La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad (59 votos positivos) un proyecto de ley referido a la atención de los usuarios de tarjetas de crédito, impulsado por la senadora neuquina Lucila Crexell (MN-JxC).

A través de la iniciativa, que pasó a Diputados, se busca sustituir el artículo 51 de la Ley 25.065 -de Tarjetas de Crédito- respecto de ampliar el horario de atención al cliente e incluir la asistencia de una persona humana.

De esta manera, se propone que “a los fines de garantizar la atención permanente al cliente en casos de urgencias, además de las operaciones y minimizar los riesgos por operaciones con tarjetas sustraídas o pérdidas, el emisor debe contar con un sistema de recepción telefónica de urgencias y denuncias que opere las 24 horas del día, en el cual el cliente pueda solicitar en todo momento ser asistido por una persona humana, debiendo identificar y registrar cada una de ellas con hora y número correlativo, el que deberá ser comunicado en el acto al denunciante”.

Asimismo, el texto establece que “el sistema deberá permitir receptar la denuncia o urgencia, mediante la mención del DNI junto con otros datos que permitan la validación que la identidad del denunciante corresponde al legítimo usuario de la tarjeta a denunciar, no pudiéndose exigir el número de la tarjeta objeto de la denuncia”. “La atención telefónica debe efectuarse en un tiempo razonable”, agrega.

En la sesión de este jueves, la Cámara de Senadores aprobó por 59 votos positivos y ninguno en contra un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que prorroga el plazo para la ejecución del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, creado por la Ley 26.216, hasta el 31 de diciembre de 2023.

Además, la iniciativa modifica el artículo 4 de dicha ley, sobre las finalidades del programa, que son: la disminución del uso y proliferación de armas de fuego en la sociedad civil; la reducción de accidentes, hechos de violencia y delitos ocasionados por el acceso y uso de armas de fuego; y la sensibilización y concientización de la sociedad civil acerca de los riesgos que representa la presencia de un arma de fuego.

También, la promoción de una cultura de la no violencia y de la resolución pacífica de los conflictos; el control y reducción de la conflictividad con el uso de armas de fuego; y la incidencia y reducción del circulante de armas de fuego en mercados ilegales.

Antes que el reloj marque las 12, cambiando el orden del temario y achicando la lista de oradores, el Senado sancionó por unanimidad (60 votos positivos) el Alivio Fiscal para trabajadores monotributistas y autónomos en la noche de este jueves.

El proyecto había salido de Diputados, donde fue impulsado por el presidente de ese cuerpo, Sergio Massa, en acompañamiento de legisladores del oficialismo y la oposición, el pasado 15 de junio, también por unanimidad.

La flamante norma, que rápidamente será promulgada por el Poder Ejecutivo, ya que se votó al filo de la fecha para que, a partir del 1ro. de julio, rija la nueva actualización, establece que los montos máximos de facturación para las categorías A, B, C y D se actualizarán en un 60% y el resto -de la E a la K- en 29,12%, en función del coeficiente acumulado a junio de este año, y que combina los dos aumentos que hubo en las jubilaciones en el primer semestre.

De esta manera, los montos máximos para cada categoría serán: $748.382,07, para la A; $1.112.459,83, para la B; $1.557.443,75, para la C; $1.934.273,04, para la D; $2.277.684,56, para la E; $2.847.105,70, para la F; $3.416.526,83, para la G; $4.229.985,60, para la H; $4.734.330,03, para la I; $5.425.770,00, para la J; y $6.019.594,89, para la K.

Además, las categorías A y B estarán exentas del componente impositivo, que representa $288 y $555, respectivamente. Este beneficio aplicará a los monotributistas “puros”, es decir, a aquellos que no tiene otros ingresos, ya sea por jubilaciones, relación de dependencia, rentas financieras o alquiler de inmuebles, por ejemplo.

Con esta exención -que no afecta fondos de obras sociales ni seguridad social- se verán beneficiados unos 2,1 millones de monotributistas, el 47% del total.

La medida busca que los contribuyentes no tengan que saltar hacia una escala mayor, y se estima que serán beneficiados unos 4.498.419 monotributistas de todo el país, lo que representa el 39% en el AMBA y el 61% en el resto de las provincias.

Respecto a los autónomos que están alcanzados por el impuesto a las Ganancias, se estableció una suba de las deducciones a fin de que el mínimo no imponible quede más equitativo o cercano al que aplica a los empleados en relación de dependencia, beneficiados en la última actualización del “piso” de este tributo.

El incremento en la deducción especial, que impactará en 140 mil autónomos, pasó a 2,5 veces la ganancia no imponible, mientras que para los nuevos profesionales se determinó en 3.

Dado el apuro para aprobar el proyecto, la lista de oradores, que ya tenía solo cinco anotados, pasó a dos. El primero fue el presidente de la Comisión de Prepuesto y Hacienda, Ricardo Guerra, quien remarcó que “dado las circunstancias que atraviesa la economía en relación la inflación imperante, es necesario establecer un nuevo alivio fiscal”.

“En ese sentido nuestro Gobierno atiende esa situación y propone una actualización de los valores que beneficia a 4.5 millones de pequeños contribuyentes y a 140 mil autónomos”, señaló el miembro informante del oficialismo, que explicó que “la metodología establecida es la actualización de los niveles de facturación anual para que las escalas que categorizan a los pequeños contribuyentes sean de un nivel superior y, en el caso de autónomos, actualizar los mínimos no imponibles para que, en ambos casos, el impuesto resultante sea del mismo nivel que venían abonando”.

Sobre los porcentajes de actualización, el riojano aclaró que “en el caso de las escalas de pequeños contribuyentes, las categorías A, B y C se actualizan un 60%; la categoría D, un 45%; y de la E a la K un 29,12%”.

“Con relación a los autónomos, se actualizan los importes de las deducciones especiales con el mismo sentido de que el impuesto resultante, cuando practiquen la liquidación del impuesto a las Ganancias del presente ejercicio fiscal, no sea de un nivel en exceso y todo en función de que dichos montos no estén actualizados”, amplió en su explicación.

“El impacto fiscal del proyecto, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, se estima que la disminución de la recaudación en el caso del monotributo sea de 11 mil millones y en el caso de impuestos a las Ganancias sea de 55 mil millones, que operara en el ejercicio 2023”, informó el legislador y subrayó que el proyecto tiene el “propósito” de “sostener el poder adquisitivo de los trabajadores”.

Por su parte, el radical Víctor Zimmermann manifestó que esta ley es “trascendente” por “la tremenda inflación que tenemos”, pero “este no es un tema nuevo”. Así, recordó que en 2020 presentó un proyecto para actualizar las categorías del monotributo y “por distintos motivos no se trató”, pero en 2021 se terminó votando “el sostenimiento fiscal y la moratoria fiscal, como consecuencia del endeudamiento que se produjo por la inflación”.

El vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda mencionó que las categorías del monotributo se definen por cinco componentes, que son “ingreso bruto, la superficie afectada, el consumo anual de energía eléctrica, los montos devengados de alquileres y el precio unitario máximo”. En este proyecto, “no se tuvieron en cuenta estos componentes; se actualiza solo lo que tiene que ver con Ingresos Brutos”, apuntó, por lo que consideró que “es insuficiente”.

También expresó la posición en contra de su interbloque porque se le otorga una “facultad delegada al Poder Ejecutivo por si considera, el próximo 1ro. de julio, que si hay inflación actualice las escalas del monotributo”; y porque las escalas se actualizan en base al “índice de actualización de la movilidad jubilatoria. Nosotros proponemos el IPC”. Finalmente, el chaqueño observó que la norma no prevé la situación de los trabajadores que ya pasaron al régimen general por el salto de categoría.

Recogió el guante el jefe del Frente de Todos, José Mayans, quien aclaró que si se modificaba el proyecto “tendría que volver a Diputados”. “Podemos buscar la forma de hacer una ley correctiva que nazca en el Senado con estas observaciones”, propuso, a lo que Zimmermann respondió: “Aceptamos la propuesta, nos parece que es necesario seguir debatiendo y por supuesto vamos a acompañar”.

Con la presencia de madres y padres de niños y adolescentes con cáncer, el Senado sancionó este jueves por unanimidad (64 votos positivos) la Ley de Oncopediatría, que prevé una serie de beneficios y asistencia económica -mientras dure el tratamiento- para las familias más vulnerables.

Miembro informante del oficialismo, el senador Pablo Yedlin precisó que “en Argentina aproximadamente 1.500 niños reciben por año el diagnóstico de cáncer. En los últimos 20 años la Argentina ha tenido cerca de 30 mil niños con cáncer”.

El presidente de la Comisión de Salud resaltó que el cáncer “se ha transformado en una patología con cada vez más esperanza”, debido a los avances en la medicina y el acceso a la prevención y el diagnóstico temprano. “La primera causa clara de cáncer infantil son las leucemias; la segunda, los tumores del sistema nervioso central; y la tercera, los linfomas”, detalló.

Asimismo, el tucumano destacó que “el 80% de los pacientes se atienden en hospitales públicos”, mientras que “el 50% de los niños deben emigrar de su lugar de origen; eso también habla a las claras de las inequidades que todavía tiene el sistema de salud argentino”.

Yedlin recordó que esta ley, aprobada en octubre pasado en la Cámara de Diputados, “tiene múltiples autores”, entre ellos su par y comprovinciana Beatriz Ávila, quien no pudo estar presente en la sesión. En ese sentido, remarcó que se haya consensuado “fuera de la grieta política”.

Luego fue el turno del radical Mario Fiad, quien ponderó que este proyecto “es el resultado de aplicar el criterio del interés superior del niño como rector de las políticas públicas”. “La ley viene a dar respuestas”, afirmó, pero advirtió que “quedan muchos temas sin cubrir”, como por ejemplo que la cobertura no se contempla “desde la presunción del diagnóstico, sino desde el diagnóstico definitivo” y ese tiempo implica también “traslados y estudios”. Por eso, el jujeño pidió que “ese lapso de tiempo se pueda salvar en la reglamentación, ya que insume muchísimo gasto”.

Por su parte, la oficialista María Eugenia Duré valoró que “esta ley viene a saldar que el Estado sea garante de los derechos”. Y aprovechó su intervención para relatar el caso de Thiago, “un niño que a los 14 años, en plena pandemia, se enteró que tenía cáncer, y que tenía que venir de Tierra del Fuego (a la Ciudad) de un día para el otro”.

La fueguina contó que el adolescente “dejó su colegio, sus amigos, el fútbol” y “viajó con su mamá, vino a la Ciudad de Buenos Aires, aquí se atendió y finalmente se pudo curar”. “No hay que bajar los brazos y tenemos que pedir en cada una de nuestras provincias la adhesión a esta ley”, sumó.

En su discurso, la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri señaló que el próximo 2 de julio se cumplirá un año del fallecimiento de Tiziano Ortiz, un niño con cáncer, mientras que “esta ley lleva 247 días dormida en las oficinas de este Senado”. Sobre esa línea, cuestionó que se trataron temas como la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, o un Fondo Nacional para pagarle al FMI, pero no este proyecto. Aunque rescató que “apenas se haya conformado la Comisión de Salud sea el primer tema que se haya tratado”.

La porteña destacó “el trabajo de las madres y los padres a lo largo de todo el país”, quienes “tuvieron la paciencia enorme, aún sin entender por qué dormía en el Senado, de esperar esos tiempos legislativos”. “¿Hay algo más urgente que la vida de un chico, que la vida de un hijo, de una hija? ¿Es más importante la cantidad de miembros de la Corte Suprema?”, reflexionó y fue aplaudida por los asistentes en los palcos.

“Celebro la ley, pero esta ley duele, porque no tendría que existir”, expresó Tagliaferri, que mencionó que “el 40% de los chicos con cáncer se atienden en el Garrahan y eso es porque no tenemos federalismo”. “Es el único hospital nacional con tecnología, con capacidad, con profesionales, que está en la Ciudad de Buenos Aires y no es de la Ciudad”, continuó.

Así, la opositora lamentó “¿por qué no tenemos en cada provincia un hospital donde puedan ser atendidos, diagnosticados y acompañados?”.

Visiblemente emocionado, el senador cordobés Luis Juez resaltó la “insistente y persistente actitud” de los padres de niños con cáncer, quienes “cuando nuestras respuestas eran pocas, no bajaban los brazos; cuando nuestras excusas eran muchas; no bajaban los brazos, cuando los tiempos no se cumplían, no bajaban los brazos”.

“Mi homenaje es para estas mamás y para estos papás que nunca bajaron los brazos”, enfatizó y completó: “Este Senado aprende de ustedes en la fuerza, en la perseverancia, en la garra, en el amor. Todos nosotros, sin ninguna grieta, les decimos a todos ustedes muchísimas gracias de corazón”.

Última oradora, la oficialista Lucía Corpacci confesó que “esta es una noche en la que todos sentimos una enorme satisfacción, porque estamos escuchando la voz y la demanda de nuestra gente”. “La ley es muy buena por lo que significa el hecho de poder aportarles una vivienda digna”, sostuvo, además de “asegurarles el transporte, el traslado” y también “que sus papás van a poder acompañarlos y no van a quedar sin trabajo”.

“Esta ley hace verdadera justicia”, consideró y rescató el sistema de salud público, donde tenemos “hospitales públicos capaces de atender cuestiones tan complicadas”, además de “investigar y sacar protocolos de tratamiento”.

Al responderle a Tagliaferri, la catamarqueña recordó que el Gobierno nacional “en gran medida aporta” al funcionamiento del Garrahan, y “los niños de todo el país tienen derecho a ser atendidos en ese hospital”, dijo.

En el final de su discurso, en alusión a la cantidad de días que se tardó el tratamiento del proyecto, la senadora recordó que el año pasado la Comisión de Salud “era presidida por la oposición”. “Por respeto a los papás no politicen esto, porque acá nos pusimos de acuerdo todos, realmente se logró por el esfuerzo de los padres, que no son de uno ni de otro signo político, son padres con hijos enfermos que no deben ser usados nunca”, cerró.

Los principales puntos de la flamante ley

Este proyecto aprobado de manera unánime también tuvo un amplio apoyo cuando pasó por Diputados, donde fue aprobado en la madrugada del 27 de octubre de 2021 por 226 votos positivos y fue el producto de un amplio consenso entre proyectos presentados por diputados de varios bloques, como Jimena López, Eduardo “Bali” Bucca, Carlos Cisneros (FdT); Cristian Ritondo, Mercedes Joury, María Luján Rey, Soher El Sukaria, Carmen Polledo (Pro); Claudia Najul (UCR); y Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social).

La flamante ley establece la creación del “Programa Nacional de Cuidado Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer”, con el objetivo de reducir la morbimortalidad por esta enfermedad y garantizar los derechos de los pacientes.

Entre esos derechos, algunos de los que se enumeran son: recibir los mejores cuidados disponibles, priorizando el tratamiento ambulatorio, siendo la estancia en el hospital lo más breve posible de acuerdo al tratamiento; estar acompañado/a de sus referentes familiares o de cuidado, sin que les comporte costos adicionales ni obstaculice el tratamiento; recibir información sobre su enfermedad y su tratamiento, de una forma que pueda comprenderla con facilidad y pudiendo tomar decisiones, con la asistencia de sus progenitores cuando fuera necesario.

El Instituto Nacional del Cáncer, que será la autoridad de aplicación, deberá extender una credencial a los pacientes que se hallen inscriptos en el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino, cuya sola presentación le servirá para acreditar la condición de beneficiario de la ley. Dicho certificado se renovará automáticamente cada año, y sólo cesará su vigencia con el alta definitiva del paciente, hasta los 18 años de edad inclusive.

De acuerdo a la norma, el sistema público de salud, las obras sociales, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, deberán brindar al niño, niña y adolescente con cáncer una cobertura del 100% en las prestaciones para las prácticas de prevención, promoción, diagnóstico, terapéutica y todas aquellas tecnologías que pudieran estar directa o indirectamente relacionadas con el diagnóstico oncológico.

Por otra parte, el Estado Nacional tendrá que otorgar una asistencia económica equivalente al monto de la Asignación Universal por Hijo con discapacidad a aquellos progenitores o representantes legales que se encuentren en situación de desempleo y no cuenten con ningún otro beneficio de carácter previsional. Se aclara que esta asignación no durará más allá del plazo de duración del tratamiento estimado según indicación médica.

Además, se contempla el beneficio de estacionamiento prioritario en zonas reservadas y señalizadas y la gratuidad en la utilización del transporte público y transporte colectivo terrestre.

En lo que respecta a la vivienda, para los pacientes con familias en situación de vulnerabilidad social la autoridad de aplicación deberá promover ante los organismos pertinentes la adopción de planes y medidas que faciliten “el acceso a una vivienda adecuada o la adaptación de la vivienda familiar a las exigencias que su condición les demande”.

Pero también, en caso de tratarse de niños, niñas o adolescentes cuyo tratamiento se realice de manera ambulatoria y deban trasladarse y permanecer junto a su grupo familiar a una distancia mayor a los 100 kilómetros de su lugar de residencia para dicho tratamiento, el Instituto Nacional del Cáncer en coordinación con las respectivas jurisdicciones, “garantizará a la familia el acceso a un subsidio habitacional que les permita facilitar y cubrir los gastos de locación de vivienda durante el plazo que dure el tratamiento”.

Sobre la educación, la autoridad de aplicación en conjunto con las provincias tendrá que “diseñar y ejecutar políticas destinadas a garantizar el acceso a la educación” y “arbitrar las medidas pertinentes para fortalecer las trayectorias educativas” de los niños, las niñas y adolescentes que se encuentren en esta situación.

Otro punto saliente es que uno de los progenitores o representantes legales podrá gozar del derecho de licencias especiales que permita acompañar a sus hijos en los estudios, rehabilitaciones y tratamientos inherentes a la recuperación y mantenimiento de su estado de salud, “sin que ello fuera causal de pérdida de presentismo o despido de su fuente de trabajo”.

“Durante la licencia el/la trabajador/a percibirá de la Administración Nacional de la Seguridad Social, las asignaciones correspondientes y una suma igual a la retribución que le corresponda al período de licencia, de conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas”, agrega el texto.

Con el apoyo de aliados, el Frente de Todos en el Senado dio media sanción a un proyecto de ley que propone una moratoria previsional para personas en edad jubilatoria que no cuentan con los aportes suficientes, y un plan especial para quienes estén a diez años de retirarse y estiman que no alcanzarán los años de servicio correspondientes.

La votación resultó con 38 votos a favor, 6 en contra y 18 abstenciones. Al oficialismo lo acompañaron, como es habitual, la riojana Clara Vega, la misionera Magdalena Solari Quintana y el rionegrino Alberto Weretilneck. En tanto, también apoyó el proyecto la cordobesa Alejandra Vigo. Le faltó al oficialismo el puntano Adolfo Rodríguez Saá, enfermo de Covid.

Las abstenciones correspondieron a Juntos por el Cambio, espacio dentro del cual hubo un puñado de senadores del Pro que votaron negativamente: Carmen Álvarez Rivero, Alfredo De Angeli, María Victoria Huala, Luis Juez, Humberto Schiavoni y José Torello.

La iniciativa del oficialismo fue presentada a principios de mayo y solo se trató en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, uno de los aspectos que fue motivo de reclamo por parte de la oposición.

Además, desde Juntos por el Cambio pidieron por la opinión del Ministerio de Economía sobre el costo fiscal y el impacto que tendría en el marco del acuerdo con el FMI. Pero el Frente de Todos aclaró y ratificó que la propuesta no fue consultada con la cartera que conduce Martín Guzmán.

El proyecto, que ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados, establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Por otra parte, la iniciativa contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.

Estos trabajadores podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, anteniendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.

Cada unidad de cancelación de aportes previsionales abonada será registrada en la historia laboral de la persona, que podrá ir previendo la evolución de sus servicios con aportes conforme va avanzando en la cancelación de unidades y se va acercando su edad de retiro. La actualización del plan de pagos se realizará teniendo en cuenta el índice de movilidad jubilatoria informado por la ANSeS.

El debate

La primera oradora de la tarde fue la jefa del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, quien explicó en detalle el proyecto e indicó que “este año tiene el 0,02% de costo fiscal y el año que viene tiene un 0,3%”. “La verdad que es insignificante”, consideró, ante lo que busca ser “un plan para mejorarle la vida a 1.650.000 personas”.

“Yo la verdad que no le pregunté al ministro (Martín Guzmán), le pregunté al organismo competente, que es la ANSeS y creo que los autores hicieron lo mismo”, respondió sobre las críticas por la falta de opinión de la cartera económica, y agregó: “Las iniciativas legislativas, en general, no se las preguntamos a los ministros”.

Desde la oposición, el radical Víctor Zimmermann preguntó: “¿Por qué este proyecto no pasó por la Comisión de Presupuesto y Hacienda? Para que, de alguna manera, poder tener un costo presupuestario del impacto que pueda tener”. “Porque creo que de la suma y resta, más allá de que uno es de aporte y otro de pasivo hacia adelante, va a tener un costo presupuestario importante”, consideró.

También consultó al oficialismo sobre si la iniciativa “no impacta en contra del compromiso con el FMI” ya que Argentina “se comprometió a hacer un estudio del sistema previsional hacia adelante para ver cómo puede impactar en el déficit”. Así, contradijo a Di Tullio: “Es necesario e importante convocar a los miembros del equipo económico, a los encargados del sistema previsional, para ver qué impacto podría tener y si no significa una contrariedad en el contexto de la Argentina”.

El chaqueño sostuvo que “no podemos estar satisfechos con lo que ha pasado en el sistema previsional en Argentina porque hay muchos jubilados que les cuesta llegar a fin de mes hoy”. Y pidió que el proyecto vuelva a comisión y se trate en Presupuesto.

Por su parte, la macrista Guadalupe Tagliaferri resaltó que “todos sabemos que el sistema previsional argentino está a punto de colapsar. Sabemos que es enorme el déficit fiscal y es, en parte, producto de la falta de crecimiento, de generación de puestos de trabajo, de la inflación, que no son otra cosa que la angustia que viven a diario los ciudadanos”.

En esa línea, la porteña aseguró que “nos debemos un debate serio, sano, genuino, con todos los actores sentados, diputados, senadores, cámaras empresariales, sindicatos, absolutamente todos. No podemos seguir generando parches”.

Sobre el proyecto, la senadora cuestionó que “no sirve, no es real” y explicó que “esta moratoria es para los que tienen 10 años de aportes, por lo cual tampoco van a llegar a los 30 años; y si cada 4 años vamos a tener que hacer una nueva, es porque necesitamos revisar en serio y conjuntamente con seriedad el sistema previsional argentino”. “No es sostenible, no soluciona el problema de fondo, no es previsible y perjudica al que aporta porque se lo queda el Estado”, completó.

De la vereda de enfrente, el misionero Maurice Closs subrayó que se trata de beneficiar a muchas personas que “no llegan a completar los requisitos de edad y aportes” porque “tenemos una economía que lo largo de los años viene con desórdenes y problemas de pérdida del trabajo formal”.

“Esto busca incluir a esas personas que no cumplen el doble requisito, dentro del sistema con una medida que no es la primera vez que se hace”, manifestó el oficialista, que aportó datos sobre la situación en su provincia: “En Misiones hay 80 mil jubilados por moratoria y solo 18.800 que se jubilaron con la cantidad de aportes y edad necesaria, ¿imaginen si no hubiesen existido esos planes?”.

Aunque reconoció que esta iniciativa no resolverá los problemas estructurales, el legislador señaló que “si no damos una solución vamos a ver mucha gente sin condiciones de jubilarse, esa es la verdad y nos interpela a tomar una decisión. Es una solución coyuntural, sustentable y en la expresión de un país que no resuelve problemas como la inflación y la informalidad”.

Una de las autoras del proyecto, la vicejefa del interbloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, remarcó que de no aprobarse este proyecto “solamente van a poder jubilarse 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones” en edad jubilatoria. Por eso, pidió asumir “la gravedad de la situación” y “la urgencia que tenemos en el tratamiento del proyecto de ley”.

La mendocina respondió entonces a los que “piden que volvamos a comisión, o dicen que ponemos parches al sistema previsional, o que nos merecemos un debate profundo acerca del sistema previsional. ¡Siempre ponen excusas cuando no quieren acompañar algo que beneficia a la gente!“.

En defensa de la iniciativa, la camporista sostuvo que esta moratoria “es superadora de las anteriores moratorias”, porque tiene una “vista al corto plazo y al mediano plazo”. También expresó que se busca “crear una conciencia previsional en todos los argentinos y argentinas” y este plan “se inscribe en el espíritu” de “las políticas de inclusión previsional” del kirchnerismo.

En contra de la gestión de Cambiemos, la legisladora recordó que al entregar el gobierno Cristina Kirchner, en diciembre de 2015, había “un 98% de cobertura del sistema previsional” y “el haber mínimo más alto de Latinoamérica”. En tanto, durante el gobierno anterior, mediante la Ley de Reparación Histórica, que calificó como “un caballo de Troya”, se aprobó un “blanqueo a los familiares de Mauricio Macri y otros funcionarios” y “la venta de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)”, entre otras cuestiones.

“Ahí empezó el cambio de paradigma del sistema previsional solidario e inclusivo”, dijo y denunció que “devaluó los activos del FGS, modificó sus funciones y lo descapitalizó totalmente”. Además, precisó que el FGS tenía en diciembre de 2015 unos 66 mil millones de dólares y a fines de 2019 se entregó con 33 mil millones de dólares; hoy cuenta con 51 mil millones de dólares, por lo que destacó la recuperación de 18 mil millones.

En el tramo final, la senadora de Córdoba Federal Alejandra Vigo opinó que “no es un buen proyecto porque, más allá de la intención, no resuelve ni se aboca al tema crucial que es el sistema previsional actual y los jubilados”. Sobre la situación crítica del sistema, detalló que “según datos de la ANSeS, el SIPA contaba con el 48% de la población activa, un 29% trabaja en la informalidad y un restante 6% que se encuentra desocupado. No se produce ingreso en concepto de aportes”.

Sin embargo, la cordobesa adelantó su voto positivo porque “es necesario ir resolviendo de manera parcial los aspectos que no pueden esperar”. Pero cuestionó “la idea de pensar en que esto son soluciones o parches para una enfermedad grave como es el sistema jubilatorio”.

A su turno, el jefe del bloque Pro, Humberto Schiavoni, afirmó que “no estamos solucionando los problemas estructurales” y, por eso, “no hay que ofenderse cuando uno lo tilda a esto de parche”. El proyecto “claramente aumenta la vulnerabilidad del sistema, porque incorpora beneficiarios que no han tenido aportes”, observó.

El misionero expresó que “todos estamos de acuerdo que hay situaciones de injusticia y grupos que están en estado de vulnerabilidad”, pero “también tenemos que saber cuáles son los límites que enfrentamos como sociedad, y en esto hay una responsabilidad compartida de toda la dirigencia”, aseveró y pronosticó que “este proyecto implica más déficit fiscal”.

“Lo que hoy estamos debatiendo acá es cómo corregimos los defectos de una ley que el año que viene va a cumplir 30 años. Estamos debatiendo cómo corregir algo que lleva tres décadas de problemas. Esa ley es la 24.241. El problema que tiene es que pide un doble requisito para acceder al beneficio jubilatorio”, analizó en su discurso el senador Martín Lousteau.

En ese sentido, el radical apuntó que mucha gente afronta el problema del doble requisito en medio de “un mercado laboral inestable y en una economía muy inestable en la Argentina”. Tras definir como “parche” a la iniciativa, cuestionó que “seguimos alimentando un sistema deficitario, desordenado, e impredecible para quienes aportan o se quieren jubilar”. “Hay reglas distintas para distintos grupos todo el tiempo; es la fuente de mayor inequidad que podemos tener en el principal gasto social que tiene cualquier Estado”, añadió.

Penúltimo orador, el otro autor del proyecto, el senador camporista Mariano Recalde, sostuvo que hay “una necesidad y urgencia” porque a partir del próximo 23 de julio, “una enorme cantidad de argentinos no van a poder acceder a la jubilación”. “Si no hacemos algo, que algunos definen como un parche, quedan librados a caer en esa especie de migaja, limosna poco digna, jubilación de segunda, una pensión con menos derechos que es la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)”, advirtió y criticó que esta pensión -creada en el gobierno anterior- “es una suma equivalente al 80% de la mínima” que “no da derechos hereditarios a los familiares” y además “exige a las mujeres llegar a la edad de 65 años”.

El porteño defendió que “cuando hay una necesidad nosotros creemos que hay un derecho, pero además no se puede caer un derecho, no se puede perder”. Y subrayó que se trata de beneficiar a “gente que sí trabajó; no son parásitos”, sino trabajadores que no tuvieron los aportes suficientes por ser “víctimas de las circunstancias políticas y económicas de nuestro país” o porque no tuvieron empleo o los tuvieron sus empleados en la informalidad. “No son responsables de no tener las contribuciones”, insistió.

Recalde manifestó también que el sistema previsional “se hace sustentable generando más empleo, combatiendo la informalidad, aumentando el poder adquisitivo de los salarios y no impulsando reducciones de los aportes patronales o reformas laborales con contratos basura”.

Finalmente, el presidente del interbloque oficialista, José Mayans, consideró que el proyecto es “profundamente cristiano y humanista”. “Hay personas que van a cumplir 65 años, la moratoria vence el 23 de julio y ahí está la urgencia. Porque también la tiene que votar la Cámara de Diputados”, argumentó.

“Es un proyecto excelente”, resaltó el formoseño, que opinó que no acompañarlo es “no tener corazón, que les importa tres pitos de todo el mundo”. “No votar esto es lo mismo que hicieron cuando creamos el SIPA. Están votando nuevamente a favor de las AFJP y en contra de las personas”, fustigó a la oposición.

Y reiteró que la iniciativa “tiene en primer lugar a la justicia social y a la solidaridad” al “ponerse del lado de los que no se van a poder jubilar”.

Con críticas a la Ciudad de Buenos Aires, que también tuvieron algunos de sus pares, Mayans señaló que “la CABA es la ciudad más beneficiada por la ANSeS, el 30% de su población está beneficiada por la ANSeS”. “Tanto que hablan de los planeros…”, chicaneó.

La jefa del bloque Unidad Ciudadana en el Senado, Juliana Di Tullio, abrió este jueves el debate sobre el proyecto de ley impulsado por el oficialismo de una nueva moratoria previsional y ratificó que la propuesta no fue consultada con la cartera de Economía que comanda Martín Guzmán.

La kirchnerista aseguró que la iniciativa busca “mejorarle la vida” a más de un millón de personas, al darles “previsibilidad a quienes hoy están trabajando” y “sobre todo a las mujeres”.

Tras detallar la letra del proyecto, la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social recordó el tratamiento del tema en comisión y cuestionó por parte de la oposición “la insistencia de preguntarle al ministro de Economía sobre si estaba de acuerdo o no con un proyecto que tiene iniciativa legislativa”.
A continuación, apuntó que “este año tiene el 0,02% de costo fiscal y el año que viene tiene un 0,3%. La verdad que es insignificante”.

“Para endeudarse en 50 mil palos nunca le pidieron al ministro de Economía de ellos ninguna aparición en este Congreso”, lanzó.

Di Tullio insistió que se trata de “hacer un plan para mejorarle la vida a 1.650.000 personas”, con lo cual la cuestión del costo “no es una buena excusa para no votar este proyecto de ley”.

“Yo la verdad que no le pregunté al ministro, le pregunté al organismo competente, que es la ANSeS y creo que los autores hicieron lo mismo”, expresó y agregó “las iniciativas legislativas, en general, no le preguntamos a los ministros”.

Más adelante, la legisladora estimó que con este proyecto se van a poder jubilar “en la provincia de Buenos Aires, 295.331 personas” y “en la Ciudad de Buenos Aires, que les quiero recordar transfirió la caja, 100.765”. “Ustedes no tienen caja pero nosotros vamos a aportar para que se jubilen los porteños y porteñas”, chicaneó.

En su discurso también defendió las moratorias realizadas durante los gobiernos K: “Desde 2005 a 2015, hemos jubilado 3.423.659 personas con los sistemas que hemos diseñado de un proyecto político que le interesa que la gente no esté en el peor de los mundos”.

“Les pido que sin mezquindades, sin especulaciones, sin chicanas y sin falsas razones puedan acompañar a cada uno de sus habitantes, que seguramente son sus votantes también. No defrauden a los hombres y mujeres que también los votan a ustedes”, cerró.

Una gran polémica se generó en el inicio de la sesión del Senado, luego de que la senadora jujeña Silvia Giacoppo hiciera una cuestión de privilegio por la visita del presidente de la Nación a su provincia, tras lo cual su comprovinciano Guillermo Snopek hizo un planteo contra la Justicia de su provincia, a la que oportunamente pidió intervenir. Pidió la palabra el presidente del bloque radical, Luis Naidenoff, para expresar dos mociones de preferencia. Citando el número de uno de los expedientes, dijo que era para manifestar “nuestro enérgico repudio a la visita del presidente de la República a Jujuy para reunirse con Milagro Sala y las declaraciones emitidas con posterioridad”.

Aclaró el formoseño que no se referiría a la cuestión de las condenas de la líder de la Tupac Amaru a las que ya había aludido Silvia Giacoppo, pero dijo que su intención era “advertir respecto de la gravedad desde el punto de vista jurídico y político”. En el primer caso, citó el artículo 109 de la Constitución que establece que “en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”. Por lo tanto, dijo Naidenoff, “esta visita a Jujuy, esta idea de arremeter contra la justicia provincial y contra la Corte, va más allá de una consideración jurídica, sino que atenta contra la Constitución nacional”.

“Vamos a la cuestión de fondo: me puede decir alguno que la presencia del presidente de la República en Jujuy, dejar de lado la agenda… como en la Argentina no hay problemas… La verdad que la inflación está controlada, el riesgo país está controlado… la verdad que uno puede transitar por la Argentina como quiera, porque hay combustible, está todo ordenadito, no hay inconvenientes en la Argentina como para que el presidente pueda suspender su agenda y arremeter contra la Justicia”, planteó Naidenoff sin omitir el uso de la ironía. Y concluyó: “Tampoco me sorprende, porque desde que asumieron, ante la impotencia de no gobernar, no hacerse cargo de la realidad, el atajo fue siempre embestir contra la Justicia. Bueno, así les va”.

Trascartón, puso el ejemplo de lo sucedido en Formosa durante la pandemia, y ante el reclamo de Cristina Kirchner porque había agotado su tiempo, planteó: “La presencia del presidente en la provincia de Jujuy tiene que ver con la intención de quedar bien con el núcleo duro, con esta idea de solidarizarse porque no sabe qué hacer, entonces, si quiere quedar bien con ese grupo que lo acompañó, ¿por qué no para la inflación, que la gente no da más? ¿Por qué no se dedica a gobernar? Entonces, que se dedique a gobernar, en vez de este circo, que nos va a hacer un gran favor, y no esta payasada para tratar de montar un triste espectáculo que en nada beneficia a la sociedad, que está perdida ante un presidente que no tiene conducción”.

Su segunda preferencia era para tratar el expediente 1417/22, referido al avión venezolano y para dar explicaciones reclamó la presencia en el Senado del jefe de Gabinete. “Le queda poco, pero tiene que venir”, cerró.

Habló a continuación el jefe del oficialismo, José Mayans, que reclamó por lo que consideró una “deslealtad parlamentaria”. Se quejó porque a pesar de haber establecido algo en Labor Parlamentaria, en el recinto la oposición citaba números de expedientes a partir de los cuales podían hablar libremente. “Si utilizamos como estrategia de bloque que cada senador cite un expediente, vamos a estar hasta las 12 de la noche acá haciendo discursos”, se quejó Mayans, advirtiendo que si no se ponían de acuerdo, él le pediría a cada integrante de su bloque que hiciera lo mismo, para hablar 15 minutos cada uno.

Al concluir, Cristina Kirchner le señaló: “Senador Mayans, yo le dije lo que iba a pasar, ¿vio que no estaba equivocada? Es usted muy confiado, confía en cada palabra de los que no tienen palabra…”.

Y tras preguntarle a Mayans si iba a plantear una cuestión de privilegio, ante la negativa del formoseño, Cristina expresó: “Lo que acaba de decir el senador Mayans es el tema de cómo se articula una sesión bajo un plan de Labor Parlamentaria. Siempre lo hicimos por sesión especial porque no había cumplimiento de la palabra; vino el senador, me explicó que había acordado… le dije ‘mirá que van a hacer”… ‘No, yo tengo confianza…’”.

Y ante el pedido de la palabra por parte de Naidenoff, le preguntó si plantearía una cuestión de privilegio. “Contra la presidenta del Cuerpo”, replicó el radical, que ante los gritos del oficialismo lanzó: “La presidenta se defiende sola, no hace falta”.

El jefe del bloque radical recordó entonces que el día anterior en Labor Parlamentaria desde el interbloque de Juntos por el Cambio se habían comprometido a dar tratamiento a una serie de temas establecidos para la sesión, fundamentalmente la moratoria previsional, porque tenían el problema de que un senador oficialista está con Covid. “Nos comprometimos a sentarnos y que ustedes tengan los números”, recordó el senador formoseño, enfatizando que “entonces, si se trata de reglas de juego, esta bancada lo cumple. Ahora, si tenemos un presidente que anda perdido por la vida, no sabe qué hacer para quedar bien con la presidenta de esta casa; viaja a Jujuy, suspende sus audiencias, es problema del presidente de la República. Lo que quiero decir es que en nombre de mi interbloque…”.

A los gritos había reaccionado el senador Snopek, parado junto a su banca y desoyendo el pedido de Anabel Fernández Sagasti para que se sentara. Siguió gritándole a Naidenoff y comenzó a acercarse.

“Retorne a su banca”, le reclamó Cristina Kirchner.

Naidenoff, que había parado de hablar, le replicó: “Me explicas allá tranquilo, no tengo problema”.

Finalmente el jujeño volvió su lugar y Naidenoff concluyó: “Quiero desterrar el estado de sospecha. Que quede claro esto, las mociones de preferencia ni las de privilegio, no se establecen, se las plantean”.

Pidió la palabra Mayans, y la presidenta del Cuerpo le pidió para qué haría uso de la palabra. “Para poder hablar”, fue la simple respuesta del presidente del interbloque FdT.

“¡Qué buen motivo, qué buen fundamento!”, ironizó Cristina, ante lo cual Mayans planteó que ellos tenían el número para sesionar, y planteó que para que valiera la pena hacer Labor Parlamentaria se debía “respetar lo acordado”.

“Porque sino, hagamos sesiones especiales, y si ustedes tienen número sesionarán, y si nosotros tenemos el número sesionaremos… Nosotros estamos acá para trabajar, porque la vida está hecha de presencias, no de ausencias…”.

Cristina Kirchner hizo el ademán de tocar el violín, a lo que ahora sonriendo Mayans repuso: “Estoy hecho un poeta…”. Y el clima se distendió.

El Senado aprobó este jueves la designación de tres embajadores: Oscar Laborde (Venezuela), Pablo Vilas (Honduras) y Gabriel Fuks (Ecuador). En los primeros dos casos, el interbloque Juntos por el Cambio se abstuvo.

Antes de pasar a votar, el jefe del Frente de Todos, José Mayans, advirtió que si Juntos por el Cambio se abstenía, “nosotros tenemos la obligación del quórum” porque “la abstención es ausencia”.

Pero el presidente de la bancada opositora, Alfredo Cornejo, aclaró: “Se vota en paquete y el paquete va a ser afirmativo, con la salvedad de la abstención en estos dos casos”. Y finalmente así resultaron aprobados los pliegos por 63 votos positivos y 0 negativos, junto a un conjunto de ascensos de diplomáticos.

Como miembro informante, la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti, recordó la audiencia pública que se realizó el 9 de junio pasado, donde los candidatos “respondieron cada una de las preguntas que le han hecho los senadores y senadoras”. “Les pido que acompañen estos tres destinos, estos tres nombres que ha enviado el Poder Ejecutivo Nacional y la lista de ascensos”, agregó.

Cornejo, por su parte, afirmó el acompañamiento al pliego de Fuks, pero argumentó la abstención en los otros dos casos. “Tenemos consideraciones especiales acerca de Honduras, por su doble nacionalidad”, dijo en referencia a Vilas, quien nació en ese país.

“Ya ha habido casos que se renunció a su nacionalidad; (Héctor) Timerman en su momento. En este caso todavía no se ha operativizado”, añadió.

Además, el mendocino sostuvo: “En el caso de Venezuela, en particular, nuestra consideración es categóricamente contraria a la política que tiene el Poder Ejecutivo Nacional con Venezuela, con su gobierno”.

Recogió el guante desde el oficialismo para defender la situación de Pablo Vilas el senador Oscar Parrilli. “Él es argentino por opción y por esas circunstancias de la vida su familia tuvo que migrar a Honduras en el año ’76, porque su familia fue perseguida por la dictadura militar”, expresó.

El neuquino resaltó que “es ciudadano argentino”, pero por derecho “cada persona tiene la nacionalidad de donde nace”. “Fue víctima de la represión ilegal y por eso nació circunstancialmente en Honduras”, insistió.

Y finalizó considerando que tal vez “hay algún motivo político” o “una falsa información o incorrecta información por parte del bloque de Cambiemos”.

En el comienzo de la sesión de este jueves en el Senado, se dio ingreso formal al pliego del Poder Ejecutivo que propone la designación del exministro de Defensa y exlegislador Agustín Rossi como director de la Agencia Federal de Inteligencia.

El 8 de junio pasado, el dirigente santafesino asumió como interventor del organismo, cuya intervención el Gobierno prorrogó por cuatro meses mediante el decreto 295/22.

Rossi, que había renunciado como ministro de Defensa en 2021 para competir como candidato en la interna oficialista en su provincia, ingresó en reemplazo de Cristina Caamaño, a quien nunca se le aprobó el pliego en la Cámara alta.

Además, el secretario parlamentario, Marcelo Fuentes, dio lectura del ingreso de una treintena de pliegos, entre ellos ascensos militares y nombramientos de fiscales, jueces y defensores públicos.

También tomó estado parlamentario el mensaje solicitando la designación del licenciado en Economía Juan Agustín D’Attellis Noguera como director del Banco Central.

El Senado retomó este miércoles en un plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales el debate sobre las propuestas para ampliar los miembros de la Corte Suprema de Justicia, a la que JxC una vez más se ausentó al rechazar la propuesta. Esta vez participaron como invitados a exponer siete gobernadores, que se mostraron a favor de la ampliación de la Corte Suprema, según el proyecto suscripto por José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, y al cabo de la reunión se firmó el dictamen correspondiente.

El proyecto de ampliación a 25 miembros podría ser debatido el jueves 14 de julio, según trascendió.

Desde el Salón Illia los gobernadores Gildo Insfrán (Formosa), Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Capitanich (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Raúl Jalil (Catamarca) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis) se hicieron presentes para respaldar la iniciativa kirchnerista. Recordemos que fueron 16 los que suscribieron en su momento una nota a favor de llevar el máximo tribunal a 25 integrantes. Los mandatarios provinciales se pronunciaron por llevar a 25 los miembros de la Corte, respetando la paridad de género.

Esa idea se convirtió luego en una iniciativa presentada por los jefes del interbloque Frente de Todos, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, quienes, llamativamente, pasaron a integrar la Comisión de Asuntos Constitucionales en reemplazo de Silvia Sapag y Cristina López Valverde, respectivamente.

Al comienzo de la reunión, el jujeño y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Guillermo Snopek, explicó los diferentes proyectos que se han presentado en relación al tema que se pusieron en tratamiento en la comisión. Uno de ellos de la senadora riojana Clara Vega que “hablaba de la paridad de género en la integración de la Corte”, otro fue presentado por el puntano Adolfo Rodríguez Saá donde “elevaba ese número de miembros de la Corte”; un proyecto del rionegrino Alberto Weretilneck donde establece un número de 14 miembros y la regionalización “a los efectos de la federalización y el involucramiento de todo el territorio nacional”; el último proyecto de la neuquina Silvia Sapag donde “establecía requisitos particulares de los miembros para su integración”.

Acto seguido, contó que se abrió una instancia de debate con expositores que “plantearon la necesidad de reforma, la ampliación, se habló de una Corte de 24 miembros. Distintos expositores del ámbito académico plantearon las dificultades que tiene la Corte en su funcionamiento como el cúmulo de causas y ese reclamo y lejanía que tiene con la sociedad con lo justiciable”.

El primero en hablar fue el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, quien apuntó que “hablar de la Corte en Argentina es como un tema que parece que en el país hemos decidido que ‘de esto no se habla’”. En suma, señaló que “en la Facultad de Derecho se estudia su competencia, su jurisdicción, atribuciones, etcétera; dentro de la división de poderes”, y cuestionó que “no se estudia la historia”.

Por ese motivo, recordó que el máximo tribunal en Argentina “fue instituido en la Constitución del 53’ y ahí se hablaba de 9 miembros que el presidente Urquiza designó 3 pero nunca se constituyó la Corte. En la Reforma se eliminó el número y quedó en manos de la ley. Así es el juego constitucional. El número de miembros se establece por ley y así ha sido”.

“La historia de la Corte es de turbulencias en la vida política e institucional de los argentinos”, calificó el puntano y explicó: “Si uno lee lo poco que hay sobre la Corte, va a leer la Corte de Mitre que era de cinco miembros, si bien designó partidarios, lo hizo respetando el federalismo. Después apareció la Corte de Roca que duró mucho tiempo, luego viene la Corte que avala la doctrina de facto”.

En ese contexto, manifestó que “hay que hablar de la Corte y ver los problemas. Los gobernadores abordamos los problemas fuera de la grieta porque es un problema grande, serio, importante y debemos hablar de esto y mirar hacia el futuro para hacer o intentar algo fundacional en un clima de unidad nacional no queremos que sea la Corte de una persona”.

Sobre los problemas del máximo tribunal, Rodríguez Saá señaló que “la Corte con su número, es una de las más pequeñas en el mundo. Tiene el problema de los casos que por interpretación la Corte ha ido ampliando el recurso extraordinario a casos que taxativamente no enumera el artículo 14”. También criticó que al momento de la decisión en una causa hay “falta de información. Son cuatro personas para resolver casi 20 mil casos, es un problema”.

“La Corte no está cumpliendo con la cuestión de género y debe ser tratado en un clima de unidad nacional, no respetan la paridad de género. Estamos en un momento de la historia donde la mujer está en primer plano, es necesario que las mujeres se empoderen en los poderes del Estado. Busquemos la paridad de género”, reclamó el gobernador de San Luis.

Respecto a los proyectos, reiteró que la propuesta es de un clima de “unidad nacional, la grieta es tremenda y hace daño a la política argentina. No pensamos igual entre todos los gobernadores, pero nos ponemos de acuerdo conversando”.

“La propuesta es de 25 miembros, 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación. Uno por cada provincia, respetando la paridad de género. ¿Cómo aseguramos que sean de las provincias? los gobernadores conversamos con el presidente y está dispuesto a dictar un decreto autolimitándose y pidiendo a los gobernadores que envíe una cuaterna de dos hombres y dos mujeres con un amplio curriculum. Acá viene el federalismo, la Corte debe ser federal, desde el primer día se empezó a ser centralista. Las provincias chiquitas jamás llegamos a la Corte”, explayó.

Y siguió: “El número no asusta”, a lo que ejemplificó que la Corte en Brasil tiene 11 miembros, en Colombia son 23, Chile 21, España 5 presidentes y 74 magistrados, Italia 15 miembros, la francesa 6 salas y tres civiles de 120 consejeros.

“Tenemos que tener una Corte federal, con paridad de género con 12 o más mujeres. Lo más lógico sería de 25 o de 29 miembros transitoriamente”, cerró y pidió tratar el tema con un clima de unidad nacional.

A su turno, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, advirtió que el federalismo y la justicia “están en crisis”, por lo que remarcó que el nuevo proyecto debe ser un “pacto federal” que cumpla con lo que “las 14 provincias iniciales y los hombres que forjaron la Nación y destaca el Preámbulo de la Constitución del 53’”.

“En el marco de la República generó la justicia que a lo largo de la historia fue teniendo modificaciones. Aquella Corte que actuaba con competencia originaria se fueron modificando por la jurisprudencia de la arbitrariedad que generó que un instituto y una Constitución que tuvo como base la de Estados Unidos en su basamento”, remarcó.

En ese contexto, señaló que “en el esquema ha ido mucho más las funciones de la Corte que tiene cuatro miembros, es incompleta la Corte de 5 miembros con una función que tienen los jueces porque son académicos y tienen cuestiones de capacitación y el ejemplo de llevar el modelo de la Corte estadounidense donde llegan y se resuelven 200 causas máximo, tenemos una Corte a la que llegan hasta 35 mil causas por año”.

“Es imposible que una Corte de 4 miembros pueda resolver todos esos casos y es imposible pensar al Corte con 1 millón de habitantes con 4 miembros. Esto nos lleva a la necesidad de ampliarla para conformar una verdadera Corte federal que solucione los problemas del federalismo en crisis y del país porque es imposible hablar de un país sin federalismo, aunque en la práctica se volvió unitario desde el primer día”, cuestionó Zamora.

En su alocución, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, sostuvo que “debemos hacer una evaluación desde el punto de vista de su integración a través de la historia” por lo que retomó las palabras dichas por su predecesor Rodríguez Saá y comentó que “existieron cuatro leyes que determinaron el número de miembros de la Corte que cuando, provincia de Buenos Aires, a través del Pacto de San José de Flores y la inclusión dentro de la Constitución del 53 y del 60, establece que se excluya lo que determinaba la Constitución que eran 9 miembros a través de una ley del Congreso y fueron cuatro”.

Asimismo, explicó que fue primero la Ley 27 con 5 miembros, luego la Ley 15.271 de 1960 que elevó el número a 7; la Ley 23.774 de 1990 que elevó el número a 9 y luego la 26.183 que reduce el número a 5.

“Tenemos que hacer una evaluación de lo que pasó en la historia de la Corte donde solo 3 fueron mujeres miembros de los últimos 141 años. Un 60% de sus miembros fueron graduados de la UBA, 57.3% procedente de la provincia de Buenos Aires, 1% de la Ciudad Autónoma de Bs. As, 10% de Córdoba y 5,5% de Santa Fe.  Si uno observa quiénes no han tenido participación en la designación de autoridades son 11 provincias que a lo largo de 159 años nunca tuvieron un juez o jueza en el máximo tribunal”, cuestionó Capitanich.

Por último, el gobernador fueguino, Gustavo Melella, de forma breve recalcó que “este proyecto no es contra nadie, porque cuando hablamos de justicia queremos hacer un salto de calidad. Con una mirada de poder de ayudar a la justicia porque hay que dar respuesta, para darle agilidad y eso se hace con la cantidad de miembros a tal demanda que hay. Hay que ampliar y eso tiene un sentido federal también”.

Tras un impasse atribuible a la inclusión de un proyecto más ambicioso -numéricamente hablando-, el Senado retomará este martes en comisiones el debate sobre las propuestas para ampliar los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

El oficialismo convocó para la reunión, que se realizará desde las 14 en el Salón Illia, a gobernadores. Pero, al parecer, serán pocos los que asistirán, comparados a los 16 que suscribieron una nota a favor de llevar el máximo tribunal a 25 integrantes.

Esa idea se convirtió luego en una iniciativa presentada por los jefes del interbloque Frente de Todos, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, quienes, llamativamente, pasaron a integrar la Comisión de Asuntos Constitucionales en reemplazo de Silvia Sapag y Cristina López Valverde, respectivamente.

Según pudo saber este medio, los únicos confirmados hasta horas antes del plenario de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales eran Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Jorge “Coqui” Capitanich (Chaco). Previo al encuentro se sumó también la confirmación de Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

De los proyectos en discusión, uno es el impulsado por Adolfo Rodríguez Saá (Frente Nacional y Popular-FdT), quien propone pasar de 5 a 9 jueces, como también federalizar el máximo tribunal con el nombramiento de jueces por regiones, debiendo respetarse en su integración la diversidad de género.

Otro es del senador Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), que establece llevar a 16 los jueces de la Corte, también garantizando la paridad de género y una representación federal. Para ello, estipula que el máximo tribunal deberá integrarse con al menos tres jueces por cada región, debiendo ser naturales de ella, o tener al menos ocho años de residencia inmediata en la zona respectiva.

El tercero corresponde a la neuquina Silvia Sapag (Unidad Ciudadana-FdT) y también plantea una composición por regiones, elevando de 5 a 15 los integrantes de la Corte. Además, dispone una serie de requisitos para la elección de los magistrados, tales como la realización de tres audiencias públicas -dos deberán realizarse en alguna de las cinco regiones del país- y que los candidatos informen sobre sus bienes y trayectoria laboral.

La cuarta iniciativa corresponde a la riojana Clara Vega (Hay Futuro Argentina), que se limita a regular el cupo femenino en el seno del tribunal, sin elevar su número, presentado en oportunidad de la renuncia de Elena Highton de Nolasco, desde la cual el máximo tribunal está conformado por cuatro hombres: Horacio Rosatti (presidente), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Como se mencionó, el quinto proyecto fue presentado -luego de la nota de los gobernadores- por Mayans y Fernández Sagasti. El texto propone elevar el número de miembros a 25, con el objetivo de “fortalecer la inmediatez de los expedientes”. Se trata de una iniciativa de tan solo 5 artículos, el primero de los cuales habla del número de miembros; propone que “las decisiones de la Corte Suprema se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los miembros que integren al momento de adoptarlas”; y establece que los cuatro actuales jueces seguirán en sus cargos y se cubrirían solo las vacantes.

Se constituyó este martes la Comisión de Turismo de la Cámara alta, donde fue confirmada para un nuevo período como presidenta la senadora jujeña Silvia Giacoppo (UCR).

La reunión se inició a las 13.45, y el primero en tomar la palabra fue el jefe del oficialismo en el Senado, José Mayans, quien propuso para la vicepresidencia a la santacruceña Ana María Ianni y al santiagueño Gerardo Montenegro. Que en rigor eran las únicas autoridades designadas presentes, pues Giacoppo se encuentra en Uruguay, participando de una reunión del Parlatino.

Por eso hizo uso de la palabra la vicepresidenta Ianni, quien tras agradecer la unanimidad con la que había sido designada, destacó el trabajo que hizo la comisión durante la pandemia. Y sobre todo, la relación forjada con Silvia Giacoppo. “Supimos llevar adelante este trabajo más allá de nuestras ideologías políticas, sabiendo que el turismo es central”.

Y a continuación destacó que justamente hace doce años, el 28 de junio de 2012, “nuestra presidenta del Senado firmaba el decreto creando el Ministerio de Turismo de la Nación. Hay casualidades y causalidades”, señaló sonriendo por la coincidencia.

Valoró Ianni la tarea desarrollada por la comisión y el trabajo en conjunto “que supimos lograr” en tiempos de pandemia, destacando que el del turismo “ha sido el sector más golpeado, y estuvimos a la altura de las circunstancias”.

Para la nueva etapa, la senadora santacruceña señaló que hay que pensar en “reactivar, sostener y fomentar esto que para nosotros es el derecho a vacacionar, que como Gobierno tenemos que fomentar”. Y agregó: “Creo que la obligación de esta comisión es que podamos alcanzar juntos políticas sostenibles en el tiempo incentivar en un nuevo plan Previaje, que está siendo anunciado en estos días, y que nosotros acompañamos y contribuimos en lograrlo”.

Una de las que intervino fue la senadora cordobesa de Juntos por el Cambio Carmen Alvarez Rivero, quien valoró la importancia del turismo y advirtió que se necesitan dos cosas: “Combustibles y vuelos”.

El tema, dijo, la toca muy de cerca, pues es empresaria de hotelería y tiene el hotel cerrado. “Estamos pagando los sueldos, el Estado ya no cubre nada de ese sueldo”, señaló, resaltando que “este es un sector que puede transformar la Argentina y dar trabajo. La hotelería, la gastronomía, el transporte, el turismo rural, eso puede hacer explotar la Argentina”.

“Para eso tenemos que favorecer lo general”, señaló, y reclamó: “Liberemos algunas capas de los impuestos que están en este sector, por ejemplo los impuestos a los vuelos; tendríamos muchísimos más viajes dentro del país”.

A su turno, Silvina García Larraburu reivindicó el esfuerzo hecho por el Gobierno nacional. “Nos escucharon, tuvieron en cuenta, hubo un gran trabajo y eso nos permitió terminar la pandemia en otra situación en nuestras ciudades”.

Se desarrolló en el Senado de la Nación la jornada “Reflexiones sobre la protección del Derecho a la Salud”, organizada conjuntamente por el senador nacional Mario Fiad (UCR-Jujuy) y la Asociación Argentina de Justicia Constitucional.

La actividad comenzó este lunes con la apertura del senador Mario Fiad; Patricio Maraniello, presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, y Norma Belixán, directora del Instituto del Derecho a la Salud de la misma.

Durante su presentación, el legislador jujeño manifestó: “Lamentablemente, contamos con un sistema fragmentado y segmentado, con graves asimetrías en términos de investigación y desarrollo, en la producción de medicamentos y la distribución de los recursos”, y agregó: “Para dar respuesta a esta problemática es necesaria la participación de expertos de diversas profesiones, no sólo del área salud, por eso celebro la predisposición y la participación de la Asociación de Justicia Constitucional, para buscar soluciones y respuestas adecuadas, equitativas y oportunas a los ciudadanos, mejorando las condiciones y garantizando el acceso a la salud a todos”.

Luego, el evento continuó con dos paneles de especialistas. El primero “Visiones en torno al acceso a la Salud”, estuvo conformado por Alberto Bozzollo, economista experto en políticas públicas en Salud; Marisa Aizenberg, directora del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la UBA, y Gonzalo Auguste, juez de primera instancia en lo Civil y Comercial.

Por su parte, el segundo panel, titulado “La tutela judicial del derecho a la salud”, estuvo integrado por Viviana Bonpland, de la Universidad de Belgrano; Luciana Escati Peñaloza, directora de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, y Alejandro Nobili, juez de primera instancia en lo Civil y Comercial.

Al finalizar, Fiad remarcó la posibilidad de realizar una segunda jornada para seguir trabajando por un sistema de salud más justo, y expresó: “Celebro este tipo de actividades donde se involucran actores de la sociedad civil con la política, y precisamente debe ser este Senado de la Nación el escenario de diálogo democrático, generador de consensos y articulador entre las demandas sociales y las respuestas del Estado”.

Todavía no se oficializó formalmente la convocatoria a sesionar este jueves, último día del mes de junio, pero es un hecho que los senadores volverán a reunirse en lo que será su quinta sesión especial de este año. La última vez que lo hicieron fue el pasado 2 de junio, cuando realizaron una brevísima sesión para dar ingreso a pliegos diplomáticos y luego pasaron directamente a la reunión informativa del jefe de Gabinete, Juan Manzur.

Que habrá reunión para tratar el alivio fiscal que permitirá a trabajadores monotributistas y autónomos tener una menor carga impositiva y la posibilidad de pagar menos impuestos se estableció durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda realizada el miércoles pasado, cuando se indicó que el proyecto aprobado por unanimidad en Diputados sería considerado por el pleno este jueves.

Habrá que esperar a conocer el temario que indique la convocatoria formal, pero hay numerosos tremas que están en condiciones de ser puestos a consideración, entre ellos proyectos relacionados a la creación y ampliación de parques nacionales. Se trata de la ampliación del Parque Nacional Pre-Delta, ubicado en el departamento de Diamante, Entre Ríos; la creación del Parque Nacional Ansenuza y bañados del Río Dulce, en Córdoba. Asimismo están en condiciones de llegar al recinto la creación del Parque Nacional y Reserva Nacional Laguna El Palmar, en el Chaco, y la ampliación del Parque Nacional Aconquija, en Tucumán.

Los senadores están en condiciones de abordar también el proyecto kirchnerista que establece una nueva moratoria previsional, que obtuvo dictamen en la Comisión de Trabajo y Previsión Social el pasado 14 de junio. En esa oportunidad la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri advirtió que el proyecto debió haber sido girado también a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, mas la titular de Trabajo y Previsión Social, Juliana Di Tullio (Unidad Ciudadana-FdT), rechazó tal posibilidad aclarando que “los giros los dispone la presidenta del Cuerpo” y esa instancia no había sido incluida. Ese proyecto establece un plan de pago de deuda previsional que busca atender la situación de aquellos hombres y mujeres que están en edad de jubilarse pero no cuentan con los años de aportes suficientes. Esa fue la primera y única reunión de comisión para analizar el tema.

Se descuenta que también se aprobará el proyecto que autoriza la entrada y salida de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera del mismo de fuerzas nacionales para participar en los ejercicios contemplados en el programa de ejercitaciones combinadas a realizarse entre el 1 de septiembre de 2022 y el 31 de agosto de 2023; como así también podrían convertirse en ley las leyes de oncopediatría y VIH que tuvieron dictamen el 9 de junio pasado.

Otro tema listo para llegar al recinto es la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023 del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego; como así también un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que establece otorgar un beneficio extraordinario a los familiares de víctimas de la represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001, que cosechó el apoyo del oficialismo y la oposición durante su paso por la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Finalmente el Senado está en condiciones de dar el visto bueno a los embajadores Oscar Laborde para Venezuela; Pablo Vilas para Honduras y Gabriel Fuks, designado para Ecuador.

Luego de un impasse atribuible a la inclusión en el debate de un proyecto más ambicioso -numéricamente hablando- que supuestamente cuenta con el apoyo de los gobernadores y establece una ampliación drástica del Tribunal Supremo, los senadores retomarán esta semana la discusión de los proyectos relacionados con el tema.

Será en el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, que encabezan el jujeño Guillermo Snopek y el neuquino Osar Parrilli, respectivamente, donde se reanudará así la discusión del tema que entró en cuarto intermedio y donde han sido puestos a consideración cinco proyectos.

Uno es el presentado por Adolfo Rodríguez Saá (Frente Nacional y Popular-FdT), quien propone pasar de 5 a 9 jueces, como también federalizar el máximo tribunal con el nombramiento de jueces por regiones, debiendo respetarse en su integración la diversidad de género.

Otro es del senador Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), que establece llevar a 16 los jueces de la Corte, también garantizando la paridad de género y una representación federal. Para ello, estipula que el máximo tribunal deberá integrarse con al menos tres jueces por cada región, debiendo ser naturales de ella, o tener al menos ocho años de residencia inmediata en la zona respectiva.

El tercero corresponde a la neuquina Silvia Sapag (Unidad Ciudadana-FdT) y también plantea una composición por regiones, elevando de 5 a 15 los integrantes de la Corte. Además, dispone una serie de requisitos para la elección de los magistrados, tales como la realización de tres audiencias públicas -dos deberán realizarse en alguna de las cinco regiones del país- y que los candidatos informen sobre sus bienes y trayectoria laboral.

La cuarta iniciativa corresponde a la riojana Clara Vega (Hay Futuro Argentina), que se limita a regular el cupo femenino en el seno del tribunal, sin elevar su número, presentado en oportunidad de la renuncia de Elena Highton de Nolasco, desde la cual el máximo tribunal está conformado por cuatro hombres: Horacio Rosatti (presidente), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

El quinto proyecto fue presentado luego de ser impulsado por 16 gobernadores, suscripto luego por el Poder Ejecutivo y presentado finalmente el pasado 9 de junio por nada menos que el presidente y la vice del interbloque Frente de Todos, José Mayans y  Anabel Fernández Sagasti, el cual eleva el número de miembros a 25, con el objetivo de “fortalecer la inmediatez de los expedientes”. Se trata de un proyecto de tan solo 5 artículos, el primero de los cuales habla del número de miembros; propone que “las decisiones de la Corte Suprema se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los miembros que integren al momento de adoptarlas”; y establece que los cuatro actuales jueces seguirán en sus cargos y se cubrirían solo las vacantes.

La reunión será este miércoles a partir de las 14 en el Salón Illia, y de momento no ha sido anunciada la presencia de invitados. Ni hablar de los propios integrantes de la Corte, cuya presencia José Mayans descartó puntualmente: “No conviene que vengan a opinar sobre un tema que les compete a ellos”, apuntó oportunamente ante la prensa acreditada en el Congreso.

Así las cosas, podría avanzarse hacia la firma del dictamen, consensuando entre el oficialismo y sus aliados la unificación de puntos establecidos en los proyectos puestos a consideración. Particularmente los del rionegrino Alberto Weretilneck y la riojana Clara Vega, indispensables para lograr la mayoría necesaria en el recinto, teniendo en cuenta que el interbloque Frente de Todos cuenta con 35 miembros. De sumar sus votos Weretilneck y Vega, se descuenta que también estará la misionera Magdalena Solari Quintana.

El proyecto podría pasar así antes de mitad de año a Diputados, ya con media sanción, y allí se descuenta que será trabado por la fuerte paridad de fuerzas existente entre oficialismo y la oposición en su conjunto.

Lunes 27 de junio

14.00 hs Jornada “Reflexiones sobre la protección del derecho a la salud”. Organiza el senador nacional Mario Fiad.

16.00 hs Conmemoración del Día Internacional de las Pymes. Organiza la senadora nacional Nora del Valle Giménez.

Martes 28 de junio

13:00 hs Reunión conjunta de las comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda de  la Cámara baja, para tratar el proyecto de Industria Automotriz.

13.30 hs Reunión constitutiva de la Comisión de Turismo del Senado.

14.00 hs Reunión constitutiva de la Comisión de Derechos y Garantías del Senado.

14.30 hs Reunión constitutiva de la Comisión de Economía Nacional e Inversión del Senado.

16.00 hs Reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado. Recibirán a una delegación de senadores franceses.

18.00 hs Jornada “Experiencias de vida independiente de personas con discapacidad intelectual – Insumos para el debate del proyecto de ley de creación de Sistema Integral para la Vida Autónoma”. Organiza la senadora nacional María Inés Pilatti Vergara.

18:00 hs Comisión de Defensa Nacional de la Cámara baja. Con invitados del Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

18.00 hs Reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado.

Miércoles 29 de junio

09.30 hs Reunión de la Comisión de Minería de Diputados. Fue invitada la secretaria de Minería de la Nación, Dra. Fernanda Ávila, representantes del Consejo Federal de Minería (COFEMIN), a fin de informar la situación de la Minería en la República Argentina, perspectiva de crecimiento del sector.

11.00 hs Reunión plenaria de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja.

13.00 hs Reunión de la Comisión de Asuntos Municipales de Diputados.

14.00 hs Presentación del documental “Archivos VIH/Sida: historias y voces de una pandemia”. Organiza el senador nacional Pablo Yedlin.

14.00 hs Reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado.

15.30 hs Reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de Diputados.

16.00 hs Reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación y Cultura – Reunión de la Comisión de Educación y Cultura del Senado.

Luego de haberse aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 15 de junio con 132 votos a favor, 5 en contra y 92 abstenciones, el proyecto que prorroga por 50 años del financiamiento a las industrias culturales comenzará a ser debatido en el Senado.

Será en el marco de una reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda presidida por el riojano Ricardo Antonio Guerra; y de Educación y Cultura, a cargo de la sanjuanina Cristina del Carmen López Valverde. La reunión se realizará este miércoles a las 16 en el Salón Arturo Illia.

Luego, la Comisión de Educación y Cultura se mantendrá en reunión para analizar proyectos de ley y de declaración.

Los puntos centrales del proyecto

El proyecto propone que la vigencia de las asignaciones específicas previstas en tres incisos del artículo 4 de la Ley 27.432 -reforma tributaria de 2017- se extiendan hasta el año 2072.

Se trata del gravamen de emergencia a los premios de determinados juegos de sorteo y concursos deportivos; el impuesto a las entradas de cine e impuesto sobre los videogramas grabados; y el impuesto a los servicios de comunicación audiovisual, previsto en la Ley de Medios.

A través de estos tributos se destinan fondos en beneficio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional del Teatro, las Bibliotecas Populares, las producciones del Sistema Nacional de Medios Públicos, el ENACOM, el Fondo FOMECA, y la Defensoría del Público.

Se realizó este miércoles una reunión conjunta de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda, que presiden la senadora Gladys González (Pro) y el riojano Ricardo Guerra (Frente Nacional y Popular), respectivamente, para tratar tres proyectos relacionados a la creación y ampliación de parques nacionales.

Se trata de la iniciativa en revisión que acepta la transferencia de jurisdicción efectuada por la provincia de Entre Ríos al Estado nacional, para la ampliación del Parque Nacional Pre-Delta, ubicado en el departamento de Diamante de la mencionada provincia; y el proyecto de ley aprobado en Diputados la semana pasada que propone la creación del Parque Nacional Ansenuza, Reserva Nacional Ansenuza y bañados del Río Dulce, en Córdoba. Para ello, se acepta la cesión de todos los terrenos de propiedad de la provincia de Córdoba que se encuentran dentro del espejo de agua de la laguna de Mar Chiquita o Mar de Ansenuza.

También se trató el proyecto de la senadora González en el mismo sentido que el anterior.

La presidenta de Ambiente y Desarrollo Sustentable destacó que “estos proyectos cuentan con el acompañamiento de los senadores de la provincia de Entre Ríos y Córdoba”, y agradeció a “las organizaciones sociales que empujaron para lograr este tratamiento”.

Durante el encuentro, que se llevó a cabo en el Salón Illia, expusieron sobre el tema en debate, el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Lautaro Erratchu; el director ejecutivo de Aves Argentinas, Hernán Casañas y la directora ejecutiva de Natura Internacional Argentina, Lucila Castro.

Erratchu resaltó el “rápido tratamiento que se le ha dado a los expedientes”, y explicó que “cuando nos tocó asumir en Parques Nacionales nos planteamos como eje central de gestión la ampliación del sistema de áreas protegidas, y la creación de nuevos parques nacionales como la mejor estrategia para la conservación de nuestros recursos”. Afirmó, además, que “el objetivo es ampliar un 20% el área de protección de superficies terrestres del país, lo que hace alrededor de 800 mil hectáreas más”.

Al hablar sobre la creación del Parque Ansenuza manifestó que “es el humedal más importante de Argentina, el quinto lago salado más grande del mundo, y en él habita el 66% de las aves migratorias existentes en el país”.

Sostuvo que el proyecto referido al Parque Nacional Pre-Delta, “incorpora 500 hectáreas a un predio, ya en manos de Parque Nacionales, que necesitamos para la infraestructura de inundaciones”.

En tanto, el director ejecutivo de Aves Argentinas consideró que “los Parques Nacionales son grandes motores de desarrollo y todos los argentinos debemos estar orgullosos de los nuestros”.

Resaltó que “que más de 100 países han suscripto en un acuerdo para que en el 2030 al menos el 30% del planeta esté conservado y es importante que la Argentina se sume a esta iniciativa”.

Por último, Lucila Castro explicó que “nosotros promovemos la creación de áreas protegidas en nuestro país como mecanismo de conservación y también de protección y desarrollo de las comunidades”.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el senador por La Rioja Ricardo Guerra (Frente Nacional y Popular), se reunió este miércoles para tratar el proyecto de ley en revisión de alivio fiscal para pequeños contribuyentes y autónomos.

El senador Guerra consideró “muy importante que haya sido aprobado por unanimidad en Diputados y este alivio fiscal permitirá, a los trabajadores monotributistas y autónomos, tener una menor carga impositiva y la posibilidad de pagar menos impuestos”.

También detalló que 4.500.000 de monotributistas y 140.000 trabajadores autónomos se verían alcanzados con esta medida, y agregó: “El objetivo es actualizar escalas en el régimen de pequeños contribuyentes debido a su desactualización por los procesos inflacionarios”.

El jefe del interbloque oficialista, José Mayans, expresó por su parte el apoyo de su bloque al despacho “así como vino de diputados, porque urge aliviar a estos sectores”.

De manera discordante se pronunció la cordobesa Carmen Alvarez Rivero (Pro), para quien con este proyecto “estamos desfinanciando a la seguridad social y alentando la inflación”.

A su turno, el radical chaqueño Víctor Zimmermann consideró que “es muy importante discutir sobre la reforma tributaria y el impacto de la inflación, pero, más allá de la urgencia y la celeridad, vamos a acompañar en general el proyecto y vamos a plantear una disidencia parcial que tiene que ver con el monotributo”.

La iniciativa en revisión tiene como objetivo actualizar la facturación de los monotributistas para evitar que tengan que cambiar de categoría y pagar mayores cuotas, y aumentar las deducciones de ganancias que pagan los empleados que revisten en la categoría de autónomos.

Asimismo, adelanta al próximo 1 de julio el ajuste para los montos máximos de facturación, con la aplicación de un índice del 29,12%.

Miércoles 22 de junio

9:30 hs. Comisión de Discapacidad de la Cámara baja.

9.30 hs. Programa “El Senado va a la escuela”. Organiza la senadora Nora del Valle Giménez en la Escuela N° 5046 “Colegio Juan Calchaquí”, de Salta.

09:30 hs. Reunión de la Comisión de Industria y Comercio del Senado.

10:00 hs. Presentación del proyecto de ley de reconocimiento de la lengua de señas argentina. Organiza la senadora nacional Gabriela Valenzuela, en el  Salón Arturo Illia del Senado.

11:00 hs. Reunión “Políticas fiscales diferenciales para el norte argentino”. Organiza el senador nacional Pablo Yedlin en el Salón de las Provincias.

11:00 hs. Reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, para analizar la reforma del Consejo de la Magistratura.

13:00 hs. Reunión Conjunta de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de Diputados.

16:00 hs. Reunión de la Comisión de Transportes de la Cámara baja.

17:00 hs. Reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja, con la presencia del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez.

17:00 hs. Reunión plenaria de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda del Senado.

Jueves 23 de junio del 2022

11:00 hs. Reunión de la Comisión del Mercosur de Diputados.

11:30 hs. Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsión, de la Cámara baja.

Viernes 24 de junio

16:30 hs. Charla: Las banderas que volvieron de Malvinas. El operativo Cóndor. En el Salón de las Provincias.

19:30 hs. Concierto de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. En el Salón de Pasos Perdidos.

La Comisión de Industria y Comercio del Senado realizará este miércoles, a las 9.30, una reunión en el Salón Eva Perón, con un temario que tiene como principal punto un proyecto sobre atención a los clientes de tarjetas de crédito.

La iniciativa, de la neuquina Lucila Crexell, busca sustituir el artículo 51 de la Ley 25.065 -de Tarjetas de Crédito- respecto de ampliar el horario de atención al cliente e incluir la asistencia de una persona humana.

De esta manera, se propone que “a los fines de garantizar la atención permanente al cliente en casos de urgencias, además de las operaciones y minimizar los riesgos por operaciones con tarjetas sustraídas o pérdidas, el emisor debe contar con un sistema de recepción telefónica de urgencias y denuncias que opere las 24 horas del día, en el cual el cliente pueda solicitar en todo momento ser asistido por una persona humana, debiendo identificar y registrar cada una de ellas con hora y número correlativo, el que deberá ser comunicado en el acto al denunciante”.

Asimismo, el texto establece que “el sistema deberá permitir receptar la denuncia o urgencia, mediante la mención del DNI junto con otros datos que permitan la validación que la identidad del denunciante corresponde al legítimo usuario de la tarjeta a denunciar, no pudiéndose exigir el número de la tarjeta objeto de la denuncia”. “La atención telefónica debe efectuarse en un tiempo razonable”, agrega.

Visita de la Comisión Directiva de la Asociación de Concesionarios

Por otro lado, la comisión presidida por el sanjuanino Roberto Basualdo (PyT-JxC) recibirá a representantes de la Comisión Directiva de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

La delegación estará encabezada por el presidente de la entidad, Ricardo Salome, quien expondrá junto al equipo de contadores sobre “la necesidad de una normativa específica para el sector que brinde seguridad jurídica a concesionarios y a sus trabajadores, con el objetivo de lograr un equilibrio entre las partes que conforman la dinámica de dicho sector”.

El problema que plantean los dirigentes de Acara está vinculado con los contratos de franquicias. Destacan que los fabricantes de automóviles, cuando el franquiciado sufre una merma en las ventas o no alcanza un objetivo, interrumpen el contrato. Entonces, una agencia que estuvo invirtiendo durante años y generando una estructura, se queda sin la posibilidad de ser franquiciado, porque le realizan cancelaciones e interrupciones sin considerar el trabajo, la inversión y el esfuerzo aplicado.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, comandada por el riojano Ricardo Guerra (FNyP-FdT) se reunirá este miércoles por la tarde para tratar el proyecto de alivio fiscal para monotributistas y autónomos, que se debatiría en sesión la próxima semana.

Primeramente, a las 17, la comisión realizará una reunión conjunta con Ambiente y Desarrollo Sustentable para dar despacho al proyecto que crea el Parque Nacional Ansenuza, en la provincia de Córdoba, y el que amplía el Parque Nacional Pre-Delta en Entre Ríos. Ambos fueron aprobados la semana pasada por la Cámara baja.

Luego de ese plenario, Presupuesto y Hacienda se abocará al debate de la iniciativa sobre alivio fiscal, que se votó el miércoles pasado en Diputados, donde cosechó una unanimidad por 237 votos a favor.

El proyecto, que sufrió modificaciones antes de la votación con el objetivo de sumar más apoyos, establece que los montos máximos de facturación para las categorías A, B, C y D del monotributo se actualizarán en un 60% y el resto -de la E a la K- en 29,12%, en función del coeficiente acumulado a junio de este año, y que combina los dos aumentos que hubo en las jubilaciones en el primer semestre.

De acuerdo al texto, los montos máximos para cada categoría serán: $748.382,07, para la A; $1.112.459,83, para la B; $1.557.443,75, para la C; $1.934.273,04, para la D; $2.277.684,56, para la E; $2.847.105,70, para la F; $3.416.526,83, para la G; $4.229.985,60, para la H; $4.734.330,03, para la I; $5.425.770,00, para la J; y $6.019.594,89, para la K.

Además, las categorías A y B estarán exentas del componente impositivo, que representa $288 y $555, respectivamente. Este beneficio aplicará a los monotributistas “puros”, es decir, a aquellos que no tiene otros ingresos, ya sea por jubilaciones, relación de dependencia, rentas financieras o alquiler de inmuebles, por ejemplo.

Con esta exención -que no afecta fondos de obras sociales ni seguridad social- se verán beneficiados unos 2,1 millones de monotributistas, el 47% del total.

La medida busca que los contribuyentes no tengan que saltar hacia una escala mayor, y se estima que serán beneficiados unos 4.498.419 monotributistas de todo el país, lo que representa el 39% en el AMBA y el 61% en el resto de las provincias.

Respecto a los autónomos que están alcanzados por el impuesto a las Ganancias, se estableció una suba de las deducciones a fin de que el mínimo no imponible quede más equitativo o cercano al que aplica a los empleados en relación de dependencia, beneficiados en la última actualización del “piso” de este tributo.

El incremento en la deducción especial, que impactará en 140 mil autónomos, pasa a 2,5 veces, mientras que para nuevos profesionales se eleva a 3 la ganancia no imponible.

Martes 21 de junio

9.30 hs. Programa “El Senado va a la escuela”

16:00 hs. Reunión conjunta de las comisiones de Industria; de Presupuesto y Hacienda y de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados.

17:30 hs. Reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja.

Miércoles 22 de junio

9:30 hs. Comisión de Discapacidad de la Cámara baja.

9.30 hs. Programa “El Senado va a la escuela”. Organiza la senadora Nora del Valle Giménez en la Escuela N° 5046 “Colegio Juan Calchaquí”, de Salta.

09:30 hs. Reunión de la Comisión de Industria y Comercio del Senado.

10:00 hs. Presentación del proyecto de ley de reconocimiento de la lengua de señas argentina. Organiza la senadora nacional Gabriela Valenzuela, en el  Salón Arturo Illia del Senado.

11:00 hs. Reunión “Políticas fiscales diferenciales para el norte argentino”. Organiza el senador nacional Pablo Yedlin en el Salón de las Provincias.

11:00 hs. Reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, para analizar la reforma del Consejo de la Magistratura.

13:00 hs. Reunión Conjunta de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de Diputados.

17:00 hs. Reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja, con la presencia del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez.

Jueves 23 de junio del 2022

11:00 hs. Reunión de la Comisión del Mercosur de Diputados.

11:30 hs. Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsión, de la Cámara baja.

Viernes 24 de junio

16:30 hs. Charla: Las banderas que volvieron de Malvinas. El operativo Cóndor. En el Salón de las Provincias.

19:30 hs. Concierto de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. En el Salón de Pasos Perdidos.

El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados el miércoles pasado en beneficio a monotributistas y autónomos comenzará a ser tratado en el Senado en los próximos días. Así lo confirmó el jefe del interbloque de senadores nacionales del Frente de Todos, José Mayans, que anticipó que el oficialismo quiere emitir dictamen favorable del proyecto de ley de alivio fiscal la semana próxima, en comisión, para llevarlo al recinto antes del 1° de julio, cuando inicia el plazo para la recategorización del monotributo 2022.

“El proyecto de alivio fiscal lo vamos a tratar inmediatamente.  La semana que viene, lo hacemos en comisión, para llevarlo al recinto el 30 de junio”, afirmó Mayans, en declaraciones radiales.

De acuerdo con el senador por Formosa, el proyecto, aprobado el miércoles pasado en la Cámara baja por amplia mayoría, ya tiene  dado el giro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado. “La idea es tener despacho la semana que viene”, insistió y recordó que se trata de “darle alivio a un sector de la sociedad que lo necesita”.

La medida, de aprobarse, beneficiará a un universo de más de cuatro millones y medio de personas, entre monotributistas, que conseguirán una ampliación de los topes de facturación y así evitarán pagar una alícuota más alta, y autónomos, que obtendrán una modificación en deducciones para el pago del Impuesto a las Ganancias.

“La intención es que el salario tenga una recuperación parcial y que le gane a la inflación”, explicó Mayas, en declaraciones a la emisora AM1420, al referirse a las distintas medidas que viene tomando el FdT para recuperar el poder adquisitivo de las distintas franjas de la sociedad, como por ejemplo la elevación el piso para comenzar a pagar Ganancias para  los trabajadores registrado en relación de dependencia, entre otras.

La Cámara de Senadores va activando de a poco la actividad en las comisiones, ya que este miércoles 22 la Comisión de Industria y Comercio se reunirá para tratar un paquete de proyectos y luego recibirá a representantes de la Asociación de Concesionarios de Automotores. También se llevará a cabo la presentación del proyecto de ley de reconocimiento de la lengua de señas argentina y, más tarde, se realizará una reunión de “Políticas fiscales diferenciales para el norte argentino”.

Desde las 9.30 la Comisión de Industria y Comercio, presidida por el sanjuanino Gustavo Basualdo (Producción y Trabajo), se reunirá en el Salón Eva Perón para darle tratamiento a una serie de proyectos.

En primera instancia, abordarán la iniciativa de ley de la senadora Lucila Crexell (JxC) que sustituye el art. 51 de su similar 25.065 (tarjetas de crédito), respecto de ampliar el horario de atención al cliente e incluir la asistencia de una persona humana.

En cuanto a los proyectos de comunicación, analizarán cinco: uno corresponde a Crexell que solicita se informe sobre diversas cuestiones relacionadas con el comercio de desechos y desperdicios de cobre y sus aleaciones y su incidencia en la prestación de servicios en los cuales se utilizan dichos materiales. Otro pertenece el presidente de la comisión que solicita informe respecto del Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores” (PRODEPRO).

Los restantes tres son de la riojana María Clara Vega que solicita se informe sobre diversas cuestiones relacionadas al faltante de fabricación de vidrio; el segundo solicita se informe sobre las acciones llevadas a cabo por el observatorio de precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios (ley 26.992), frente a la actual escalada inflacionaria. Y el último solicita informes sobre el programa de precios cuidados y otras cuestiones conexas.

Además, se analizarán los proyectos de declaración del senador santafesino Marcelo Lewandowski (FdT) que expresa beneplácito por el emplazamiento de un parque industrial en la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe y otro expresa beneplácito por la producción de máquinas agrícolas fabricadas también de su provincia.

A continuación de la reunión se escucharán a los representantes de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) quienes expondrán sobre la temática del sector de concesionarias automotrices, en particular sobre la necesidad de una normativa específica que brinde seguridad jurídica a concesionarios y a sus trabajadores, con el fin de lograr un equilibrio entre las partes que conforman la dinámica de dicho sector.

A las 10 se realizará en el Salón Arturo Illia la presentación del proyecto de ley de reconocimiento de la lengua de señas argentina, organizado por la senadora nacional Gabriela Valenzuela (UCR– Corrientes).

Una hora más tarde se llevará a cabo una reunión de “Políticas fiscales diferenciales para el norte argentino” organizada por el tucumano Pablo Yedlin (FdT) que tendrá lugar en el Salón de las Provincias.

El Poder Ejecutivo pidió al Senado de la Nación prestar acuerdo para 47 nuevos jueces y conjueces. Así las cosas, la Cámara alta convocó a audiencias públicas para los días 5, 6 y 7 de julio a partir de las 10.

Las mismas se realizarán en el Salón Arturo Illia y se dará cumplimiento así a la compulsa pública que por ley corresponde a los candidatos seleccionados por el Consejo de la Magistratura y elegidos por el Poder Ejecutivo.

Entre los cargos a cubrir figuran 6 correspondientes a juzgados de primera instancia del fuero laboral de la Capital Federal.

La titular de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), Analía Monferrer, fue propuesta como integrante del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número dos de la Capital Federal; como así también 3 nuevos jueces para la Cámara Federal de Luis Piedrabuena, en la provincia de Santa Cruz, y 3 jueces para tribunales orales federales de La Plata.

También fueron propuestos jueces para fueros federales de los distritos de Tucumán, La Rioja, Jujuy, Rosario y Misiones. Asimismo figuran en el listado una decena de candidatos a jueces de distintos tribunales orales de la Capital Federal. También, el Ejecutivo propuso una lista de conjueces para distintos tribunales de todo el país.

A cuarenta años del conflicto bélico por las Islas Malvinas, la imagen de la Virgen de Luján, que acompañó a las tropas argentinas en el archipiélago austral durante 1982, fue entronizada en el salón de las Provincias del Senado de la Nación, donde permanecerá hasta este jueves.

La imagen de la Virgen Malvinera, como también se la reconoce, arribó al Palacio Legislativo el miércoles por la mañana, en manos de una delegación que encabezó el obispo castrense de la Argentina, monseñor Santiago Olivera, y fue ingresada, desde la explanada principal, por un grupo de empleados legislativos ex combatientes de Malvinas.

Durante la ceremonia -iniciativa del jefe del interbloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, y de la senadora de Juntos por el Cambio Carmen Alvarez Rivero– monseñor Olivera hizo un recuento de cómo un grupo de laicos tomó conocimiento, a través de una entrevista periodística a un médico británico, sobre el destino que había tenido la imagen de la Virgen, tras el conflicto de 1982: estaba en una catedral en Inglaterra. Había sido trasladada allí desde Malvinas, a pedido de un capellán de las fuerzas armadas británicas, para “rezar por los caídos argentinos y británicos”, explicó el religioso argentino.

Al tomar conocimiento de esa situación, se iniciaron las gestiones, para su retorno al país, con el obispo castrense británico, que finalmente dieron como resultado “el regreso de la Virgen a la Argentina”, en 2019. La entrega se hizo vía El Vaticano, con la anuencia del papa Francisco.

“Este reconocimiento a María nos llena de gozo”, señaló Olivera, al destacar que se promoviera la entronización de la imagen en la Cámara alta: “en la casa de todos, donde se realizan, se hacen, se piensan las leyes por el bien de todos”, consignó. “Esta imagen nos evoca su presencia y, sin lugar a dudas, en estos cuarenta años, es un hecho histórico importante. Como Iglesia Castrense, como Iglesia Argentina, damos gracias a Dios por este regalo”, señaló.

Antes, el prelado había indicado: “Tenemos la gracia de tener de nuevo a la Virgen entre nosotros. Tenemos la gracia de que esta imagen nos evoque la cercanía de la Virgen, el amor de María, y ella nos invita a cumplir con la voluntad del Padre; nos invita a hacer lo que Jesús nos dice, que no sea solo una memoria del pasado, sino una memoria agradecida y actualizada de lo que María puede seguir haciendo entre nosotros”. “Como se decía recién, invitándonos a la unidad, que es posible y es querida por Jesús, un cristiano nunca podría dejar de rezar, siempre con entusiasmo y confianza, por el don de la unidad”, completó el obispo castrense.

Del encuentro, también, participó la senadora nacional del Frente de Todos María Teresa Margarita González, en representación del interbloque FdT, quien sostuvo: “Tuvimos el honor de recibir a la imagen de nuestra señora la Virgen de Luján, que acompañó a las tropas argentinas durante la gesta de Malvinas” y calificó a la ceremonia como “emotiva e histórica”.

 La Virgen permanecerá hasta las 18 en el referido salón, escoltada por una guardia de honor del Regimiento de Granaderos General San Martín, para luego continuar su peregrinación por el interior de la Argentina.

Presidida por la senadora Juliana Di Tullio, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado pasó a la firma el proyecto de ley que establece un plan de pago de deuda previsional, que busca atener la situación de aquellos hombres y mujeres que están en edad de jubilarse pero no cuentan con los años de aportes suficientes. La oposición de Juntos por el Cambio expresó sus cuestionamientos y no firmó el dictamen.

El encuentro se celebró en el Salón Illia del Senado, donde en el arranque se procedió a completar las autoridades de esa comisión, designando a la cordobesa del Pro Carmen Alvarez Rivero vicepresidenta de la misma. A continuación, la presidenta de la comisión recordó que durante las reuniones previas se había analizado el proyecto y había habido tres preguntas formuladas por senadores, las cuales habían sido contestadas y que lo mismo harían con las que fueran a hacerse durante la presente jornada en la que se pasaría a la firma el dictamen, de modo tal de llevarlo al recinto transcurridos los 7 días que corresponden según el reglamento. En rigor, la de este martes fue la primera y única reunión presencial con los senadores, pues las anteriores dos referidas por Di Tullio habían sido con asesores, aclararon desde la oposición.

Di Tullio consideró “central” e “importantísimo para los argentinos y argentinas” ese tema, por cuanto “estamos a punto de finalizar una ley de moratoria, la ley de 2014 del Poder Ejecutivo que conducía entonces la expresidenta Cristina Kirchner. Una moratoria que fue prorrogada por el Poder Ejecutivo de Mauricio Macri solo para las mujeres, y que se va a terminar en julio de este año”.

“Lo que hemos analizado quienes trabajamos en el tema, sobre todo los senadores Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde (autores de la iniciativa), es que la pendiente viene bajando y corremos el riesgo de que haya una baja en el universo de personas que tienen que jubilarse y no tengan acceso a ese derecho”, expresó la presidenta de la comisión, que aclaró que “no es una moratoria, es un programa para pagar deuda previsional”.

Las personas alcanzadas por el proyecto podrán pagar la deuda previsional mientras cobran la jubilación, en hasta 120 cuotas.

Puntualizó que “este plan de pago previsional es un proyecto extenso y vasto”, y recordó lo realizado por las gestiones kirchneristas desde 2004, cuando el decreto de Néstor Kirchner que jubiló a un universo de 3 millones y  medio de personas. Cifra que consideró “motivo de orgullo, no importa de qué lado de la política estemos. Hay casi una universalización de las personas en condiciones de jubilarse”, agregó, pero insistió en que “la curva empezó a descender, por eso hacemos este nuevo proyecto”.

Las personas alcanzadas por dicha iniciativa son aquellas que tienen la edad para acceder a la jubilación, pero no los años de aportes necesarios, por lo que se les permitirá pagar la deuda previsional mientras están cobrando la jubilación. Lo podrán hacer hasta en 120 cuotas. También sirve para las personas de 50 años, si son mujeres, o 55, si son varones, para poder pagar antes la deuda previsional. “Cada uno sabe en su historia previsional cuánta deuda tiene al día de hoy”, resumió.

Di Tullio detalló que sin ese proyecto, solo una de cada 10 mujeres podría jubilarse, y 3 de cada 10 varones. “Estamos haciendo que esta posibilidad se amplíe y que el SIPA se sostenga y tenga la posibilidad de ser solvente”, agregó.

A continuación habló Fernández Sagasti, que destacó que junto a Mariano Recalde, el otro autor del proyecto, se habían comprometido a “tratarlo con celeridad, porque en escasos 40 días se vence la moratoria jubilatoria de 2014, y desde 2015 y 2016 la línea viene bajando. Si bien se hizo un maravilloso aporte desde la ANSeS para contabilizar los años de aporte por hijo, la verdad que nos parecía que el Senado no podía estar expectante sabiendo que este año iban a haber 500 mil argentinos que no iban a poder jubilarse por no tener los aportes necesarios”.

A la hora de justificar la iniciativa, la mendocina recordó que quienes este año cumplirían entre 60 y 65 años, a partir de los 18 pasaron por la dictadura, hierinflaciones, los picos de desocupación de los 90 y 2001, por lo que “ha sido ajeno a estas personas no tener los 30 años de aporte, porque las crisis económicas argentinas no se lo han permitido”.

Para Fernández Sagasti “hemos podido construir un proyecto que es superador al de 2004 y 2014, porque tiene no solo un punto de vista de corto plazo -este plan de pago tiene una duración de 2 años que puede ser prorrogado por 2 años más y alcanza a 800 mil personas en edad jubilatoria sin aportes-; tiene una mirada a mediano plazo y es que creamos una unidad de pago de deuda. De precancelación a los que les falten 10 años, anticipándose a que cuando tengan la edad, pueden tener los 30 años” de aportes. Para la vicepresidenta del interbloque FdT, eso hace a la sostenibilidad del sistema previsional, “porque van a entrar ingresos”, pero además “vamos a crear conciencia, para que previendo la gente empiece a calcular si van a llegar a la edad con los aportes necesarios, y no sea costumbre esto de los planes de pago previsionales”.

Para finalizar, planteó la necesidad de “tener un sistema previsional más robusto, sustentable y empezar a construir uno más justo, que es lo que nos falta. En este contexto el derecho a la jubilación es un derecho que tenemos que garantizar”.

A su turno, Mariano Recalde hizo hincapié en la fecha límite que está por delante: el 22 de julio vence la moratoria previsional vigente, que “fue perdiendo potencia, particularmente en los 4 años de Mauricio Macri”, al que irónicamente le adjudicó “una perspectiva feminista”, por haber resuelto sostenerla solo para las mujeres. Recordó que a los varones se les otorgó solo la posibilidad de la PUAM, que definió como “una pensión más precaria, barata y menos integral”.

En ese sentido recordó que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) asciende al 80% de una jubilación mínima, por lo que “está bastante lejos de una canasta básica”. El legislador sostuvo que “nunca puede pasar que se pierda un derecho donde hay una necesidad y había  un derecho. Queremos mantener el derecho y mejorarlo. Y además fortalecer la cultura previsional contributiva y nos parece además que es muy justo, porque se trata de personas que no son culpables de no tener los aportes”.

Además, agregó, “tampoco es cierto que no aportaron. Aportaron, porque el sistema previsional hoy se sostiene con 50% de los que hacen aportes y 50% de los impuestos generales, donde aportan todos”.

Luego dio precisiones sobre el proyecto. ¿Qué van a pagar? Lo mismo que pagaría un trabajador en actividad: 29% de la remuneración mínima imponible, consistente en $10.989. “El 29% es $3.187 por mes y de acuerdo a la deuda previsional que tenga lo va a pagar en una, 30, 60, o hasta 120 cuotas”, especificó, aclarando que hoy es esa cifra, pero ese porcentaje se saca sobre la base de la remuneración mínima imponible que se actualiza trimestralmente. Actualización que también se aplicará sobre la cifra referida.

“Incorporamos una novedad que es la de cancelar anticipadamente la deuda previsional. Aquellos que tengan hasta 10 años menos de la edad jubilatoria, pueden ir viendo, porque conoce o porque consulta a la ANSeS, adelantar el pago de esa deuda previsional. No solo continuarla, sino empezar a pagar antes. Le permite tener más seguridad de que va a acceder al beneficio, pero al Estado le permite recaudar, además”.

Juliana Di Tullio detalló a continuación el costo fiscal de la iniciativa. El primer año sería de 0,02%, y el año que viene 0,3%. “Realmente un costo fiscal muy bajo, afrontable para las cuentas lamentables de nuestro país, pero que todavía estamos tratando de ordenar y que nos va a llevar mucho tiempo ordenar”, enfatizó, para criticar luego la tarea de los ministerios de Trabajo de años anteriores que no cumplieron con el poder de fiscalización suficiente, facilitando que no haya ahora aportes suficientes.

Por otra parte aclaró que no había habido ninguna propuesta para modificar el proyecto, pero que seguiría abierta a la posibilidad de atender las consultas y sugerencias hasta llegar al recinto.

Desde la oposición, la senadora Guadalupe Tagliaferri reconoció la importancia del tema, reconoció que el sistema “tiene que ser solidario, justo, sostenible y sustentable, y que no lo es”, pero reclamó que con la premura correspondiente la iniciativa fuera girada también a la Comisión de Presupuesto. Justificó su pedido en que “no sabemos si esto complica los acuerdos y metas de (Martín) Guzmán con el FMI, las estimaciones de los cálculos actuariales del costo, que es algo que han hecho los asesores de los senadores, no es algo que haya hecho el Poder Ejecutivo”.

Con todo, Tagliaferri consideró que la iniciativa “no soluciona el problema de base”, y consideró injusto que aquel que nunca haya aportado ingrese a  una jubilación. “En algún momento lo que va a suceder es que no pueda jubilarse nadie”, advirtió. Respecto del bajo poder adquisitivo de la PUAM, señaló: “Es cierto que la PUAM está por debajo de la canasta, también está la mínima, si mejoran la mínima sube la PUAM”.

Para finalizar, sintetizó pidiendo mandar el proyecto a Presupuesto y requerir la presencia de Guzmán, como así también informar qué pasará con las personas que pasados los dos años no cumplan el tiempo de aporte.

Di Tullio le respondió recordándole que la herramienta de dar los giros la tiene la presidenta del Senado, que ya dispuso que la iniciativa no vaya a otra comisión. Y que además fue ANSeS el organismo que les dio los datos respecto del costo fiscal de la iniciativa, del que dio más detalles: el 0,02% equivale a 12.046 millones de pesos, mientras que el 0,3% equivale a 184.844 millones de pesos.

La vicepresidenta de la comisión consideró “una barbaridad esas cifras”, estimando que “Guzmán tiene que acusar un impacto, es (una cifra) muy importante”. Y agregó: “De todas maneras yo creo que el sistema previsional depende de la confianza; la gente tiene que confiar en la Argentina, tiene que confiar a 30 años, tiene que confiar en todos los dirigentes. De alguna manera si la gente no aporta al sistema es porque no está confiando en nosotros”.

Sobre el final, Fernández Sagasti recordó que la voluntad del interbloque oficialista era emitir dictamen este martes, “y no habiendo propuestas concretas de modificación nos complacería firmar el dictamen”.

Expresó además su deseo de hablar sobre “cómo volvieron deficitario el sistema previsional”, responsabilidad que adjudicó a la gestión anterior, pero aclaró que dejarían esas expresiones para el recinto. Y concluyó señalando que “los números tienen que cerrar con la gente adentro. Y para nosotros es importante que 800 mil personas puedan jubilarse”.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, presidida por la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, tratará este martes -a partir de las 14- el proyecto de ley que propone una moratoria previsional para aquellas personas que estén en edad de jubilarse pero no cuenten con los años de aportes suficientes.

La iniciativa se debatirá en el encuentro, que se realizará en el Salón Illia, luego de más de un mes de haber sido presentada por Di Tullio y sus partes del interbloque oficialista Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde, durante una conferencia de prensa en la que admitieron que la propuesta no había sido consultada con el Ministerio de Economía.

En esa jornada, los legisladores kirchneristas aseguraron que esta nueva moratoria tendría un costo fiscal mínimo, de 0,02%, al tiempo que contribuiría a “fortalecer el sistema previsional”.

De acuerdo al proyecto, las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Los senadores señalaron que, en la actualidad, solamente 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones estarán llegando a la edad de jubilarse con los 30 años de aportes. El resto se ve obligado a recurrir a la PUAM, una prestación sancionada en el gobierno anterior y que otorga apenas un 80% del haber mínimo.

Por otra parte, la iniciativa contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes. Estos trabajadores podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, anteniendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.

Cada unidad de cancelación de aportes previsionales abonada será registrada en la historia laboral de la persona, que podrá ir previendo la evolución de sus servicios con aportes conforme va avanzando en la cancelación de unidades y se va acercando su edad de retiro. La actualización del plan de pagos se realiza teniendo en cuenta el índice de movilidad jubilatoria informado por la ANSeS, se explicó.

Según los registros de la Seguridad Social, en lo que resta de 2022, aproximadamente 500 mil personas con la edad jubilatoria ya cumplida podrían adherir a la Unidad de Pago de Deuda Previsional que propone el proyecto de ley. Además, aproximadamente otras 300 mil personas estarían en condiciones de adherir en el año 2023.

Un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa Nacional del Senado se reunieron este jueves en el Salón Arturo Illia y dieron dictamen al proyecto que autoriza la entrada y salida de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales, para participar en los ejercicios contemplados en el programa de ejercitaciones combinadas a realizarse desde el 1° de septiembre de 2022 hasta el 31 de agosto de 2023.

Al comienzo del encuentro el presidente de la Comisión de Defensa, el salteño Sergio “Oso” Leavy (FdT), explicó que los ejercicios combinados “todos los años tiene que ser presentados para cumplir con lo que dicen las leyes. Se remonta a aquellas reuniones entre los Estados mayores conjuntos de los diferentes países involucrados, cuyo origen se fundamenta en la necesidad de reforzar la cooperación bilateral y multilateral con las Fuerzas Armadas de las mismas”.

“Constituyen una herramienta fundamental que permite robustecer el adiestramiento y entrenamiento del personal de las Fuerzas Armadas y de los Estados mayores conjuntos. Además, se incrementa la integración entre las diferentes fuerzas de los países intervinientes aumentado así la eficacia a la hora de llevar adelante alguna operación futura”, sumó el oficialista,

En tanto, resaltó que “las ejercitaciones combinadas son parte indispensable en la formación de hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas”, y que “la solicitud se enmarca en el artículo 75 inciso 28 de la Constitución Nacional que pide que sea el Congreso quienes autoricen el movimiento de tropas y también a la Ley 25.880 en su artículo 5”.

“Este programa de ejercitación ha sido elaborado por el Ministerio de Defensa con la información suministrada por los Estados mayores de las diferentes Fuerzas”, agregó Leavy y explicó que son 11 los ejercicios que se llevaran a cabo, de los cuales 7 corresponden a la Armada Argentina, dos son de la Fuerza Aérea, 1 del Ejército argentino y uno del Estado mayor argentino y uno de solidaridad y emergencia. “De ese total, 5 son de características bilaterales, 6 de carácter multilateral con otros países”, aclaró.

Por su parte, el secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Francisco Cafiero, reforzó que “es un proyecto de requerimiento constitucional que se enmarca desde el año 2004 tiene en el marco de esos ejercicios planificados, objetivos muy concretos para las Fuerzas Armadas Argentinas”.

En esa línea, desglosó los objetivos y precisó que “esta el reforzamiento de la cooperación bilateral y multilateral; el adiestramiento; las medidas de confianza mutua; la interoperabilidad algo sumamente importante y necesario”. También destacó que las Fuerzas Armadas están integrados por “hombres y mujeres altamente instruidos, muy bien formados y capacitados y esos ejercicios hacen a la formación militar”.

“La aprobación va en la dirección de posicionamiento estratégico de la política de defensa de Argentina”, subrayó.

A continuación, hizo uso de la palabra el vicepresidente de la Comisión de Defensa, el riojano radical Julio Martínez, quien remarcó que “son ejercicios de rutina que se repiten todos los años” y que “son sumamente necesarios para las Fuerzas porque pueden desplegar gran parte de sus capacidades y lograr conocimientos con otras fuerzas de países vecinos”.

“Tiene que ver con la cooperación y emergencia cada vez más necesario. Es necesario interactuar”, aseguró y ejemplificó: “En incendios o inundaciones se va a necesitar la cooperación porque no es lo mismo un país que tiene dos aviones hidrantes al lado de uno que no tiene nada”. “Estos temas importantes los vamos a apoyar siempre”, cerró.

A su turno el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el puntano Adolfo Rodríguez Saá, agradeció la convocatoria y comunicó que ha sido designada la senadora por salta Nora del Valle Giménez como reemplazante de la sanjuanina Cristina Carmen López Valverde.

El ministro de Defensa Nacional, Jorge Taiana, se presentó este jueves a la Comisión homónima de la Cámara alta en el Salón Arturo Illia para brindar un informe sobre los avances en los proyectos que contiene el FONDEF (Fondo Nacional de Defensa).

Durante su exposición hizo un repaso histórico de los cambios globales, destacó la importancia de contar con Fuerzas Armadas y ponderó la labor llevada a cabo en la pandemia. Además, explicó los puntos principales del FONDEF y dejó en claro que la política estratégica de Argentina es “defensiva”.

Al inicio de su ponencia, el titular de la cartera de Defensa sostuvo que “tenemos un contexto internacional extraordinariamente cambiante, movido y se hacen ciertas las palabras de quien fue presidente de Ecuador, Rafael Correa, que decía que no era una época de cambios, sino que era un cambio de época. Cuando lo escuché me atrapó el concepto”.

Y continuó: “¿Qué quiere decir que es un cambio de época? bueno quizás quiere decir que es parecido a la Revolución Industrial con la transformación, quizás parecido a la modernidad, al Renacimiento. No lo sabemos aún, pero si sabemos que desde mediados de los años 70 el mundo está envuelto en un proceso de cambio que tiene una base tecnológica, transformadora, extraordinaria que nos hace difícil pensar o anticipar que es lo que va a suceder”.

“Esto tuvo que ver con las comunicaciones, la aparición de Internet y todos los fenómenos vinculados a eso, pero también todos los procesos que se generaron para avanzar el tráfico internacional, también esta la robótica y la inteligencia artificial, pero ¿qué importancia tiene ese contexto? seamos claros, en menos de 20 años se derrumbó a la Unión Soviética, se acabó al Guerra Fría y entró otro periodo, de un mundo unipolar, pero es un mundo que duró desde el 90’ hasta el 2008 por la crisis financiera de ese año, comenzó otro momento de esta etapa que cuesta definir bien, pero que tiene momento multipolares”, explayó.

En ese sentido, Taiana advirtió que “estamos en una época de cambios”, y preguntó: “¿Qué significa eso? Primero se van modificando las relaciones de poder incluso se van modificando geográficamente, es como que los polos de poder se trasladan desde el norte hacia el sur, del oeste al este. Esto no es un proceso que se da de un día para el otro, ni que termina, ni que no tienen marcha”.

“Es un proceso visible incluso con fenómenos extraños, eso se da. Son como placas tectónicas que se mueven y cambian el escenario en tres aspectos: comercial, político y en el militar, donde Estados Unidos sigue siendo la superpotencia, pero Rusia se ha metido en esta guerra con invasión a Ucrania tiene gran poderío nuclear”, describió.

En ese contexto, señaló que “todo eso está cambiando y todo eso trae consecuencias. La más evidente es el cambio en la forma en que se acumula el poder. Se modifica quiénes tiene el poder y cuánto lo pueden hacer valer, y cómo se distribuye. Se puede generar poder nuevo y también pueden desaparecer formas de poder. Eso se dio en un proceso de globalización que fue acompañado de otro proceso que fue y es devastador: el cambio climático”.

“El cambio climático, ascenso de temperaturas, exceso de dióxido de carbono, no solo produce alteraciones evidentes como intensas lluvias, sequías, sino que también transforma matrices productivas, se adapta a eso la tecnología para mitigar o resistir los efectos y también hay otro elemento perturbador del análisis tradicional, el clima que hemos estudiado de la Argentina ¿eso se va a mantener así? no lo sabemos. Parte del contexto internacional genera incertidumbres”, sumó el ministro a su discurso.

A su vez, sostuvo: “Lo que es seguro y que se podía decir y anticipar y hoy es una realidad, es que esos cambios, esas transformaciones sin duda iban a traer tensión política, fricciones, competencias y conflictos abiertos. Eso no es una posibilidad, es una realidad dramática y tenemos varias guerras. Ese cambio de época trae muchas complejidades, por lo que hay que tener la cabeza abierta, flexibles y saber que, en este momento, ese impulso grande que tuvo la globalización, parece pasar por una especie de mezcla de estancamiento y regionalización. Ese proceso global se ha reducido en partes, en volver a tener en cada país sus fábricas, ha una transformación que hace que la realidad sea distinta”.

“Con todo eso nos enfrentamos nosotros. Argentina es el 8vo país en territorio del mundo, que tiene una población no muy numerosa con ciertos grados de preparación, que tiene diversos climas. En el mundo la formación y los recursos humanos que posee la Argentina son valorados”, ponderó y agregó que “esos recursos humanos son acompañados de recursos natrales, muchos y variados. Es un país interesante de ver por su extensión, que tiene costas enormes, montañas, reservas de litio, de gas y carbón, al mismo tiempo es gran productor de soja y exportador de alta tecnología y la UBA es la mejor de Iberoamérica”.

Argentina: la importancia de las Fuerzas Armadas

A continuación, y retomando el marco global que brindó, Taiana preguntó: “¿Qué se puede pensar del siglo XXI? el peligro del siglo XXI es el caos”, por lo que remarcó que “ese riesgo está y, ante ese riesgo, ese temor, Argentina tiene que tener Fuerzas Armadas, ese es el punto básico.

“La Argentina tiene que tener Fuerzas Armadas, no basta con una fuerza de seguridad, con una guardia nacional. Esas Fuerzas Armadas tienen que estar en condiciones de defender la vida de los argentinos, su libertad, su riqueza, su vocación de vivir en democracia y justicia, tiene que poder defender eso”, describió el funcionario.

Además, consideró que “estamos en condiciones de comenzar una relación entre las Fuerzas Armadas y la sociedad y darles a las Fuerzas un rol y preparación y utilidad. Tenemos un marco legal, claro que fue aprobada en democracia, que tiene tres leyes la de defensa, la de seguridad y la de inteligencia. Con esas tres cosas nos hemos manejado en la democracia, con una base de consenso. Eso se logró y está”, y subrayó que “estamos en una nueva etapa con las Fuerzas Armadas por el paso del tiempo, por el desarrollo de la justicia, por las transformaciones que ha vivido el país y por la pandemia”.

“La pandemia permitió lo que en Fuerzas Armadas llamamos Belgrano 1 y Belgrano 2, dos grandes operaciones. La mayor operación de las Fuerzas Armadas desde la Guerra de Malvinas. Esas operaciones permitieron y demostraron un despliegue de las Fuerzas Armadas en todo el país y facilitó un vínculo más profundo, abierto y más fluido entre la sociedad civil, política, económicas con las Fuerzas Armadas que tuvieron que salir del cuartel. Esa fue una convocatoria que hizo el presidente”, ponderó el ministro de Defensa.

El FONDEF

Por otro lado, resaltó que “la experiencia fue extraordinariamente positiva y lo bueno es que coincidió temporalmente con la aprobación del FONDEF. Se dio esta situación positiva de tener una estrategia de la Ley del FONDEF” que plantea la situación del reequipamiento y modernización de las Fuerzas Armadas”.

“Entramos en una etapa nueva con el mundo y la Argentina. La directiva política de defensa nacional firmada por el presidente, es una directiva política que luego baja a una directiva estratégica para las distintas fuerzas y luego eso termina en las cosas prácticas que hacen las unidades menores. Esa directiva política de defensa nacional tiene definiciones fundamentales”, explicó Taiana.

Asimismo, informó: “La estrategia argentina es defensiva, no va a atacar a nadie, pero si va a defenderse. Para eso es estrategia defensiva y debe tener capacidad de disuasión, cooperativa y autónoma. Tiene que buscar no depender de otros países en su defensa. Esa directiva tiene una gran importancia que sigue a otra directiva que había dado el gobierno anterior en el 2018, sigue la línea de una estrategia defensiva”.

También, contó que otro elemento paralelo es el FONDEF y otro es el fortalecimiento del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas que “son instituciones de coordinación o representación, pero no de conducción en otros países”, pero “en el caso de Argentina las operaciones de las fuerzas están a cargo del Estado Mayor Conjunto, es la principal enseñanza que da el informe”.

Por otro lado, remarcó la importancia de que haya “coordinación entre las fuerzas” aunque aclaró que “no es algo fácil de lograr”. “Buscar un fortalecimiento del conjunto es un elemento importante y operativa porque permite orientar y hacer tareas de adquisición y compras que tengan por detrás a las autoridades, da un poder negociador”, señaló.

Sobre el FONDEF explicó que es un fondo para la defensa que se forma del dinero de la recaudación: “El primer año es de 0.50, el segundo de 0.65 y el tercero de 0.80, tiene una voluntad de crecer y mantenerse”.

“¿Para qué es? es para reequipar y fortalecer a las Fuerzas Armadas. Tiene algunas características: es la reparación, hay que arreglar lo que esta roto; se moderniza porque muchos de los instrumentos militares son pasibles de modernización como en el caos de los aviones hemos comprado el 50% en industria nacional”.

En suma, contó que “el FONDEF tiene la defensa de dos o tres fábricas activas. Esas fábricas no buscan crecer por ser mismos, sino que buscan desarrollar el trabajo y crear una red de empresas pequeñas que vayan desarrollando tecnología para la defensa”.

“El FONDEF es importante porque empiezan a aparecer proveedores que se interesan en el país de darle posibilidades, de hacer cosas conjuntas, porque la idea es de perspectiva de mediano plazo y por eso es importante cumplir todo lo que podamos con el FONDEF, pero hay que cumplir. Nos da la perspectiva de la plurianualidad que los proyectos sean mayores de un año, tiene una gran importancia eso, logra dar una perspectiva de mercado”, precisó el ministro.

Un aspecto que subrayó, es que “el FONDEF es una forma de garantizar el reequipamiento de las fuerzas, pero al mismo tiempo es un instrumento de fortalecimiento de una red de producción para la defensa, es un proceso que lleva tiempo porque hay cosas que no se arreglan de un día al otro. Eso esta dinamizando diversos sectores”.

Próximos objetivos

Entre los pasos a seguir, Taiana adelantó que “una de las prioridades de la Argentina es el fortalecimiento de su presencia en la Antártida”, y remarcó la importancia de “mirar el sur, el Atlántico como nuevas rutas”.

“La base Petrel es el puerto natural de entrada para Argentina, tiene que ser el puerto de llegada de nuestro desarrollo Antártico futuro y lo comenzamos a trabajar en eso, es un objetivo pequeño”, reveló. “El otro paso es ir a la otra punta que es Ushuaia lo que concebimos y hemos puesto en marcha es el Polo Naval integrado hacer en la península un muelle que permita el envío y partida hacia la Antártida y llevar la base ahí. Esa base va a ser financiada por el Estado Argentino”, sumó.

En tanto, sostuvo que “hay que hacer más cosas, tener un lugar dique seco y reparación de barcos porque sino vamos a estar limitados” y contó que están trabajando “en la posibilidad de un acuerdo con el gobierno provincial para agilizar las cosas. Es un trabajo grande. También queremos presencia del Ejército en Tierra del Fuego más completa”-

Por otro lado, celebró que “este año no hubo pesca ilegal dentro de las 200 millas nuestras” porque “se armó un buen mecanismo disuasivo y de vigilancia, eso fue un éxito”, pero dejó en claro la necesidad de tener “más aviones de larga distancia”.

“Seguimos avanzado en el sistema de radarización de la zona norte, de nuevas generaciones para fortalecer y custodiar la frontera por eso necesitamos más personas e impulsamos un plan de soldados voluntarios”, informó el titular de Defensa y expresó su deseo de “llegar a 28 mil porque hay mucho movimiento, pero queremos que se capaciten. También queremos volver a lugares donde antes estábamos”.

Durante un plenario de las comisiones de Salud, Población y Desarrollo Humano, y Presupuesto y Hacienda del Senado, recibió este jueves dictamen unánime el proyecto de ley de oncopediatría con media sanción de la Cámara baja.

Asimismo, las comisiones de Salud y Presupuesto avanzaron luego con el despacho favorable -también por unanimidad- del proyecto de la nueva ley de VIH, votado en Diputados en el 5 de mayo pasado.

Oncopediatría

Al abrir el encuentro realizado en el Salón Illia, el tucumano Pablo Yedlin (FdT) manifestó que “esperábamos y, sobre todo la comunidad de familiares de niños con cáncer de toda la Argentina, que este proyecto se pudiera transformar en ley en el corto plazo”.

Al aportar cifras, el presidente de la Comisión de Salud detalló que “en 2020 hubo en Argentina cerca de 1.919 casos de cáncer infantil. Es un número que se repite lamentablemente todos los años”. Mientras que “578 niños mueren por año, entre 0 y 19 años” y “la prevalencia de casos -en cinco años, a 2020- es de casi 6.643”. No obstante, rescató que “más del 60% del cáncer infantil hoy tiene tratamiento y curación”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, María Belén Tapia (UCR), aseguró que se trata de “un tema que por su sensibilidad merecía que escuchemos a la sociedad y lo pongamos en pronto tratamiento”. “Es un tema que nos toca transversalmente, deja de lado las grietas, las diferencias ideológicas y partidarias”, agregó.

La santacruceña dijo que se trata de “darles herramientas concretas a las familias” y destacó que “esta iniciativa es fruto de la militancia de diferentes colectivos que se organizaron a lo ancho y largo del país”.
El texto plantea la creación del “Programa Nacional de Cuidado Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer”, con el objetivo de reducir la morbimortalidad por esta enfermedad y garantizar los derechos de los pacientes.

Entre esos derechos, algunos de los que se enumeran son: recibir los mejores cuidados disponibles, priorizando el tratamiento ambulatorio, siendo la estancia en el hospital lo más breve posible de acuerdo al tratamiento; estar acompañado/a de sus referentes familiares o de cuidado, sin que les comporte costos adicionales ni obstaculice el tratamiento; recibir información sobre su enfermedad y su tratamiento, de una forma que pueda comprenderla con facilidad y pudiendo tomar decisiones, con la asistencia de sus progenitores cuando fuera necesario.

El Instituto Nacional del Cáncer, que será la autoridad de aplicación, deberá extender una credencial a los pacientes que se hallen inscriptos en el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino, cuya sola presentación le servirá para acreditar la condición de beneficiario de la ley. Dicho certificado se renovará automáticamente cada año, y sólo cesará su vigencia con el alta definitiva del paciente, hasta los 18 años de edad inclusive.

De acuerdo a la iniciativa, el sistema público de salud, las obras sociales, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, deberán brindar al niño, niña y adolescente con cáncer una cobertura del 100% en las prestaciones para las prácticas de prevención, promoción, diagnóstico, terapéutica y todas aquellas tecnologías que pudieran estar directa o indirectamente relacionadas con el diagnóstico oncológico.

Por otra parte, el Estado nacional tendrá que otorgar una asistencia económica equivalente al monto de la Asignación Universal por Hijo con discapacidad a aquellos progenitores o representantes legales que se encuentren en situación de desempleo y no cuenten con ningún otro beneficio de carácter previsional. Se aclara que esta asignación no durará más allá del plazo de duración del tratamiento estimado según indicación médica.

Además, el proyecto contempla el beneficio de estacionamiento prioritario en zonas reservadas y señalizadas y la gratuidad en la utilización del transporte público y transporte colectivo terrestre.
En lo que respecta a la vivienda, para los pacientes con familias en situación de vulnerabilidad social la autoridad de aplicación deberá promover ante los organismos pertinentes la adopción de planes y medidas que faciliten “el acceso a una vivienda adecuada o la adaptación de la vivienda familiar a las exigencias que su condición les demande”.

Pero también, en caso de tratarse de niños, niñas o adolescentes cuyo tratamiento se realice de manera ambulatoria y deban trasladarse y permanecer junto a su grupo familiar a una distancia mayor a los 100 kilómetros de su lugar de residencia para dicho tratamiento, el Instituto Nacional del Cáncer en coordinación con las respectivas jurisdicciones, “garantizará a la familia el acceso a un subsidio habitacional que les permita facilitar y cubrir los gastos de locación de vivienda durante el plazo que dure el tratamiento”.

Sobre la educación, la autoridad de aplicación en conjunto con las provincias tendrá que “diseñar y ejecutar políticas destinadas a garantizar el acceso a la educación” y “arbitrar las medidas pertinentes para fortalecer las trayectorias educativas” de los niños, las niñas y adolescentes que se encuentren en esta situación.

Otro punto saliente es que uno de los progenitores o representantes legales podrá gozar del derecho de licencias especiales que permita acompañar a sus hijos en los estudios, rehabilitaciones y tratamientos inherentes a la recuperación y mantenimiento de su estado de salud, “sin que ello fuera causal de pérdida de presentismo o despido de su fuente de trabajo”.

“Durante la licencia el/la trabajador/a percibirá de la Administración Nacional de la Seguridad Social, las asignaciones correspondientes y una suma igual a la retribución que le corresponda al período de licencia, de conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas”, agrega el texto.

Nueva Ley de VIH

Durante la reunión, la senadora Silvina García Larraburu (FdT) recordó que “desde el año 2016 que he presentado la primera iniciativa que fue fruto del trabajo mancomunado con más de 50 organizaciones”. “Esta ley ya tenía 30 años de vigencia, se necesitaba la actualización”, consideró. La rionegrina sostuvo que “la ley siempre es perfectible y mejorable, pero luego de 30 años esta es muy superadora”.

A su turno, el vicepresidente de la Comisión de Salud, Mario Fiad (UCR), ratificó el apoyo de todo el interbloque y celebró “la rapidez y celeridad con la que se ha tratado”. El radical apuntó que en el país “hay un 30% de un diagnóstico tardío” en el caso del VIH y “un 50% de subregistro de las hepatitis”. Por eso, remarcó la importancia que tendrá la “reglamentación e implementación” una vez sancionada la ley, para llevar a cabo “campañas de incentivo para que se pueda hacer la prevención necesaria”.

El proyecto con media sanción deroga la actual Ley 23.798, que declaró de interés nacional la lucha contra el SIDA, y fue sancionada en el año 1990. Además del VIH, la nueva norma busca incorporar a las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual (ITS).

De acuerdo al texto, se prevé “la respuesta integral e intersectorial” y la cobertura universal y gratuita de una asistencia integral -medicamentos, insumos, vacunas, tratamientos, etc-.

La iniciativa prohíbe la realización de la prueba diagnóstico en los exámenes médicos pre-ocupacionales, como así también durante el transcurso y como parte de la relación laboral.

Tampoco podrá solicitarla ninguna institución educativa, pública o privada, como requisito de ingreso, permanencia, promoción o para el acceso a becas.

La prueba diagnóstico será voluntaria, solo con consentimiento de la persona; gratuita en todos los subsistemas de salud; confidencial; universal; y realizada con el debido asesoramiento individual pre y post test.

Por otra parte, el proyecto establece una jubilación anticipada de carácter excepcional para las personas con VIH y/o hepatitis B y/o C, a la que se podrá acceder a partir de los 50 años, con acreditación de 20 años de aportes y 10 años de transcurrido el diagnóstico. La jubilación resultará incompatible con quien tengan un trabajo en relación de dependencia.

Asimismo, se crea una pensión de carácter vitalicio y no contributivo para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

Entre otros puntos, la iniciativa plantea que toda mujer y/o persona con capacidad de gestar deberá recibir la información sanitaria necesaria, vinculada a su salud, como a la de su hijo/a, tanto en el embarazo como en el posparto.

También, todo/a hijo/a nacido de mujer o persona con capacidad de gestar con VIH y/o Hepatitis B o C tendrá derecho a acceder de manera gratuita a la leche de fórmula durante los primeros 18 meses.

Durante una muy breve reunión de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, constituida este mismo jueves, y en la que fue designado presidente el fueguino Matías Rodríguez (FdT), se pasó a la firma un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo -en diciembre pasado- para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2023 del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.

Rodríguez explicó que la iniciativa se puso en tratamiento ante un pedido de sus pares oficialistas Anabel Fernández Sagasti, Ana María Ianni y Nora del Valle Giménez, y ante “la urgencia que amerita” se conversó con los miembros de la oposición para “trabajar rápidamente” en el despacho. “Estamos de acuerdo con la prórroga por dos años”, asintió otro fueguino, el radical Pablo Blanco.

En tanto, Fernández Sagasti remarcó que “estamos en un contexto nacional y mundial muy complicado respecto a la violencia con armas de fuego” y “Argentina siempre tuvo una política de no violencia, de no tenencia y de no uso, si no están registradas, de armas de fuego”.

“Existen 1.600.000 armas registradas en Argentina, más de un millón de personas autorizadas con su tenencia, pero existirían entre 3 y 5 millones de armas de fuego no registradas y en tenencia de personas no autorizadas”, precisó.

La mendocina añadió que “es un tema que queremos tratar con celeridad” y agradeció el acompañamiento de la oposición.

En el encuentro, el interbloque Juntos por el Cambio dejó en reserva el nombre de quien ocupará la vicepresidencia, mientras que el correntino Carlos “Camau” Espínola (FdT) fue nombrado secretario de la comisión.

La Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por la oficialista Anabel Fernández Sagasti, realizó este jueves la audiencia pública en la que se presentaron tres candidatos a embajadores propuestos por el Gobierno: Oscar Laborde (Venezuela), Pablo Vilas (Honduras) y Gabriel Fuks (Ecuador).

Tras las exposiciones, se pasaron a la firma los dictámenes, que se estima tendrán la mayoría de firmas por parte del interbloque Frente de Todos. En tanto, según pudo saber parlamentario.com, el interbloque Juntos por el Cambio solo acompañará la designación de Fuks, mientras que se abstiene de apoyar los nombramientos de Laborde y Vilas.

En su presentación, Laborde señaló que con Venezuela existe “una relación profunda, antigua, mismo de la génesis de la independencia” y que “esa relación se incentivó cuando Venezuela ingresa al Mercosur, generando una etapa muy virtuosa”, que también incluyó la creación de Unasur y CELAC.

Sin embargo, posteriormente “hubo intentos de desmantelar esa integración” y, al mismo tiempo, se produjo “una crisis política, económica y social en Venezuela” de la cual “es clave que nosotros busquemos las multicausas que generaron esta situación”.

El expresidente del Parlasur destacó que Argentina haya adoptado la posición de “la no injerencia y el esfuerzo del diálogo” bajo la premisa de que “el problema de los venezolanos lo resuelvan los venezolanos”.

En esa línea, resaltó que nuestro país “se retiró del Grupo Lima cuando se dio realmente la realidad de que ese grupo tenía pocos logros, pocas conquistas en mejorar la situación; se incorporó la Grupo Internacional de Contacto; y acompañó el informe (de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle) Bachelet y la evolución de ese informe”.

En su calidad de jefe de misión de Parlasur en las últimas elecciones -en noviembre- en Venezuela, el postulante aseguró que “hubo una evolución en el proceso democrático, y esto lo pudimos corroborar en las conversaciones que tuvimos con todos los actores”, entre los que mencionó a Hernán Capriles y Juan Guaidó.

También expresó que “lo que se ha probado en los bloques económicos y los cercos diplomáticos es que en ningún caso ayudaron a los dos objetivos que se decían”.

Laborde sostuvo que buscará “colaborar con los avances que se están dando en la búsqueda plena de los derechos humanos” y para “avanzar en las situaciones en las que pueda faltar una democracia completa”.

Además, abogó por mejorar la balanza comercial con ese país, recomponer los vuelos directos, facilitar los trámites de inmigrantes, y que “se recupere la integración regional” a partir del “regreso de Venezuela al Mercosur y reflotar Unasur”.

Al momento de las preguntas, la situación sobre los derechos humanos en Venezuela estuvo por supuesto presente. El jefe de la UCR, Luis Naidenoff, lo consultó a Laborde directamente por “su postura personal” sobre este tema, ya que “el Gobierno (argentino) siempre en esto está marcado no solamente por las dudas, sino por el acompañamiento a un gobierno, un régimen, el de Nicolás Maduro, que ha violado sistemáticamente los derechos humanos”.

“No hay atenuación en materia de derechos humanos, los derechos humanos se violan o no se violan”, enfatizó. Pero Laborde insistió en decir que apoyaba los “avances” del informe Bachelet y señaló que no recordaba que el presidente Alberto Fernández “haya dicho que se haya disminuido la violación de derechos humanos, creo que sí dijo que hay un proceso de resolución de los temas”.

Recogió el guante desde el oficialismo el kirchnerista Oscar Parrilli, quien destacó que Laborde “tiene muy precisa y muy clara la función que tiene que cumplir”. “Venezuela desde inicios de este siglo viene sufriendo una persecución ideológica, política, por haber adoptado políticas de autonomía, de independencia, que inauguró Hugo Chávez el 1999″, expresó.

El neuquino defendió que Chávez “en 2001 fue el único presidente de Latinoamérica que se opuso al ALCA, que finalmente se sepultó en 2005”. “Mi análisis no escapa a las dificultades que tiene el gobierno de Venezuela”, dijo, pero argumentó: “No se le puede negar al gobierno de Venezuela que siempre ha sometido sus autoridades al voto, incluso cuando ha perdido lo ha reconocido”. “Tiene un sentido democrático que puede tener dificultades, pero lo ha respetado”, agregó.

Pero el asunto no se cerró ahí, ya que la senadora radical Carolina Losada insistió con preguntarle al candidato a embajador si cree que “hay violación de derechos humanos o no hay violación de derechos humanos”.

El postulante insistió que el informe Bachelet “considera que hay cuestiones pendientes de resolución y relata 250 liberados, por ejemplo, entre las cosas que se han solucionado”. “Lo específico de la situación es demasiado compleja para sintetizar en una sola palabra. Veo que hay una evolución en la solución de las críticas que había. No solamente lo digo yo, lo dice el Gobierno y está graficado por Bachelet”, cerró.

Por otra parte, el candidato a embajador en Honduras, Pablo Vilas, apuntó que “como parlamentario del Mercosur una de las tareas que nos preocupa e interesa es profundizar el acuerdo Mercosur y la Unión Centroamericana”.

Destacó que desde el Poder Ejecutivo se le encomendó el “fortalecimiento de la relación” con ese país, donde se podría avanzar en el comercio para la industria farmacéutica argentina, al tiempo de “la apertura de nuevos mercados” dado que “la relación bilateral económica tiene un marco de positividad para nuestro país, pero todavía es menor de lo que podría ser”. Actualmente representa “un comercio de 60 millones de dólares al año”. “El principal rubro de comercio que hay entre nuestros países es la industria automotriz”, añadió.

Vilas también explicó que “la llegada de la primera presidenta mujer a Honduras”, Xiomara Castro, “se inscribe en lo que es nuestra política de gobierno, de promover ya no solo los derechos humanos, sino la igualdad de género y la participación de mujeres en espacios de poder”. “Es una relación que tiene mucho potencial”, completó.

A su turno, Gabriel Fuks, propuesto para la embajada de Ecuador, recordó que hace casi dos años que no hay un embajador presente en ese país, por lo que se propone reconstruir la presencia argentina allí, “en una etapa donde la unidad regional es una estrategia en sí misma frente a la situación que se está planteando en el mundo”.

El exlegislador porteño habló del intercambio entre ambos países, “que ha venido creciendo sobre todo en el último año”. Hay además, dijo, un preacuerdo en materia automotriz y una capacidad muy grande de crecer en ese aspecto. “Recordemos que estos automotores tienen el 42% de componente nacional y esa expansión argentina hace también a nuevos vientos que están soplando en el mundo”, indicó.

Destacó el “férreo apoyo” de Ecuador a la causa Malvinas, remarcó los mecanismos de concertación que hay con ese país. “He aprovechado este tiempo mientras se trataba el pliego para reunirme con distintos actores, como la UIA, la empresa IMPSA”, reveló, y mencionó a frigoríficos también. “La perspectiva de trabajo es grande, tanto desde el punto de vista de generar los nexos de la presencia física después de tanto tiempo, pero además hay cuestiones específicas que ya están en carpeta y es necesario desarrollar en forma presencial”, concluyó.

En el final de la reunión también pasaron a la firma un conjunto de pliegos de funcionarios diplomáticos.

El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación y Cultura del Senado, presidido por el senador riojano Ricardo Guerra (Frente Nacional y Popular) y la senadora sanjuanina Cristina López Valverde (Frente Nacional y Popular), trató y debatió varias iniciativas sobre la extensión de asignaciones específicas para las industrias culturales y bibliotecas populares por 50 años. También propone darle a este beneficio un carácter federal. La oposición, que firmó un dictamen de minoría, considera que el plazo es excesivo.

Estas asignaciones provienen de los gravámenes sobre los premios ganados en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares) y sobre concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas.

El proyecto de mayoría contempla también la continuación del impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos, videogramas grabados y la comercialización de publicidad tradicional y no tradicional, programas, señales, contenidos, abonos y todo otro concepto derivado de la explotación de estos servicios.

La extensión prevista hasta el 31/12/2072, tiene como fin el sostenimiento de sectores de la cultura nacional tales como el INaMu (Instituto Nacional de la Música), el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), el INT (Instituto Nacional del Teatro), la CoNaBiP (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares) y el FOMECA (Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual), entre otros.

El radical chaqueño Víctor Zimmermann presentó la propuesta de minoría . Dijo que “en líneas generales estamos de acuerdo con la extensión. En el caso de la ley de bibliotecas populares proponemos que no vaya más allá del año 2025, tal como contempla la ley existente, la número 20.630”.

Cinco comisiones fueron conformadas este miércoles en el Senado. La primera de ellas se reunió a las 12.30, y fue la de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión. Los legisladores designaron al entrerriano Edgardo Kueider (Frente Nacional y Popular), como presidente de la misma; a la senadora santafesina Carolina Losada (UCR) como vicepresidenta; y a su comprovinciano Marcelo Lewandowski (Frente nacional y Popular) como secretario.

“Vamos a circularizar, a través de la secretaría de la Comisión, a los integrantes de la misma todos los expedientes que están presentados, que están en estado legislativo, para que se puedan incorporar a su tratamiento”, informó el senador nacional Edgardo Kueider.

A las 14.30 fue el turno de la Comisión de Salud para designar a sus autoridades y definir días y horarios de reunión. Allí, tal cual adelantó parlamentario.com, fue designado al frente el tucumano oficialista Pablo Yedlin, quien ocupó el mismo cargo en la Cámara baja hasta el 10 de diciembre pasado. El extitular de la comisión, Mario Fiad (UCR), es ahora vicepresidente, mientras que la senadora por Catamarca Lucía Corpacci (Frente Nacional y Popular) es secretaria.

El senador Yedlin agradeció su nombramiento y se comprometió a trabajar para “mejorar el sistema de salud de los argentinos”. En su exposición, Yedlin agradeció al presidente de la Nación Alberto Fernández por la confianza, a la presidenta del Senado Cristina Fernández de Kirchner, al presidente del bloque José Mayans y al senador Fiad, por el trabajo conjunto realizado durante la pandemia.

A su vez, el nuevo presidente de la comisión convocó a “trabajar para que la salud de los argentinos en esta post pandemia pueda encontrar el rumbo de equidad y de calidad que necesitamos para que todos puedan acceder al mismo nivel de salud”.Adelantó además que este jueves “nos reuniremos junto a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para tratar dos proyectos con media sanción en Diputados, el de VIH y Oncopediatría”.

Se definió además, que los días miércoles a las 14.30 serán los días de los encuentros.

A continuación, se realizó la reunión constitutiva de la Comisión de Ciencia y Tecnología donde fue reelegida presidenta la senadora rionegrina Silvina Marcela García Larraburu (Unidad Ciudadana). El senador chaqueño Víctor Zimmermann (UCR) fue designado vicepresidente y la senadora por Neuquén Silvia Sapag (Unidad Ciudadana) secretaria.

La senadora García Larraburu destacó que “es un orgullo para mí que me vuelvan a elegir para ocupar este lugar. Considero que en estos dos años de pandemia pudimos estar a la altura de las circunstancias. Tenemos un gran desafío por delante en materia de Ciencia y Tecnología”.

Continuó diciendo: “Se aprobaron 193 proyectos con cabecera en Ciencia y Tecnología; y el último año expusieron el Ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, Autoridades de ARSAT; el secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia de Formosa y vicepresidente de la empresa pública Dioxitek, Julio René Aráoz y  la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, doctora Adriana Serquis. Continuaremos con la misma metodología, e invitaremos a más referentes del sector”.

En tanto, la Comisión de Industria y Comercio mantuvo un encuentro a las 17 para definir autoridades. Allí resultó designado presidente el senador sanjuanino Roberto Basualdo (Producción y Trabajo), mientras que el entrerriano Edgardo Kueider) fue reelegido vicepresidente y la chaqueña María Inés Pilatti Vergara (Frente Nacional y Popular), secretaria. Basualdo, integrante del bloque Juntos por el Cambio, expresó su agradecimiento por la designación y manifestó: “Con responsabilidad asumo este desafío, esta comisión es muy importante porque trata temas fundamentales que hacen a la economía argentina. El desarrollo del país depende del crecimiento de las industrias y los comercios, hay que impulsar proyectos que promuevan a estos sectores, grandes generadores de empleo. Estoy convencido de que se sale adelante con producción y trabajo, no subiendo impuestos, no restringiendo exportaciones, todo lo contrario”.

Por último, se conformó la Comisión de Población y Desarrollo Humano donde se ratificaron sus autoridades. La presidencia continúa a cargo de la senadora por Santa Cruz María Belén Tapia (UCR); como vicepresidenta fue designada la fueguina María Eugenia Duré (Unidad Ciudadana) y como secretaria estará la puntana María Eugenia Catalfamo (Unidad Ciudadana).

Cuando resultó electo senador por Tucumán, en las elecciones del año pasado, Pablo Yedlin tenía todas las fichas para ser el próximo presidente de la Comisión de Salud de la Cámara alta. Comisión que, hasta diciembre, estuvo en manos de la oposición. Finalmente, y tras varios meses de retraso, se constituirá este miércoles y quedará para el oficialismo.

Médico de profesión y exministro del área en su provincia, el legislador del Frente de Todos fue una de las caras visibles durante la pandemia, cuando estuvo al frente de la misma comisión, pero en la Cámara baja. Ahora, en la previa de asumir ese mismo cargo, pero del otro lado del Salón Pasos Perdidos, dialogó con parlamentario.com acerca del trabajo que viene.

En lo inmediato, el senador reveló que “hay mucho acuerdo para que salgan” y se sancionen en una próxima sesión los proyectos sobre nueva ley de VIH y ley de oncopediatría.

Por otro lado, el oficialista opinó que “el gran problema hoy de la salud mental en la Argentina no es la ley” sino que “se ha invertido poco”.

Además, Yedlin habló sobre su intención de debatir “la integración del sistema de salud en la Argentina” y cómo se regula el precio de los medicamentos.

También destacó que en los temas de salud “no hay grieta” y hay que “tratar de que no se meta”, ya que “en este parlamentarismo actual, no podés sacar ninguna ley sin consenso”.

Luego de conformarse la Comisión de Salud, ¿con qué temas está previsto avanzar en el corto plazo?

Si se puede vamos a convocar para una reunión de la comisión este jueves, para esta misma semana dar despacho a dos proyectos de ley que tenemos hace bastante dando vuelta, y que me parece que hay mucho acuerdo para que salgan, así que para qué demorarlo. Y por ahí poder tenerlos en una próxima sesión ya. Son media sanciones de Diputados, la de la nueva ley de VIH y la ley de cáncer infantil. Ambos proyectos en los que participé (en el debate) en Diputados.

La nueva ley de VIH, que en realidad no es solo de VIH, sino también de enfermedades de transmisión sexual, tuberculosis y hepatitis virales, es un proyecto interesante que viene a modernizar la vieja ley de VIH, que es una ley que tiene muchos años, que es una ley que generó muchos derechos a los pacientes con enfermedades en la Argentina en ese momento, cuando casi nadie tenía leyes de este tipo. En Latinoamérica nadie y en el mundo muy pocos, y la verdad es que permitió que los pacientes con VIH en la Argentina accedieran a tratamientos en forma gratuita a lo largo de todos estos años. Pero se agregan otras necesidades de los colectivos, más allá de las otras enfermedades, se agrega, por ejemplo, unos beneficios de ANSeS para personas con VIH con más de diez años de diagnóstico, que tengan 20 años de aporte para poder jubilarse. O sea, no se les va a exigir los 30 años de aporte. Por otro lado, aquellas personas con VIH que tengan la enfermedad activa y tengan situaciones sociales muy complejas van a poder recibir una pensión también.

Básicamente también pensamos en algunos colectivos con VIH que son muy discriminados, que forman parte de los grupos LGBTIQ, y gente que se ve en alto riesgo de exposición, sobre quienes se genera una situación de enorme vulnerabilidad social, entonces el Estado de alguna manera los va a apoyar.
La iniciativa también prohíbe taxativamente estudios pre-laborales de VIH para no discriminar a personas que buscan trabajo.

Y oncopediatría es una ley que viene de Diputados, donde también se trabajó mucho, y basicamente lo que hace es, además de garantizar el tratamiento, que eso en la Argentina ya está, es darles algunas ayudas a las familias con chicos con cáncer que, cuando sobre todo son del interior y tienen que viajar a Buenos Aires a hacerse el tratamiento, les permitirá como tener un certificado de discapacidad transitorio por dos años mientras dure la enfermedad. Entonces podrán conseguir pasajes de forma más fácil o gratuita, lugares para estacionamiento reservado, entre otras cosas.

Por estos días hay un debate interesante en torno a la Ley de Salud Mental, ¿se va a abordar una discusión para modificarla?

La Ley de Salud Mental es una ley que tiene muchos años, viene de 2010. Es una ley a la que se la está criticando hoy, en las últimas épocas, pero para mí no es correcta la crítica respecto a las internaciones compulsivas que la ley impide. Justamente, el objetivo de esta ley, en sintonía con todas las leyes de salud mental del mundo moderno, evitan las internaciones compulsivas. Lo que pasa es que también hay que recordar es que la ley sí permite internaciones compulsivas en algunas situaciones en donde, a pedido de un médico que claramente estipule por qué ese paciente no puede voluntariamente internarse, porque su condición psiquiátrica se lo impide, o no se da cuenta de la realidad en la que vive, o es un paciente adicto que no tiene capacidad para poder tomar esta decisión, el médico o un profesional tratante puede pedir al juez que le habilite la internación compulsiva. Eso existe.

El gran problema hoy de la salud mental en la Argentina no es la ley, el problema es, y ahí sí creo que hay bastante coincidencia, es que se ha invertido poco en salud mental en la Argentina. También acá quiero rescatar que, cuando se dice esto, en general se va a ver el Presupuesto de la Dirección de Salud Mental de la Nación para saber cuánto se invierte. Y en realidad, en un país como el nuestro, un país federal, hay que entender que cada una de las provincias son autónomas. Que las direcciones propias, y la inversión real en salud mental las hacen las provincias. ¿En qué? En hospitales multivalentes que tengan sala de salud mental, profesionales de salud mental, psiquiatras, psicólogos, disponibilidad de recursos, eso es responsabilidad de cada una de las provincias. No tiene que ver la Dirección Nacional, que sí es un órgano rector, consultor, coordinador. A veces ayuda en financiamiento, compra vacunas o insumos, pero de ninguna manera es responsable de la salud de las poblaciones, esto lo define cada una de las provincias, entonces es difícil querer cambiarlo a través de la Ley de Salud Mental. Lo que hay que hacer es cambiar cada una de las realidades provinciales, y hay provincias que han avanzado mucho. Tucumán, por ejemplo, es una provincia que, hace unos años atrás, antes de la ley, tenía solo dos hospitales monovalentes, o sea que eran solamente psiquiátricos, uno de mujeres y uno de varones. Hoy eso ya no existe, se transformaron en hospitales generales con salas de salud mental. No teníamos psicólogos en los centros de atención primaria, y hoy todos tienen uno.

Pero cada vez que se resuenan casos mediáticos se pone el foco en la letra de la ley…

No todo se soluciona con leyes. Y tampoco es verdad que la Ley de Salud Mental sea una mala ley. Yo no voy a acordar con eso. Para mí es una ley muy importante, que ha marcado muchos derechos para los pacientes con problemas psiquiátricos, y con problemas en el uso de sustancias, pero me parece que el problema no pasa por ahí. Entonces querer solucionar un problema, generándose otro, me parece que no es correcto.

También es verdad que ninguna ley es perfecta, y que toda ley puede ser perfectible. Yo estoy dispuesto a escuchar propuestas de modificación. Ahora, lo que no me parece es que le caigamos a la Ley de Salud Mental con la culpa de que determinada jurisdicción tenga mayor o menor capacidad de internación, tratamiento y acompañamiento de pacientes psiquiátricos. Por otro lado, hoy por hoy, la internación de pacientes con problemas de adicciones o con problemas psiquiátricos, es muy baja. La mayoría de estos pacientes se trata de forma ambulatoria.

¿Qué otras cuestiones tiene previsto llevar a la Comisión?

Me parece que el gran tema es la integración del sistema de salud en la Argentina, que no quiere decir unificar el sistema de salud en un sistema público único al estilo español o al estilo inglés. Esos son países que han unificado en un sistema único con financiamiento público. Yo no digo que ese sea el camino de la Argentina, pero sí creo que el sistema fraccionado y segmentado que tiene el sistema argentino, que somos federales, genera un fraccionamiento que debe de alguna manera tener un órgano rector claro, que es el Ministerio de Salud de la Nación, sin ninguna duda para mí, que debe existir y ser fuerte. Lo digo porque hay muchos comentarios de candidatos a presidentes que quieren que no haya ministerio, Patricia Bullrich, (Javier) Milei, y todos estos muchachos. Que no solo lo dicen, sino que lo hicieron, en 2018 nos dejaron sin Ministerio. Creo que la Argentina no puede darse el gusto nunca más de no tener Ministerio. Tres veces nos pasó: dos veces con gobiernos militares y una vez con Mauricio Macri.

Esto es necesario, pero también hay muchas normativas que hay que compatibilizar. Y eso lo está llevando adelante la ministra (Carla) Vizzoti, con los ministros de las provincias, en el COFESA (Consejo Federal de Salud).

Otro tema que me parece muy importante en la Argentina, que debemos considerar, es el tema del precio de los medicamentos. Argentina tiene un sistema de salud que se basa en un derecho constitucional y, por lo tanto, debe acceder a un bien social como es el medicamento. Entonces, la inflación de los medicamentos de alguna manera debe controlarse. No podemos tener en un sistema, insisto, en donde la salud es un derecho, y los medicamentos al arbitrio del mercado, sin ningún control. Eso no puede pasar. Esto para los medicamentos de precio normal, y después, para los medicamentos de muy alto precio, que hoy son un problema en todos los sistemas de salud, porque son tremendamente caros, un millón, dos millones, 500 mil dólares por año, durante muchos años, para eso hay que generar un seguro para altos costos, que sí me parece que es responsabilidad del Ministerio de la Nación trabajar en eso.

También debemos avanzar en institutos nacionales de calidad. Por ejemplo, la Agencia de Evaluación de Tecnología Médica, que sería un instituto autárquico, independiente, con su propio presupuesto. Esto permitiría decir qué medicamentos o tecnologías médicas el sistema solidario de salud argentino debe pagarles a los argentinos y cuáles no.

¿Cómo ve que pueda darse el trabajo con la oposición?

En los temas de salud hemos conseguido consenso generalmente. Mario Fiad (expresidente de la Comisión de Salud) es una persona amiga. Hemos trabajado mucho cuando yo estaba en Diputados y él acá (por el Senado). Creo que tenemos una mirada compartida en el sentido de que lo que tenemos que hacer, que es generar más salud para los argentinos. No hay grieta en estos temas, y tenemos que tratar de que no se meta; porque al final, en este parlamentarismo actual, no podés sacar ninguna ley sin consenso, entonces si se avanza con leyes en las que no hay consenso, no van a prosperar.

Constituidas finalmente las comisiones de la Cámara baja, ahora es el turno del Senado, donde van conformándose todas las que restan. Entre ellas la de Salud, que se reunirá este miércoles a partir de las 14.30, para designar a sus autoridades.

Ya se sabe que la integrarán, por parte del oficialismo, los senadores Pablo Yedlin, Anabel Fernández Sagasti, Lucía Corpacci, Antonio Rodas, María Eugenia Duré, José Emilio Neder, María Eugenia Catalfamo, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada.

También estarán, por Juntos por el Cambio, Mario Fiad, Gladys González, Stella Maris Olalla, Beatriz Avila, María Belén Tapia y Carmen Alvarez Rivero, y Alejandra Vigo, de Hacemos por Córdoba.

Según pudo saber parlamentario.com, el senador Pablo Yedlin será ungido al frente de la comisión, y ya ocupó el mismo cargo en la Cámara baja hasta el 10 de diciembre pasado, donde tuvo mucha centralidad con motivo de la pandemia.

Durante su gestión en el Congreso, el tucumano fue impulsor, entre otros, de proyectos como el de la receta electrónica o digital, y la Ley de Vacunas 27.491, como así también la nueva ley de Enfermería.

La próxima semana la Cámara de Senadores mantendrá una intensa jornada entre los días martes y jueves, ya que se llevarán a cabo un total de seis reuniones, una de ellas contará con la visita del ministro de Defensa Nacional, Jorge Taiana. Además, se presentará un proyecto de Cupo Femenino en las producciones artísticas audiovisuales.

El martes a las 12 el Salón Azul será testigo de la presentación del proyecto de ley de Cupo Femenino de autoras y Compositoras Musicales y Equidad en la Representación de Géneros en las actividades de musicalización de producciones artísticas audiovisuales. El evento es organizado por la senadora tucumana oficialista Sandra Mendoza.

A las 15.30 la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales se reunirá en el Salón Arturo Illia y les dará tratamiento a cuatro iniciativas sobre transferencias de inmuebles en las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires, Misiones y Neuquén.

Luego, desde las 16, se sumará la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la de Presupuesto y Hacienda para debatir el proyecto de ley que acepta la cesión de jurisdicción efectuada por la provincia de Tucumana al Estado Nacional de diversos inmuebles para la creación del Parque Nacional Aconquija. Fueron invitados a exponer la vicepresidenta de la Administración de Parques Nacionales, Natalia Jauri, y el director de Operaciones, Federico Granato.

El miércoles a las 15.30 un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación y Cultura analizarán un proyecto de la senadora Pilatti Vergara, otro de Alberto Weretilneck, uno de Anabel Fernández Sagasti y el último de Daniel Kroneberger y Maria Huala.

La jornada se cerrará el jueves con el plenario de las comisiones de Defensa Nacional y Relaciones Exteriores a las 14 que debatirán una serie de proyectos, entre ellos la autorización de la salida de las tropas, para luego recibir al ministro de Defensa, Jorge Taiana.

El discurso del presidente del interbloque Frente de Todos, José Mayans, cerró las exposiciones registradas este jueves durante la presentación del jefe de Gabinete, ensalzando a la gestión actual y, fiel a su estilo, denostando la gestión de Cambiemos.

En particular se enroscó con el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, que en el discurso que lo había precedido dio datos comparativos entre las deudas contraídas por Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, en los que salía mejor parado el líder del Pro.

Pero no fue al senador mendocino al primero que fustigó, sino al ministro de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, quien cuestionó la frase peronista que dice que “donde hay una necesidad hay un derecho”. “Se ve que come todos los días”, disparó Mayans en referencia al juez de la Corte, cuyas expresiones son a su juicio “absolutamente despreciables” y “una falta de respeto hacia el pueblo argentino”.

Luego sí la emprendió contra el exgobernador mendocino: “Todo lo que usted dijo es mentira, absoluta mentira; vamos con los cuadros”, afirmó Mayans que le recordó a su colega que  él preside la Bicameral de la deuda y por lo tanto le pidió que “no hable”.

Mayans se remontó a los tiempos de Fernando de la Rúa, cuando había 14  provincias con bonos. “Y los genios economistas de ese grupo, que aún permanecen y son los que quieren volver, nos declararon inviables”, recordó. Agregó que “nos declararon lúmpenes, este sector que los respalda (a JxC) entiende así la política. Porque esas provincias quedaron en manos de la usura en ese momento”.

Ahí reivindicó a Néstor Kirchner, que a tres días de haber asumido “fue a Formosa y cambió el rumbo de la política”. El jefe del interbloque oficialista destacó que a partir de la llegada del santacruceño se cambió la declaración de “inviables, incapaces, por el concepto de la reparación histórica y el concepto de la integración”. Contó que ese Gobierno hizo 400 kilómetros de ruta, que no tenían “porque decían que no había circulación (en la provincia). ¿Y cómo va a haber circulación si no hay ruta? No hacía falta generar energía porque no  había consumo… Nuestro Gobierno instaló energía y hoy la provincia tiene más de 400 megavatios instalados”.

Trascartón desafió a Alfredo Cornejo a comparar estadísticas, y resumió: “Mintió desde que empezó a hablar hasta que terminó”.

“Yo voy a las estadísticas”, arrancó y detalló a continuación: “167% del PBI teníamos comprometido cuando llegó Néstor y cuando se fue, la desocupación pasó del 26% al 5,9”.

En ese momento quiso pasar una grabación de Nicolás Dujovne contando –antes de ser ministro- que no habían encontrado un país endeudado. “El ministro de Economía les dice mentiroso”, afirmó, y como no le permitieron pasar la grabación dijo que le pediría a Senado TV difundirla.

“Tuvimos que renegociar la deuda externa –continuó-. Cien mil millones de dólares dejó el Gobierno de Macri; ahora el problema es que hay que pagarlo”.

Como otras veces, Mayans sostuvo que el Gobierno actual primero debió “arreglar el desastre macrista, que fue un verdadero desastre”, y afirmó que el Gobierno anterior entre otras cosas “hizo pelota el Fondo de Garantías Sustentables de la ANSeS”, que “en dos años y medio comenzó a repararse, porque eso es lo que representa el crecimiento del empleo”.

En ese sentido reivindicó la “administración ejemplar en el ANSeS, que no está en el negocio, como el anterior. Todo lo contrario: 18 millones de personas recibieron beneficios de la ANSeS”.

“Macri perdió 200 mil millones de dólares del PBI, no lo digo yo, lo dice  Clarín”, continuó.

Admitió en otro pasaje que el déficit fiscal de abril des de 605.907 millones de pesos, que equivale al 0,79% del PBI. Y continuó preguntando: “¿Saben cuánto pagamos de la deuda que dejaron los muchachos? En el primer cuatrimestre, 500 mil millones de pesos”.

Mayans contó que el gasto social asciende al 62% del presupuesto “que no nos votaron”. Y mientras el gasto en Educación es de 340 mil millones de pesos en el primer cuatrimestre, el de Salud es de 300 mil millones. Los subsidios son el 18%, por lo que especificó que entre eso y el gasto social se consume el 80% del presupuesto.

Y en tiempos de antipolítica lo comparó con el presupuesto del Congreso, que ubicó en el 0,38%. “Que no es gasto político, porque en esta casa se hacen las leyes, se controla la deuda, se controla la cuenta de inversión, se controla la inteligencia”.

Volvió a emprenderla contra la oposición al afirmar que “la Argentina pasa por un momento que es altamente difícil; la oposición quiso profundizar la crisis, por eso no quiso votar el Presupuesto, a ver si podían terminar con el Gobierno”, le adjudicó a la oposición “una visión realmente destructiva”.

“Lo que hace falta es que se llegue a un nivel salarial próximo a la canasta familiar, pero el poder de destrucción que tuvo el macrismo fue tan grande que no se resuelve en minutos, pero lo estamos haciendo”, agregó en otro pasaje, tras lo cual replicó a la oposición cuando sostiene que ellos quieren una Argentina capitalista. “¿Y nosotros queremos comunismo? No, queremos el capitalismo humanizado, el capital al servicio de la economía, no el capitalismo usurero. Estamos en contra del capitalismo salvaje”.

“Lo que nosotros buscamos es menos ricos y menos pobres”, resumió, para concluir que el pueblo argentino “no puede volver” a la experiencia anterior. “Tiene que volver a la política de esfuerzo, producción y trabajo que estamos haciendo nosotros”, señaló sobre el final, concluyendo en que “lo único que no podemos perder es la fe y la esperanza, pero los que manejan el mundo también tienen que tener un poco de conciencia de lo que están haciendo”.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, sostuvo ante el Senado, en su primera sesión informativa en el Congreso, que “la Argentina condenó en los espacios multilaterales que corresponden la invasión de la Federación Rusa a Ucrania, y exigió en todos los ámbitos que corresponden el cese inmediato al uso ilegítimo de la fuerza”.

“Sostenemos que una solución duradera solo se alcanzará por medios pacíficos”, enfatizó e hizo un llamado a “la paz y a desescalar el conflicto y que las partes regresen inmediatamente a una mesa de la negociación”.

También, desde nuestro país se manifestó la “preocupación por el gravísimo deterioro humanitario” ante la situación de “cientos de miles, millones, de desplazados, de refugiados, algo que no veíamos en el corazón de Europa desde hace décadas”.

“La Argentina mantuvo una posición consecuente con su tradición política exterior: la condena al uso ilegítimo de la fuerza y el respeto de la integridad territorial y los derechos humanos”, aseguró.

Y recordó que Argentina votó en la ONU resoluciones contra la acción de Rusia, y adhirió también a “la suspensión de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos”.

Tal como se preveía, en un pasaje de su presentación ante el Senado, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, se dedicó a asegurar que la economía argentina está en crecimiento y aportó cifras sobre empleo. También sostuvo que la conversión de planes sociales en trabajo genuino “es una tarea central”.

“En el año 2021 la economía argentina se expandió 10,3%, recuperando en un solo año el impacto de la pandemia en el aparato productivo”, detalló, recordando que en 2020 “el descenso había estado en el orden del 9% del PBI”.

Además, aseguró que de acuerdo al índice mensual del INDEC relacionado a la actividad industrial, este sector “lleva 13 meses consecutivos de crecimiento interanual”.

“En el primer trimestre de este año el crecimiento acumuló una tasa del 6,1%. De esta manera no solo se recupera la economía, sino además los niveles previos a los que estábamos en 2019”, resaltó.

El funcionario sostuvo que “la recuperación fue generalizada” y “13 de los sectores que forman parte de la actividad están por arriba del 2020”.

También, el tucumano habló de una “mejora sostenida de la situación laboral en el país” con un “descenso del desempleo” que “en el último trimestre del año pasado alcanzó un valor del 7%”.

Sobre ese eje, señaló que en 2021 hubo “1.300.000 mil personas que accedieron a un trabajo a lo largo y ancho de nuestro país” y el crecimiento del empleo asalariado en el sector privado “lleva 14 meses consecutivos”.

“En los últimos cuatro meses, 87 mil personas accedieron a un empleo formal”, agregó y convocó: “Hay que seguir sumando leyes para que este sendero de recuperación con producción y trabajo siga adelante”.

En su discurso, Manzur dijo que convertir planes sociales en trabajo genuino “es una tarea central”. Y ponderó el programa Potenciar Trabajo, que incluye a “más de un millón de trabajadores y trabajadoras de la economía popular”. “Queremos que la economía popular genere mayor valor agregado y pueda crear empleo de calidad”, añadió.

En la previa de una nueva conmemoración del Ni Una Menos, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, informó ante el Senado que la tasa de femicidios se redujo en un 13%, al tiempo que aclaró que “esto nos obliga a redoblar mucho más los esfuerzos”.

“Uno de los valores de medición más importante, la tasa que tiene que ver con el femicidio en Argentina, en 2022 con respecto al 2021 descendió. Descendió 13%, según el informe de la Corte Suprema de Justicia”, apuntó.

Durante su exposición ante los senadores, el funcionario precisó que “en el año 2020 fueron asesinadas 287 mujeres y en 2021 esto se redujo a 251”.

Manzur destacó que la consigna de Ni Una Menos “nació en Argentina con mucha fuerza, se expandió a gran parte de América Latina y hoy ya está presente en gran parte del mundo”.

“Desde el primer día de gestión este Gobierno, nuestro Gobierno, hizo de las políticas de género uno de sus ejes rectores”, resaltó y mencionó en ese sentido la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, desde donde se desplegaron “políticas específicas y respuestas concretas”, entre ellas el Plan Nacional de Acción contra la Violencia.

En su debut en sesiones informativas, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, afirmó este jueves ante el Senado que “la inflación no hay dudas, y nos tenemos que hacer cargo, es el principal problema que tenemos que atender”, pero “es un fenómeno propio de larga data y como todos sabemos tiene múltiples razones”.

En esa línea, insistió que “la inflación es uno de los grandes problemas, todos aquí sabemos que es un problema que lleva varios años, décadas, y que por lo tanto tiene características particulares”.

“Lo sabíamos al asumir nuestro Gobierno y éramos conscientes de eso. Recibimos una tasa de inflación de 53,8% anual, cuando todavía no existían los problemas que luego sobrevinieron, me refiero a la pandemia y a la guerra que el mundo está viviendo”, apuntó.

En ese contexto, el gobernador tucumano en licencia señaló que “hoy la inflación, en general, y el precio de los combustibles y los alimentos, en particular, concentran la atención de todos los gobiernos del mundo”.

“La cotización del crudo lleva seis semanas en alza en todo el mundo”, dijo y mencionó que “los países miembros de la ONU resolvieron recortar un 90% las importaciones de petróleo provenientes de Rusia para fin de año, lo que configura un escenario muy complejo”.

Además, “el Banco Mundial informa que el precio del gas natural en América del Norte aumentó un 90% interanual con respecto a marzo, Japón 128%, y Europa, sí Europa, 592%”. “Los precios de los alimentos a nivel internacional solo en abril crecieron 29,8%”, continuó.

Luego, el ministro coordinador aseguró que “tenemos que recuperar el valor del peso, el salario”.

Tras mencionar que “la pandemia, las complicaciones de la pos pandemia y finalmente la guerra en el corazón de Europa” hicieron aumentar la inflación, Manzur sostuvo que “el abordaje del Gobierno contempla una propuesta integral, que considera una serie de políticas”.

Pero, sin dudas, “a la recuperación del empleo formal y el sendero de crecimiento, ahora tenemos que afianzar, y esto sí es impostergable, la recuperación de los ingresos reales de los trabajadores, fuertemente reducidos en la gestión anterior, con paritarias que tenemos que impulsar que superen la inflación”, expresó.

Sin embargo, advirtió que “los pilares de esta estrategia gradual” del Gobierno “no se van a resolver de un día para el otro”, sino que se corresponde a “una paulatina y muy progresiva reducción del déficit fiscal, junto a la reducción gradual también y muy progresiva del financiamiento al Banco Central al Tesoro”. Asimismo, con “la reconstrucción del mercado de deuda en moneda doméstica y el fortalecimiento de la producción de todo lo que son los bienes transables”.

La Cámara alta abrió las puertas del recinto este jueves para escuchar finalmente al jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur. El funcionario concurre por primera vez al Congreso de la Nación, luego de haber asumido el 20 de septiembre del año pasado y todavía no había cumplido con lo que establece el artículo 101 de la Constitución Nacional, que especifica que debe asistir de manera alternada a cada una de las cámaras para informar sobre la marcha del Gobierno.

Eso será a partir de las 14, pero a las 13.56 comenzó otra sesión especial para dar ingreso a una serie de pliegos enviados por el Poder Ejecutivo. Puntualmente se trata de los pliegos de embajadores en Venezuela, Honduras y Ecuador. Los designados son Oscar Laborde, Pablo Vilas y Gabriel Fucks, respectivamente.

Luego será el turno de la reunión informativa con Manzur, quien dispondrá de 40 minutos para exponer en forma oral su informe y luego se procederá a las preguntas de parte de los legisladores. El tiempo acordado a los distintos bloques se distribuye en proporción a la cantidad de sus integrantes y Manzur cuenta con 20 minutos para responder a los bloques cada aclaración, ampliación o pregunta.

Cabe consignar que 37 senadores presentaron 915 consultas, que fueron respondidas en el expediente PE 36/22 correspondiente al informe 132 de Jefatura de Gabinete.

Según el análisis realizado por la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios, el Ministerio de Economía fue el organismo que más preguntas recibió con 236, seguido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con 85, el de Salud con 70 y los de Transporte y Obras Públicas, con 66 y 44 respectivamente.

En cuanto a los bloques legislativos, la bancada que remitió al Poder Ejecutivo la mayor cantidad de consultas fue la Unión Cívica Radical con 551, seguido por el Frente Pro con 139 y el Frente de Todos con 74.

Entre las respuestas se destacan las medidas impulsadas para fortalecer las economías regionales, acompañar el crecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MiPyMEs) argentinas y potenciar su capacidad exportadora.

A su vez, el informe desarrolla las principales políticas destinadas a la recuperación del trabajo registrado y el éxito de programas como PreViaje, que generaron una temporada de verano récord en nuestro país con más de 32,5 millones de personas movilizándose hacia los distintos destinos turísticos argentinos. También hace hincapié en el robusto plan de obra pública llevado adelante para profundizar la integración y el desarrollo nacional, con casi 5 mil obras, entre finalizadas y en curso.

La Cámara alta abre las puertas del recinto este jueves para escuchar finalmente al jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur. El funcionario concurre por primera vez al Congreso de la Nación, luego de haber asumido el 20 de septiembre del año pasado y todavía no había cumplido con lo que establece el artículo 101 de la Constitución Nacional, que especifica que debe asistir de manera alternada a cada una de las cámaras para informar sobre la marcha del Gobierno.

Eso será a partir de las 14, pero para las 13.30 ha sido convocado una sesión especial para dar ingreso a una serie de pliegos enviados por el Poder Ejecutivo. Puntualmente se trata de los pliegos de embajadores en Venezuela, Honduras y Ecuador. Los designados son Oscar Laborde, Pablo Vilas y Gabriel Fucks, respectivamente.

Volviendo a la reunión informativa con Manzur, el jefe de Gabinete dispondrá de 40 minutos para exponer en forma oral su informe y luego se procederá a las preguntas de parte de los legisladores. El tiempo acordado a los distintos bloques se distribuye en proporción a la cantidad de sus integrantes y Manzur cuenta con 20 minutos para responder a los bloques cada aclaración, ampliación o pregunta.

Cabe consignar que 37 senadores presentaron 915 consultas, que fueron respondidas en el expediente PE 36/22 correspondiente al informe 132 de Jefatura de Gabinete.

Según el análisis realizado por la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios, el Ministerio de Economía fue el organismo que más preguntas recibió con 236, seguido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con 85, el de Salud con 70 y los de Transporte y Obras Públicas, con 66 y 44 respectivamente.

En cuanto a los bloques legislativos, la bancada que remitió al Poder Ejecutivo la mayor cantidad de consultas fue la Unión Cívica Radical con 551, seguido por el Frente Pro con 139 y el Frente de Todos con 74.

Entre las respuestas se destacan las medidas impulsadas para fortalecer las economías regionales, acompañar el crecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MiPyMEs) argentinas y potenciar su capacidad exportadora.

A su vez, el informe desarrolla las principales políticas destinadas a la recuperación del trabajo registrado y el éxito de programas como PreViaje, que generaron una temporada de verano récord en nuestro país con más de 32,5 millones de personas movilizándose hacia los distintos destinos turísticos argentinos. También hace hincapié en el robusto plan de obra pública llevado adelante para profundizar la integración y el desarrollo nacional, con casi 5 mil obras, entre finalizadas y en curso.

La Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación entregó a la Cámara alta su informe número 132, que tiene 856 páginas y es uno de los más extensos en la historia. El texto, con eje puesto en la recuperación económica, será presentado por el ministro coordinador, Juan Manzur, durante la sesión especial convocada para este jueves a las 14.

Según el análisis realizado por la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios, el Ministerio de Economía fue el organismo que más preguntas recibió con 236, seguido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con 85, el de Salud con 70 y los de Transporte y Obras Públicas, con 66 y 44 respectivamente.

En cuanto a los bloques legislativos, la bancada que remitió al Poder Ejecutivo la mayor cantidad de consultas fue la Unión Cívica Radical con 551, seguido por el Frente PRO con 139 y el Frente de Todos con 74.

Entre las respuestas se destacan las medidas impulsadas para fortalecer las economías regionales, acompañar el crecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MiPyMEs) argentinas y potenciar su capacidad exportadora.

A su vez, el informe desarrolla las principales políticas destinadas a la recuperación del trabajo registrado y el éxito de programas como PreViaje, que generaron una temporada de verano récord en nuestro país con más de 32,5 millones de personas movilizándose hacia los distintos destinos turísticos argentinos. También hace hincapié en el robusto plan de obra pública llevado adelante para profundizar la integración y el desarrollo nacional, con casi 5 mil obras, entre finalizadas y en curso.

Este miércoles se llevó a cabo en el Senado la jornada “Hacia una ley nacional de gestión menstrual en la Argentina” que contó con la participación de la ministra de mujeres, género y diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta. también expusieron representantes de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, funcionarias y ex funcionarias del poder ejecutivo nacional. senadoras y diputadas expusieron sobre distintos proyectos de ley presentados en ambas cámaras.

En el marco del 28M, Día de la gestión menstrual saludable, la senadora por San Luis y presidenta de la comisión Banca de la Mujer, María Eugenia Catalfamo (Unidad Ciudadana), organizó la jornada “Hacia una ley nacional de gestión menstrual en la Argentina”.

“Una jornada de trabajo que nos va a permitir entender más sobre el tema para poder alcanzar una ley nacional de gestión menstrual”, adelantó la senadora y destacó que la iniciativa apunta a “eliminar brechas de género, pero también brechas sociales, para ir hacia el camino de eliminar desigualdades que atravesamos las mujeres desde que somos muy pequeñas”.

Además, precisó que “son unas diez provincias, además de municipios, los que llevan adelante esta ardua tarea de poder implementar en sus territorios diferentes acciones que les permitan, sobre todo a los sectores más vulnerables, gestionar de manera saludable y sostenible la menstruación y esto es lo que queremos trasladar a todo el ámbito nacional”.

A continuación, Gómez Alcorta detalló que “doce millones de niñas, adolescentes, mujeres, varones trans, personas no binarias, menstrúan todos los meses en nuestro país” y que “cuando decimos que tiene que salir de la responsabilidad exclusivamente privada, tiene que ver con el impacto que tiene en la vida de millones poder llevar adelante su vida cotidiana en distintos ámbitos”.

Asimismo, indicó que “el otro gran tema tiene que ver con una diferencia de clase y por eso también es hablar de justicia social: gestionar mensualmente los productos de gestión menstrual no resultan igual el impacto en la vida de cada uno y de cada una”.

Por último, informó: “Hicimos un relevamiento de los municipios del país que tienen programas vinculados a la gestión menstrual, y también pudimos diferenciar aquellos que además pueden hacer entrega de productos”.

“A algunos municipios que no tienen la posibilidad de hacer entregas de productos los vamos a estar acompañando con la entrega de productos, centralmente con copitas menstruales, desde el Ministerio”, concluyó.

A través de un decreto conocido este martes, la titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, convocó a sesionar a la Cámara alta para dar ingreso a una serie de pliegos enviados por el Poder Ejecutivo.

Puntualmente se trata de los pliegos de embajadores en Venezuela, Honduras y Ecuador. Los designados son Oscar Laborde, Pablo Vilas y Gabriel Fucks, respectivamente.

Esa sesión fue convocada para las 13.30 de este jueves, mientras que para las 14 está prevista la sesión informativa a la que por primera vez asistirá el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur.

Según informaron fuentes oficiales, el jefe de Gabinete recibió más de 900 preguntas, que tal cual corresponde al reglamento contestó por escrito. Las remitieron 37 senadores, del oficialismo y la oposición. De las mismas, 230 estuvieron relacionadas con el área económica. El resto tuvieron que ver con la pandemia y el medio ambiente, entre otros aspectos.

Se trata del informe 132° y se producirá diez meses después de la última visita de un jefe de Gabinete, el anterior: Santiago Cafiero.

En el marco de los 11 años de su sanción, el senador nacional Mario Fiad (UCR – Jujuy) y la diputada Marcela Campagnoli (Coalición Cívica – Buenos Aires), llevaron a cabo este lunes la realización de la segunda jornada de debate y reflexión en torno a la Ley de Salud Mental y Adicciones, para analizar su aplicación y funcionamiento.

El evento, que tuvo lugar en el Salón Auditorio, edificio Alfredo Palacios, contó con dos paneles integrados por Marina Charpentier, trabajadora social especialista en adicciones; el Dr. Christian Molina Radio, médico especialista en psiquiatría; el Dr. Atilio Álvarez, Defensor de Menores e Incapaces de la Justicia Nacional en lo Civil; el Dr. Agustín Yecora, secretario de Salud Mental, Adicciones y Discapacidad de la provincia de Jujuy; el Lic. Ángel Barraco, asesor en la elaboración de la Ley Nacional de Salud Mental; y el Dr. Daniel Navarro, especialista en clínica médica y psiquiatría infanto juvenil.

Al comienzo de la actividad, el senador jujeño expresó: “Llevamos a cabo esta segunda jornada porque entendemos que es momento de darle un abordaje serio y programático a este tema que no está resuelto en la práctica y se demuestra en los debates que suelen darse de forma mediática”.

“Es un tema sensible y necesitamos una valoración concreta. Tenemos que lograr que la modificación de la ley tenga la operatividad que tiren que tener y la funcionalidad que necesita. Hay que aunar esfuerzos”, precisó.

A su turno la diputada de la Coalición Cívica, sostuvo que “tenemos que abordar con distintas miradas una problemática que nos interpela, nos conmueve, y que no esta dando los resultados de cuando la Ley fue pensada”.

“Es un tema muy importante y desgraciadamente a diario vemos episodios que nos lleva a querer tratar con más apuro una ley que abarca esta problemática”, señaló y cuestionó que “nunca fue tratado, ni analizado el proyecto que presenté para reformar la ley”.

Cabe destacar que la Ley de Salud Mental y Adicciones, se aprobó hace más de once años, y al día de la fecha sigue generando polémica respecto a algunos de sus artículos y su funcionamiento. Quien se llevó las miradas fue Marina Charpentier, madre del cantante “Chano”, que fue internado la semana pasada en el sanatorio Otamendi, de la Ciudad de Buenos Aires, a raíz de una recaída en su lucha contra las adicciones.

Charpentier consideró ante los legisladores, especialistas y familiares de personas que padecen adicciones y consumos problemáticos de sustancias psicoactivas que debe ser reformulado el artículo 20 de la Ley de Salud Mental, el cual sostiene que “la internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios”.

El artículo agrega además que “solo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”. “Yo no sé qué van a hacer con esta ley, pero el artículo 20 hay que cambiarlo. Y una persona adicta tiene su voluntad tomada por la sustancia y no puede decidir con su sano juicio qué es lo bueno y lo malo para él”, expresó la mujer.

Charpentier agregó que “el supuesto equipo interdisciplinario (mencionado en la ley) lo tiene (el cantante) porque lo paga, pero me pregunto qué sucede con el resto de las madres de adictos que tienen esa posibilidad”, y señaló que “está lleno de madres que no tienen prepagas, que no tienen nada. Imagínense si a mí me hacen esto, que saben que puedo estar en los medios diciendo esto, qué les espera a las otras madres”.

En suma, se quejó de que la Policía requiera de una orden de allanamiento de un juez para intervenir en casos de brotes psicóticos como el de Chano, el líder de Tan Biónica y ahora solista, quien protagonizó varios episodios derivados de su adicción a los estupefacientes en los últimos años.

“¿Qué orden de allanamiento debo tener para salvarle la vida a mi hijo? Mi hijo consume solamente marihuana, el THS altera el funcionamiento del cerebro, hay ruido neuronal, genera alucinaciones, pánico”, expresó tras enumerar los factores por los que la marihuana es nociva.

La mujer relató que el lunes su propio hijo le dijo que no podía más y así logró llevarlo al Sanatorio Otamendi, pero contó que al día siguiente ya se sentía mejor y quiso escapar, desnudo, de la habitación y que para eso llamó al 911 y esta vez la policía asistió al lugar.

Según contó, solo tras tomarle testimonio al psiquiatra del paciente se logró volver a medicarlo y lamentó que esta vez sí asistiera la policía ante el llamado de emergencia. También cuestionó la actitud de las agentes que recibieron llamados de pedidos de asistencia en episodios anteriores y exhibió un tuit en el que una empleada de la policía hizo público el pedido de ayuda porque se trataba de una persona pública.

Al cierre de la jornada, Fiad manifestó: “Con las distintas exposiciones y las preguntas que se originaron, hemos logrado sumar voces y experiencias que enriquecen el debate y que vamos a tener en cuenta a la hora de pensar posibles respuestas o discusiones legislativas”, y agregó: “Seguramente esto nos va a servir para entender un poco más la problemática desde las distintas miradas, las cuales sumaremos en las próximas instancias de debate sobre un tema tan complejo como es la salud mental y las adicciones”.

“Entiendo que el Congreso es el ámbito correcto para evaluar las leyes, por lo que vamos a realizar una tercera jornada para escuchar las últimas opiniones y experiencias. A partir de allí, trabajaremos en encontrar puntos de acuerdo y consenso para acercar posiciones y encontrar soluciones para los pacientes y sus familiares”, finalizó Fiad.

¿Qué establece la Ley de Salud Mental?

La Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 dedica todo su capítulo VII a la estipulación de la internación, tanto voluntaria como involuntaria. En el caso de esta última, la norma estipula que sólo se puede hacer cuando el equipo de salud determina que hay una situación de riesgo cierto  cercano para quien atraviesa un padecimiento de salud mental o para terceros. También es necesario que en esa situación no haya otra posibilidad más eficaz para el tratamiento de la persona. A su vez, indica que la internación debe notificarse en un plazo de diez horas al juez y al Órgano de Revisión de Salud Mental.

Quien es internado en contra de su voluntad tiene derecho a estar asistido por un abogado, privado o provisto por el Estado. El juez actuante debe pedir informes de salud cada treinta días como máximo.

Por otra parte, la limitación de las visitas debe ser excepcional y debidamente fundada por el equipo interdisciplinario interviniente. La institución receptora debe garantizar al paciente comunicación con su familia y allegados si así lo requiere.

Con la constitución prevista para este martes de cinco nuevas comisiones en la Cámara de Diputados quedará completa la conformación de todos los cuerpos especializados, encargados del estudio y análisis de los distintos proyectos por parte de los legisladores, antes de su tratamiento en el recinto.

Las últimas comisiones que tendrán su primera reunión para designar autoridades serán: Legislación Penal; Transportes; Minería; Energía y Combustibles; y Defensa Nacional.

En una situación inédita para un comienzo del año parlamentario, la constitución de las comisiones se vio demorada por la falta de acuerdos políticos. Sin embargo, destrabadas las negociaciones, a principios del mes de mayo se fueron conformando con el paso de las semanas y en una seguidilla de encuentros.

En paralelo, algunas de ellas activaron distintos debates, como Ley de Alquileres, o los proyectos de boleta única de papel o de reforma del Consejo de la Magistratura.

Las comisiones de asesoramiento permanente se dedican a estudiar todos los proyectos de ley ingresados a través de la Cámara de Diputados o los que son girados desde el Senado. Cada comisión es especialista en un tema específico como salud, educación, economía y trabajo. Por lo general, todos los proyectos de ley presentados son derivados a una o varias comisiones para que los especialistas puedan analizarlos y elaborar un dictamen. En la Diputados hay 46 comisiones permanentes.

Actualmente ya se encuentran conformadas Asuntos Municipales; Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia; Libertad de Expresión; Peticiones, Poderes y Reglamento; Juicio Político; Personas Mayores; Discapacidad; Pequeñas y Medianas  Empresas; Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales; Seguridad Interior; Turismo; Educación; Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; y Deportes.

Anteriormente se constituyeron también Asuntos Constitucionales; Legislación General; Presupuesto y Hacienda; Cultura; Justicia; Previsión y Seguridad Social; Acción Social y Salud Pública; Familias, Niñez y Juventudes; Legislación del Trabajo; Obras Públicas; Agricultura y Ganadería; Finanzas; Comercio; Economías y Desarrollo Regional; Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios; Economía; Relaciones Exteriores y Culto; e Industria.

Durante este mes se pusieron en marcha, asimismo, Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico; Población y Desarrollo Humano; Derechos Humanos y Garantías; Mercosur; Mujeres y Diversidad; Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones No Gubernamentales; Vivienda y Ordenamiento Urbano; Comunicaciones e informática; y Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.

Mientras en la Cámara baja, a comienzos del nuevo período ordinario, se encontraba trabada la constitución de comisiones, por el contrario, el Senado avanzaba a pasos más rápidos. Sin embargo, ese ritmo se frenó y actualmente en la Cámara alta faltan conformar 11 de las 27 comisiones permanentes.

A saber, son: Ciencia y Tecnología; Coparticipación Federal de Impuestos; Deporte; Derechos y Garantías; Economía Nacional e Inversión; Industria y Comercio; Población y Desarrollo Humano; Salud; Seguridad Interior y Narcotráfico; Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión; y Turismo.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado tratará este martes, desde las 15, el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que establece otorgar un beneficio extraordinario a los familiares de víctimas de la represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001, en el marco del estado de sitio decretado por el expresidente Fernando De la Rúa.

En los fundamentos de la iniciativa, el Gobierno recordó que “el Estado accionó de manera represiva” en esa ocasión y fueron 39 las personas que “perdieron la vida y hubo un saldo de más de un centenar de heridos”. En ese sentido, la propuesta contempla también a quienes hayan resultado “gravemente heridos” por esos hechos.

Similar a otras leyes reparatorias, el proyecto establece “un beneficio extraordinario, a percibir por única vez, en concepto de indemnización, para los herederos y las herederas o derechohabientes de las personas que fallecieron como consecuencia de la represión desplegada por el Estado, en las manifestaciones de protesta ocurridas, en todo el territorio nacional, los días 19 y 20 de diciembre de 2001, en el marco del estado de sitio declarado mediante el Decreto N°1678 del 19 de diciembre de 2001; y también para las personas que sufrieron lesiones gravísimas en las mismas circunstancias o, en su caso, para sus herederos y herederas o derechohabientes”.

El texto, que indica que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será la autoridad de aplicación, estipula que la indemnización será equivalente a la remuneración mensual de los agentes Nivel A-Grado 0 del Escalafón del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), multiplicado por 100. Asimismo, aclara que en el caso que el beneficio correspondiere a las personas que hubiesen sufrido lesiones gravísimas, ese monto será un 30% menor.

También se establece la gratuidad de todos los trámites y que la indemnización estará exenta de gravámenes, y de tasas las tramitaciones judiciales o administrativas que tuvieren por finalidad la acreditación de las circunstancias o del vínculo, en jurisdicción nacional.

“Si existieren acciones judiciales contra el Estado Nacional fundadas en los mismos hechos a que se refiere la presente ley, quienes pretendan acogerse a dicho beneficio, y al tiempo de solicitarlo, deberán desistir de la acción y del derecho ejercitados en los respectivos procesos y renunciar a entablar futuras acciones judiciales por la misma causa”, prevé.

Financiamiento de las industrias culturales

Por otra parte, el temario de la reunión, que se realizará en el Salón Illia, contempla un conjunto de proyectos en relación al financiamiento de las industrias culturales, ante el vencimiento en diciembre de 2022 de las asignaciones específicas a través de distintos impuestos. Algunas iniciativas buscan prorrogar esas asignaciones hasta 2025, otros hasta 2030 o incluso hasta 2042.

Los textos que se pondrán sobre la mesa, y podrían concluir en un dictamen consensuado, fueron presentados por las senadoras del oficialismo Cristina López Valverde y Teresa González, Silvia Sapag, María Inés Pilatti Vergara, Anabel Fernández Sagasti; y de la oposición Alberto Weretilneck, Daniel Kroneberger y María Victoria Huala.

A principios de mayo, en la Cámara de Diputados tuvo dictamen en comisión un proyecto que establece que la vigencia de las asignaciones específicas previstas en tres incisos del artículo 4 de la Ley 27.432 -reforma tributaria de 2017- se extiendan hasta el año 2072. No obstante, todavía no fue tratado en el recinto.

Finalmente el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, asistirá al Congreso de la Nación. Lo hará este jueves 2 de junio, tal cual fue confirmado el martes pasado por las autoridades del Senado, que dieron a conocer el decreto convocando a los senadores a sesionar.

El gobernador tucumano en uso de licencia asumió el 20 de septiembre de 2021 y no brindó aún ni un solo informe. Solo concurrió a la Cámara de Diputados el 7 de marzo para exponer junto a Martín Guzmán sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Una semana después lo hizo en el Senado.

Cumplirá así Manzur con lo que dispone el artículo 101 de la Constitución, que establece que “el jefe de Gabinete de Ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus cámaras, para informar de la marcha del Gobierno”.

La información había sido adelantada por el jefe del interbloque Frente de Todos, José Mayans, hace dos semanas en declaraciones a la prensa, aunque recién este martes quedó confirmada.

Finalmente el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, asistirá al Congreso de la Nación. Lo hará el próximo jueves 2 de junio, tal cual fue confirmado este martes por las autoridades del Senado, que dieron a conocer el decreto convocando a los senadores a sesionar.

El gobernador tucumano en uso de licencia asumió el 20 de septiembre de 2021 y no brindó aún ni un solo informe. Solo concurrió a la Cámara de Diputados el 7 de marzo para exponer junto a Martín Guzmán sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Una semana después lo hizo en el Senado.

Cumplirá así Manzur con lo que dispone el artículo 101 de la Constitución, que establece que “el jefe de Gabinete de Ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus cámaras, para informar de la marcha del Gobierno”.

La información había sido adelantada por el jefe del interbloque Frente de Todos, José Mayans, hace dos semanas en declaraciones a la prensa, aunque recién este martes quedó confirmada.

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La senadora nacional Clara Vega llevó adelante un encuentro denominado “Nuestras Raíces” en el Salón de las Provincias del Congreso nacional, con motivo del 431º aniversario de la fundación de la Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja.

Al respecto, Vega explicó que “el encuentro se realizó con el propósito de dar a conocer las fortalezas y potencialidades de la provincia en materia cultural, turística y productiva; y también de difundir la historia e identidad riojana en un ámbito tan destacado”.

Con la participación de un imponente público, el evento contó con distintas presentaciones de artistas riojanos. Entre ellas, un desfile de la colección “Riojanas” realizada por la diseñadora Maricel Andrada y lucida por un staff de modelos profesionales.

El momento musical estuvo a cargo de la cantante Mariel Valdez, quien interpretó “Caminito” para poner en valor el origen de este popular tango inspirado en el caminito de Olta. Fue acompañada por los bailarines Eliana Rizzonelli y Nahuel Guerrero.

En sus palabras de bienvenida, Clara Vega agradeció a todos los presentes y manifestó un gran orgullo y emoción por llevar a cabo la realización de esta muestra “de importancia para posicionar a la provincia a través de la calidad de su industria cultural y sus productos regionales”.

Conducido por Vanina Casanelli, el encuentro contó con la presencia de figuras reconocidas como Elena Fortabat y Adriana Brodsky, así como autoridades, embajadores, empresarios y ciudadanos riojanos residentes en Buenos Aires, a quienes se agasajó con productos típicos elaborados en La Rioja.

Al cierre de la sesión de este jueves en la Cámara alta, donde se debatió el proyecto que propone crear un fondo con dólares fugados para pagar la deuda con el FMI, el titular del interbloque de JxC, el radical mendocino Alfredo Cornejo, le preguntó al oficialismo: “Si es ilegal la deuda, ¿por qué la reestructuraron”. En tanto, les adelantó que “no van as solucionar nada con el proyecto”, y los acusó de que solo lo hacen para “molestar el acuerdo que hizo Alberto Fernández y Martín Guzmán con el FMI”.

“Este desorden político que tiene la Argentina hoy hace que nos confundamos y generamos incertidumbre a la ciudadanía. Algunos han descolgado el debate y ya ni les importa. Hay pedido una cuestión de privilegio sin respetar la opinión por un asiento de una banca, más ridículo aún. Esa senadora se sienta hace tres sesiones en esa banca”, comenzó Cornejo al referirse al pedido de Anabel Fernández Sagasti (FdT) al inicio de la sesión.

Y siguió: “Confusión a más no poder. He escuchado con sorpresa que el gobierno del Frente de Todos considera esta deuda con el Fondo como ilegal”, y preguntó: “Si es ilegal ¿por qué la reestructuraron?”. “¡Es increíble! ¡Nos confunden todo el tiempo!”, exclamó Cornejo.

“Están creando un fondo, para pagarle al Fondo una deuda ilegal. ¡Es raro eh! No se puede entender ni entendernos entre nosotros”, apuntó el radical y volvió a consultar: “¿Por qué no buscamos el diálogo entre nosotros y resolvemos problemas?”.

En otro tramo de su discurso, disparó: “Hace dos años y medio que están gobernando ustedes y no hicieron nada, ¿qué están diciendo? No los entiendo, pero buena parte de la argentina no los entiende”.

“Esas cartas, esos tuits entre la vicepresidente y el presidente, esa competencia de echarse la culpa entre ustedes confunde. Ordénense porque es fundamental para la economía. Gobiernen, háganse cargo”, enfatizó el titular del interbloque de la oposición.

Respecto al proyecto, señaló: “Dijeron que no es un blanqueo, pero lo explicaron los propios especialistas que expusieron y ellos lo reconocieron. Dicen que no es algo tributario, pero usan la palabra tributo en el proyecto. Es un blanqueo porque perdonan impuestos de gente que no pagó, eso es blanqueo. ¿Qué tiene que ver que sea voluntario?”.

En tanto, precisó: “Fija una tasa, y tienen naturaleza tributaria. Nunca vamos a llegar a un acuerdo si no nos escuchamos. Este ámbito debe ser honesta, esto es un blanqueo y tiene materia tributaria, los 5 requisitos se cumplen en esta ley”.

“No van a solucionar nada con esta ley. Solo buscan despegarse del Gobierno de Alberto, molestan el acuerdo que hizo junto con Martín Guzmán con el FMI”, cerró el mendocino.

En su exposición en la sesión del Senado de este jueves el titular del bloque UCR en esa Cámara, el formoseño Luis Naidenoff, no se refirió al proyecto del oficialismo que busca crear un fondo con dólares fugados para pagarle al FMI porque “es inconsistente”. Apeló a los tuits de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, sobre la legitimidad de gestión y apuntó: “El problema es que ha estado ausente en este Gobierno desde el primer día la revalidación de la legitimidad del ejercicio”.

Al comienzo de su discurso, aclaró que no haría referencia a los aspectos técnicos del proyecto porque “el debate central en la Argentina tiene que ver justamente por algunas definiciones que fueron expresadas a través de tuits por la presidenta de este Cuerpo que tienen que ver con la diferenciación entre la legitimidad de origen en el poder y la legitimidad de gestión”.

“Quiero recoger el guante en cuanto a la legitimidad de ejercicio y de gestión”, afirmó el radical y procedió a leer textual los tuits de Cristina Fernández de Kirchner porque “vienen bien al debate y a entender los problemas de la Argentina”.

En sus tuits, la vicepresidenta de la Nación había escrito: “Faltaban unos días para el balotaje y la discusión durante toda la noche fue como íbamos a hacer para legitimarnos si el otro candidato renunciaba y no había segunda vuelta… algo que finalmente ocurrió”, y sumó: “La pregunta era: ¿Cómo íbamos a hacer para gobernar el país después de la crisis de 2001 con apenas el 22% de los votos? Mi respuesta fue única y categórica: nos íbamos a legitimar gobernando… porque se podía ser legítimo y legal de origen y no de gestión”.

Respecto a esos posteo, Naidenoff remarcó que “ese es el problema de la Argentina desde que ustedes se han hecho cargo del gobierno. Este es el problema y lo expresó muy bien la presidenta de esta Casa porque ese mensaje claro de lo que implica la legitimidad de ejercicio y de origen tiene un destinatario muy claro que es la conducción del país, de quien está allá de la Casa Rosada”.

“Ustedes son parte de un gobierno, independientemente de sus artimañas que dividen los bloques de disputar un lugar en el Consejo de la Magistratura, que la verdad que arrancó con dos componentes centrales que debe tener mayoría social y mayoría política, porque contaron con acompañamiento en ambas cámaras”, lanzó el radical.

Y se preguntó: “¿Qué pasó con la mayoría social y política en el ejercicio de la gestión? ¿Qué pasó para que en esta Argentina discutamos, no solo este tema?  El problema es que ha estado ausente en este Gobierno desde el primer día la revalidación de la legitimidad del ejercicio o la legitimidad de gestión porque para legitimar una gestión, un Gobierno tiene que mostrar un plan, un programa, tiene que mostrarle a la sociedad hacia dónde vamos”.

En tanto, reiteró: “¿Qué pasó desde que ustedes asumieron? ¿desde que se hicieron cargo de la gestión pública? No existió programa, no existió plan, tampoco hoja de ruta”. Y procedió a explicar cómo se llegó a “esta crisis que, más que crisis, es una fractura en el propio seno del gobierno que son parte todos del Gobierno por más que intenten diferenciarse”.

Y les recordó lo que sucedió durante la pandemia: “Cuando la sociedad estaba en otra cosa cierres de comercio, cercenamientos de libertades. ¿Qué discutía este Senado? Cómo embestíamos con una reforma de la Justicia Social, ese fue el debate. Meses y meses, se acuerdan lo que pasaba en algunas provincias argentinas donde a los enfermos se los trataba, por ser portadores de Covid, como criminales.

“Cuando en las persianas el denominador común eran la falta de trabajo y el cierre de comercios, el tema acá en el Senado era la creación de comisiones de investigación. ¿Qué discutía este Senado cuando la gente buscaba respuestas de un presidente que comenzó a mostrar que andaba a la deriva y sin rumbo? Cómo modificábamos la ley de Ministerio Público y Fiscal”, criticó Naidenoff.

En ese marco, recordó: “El presidente contó con más del 80 % de acompañamiento social, el de las fuerzas políticas para afrontar el desafío de la argentina. ¿Qué le mostraron a la sociedad? Por el lado de salud, medidas restrictivas, el que sale o esta en festa privada todo el peso de la ley. ¿Qué nos mostró el Ejecutivo? El carnaval de Olivos. ¿Qué nos mostraba el oficialismo? El silencio la complicidad”.

“¿Cómo terminó el carnaval de Olivos? ¿Cómo terminó un gobierno que no tiene plan? Con una derrota contundente desde lo electoral”, señaló Naidenoff en relación a las PASO y recriminó: “Hoy no tienen la legitimidad de gestión, no conducen, no hay gobierno. ¿Qué pueden exhibir? ante una derrota electoral se oxigena al gabinete, se escucha a la sociedad, se convoca a los sectores de la oposición para que el país tenga una salida. Ustedes no han hecho nada, solo aportaron confusión y sembraron mayor desesperanza en la sociedad”.

Y reiteró: “Solo pueden exhibir el aumento de la pobreza y de la indigencia. Pueden exhibir la falta de gestión, de un plan”.

Por último, sobre el proyecto solo expresó que “es inconsistente desde lo técnico y lo político”, y se refirió al acampe y movilización de distintas agrupaciones sociales sobre la 9 de Julio: “Ahí afuera esta la sociedad acampando porque no tiene trabajo y tienen hambre, y ustedes son un gobierno de filo peronista. Ustedes están en otra cosa, están enfrascados en una intenta que cada día nos acorrala, nos asfixia, y eso arrastro la sociedad”.

Tras un debate de casi cinco horas, el oficialismo en el Senado logró aprobar el proyecto de ley que propone la creación de un “Fondo Nacional” para pagarle al FMI a partir de la recuperación de “dólares fugados”.

La votación resultó con 37 votos a favor, del Frente de Todos, Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Clara Vega (Hay Futuro Argentina); y 31 votos en contra, de Juntos por el Cambio y Alejandra Vigo (Córdoba Federal).

Estuvieron ausentes cuatro senadores: Roberto Basualdo (Producción y Trabajo), Luis Juez (Pro), Magdalena Solari Quintana (Misiones) y José Torello (Pro).

El debate de la iniciativa fue el “plato fuerte” de la sesión, aunque ésta atravesó por varios picos de tensión y acusaciones cruzadas en su inicio, sobre todo en torno a la situación del Consejo de la Magistratura y la “pelea” por una banca entre senadoras.

El proyecto diseñado por el kirchnerista Oscar Parrilli fue presentado días después que se sancionara la ley de refinanciamiento de la deuda con el FMI, que dividió al Frente de Todos en ambas cámaras del Congreso.

La iniciativa fue girada ahora a la Cámara de Diputados, donde los números para el oficialismo asoman siempre más complicados a la hora de las negociaciones para alcanzar una mayoría necesaria.

El texto prevé que este Fondo se conforme por lo recaudado a partir de “un pago que se aplicará sobre los bienes situados y/o radicados en el exterior que se localicen o detecten desde la entrada en vigencia de la ley y no hayan sido declarados ante la AFIP”.

Los alcanzados por esta norma deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares. En el caso de declarar los bienes pasados los 6 meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%.

El proyecto introduce la figura del “colaborador”, que será “cualquier individuo, sea persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, que actuando en forma personal o conjuntamente, proporcione información relacionada con una violación de las leyes impositivas y de lavado de activos”.

El monto a partir del cual se considerará como acreditada la información del colaborador no deberá ser inferior a U$S 500.000 en concepto de activos no declarados. Asimismo, prevé una recompensa del 30% del monto total efectivamente recaudado e ingresado a las arcas estatales.

El kirchnerismo tenía la intención de que este proyecto fuese tratado junto a otro que reforma las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal, pero que no tuvo dictamen y se encuentra trabado.

El debate

Fue el pampeano Daniel Bensusán el encargado de abrir la ronda de oradores, quien explicó los aspectos técnicos de la iniciativa, los objetivos y beneficios. Previamente apuntó contra la gestión de Cambiemos por “las desacertadas políticas económicas que nos trajeron hoy en esta situación de deuda”.

“Nuestro país atraviesa una situación crítica en lo que se refiere a deuda externa. De irresponsabilidad política y financiera se expresó en el acuerdo Stand By suscripto en el 2018 con el FMI”, advirtió y señaló que fue el “mayor crédito otorgado en la historia del organismo, en condiciones imposibles de cumplir. No fue destinado ni un solo dólar a la salud, a la educación, a la vivienda, ala inversión en industria”. En esa línea, contextualizó que tras la pandemia el Gobierno actual “tuvo que refinanciar la deuda a los fines de afrontar sus compromisos y que no sea un obstáculo en el camino de recuperación y crecimiento que necita el país”.

Abocado al proyecto, señaló que tiene como objetivo la creación de un fondo que se va a conformar con los recursos provenientes de los pagos que se aplicarán sobre bienes situados y/o radicados en el exterior de personas humanas, jurídicas todas ellas residentes en el país a la fecha de entrada en vigencia de la ley y que no hayan sido declarados ante la AFIP.

“Los sujetos obligados a esta iniciativa son los que fugaron capitales generados en el país y no los declararon”, apuntó el oficialista y aclaró que “queremos evitar que los compromisos internacionales impagos impliquen un ajuste en las condiciones de vida de trabajadores, que ya han sido duramente castigados por la crisis económica generada primero por la desacertada de las políticas económicas del gobierno anterior, y luego por la emergencia sanitaria de la pandemia”.

Retomando las palabras del doctor Eduardo Barcesat señaló: “No solamente se trata de crear riquezas, se trata también de distribuir adecuadamente dichas riquezas y de que esa distribución igualitaria una a las distintas regiones del país que componen el territorio nacional”.

Por otro lado, explicó que la administración y gestión del Fondo estará a cargo del Ministerio de Economía; el control, fiscalización y supervisión recaerán sobre la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la deuda; las alícuotas varían de acuerdo a cuándo se realiza el pago que deberá ser en dólares.

Además, informó que se realizaron modificaciones al texto original: “Los beneficios no eximen las investigaciones preexistentes por lavado de activos, contrabando, narcotráfico, trata de personas”. En tanto destacó la incorporación de la figura del colaborador porque “ayudará a detectar bienes no declarados en el exterior”.

“No vamos en dirección contraria al mundo, el contexto internacional acompaña esta medida. Argentina se encuentra en un proceso de recuperación y necesita destinar sus recursos en la generación del empleo, políticas imprescindibles para el desarrollo del país. La fuga de capitales y la creación de guaridas fiscales perjudican la creación de Argentina, es un tema de interés, somos el tercer país con más bienes en el exterior”, informó Bensusán y cerró: “El endeudamiento irresponsable perjudicó la soberanía y la independencia económica. El pago de la deuda con fondos en el extranjero es la mejor manera de afrontar los compromisos financieros sin comprometer el desarrollo futuro del país. Este proyecto busca que los contribuyentes no tengan que pagar la deuda millonaria que tiene el país, por el contrario, aquellos que se beneficiaron con la fuga tendrán que hacer los aportes”.

En el mismo sentido, se pronunció el riojano Ricardo Guerra que defendió con firmeza el Fondo para pagarle al FMI: “Es inadmisible que existan en el exterior más de 410 mil millones de dólares de residentes en el país, de los cuales 340 mil millones son fruto de la evasión de impuestos sobre resultados de actividades desarrolladas en nuestro territorio nacional”.

Luego, el legislador recalcó que se trata de “un acto de verdadera justicia, con más razón luego de observarse el esfuerzo y los condicionamientos a que se vio sometida la Nación para encaminar el excesivo, irresponsable e insostenible endeudamiento tomado con el FMI por el gobierno anterior, con el agravante de que durante el lapso en el que ingresaron los fondos del organismo multilateral salieron para la formación de activos externos cifras semejantes”.

En otro tramo de su discurso, Guerra consideró que “estos hechos delictivos no se podrían haber cometido sin la participación de especialistas que, con la conjunción de conocimientos técnicos, vínculos fluidos y la explotación desmedida de los secretos financieros y bursátiles y fiscales provocaron estos resultados”.

Además, el senador subrayó que “el proyecto busca recuperar recursos evadidos por residentes del país y ubicados en el exterior a partir de la acción coercitiva del Estado ejercida a través de la AFIP con el objetivo de constituir un Fondo con destino específico para el pago de la exagerada deuda con el FMI que dejó de herencia la gestión del gobierno anterior y de esta manera evitar que el enorme peso que significará ese pago recaiga sobre la inmensa mayoría de los argentinos que no evadieron, sino que lo haga sobre los que evadieron, fugaron y se beneficiaron”.

También planteó un interrogante: “¿Qué provocaría en nuestro sistema económico si al menos una parte de esos recursos circularan y estuvieran invertidos productivamente dentro del mismo?”. Y modo de respuesta concluyó que “seguramente el déficit fiscal no sería del nivel de persistencia que demuestra dado el incremento en la recaudación tributaria que implicaría, lo que a su vez provocaría que los recursos coparticipables fuesen superiores significando que las provincias tendrían mayores ingresos, el nivel de reservas sería importantes por lo cual no existiría restricción externa o falta de dólares, por las mismas razones la inflación sería mucho más simple de controlar, el nivel de actividad y el PBI serían muy superiores a los actuales, el desempleo sería friccional y la pobreza estaría en niveles bajos. En síntesis, nuestra realidad sería muy diferente a la que tenemos”.

Al cierre, remarcó que “no estamos frente a la creación de un nuevo impuesto, dado que lo que se pretende es recuperar una porción de los recursos no ingresados al fisco y radicados en el exterior originados en la evasión de tributos existentes”.

Y en el mismo sentido, resaltó que “tampoco es un blanqueo, puesto que no implica una convocatoria voluntaria a exteriorizar fondos o bienes no declarados a través de la efectivización de determinadas inversiones en el país o el ingreso de un porcentaje sobre lo blanqueado”.

De la vereda de enfrente, se expresó el chaqueño radical Víctor Zimmermann quien reconoció que un objetivo que comparten es “evitar la evasión y mejorar la recaudación fiscal”. También consideró que “los organismos de recaudación AFIP u otro, tienen los instrumentos vigentes como para poder hacerlo y de pronto, si no lo tuvieran, tuvimos reiterados debates para mejorar la cuestión fiscal y hacer eficiente la cuestión tributaria, nunca nos hicieron saber que les falta alguna norma”.

“Nos parece que la presencia de los funcionarios que no vinieron, era de vital importancia”, lamentó Zimmermann respecto al pedido que habían hecho en Comisión para que expongan el ministro de Economía, Martín Guzmán, el titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, y la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont. Y cuestionó que “un proyecto como este no fortalece esos objetivos, al contrario, creo que lo perjudica porque permanentemente en los últimos tiempos en argentina se posibilita una regularización impositiva que, de alguna manera, permita salvar la conducta de evasor de muchos contribuyentes fundamentalmente decepcionando a quienes pagamos impuestos”.

En ese sentido, lo calificó como “innecesario impulsar una ley con estas características”, y advirtió que “esto es un blanqueo porque aquel evasor que puede se identificado y se le haga una determinación de deuda con solo el 20% va a poder normalizar su situación fiscal”.

“Es un proyecto inequitativo fundamentalmente para aquellos consumidores que compran y pagan impuestos, para esos asalariados, para aquellos monotributistas que no pueden evadir. Además, no está claro en el proyecto si los fondos que se pueda declarar y encontrar en políticas fiscales argentinas van a comprobar si son o no lícitos”, criticó.

Respecto a la figura del colaborador, apuntó: “Si no se da en un marco institucional muy fuerte, puede convertirse en un problema. Representa un costo muy alto, esta persona podrá recibir hasta el 30% de la determinación e la deuda del evasor en dólares, si lo comparamos con el 20% que va a pagar el que está identificado, nos parece un costo muy alto y no lo aceptamos”.

“Se crea un aporte especial, un nuevo impuesto. Si es así la Cámara de Origen debe ser la de Diputados como lo establece la Constitución Nacional”, denunció el chaqueño y cerró: “La fuga de capitales se dio en gestiones anteriores y en la actual, esto sucede por las condiciones macroeconómicas del país que genera consecuencias negativas porque las ganancias o ahorros de las personas no se revierten en el país para generar trabajo genuino. Es un desafío de todos de generar las trasformaciones necesarias para que la gente pueda quedarse”.

Al inicio de su discurso, Martín Lousteau le contestó a Bensusán: “Me llama la atención que el miembro informante del oficialismo haya comenzado su alocución mencionando las desacertadas políticas económicas del gobierno anterior”, y le retrucó: “No parece un buen día para mencionar eso porque ya se ha demostrado hasta el hartazgo que el ritmo de endeudamiento de este gobierno es mayor al de cualquier otro, sino porque hoy se acaba de conocer el nuevo índice de precios de 6% de inflación mensual”.

“Cuando uno mira los últimos 12 meses es el mayor nivel de inflación anual desde hace 30 años”, resaltó el radical y chicaneó: “No parece un buen día para hablar de políticas desacertadas porque si uno mira el bimestre estamos hablando de un 110% de inflación anualizada, llama la atención que arranquen por ese lado”.

También apuntó contra Anabel Fernández Sagasti quien, al inicio de la sesión, pidió una cuestión de privilegio para denunciar que una legisladora del Pro había ocupado la banca de la riojana Clara Vega: “Me llama la atención el deslizado inicial en este contexto con este nivel de inflación estar discutiendo y debatiendo cuestiones de privilegio y 30 o 40 minutos a ver quién se sienta en qué banca, cuando se podría arreglar mucho más fácil”.

“También llama la atención, dentro de esta gravedad social, económica y política porque parte de lo que ocurre es por culpa de las diferencias internas que tiene el oficialismo, este tipo de proyectos”, criticó Lousteau y consideró que “nada tiene que ver con lo que hace falta, pero se ve que tiene un valor simbólico para los votantes más duros del FdT”.

En esa línea, ironizó que el slogan de este proyecto es que “se presenta como la creación de un fondo para pagarle al FMI con los fondos de los que la fugaron”. Y contradijo: “Claramente no es eso, esto es lisa y llanamente un blanqueo. ¿Este fondo es para buscar a los que la fugaron? La respuesta es no, se dijo esto en Comisión. No tiene que ver con la fuga, tiene que ver con aquellos que tienen fondos no declarados que evadieron en el exterior, es para aquellos que no declaran plata que tienen afuera no para la fuga porque la fuga puede ser legal. Este proyecto no tiene nada que ver con eso”.

“Si es para la fuga legal o ilegal, busquemos a todos los que fugan y expliquémosle eso hace mal. No es para eso el proyecto”, reiteró el radical y reconoció que Argentina debe resolver el problema estructural de la fuga, por lo cual sugirió que “debemos preguntarnos por qué al país le faltan recurrentemente dólares, por qué hay tanta volatilidad. Para eso tenemos que terminar con la incertidumbre, la volatilidad y tener una economía que crezca”.

A los que no pagaron sus impuestos, y los tienen acá, curiosamente esta ley no dice nada”, apuntó Lousteau

Además, señaló que la falta de dólares es algo de “todos los gobiernos”, pero remarcó que el proyecto “no va a lidiar con la fuga”. “A los que no pagaron sus impuestos, y los tienen acá, curiosamente esta ley no dice nada”, apuntó Lousteau y cerró: “Esto no le cambia en nada a la vida a los ciudadanos. Lo que están haciendo va en contra de todo lo que firmaron con el Fondo en el acuerdo. Dejen de erosionar la figura tributaria porque los que fugaron se siguen beneficiando igual y dejen de mentir con que esto es para pagarle al FMI”. Ponderó la figura del colaborador, pero sugirió que se debe debatir con más profundidad.

En representación de la provincia de Rio Negro, Silvina García Larraburu (FdT) defendió la iniciativa porque “venimos a proponer soluciones a problemas que generaron otros, un gobierno que se jactó de tener al mejor equipo económico con los mejores economistas de los últimos 50 años. La deuda ilegítima que contrajo Macri es una amenaza constante a la soberanía nacional y su pago, aún con el refinanciamiento, implica aplicar los recursos que el país necesita para crecer, para mejorar la calidad productiva, la calidad de vida de los argentinos”.

“Tenemos que trabajar en algún momento de forma ferviente en saldar la gran deuda interna que tenemos”, resaltó la rionegrina y volvió a ponderar el proyecto: “Nos vuelve a dar la posibilidad de trabajar en la equidad distributiva. Buscamos que la deuda la paguen los principales beneficiarios del endeudamiento. Los que se llevaron los 44 mil millones de dólares. Que la paguen los fugadores cereales que tenemos, fundamentalmente en la capital federal”.

En ese marco, sostuvo que “ningún peso quedó en nuestro país. En Argentina no hay puentes, no hay escuelas, no hay hospital, no hay un solo kilómetro que se hayan financiado con ese crédito”.

Su par oficialista misionero Maurice Closs opinó que “no me parece mal que se pueda exteriorizar lo que no esta declarado. Pónganle el sustantivo que quieran. Me parece oportuno que tenga mérito y conveniencia recaudar fondos para pagar una pesada deuda contraída por un modelo que se equivocó en las finanzas públicas”.  

Es una ley que está incompleta y le falta un tratamiento para aquellos bienes exteriorizados que están en el interior del país. Hay mucho que está fuera del sistema”, cuestionó Closs

“Es un elemento que va a poder aportar recursos para poder pagar la deuda con el Fondo”, señaló. Sin embargo, criticó que “es una ley que está incompleta y le falta un tratamiento para aquellos bienes exteriorizados que están en el interior del país. Hay mucho que está fuera del sistema”.

Por la oposición, lasenadora Beatriz Ávila (Justicia Social) cuestionó que “en menos de dos meses es la segunda vez que tratamos un tema relacionado al FMI”, y aseguró que en “una mirada superficial esto podría ser para la fuga y le evasión, pero cuando leemos detenidamente en realidad es otro capítulo equivocado de relato oficialista”.

“¿Es un nuevo impuesto? ¿Es un blanqueo? ¿Estamos ante la creación de nuevos tributos? ¿Cuál es el objetivo final?”, se preguntó la tucumana y advirtió que a lo largo del texto se “cambian las denominaciones en distintos artículos”. Al igual que su par Zimmermann lamentó que no hayan expuesto en el plenario el ministro de Economía u otros funcionarios.

En suma, cuestionó: “Se pretende defender al contribuyente frente a actos confiscatorios que pueden avanzar sobre derechos a la propiedad. ¿No estamos violando la igualdad? ¿No se ve amenazada al gravar solamente en un grupo de personas?, ¿no estamos hablando de discriminación, por que a unos si y otros no? Las personas que ocultan bienes dentro del país, no podrían regularizar su situación con este proyecto porque no están contemplados dentro de la norma. Quienes tiene dólares abajo del colchón o dentro del país sin declarar, están fuera del radar. Estamos ante la presencia de un nuevo blanqueo porque beneficia evasores”.

En contraposición, el puntano Adolfo Rodríguez Saá lanzó: “Nos estamos refiriendo a todos los dólares, pesos y bienes que se llevaron de la Argentina evadiendo impuestos. Se lo llevaron en forma ilegal, casi de contrabando, con maniobras en que los poderosos son parte necesaria en esas operaciones. A eso se refiere la ley”.

“No puedo creer que defiendan a los evasores”, agregó y pidió que “por lo menos permítannos hacer el intento de cobrarles, tal vez tengamos éxito”, porque “son cifras millonarias, es más de un año del PBI y significa, según estudios, 120 mil millones más que todos los dólares que tienen invertido los capitales extranjeros. Ese dinero que se fue no generó trabajo, no aportó al desarrollo de la industria, no contribuyó a la grandeza del país”.

También, solicitó que “en vez de echarnos la culpa del pasado, miremos el futuro. Creo que deberíamos hacerlo en conjunto, poder toda la energía de la Nación en recuperar esos fondos y con eso pagar la deuda, y con el restante dinero trabajemos para lograr el desarrollo económico y social del país”.

Respecto a la acusación de la oposición de que se trata de un blanqueo, Rodríguez Saá remarcó que “esto no es voluntario, no estamos pidiendo que declaren voluntariamente, sino que cuando le descubramos lo que tienen en sus cuevas, el que lo acepte sin discutir podrá tener los beneficios de la Ley 27.603 artículo 11 porque se refiere a los que tienen dinero en efectivo, no un avión, un barco o un inmueble”.

“Lo del blanqueo es un argumento que no es cierto desde el punto de vista jurídico. No es la creación de un impuesto. Vamos a ir contra los bienes fugados, contra los que sometieron al hambre y a la miseria al pueblo argentino porque provocan inflación, devaluación de la monera. Son un grupito de millonarios que, tienen el derecho que tener dinero, pero no evadir y tener dinero no declarado”, cerró el puntano.

Me cabe pensar que este proyecto expresa una puja del rumbo de la política económica dentro del oficialismo, que debaten o pujan para imponer el criterio del rumbo económico en el país”, enfatizó Vigo.

Aliada clave a la hora de votar, la cordobesa Alejandra Vigo expresó su total disconformidad con la iniciativa. Compartió la “necesidad imperiosa de cobrarle a los evasores y a quienes se llevaron la plata afuera”, pero opinó que el proyecto “tiene intenciones contradictorias. En su artículo 1 o el principio punto del proyecto, crea un fondo con recursos para pagarle al otro Fondo un proyecto que tiene el respaldo de muchos senadores que no votaron o no apoyaron el proyecto del Ejecutivo para aprobar el programa de facilidades extendidas celebrado con el FMI para cancelar la deuda contraída en el 2018”.

El proyecto tiene intenciones contradictorias. Resulta inconsistente e inconstitucional”, consideró Vigo

Destacó la “buena intención de poder combatir, pero sobre todo traer los fondos que se han llevado afuera”, pero consideró que “de mínima, este proyecto resulta inconsistente e inconstitucional en muchos puntos esenciales. No salgo de mi asombro de hacer una ley con esta intención con este planteo de crear un fondo para pagar a otro Fondo después de haber sancionado hace 2 meses el proyecto del Ejecutivo”.

“Me cabe pensar que este proyecto expresa una puja del rumbo de la política económica dentro del oficialismo, que debaten o pujan para imponer el criterio del rumbo económico en el país”, enfatizó Vigo.

Ideólogo del proyecto, el senador Oscar Parrilli aseguró que “el objetivo nuestro es sacarnos de encima al Fondo y buscamos la plata en los evasores que la tienen afuera”. Hablándole a sus pares de la oposición, que cuestionaron la iniciativa, les advirtió que “si llegan a poder gobernar en 2023 van a tener que pagar 20 mil millones de dólares por año”. “¿Ustedes piensan que lo van a poder pagar? Si no empezamos a buscar soluciones, en 2023 puede ganar quien fuere la elección, pero el país va a explotar”, lanzó el kirchnerista.

En su intervención, la titular del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, apuntó fuerte contra la oposición: “Me cuesta mucho entender cómo volvieron a pedirle a ese acreedor después de haber recibido un país absolutamente desendeudado. Si recibieron un país en esas condiciones, nosotros recibimos el país sobreendeudado”. Y destacó que el objeto del proyecto es “decirle chau al Fondo”.

El titular del bloque radical en el Senado Luis Naidenoff apuntó contra el oficialismo apelando al tuit de la vicepresidenta sobre la legitimidad del ejercicio y de origen, en lo que señaló que “este es problema de la Argentina desde que se hicieron cargo ustedes, lo expresó muy bien la presidente del Cuerpo”.

“Ha estado ausente desde el primer día la revalidación la legitimidad del ejercicio porque sin gobierno debe mostrar un plan, un programa, hacia dónde vamos. Desde que se hicieron cargo de la gestión no existe programa, no hay plan, ni hoja de ruta. Esta crisis es mas una fractura dentro del gobierno pese a que lo quieren tapar”, lanzó el formoseño y siguió: “Lo único que el oficialismo le puede mostrar a la sociedad es el aumento de la pobreza y el hambre. Ustedes son un gobierno de filo peronista. Y ustedes vienen a discutir esto, un proyecto de relleno que va a dormir en Diputados”.

A su turno, el titular del interbloque de JxC, el mendocino Alfredo Cornejo, les preguntó al FdT “¿por qué reestructuraron una deuda que dicen que es ilegal”. Además, les pidió que se “ordenen” políticamente porque “es fundamental para la economía”. Por otro lado, los acusó de “molestar” el acuerdo que hizo Alberto Fernández y Martín Guzmán con el FMI.

Último orador del debate, el jefe del interbloque Frente de Todos en el Senado, José Mayans, lanzó numerosas críticas hacia el gobierno del expresidente Mauricio Macri y desafió a Juntos por el Cambio de cara a 2023: “Si es que llegan a ser gobierno… no creo, porque ya la gente les creyó una vez, no creo que sean tan tontos los argentinos para volver a acompañar. A ustedes no vuelven, no se equivoquen, porque los conocen y saben lo que hicieron”.

“El mensaje es quién va a pagar esto. Lo que nosotros no queremos es que paguen la deuda aquellos que no la hicieron”, afirmó el formoseño sobre el proyecto y agregó que “esta es una herramienta, puede haber otras. A lo mejor ustedes tienen una idea mejor, qué problema hay, la votamos”.

La Cámara de Senadores, tras una extensa sesión, aprobó este jueves – sin debate- 16 proyectos de declaración referidos a la gesta de Malvinas al conmemorarse este año el aniversario 40°. Al comienzo de la sesión se realizaron homenajes al respecto y también recordaron los 40 años del hundimiento del ARA General Belgrano.

Los proyectos de declaración aprobados

• Proyecto de declaración de la senadora Duré, adhiriendo al Día de la Antártida Argentina.
• Proyecto de declaración de la señora Senadora Duré, otros senadores y senadoras expresando beneplácito por la declaración “Cuestión de las Islas Malvinas”, adoptada por la Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO).
• Proyecto de declaración del senador Bensusán, expresando beneplácito por las actividades oficiales que forman parte de “La Agenda Malvinas”.
• Proyecto de declaración de la senadora Vega, declarando de interés la película documental “Buenas Noches Malvinas”.
• Proyecto de declaración de la senadora Losada, declarando de interés la película documental “Un Encuentro con Malvinas”.
• Proyecto de declaración de la senadora Giménez, expresando reconocimiento a los soldados salteños caídos durante la Guerra de Malvinas al cumplirse un nuevo aniversario del acontecimiento.
• Proyecto de declaración del senador Rodríguez Saá, declarando de interés el docuweb “Malvinas Abril 1982” al conmemorarse un nuevo aniversario del conflicto bélico por la soberanía de las Islas Malvinas y del Atlántico Sur.
• Proyecto declaración de la senadora Duré y otros senadores, declarando de interés una nueva vigilia, por la gloriosa gesta de Malvinas a realizarse por el Centro de Veteranos de Guerra de Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
• Proyecto de declaración de la senadora Valenzuela y del senador Vischi, expresando beneplácito por el acto conmemorativo del “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas” en un nuevo aniversario, en Santa Lucía, Corrientes.
• Proyecto de declaración de la senadora Crexell y del senador Zimmermann, declarando de interés “La Ruta del T.0.A.S”, en un nuevo aniversario de la Gesta de las Malvinas.
• Proyecto de declaración del senador Linares, declarando de interés el mural “El Regreso de Malvinas” en Puerto Madryn, Chubut.
• Proyecto de declaración de la senadora Tapia, declarando de interés el documental “Malvinas 1982, La Gesta” en conmemoración de un nuevo aniversario de la recuperación de las Islas Malvinas.
• Proyecto de declaración del senador Rodríguez Saá, adhiriendo al Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos Circundantes.
• Proyecto de declaración de la senadora Huala y del senador Kroneberger, declarando de interés el evento de “40 años de la Gesta de Malvinas”, en Santa Rosa, La Pampa.
• Proyectos de declaración de varios senadores y senadoras, adhiriendo al “Día Nacional del Crucero A.R.A. GENERAL BELGRANO.
• Proyectos de declaración de las senadoras Vega, Pilatti Vergara, Ávila y los senadores Romero y Rodríguez Saá, adhiriendo al “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas” y expresando reconocimiento a quienes heroicamente participaron en la misma.

Homenajes

A pedido de la senadora María Belén Tapia (UCR -Santa Cruz) se realizó un minuto de silencio a los marinos fallecidos en el buque ARA General Belgrano que se conmemoraron los 40 años del “trágico suceso”. Y relató: “Este hecho fue perpetrado por un submarino nuclear, es uno de los hechos trascendentales por la guerra, por una serie de aspectos. Porque significó una gran cantidad de bajas por las vidas que se perdieron en ese conflicto bélico fueron fruto de ese hundimiento. Por otro lado, se trató del segundo acto de guerra llevado adelante por una fuerza que tenía armas bélicas contra una fuerza que no las tenía. La entrega que tuvieron esos héroes nos tiene que interpelar a nosotros, los veteranos nos están pidiendo la unión entre nosotros, ese es el lema”.

En el mismo sentido se pronunció la senadora Nora Giménez del Valle (FdT – Salta) para expresar “el reconocimiento a los 34 soldados, coprovincianos de origen salteño que cayeron en la oportunidad del hundimiento del Ara Belgrano”, y procedió a leer los nombres y apellidos de cada uno porque “representa un orgullo para la provincia. Quiero expresar el más profundo respecto en su memoria y a su familia”.

También se expresó el pampeano Daniel Bensusán (FdT) destacando la “agenda Malvinas” que se lleva durante el año porque “demuestra el compromiso que tiene el Estado Nacional con la causa, la vigencia, un reclamo soberano que tenemos”, y lamentó que le tocó muchas veces dialogar con excombatientes que “estaban dolidos por la desmalvización que hubo al terminar el conflicto bélico”. Y sumó: “Tuvieron que pasar muchos años para que el país reconociera esa situación de desventaja que tuvieron quienes fueron a combatir a Malvinas”.

“Esta agenda por los 40 años de Malvinas es reconocer a los excombatientes, a los caídos y es reconocer esas muchas mujeres que colaboraron en esa situación bélica. Uno ve una agenda federal, integral en todo el país respecto al 2 de abril de 1982 y que los chicos sepan de qué se trata y se pueda reconocer el esfuerzo que hicieron los excombatientes y poner en el lugar el reclamo que tienen hace mucho tiempo. Tiene que ser un reclamo en la soberanía de las Islas de forma pacífica. Las Malvinas son y serán argentinas”, cerró Bensusán.

La fueguina Eugenia Duré recordó el rol de las mujeres en la Guerra de Malvinas porque fue “fundamental en la historia. No solamente a las veteranas que se invisibilizó durante un tiempo”.

Un proyecto de reconocimiento integral para los veteranos

En una moción de preferencia, el senador radical Martín Lousteau (CABA) con despacho de comisión y pidió que “sea tratado” el expediente 1550/21 que es un proyecto de reconocimiento integral para los veteranos y quienes participaron en le Guerra de Malvinas, el cual “no solo es simbólico, sino práctico”.

En ese sentido, explicó que la iniciativa propone “garantizar atención prioritaria en todos los establecimientos públicos del Estado y privados que brinden atención al público. Embarques prioritarios terreaste, aéreo y fluvial; creación de un documento nacional de identidad exclusivo que tenga el mapa geográfico de las Islas Malvinas y las palabras ‘Héroes de Malvinas’; exención de pagos de peajes”.

En el tramo final de la sesión, hizo uso de la palabra la senadora nacional y presidenta del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, apuntó fuerte contra la oposición en su discurso: “Me cuesta mucho entender cómo volvieron a pedirle a ese acreedor después de haber recibido un país absolutamente desendeudado. Si recibieron un país en esas condiciones, nosotros recibimos el país sobreendeudado”. Y destacó que el objeto del proyecto es “decirle chau al Fondo”.

Di Tullio destacó el trabajo de su par Oscar Parrilli en el proyecto, y recordó: “Me tocó ser una testigo privilegiada cuando Néstor Kirchner le pagó al Fondo Monetario Internacional, quizás alguno de ustedes tuvo la suerte de acompañar ese ‘chau’ al Fondo. Ese hito que para la Argentina fue muy importante”.

“También fui testigo de cómo la oposición en ese momento estaba muy entusiasmada con esa decisión porque la independencia económica, de las políticas de un Gobierno, que las defina, es algo central. No me imaginé que después de tantos años de aprender que no hay que ir a ese acreedor porque te quita la libertad del pueblo, de un gobierno para que pueda definir sus políticas”, describió.

En ese sentido, expresó: “Me cuesta mucho entender cómo volvieron a pedirle a ese acreedor después de haber recibido un país absolutamente desendeudado. Si recibieron un país en esas condiciones, nosotros recibimos el país sobreendeudado y con un acreedor que creíamos no íbamos a ver nunca más”.

“La verdad es que hicimos una campaña en 2019 diciéndole a los argentinos que nos íbamos a hacernos cargo de la deuda que tomó el expresidente Mauricio Macri. En el Conurbano no quedó ni un cordón cuneta de los 45 mil millones de dólares que ingresaron al país y que está sobre las espaldas del pueblo argentino”, enfatizó Di Tullio.

Por otro lado, criticó: “Me extraña esta retórica discusión de si es fuga o no, si hay que decirle evasión. Cuando hacemos los proyectos y que además el Ejecutivo lo apoyó así que dejen de decir que hay una interna, no lo digan más porque queda horrible”.

En tanto, retomó el discurso del radical Víctor Zimmermann que señaló que la AFIP cuenta con las herramientas y coincidió en ese punto: “Quizás si tiene las herramientas necesarias para hacer esa persecución que queremos hacer con el dinero que, popularmente, se le dice fugar. No nos pueden negar el lenguaje popular, que no les de asco”.

“No hay que negarse a lo que entiende la gente, podemos hablar entre nosotros y decir evasión fiscal, pero a la gente le gusta decir que al fondo le page un los que la fugaron. Esta bien hacerse cargo del lenguaje popular y de las demandas populares porque este proyectó es desde la demanda popular, nadie quiere pagar la deuda que tomo Mauricio Macri no tiene por que pagar el pueblo argentino la deuda que no esta en una sola obra en el país”, manifestó la senadora del FdT.

En ese sentido, explicó que “estamos poniendo otra herramienta para la AFIP de persecución para que pueda hacerse de los dólares que necesita para pagar la deuda que Macri tomo porque fue personal, fue un gesto de amor de Trump a Macri. Que ahora tenemos que pagar todos”, y remarcó que “es una herramienta creativa es la creación de un fondo en dólares con la fuerza que tiene el Estado de esos fugadores. No es un blanqueo, no la caretiemos, no es voluntario, es impulsivo”.

“Proteger a los fugadores y que el pueblo tenga en las espaldas la presión de los vencimientos ustedes generaron la deuda, no se entiende. Deberían estar con nosotros para crear una herramienta importante y atractiva efectiva para juntar divisas y pagarle al Fondo, ¿o lo quieren para siempre? nosotros queremos decirle chau con este proyecto de ley”, cerró.

Por unanimidad el Senado dio media sanción este jueves a un proyecto de ley que reconoce el Tratado Interprovincial de creación de la Región Norte Grande Argentino (NOA-NEA), una iniciativa reclamada por los gobernadores de esa zona del país.

El documento fue suscripto en la ciudad de Salta el 9 de abril de 1999, y su Estatuto se aprobó en Acta de Asamblea de Gobernadores el 24 de junio de 2004.

A partir de este Tratado se reconoce que la región Norte Grande está conformada por las provincias de Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Tucumán, Salta, La Rioja y Santiago del Estero.

“La región creada y los órganos que se establecen para el cumplimiento de sus fines, no implica enajenación o cesión de ninguno de los territorios provinciales, manteniéndose intactos los límites de cada provincia”, reza el texto del proyecto que fue presentado por el chaqueño Antonio Rodas (FdT).

Antes de su tratamiento en el recinto, la iniciativa tuvo dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales, dado que reconoce el Tratado “conforme a los artículos 124 y 125 de la Constitución Nacional”.

Dichos artículos hablan de que “las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines”; al igual que “celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, con conocimiento del Congreso Federal”.

En la sesión de este jueves, la Cámara de Senadores ratificó cuatro acuerdos internacionales, vinculados con educación, servicios aéreos y la creación de la Fundación Internacional UE-ALC. Fueron aprobados con 57 votos a favor.

Al tomar la palabra el puntano Adolfo Rodríguez Saá (FdT) señaló que “después de la tempestad viene la calma”, haciendo referencia a lo que ocurrió al comienzo de la sesión y pidió reflexionar: “El Senado siempre se caracterizó por el trato respetuoso hacia todos los miembros y hacia el pueblo. Siempre se optó por el camino del respeto”.

“Es mejor el trato respetuoso, que cada uno pueda opinar, decir lo que pensamos, lo que queremos con nuestras convicciones respetando a los otros”, consideró y solicitó evitar los aplausos porque “a veces tienen calificaciones negativas. Tratemos que no sucedan”.

En su carácter de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores explicó: “Tenemos dos proyectos que se refieren a aprobar el acuerdo que otorga el intercambio de vuelos con dos países Portugal y con Países Bajos”.

En esa línea, explayó: “Estos acuerdos que tienen la aprobación de la autoridad Aeronáutica Argentina sirven para que las líneas de Argentina y la de los demás países, puedan sobrevolar esos países sin aterrizar o puedan aterrizar para llevar pasajeros en vuelos internacionales, a escalas. También en caso de necesidad de reabastecimiento o problemas técnicos puedan acceder a todos los servicios sin pagar impuestos de exportación del país respectivo”. “Son dos acuerdos que han sido firmados por unanimidad”, precisó.

Por otro lado, respecto al proyecto que aprueba la Creación de la Fundación Internacional Unión Europea-América Latina celebrado en la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana, describió: “Esta fundación es de importancia estratégica porque la alianza va funcionando con profundidad en las relaciones. Se acaba de celebrar en Buenos Aires el encuentro de EURO-LAT. La Unión Europea y la CELAC es un aporte al conocimiento mutuo, principalmente en los intercambios de la sociedad civil con instituciones académicas de ambas regiones. Es propicio la firma porque la Argentina preside este año la CELAC. Es un acuerdo que fue firmado por 23 países europeos y 18 países de América Latina”.

Respecto al Acuerdo sobre el Reconocimiento de Títulos de Grado de Educación Superior en el Mercosur, Rodríguez Saá manifestó: “La gran vinculación que tiene los países en Mercosur con países vecinos, con tratos frecuentes y una integración mayor, significa la posibilidad de que los Títulos de Grado tengan validez de forma sencilla entre los países. Se ha acordado que sean los títulos acreditados en el sistema regional de acreditación universitaria”.

En tanto, enumeró: “Esos títulos se refieren a agronomía, arquitectura, enfermería, ingeniería, veterinaria, medicina, odontología, farmacia, geología y economía”. “El sistema simplificado se basa en la verificación documental, es decir la presentación del título, no hay evaluación académica de los aprendizajes. Es un gran paso en la integración de los países”, cerró.

A su turno, el catamarqueño Flavio Fama (JxC) adhirió a las palabras de su predecesor y remarcó que “es el resultado de un trabajo que se lleva a cabo durante muchos años”, y resaltó que “va a haber un tratamiento simplificado para acreditar calidad en los países. Nuestra ley no acredita a todos los títulos, solo los declararos de interés público. Es el trabajo de muchos años en materia de educación superior que atravesó muchos gobiernos, pero se mantuvo la coherencia a un sistema de calidad. Esto va a favorecer el transito de los profesionales y el intercambio laborar en el mundo”.

Los proyectos

Uno de los proyectos votados positivamente ratifica el “Acuerdo sobre el Reconocimiento de Títulos de Grado de Educación Superior en el Mercosur”, que fue aprobado en Montevideo el 17 de diciembre de 2018 y tiene por objeto el reconocimiento entre las partes de los títulos de grado con validez oficial en el país donde fueron obtenidos, conforme a su legislación de educación superior.

Se dispone que cada parte reconocerá los títulos de grado que cuenten con acreditación vigente al momento de su emisión, bajo el sistema de acreditación de carreras universitarias para el reconocimiento regional de la calidad académica de las respectivas titulaciones en el Mercosur y Estados Asociados.

El reconocimiento de títulos de grado producirá los efectos que cada parte confiera a sus propios títulos oficiales. Para aquellos títulos vinculados al ejercicio de profesiones reguladas será necesario cumplir con los requisitos no académicos que cada parte exige, de acuerdo a las normas legales vigentes para cada profesión.

Por otra parte, se aprobó el “Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre la República Argentina y el Reino de los Países Bajos”, suscripto en Ámsterdam el 27 de marzo de 2017.

Entre varios puntos, este acuerdo contempla a las partes “el derecho a sobrevolar su territorio sin aterrizar; el derecho a realizar escalas en su territorio con fines no comerciales y, mientras se encuentre operando un servicio convenido en una ruta especificada, el derecho a hacer escalas en su territorio para embarcar y desembarcar tráfico internacional de pasajeros, equipaje, carga y correspondencia, de forma separada o combinada”.

De acuerdo al convenio, cada parte “tendrá derecho a retener, revocar, suspender o limitar las autorizaciones de operación de una línea aérea designada por la otra parte en una serie de supuestos contemplados en el acuerdo”. Asimismo, cada parte permitirá que las tarifas de los servicios aéreos que fije cada línea aérea designada se basen en las consideraciones comerciales del mercado.

Otro acuerdo que se aprobó este jueves en el Senado y va en el mismo sentido es el “Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre la República Argentina y la República Portuguesa”, suscripto en Lisboa el 25 de junio de 2007.

El objetivo del mismo es promover el establecimiento y desarrollo de los servicios aéreos internacionales. A través de este instrumento, cada parte otorga a las líneas aéreas designadas por la otra el derecho de volar a través de su territorio sin aterrizar y el derecho de realizar escalas en su territorio para fines no comerciales.

“Se brindará a las líneas aéreas designadas de ambas partes una oportunidad justa y equitativa para operar los servicios acordados en las rutas especificadas entre sus respectivos territorios”, reza y agrega que “las tarifas a ser aplicadas por la línea aérea designada de una parte por los servicios brindados en virtud del acuerdo serán establecidas a niveles razonables, teniendo en cuenta todos los factores relevantes, incluyendo intereses de los usuarios, costos operativos, características del servicio (por ejemplo normas de velocidad y plazas), tasas de comisión, beneficios razonables, tarifas de otras líneas aéreas y demás consideraciones comerciales del mercado”.

El cuarto proyecto que tuvo aval fue el que aprueba el Acuerdo que crea la Fundación Internacional UE-ALC, celebrado en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, el 25 de octubre de 2016. El acuerdo fue suscripto por casi la totalidad de los integrantes de ambos espacios regionales -27 países de la Unión Europea y 33 de América Latina y el Caribe-.

La Fundación Internacional UE-ALC es una organización internacional de carácter intergubernamental con la capacidad jurídica necesaria para el cumplimiento de sus objetivos y actividades en el territorio de cada uno de sus miembros, de conformidad con cada legislación nacional. Las instalaciones y servicios generales de su sede en la ciudad de Hamburgo son proporcionados por la República Federal de Alemania en el marco de su contribución financiera.

La Fundación tiene como propósito principal fortalecer la asociación birregional entre la Unión Europea y sus estados miembros con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y promover el conocimiento mutuo, principalmente a través del aporte e intercambios con la sociedad civil y con las instituciones académicas de ambas regiones.

La sesión de la Cámara de Senadores de este jueves arrancó con un tenso clima en el recinto, ya que la vicepresidenta del interbloque FdT, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, pidió la palabra para pedir una cuestión de privilegio en la que acusó a su par Gabriela González Riollo (Pro – San Luis) de “usurparle” la banca a la riojana Clara Vega (Hay Futuro Argentina) cuando esta se levantó a izar la bandera.

Al pedir la palabra, la mendocina relató: “Ha ocurrido un hecho que la verdad, en mis seis años que llevo acá de mandato, no había ocurrido o había sido de mi público conocimiento. No había ocurrido, porque básicamente este Senado siempre ha respetado el decoro y las buenas prácticas y el dialogo respecto a nuestros colegas, más allá de las distintas representaciones de las provincias como partidarias que tenemos cada uno”.

Y procedió a explicar: “Hay un conflicto con dos senadoras, me da mucha vergüenza tener que plantearlo, pero es un conflicto que tenemos que resolver. Es un conflicto sobre la posición de una banca de dos senadoras y la verdad es que es bochornoso que en el Senado se den estas circunstancias y no lleguemos al diálogo”.

“Que una senadora se pare a izar la bandera y otra senadora le ocupe la banca y desista de entregarle, una banca que fue asignada tiempo atrás por este mismo senado”, agregó la senadora oficialista y pidió a la oposición que “resolvamos esta situación de la banca de las senadoras con dialogo, respeto y decoro porque la verdad que iniciar una sesión con la ocupación de una banca de una senadora porque iza la bandera. Es un papelón para todo el Senado de la Nación”.

En tanto pidió seguir las reglas institucionales que tiene el Senado y respetar la asignación de las bancas porque “no podemos manejarnos como si estuviéramos no sé en qué lugar, porque ni en las canchas ocurren esas cosas”, y preguntó: “¿Qué sigue? ¿asaltar los despachos a la noche? qué sigue, ¿no poder levantarnos porque a otro legislador le gusta mi lugar y no nos vamos a poder levantar ni mover ni ir al baño porque vamos a estar asustados que nos roben las bancas? Es una verdadera vergüenza nunca había pasado en el Senado, que respetemos las reglas y condiciones que tenemos hace 20 años”.

Recogió el guante la “acusada” González Riollo que coincidió en que “deben primar el diálogo y las buenas prácticas”. En ese momento, la vicepresidenta provisional, Ledesma Abdala de Zamora, la interrumpió para remarcarle que las cuestiones de privilegio “no se contestan”.

“Lamentablemente no sucedió previo a la sesión donde se tienen que acordar los lugares de las bancas y no fue así donde una senadora se levanta y se ocupan las bancas”, alcanzó a defenderse la puntana e inmediatamente Abdala de Zamora volvió a interrumpirle para señalarle que “esta contestando una cuestión de privilegio y no lo puede hacer”.

En paralelo, González Riollo volvió a defenderse: “No es verdad lo que están diciendo. Me veo agraviada, donde se falta la verdad, no es asaltar ni ocupar los lugares, no es vedad eso. Cuando se falta la verdad hay que aclarar las cosas. Coincido en que se tiene que respetar la casa y me da mucha vergüenza que se este discutiendo y no hablarlo previamente y sentarse de prepo en un lugar”.

A su turno, la riojana Vega pidió la palabra para realizar una cuestión de privilegio contra “toda la bancada de JxC, pero especialmente a quienes tienen la voz cantante del bloque. Justamente se hizo una cuestión de privilegio por lo que pasó con mi banca”, y denunció a JxC que “desde el 29 de diciembre han iniciado un acoso constante hacia mi persona. Los que hoy piden respeto, los que dicen que no se respetan las palabras acordadas, son los mismos que me acosaron previo al ingreso a este recinto y los que tuvieron enero, febrero, marzo y que tienen más horas de sentado en los canales de televisión que en las bancas”.

Y explayó: “En marzo recibí un llamado pidiéndome mi lugar en este sector del recinto a lo que les contesto ¿Por qué razón no respetan mi lugar y mi decisión de tener un monobloque?”, y apuntó: “La distribución de las bancas que hizo JxC es una decisión de ellos y que la senadora no se sienta ofendida porque no es una cuestión personal. Tiene que ver con el acoso constante de mensajes y ataques que he recibido en las dos sesiones que tuvimos”.

“No me parece extraño la forma en que se manejan. Que todo el mundo sepa la forma en que se manejan. No me pidieron mi lugar porque no querían que este sentada en el medio de su bloque, así tratan a las mujeres”, cerró Vega.

Tras poco más de un mes sin actividad en el recinto, el Senado volvió a sesionar este jueves con el proyecto de ley impulsado por el oficialismo que busca crear un “Fondo Nacional” para pagarle al FMI a partir de la recuperación de “dólares fugados” como tema principal de tratamiento.

La sesión es encabezada por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, por cuanto la titular del Cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner, se encuentra al frente del Ejecutivo.

La iniciativa, que recibió dictamen el pasado 20 de abril, y por la cual La Cámpora se encuentra militando en las calles, fue diseñada por el senador Oscar Parrilli.

El texto prevé que este Fondo se conforme por lo recaudado a partir de “un pago que se aplicará sobre los bienes situados y/o radicados en el exterior que se localicen o detecten desde la entrada en vigencia de la ley y no hayan sido declarados ante la AFIP”.

Los alcanzados por esta norma deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares. En el caso de declarar los bienes pasados los 6 meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%.

El proyecto introduce la figura del “colaborador”, que será “cualquier individuo, sea persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, que actuando en forma personal o conjuntamente, proporcione información relacionada con una violación de las leyes impositivas y de lavado de activos”.

El monto a partir del cual se considerará como acreditada la información del colaborador no deberá ser inferior a U$S 500.000 en concepto de activos no declarados. Asimismo, prevé una recompensa del 30% del monto total efectivamente recaudado e ingresado a las arcas estatales.

El kirchnerismo tenía la intención de que este proyecto fuese tratado junto a otro que reforma las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal, pero que no tuvo dictamen y se encuentra trabado.

Por otra parte, en la sesión se aprobará un proyecto para reconocer el Tratado Interprovincial de creación de la Región Norte Grande Argentino, que incluye a las provincias de Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Tucumán, Salta, La Rioja y Santiago del Estero.

Además, se tratarán acuerdos internacionales, la designación de cónsules honorarios y un paquete de proyectos de declaración, la mayoría de ellos vinculados a los 40 años de la Guerra de Malvinas.

Legisladores nacionales designaron este jueves las autoridades de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Asuntos Administrativos y Municipales.

Durante una reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, el senador por Río Negro Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) fue ratificado como presidente de la misma en tanto el senador por Entre Ríos Alfredo De Angeli (Pro) lo fue como vicepresidente. En tanto, el senador por Santiago del Estero José Neder (Frente Nacional y Popular) fue designado como secretario.

Al comenzar su alocución, el senador Weretilneck se refirió a “la importancia que tienen todas estas actividades en la vida del país, el desarrollo de todas nuestras regiones, en lo que significa la balanza comercial inclusive”.

“Tenemos hoy ciento ocho expedientes, de los cuales cincuenta y uno son proyectos de ley, así que trataremos de coordinar una agenda trabajo”, informó a continuación.

Posteriormente se reunió la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales siendo designados como autoridades de la misma: la senadora por Tucumán Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social) como presidenta, el senador por Corrientes Carlos Espínola (Frente Nacional y Popular) como vicepresidente y su par por La Pampa Daniel Kroneberger (UCR) como secretario.

La presidenta de la Comisión notificó que: “hay una carpeta que se la voy a distribuir a cada uno de los integrantes de esta Comisión sobre proyectos que ya se habían presentado anteriormente y nuevos que han presentado los senadores de las distintas bancadas”.

“Me parece importante poder, a través de esta Comisión, escuchar a todas las voces: a los miembros del Poder Ejecutivo nacional vinculados también con los municipios, a los gobiernos locales, a todos los senadores y a todos aquellos que ustedes propongan y que quisieran también que invitemos a la Comisión”, concluyó.

Luego de un poco más de un mes, el recinto del Senado volverá a abrirse este jueves para la sesión que fue citada a las 14 y tiene como principal tema el proyecto de ley impulsado por el oficialismo que busca crear un “Fondo Nacional” para pagarle al FMI a partir de la recuperación de “dólares fugados”.

La iniciativa, que recibió dictamen el pasado 20 de abril, y por la cual La Cámpora se encuentra militando en las calles, fue diseñada por el senador Oscar Parrilli.

El texto prevé que este Fondo se conforme por lo recaudado a partir de “un pago que se aplicará sobre los bienes situados y/o radicados en el exterior que se localicen o detecten desde la entrada en vigencia de la ley y no hayan sido declarados ante la AFIP”.

Los alcanzados por esta norma deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares. En el caso de declarar los bienes pasados los 6 meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%.

El proyecto introduce la figura del “colaborador”, que será “cualquier individuo, sea persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, que actuando en forma personal o conjuntamente, proporcione información relacionada con una violación de las leyes impositivas y de lavado de activos”.

El monto a partir del cual se considerará como acreditada la información del colaborador no deberá ser inferior a U$S 500.000 en concepto de activos no declarados. Asimismo, prevé una recompensa del 30% del monto total efectivamente recaudado e ingresado a las arcas estatales.

El kirchnerismo tenía la intención de que este proyecto fuese tratado junto a otro que reforma las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal, pero que no tuvo dictamen y se encuentra trabado.

Por otra parte, en la sesión se aprobará un proyecto para reconocer el Tratado Interprovincial de creación de la Región Norte Grande Argentino, que incluye a las provincias de Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Tucumán, Salta, La Rioja y Santiago del Estero.

Además, se tratarán acuerdos internacionales, la designación de cónsules honorarios y un paquete de proyectos de declaración, la mayoría de ellos vinculados a los 40 años de la Guerra de Malvinas.

El tema del Fondo para pagar la deuda con el FMI será, seguramente, el tema que consumirá la mayor parte del debate y los principales cruces entre oficialismo y oposición.

La convocatoria a la sesión fue firmada por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, por cuanto la titular del Cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner, se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje del presidente Alberto Fernández a España. Como este jueves el mandatario andará por Alemania, la sesión será presidida por la senadora santiagueña entonces.

En el marco del debate de los proyectos que proponen ampliar los miembros de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni expuso en el Senado sobre los defectos en el funcionamiento del máximo tribunal, se mostró a favor de una composición de 24 magistrados y confesó: “He tenido que firmar sentencias de materias que no conozco”. 

“Hoy nuestra Corte Suprema, en cuanto a la función de control constitucional normativo que le asigna la Constitución, debe tener 100, 150 causas, que no son más que el número de causas que resuelve anualmente la Suprema Corte de Estados Unidos. Pero después tiene entre 15 y 17 mil  firmas al año respecto de las arbitrariedades, de las cuales rechaza el 97% y 98%”, explicó.

Ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, el jurista señaló que “la justicia ordinaria mucha idea de lo que pasa adentro de la Corte no tiene”. “Cuando tuve que incorporarme a la Corte perdí un tiempo en habituarme”, dijo y reveló que, en ocasiones, firmó sentencias “de materias que no conozco”.

Por eso, indicó que “para resolver en última instancia, cualquier causa, de cualquier materia, de todo el país, uno tiene que ser un especialista en la materia; porque sino resulta que tenemos tribunales especializados abajo y un tribunal supremo multifuero”. 

Zaffaroni explicó que el juez “se rodea de la mejor fuente que puede” y de “secretarios viejos que son expertos en la materia”, pero “no es uno el que está haciendo la sentencia”. “Así trabaja la Corte, este es el problema”, apuntó y se manifestó a favor de una “Corte constitucional y de Casación” que tenga salas especializadas.

“Nuestra Corte es la más chica de todos los tribunales supremos del continente y de Europa, salvo Uruguay, que tiene 4 millones de habitantes y no sé si tiene los poderes que tiene la nuestra”, continuó.

En su exposición, el exjuez de la Corte observó que “tenemos un problema republicano al concentrar en tres personas tantas potestades” por más “genios que sean u honestos, la concentración de poder es problemática”. 

“Si pensamos en una Corte que tenga Casación y control constitucional debe ser numerosa”, consideró y, por otro lado, recordó que “la mayoría de los jueces de nuestra Corte Suprema a lo largo de 150 años han sido de la Ciudad de Buenos o de la provincia de Buenos Aires, y la gran mayoría egresados de la Universidad de Buenos Aires. Creo que es momento de que podamos pensar en una Corte federal en serio”. 

Otro de los oradores invitados fue León Arslanián, exministro de Justicia y Derechos Humanos, y uno de los que formó parte del “Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público” de la Presidencia.

“Soy contrario al número de cinco que tiene la Corte Suprema, estoy a favor de un aumento del número de ministros”, manifestó el exjuez, que argumentó: “Tenemos 44 millones de habitantes, tenemos un país federal de 24 estados, tenemos diversidades culturales de todo tipo, tenemos cuestiones vinculadas con la política de género”.

No obstante, advirtió que “meterle la mano a la Corte Suprema de Justicia puede ser muy riesgoso si no se lo hace con el cuidado, la expertiz, la competencia, la mirada política pertinente”. 

Tras precisar que “cada año ingresan a la Corte 28 mil expedientes nuevos” y se “ falla entre 7 y 10 mil”, Arslanián se mostró a favor de una Corte con 9 miembros, porque con un número menor “no es posible administrar justicia como corresponde”. 

Para el exministro, ampliar la Corte no tiene solo que ver con “sacar más rápido las sentencias” y así mejorar “la eficiencia”, sino que aportará al “fortalecimiento del debate”, porque “no se pueden poner a discutir tres personas un tema tremendamente delicado” como podría ser “una cuestión de género o el aborto”. 

También expusieron en la jornada de este miércoles Diego Duquelsky Gómez, profesor de Derecho de la UNPAZ y UNDAV; María Laura Garrigós de Rébori, interventora del Servicio Penitenciario Federal; y René Casas, exjuez de Cámara de Jujuy.

Las autoridades de la Cámara alta convocaron para este jueves a las 14 a una sesión especial para 28 proyectos, entre los cuales se destaca el impulsado por el senador nacional Oscar Parrilli por el cual se crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional.

El proyecto tuvo dictamen el pasado 20 de abril y prevé la creación de un fideicomiso formado por el aporte del 20% de los bienes de argentinos en el exterior no declarados.

Ese será el tema que consumirá la mayor parte del debate y los principales cruces entre oficialismo y oposición, pues por lo demás se ha incluido en el temario una serie de temas que no ameritarán controversias, como la aprobación de una serie de acuerdos internacionales; designación de cónsules honorarios, y una veintena de proyectos de declaración presentados por legisladores de todos los bloques.

La convocatoria suscripta por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, por cuanto la titular del Cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner, se encuentra a cargo del Ejecutivo por el viaje del presidente Alberto Fernández a España. Como el jueves el mandatario andará por Alemania, la sesión será presidida por la senadora santiagueña entonces.

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La Cámara de Senadores homenajeó a Eva Duarte de Perón por el 103 aniversario de su natalicio que se cumplió el pasado sábado 7 de mayo. El acto se llevó a cabo en el Salón Azul y estuvo organizado por APL con la colaboración de las secretarías de la Mujer y de Derechos Humanos de gremio, que conducen respectivamente Gladys Benítez y Elena Ferreyra, junto a la Agrupación “Evita Compañera” representada por Rubén Sapia y con el apoyo de las autoridades de la Comisión Banca de la Mujer del Senado puntana María Eugenia Catalfamo, por Salta Nora del Valle Giménez y por Neuquén Silvia Sapag.

En primera fila del auditorio estuvieron las senadoras por Tierra del Fuego, María Eugenia Duré; por Formosa, María Teresa González y por La Rioja, María Clara Vega, además de la secretaria administrativa del Senado, María Luz Alonso.

Al tomar la palabra, el secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero, afirmó que para el peronismo Eva Perón “es la inspiración de los que militan en este proyecto nacional y popular en estos difíciles momentos que atraviesa nuestro país”.

Di Próspero aseguró que quienes mejor han interpretado la doctrina legada por Juan y Eva Perón fueron “Néstor Kirchner desde 2003 con la continuidad de Cristina Kirchner”, pero recordó que “todos somos herederos de Perón y Evita, hagamos lo que nos enseñaron y no nos alejemos nunca de los que menos tienen”.

“Eva Perón fue la abanderada en la pelea por los derechos y la inclusión de los trabajadores y trabajadoras y de la mujer en la política con el voto femenino. Eva Perón era una luchadora, una mujer con un coraje tremendo que se enfrentaba con quien se tenía que enfrentar”, destacó y trazó un paralelismo con Cristina de Kirchner por ser como Evita “amada y odiada” pero, señaló, “la mejor estadista política que tiene el mundo”.

A su turno, Catalfamo dijo que el sentido del encuentro era “recordar el legado espiritual, social y político que nos dejó Evita”, quien “fue la gran impulsora del voto femenino” y también “hizo que hoy por hoy las mujeres estemos ocupando espacios de poder en la política”, destacando el hecho de que “en el Senado ya tenemos casi el 50 por ciento de mujeres legislando”.

“En este caos económico y social que atravesamos, si Evita y Juan Domingo Perón estuvieran entre nosotros, seguro encontrarían la salida perfecta para que nuestra sociedad pudiera vivir un futuro pleno y pudiera atravesar una mejor calidad de vida”, estimó la puntana.

Luego el dirigente Sapia resaltó que “la visión tan amplia, futurista de Eva Perón, que fue una verdadera adelantada, está cada día más vigente” y redondeó sus elogios a la “abanderada de los humildes” destacando “cuanta sabiduría y cuánta admiración despierta esa mujer”.

En el mismo sentido, la senadora Giménez subrayó que “toda la historia de Eva, en su corta vida, está hecha de pasión, entrega y una enorme claridad para identificar dónde están los intereses del pueblo de la Nación y quienes representan los intereses de la oligarquía de adentro y de afuera”.

“Evita nos enseñó que los privilegiados son los niños y los ancianos”, remarcó la legisladora salteña antes de advertir que “fue una líder que a través de su obra nos transmitió su lucha profunda por sus grasitas, los descamisados, el pueblo trabajador y las mujeres, en su hora más trascendente”.

En tanto, la senadora Sapag recordó que en el pueblo Cutral Có, de donde es oriunda, vivió “en la calle Eva Perón del pueblo Eva Perón y en la esquina levantaron un busto precioso de Eva Perón, que fue el agradecimiento de todo el pueblo a Evita”.

Además, contó que ese busto había desaparecido en el 55 y casi veinte años después, en 1973, con el regreso de Perón al poder volvió a estar a disposición del pueblo de Neuquén y reveló que fue su padre “el que se lo había robado” para cuidarlo hasta que siendo gobernador de la provincia “se lo entregó al Partido Justicialista y lo entronizó en la legislatura” de la capital provincial.

Durante el acto la cantante Sofía Daer interpretó los temas “A mi manera” y “No llores por mí Argentina” para recordar a Eva Perón, que también fue homenajeada con una representación actoral.

La Cámara de Senadores realizó un encuentro para conmemorar el décimo aniversario de la sanción de la norma que contempla que toda persona “tiene derecho al reconocimiento” de su sexo, a instancias del senador nacional Carlos Alberto Linares (FdT – Chubut) junto con la Federación Argentina LGBT+ y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina. Estuvieron presentes el exvicepresidente de la Nación, Amado Boudou, y la titular del INADI, Victoria Donda.

Desde el Salón Azul tomó la palabra Flavia Massenzio, presidenta de la FALGBT+, para recordar que hace 10 años se sancionó en el Senado la ley que “cambió la vida de tantas personas, pero también la sociedad en Argentina y en el mundo” porque fue la primera ley que “despatologizó las identidades trans y fue un dominó en la región de nuevas legislaciones que cambiaron el paradigma en función de derechos humanos”.

A su turno, la presidenta de ATTTA, Marcela Romero, agradeció al senador Linares por “acompañarnos en esta lucha y resistencia que tiene la población trans en el país” y bregó por el tratamiento y pronta aprobación de la ley antidiscriminatoria y la ley integral trans porque “este es el momento, no tenemos que perder la oportunidad. Este es nuestro gobierno, tenemos que debatir y aprobar lasleyes. Tenemos que dar ese paso para poder seguir disfrutando de la democracia que costó muchísimo y somos parte de eso”.

“10 años no es nada, falta mucho para poder vivir en un país de inclusión, con justicia social, acá esta la población trans que va a contribuir para que vivamos en un país con igualdad, democrático y en donde podamos todos y todas de disfrutar de los derechos, porque están. tenemos que exigir que se cumplan y avanzar en todos los espacios”, resaltó Romero y reclamó que “el Estado argentino tiene que rearar por todos los años que vivimos las mujeres y hombres y personas trans bajo la persecución, sometimiento, tortura de gobierno militar y democráticos, porque también nos han torturado, perseguido y maltrataron y no poder vivir en un país de igualad”.

A continuación, el senador chubutense sostuvo que es “un gran honor estar celebrando los 10 años” y defendió a Amado Boudou, que se encontraba sentado a su derecha: “Sufrió persecución por pensar diferente al Gobierno de Mauricio Macri”.

“Este es un tema muy profundo, fui parte de los argentinos que no los veíamos a ustedes como tales”, reconoció Linares respecto a la comunidad trans y sumó: “La vida me cruzó con mi compañera que me hizo abrir la cabeza y ver la realidad, que fue Cristina Fernández de Kirchner, a ser el trabajo que tenemos que hacer. Una lucha de muchos años, no existía nada, era absolutamente marginal el tema”.

En tanto, sostuvo: “Tenemos que ir por más derechos, acá no hay grieta hay justicia. Cristina siempre estuvo un paso adelante marcando el camino, la igualdad día a día, el contacto con la gente, trabajar. Estas cosas no pueden esperar, no hay tiempo”. Por otro lado, manifestó: “Hay problemas, si tenemos problemas como la inflación, la desocupación, pero tenemos que atacar los temas de agenda de la gente. Tenemos que hablar temas de la gente, de lo que nos está pasando, no me importa la boleta única. Esta es la agenda del bloque del FdT”.

Por su parte, la titular del INADI, Victoria Donda, celebró los 10 años de la sanción de la ley e insistió en el pronto tratamiento de la ley integral trans. Durante su breve discurso, apuntó contra la oposición porque “son los anti derechos” y los acusó de utilizar el Poder Judicial “en reemplazo de las Fuerzas Armadas”. También, disparó contra el diputado liberal Javier Milei que “no deja de decir pavadas”.

La Corredactora de la Ley María Rachid enumeró tres aspectos que fueron “importantes” para el “logro” de las leyes: “Uno fue la unidad de las organizaciones, pese a que algunas a veces no estaban de acuerdo. Así y todo, trabajamos en unidad, en conjunto, tirando para adelante y fueron sumándose y pudimos lograr esa unidad que posibilito que se aprobara la ley”.

También destacó la “transversalidad” con la que trabajaron porque “para aprobar leyes que transformen la realidad es necesario discutir de presupuesto y recursos para garantizar los derechos”. Por último, precisó: “Para lograr las cosas hace falta voluntad política, lo mas difícil es el coraje para lograr esos objetivos. Había que tener voluntad y coraje. Argentina era el primer país del mundo que proponía una ley de género”.

Alejandra Malem, directora de Género y Diversidad de la Defensoría del Pueblo de la Nación de forma sintética expresó: “Estamos cansades de los discursos de discriminación y odio. Necesitamos y una ESI no binaria, no puede ser de otra manera”.

A su vez, Vilma Ripoll referente del Partido MST celebró: “Compartimos la lucha porque hubo una forma de trabajar la pelea de los derechos, darnos un lugar, un reconocimiento, un espacio para el debate y el convencimiento mutuo y compartir el coraje, sino la lucha. No es poco”, e instó a “avanzar con lo que falta” porque las leyes “sin presupuesto son papel mojado. Necesitamos presupuesto para la ESI, para el cupo laboral trans que es un parto, es muy importante como la ley de VIH”. “Siempre hubo derecha que vino a enfrentarnos, como la Iglesia como el Papa Francisco que se la pasa diciendo cosas en contra de los derechos de género, tenemos que pelar contra la máxima referencia de la derecha”, apuntó Ripoll e insistió: “Vamos a tener que sacar el presupuesto a la plata que se quiere llevar el Fondo Monetario Internacional, le tenemos que decir que no. Nos quieren hacer pagar la deuda trucha de Macri”.

Por último, el exvicepresidente de la Nación, Amado Boudou, expresó tras un fuerte de aplauso: “Estamos celebrando la vida, la igualdad, sabiendo que es muchísimo lo que falta, pero no vamos a dejar que nos saquen lo que hemos hecho. Todos los días tenemos que mirar al otro y reconocernos, es una construcción que nadie puede hacer solo sin reconocer al otro. Es la enseñanza más profunda. También estamos compartiendo que sin lucha nada se consigue, sin organizaciones, el ejemplo que han dado es un aprendizaje”.

“¿Qué pasa con los recursos? Es una disputa, en la sociedad hay conflictos y la política debe resolverlos y debe resolverlos a favor de las mayorías, de aquellos que menos posibilidades materias tienen”, remarcó el exfuncionario y disparó contra el FMI: “No creo que la Argentina deba crecer para pagarle al Fondo. Al Fondo que le paguen los que se beneficiaron con las políticas del FMI que no fue el pueblo argentino”.

Y explayó: “Los recursos del presupuesto público que sean para la mejora de la vida de las argentinas y argentinos. En esa lucha nos vamos a seguir encontrando, sabiendo que hay un rumbo que nos une. Nuestro objetivo es la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo, no debemos confundir herramientas, que son el déficit y el superávit, con objetivos porque estamos celebrando. Es la vida de hermanos y hermanas en pie de igualdad. La igualdad es la justicia social, no puede haber justicia sin independencia económica y sin soberanía”.

El ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, se presentará este miércoles ante la Comisión de Educación y Cultura del Senado, que preside la senadora sanjuanina Cristina López Valverde (Frente de Todos).

El encuentro se realizará en el Salón Illia a partir de las 17.30. Según informaron fuentes de la comisión a parlamentario.com, la convocatoria tiene que ver con una invitación formal “una vez ya ratificadas las autoridades”.

En efecto, el pasado 31 de marzo se constituyó la comisión, siendo ratificadas como presidenta y vicepresidenta López Valverde y Stella Maris Olalla (UCR), respectivamente.

Como es habitual, en la reunión Bauer hará una exposición inicial, que se basa en un informe sobre la gestión de su cartera, y luego habrá intercambios con los legisladores mediante preguntas y respuestas.

Por José Angel Di Mauro

En una hábil jugada la oposición logró motorizar el debate sobre boleta única de papel, que se iniciará este miércoles y se extenderá hasta fines del presente mes. Si bien algunos medios afines al Gobierno presentaron lo sucedido el jueves en la sesión como que “la oposición no logró aprobar” un proyecto sobre el cambio del sistema de votación, ese nunca fue el objetivo para esta semana, conscientes sus impulsores de que lo que amerita en este caso es una discusión profunda para elaborar un dictamen preciso que atienda a todas las propuestas existentes sobre esta cuestión.

En eso se espera que trabajen las tres comisiones que participarán en la discusión de este tema que debería llegar al recinto en el mes de junio. Su eventual aprobación estaría garantizada en la Cámara baja a partir de la presunción de cómo actuarán los que apoyaron el jueves pasado el tratamiento de este tema. 132 voluntades se pronunciaron en ese sentido y hubo allí votos de Juntos Somos Río Negro, lo que hace presumir que en este caso el senador Alberto Weretilneck se pronunciaría a favor cuando el tema pase a la Cámara alta.

Ese no es un dato menor si se tiene en cuenta que el exgobernador rionegrino es un aliado habitual del oficialismo en el Senado y por lo tanto su voto es indispensable para garantizar la aprobación o rechazo de los temas para el ahora dividido en dos Frente de Todos.

¿Qué podría suceder en la Cámara alta con este tema? Si bien falta un mes para que el proyecto llegue a ese ámbito, en caso de ser aprobado en Diputados, ya se hacen cuentas en ese sentido. Aunque más allá de un poroteo, conviene recordar cómo actuó en el pasado reciente esa Cámara. Cuando en 2016 el oficialismo de entonces junto con otras fuerzas -algunas de las cuales están hoy integradas al Frente de Todos- aprobaron un cambio en el sistema de votación, el Senado esa vez no lo rechazó: le bastó con “dormir” el tratamiento y al dejar pasar el tiempo no se llegó a ninguna ley.

La diferencia entre entonces y la actualidad es que el proyecto de 2016 consistía en establecer la boleta única en papel, pero a través de máquinas para votar que no es lo que se busca ahora. En esa oportunidad el fracaso se debió a que la demora echó por tierra los planes, pues vencieron los tiempos para las licitaciones necesarias para adoptar el nuevo sistema en la elección venidera.

Ahora en cambio esa carrera contrarreloj no existe. Tiempo sobra, por ahora.

Respecto a lo que pueda llegar a suceder esta vez en el Senado, se da una curiosa paradoja. El tratamiento en comisiones deberá tener allí cabecera en Asuntos Constitucionales, comisión en la que fue recientemente designado presidente el jujeño Guillermo Snopeck. Y este legislador oficialista es autor nada menos que de un proyecto para establecer la boleta única de papel para la emisión del sufragio. Tal es la definición del expediente 1849-S-2021 que presentó en el Senado muy recientemente: el 23 de agosto de 2021.

El proyecto de Snopek fue acompañado por dos exsenadores, Esteban Bullrich (Pro) y Dalmacio Mera (Frente de Todos). Entre otras prerrogativas, la iniciativa de Snopek propone para el caso de las listas de senadores nacionales, que figuren nombre, apellido y foto de los candidatos titulares, y para los diputados nacionales se mencione a los 6 primeros candidatos, con la lógica excepción de los distritos que elijan un número inferior. Debe figurar también la fotografía color de los dos primeros candidatos titulares.

El extenso proyecto de 28 artículos refleja en sus fundamentos el convencimiento de que “esta forma de votación promueve una mejora cualitativa del sistema político argentino”.

“El sistema de Boleta Unica otorga transparencia e igualdad al sistema electoral, representa de manera más fidedigna la elección de los votantes al conjurar prácticas como el denominado ‘voto cadena’ o la adulteración, destrucción o robo de boletas. Y lo más relevante, al poner la responsabilidad de la impresión y distribución de las boletas en cabeza del Estado, se garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral el día de los comicios en cada centro de votación”, señala el proyecto.

También se remarca que “actualmente la mayoría de las democracias europeas utilizan algún sistema de boleta única, son muy pocas las que continúan implementando el denominado sistema francés de una boleta por partido como Argentina”, y aclara que “en América Latina ocurre algo similar, la forma de votación más común es la de tantas boletas únicas como categorías electorales, ejemplo de ello son México, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay y otros. Este mismo modelo fue introducido en nuestro país por la Cámara Nacional Electoral para el voto de los electores argentinos residentes en el extranjero y aquellas personas privadas de la libertad, en el año 2007”.

“Nuestro país es una de las pocas democracias en las que persiste el arcaico sistema de votación con boleta partidaria. Como en otras materias, el derecho público provincial nos marca el camino correcto y es por ello que resultan ineludibles apelar a los antecedentes de la legislación cordobesa y santafesina”, expresa otro párrafo del proyecto de Guillermo Snopek.

Miembro de la Fundación RAP, que viene trabajando en un cambio en el sistema de votación y cuya labor colaborativa es también citada en el proyecto, Guillermo Snopek se encontrará seguramente ante una disyuntiva a la hora de pronunciarse cuando deba encabezar el debate al llegar la media sanción de Diputados a esa Cámara.

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El Senado rindió homenaje a los 323 tripulantes caídos y a los sobrevivientes del hundimiento del Crucero ARA General Belgrano en Malvinas al cumplirse su 40 aniversario.

El acto tuvo lugar en el Salón de las Provincias del Palacio Legislativo y fue por iniciativa de las senadoras por Santa Cruz María Belén Tapia (UCR) y Entre Ríos Stella Maris Olalla (UCR).

Durante el encuentro se hizo entrega de los Diplomas de Honor del Senado de la Nación al capitán de Fragata y veterano Alberto Nicolás Deluchi Levene, al capitán de Navío y veterano Pedro Luis Galazi y a los marinos y veteranos de guerra Sebastián Contini, Marcelo Paz y José Rodríguez, también a cargo de la Dirección Gesta de Malvinas de la Cámara alta.

Al inaugurar el acto, la senadora Tapia expresó: “Quiero agradecer en esta conmemoración tan importante y tan sentida, a los héroes de Malvinas que nos acompañan, que estuvieron ahí y conocieron a esos 323 que dieron su vida y saludar a todos los héroes de Malvinas y, especialmente, a sus familiares”.

“Fue el hecho más trascendente del conflicto del Atlántico Sur porque significó la mayor cantidad de muertes”, destacó la senadora Tapia. También señaló que “sin Malvinas estamos incompletos”.

Al finalizar el homenaje, la senadora Olalla agradeció la presencia de los veteranos y de estudiantes de colegios secundarios y sostuvo que ” es imposible no sentir ni vivenciar lo que ha pasado con el hundimiento y con Malvinas. Están con nosotros alumnos de escuelas que representan el futuro de nuestro país y han tenido la oportunidad valiosísima de escuchar a los protagonistas de esta epopeya”.

El crucero, que navegaba con 1.093 tripulantes a bordo, fue hundido por un submarino británico cuando navegaba fuera de la zona de exclusión establecida por Londres en el marco del conflicto bélico.

La Cámara de Senadores suspendió la reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda que iba a tratar este jueves a las 11 el proyecto de levantamiento del secreto bancario.

Se trata de una iniciativa del influyente senador Oscar Parrilli que modifica la Ley 21.526 de entidades financieras, actualizando y modificando las excepciones en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal.

La medida se adoptó por la ausencia de algunos miembros del oficialismo y se realizaría la próxima semana.

Recordemos que se trata de un proyecto complementario del que busca pagarle al Fondo Monetario Internacional con plata fugada por los argentinos al exterior, que sería dictaminado la semana que viene. Si bien el autor de la norma había mencionado el martes pasado que el proyecto sería puesto a consideración este jueves, la decisión cambió cuando advirtieron que podría estar en riesgo el quórum.

Este proyecto levanta el secreto bancario, fiscal y bursátil, a través de lo cual los fiscales a cargo de la investigación del dinero fugado no necesitarían esperar la autorización de un juez para acceder a esa información.

Tras una primera reunión en la que los autores de proyectos defendieron sus propuestas, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado retomó este miércoles la discusión por la reforma de la composición de la Corte Suprema de Justicia. El debate continuará el próximo miércoles a las 12.

El senador neuquino y presidente de la Comisión de Justicia, Oscar Parrilli, solicitó incorporar un proyecto de su autoría y otro de su par Juliana Di Tullio que reforma la Ley de Consulta Popular porque “estamos pensando en mejorar, perfeccionar y darle más participación al pueblo en decisiones estratégicas”.

De la reunión, que se realizó en el Salón Illia y que se extendió por más de dos horas, participaron especialistas invitados: los doctores Raúl Gustavo Ferreyra, Marisa Herrera, Carlos Rozanski, Emanuel Desojo (AJUS), Luis Arias, Joaquín Da Rocha (Fundejus) y Eduardo Barcesat.

El plenario se llevó a cabo un día antes de una nueva marcha que se realizará hacia Tribunales contra los jueces del máximo tribunal, motorizado por organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales, entre otros.

En su exposición Carlos Rozanski exjuez Cámara Federal reflexionó sobre las dificultades que ha habido a lo largo de la historia para “democratizar la justicia, a diferencia de otras áreas del Estado” y explicó que las razones por las cuales hasta el momento es “imposible” democratizar la justicia son “muy profundas, no se estudian. Hay razones a su vez para que no sean estudiadas y eso se traduce en la dificulta para elaborar un proyecto”.

“Tiene que ver con una justicia clasista que tenemos en el país, con el origen, con aquella infame sentencia del 10 de septiembre de 1930 cuatro días después la Corte convalida el golpe de estado. A partir de ahí empieza lo que se conoce como doctrina de facto porque desde ahí comenzamos a tolerar una serie de violaciones graves a la Constitución que se mantienen hasta el día de hoy”, recordó el especialista y se refirió al proyecto que había presentado la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, para democratizar la justicia que lo “conmovió” porque “contenía una propuesta tan revolucionaria en sentido técnico, ese proyecto establecía que aquellos representantes de tres corporaciones que integran el Consejo a partir de esa ley iban a ser designados por voto popular”.

En ese sentido, el exjuez remarcó que ese proyecto fue aprobado y promulgado, pero la Corte Suprema lo declaró inconstitucional de “un plumazo miserable por los jueces de la Nación, cuya lapicera representa una parte muy importante del poder real porque deciden en la vida y libertad del ciudadano”, y criticó que “cada vez que se intenta un avance y reconocimiento de derechos, se genera una reacción negativa. Sostengo que no estamos preparados para dar respuesta a esas agresiones”.

“Estos proyectos plantean dos cuestiones centrales, una tiene que ver con la cantidad de los jueces y otra con la calidad. La cantidad es una cuestión aritmética y la calidad es una cuestión ética”, señaló Rozanski y cerró: “Son un avance los proyectos aún más los que propinen aumentar los miembros de la Corte, apoyo la división en salas es imprescindible, la regionalización también porque tiene que ver con la cosmovisión, no podemos seguir generando tribunales con la mirada de Buenos Aires”.

A su turno, Emanuel Desojo de la Asociación de Abogados por la Justicia Social apuntó al inicio de su exposición: “Hay una Corte Suprema que no funciona y es percibida por la sociedad como tal. No funciona para el campo jurídico para los mismos abogados como para la sociedad. Es una Corte que tiene carencia de legitimidad producto de un desarrollo histórico”.

En tanto, sostuvo que la Corte “menemista tan desprestigiada” tenía una característica similar con la actual “la legitimidad de quienes la integran y de la forma en la que fueron integradas esas personas”. Sin embargo, advirtió: “Con estos proyectos tenemos que pensar cómo van a ser elegidos esos miembros”, porque “no solo es necesario ampliar al Corte, sino que aquellos que asuman lo hagan con calidad democrática, con capacidad profesional para que sean vistos por la sociedad como magistrados que van a dictar sentencias que deben ser respetadas. Al ser elegidos por decretos generan desconfianza y descrédito, incluso para el campo jurídico”.

“La Corte no se dedica solo a dictar sentencia, ha ido asumiendo muchas funciones que no le corresponden”, cuestionó Desojo. En ese punto, se refrió al fallo del máximo tribunal de diciembre y la asunción de Rosatti como presidente del Consejo, respecto lo cual consideró: “Tiene que ver con que la Corte se dedique a dictar fallos con calidad, con tiempos razonables, si tenemos un presidente en la corte que también está en el Consejo estamos cargando a la persona con un montón de cumplimientos, es imposible porque no llegan a leer todos los fallos”.

En tanto el abogado ratificó que hay que repensar la designación de los miembros y la ampliación de la Corte porque “queremos una Corte que se aboque a resolver las cuestiones institucionales, queremos respuestas”, también pidió analizar el número de Cortes que “tienen que ver con la masificación y derogar el artículo 2 para que no haya arbitrariedad a la hora de resolver los fallos”.

Además, Desojo coincidió en la división de las salas “específicas en materia y la selección de magistrados especializados en esas salas porque no está en los proyectos ni en ninguna provincia, debe ser aclarado en los proyectos” con el objetivo de “tener una mayor calidad institucional en la Corte”. Por otro lado, remarcó la importancia de la “federalización de la Corte” y expresó preocupación sobre la perspectiva de género en los proyectos porque “parten de la equidad de género, es decir que haya números similares, pero no implica que haya perspectiva de género. Es algo que se puede mejorar”.

Otro de los invitados que expuso fue Luis Arias exjuez en lo contencioso administrativoquien, en el mismo sentido que sus antecesores, sostuvo la importancia de ampliar los miembros de la Corte y sugirió “debatir el perfil de los postulantes porque debemos superar la cuestión de idoneidad técnica, es una condición necesaria, pero no suficiente para el ejercicio de la Magistratura”.

A continuación, remarcó dos puntos: “La dimensión policía del derecho que supera la cuestión técnica, el derecho es una técnica distributiva de poder que beneficia a uno y perjudica a otro, por eso el posicionamiento que asuman los postulantes es muy difícil de evaluar, pero tiene que ser un componente de evaluación que supere los aspectos técnicos”.

La otra cuestión a la que se refirió Arias fue “pensar en lograr diversidad en la integración de la Corte que no solo tiene que ver con la cuestión de género, cuestiones territoriales, sino también con los distintos criterios de los cuales son portadores los operadores jurídicos porque el derecho no admite una sola solución jurídica, porque el derecho puede ser interpretado de diferentes maneras”. Por lo tanto, criticó que en la Corte actualmente “tenemos un discurso único que tiene que ver con la protección de derechos individuales más que los colectivos. Esta diversidad en la valoración tiene que ver con lo ideológico y hay que marcar distinciones, aun cosa es lo ideológico y otra es lo político que tiene que ver en cómo se distribuye el poder y otra es lo partidario, lo que no tiene que prevalecer en el Poder Judicial”.

Contrariamente a quienes lo antecedieron en la palabra, Arias expresó su rechazo a la división en salas ya que consideró: “Podrían admitirse las salas en cuestiones formales, pero cuando hay que decidir cuestiones sustanciales creo que la Corte debe funcionar en pleno”.

Por su parte, de la Fundación de Estudio para la Justicia (FUNDEJUS) habló Joaquín Da Rocha insistió en que “el Poder Judicial es un poder político al igual que los otros dos, debe tratar de estar integrado por distintas opiniones políticas para que sea representativo”

“Estamos proponiendo la reforma de una norma que es emanada de una dictadura militar que sufrimos desde 1955 hasta 1958, nunca surgió una ley que tuviera en cuenta todo el funcionamiento del Poder Judicial en remplazo de esta norma que, por su origen, no debería existir 70 años después”, manifestó Da Rocha y sumó: “En el Consejo de la Magistratura propusimos una ley, de escaso uso en la Justicia, quienes quieran integrarse deben tener cierta idoneidad, el ingreso al Poder Judicial debe ser por concurso para tener al mejor y no a los amigos o conocidos, que sean de distintos sectores socioeconómicos, debemos empezar por la base”.

En suma, adhirió a lo que establece la Constitución no debe tener menos de 9 miembros porque “habrá más pensamientos, mayor diversidad y representatividad en el aspecto del país dividido en provincias. Debe tratarse de lograr la representación federal, pero no de cada región”, y cerró: “Soy partidario de una Corte única integrada por distintas especialidades, por sobre todo con constitucionalistas”.

Cerró la jornada de expositores el doctor Eduardo Barcesat quien señaló: “El déficit de la Corte Suprema es una gravedad institucional, hay una falta de credibilidad. No podemos soportar que por decisión judicial se reponga una ley derogada”.

“La Corte rompió las reglas inconstitucionales y ha trascendido sus límites. El Congreso debe emitir una declaración para recuperar sus facultades y poner en caja al Poder Judicial señalándole que las facultades legislativas son de este Parlamento”, cerró Barcesat.

En la ronda de preguntas en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara alta el canciller, Santiago Cafiero, habló de la relación que mantiene Argentina con Venezuela y Nicaragua: “Se busca completar la tarea diplomática”, y apuntó contra los medios de comunicación.

“En la OEA (Organización de los Estados Americanos) Argentina presentó denuncias sobre presos políticos, un llamamiento respecto a la violación de derechos humanos y eso derivó en que Argentina y México llamamos a dialogar a los respectivos embajadores que teníamos, actuamos concretamente sobre eso”, manifestó Cafiero y resaltó que “Argentina, una vez que Nicaragua planteó su retiro de la OEA, el país tiene que recomponer la misión diplomática y vuelve a emplear al embajador Darío Capitanich”.

En ese sentido, el funcionario afirmó que se busca “completar la tarea diplomática”, pero que eso “no implica estar de acuerdo con ese país, sino que es una tarea que se lleva adelante con la conversación con el gobierno de turno, pero también con oposición, medios, organizaciones, con empresarios, es una tarea mucho más integral, no es algo parcializado”.

“Se complementa de forma presencial para información fidedigna, en Venezuela sucede lo mismo, Argentina busca lo mismo completar la tarea diplomática, recomponer el diálogo. La misión diplomática se recupera porque las relaciones se hacen con el diálogo y comunicación, queremos recomponer las relaciones diplomáticas con el país”, expresó el ministro.

En tanto, apuntó: “Si el cuestionamiento viene a Argentina, debemos cuestionara a otros países como Francia, Alemania que también tienen embajadores. Las tareas diplomáticas tienen funciones que no son partidarias, independientemente de los gobiernos”.

En ese contexto, lanzó una crítica hacia el gobierno de Mauricio Macri: “Consideramos que fue muy nocivo perder esa relación en el gobierno anterior, el país se privó de tener información de primera mano, de perder un vínculo con empresarios”, y reiteró: “Lo que tenemos que caer como cancillería es avanzar en relaciones diplomáticas”.

“En Venezuela hay violación de derechos humanos, pero también hay en Colombia, en Chile, no nos obsesionemos. El punto es tratar de poder despejar esto, es fundamental que tengamos presente cuál es la tarea que el país tiene y puede llevar adelante en ese sentido”, consideró Cafiero y apuntó contra los medios de comunicación: “Es repetir un encuadre de la prensa dominante en lo que dicen de estos países”.

Tras una primera reunión en la que los autores de proyectos defendieron sus propuestas, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado retomará este miércoles, a partir de las 12, la discusión por la reforma de la composición de la Corte Suprema de Justicia.

El segundo encuentro, que se realizará en el Salón Illia y contará con la participación de especialistas invitados, se dará un día antes de una nueva marcha que se realizará hacia Tribunales contra los jueces del máximo tribunal, motorizado por organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales, entre otros.

Según pudo saberse este martes por la tarde, los invitados a exponer serán los doctores Raúl Gustavo Ferreyra, Marisa Herrera, Carlos Rozanski, Emanuel Desojo (AJUS), Luis Arias, Joaquín Da Rocha (Fundejus) y Eduardo Barcesat.

Luego de la acción de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura, el oficialismo reforzó sus críticas al Poder Judicial y la vicepresidenta Cristina Kirchner habilitó que el tema se debata en la Cámara alta.

Igualmente, en la reunión de la semana pasada, los autores de las distintas iniciativas negaron que se trate de una situación coyuntural traer la discusión en este momento, como por ejemplo lo hizo el senador Adolfo Rodríguez Saá (Frente Nacional y Popular-FdT), quien recordó que la primera vez que presentó el proyecto fue en 2016.

El puntano propone pasar de 5 a 9 jueces, como también federalizar el máximo tribunal con el nombramiento de jueces por regiones, debiendo respetarse en su integración la diversidad de género. En ese sentido, apunta que la Corte no podrá integrarse por más de 5 jueces del mismo género.

Otro de los textos sobre la mesa es el presentado por el senador Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), que establece llevar a 16 los jueces de la Corte, también garantizando la paridad de género y una representación federal. Para ello, estipula que el máximo tribunal deberá integrarse con al menos tres jueces por cada región, debiendo ser naturales de ella, o tener al menos ocho años de residencia inmediata en la zona respectiva.

Sí con un proyecto presentado recientemente la senadora Silvia Sapag (Unidad Ciudadana-FdT) también plantea una composición por regiones y eleva de 5 a 15 los integrantes de la Corte. Además, dispone una serie de requisitos para la elección de los magistrados, tales como la realización de tres audiencias públicas -dos deberán realizarse en alguna de las cinco regiones del país- y que los candidatos informen sobre sus bienes y trayectoria laboral.

La cuarta iniciativa es la que corresponde a la senadora Clara Vega (Hay Futuro Argentina), que se limita a regular el cupo femenino en el seno del tribunal, sin elevar su número, presentado en oportunidad de la renuncia de Elena Highton de Nolasco, desde la cual el máximo tribunal está conformado por cuatro hombres: Horacio Rosatti (presidente), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Desde Juntos por el Cambio rechazan de lleno la discusión y la atribuyen a un “nueva maniobra del oficialismo en el Senado” que “en esto se muestran juntos”. Para la coalición opositora, la intención de ampliar los miembros de la Corte es “para intentar tomar control de la misma”.

Si hay una de las -tantas- cuestiones en las que oficialismo y oposición tienen de las más ásperas diferencias es en materia de relaciones exteriores. Por eso, en más de una oportunidad se ha pedido desde Juntos por el Cambio convocar al canciller Santiago Cafiero al Congreso. Y eso será precisamente lo que pasará este martes.

Tras la invitación oficial por parte del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado, Adolfo Rodríguez Saá (FdT), el funcionario asistirá a una reunión que genera expectativa, pues será la primera vez desde que asumió ese cargo en septiembre de 2021 cuando dejó la Jefatura de Gabinete.

El encuentro, que se realizará en el Salón Illia a partir de las 18.30, fue anunciado la semana pasada por Rodríguez Saá, en medio de una reunión donde la camporista María Eugenia Duré dejó expuesta su preocupación por la polémica en que quedó envuelto el exvicecanciller durante el gobierno de Cambiemos, Carlos Foradori, cuando el exviceministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Alan Duncan, aseguró que el funcionario argentino se encontraba borracho al momento de haber firmado un acuerdo relacionado a Malvinas.

Rodríguez Saá señaló que, tras escuchar a Cafiero, si fuera necesario también se citaría a Foradori, quien en declaraciones a radio Mitre este lunes dijo: “Los dichos sobre mi persona son de una falsedad absoluta y jamás en 40 años he tenido un comportamiento profesional que no estuviese dentro de la moral y el decoro profesional”.

Desde Juntos por el Cambio rechazaron las críticas y, por su parte, anticiparon que esperarán al ministro con varias preguntas vinculadas a la guerra entre Rusia y Ucrania, sobre todo por la falta de uniformidad dentro del propio gobierno sobre este asunto. La postura de Argentina respecto a Venezuela, Nicaragua y Cuba seguramente también estarán en la mesa.

Como dijimos, esta será la primera vez que Cafiero asista como canciller al Congreso. En tanto, como jefe de Gabinete, se presentó en tres oportunidades en el Senado y dos en la Cámara baja, en casi 21 meses de gestión.

En medio de las críticas del kirchnerismo hacia la Corte Suprema de Justicia, y por impulso del oficialismo, arrancó este miércoles en el Senado el debate sobre la ampliación del máximo tribunal, con cuatro proyectos sobre la mesa.

Cerca de las 13 de este miércoles comenzó el primer plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, presididas por Guillermo Snopek y Oscar Parrilli, respectivamente, donde en primer lugar hablaron los autores de las iniciativas.

A los proyectos presentados por Adolfo Rodríguez Saá (FNyP), Clara Vega (Hay Futuro Argentina) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), se sumó uno de Silvia Sapag (UC).

NOTICIA EN DESARROLLO

Por primera vez en su condición de canciller, Santiago Cafiero se presentará en el Congreso. Será ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado, el próximo martes 3 de mayo a las 18, según lo informó este miércoles el puntano Adolfo Rodríguez Saá.

En medio de una reunión de la comisión, que transcurría aguas tranquilas pero que se alteró cuando se puso sobre la mesa el tema de Carlos Foradori, exvicecanciller de Mauricio Macri que habría estado ebrio al momento de firmar un acuerdo con Gran Bretaña relacionado a Malvinas, Rodríguez Saá anunció la visita de Cafiero y afirmó que este será uno de los temas por el cual lo consultarán.

“En la invitación le transmití todo lo que el senador (Julio) Martínez me había dicho, sobre el tema de Ucrania y lo va a abordar”, señaló el senador sobre el pedido del radical riojano para que el Congreso se exprese sobre la guerra, algo que volvió a reclamar este miércoles.

También, ante los idas y vueltas que se generaron por el caso Foradori, Rodríguez Saá apuntó que se le pedirá “la opinión a Cancillería sobre este tema, qué investigación se ha hecho, qué es lo cierto y lo no cierto”.

Y aclaró que, una vez que Cafiero se presente e informe sobre la investigación que se abrió en torno al hecho, se podría convocar a Foradori posteriormente.

Durante el encuentro en el Salón Illia, y tras tratarse los temas que estaban previstos, la senadora fueguina María Eugenia Duré hizo referencia a los titulares de los diarios que “afirman que el exvicecanciller de Mauricio Macri, leo textuales, ‘estaba borracho al negociar con Gran Bretaña el acuerdo Foradori-Duncan'”.

“Me parece sumamente preocupante, porque todos sabemos lo que ha significado este acuerdo para nuestro país, en realidad una comunicación”, recordó, y lamentó que “luego el entonces presidente ratificó ese acuerdo y entendemos que estaba sobrio”.

La kirchnerista reprochó: “Me preocupa mucho lo que se ha hecho durante cuatro con la cuestión Malvinas; la manera de desmalvinizar, de denostar nuestra causa y nuestra cuestión Malvinas, diplomáticamente sobre todo”.

“Que firmen estos acuerdos de esta manera al menos a mí me da mucha vergüenza”, continuó e insistió que “lo más preocupante no es la botella de vino, lo preocupante es que luego se ratificó de manera consciente”, indicó sobre el acuerdo que autorizó más vuelos a las Islas Malvinas entre otros puntos de cooperación bilateral.

Recogió el guante el jefe del bloque Pro, Humberto Schiavoni, quien resaltó: “Hay que leer las declaraciones del exembajador (Mark) Kent de Gran Bretaña, que participó en esa reunión, donde supuestamente pasó lo que acaba de mencionar la senadora Duré, y lo desmiente categóricamente”.

“Esa aclaración debería servir como base para desechar cualquier tipo de cuestiones accesorias respecto del tema Malvinas”, consideró y aseguró que “toda la dirigencia política apoya sin cortapisas la soberanía de Malvinas”, por lo cual esta discusión “no contribuye a lograr y fortalecer ese consenso que está”.

También salió en defensa de la gestión anterior el exministro de Defensa Julio Martínez, quien rechazó “de plano esas afirmaciones de que en cuatro años hubo desmalvinización u olvido de la causa Malvinas, o una posición pro-británica como se dijo en algún momento”. “Malvinas es una de las pocas cuestiones de Estado que tiene Argentina. No hubo un solo gobierno argentino, ni democrático, ni dictadura, que haya reconocido la soberanía de Gran Bretaña, absolutamente todos lo rechazaron”, agregó.

Y ponderó que durante el gobierno de Cambiemos se avanzó con “la identificación de los cuerpos de soldados” y “un desfile militar que le dio por primera vez, casi a los 35 años de la guerra de Malvinas, la bienvenida a los veteranos”, cuando en este 2022 “el Gobierno nacional no pudo ponerse de acuerdo en un solo acto”. “Eso no es bueno. Poner en la grieta de la interna del oficialismo el tema Malvinas”, sumó el senador riojano.

Otros de los que intervino fue el senador Luis Juez, que solicitó que “lo citemos a Foradori, es un hombre del servicio exterior de la Nación, debe tener más de 30 años de antigüedad con distintos gobiernos, trabajando en distintas cancillerías, defendiendo los intereses del país”.

En esa línea, el cordobés pidió “escucharlo y que nos dé las explicaciones que tenga que darnos” antes que “darle crédito a las opiniones de un funcionario británico, y terminar condenándolo sin darle la oportunidad a un funcionario de carrera de la Cancillería que venga a explicarnos”.

Juez también llamó a “preservar el tema Malvinas” que debe ser “de las poquísimas cosas que todavía como Nación nos permiten estar juntos”.