la Cámara de Diputados el pasado 12 de octubre, con 223 votos a favor y 3 en contra, de los diputados del Frente de Izquierda.

Según se establece, la autoridad de aplicación será el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que hará un seguimiento y un informe anual.

Se vuelve a un crédito fiscal del 50 por ciento y se vuelven un abanico los impuestos nacionales que pueden ser utilizados para este crédito fiscal (ya que en el 2017 era solamente el impuesto a las Ganancias).

Asimismo, se incorpora la segmentación por empresas, dado que no es lo mismo las PyMEs que las grandes empresas, y esto permitirá aumentar los posibles beneficiarios y potenciar los perfiles de utilización del crédito.

La Comisión de Salud del Senado, a cargo del senador oficialista Pablo Yedlin, tratará este miércoles el proyecto de ley que busca ampliar y jerarquizar el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación.

La iniciativa, que se debatirá desde las 15.30 en el Salón Illia, fue votada en la Cámara de Diputados el pasado 24 de noviembre, donde obtuvo una amplia mayoría con 209 votos a favor y solo 2 en contra, de los libertarios Javier Milei y Victoria Villarruel.

El proyecto tiene por objeto que “las personas con cardiopatías congénitas tienen derecho a todas las instancias de detección y tratamiento correspondientes en cada etapa vital. Asimismo, todas las mujeres embarazadas y/o personas gestantes tienen derecho a un control prenatal que incluya la detección precoz de cardiopatías congénitas, garantizando, si correspondiera, el traslado intrauterino”.

A través de la iniciativa se incorpora como “estudio de rutina obligatorio para todas las mujeres embarazadas y/o personas gestantes entre las semanas 18 y 24, como primer nivel de detección, la evaluación cardíaca fetal”. “Las personas gestantes que resulten con alguna sospecha de gestar un feto con una cardiopatía congénita deberán ser derivadas para la realización de la ecocardiografía fetal a cargo de un cardiólogo pediátrico, como segundo nivel de detección”, agrega y establece que este estudio deberá incorporarse al Programa Médico Obligatorio (PMO).

Entre otros puntos, el proyecto crea un Consejo Asesor de Cardiopatías Congénitas, que será de carácter honorario y estará conformado por representantes del Ministerio de Salud de la Nación, asociaciones de familiares de pacientes con cardiopatías congénitas y sociedades científicas que aborden esta temática.

En la única actividad de comisión programada para esta semana corta, en el Senado se tratarán proyectos que proponen la eliminación del trámite de fe de vida a jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas.

La discusión se dará en una reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, presidida por la kirchnerista Juliana Di Tullio (UC-FdT), prevista para este miércoles a las 15 en el Salón Illia.

Sobre la mesa hay tres proyectos de ley. Uno de ellos fue presentado por Antonio Rodas (FNyP-FdT), quien en los argumentos señaló que este requisito “supone una verdadera afrenta a la dignidad humana. Afrenta, ésta, que, en la especie, se ve particularmente agravada por la vulnerabilidad especial que caracteriza al sector aquí involucrado y, como consecuencia de la misma, por la especial atención, respeto y tuición que merecen sus miembros”.

Otra de las iniciativas corresponde a Stella Maris Olalla (UCR-JxC), que en los fundamentos de su propuesta cuestionó que “se impone una carga a todos los jubilados y pensionados de la Argentina para poder acceder a un derecho tan básico como el cobro mensual de su haber” cuando “corresponde al Estado el entrecruzamiento de información, de modo de contar con un registro de los fallecimientos que se producen”.

En tanto, el proyecto presentado por Juan Carlos Romero (CF-JxC) afirmó que se busca “desterrar de la burocracia estatal un trámite que, transitando el siglo XXI, quedó obsoleto y que acarrea serias dificultades para quienes deben presentarlo”.

Por otra parte, la comisión debatirá sobre la creación de un régimen previsional diferencial para los trabajadores de la industria del pescado, impulsado por Ana María Ianni (UC-FdT), además de proyectos de declaración y comunicación.

Un plenario de las comisiones de Legislación General, Educación y Cultura, y Población y Desarrollo Humano avanzó con el dictamen del proyecto de ley sobre capacitación obligatoria de derechos de niñas, niños y adolescentes, inspirado en el caso de Lucio Dupuy, y más conocida como “Ley Lucio”, aunque formalmente no llevará ese nombre.

La iniciativa, aprobada días atrás en la Cámara de Diputados, crea el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que estará destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional.

Además, estarán incluidos los agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales, en el marco de convenios de cooperación y colaboración con la autoridad de aplicación.

El presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Bensusán (FNyP-FdT), explicó que “el objetivo del proyecto es generar un compromiso social en aquellos agentes del Estado para que puedan determinar los casos en los que se ven vulnerados los derechos de las infancias y adolescencias”. Esa capacitación se basa en “saber cuál es el procedimiento de denuncias, y ante qué organismos, para que esa vulneración sea abordada de la manera más rápida y urgente”. 

“Quienes tenemos responsabilidad de legislar tenemos que dar una respuesta efectiva y concreta ante este flagelo que estamos viviendo” con situaciones de “abuso sexual, violencia, abandono familiar”, subrayó el pampeano. Para el legislador, con esta norma se podrá “estar evitando que sucedan estos hechos lamentables y repudiables desde todo punto de vista”, aunque enfatizó que “con las leyes solo no alcanza, con el Estado solo no alcanza, es necesario la concientización de la sociedad y que se comprometa”. 

También desde La Pampa, la senadora Victoria Huala (Pro) agradeció por “haberle dado tan pronto tratamiento a este proyecto que es importantísimo”. “Como adultos y legisladores es nuestra responsabilidad generar las condiciones para cuidar a la niñez y adolescencia”, sostuvo, y recordó que hace unos pocos días se cumplió un año de la muerte de Lucio Dupuy, a quien “se le vulneraron los derechos y no solo por las asesinas, sino por todo un sistema que falló”. Además, destacó que “temas como estos nos atraviesan; en estos temas no tenemos grieta”. 

Por su parte, la riojana Clara Vega (Hay Futuro Argentina) lamentó “todos aquellos menores que han sufrido el abandono del Estado” y mencionó un caso que “no tuvo trascendencia mediática” como el de Lucio y que fue el crimen de Zoe en La Rioja, quien “fue asesinada el 14 de noviembre de 2021, fue encontrada calcinada” y la autopsia reveló que “anteriormente había sido golpeada brutalmente”. “Hay dos personas que están detenidas por esta causa”, apuntó, una de ellas la madre de la niña, cuando hacía mucho tiempo que su padre luchaba para que se le reconozca la tenencia y “nunca fue escuchado”. 

La sanjuanina Cristina López Valverde (FNyP-FdT) celebró estar tratando la iniciativa, pero expresó que “es muy triste que estos temas nos estén convocando”. “Algo está fallando”, advirtió y opinó que esta ley “nos activa, nos está interpelando como Estado y también como sociedad”. Entre sus aspectos, ponderó que “protege la identidad del denunciante, eso es crucial. Esperemos que la sociedad se anime y que también el Estado actúe en forma rápida”. 

A su turno, la puntana Eugenia Catalfamo (UC-FdT) afirmó que “tenemos vastas y sobradas pruebas de que este tipo de legislación ha dado resultados en otros temas”, como por ejemplo la Ley Micaela, sobre violencia de género, y Ley Yolanda, sobre cuestión ambiental. Los niños, niñas y adolescentes “son nuestro sector de la población más vulnerable y al que más tenemos que cuidar”, sostuvo y, al recordar que las acusadas del asesinato de Lucio están presas en su provincia, manifestó: “Estas cosas angustian un montón como madre, como personas que trabajan con los niños en los barrios, atendiendo necesidades básicas que no están satisfechas”. 

También habló en el debate la santacruceña María Belén Tapia (UCR), que consideró que esta es “una media sanción que viene siendo tan necesitada y tan trabajada en la Cámara de Diputados”. La radical alertó por las “falencias” en las dependencias dedicadas a la niñez en cada una de las provincias y señaló que “si nos los dotamos de recursos, más allá de la capacitación, la verdad que todo el esfuerzo cae en saco roto”. 

“En estos casos, para estos niños, lamentablemente llegamos tarde”, lamentó el catamarqueño Guillermo Andrada (FNyP-FdT), quien aclaró que “un niño no es adulto pequeño” y “tenemos que tener hipersensibilidad para detectar estos casos a tiempo”. “Estos niños dan muchas veces una alerta que es silenciosa y por eso nos tenemos que capacitar”, explicó el legislador de profesión médico. 

Finalmente, la mendocina Anabel Fernández Sagasti (UC-FdT) aseguró que este “es un tema que es urgente, que siempre debería estar en la agenda” y resaltó que, más allá de la media sanción de Diputados, en el Senado había también diferentes proyectos de senadores de distintos bloques, lo que habla de “un pedido de la sociedad de que quienes somos sus representantes nos hagamos cargo y actuemos”. Sobre la ley, subrayó que “es muy importante que las provincias adhieran”. 

Modificación Ley de Concursos y Quiebras

A continuación de esa reunión, Legislación General mantuvo un plenario con la Comisión de Banca de la Mujer, donde se acordó unificar un solo texto entre proyectos presentados por los senadores Guillermo Snopek (UC-FdT) y Adolfo Rodríguez Saá (FNyP-FdT) respecto de modificar la Ley 24.522, de concursos y quiebras, respecto a la inscripción de contadores públicos y abogados para actuar como síndicos concursales, y que esa participación tenga además paridad de género. 

Snopek recordó que esta iniciativa “la venimos trabajando desde el año 2018” y se volvió a presentar el año pasado con el aporte del Colegio de Abogados y el Colegio de Contadores. Se trata de que “de acuerdo a la gravedad o complejidad de la quiebra la participación sea mixta, exclusiva o excluyente”, explicó y sumó que “lo que se busca es la introducción de los matriculados, que son los que llevan adelante la acción judicial, y que también puedan tener intervención sin la necesidad del desarrollo de un profesional de Ciencias Económicas”. 

En tanto, Rodríguez Saá mencionó que “originalmente el síndico de la quiebra lo ejercían los comerciantes” pero “esto no dio buen resultado”. “Con el tiempo se incorporaron los contadores, por otra norma se incorporaron los abogados, y existe la polémica si deben ser contadores, abogados o ambos los que participen como síndicos de la quiebra”, señaló. 

“En el proyecto nuestro además incorporamos la paridad de género. En el siglo XXI es un tema que nos obliga a incorporarlo, defenderlo, de que en este caso las mujeres profesionales tengan los mismos derechos”, destacó. 

La presidenta de la Banca de la Mujer, Eugenia Catalfamo (UC-FdT) ponderó a su comprovinciano por incorporar la paridad en cada uno de sus proyectos, pero hizo énfasis en arribar a una redacción que “garantice la paridad”. En ese sentido, propuso “intercalar en las listas varón-mujer”, pero que también la paridad se respete a la hora de los sorteos. 

Himno Nacional en eventos deportivos de carácter internacional 

Finalmente, la Comisión de Legislación General avanzó con el dictamen del proyecto que establece la obligatoriedad de la ejecución del Himno Nacional en cada encuentro deportivo de carácter internacional, con media sanción de Diputados. La presidenta de la Comisión de Deportes, Gabriela González Riollo (Pro), destacó haber tratado durante la jornada “temas transversales que nos unen” y, en ese marco, “no hay nada más representativo a los argentinos que el Himno”, dijo. 

Restitución de niños entre provincias

Por otra parte, Anabel Fernández Sagasti (UC-FdT), expuso sobre un proyecto de su autoría referido al procedimiento interprovincial de restitución de niños, niñas y adolescentes, que será trabajado en asesores. “Hay una situación en Argentina que cuando hay traslados ilícitos de niños, niñas o adolescentes de una jurisdicción a otra de nuestro país es muy difícil y muy compleja la restitución al centro de vida”, arrancó la mendocina, y apuntó que esto se debe a las diferentes legislaciones en las jurisdicciones sobre “quiénes son los jueces competentes”. 

La vicejefa del interbloque oficialista sostuvo que “el problema que tenemos es que pasan años y años donde las jurisdicciones no se ponen de acuerdo, tanto judicial como administrativamente, de quién es el juzgado competente”, al punto que “hoy en Argentina es mucho más fácil restituir un niño, niña o adolescente que han trasladado ilícitamente al exterior que entre nuestras propias provincias”. 

Al poner un ejemplo, la senadora relató que puede pasar que “una mamá traslada sin permiso del otro progenitor a un niño a San Luis e impone una denuncia de violencia de género en San Luis”, pero a su vez “el progenitor acusado hace la denuncia en la provincia de Mendoza diciendo que se ha trasladado ilícitamente a su hijo y se lo han llevado de su centro de vida sin permiso”. “Ahí empieza la peregrinación de ambos padres sobre quién es el juez o jueza que tiene que intervenir en las dos causas”, continuó y afirmó que esta es una de las situación “de las más cotidianas que pasa entre las diferentes jurisdicciones”. 

Respecto de si alguien puede pensar que el proyecto “va en contra del sistema federal de la República Argentina”, Fernández Sagasti aclaró que “proponemos que las provincias se adhieran” y que “el juez competente sea el de centro de vida del niño, niña, adolescente”. 

Lo que se busca es “empezar a simplificar y terminar con la disputa de jurisdicciones”, expresó la senadora, que reveló haber trabajado mucho el proyecto, incluso con el aporte de jueces de familia. “Puede seguir enriqueciéndose y sumando ideas vamos a poder resolver un problema que es de legislación y consensos”, cerró. 

Un plenario de las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Educación y Cultura de la Cámara alta, a cargo de las senadoras María Belén Tapia (UCR) y Cristina López Valverde (FNyP-FdT), respectivamente, emitió el dictamen favorable este martes del proyecto de ley de reconocimiento como idioma viso-gestual en todo el territorio nacional a la Lengua de Señas Argentina.

La iniciativa tuvo un rápido tratamiento, debido a que hace menos de una semana obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados. En tal sentido, el proyecto reconoce a la Lengua de Señas Argentina como una lengua natural y originaria y garantiza la participación e inclusión plena de la comunidad sorda, como así también de las personas que, por cualquier motivo, elijan comunicarse en dicha lengua.

Así también, posee una estructura gramatical completa, compleja y distinta del castellano y al ser visual, es completamente accesible desde el punto de vista perceptual para las personas sordas, como así también para todas las personas.

La titular de la Comisión de Educación y Cultura, Cristina López Valverde, afirmó que la palabra “inclusión”, no era plena “sin poder comunicar”, y agregó que “es importantísimo llegar al punto de consenso obtenido por ambas cámaras”.

Además, sostuvo que este proyecto de ley “fomentará” el aprendizaje de toda la población. Del mismo modo, la presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo María Belén Tapia añadió que “no se puede dilatar más este pedido del pueblo”.

Por otro lado, la senadora María Eugenia Catalfamo (UC-FdT) manifestó que “ha sido fundamental trabajar con el apoyo de dos grandes organizaciones”, y concluyó: “Tenemos que acompañar cuando hay consenso y apoyo de las organizaciones relacionadas al tema”.

Al término de las alocuciones, la senadora Tapia anunció el dictamen favorable por mayoría del proyecto que, además, legitimará a organizaciones constituidas íntegramente por personas sordas que las representen en todo el territorio de la República Argentina y que se encuentren oficialmente constituidas e inscriptas con reconocimiento de los Estados nacional, provincial y municipal.

La iniciativa faculta al Poder Ejecutivo para “fomentar e impulsar en los distintos ámbitos de su competencia el acceso y el uso de la LSA de todas las personas que, por cualquier motivo, elijan comunicarse en dicha lengua”.

Esto será bajo los objetivos de tener una accesibilidad efectiva y plena a la vida social; eliminar barreras comunicacionales y actitudinales; equiparar oportunidades tendientes a impulsar y fortalecer la independencia, autonomía personal y toma de decisiones; y diseñar y ejecutar estrategias que aseguren la accesibilidad comunicacional en todas las políticas públicas dirigidas a la sociedad.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado dio dictamen favorable este martes a tres proyectos de ley, dos de ellos que ya cuentan con media sanción de Diputados. A la reunión pegaron un nuevo faltazo los senadores de Juntos por el Cambio, aunque recién en el final se hicieron presentes Guadalupe Tagliaferri (Pro) y Pablo Blanco (UCR). 

En el encuentro, en el que estuvieron los senadores del oficialismo y el rionegrino Alberto Weretilneck (JSRN), se trató en primer lugar una iniciativa sobre reintegro impositivo para la adquisición de taxis. “Es un proyecto muy demandado, por lo tanto espero que podamos aprobar el dictamen en esta reunión para luego ser tratado ya en el recinto”, expresó el presidente de la comisión, Ricardo Guerra (FNyP-FdT). 

La iniciativa, aprobada en junio pasado en la Cámara baja, crea un régimen transitorio de reintegros impositivos para la adquisición de las unidades que prestan el servicio de vehículos automotores de alquiler con taxímetro, con el objetivo de fomentar “la modernización de este servicio, así como la industria automotriz nacional”.

Al beneficio podrán acogerse “las personas humanas y jurídicas que cuenten con la respectiva licencia y certificación que acredite la prestación del servicio”, así como “una antigüedad no menor a un año en la misma”.

El reintegro será de “un monto equivalente a la suma abonada en concepto del impuesto al valor agregado y el impuesto establecido en el capítulo IX, del título II, de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones, que recaigan sobre la unidad adquirida en condiciones de contado”.

Serán elegibles los vehículos que posean un contenido mínimo nacional de: 20% para las adquisiciones que se efectúen desde la entrada en vigencia de la ley hasta el 31 de diciembre de 2024; y de 30% para las adquisiciones que se efectúen desde el 1° de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2028.

El beneficio podrá ser utilizado para la adquisición de una unidad por persona humana y/o jurídica, una vez al año. Asimismo, los vehículos adquiridos deberán mantenerse afectados al servicio de taxímetro como mínimo tres años contados a partir de la fecha de adquisición. “Durante dicho período no podrán ser vendidos, donados, permutados, cedidos, ni transferidos a título gratuito u oneroso”, aclara el texto.

El proyecto fija un cupo fiscal hasta el 31 de diciembre de 2022 de $3.600.000.000 que, a partir del 1ro. de enero de 2023, se deberá fijar un cupo fiscal mediante la Ley de Presupuesto Nacional que se apruebe cada año.

Finalmente, se invita a las provincias y la Ciudad “que tuvieran previstas en sus legislaciones locales gravámenes para la adquisición de automotores 0 km., a adoptar disposiciones análogas a la que se establecen en la presente ley”.

También establece que la reglamentación deberá prever criterios objetivos para la asignación de los beneficios y una distribución federal de los mismos.

Por otra parte, se dio despacho al proyecto que establece exenciones en el impuesto a las Ganancias para profesionales y auxiliares que excedan cuatro guardias mensuales en servicios de emergencias.

Al respecto, el senador Pablo Yedlin (FNyP-FdT) señaló que este “es un tema complejo” porque “definitivamente los sistemas de salud dependen de su recurso humano, y más allá de la tecnología, la infraestructura o el equipamiento, la atención médica tiene que ver con la presencia” de los profesionales. 

“En un país como el nuestro, tan extenso y muchas veces tan inequitativo, hay una distribución muy despareja de su recurso humano”, resaltó e indicó que la OMS recomienda “cuatro médicos cada mil habitantes”. “La Ciudad de Buenos Aires tiene 16 cada mil habitantes, pero la gran mayoría de las provincias, les diría todas, salvo Santa Fe y Córdoba, están por debajo de cuatro, y Santa Fe y Córdoba están en cuatro”, precisó el presidente de la Comisión de Salud. 

Finalmente, el tucumano sostuvo: “Lo que estamos haciendo es darle una herramienta al sistema de salud para poder usar de la mejor manera posible el escaso y crítico recurso humano”. 

En tanto, el senador Guillermo Andrada (FNyP-FdT) consideró que este es un proyecto “para que los médicos tengan un ingreso suficiente y la tranquilidad de poder trabajar y no tener costos que le impidan hacer su trabajo en forma tranquila”. 

A través del texto se modifica el artículo 27 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, de modo de establecer la exención en “las remuneraciones percibidas en concepto de guardias, ya sean activas o pasivas, por los profesionales, técnicos, auxiliares y personal operativo de los sistemas de salud, cuando la prestación del servicio se realice en centros de salud públicos o privados ubicados en zonas sanitarias desfavorables así declaradas por la autoridad sanitaria nacional, a propuestas de las autoridades sanitarias provinciales”.

Asimismo, “las remuneraciones percibidas en concepto de guardias, ya sean activas o pasivas, por los profesionales, técnicos, auxiliares y personal de salud, siendo la prestación realizada en centros públicos o privados de todo el territorio nacional, que excedan el número de cuatro guardias mensuales de 24 horas, realizadas por el trabajador o la trabajadora”.

“El beneficio de este apartado debe indicarse, en el recibo de haberes correspondiente al sujeto que tenga a su cargo el pago de la remuneración y/o la liquidación del haber, identificándolo con la leyenda ‘Exención segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Impuesto a las Ganancias para las trabajadoras y trabajadores de la salud’”, establece el proyecto.

Finalmente, pasó a la firma un proyecto que busca garantizar el acceso a una cuenta corriente para entidades civiles sin fines de lucro, libre de costos de apertura y mantenimiento. Guerra lo calificó como “un proyecto muy útil” para las entidades que “son tan importantes en nuestra sociedad y contienen a tantas personas en nuestros entornos”. Se trata de instituciones religiosas, cooperativas de trabajo escolares, entidades de bomberos voluntarios, clubes de barrio, bibliotecas populares, centros de jubilados, enumeró. 

“Es una ley simple pero muy interesante y valiosa”, dijo el oficialista, que explicó les permitirá “tener un ordenamiento en sus administraciones y que los fondos que reciben, muchas veces de donaciones, tengan una trazabilidad”. 

Autor de la iniciativa, el senador Pablo Bensusán (FNyP-FdT) reveló que nació “de la inquietud de las asociaciones civiles sin fines de lucro que existen en las localidades más pequeñas de las provincias argentinas”, a quienes además de requerirles que tengan la personería jurídica también se les solicita una cuenta bancaria. “El costo se les torna bastante engorroso” ya que “tienen poco aporte de socios, porque en su mayoría son voluntarias o benéficas”, explicó el pampeano, que destacó que “estas entidades llegan muchas veces donde el Estado no llega”. 

“Es un reconocimiento a estas entidades y una mano más que les podemos dar desde la legislación”, afirmó y completó diciendo que a las entidades financieras “no les va a significar absolutamente nada en sus ingresos”. 

Un plenario de las comisiones de Legislación General, Educación y Cultura, y Población y Desarrollo Humano del Senado se reunirá este martes, a partir de las 12, para tratar el proyecto de ley sobre capacitación obligatoria de derechos de niñas, niños y adolescentes, inspirado en el caso de Lucio Dupuy, y más conocida como “Ley Lucio”, aunque formalmente no llevará ese nombre.

La iniciativa, aprobada días atrás en la Cámara de Diputados, crea el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que estará destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional.

Además, estarán incluidos los agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales, en el marco de convenios de cooperación y colaboración con la autoridad de aplicación.

Algunos de los principios fundamentales de la ley son velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional, y por las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; generar las condiciones para una convivencia social fundada en vínculos de afecto y confianza que se definen como “buen trato”, fundamental para el desarrollo de proyectos de vida por parte de las nuevas generaciones; y promover los espacios y metodologías necesarias al efecto de garantizar el derecho a ser oídos de las niñas, los niños y adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales, conforme el principio de la autonomía progresiva, receptado tanto en la Ley 26.061 como en el Código Civil y Comercial de la Nación.

En este marco se deberá propiciar el derecho a la participación de menores en los distintos ámbitos sociales y comunitarios, poniendo énfasis en la posibilidad de incidir en el diseño de políticas públicas que afectan sus intereses y derechos.

La autoridad de aplicación será la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, la cual, entre otras cosas, deberá elaborar los contenidos del Plan Federal de Capacitación en articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF).

También propone campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales, estableciendo una difusión de carácter semestral de las iniciativas para informar sobre los derechos de los niños y cómo evitar las situaciones abusivas.

Luego del plenario, la comisión de Legislación General continuará un encuentro propio, que tiene en el temario tres proyectos. El primero de ellos propone una modificación a la Ley 24.522, de concursos y quiebras, respecto a la inscripción de contadores públicos y abogados para actuar como síndicos concursales, presentado por el jujeño Guillermo Snopek (UC-FdT).

El segundo punto es una iniciativa de Anabel Fernández Sagasti (UC-FdT) sobre el procedimiento de restitución interprovincial de niñas, niños y adolescentes. Y, por último, el tercero es el proyecto que establece la obligatoriedad de la ejecución del Himno Nacional en cada encuentro deportivo de carácter internacional, con media sanción de Diputados.

Una vez concluida esa reunión, habrá una tercera, un plenario entre Legislación General y Banca de la Mujer, para tratar también un proyecto que busca modificar la Ley 24.522, de concursos y quiebras, en este caso respecto de garantizar la igualdad de género y oportunidades para acceder a la sindicatura, presentado por Adolfo Rodríguez Saá (FNyP-FdT).

Lejos estuvo de ser tranquila la última sesión de la Cámara alta. No por lo que sucedió dentro del recinto, pues la ausencia opositora allí hizo que solo se escuchara un discurso unidireccional; sino por todo lo que antecedió a esa reunión y lo que sucedió después. La sesión generó una atención doble: por lo que sucedió en el recinto y lo que hacía la principal oposición fuera, con su conferencia de prensa paralela protestando por la decisión de las autoridades del Cuerpo de incluir en el temario el decreto de designaciones de esa Cámara para el Consejo de la Magistratura.

Y particularmente, la decisión de insistir con Martín Doñate como representante de “la segunda minoría” del Senado.

“No era lo acordado”, fue uno de los tantos reproches que expresaron desde Juntos por el Cambio y que presagian un rotundo cambio de clima en la Cámara alta. Es que se había establecido que la sesión solo incluyera el análisis del Presupuesto 2023, y a lo sumo hubieran justificado también la inclusión de la prórroga de impuestos. Pero por el contrario, además del cuestionado decreto, sumaron también los pliegos de integrantes de la Cámara de Apelaciones de Piedra Buena, provincia de Santa Cruz. Cartón lleno para la tolerancia opositora.

Pero más allá del clima que ha quedado imperando en el Senado, hostil por donde se lo mire, la cuestión pasa por la estrechez numérica que ostenta hoy el oficialismo. No le sobraba nada hasta el miércoles pasado en el que logró imponer con la presencia oficialista y sus aliados habituales todo el temario previsto para esa jornada.

La enfermedad del jefe del interbloque Frente de Todos, José Mayans, que ya no estará este año en ninguna sesión, reduce a la bancada oficialista a 34 senadores. A ellos hay que sumar a dos aliados habituales y constantes: el rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana, y también desde este año a la riojana ex Cambiemos Clara Vega, cada vez más alineada con los deseos del oficialismo. Con todos ellos y Mayans presente, al oficialismo le sobraba un senador para el quórum y ganar cualquier votación: 38.

Pero sin Mayans tuvieron que esperar la recuperación del misionero Maurice Closs para volver a habilitar sesiones. El tema es que ahora y por un mes les faltará otro.

Hablamos del salteño Sergio “Oso” Leavy, senador kirchnerista cuyo pedido de licencia se votó a mano alzada al principio de la sesión del miércoles pasado. En rigor, es desde el 5 hasta el 16 de diciembre, lo cual implica que durante ese período el Frente de Todos no podrá arriesgarse a llamar a ninguna sesión.

La ausencia del senador salteño que viajó a Qatar reduce a 36 los senadores disponibles, contando siempre con los tres aliados mencionados. Razón por la cual, no le alcanza al oficialismo para habilitar el quórum y así es que, dadas las circunstancias que descartan cualquier entendimiento con la oposición, el Senado quedará parado hasta que concluya el Mundial de Fútbol.

Quedan pendientes muchos temas que ya cuentan con media sanción de la Cámara alta, por ejemplo varios aprobados en la última sesión de Diputados, como la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios; el Certificado Unico de Discapacidad; o la exención del pago de Ganancias a partir de la quinta guardia médica, por citar solo algunos temas recientes.

Podría, sí, avanzar con el tratamiento de esos y otros temas en las comisiones, mas eso no sucederá al menos por esta semana, según la agenda de comisiones conocida hasta ahora. En realidad sí figura un tema: para este miércoles a las 11 ha sido convocada por la senadora nacional pampeana Victoria Huala (Pro) una reunión para exponer sobre el proyecto de Ley Lucio. Es en realidad ese proyecto aprobado en la Cámara baja por unanimidad el 9 de noviembre pasado, por el cual se establece la capacitación obligatoria de funcionarios públicos en prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Necesitan que la Cámara alta lo apruebe para que sea ley.

La agrupación de abogados Bloque Constitucional amplió la denuncia que oportunamente efectuara contra Cristina Fernández de Kirchner por la designación del senador Claudio Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura.

El escrito pide se investigue la responsabilidad penal de la senadora presidente provisional del Senado de la Nación, Claudia Ledesma Abdala, que resolvió la designación de Doñate para el próximo mandato, y la responsabilidad de los senadores oficialistas que votaron, en la sesión del día de hoy, favorablemente, refrendar lo actuado por Ledesma Abdala.

En el escrito, que lleva la firma de Yamil Santoro, José Magioncalda, Juan Fazio y Pedro Pusineri, entre otros, se sostiene que “ante la necesidad de designar a la totalidad de los representantes del Senado ante el Consejo de la Magistratura por un nuevo período, dicho cuerpo, no obstante el criterio interpretativo sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia, decidió designar nuevamente al senador Claudio Martín Doñate, como representante por la segunda minoría del Senado”, pese a que la segunda minoría, corresponde al bloque Pro.

Recientemente, la Corte Suprema había cuestionado la maniobra del kirchnerismo consistente en desdoblar el bloque oficialista para crear un bloque que representara la segunda minoría y así designar a un oficialista en lugar de un opositor.

Sin la presencia de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos en el Senado logró refrendar en el recinto el decreto por el cual se nombran a los cuatro representantes ante el Consejo de la Magistratura, entre ellos a Martín Doñate (UC-FdT) por la segunda minoría, en lugar de Luis Juez (Pro). La votación resultó por unanimidad con 37 votos a favor.

Días atrás, a poco de que culminen los mandatos en el órgano encargado -entre otras funciones- de la selección y remoción de jueces-, la Corte Suprema de Justicia falló a favor del reclamo de Juez y en contra de la designación de Doñate en mayo pasado, cuando se envió al rionegrino luego de la jugada que el oficialismo realizó al partir el bloque en dos y arrebatarle así la condición de segunda minoría al Pro. 

Tal cual anticiparon los senadores de FdT en conferencia de prensa la semana pasada, cuando cuestionaron con dureza al máximo tribunal por un “avasallamiento” al Poder Legislativo, al fallar sobre cómo se arman o desarman los bloques, el kirchnerismo nombró a Doñate nuevamente. Además, argumentaron que para el nuevo período se eligieron los representantes de acuerdo al mapa de bloques que actualmente existe en la Cámara. Es decir, consideraron que el cuestionamiento sobre la partición de la bancada queda atrás. 

Así, con el apoyo de los aliados Alberto Weretilneck (JSRN), Magdalena Solari Quintana (Misiones) y Clara Vega (Hay Futuro Argentina), se ratificó el decreto 86/22, que lleva la firma de la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, ya que la vicepresidenta Cristina Kirchner se encuentra a cargo del Ejecutivo, por eso tampoco presidió la sesión.

Este accionar fue duramente criticado por la oposición, no solamente porque se designa a Doñate y no a Juez, sino porque esas resoluciones de la Cámara alta nunca pasaron por el recinto para ser avaladas por el pleno. Habitualmente, cada cámara informa directamente al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema de Justicia sobre quiénes son los nominados. Pero esta vez el oficialismo buscó blindar la decisión ante la posibilidad de un nuevo fallo adverso.

A través del decreto se nombran a la chaqueña María Inés Pilatti Vergara y el porteño Mariano Recalde -actualmente consejeros- por la mayoría, en representación del bloque Frente Nacional y Popular; al correntino Eduardo Vischi, por la UCR, como primera minoría; y al mencionado Doñate, por Unidad Ciudadana como la segunda minoría. Esta composición responde a la ley derogada de 1997 que fue repuesta por la Corte en abril pasado. 

En tanto, los miembros suplentes serán Claudia Ledesma Abdala de Zamora, Pablo Bensusán (FNyP-FdT); Silvia Giacoppo (UCR); y Anabel Fernández Sagasti (UC-FdT). 

Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional mientras Doñate izaba la bandera argentina, abrió la lista de oradores el puntano Adolfo Rodríguez Saá, quien aseguró que la Corte falló “cambiando la jurisprudencia existente, entrometiéndose en la vida de otro poder del Estado y violando de esta manera el texto y el espíritu de la Constitución Nacional”. “Están violando la división de poderes que dicen defender, la vida republicana”, subrayó. 

“En el fallo de la Corte lo que está en discusión es si es correcto que los bloques de senadores propongan a los representantes tal cual lo establece la ley”, señaló y afirmó que esa facultad está prevista en “ el artículo 66 de la Constitución Nacional”. 

En esa línea, el oficialista dijo que “el reglamento del Senado tiene amparo constitucional” por lo cual “no se puede objetar”. “El reglamento del Senado establece cómo se conforman los bloques le guste o no le guste a los miembros de la Corte”, agregó.

Rodríguez Saá remarcó que los poderes Ejecutivo y Judicial “pueden opinar pero no pueden invalidar las decisiones que tome el Poder Legislativo”. Además, consideró que el fallo de la Corte está “orientado a beneficiar un sector político en detrimento de otro, tratando de generar casi un poder paralelo”. “No es atribución de la Constitución hacer lo que ellos hacen, sumó. 

A su turno, el tucumano Pablo Yedlin recordó que el Consejo de la Magistratura “venía trabajando hace 16 años con una ley sin ningún inconveniente” hasta que “en diciembre de 2021 de pronto la Corte declara que esa ley de 16 años era inconstitucional y que, por lo tanto, debíamos hacer una nueva ley”, y en el “mientras tanto” repusieron una ley derogada.

El oficialista defendió que la Cámara alta acató ese fallo porque aprobó un proyecto en abril pasado -que en Diputados sigue sin tratarse-. “No fuimos nosotros los que decidimos volver a esa ley derogada, fue la Corte”, aclaró y apuntó que esa norma es la que “habla de dos senadores por el bloque de la mayoría”. “No puede decirnos (la Corte) cuántos o cómo tienen que ser los bloques”, aseveró. 

En la misma postura que el Frente de Todos, el rionegrino Alberto Weretilneck sostuvo que “está absolutamente claro que el fallo de la Corte Suprema que plantea de qué manera se tienen que designar los representantes de este cuerpo es violatorio de nuestra autonomía” y “viola nuestra autodeterminación”. 

El senador aliado del oficialismo insistió con que la decisión del máximo tribunal “limita nuestra posibilidad y libertad de organizarnos políticamente”. “Es sumamente grave este fallo”, expresó y señaló que las mayorías y minorías de la cámara “por más que le pese a la Corte no son una cuestión estática, es dinámica”. 

Crítica contra la figura de Horacio Rosatti, la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, opinó que este fallo se trata de “un capítulo más del presidente de la Corte, que es el mismo que preside el Consejo de la Magistratura y no es casual”. Lo fustigó por autovotarse y haber aceptado -junto a Carlos Rosenkrantz– “ser nombrado por decreto allá en el gobierno de Mauricio Macri violando la Constitución Nacional”. 

“Este es un fallo político que merece respuesta política”, manifestó la kirchnerista, que confesó sentirse “ofendida” por “haber sido avasallada en mis atribuciones como senadora” y consideró que “el cuerpo en su conjunto debería reaccionar frente a un avasallamiento como el del Poder Judicial por sobre las atribuciones que tiene el Poder Legislativo”.

En su discurso, Di Tullio graficó haber sentido que con esta decisión “la Corte Suprema se metía por la ventana del Palacio y se nos llevaba todas las atribuciones”. Del fallo dijo que “tiene cosas que son tiradas de los pelos” y se da porque “necesita Rosatti un Consejo a su medida”. 

Tras recordar que la designación de Doñate fue avalada en primera y segunda instancia judicial ante el amparo presentado por Juez, la presidenta de la bancada K recordó que el procurador interino, Eduardo Casal, “le pidió a la Corte que rápidamente se expida”. La Corte que “cajonea miles y miles de expedientes” pero “sin embargo decidió rápidamente resolver este tema que solamente es interés de Rosatti”, cargó. 

En el fallo además se “descalifica a la presidenta de este cuerpo, que es parte del Poder Ejecutivo, se le atribuye malicia, mala fe, trampa. ¡La presidenta! Que no pincha ni corta en este cuerpo. No tiene ninguna atribución de decirnos a los senadores y senadoras cómo nos podemos unir, juntar”, exclamó en el recinto mientras en paralelo Juntos por el Cambio realizaba una conferencia de prensa en el Salón de las Provincias.

Por su parte, la senadora oficialista Lucía Corpacci arremetió contra la ausencia de la oposición: “Es una pena que no esté la oposición sentada en este momento, que habría que advertirles que su lugar de trabajo es este. Es este recinto donde los senadores exponemos nuestro pensamiento, defendemos lo que pensamos y lo que sentimos, y no ante las cámaras de televisión. Es acá donde tienen que estar. Se hizo ya una costumbre que debatan en la televisión y no en el recinto”.  

“Es una verdadera pena, como también es lamentable que parece que no vieron la Constitución que dejaron sobre las bancas. Porque si la hubieran leído, tendrían en claro el artículo 66 que nos da a nosotros la potestad de constituirnos en los distintos bloques”, continuó la catamarqueña.

Además, contra los dichos de Juez relacionados a la democracia, la legisladora opinó que “es vergonzoso que alguien que pretenden que ocupe el Consejo de la Magistratura diga tamaña barbaridad, como que la democracia no le mejoró la vida a nadie. A mí no me da lo mismo que sea el senador Doñate, o cualquier otra, a que sea el senador Juez, porque ese senador no merece ese lugar”. 

Última oradora, la vicepresidenta del interbloque Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, defendió la decisión de que el decreto sea refrendado en el recinto porque “estamos claramente ante un conflicto de poderes. Claramente una extralimitación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de las facultades constitucionales entrometiéndose en otro poder del Estado, el Congreso de la Nación, y diciéndonos a los senadores, que hemos sido votados y somos representantes de nuestras provincias, cómo debemos agruparnos. Una cuestión constitucional, ya que el artículo 66 de la Constitución Nacional da rango constitucional al reglamento de las Cámaras, y el artículo 55 del reglamento de la Cámara, dice que los senadores podemos agruparnos con la libertad que consideremos”. 

“Es una verdadera lástima que señores de la democracia, que han sido votados para representar a sus provincias, no estén defendiendo las instituciones, y están defendiendo a poderes corporativos”, cuestionó a Juntos por el Cambio y siguió: “Porque acá yo no creo que esté en juego una banca del Consejo de la Magistratura. Acá lo que está en juego cómo se defiende una corporación, que defiende a otra corporación, que es el poder real en la Argentina”. 

La mendocina aseveró que “la agenda que tiene este Senado es defender a la República, defender la representatividad que tenemos de acuerdo a los votos de cada una de nuestras provincias. Y se pueden enojar, y no venir”. “Como sabían que iban a perder en la votación prefieren ir a la Justicia, donde saben, que, en el sistema a la carta, van a tener más suerte que acá”, lanzó. 

“Yo creo que, te puede gustar o no, podes estar enojado, pero los números son los números. Y la verdad es que el Frente Nacional y Popular tiene 21 miembros, la Unión Cívica Radical tiene 18 miembros, el bloque de Unidad Ciudadana tiene 14 y el del Pro tiene 9. Podes enojarte con esa realidad, pero un 14 es un 14 y un 9 es un 9. Y según la ley que la propia Corte estableció (la de 1997),  dice que la segunda minoría es la que sigue en los números. Esto no es subjetivo, no es jurídico, es matemático”, explicó. 

Finalmente, la camporista avaló que “lo que estamos votando acá, resolviendo que vamos a refrendar la resolución de la Presidencia, tiene que ver con algo matemático. Además de defender la República, la democracia y el sistema federal. Los números dicen que la segunda minoría es la de Unidad Ciudadana, y el bloque ha establecido que quien nos va a representar es el senador Doñate.  Y estamos muy contentos de poder hacer que este Senado se defienda del atropello de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. 

El Senado inició a las 14:16 la sesión especial de este miércoles en la que se buscará la aprobación del Presupuesto 2023, pero la incorporación al temario de la designación de los representantes ante el Consejo de la Magistratura traerá polémica en el comienzo. Y habrá que ver, en medio de un clima de enojo por parte de la oposición, cómo repercute a la hora de la votación de la “ley de leyes”. Con todo, el Frente de Todos, con apoyo de aliados, tiene los números justos para imponerse. 

El temario de la sesión se conoció este martes pasadas las 20, más tarde de lo habitual. Y la lectura del mismo permitió enseguida entender el porqué de la demora. El primer tema previsto es el decreto 86/22 que designa representantes del Senado ante el Consejo de la Magistratura. Un tema que nunca se vota, pero esta vez será puesto a consideración en el recinto. Cabe resaltar que está firmado por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, ya que la vicepresidenta Cristina Kirchner se encuentra a cargo del Ejecutivo. 

Lo que viene después también promete controversias, pues es la designación de miembros de la recientemente creada Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedrabuena, provincia de Santa Cruz: Carlos Augusto Borges, Nelson Andrés Sánchez y Marcelo Hugo Bersanelli. Este último es el nombre cuestionado ya que se trata de un exabogado de Cristina Kirchner.

Esos nombramientos ya habían sido puestos a consideración de la Cámara alta, pero semanas atrás el propio oficialismo evitó el tratamiento de esos pliegos y a instancias de José Mayans, titular del interbloque oficialista, los mismos fueron devueltos a la Comisión de Acuerdos. Ahora sí se espera que sean aprobados, pues el oficialismo tiene los votos.

Para después el orden del día contempla los ascensos del general de división Guillermo Olegario Gonzalo Pereda; el vicecomodoro José Alfonso Torres, y otros miembros de las tres fuerzas.

A posteriori, será el turno del proyecto de ley proveniente de Diputados por el cual se prorrogan plazos establecidos para una serie de impuestos (seis en total). Una iniciativa que va atada a las proyecciones del Presupuesto y que requiere de mayoría absoluta para su aprobación, es decir, 37 votos.

El proyecto, que había sido girado a la Cámara baja en agosto pasado, propone extender hasta el 31 de diciembre de 2027 un conjunto de impuestos, que caducan en diciembre de este año conforme se había establecido en la reforma tributaria de 2017, aprobada bajo la gestión de Mauricio Macri.

A partir de la iniciativa, se prorroga la vigencia del impuesto a las Ganancias; el impuesto sobre los Bienes Personales; el impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria, más conocido como impuesto al cheque; el impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos; los impuestos del régimen de monotributo; y el de Capital de Cooperativas. Además, se prorrogan las asignaciones específicas del IVA.

Presupuesto 2023

Por último, será el momento de comenzar a analizar el Presupuesto, que fue aprobado en Diputados el pasado 26 de octubre por 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones.

A la semana siguiente tuvo un tratamiento exprés en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, presidida por el riojano Ricardo Guerra (FNyP-FdT). En la Cámara alta asistieron funcionarios del Ministerio de Economía, entre ellos los secretarios Gabriel Rubinstein (Programación Económica), Raúl Rigo (Hacienda) y Eduardo Setti (Finanzas), pero no estuvo el ministro Sergio Massa.

La oposición pidió, sin éxito, por la presencia de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.

Un día después de la visita de los representantes del Ejecutivo, la comisión emitió dictamen del proyecto. Los senadores de Juntos por el Cambio no suscribieron -al igual que pasó en Diputados-, aunque durante la reunión el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR-JxC) transmitió la tranquilidad de que desde la oposición no iban a obstaculizar la sesión. Esas declaraciones, por supuesto, fueron previas a toda la polémica por el Consejo. 

Pero tampoco firmó el despacho un senador del propio oficialismo, el entrerriano Edgardo Kueider (FNyP-FdT), quien cuestionó con dureza una resolución de la Secretaría de Energía sobre tarifa diferencial electrica para las provincias del norte, quedando afuera Entre Ríos, y anticipó que si eso conllevaba “alguna cuestión que se involucra en el Presupuesto”, no iba a acompañar el eventual artículo referido al tema.

En la votación en la Cámara baja, la UCR acompañó la aprobación del Presupuesto 2023, mientras que el Pro se abstuvo. También votaron a favor los legisladores de Córdoba Federal, Frente de la Concordia Misionero y Juntos Somos Río Negro, que en el Senado tienen su representación a través de los senadores Alejandra Vigo, Magdalena Solari Quintana y Alberto Weretilneck, respectivamente.

Otro voto que la bancada oficialista, temporalmente conducida por Anabel Fernández Sagasti ante la ausencia de José Mayans, cuenta a favor es el de la aliada riojana Clara Vega.

En sus proyecciones macroeconómicas, el primer Presupuesto diseñado por Sergio Massa prevé un crecimiento del PBI del 2%, con una inflación del 60% y un dólar a 269 pesos en diciembre del año próximo.

Además, el déficit primario proyectado es de 1,9% del PBI, contra el 2,5% previsto para el presente año, en línea con el compromiso tomado con el FMI.

Entre sus principales puntos, durante el debate en Diputados se incorporó una “cláusula gatillo” por inflación, solicitada por la oposición; se incrementó en 85 mil millones de pesos como “piso” la partida para los subsidios al transporte del interior; y se aumentaron en más de 300 mil millones de pesos distintas partidas para políticas sociales; entre otras modificaciones. 

Contrariamente a lo que se esperaba, no será la de este miércoles una sesión tranquila en el Senado. El ruido judicial, con la designación de Martín Doñate como representante de la segunda minoría de esa Cámara, afectará sin lugar a dudas el debate del Presupuesto 2023, lo cual se traducirá en una aprobación de la ley seguramente más ajustada de lo que se preveía.

El temario de la sesión convocada para las 14 se conoció este martes pasadas las 20. Y la lectura del mismo permitió enseguida entender el porqué de la demora. El primer tema previsto es el decreto 86/22 que designa representantes del Senado ante el Consejo de la Magistratura. Un tema que nunca se vota, esta vez será puesto a consideración en el recinto.

Lo que viene después también promete controversias, pues es la designación de miembros de la recientemente creada Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedrabuena, provincia de Santa Cruz: Carlos Augusto Borges, Nelson Andrés Sánchez y Marcelo Hugo Bersanelli. Este último es el nombre cuestionado: se trata de un exabogado de Cristina Fernández de Kirchner.

Esos nombramientos ya habían sido puestos a consideración de la Cámara alta, pero semanas atrás el propio oficialismo evitó el tratamiento de esos pliegos y a instancias de José Mayans, titular del interbloque oficialista, los mismos fueron devueltos a la Comisión de Acuerdos. Ahora sí se espera que sean aprobados: el oficialismo tiene los votos.

Para después el orden del día contempla los ascensos del general de división Guillermo Olegario Gonzalo Pereda; el vicecomodoro José Alfonso Torres, y otros miembros de las tres fuerzas.

A posteriori, será el turno del proyecto de ley proveniente de Diputados por el cual se prorrogan plazos establecidos para una serie de impuestos (seis en total). Una iniciativa que va atada a las proyecciones del Presupuesto y que requiere de mayoría absoluta para su aprobación.

DPP-87.22

El debate del Presupuesto

Por último, será el momento de comenzar a analizar el proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2023.

El récord de votos registrado en la Cámara de Diputados no se replicará en el Senado. En efecto, la Cámara baja aprobó el proyecto el pasado 25 de octubre, con 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones.

A la semana siguiente tuvo un tratamiento exprés en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, presidida por el riojano Ricardo Guerra (FNyP-FdT). En la Cámara alta asistieron funcionarios del Ministerio de Economía, entre ellos los secretarios Gabriel Rubinstein (Programación Económica), Raúl Rigo (Hacienda) y Eduardo Setti (Finanzas), pero no estuvo el ministro Sergio Massa.

La oposición pidió, sin éxito, por la presencia de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.

Un día después de la visita de los representantes del Ejecutivo, la comisión emitió dictamen del proyecto. Los senadores de Juntos por el Cambio no suscribieron -al igual que pasó en Diputados-, aunque durante la reunión el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR-JxC) transmitió la tranquilidad de que desde la oposición no iban a obstaculizar la sesión.

Pero tampoco firmó el despacho un senador del propio oficialismo, el entrerriano Edgardo Kueider (FNyP-FdT), quien cuestionó con dureza una resolución de la Secretaría de Energía sobre tarifa diferencial electrica para las provincias del norte, quedando afuera Entre Ríos, y anticipó que si eso conllevaba “alguna cuestión que se involucra en el Presupuesto”, no iba a acompañar el eventual artículo referido al tema.

En la votación en la Cámara baja, la UCR acompañó la aprobación del Presupuesto 2023, mientras que el Pro se abstuvo. También votaron a favor los legisladores de Córdoba Federal, Frente de la Concordia Misionero y Juntos Somos Río Negro, que en el Senado tienen su representación a través de los senadores Alejandra Vigo, Magdalena Solari Quintana y Alberto Weretilneck, respectivamente.

Otro voto que la bancada oficialista, temporalmente conducida por Anabel Fernández Sagasti ante la ausencia de José Mayans, cuenta a favor es el de la aliada riojana Clara Vega.

La Comisión de Industria y Comercio del Senado, a cargo del sanjuanino Roberto Basualdo, se reunió este martes para recibir a representantes de la Cámara Argentina por el Día del Comercio, donde expusieron diagnósticos y expectativas del sector.

Así también tuvieron el visto bueno los proyectos para declarar capital nacional del vidrio al partido de Berazategui, impulsado por el senador Antonio Rodas (FdT – Entre Ríos), y la iniciativa de comunicación de los legisladores Alfredo De Ángeli y Guadalupe Tagliaferri (Pro), a fin de sustituir la definición vigente de “parque industrial mixto”. Sin embargo, por falta de quórum en la reunión, no fueron firmados.

La primera exposición fue de Julita Maristany, directora de la Comisión Pyme de la Cámara Argentina de Comercio, quien explicó que “el sector se encuentra en decadencia”. Además, sostuvo que “la gran carga tributaria, genera que haya un 40 por ciento de trabajo informal”.

Tras lo expuesto, Maristany propuso que el Estado entregue un “CUIT provisorio por dos años” a aquellas Pymes que inician su actividad por primera vez, con acceso a créditos financieros y libre de cargas tributarias por el lapso de 24 meses.

Poe otro lado, Edgardo Phielipp de la Cámara Argentina de Comercio aportó el diagnóstico actual sobre la situación productiva de los yacimientos de gas y petróleo en Vaca Muerta. “En cuanto a los recursos en materia de gases, es el segundo yacimiento a nivel mundial con una producción de 8.700 millones de metros cúbicos y con stock para 190 años de consumo interno; y respecto al petróleo, es el cuarto generador del planeta con 16.000 millones de barriles, con abastecimiento para 85 años”.

En tal sentido, informó que, en los últimos cinco años, el yacimiento exportó durante cuatro meses la misma cantidad productiva de insumos energéticos que Estados Unidos. Asimismo, aseguró que las ventas del 2022 tuvieron réditos de “2.000 millones de dólares en importación y 8.000 millones de dólares del mercado interno”.  

“El sector se compone de 1.200 empresas locales, 30 de equipos especiales y 3.500 extra locales”, caracterizó Phielipp, quien, por otro lado, sostuvo que hay lugares como Neuquén que “solo tienen una planta de comprensión”, por lo que pidió por una “federalización de las inversiones en las economías regionales”.

Luego, fue el turno de Edgardo Moschitta, presidente de Federación Gremial del Comercio e Industria de Rosario, quien enfatizó su pedido para que el Estado Nacional y la Justicia Federal “ejecuten planes para combatir al narcotráfico en Santa Fe”, entre varias cuestiones expuestas este martes.

Por otro lado, el productor rosarino afirmó que “Rosario es el núcleo de la pampa húmeda”, y aportó que “el 75 por ciento de las fábricas están en Santa Fe y Córdoba”. Sin embargo, pidió por “mejores vías trúncales porque hay terminales portuarias que reciben sobre calle de tierra”, y respecto a la hidro vía, solicitó “una baja de cargas impositivas porque afecta a los costos de la producción”.

Así también mencionó a la falta de subsidios al transporte como un factor que “repercute sobre el comercio y golpea al bolsillo del consumidor”, y redundó: “Cada uno de los pedidos quedan pequeños en comparación al problema del narcotráfico, pido que sea tratado de manera urgente y se elabore un plan de acción inmediato”.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago del Estero, Alejandra Rafael, pidió disminuir “algunos costos para operar en el país”, y cuestionó que “la AFIP opera con agresividad sobre los embargos”. Además, criticó que haya 19 días feriados por año y propuso que haya “tres feriados que sean laborables”.

En otra exposición, Daniel Ariostto (presidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza) sostuvo que “Mendoza y la región, son un centro logístico por excelencia”, pero “no cuenta con las rutas adecuadas, ni con un centro logístico unificado e inteligente”. En tal sentido, expresó: “Necesitamos obras de infraestructura que permitan amortiguar las tremendas contingencias del clima”.

El último alocutor fue Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, quien expuso que “La CAC representa al sector más dinámico de la economía argentina, comercios y servicios, que explican el 65% del PBI nacional y un poco más del 67% de la mano de obra formal ocupada”.

Del mismo modo, Grinman aclaró que “la CAC no viene a traer protestas, sino propuestas”, y explicó: “Representamos al sector más dinámico de la producción argentina que es Comercio y tenemos la responsabilidad de firmar la paritaria más grande del país porque hay 1.2 millones de empleos en el sector”.

Además, afirmó que “Argentina no es un país rico, sino potencialmente rico”. En esa línea dijo que “faltan ideas para trabajar ordenadamente en sociedad y aprovechando los infinitos recursos del país”.

El vicepresidente de la comisión, Edgardo Kueider (FdT – Entre Ríos), respondió efusivamente: “No hemos discutido visiones de país a corto plazo, debemos mejorar en eso”. Asimismo, afirmó: “Estamos trabajando en las propuestas y hay respuestas que van a aparecer pronto”.

El senador nacional Eduardo Vischi (UCR – Corrientes) pidió “organizar una propuesta sobre la jornada de trabajo como política de Estado para el largo y mediano plazo que responda a los pedidos de los productores presentes”.

Luego de la entrega de diplomas a representantes de la Cámara Argentina de Comercio, el senador Antonio Rodas explicó su proyecto que declara a Berazategui como capital nacional del vidrio, en presencia del intendente Juan José Mussi quien relató: “Viajé a capitales del vidrio del mundo y reconocieron a Berazategui como representante argentina. Entendemos que es el principal argumento para apoyar esta iniciativa”.

Sin embargo, por falta de quórum, tras la ausencia de varios senadores, esta iniciativa y, la reforma solicitada por De Ángeli y Tagliaferri para sustituir el nombre del “parque industrial mixto”, quedaron sin firmar y serán tratadas en la próxima reunión de la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Senadores.

La exinterventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Cristina Caamaño asistirá este martes al Senado para defender su pliego como embajadora ante Israel, enviado por el Poder Ejecutivo.

El encuentro se realizará desde las 15.30 en el Salón Illia, en el marco de la Comisión de Acuerdos, presidida por la oficialista Anabel Fernández Sagasti.

Fue precisamente en esa comisión donde nunca avanzó la designación de Camaño como titular de la AFI. Incluso, a fines de junio del año pasado estaba previsto que asista, pero la audiencia pública se suspendió y nunca más se hizo.

También en junio, pero ya de este año, el Gobierno designó como nuevo interventor de la AFI a Agustín Rossi. En ese momento se le ofreció a Caamaño la embajada de Israel, un lugar que quedó vacante luego de la polémica salida de Sergio Urribarri.

En el temario de la Comisión de Acuerdos también está previsto tratar pliegos de ascensos de personal en la Armada Argentina, la Fuerza Aérea y el Ejército Argentino.

Aunque la convocatoria todavía no se oficializó, fuentes del oficialismo confirmaron a parlamentario.com que el Senado sesionará este miércoles para tratar la ley del Presupuesto 2023, tal cual estaba previsto en el cronograma que el Frente de Todos se fijó desde un principio.

El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 25 de octubre, con 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones. A la semana siguiente tuvo un tratamiento exprés en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, presidida por el riojano Ricardo Guerra (FNyP-FdT).

En la Cámara alta asistieron funcionarios del Ministerio de Economía, entre ellos los secretarios Gabriel Rubinstein (Programación Económica), Raúl Rigo (Hacienda) y Eduardo Setti (Finanzas), pero no estuvo el ministro Sergio Massa.

La oposición pidió, sin éxito, por la presencia de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.

Un día después de la visita de los representantes del Ejecutivo, la comisión emitió dictamen del proyecto. Los senadores de Juntos por el Cambio no suscribieron -al igual que pasó en Diputados-, aunque durante la reunión el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR-JxC) transmitió la tranquilidad de que desde la oposición no iban a obstaculizar la sesión.

Pero tampoco firmó el despacho un senador del propio oficialismo, el entrerriano Edgardo Kueider (FNyP-FdT), quien cuestionó con dureza una resolución de la Secretaría de Energía sobre tarifa diferencial electrica para las provincias del norte, quedando afuera Entre Ríos, y anticipó que si eso conllevaba “alguna cuestión que se involucra en el Presupuesto”, no iba a acompañar el eventual artículo referido al tema.

En la votación en la Cámara baja, la UCR acompañó la aprobación del Presupuesto 2023, mientras que el Pro se abstuvo. También votaron a favor los legisladores de Córdoba Federal, Frente de la Concordia Misionero y Juntos Somos Río Negro, que en el Senado tienen su representación a través de los senadores Alejandra Vigo, Magdalena Solari Quintana y Alberto Weretilneck, respectivamente.

Otro voto que la bancada oficialista, temporalmente conducida por Anabel Fernández Sagasti ante la ausencia de José Mayans, cuenta a favor es el de la aliada riojana Clara Vega.

Todavía no está confirmado si el temario de la sesión incluirá un proyecto con media sanción para prorrogar por cinco años de seis impuestos nacionales, una iniciativa que va atada a las proyecciones del Presupuesto y que requiere de mayoría absoluta para su aprobación.

Un plenario de las comisiones de Educación y Cultura y Presupuesto y Hacienda del Senado buscará este martes, a partir de las 17, el dictamen de un proyecto que busca convertir en ley el Programas Libros para Aprender.

La iniciativa es encabezada por la sanjuanina Cristina López Valverde (FNyP-FdT), junto a sus pares Carlos Linares, María Eugenia Duré, María Inés Pilatti Vergara y Teresita González.

El Programa Libros para Aprender fue creado por resolución del Ministerio de Educación en noviembre del año pasado y tiene por objeto la entrega individual de libros de texto y de literatura a estudiantes y docentes del nivel inicial, primario, secundario de escuelas públicas y de los Institutos de Formación Docente.

Este programa tiene objetivos dentro y fuera del espacio áulico. Promover el hábito de leer permite no solo la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino también facilitar la apropiación de los bienes culturales y trasladar esta práctica a las familias, se argumentó.

“La propuesta de convertir en ley un programa ministerial tan importante, focalizado en nuestras infancias y adolescencias, permitirá pensar y planear la política pública a mediano y largo plazo, asegurar el derecho al libro y a la lectura en todos los sectores sociales y fomentar el hábito de leer en las familias y en toda la comunidad educativa”, señaló su autora en los fundamentos del proyecto.

Además, López Valverde, quien es presidenta de la Comisión de Educación, resaltó: “Tengo la firme convicción de que debemos acercar la práctica de la lectura y la lectocomprensión a nuestros niños, niñas y adolescentes y que en ese acercamiento la escuela ocupa un lugar fundamental en la construcción de ciudadanos y ciudadanas con valores democráticos”.

Las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Industria y Comercio que presiden la radical santacruceña María Belén Tapia y el senador sanjuanino Roberto Basualdo (Producción y Trabajo) respectivamente, realizaron este miércoles una reunión conjunta en el Salón Arturo Illia.

Durante la misma, se debatieron dos proyectos de ley que van en el mismo sentido, el del senador riojano Julio Martínez (UCR), que dispone la obligatoriedad de comercios del rubro gastronómico a incluir cartas adaptadas con pictogramas, y el de Roberto Basualdo, que dispone que todos los establecimientos de servicios gastronómicos deberán tener una carta con pictogramas para personas con asperger y autismo en soporte papel o formato digital.

El senador Martínez destacó que “se trata de hacerle la vida más simple a las personas del espectro autista, es un granito de arena”.

En tanto el senador Basualdo consideró que “la ley les va a permitir mejorar la calidad de vida a las personas y no tiene ningún tipo de costo”.

Con durísimas y varias críticas a Horacio Rosatti, los senadores del Frente de Todos rechazaron este miércoles el “fallo político” de la Corte Suprema de Justicia por el cual se hizo lugar al reclamo de Luis Juez sobre la banca en el Consejo de la Magistratura que en mayo pasado ocupó el kirchnerista Martín Doñate, luego de la ruptura del bloque oficialista. 

Las senadoras Anabel Fernández Sagasti, Juliana Di Tullio y Lucía Corpacci hablaron durante la conferencia de prensa realizada en el Salón de las Provincias, donde enfatizaron que la decisión del máximo tribunal es un “avasallamiento” al Poder Legislativo y representa una inconstitucionalidad. También lanzaron que la Corte está “actuando de una manera tirana”. 

La primera en tomar la palabra fue la vicepresidenta del interbloque oficialista, Fernández Sagasti, quien le mandó un “caluroso abrazo” al jefe de la bancada, José Mayans, que aseguró que “se encuentra en buen estado y recuperándose”. 

La mendocina calificó al fallo como “lamentable, insólito, inaplicable” y que “además no tiene efecto práctico”. En ese sentido, recordó que la Justicia “nos dio la razón en primera y segunda instancia de que las cuestiones de organización del Senado, es decir, de la composición de los bloques y cómo se puede armar los bloques dentro de la Cámara de Senadores, es una cuestión no judiciable”. 

Sobre ese punto, la camporista aclaró que esta facultad “tiene rango constitucional” al estar contemplado en el artículo 66 de la Constitución Nacional. “Incluso la presidenta de este Senado no puede oponerse a la libre asociación de los bloques”, aclaró. 

Sobre la causa de este fallo, Fernández Sagasti se preguntó “por qué ahora y con estas características”, para responder que “es claramente una respuesta al resultado de las elecciones del estamento de abogados, que se llevó a cabo el 18 de octubre, donde Rosatti entendía que se iba a quedar con tres de las cuatro bancas que tiene el estamento de abogados y se quedaron con dos”. 

“Este fallo es una respuesta de manipulación a la composición del Consejo de la Magistratura”, resaltó, para luego subrayar que Rosatti “es juez y parte” en el asunto. “El mismo presidente del Consejo de la Magistratura firma el fallo anulando la representatividad del bloque Unidad Ciudadana”, explicó, “y se notifica a él mismo para que tome juramento a un miembro de otro bloque”. 

Además, la senadora K calificó también al fallo: “Parece más una nota de Clarín que un fallo de un poder del Estado”, por los términos utilizados y “los improperios” contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. 

A su turno, la vicepresidenta del Frente Nacional y Popular, Lucía Corpacci, expresó su “profunda preocupación por lo que nosotros sentimos que es un avasallamiento del Poder Judicial sobre la potestad que tiene el Poder Legislativo” y remarcó que el fallo “interfiere con la democracia”. 

Al recordar que en abril pasado la Corte restituyó una ley de 1997 y ordenó la nueva composición del Consejo, la catamarqueña apuntó que “la Justicia no sanciona leyes”. “Hay una serie de hechos que ponen en riesgo la democracia”, alertó. 

La legisladora rechazó que, en su decisión, el máximo tribunal haga “hincapié en la sospecha de por qué se hacen los bloques, cuando son potestad de los senadores y senadores” mientras que la oposición también “está fragmentada en un sin número de bloques”. “No se cuestiona la partición de otros bloques”, reiteró y advirtió que hay que tener “cuidado” cuando “el Poder Judicial se atribuye potestades que no son otorgadas por la Constitución Nacional” porque “nos pone en riesgo a todos”. 

Presidenta de Unidad Ciudadana, el bloque al que pertenece Doñate, Juliana Di Tullio sostuvo: “Este fallo es político y merece respuesta política”. Al cuestionar al “autovotado presidente” de la Corte y el Consejo, el juez Rosatti, la senadora señaló que el “primer avasallamiento” contra el Poder Legislativo fue “haber puesto la ley derogada”. 

Al enumerar distintas polémicas en torno a los lugares en el Consejo de la Magistratura, el órgano que tiene, entre sus funciones, las de seleccionar y remover jueces, la kirchnerista subrayó que en esta ocasión “ganamos en primera y segunda instancia”. Sin embargo, “(el procurador interino, Eduardo) Casal le pidió a la Corte que se expresara sobre este tema”, y el máximo tribunal lo hizo con “una decisión política en un fallo político”. 

La oficialista manifestó que a Doñate “lo echaron del Consejo” y esto lo ven “con enorme preocupación”. “Están construyendo una democracia de bajísima intensidad”, aseveró y agregó: “El Poder Legislativo es el poder político por excelencia, ¿cómo nos van a judicializar la política?”. 

Sobre el rol de CFK, Di Tullio dijo que la presidenta del cuerpo “ni pincha ni corta” en la reestructuración de los bloques, porque además “es parte del Poder Ejecutivo” y, por otro lado, indicó que de mayo a esta altura “el bloque del Pro siguió mutandose”. “Yo no se los cuestiono, porque además es una facultad” que tienen, siguió. 

Tras afirmar que el Frente Nacional y Popular es la primera minoría, la UCR la segunda y Unidad Ciudadana la tercera, la senadora anticipó: “La semana que viene o dentro de dos días voy a volver a presentar la nota para que el senador Doñate sea el representante ante el Consejo de la Magistratura, porque antes y ahora sigo siendo la tercera minoría, eso no cambió”. “Es un fallo retroactivo para que dure una semana, algo que ya es una vergüenza. Pero, ¿ para qué hacerlo? Es insólito”, insistió y, en la misma línea que Fernández Sagasti, asoció que la decisión tuvo que ver con que “perdieron una elección que no tenían esperado perder”. 

“Creemos que todos los bloques tienen que rechazar, porque hoy es con nosotros pero pasado mañana es con ellos. Nosotros creemos que estamos cuidando al Poder Legislativo, incluyendo al interbloque Juntos por el Cambio”, expresó y lanzó: “Una día nos vamos a despertar y Rosatti se habrá declarado presidente de la República”. 

Al hablar nuevamente, Fernández Sagasti afirmó: “Vamos a apelar, vamos a seguir con lo que tenemos que hacer, respetando la Constitución y el reglamento, y vamos a proponer lo que nos corresponde por representatividad y voto popular”. 

Al mencionar los proyectos con media sanción de reforma judicial, reforma del Ministerio Público Fiscal, reforma del Consejo de la Magistratura y la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, señaló que esa fue “la respuesta institucional que ha dado este Senado, y sobre todo el interbloque del Frente de Todos, para hacer frente al avasallamiento tirano de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. 

“Vamos a seguir por este camino, siempre defendiendo las instituciones y la representatividad de nuestras provincias”, aseguró y alertó que “mañana puede ser ante otras mayorías u otros poderes ejecutivos porque la actuación tirana de Corte no tiene banderías políticas, tiene banderías de corporaciones económicas”. 

En diálogo con la prensa una vez finalizada la conferencia, Doñate insistió que se trata de “un fallo político por el momento en que se está tomando esta decisión, a nueve días del cierre de los mandatos”. Y criticó la decisión “desde la vulgaridad del escrito, las apreciaciones que se hacen y las definiciones con exceso de jurisdicción” ya que los jueces incluso “se extralimitaron en la solicitud de la parte”. “Es arbitrario y claramente ilegal”, subrayó el kirchnerista y sostuvo que “hay un claro conflicto de poderes” que requiere “tomarlo con la gravedad y seriedad que tiene”.

En la conferencia estuvieron presentes además los senadores oficialistas Mariano Recalde, Pablo Yedlin, María Eugenia Duré, Teresa González, Ana María Ianni, María Eugenia Catalfamo, Oscar Parrilli, María Inés Pilatti Vergara, Guillermo Andrada, Antonio Rodas, Carlos Linares y Cristina López Valverde; y los diputados del FdT Leopoldo Moreau y Vanesa Siley.  

El Frente de Todos buscará emitir dictamen este jueves del proyecto de ley de Presupuesto 2023, cuya discusión arrancó hace menos de 24 horas en la Cámara alta.

Luego de la reunión de este miércoles, a la que asistieron secretarios del Ministerio de Economía, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Ricardo Guerra (FNyP-FdT), retomará el debate a partir de las 15 en el Salón Illia.

Desde la oposición habían reclamado por la presencia del ministro de Economía, Sergio Massa; la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; además de manifestarse en contra del tratamiento exprés de la iniciativa, más allá de los consensos que tuvo en la Cámara de Diputados.

Pero los planes del oficialismo continuarían según lo previsto: el despacho se firmaría este jueves, dado que la semana próxima habrá merma de senadores en Buenos Aires por distintos motivos; y la sesión se convocaría el 17 de noviembre.

Tras la reunión con funcionarios, una tropa de senadores oficialistas, más la aliada Clara Vega, cenaron en el Ministerio de Economía junto a Massa.

Un plenario de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda del Senado arrancó este miércoles con el debate de distintos proyectos, presentados tanto desde la oposición como del oficialismo, para establecer un sistema equitativo de distribución de los subsidios al transporte en todo el país. 

Dadas las coincidencias entre las iniciativas, los legisladores se mostraron a favor de avanzar en un dictamen unificado. Todos coinciden, entre otros puntos, en fijar como criterios para el reparto el parque móvil, los agentes computables y los kilómetros recorridos. 

Al concluir el encuentro se aclaró que se irá trabajando el texto en asesores, mientras que se convocarán al debate a los funcionarios del Ministerio de Transporte y a representantes de COFETRA. 

Autor de uno de los proyectos, arrancó con las exposiciones el salteño Sergio “Oso” Leavy (UC-FdT), quien resaltó que se trata de “un tema sumamente importante” propiciar “una reforma, un cambio en el sistema de subsidios al transporte” que actualmente “llega a las capitales y después al interior con mucha desigualdad”. En ese sentido, recordó que antes de la última actualización de tarifas en AMBA, mientras el boleto mínimo costaba 18 pesos en Capital Federal y el Conurbano bonaerense, en Salta Capital era de 41 pesos y en la localidad de Tartagal, “el lugar más pobre”, era de 90 pesos. 

En ese sentido, subrayó la necesidad de establecer un “coeficiente relacionado con la densidad poblacional”, porque “si hay una empresa de transporte en un pueblo pequeño seguramente necesita más subsidios” que aquella que opera en un lugar con muchos pasajeros. 

Al hacer un repaso histórico, el oficialista señaló que el sistema de reparto “comenzó muy bien, era equitativo”, pero con el tiempo “se fue concentrando con un laberinto de resoluciones y terminó beneficiando al AMBA”. Además, apuntó que en diciembre de 2019 “las provincias quedaron afuera del SISTAU” (Sistema Integrado de Transporte Automotor).

En su alocución, Leavy apuntó que “en el año 2021, a través de los diversos mecanismos, se distribuyeron 133 mil millones” de pesos en subsidios, de los cuales “al AMBA le correspondieron 102 mil millones, el 77%”. “Me parece una injusticia de toda forma. Es una ofensa que esto esté ocurriendo”, sostuvo y reclamó volver “al SITSTAU porque es un sistema que cuando comenzó, comenzó bien”. 

A su turno, la senadora Alejandra Vigo (Córdoba Federal) consideró que este es “un debate absolutamente necesario” y manifestó su “esperanza de que pueda salir y llegar a un dictamen común” ya que las iniciativas presentadas “son prácticamente similares”. “No es sacarle a uno para darle a otro”, aclaró, sino de tener “un sistema de transporte público de pasajeros que tenga una distribución justa, equitativa, como debe ser en un país federal”. 

Autor del proyecto firmado por Vigo y la tucumana Beatriz Ávila (PJS-JxC), el senador Alfredo Cornejo (UCR-JxC), expresó que “habitualmente se relegan temas estructurales para tratar temas coyunturales”, mientras esta cuestión “recorre la vida cotidiana de buena parte de los argentinos”, porque se trata de “un servicio público masivo”. “Los tres proyectos tienen un altísimo consenso, hay diferencias menores al respecto”, indicó el mendocino, por lo que opinó que “no debería tener grandes dilaciones el tratamiento de este proyecto”. 

El jefe de la principal bancada opositora remarcó que este tema “no nació de la nada”, sino que “nuestro desorden macroeconómico, que lleva un par de décadas, ha generado condiciones para estas distorsiones”. 

Así, compartió conclusiones realizadas por el COFETRA (Comité Federal del Transporte), que precisan que en el interior los usuarios costean -en promedio- un 32% de la tarifa, mientras que en el AMBA es un 19%. Además, el AMBA tiene “un 80% del costo del sistema subsidios nacionales”, mientras que en el interior es del 28% y “en algunas provincias es menor”. 

Cornejo detalló que “por cada peso que se destinó al interior en 2021, el AMBA recibió 3,37 pesos” en subsidios; mientras que “por cada coche de AMBA” se destinaron “por mes 1.425.000 pesos” y para cada unidad del interior fueron 272.000 pesos. “Es abrumador”, enfatizó. 

El senador dijo que esta cuestión “se agravó en los últimos años, pero viene de hace muchos años”. Y recordó que en el Pacto Fiscal de 2017 se acordó “ir eliminando los subsidios e ir haciéndose cargo las provincias; orgulloso de ese planteo para ir saneando la economía” pero como contraparte el Gobierno nacional “debía dejar de financiar a AySA en el 2019; y a Edenor y Edesur le daba las competencias de distribución”. También, de acuerdo a ese documento, “en el 2021 entrabamos a un régimen de subsidios nacional distribuido más o menos como están proponiendo estos tres proyectos”, pero ese Pacto “se suspendió en 2019 con bombos y platillos” y ahora “se sigue subsidiando a AySA, Edenor y Edesur, y el transporte público ve cada vez más reducidos sus subsidios”.  

En defensa del proyecto presentado junto a su par Rubén Uñac, la senadora Cristina López Valverde (FNyP-FdT) habló de “una realidad que nos pega fuerte” al señalar que por mes el AMBA recibe en subsidios “26 mil millones de pesos”, mientras que las provincias en su conjunto reciben “3.500 millones de pesos”. “Se da una situación de asimetría y esto provoca la injusticia y la ineficiencia del transporte público, además de estar muy lejos de ser federales”, manifestó. 

Al mencionar que el Presupuesto 2023 contempla unos 85 mil millones de pesos para este área, la sanjuanina estimó que “los problemas van a seguir”, por eso se necesita “una ley que ordene una distribución equitativa”. 

La oficialista explicó que la falta de transporte o el alto costo de éste en el interior, “afecta otros derechos, el de la salud, el de la educación, el del trabajo”, ya que, por ejemplo, un empleado de comercio -por las condiciones climáticas- debe viajar cuatro veces al día y eso “afecta al salario”. 

“No arreglar esto significa dejar crecer potenciales conflictos”, advirtió, al tiempo que reveló que en su provincia “ha habido una renovación importante de las unidades” pero “quienes han invertido quieren la correlación con el boleto”, además de que “los choferes tienen sus paritarias”. 

En el encuentro también expuso Natalio Mema, secretario de Transporte y Servicios de Mendoza, quien se mostró a favor del proyecto presentado por Cornejo, ya que fue “consensuado con todas las provincias” y “no es en contra de nadie”, sino que busca implementar criterios “que vienen a generar equidad y dar mejores condiciones de vida”. 

El funcionario provincial denunció que en el año de la pandemia (2020), en AMBA “la frecuencia no se disminuyó ni una hora” y “se hacía circular a todos los colectivos igual a antes del aislamiento”, mientras en las provincias había “trabajadores esenciales que se habían quedado sin servicio”. Además, ese año “el 45% de la flota se puso a 0 kilómetro” cuando “en todas las provincias estábamos haciendo equilibrios”. 

Sobre esto, el senador Leavy expresó: “Es muy grave lo que acaba de decir que durante la pandemia todos los colectivos estuvieron trabajando, porque la gente no se movilizaba. Hay errores muy graves, muy cerca del delito”. Y pidió “investigar este tema” de “la compra de unidades”. 

En el tramo final, la presidenta de Infraestructura, Vivienda y Transporte, Teresa González (FNyP-FdT) subrayó que “todas las provincias tenemos realidades totalmente diferentes, no solamente territorialmente, sino institucionalmente con respecto a los tratamientos de las líneas municipales, interurbanas e interprovinciales”. 

“Una de las grandes aristas es el tema de las paritarias que afecta directamente a los gobiernos provinciales que son los que las deben afrontar”, agregó, y defendió la importancia de escuchar la voz de las provincias porque “los gobiernos provinciales son los que conocen su parque automotor y los que tienen una evaluación y un diagnóstico exacto de la problemática”. 

Por su parte, el presidente de Presupuesto y Hacienda, Ricardo Guerra (FNyP-FdT), abogó por “una discusión amplia donde todos estén presentes”. “Hay que escuchar, más allá de que se comience a consensuar un solo proyecto, algo que me parece saludable, a todos los actores, no solo de las provincias sino también Nación”, insistió. 

Para el riojano, “el servicio público es algo que debe ser subsidiado” y “el subsidio tiene que ser a la demanda y no a la oferta; para eso se van a necesitar medios electrónicos, será la tarjeta SUBE o alguna por el estilo, pero es fundamental que el esfuerzo que haga el Estado sea hacia las personas y no hacia las empresas, porque así se pueden evitar las distorsiones”. 

La inequidad en el reparto de los subsidios al transporte entre el AMBA y el resto del país es un tema de discusión todos los años, pero este en particular tuvo singular centralidad.

Más allá de la partida que se consiguió para el Fondo de Compensación en el Presupuesto 2023, de unos 85 mil millones de pesos como “piso”, legisladores tanto del oficialismo como de la oposición reclaman establecer un mecanismo ordenado, en base a ciertos criterios.

Esa discusión se dará el próximo miércoles, a partir de las 10, en un plenario que realizarán las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda del Senado, ambas presididas por el oficialismo.

El temario incluye tres proyectos. En orden, de acuerdo a su fecha de presentación, se encuentra la iniciativa encabezada por el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, la tucumana Beatriz Ávila, y la senadora de Córdoba Federal, Alejandra Vigo.

El proyecto, presentado en mayo pasado, dispone la creación en todo el territorio de la Argentina del “Programa Federal de Distribución Equitativa de Subsidios al Transporte Público de Pasajeros”, que alcanzaría tanto a líneas urbanas como suburbanas del país.

Para el reparto de los recursos fija criterios tales como unidades computables, agentes computables y kilómetros recorridos.

Otra de las iniciativas es la de los senadores oficialistas Rubén Uñac, Cristina López Valverde y Pablo Yedlin, que propone la creación de un Sistema Federal de Distribución de Compensación Tarifaria al Transporte Público de Pasajeros (SIFECOT), “con el fin de garantizar, con eficiencia económica y equidad social, una justa distribución de las compensaciones tarifarias que percibe cada jurisdicción de la República Argentina, destinadas a la prestación del servicio público de transporte automotor de pasajeros de áreas urbanas y suburbanas”.

Al igual que el proyecto de los opositores, determina como criterios objetivos de distribución el parque móvil afectado al servicio, habilitado y declarado ante la CNRT; los kilómetros recorridos promedio mensuales; y los agentes computables.

En el mismo sentido que los dos anteriores avanza el texto impulsado por otros senadores oficialistas, Sergio “Oso” Leavy y Gerardo Montenegro. En este caso habla de un “Régimen Federal de Compensaciones Tarifarias del Transporte Automotor de Pasajeros en todo el territorio de la República Argentina (REFECOT)”.

Luego del plenario, la Comisión de Presupuesto y Hacienda analizará un proyecto del radical Víctor Zimmermann sobre una modificación a la ley de alivio fiscal para monotributistas y autónomos respecto de los montos de los alquileres devengados anualmente.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, presidida por Ricardo Guerra (FNyP-FdT), arrancó este miércoles con el debate del proyecto de Presupuesto 2023, que la semana pasada se aprobó en la Cámara de Diputados por 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones.

La reunión comenzó a las 16.20 en el Salón Azul con la participación de los secretarios Gabriel Rubinstein (Programación Económica), Raúl Rigo (Hacienda) y Eduardo Setti (Finanzas). No está presente el ministro Sergio Massa.

El interbloque Juntos por el Cambio reclamó formalmente este martes la presencia del ministro de Economía. Lo hizo a través de una nota dirigida a la presidenta del Cuerpo, Cristina Kirchner; el secretario Parlamentario, Marcelo Fuentes, y el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ricardo Guerra, en la que hicieron hincapié en la necesidad de que Sergio Massa asista al Senado igual que lo hizo el pasado 28 de septiembre a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados.

“La práctica democrática requiere un fuerte compromiso con la deliberación parlamentaria y la deliberación pública, y en este marco no puede dejar de soslayarse la importancia que posee esta Honorable Cámara como fuente de representación de las provincias”, señalan en la nota, en la que reclaman también la asistencia de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.

Recordemos que durante el dilatado tratamiento del proyecto de presupuesto en la Cámara baja asistieron 9 ministros y, entre otros funcionarios, también lo hizo el titular del BCRA. Tolosa Paz no fue porque no era ministra entonces, pero sí lo hizo su antecesor, Juan Zabaleta.

Suscriben la nota los senadores Alfredo Cornejo (presidente del interbloque), Humberto Schiavoni (presidente del bloque Pro), Luis Naidenoff (titular del bloque radical) e Ignacio Torres (presidente del bloque Cambio Federal).

En la previa de la reunión se confirmó una ampliación de los invitados: Leonardo Madcur, titular de la Unidad de Gabinetes de Asesores; Matías Tombolini, secretario de Comercio; Flavia Royón, secretaria de Energía; Ariel Sujarchuk, secretario de Economía del Conocimiento; Ricardo Casal, secretario Legal y Administrativo; y Jorge Neme, secretario de Planificación de Desarrollo y Competitividad.

A diferencia de lo sucedido en la Cámara baja se sabe que el trámite en el Senado será más veloz, dado que todas las modificaciones que el proyecto sufrió en Diputados fueron acordados en paralelo con los senadores y los gobernadores.

Así, se estima emitir dictamen el jueves de esta semana, mientras que el debate de la “ley de leyes” en el recinto sería el 16 o 17 de noviembre, según pudo saber parlamentario.com.

Para esa discusión no se esperan mayores novedades. Allí el oficialismo cuenta con aliados suficientes para garantizar la aprobación del proyecto de Presupuesto. Si bien el presidente del interbloque Frente de Todos, José Mayans, sigue internado y se descuenta que no podrá participar del trabajo legislativo en lo que resta de este período ordinario, el bloque oficialista ha recuperado la presencia del misionero Maurice Closs -también con problemas de salud-, con lo que garantiza 34 senadores sentados en sus bancas. A ellos se sumarán para el quórum la misionera Magdalena Solari Quintana, el rionegrino Alberto Weretilneck y la riojana Clara Vega, con lo que el oficialismo no tendría problemas para el arranque de la sesión.

Estas mismas voluntades asegurarán la aprobación de la iniciativa. En esa votación en general habría que sumar -en caso de replicarse en el Senado el comportamiento de los diputados de cada sector- el apoyo de los 18 radicales, más la cordobesa Alejandra Vigo, en cuyo caso la ley de Presupuesto podría llegar a contar con 55 votos. Aunque nadie puede llegar a asegurar el apoyo completo de toda la bancada radical. Recordemos, sin ir más lejos, que el presidente del interbloque JxC, Alfredo Cornejo, se ha mostrado de acuerdo con Ricardo López Murphy en cuanto a que “tal y como está no debería votarse el Presupuesto”.

Recordemos que el Pro se abstuvo en Diputados, igual que los sanjuaninos de Producción y Trabajo, espacio que lidera el senador Roberto Basualdo. Según pudo saber parlamentario.com, los cuatro senadores de Cambio Federal, el espacio que encabeza el chubutense Ignacio “Nacho” Torres, aún no han tomado una decisión.

De acuerdo a las proyecciones macroeconómicas, el Presupuesto 2023 prevé un crecimiento del PBI del 2%, con una inflación del 60% y un dólar a 269 pesos en diciembre del año próximo.

Además, el déficit primario proyectado es de 1,9% del PBI, contra el 2,5% previsto para el presente año, en línea con el compromiso tomado con el FMI.

Entre sus principales puntos, durante el debate en la Cámara baja se incorporó una “cláusula gatillo” por inflación, solicitada por la oposición; se incrementó en 85 mil millones de pesos como “piso” la partida para los subsidios al transporte del interior; y se aumentaron en más de 300 mil millones de pesos distintas partidas para políticas sociales.

En la votación en particular, el Frente de Todos retiró del proyecto el artículo que prorrogaba las facultades del Poder Ejecutivo sobre retenciones; fue rechazado el artículo para eliminar la exención del impuesto a las Ganancias para el Poder Judicial; y se agregó un artículo para garantizar que los gastos en educación no serán inferiores al 1,33% del PBI.

Si bien no ha sido convocada aún oficialmente para tal fin, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado comenzará este miércoles a analizar el proyecto de Presupuesto 2023 que cuenta con media sanción de Diputados.

Según trascendió, la idea es avanzar esta misma semana con el dictamen, de modo tal de dejar listo el proyecto para convertirlo en ley en la tercera semana de noviembre.

Por lo pronto, oficialmente la Comisión de Presupuesto que conduce el riojano Ricardo Guerra ha sido convocada para este miércoles a las 10, más no por el Presupuesto, sino para participar de un plenario con la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, que preside la formoseña María Teresa González, para analizar una serie de proyectos relacionados con los subsidios al transporte público de pasajeros de todo el país. Se pondrán a consideración proyectos de la cordobesa Alejandra Vigo, el sanjuanino José Uñac y el salteño Sergio Leavy.

Fuentes de Presupuesto y Hacienda informaron a parlamentario.com que a las 14 volverán a reunirse solo ellos, en el Salón Azul del Senado, para comenzar a debatir el proyecto de Presupuesto aprobado en Diputados el miércoles pasado. Ha sido convocado para esa reunión el ministro de Economía, Sergio Massa, a fin de brindar un informe ante los senadores, tal cual hizo el 28 de septiembre pasado en la Cámara baja.

No se descarta que puedan asistir otros funcionarios, mas no se espera que se produzca en la Cámara alta el desfile registrado ante la comisión en Diputados.

De hecho, para este jueves 3 de noviembre se espera una segunda reunión a partir de las 14, al cabo de la cual se emitirá el dictamen correspondiente, con lo que el proyecto quedará listo para discutir en el recinto.

Sin embargo esa sesión no será la semana venidera. Fuentes parlamentarias anticiparon a parlamentario.com que la misma tendría lugar el miércoles 16 de noviembre.

Para el debate en el recinto no se esperan mayores novedades. Allí el oficialismo cuenta con aliados suficientes para garantizar la aprobación del proyecto de Presupuesto. Si bien el presidente del interbloque Frente de Todos, José Mayans, sigue internado y se descuenta que no podrá participar del trabajo legislativo en lo que resta de este período ordinario, el bloque oficialista ha recuperado la presencia del misionero Maurice Closs -también con problemas de salud-, con lo que garantiza 34 senadores sentados en sus bancas. A ellos se sumarán para el quórum la misionera Magdalena Solari Quintana, el rionegrino Alberto Weretilneck y la riojana Clara Vega, con lo que el oficialismo no tendría problemas para el arranque de la sesión.

Estas mismas voluntades asegurarán la aprobación del proyecto de Presupuesto. En esa votación en general habría que sumar –en caso de replicarse en el Senado el comportamiento de los diputados de cada sector– el apoyo de los 18 radicales, más la cordobesa Alejandra Vigo, en cuyo caso la ley de Presupuesto podría llegar a contar con 55 votos. Aunque nadie puede llegar a asegurar el apoyo completo de toda la bancada radical. Recordemos, sin ir más lejos, que el presidente del interbloque JxC, Alfredo Cornejo, se ha mostrado de acuerdo con Ricardo López Murphy en cuanto a que “tal y como está no debería votarse el Presupuesto”.

Recordemos que el Pro se abstuvo en Diputados, igual que los sanjuaninos de Producción y Trabajo, espacio que lidera el senador Roberto Basualdo. Según pudo saber parlamentario.com, los cuatro senadores de Cambio Federal, el espacio que encabeza el chubutense Nacho Torres, aún no han tomado una decisión.

La inequidad en el reparto de los subsidios al transporte entre el AMBA y el resto del país es un tema de discusión todos los años, pero este en particular tuvo singular centralidad.

Más allá de la partida que se consiguió para el Fondo de Compensación en el Presupuesto 2023, de unos 85 mil millones de pesos como “piso”, legisladores tanto del oficialismo como de la oposición reclaman establecer un mecanismo ordenado, en base a ciertos criterios.

Esa discusión se dará el próximo miércoles, a partir de las 10, en un plenario que realizarán las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda del Senado, ambas presididas por el oficialismo.

El temario incluye tres proyectos. En orden, de acuerdo a su fecha de presentación, se encuentra la iniciativa encabezada por el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, la tucumana Beatriz Ávila, y la senadora de Córdoba Federal, Alejandra Vigo.

El proyecto, presentado en mayo pasado, dispone la creación en todo el territorio de la Argentina del “Programa Federal de Distribución Equitativa de Subsidios al Transporte Público de Pasajeros”, que alcanzaría tanto a líneas urbanas como suburbanas del país.

Para el reparto de los recursos fija criterios tales como unidades computables, agentes computables y kilómetros recorridos.

Otra de las iniciativas es la de los senadores oficialistas Rubén Uñac, Cristina López Valverde y Pablo Yedlin, que propone la creación de un Sistema Federal de Distribución de Compensación Tarifaria al Transporte Público de Pasajeros (SIFECOT), “con el fin de garantizar, con eficiencia económica y equidad social, una justa distribución de las compensaciones tarifarias que percibe cada jurisdicción de la República Argentina, destinadas a la prestación del servicio público de transporte automotor de pasajeros de áreas urbanas y suburbanas”.

Al igual que el proyecto de los opositores, determina como criterios objetivos de distribución el parque móvil afectado al servicio, habilitado y declarado ante la CNRT; los kilómetros recorridos promedio mensuales; y los agentes computables.

En el mismo sentido que los dos anteriores avanza el texto impulsado por otros senadores oficialistas, Sergio “Oso” Leavy y Gerardo Montenegro. En este caso habla de un “Régimen Federal de Compensaciones Tarifarias del Transporte Automotor de Pasajeros en todo el territorio de la República Argentina (REFECOT)”.

Luego del plenario, la Comisión de Presupuesto y Hacienda analizará un proyecto del radical Víctor Zimmermann sobre una modificación a la ley de alivio fiscal para monotributistas y autónomos respecto de los montos de los alquileres devengados anualmente.

El Senado aprobó por 58 votos afirmativos y 1 negativo -de la senadora del Pro, Carmen Álvarez Rivero– y giró a la Cámara de Diputados un proyecto de ley, enviado por el Poder Ejecutivo, que pone en marcha el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que contempla “diez desafíos nacionales” y distintas agendas que serán trabajadas en conjunto con todas las jurisdicciones.

En su carácter de presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, la rionegrina Silvina García Larraburu, celebró “estar finalizando la jornada aprobando este Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es la primera vez que nuestro país trata un plan de estas características, y también me parece que es un homenaje a Néstor, que fue uno de los pilares fundamentales para que allí por el 2003, en un país destruido, entre los muchos temas que puso en la agenda prioritarios fue el desarrollo científico y tecnológico”.

“Quiero reivindicar que por primera vez se pone la ciencia y la tecnología al servicio de los grandes problemas que tiene la Argentina. Es un proyecto que es el resultado de una construcción transversal y federal”, destacó la oficialista al tiempo que opinó: “Nosotros tenemos que cambiar esta dinámica, tenemos que deconstruir esta historia que tenemos en nuestro país, donde lamentablemente el 65% de la inversión científica y tecnológica está instalada en la CABA y el conurbano”.

Y ponderó: “Tenemos un país con un gran potencial. Mi provincia es una provincia pionera, tenemos allí el enclave científico y tecnológico más importante de la Argentina, pero creo que a lo largo y ancho de la patria tenemos enormes posibilidades”.

“Es un proyecto muy abarcativo y muy inclusivo y quiero decir que sin duda hoy vamos a estar terminando esta jornada con la sanción de este proyecto. Quiero también agradecer muy especialmente a los senadores del interbloque, y a los senadores radicales porque nos une una historia de trabajo conjunto en pos de la reivindicación científica y tecnológica y de la producción nacional en nuestro país”, cerró García Larraburu.

En su intervención, el tucumano Pablo Yedlin (FdT) expresó: “Este proyecto es parte de un ecosistema de leyes, donde está la Ley de Economía del Conocimiento, donde está la ley de Bio y Nanotecnología, donde está este plan y donde posiblemente pronto llegue la ley de financiamiento de Ciencia y Técnica que esperamos desde la Cámara de Diputados”.

“El plan tiene una parte que es un resumen de la trayectoria productiva y tecnológica de la Argentina y luego avanza en una agenda de estrategias”, contó y sumó: “En cuanto a la historia de la inversión en Ciencia y Técnica definitivamente que la Argentina puede mejorar en este sentido, y el objetivo del plan es justamente eso”.

A su vez, el senador oficialista brindó algunos datos: “Si uno habla de la inversión total en Ciencia y Técnica la Argentina en el año 2016 había llegado a tener un 0,62% de su PBI en estos temas, después tuvo un descenso progresivo y ha empezado a recuperarse en estos años, llegó al 0,47% de su PBI y ha aumentado al 0,52% y la idea del plan es llegar al 1,7% de PBI para el 2030”, y agregó: “Dentro de esta inversión total, el 60% es del sector público, 25% privado y 15% de organismos externos que suman y acompañan a esta inversión”.

“El presupuesto vuelvo a mostrar un ascenso. Y acá me parece que lo interesante, más allá de buscar responsabilidades de si en el gobierno de uno u otro subió o bajó, me parece que lo importante es poder ponernos de acuerdo en algunas políticas de Estado. Y sin duda, comprometer recursos para ciencia y técnica debiera ser una prioridad para los argentinos”, ponderó Yedlin.

Por último, resaltó que “este plan genera una mirada al futuro, previsibilidad para esto y la fuerte apuesta en este sentido”, y también marca que “la investigación y el desarrollo no se realizan en cualquier tema. Marca diez ejes que tienen que ver con el estudio de la pobreza, la biotecnología, la democracia, la educación, la salud, la investigación espacial, aeronáutica, la defensa, telecomunicaciones, la investigación en temas marítimos, la industria informática, el desarrollo sostenible, y la transición energética”.

En su intervención, el radical Víctor Zimmerman (Chaco), sostuvo: “Poder tratar esto es trascendente porque la Ciencia y la Técnica es una herramienta que tiene que expandirse y tiene que generar las oportunidades para las provincias, para que en el futuro podamos competir entre iguales”.

“Es trascendente que el país tenga un Plan de Ciencia para cumplir en el tiempo”, destacó y explicó que el origen del proyecto está en la Ley 25.467 que en su artículo 20 instruye al Estado a la realización de un Plan Nacional y se construyó a partir de la participación de las 24 jurisdicciones de la Argentina.

Y cerró: “Está claro que a partir de este diseño de políticas públicas se ha logrado tener un planificación científica y tecnológica con matriz federal en el programa”.

Puntos principales del proyecto

A través de la iniciativa se aprueba el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 y se define que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que coordinará las acciones necesarias para el cumplimiento de dicho plan con las jurisdicciones y entidades involucradas.

El Plan presenta los procesos centrales de su formulación e implementación en virtud de un conjunto de agendas agrupadas en cuatro clases, según ámbitos territoriales y temáticos de incumbencia: Agendas Estratégicas, Agendas Territoriales, Agendas Transversales y Agenda de Cambio Institucional.

El Plan desarrollará “Diez Desafíos Nacionales”, que serán políticas específicas de alcance nacional que expresan los temas estratégicos que requieren de conocimiento científico y tecnológico. Ellos son: erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y la vulnerabilidad socioambiental; impulsar la bioeconomía y la biotecnología para incrementar la producción sostenible y alcanzar la soberanía alimentaria; y contribuir al diseño de políticas para fortalecer la democracia y ampliar los derechos ciudadanos.

También, los de construir una educación inclusiva y de calidad para el desarrollo nacional; lograr una salud accesible, equitativa y de calidad; desarrollar los sectores espacial, aeronáutico, de las telecomunicaciones y de la industria para la defensa; y fortalecer la investigación marítima, la soberanía y el uso sostenible de los bienes del Mar Argentino.

Completan los desafíos, promover la industria informática y de las tecnologías de la información para la innovación productiva y la transformación digital; potenciar la transición al desarrollo sostenible; y fomentar y consolidar un sendero para la transición energética.

El Plan 2030 presenta Agendas Territoriales Integradoras de Ciencia, Tecnología e Innovación (ATI-CTI) para cada una de las 24 jurisdicciones, que expresan las prioridades y estrategias de intervención.

Las Agendas Transversales buscan consolidar la base científica y tecnológica para potenciar la capacidad de respuesta tanto a los Desafíos Nacionales como de las Agendas Territoriales. Estas se orientan a la promoción general del conocimiento, la aplicación de tecnologías a la investigación, desarrollo e innovación, la consideración de los aportes de las ciencias sociales y humanas, la promoción de una ciudadanía y cultura científica, la sostenibilidad y la incorporación de la perspectiva de género.

La Agenda de Cambio Institucional atiende a las modalidades de planificación referidas a la formación de recursos humanos, la gestión del conocimiento, la articulación multiactoral, la federalización y la internacionalización.

En cuanto a la inversión total en investigación y desarrollo, se proyecta que pasará del 0,52% del PBI en el año 2020 al 0,85% en el año 2025 y al 1,70% en el año 2030.

Con la presencia en el recinto de sobrevivientes y familiares de víctimas, el Senado sancionó por 64 votos afirmativos y 1 en contra -de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro)- la ley que establece la expropiación de un conjunto de inmuebles en los que funcionó el boliche República de Cromañón, donde el 30 de diciembre de 2004 se produjo la tragedia que costó la vida de 194 personas durante un recital de la banda de rock Callejeros.

El primer orador fue el jujeño Guillermo Snopek (FdT) quien leyó un comunicado de los familiares de las víctimas: “Hoy llegamos aquí luego de un largo recorrido en el que fuimos haciendo camino al andar. Y casi a 18 años de la masacre de Cromañón hemos llegado al Congreso Nacional”.

“Queremos y soñamos que esta noche nos iremos abrazados por el pueblo en su conjunto, a lo largo y ancho del país. Reafirmamos, a través de sus votos, que Cromañón trasciende las fronteras del AMBA, que nos pasó a todos y todas. Sobre todo, cuando muchos sobrevivientes viajaron de diversas provincias hacia Buenos Aires”, expresaba otro tramo del texto.

Y seguía: “Hubo quienes lograron salir de Cromañón, pero no soportar las secuelas de la masacre llegaron a quitarse la vida, y otros sobrevivientes y familiares fallecieron por enfermedades relacionadas con los efectos de la misma causa. Mientras que muchos otros conviven hoy con afecciones físicas y psíquicas severas reclamando y muchas veces suplicando la atención que el Estado tiene la obligación de brindar”.

“La memoria no es solo el pasado, la memoria es aquello que construimos en el presente con el diálogo con otros y otras que nos permiten reconstruir parte de nuestra historia y nuestra identidad. Esa historia que es nuestra y que queremos que trascienda para toda su sociedad en su conjunto. No olvidar para que nunca más se repita. Ejercitar la memoria es fortalecer la democracia. Construir un espacio colectivo para la memoria en Cromañón es poner en manifiesto que hubo cientos de pibas y pibes que no dudaron un segundo en arriesgar su propia vida con tal de salvar la de otros. Es seguir advirtiendo y denunciando que la corrupción mata, es seguir dándole pelea a la impunidad. Es también honrar la historia y profundizar la tradición que nuestra Nación tiene en materia de política de derechos humanos”, explayaba el documento.

Por último, resaltaban que “con la sanción y reglamentación de esta ley estamos convencidos de que nos convertimos en un país un poco más justo que ayer. Lograremos seguir caminando y marchando más aliviados, con nuestras banderas en alto”. “Decir Cromañón es sentir muy de cerca la corrupción, por eso decimos que la corrupción mata, porque lo sentimos en carne propia, porque no queremos que nadie pase lo mismo”, remató.

En el uso de la palabra, el porteño Martín Lousteau destacó la labor del orador preopinante porque “decidió dar la voz a los sobrevivientes que también son víctimas, al igual que los familiares”.

“No fue una tragedia, porque la tragedia tiene la connotación de la inevitabilidad. Los familiares me dijeron que es ‘masacre’. Esa masacre tuvo lugar en un barrio de esta ciudad, en un edificio que es el que se propone expropiar. Pasó acá, pero el pavor recorrió todo el país inmediatamente con las imágenes del incendio, de las sofocaciones, de la falta de asistencia correcta. De padres, de madres, de hermanos, de familiares, de amigos que buscaban desesperadamente dónde estaban sus seres cercanos”, relató.

Y siguió: “Los que no estábamos en ese momento, pensamos que podríamos haber sido cualquiera, en cualquier lugar. Esa masacre se cobró 194 víctimas fatales, hubo 887 internaciones, 4 mil supervivientes que padecieron y padecen secuelas diarias graves que incluso hizo que algunos decidieran terminar sus vidas”.

Lousteau describió que hubo 4 causas, 26 procesados, 21 condenados por incendio y por muerte, algunos en grado doloso. “Empresarios que buscaron maximizar sus ganancias, sobrevendiendo la capacidad del lugar y poniéndole un candando criminal a una puerta. Otros en grado culposo porque no respondieron como correspondían en ese momento. Hubo corrupción en cumplimiento de responsabilidades en fuerza de seguridad y en funcionarios. Es decir, el Estado que tenía que controlar hizo lo contrario”, explayó.

“Que esto sirva para recordar que mientras sigamos con una mala política a la hora de administrar el Estado, todavía hay afuera caminando en cualquier lugar, víctimas potencias de eventos similares y eso es lo que tenemos que pelear para cambiar”, cerró el radical.

Al borde del llanto, la macrista Guadalupe Tagliaferri (Pro) recordó que al momento de la tragedia ella tenía 30 años y expresó: “Me podría haber pasado a mí, porque soy porteña. Nacida y criada acá. Joven rocanrolera de salir a los lugares donde tocaban bandas. No me pasó de casualidad, pero todos tenemos o conocemos alguien que quedó en Cromañón”.

“Cromañón no fue una tragedia, fue una masacre como nos enseñaron los familiares de las víctimas. Fue un grito desgarrador de 194 chicos y chicas de más de 4 mil sobrevivientes que nos mostró con demasiada crudeza lo que hasta entonces no veíamos que la corrupción, la negligencia, la inoperancia, la desidia, matan”, narró con la voz acongojada.

A su turno, el oficialista Mariano Recalde sostuvo que es “imposible estar ajeno a esa masacre” y afirmó que, ahora, “dieciocho años después esta ley, esta decisión del Estado es una reivindicación” de las víctimas, de sus familiares y de los sobrevivientes. Apuntó que, además, espera que con esta resolución “Cromañón siga siendo un punto de inflexión en materia de cuidados, de prevención, de acción del Estado”.

El proyecto:

A partir de la norma se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación un conjunto de inmuebles ubicados en Bartolomé Mitre 3038/78, en el barrio de Once.

Estos inmuebles serán destinados a la creación de un espacio dedicado a la memoria de lo ocurrido el 30 de diciembre de 2004, cuando un estrago causó la muerte de al menos 194 personas y miles de heridos. A tal fin, se creará una muestra permanente que reflejará la historia de lo allí ocurrido y se organizarán actividades culturales e informativas. La puesta en funcionamiento y administración de este espacio estará a cargo de la autoridad de aplicación, con participación de los familiares de las víctimas fatales y las víctimas sobrevivientes.

La edificación existente en los inmuebles expropiados deberá conservar elementos testimoniales de la masacre, que hacen a su valor histórico-cultural y configuran la memoria histórica que se debe preservar. Asimismo, se deberán garantizar acciones de conservación preventiva, curativa y de restauración dentro del predio, establece la ley.

Los inmuebles a expropiarse, la calle aledaña y el “santuario” armado afuera del local componen una unidad de sentido en relación al respeto y la conservación de la memoria colectiva, por lo que gozarán de protección por parte del Estado.

El valor de los bienes a expropiar será fijado conforme las disposiciones de la Ley 21.499, por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, pudiendo solicitarse la apoyatura y asesoramiento de otras entidades públicas y privadas.

Con la presencia en el palco de la nueva ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, el Senado sancionó en la sesión de este jueves, por 64 votos afirmativos y 1 en contra -de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro)- la ley de prórroga del Régimen de Regularización Dominial para barrios populares, que apunta a avanzar con la integración socio-urbana, al tiempo que establece una prohibición de desalojos por el plazo de 10 años.

El proyecto había sido enviado en septiembre pasado por el Poder Ejecutivo a Diputados, donde recibió algunas modificaciones y, tras una votación con amplísimo respaldo, fue girada a la Cámara alta.

Los argumentos de los senadores

Como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, abrió el debate el jujeño Guillermo Snopek (FdT), expresó que el proyecto involucra “un tema muy sensible para la argentina, para esta sociedad. Es el tema de la vivienda”, y resaltó que la Constitución habla “del acceso a la vivienda digna”, y el artículo 41 que habla del medio ambiente para el desarrollo de la persona humana “tienen esta jerarquía constitucional”.

Pero, preguntó: “¿Esto se pone en práctica?”, a lo que respondió: “Estamos lejos de esto. Lejísimos, diría. Esta expresión que, muchas veces está escondida en la Constitución, a la que muchas veces corremos a revisarla, pero otras la dejamos de lado”. “La situación habitacional de la Argentina es muy grave”, alertó Snopek y sumó: “Por eso abordamos este tema, no solo para reconocer el problema, sino para hacer concretamente algo”.

“En el año 2018 se sancionó esta Ley que hoy estamos modificando que tenía como primer objetivo registrar los bienes inmuebles donde se asientan los barrios populares y tenía un plazo de duración de 4 años”, detalló y siguió: “Esta ley vence a fines de octubre y ha cambiado poco esta realidad, se ha acentuado. Las dificultades habitacionales en el país están complicadas. Necesitamos la Ley para actualizar el registro de los barrios”.

También señaló que se busca la ampliación del plazo para “darle tranquilidad a los argentinos que penden de una orden de desalojo. Este plazo lo establece la Ley de Declaración de Utilidad Pública y, de esta manera, resguardamos el derecho o la incertidumbre a quienes se encuentran en esta situación”.

“Suspender los plazos es una demanda que hoy afectaría a 1 millón de familias, un número de 5 millones de personas que se encuentran en esta situación”, lamentó el jujeño y comparó con su provincia donde hay 140 barrios populares registrados”. A su vez, consideró que es un número alarmante que “este registro de 4.416 barrios populares a lo largo y ancho del país, hoy tenemos 5.787”, y opinó que es el momento de “actualizar y afrontar el tema de la vivienda”.

A su turno, la porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro) se quejó porque el proyecto no tuvo giro a la Comisión de Población y Desarrollo Humano. “Nadie puede dudar que la pobreza en la Argentina es un flagelo estructural que le duele a todos”, expresó y se refirió a las largas filas en las oficinas de ANSeS para cobrar el bono de 50 mil pesos: “Estás imágenes son las más duras de la Argentina que nos duele a todos. Es el país al que nos enfrentamos todos que con cada nuevo punto de inflación arroja a cientos de miles de ciudadanos bajo la línea de pobreza”.

“Este problema lleva décadas de situación y va a llevar décadas resolverlo. Hoy estamos tratando un proyecto que es una modificación especifica de un par de artículos de una Ley del 2018, pero que tuvo un origen anterior con un decreto del 2016 donde, con un esfuerzo inédito, entendimos que teníamos que poder dimensionar y comprender el hábitat informal que existía en el país”, relató Tagliaferri.

En ese sentido, la macrista contó que, por primera vez de esa forma, se pudo relevar hasta el 2017 un total de 4.416 de barrios populares, 4 millones de personas, a los que se los dejó de llamar villas y asentamientos. “A partir de eso se creó el ReNaBap, después se siguieron haciendo censos a pedido de muchos gobernadores y, esta ley, incorpora 1.100 barrios más llegando asó a 5 millones de personas”, destacó.

“Fue nuestro espacio el que impulsó, precisamente, esta ley porque un problema que durante toda la ‘década ganada’ no se había registrado”, resaltó Tagliaferri y apuntó contra el actual gobernador Axel Kicillof de quien retomó las palabras ‘no tengo la cantidad de pobres, es una medida estigmatizante’, tampoco se olvidó de los dichos de Aníbal Fernández quien supo decir ‘tenemos menos pobres que Alemania’.

Y precisó que “nunca nadie jamás había decidido armar un ReNaBap, articular con las organizaciones sociales, con los municipios, y decir que esas personas existen y seguir dejándolas bajo la alfombra escondidas”, y cerró ponderando que se le introdujeron modificaciones en consensos entre ambos bloques y que la ley permite una articulación entre el Estado, las provincias y los municipios.

La oficialista Sandra Mendoza (Tucumán) reconoció que la ley se creó en el 2018 e hizo hincapié en la necesidad de prorrogarla porque “hay muchas familias que están peligrando ser desalojadas de esos barrios”. Sin embargo, comparó: “En el actual gobierno ocurrió la esencia de ese programa que es otorgarle recursos directos para esos barrios, para que se puedan hacer las obras que tanta falta hace a los más humildes”.

Además, comentó que en su provincia se está llevando a cabo la ejecución del ReNaBap en un barrio donde viven 250 familias que son “beneficiarias directas de este programa, con pavimento, iluminación, cordón cuneta, pozos de agua. Son lo básico que necesita un ser humano para vivir”.

A su turno, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el radical Víctor Zimmerman (Chaco), ponderó: “Es un logro y un enorme desafío seguir trabajando en reparar las situaciones de miles de argentinos. Creo que este es un hecho muy auspicioso”, y detalló que “se trata de nada más y nada menos que 1 millón 168 mil familias empadronadas”.

En ese marco, opinó que “es inevitable plantearnos la necesidad de trabajar en formas más organizadas, más eficientes. Tanto hacia dentro como hacia afuera”. De esta manera, consideró que “hacia dentro del programa en términos de calidad de vida, facilitando más educación y trabajo, articulación pública y privada, más construcción de viviendas, en síntesis, mejores servicios públicos y más comunicación”.

Mientras que “hacia afuera, fortalecer la relación y articulación del Gobierno nacional con las provincias y principalmente con los municipios”, debido a que “es algo que nos preocupa”. “Este proyecto sin duda nos genera una esperanza y un camino para resolver la situación económica y social de muchas familias”, expresó.

Sin embargo, se mostró preocupado porque “desde el momento en que se dieron los antecedentes en el año 2012 hasta la firma de este decreto en 2021 han pasado 9 años”, lo que consideró como “mucho tiempo para la gente que necesita del Estado y una mirada especial para poder resolver tantos problemas desde el punto de vista económico y social”.

“Sin duda más allá de la preocupación que tenemos todos, yo creo que necesitamos más y mejor información para el abordaje de un tema tan complejo”, planteó el chaqueño. En suma, sostuvo que otro problema tiene que ver con el financiamiento, porque “si bien es cierto que es muy importante hacer el trabajo de diagnóstico, todos sabemos también que es necesario tener un fuerte financiamiento para ir pudiendo resolver estos problemas en todo el país”.

Por su parte, el salteño Sergio Leavy (FdT) manifestó que para su provincia “es muy importante el ReNaBap”, y recordó que, en el 2018, en su carácter de diputado nacional en ese entonces, le tocó votar la ley y, a partir de ese momento, pudo “ver las mejoras que hemos tenido en el acceso a derechos muchos habitantes de los barrios”.

“Tras 4 años que lleva la ley la Mesa de Coordinación Nacional de barrios populares y la Secretaría de Integración Socio urbano trajeron al Congreso la renovación de la Ley”, contó y resaltó que como punto importante está la declaración de utilidad pública y sujeto de expropiación de todas las tierras que están en los barrios populares.

A su vez, el salteño resaltó que el punto de Regulación Dominial “es el más importante porque a partir de que uno es dueño de la propiedad puede obtener otros beneficios. Cambia el eje de la ley este aspecto”. También ponderó la declaración de Emergencia Socio urbana sanitaria y ambiental por 2 años que se agrega, la incorporación de la perspectiva de género para el otorgamiento de la escritura: “Es un avance significativo”.

“Habitualmente en Argentina los barrios populares eran ignorados, no se los reconocía, eran olvidados. En muchos casos de los escondía”, comenzó su alocución el santafesino Dionisio Scarpín (UCR) y siguió: “Cuando el Estado tiene esta mirada sobre este grupo social, no se conocía cuántas familias vivían. Cuando el Estado no entra a estos barrios, empiezan a entrar otras organizaciones, algunas con buenas intenciones, pero cuando el Estado está ausente también entran otro tipo de organizaciones delictivas”.

Al respecto, el santafesino reflexionó: “Lo que el Estado debería hacer en primer lugar es reconocer el problema, estudiarlo, investigarlo y planificar las principales soluciones”, al tiempo que remarcó la importancia de la continuidad de la ley y comparó que en el gobierno anterior se “reconoció” el problema.

Además, destacó que la ley es “consensuada” y “federal” porque “no solo prevé la solución en los barrios populares de capital federal, en el AMBA, sino también en todas las localidades del interior del país”. Asimismo, retomó un dato que se dijo en Diputados: “El 5% de los habitantes de los barrios populares se conformó en el SXX y el 50% en el SXXI, lo que nos dice que tuvo un crecimiento exponencial y ese dato nos tiene que llamar la atención”.

Entre las causas, Scarpín enumeró las crisis permanentes y repetitivas del país a lo largo del tiempo donde “cada crisis sube el índice de la pobreza al 40%”, un país centralizado de la población que migran en busca de mejores condiciones de vida en Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires que “tiene que ver con la falta de planificación de un plan y la falta de políticas de Estado en la construcción de viviendas”.

Por el Chaco, hizo uso de la palabra el oficialista Antonio Rodas quien manifestó: “El peronismo, el kirchnerismo, trabajó siempre para y por la gente. No solamente por una eventual ley. Con sus gobiernos provinciales, municipales y nacionales. En Chaco no hubo abandono, hubo preocupación y hubo trabajo. Sustentado en una política de Estado que realmente es digno de destacar”.

Por último, resaltó: “Cuando yo escucho sobre la ausencia del Estado, quiero decir que está presente. Y está en los lugares donde tiene que estar, y siempre estuvo”, y consideró que “que bastante daño nos hemos hecho los políticos en esta cuestión de seguir adelante un esquema de grieta que no beneficia a nadie”.

“Nos proponen una ley para integrar esos barrios que se han desarrollado de hecho sin respetar ninguna regla, sin ningún control del Estado. Recorro mucho esos barrios y no me gustaría vivir ahí a mí”, criticó la cordobesa del Pro Carmen Álvarez Rivero y opinó: “Tenemos dos argentinas”, pero preguntó: “¿Queremos dos argentinas?”.

Y continuó su discurso: “Una de la economía formal y la otra informal. Una del trabajo formal y la otra del trabajo informal. Una del hábitat formal y la otra informal yo quiero que sea una la de la formalidad”.

“La Argentina esta fundida y aún así se despilfarra mal, se gestiona mal, con mucha centralización de recursos y sin transparencia y control. Desde hace 10 años que el empleo genuino no crece, desde hace 15 no hacen más que unas pocas viviendas. Sueño que la Argentina sea una sola, pero proponen seguir con dos argentinas”, remató la senadora del Pro sin adelantar su voto.

En su alocución, la monobloquista Alejandra Vigo (Córdoba Federal) expresó: “Un proyecto que me parece muy importante que hoy pueda transformarse en ley, más allá del Gobierno en el cual se llevó adelante esta importante ley que venía, no solamente a crear un organismo para registrar todos los asentamientos en la Argentina, si no que le venía a dar una chance para quienes viven en las zonas donde no hay un desarrollo urbano favorable, viene a plantear esto del Régimen de Regulación Dominial para la Integración socio-urbana”.

“Esto significa la posibilidad de que todos esos aglomerados tengan la chance de ser urbanizados, poder incluirse en la trama urbana de cada uno de los centros más grandes urbanos”, señaló.

Para Vigo: “Esta ley viene, no solo a ampliar el alcance de la Ley 27.453 que se sancionó en 2018, e incorpora la perspectiva de género, porque está planteando un criterio de prioridad en lo que hace a la titularidad de las viviendas, tiene además un artículo que es celebra con las provincias y municipios los acuerdos que tengan por objetivo transferir aquellos bienes e inmuebles y de titularidad del Estado nacional con el fin de ejecutar los proyectos de integración socio-urbana que se encuentran en trámite, así como los futuros, resultando la transferencia sin costo alguno”.

“Este artículo medular prevé que las transferencias serán sin costo. También plantea que el Estado nacional transfiera inmuebles de su titularidad en los que las provincias, los propios municipios de todo el territorio nacional hubieran ejecutado o estén por ejecutar”, enumeró la cordobesa.

Por último, Vigo destacó que con la ley “realmente se lleva adelante la efectiva integración socio-urbana. Como siempre decimos ‘la única verdad es la realidad’ y bienvenido sea que en el caso de mi provincia más de 100 obras de urbanización ya estén en marcha, que en la ciudad capital se siga transformando con obras de infraestructura, que ya hay 13 asentamientos inmensos”.

Otra de las oradoras fue la riojana María Clara Vega (Hay Futuro Argentina) quien criticó: “Cuando veo que de uno y otro lado defienden quién hizo el mejor proyecto, al menos deberíamos sonrojarnos por esta ley porque Argentina es 8va en extensión territorial en el mundo y hoy nos estamos peleando si le vamos a dar un trozo de tierra a un ciudadano, esa histórica pelea por la propiedad de la tierra”.

“Esta ley debe tratar de resarcir todos los errores cometidos desde hace mucho tiempo, además de estas políticas desacertadas de gobiernos centralistas que solamente fueron fortaleciendo a las grandes provincias junto con las grandes crisis, pero parece que recién en 2016 nos dimos cuenta de este problema. ¿Qué hicieron las grandes ciudades, los municipios, que estuvieron mirando para otro lado con los grandes recursos?”, criticó Vega y cerró: “Hay que hacernos un replanteo si queremos un país federal donde los recursos se distribuyan de forma equitativa”.

En el mismo sentido se pronunció el rionegrino Alberto Weretilneck (JSRN) que resaltó: “Estamos tratando un proyecto de raigambre federal para resolver un tema tan importante y trascendente como lo es el lugar dónde vivir”, y agregó: “Este proyecto intenta resolver fallas de áreas del Estado, ya sea provincial o municipal, que no se resolvieron antes”.

A su turno, el presidente del bloque Pro, el misionero Humberto Schiavoni, brindó detalles de los asentamientos en distintos países: “En Caracas se estima que el 60% son asentamientos irregulares, lo mismo pasa en las favelas de Brasil. En el conurbano son cifras similares y en la Ciudad de Buenos Aires se estima que son 300 mil personas entre asentamientos y casas tomas que son un 10% de la población”.

Como jefe de bloque UCR, el formoseño Luis Naidenoff, reflexionó: “Es muy bueno decir las cosas como son y por más que nos duelan, saber dónde estamos parados de que hay 5 millones de argentinos que tienen un déficit habitacional, que vienen en condiciones de vulnerabilidad extrema”, y lamentó que esto muestra “lo lejos que se está de alcanzar un piso mínimo de dignidad”.

 “El problema es más complejo que números o que decir que a partir del 2016 gracias a esta ley se empezó un relevamiento, porque esta no fue una iniciativa de la política, son los propios movimientos sociales los que plantearon la necesidad de interactuar con el Ejecutivo y los gobiernos”, manifestó y consideró que es un problema que arrancó con “mirar a los costados”.

Naidenoff reflexionó: “Si hoy contamos con 5.687 barrios populares este relevamiento nos deja un enorme mensaje. Primero que estamos en falta porque la iniciativa surgió de los afectados. En segundo lugar, que estamos en falta porque si el desafío de esta ley es construir una política de Estado que está ausente en la Argentina en la medida en que la grandeza se imponga a la mezquindad, en la medida en que los Gobiernos pasan la miseria se profundiza, podemos tener un escenario de oportunidad que tiene que ver con una realidad que en el día a día nos afecta, el problema es que esa realidad se naturaliza”.

“No hay que confundirse que los problemas en las provincias son los números de la coparticipación. Si uno mira los números en los últimos años se puede ver que en las provincias han pasado por procesos de superávit”, contradijo Naidenoff a sus predecesores y remarcó: “Hay responsabilidades locales propias y no podemos por eso culpar a Alberto, a Cristina o a Macri”.

Y cerró: “No alcanza con una política de Estado si decimos que el objetivo es la meta fiscal. El desarrollo trunco de la Argentina tiene que ver con la mala implementación de muchas provincias en la ejecución de sus presupuestos. Hay que definir un proyecto de país que tenga como objetivo terminar con esta vulnerabilidad y estado de decadencia y vergüenza”.

La vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, coincidió en algunos aspectos con el senador preopinante, puntualmente en “ponernos de acuerdo en buscar un proyecto de país que sea federal”, pero indicó que hay dos problemas para resolver previamente.

En primer lugar, explicó que hay partidos que “no tienen posicionamientos claros” respecto a cuestiones que “son centrales” para el desarrollo del país como por ejemplo la hidrovía. “Lo primero que hay que hacer en sincerar los discursos y decir abiertamente qué pensamos que se debe hacer con los grandes temas del país”, sostuvo.

Otro tema que mencionó la oficialista es sobre “la infraestructura y el costo logístico de las exportaciones de las economías de nuestras provincias respecto al puerto”, y destacó que en ese eje el sistema ferroviario de la argentina es el que todas las economías “necesitan discutir”.

Por otro lado, y puntualizando en el proyecto, coincidió con Naidenoff, en que “surgió de las organizaciones de los barrios, que fue una ley muy consensuada, luchada”, pero también “que la política escuchó ese reclamo. Es un proceso genuino”.

Qué establece la nueva ley

La flamante norma, que es una continuidad de la 27.453 aprobada en 2018 por unanimidad en ambas cámaras, contempla la declaración de utilidad pública y expropiación de más barrios populares, que se incluyeron al ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana) después de sancionada esa ley. Así, se pasa de los 4.400 barrios registrados en 2018 a 5.687 en la actualidad.

Además, establece la prórroga de la suspensión de los desalojos como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda por el plazo que dura la declaración de utilidad pública de 10 años.

Asimismo, se extiende la declaración de la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares identificados en el ReNaBaP por el plazo de 2 años.

Otro de los puntos establece que los habitantes de estos barrios “tienen derecho a acceder a los servicios públicos con calidad, continuidad y cantidad suficientes, sin discriminación”. “Todos los niveles de gobierno y organismos intervinientes deberán implementar las medidas adecuadas para asegurar su inclusión y la asequibilidad para, gradualmente, constituirse en usuarios formales de los servicios públicos, debiendo adaptar las normativas para facilitar la realización de tal derecho”, agrega el articulado.

También prevé que la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial deberán ser “progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad”.

Se modifica la integración del fideicomiso, de modo que también se pueda conformar con “bienes inmuebles que le transfiera en forma directa el Estado Nacional” y “bienes inmuebles que obtenga directamente el fideicomiso, sean los que integran el RENABAP u otros necesarios para cumplir con los objetivos de la ley”.

Y se incorpora a la ley el artículo 18 bis, el cual indica que el 75% de los fondos del fideicomiso, como mínimo, tendrán que destinarse al proceso de urbanización; el desarrollo de infraestructuras necesarias para establecer condiciones en el hábitat y las viviendas; y otros destinos relacionados al acceso a la urbanización, integración socio urbana, la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano y/o regularización dominial.

Con los palcos colmados de artistas y ante la atenta mirada del ministro de Cultura de la Nación, el Senado convirtió en ley este este jueves el proyecto que establece una prórroga por 50 años de las asignaciones específicas de distintos tributos destinadas al financiamiento de las industrias culturales, con 57 votos a favor, 2 en contra y 9 abstenciones.

La iniciativa, que requería de mayoría absoluta, fue avalada por el Frente de Todos y los cuatros senadores con monobloque: Alberto Weretilneck (JSRN), Magdalena Solari Quintana (Misiones), Clara Vega (Hay Futuro Argentina) y Alejandra Vigo (Córdoba Federal).

En tanto, los senadores del interbloque Juntos por el Cambio tuvieron una votación dividida, ya el bloque Pro se abstuvo, pero dos de ellos votaron negativamente que fueron Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero. En tanto la UCR votó afirmativamente.

La flamante norma extiende la vigencia de las asignaciones específicas previstas en tres incisos del artículo 4 de la Ley 27.432 -reforma tributaria de 2017- hasta el año 2072. Si la ley no se aprobaba antes del 31 de diciembre, ese financiamiento se iba a caer.

Se trata del gravamen de emergencia a los premios de determinados juegos de sorteo y concursos deportivos; el impuesto a las entradas de cine e impuesto sobre los videogramas grabados; y el impuesto a los servicios de comunicación audiovisual, previsto en la Ley de Medios.

A través de estos tributos se destinan fondos en beneficio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional del Teatro, las Bibliotecas Populares, las producciones del Sistema Nacional de Medios Públicos, el ENACOM, el Fondo FOMECA, y la Defensoría del Público.

La palabra de los senadores

Como miembro informante, el riojano oficialista y titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ricardo Guerra, explicó que el proyecto de prórroga de asignaciones específicas a aplicarse sobre diversos impuestos que financian actividades culturales y, también, la prórroga al impuesto a los premios “que nutre a una de ellas”.

A su vez, remarcó que en las reuniones plenarias de las Comisiones de Educación y Cultura y Presupuesto y Hacienda “se han dictaminado en mayoría y en minoría expedientes que fueron presentados sobre el tema”, pero aclaró que “al no darse la posibilidad de tratar temas tributarios el Senado, por no tener facultades constitucionales, y al ser una de las asignaciones específicas que se prorrogaban que se nutre de uno de estos impuestos, había que esperar que haga lo propio con el impuesto pertinente que es el de los premios, la Cámara de Diputados”.

En ese sentido, siguió: “Caso contrario, la prórroga de estas asignaciones iba a provocar que una de ellas, bibliotecas populares justamente, tuviese una vida corta porque el impuesto que la nutre vence el 31 de diciembre del 2025”.

En ese contexto, destacó que el proyecto que viene de Diputados “contempla ambas situaciones” porque “prorroga las asignaciones específicas y el impuesto a los premios que nutre la asignación que financia bibliotecas públicas. Por eso tratamos el proyecto de Diputados y dejamos de lado los dictámenes que habíamos considerado oportunamente”.

Respecto al artículo 4 de la Ley 27.432 sancionada en diciembre de 2017, informó que “le daba vigencia hasta el 31 de diciembre del corriente año una serie de asignaciones específicas”. En esa línea, precisó: “Por el inciso ‘b’ de ese artículo se refería a las asignaciones que se aplicaban sobre el impuesto a los premios”.

“Por la ley de Bibliotecas populares se incrementa la alícuota que rige sobre ese impuesto se lo lleva de 25 a 30% con el objetivo que esa diferencia, del 5%, se destine a financiar justamente bibliotecas públicas”, resaltó Guerra y agregó: “La Ley Nacional del Teatro incrementa nuevamente la alícuota llevándola del 30 al 31% con el objetivo de que esa diferencia financie el Instituto Nacional del Teatro”.

Sobre la Ley de Premios, explicó que “fue sancionada en enero de 1974. Ha tenido numerosas y sucesivas prórrogas. La última es de noviembre del 2015 que fue prorrogada por 10 años por eso vence en 2025. Esto significa que, de prorrogarse las asignaciones específicas, sin hacerlo este impuesto que lo nutre, su vida es corta porque el impuesto fenece. Este proyecto soluciona este problema al prorrogar ambos conceptos”.

Retomando el tema de las Bibliotecas Populares sostuvo que “forman parte de la historia de la Nación. Han surgido y siguen haciéndolo por la impronta, la organización de las sociedades, donde se emplazan bajo ciertas asociaciones, las conducen con mucha pasión y sentido de pertenencia y dedicación para fomentar actividades culturales, la lectura en un sentido amplio”.

“Los orígenes de estas instituciones responden a los cubes de lectura que allá por 1721 supo crear u organizar Benjamín Franklin en Filadelfia que es de donde Sarmiento toma esa iniciativa y es así que en septiembre de 1870 sanciona la Ley 419 de creación de la Comisión Nacional de Bibliotecas públicas con el objetivo de que estas organizaciones difundan por el país fomentando las actividades culturales y la lectura”, contó Guerra.

Para terminar, precisó que en el país existen 1.017 bibliotecas conducidas por los miembros de las comunidades donde están insertas y “tiene un gran sentido de pertenencia. Cumplen un rol muy importante y a los alumnos de las escuelas y a las personas de la sociedad que quieran estudiar. Son muy útiles y sirven mucho para brindar herramientas”. Asimismo, comparó que el impuesto que las nutre “no se da con respecto a las otras asignaciones que el proyecto prorroga que es la referida a la industria del cine y las publicidades, porque los impuestos de los cuales se nutren no tienen vencimiento”.

Compartió tiempo con su par de bancada, la titular de la Comisión de Educación y Cultura, la sanjuanina Cristina López Valverde, quien en primer lugar agradeció la presencia del ministro de Cultura en el recinto, Tristán Bauer, y también destacó el acompañamiento de referentes de las distintas instituciones culturales.

“Hoy que se habló de la democracia, también la democracia, dado que la cultura es una dimensión vital, tenemos que trabajar en aras de la democratización de la cultura, y de una cultura democrática”, sostuvo y agregó: “Se ha echado un velo de sospecha, un ambiente de oscurantismo con respecto al manejo de las asignaciones específicas para la cultura. Quiero decir que la transferencia de estas asignaciones es directa y automática, al INCAA, al INAMU, al INT, al CONABIP, y a las radios comunitarias”.

A su vez, comparó que “varios países vecinos, y ni que hablar de los países desarrollados siempre han apostado a la cultura, porque es como apostar a la esencia, al alma”, por lo que remarcó que “en Argentina, Chile, Colombia y México cuentan con información sobre cómo se distribuye el dinero para programas culturales. Y destacar de forma sustantiva que argentina y Chile publican de forma periódica esta distribución”.

“Nos puede gustar más o menos cómo se distribuye, pero la información es pública. Así que no ahondemos en este velo de opacidad y oscurantismo”, pidió la López Valverde y señaló: “El federalismo siempre pide más federalismo, es como la democracia, siempre pide más democracia”.

Al cierre de su alocución, informó que en su provincia “hemos podido comprobar el efecto multiplicador de esta actividad en la provincia, que es de aproximadamente el 70%. Es decir que por cada millón de pesos que se aporta a la actividad cultural, implica esto alrededor de 700 mil puestos de trabajo. Es decir que esto nos está indicando que la cultura no es una cuestión de elites, la cultura genera trabajo”.

De la vereda de enfrente, la mendocina Mariana Juri (UCR) destacó la “importancia de que nuestros hacedores culturales de cada rincón de la argentina tengan los recursos suficientes para poder llevar alivio a tantos ciudadanos”.

Juri calificó a la cultura como “un gran generador y un gran motor de desarrollo en los pueblos”, que “sirven para llevar alivio entre tanta angustia”. También resaltó la importancia de las Bibliotecas Populares y aclaró: “Sin duda somos defensores de la cultura, es una tradición del Estado argentino proceder así, porque hace a la construcción de ciudadanía y libertad”.

“Pero también me consta la preocupación de muchos senadores sobre la inconveniencia de entregar estos fondos durante 50 años y de también tratar de encontrar la manera de poder distribuirlos de una manera más equitativa y federal”, advirtió la radical y sumó: “Somos conscientes de no aprobar esta ley hoy puede traer el tremendo problema de que frente al vencimiento del plazo que operara a fin de año podamos quedarnos sin estos recursos, por eso hemos acordado aprobar este proyecto y mejorar y unificar muchos proyectos que van en el sentido de acortar los plazos, de encontrar una forma más equitativa y federal de poder distribuir los recursos”.

En el mismo sentido se expresó el senador radical Martín Lousteau quien remarcó que “son tres impuestos que tienen que ver con los premios a los juegos de azahar, las entradas de cine y los servicios de comunicación audiovisual”.

Por otro lado, el porteño definición a la cultura como “nuestra identidad y manifestaciones artísticas”, que se encarga de “grabar la memoria de quiénes somos. Nos forma, nos transforma. Es una expresión vital de lo que fuimos, somos y seremos”, por lo que resaltó: “Por ese motivo nadie es dueño de la cultura. La cultura somos todos y hay algunos que son artistas que representan esta variedad. Esta es la importancia del tema”.

“La cultura tiene una importancia económica creciente. Es 2.38 del PBI, es el 1,8% del total del empleo en Argentina. Lo servicios audiovisuales son el 0,4% del PBI, si uno lo expande son entre 5 y 6 veces de eso y emplean a casi 100 mil personas”, brindó con detalles Lousteau y resaltó que la Ciudad de Buenos Aires es la única en el mundo que “tiene más librerías por habitantes. Es el top 3 de las que tiene más teatros, tiene festivales, la Noche de los Museos, tiene muchos programas distintos que muestran el atractivo a todos. Esto permite la visibilización de la Argentina”.

Sin embrago, observó la prórroga de 50 años: “Me hizo ruido. ¿Por qué un sector va a tener un privilegio que ningún otro tiene?”, pero aclaró que desde el interbloque entienden “la sensibilidad del sector que fue atacado sistemáticamente en la Argentina”. En ese sentido, comentó que “el 99% de las producciones no se podría realizar sin el subsidio. Si no tuviéramos financiamiento ni certidumbre, no existiría el sector”.

En último lugar, Lousteau consideró que “con la prórroga no es suficiente para apuntalar la cultura porque necesitamos criterios mucho más previsibles, un mejor marco general adecuado a los tiempos que se viven, pensar otros incentivos fiscales, que el Estado se administre de otra manera porque el INCAA tiene 809 empleados comparándolo con el ICA (el más importante de Europa) tiene 178. Una nueva Ley de Cine porque ya pasaron décadas y las formas de consumo se modernizaron. Una nueva Ley de Contenidos Audiovisuales con criterios objetivos”.

Por la provincia de Tierra del Fuego, la oficialista María Eugenia Duré contradijo al senador preopinante al brindar datos sobre la actividad cultural y audiovisual porque “se daban recién datos negativos, yo siempre voy a ir por la positiva como somos los peronistas”, y procedió a detallar: “La industria audiovisual genera más de 700 mil puestos de trabajo directo e indirectos en todo nuestro país. 900 mil millones aporta a la economía nacional. Y por cada peso invertido en esta industria vuelven al Estado cinco pesos. Por lo cual estamos hablando de una industria que tiene un objetivo más allá de esta prórroga que también es aportar al Estado”.

A su turno, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro) manifestó: “Hoy nos están pidiendo que resignemos por 50 años asignaciones específicas para la cultura. Quiero decirle a toda nuestra gente sí a la cultura, no a las asignaciones arbitrarias. No a las asignaciones específicas que atropellan el federalismo fiscal”.

“En este dramático contexto socioeconómico que vivimos y que este Gobierno ha creado, y cuyas medidas no hacen más que profundizarlas, nos volvemos a preguntar, ¿nos quieren cada día más pobres? Parece que sí porque hoy pretenden puentear por 50 años el destino de recursos que se generan en las provincias”, cuestionó la senadora del Pro, al tiempo que consideró que el proyecto “debilita el rol de este Senado, que debe velar tanto por cómo se asignan los fondos como por cómo se controlan los fondos, y estos fondos no tienen ningún control”.

A su vez, la cordobesa indicó que “estos recursos salen de nuestros bolsillos provinciales, y van a parar a cajas nacionales y no pasan por el control de este Congreso ni por la Auditoría General de la Nación”, y denunció: “Las asignaciones especificas serán nuevamente un zarpazo del Ejecutivo nacional sobre los fondos participables, y yo como represente de Córdoba no puedo ceder un centavo más. Cuando estas asignaciones específicas, que son partidas presupuestarias prefijadas se las quiere prorrogar por 50 años se las convierte en arbitrarias, rígidas, impuestas, que vulneran la coparticipación y por lo tanto el federalismo fiscal”.

El puntano oficialista Adolfo Rodríguez Saá remarcó que el proyecto plantea “la defensa de la cultura y de las industrias culturales. La asignación de partidas para que puedan funcionar exitosamente y contribuyan a mejorar la cultura nacional. Son generadoras de fuentes de trabajo, de calidad de vida. Es unánime la decisión de apoyar la cultura que tiene que tener recursos”.

El oficialista, describió que en la Ley 20.630 el 16% va a las Bibliotecas Populares, el 3% al Instituto Nacional del Teatro, la Ley 17.741 el 10% va al Fondo de Fomento Cinematográfico, la Ley 27.522 impuesto a los Servicios de Comunicación Audiovisual el 25% al Instituto del Cine, el 10% al Instituto del Teatro, el 20% a Radio y TV, el 28% al ENACOM, el 5% a la Defensoría del Público, el 10% a proyectos especiales, el 2% al Instituto Nacional de la Música. “El 100% de este impuesto es una asignación específica”, resaltó y agregó que “todos los impuestos son coparticipables, no es una donación de la Nación, es lo que establece la Constitución. El procedimiento viola el principio constitucional, no es que estamos en contra de darle fondos a la cultura, pero no le podemos dar fondo el Senado de la Nación con fondos que les corresponden a las provincias, la mitad de ese fondo lo ponen las provincias. No lo podemos hacer por 50 años, está mal, es un atropello”.

“Hay que hacer una reforma y garantizar un tiempo sensato y que le garanticemos a la cultura que tenga una correcta administración. Sobre el federalismo de la distribución de los fondos solo dicen que es federal. El federalismo hay que respétalo y las asignaciones específicas tiene que ser por tiempo determinado y excepcional. La cultura tiene que tener fondos necesarios y suficientes”, cerró Rodríguez Saá quien adelantó su voto positivo, pero remarcó la necesidad de modificar la Ley porque “es un error” y “garantizar la distribución adecuada con un sentido federal”.

El presidente del bloque Pro en la Cámara alta, Humberto Schiavoni, también se mostró a favor de “promover las expresiones culturales en nuestro país, eso está fuera de toda duda”, pero aclaró que “estamos insertando un proyecto que atiende algunas cuestiones que me gustaría puntualizar”.

En esa línea, explicó: “El primero es el plazo. Esta clara que la delegación del artículo 75, inciso 3 establece un plazo determinado de carácter excepcional y un plazo de 50 años desvirtúa el espíritu de esta delegación. Pierde la excepcionalidad y ese plazo tan largo tampoco significa un plazo limitado o acotado. Cualquier interpretación estaría en contra del texto constitucional cuando estamos hablando de este plazo”.

“Además, hay una cuestión que hace al federalismo, y que no es menor. Estos son impuestos coparticipables. Las provincias no es que no reciban estos fondos, pero los reciben de manera discrecionalidad, que es el principal enemigo del federalismo fiscal. La discrecionalidad del poder central”, subrayó Schiavoni.

En suma, se basó en la Constitución Nacional para indicar que allí “también establece es propender a la automaticidad de aquellos fondos que son coparticipables, porque de otra manera quedamos a expensas del ‘toma y saca’ de la política, y sujetos a favoritismos políticos, que no tiene nada que ver con el carácter automático que les da el respeto y dignidad a las autonomías provinciales”.

“Esta política desvirtúa el florecimiento de las expresiones culturales, y que si estos fondos, si el 50% de estos fondos como corresponde, deberían seguramente servir para promocionar a los artistas locales”, lamentó el misionero. Por otro parte, explicó que “el otro tema tiene que ver con los gastos en personal y burocracia. Tenemos que acotar al 10% de estos recursos en personal o en temas que no tengan que ver con los programas culturales”.

En síntesis, adelantó el voto negativo de su bloque porque “sostenemos que tiene que haber una revisión integral y vamos a colaborar con la iniciativa que se ha propuesto de trabajar un proyecto conjunto que atenga al plazo, a la administración de los recursos, y también acotar los gastos burocráticos y de personal para que podamos destinar la mayor cantidad de recursos a los programas culturales específicos”.

Su coterránea y aliada del oficialismo, Magdalena Solari Quintana (Frente Renovador de la Concordia) contó que “las expresiones artísticas en nuestra provincia tienen que ver con políticas públicas y todo el apoyo que pone el Gobierno con sus recursos para ejecutar este tipo de políticas”.

“Entonces cuando yo pienso en la renovación y los 50 años, entiendo perfectamente las cuestiones técnicas y nosotros estamos acá para subsanar eso, o hacer dentro de la manda constitucional todo lo que podamos, pero los fondos no deberían ni siquiera discutirse. Ni ser por 50 años, deberían ser vitalicios, renovables”, opinó la misionera y resaltó que “tiene que ser ley, porque acá estamos representados todos. Estos fondos también lo que hacen es garantizar la diversidad, aquellos que consumen muchos y aquellos que consumen pocos está garantizado con que tengan fondos para poder llevarse adelante”.

La última en cerrar este primer debate fue la vicejefa del bloque FdT, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien se sumó a las palabras vertidas por sus compañeros que previamente explicaron los aspectos centrales del proyecto y recordó que en el 2017 mediante la Ley 27.432 se puso un “coto de tiempo de 5 años” a las asignaciones específicas por lo que “tenemos la urgencia de que todas las provincias de poder darle tratamiento a la ley”.

Según la oficialista, el proyecto es “transversal”, y se manifestó: “Podemos tener diferencias respecto a la cantidad de años, pero eso es parte de la democracia y este Senado tiene consenso unánime y una necesidad de federalizar estos recursos”. En ese sentido y, al igual que el senador Guerra, comentó que había proyectos de todos los bloques sobre el tema por lo que consideró que “todos coincidimos en que haya un financiamiento extendido en el tiempo con aportes específicos de la cultura y que tiene que ser una política de Estado”.

“Hay que seguir trabajando el consenso de que la cultura tiene que tener un incentivo estatal, pero tenemos que considerar que el acceso a la cultura tiene que ser un derecho para los argentinos”, reflexionó Fernández Sagasti y coincidió con sus pares de que la cultura es una industria y que “genera el 2,5% del PBI del país, 635 mil puestos de trabajo al año lo que es el 3.1% del empleo de Argentina”. A su vez, reclamó la “distribución territorial de los fondos que aportan todos los ciudadanos del país y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

En coincidencia con el aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner, ocurrido hace exactamente 12 años, el inicio de la sesión del Senado de este 27 de octubre estuvo dedicado a homenajear a quien fuera presidente de los argentinos entre el 25 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2007. Se ocuparon de recordarlo su comprovinciana Ana María Ianni, su amigo Oscar Parrilli y el senador camporista Matías Rodríguez.

La santacruceña Ianni arrancó expresando que no podría evitar ser autorreferencial al recordar a Néstor Kirchner. Habló inicialmente de su gestión en la provincia, “construyendo hospitales, haciendo escuelas, edificando viviendas, brindando infraestructura”, en una provincia que recordó es la segunda en tamaño, después de Buenos Aires, pero tan despoblada.

Habló de la “visión estratégica” de Kirchner, para lo cual “todos nuestros recursos naturales puedan ser volcados al desarrollo energético, tan necesario no solo en el país, sino en el mundo”.

“Así fui conociendo a Néstor, a través de estas obras”, señaló la senadora Ianni, que recordó luego que también lo conocería más tarde personalmente, siendo ella guía de turismo. En El Calafate, camino al glaciar, lo vieron desde el micro donde ella iba a quien definió como “ese flaco esbelto”. El ya gobernador respondió los saludos que le hacían desde el ómnibus y les pidió parar, para subirse al mismo. “Les da la bienvenida a su provincia y les desea que tengan una buena estadía. Así conocí a Néstor”, contó la senadora.

Luego ella destacó que “el Pingüino llegó a la Casa Rosada como presidente”, y luego insistió en que quería quedarse “con esa calidad humana que tuvo, siempre sin desconocer a los compañeros, siempre convocando, abrazando… Nunca escuché a alguien que me hablara de un Néstor irrespetuoso”. Valoró “su militancia constante y su pasión por la acción política, que es lo que hoy nos inspira y nos debe interpelar para generar ese sentido de unidad para el que permanentemente nos convocaba”.

Ana María Ianni habló de las “modificaciones estructurales que el país necesitaba para salir de ese infierno” que él había descripto al llegar a la presidencia, y “sin dejar sus convicciones de lado, como siempre dijo, alentó a la participación política y entusiasmó a miles de jóvenes”.

“La historia nos da la oportunidad de poner en valor a nuestros líderes. Cuando el tiempo pasa -el tiempo es ordenador-, nos damos cuenta de este gran valor que es y seguirá siendo Néstor Kirchner”, enfatizó la senadora santacruceña, que concluyó remarcando: “Néstor no se murió, vive en el pueblo, vive en nosotros, y su inmortalidad se hace presente, ahora y siempre”.

A continuación, un emocionado Oscar Parrilli admitió que “nunca hubiera deseado tener que hacer este homenaje. Me viene a la memoria un cartel que vi el 28, o 29 de octubre (de 2010), cuando llevábamos a Néstor a descansar a su provincia, que decía: ‘Néstor, te quedó chico el cuerpo’. Evidentemente fue así… Tenía un alma, una convicción, una voluntad y un espíritu que superó la voluntad de vida que tenía su cuerpo”.

Luego el senador neuquino recordó haber conocido a Kirchner en 1987, a través de quien hoy es secretario Parlamentario del Senado, Marcelo Fuentes. Aclaró que no había cursado con ellos en la universidad, pues él no había ido a la de La Plata, sino en Buenos Aires. Lo conoció entonces siendo él diputado provincial y le aconsejaron ir a conocer a quien todos llamaban “Lupín”. “El tenía su agrupación, y dos obsesiones: ser intendente y ser gobernador. No me habló de ser presidente –evocó-. Venía de perder internas, era casi un paria en el peronismo santacruceño, pero tenía esa convicción. A partir de allí surgió esta convicción que mantuvo hasta el día de su partida”.

Al borde de las lágrimas, Parrilli admitió que “es muy difícil tener amigos en la política, pero Néstor fue para mí un amigo, además de  un compañero, porque me ayudó  cuando me iba mal. Era así con sus compañeros militantes. Me acompañó en las internas que tenía con el menemismo”.

En otro pasaje, Parrilli recordó la pelea con el campo y el acto en Ferro con el que iniciaron 2010, con vistas a las elecciones de 2011. Contó que había hablado luego con Kirchner por teléfono y lo encontró “muy entusiasmado”, convencido de que ese día habían quebrado “la tendencia”. “Empezamos a crecer, dimos vuelta la taba: lo vi en la cara de los jóvenes”, contó que le dijo.

Aseguró que Néstor Kirchner “tenía la fuerte convicción de que íbamos a iniciar la reconstrucción de nuestro espacio y la relación con la comunidad para poder afrontar las elecciones de 2011”.

Luego vinieron los festejos del Bicentenario y finalmente el desenlace que ocurrió el 27 de octubre. “A partir de ahí nos vino una desazón muy grande, pero bueno, aquí estamos”, se resignó.

Recordó anécdotas personales y concluyó diciendo: “No queremos rendirle homenaje a Néstor; queremos traerlo de vuelta entre nosotros”.

Pero su última frase estuvo dedicada a la viuda de su amigo: “El lunes siguiente a su fallecimiento, era presidenta Cristina Kirchner, y el lunes siguiente ella estaba en la Casa Rosada, trabajando, dando audiencias y poniéndose al país y al pueblo argentino al hombro”.

Por último, el senador camporista Matías Rodríguez recordó aquella bandera de la que había hablado Parrilli, la que decía que el cuerpo le había quedado chico a Néstor Kirchner. “Esa bandera a la que hiciste referencia la colgamos nosotros: La Cámpora”, contó, recordando que habían ido desde Ushuaia, él teniendo 26 años, junto al actual intendente de la capital fueguina, Walter Vuoto. Fuimos a Buenos Aires y nos encontramos con miles de compañeros de todo el país en esa plaza. Esa bandera la colgó un grupo de Río Gallegos y nosotros ayudamos a colgarla”.

“Soy de esa generación de muchos jóvenes que se nos iban del país”, señaló Rodríguez, que contó que “Laura, mi compañera, estaba embarazada de mi primer hijo cuando decidimos quedarnos un poco más, decidimos creer en Néstor Kirchner, porque ‘este tipo nos puede sacar adelante’”.

Tras destacar los valores de su líder, remarcó: “Cuando Videla dice ‘los Kirchner son lo peor que nos pasó’… qué hermosa definición”, y la parangonó con “aquellos que brindaron como lo  hicieron con la muerte de Eva o Kirchner, o los que lamentaron que la bala no hubiese salido con Cristina. También nos define, o los define a ellos”.

“Significa un cambio de vida, de paradigma”, señaló sobre el final, remarcando que la mayor aspiración de Néstor Kirchner era “que el día que deje la Casa Rosada, el pueblo le pueda decir ‘gracias Néstor’. Así que sé que el pueblo argentino lo ha dicho una y mil veces y hoy en esta casa del pueblo lo voy a volver a repetir: gracias Néstor”.